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(El País, 24-07-2026) | Laboral

Trabajo y Economía pactan llevar el refuerzo del control horario al Consejo de Ministros a la vuelta del verano, más tarde de lo que pedían CC OO y UGT

Los sindicatos habían lanzado un ultimátum al Gobierno para que aprobara antes de finales de julio la reforma del registro horario, pero el Ejecutivo no cumplirá ese plazo. Fuentes gubernamentales confirman que la medida no llegará al último Consejo de Ministros antes del parón estival y que su tramitación se pospondrá hasta septiembre, pese a que tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo aseguran haber alcanzado un acuerdo para impulsarla a la vuelta del verano. La advertencia de UGT y CC OO había sido clara. Sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, reclamaron que el refuerzo del control horario estuviera aprobado antes del 31 de julio o, de lo contrario, los sindicatos no apoyarían nuevos acuerdos con el Ejecutivo que posteriormente no se tradujeran en cambios legislativos. La presión sindical se debe a que esta reforma fue pactada con el Ministerio de Trabajo y puede aprobarse sin necesidad de una mayoría parlamentaria, a diferencia de la reducción de jornada, que fue rechazada en el Congreso por PP, Vox y Junts. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había elevado las expectativas al afirmar que el Gobierno estaba trabajando para aprobar la norma "lo antes posible". Sin embargo, el Ejecutivo descarta incluirla en la próxima reunión del Consejo de Ministros, donde sí está previsto abordar otras medidas relacionadas con vivienda. El retraso refleja las diferencias que han existido dentro del Gobierno sobre el contenido de la reforma. La tensión alcanzó su punto máximo hace unos meses, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico con algunos aspectos del proyecto, como la falta de adaptación a las particularidades de determinados sectores, el impacto sobre las pequeñas empresas y la posible invasión de competencias legislativas al regular mediante decreto aspectos considerados relevantes. Desde el Ministerio de Trabajo defendieron entonces la necesidad de mantener la reforma y acusaron indirectamente a Economía de haber influido en las objeciones planteadas. Díaz llegó a afirmar que seguiría adelante con el nuevo registro horario "aunque sea lo último que haga". Desde entonces, el tono se ha moderado y ambos departamentos han buscado una solución consensuada. La nueva versión del texto incorporará previsiblemente ajustes técnicos para responder a las observaciones del Consejo de Estado, aunque Trabajo asegura que no alterarán el objetivo principal de la reforma. Uno de los puntos de discrepancia entre ambos ministerios era el periodo de adaptación para las empresas: Trabajo defendía seis meses, mientras que Economía planteaba un plazo de un año. La reforma pretende modernizar el sistema actual de registro de jornada, obligatorio desde 2019, introduciendo un modelo exclusivamente digital y con acceso directo para la Inspección de Trabajo. El objetivo es que los inspectores puedan comprobar en tiempo real el cumplimiento de los horarios y detectar posibles excesos de jornada, especialmente en sectores donde los sindicatos denuncian mayores niveles de abuso laboral. Además del registro horario, UGT y CC OO reclaman al Gobierno que apruebe otro compromiso vinculado a la subida del salario mínimo: una norma que impida a las empresas absorber los incrementos del SMI mediante la reducción de complementos salariales como antigüedad o pluses de peligrosidad. Las centrales consideran esta medida necesaria para mantener el efecto real de las subidas salariales pactadas. La posición de los sindicatos tiene especial relevancia para Yolanda Díaz, ya que las organizaciones sindicales han sido el principal apoyo del diálogo social en sus reformas laborales, después de más de dos años sin acuerdos con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Actualmente permanecen abiertas varias mesas de negociación, entre ellas la adaptación de la directiva europea sobre transparencia salarial, la participación sindical en los consejos de administración y la reforma del sistema de indemnización por despido. Aunque los sindicatos muestran mayor comprensión ante las dificultades del Gobierno para sacar adelante acuerdos parlamentarios en un Congreso fragmentado, consideran más difícil de justificar la demora en la aprobación de medidas que no requieren respaldo legislativo. Como resumió Pepe Álvarez, la prioridad es que el registro horario salga adelante cuanto antes, independientemente de las diferencias internas que hayan retrasado su aprobación.

