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(El Economista, 27-10-2026) | Laboral

Las empresas españolas se adelantan a Trabajo y multiplican por cuatro las ofertas que revelan el salario

El número de ofertas de empleo publicadas en España que incluyen información sobre el salario se multiplicó por 4,2 entre mayo y agosto de 2026, en un verano marcado por la fecha límite para incorporar a la legislación nacional la directiva europea de transparencia retributiva. El incremento destaca frente al registrado en los principales mercados laborales europeos, pese a que España todavía no ha completado la transposición de la norma y los borradores que negocia el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal no contemplan la obligación de publicar el sueldo en las ofertas de empleo. Según un estudio elaborado por la plataforma TalentUP y la consultora de recursos humanos EspertaPay, en mayo se publicaron en España 3.901 vacantes que especificaban la retribución, frente a las 16.386 de agosto. Como resultado, la proporción de anuncios que informaban del salario aumentó del 13,1% al 33%, después de alcanzar un máximo del 36,9% en julio. Esta evolución coincide con el 7 de junio, fecha límite para que los Estados miembros incorporaran a sus ordenamientos la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva. Sin embargo, solo un grupo reducido de países ha completado el proceso y la mayoría continúa trabajando en borradores legislativos. Además, no todas las normas nacionales contemplan la publicación del salario en las ofertas de trabajo. España se ha centrado, por ahora, en los aspectos relacionados con los empleados que ya están contratados. Los datos del estudio reflejan que el mayor avance se produjo en junio, cuando las ofertas con salario pasaron de 3.901 a 11.399, casi el triple que el mes anterior. Su peso sobre el total aumentó 13,8 puntos porcentuales, hasta el 26,9%. En julio se alcanzó el porcentaje más elevado del periodo y en agosto se registró un ligero retroceso, debido a que el conjunto de las ofertas publicadas creció a un ritmo superior. En España, el aumento de la transparencia responde principalmente a que se publican más anuncios con información salarial, no a que desaparezcan las ofertas que omiten ese dato. Entre mayo y agosto, las vacantes sin remuneración indicada también crecieron, un 28%, pero las que sí especificaban el sueldo avanzaron a una velocidad once veces mayor. En otros países europeos, la mejora se explica en buena medida por la reducción de las ofertas que no indican el salario. En Italia, donde la directiva ya se ha incorporado a la legislación, los anuncios con retribución se duplicaron, mientras que los que no la detallaban disminuyeron un 61%. En Polonia, la proporción de ofertas transparentes aumentó 16 puntos, pese a que el número de anuncios con salario se mantuvo prácticamente estable respecto a mayo, debido a que las vacantes sin esa información quedaron reducidas a menos de un tercio. El avance español también tiene un peso relevante en el conjunto de la Unión Europea. Entre mayo y agosto, las ofertas con salario aumentaron un 93,5%, desde 39.418 hasta 76.267, mientras que su proporción sobre el total pasó del 10,5% al 22,5%. España aportó 12.485 de los 36.849 anuncios adicionales con información retributiva, aproximadamente uno de cada tres. Su participación en el total europeo de ofertas transparentes pasó del 9,9% al 21,5%, más de lo que le correspondería por su peso en el conjunto de las vacantes, que se sitúa en el 14,6%. En agosto, España solo quedaba por detrás de Italia entre los principales mercados laborales europeos analizados. El país transalpino alcanzaba un 45,9% de ofertas con salario, frente al 33% español. Polonia registraba un 25%, Francia un 16,4% y Alemania un 6,9%. Italia es el único de estos países que ya tiene en vigor la nueva normativa. Durante el periodo analizado, las ofertas con salario disminuyeron ligeramente en Francia, mientras que en Alemania se multiplicaron por 2,5, aunque partían de un nivel muy reducido. Por actividades, la sanidad y los servicios sociales presentan la mayor proporción de ofertas que indican la retribución en España, con un 30,2%. A continuación figuran los servicios profesionales, con un 24,8%, y la consultoría de gestión, con un 19,8%. Les siguen la educación, con un 18,5%; la tecnología, con un 17,9%, y los bienes de consumo, con un 16,1%. Las empresas españolas superan la media europea en los seis sectores analizados. Las diferencias son especialmente destacadas en consultoría y educación, donde la proporción de ofertas que publican el sueldo triplica la media comunitaria. La tecnología, pese a ser la actividad con más vacantes en España, con 8.410 anuncios, presenta un nivel de transparencia inferior al promedio nacional. Por tipo de puesto, los empleos administrativos, de apoyo y de servicios concentran las mayores tasas de publicación salarial. El ingeniero comercial encabeza la clasificación, con un 54,4% de ofertas que especifican la retribución, seguido del contable auxiliar, con un 52%, y del repartidor, con un 46,8%. También superan el 40% los anuncios para supervisor administrativo, asistente administrativo y ayudante de cocina. Se trata, en su mayoría, de ocupaciones con salarios más estandarizados y situadas en los tramos medios y bajos de la escala retributiva. El tamaño de la empresa también influye en la transparencia salarial en Europa. Las compañías con más de 10.000 empleados son las que menos información ofrecen sobre el sueldo: solo el 5,1% de sus vacantes incluye ese dato. En las empresas de los demás tramos de tamaño, la proporción oscila entre el 10% y el 16%. No obstante, los sectores con mayor porcentaje de ofertas transparentes no son necesariamente los que más puestos de trabajo generan. Las seis actividades analizadas reúnen 18.814 vacantes, aproximadamente una de cada ocho de las 161.323 publicadas en España entre mayo y agosto. Además, el estudio presenta los datos de los cuatro meses agrupados por sectores y ocupaciones, sin desglosarlos por mes. Por tanto, permite identificar los empleos en los que es más habitual publicar el sueldo, pero no determinar cuáles han concentrado el incremento de la transparencia desde junio. Las cifras también plantean dudas sobre el alcance del cambio. Una de ellas tiene que ver con las variaciones en el volumen de anuncios recogidos por la plataforma. En España, el total de vacantes registradas pasó de 29.777 en mayo a 49.608 en agosto, un aumento del 67% que resulta difícil de explicar únicamente por la evolución de la contratación. En Polonia se produjo el movimiento contrario: las ofertas descendieron de 113.171 a 42.217 durante el mismo periodo. Lituania presenta una variación todavía más llamativa. En junio, la plataforma incorporó de golpe cerca de 1.900 vacantes, casi todas con información salarial, lo que hizo que el total de anuncios se triplicara. Mientras tanto, las ofertas sin retribución indicada se mantuvieron en torno al millar mensual. La proporción de vacantes con salario pasó así del 15,5% al 73,3%, en un país donde la publicación de esta información es obligatoria desde hace años. Estas fluctuaciones apuntan a posibles cambios en la composición de las ofertas recopiladas por la plataforma. Por ello, no puede descartarse que una parte del aumento registrado en España se deba a la incorporación de anuncios procedentes de portales en los que resulta más habitual especificar el salario. Otra incógnita surge al comparar los resultados con otras fuentes. Los datos de Indeed sitúan la proporción de ofertas con información salarial en España entre el 16,7% y el 17,9% entre mayo y julio, sin reflejar el fuerte salto observado en junio por TalentUP y EspertaPay. La diferencia podría explicarse por el uso de bases de datos distintas, por lo que los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta la metodología y el alcance de cada estudio.

