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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Rey a la empresa extranjera: "No solo buscamos inversión, sino alianzas"

"No buscamos únicamente inversiones, sino colaboraciones duraderas", afirmó este lunes el rey Felipe VI ante más de setenta directivos de multinacionales de todo el mundo durante la clausura del foro Invest in Spain Summit. En un contexto de incertidumbre internacional, presentó a España como un lugar idóneo para que los proyectos se establezcan, crezcan y tengan continuidad. El monarca subrayó que el país ofrece un entorno estable para la inversión, sustentado en un marco legal sólido, una clara orientación europea y un compromiso firme con la cooperación internacional. También destacó su carácter de economía abierta, su peso como potencia turística -con cerca de 100 millones de visitantes anuales- y su papel como nexo con regiones como América, el Mediterráneo y África. Durante la jornada, celebrada en Madrid, se dieron cita más de 150 representantes de 70 grandes compañías internacionales, con especial protagonismo de empresas de Estados Unidos, principal inversor en España. Pese a las tensiones políticas entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, las firmas estadounidenses representaron aproximadamente una cuarta parte de los asistentes. También acudieron compañías de China, Japón, Francia, Reino Unido, así como de otros países como Alemania, Argentina o Singapur. El objetivo del encuentro fue reforzar la imagen de España como destino fiable para la inversión y facilitar el contacto entre empresas e instituciones. La inauguración corrió a cargo de Pedro Sánchez en el Teatro Real, mientras que la clausura tuvo lugar en la Galería de las Colecciones Reales con la intervención del rey. A lo largo del día se celebraron unas 170 reuniones bilaterales entre empresarios y representantes de administraciones públicas. Entre los miembros del Ejecutivo, tuvo un papel destacado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anfitrión de un almuerzo con inversores. También participaron Jordi Hereu, Óscar López y Joan Groizard, además de representantes de varios ministerios. El presidente del Gobierno mantuvo asimismo reuniones con directivos como Andrew DeLeone y Antonio Logroño. En cuanto a los sectores representados, destacaron especialmente las empresas tecnológicas, junto con compañías energéticas, de movilidad sostenible, ciencias de la vida, industria química y agroalimentaria, entre otras. En su discurso, Felipe VI reconoció que el contexto actual es complejo y que resulta cada vez más difícil hacer previsiones. Recordó que el crecimiento global se ha apoyado durante décadas en un sistema basado en normas, apertura y cooperación, hoy sometido a fuertes tensiones. Ante un posible escenario más fragmentado e incierto, defendió la necesidad de preservar esos principios. Además, invitó a las empresas a seguir apostando por España y celebró que esta edición del foro transcurriera sin incidentes, a diferencia de la anterior, marcada por un apagón que interrumpió el evento poco después de su apertura.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pide a Bruselas un plan urgente por el alza de los fertilizantes

La Comisión Europea ha recogido la propuesta y ha anunciado que el próximo 19 de mayo dará a conocer un paquete de medidas destinado a reforzar la producción de fertilizantes dentro de Europa y disminuir la dependencia del exterior. Aún está muy presente el impacto que pueden tener sobre la economía -y especialmente sobre los hogares y las empresas- factores como el encarecimiento de la energía, los problemas en las cadenas de suministro o la falta de materias primas clave. Ya se vio tras la crisis del Covid, cuando oferta y demanda tardaron en reajustarse; después con la invasión rusa de Ucrania, que lleva años afectando a Europa; y ahora con el conflicto en Irán. El cierre del estrecho de Ormuz durante los últimos dos meses ha elevado notablemente los precios del petróleo y el gas, además de dificultar el paso de recursos esenciales como los fertilizantes. Esta situación no solo agrava la crisis energética, sino que también plantea riesgos para la seguridad alimentaria mundial. A la presión inflacionaria que vuelve a asomar en la Unión Europea se suma ahora el peligro de escasez de insumos fundamentales. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, advirtió de la incertidumbre sobre la evolución de los precios, destacando el aumento del gasóleo y de los fertilizantes, lo que preocupa a los responsables europeos del sector. Por ello, instó a Bruselas a diseñar con urgencia un plan que garantice el suministro y limite los costes. Durante la reunión de ministros celebrada en Luxemburgo, Planas insistió en la necesidad de que la Comisión Europea supervise de cerca la evolución de los precios -que varían entre países- y establezca directrices para optimizar el uso de fertilizantes, además de impulsar fuentes alternativas. El objetivo es doble: evitar que los agricultores afronten mayores costes y reducir la dependencia de terceros países. Tras el encuentro, el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, confirmó que la Comisión ya trabaja en medidas de apoyo para los agricultores, tanto económicas como regulatorias. Asimismo, reiteró que el plan que se presentará en mayo buscará fomentar la producción europea, reducir la dependencia de importaciones y promover alternativas más sostenibles y asequibles. Las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz son significativas. Antes del conflicto, por esa vía transitaba el 40% de la urea y el 30% del nitrógeno -especialmente amoníaco- necesarios para la agricultura. La interrupción ha encarecido el gas natural, materia prima esencial para fabricar fertilizantes, ha elevado los costes de transporte y ha provocado retrasos en un momento clave, con la temporada de siembra ya en marcha en el hemisferio norte. Como resultado, hay menos fertilizantes disponibles y a precios más altos.

