News

(Cinco Días, 04-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El interés de las letras a 12 meses cae del 1,9%, mínimos de septiembre de 2022

Los primeros días de junio están siendo protagonizados por una tendencia bajista en los mercados bursátiles. La creciente incertidumbre en torno a los aranceles y la publicación de datos macroeconómicos poco alentadores han empujado a los inversores a buscar activos considerados seguros, situando nuevamente a la deuda pública de la eurozona como una opción atractiva. En este contexto, el Tesoro ha dado inicio al calendario de emisiones del mes con una subasta de letras a seis y doce meses. Solo una semana después de haber captado 13.000 millones de euros en la tercera emisión sindicada del año, el organismo dirigido por Paula Conthe ha colocado 5.780,61 millones en letras, a los tipos más bajos registrados desde septiembre de 2022. Pese al descenso de los rendimientos, el interés por la deuda española sigue siendo alto: la demanda ha superado los 9.380 millones, lo que representa una ratio de cobertura de 1,62 veces. De ese total, las solicitudes de los pequeños inversores han alcanzado los 2.417,4 millones, lo que supone un 25,7% del total adjudicado. La mayor parte de la emisión corresponde a letras a 12 meses, por un importe de 3.926,67 millones. El tipo marginal se ha situado en el 1,893%, ligeramente por debajo del 1,9% anterior, marcando su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Esta evolución está en línea con el comportamiento del mercado secundario, influenciado por la moderación de la inflación y las expectativas de recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo. El entorno actual difiere notablemente del vivido en 2022, cuando el BCE, junto a otros bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, emprendía agresivas subidas de tipos para combatir una inflación desbocada. En septiembre de ese año, el BCE aprobó un aumento histórico de 75 puntos básicos. En cuanto a las letras a seis meses, se han colocado 3.751,94 millones al 1,915%, el rendimiento más bajo desde octubre de 2022. Al igual que en el caso de las letras a un año, la caída de los tipos no ha reducido el interés por parte de los pequeños ahorradores. La falta de alternativas atractivas en la banca tradicional y el componente de seguridad continúan posicionando a las letras del Tesoro como un producto popular entre los minoristas. Además, con una inflación en mayo situada en el 1,9%, estas letras a seis meses logran, aunque por poco, mantener su rentabilidad real positiva. Las peticiones no competitivas -procedentes en gran medida de particulares- han ascendido a 1.209,65 millones, una cifra superior a los 846 millones registrados en la subasta anterior.

READ MORE

(Expansión, 04-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE bajará los tipos al 2%, mínimos de diciembre de 2022

Un nuevo recorte se avecina, aunque ya se empieza a vislumbrar el final del ciclo. Esa parece ser la lectura del Banco Central Europeo (BCE), que mañana celebrará una nueva reunión de política monetaria en la que, salvo una gran sorpresa, volverá a reducir los tipos de interés, situándolos en el 2%. Será la octava rebaja dentro del actual proceso de flexibilización monetaria y la séptima consecutiva, lo que dejará el tipo de interés en su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Con un respaldo mayoritario prácticamente garantizado, el BCE habrá logrado implementar este ajuste de 200 puntos básicos con un alto grado de acuerdo interno, lo que ha facilitado tanto la rapidez como la ejecución del proceso. Sin embargo, este consenso podría estar llegando a su fin. La rebaja de tipos prevista para mañana podría ser la última que se apruebe con tanta facilidad. A partir de ahora, quienes dentro del BCE quieran seguir promoviendo una política más expansiva tendrán que argumentar con mayor firmeza y enfrentarse a un debate más intenso. Así lo sugiere el cambio de tono en el Consejo de Gobierno, donde los sectores más conservadores (los llamados "halcones") mantienen su postura firme, mientras que los más proclives al estímulo económico (las "palomas") han adoptado una actitud más cautelosa. Entre las señales más destacadas está la advertencia de Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, quien ha afirmado: "En junio recortaremos los tipos una vez más y después habrá una pausa". Por su parte, Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y uno de los más activos defensores de los recortes, ha reconocido que "los ajustes ya realizados reducen significativamente el margen para seguir bajando". Los inversores también han ajustado sus previsiones en función de estas declaraciones. Si bien antes se esperaba que los tipos se redujeran más profundamente, ahora los mercados anticipan una bajada en junio y, quizás, otra más en la segunda mitad del año. Según estas previsiones, el ciclo se cerraría con los tipos en el 1,75%. No obstante, todavía no está claro hasta dónde llegará el BCE con esta estrategia. La evolución de la política monetaria en Europa dependerá en gran medida del desarrollo de la guerra comercial con Estados Unidos, un factor que influye notablemente tanto en el crecimiento económico como en la inflación. Y como estas negociaciones entre la Unión Europea y el expresidente Donald Trump podrían extenderse más allá de junio, es probable que Christine Lagarde, presidenta del BCE, no pueda ofrecer mañana una orientación clara y definitiva sobre los próximos pasos del organismo.