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(ABC, 27-10-2026) | Laboral

La inflación abrasa a los autónomos: el 70% sube los precios para compensar los costes

El 17,5% de los autónomos considera que su negocio corre un riesgo real de cierre o que tendrá que reducir significativamente su actividad durante los próximos tres años. Así lo refleja el Barómetro de ATA correspondiente al tercer trimestre de 2026, que sitúa este porcentaje 6,5 puntos por encima del registrado en el trimestre anterior, cuando se encontraba en el 11%. El aumento de la inflación, el encarecimiento de la energía y los combustibles y la subida de los costes laborales están presionando los márgenes de los pequeños negocios. En este escenario, muchos trabajadores por cuenta propia se ven obligados a subir los precios, reducir gastos, ajustar sus plantillas o incluso plantearse el cese de su actividad para hacer frente al deterioro de su rentabilidad. Según el informe de la organización presidida por Lorenzo Amor, el 70,9% de los autónomos ha incrementado los precios de sus productos o servicios durante los últimos doce meses para compensar el encarecimiento de sus costes. Además, el 58,3% prevé aplicar nuevas subidas antes de que termine 2026. Estas decisiones se producen en un contexto de debilitamiento de los ingresos. El 39,5% de los encuestados afirma que su facturación ha disminuido respecto al tercer trimestre de 2025, frente al 33,7% registrado en el barómetro anterior. A esta situación se añade la incertidumbre económica y sociopolítica, que el 86,5% de los autónomos asegura percibir en su actividad cotidiana. Desde ATA recuerdan que, desde 2020, se han sucedido acontecimientos económicos, políticos y naturales, tanto nacionales como internacionales, que han complicado la continuidad de numerosos negocios. La organización advierte de que la situación actual no contribuye a generar la estabilidad que necesitan los trabajadores autónomos y las empresas. Los datos sobre la evolución de la actividad confirman este deterioro. El 35,6% de los autónomos declara que su negocio ha retrocedido durante el último año, frente al 29,7% recogido en junio. Por el contrario, el 19,6% afirma haber registrado un crecimiento, dos puntos menos que en el trimestre anterior, mientras que el 42,2% ha conseguido mantener su actividad sin cambios significativos. Las perspectivas para los últimos meses de 2026 tampoco son especialmente favorables. El 29,3% espera que su negocio empeore, frente al 25,6% del segundo trimestre. El 47,2% confía en mantener la situación actual y solo el 15,4% prevé aumentar su volumen de actividad. De cara a los próximos tres años, el 17,5% de los encuestados teme tener que cerrar o reducir considerablemente su negocio. Si se añade el 21,6% que anticipa una caída moderada de su actividad, el 39,1% manifiesta preocupación por la evolución de su empresa. En el lado más optimista, el 19,4% espera mejorar sus resultados, con un 15,8% que prevé un avance moderado y un 3,6% que confía en experimentar un crecimiento notable. La evolución de la facturación también muestra dificultades. Solo el 22,7% de los autónomos declara haber aumentado sus ingresos respecto al año anterior, frente al 23,8% del trimestre previo. Otro 34,6% afirma que se han mantenido estables, mientras que el 39,5% reconoce que han disminuido. En conjunto, el 74,1% registra una facturación igual o inferior a la del tercer trimestre de 2025, frente al 71,6% del anterior barómetro. Al mismo tiempo, el incremento de los gastos continúa afectando a la rentabilidad de los negocios. El 81% de los autónomos asegura que sus costes han aumentado en los últimos doce meses, frente al 79,9% registrado en el segundo trimestre. Entre quienes han experimentado estas subidas, el 21,9% sitúa el incremento por encima del 16%. En concreto, el 10,8% calcula que sus gastos han crecido entre un 16% y un 20%, mientras que el 11,1% afirma que han aumentado más del 20%. Por su parte, el 46,4% sitúa el encarecimiento entre el 5% y el 10%, y el 26,9% lo cifra entre el 11% y el 15%. El deterioro de las condiciones económicas también repercute en el empleo. Entre los autónomos que tienen trabajadores contratados, que representan el 40,2% de la muestra, el 75,4% ha mantenido sus plantillas durante los últimos doce meses. Sin embargo, el porcentaje de quienes han reducido personal ha aumentado hasta el 13%, frente al 10% del trimestre anterior. Por su parte, el 11,5% ha ampliado sus equipos. Las previsiones de contratación para el resto del año reflejan una actitud prudente. El 71,7% de los autónomos con empleados prevé mantener sus plantillas, mientras que el 6,4% contempla prescindir de trabajadores si las ventas no evolucionan favorablemente. Solo el 7,5% considera contratar nuevo personal: un 2% ya tiene previstas las incorporaciones y un 5,5% las contempla como una posibilidad. A estas dificultades se suma la escasez de trabajadores cualificados. El 59,2% de los autónomos consultados no ha buscado empleados recientemente. Entre el 40,8% que sí ha intentado contratar, el 35% se ha encontrado con obstáculos importantes: el 18,9% no ha conseguido cubrir las vacantes y el 16,1% ha necesitado mucho más tiempo de lo habitual para encontrar candidatos. Solo el 5,8% afirma haber podido realizar las contrataciones con normalidad. Estos resultados reflejan las dificultades que afrontan muchos pequeños negocios para encontrar personal adecuado, incluso en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de sus ingresos y sus necesidades de empleo.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno suaviza las exigencias de renovables a los centros de datos

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del proyecto de decreto destinado a regular los centros de datos. El texto ha generado decepción entre las empresas del sector, que confiaban en que se revisaran de forma sustancial las condiciones más controvertidas planteadas inicialmente, especialmente las impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen. Aunque el nuevo borrador incorpora algunas modificaciones que, en apariencia, reducen las exigencias, mantiene los aspectos que más preocupan a los promotores. Las empresas advierten de que estas condiciones podrían comprometer la viabilidad de futuros proyectos de centros de datos en España. Según Spain DC, la asociación que representa a las compañías promotoras de estas instalaciones, las inversiones previstas para el periodo comprendido entre 2026 y 2030 alcanzaban hasta ahora los 67.000 millones de euros. La aplicación de la nueva normativa podría poner en riesgo hasta el 90% de esa inversión, que podría trasladarse a otros mercados, como Portugal o Francia. Aunque el sector todavía no ha podido analizar en detalle el documento, conocido anoche, las primeras valoraciones de algunos de los principales promotores apuntan a que se mantienen los requisitos que resultan más complejos y costosos de cumplir. Uno de los principales puntos de fricción es la obligación de cubrir con energía renovable hasta el 80% del consumo de cada centro de datos, con la exigencia de demostrar ese cumplimiento hora a hora. Esta condición dificulta especialmente el suministro durante la noche, cuando no existe generación solar, y obliga a disponer de una capacidad renovable superior a la demanda habitual, además de instalar baterías que permitan almacenar la energía y garantizar el suministro de forma continuada. Según las empresas, estas necesidades incrementan considerablemente los costes y pueden hacer inviables numerosos proyectos. La nueva propuesta contempla una aplicación gradual de esta obligación, con un periodo transitorio de cinco años. De este modo, el porcentaje de energía renovable exigido sería del 60% hasta el 31 de diciembre de 2028 y del 70% durante los años 2029, 2030 y 2031, antes de alcanzar el objetivo general del 80%. Sin embargo, los promotores consideran que esta modificación no resuelve el problema de fondo, ya que se mantiene la obligación de acreditar la cobertura renovable en cada hora. Esto les obliga a dimensionar las instalaciones para responder a las necesidades energéticas en los momentos de menor generación, especialmente durante la noche. A esta dificultad se añade la obligación de incorporarse a un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) para poder acogerse al régimen transitorio. Este mecanismo permite al operador del sistema desconectar automáticamente los centros de datos cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento de la red eléctrica. Las empresas advierten de que estas interrupciones podrían obligarlas a recurrir con frecuencia a grupos electrógenos alimentados por gasóleo para mantener la actividad. Además de las emisiones de CO2, estos equipos generan ruido, lo que puede ocasionar problemas en instalaciones situadas en entornos urbanos y próximas a viviendas. La remisión del proyecto al Consejo de Estado también refleja la intención del Ejecutivo de cumplir su compromiso de aprobar el decreto antes de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Así lo había anunciado semanas atrás el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. No obstante, el sector considera que no existe una situación en el desarrollo de los centros de datos ni en su marco regulatorio que justifique acelerar de esta manera la tramitación. Entre las modificaciones introducidas figura la elevación del umbral de consumo a partir del cual se aplicará la normativa. La nueva versión establece que afectará a los centros de datos con una demanda eléctrica de al menos 10 megavatios (MW), frente al límite inicial de 1 MW. Este cambio permitiría excluir de las restricciones a instalaciones más pequeñas, muchas de ellas orientadas a prestar servicios a pequeñas y medianas empresas. También se ha ampliado la antigüedad máxima permitida para las instalaciones renovables destinadas a suministrar energía a los centros de datos. El borrador inicial fijaba el límite en 18 meses, con el objetivo de fomentar nueva capacidad de generación renovable adicional. La nueva propuesta eleva ese plazo a 36 meses. Los promotores, sin embargo, consideran que esta flexibilización sigue siendo insuficiente. A su juicio, no debería impedirse el aprovechamiento de la energía procedente de instalaciones renovables más antiguas, especialmente cuando algunas plantas se ven obligadas a desaprovechar parte de su producción por falta de demanda.

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(Expansión, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La AEPD no puede exigir intereses por sanciones suspendidas por un juez

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no puede exigir el pago de intereses de demora por el periodo durante el cual una sanción permanece suspendida cautelarmente por decisión judicial. Así lo ha determinado la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso presentado por la empresa Meydis frente al intento del organismo de cobrar un importe adicional por este concepto. El procedimiento se inició a raíz de varias multas impuestas por la AEPD a la compañía. Tras recurrir las sanciones ante los tribunales, Meydis obtuvo la suspensión cautelar de su ejecución y cobro por parte de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el organismo dictó posteriormente una resolución para liquidar los intereses de demora correspondientes a todo el tiempo en que las multas habían permanecido paralizadas por orden judicial. En su sentencia, los magistrados señalan que los intereses de demora tienen como finalidad compensar las consecuencias de no disponer de unas cantidades cuyo pago resulta exigible. Sin embargo, consideran que este fundamento desaparece cuando la ejecución de la sanción ha quedado suspendida cautelarmente. Al no ser exigible la deuda durante ese periodo, tampoco procede reclamar intereses por el mismo. La resolución también descarta que la AEPD pueda recurrir a la normativa tributaria para justificar el cobro, puesto que las multas en materia de protección de datos tienen naturaleza sancionadora y no fiscal. Los jueces subrayan que no existe una disposición legal que contemple el devengo de intereses durante la suspensión cautelar de estas sanciones, por lo que su exigencia vulneraría el principio de legalidad y la interpretación restrictiva que debe aplicarse en el ámbito del derecho sancionador. La Audiencia Nacional advierte, además, de que aceptar el criterio defendido por el organismo limitaría la efectividad de las medidas cautelares acordadas por los tribunales. El cobro de intereses durante el periodo de suspensión supondría un perjuicio adicional para quienes han obtenido esa protección judicial y podría desincentivar la presentación de recursos contra las sanciones administrativas. En consecuencia, el tribunal ha estimado el recurso de Meydis, representada legalmente por Ernesto José Muñoz, de Picón & Asociados, con la colaboración de Ignacio Arráez, socio fundador y responsable del área de derecho fiscal de Maio Legal. La sentencia anula íntegramente la liquidación de intereses e impone las costas a la AEPD, que todavía puede recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

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(El País, 27-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda vuelve a crecer en agosto, pero acumula una caída anual del 2,3%

El mercado de la vivienda mantuvo su fortaleza en agosto, con un total de 49.319 compraventas, un 3,4% más que en el mismo mes de 2025. No obstante, las operaciones descendieron un 19,7% respecto a julio, una caída habitual durante el periodo estival. Pese a esta moderación mensual, el sector continúa registrando niveles elevados de actividad, incluso en un contexto marcado por el encarecimiento de los inmuebles y las dificultades de acceso a la vivienda. Entre enero y agosto se contabilizaron 458.200 compraventas, un 2,3% menos que en los ocho primeros meses del año anterior, lo que supone 10.894 operaciones menos. Este retroceso moderado se produce después de un ejercicio excepcional, en el que las transacciones alcanzaron cifras que no se registraban desde los años anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. Los datos de 2026 siguen reflejando, por tanto, una demanda sólida, aunque con menor dinamismo que en el ejercicio precedente. La actividad hipotecaria también mantuvo una evolución positiva en términos interanuales. En agosto se formalizaron 33.841 préstamos para la adquisición de vivienda, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, frente a julio, la firma de hipotecas retrocedió un 22%, en línea con la desaceleración estacional de las operaciones inmobiliarias durante las vacaciones de verano, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución del mercado fue desigual entre comunidades autónomas. Extremadura encabezó los incrementos de las compraventas, con un avance interanual del 32,1%, hasta las 1.152 operaciones. También destacaron Cantabria, con un crecimiento del 21,7%, y la Región de Murcia, con un 12,6%. Aragón registró un aumento del 11,2%, mientras que Asturias y Cataluña anotaron avances del 10,4% y el 10,3%, respectivamente. Cataluña contabilizó 8.407 compraventas y la Comunidad Valenciana, 7.571, con incrementos del 10,3% y el 5,7%. En el País Vasco, las operaciones aumentaron un 4,8%, hasta las 1.917, mientras que Andalucía registró 9.427 transacciones, un 0,7% más que un año antes. En el extremo contrario, La Rioja experimentó el mayor descenso, con una caída del 19%, seguida de Castilla-La Mancha, con un retroceso del 9,4%, y Castilla y León, con una disminución del 7,1%. En la Comunidad de Madrid se formalizaron 5.119 compraventas, un 2,6% menos que en agosto de 2025. El encarecimiento de la financiación solicitada constituye otro de los rasgos destacados de la evolución del mercado. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas alcanzó en agosto los 181.285 euros, un 7,7% más que un año antes, lo que representa unos 13.000 euros adicionales. En comparación con julio, el incremento fue del 0,3%. Estas cifras reflejan que los compradores necesitan recurrir a préstamos de mayor cuantía, en un escenario en el que el aumento de los precios inmobiliarios eleva el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda. Por territorios, Extremadura volvió a destacar por el crecimiento de la financiación hipotecaria, con un aumento interanual del 41,8% en el número de préstamos formalizados. Navarra registró un avance del 23,2%, mientras que la Comunidad Valenciana experimentó un incremento del 11,8%. En Cataluña, las hipotecas aumentaron un 9,1%, hasta alcanzar las 6.248 operaciones. En conjunto, los datos de agosto muestran que el mercado inmobiliario español continúa manteniendo un elevado volumen de actividad, pese a la moderación registrada en el acumulado anual. El crecimiento de las compraventas y de las hipotecas en términos interanuales confirma la resistencia de la demanda, aunque el aumento de los importes financiados y las dificultades para acceder a una vivienda siguen condicionando la evolución del sector.

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(El País, 26-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto complementario a las multinacionales solo recauda 46 millones en su primer ejercicio

Los cambios introducidos en los últimos años en la fiscalidad de las grandes empresas han tenido un alcance mucho menor del que se esperaba inicialmente. El entusiasmo generado en 2021, cuando cerca de 140 países pactaron fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores multinacionales, fue perdiendo fuerza a medida que el acuerdo político debía convertirse en legislación y surgían obstáculos para su aplicación. España es un ejemplo de estas dificultades. El impuesto complementario creado para garantizar que las grandes corporaciones tributen al menos un 15% de sus beneficios apenas había recaudado 46 millones de euros hasta agosto de 2026, pese a que las previsiones iniciales apuntaban a unos ingresos de miles de millones, calculados a partir de las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de que se redujera la ambición del proyecto internacional. La iniciativa surgió para actualizar unas normas fiscales internacionales consideradas obsoletas y frenar la competencia entre países por ofrecer condiciones tributarias cada vez más favorables. El objetivo era dificultar que las grandes corporaciones trasladaran sus beneficios a territorios con una fiscalidad reducida o inexistente para disminuir los impuestos que pagan. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCDE acabaron estancándose y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca terminó de debilitar el acuerdo. Después de varios cambios y negociaciones, el resultado ha sido un tipo mínimo del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros, dentro del denominado Pilar Dos. Su aplicación ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, como reflejan los datos de 2026, primer ejercicio en el que se abona este impuesto, aunque su cálculo se basa en los resultados de 2024. Las numerosas exenciones incorporadas al sistema han reducido su alcance y, además, las multinacionales estadounidenses han quedado finalmente fuera del gravamen. El otro componente del acuerdo, conocido como Pilar Uno, pretendía redistribuir una parte de los beneficios de los mayores grupos internacionales entre los países en los que desarrollan su actividad, pero permanece paralizado. Ante la posibilidad de que las negociaciones internacionales se prolongaran, España decidió adelantarse y aprobó en 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros en territorio nacional. No obstante, el Gobierno anunció que adaptaría esta figura a las condiciones que finalmente se acordaran en el ámbito internacional. Dos años después, España incorporó a su legislación la directiva europea que establece el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE. Este gravamen presenta diferencias respecto al impuesto mínimo nacional, ya que se calcula sobre el resultado contable, una magnitud más próxima al beneficio neto que a la base imponible fiscal, y afecta a los grupos multinacionales con una facturación global superior a 750 millones de euros. Además, se articula mediante tres modalidades complementarias. La primera es el impuesto complementario nacional, por el que las entidades de grupos nacionales o multinacionales que tributen en España a un tipo efectivo inferior al 15% deben abonar la cantidad necesaria para alcanzar ese umbral. La segunda modalidad, denominada impuesto complementario primario, obliga a la sociedad matriz de un grupo multinacional ubicada en España a pagar la diferencia cuando alguna de sus filiales extranjeras tribute por debajo del tipo mínimo establecido. La tercera, el impuesto complementario secundario, permite recaudar el impuesto pendiente correspondiente a filiales de grupos extranjeros situadas en España cuando sus beneficios no hayan soportado una tributación suficiente en el país de origen.

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(El Economista, 26-10-2026) | Fiscal

Hacienda congela cerca de 23.000 millones de los municipios para vivienda

Los ayuntamientos acogieron favorablemente la decisión del Gobierno de permitirles destinar sus superávits y remanentes de tesorería a nuevas inversiones. Sin embargo, la puesta en práctica de esta medida está encontrando importantes obstáculos burocráticos. Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Hacienda todavía no ha establecido las normas que deben regular el uso de los aproximadamente 23.000 millones de euros acumulados por las entidades locales en remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre cuyos posibles destinos destaca la construcción de vivienda social. La FEMP ha solicitado en varias ocasiones al departamento ministerial que defina un marco normativo con las condiciones y los requisitos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos. Por ahora, la Federación asegura que no ha obtenido respuesta. La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado en suspenso una cuestión que considera prioritaria para los gobiernos locales, especialmente por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Desde la organización recuerdan que los municipios podrían contribuir a aliviar este problema si se les permite utilizar los ahorros acumulados. Ante la proximidad de las elecciones, previstas para el próximo 29 de noviembre, la Federación considera que una solución podría pasar por aprobar un real decreto-ley urgente, que tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, podría contar con el respaldo del PP. Esta vía permitiría desbloquear los fondos acumulados durante casi cinco años y destinarlos a atender necesidades sociales. La postura de los representantes municipales es clara: si las administraciones locales disponen de recursos propios, deben poder invertirlos. Los ayuntamientos han acumulado superávits cuando sus ingresos han superado los gastos y remanentes de tesorería que reflejan la liquidez disponible al cierre de cada ejercicio. La FEMP calcula que estos últimos ascienden a unos 23.000 millones de euros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad de las entidades locales para endeudarse, pero sus representantes consideran que esta restricción no debería impedirles utilizar los recursos que han conseguido ahorrar. A su juicio, no tiene sentido mantener ese dinero inmovilizado cuando existen necesidades que requieren financiación. La Federación, que representa al 95% de los gobiernos locales españoles, denuncia que la falta de respuesta de Hacienda se prolonga desde el año pasado. En 2025, la organización remitió varias solicitudes al Ministerio, dirigido entonces por María Jesús Montero, sin conseguir avances. Dos de ellas estaban relacionadas con el real decreto-ley que recogía medidas urgentes frente a los aranceles comerciales y otras dos abordaban específicamente el destino del superávit de 2024 y la posibilidad de realizar inversiones financieras sostenibles. En aquel momento, el Gobierno todavía no había autorizado el uso de los excedentes para este tipo de actuaciones. El permiso llegó finalmente en diciembre de 2025 y se extendió hasta el ejercicio 2027, incluido. Ahora, la reclamación de la FEMP se centra en establecer un procedimiento legal que permita movilizar los 23.000 millones de euros de remanentes de tesorería y concretar cómo pueden invertirse. Una parte importante de estos fondos podría destinarse a promover viviendas sociales en los municipios. Las inversiones financieramente sostenibles que pueden ejecutar las entidades locales abarcan numerosas áreas. Entre ellas figuran las redes de alcantarillado, el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, la modernización de los sistemas productivos, las infraestructuras de transporte, los centros educativos, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos y los servicios vinculados a la sociedad de la información. Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda las partidas a las que pretenden destinar el dinero y, cuando las cantidades previstas son especialmente elevadas, necesitan obtener autorización ministerial. La FEMP teme que la convocatoria electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen nuevos retrasos en la ejecución de los proyectos. La preocupación es especialmente significativa en el ámbito de la vivienda, ya que la construcción de nuevas promociones requiere una planificación prolongada y unos plazos de ejecución más amplios que otras inversiones. La Federación también considera insuficiente el periodo habilitado para utilizar los recursos acumulados. Las competencias municipales en materia de vivienda incluyen la clasificación del suelo, la concesión de licencias, la gestión de terrenos públicos y la promoción y administración de viviendas protegidas de titularidad municipal. Para desarrollar estas actuaciones es necesario completar procedimientos urbanísticos y administrativos que pueden prolongarse durante años, lo que dificulta aprovechar los fondos dentro de un plazo limitado. Por este motivo, la FEMP reclama a Hacienda que amplíe y concrete las condiciones para reinvertir los superávits y los remanentes. El real decreto establece que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones locales, deben ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, como la autorización se aprobó en diciembre de 2025, el periodo efectivo para realizar las actuaciones se ha reducido prácticamente a dos años. La organización municipal lleva tiempo solicitando que la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenga carácter indefinido. Esta norma regula el destino de los superávits y los remanentes de tesorería y permitiría canalizar los recursos hacia inversiones sin tener que depender de autorizaciones temporales vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según la FEMP, tampoco ha recibido respuesta a esta petición. La mayoría de los ayuntamientos quiere aprovechar sus ahorros y los excedentes presupuestarios para impulsar la construcción de vivienda, ante las dificultades de acceso que afrontan numerosos ciudadanos. Sin embargo, la falta de un marco estable y los plazos administrativos actuales complican la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal apenas suma 318.000 unidades, lo que equivale aproximadamente al 1,7% de los hogares españoles. Los expertos advierten de que el desafío no se limita a financiar la construcción de nuevas viviendas, sino que también exige disponer de los medios humanos y materiales necesarios para gestionarlas y mantenerlas a largo plazo. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor proporción de vivienda pública construida. La posibilidad de utilizar los remanentes municipales podría contribuir a reducir esta carencia, siempre que las administraciones locales puedan disponer de sus recursos sin trabas adicionales. Desde la FEMP insisten en que, en lugar de prolongar los procedimientos, las autoridades deberían facilitar la inversión para que los proyectos puedan materializarse y dar respuesta a la necesidad de vivienda.

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(Expansión, 26-10-2026) | Laboral

Más de 3,6 millones de trabajadores tienen blindado el sueldo ante la escalada del IPC

Las empresas cuyos convenios colectivos incluyen cláusulas de garantía salarial tendrán que aplicar una subida adicional cercana al 1% para compensar el encarecimiento de los precios, en un contexto en el que la inflación media anual podría situarse en torno al 4%. El repunte de la inflación está incrementando la presión sobre los costes empresariales. A las subidas de los gastos de producción derivadas del encarecimiento de la energía y los combustibles se sumarán nuevos incrementos de los costes laborales. Entre ellos figuran la próxima actualización del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno volverá a elevar por encima del IPC, y las revisiones salariales que se están trasladando a los convenios colectivos. En este escenario confluyen dos factores. Por una parte, los convenios firmados más recientemente contemplan incrementos salariales superiores a la media, con una subida del 3,6%. Por otra, el aumento de las cláusulas de garantía salarial obligará a numerosas empresas a compensar a sus plantillas por la evolución de los precios. Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al cierre de septiembre, 3,64 millones de asalariados cuentan con esta protección, que les permitirá recibir un incremento adicional de sus retribuciones. Este colectivo representa el 19% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pero supone el 39% de los 9,32 millones de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Además, el número de beneficiarios de estas cláusulas ha aumentado un 12,9% respecto al año anterior, con 416.039 trabajadores más. El crecimiento es especialmente significativo entre los empleados cuyas cláusulas de revisión salarial tienen efectos retroactivos. Este grupo alcanza los 1,3 millones de personas, un 39% más que en el ejercicio anterior, lo que equivale a 367.459 trabajadores adicionales. Por su parte, 2,33 millones de asalariados cuentan con garantías sin retroactividad, un 2,13% más que el año pasado, con un incremento de 48.580 personas. Por sectores, los servicios concentran el mayor número de trabajadores protegidos por estas cláusulas, con 1,57 millones, el 43,3% del total. La industria ocupa el segundo lugar, con 1,33 millones de empleados, equivalentes al 36,6%. La construcción suma 721.525 trabajadores, el 19,8%, mientras que el sector agrario apenas registra 9.265 personas protegidas, un 0,2%. La distribución cambia en función de si la revisión salarial tiene efectos retroactivos. En esta modalidad, que representa el 36% de los trabajadores amparados por cláusulas de garantía, los servicios reúnen el 22,8% del total y la industria, el 12,4%. La construcción y la agricultura tienen una presencia mucho menor, con un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. Las cláusulas sin retroactividad son mayoritarias y protegen al 64% de los asalariados incluidos en este sistema, unos 2,33 millones de personas. En este grupo destaca la industria, que concentra el 24% del total de trabajadores con garantía salarial, seguida de los servicios, con el 20,5%, y la construcción, con el 19,2%. El peso del sector agrario vuelve a ser residual, con apenas un 0,1%. Con una subida salarial media pactada en convenio del 3% y una inflación anual que podría aproximarse al 4%, la patronal estima que las cláusulas de garantía supondrán un incremento adicional medio de alrededor de un punto porcentual. No obstante, fuentes empresariales señalan que en numerosos convenios estas revisiones están sujetas a límites, aunque reconocen que implicarán un esfuerzo económico para las compañías, que deberán compensar a sus trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Desde Confemetal explican que estos mecanismos permiten actualizar automáticamente las tablas salariales cuando la inflación supera los incrementos acordados, lo que garantiza una revisión adicional de las remuneraciones de cientos de miles de trabajadores. En la industria del metal, en concreto, hay 40 convenios colectivos con efectos económicos en 2026, de los cuales 25 incluyen cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios. Estas disposiciones afectan a unos 870.000 trabajadores, frente a un total de 1,3 millones de empleados cubiertos por convenios colectivos en el sector. La presión inflacionista también se refleja en las condiciones pactadas en los nuevos acuerdos laborales. Los convenios firmados durante 2026 establecen una subida salarial media del 3,6%, seis décimas por encima del promedio correspondiente al conjunto de los acuerdos con efectos económicos este año. Además, numerosos convenios contemplan incrementos superiores. A finales de septiembre, un total de 866 convenios que afectan a 2,97 millones de trabajadores recogían aumentos salariales medios del 4,04%, aproximadamente un punto por encima de la media general. Estos acuerdos abarcan al 31% de los empleados cubiertos por la negociación colectiva.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

España sufre más muertes en el trabajo que la media de la UE y se aleja de los países más seguros

España registró en 2024 una tasa de 1,89 muertes por accidente laboral por cada 100.000 ocupados, según los últimos datos publicados por Eurostat. El indicador empeoró respecto al año anterior, cuando se situó en 1,71, y se alejó de la media de la Unión Europea, que fue de 1,65. La evolución contrasta con la de algunos de los países europeos con menor siniestralidad, como Alemania, donde la tasa descendió de 0,71 a 0,64, y Países Bajos, que pasó de 0,38 a 0,32. Estas cifras han despertado la preocupación de los sindicatos españoles, que reclaman al Gobierno que impulse la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales comprometida hace meses. La incidencia de los accidentes mortales en España supera la de varias de las principales economías europeas. Además de Alemania y Países Bajos, el país presenta peores resultados que Suecia, con 0,75 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, Luxemburgo y Bélgica, ambos con 0,94, y Dinamarca, con 1,02. En el extremo contrario se encuentran países como Croacia, con una tasa de 2,79; Rumanía, con 2,83, y Bulgaria, con 3,08. Francia vuelve a registrar el peor dato de la Unión Europea, con 3,61 muertes por cada 100.000 trabajadores. Una de las explicaciones habituales de los expertos en salud laboral es la composición del tejido productivo español, en el que tienen un peso relevante actividades con mayores riesgos, como la construcción, la minería y el sector agrario. Sin embargo, las cifras desglosadas por ramas de actividad muestran que esta circunstancia no explica por sí sola la diferencia con el promedio comunitario. En varios de los sectores más peligrosos, la tasa de accidentes mortales también es superior en España a la registrada en el conjunto de la UE. La minería es uno de los ejemplos más claros: en España se contabilizan 13,99 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 8,74 de la media europea. En el suministro de energía, la tasa española alcanza los 7,5, mientras que en la UE se sitúa en 2,3. También existen diferencias significativas en el transporte, con 7,47 muertes en España frente a 4,84 en el conjunto comunitario, y en la agricultura, donde los índices son de 6,48 y 5,51, respectivamente. En la construcción, la incidencia española llega a 7,69 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 6,13 de la UE. Este último sector preocupa especialmente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO, quien advierte de que, aunque la siniestralidad está mejorando en numerosas actividades, la construcción no sigue la misma evolución. El representante sindical considera prioritario reforzar las condiciones de seguridad y salud en las obras y señala que el sector concentra a trabajadores inmigrantes que, en ocasiones, desempeñan su actividad en condiciones de escasa protección. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto fallecieron 120 trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. La cifra representa aproximadamente un tercio de las muertes registradas, pese a que esta actividad ocupa al 7% de los afiliados a la Seguridad Social. Desde UGT, su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también expresa su preocupación por la posición de España respecto a la media europea. La dirigente sindical reclama una normativa comunitaria que establezca requisitos mínimos más exigentes para proteger la salud de los trabajadores. Asimismo, considera que la legislación española debe adaptarse a riesgos que han ganado importancia, como el envejecimiento, el sedentarismo, la digitalización, el cambio climático y los problemas de salud mental. Para actualizar el marco normativo, Ruiz pide al Gobierno que retome la tramitación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales acordado en enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de dos años de negociaciones. La reforma contempla, entre otras medidas, un refuerzo de la vigilancia preventiva en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra una parte importante de los accidentes laborales. También incorpora actuaciones relacionadas con los efectos de la emergencia climática, el estrés laboral y las diferencias de género en materia de salud y seguridad. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el proyecto. Los sindicatos instan al Ejecutivo a acelerar su aprobación y recuerdan que una parte de las muertes en el trabajo podría evitarse mediante mejores medidas de prevención. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura en abril, pero la norma estaba pendiente de regresar al gabinete antes de su remisión al Parlamento. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han complicado el proceso, aunque formalmente el Gobierno todavía podría recurrir a la Diputación Permanente si justifica la urgencia de la iniciativa. Sanz, que participó en la negociación del texto en representación de CC OO, critica que la reforma aún no haya llegado al poder legislativo. A su juicio, el retraso demuestra que la prevención de riesgos laborales no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo. Paralelamente, avanza la propuesta de permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con elevados índices de peligrosidad o mortalidad. Esta posibilidad ya existe para colectivos como los mineros, los bomberos forestales, los policías autonómicos y los trabajadores del mar. Entre los grupos que aspiran a acceder a ella destacan los camioneros, después de que la Seguridad Social reconociera en un informe la elevada mortalidad asociada a su actividad. Los sindicatos también han solicitado formalmente la jubilación anticipada para los conductores de autobús, los trabajadores de la construcción y las empleadas de ayuda a domicilio. A estos colectivos podrían sumarse próximamente los trabajadores de la limpieza de hoteles, que también prevén impulsar esta reivindicación.

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(El País, 26-10-2026) | Laboral

La industria pone coto a completar el salario a los trabajadores de baja

La negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales para reformar la gestión de las bajas laborales ha quedado suspendida tras el adelanto electoral. Mientras tanto, el aumento continuado de la incapacidad temporal ha llevado a distintos sectores a adoptar medidas propias. Es el caso de la industria del metal, cuyos convenios provinciales están introduciendo restricciones a los complementos salariales que reciben los trabajadores durante los periodos de baja médica. Aunque esta tendencia también se observa en otras actividades, la dimensión de la negociación colectiva del metal, que comprende alrededor de 220.000 empresas y más de dos millones de trabajadores, convierte al sector en un referente para analizar las medidas destinadas a contener el absentismo laboral. Los convenios colectivos del metal están limitando especialmente los complementos por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, es decir, de enfermedades o accidentes no laborales. Según un estudio de Confemetal correspondiente al periodo 2021-2024, cada día faltan al trabajo por esta causa más de 140.000 personas de los 2,7 millones de ocupados del sector. El coste de estas ausencias aumentó más de un 90% durante el periodo analizado, hasta acercarse a los 2.900 millones de euros en 2024. Asimismo, el número de procesos de baja iniciados pasó de 17 por cada 1.000 trabajadores en 2021 a 31 en 2024, un incremento del 83%. Ante esta evolución, la negociación colectiva está incorporando fórmulas para reducir las compensaciones salariales que las empresas abonan durante las bajas médicas, sobre todo cuando se deben a enfermedades comunes. La legislación establece que la prestación por incapacidad temporal no cubre inicialmente la totalidad del salario. En estos casos, el trabajador no percibe prestación durante los tres primeros días; recibe el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del día 21. Cuando la baja se debe a un accidente laboral o a una enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. Tradicionalmente, muchos convenios colectivos de distintos sectores han establecido complementos empresariales para elevar estas prestaciones hasta el 100% del salario. Sin embargo, los acuerdos del metal están limitando progresivamente estas mejoras. El análisis de Confemetal sobre los convenios de 2025, que incluye también acuerdos con efectos en 2026, muestra que numerosos pactos restringen el complemento hasta el salario íntegro a periodos de entre 100 y 200 días. Para ello, algunos reducen el porcentaje que debe aportar la empresa, mientras que otros retrasan el momento a partir del cual se aplica la compensación. Las condiciones varían según la provincia. En Burgos, el convenio del metal contempla el pago del 60% del salario durante los tres primeros días de baja y retrasa el complemento hasta el 100% hasta que se supera el día 30. En Castellón, la obligación empresarial de completar el salario desaparece a partir del día 70 de incapacidad temporal. En Ourense, el trabajador percibe el 60% del salario durante los tres primeros días de la primera baja anual por enfermedad común y no alcanza el 100% hasta que transcurren nueve meses de incapacidad temporal. También existen convenios que reducen los complementos cuando se repiten las bajas a lo largo del mismo año. En Málaga, por ejemplo, se abona un complemento equivalente al 50% durante los tres primeros días de enfermedad común en las dos primeras bajas anuales, pero esta mejora deja de aplicarse a partir de la tercera. En Segovia, el complemento se limita al 75% durante los primeros quince días desde la segunda baja registrada en el mismo año natural. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de mecanismos incluidos en la negociación colectiva para contener las ausencias laborales. Entre ellos figuran los complementos o premios de asistencia, diseñados para incentivar la presencia efectiva de los trabajadores en sus puestos. No obstante, varias sentencias del Tribunal Supremo dictadas en 2025 y 2026 han acotado las condiciones en las que pueden aplicarse estos incentivos. La legalidad de los complementos de asistencia depende de las ausencias que se tengan en cuenta para calcularlos. Según fuentes empresariales del sector, los convenios pueden vincular estas mejoras a factores como la puntualidad, la ausencia de faltas injustificadas, la disponibilidad o el cumplimiento de objetivos de presencia efectiva. Sin embargo, la doctrina del alto tribunal establece que estos incentivos no pueden penalizar determinadas ausencias protegidas legalmente. Entre ellas se encuentran las bajas por incapacidad temporal, tanto si derivan de contingencias profesionales como de enfermedades comunes, así como las ausencias relacionadas con permisos de conciliación, cuidados o maternidad. De este modo, las empresas pueden recurrir a incentivos para reducir el absentismo, pero deben hacerlo respetando los derechos laborales reconocidos por la normativa.

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