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(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los gigantes industriales cifran en 3.000 millones el agujero posapagón

Coincidiendo con el primer aniversario del apagón, el foco ya no está en el incidente en sí, sino en sus consecuencias: los elevados costes que el sistema eléctrico está asumiendo para evitar que se repita un colapso como el del 28 de abril de 2025. Diversas patronales españolas -entre ellas Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto y Unesid- se han sumado a Aeléc, la asociación de las eléctricas, para exigir mayor claridad sobre estos gastos, que algunas estimaciones sitúan por encima de los 3.000 millones de euros. También reclaman mecanismos que reduzcan su impacto sobre los grandes consumidores industriales. Estas organizaciones han elaborado un documento conjunto, presentado como el Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico, una iniciativa sin precedentes. Representan a compañías muy diversas, como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal o Celsa, entre muchas otras. Todas ellas respaldan las críticas que Aeléc lleva meses dirigiendo contra Red Eléctrica (REE), empresa del grupo Redeia, a la que responsabilizan no solo del apagón como operador del sistema, sino también del incremento de costes derivado de las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la red y prevenir nuevos fallos. El conflicto gira en torno a dos cuestiones principales: cuál es el importe real de ese sobrecoste y quién debe asumirlo. REE sostiene que el refuerzo del sistema ha supuesto unos 660 millones de euros adicionales, cifra que recientemente avaló la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso. Sin embargo, las eléctricas y las patronales -varias de ellas integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española- elevan considerablemente esa cifra al incluir todos los costes operativos vinculados al refuerzo del sistema, no solo los directamente derivados del apagón. Según sus cálculos, en 2025 estos gastos alcanzaron los 3.500 millones de euros, mil millones más que el año anterior, y en lo que va de 2026 ya suman 1.800 millones. En conjunto, estiman que el impacto del posapagón ronda los 3.000 millones. Actualmente, estos costes se trasladan al precio de la electricidad como un componente variable: cuanto mayor es el consumo, mayor es el coste para el usuario. Esto hace que la gran industria soporte la mayor carga. Si se tratara de un peaje fijo, el coste se repartiría entre todos los consumidores, de forma más equitativa. Esa es precisamente la propuesta del sector industrial: no solo reclaman transparencia, sino también cambios regulatorios que permitan financiar estos costes a través de cargos fijos del sistema eléctrico, evitando así penalizar a los grandes consumidores y buscando un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad. Por su parte, las eléctricas evitan responder directamente a las críticas sobre el aumento de costes asociado al llamado "modo reforzado", que implica mantener en funcionamiento más centrales convencionales, lo que también incrementa sus propios ingresos. El aniversario del apagón ha provocado múltiples reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó la falta de explicaciones un año después. El Banco de España destacó la importancia del efectivo, que siguió utilizándose durante el incidente. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el papel de las centrales nucleares, coincidiendo con su visita a la planta de Ascó (Tarragona), como elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

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(El País, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España recomienda llevar entre 70 y 100 euros en efectivo para afrontar crisis como la del apagón

