El PSOE y el PP han rechazado en el Congreso una propuesta de reforma impulsada por Podemos que pretendía permitir la jubilación anticipada sin penalización para los trabajadores con 40 años o más de cotización, mediante la eliminación de los coeficientes reductores.
La iniciativa fue introducida por Podemos como enmienda dentro de una ley relacionada con la transferencia de derechos económicos de los mutualistas al RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que agrupa a más de tres millones de personas. Esto permitió que la medida llegara finalmente a votación en el pleno de este jueves.
El resultado de la votación ha estado marcado por el rechazo de socialistas y populares. Mientras tanto, Vox se ha abstenido y el resto de grupos parlamentarios ha apoyado la propuesta, incluido Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
Según datos citados por Europa Press, el Ejecutivo había estimado que la eliminación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas tendría un impacto presupuestario de 3.358 millones de euros. De esa cifra, más de 2.000 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas involuntarias y alrededor de 1.345 millones a las voluntarias.
No se trata de una propuesta nueva. Ya en 2025 se había debatido una iniciativa similar, aunque entonces no tenía carácter legislativo. En aquella ocasión, el PSOE sí apoyó instar al Gobierno a estudiar la eliminación de los recortes en las pensiones para quienes se jubilan tras largas carreras de cotización.
Tras el rechazo en esta ocasión, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado con dureza el resultado de la votación. A través de la red social X, ha acusado al PSOE y al PP de impedir que unas 900.000 personas con más de 40 años cotizados puedan cobrar la pensión íntegra, calificando la decisión de "absoluta vergüenza".
Belarra ha defendido que muchos de estos trabajadores comenzaron a cotizar siendo menores de edad y que, pese a sus largas carreras laborales, siguen percibiendo pensiones reducidas por la aplicación de los coeficientes. También ha reprochado a socialistas y populares actuar de forma coordinada en contra de la medida, en lo que ha descrito como una "pinza" contra los pensionistas.
En junio de 2020, Cani Fernández comparecía ante el Congreso de los Diputados para defender su candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una amplia trayectoria como abogada en Cuatrecasas y tras su paso por el equipo de Presidencia dirigido por Iván Redondo, Fernández insistió entonces en la necesidad de preservar la independencia del organismo y garantizar que sus decisiones estuvieran al margen de cualquier influencia política.
Seis años después, cuando su mandato está a punto de concluir y el Gobierno se dispone a nombrar a su sucesor al frente de la CNMC, persiste la percepción de que nunca logró desprenderse completamente de la vinculación política que acompañó su nombramiento. Su cercanía con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica y principal impulsora de su designación, marcó buena parte de la valoración de su etapa al frente del organismo regulador. En paralelo, las diferencias de enfoque con responsables del área energética, especialmente dentro del sector representado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, añadieron complejidad a una gestión condicionada por importantes decisiones regulatorias.
La salida de Fernández coincide además con una situación especialmente delicada para la CNMC, que deja abiertos numerosos expedientes relacionados con el apagón eléctrico y que afectan tanto a compañías energéticas como al operador de la red, Redeia. El desenlace de estos procedimientos dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la nueva dirección del organismo.
Según distintas fuentes conocedoras del proceso de sucesión, existen actualmente dos corrientes dentro del Gobierno que intentan influir en el nombramiento del próximo presidente. Por un lado, el Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, considera que le corresponde liderar la propuesta, ya que la CNMC depende orgánicamente de este departamento. De hecho, es el propio ministerio quien eleva el nombre del candidato al Consejo de Ministros y formaliza posteriormente el nombramiento mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Si finalmente prevalece esta opción, muchos observadores consideran probable la elección de un técnico comercial y economista del Estado, siguiendo un modelo similar al que representó la propia Fernández: un perfil eminentemente técnico y con una menor exposición política. Sin embargo, dentro de otros sectores del Ejecutivo existe la convicción de que el nombramiento tiene una dimensión estratégica mucho mayor. A medida que se aproxima el final de la legislatura y con unas elecciones generales en el horizonte, algunos consideran fundamental asegurar una posición de influencia en organismos reguladores cuyos mandatos se extienden durante varios años. La CNMC desempeña un papel especialmente relevante por sus amplias competencias en materia de competencia, supervisión de mercados y regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte, el audiovisual o la energía.
