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(Expansión, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España ahorra 320 millones en intereses de la deuda y allana el camino a una mejora de rating

La prima de riesgo española se ha desmarcado de la francesa y la italiana, lo que ha impulsado la demanda extranjera en unos 175.000 millones desde 2023, justo cuando las agencias de calificación ultiman sus revisiones, incluida la de S&P prevista para hoy. En este contexto, el Tesoro ya ha completado el 85% de su programa de financiación para 2025. A diferencia de lo que ocurre en Francia, donde la inestabilidad política ha agitado los mercados de deuda, el bono español mantiene una evolución más estable. Mientras el diferencial francés con respecto al bund alemán llegó a superar al italiano esta misma semana, el español continúa estrechándose. La mejora registrada en lo que va de 2025 ha permitido a España reducir su factura en intereses en unos 320 millones de euros al año, al mismo tiempo que crece el apetito de los inversores internacionales por su deuda, reforzando las expectativas de una mejora en la calificación crediticia. El Fondo Monetario Internacional volvió a señalar este verano a España como la economía avanzada con mayor crecimiento previsto en 2025, con un aumento del PIB del 2,5%, tras el 3,2% registrado en 2024. El fuerte rebote posterior a la pandemia también ha favorecido la corrección de los desequilibrios fiscales: el déficit, que alcanzó el 10% en 2020, se redujo al 2,8% en 2024, mientras que la deuda pasó del 120% al 102% del PIB. Aunque las cuentas públicas continúan mostrando fragilidad y la fragmentación política dificulta nuevos ajustes en un entorno de menor crecimiento, la comparación con otros países de la eurozona resulta favorable para España. Francia, por ejemplo, ha reconocido que no podrá reducir su déficit al nivel exigido por Bruselas antes de 2029, y atraviesa una fuerte inestabilidad política: en solo dos años ya suma cinco primeros ministros. El último episodio fue la caída del Gobierno de François Bayrou en una moción de confianza, lo que obligó al presidente Emmanuel Macron a acelerar el nombramiento de Sébastien Lecornu. Todo ello se tradujo en un repunte de la prima de riesgo francesa, que llegó a 82 puntos básicos, por encima de la italiana, en un movimiento sin precedentes. España, por el contrario, ha seguido consolidando su posición: tras arrancar 2024 en torno a los 100 puntos básicos, su prima de riesgo se ha situado en los últimos días ligeramente por debajo de los 60, niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera. Esta mejora, de 18 puntos básicos en lo que va de año, equivale a un ahorro de alrededor de 320 millones de euros anuales en intereses sobre los 177.000 millones de emisión bruta a medio y largo plazo. Si la situación se mantuviera estable, el ahorro acumulado rondaría los 3.000 millones en una década.

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(El Periódico, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio entre la UE e Israel ascendió a 42.600 millones de euros en 2024