En una sociedad cada vez más orientada a los pagos digitales, el uso del efectivo ha ido perdiendo protagonismo en la vida cotidiana. Sin embargo, en momentos de crisis puede convertirse en un recurso esencial. Con motivo del primer aniversario del gran apagón, el Banco de España aconseja disponer en casa de entre 70 y 100 euros por persona en billetes y monedas para poder afrontar situaciones similares. El organismo subraya que el efectivo no responde a una cuestión de costumbre, sino de utilidad práctica. Durante el apagón, cuando fallaron simultáneamente la electricidad y las comunicaciones, fue el único medio de pago que siguió funcionando. Cajeros, terminales de pago y aplicaciones quedaron inoperativos. Según datos del Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta se redujeron entre un 41% y un 42%, mientras que el comercio electrónico sufrió una caída cercana al 54%. En conjunto, el consumo descendió alrededor de un 34% ese día en España. Frente a ello, el efectivo mantuvo su operatividad. El Banco de España destaca que el dinero físico permite pagar de forma inmediata y sin depender de tecnología, electricidad o conexión a internet, lo que garantiza la autonomía de los ciudadanos en situaciones extremas. El análisis del supervisor pone de manifiesto que el sistema de pagos actual, aunque eficiente, depende de infraestructuras clave como la electricidad, las telecomunicaciones o los servidores. Si alguno de estos elementos falla, todo el sistema puede verse afectado, aunque sea de forma temporal. Esto no implica cuestionar el avance de los pagos electrónicos, que han reducido notablemente el uso del efectivo gracias a herramientas como tarjetas contactless, aplicaciones móviles o transferencias instantáneas. Pero el apagón evidenció que el dinero en metálico sigue siendo necesario. Por ello, el Banco de España recomienda mantener una pequeña reserva de efectivo en el hogar, suficiente para cubrir gastos básicos durante varios días ante posibles emergencias. Además, señala que no se puede descartar que se repitan episodios similares, por lo que conviene estar preparado. El organismo también recuerda que se están desarrollando alternativas para que algunos medios de pago electrónicos puedan funcionar sin conexión o incluso sin electricidad. En este sentido, el proyecto del euro digital contempla una modalidad offline que permitiría realizar pagos en ausencia de cobertura o suministro eléctrico. Esta recomendación no es exclusiva de España. El banco central de Suecia ya sugirió mantener en casa al menos 1.000 coronas en efectivo, una medida significativa en un país donde el uso de dinero físico es muy reducido. Asimismo, la Comisión Europea ha aconsejado a los ciudadanos disponer de recursos básicos, incluido efectivo, para subsistir durante al menos 72 horas en caso de emergencia, junto a un kit que incluya agua, alimentos, herramientas y otros suministros esenciales. Por otro lado, el contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas, ha reforzado la preocupación sobre la dependencia de sistemas de pago electrónicos controlados en gran medida por empresas extranjeras. Esto ha impulsado iniciativas como el desarrollo del euro digital por parte del Banco Central Europeo y soluciones privadas europeas de pago instantáneo, con el objetivo de reforzar la autonomía y seguridad del sistema financiero en Europa.

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(El Periódico, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado inmobiliario español sufre un déficit superior a las 730.000 viviendas desde 2021