READ MORE

(Expansión, 03-06-2025) | Fiscal

Nuevo paso para desbloquear las devoluciones del IRPF a los mutualistas jubilados

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una reforma legislativa que permitirá a los mutualistas jubilados recuperar, en un solo pago durante 2025, el IRPF que pagaron en exceso. Esta modificación legal, que aún está en fase de tramitación parlamentaria, corrige el plazo actual de cuatro años establecido para que la Agencia Tributaria devuelva este año las cantidades indebidamente cobradas a numerosos pensionistas. Estos contribuyentes realizaron cotizaciones dobles: una a las antiguas mutualidades de previsión social y otra a la Seguridad Social, al integrarse ambas posteriormente. En 2023, la Agencia Tributaria ya comenzó a efectuar las devoluciones correspondientes a ese ejercicio y actualmente, en el marco de la campaña de la renta 2024, está devolviendo las cantidades pertinentes. La reforma que se tramita ahora se refiere a los ejercicios fiscales de 2020 a 2022, además de los correspondientes a 2019 y anteriores que aún no han prescrito. Estas devoluciones se efectuarán este mismo año, en una única transferencia, cuando se apruebe la normativa. Los mutualistas que aún no han tramitado la solicitud pueden hacerlo a través de un formulario habilitado en la página web de la Agencia Tributaria. Solo deben proporcionar su nombre, DNI y número de cuenta bancaria. El pago se efectuará una vez la reforma entre oficialmente en vigor. La modificación fue aprobada el pasado 27 de mayo por mayoría parlamentaria y fue incluida como una enmienda del PSOE dentro del proyecto de ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. El texto pasa ahora a ser debatido en comisión, y según fuentes de Europa Press, dicha comisión podría celebrarse a mediados de junio. Entre otros aspectos, esta reforma permitirá actualizar el formulario para incluir los ejercicios fiscales mencionados y dar inicio al procedimiento de rectificación de autoliquidaciones o devoluciones presentadas anteriormente, afectando todos los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2022. En los casos en los que el formulario ya se hubiera presentado antes de la entrada en vigor del nuevo texto legal, se entenderá automáticamente que la solicitud también incluye los años 2020, 2021 y 2022, aunque en su momento sólo se hiciera referencia a 2019 y ejercicios anteriores no prescritos. Además, la enmienda suspende el cómputo del plazo de prescripción para ejercer el derecho a la devolución basado en la jurisprudencia aplicable, siempre que dicho derecho no haya prescrito antes del 22 de diciembre de 2024. Este plazo quedará paralizado desde esa fecha hasta que la nueva norma entre en vigor. Este proceso de devolución comenzó a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024, que concluyeron que miles de jubilados e inválidos que cotizaron en su día a mutualidades en sectores como banca, energía, construcción, astilleros o pesca, entre otros, habían tributado por partida doble, lo que ahora debe ser compensado. El importe total a devolver, cercano a los 6.000 millones de euros, ya está reflejado en el déficit público del 2,8% del PIB previsto para 2024. Debido a la magnitud económica del proceso y al volumen de solicitudes recibidas, la gestión de las devoluciones ha sido compleja. Inicialmente, Hacienda habilitó dos formularios: uno para los ejercicios individuales y otro para los años anteriores. En un momento dado, se planteó realizar los pagos de forma escalonada durante cuatro años, medida que fue descartada en marzo de este año. Tras las protestas de colectivos de mutualistas, sindicatos y socios del Ejecutivo, Hacienda decidió volver a la fórmula del pago único en 2025. Las críticas surgieron especialmente por la incertidumbre causada por el cambio anunciado en diciembre, cuando ya se habían iniciado miles de solicitudes de devolución por autoliquidación, rectificación o formulario, las cuales quedaron sin efecto ante la falta de resolución antes del 22 de diciembre. También se ha señalado la dificultad que muchos mutualistas han tenido para justificar sus cotizaciones debido a la antigüedad de los periodos implicados y a la desaparición de muchas de las empresas donde trabajaron. Así lo denunció el grupo parlamentario Sumar en una pregunta al Gobierno el pasado 25 de febrero. Mientras que los expedientes gestionados con apoyo sindical lograron obtener las devoluciones, muchos de los gestionados de manera individual a través del portal de Hacienda siguen sin resolverse.