Desde esta perspectiva, determinados sectores defienden la conveniencia de optar por una figura con un perfil más político, considerando que una presidencia excesivamente técnica podría mostrar una mayor disposición a adaptarse a los cambios que pudiera introducir un futuro Gobierno. La elección tiene además importantes implicaciones para el sector energético. Uno de los primeros nombramientos que deberá realizar el nuevo presidente será el de la dirección del área de Energía, un puesto clave en la gestión de los expedientes relacionados con el apagón eléctrico. Esta persona será la encargada de decidir la continuidad de las investigaciones abiertas, supervisar su instrucción y, eventualmente, valorar la gravedad de los hechos analizados.
Por ello, las compañías eléctricas siguen con especial atención el proceso de renovación. En el sector existe la percepción de que el nuevo responsable del área energética dispondrá de un margen considerable para orientar la tramitación de los expedientes durante los primeros meses de su mandato. Dentro del Gobierno, algunos observadores consideran que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, podría intentar influir en esta designación debido a la relevancia que tiene para la política energética. Mientras tanto, la actual directora del área, Rocío Prieto, prepara su salida hacia la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae), dejando vacante un puesto especialmente sensible.
Las empresas son conscientes de la importancia de esta decisión. Las posibles sanciones derivadas de los expedientes abiertos dependerán, entre otros factores, de la calificación de las infracciones. La legislación distingue entre infracciones graves y muy graves, siendo estas últimas las que implican riesgos para la garantía del suministro eléctrico y conllevan consecuencias económicas mucho más severas.
Algunas de las investigaciones más delicadas afectan a determinadas paradas de centrales nucleares. Las compañías implicadas consideran que cuentan con argumentos sólidos para defender su actuación, apoyándose en criterios técnicos admitidos por los organismos reguladores especializados. Por otro lado, sostienen que parte de las anomalías detectadas durante los últimos meses responden más a una revisión general del funcionamiento del sector que a una relación directa con los acontecimientos que provocaron el apagón.
El calendario también juega un papel importante. Aunque la actual dirección de la CNMC se encuentra ya en una fase de transición y existe una percepción generalizada de cambio de ciclo dentro de la institución, el relevo no será inmediato. Tras la aprobación del candidato por el Consejo de Ministros, todavía deberán completarse los trámites parlamentarios necesarios antes de que el nuevo presidente pueda asumir oficialmente el cargo.
Las negociaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios también formarán parte del proceso. Diversas fuentes consideran que el Gobierno intentará cerrar cuanto antes la renovación de la CNMC para consolidar la composición de uno de los organismos reguladores más influyentes del país antes de un posible cambio de mayoría política.
En este contexto, la sucesión al frente de la CNMC trasciende la mera sustitución de un presidente. Se trata de una decisión con importantes implicaciones regulatorias, económicas y políticas que influirá en la supervisión de sectores estratégicos y en la gestión de algunos de los asuntos más sensibles que actualmente tiene sobre la mesa el organismo.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda comenzará a desplegarse el próximo mes con una primera transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas. Esta cantidad representa cerca del 19% de los 4.200 millones que el Estado prevé destinar hasta 2030 para impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación residencial y las ayudas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda.
La financiación del programa recibió este jueves el respaldo de las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. No obstante, algunas regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, mantienen reservas sobre el modelo diseñado por el Ejecutivo y estudian posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo, pese a haber dado inicialmente su aprobación.
El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, las comunidades autónomas deberán aportar al menos 2.800 millones, equivalentes al 40% del presupuesto global, mientras que el Gobierno central asumirá el resto de la financiación.
La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, que absorberá el 40% de los recursos disponibles, estará destinada a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, las adjudicaciones incorporarán mecanismos de control para reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades en los procesos de contratación.
Otro 30% de los fondos se dedicará a la rehabilitación del parque residencial existente. Estas ayudas estarán orientadas principalmente a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las actuaciones previstas permitirán reducir en torno a un 30% el consumo energético en unas 260.000 viviendas.