Sumando tanto vivienda libre como protegida, en España solo se han finalizado unas 474.000 viviendas en los últimos años, una cifra claramente insuficiente si se compara con el crecimiento demográfico, ya que en ese mismo periodo se han formado alrededor de 1,2 millones de nuevos hogares. Esta combinación de fuerte demanda, oferta limitada y poco flexible, junto con grandes diferencias entre territorios, está generando tensiones en el mercado inmobiliario, agravadas además por la incertidumbre económica derivada del conflicto en Oriente Próximo. Durante el último año, la compraventa de viviendas alcanzó niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera, con más de 714.000 operaciones, lo que supone un aumento del 11,5%, tras el crecimiento ya registrado el año anterior. Sin embargo, la escasez estructural de vivienda, especialmente en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia -donde se concentra cerca de la mitad del déficit de obra nueva- seguirá siendo el principal factor que presione los precios en el futuro, según el análisis de CaixaBank. El informe también señala que el incremento de nuevas construcciones no siempre se produce en las zonas donde más se necesita. Aunque en 2025 los visados de obra nueva crecieron un 11,8%, este avance es menor que el del año anterior. Además, existe una relación inversa entre las zonas con mayor déficit de vivienda y el número de nuevas promociones: en provincias como Tarragona, Castellón o Murcia, los nuevos proyectos apenas cubren una pequeña parte de la demanda pendiente, mientras que en otras como Sevilla, Navarra, Córdoba o Asturias la actividad constructora es más intensa. Este desequilibrio se explica por factores locales como la falta de suelo disponible, las limitaciones regulatorias, los costes o la capacidad administrativa, que dificultan aumentar la oferta precisamente en los mercados más tensionados. Si esta situación no cambia, el déficit seguirá creciendo en las zonas más afectadas. El elevado nivel de precios está reduciendo la capacidad de compra de muchas familias, especialmente de los jóvenes y de quienes tienen menos recursos. Según el Banco de España, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal descendió hasta el 70,6% en 2024, el nivel más bajo en años recientes. Aun así, la riqueza neta de los hogares aumentó moderadamente y el endeudamiento se redujo, en gran parte por la disminución de deuda y el mayor peso de los activos financieros, más que por un aumento significativo del patrimonio total. De cara a los próximos años, se prevé que los precios de la vivienda sigan subiendo en 2026 y 2027, aunque a un ritmo más moderado y con diferencias importantes según la zona. Se esperan mayores incrementos en áreas donde la demanda había sido más débil, mientras que en los mercados más activos podrían observarse señales de desaceleración. El dinamismo reciente se explica por factores como el crecimiento de la población, la mejora de los ingresos, la fortaleza del empleo y unas condiciones financieras favorables. No obstante, la evolución del mercado también dependerá del contexto internacional. El conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre y podría afectar a la economía a través de tres vías principales: el aumento de la inflación -que podría situarse en torno al 3%-, la caída de la demanda externa y un posible endurecimiento de las condiciones financieras si suben los tipos de interés. De hecho, el euríbor ya ha mostrado repuntes recientes, y los mercados anticipan varias subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo en 2026. Si este endurecimiento monetario se confirma, su impacto sería más visible en 2027. Los tipos de interés influyen directamente en el comportamiento de los hogares. Por ejemplo, a finales de 2025, las familias con hipotecas variables vieron reducir sus cuotas mensuales, lo que les permitió aumentar ligeramente su consumo. En cambio, en periodos anteriores de subidas del euríbor, el gasto se redujo. Esto demuestra cómo las decisiones de política monetaria afectan de forma tangible a la economía doméstica, especialmente en un país donde muchas hipotecas están ligadas a tipos variables.

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(La Vanguardia, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de los jóvenes de 26 a 34 años que vive con sus padres lo hace porque no puede pagar una vivienda

Casi la mitad de los jóvenes de entre 26 y 34 años que aún vive con sus padres -un 47,3%- señala que lo hace porque no puede asumir el coste de comprar o alquilar una vivienda. Es el motivo más habitual que explican, según los datos sobre acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicados este lunes. Además, un 23,6% afirma que ni siquiera se ha planteado independizarse, mientras que solo un 1,9% reconoce que podría permitírselo, pero prefiere seguir viviendo en el hogar familiar. Estos datos vuelven a poner de relieve las dificultades de los jóvenes para acceder a un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta y el elevado nivel de precios. Si se observa el conjunto de la población joven, el 67,1% de las personas entre 18 y 34 años seguía residiendo con sus progenitores en 2025, lo que equivale a unos 6,26 millones. En este grupo, uno de cada tres no dispone de recursos suficientes para alquilar o comprar una vivienda. Otro indicador de estas dificultades es la existencia de demanda no satisfecha: un 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó vivienda activamente durante el último año sin llegar a mudarse. En la mayoría de los casos -casi siete de cada diez- el principal obstáculo fue el alto precio. Este problema se acentúa especialmente en zonas con mercados más caros, como Baleares o Madrid.

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(El Mundo, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Junts asegura que no apoyará el decreto de la prórroga de los alquileres