READ MORE

(Expansión, 03-06-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria ha enviado 92.000 cartas a contribuyentes para subsanar posibles errores y omisiones y prevenir fraudes

Durante los últimos dos meses, la Agencia Tributaria ha remitido 92.000 comunicaciones a contribuyentes que realizaron modificaciones en su borrador de la declaración, con el fin de que revisen si esos cambios pueden haber generado errores u omisiones y, de ser así, presenten una declaración complementaria para corregirlos. Según los técnicos de Hacienda, está previsto que se envíen más de 2,7 millones de notificaciones preventivas para evitar omisiones o fraudes relacionados con cuestiones como las 889.000 operaciones realizadas con criptomonedas, cerca de un millón de ingresos percibidos en el extranjero o las 836.000 fianzas vinculadas al alquiler de viviendas, con el objetivo de reducir el importe de las liquidaciones tributarias por debajo de los 865 millones de euros. Además, recuerdan que las autoridades fiscales europeas comparten información entre sí, incluyendo 330.000 registros de ingresos generados a través de plataformas digitales por actividades como la venta de artículos de segunda mano, la prestación de servicios, el alquiler de viviendas turísticas o el arrendamiento de vehículos. Todos estos datos están incorporados en la información fiscal que la Agencia pone a disposición de los contribuyentes. Con estas advertencias, Hacienda busca que las regularizaciones derivadas del Impuesto sobre la Renta no superen los 800 millones de euros, y a su vez minimizar tanto los intereses de demora como las posibles sanciones que recaen sobre los ciudadanos. Entre 2019 y 2024, los técnicos de Hacienda han emitido actas y liquidaciones por un total de 5.283 millones de euros, sin contar los intereses, recargos ni penalizaciones asociadas.