El 30% restante se destinará a programas de apoyo directo para facilitar la compra o el alquiler de vivienda. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes, las familias con mayores dificultades económicas y las mujeres víctimas de violencia de género.
Por comunidades autónomas, Andalucía concentrará la mayor inversión prevista, con cerca de 1.200 millones de euros hasta 2030. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 millones, y Cataluña, que superará los 1.000 millones. En el extremo contrario figuran La Rioja, Baleares y Extremadura, que recibirán las menores dotaciones dentro del reparto territorial.
La primera transferencia de 800 millones que el Ejecutivo realizará en julio seguirá esta misma distribución. Andalucía recibirá la mayor partida, con 136,8 millones de euros, mientras que La Rioja obtendrá algo más de 13 millones.
A partir de ese momento, corresponderá a cada comunidad autónoma desarrollar sus propios programas dentro del marco establecido por el Plan Estatal de Vivienda. Para ello deberán garantizar, como mínimo, la aportación económica comprometida del 40%, aunque podrán elevar esa contribución si así lo consideran oportuno.
Las últimas ofertas de ahorro están afianzando rentabilidades cercanas al 3%, mientras que el coste de las nuevas hipotecas continúa aumentando. La decisión de elevar los tipos de interés en la eurozona hasta el 2,25% tiene consecuencias muy diferentes para los hogares españoles. Por un lado, supone una oportunidad para los ahorradores más conservadores, que buscan rentabilidad sin asumir riesgos a través de depósitos bancarios o cuentas remuneradas.
En cambio, la situación es menos favorable para quienes tienen una hipoteca variable o están pensando en contratar un nuevo préstamo hipotecario, ya que el encarecimiento del dinero termina trasladándose al coste de la financiación. Aun así, gran parte de las entidades financieras ya habían incorporado esta subida a sus productos antes de que el Banco Central Europeo la hiciera oficial. Por ello, el impacto inmediato será limitado y dependerá en gran medida de cuántas nuevas alzas de tipos se produzcan durante los próximos meses.
En el mercado de los depósitos, las rentabilidades han aumentado notablemente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Actualmente, algunas entidades ofrecen rendimientos cercanos al 3% para depósitos a un año, mientras que los plazos más largos ya superan ese umbral. La reciente subida de tipos podría impulsar una revisión al alza de aquellos productos que todavía ofrecen remuneraciones inferiores a las más competitivas del mercado. De hecho, varias entidades ya han comenzado a actualizar sus ofertas para alinearlas con el nuevo nivel de tipos.
Las cuentas remuneradas también han mejorado considerablemente sus condiciones. Además de ofrecer liquidez inmediata, han incrementado su rentabilidad gracias a la creciente competencia entre entidades. Algunas propuestas superan incluso la evolución prevista de los tipos de interés y del euríbor. Sin embargo, los bancos tradicionales reconocen que resulta complicado igualar las condiciones ofrecidas por determinados neobancos, cuyas remuneraciones se sitúan por encima de las referencias actuales del mercado.
Por su parte, las Letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los ahorradores que buscan seguridad. Tras las últimas subastas, ofrecen rendimientos situados entre el 2,23% y el 2,54%, niveles que siguen captando el interés de las familias. Esta mayor demanda también está obligando a las entidades financieras a mejorar las condiciones de sus productos de ahorro para competir por la captación de liquidez. No obstante, el ritmo de incremento de las rentabilidades se ha moderado en las últimas semanas, ya que el mercado había descontado ampliamente la subida de tipos del BCE.
En el ámbito hipotecario, los titulares de préstamos a tipo variable continúan viendo cómo sus cuotas mensuales aumentan. El euríbor se mantiene en niveles elevados y las revisiones anuales ya están generando incrementos significativos en las mensualidades. Como referencia, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, puede encarecerse en torno a 60 euros al mes tras la actualización correspondiente.
Además, el coste de las nuevas hipotecas también está subiendo. Después de varios meses de relativa estabilidad, el tipo medio aplicado a los préstamos para la compra de vivienda alcanzó en abril el 2,80%, el nivel más alto desde comienzos de 2025. Los analistas consideran que esta tendencia alcista podría mantenerse durante los próximos meses, ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del BCE. De hecho, los mercados ya contemplan que el siguiente movimiento podría producirse en septiembre.