El grupo de Junts per Catalunya en el Congreso ha reiterado que no respaldará el decreto que plantea ampliar durante dos años los contratos de alquiler y fijar en un 2% el límite de actualización de las rentas, una medida que se votará este martes en la Cámara Baja. Fuentes de la formación trasladaron esta postura después de que el ministro Pablo Bustinduy afirmara que veía factible alcanzar un entendimiento con el partido liderado por Carles Puigdemont. En una entrevista en TVE, el ministro explicó que ese posible acuerdo pasaría por asumir algunas condiciones planteadas por Junts, como la implantación del IVA franquiciado para autónomos, una cuestión que atribuyó al PSOE. Bustinduy también se mostró dispuesto a estudiar incentivos fiscales para los propietarios, una demanda de la formación catalana. Aunque reconoció que dentro de Sumar no existe consenso sobre este punto, consideró que podría valorarse si se garantiza la prórroga de los contratos. A pesar de estas declaraciones, Junts mantiene su rechazo. Según sus fuentes, el decreto que se vota no puede modificarse, por lo que no lo apoyarán, aunque no han precisado si optarán por el voto en contra o la abstención. Desde el partido interpretan, no obstante, que las palabras del ministro evidencian que Sumar ha comprendido sus planteamientos y estaría dispuesto a aplicarlos. En ese contexto, trasladan la presión al PSOE, cuestionando si aceptará negociar o seguirá impulsando sus iniciativas sin contar con una mayoría suficiente. Asimismo, plantean si el Gobierno será el responsable de bloquear medidas que, a su juicio, beneficiarían tanto a inquilinos como a pequeños propietarios. Pese a ello, niegan que existan negociaciones en curso: aseguran que el Ejecutivo ya conoce sus condiciones y que no hay conversaciones abiertas. La tensión entre ambas partes viene de atrás. En la última sesión de control, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, endureció su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con quien la formación rompió relaciones por supuestos incumplimientos de los acuerdos de investidura. Durante su intervención, incluso cuestionó por qué el presidente no convoca elecciones y criticó que no se haya aprobado el IVA franquiciado para autónomos.

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(El Economista, 27-04-2026) | Fiscal

La justicia aclarará si Hacienda puede formalizar actas de inspección sin llamar al contribuyente para que firme

El Tribunal Supremo (TS) va a pronunciarse sobre las consecuencias legales de que la Agencia Tributaria no cumpla con su obligación de citar al contribuyente para la firma del acta de inspección. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de un ciudadano al que Hacienda abrió una inspección tras detectar ingresos superiores a 200.000 euros en su cuenta que no fueron declarados en el IRPF. Durante el procedimiento, la Administración le ofreció un trámite de audiencia previa para presentar alegaciones, pero el contribuyente no hizo uso de él. Posteriormente, Hacienda levantó directamente el acta en disconformidad sin convocarle formalmente a una fecha y hora concretas para comparecer. Meses después, le notificó la liquidación correspondiente y la sanción. El afectado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó su reclamación al considerar que no se había producido indefensión, dado que tuvo la oportunidad de formular alegaciones previamente. Según este tribunal, la falta de citación podría calificarse como una irregularidad, pero no lo suficientemente grave como para invalidar el procedimiento. Sin embargo, en un auto fechado el 15 de abril, el Tribunal Supremo ha decidido revisar el caso al apreciar interés casacional, ya que no existe una doctrina clara sobre esta cuestión. En concreto, el Supremo deberá determinar si la ausencia de una citación formal al contribuyente para firmar el acta -impidiéndole decidir si lo hacía en conformidad o disconformidad- y la emisión directa del acta en disconformidad suponen una vulneración del procedimiento que conlleve la nulidad de la actuación administrativa. Asimismo, analizará si esta omisión constituye un defecto sustancial que provoque anulabilidad por generar indefensión, al privar al contribuyente de un derecho reconocido por la ley, como es la posibilidad de beneficiarse de una reducción del 30% en la sanción prevista en la Ley General Tributaria.

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(El Economista, 27-04-2026) | Fiscal