READ MORE

(La Vanguardia, 03-06-2025) | Fiscal

Hacienda paga hasta mayo el 74% de declaraciones con devolución

Hasta el día de hoy, coincidiendo con el inicio de la atención presencial, la Agencia Tributaria ha devuelto 5.516 millones de euros a un total de 7,97 millones de contribuyentes durante los dos primeros meses de la campaña de la Renta 2024. Esta cifra representa un aumento del 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior. El 74% de las declaraciones presentadas hasta mayo han resultado con derecho a devolución. Desde el comienzo de la campaña el pasado 2 de abril, y con el arranque de la fase presencial, la Agencia ha recibido 14,97 millones de declaraciones, lo que supone un incremento del 0,93%. De ese total, 10,84 millones han sido solicitudes de devolución -un 2,25% menos que en 2023-, por un importe global de 9.197 millones de euros, ligeramente superior (0,73%) al del año anterior. De esas solicitudes, ya se ha efectuado el pago del 73,5%, lo que equivale a que 7,97 millones de contribuyentes han recibido su devolución, por un valor de 5.516 millones de euros. Aunque esta cifra supone un 2,16% menos en número de contribuyentes respecto a la campaña anterior, el importe abonado es un 9,6% mayor, lo que representa el 60% del total solicitado. Por otro lado, se han registrado 3,12 millones de declaraciones con resultado a ingresar, un 10,72% más que en el mismo periodo de 2023, con un importe total de 4.937 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,19%. Según Gestha (los técnicos del Ministerio de Hacienda), del total de declaraciones presentadas, el 74% han resultado a devolver, lo que supone que 9,7 millones de personas han solicitado la devolución de 8.251 millones de euros, con una media de 851 euros por contribuyente. Las comunidades con mayor incremento en la presentación de declaraciones respecto al año pasado son Baleares (6,5% más), Cantabria (4,7%), Cataluña (2,1%) y La Rioja (1,9%). En contraste, las regiones donde se han presentado menos declaraciones en comparación con el mismo periodo del año anterior son Comunidad Valenciana (2,2% menos), Canarias (1,9% menos), Andalucía (1% menos) y Extremadura (0,7% menos).

READ MORE

(El Periódico, 03-06-2025) | Fiscal

Salvador Illa escenifica el aval de las patronales y sindicatos catalanes a sus suplementos de crédito

Un pacto alcanzado en paralelo con ERC y los Comuns será aprobado en breve por el Parlament, aportando hasta 4.000 millones de euros adicionales al margen de actuación del PSC en el Govern. Este acuerdo representa un impulso clave que otorga "estabilidad" a la legislatura -algo que, según Salvador Illa, "es especialmente valioso en el contexto actual"- y refleja, además, su apuesta por la "ambición y el consenso". Las gestiones lideradas por la consellera de Economía, Alícia Romero, han reunido todos los elementos propios de unos presupuestos, salvo el nombre. Han incluido negociaciones con múltiples actores, ampliación de recursos y un acto conjunto con los agentes sociales. "Parece que estamos confeccionando unos presupuestos por partes", ha comentado con sorna el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, quien ha expresado su deseo de que "el próximo año se puedan elaborar de forma integral". El último acto en esta línea tuvo lugar este lunes, con la firma de un acuerdo entre Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT, que avala un paquete de 72 medidas, muchas de las cuales ya habían sido pactadas previamente con los socios de investidura. Estas acciones incluyen incentivos para la inversión industrial, mejoras en la tramitación de proyectos de energía eólica, y refuerzos en las oficinas de empleo. Tal como había adelantado El Periódico, el pacto también contempla la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante todo el año, la contratación de hasta 500 orientadores laborales en el SOC, y la incorporación de unos 100 técnicos para facilitar la conexión entre centros de formación profesional y el tejido empresarial. En contraste con la época de la pandemia, donde la emergencia sanitaria facilitó múltiples consensos entre gobiernos y agentes sociales, los acuerdos amplios se han vuelto escasos en el escenario actual. Con un fuerte desencuentro entre patronales y sindicatos en torno a propuestas como la jornada laboral de 37,5 horas, no es fácil volver a ver a Illa firmando acuerdos con ambas partes. Sin embargo, lo ha logrado este lunes, aunque empresarios y sindicatos ya le han exigido que trabaje en los presupuestos de 2026. "No queremos que se repita la situación de los años anteriores", ha advertido Antoni Cañete, presidente de Pimec, recordando que Catalunya encadena ya dos años consecutivos de presupuestos prorrogados. En la misma línea, Belén López, secretaria general de CCOO, ha lamentado que "hubiéramos preferido aprobar unos presupuestos completos y no créditos adicionales". Ambos han pedido al president que impulse ya las negociaciones, y a los socios parlamentarios que se comprometan a cerrar acuerdos con tiempo suficiente para que puedan aplicarse al inicio del próximo ejercicio. Son conscientes de que muchas de las 72 medidas firmadas este lunes probablemente no podrán ejecutarse antes de que acabe el año. Aun así, Illa se ha comprometido: "Tendremos que hacer un gran esfuerzo para cumplir con lo pactado antes de que acabe el ejercicio, pero no tengan duda de que lo haremos". "Firmamos este acuerdo por responsabilidad, porque es positivo para el país. Todo lo que implique consenso debe valorarse", ha señalado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. No obstante, su organización está siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar nuevos consensos, como el que propone el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Sàmper plantea la creación de una figura de delegados territoriales de prevención que, trabajando por parejas, visiten pymes para detectar posibles deficiencias en seguridad laboral y asesorarlas. Pero Foment rechaza esta propuesta. Este lunes, Sánchez Llibre reafirmó su oposición: "Estamos absolutamente en contra. Las empresas tienen suficiente capacidad para no requerir la presencia de estos agentes".