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elevar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, situándolos en el 2,25%, una medida que coincide con las previsiones del mercado. Se trata de la primera subida desde hace casi tres años, cuando la institución consideró controlada la escalada inflacionista originada tras la invasión rusa de Ucrania.
La entidad monetaria justifica esta decisión por el repunte de las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. Según los últimos datos disponibles, la inflación en la zona euro ha alcanzado el 3,2%, el nivel más elevado registrado en los últimos dos años y medio.
En el comunicado que acompaña la decisión, el BCE señala que el actual contexto geopolítico está generando nuevas tensiones sobre los precios, por lo que considera apropiado endurecer nuevamente la política monetaria. La institución sostiene que este incremento de los tipos resulta adecuado bajo los distintos escenarios que maneja sobre la evolución del conflicto y sus posibles efectos sobre la economía europea a medio plazo.
Junto a la decisión sobre los tipos, el organismo ha revisado al alza sus previsiones de inflación. Para este año espera ahora una tasa media del 3%, frente al 2,6% que estimaba anteriormente. Asimismo, ha elevado su previsión para 2027 hasta el 2,3%, lo que refleja que el retorno estable al objetivo del 2% podría retrasarse más de lo previsto inicialmente.
Al mismo tiempo, el BCE ha rebajado sus expectativas de crecimiento económico para la eurozona. Si hace apenas unos meses proyectaba una expansión del 0,9% para este año, ahora calcula que el avance será del 0,8%. También ha reducido ligeramente la previsión para 2027, que pasa del 1,3% al 1,2%. La institución atribuye este deterioro de las perspectivas económicas al impacto más intenso de la guerra sobre los mercados de materias primas, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y el deterioro de la confianza de consumidores y empresas.
Las nuevas proyecciones del BCE se aproximan, además, a los escenarios más pesimistas que la propia entidad había elaborado al comienzo de la crisis en Oriente Próximo, reflejando una mayor preocupación por los efectos que el conflicto puede tener sobre la actividad económica y la estabilidad de precios en la zona euro. La autoridad monetaria vaticina un escenario base con una inflación del 3% en 2026, del 2,3% en 2027 y del 2% en 2028. La revisión al alza respecto a los cálculos realizados en la cumbre de marzo es de cuatro décimas para el año actual, y tres décimas para el próximo, aunque se reduce en una décima la inflación esperada en 2028. Tras escalar al 3% en abril, Lagarde ha anticipado que la inflación seguirá subiendo durante el verano y no regresará al objetivo del 2% hasta la segunda mitad del próximo año.
Con su alza, el BCE se convierte en el primer gran banco central de entre las economías del G7 que acomete una subida de los tipos de interés por los efectos derivados de la guerra de Irán. El cierre del estrecho de Ormuz ha impactado de lleno en los precios de la energía y la autoridad monetaria europea teme que esa presión acabe calando de forma más amplia en la economía.
La presión inflacionista en España sigue sin acelerar con fuerza, aunque los próximos meses podrían cambiar el panorama. Las medidas del Gobierno para contener los precios de la energía, especialmente mediante rebajas fiscales, han contribuido a estabilizar la inflación, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró mayo con un incremento interanual del 3,2%, el mismo ritmo que en abril.
Sin embargo, esta aparente estabilidad podría ser temporal. Las bonificaciones fiscales sobre la electricidad y el gas natural dejaron de aplicarse el 1 de junio, lo que ya está empezando a reflejarse en el coste de la energía para hogares y empresas. A ello se suma que los descuentos sobre los carburantes finalizarán el 30 de junio, un factor que podría intensificar la presión sobre los precios durante el verano. Algunos analistas prevén que la inflación podría acercarse de nuevo al 4%, niveles que no se registraban desde hace más de tres años.
En el mes de mayo, cuyos datos han sido confirmados por el INE tras el avance publicado a finales de mes, la estabilidad de los precios se explicó principalmente por la contención en electricidad, gas y alimentos, que compensó el encarecimiento de los carburantes. El último tramo de vigencia del plan del Ejecutivo para amortiguar el impacto de la guerra en Irán ha tenido un papel relevante en este comportamiento. Según estimaciones del Ministerio de Economía, sin estas medidas fiscales la inflación habría superado el 4% y el encarecimiento de los carburantes sería notablemente mayor.
