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(El País, 23-10-2026) | Laboral

Sordo y Álvarez auguran que PP y Vox aprobarán “el despido libre y gratuito” si gobiernan

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han negado que la huelga general convocada para el 11 de noviembre tenga como objetivo condicionar el voto en las elecciones generales del día 29. No obstante, ambos dirigentes sindicales quieren que la movilización contribuya a situar la vivienda, los salarios y los derechos laborales en el centro del debate electoral. También han advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox podría revertir algunas de las mejoras laborales aprobadas durante los últimos años y reducir la protección social. Durante un desayuno informativo organizado por RTVE y la agencia Efe, Sordo defendió que la finalidad de la convocatoria es incorporar a la agenda pública los problemas que afectan a la calidad de vida de los trabajadores. Por su parte, Álvarez sostuvo que los ciudadanos deben conocer antes de votar si se mantendrá el modelo laboral desarrollado durante los últimos años. El secretario general de UGT advirtió de que, en su opinión, un Ejecutivo que siguiera las posiciones de Vox podría impulsar medidas como el despido libre y gratuito y una reducción de los derechos laborales. Álvarez también cuestionó que un futuro Gobierno de PP y Vox mantuviera las subidas del salario mínimo interprofesional si no existiera un acuerdo previo entre sindicatos y empresarios. Los dos sindicatos reclaman un incremento del 7% para 2027 y recuerdan que el SMI ha aumentado un 66% desde 2019 bajo los gobiernos de coalición progresistas. Sordo, por su parte, señaló que entre las empresas empieza a existir preocupación por la evolución favorable del empleo y de la economía, aunque reconoció que persiste el problema de los salarios bajos. A su juicio, una situación próxima al pleno empleo reforzaría la capacidad de negociación de los trabajadores para reclamar mejores retribuciones y condiciones laborales. El dirigente de CC OO considera que un Ejecutivo de derechas podría responder a este escenario reduciendo las prestaciones y ayudas sociales, al entender que una protección más amplia puede desincentivar la incorporación al mercado laboral. Ambos responsables sindicales rechazaron que la convocatoria de la huelga responda a la presión del Sindicato de Inquilinas o al adelanto electoral. Aseguraron que ya contemplaban movilizaciones contra las posiciones empresariales antes de conocerse la fecha de los comicios. Álvarez explicó que los sindicatos han detectado un creciente malestar social por los problemas de acceso a la vivienda y los salarios, y que han decidido canalizar ambas preocupaciones mediante una movilización conjunta. Sordo reconoció que se trata de una huelga general atípica, puesto que no se dirige contra una decisión concreta del Gobierno que perjudique a los trabajadores. Los sindicatos esperan una participación laboral significativa, pero conceden especial importancia a las manifestaciones que se celebrarán por la tarde en las capitales de provincia. El secretario general de CC OO señaló que el periodo de mayor actividad de las protestas podría concentrarse entre las siete y las diez de la noche, en lugar de limitarse a las primeras horas de la jornada, como ha sucedido en otras convocatorias. Entre los objetivos de la movilización, Sordo destacó la aprobación de los decretos relacionados con la vivienda y la necesidad de modificar la percepción social sobre este problema. Los sindicatos consideran que las dificultades para acceder a una vivienda y la evolución de los salarios están estrechamente relacionadas y deben recibir una atención prioritaria durante la campaña electoral. Las pensiones también figuran entre los asuntos que CC OO y UGT quieren incorporar al debate. Sordo rechazó las advertencias sobre un posible colapso del sistema público y defendió que su sostenibilidad dependerá de las decisiones políticas y de los recursos que la sociedad esté dispuesta a destinarle. En este sentido, planteó que el gasto en pensiones, actualmente equivalente al 13,1% del PIB, podría situarse en una media del 15% hasta 2050, un esfuerzo que considera asumible. El dirigente sindical también criticó el modelo mixto de pensiones planteado por Vox, al considerar que podría reducir las prestaciones públicas en un 30% y aumentar las diferencias entre quienes pueden complementar su jubilación con ahorro privado y quienes dependen exclusivamente de la pensión pública. A su juicio, este cambio sustituiría la estabilidad del sistema público por una mayor exposición a la incertidumbre de los mercados financieros. Los dos dirigentes hicieron una valoración favorable de la gestión de los últimos gobiernos de coalición progresistas, aunque les reprocharon una falta de iniciativa en determinadas materias. Entre sus críticas mencionaron el retraso en la aprobación de medidas para impedir que las subidas del salario mínimo queden neutralizadas por la compensación y absorción de determinados complementos salariales, así como el endurecimiento de las normas sobre el registro horario. Según los sindicatos, estas iniciativas podrían haberse aprobado mediante el Consejo de Ministros sin necesidad de contar con una mayoría parlamentaria. Por último, Sordo y Álvarez criticaron las declaraciones realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, durante su visita a España. El secretario general de CC OO le atribuyó posiciones que, a su juicio, representan una corriente política que puede debilitar los marcos constitucionales y aumentar la confrontación internacional. Álvarez coincidió en sus críticas y afirmó que las posiciones de la derecha ultraliberal pueden desviar la atención de los cambios económicos y sociales que se están produciendo, especialmente del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo y las condiciones de vida.