Bruselas plantea la coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la UE

La Unión Europea está explorando nuevas vías para reforzar su competitividad a nivel global, y una de las iniciativas más destacadas se centra en simplificar su compleja estructura fiscal. En este contexto surge el denominado Régimen Fiscal 28, un sistema opcional que funcionaría en paralelo a los 27 marcos tributarios nacionales actuales. No busca una unificación total de impuestos, como sería igualar los tipos del Impuesto sobre Sociedades, sino facilitar la coordinación entre países, reducir cargas administrativas, aportar mayor seguridad jurídica y evitar la doble imposición, respetando al mismo tiempo la autonomía fiscal de cada Estado miembro. El punto de partida es claro: mientras las empresas operan cada vez más a escala europea, los sistemas fiscales siguen siendo esencialmente nacionales. Esto obliga, especialmente a startups y compañías en expansión internacional, a enfrentarse a múltiples normativas distintas, con procedimientos variados, incentivos desiguales y reglas complejas en ámbitos como los precios de transferencia. Esta fragmentación eleva los costes, complica la gestión y puede frenar la inversión y el crecimiento frente a otras regiones del mundo. Entre las principales propuestas del Régimen 28 figura la creación de una "ventanilla única" o autoridad fiscal principal, que permitiría a las empresas gestionar sus obligaciones de forma centralizada, evitando duplicidades. En cuanto a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, no se plantea una armonización completa, sino establecer criterios comunes de partida -como los resultados contables- con ciertos ajustes, dejando a cada país la potestad de fijar su tipo impositivo. Otro aspecto clave es el tratamiento de las pérdidas en distintos países. En lugar de consolidarlas de manera definitiva -lo que implicaría transferencias de ingresos entre Estados-, se propone un sistema temporal que permita diferir impuestos en el país de origen por las pérdidas generadas en el extranjero, facilitando así la liquidez de las empresas en expansión. El eje central de esta reforma sería la adopción de una normativa europea clara y operativa. Entre las medidas más relevantes destaca la introducción de los llamados "puertos seguros" (safe harbours), pensados para operaciones habituales y de bajo riesgo. Actualmente, tareas rutinarias como servicios administrativos internos o distribución básica generan elevados costes de cumplimiento y supervisión. Con estos mecanismos, se pretende evitar conflictos innecesarios y centrar los esfuerzos en cuestiones más complejas, como la valoración de activos intangibles. La "ventanilla única" también implicaría simplificar la documentación requerida, con un único envío electrónico basado en formatos armonizados que podrían utilizarse en todos los países participantes, reduciendo así la carga burocrática. Asimismo, para evitar discrepancias entre administraciones tributarias, el sistema contempla la designación de una autoridad principal encargada de coordinar el proceso, junto con auditorías conjuntas entre países. Esto permitiría evitar decisiones contradictorias y ajustes fiscales incoherentes. Finalmente, el régimen incluiría un mecanismo ágil para resolver disputas, basado en la directiva europea vigente en esta materia, con el objetivo de ofrecer mayor rapidez y seguridad jurídica en los casos en que exista riesgo de doble imposición sobre los mismos beneficios.

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(El Confidencial, 27-04-2026) | Fiscal

Sánchez pide flexibilizar las reglas fiscales y prolongar los fondos de la UE ante la crisis energética

El Gobierno español ha planteado tres medidas clave a la Unión Europea para hacer frente a la actual crisis energética: la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes empresas energéticas que están obteniendo elevados beneficios por la subida de precios, la ampliación del plazo de los fondos Next Generation EU -cuyo periodo de solicitud finaliza en agosto- y una mayor flexibilidad en las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así lo explicó el presidente Pedro Sánchez a su llegada a la reunión de líderes europeos celebrada este viernes en Nicosia, en Chipre. Sánchez propuso abrir el debate sobre una relajación de las normas fiscales comunitarias, similar a la que ya se ha aplicado en el ámbito del gasto en defensa, pero orientada en este caso a impulsar inversiones en electrificación y transición energética. Esta idea guarda cierta similitud con la defendida por el ministro de Finanzas italiano, Giancarlo Giorgetti, y respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, aunque con matices. Mientras Italia busca mayor margen general para gestionar su déficit, España plantea limitar esa flexibilidad a proyectos vinculados a energías renovables y electrificación. Por su parte, la Comisión Europea ha presentado recientemente propuestas centradas sobre todo en reforzar la coordinación entre países, y se espera que próximamente concrete un marco más flexible en materia de ayudas de Estado, que regula cómo los gobiernos pueden apoyar a empresas y sectores afectados. Meloni consideró adecuada esta flexibilización, aunque advirtió de que no todos los países cuentan con el mismo margen presupuestario, por lo que planteó fórmulas similares a las utilizadas en el ámbito de la defensa, como la emisión de deuda conjunta europea para financiar determinados gastos. Otra de las propuestas españolas pasa por extender entre seis y doce meses el plazo para solicitar los fondos del programa Next Generation EU, creados tras la pandemia para reactivar la economía. Aunque la Comisión ha reiterado en varias ocasiones que no prevé modificar el calendario, España defiende ampliar ese periodo para destinar nuevos recursos, especialmente a proyectos relacionados con la electrificación. Finalmente, Sánchez insistió en la necesidad de implantar un gravamen extraordinario a las grandes compañías energéticas, siguiendo la línea de iniciativas adoptadas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania. El objetivo sería obtener ingresos adicionales para financiar medidas de apoyo a ciudadanos, empresas e industrias. El presidente subrayó que se requieren más recursos para avanzar en la transición energética, reforzar las interconexiones y reducir la dependencia energética.

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