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado la suspensión del Acuerdo de Asociación Comercial firmado entre la Unión Europea e Israel en el año 2000, como respuesta al grave deterioro humanitario que atraviesa la Franja de Gaza. De aplicarse, esta medida supondría un importante golpe para Israel, que perdería los beneficios derivados de sus actuales condiciones preferenciales de comercio con el bloque europeo. En 2024, el intercambio de bienes entre la UE e Israel alcanzó los 42.600 millones de euros, una cifra incluso superior al volumen registrado con Estados Unidos, que se situó en 31.600 millones. De ese total, las exportaciones europeas a Israel sumaron 26.700 millones de euros, destacando maquinaria y equipos de transporte (11.500 millones, 43%), productos químicos (4.800 millones, 18%) y otros bienes manufacturados (3.100 millones, 11,7%). Por el lado contrario, las importaciones procedentes de Israel ascendieron a 15.900 millones de euros, concentradas en los mismos sectores: maquinaria y transporte (7.000 millones, 43,9%), químicos (2.900 millones, 18%) y manufacturas diversas (1.900 millones, 12,1%). Actualmente, Israel ocupa el puesto 31 entre los socios comerciales de la UE, con un 0,8% del comercio total de bienes del bloque. Bruselas, no obstante, aclara que los productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados desde 1967 no pueden acogerse a los beneficios arancelarios previstos en el acuerdo. La UE es, a su vez, el principal socio comercial de Israel, concentrando un 32% de su comercio de bienes en 2024. Ese año, un 34,2% de las importaciones israelíes provinieron de la Unión, mientras que un 28,8% de sus exportaciones tuvieron como destino el mercado comunitario. Según Naciones Unidas, Alemania lideró la relación comercial con Israel dentro de la UE, con un volumen de 7.900 millones de euros, seguida de Irlanda (4.900 millones) e Italia (4.000 millones). España ocupó la sexta posición, con 2.320 millones, por detrás de Francia (2.800 millones). En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer la suspensión de la compraventa de armas con Israel. Aunque este sector no es clave en el comercio bilateral, la medida probablemente añadirá más presión a unas relaciones comerciales ya debilitadas desde el inicio del conflicto. Además del intercambio de bienes, la relación económica se sustenta en fuertes inversiones. Según SOMO, la UE es el mayor inversor mundial en Israel, con un volumen de 72.100 millones de euros en 2023, muy por encima de los 39.200 millones procedentes de Estados Unidos y los 2.400 millones de China. En sentido inverso, Israel destinó 65.900 millones a inversiones en la UE, una cifra siete veces superior a la de EE.UU. (8.800 millones) y muy superior a la de Canadá (2.900 millones). Países Bajos encabeza la lista de inversores europeos en Israel, con más de 50.000 millones en 2023, lo que representa dos tercios del total de la UE. Le siguen Luxemburgo (7.700 millones), Alemania (4.800 millones) y Francia (3.600 millones). España figura en octavo lugar, con apenas 250 millones, frente a los 1.000 millones invertidos por Italia. Entre las empresas europeas más vinculadas a Israel destacan PIMCO, gestora de bonos del grupo Allianz, que desde octubre de 2023 ha adquirido más de 1.000 millones en deuda pública israelí, y Leonardo, la compañía italiana de armamento participada en un 30,2% por el Estado, mencionada en un informe de la ONU por su continua venta de material militar al país.

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(La Vanguardia, 12-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de agosto se situó en el 2,7%, la misma que la registrada en julio

La inflación interanual medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en agosto en el 2,7%, la misma cifra que en julio. El principal grupo que impulsó este resultado fue Transporte, cuya tasa interanual subió hasta el 1,2% (un punto más). El motivo fue que los carburantes y lubricantes para vehículos personales bajaron menos que en agosto de 2024, mientras que el transporte aéreo de pasajeros registró un encarecimiento mayor que el del mismo mes del año anterior. En sentido contrario, los descensos más relevantes correspondieron a: Vivienda, con una tasa del 6,0%, siete décimas menos, debido a la estabilidad de los precios de la electricidad frente al incremento observado en agosto de 2024. Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación anual se moderó al 2,3% (cuatro décimas menos), en gran parte por la bajada más acusada del precio de la fruta respecto al año pasado. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- se situó en el 2,4%, una décima más que en julio. En comparación con julio, el IPC general no varió (0,0%). Por grupos, el que más contribuyó al alza mensual fue Ocio y cultura, con un aumento del 1,5% motivado por el encarecimiento de los paquetes turísticos, lo que aportó 0,128 puntos al índice. En cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas restaron 0,142 puntos, con una caída mensual del 0,8%, principalmente por el abaratamiento de la fruta. Todas las comunidades autónomas registraron tasas interanuales positivas en agosto. Illes Balears y la Comunitat Valenciana alcanzaron las más altas (3,2%), mientras que La Rioja y la Región de Murcia marcaron las más bajas (2,1%). El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) cerró agosto con una variación anual del 2,7%, idéntica a la de julio, y una tasa mensual del 0,0%.