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(La Vanguardia, 23-10-2026) | Laboral

Illa acusa a la oposición de crear un enfrentamiento intergeneracional con las pensiones

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado este miércoles al PP y a Vox de querer convertir las pensiones públicas en un negocio y de fomentar un enfrentamiento entre generaciones al cuestionar la viabilidad del sistema. Illa ha asegurado que las prestaciones están garantizadas incluso cuando la generación del baby boom alcance la edad de jubilación y ha llamado a oponerse a las propuestas de la derecha en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante un acto celebrado en la sede del PSC, junto al conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, y la diputada en el Congreso Mercè Perea, el presidente catalán ha respondido a las advertencias de dirigentes del PP y Vox sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. «No peta nada. Esto funciona. Donde no funciona es donde no se hace así», ha afirmado. Illa ha reconocido que hacia 2050, cuando los integrantes de la generación del baby boom estén jubilados, podría ser necesario aumentar los recursos destinados a las pensiones. Según ha explicado, las previsiones contemplan una aportación adicional de entre dos y tres puntos del PIB, una cantidad que, a su juicio, está calculada y permitiría mantener el gasto en niveles similares a los que Italia destina actualmente a esta partida. «¿Por qué engañan a la gente? Porque quieren convertir las pensiones en un gran negocio. Es la avaricia del gran dinero», ha declarado. El presidente de la Generalitat ha definido las pensiones como «el ejercicio más bonito de solidaridad intergeneracional» y ha advertido de los riesgos que, en su opinión, implicaría avanzar hacia un modelo privatizado. Ha señalado que las inversiones privadas pueden sufrir pérdidas por decisiones equivocadas o por crisis financieras, mientras que ha defendido la capacidad del sistema público para sostener las prestaciones. Como ejemplo de la evolución económica favorable, ha destacado que Cataluña y España cuentan actualmente con más personas trabajando que nunca. Illa también ha criticado que PP y Vox defiendan, a su entender, la privatización de las pensiones, aunque considera que han intentado ocultar esa posición. En Cataluña, ha extendido sus reproches a Aliança Catalana, a la que ha aludido por calificar el sistema de pensiones de «estafa piramidal». El dirigente socialista ha dirigido asimismo un mensaje a Junts, al que ha advertido de que no puede mantenerse en una posición intermedia ante este debate. En respuesta a las declaraciones de la candidata de la formación al Congreso, Miriam Nogueras, sobre la posibilidad de ocupar el centro político, Illa ha sostenido que hay que elegir entre dos opciones: «O estás con unos o con otros». También ha afirmado que en Cataluña se conocen las conversaciones y los contactos políticos, y que la diferencia está en mantener las propias posiciones o ceder ante las presiones. Por su parte, Raúl Moreno ha defendido el papel de las pensiones como uno de los principales instrumentos de redistribución de la renta y la riqueza, así como de reducción de las desigualdades, especialmente a través de las prestaciones no contributivas. El conseller ha abogado por seguir reforzando el Estado del bienestar. Mercè Perea, que participó en el Pacto de Toledo en representación del PSOE, ha rechazado que exista un conflicto inevitable entre jóvenes y mayores por la financiación de las pensiones. A su juicio, este debate ha cobrado protagonismo durante la campaña por iniciativa de la derecha. La diputada ha acusado a sus adversarios de difundir mensajes engañosos y ha señalado que los socialistas tienen hasta el 29 de noviembre para rebatirlos.

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(Cinco Días, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo marca máximos desde mayo ante el riesgo de nuevos ataques en el Golfo Pérsico

El precio del petróleo brent ha superado los 112 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de mayo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz se está recuperando hasta aproximarse a los niveles anteriores a la guerra, el temor a nuevos ataques contra instalaciones energéticas mantiene la presión sobre las cotizaciones. La preocupación por una posible escalada también se refleja en la decisión de Estados Unidos de ordenar la salida de parte del personal y de los familiares de trabajadores de sus embajadas en el reino. Según informa The New York Times, los ejércitos estadounidense e israelí están preparando planes para atacar Irán después de las elecciones de este fin de semana. La operación contemplaría posibles objetivos relacionados con infraestructuras energéticas y arsenales de drones y misiles. A esta situación se suma un ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, propiedad de Saudi Aramco, en el que murieron dos personas, aunque la actividad de las instalaciones no se vio interrumpida. La compañía ha evacuado sus principales instalaciones como medida de precaución. El brent, referencia internacional para los precios del petróleo, acumula una subida superior al 80% en lo que va de año. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que se aproxima a su noveno mes sin perspectivas claras de resolución, ha alterado los flujos energéticos procedentes del golfo Pérsico y ha elevado la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una recuperación de las exportaciones. Según la agencia Kpler, los envíos de petróleo desde la región alcanzaron los 24 millones de barriles diarios la semana pasada, una cifra incluso superior a la media registrada antes del inicio del conflicto. Por su parte, The Wall Street Journal sitúa el tránsito por el estrecho de Ormuz en torno al 82% de sus niveles habituales anteriores a la guerra. Las flotas petroleras privadas y las controladas por los países del Golfo están adoptando distintas estrategias para reducir su exposición a posibles ataques iraníes. Los analistas consideran que la principal explicación de los elevados precios no es tanto la falta de suministro como el temor a un deterioro de la situación en los próximos días. Al negociarse el petróleo mediante contratos de futuros, las expectativas sobre la evolución del conflicto influyen de forma decisiva en las cotizaciones. Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth Group, señala que la continuidad de las operaciones militares y el riesgo de que la escalada se reanude después de las elecciones están estableciendo un suelo para los precios. Esta incertidumbre dificulta que el mercado consolide nuevas subidas, pero también limita las ventas, ante la falta de confianza en que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Kuwait es uno de los productores de la región que ha conseguido recuperar sus exportaciones de crudo hasta niveles similares a los anteriores a la guerra entre Estados Unidos e Irán, según explicó el consejero delegado de la petrolera estatal kuwaití, Sheikh Nawaf Al-Sabah. No obstante, el país sigue encontrando mayores dificultades para comercializar productos refinados, como el diésel y el combustible de aviación, debido a los riesgos que persisten en la zona. La tensión también se ha trasladado al tráfico marítimo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró haber atacado a cuatro petroleros a los que calificó de «infractores» mientras realizaban operaciones de transbordo de cargamentos en el norte del golfo Pérsico. La información fue difundida por la cadena Press TV a través de la red social X, sin que se precisara cuándo se produjeron los incidentes. Teherán advirtió, además, de que podría ampliar el alcance del conflicto si continúan los tránsitos por el estrecho de Ormuz que considera ilegales. Estas amenazas mantienen la incertidumbre sobre la seguridad de una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos y contribuyen a sostener la prima de riesgo incorporada al precio del petróleo.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los multipropietarios suben el alquiler casi el doble que los caseros con un solo piso