READ MORE

(Expansión, 03-06-2025) | Laboral

Seguridad Social actualiza los incentivos y bonificaciones a la contratación para 2025

La Tesorería ha publicado el documento que recoge los incentivos a la contratación para 2025, así como otras peculiaridades de cotización que deben asumir las empresas con efecto desde el 1 de enero. Transcurridos varios meses desde el comienzo del año, la Tesorería General de la Seguridad Social publicó hace unos días el documento que recoge los incentivos a la contratación y otras peculiaridades que afectan a la cotización de los trabajadores en 2025. Las condiciones contenidas en el documento tienen efectos desde el pasado 1 de enero, y afectan a supuestos tan variados como la contratación indefinida inicial, la transformación de contratos temporales en indefinidos, los contratos formativos temporales o los incentivos a la contratación en diferentes sectores o áreas geográficas. También se incluyen los nuevos incrementos en las cotizaciones a cargo de la empresa para los contratos temporales inferiores a 30 días; las exenciones para situaciones de ERTE; o las reducciones para contratos en municipios con menos de 1.000 habitantes, entre otras novedades. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican a EXPANSIÓN que las principales novedades recogidas en el documento corresponden a "la actualización de las cuantías" de estos incentivos, así como de algunos complementos recogidos en la legislación a mayo de este año. Bonificaciones para colectivos excluidos: El documento recoge todas las bonificaciones en las cotizaciones para la contratación indefinida de ciertos colectivos. En el caso de los trabajadores con discapacidad, van desde los 128 hasta los 525 euros al mes, dependiendo de factores como la edad o el género. Por su parte, otros colectivos sociales excluidos también cuentan con incentivos a la contratación, al igual que los parados de larga duración. Transformación de contratos temporales: Las empresas pueden acogerse este año a diferentes reducciones -que pueden disfrutar durante los primeros tres ejercicios- en la cuota empresarial si transforman un contrato temporal en indefinido. Dependiendo del género, van desde los 55 hasta los 147 euros al mes. En esta categoría se incluyen las transformaciones de contratos fijos-discontinuos, contratos de relevo o contratos formativos. En caso de que la transformación a indefinido se realice a trabajadores con discapacidad, las bonificaciones arrancan en 375 euros al mes, y pueden ascender, incluso, al 100% de la cuota empresarial siempre que se trate de personas con discapacidad en Centro Especiales de Empleo (CEE). Bonificaciones para contratos no formativos: Las bonificaciones pueden alcanzar los 441,56 euros al mes durante toda la vigencia del contrato en los casos en los que el trabajador sea mujer, mayor de 45 años y tenga una discapacidad superior al 65%. Bonificaciones para contratos de sustitución: Los contratos temporales firmados para cubrir una baja por riesgo durante el embarazo, nacimiento o cuidado del menor, así como en los que se contrate a una persona con discapacidad para sustituir a otra en situación de incapacidad temporal, tienen derecho este año a una bonificación de 366 euros al mes. O, lo que es lo mismo, 4.392 euros anuales. Bonificaciones para contratos formativos: Los contratos de formación en alternancia cuentan con bonificaciones, en función de su duración, de entre 28 y 91 euros al mes, o del 50% de la cuota empresarial si se trata de personas con un grado de discapacidad superior al 33%, independientemente de si se trata de un contrato de este tipo o es formativo para la obtención de la práctica profesional requerida para una titulación. Personal investigador: La contratación de trabajadores dedicados al I+D+i cuenta este año con un incentivo del 40% de la cuota por contingencias comunes a cargo de la empresa durante los primeros tres años de vigencia. En el caso de los contratos de personal investigador predoctoral en formación, el incentivo asciende a 115 euros al mes, o 1.380 euros al año, durante toda la vigencia del contrato. Turismo, comercio vinculado y hostelería: Los contratos fijos-discontinuos firmados este año por las empresas de estos sectores tendrán derecho a una bonificación de 262 euros al mes durante toda su vigencia. Trabajadores de Ceuta y Melilla: Los contratos indefinidos o de sustitución que se firmen en estos territorios cuentan con una reducción del 50% en la cuota empresarial. Trabajadores de Cuenca, Soria y Teruel: Dependiendo del tamaño del municipio, las empresas de estas provincias cuentan este año con reducciones especiales. Si se firmaron antes de 2023, asciende a un 5% de la cuota empresarial por contingencias comunes; si el municipio tiene más de 1.000 habitantes, asciende al 15%; y si es más pequeño, de un 20%