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(Expansión, 10-09-2025) | Fiscal

Hacienda reconoce el perjuicio de no deflactar el IRPF para adaptar los tipos a la inflación

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, ha admitido que la decisión del Gobierno de no deflactar los tramos del IRPF para ajustarlos a la inflación está generando perjuicios a los ciudadanos. El caso analizado se refiere a una contribuyente que perdió la posibilidad de aplicar la reducción por cuidado de ascendientes en el IRPF debido al aumento de su pensión de jubilación. Esta situación se debe a que Hacienda no actualiza desde 2006 el límite que da derecho a la deducción. Como consecuencia, y unido al encarecimiento de los servicios de atención, su poder adquisitivo se ha visto reducido de manera notable en los últimos años, mientras su carga fiscal se ha incrementado tras la pérdida de la reducción. El Defensor del Contribuyente subraya que "resulta evidente que no son pocas las familias, muchas de ellas vulnerables, que han dejado de beneficiarse de esta reducción, sin que su situación económica haya mejorado, más bien al contrario, ante el fuerte aumento del coste de vida". Por este motivo, el órgano colegiado insta al ministerio de María Jesús Montero a llevar a cabo "una revisión global de la cuantificación de los tributos", señalando que "es indiscutible que la falta de deflactación se traduce en un aumento real de la presión fiscal, con mayor incidencia sobre los hogares con menos recursos". Esta conclusión contradice la posición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo. La negativa del Gobierno a ajustar el IRPF a la inflación ha dado lugar a la llamada progresividad en frío, que el Banco de España describe como el efecto por el cual, al no actualizarse los tramos del impuesto, los contribuyentes terminan pagando más aunque sus ingresos reales no hayan crecido.

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(Expansión, 10-09-2025) | Fiscal

Ayuso lanzará una ley de apoyo a la empresa familiar de Madrid con incentivos fiscales y ayudas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará en el Debate del Estado de la Región una nueva ley específica para la empresa familiar madrileña. Esta norma contemplará un marco de apoyo y protección a este sector clave del tejido productivo, que incluirá reducciones fiscales, líneas de ayuda y acceso a financiación. El impulso al empresariado ha sido siempre uno de los ejes de la política económica de Madrid, concebido como motor esencial de la creación de empleo y riqueza. Incluso durante los momentos más críticos de la pandemia, el Ejecutivo autonómico trató de equilibrar las medidas sanitarias con la preservación de la actividad económica. Sin embargo, los desafíos no han cesado: tras la crisis del Covid llegaron la escalada de precios energéticos, la inflación, la guerra en Ucrania y, más recientemente, la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos. Todo ello ha evidenciado la necesidad de mantener la economía regional en marcha y no relajar las políticas de apoyo. En este contexto, Isabel Díaz Ayuso pondrá en marcha una Ley de apoyo a la empresa familiar que reforzará las bases de la estrategia económica madrileña: seguridad jurídica, simplificación administrativa y un modelo fiscal competitivo. La presidenta hará público este anuncio durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, que se celebrará esta semana en la Asamblea de Madrid y con el que arrancará el nuevo curso parlamentario. Las medidas previstas van desde rebajas fiscales y programas de préstamos o avales hasta incentivos para la inversión en activos productivos. Además, el texto aspira a ofrecer un entorno estable y predecible para la actividad empresarial, favoreciendo la atracción de capital nacional e internacional. También se prevén iniciativas de asesoramiento, apoyo a la contratación y formación en perfiles profesionales demandados. En el terreno tributario, los empresarios madrileños han planteado peticiones que podrían incorporarse a la norma: aumentar la deducción en el IRPF por compra de participaciones, crear nuevas bonificaciones por inversión en capital riesgo, o reforzar los incentivos a la adquisición de títulos en compañías del MAB. Otro punto de debate será la mejora de las bonificaciones en la transmisión de empresas familiares, tanto en vida como por herencia. Actualmente la reducción alcanza el 95%, pero se estudia su ampliación e incluso la inclusión de participaciones de filiales extranjeras en las bonificaciones del 99% en Sucesiones. Asimismo, se valora flexibilizar el concepto de empresa familiar para acceder a beneficios fiscales, revisar el requisito de mantenimiento de la compañía tras la sucesión -ahora fijado en cinco años- y permitir fórmulas de cogestión temporal entre donantes y herederos. Estas medidas responden a las demandas del empresariado madrileño, con especial atención a las propuestas de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), que desde hace tiempo reclama un marco más favorable para garantizar la continuidad de este tipo de compañías.