Dentro de la cesta de la compra, los alimentos y bebidas no alcohólicas moderaron su subida hasta el 2,2%, cuatro décimas menos que en abril, gracias a la evolución favorable de productos como frutas, hortalizas, legumbres y patatas. El Gobierno interpreta este dato como un alivio para los hogares, al evitarse de momento un traslado significativo del aumento de costes energéticos a los precios de los alimentos, algo que sí ocurrió en episodios inflacionistas anteriores.
Por su parte, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se situó en el 3%, dos décimas por encima del mes anterior, lo que indica que las presiones de fondo sobre los precios siguen presentes. En conjunto, el escenario apunta a una inflación todavía contenida, pero vulnerable a un repunte en los próximos meses por el fin de las ayudas energéticas y la evolución del mercado de combustibles.
Para los trabajadores autónomos, la declaración de la renta representa únicamente el resultado final de una gestión fiscal que se desarrolla a lo largo de todo el año. Cada ingreso, gasto o inversión influye en la tributación futura, por lo que la organización y el control financiero continuado son tan importantes como la propia presentación de la declaración.
Además, la gestión de impuestos como el IRPF requiere unos conocimientos que muchos profesionales reconocen no poseer plenamente. Según un estudio de Funcas realizado en 2025, el 27% de los españoles considera insuficiente su formación financiera. En este contexto, conocer qué gastos pueden deducirse, cómo justificarlos correctamente y planificar la tributación se convierte en un elemento esencial para cualquier trabajador por cuenta propia.
Los autónomos tributan en el IRPF por el beneficio obtenido en su actividad económica, es decir, por la diferencia entre los ingresos generados y los gastos fiscalmente deducibles. A diferencia de los trabajadores asalariados, cuya tributación se articula principalmente a través de las retenciones practicadas por la empresa, los autónomos deben gestionar directamente la determinación de sus rendimientos, registrando y justificando cada gasto vinculado a su actividad.
La mayoría de los profesionales por cuenta propia tributa mediante el sistema de estimación directa, ya sea en su modalidad simplificada o normal, aunque también existe el régimen de módulos para determinadas actividades. Habitualmente, el pago del IRPF se realiza mediante retenciones aplicadas en las facturas emitidas y mediante los pagos fraccionados trimestrales.
Por ello, la planificación fiscal comienza mucho antes de la campaña de la renta. Mantener la documentación actualizada, registrar correctamente las operaciones y compartir la información con la gestoría son prácticas habituales entre quienes buscan evitar errores y optimizar su situación fiscal. Los expertos recomiendan, además, separar claramente las finanzas personales de las profesionales mediante cuentas bancarias distintas para facilitar el seguimiento y la justificación de los movimientos económicos.
En relación con los gastos deducibles, la normativa exige tres requisitos fundamentales. El primero es que exista una relación directa entre el gasto y la actividad económica desarrollada. Esto incluye tanto los gastos imprescindibles para trabajar como aquellos que, sin ser estrictamente indispensables, contribuyen a generar ingresos o reducir costes.
El segundo requisito consiste en registrar adecuadamente dichos gastos. Aunque existe la creencia de que solo las sociedades están obligadas a llevar una contabilidad organizada, los autónomos también deben mantener registros de facturas emitidas y recibidas, así como de los bienes de inversión susceptibles de amortización.
La tercera condición es disponer de una factura emitida correctamente a nombre del autónomo. Los expertos insisten en que los simples tickets o recibos no suelen ser suficientes para justificar una deducción fiscal, por lo que aconsejan solicitar siempre facturas completas y conservar los justificantes de pago correspondientes.
Las mayores dudas suelen surgir en aquellos gastos que combinan un uso personal y profesional. Uno de los casos más habituales es el vehículo. La Agencia Tributaria exige, con carácter general, que el automóvil esté destinado exclusivamente a la actividad económica para admitir su deducción en el IRPF. Esto dificulta considerablemente la aplicación de esta ventaja fiscal, salvo en profesiones donde el vehículo constituye una herramienta esencial de trabajo, como transportistas, taxistas, repartidores, agentes comerciales o conductores de vehículos de transporte con conductor.