La desigualdad en el mercado del alquiler en España no depende únicamente de la ubicación o las características de las viviendas, sino también del tipo de propietario. Entre 2019 y 2023, los caseros con cinco o más inmuebles arrendados incrementaron sus rentas un 13,5% de media, casi el doble que los propietarios de una sola vivienda, que aplicaron una subida del 7,2%. Así lo recoge un estudio de EsadeEcPol elaborado a partir de los datos de Hacienda correspondientes a más de 780.000 alquileres declarados por personas físicas en España. El análisis identifica una relación entre el número de viviendas en propiedad y el aumento de los precios. Cuantos más inmuebles tiene un arrendador, mayores son, en promedio, los incrementos que aplica. Durante el periodo estudiado, quienes alquilaban una sola vivienda elevaron las rentas un 7,2%, frente al 8,2% de los propietarios de dos inmuebles y al 9,8% de los que tenían tres. En el caso de quienes disponían de cuatro viviendas, la subida alcanzó el 9,5%, mientras que entre los propietarios de cinco o más llegó al 13,5%. Esta evolución ha ampliado la diferencia entre los precios fijados por los pequeños caseros y los multipropietarios. En 2019, la distancia entre ambos grupos era del 2,4%, pero cuatro años después se había triplicado. Las diferencias resultan especialmente visibles cuando se firma un nuevo contrato, ya sea porque cambia el inquilino o porque vence el acuerdo anterior. En estas circunstancias, los propietarios de una sola vivienda aumentaron el alquiler un 3,8% de media, mientras que quienes tenían varios inmuebles lo hicieron un 5,2%. En un piso con una renta mensual de 800 euros, estas subidas supondrían un incremento de 30 euros en el primer caso y de 41,60 euros en el segundo. Para comprobar si esta diferencia podía deberse a factores como la superficie, la antigüedad del edificio o la ubicación, los investigadores compararon viviendas con características similares situadas en un mismo barrio. La conclusión se mantuvo: los multipropietarios aplicaban mayores incrementos incluso cuando los inmuebles eran equivalentes. Jorge Galindo, responsable de la investigación, analizó también la evolución de unos 196.000 pisos a lo largo del tiempo y observó que las subidas podían ser hasta cuatro puntos porcentuales superiores cuando la vivienda pertenecía a un propietario con varios inmuebles. El estudio descarta, además, que el fenómeno se explique por el control de determinados mercados locales. Si los grandes propietarios pudieran imponer precios más elevados por concentrar numerosas viviendas en una misma zona, cabría esperar que sus alquileres fueran más caros allí donde acumulan más inmuebles. Sin embargo, los resultados muestran lo contrario: quienes concentran sus propiedades en un mismo barrio cobran, de media, casi un 4% menos que otros caseros. En cambio, los propietarios que distribuyen sus viviendas entre distintas ciudades o comunidades autónomas suelen fijar rentas casi un 3% superiores. Los investigadores atribuyen parte de estas diferencias al comportamiento y a los objetivos de cada tipo de arrendador. Los pequeños propietarios suelen priorizar la continuidad de los ingresos y la permanencia de un inquilino de confianza. En muchos casos, la vivienda procede de una herencia o fue anteriormente el hogar familiar, por lo que no siempre se contempla como una inversión financiera. La situación cambia cuando el propietario dispone de una cartera de inmuebles adquiridos expresamente para obtener rentabilidad. Al repartir el riesgo de impago entre varias viviendas, estos arrendadores pueden asumir con mayor facilidad la rotación de inquilinos y dar más importancia al rendimiento económico de cada propiedad. No obstante, el informe advierte de que los multipropietarios no explican por sí solos el encarecimiento del alquiler en los últimos años. Su comportamiento representa aproximadamente el 18% del incremento registrado entre 2019 y 2023 en la muestra analizada: 1,6 puntos porcentuales de una subida media de 8,8 puntos. El resto se relaciona con la revalorización general de las viviendas en un mercado marcado por el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente. A partir de estos resultados, EsadeEcPol cuestiona la capacidad de la Ley estatal de vivienda para abordar las diferencias de comportamiento entre los propietarios, en particular mediante la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres. La norma se aprobó en mayo de 2023 y las primeras áreas con precios regulados comenzaron a aplicarse en Cataluña en marzo de 2024, de modo que sus efectos quedan fuera del periodo analizado. El estudio considera que la regulación no tiene suficientemente en cuenta las distintas estrategias de los arrendadores y advierte de que una congelación obligatoria de las rentas podría reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica, lo que llevaría a algunos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. Como alternativa para contener las subidas sin desincentivar el alquiler, el informe plantea ofrecer ventajas fiscales en el IRPF a los propietarios que acepten renovar los contratos con incrementos moderados. También propone establecer garantías públicas o seguros de impago automáticos para reducir el riesgo que perciben los arrendadores y favorecer que mantengan sus viviendas en el mercado.