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(La Vanguardia, 24-07-2026) | Laboral

El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, el organismo de la ONU dedicado al trabajo

El Gobierno ha decidido presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según han confirmado fuentes del Ejecutivo. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer y la primera representante de España al frente de este organismo especializado de Naciones Unidas. Díaz competirá por el cargo con el actual director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, que ocupa la presidencia de la institución desde 2022. En los últimos meses, diversas organizaciones sindicales españolas han mostrado su desacuerdo con la orientación adoptada por la organización bajo su mandato, una crítica que la propia ministra expresó durante su intervención del pasado 9 de junio en la sede de la OIT, en Ginebra. En aquella ocasión afirmó que la institución atraviesa una etapa de dificultades y defendió la necesidad de preservar su misión de protección del trabajo digno. La posibilidad de que Yolanda Díaz optara a la dirección de la OIT comenzó a tomar fuerza a mediados de junio, aunque el Ministerio de Trabajo evitó entonces pronunciarse sobre esa opción. Los principales sindicatos españoles señalaron que no habían impulsado su candidatura, si bien valoraron positivamente su perfil para asumir esta responsabilidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció oficialmente la candidatura a través de las redes sociales, donde destacó la trayectoria de Díaz en materia de derechos laborales, diálogo social y crecimiento económico. La vicepresidenta también confirmó su decisión y aseguró que afronta la candidatura con el objetivo de representar a España, Europa, el Sur Global y al conjunto de la comunidad internacional. La elección corresponde al Consejo de Administración de la OIT, integrado por 56 miembros: 28 representantes gubernamentales, 14 representantes de los trabajadores y otros 14 de las organizaciones empresariales. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, mientras que la votación está prevista para el 16 de noviembre. La persona elegida asumiría el cargo en noviembre de 2027. En caso de resultar vencedora, Díaz mantendría sus responsabilidades como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hasta la fecha de incorporación a la organización. Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la OIT consideran que la candidatura española afronta una competición exigente, aunque con opciones reales de éxito. Según este análisis, resulta previsible que la representación empresarial no respalde mayoritariamente a Díaz debido a sus posiciones en materia de regulación laboral, mientras que el bloque sindical podría inclinarse en buena medida a su favor, aunque no de forma unánime. El resultado dependerá en gran medida del voto de los representantes gubernamentales de los 28 países que forman parte del Consejo de Administración. Entre ellos figuran Estados como Alemania, Brasil, China, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, España, Corea del Sur o Uruguay, entre otros. La candidatura de Yolanda Díaz se suma a la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien también aspira a dirigir otro organismo de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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(El Economista, 24-07-2026) | Laboral

El salario bruto subió un 3,1% en 2025 hasta los 28.410, su nivel más elevado desde 2008

El salario bruto anual por trabajador alcanzó en 2025 los 28.410,78 euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior y el nivel más elevado registrado desde el inicio de la serie estadística en 2008, según los datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta remuneración representó el 73,3% del coste laboral total soportado por las empresas. El principal componente de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que ascendieron a 9.354,87 euros por trabajador y equivalieron al 24,1% del coste total. En conjunto, salarios y cotizaciones concentraron el 97,4% del coste laboral bruto. El coste laboral anual por trabajador se situó en 38.748,94 euros, un 3,3% más que en 2024. Una vez descontadas las subvenciones y deducciones recibidas de las administraciones públicas, el coste laboral neto alcanzó los 38.511,76 euros, lo que representa un aumento interanual del 3,2%. El resto de los costes laborales correspondió a distintos conceptos complementarios. Las empresas destinaron una media de 531,46 euros por trabajador a beneficios sociales, entre los que se incluyen aportaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias de la Seguridad Social y otros gastos de carácter social. Asimismo, dedicaron 194,68 euros a otros gastos derivados del trabajo, como indemnizaciones por finalización de contratos, ropa y material de trabajo, transporte o procesos de selección de personal. Las indemnizaciones por despido ascendieron a una media de 180,66 euros por trabajador, mientras que la formación profesional supuso un gasto de 76,49 euros. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid registró el mayor coste laboral anual, con 45.983,31 euros por trabajador, seguida del País Vasco, con 44.034 euros, y de Navarra, con 41.697,31 euros. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con 31.657,19 euros, Canarias, con 32.016,86 euros, y la Región de Murcia, con 33.293,38 euros. En cuanto a la evolución anual, Baleares, La Rioja y Castilla y León fueron las comunidades que experimentaron los mayores incrementos del coste laboral, mientras que Asturias fue la única región en la que el coste laboral neto registró un descenso respecto al ejercicio anterior. El estudio del INE también pone de relieve el elevado grado de cobertura de la negociación colectiva. Durante 2025, el 95,4% de los centros de trabajo, que agrupaban al 86,7% de los trabajadores, estuvieron regulados por convenios colectivos, predominando los convenios de ámbito inferior al estatal.