Otro gasto que genera frecuentes consultas es el relacionado con la telefonía. Los asesores suelen recomendar disponer de líneas separadas para uso personal y profesional, ya que esta diferenciación facilita la acreditación de que el gasto está vinculado exclusivamente a la actividad económica.
El auge del teletrabajo también ha incrementado las dudas sobre la deducción de gastos asociados a la vivienda. Hacienda permite deducir la parte proporcional del alquiler correspondiente al espacio destinado a la actividad profesional y un porcentaje de los suministros vinculados a dicha superficie, siempre que el contrato de arrendamiento no impida expresamente el desarrollo de actividades económicas en la vivienda. No obstante, cuando el espacio de trabajo se comparte con el uso personal, la justificación se vuelve más compleja.
Existen además otros gastos cuya acreditación resulta más sencilla. Las cuotas abonadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y determinadas cotizaciones a la Seguridad Social pueden justificarse mediante los correspondientes recibos bancarios. Asimismo, las ayudas públicas recibidas por el autónomo, como las derivadas del programa Kit Digital, deben declararse como ingresos y tributan dentro del IRPF.
Los especialistas coinciden en que la reducción de la carga fiscal no depende de encontrar deducciones de última hora cuando se acerca la campaña de la renta, sino de una adecuada planificación durante todo el ejercicio. Llevar un control constante de ingresos y gastos permite aprovechar mecanismos legales de optimización fiscal. Entre ellos figura la posibilidad de diferir determinados ingresos dentro de los límites establecidos por la normativa. En algunos casos, retrasar la emisión de una factura a los primeros días del ejercicio siguiente puede ayudar a distribuir mejor los rendimientos y reducir el impacto de la progresividad del impuesto.
Otra herramienta habitual para disminuir la base imponible son las aportaciones a planes de pensiones. Estas permiten trasladar parte de la tributación al momento de la jubilación, cuando previsiblemente los ingresos serán inferiores. Los autónomos también pueden beneficiarse de los planes de pensiones de empleo simplificados, que permiten realizar aportaciones más elevadas dentro de los límites fijados por la ley. Los nuevos autónomos cuentan además con incentivos específicos. Durante los primeros años de actividad pueden aplicar una reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo, siempre que cumplan determinados requisitos relacionados con su situación profesional previa y con el nivel de ingresos obtenidos.
A ello se suman las ayudas y beneficios fiscales que algunas comunidades autónomas ponen a disposición de los trabajadores por cuenta propia, por lo que resulta aconsejable revisar periódicamente la normativa vigente en cada territorio. Finalmente, los expertos destacan la importancia de contar con asesoramiento profesional. Los servicios de gestoría constituyen un gasto deducible y ayudan a evitar errores, incumplimientos y posibles sanciones. Para muchos autónomos, disponer de apoyo especializado resulta fundamental para mantener el control de sus obligaciones fiscales y gestionar adecuadamente su actividad económica.
El Gobierno está preparando la aprobación de un límite de gasto no financiero sin precedentes con el objetivo de incorporar en las cuentas del próximo año un aumento histórico del gasto social y de las inversiones en vivienda, en un contexto marcado por la búsqueda de nuevos apoyos parlamentarios. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo cuadro macroeconómico el 23 de junio, mientras que las medidas para hacer frente a la crisis se aprobarán el 30 de junio.
El Ejecutivo ultima una revisión de sus previsiones económicas que pretende aprobar en menos de dos semanas y que servirá de base para el proyecto de Presupuestos de 2027. No obstante, la presentación de uno de los elementos centrales de ese plan, el techo de gasto, se pospondrá hasta julio. La intención es fijar un límite de gasto récord que permita incorporar nuevas medidas y concesiones con las que intentar recuperar apoyos en el Congreso. En caso de que las cuentas no prosperen, estas iniciativas podrían convertirse en parte destacada del programa electoral de cara a las próximas elecciones generales.
Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado reunir los respaldos suficientes para presentar un proyecto presupuestario durante la legislatura, por lo que ha recurrido a tres prórrogas consecutivas de los Presupuestos de 2023. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo hasta hace apenas una semana la intención de presentar unas cuentas para 2026, aunque finalmente anunció que el trabajo del Ejecutivo se centraría ya en los Presupuestos de 2027.