READ MORE

(El Economista, 03-06-2025) | Laboral

Seguridad Social propone altas progresivas de 30 días con el 50% del salario

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado a los agentes sociales su primera propuesta formal sobre las denominadas altas progresivas, anunciadas el pasado octubre. El borrador, al que tuvo acceso elEconomista.es, plantea que los trabajadores que acumulen más de 180 días de baja, principalmente por enfermedades que no se detallan -aunque se prevé que estén relacionadas con patologías oncológicas-, puedan reincorporarse de forma gradual a su puesto. Durante un periodo de 30 días, estos empleados trabajarían a media jornada, recibiendo la parte proporcional del salario, mientras conservan el 50% de la prestación por incapacidad temporal. Asimismo, el Ministerio dirigido por Elma Saiz contempla la posibilidad de que aquellos trabajadores que tienen varios empleos -ya sea por pluriempleo o pluriactividad- puedan seguir desarrollando uno de ellos durante su baja, siempre que un médico determine que su dolencia no impide la realización de esa actividad concreta. Esta opción se aplicaría si la baja solo afecta a uno de los trabajos o si, durante el proceso de recuperación, la persona puede desempeñar parcialmente una de sus funciones. Este documento constituye el primer planteamiento formal del Gobierno ante sindicatos y patronal desde que se abrió en enero la mesa de diálogo sobre la incapacidad temporal. Al mismo tiempo, da continuidad al acuerdo alcanzado el pasado verano, por el cual las mutuas de la Seguridad Social asumirían parte de la gestión de las bajas médicas derivadas de lesiones físicas fuera del ámbito laboral. La propuesta también recoge algunas de las reclamaciones de asociaciones de pacientes oncológicos, que solicitan un retorno al trabajo más paulatino tras largos tratamientos, así como de los propios agentes sociales, que desde 2023 advierten sobre el incremento de los costes vinculados al absentismo laboral. En este contexto, tanto la CEOE como Cepyme, CCOO y UGT acordaron en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de mayo de 2023 abordar el aumento de las bajas por incapacidad temporal. De hecho, los empresarios han utilizado esta realidad como argumento para oponerse a una reducción legal de la jornada laboral. Más allá de lo que se negocie en el marco de la negociación colectiva, el Ministerio apuesta por reformar la Ley General de la Seguridad Social y otras normativas relativas a la incapacidad temporal con el objetivo de agilizar estos procesos. Entre las medidas planteadas, se propone que en los casos con una duración inferior al año, las mutuas puedan sugerir el alta del trabajador al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Si la baja supera los 365 días y es de origen profesional, la mutua estaría facultada para dar el alta en caso de curación o mejora del paciente. Según el Ministerio, estas reformas contribuirían a aliviar la carga de trabajo de la Inspección Médica del INSS, lo que a su vez reduciría los tiempos de espera y agilizaría la recuperación de los trabajadores. En esta línea, el borrador establece que los servicios públicos de salud deberán notificar cuando un trabajador esté próximo a cumplir un año de baja, incluyendo información sobre la causa y si existen revisiones pendientes. Además, se propone la creación de Equipos de Valoración de Incapacidades centralizados, encargados de gestionar los expedientes a nivel nacional. El objetivo es profesionalizar este tipo de evaluaciones y descongestionar las oficinas provinciales más saturadas.