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(Cinco Días, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE lanza una encuesta para elegir los nuevos billetes del euro

El Banco Central Europeo ha iniciado el proceso para renovar el aspecto de los billetes en euros y ha abierto una consulta pública en su página web para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los diseños finalistas. La votación permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y, aunque sus resultados serán tenidos en cuenta, no tendrán carácter vinculante en la decisión definitiva. Las diez propuestas seleccionadas se agrupan en dos grandes temáticas: una dedicada a la cultura europea, protagonizada por figuras históricas como Miguel de Cervantes, y otra centrada en la naturaleza del continente, con aves y ríos representativos. Cada propuesta presenta diferentes estilos gráficos, desde composiciones con edificios y paisajes hasta diseños de corte más sencillo o abstracto. En la colección inspirada en la cultura europea, Cervantes aparece en el anverso del billete de 50 euros, de color naranja, mientras que el reverso muestra una biblioteca con personas leyendo tanto libros impresos como digitales. El resto de los billetes están dedicados a María Callas en el de 5 euros, Ludwig van Beethoven en el de 10, Marie Curie en el de 20, Leonardo da Vinci en el de 100 y Bertha von Suttner en el de 200 euros, acompañados en el reverso por escenas relacionadas con el arte, la educación, la ciencia o la vida pública. La segunda serie mantiene la misma gama cromática, pero sustituye los personajes por aves emblemáticas europeas y reserva el reverso para representar distintas instituciones de la Unión Europea. Así, el billete de 5 euros muestra un treparriscos junto al Parlamento Europeo; el de 10, un martín pescador con la Comisión Europea; el de 20, un abejaruco acompañado del Banco Central Europeo; el de 50, una cigüeña blanca con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el de 100, una avoceta junto al Consejo Europeo; y el de 200, un alcatraz atlántico con el Tribunal de Cuentas Europeo. Durante la presentación de los diseños en la sede del BCE, en Fráncfort, su presidenta, Christine Lagarde, destacó que los billetes representan mucho más que un simple instrumento de pago, ya que constituyen uno de los símbolos más visibles de la identidad europea. En su opinión, los nuevos diseños pretenden combinar valor estético y significado para reforzar el sentimiento de pertenencia común entre los ciudadanos. El proceso de selección comenzó con más de 1.200 propuestas remitidas por diseñadores gráficos de toda Europa. Tras una primera evaluación se eligieron 25 semifinalistas y, posteriormente, un jurado independiente formado por 21 especialistas en disciplinas como el diseño gráfico, la comunicación y la neurociencia redujo la lista a las diez propuestas que ahora se someten a consulta pública. La decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE, que prevé anunciar el diseño elegido a finales de este año. Para ello tendrá en cuenta tanto la valoración del jurado y los análisis técnicos como los resultados de la encuesta ciudadana y de una consulta presencial realizada con una muestra representativa de la población europea.