El proceso comenzó oficialmente el pasado viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Posteriormente, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó en el Congreso que el cuadro macroeconómico que servirá de referencia para los Presupuestos de 2027 será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 23 de junio.
La actualización de las previsiones de crecimiento económico y empleo resulta esencial para la elaboración de las cuentas públicas. A finales de abril, Carlos Cuerpo ya adelantó que el Gobierno trabajaba en una revisión de dichas previsiones, aunque prefirió esperar para evaluar con mayor precisión las consecuencias económicas de la guerra en Irán. En ese momento señaló que la previsión de crecimiento del PIB para 2026, situada actualmente en el 2,2%, podría reducirse entre una y cuatro décimas según las estimaciones gubernamentales, mientras que el Banco de España contemplaba una posible rebaja de hasta ocho décimas.
Sin embargo, desde entonces diversos organismos internacionales han respaldado la fortaleza de la economía española a pesar de la incertidumbre global. La OCDE elevó recientemente en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,2%, mientras que la Comisión Europea aumentó la suya en una décima, hasta el 2,4%.
Mientras se define el nuevo cuadro macroeconómico, el Ejecutivo también trabaja en el diseño del techo de gasto y de la senda fiscal que establecerá los objetivos de déficit y deuda pública. Aunque tradicionalmente estos elementos se aprobaban conjuntamente, el Gobierno ya modificó esta práctica el año pasado y todo apunta a que volverá a hacerlo en esta ocasión.
El Ministerio de Hacienda ha concedido a los distintos departamentos ministeriales hasta el 29 de junio para trasladar sus necesidades presupuestarias de cara a 2027, por lo que esperará a disponer de toda esa información antes de fijar definitivamente el límite de gasto. Aunque el 30 de junio habrá una nueva reunión del Consejo de Ministros, las previsiones apuntan a que estará centrada en la renovación de las ayudas vinculadas a la guerra en Irán, cuya vigencia concluye ese mismo día. Carlos Cuerpo ya ha mantenido encuentros con representantes de los sectores del transporte, la logística y la distribución, y tiene previsto reunirse también con responsables de la energía, la industria y el sector agroalimentario para concretar nuevas medidas de apoyo para los próximos meses.
Por ello, no se espera conocer el techo de gasto ni la senda fiscal antes del 7 de julio. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado que los futuros Presupuestos incluirán el mayor volumen de gasto social registrado hasta la fecha y la mayor inversión pública en vivienda desde el inicio de la democracia.
Gracias a una recaudación que superó los 325.000 millones de euros en 2025, Hacienda aspira a rebasar los 200.000 millones de euros de techo de gasto para disponer de margen suficiente con el que atraer el respaldo de sus socios parlamentarios. Algunos de ellos, como PNV y Junts, consideran prácticamente agotada la legislatura debido a los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE. En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que, incluso si el proyecto presupuestario no logra salir adelante, impulsará medidas de apoyo dirigidas a colectivos como los jóvenes, las personas más vulnerables y los pensionistas.
El Gobierno ha dado un nuevo paso en su intención de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros de la actual legislatura tras varios años de prórrogas consecutivas de las cuentas aprobadas en 2023. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció en el Congreso de los Diputados que el próximo 23 de junio se presentará la actualización del cuadro macroeconómico, documento que constituye la base sobre la que se elaboran los Presupuestos.
El anuncio se produce pocos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la voluntad del Ejecutivo de iniciar la tramitación presupuestaria para el próximo ejercicio, pese a las dificultades parlamentarias que previsiblemente acompañarán el proceso. Durante una intervención en la Cámara Baja, Cuerpo adelantó que el Ejecutivo hará públicas sus nuevas previsiones económicas, que incluirán estimaciones sobre crecimiento, empleo e inflación para los próximos años. La actualización del cuadro macroeconómico es un paso imprescindible antes de la elaboración formal del proyecto presupuestario.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había señalado recientemente que el Gobierno trabajaba en la revisión de estas previsiones con el objetivo de incorporar la información económica más reciente y disponer de una base realista para la preparación de las futuras cuentas públicas. Uno de los principales elementos de incertidumbre que deberá reflejar esta actualización es el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y de las tensiones en Oriente Próximo. Las previsiones vigentes fueron elaboradas en noviembre del año pasado, cuando todavía no se habían producido estos acontecimientos.
Actualmente, el Ejecutivo mantiene una estimación de crecimiento económico del 2,2% para 2026. Sin embargo, el conflicto internacional ha introducido nuevos riesgos para la economía europea, especialmente a través del encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la inflación. A finales de abril, Carlos Cuerpo estimó que la crisis podría restar entre una y cuatro décimas al crecimiento económico español y añadir aproximadamente un punto porcentual a la inflación media. No obstante, los principales organismos internacionales continúan mostrando confianza en la capacidad de la economía española para mantener un ritmo de crecimiento superior al de la mayoría de sus socios europeos.
El Fondo Monetario Internacional sitúa el avance del Producto Interior Bruto español en el 2,1% para este año, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantiene una previsión del 2,2%, en línea con la estimación oficial del Gobierno. Estas previsiones sugieren que la actividad económica está resistiendo relativamente bien el impacto de las tensiones geopolíticas gracias al dinamismo del mercado laboral, la fortaleza del consumo y el comportamiento positivo de determinados sectores productivos.
La principal consecuencia económica del conflicto parece concentrarse, por el momento, en la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 3,2% en mayo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Aun así, el aumento podría haber sido mayor sin las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para contener parte de la subida de los costes energéticos.
La presentación del nuevo cuadro macroeconómico permitirá conocer hasta qué punto el Ejecutivo revisa sus expectativas de crecimiento e inflación y servirá como punto de partida para una negociación presupuestaria que se prevé compleja, pero que el Gobierno considera prioritaria para dotar de estabilidad financiera a la legislatura.
Hacienda ha dado margen a los ayuntamientos para que puedan recurrir al valor de referencia catastral de un inmueble a la hora de calcular la base del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido una consulta del 9 de abril en la que concluye que las administraciones locales pueden utilizar ese valor de referencia como valor de transmisión del inmueble, siempre que lo justifiquen y motiven adecuadamente dentro de un procedimiento de comprobación.
En la práctica, esto implica que si un ayuntamiento considera que el precio declarado en una compraventa es inferior al de mercado, puede iniciar una comprobación y tomar como base el valor de referencia catastral. Si este es superior al precio real de venta, el consistorio podría emplearlo para calcular la plusvalía y exigir el impuesto correspondiente. Esta interpretación abre la puerta a que, en operaciones en las que no existe realmente un incremento de valor -o incluso se vende el inmueble con pérdidas o sin apenas ganancia-, la administración pueda seguir exigiendo el tributo si decide apoyarse en el valor de referencia tras una comprobación.
Distintos expertos consideran que esta doctrina puede ser utilizada por los ayuntamientos para reforzar la recaudación en casos en los que el contribuyente acredita pérdidas en la transmisión del inmueble. También advierten de que este criterio podría extenderse como precedente a otros impuestos estatales, como el IRPF, en relación con la tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas.
Desde la reforma de la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2021, el impuesto puede calcularse por dos vías: un método objetivo basado en el valor catastral del suelo y los años de tenencia, o un método que permite demostrar la ausencia de incremento real mediante las escrituras. Sin embargo, esta nueva interpretación introduce la posibilidad de que la administración cuestione el precio de venta declarado y recurra al valor de referencia como elemento de cálculo.
Según algunos especialistas, esto supone un cambio relevante respecto al enfoque basado en la ganancia real, ya que podría reintroducir un sistema de cálculo más automático o "estimado", vinculado a valores administrativos del Catastro.
Además, se advierte de que esta doctrina podría influir en la interpretación de otros tributos. En el caso del IRPF, la normativa establece que la ganancia patrimonial se calcula a partir del precio de transmisión, salvo que este sea inferior al valor normal de mercado. Aunque no es habitual que la Agencia Tributaria se aparte del precio escriturado, algunos expertos señalan que la existencia de este criterio refuerza la posibilidad de que se utilicen valores de referencia si estos resultan superiores al importe de venta declarado.
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