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(El País, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública en la UE sube a su máximo nivel desde la pandemia

La deuda pública de la Unión Europea continúa aumentando, aunque lo hace de forma gradual y sin cambios significativos en su tendencia. Durante el primer semestre del año, el volumen de deuda de los Veintisiete alcanzó el equivalente al 82,9% del producto interior bruto (PIB), mientras que en la eurozona se situó en el 88,8%, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. Se trata de los niveles más elevados desde que se retiraron definitivamente buena parte de las medidas de apoyo económico aprobadas durante la pandemia de la covid-19. El incremento de la deuda llega en un contexto poco favorable para las finanzas públicas, ya que los mercados exigen mayores rendimientos a los Estados para adquirir sus bonos. Francia se encuentra entre los países más afectados por esta situación, debido a unos desequilibrios presupuestarios persistentes y al crecimiento continuado de su endeudamiento. Su déficit supera el 5% del PIB y la deuda pública alcanza el 119%, de acuerdo con las cifras de Eurostat. Esta situación se refleja en la prima de riesgo francesa, que mide la diferencia entre la rentabilidad de sus bonos a diez años y la de los títulos alemanes del mismo plazo. Este miércoles, el indicador se acercó a los 160 puntos básicos y contribuyó a elevar también las primas de otros países con elevados niveles de deuda, como Italia y Grecia, que rondan los 140 puntos. España, pese a compartir la tendencia general de aumento del endeudamiento europeo, ha resistido mejor las turbulencias vinculadas a Francia. La deuda pública española mantiene una trayectoria descendente y se situó en el 101,4% del PIB durante el segundo trimestre. La mayoría de las previsiones apuntan a que en 2026 podría bajar del umbral del 100%. La evolución de los tipos de interés tampoco facilita la reducción de la deuda. Las recientes decisiones del Banco Central Europeo, adoptadas en respuesta a las presiones inflacionistas, han endurecido las condiciones de financiación. Aunque el objetivo es contener el crecimiento de los precios, el encarecimiento del crédito también eleva el coste de las nuevas emisiones de bonos, tanto para los Estados como para las empresas. El aumento del endeudamiento, sin embargo, ya no afecta únicamente a los países que generan mayores dudas entre los inversores. Tras la pandemia, la proporción de deuda sobre el PIB comenzó a reducirse en el conjunto de la Unión Europea, una tendencia que ni siquiera se interrumpió con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, aquel conflicto desencadenó una transformación del escenario geopolítico internacional que se ha intensificado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces, numerosos países europeos han incrementado sus presupuestos de defensa y, en varios casos, han recurrido a un mayor endeudamiento para financiar ese esfuerzo. Esta evolución resulta especialmente visible en los Estados más próximos a Rusia. Polonia, que tradicionalmente ha mantenido un compromiso con la disciplina fiscal, ha visto aumentar su deuda pública pese al fuerte crecimiento de su economía. A comienzos de 2023, el endeudamiento equivalía al 48,8% del PIB; tres años y medio después, la proporción había subido al 64,5%. Actualmente, el país es el miembro de la OTAN que destina una mayor proporción de su economía a defensa y seguridad, con un gasto que se aproxima al 5% del PIB. Una trayectoria similar, aunque con cifras diferentes, se observa en Estonia, Letonia y Lituania, las tres repúblicas bálticas, así como en Rumanía. Alemania también figura entre los países que han aumentado su endeudamiento, aunque en su caso el fenómeno responde a una combinación de factores. Al incremento del gasto militar se suma la crisis económica que atraviesa la principal potencia europea desde el final de la pandemia, agravada por la creciente competencia de China en los sectores de alta tecnología.

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(El Economista, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación presiona a los hogares: su tasa de ahorro bajará en 2027 y 2028

La persistencia de la inflación está modificando los hábitos de consumo y ahorro de los hogares españoles. Cada vez más familias recurren a parte del dinero que habían reservado para mantener su nivel de gasto, una tendencia que se refleja en el descenso gradual de la tasa de ahorro. Las previsiones de Funcas apuntan a que este indicador bajará del 10,9% de la renta bruta disponible previsto para este año al 9,9% en 2028. El Banco de España señala en sus últimas proyecciones macroeconómicas, publicadas en octubre, que la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 11% durante el segundo trimestre. Aunque continúa por encima de su media histórica, el indicador mantiene una trayectoria descendente desde hace aproximadamente dos años. No obstante, el organismo considera que estos niveles todavía permiten a las familias amortiguar las consecuencias de las subidas de los precios y de los tipos de interés sobre su renta real disponible. Los datos de BBVA Research muestran que en 2024 un hogar medio español destinaba al ahorro el 19% de sus ingresos, aunque existen diferencias importantes entre familias en función de sus circunstancias económicas y otros factores. Funcas prevé que el ahorro seguirá reduciéndose porque el gasto de los hogares crecerá ligeramente por encima de sus ingresos, en línea con lo observado durante los últimos trimestres. La institución advierte de que cualquier desviación significativa respecto a esta evolución, tanto al alza como a la baja, podría tener consecuencias relevantes para la actividad económica. Los efectos de la inflación sobre la capacidad de ahorro también preocupan al Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ya advirtió antes del verano de que los hogares con menores ingresos son los que recurren en mayor medida a sus reservas económicas para mantener el consumo. Pese a estas dificultades, el gasto de los hogares conserva su dinamismo. Las previsiones apuntan a un crecimiento del consumo privado del 3% este año, una tasa similar al 3,1% registrado en 2025. Sin embargo, los analistas de Funcas consideran que el encarecimiento de los bienes y servicios limitará la capacidad de compra de numerosas familias y anticipan que el consumo avanzará a un ritmo inferior al observado entre 2023 y 2025. La tendencia a reducir el ahorro no se limita a España, sino que también se observa en otras economías europeas, afectadas igualmente por las presiones inflacionistas. No obstante, el diferencial de precios respecto a la Unión Europea continúa siendo significativo. Según el índice armonizado, la inflación española superó en 1,2 puntos porcentuales la media comunitaria en septiembre, frente a una diferencia de 1,3 puntos en agosto. En la zona euro, la tasa de ahorro bruto se situó en el 14,4% durante el segundo trimestre de 2026, dos décimas menos que en los tres primeros meses del año, según los datos publicados por el Banco Central Europeo a comienzos de octubre. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el consumo privado mantenga su fortaleza gracias a la resistencia del mercado laboral y a una moderada reducción del ahorro de las familias. Las previsiones de Funcas también anticipan un descenso del ahorro nacional, medido como porcentaje del producto interior bruto (PIB). Tras cerrar 2025 en el 25%, su nivel más elevado hasta la fecha, se espera que este indicador baje al 24,1% en 2026 y se mantenga prácticamente estable en 2027, con un 24%. Para 2028, la previsión apunta a una nueva caída, hasta el 23,6%. En cuanto al destino de los ahorros, las cuentas bancarias continúan siendo la opción preferida por los españoles. La Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España revela que el 68% de las reservas económicas se canaliza hacia cuentas bancarias, debido a la facilidad de gestión y a la disponibilidad inmediata del dinero. Otras alternativas son las cuentas remuneradas, los planes de pensiones, los fondos de inversión y las acciones, productos cuyo atractivo puede aumentar en un contexto de tipos de interés más elevados. La encuesta, realizada en 2021, cuando el ahorro todavía se encontraba en niveles elevados por los efectos de la pandemia, también refleja que el 40% de los participantes afirmaba guardar parte de sus reservas en efectivo, presumiblemente en sus domicilios. Las diferencias por nivel de ingresos también se manifiestan en las preferencias de inversión para la jubilación. Mientras que el 3% de las familias con rentas más bajas opta por los planes de pensiones, este porcentaje asciende al 22% entre los hogares con ingresos elevados.

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(El Economista, 23-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

San Basilio (CNMV) a los "fininfluencers": "No es lo mismo recomendar una inversión que un restaurante"

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) busca estrechar la colaboración con los creadores de contenido financiero, conocidos como fininfluencers, que han adquirido una creciente relevancia en las redes sociales por sus publicaciones sobre ahorro e inversión. Con este objetivo, el organismo celebró ayer la jornada «Fininfluencers, más allá del like», un encuentro que reunió a profesionales del sector para analizar las buenas prácticas y debatir cómo adaptar la regulación a esta actividad. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, señaló que la transformación provocada por las plataformas digitales y la aparición de nuevos productos financieros, como los criptoactivos, exige una mayor responsabilidad por parte de quienes divulgan información sobre inversiones. En este sentido, recordó que los creadores deben cumplir las obligaciones normativas que correspondan al tipo de actividad que desarrollan, especialmente en un contexto en el que la inteligencia artificial acelera tanto la elaboración de contenidos como su difusión. San Basilio defendió la necesidad de que el supervisor y los divulgadores trabajen conjuntamente para combatir las prácticas inadecuadas, ya que estas perjudican a los inversores y deterioran la confianza en los mercados financieros. Esta colaboración cobra especial importancia en un momento en el que las instituciones europeas buscan fomentar la participación de los pequeños inversores y facilitar que puedan obtener una mayor rentabilidad de sus ahorros. El presidente de la CNMV destacó también el potencial de los creadores de contenido para mejorar la educación financiera de públicos a los que los canales institucionales no siempre consiguen llegar. No obstante, advirtió de que las recomendaciones sobre inversiones pueden tener consecuencias económicas importantes y requieren una responsabilidad mayor que otras sugerencias habituales en las redes sociales, como las relacionadas con restaurantes o actividades de ocio. Para orientar a los divulgadores, la CNMV ha publicado una guía con pautas para elaborar contenidos financieros de forma responsable y ajustada a la normativa. El organismo también ha preparado otro documento dirigido a los inversores, con el propósito de ayudarles a identificar los distintos tipos de mensajes que circulan por las redes sociales y reconocer aquellos que pueden perseguir la captación de clientes o la promoción de determinados productos. Durante el encuentro, los propios creadores señalaron que todavía existen dudas sobre dónde termina la divulgación financiera y dónde comienza una recomendación de inversión sujeta a requisitos específicos. Pablo Gil, divulgador financiero, pidió al supervisor que adopte una actitud más cercana y participativa, en lugar de limitarse a ejercer una función de vigilancia, y que tenga una mayor presencia en los encuentros del sector. Natalia de Santiago defendió que establecer requisitos mínimos de formación para los creadores resulta complejo, puesto que la audiencia también valora la capacidad de comunicación y la naturalidad. Javier del Valle coincidió en la importancia de la divulgación y subrayó que, especialmente entre los jóvenes, el objetivo no debería ser únicamente desaconsejar productos de riesgo, como los criptoactivos, sino explicar sus características y las posibles pérdidas asociadas. De este modo, los inversores podrían comenzar interesándose por activos más arriesgados y adquirir progresivamente conocimientos para tomar decisiones más prudentes. La identificación de los creadores que cumplen con las obligaciones legales constituye otro de los retos. Sergio Barreda, representante de la Asociación Profesional de Influencia Digital de España (Apide), recordó que cualquier persona con un teléfono móvil puede publicar contenidos y conseguir seguidores, lo que dificulta establecer mecanismos de control efectivos. Como posible solución, planteó reforzar la colaboración con las agencias de marketing para garantizar que los contenidos, especialmente los patrocinados por marcas, respeten las exigencias aplicables. Por su parte, Cristóbal Gázquez, presidente de la Unión Española de Creadores, alertó de los riesgos que plantea la inteligencia artificial, que puede facilitar la difusión de engaños y perjudicar la confianza de los usuarios en la información financiera. Juan Arribas, subdirector de asesoría jurídica de Autocontrol, anunció además el desarrollo de un curso de certificación dirigido a creadores de contenido que promocionan productos financieros, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las normas aplicables a la publicidad en este ámbito.

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(Cinco Días, 22-10-2026) | Fiscal

El gran consumo urge al futuro Gobierno a bajar impuestos a alimentos y energía ante el impacto de la inflación

Las empresas de gran consumo, desde fabricantes hasta distribuidores, reclaman al Gobierno que salga de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre una reducción de los impuestos sobre los alimentos básicos y los suministros energéticos, así como la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. El sector advierte de que la persistencia de la inflación y el aumento acumulado de los precios empiezan a mostrar señales de debilitamiento del consumo. Así lo ha expuesto el presidente de la patronal Aecoc, Ignacio González, durante la apertura del congreso anual de la asociación, que agrupa a unas 35.000 empresas. González considera que el incremento de la recaudación tributaria permite abordar una rebaja fiscal en un contexto en el que los hogares soportan una elevada presión impositiva, el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida. Entre las medidas propuestas figura recuperar el IVA reducido o del 0% para los alimentos básicos, una iniciativa que el Ejecutivo puso en marcha en 2022 para amortiguar el impacto de la inflación derivada de la guerra de Ucrania y que mantuvo hasta finales de 2024. La patronal también pide reducir la carga fiscal que soportan los suministros energéticos. Los últimos datos del índice de precios de consumo (IPC), correspondientes a septiembre, sitúan la inflación general interanual en el 4,9%, mientras que la de los alimentos y bebidas no alcohólicas alcanza el 2,7%. En septiembre de 2022, ambas tasas eran del 8,9% y del 14,4%, respectivamente. Aunque los incrementos actuales son inferiores a los registrados entonces, González advierte de que una moderación de la inflación no implica que los precios estén bajando, sino que las subidas anteriores se acumulan a las nuevas. El presidente de Aecoc también ha alertado de las primeras señales de desaceleración del consumo. Según un análisis de la consultora Circana, las compras aumentaron un 3% en septiembre, por debajo del crecimiento cercano al 4% acumulado durante los nueve primeros meses del año y del registrado en los últimos doce meses, también superior al 4%. A ello se suma que el índice de comercio al por menor del Instituto Nacional de Estadística acumula tres meses de descensos interanuales. González teme que las tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la energía terminen debilitando una demanda que considera menos sólida de lo que reflejan las cifras generales. A su juicio, las empresas están absorbiendo parte de los incrementos de costes, como refleja la diferencia entre la inflación alimentaria y la general, pero su capacidad para seguir haciéndolo disminuirá si se prolonga la presión sobre los precios energéticos. El dirigente empresarial ha resumido la situación de los hogares como un escenario marcado por la presión fiscal, las dificultades para acceder a una vivienda y el encarecimiento de la vida. También ha señalado otros problemas estructurales de la economía española, como los retos demográficos, el absentismo laboral, la baja productividad y el elevado endeudamiento. En materia energética, Aecoc defiende que existe margen para reducir los impuestos que gravan estos suministros, dado el peso que tienen en su precio final. González sostiene que se trata de una decisión que puede adoptarse en el ámbito nacional, sin necesidad de recurrir a las instituciones europeas. La patronal reclama, además, que el próximo Ejecutivo apruebe nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que las últimas cuentas aprobadas corresponden a 2023 y desde entonces se mantienen prorrogadas. También pide poner fin al bloqueo parlamentario y aumentar la inversión pública en digitalización para impulsar la productividad empresarial y reducir la distancia con otros países europeos. Otra de las prioridades del sector es combatir el absentismo laboral, cuyo coste Aecoc estima en 36.000 millones de euros. Para ello, propone mejorar la atención sanitaria con el objetivo de reducir la duración de las bajas, reforzar el intercambio de información entre la Seguridad Social, los servicios autonómicos de salud y las empresas, ampliar progresivamente las funciones de las mutuas, modernizar la regulación de la incapacidad temporal e intensificar el diálogo social. Aunque estas propuestas se centran principalmente en las actuaciones de las administraciones públicas y del sistema sanitario, González ha reconocido que las empresas también tienen responsabilidad en la reducción del absentismo. En este sentido, ha señalado la importancia de factores como la motivación de los trabajadores, la política salarial y el ambiente laboral, y ha advertido de que sería un error que las compañías eludieran su parte de responsabilidad. Por último, Aecoc pide reducir la carga regulatoria que soportan las empresas, al considerar que genera incertidumbre y dificulta su actividad. La asociación también reclama medidas para evitar que la corrupción se normalice, al entender que deteriora la confianza ciudadana, frena la inversión extranjera, dificulta la captación de talento y puede perjudicar al turismo.

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(El País, 22-10-2026) | Fiscal

Los municipios recaudan casi 4.000 millones con el gravamen de basuras

La tasa de basuras ha vuelto a subir en 2026, después de la polémica que acompañó su implantación el año pasado. Los hogares españoles pagan de media 119,6 euros anuales, un 6,4% más que en 2025, un incremento superior a la inflación. Pese a esta subida, los ingresos obtenidos por los ayuntamientos siguen siendo insuficientes para cubrir el coste total del servicio. Además, las diferencias entre municipios continúan siendo muy acusadas: Valencia registra la cuota más elevada entre las capitales de provincia, con 292,48 euros, mientras que Soria presenta la más baja, con 42,31 euros. Así lo recoge el informe Las Tasas de Residuos en España 2026, elaborado por la Fundación ENT, especializada en investigación y políticas públicas medioambientales. Tras Valencia, Girona y San Sebastián ocupan los siguientes puestos entre las capitales con las tasas domésticas más altas, con 224,56 y 215,53 euros anuales, respectivamente. En el extremo opuesto, después de Soria se sitúan Palencia, con 58,45 euros, y León, con 62,53 euros. Madrid, con una cuota de 151,63 euros, y Barcelona, con 136,68 euros, también superan la media nacional, aunque se encuentran lejos de las cantidades más elevadas. En el ámbito comercial, los hoteles soportan las cuotas medias más altas, con 1.589 euros anuales, seguidos de los supermercados, con 1.033 euros, y los restaurantes, con unos 788 euros. El tamaño del municipio también influye en los importes. En las ciudades más grandes, hoteles y supermercados suelen afrontar las tarifas más elevadas, mientras que en las localidades pequeñas destacan especialmente las cuotas aplicadas a hoteles y restaurantes. La Fundación ENT elabora desde 2015 un análisis de las tasas municipales de residuos. La edición de 2026 examina una muestra de 134 municipios, entre ellos las 50 capitales de provincia. Para comparar las tarifas domésticas, el estudio utiliza un hogar estándar formado por dos personas de entre 20 y 59 años que residen en una vivienda habitual de 75 metros cuadrados. El modelo contempla un consumo de agua de 128 litros por persona y día, una generación anual de residuos de 464,3 kilos por habitante y una recogida selectiva del 41,5%. Más allá de las diferencias entre localidades, el principal problema sigue siendo la falta de cobertura financiera del servicio. La recaudación de la tasa solo permite sufragar, de media, el 69% del coste de recogida y tratamiento de residuos. Los presupuestos municipales para 2026 prevén unos gastos de 5.699 millones de euros y unos ingresos de 3.930 millones. En consecuencia, aproximadamente el 30% del coste continúa financiándose con recursos generales de los ayuntamientos. La cobertura ha mejorado 15,5 puntos porcentuales respecto a 2024, aunque las diferencias entre municipios siguen siendo importantes. Las localidades de hasta 1.000 habitantes alcanzan una cobertura media del 95,5%, lo que significa que sus ingresos por la tasa se aproximan al coste del servicio. En las ciudades de más de 50.000 habitantes, en cambio, la proporción se ha situado históricamente en torno al 70%. El origen de esta situación se encuentra en la obligación legal establecida por el Gobierno, que fijó abril de 2025 como fecha límite para que los ayuntamientos implantaran una tasa específica destinada a financiar íntegramente la recogida y gestión de residuos. La medida, derivada de una directiva europea, responde al principio de que quien contamina paga y pretende que el coste del servicio recaiga en mayor medida sobre quienes generan más basura. Sin embargo, la normativa no estableció un sistema tarifario común ni concretó cómo debían calcularse las cuotas. Esta falta de criterios uniformes ha dejado en manos de cada ayuntamiento el diseño de la tasa, lo que ha generado diferencias notables entre territorios. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), considera que los consistorios han aplicado criterios muy diversos para trasladar el coste a los contribuyentes. En algunos municipios, explica, se ha introducido la nueva tasa sin reducir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), lo que ha supuesto un aumento de la carga fiscal. En otros casos, los criterios utilizados no reflejan adecuadamente la cantidad de residuos generados por cada hogar. La OCU ya promovió el año pasado reclamaciones contra la tasa de basuras de Madrid, que fue anulada judicialmente por un defecto de forma. García considera que la nueva ordenanza tampoco deja suficientemente claros los criterios que garantizan la aplicación del principio de que quien contamina paga. Por ello, recomienda abonar la tasa madrileña y presentar después un recurso. Las fórmulas utilizadas para calcular las cuotas también varían considerablemente. El 32,8% de los municipios mantiene tarifas fijas para los hogares, frente al 37,4% registrado el año anterior. Esta modalidad es más habitual en localidades pequeñas. En los municipios de mayor tamaño se incorporan con más frecuencia otros factores, como la ubicación de la vivienda, utilizada en el 24% de los casos; el valor catastral, en el 12,7%; el número de integrantes del hogar, en el 11,2%, y la superficie del inmueble, en el 10,4%. Estas fórmulas han recibido críticas de expertos en fiscalidad local y han motivado numerosas reclamaciones de contribuyentes, ya que no siempre tienen en cuenta la cantidad de residuos generados ni el comportamiento de los hogares en materia de reciclaje. De este modo, pueden acabar aplicando criterios similares a viviendas cuyos niveles de producción de basura son diferentes. Solo el 3% de los ayuntamientos incluye en el cálculo variables relacionadas directamente con la generación de residuos o con la separación de la basura doméstica. El porcentaje se acerca al 10% si se incorporan los municipios que ofrecen bonificaciones medioambientales. Entre los casos analizados figuran Anglesola, en Lleida; Basauri, en Vizcaya; Girona y Madrid. Los tres primeros aplican reducciones vinculadas al reciclaje de residuos orgánicos, mientras que Madrid combina una tarifa variable según los kilos de basura generados por persona y distrito con un coeficiente relacionado con el reciclaje en cada barrio. La diversidad de modelos ha desembocado también en una creciente conflictividad judicial. Según un experto en tributación local citado en el informe, cientos de miles de contribuyentes han recurrido las tasas de sus municipios y los tribunales superiores de justicia autonómicos están dictando resoluciones de distinto signo. Algunas fórmulas han sido aceptadas por unos tribunales y rechazadas por otros, mientras que en determinados casos la anulación se ha basado en defectos formales, como ocurrió en Madrid. Esta incertidumbre podría prolongarse hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión, algo que el experto no espera antes de la segunda mitad del próximo año.