READ MORE

(El Economista, 03-06-2025) | Laboral

Saiz busca ampliar la jubilación anticipada a profesiones con mayoría de mujeres

El Gobierno tiene previsto evaluar próximamente si es necesario modificar el Real Decreto sobre la jubilación anticipada, aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada. Según establece la normativa, el próximo 17 de septiembre -tres meses después de su entrada en vigor- la Seguridad Social convocará un grupo de trabajo con el objetivo de "analizar y valorar el impacto de género en la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones con alta presencia femenina". Esta comisión dispondrá de un año para determinar si el decreto requiere ajustes, especialmente en lo que respecta a sectores donde predominan las mujeres, como el trabajo doméstico, el cuidado de personas dependientes o las camareras de piso, y su posible acceso a la jubilación anticipada. Este grupo estará conformado por representantes de cuatro ministerios (Seguridad Social, Trabajo, Función Pública y Derechos Sociales), además de la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto de las Mujeres, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. Su misión será estudiar la posibilidad de incorporar el género como criterio adicional para justificar una jubilación anticipada. Uno de estos organismos, el Instituto de las Mujeres, ya ha expresado su posición en un informe reciente, señalando que la perspectiva de género es "fundamental" para evaluar adecuadamente condiciones laborales como la dureza, la penosidad o los riesgos asociados al trabajo. El documento publicado por el Instituto -adscrito al Ministerio de Igualdad- subraya que muchas de estas ocupaciones no presentan altas tasas de mortalidad o morbilidad, pero sí provocan enfermedades crónicas que pueden llegar a incapacitar a las personas para seguir desempeñando su actividad laboral. Así, recalca que estos trabajos generan un deterioro considerable en la salud de quienes los realizan. Además, el informe destaca que hasta ahora no se han tenido en cuenta factores como las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, el esfuerzo físico y mental que implica cuidar a personas mayores o dependientes, la soledad en el trabajo, la falta de control sobre el ritmo laboral o el esfuerzo visual. Para que estos oficios puedan entrar en el marco de la jubilación anticipada, sostiene el Instituto, sería necesario redefinir los criterios existentes. El decreto también impone la obligación de revisar, en un plazo de seis meses, aquellas ocupaciones en las que, aunque no se registren altos niveles de morbilidad o mortalidad, los requerimientos físicos o psicológicos suponen una carga considerable con el paso de los años. En ese sentido, la norma define los cuatro conceptos clave para determinar si un colectivo puede beneficiarse de los coeficientes reductores: penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Penosidad se refiere a tareas realizadas en condiciones extremas o que requieren un esfuerzo continuo o particularmente difícil. Toxicidad, a la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos perjudiciales en el entorno laboral. Peligrosidad, a trabajos que pueden derivar en accidentes laborales o enfermedades profesionales. Insalubridad, a la realización de tareas en ambientes que puedan afectar negativamente a la salud. Por último, el decreto contempla tres vías para acreditar la existencia de condiciones objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes reductores: la frecuencia de bajas médicas (incapacidad temporal), el reconocimiento de una incapacidad permanente o el fallecimiento del trabajador.