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(Expansión, 24-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipo de interés en el 2,25% pero anticipa una subida de tipos en septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés en el 2,25%, el mismo nivel fijado en junio, al considerar que, por el momento, no es necesario endurecer la política monetaria pese al repunte de la incertidumbre provocado por el conflicto en Oriente Próximo. Con esta decisión, la institución confirma que no ha iniciado un nuevo ciclo de fuertes incrementos del precio del dinero como el registrado entre 2022 y 2023, cuando los tipos alcanzaron el 4% para contener una inflación que llegó a superar el 10%. El Consejo de Gobierno del BCE ha reiterado que continuará adoptando sus decisiones reunión a reunión, en función de la evolución de los datos económicos y de la situación internacional. La institución considera que este enfoque le permite responder con flexibilidad a un entorno marcado por la incertidumbre derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos sobre la inflación y el crecimiento económico. No obstante, la pausa podría ser temporal. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció que algunos miembros del Consejo llegaron a plantear la posibilidad de elevar los tipos en esta reunión, aunque finalmente la decisión de mantenerlos fue unánime. La autoridad monetaria utilizará los próximos meses para analizar si el encarecimiento de la energía termina trasladándose de forma más persistente a la inflación antes de decidir un posible ajuste en septiembre. Lagarde explicó que el BCE sigue vigilando especialmente la aparición de efectos de segunda vuelta, es decir, un traslado generalizado del aumento de los costes energéticos al resto de precios y salarios. Sin embargo, señaló que, por el momento, esos efectos no se están observando. De cara a la próxima reunión, el organismo dispondrá de nuevas proyecciones macroeconómicas, datos de inflación y crecimiento, indicadores de actividad y encuestas empresariales que permitirán evaluar con mayor precisión la evolución de la economía. El escenario central del BCE continúa contemplando la posibilidad de una nueva subida de los tipos si la inflación mantiene una trayectoria más persistente de lo previsto y no regresa al objetivo del 2% hasta finales de 2027. En este sentido, Lagarde admitió que el análisis de riesgos vuelve a situarse en una posición similar a la existente antes del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, abandonando la visión de unos riesgos más equilibrados que la institución había expresado anteriormente. Aun así, el contexto sigue condicionado por la evolución geopolítica. Una mejora de la situación internacional podría favorecer un escenario económico más positivo, aunque la presidenta del BCE reconoció que esa posibilidad resulta actualmente poco probable debido al elevado nivel de incertidumbre. Incluso si se alcanzaran nuevos acuerdos diplomáticos, advirtió, su impacto sobre los mercados podría ser menor que en ocasiones anteriores. En cualquier caso, tanto los analistas como los mercados descartan, por ahora, un endurecimiento monetario comparable al de años anteriores. Las previsiones apuntan a que, en caso de producirse nuevas subidas, los tipos de interés se moverían en un rango de entre el 2,5% y el 3%, niveles próximos al denominado tipo de interés neutral, que se considera compatible con una economía que no recibe ni estímulos ni restricciones adicionales por parte de la política monetaria.

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(Expansión, 23-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social prevé recortar hasta un 21% la pensión a los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años si adelantan su jubilación

La normativa vigente permite acceder a la jubilación anticipada de forma voluntaria, aunque hacerlo antes de la edad ordinaria conlleva una reducción permanente de la pensión. En el caso de quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, el recorte puede alcanzar el 21%, según las reglas aplicadas por la Seguridad Social. Contar con una larga trayectoria de cotización no garantiza que la pensión quede exenta de penalizaciones. Las últimas reformas del sistema de pensiones han reforzado los incentivos para retrasar la jubilación y prolongar la vida laboral, incrementando los coeficientes reductores para quienes deciden retirarse antes de tiempo. La reducción aplicada depende tanto del número de meses de anticipo respecto a la edad legal de jubilación como del tiempo total cotizado. Además, durante el periodo transitorio también existen coeficientes específicos para quienes generan una pensión teórica superior a la pensión máxima establecida. Actualmente, la jubilación anticipada voluntaria puede solicitarse hasta 24 meses antes de la edad ordinaria. Esto permite jubilarse a los 64 años y 10 meses a quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que quienes acrediten al menos ese periodo de cotización pueden hacerlo a partir de los 63 años. Las penalizaciones varían según los años cotizados. Para quienes acumulan menos de 38 años y 6 meses, la reducción oscila entre el 3,26% y el 21%. Si el periodo cotizado se sitúa entre 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses, el recorte va del 3,11% al 19%. Con una cotización de entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses, la reducción se sitúa entre el 2,96% y el 17%. Finalmente, quienes acreditan al menos 44 años y 6 meses cotizados afrontan reducciones de entre el 2,81% y el 13%. En el caso de los trabajadores cuya pensión calculada supera la pensión máxima, fijada en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales, también se aplican coeficientes reductores, aunque de menor intensidad. Así, las reducciones oscilan entre el 1,33% y el 9,10% para quienes han cotizado menos de 38 años y 6 meses; entre el 1,28% y el 8,5% para quienes acreditan entre 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses; entre el 1,24% y el 7,9% para los que suman entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses; y entre el 1,19% y el 6,7% para quienes superan los 44 años y 6 meses de cotización. En todos los supuestos, los coeficientes reductores se aplican sobre el importe de la pensión ya calculada y no sobre la base reguladora.

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(El País, 23-07-2026) | Laboral

Yolanda Díaz asegura que el refuerzo del registro horario está “prácticamente listo” a una semana de que venza el ultimátum sindical

Los sindicatos han advertido al Gobierno de que no respaldarán nuevos acuerdos si antes del parón estival no se aprueba el refuerzo del registro horario. Tras no incluirse esta medida en la última reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo dispone únicamente de una sesión más antes de las vacaciones de agosto para cumplir el compromiso adquirido con las organizaciones sindicales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró tras el Consejo de Ministros que la norma se encuentra "prácticamente lista" y expresó su confianza en que pueda recibir luz verde en la próxima reunión del Ejecutivo. Díaz explicó que el Gobierno continúa trabajando en la tramitación de la reforma y reiteró la necesidad de reforzar el control sobre las horas extraordinarias no remuneradas. Según recordó, en España se realizan cada semana alrededor de 2,65 millones de horas extra que no son retribuidas, una situación que calificó de inaceptable y que, según afirmó, la nueva regulación pretende corregir. La negociación continúa abierta entre los ministerios de Trabajo y Economía, ya que el refuerzo del registro horario constituye una de las medidas del proyecto de reducción de la jornada laboral que puede aprobarse mediante vía reglamentaria, sin necesidad de una nueva tramitación parlamentaria. Los sindicatos, que participaron en el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo sobre esta reforma, han mostrado su malestar por el retraso acumulado y consideran que las diferencias existentes dentro del Gobierno están demorando innecesariamente su aprobación. Las discrepancias se hicieron públicas hace cuatro meses, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico con el proyecto. El órgano consultivo cuestionó, entre otros aspectos, la falta de adaptación de la norma a las particularidades de algunos sectores, el impacto que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas y el hecho de que un reglamento incorporase materias que, a su juicio, deberían regularse mediante una norma con rango de ley. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que buena parte de esas observaciones procedían de las aportaciones realizadas por el Ministerio de Economía durante la elaboración del texto. En aquel momento, Yolanda Díaz manifestó su intención de continuar adelante con la reforma pese a las discrepancias existentes dentro del Ejecutivo. En los últimos meses, sin embargo, ambas partes han mantenido un tono más conciliador con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Trabajo ha avanzado que introducirá algunos ajustes de carácter técnico para responder a las observaciones del Consejo de Estado, aunque asegura que esos cambios no alterarán el contenido esencial de la reforma. Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el periodo de adaptación que tendrán las empresas para implantar el nuevo sistema. Mientras el Ministerio de Trabajo defiende un plazo de seis meses, el Ministerio de Economía considera más adecuado conceder un año. El registro horario es obligatorio en España desde 2019. Con la nueva regulación, el Gobierno pretende reforzar su eficacia imponiendo que el control de jornada sea exclusivamente digital y que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente y en tiempo real a los registros para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral y horas extraordinarias. La presión sindical continúa aumentando. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido de que, si el nuevo registro horario no está aprobado antes del 31 de julio, los sindicatos dejarán de participar en acuerdos que posteriormente no se traduzcan en cambios legislativos. En términos similares se ha pronunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien considera que la paciencia de las organizaciones sindicales está prácticamente agotada.

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(El Economista, 23-07-2026) | Laboral

Los gestores administrativos denuncian que una baja laboral le cuesta al autónomo más que el beneficio mensual

La conciliación entre la vida personal, familiar y profesional se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos para los cerca de 3,5 millones de trabajadores autónomos en España. A diferencia de lo que ocurre con los asalariados, cuya ausencia puede ser asumida por la organización de la empresa, la continuidad de un negocio gestionado por un autónomo depende en gran medida de su presencia y dedicación directa. Situaciones habituales como una baja por maternidad, una enfermedad o la necesidad de atender a un familiar dependiente pueden provocar la interrupción de la actividad o una importante reducción de los ingresos, comprometiendo la viabilidad del negocio. Un informe elaborado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) concluye que la conciliación ha dejado de ser únicamente una cuestión de derechos laborales para convertirse en un problema económico de carácter estructural. El elevado coste que supone mantener la actividad durante una ausencia lleva a muchos profesionales a renunciar, en la práctica, a ejercer derechos reconocidos legalmente por temor a poner en riesgo su empresa. El estudio estima que contratar a una persona para sustituir al autónomo durante el primer mes de ausencia supone un coste aproximado de 2.339,90 euros. Esta cifra incluye tanto los gastos laborales derivados de la contratación como la pérdida de productividad asociada al periodo de adaptación del sustituto. Este importe supera el rendimiento neto medio mensual de un trabajador autónomo, situado en torno a los 2.298 euros. Incluso una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible tras asumir el coste de la sustitución se reduce a unos 417,70 euros mensuales, una cantidad que resulta insuficiente para hacer frente a los gastos fijos del negocio o a posibles imprevistos. Como consecuencia, muchos pequeños empresarios se enfrentan a la disyuntiva de asumir pérdidas económicas importantes o paralizar temporalmente su actividad. Según el informe, esta situación provoca que numerosos autónomos continúen trabajando pese a estar enfermos, pospongan tratamientos médicos o reduzcan los permisos destinados al cuidado de familiares. El presidente del Icogam, Fernando Jesús Santiago Ollero, señala que para millones de trabajadores por cuenta propia la conciliación constituye, sobre todo, un problema económico, ya que atender responsabilidades familiares o recuperarse de una enfermedad puede poner en peligro la continuidad de su negocio. El análisis también desglosa el origen de estos costes. Para calcular el gasto laboral mensual de 1.880,30 euros, el estudio toma como referencia un Salario Mínimo Interprofesional proyectado para 2026 de 1.425 euros brutos mensuales en doce pagas, al que se añaden las cotizaciones sociales a cargo del empleador, así como una pérdida de productividad estimada en el 20% durante el primer mes de incorporación del sustituto. A ello se suman los costes derivados de la formación. En la mayoría de los pequeños negocios, el sustituto debe aprender procedimientos específicos, el funcionamiento de herramientas concretas y la gestión personalizada de la cartera de clientes, un proceso que requiere la implicación directa del titular precisamente cuando dispone de menos tiempo para dedicar a estas tareas. El informe también advierte de otros riesgos indirectos asociados a la falta de sustitución, como retrasos en la relación con proveedores, errores operativos o incumplimientos de obligaciones fiscales, laborales o regulatorias que pueden derivar en sanciones. Esta realidad se ve agravada por dos características del tejido empresarial español. Por un lado, el envejecimiento del colectivo de autónomos, ya que una parte importante supera los 45 años, incrementando la probabilidad de sufrir problemas de salud o asumir responsabilidades de cuidado familiar. Por otro, el predominio del sector servicios, donde la mayoría de los negocios son microempresas cuya actividad depende casi exclusivamente de la presencia del titular. El estudio calcula que cada hora de trabajo efectivo de un autónomo genera un valor medio de 16,11 euros. Si decide cerrar temporalmente el negocio en lugar de contratar un sustituto, una interrupción de apenas dos semanas supone dejar de ingresar alrededor de 1.149 euros. Además, el cierre de la actividad no elimina los gastos fijos. El pago del alquiler del local, los suministros, las cuotas de préstamos, los seguros y las obligaciones fiscales continúan devengándose, por lo que el impacto económico final resulta muy superior a la simple pérdida de ingresos. El presidente del Icogam destaca que esta situación explica por qué muchos autónomos siguen trabajando durante una baja médica o reducen sus permisos familiares, al considerar que el coste de dejar temporalmente la actividad supera los beneficios que genera su negocio. El informe también pone de relieve las diferencias existentes entre comunidades autónomas. Las ayudas destinadas a facilitar la conciliación varían considerablemente según el territorio, existiendo regiones que carecen de programas específicos y otras donde las coberturas resultan insuficientes para afrontar los costes reales de una sustitución. A esta desigualdad territorial se añade un aspecto fiscal relevante: buena parte de las ayudas públicas disponibles tributan en el IRPF como rendimientos de actividades económicas, lo que reduce el importe neto que finalmente perciben los trabajadores autónomos beneficiarios.

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(Expansión, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno incluye una prórroga de alquileres hasta 2028 en el nuevo decreto de vivienda

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para incorporar una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler al nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes. La negociación del texto entra en su fase decisiva tras el pacto entre ambos socios de la coalición, con el objetivo de atraer el respaldo de los grupos parlamentarios que rechazaron el anterior decreto. Entre las principales novedades figura una ampliación automática de los contratos de arrendamiento, que podría extenderse hasta el 30 de junio de 2028 manteniendo congelada la renta, junto con otras medidas orientadas al mercado de la vivienda. Una vez cerrado el acuerdo dentro del Ejecutivo, el texto será negociado con los distintos grupos parlamentarios para garantizar su convalidación en el Congreso. Fuentes gubernamentales señalan que la intención es dar luz verde al decreto en la reunión del Consejo de Ministros prevista para el 28 de julio. La prórroga extraordinaria tendría una duración máxima de dos años y, según estimaciones de Sumar, podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de un millón y medio de hogares. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, confirman que esta medida forma parte del acuerdo alcanzado, aunque prefieren no ofrecer más detalles sobre el contenido de un real decreto que califican de amplio y orientado a dar respuestas estructurales a los problemas del acceso a la vivienda. El departamento ministerial subraya que su principal objetivo es lograr el respaldo suficiente para que el decreto pueda ser ratificado por el Congreso una vez finalice el paréntesis parlamentario del mes de agosto. Además de la ampliación de los alquileres, el decreto incluirá nuevas medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, con el fin de evitar que se utilicen como fórmula para esquivar la normativa aplicable a la vivienda habitual y los límites de precios establecidos en las zonas declaradas tensionadas. El Ejecutivo también prevé elevar al 21% el IVA aplicable a las viviendas de uso turístico y reforzar el régimen sancionador relacionado con su publicidad en plataformas digitales, con la intención de reducir el atractivo de este tipo de arrendamientos. Asimismo, el Ministerio asegura que el texto incorporará otras iniciativas que han contado con respaldo de diferentes fuerzas políticas durante la legislatura, con el propósito de facilitar un amplio consenso parlamentario. Entre ellas podrían figurar incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios que mantengan estables los precios del alquiler e incluso la recuperación de determinadas deducciones vinculadas a las cuotas hipotecarias. Con este nuevo paquete de medidas, el Gobierno busca impulsar una de sus principales iniciativas en materia de vivienda en un contexto de elevada fragmentación parlamentaria, después de que el anterior decreto fuera rechazado a finales de abril, generando además incertidumbre sobre la continuidad de la prórroga de los contratos de alquiler.

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(La Vanguardia, 23-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia 300 millones para pymes y startups que innoven contra el cambio climático

El Gobierno pondrá en marcha una nueva línea de financiación dotada con 300 millones de euros en préstamos participativos para apoyar a pymes y startups que desarrollen proyectos innovadores orientados a hacer frente al cambio climático. Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante un acto celebrado junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Los recursos se canalizarán a través del Fondo de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa (Fepyme), gestionado por Enisa, la Empresa Nacional de Innovación, entidad especializada en financiar pequeñas y medianas empresas innovadoras y en certificar a las startups como empresas emergentes. Durante su intervención, Hereu destacó que esta iniciativa pretende impulsar proyectos vinculados a la economía circular, el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la prevención y la adaptación a los efectos del cambio climático, así como otras iniciativas destinadas a proteger recursos y productos especialmente vulnerables frente a los fenómenos climáticos extremos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló a través de su cuenta en la red social X que esta nueva línea de financiación tiene como objetivo favorecer una producción más limpia y eficiente, impulsar la adaptación del tejido productivo a los desafíos climáticos y acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de afrontar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. Sánchez no pudo asistir al acto de presentación, ya que se desplazó al incendio forestal de Guadalajara, donde las llamas han contribuido a que este año ya se hayan quemado más de 100.000 hectáreas en España. El presidente aprovechó para subrayar la necesidad de reforzar las políticas de prevención y anticipación frente a la emergencia climática, poniendo el foco en la innovación como una herramienta clave para mejorar la resiliencia del país.

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