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(Expansión, 10-09-2025) | Fiscal

Las claves fiscales del nuevo curso que empieza están en el alambre

Con el regreso de las vacaciones de verano, este septiembre comienza un nuevo ejercicio fiscal cargado de retos y expectativas. En esta etapa se dará continuidad a las reformas ya aprobadas y se esperan los reglamentos que concretarán medidas tan relevantes como la implantación de la factura electrónica obligatoria para las empresas. Paralelamente, los profesionales tributarios siguen de cerca diversas resoluciones judiciales sobre deducciones y sobre la interpretación de ciertos impuestos, especialmente los vinculados a la vivienda. En el plano político, el periodo que se abre ahora y que se extenderá hasta julio de 2026 puede marcar un punto de inflexión en la fiscalidad española. Entre las propuestas más destacadas figuran el incremento del IVA en los pisos turísticos, un gravamen del 100% para los compradores extranjeros de vivienda, la obligación de presentar declaración de la Renta a desempleados y perceptores del Salario Mínimo, o la posible deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación, medida que el Gobierno ha rechazado repetidamente pese a las críticas de asesores fiscales, quienes la consideran una "subida encubierta". Aun así, no se prevén reformas de gran alcance en el corto plazo. Tras la entrada en vigor de los nuevos tipos en el Impuesto sobre Sociedades el pasado 1 de enero, las pymes y microempresas podrán aplicar en la declaración de julio de 2026 las rebajas al 24% y 22%, respectivamente. Además, a partir de enero de 2026, las pequeñas empresas disfrutarán de una nueva reducción de un punto, lo que lleva a los expertos a recomendar posponer ciertas ventas hasta el próximo ejercicio para beneficiarse del menor gravamen. En paralelo, los incentivos fiscales para reforzar los fondos propios de las compañías continúan su senda ascendente: tras situarse en el 15% en este ejercicio, pasarán al 20% en 2026. Según los economistas asesores, este cambio convierte la capitalización en una estrategia muy atractiva frente al reparto de dividendos, máxime cuando el periodo exigido para no distribuirlos se ha reducido de cinco a tres años. En el ámbito del IRPF, se anticipa un curso relativamente estable, dado que el Ejecutivo mantiene su negativa a ajustar los tramos a la inflación. Sin embargo, surgen cuestiones de calado como la posible obligación de declarar para quienes perciban prestaciones por desempleo -lo que no implica necesariamente pagar- o la inminente normativa que exigirá informar a Hacienda sobre criptomonedas en el extranjero y las operaciones realizadas con ellas. También se espera la actualización de deducciones ligadas a la compra de vehículos eléctricos, la instalación de cargadores o placas solares. Más allá de los grandes impuestos, septiembre abre un curso en el que los asesores fiscales ponen la mirada en el desarrollo reglamentario de la factura electrónica obligatoria. Aunque la ley fija su implantación entre 2027 y 2028, los plazos concretos dependerán de la rapidez del Gobierno en aprobar el reglamento. Por otra parte, la Ley Antifraude traerá nuevas obligaciones: las empresas que ya facturen de forma digital deberán adaptar sus sistemas al estándar Verifactu a partir del 1 de enero, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta julio de 2026. En definitiva, todo apunta a un año sin grandes cambios legislativos, pero sí con ajustes relevantes derivados de la normativa en curso y de la jurisprudencia, que marcarán el día a día de empresas y contribuyentes.

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(El Economista, 10-09-2025) | Fiscal

Hacienda aclara el tratamiento en la Renta de la comisión que cobra el Banco de España por las letras del Tesoro

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que la comisión que aplica el Banco de España al transferir los rendimientos de las letras del Tesoro debe descontarse de la ganancia obtenida, y solo el resultado neto es lo que se declara en el IRPF. En una consulta vinculante emitida el pasado 10 de junio, el organismo precisa que estos beneficios tributan como rendimientos del capital mobiliario, al igual que ocurre con las inversiones en acciones o fondos. Para calcular la rentabilidad, debe restarse del importe final recibido el capital inicialmente invertido. Por ejemplo, si se compran letras por valor de 50.000 euros y el Banco de España abona 51.000, la ganancia es de 1.000 euros. Sin embargo, a esa cifra hay que descontar "los gastos accesorios de adquisición y enajenación", entre los que se incluye la comisión de transferencia. En palabras de Tributos: "La comisión por transferencia a favor del Banco de España reducirá el valor de reembolso a efectos de determinar el rendimiento del capital mobiliario derivado de las letras del Tesoro". Dicha comisión es del 0,15% del importe transferido, con un mínimo de 0,9 euros y un máximo de 200 euros.

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(El Economista, 10-09-2025) | Laboral

Trabajo aprobará cambios menores en el registro horario y activará la subida del SMI

El rechazo del Congreso a la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral en 2,5 horas no supone el cierre definitivo del debate para el Ministerio de Trabajo. En los días previos, la vicepresidenta segunda ya había anticipado el veto de Junts y trazado los próximos pasos a seguir a partir de este miércoles. Su plan es volver a llevar al Consejo de Ministros el acuerdo firmado con los sindicatos en diciembre para remitirlo de nuevo a la Cámara Baja. Sin embargo, conscientes de que la tramitación parlamentaria podría volver a complicarse y alargar el debate durante meses, el Ministerio prevé avanzar por la vía reglamentaria en algunos aspectos relacionados con el registro horario. Este punto ha sido reclamado de forma insistente por CCOO y UGT, que no entienden por qué la mejora de la norma de 2019 debía ligarse a la reducción de la jornada. No obstante, esta vía solo permite imponer que el control horario sea digital, sin posibilidad de endurecer las sanciones por incumplimiento, algo que requeriría la aprobación del Congreso. Solo con el aval parlamentario podría, por ejemplo, elevarse la cuantía máxima de las multas o establecer que estas se calculen por cada trabajador afectado en lugar de por empresa, como ocurre ahora. A corto plazo, el Ministerio de Trabajo también prevé reunir a la Comisión de Expertos del SMI para que elaboren una recomendación que garantice que este se mantenga en el 60% del salario medio, un objetivo alcanzado en 2023. Este será el primer paso para la elaboración del informe que servirá de base a la propuesta de actualización del salario mínimo, en un proceso de diálogo con patronal y sindicatos. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha pedido que la primera reunión se celebre la próxima semana. Los sindicatos defienden que la subida del próximo año debe situarse por encima de la inflación (2,7% en agosto), aunque aún no han concretado la cifra que plantearán. Habitualmente, toman como referencia el incremento salarial pactado en convenios (superior al 3%), aunque UGT quiere añadir el coste de la vivienda como factor a considerar en la fijación del SMI. Actualmente, la remuneración mínima está en 1.184 euros mensuales en 14 pagas desde enero de 2025, lo que hace prever que con la próxima subida se superarán los 1.200 euros. Las patronales, por su parte, suelen apoyarse en el porcentaje pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), aunque para 2026 no existe consenso. En paralelo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha respaldado las denuncias de CCOO y UGT, al considerar que la indemnización por despido improcedente en España -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- no compensa adecuadamente el daño causado al trabajador. Pese a ello, el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de establecer indemnizaciones adicionales, lo que ha llevado al Ministerio de Trabajo a comprometerse con una reforma legal para introducir un sistema más flexible, conocido como "despido a la carta". No obstante, este proyecto tendrá que esperar. El Gobierno lo ha pospuesto hasta resolver la negociación sobre la reducción de la jornada -que sigue abierta- y hasta aprobar el Estatuto del Becario, acordado con los sindicatos antes de las elecciones de julio de 2023 pero aún pendiente de pasar por el Consejo de Ministros. Por ello, la mesa de diálogo social que abordará estas reformas no se constituiría antes de 2026. El acuerdo de coalición con el PSOE ya incluía el compromiso de adaptar la regulación del despido a la Carta Social Europea, que sirvió de base a las resoluciones del CEDS. Sin embargo, no hay consenso dentro del Ejecutivo sobre si la cuantía de la indemnización debería ajustarse en función de las circunstancias personales del trabajador -como tener hipoteca, hijos a cargo o una determinada edad-, factores que pueden influir en sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.

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(El Economista, 10-09-2025) | Laboral

El retraso del Gobierno en regular el despido disciplinario eleva los litigios entre empleados y empresa

El retraso del Gobierno en regular el procedimiento del despido disciplinario está generando un aumento de litigios y conflictos entre empresas y trabajadores. En noviembre, el Tribunal Supremo dictaminó que las compañías deben conceder al empleado una audiencia previa antes de su cese, con el fin de que pueda defenderse. Sin embargo, la falta de desarrollo normativo por parte del Ejecutivo en los últimos diez meses ha provocado una gran disparidad de criterios que, lejos de reforzar la protección de los empleados, acaba en muchos casos perjudicándolos. José María Fernández Mota, socio responsable del área laboral de Ontier, advierte de que las empresas afrontan actualmente muchas dudas sobre cómo aplicar esta obligación. Su recomendación es entregar al trabajador una comunicación escrita de audiencia previa y concederle entre dos y tres días hábiles para preparar sus alegaciones, ya que plazos más cortos resultan arriesgados. El experto reconoce, sin embargo, que son pocos los trabajadores que en ese breve margen de tiempo pueden contar con la asistencia de un abogado laboralista. En la práctica, la mayoría redacta sus propias alegaciones, con el riesgo de cometer errores o incluso reconocer de forma inadvertida los hechos que se les imputan. Asimismo, Fernández Mota aconseja que, una vez recibidas las alegaciones, la empresa emita la carta de despido manteniendo los argumentos iniciales e indicando que, tras escuchar al empleado, los hechos no han quedado desvirtuados. Si la compañía introduce elementos nuevos en base a lo alegado, debe otorgar un nuevo plazo de audiencia, advierte. Entre sus recomendaciones figura también conceder un permiso retribuido de dos o tres días al trabajador durante el proceso, sin ampliarlo demasiado para evitar que pueda interpretarse como una maniobra de vaciamiento de funciones. Rechaza, en cambio, prácticas que algunas compañías ya están aplicando, como desconectar al empleado de accesos o retirarle dispositivos electrónicos antes del cese, salvo en situaciones excepcionales que pongan en riesgo la actividad, puesto que la relación laboral sigue vigente hasta la formalización del despido. En cuanto a las consecuencias legales, el experto recuerda que si la empresa no cumple con el trámite de audiencia previa, el despido se declarará improcedente, con la obligación de indemnizar al trabajador con 33 días por año de servicio y un máximo de 24 mensualidades. Si además el afectado se encuentra en una situación especialmente protegida -embarazo, permiso por nacimiento, reducción o adaptación de jornada-, la sanción es aún más severa: el despido se considerará nulo y la empresa estará obligada a readmitir al empleado, aunque sin indemnización adicional al no tratarse de una vulneración de derechos fundamentales. En conclusión, Fernández Mota insiste en la necesidad de que el Gobierno regule de manera clara este proceso de audiencia previa, con el fin de unificar criterios y ofrecer seguridad tanto a empresas como a trabajadores.

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(El Economista, 10-09-2025) | Laboral

Las ETTs llevan su negocio a cifras récord gracias a los fijos discontinuos

La reforma laboral ha supuesto un impulso inesperado para las empresas de trabajo temporal (ETT) en España, aunque no en la forma que habían previsto ni el Ministerio de Trabajo ni los sindicatos. A pesar de que el número de ETT registradas ha descendido hasta su mínimo histórico -222 a cierre del primer semestre, un 4,3% menos que en 2024-, los contratos de puesta a disposición alcanzaron en junio la cifra récord de 422.817, el mayor dato para ese mes desde que existen registros, impulsados por la campaña de verano. Este repunte se debe al auge tanto de los contratos eventuales por circunstancias de la producción como de los indefinidos fijos discontinuos, lo que demuestra que el sector ha sabido adaptarse a una normativa que en principio parecía amenazar su supervivencia. La ley, que en breve cumplirá cuatro años, ha favorecido al sector por dos vías: por un lado, al limitar la contratación temporal suprimiendo el contrato por obra y servicio, lo que ha llevado a muchas empresas a recurrir a las ETT para cubrir puestos temporales; y por otro, al permitir por primera vez a estas compañías contratar fijos discontinuos, una fórmula que ha compensado la desaparición de los antiguos contratos por obra, que antes representaban el 41% de su negocio y hoy han sido sustituidos en gran parte por esta modalidad indefinida. Este cambio no fue casual, sino pactado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal con el objetivo de dar estabilidad al sector, históricamente vinculado a la precariedad y sujeto a fuertes restricciones. No obstante, no todas las empresas han logrado adaptarse: si en junio de 2019 había 266 ETT operativas, en 2025 la cifra se ha reducido a 222. Aun así, el peso de estas compañías en el empleo no se ha visto reducido. Aunque la reforma perseguía disminuir la temporalidad, las ETT han mantenido su cuota: los contratos de puesta a disposición en junio representaron el 21% del total de contrataciones, un porcentaje muy similar al de los años previos al cambio legal. Conviene aclarar que estos contratos se firman entre la ETT y la empresa cliente, no directamente con los trabajadores. De hecho, el número de contratos suscritos por empleados de ETT sigue por debajo de los niveles anteriores a la reforma (aunque ha repuntado en el último año). La mayoría, un 80%, son temporales, mientras que los fijos discontinuos apenas suponen el 15% del total, pero llegan a representar 4 de cada 10 cesiones, dado que se reutilizan con mayor frecuencia. Esto ha incrementado la rotación por trabajador, lo que genera ventajas competitivas y reduce costes: se cubren más puestos con menos personas contratadas. Además, los fijos discontinuos no reciben compensación en los periodos de inactividad, a diferencia de los temporales, lo que abarata aún más los costes laborales y mejora la eficiencia del sector: menos ETT, pero capaces de cubrir más necesidades de personal con un gasto menor en indemnizaciones. El comportamiento del mercado en junio ha resultado llamativo, sobre todo tras un arranque de año complicado: un cambio en el registro de los contratos de puesta a disposición redujo casi a la mitad la cifra en enero y arrastró las estadísticas por debajo de 2024 durante varios meses. Sin embargo, la tendencia se revirtió en mayo y en junio ya se superaba en un 9% la cifra del año anterior. Esto ha ocurrido pese a que la ministra Yolanda Díaz ordenó a la Inspección de Trabajo vigilar el uso de los fijos discontinuos, ante la sospecha de que algunas compañías utilizaban a trabajadores de ETT para evitar contratarlos directamente. De momento, esas inspecciones no parecen haber tenido un gran impacto. El debate podría intensificarse si prospera la propuesta de Junts de permitir a las ETT contratar indefinidos ordinarios para cesiones, un punto que ha bloqueado la directiva de transparencia salarial en el Congreso. Con todo, el verdadero motor del repunte no han sido solo los fijos discontinuos: las cesiones vinculadas a contratos eventuales por circunstancias de la producción han aumentado un 33%, hasta 231.845, marcando un récord histórico que eleva el total de cesiones en junio a 422.817, un 15,1% más que en 2024.

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