READ MORE

(El Economista, 03-06-2025) | Laboral

El Supremo permite a los dos padres cobrar a la vez el complemento a la pensión por cuidar de los hijos

El Tribunal Supremo ha establecido que tanto mujeres como hombres pueden recibir simultáneamente el complemento a la pensión por cuidado de hijos. Con esta decisión, el alto tribunal resuelve una de las principales controversias que rodeaban este suplemento, y aclara que si uno de los progenitores ya tiene reconocido este complemento, la Seguridad Social no debe retirárselo si el otro progenitor lo solicita posteriormente; en su lugar, debe concedérselo también al segundo, siempre que cumpla los requisitos. Según la Ley General de la Seguridad Social, este complemento fue concebido inicialmente para las mujeres como medida compensatoria por el impacto negativo en su carrera profesional derivado de la maternidad. Sin embargo, la normativa también contempla que, si un hombre reúne las condiciones establecidas, podrá acceder a esta ayuda siempre y cuando su pensión sea inferior a la de la madre. Es decir, si ambos progenitores tienen derecho, se otorga únicamente al que cobre menos, lo que en la práctica ha implicado en algunos casos que se retire a la mujer si el padre tiene una pensión más baja. En una sentencia del pasado 9 de mayo, redactada por la magistrada Concepción Rosario Ureste, el Supremo considera que este complemento puede ser percibido por ambos progenitores si cumplen los requisitos, sin importar si el otro ya lo recibe. El tribunal entiende que limitar el complemento a un solo progenitor atenta contra el principio de igualdad y no puede justificarse como una medida para corregir desequilibrios derivados de la maternidad o la crianza. Además, la sentencia subraya que el reconocimiento del complemento no debe estar condicionado al sexo del solicitante. De hecho, advierte que resultaría contradictorio que un beneficio pensado para compensar las desventajas sufridas por las mujeres se les pueda negar por el hecho de que el padre también lo perciba. Este complemento, que comenzó a aplicarse en 2016, consiste en un plus mensual de 39,5 euros por hijo (hasta un máximo de cuatro) y se aplica a pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. En un principio, se destinaba exclusivamente a las mujeres para corregir la brecha de género en las pensiones provocada por su dedicación al cuidado familiar. No obstante, en 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que esta medida era discriminatoria hacia los hombres. En respuesta, el Gobierno modificó la norma en 2021 mediante un Real Decreto-ley para que también pudieran acceder a este complemento los hombres que cumplieran ciertos requisitos -requisitos que no se exigían a las mujeres-. Según la regulación actual, si la madre ya tiene reconocido el complemento, el padre solo puede acceder a él si percibe una pensión inferior. El TJUE volvió a pronunciarse el 15 de mayo de 2024, reiterando que la normativa española sigue siendo discriminatoria con los hombres al imponerles condiciones que no se aplican a las mujeres, y dejó en manos de los tribunales nacionales decidir si la madre puede conservar el complemento una vez que el padre también lo solicita. A raíz de este último fallo europeo, el Gobierno ya está trabajando en una nueva reforma legal para adaptar el complemento a las exigencias de igualdad entre hombres y mujeres, garantizando que no se discrimine a los hombres pero sin perder el objetivo original de compensar la desigualdad que enfrentan muchas mujeres en sus pensiones por dedicarse al cuidado de los hijos.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF