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(El Economista, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda desacelera: el precio en las grandes ciudades subirá un 7% este año, la mitad que en 2025

El mercado de la vivienda en España comienza a mostrar signos de un cambio de etapa, con un crecimiento de precios que previsiblemente perderá intensidad. Tras un periodo de fuertes incrementos, las previsiones apuntan a que en 2026 el encarecimiento se moderará. Después de subidas de dos dígitos en las principales ciudades -como el 18,9% registrado en Madrid o el 14,5% en Barcelona- se espera que el aumento medio ronde el 7%, aproximadamente la mitad del ritmo observado en 2025, según los cálculos de la consultora Gloval Analytics. Para el conjunto del país, la firma prevé que el precio de la vivienda crezca entre el 5,6% y el 8,4%. En concreto, el incremento estimado para Madrid se sitúa en torno al 6,9%, mientras que en Barcelona podría alcanzar aproximadamente el 7,1%. Estas previsiones se basan en un escenario macroeconómico relativamente estable y coherente con las estimaciones del Banco de España sobre la evolución de la economía y el empleo. La institución anticipa que el PIB continuará creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más moderado que el registrado recientemente. La desaceleración prevista en el crecimiento de los precios llega después de un 2025 especialmente dinámico para el sector inmobiliario. En Madrid, el precio medio de la vivienda alcanzó los 5.218 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento interanual del 18,9% y un crecimiento trimestral del 2,8%. En su área metropolitana, el valor medio se situó en 3.468 euros por metro cuadrado, un 18,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Barcelona también experimentó importantes incrementos, aunque algo inferiores a los de la capital. El precio medio en la ciudad se situó en 4.599 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 14,5% y un aumento trimestral del 1,5%. En el conjunto del área metropolitana, el precio medio alcanzó los 3.067 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 10,6% respecto al año anterior. Uno de los rasgos más destacados del último año ha sido la extensión de las subidas a casi todos los municipios de las áreas metropolitanas. En el caso de Madrid, el aumento de los precios ha sido especialmente intenso en varias localidades del cinturón metropolitano, donde incluso ha superado el ritmo de encarecimiento de la capital. Entre los municipios con mayores incrementos destacan Fuenlabrada, con un aumento del 25,5%, Móstoles, con un 23,4%, Coslada, con un 21,4%, y Leganés, donde el precio de la vivienda subió un 20,7%. Según el informe de Gloval, estos datos evidencian que la presión de la demanda se está desplazando hacia zonas periféricas debido al elevado coste de la vivienda en el centro de las grandes ciudades. Si se analizan los precios en términos absolutos, los municipios más caros del entorno madrileño siguen siendo Pozuelo de Alarcón, con 4.954 euros por metro cuadrado, Alcobendas, con 4.490 euros, y Majadahonda, con 4.446 euros, consolidándose como algunos de los mercados residenciales más exclusivos del área metropolitana. En Barcelona, el encarecimiento también se ha generalizado en los municipios del área metropolitana. Los mayores aumentos se han registrado en Badalona (18,1%), Sant Adrià de Besòs (17,2%) y Santa Coloma de Gramenet (16,3%), lo que confirma la expansión del crecimiento de los precios hacia el cinturón urbano. Este comportamiento del mercado se produce en un entorno económico que continúa siendo favorable para el sector inmobiliario, apoyado por una evolución positiva del crédito hipotecario. Durante el último trimestre de 2025, las nuevas operaciones de financiación concedidas a los hogares alcanzaron 22.317 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 18,57%. En el conjunto del año, el crecimiento superó el 21%. No obstante, algunos indicadores empiezan a reflejar cierta desaceleración en la actividad del mercado. En el área metropolitana de Madrid, el número de viviendas transmitidas descendió un 9,62% respecto al año anterior, mientras que en Barcelona la variación fue prácticamente nula, con una ligera caída del 0,06%. Para Roberto Rey, presidente y consejero delegado de Gloval, estos datos reflejan la solidez estructural del mercado residencial español. Según explica, la demanda sigue superando claramente a la oferta disponible, lo que continúa impulsando los precios, especialmente en las grandes áreas urbanas. En este contexto, los expertos anticipan que el mercado podría entrar en una fase de crecimiento más equilibrado. La escasez de vivienda, sobre todo en las principales ciudades, seguirá presionando los precios al alza, aunque el ritmo de subida tenderá previsiblemente a moderarse a medida que el mercado se adapte a un entorno económico más estable.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Gobierno baraja rebajas fiscales a la luz pero busca alternativas a la bonificación sobre el litro de carburante

El Gobierno está preparando un plan para hacer frente a las consecuencias económicas que el conflicto en Oriente Próximo puede tener en España. Este plan incluirá medidas fiscales destinadas a frenar el aumento de los precios de la energía, así como acciones concretas para reducir el impacto del encarecimiento de los carburantes, prestando especial atención a sectores como el agrícola y el transporte. También contempla recuperar parte del llamado escudo social y activar mecanismos para proteger el empleo. Así lo explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con empresarios y sindicatos para analizar posibles medidas, que el Ejecutivo pretende aprobar "en los próximos días" con la mayor rapidez posible, aunque no precisó si será en el Consejo de Ministros del próximo martes. Durante su intervención, Cuerpo quiso transmitir un mensaje de calma a la población y aseguró que la situación actual está lejos de la vivida en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según indicó, España llega a este momento con una mayor preparación en materia de seguridad energética, gracias a su apuesta por las energías renovables, la electrificación de la economía, la diversificación de fuentes de suministro y el desarrollo de infraestructuras como redes de transporte energético, refinerías o plantas de regasificación. El ministro detalló que el plan del Gobierno se estructurará en cuatro grandes bloques. El primero incluirá medidas fiscales dirigidas a reducir el coste de la electricidad y de la energía, siguiendo el modelo de algunas decisiones adoptadas durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, cuando se rebajaron impuestos relacionados con la electricidad. El segundo bloque estará enfocado en mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, en sectores como el agrícola, el transporte por carretera y la logística, que son los más afectados. En este sentido, Cuerpo señaló que, tras consultar con agentes sociales y sectores implicados, se ha descartado repetir la bonificación general de 20 céntimos por litro aplicada en 2022. En su lugar, el Gobierno estudia fórmulas alternativas que permitan que las ayudas se reflejen de forma más efectiva en los precios finales y garanticen condiciones de competencia. Además, el Ministerio de Economía reforzará la vigilancia de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para comprobar la eficacia de las medidas, se empleará inteligencia artificial que permitirá supervisar los precios aplicados en las cerca de 12.600 estaciones de servicio del país. El tercer bloque del plan contempla recuperar algunas medidas del escudo social que quedaron paralizadas tras ser rechazadas en el Parlamento, como la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables o el mantenimiento del bono social eléctrico. También se prevé activar mecanismos de protección laboral, entre ellos los ERTE, para proteger el empleo en caso de que la situación económica se complique. Por último, el Ejecutivo quiere seguir impulsando su estrategia a largo plazo basada en el desarrollo de energías renovables, la transición ecológica y la electrificación de la economía, que el ministro considera una herramienta clave para reducir el impacto de futuras crisis energéticas. Cuerpo insistió en que la prioridad actual es cerrar cuanto antes un paquete de medidas que responda a las dificultades que ya están experimentando ciudadanos y empresas, incorporando las propuestas de sectores económicos, agentes sociales y grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Irán y sus posibles efectos en la economía mundial, el ministro subrayó que las decisiones deben adoptarse con rigor, responsabilidad y suficiente flexibilidad para adaptarse a cómo evolucione la situación.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Plan de Control de Hacienda para 2026 estrecha el cerco sobre actividades digitales

La Agencia Tributaria reforzará este año su control sobre el uso de los inmuebles, realizará inspecciones en viviendas destinadas al alquiler turístico, supervisará los ingresos del sector de la construcción y pondrá especial atención en ámbitos como las criptomonedas, los neobancos y las plataformas digitales. Las actividades vinculadas al entorno digital y al sector inmobiliario serán los dos principales focos de actuación de Hacienda durante 2026. Así lo establece el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el ámbito digital, la Agencia Tributaria centrará su vigilancia en los criptoactivos, las entidades financieras digitales, los pagos realizados mediante teléfonos móviles y los ingresos procedentes de plataformas online. En el plano físico, el control se intensificará sobre el mercado inmobiliario, la construcción y las viviendas destinadas al alquiler vacacional. Todo ello sin dejar de lado otros objetivos como la detección de falsas residencias fiscales, el control de grandes fortunas y multinacionales, el fraude relacionado con hidrocarburos o el uso de sociedades ficticias. Uno de los ejes de la estrategia de control consistirá en recopilar cada mes información sobre la titularidad de cuentas bancarias y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de sistemas de cobro con tarjeta (TPV) o mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, como ocurre con aplicaciones de pago instantáneo. El control sobre las criptomonedas será otra de las prioridades del organismo. Según explica el plan, la naturaleza tecnológica y la facilidad para mover estos activos entre países generan una mayor dificultad para la Administración a la hora de obtener información, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de supervisión y la cooperación internacional. El documento advierte de prácticas que dificultan la identificación de los verdaderos titulares de estos activos digitales, como el uso de plataformas de intercambio situadas en otros países, la utilización de monederos electrónicos no custodiados o las transferencias directas entre carteras personales. Para combatirlo, Hacienda aprovechará las nuevas obligaciones informativas de los contribuyentes y empleará herramientas de seguimiento basadas en tecnología blockchain, con el objetivo de localizar operaciones relevantes y detectar posibles patrimonios no justificados o ingresos no declarados. Dentro del entorno digital, también se impulsarán investigaciones sobre los llamados neobancos, entidades financieras que operan de forma digital y que a menudo utilizan licencias bancarias de otros países de la Unión Europea. El objetivo es evitar que estas plataformas puedan utilizarse para ocultar patrimonio o ingresos. Asimismo, la Agencia Tributaria continuará utilizando sistemas automatizados de información para supervisar los beneficios obtenidos a través de plataformas digitales dedicadas a la compraventa de productos, la prestación de servicios profesionales o el alquiler de viviendas y medios de transporte. En el ámbito inmobiliario, una de las novedades será la estrategia para detectar viviendas turísticas no declaradas. Para ello se elaborará un mapa que clasifique los inmuebles según su uso y se llevarán a cabo inspecciones presenciales para comprobar cómo se utilizan las viviendas en zonas urbanas. Estos planes de visitas permitirán identificar alquileres que se declaran con un uso diferente al real y detectar posibles irregularidades en los arrendamientos turísticos o de temporada. El plan también contempla reforzar la lucha contra el fraude fiscal en empresas con grandes volúmenes de negocio, en personas con patrimonios elevados y en casos de utilización indebida de estructuras societarias. Además, se intensificará la vigilancia sobre sectores económicos en expansión, como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario y de la construcción. Por otro lado, Hacienda reforzará el control sobre las falsas residencias fiscales, tanto en el extranjero como entre distintas comunidades autónomas, en colaboración con las administraciones regionales. En el caso de las grandes fortunas, se investigarán especialmente aquellas situaciones en las que se detecten signos externos de riqueza que no se correspondan con los ingresos declarados. El uso de sociedades pantalla, empresas instrumentales o compañías sin actividad real será objeto de especial vigilancia. Finalmente, las grandes empresas también estarán bajo el foco de la inspección tributaria, especialmente tras la entrada en vigor del nuevo tipo mínimo global del 15% aplicado a grandes corporaciones y multinacionales.

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(El País, 13-03-2026) | Fiscal

Hacienda redoblará el control sobre el fraude en los alquileres de temporada y pisos turísticos

Ante las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda en España, la Agencia Tributaria ha decidido centrar una parte importante de su estrategia de control para 2026 en el mercado inmobiliario, especialmente en los alquileres de temporada y en las viviendas destinadas al uso turístico. El objetivo de Hacienda es detectar inmuebles residenciales cuyo uso real no coincida con el declarado y que, en algunos casos, se presenten como alquiler de vivienda habitual cuando en realidad tienen otros fines. Así se recoge en las Directrices del Plan Anual de Control Tributario publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, los inspectores realizarán visitas de comprobación con el fin de identificar mecanismos o fórmulas legales utilizados para esquivar obligaciones fiscales en este tipo de arrendamientos y aliviar, en la medida de lo posible, la presión existente en el mercado del alquiler. Esta intensificación del control llega en un momento en el que el sector de la construcción está experimentando un repunte tras varios años de menor actividad. Por esta razón, Hacienda ampliará la vigilancia sobre todo el ámbito inmobiliario, abarcando desde la promoción y construcción de viviendas hasta su venta, alquiler e intermediación. Se prestará especial atención a los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales y a las comisiones de las empresas intermediarias para asegurar que el crecimiento del sector se refleje adecuadamente en la recaudación fiscal. La Agencia Tributaria advierte de que el aumento de la actividad inmobiliaria hace necesario reforzar el seguimiento de determinados riesgos fiscales habituales en este sector. Entre ellos menciona la deducción indebida de gastos financieros, el uso excesivo de subcontrataciones o determinadas prácticas en la comercialización e intermediación de inmuebles. Además, se intensificará el control sobre las actividades económicas relacionadas con la vivienda y los alquileres para detectar ingresos no declarados o casos en los que el uso real de los inmuebles difiere del declarado ante la Administración. También se revisarán con especial detalle otras prácticas que pueden generar irregularidades, como la valoración de los inmuebles en operaciones de compraventa, sobre todo cuando intervienen empresas vinculadas o estructuras societarias. De forma paralela, Hacienda mantendrá los planes de visitas a empresas y profesionales de distintos sectores para comprobar aspectos formales y censales de su actividad. Dentro de estas actuaciones, uno de los objetivos será localizar viviendas que, aunque figuren como alquiler residencial, en realidad se destinan a otros usos -como alquiler turístico o temporal- sin haber sido declaradas correctamente. Esta estrategia de control se desarrolla en un contexto marcado por el fuerte aumento del precio de la vivienda y la escasez de oferta en numerosas ciudades españolas. Ante esta situación, distintas administraciones han intensificado la regulación y la supervisión del mercado. En este marco, Hacienda pretende reforzar el control sobre actividades relacionadas con el alquiler vacacional y con nuevas fórmulas de arrendamiento temporal que, según la propia Administración, en ocasiones se utilizan para ocultar ingresos o evitar obligaciones fiscales. El plan de control para 2026 no se limita, sin embargo, al sector inmobiliario. Como en años anteriores, la Agencia Tributaria también incrementará la vigilancia sobre grandes empresas, contribuyentes con altos patrimonios y estructuras societarias que puedan utilizarse de forma indebida para reducir la carga fiscal. En particular, se prestará atención al uso de sociedades instrumentales para evitar el pago del IRPF o del impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo imputando gastos personales a las empresas o mediante fórmulas que encubren el reparto de dividendos. Asimismo, Hacienda reforzará la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Para ello, pondrá el foco en negocios que no aceptan pagos con tarjeta y en contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con los ingresos o el patrimonio que declaran. En materia de impuestos especiales, el plan también contempla un mayor control sobre el fraude relacionado con el impuesto sobre hidrocarburos y con productos sujetos a regímenes fiscales específicos, como el alcohol, las bebidas derivadas o el tabaco. Igualmente, se intensificará la vigilancia sobre el fraude del IVA en operaciones intracomunitarias -especialmente el denominado fraude carrusel- y sobre ciertas operaciones relacionadas con la matriculación y posterior venta de vehículos. Por último, el documento prevé reforzar el control sobre el comercio electrónico y los nuevos modelos de negocio desarrollados a través de redes sociales, así como el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos que puedan emplearse para ocultar ingresos o patrimonios fuera de España.

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(El Confidencial, 13-03-2026) | Fiscal

El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón a Hacienda en su negativa a que se pueda deducir el IVA por invitaciones a clientes a espectáculos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado que las empresas no puedan deducir el IVA de los gastos destinados a invitar a clientes a espectáculos, como palcos deportivos o zonas VIP, siguiendo la postura de Hacienda. La sentencia, publicada este jueves, coincide con el criterio de la abogada general y aclara que los Estados miembros no pueden modificar de manera unilateral las normas del IVA, salvo excepciones previas a la incorporación de España al régimen europeo en 1986. En nuestro país, la Agencia Tributaria impide deducir el IVA en gastos relacionados con invitaciones a clientes para espectáculos y actividades de representación, algo que no ocurre en otros Estados miembros porque no está contemplado en la normativa europea. En casos anteriores, los tribunales dieron la razón a Hacienda frente a reclamaciones de empresas como Randstad, que entre 2009 y 2011 invitó a clientes a los palcos del Santiago Bernabéu, el Camp Nou, la zona Paddock Club del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona y viajes en la embarcación Clipper Stad Amsterdam. Sin embargo, al llegar al Tribunal Supremo, surgieron dudas sobre si la ley española cumplía con la "cláusula stand-still", que permite a los Estados mantener ciertas exclusiones existentes antes de la aplicación de la directiva comunitaria del IVA en 1985. El fallo del TJUE establece que esta prohibición de deducción aplica a espectáculos deportivos y también a otros de carácter recreativo, como cine o teatro. Las empresas no podrán deducir el IVA de los gastos realizados para invitar a clientes, proveedores, asesores o personas vinculadas a la compañía. Antes de 1986, España no tenía un sistema de IVA con deducciones, aunque introdujo una exclusión específica justo antes de su adhesión para mantener dicha prohibición. Tras 40 años, se debatía si esta exclusión era compatible con la normativa europea. Despachos y asesores confiaban en que Europa corrigiera la interpretación de Hacienda, pero la abogada general Juliane Kokot propuso el 23 de octubre dar la razón a la Agencia Tributaria, postura que finalmente adoptó el TJUE este jueves. El tribunal recuerda que la legislación española no amplió el alcance de la exclusión y que, antes de la entrada en vigor del IVA, no existía un sistema que permitiera deducir este tipo de gastos. Además, la normativa nacional define claramente la naturaleza de los bienes y servicios excluidos, garantizando que la excepción no se convierta en una exclusión generalizada. El TJUE considera que la sentencia es relevante porque cierra el debate sobre la validez de la prohibición absoluta de deducir el IVA en atenciones a clientes, proveedores y empleados, incluyendo entradas a espectáculos deportivos o recreativos. Aunque no satisface las expectativas de los contribuyentes, aporta seguridad jurídica. Las empresas deberán asumir que el IVA de este tipo de gastos no es deducible, aunque sí podrá considerarse gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades dentro del límite del 1 % de la cifra neta de negocios. Jorge Gómez, director en Alvarez & Marsal, advierte además que intentar deducir este IVA podría considerarse no razonable según la normativa y conllevar un riesgo de sanción.

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(Expansión, 13-03-2026) | Laboral

Las empresas no pueden utilizar atajos organizativos ni exprimir sus recursos técnicos para neutralizar los efectos de un paro laboral

El Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que modificar o ampliar los servicios mínimos con el objetivo de reducir los efectos de una huelga supone una vulneración clara del derecho fundamental de huelga. En una sentencia dada a conocer hoy, el tribunal ha dado la razón al Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte al concluir que la empresa Metro de Sevilla realizó lo que jurídicamente se conoce como "esquirolaje organizativo". La resolución, redactada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, no ha estado exenta de discrepancias dentro del propio tribunal. Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han anunciado votos particulares en los que expresan su desacuerdo con la postura mayoritaria, lo que refleja el debate existente sobre cómo equilibrar el derecho a la huelga con la libertad empresarial. El conflicto se remonta a finales de 2018, cuando el comité de empresa de Metro de Sevilla convocó una huelga indefinida que se desarrollaría todos los jueves a partir del 29 de noviembre. Ante esta convocatoria, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio fijó unos servicios mínimos basados en la planificación habitual de la compañía, que contemplaba la circulación de trenes simples. No obstante, durante las jornadas de paro de los días 13, 20 y 27 de diciembre, la dirección de la empresa decidió poner en funcionamiento trenes dobles. Con esta medida se duplicó la capacidad de transporte de pasajeros empleando únicamente al personal asignado a los servicios mínimos. Esta decisión dio lugar a un proceso judicial. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla falló a favor del sindicato y concluyó que la empresa había vulnerado el derecho de huelga, imponiéndole además una indemnización de 6.251 euros. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocó posteriormente esta sentencia al considerar que la compañía había utilizado de forma legítima los recursos técnicos de los que disponía para mantener su actividad. El Tribunal Constitucional ha anulado ahora la resolución del tribunal andaluz y ha confirmado la sentencia inicial del juzgado sevillano. Además, la decisión sirve para actualizar la doctrina sobre el derecho de huelga en relación con la capacidad de organización de las empresas. Hasta ahora, la normativa que regula las huelgas en España -el Real Decreto-ley 17/1977, anterior a la Constitución- prohíbe expresamente el llamado "esquirolaje externo", es decir, la contratación de nuevos trabajadores para sustituir a los huelguistas. Con el tiempo, la jurisprudencia del propio Constitucional también incluyó el "esquirolaje interno", que consiste en desplazar a empleados de sus puestos habituales para cubrir el trabajo de quienes están en huelga. Con esta nueva sentencia, el tribunal consolida además la prohibición del denominado "esquirolaje organizativo o tecnológico". El Constitucional sostiene que, del mismo modo que no se pueden sustituir trabajadores para neutralizar una huelga, tampoco es admisible recurrir de forma extraordinaria a medios técnicos o materiales con ese mismo propósito. Según el tribunal, emplear tecnologías o procedimientos de manera diferente a la habitual para contrarrestar los efectos del paro supone una interferencia directa en el ejercicio de este derecho. La sentencia también advierte de que el marco legal de 1977 ha quedado superado por los cambios tecnológicos y organizativos actuales. Con este pronunciamiento, el alto tribunal lanza un mensaje claro a las empresas: cualquier estrategia, ya sea humana, técnica u organizativa, dirigida a neutralizar los efectos de una huelga puede considerarse una vulneración del derecho fundamental de los trabajadores.

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(Expansión, 13-03-2026) | Laboral

El Gobierno lanza una macroconvocatoria de oposiciones y plazas para 500 jueces y 200 fiscales

El Gobierno aprobará un real decreto para crear 200 nuevas plazas de fiscales durante este año, que se sumarán a las 500 destinadas a jueces y magistrados anunciadas recientemente. Según explicó este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se trata de "la mayor macroconvocatoria de la historia". El anuncio se produjo tras una reunión celebrada en el Ministerio de Justicia con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El Ejecutivo ya había adelantado en 2025 su intención de convocar un total de 1.440 plazas para jueces y fiscales entre ese año y 2027. En total, la convocatoria contemplará 700 plazas: 375 para jueces por el sistema de oposición libre, 200 para fiscales también mediante oposición y 125 plazas reservadas al llamado cuarto turno, dirigido a juristas de reconocida trayectoria con más de diez años de experiencia profesional. Dentro de las 500 plazas destinadas a la carrera judicial, 363 estarán orientadas a los nuevos tribunales de instancia, dos al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados. Entre estos últimos se incluyen 71 plazas para audiencias provinciales, siete para tribunales superiores de justicia, cuatro para la Audiencia Nacional y tres para el Tribunal Supremo. Además, se crearán 50 plazas de adscripción territorial que podrán asignarse a distintos destinos según las necesidades y la carga de trabajo de los tribunales. Las comunidades que recibirán mayor número de nuevos puestos serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. La mayor parte de estas plazas reforzará los tribunales de instancia y otros órganos judiciales relevantes, como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, tal y como ya había adelantado el Ministerio de Justicia a comienzos de año. En el caso de la Fiscalía, las nuevas plazas se aprobarán a propuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un real decreto. Según el Gobierno, se tratará del mayor aumento de fiscales en un solo año, ya que en las dos últimas décadas nunca se había superado la creación de 100 plazas anuales. Cuando se presentó la convocatoria a principios de año, el Ministerio de Justicia explicó que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce un nuevo modelo organizativo que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia. Estos órganos estarán formados por varios jueces y contarán con una única oficina judicial de apoyo. Este sistema permitirá crear nuevas plazas sin necesidad de constituir un juzgado completo, lo que reduce considerablemente el coste: alrededor de 100.000 euros frente a los 500.000 euros que suponía anteriormente. Bolaños aseguró que esta convocatoria responde a una reivindicación histórica tanto de la Fiscalía General del Estado como de la carrera fiscal y que contribuirá a corregir una de las principales carencias del sistema judicial español. Por su parte, Teresa Peramato destacó que se trata de la mayor ampliación de la plantilla fiscal en décadas y valoró el esfuerzo del Ministerio de Justicia para dotar a la institución de más medios y personal. Según explicó, las nuevas plazas supondrán un incremento del 7,1% en la plantilla de fiscales, que pasará de 2.804 a 3.004 efectivos, una cifra que no se había alcanzado en los últimos veinte años. La fiscal general también señaló que esta ampliación permitirá poner fin a la situación de muchos fiscales que actualmente se encuentran a la espera de destino definitivo. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha valorado positivamente el impulso de esta convocatoria de plazas para jueces y magistrados, aunque considera necesario introducir algunos ajustes tras recabar información de diferentes órganos judiciales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia. Por su parte, las asociaciones judiciales han reclamado que este ritmo de convocatorias se mantenga de forma continuada en los próximos años para poder reducir el déficit estructural de jueces existente en España.

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(El Periódico, 13-03-2026) | Laboral

Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno

Yolanda Díaz ha señalado que una de las primeras medidas en las que trabaja el Gobierno para su decreto anticrisis podría ser la prohibición de despidos por motivos energéticos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha insistido en que el próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes, podría aprobar ya medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, desde Moncloa matizan que "el calendario no está cerrado". En una entrevista en La hora de la 1, Díaz reiteró que el Ejecutivo prevé actuar la próxima semana. "La respuesta será, como siempre, calmada, exhaustiva y casi diaria, pero sí, la intención es que en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", aseguró. Por su parte, fuentes de Moncloa indicaron a EL PERIÓDICO que se trabaja "para que sean lo antes posible", aunque aún se está "analizando la situación y elaborando un paquete de medidas que proteja eficazmente a los ciudadanos". Este jueves, el Gobierno se reunió con los agentes sociales para perfilar posibles actuaciones frente a la crisis inflacionista, que ya impacta en el precio de los carburantes. La reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y contó también con la presencia de Yolanda Díaz, Sara Aagesen (Transición Ecológica) y los ministros de Economía y Seguridad Social, Carlos Cuerpo y Elma Saiz. Además, el Ejecutivo espera recibir y estudiar propuestas de otros grupos parlamentarios tras una ronda de contactos exprés liderada por Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Vox decidió no participar. La idea es consensuar el texto del decreto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, incorporando las sugerencias de sus socios parlamentarios. La vicepresidenta segunda apuntó que la prohibición de despidos por causas energéticas es una de las medidas más probables para aprobar de inmediato. "Tomaremos más medidas, probablemente la relacionada con la prohibición de despidos por motivos energéticos, como hicimos en otras crisis", señaló, añadiendo que también se prevén acciones para "controlar el precio de la energía". Díaz aseguró que el decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. "Quiero enviar un mensaje a las empresas: no hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están activos. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir a autónomos y empresas que no hay que despedir", indicó. La prohibición de despidos ya se aplicó durante la crisis del COVID, cuando se activaron los ERTE, impidiendo justificar despidos objetivos por causas vinculadas a la pandemia, fomentando así el uso de ERTE y evitando la destrucción de empleo. Díaz también mencionó que el Gobierno estudia adelantar los planes de movilidad incluidos en la Ley de Movilidad Sostenible -pendiente de aprobación- para favorecer el uso del transporte colectivo en empresas, especialmente grandes, ante los elevados precios de la gasolina y el gasóleo. Durante la entrevista, Yolanda Díaz reconoció que existe "una discrepancia en el Gobierno" sobre cómo afrontar la subida de precios en la cesta de la compra. Rechazó la propuesta de PP y CEOE de bajar el IVA de los alimentos y defendió en su lugar un "control de precios" en las cadenas de alimentación para frenar incrementos, una medida que no comparte el ala socialista del Ejecutivo. "No estamos considerando la bajada del IVA, porque no es eficaz. Desde Sumar, apostamos por el control de precios en la cesta de alimentación. Ya lo hemos hecho antes. Aquí hay una discrepancia en el Gobierno", concluyó la vicepresidenta segunda.

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(El Economista, 13-03-2026) | Laboral

Casi el 40% del empleo público creado desde que gobierna es temporal

En los últimos años, el mercado laboral español ha experimentado un cambio notable, marcado por una reducción histórica de la temporalidad. Sin embargo, este avance se ha apoyado principalmente en el esfuerzo del sector privado. Entre el segundo trimestre de 2018 y finales de 2025, las empresas redujeron en un 46% el número de empleados con contratos temporales y aumentaron en un 42% los trabajadores con contrato indefinido. En cambio, las administraciones públicas han seguido una tendencia distinta: aunque los puestos fijos crecieron un 13%, el número de trabajadores temporales aumentó todavía más, un 25%. En total, de los 523.600 empleos públicos generados durante este periodo de casi ocho años, 198.400 corresponden a contratos temporales. Esto significa que el 37,8% de los puestos creados en la Administración desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno tienen carácter eventual. En contraste, en el sector privado todo el aumento neto del empleo asalariado se ha producido a través de contratos indefinidos. La referencia temporal es significativa porque, aunque en los últimos años del Gobierno del Partido Popular se suavizaron las limitaciones a la contratación pública impuestas durante la crisis económica, fue con la llegada del Ejecutivo socialista cuando el crecimiento del empleo público se aceleró. En estos ocho años, el número de empleados en las administraciones ha aumentado un 17%, alcanzando un récord de 3,6 millones de trabajadores a finales de 2025. De ellos, 975.500 tienen contratos temporales. Durante este periodo, el Gobierno ha destacado la aprobación de "ofertas públicas de empleo récord" con el objetivo de compensar los recortes realizados durante la etapa de Mariano Rajoy. No obstante, el crecimiento del empleo público -del 17%- es similar al registrado en el sector privado. La diferencia principal reside en la calidad de los contratos, que resulta inferior en el ámbito público. Una de las razones de esta evolución es que la reforma laboral no se aplica al sector público de la misma manera que al privado. Aunque el Ejecutivo impulsó una nueva ley de función pública y puso en marcha varios planes extraordinarios para reducir la temporalidad, los resultados han sido limitados en comparación con el ámbito empresarial. A finales de 2025, la tasa de temporalidad en las administraciones se situaba en el 26,8%, prácticamente igual que en 2018. En el sector privado, en cambio, se redujo desde el 27,2% hasta el 12,4%. El análisis de los datos históricos muestra que esta mayor precariedad en el empleo público comenzó antes incluso de la reforma laboral aprobada en 2021. De hecho, a finales de 2018 la tasa de temporalidad del sector público ya superaba a la del privado. La mejora económica y la creación de empleo impulsaron la contratación indefinida principalmente en las empresas privadas, y la reforma posterior amplió todavía más esa diferencia. Actualmente, el sector público representa el 19,1% del empleo asalariado total, una proporción muy similar al 19,2% registrado en 2018. Sin embargo, al analizar los contratos por tipo se observa un cambio significativo: la Administración ha pasado de concentrar el 19,4% de los trabajadores indefinidos a solo el 16,4%, mientras que en el caso de los temporales su peso ha crecido del 17,8% al 33,4%. Esto la convierte en uno de los principales factores que frenan la mejora general de la calidad del empleo. Esta tendencia cuestiona la idea de que trabajar para la Administración garantiza estabilidad laboral. En la práctica, ni siquiera quienes han superado una oposición están completamente protegidos frente a la precariedad. Casi la mitad de los trabajadores temporales del sector público -un 48%- son interinos, es decir, ocupan de forma provisional el puesto de otro empleado. Se trata del porcentaje más alto registrado hasta ahora, con 466.600 personas en esta situación, un 35% más que en 2018. Este incremento se ha producido pese a las reclamaciones de los sindicatos, las sentencias judiciales nacionales y europeas y las advertencias de la Unión Europea, que incluso ha vinculado esta cuestión a la distribución de fondos europeos. El aumento de los interinos contrasta con otro argumento utilizado por el Gobierno para justificar el elevado número de convocatorias de empleo público: la necesidad de sustituir a los trabajadores que se jubilan. Aunque el envejecimiento de las plantillas es evidente, el proceso de relevo generacional no parece estar generando más puestos estables; más bien al contrario. Esta situación explica otra paradoja del empleo público: concentra alrededor del 36% de las vacantes laborales existentes en España, una proporción que resulta muy superior a la habitual en otros países europeos. A pesar de estas condiciones laborales menos estables, las administraciones cuentan con un factor que sigue atrayendo trabajadores: el nivel salarial. Según la Estadística de Bases de Cotización de la Seguridad Social, el sueldo medio en el sector público ya supera los 2.800 euros mensuales. En comparación con el conjunto de los trabajadores, el salario medio de los empleados públicos es un 20,3% más alto, lo que supone unos 579 euros adicionales al mes. No obstante, conviene recordar que no todos los trabajadores públicos son funcionarios, ya que estos representan menos de la mitad del total. Además, dentro del propio sector existe una fuerte diferencia salarial entre los funcionarios de carrera y los cargos políticos, que ocupan los puestos de mayor responsabilidad y acceden a ellos por designación política.

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(El Economista, 13-03-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajó afloró 122.146 empleos irregulares en 2025 y recuperó más de 51 millones en sueldos no abonados

La Inspección de Trabajo dio a conocer este jueves el balance de su actividad durante 2025. A lo largo del año realizó 1,2 millones de actuaciones -un 27% más que en 2020- y llevó a cabo 281.614 visitas a empresas. Gracias a estas intervenciones se detectaron 122.146 empleos irregulares, se identificaron 47.143 casos de falsos autónomos y se recuperaron más de 51 millones de euros correspondientes a salarios que no habían sido pagados. Durante un acto conmemorativo por el 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó estos datos y destacó que más de un millón de trabajadores se beneficiaron de las actuaciones del organismo para combatir la economía sumergida. Además, recordó que desde que asumió el cargo en enero de 2020 se han destapado 576.912 empleos irregulares y se han convertido en indefinidos 895.492 contratos que inicialmente eran temporales. Díaz también puso en valor el reconocimiento internacional del organismo y su eficacia en la lucha contra el fraude laboral. Al mismo tiempo, criticó las voces que cuestionan su utilidad y afirmó que le produce "profunda tristeza" escuchar que la Inspección "no sirve para nada". A su juicio, aunque es necesario dotarla de más recursos, mejores condiciones y mayor plantilla, esas críticas no reflejan la realidad de su trabajo. En este contexto, la ministra destacó que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2025-2027 marca el camino hacia una nueva etapa marcada por la digitalización, además de reforzar la formación a través de la escuela de la Inspección. También subrayó el crecimiento de la plantilla en los últimos años: en 2020 el organismo contaba con unos 2.000 efectivos, mientras que en la actualidad dispone de 2.486. El objetivo es alcanzar los 2.720 profesionales antes de que finalice el año, lo que supondría un aumento del 35% en apenas cinco años, una cifra superior al crecimiento acumulado en todos los años anteriores.

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