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(El País, 22-10-2026) | Fiscal

Nuevo ‘impuesto al sol’ en Castilla y León que gravará a los grandes parques solares

La Junta de Castilla y León ha incluido en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027 una reforma del impuesto sobre la afección medioambiental que amplía su aplicación a los grandes parques fotovoltaicos y a las infraestructuras fijas de telecomunicaciones. El tributo, que hasta ahora gravaba las instalaciones eólicas, los embalses hidroeléctricos y las líneas de alta tensión, es la única figura impositiva propia que mantiene la comunidad tras la supresión del impuesto sobre vertederos. El Ejecutivo autonómico, integrado por PP y Vox y presidido por Alfonso Fernández Mañueco, justifica la modificación por la necesidad de adaptar el gravamen a la realidad actual y extenderlo a actividades que, según el proyecto, generan costes sociales y medioambientales. La inclusión de las instalaciones solares pretende reforzar la neutralidad fiscal entre actividades con una finalidad económica similar y que pueden producir efectos adversos sobre el entorno. La Junta también invoca el principio europeo de «quien contamina, paga» y recuerda que Castilla y León produce más energía renovable de la que consume, aunque soporta parte de los impactos derivados de estas instalaciones. La nueva regulación busca gravar los efectos visuales y ambientales de los parques eólicos y fotovoltaicos, que pueden alterar el paisaje, la flora y la fauna, además de ocupar terrenos agrícolas y modificar los usos tradicionales del suelo. La obligación tributaria se mantendrá incluso cuando las instalaciones estén fuera de servicio, hasta que sean completamente desmanteladas y se restituya el entorno natural a su estado original. El gravamen también afectará a determinadas instalaciones de autoconsumo. Quedan fuera del impuesto las placas solares situadas en cubiertas y tejados de edificios, así como las instalaciones sobre suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. Sin embargo, las grandes plantas de autoconsumo industrial o agrícola ubicadas en terrenos de mayor superficie deberán cumplir condiciones específicas para conservar la exención. En las instalaciones de autoconsumo con excedentes que ocupen cinco hectáreas o más, la potencia contratada durante el periodo punta P1 deberá representar, al menos, el 50% de la potencia de generación instalada. Si no se alcanza ese umbral, la Administración podrá considerar que la finalidad principal de la instalación es vender electricidad a la red y aplicar el impuesto íntegro por hectárea. Castilla y León se suma así a Aragón y La Rioja, otras dos comunidades gobernadas por el PP que ya han establecido gravámenes sobre la energía solar. No obstante, fuentes de la asociación fotovoltaica Unef sostienen que la carga prevista en el proyecto castellanoleonés es considerablemente superior a la de los tributos aprobados en esos territorios. La reforma también incrementa la tributación de las instalaciones eólicas. El proyecto actualiza las cuantías de los tramos vigentes, que permanecían sin cambios desde 2012, e incorpora dos nuevas tarifas de 14.000 y 16.000 euros por unidad para los aerogeneradores de mayor potencia. Además, la Junta plantea reducir la exención fiscal del 100% durante los primeros cinco años de funcionamiento, aprobada en 2017. Según la justificación recogida en el proyecto, esta bonificación ha perdido su razón de ser debido al liderazgo de Castilla y León en potencia eólica instalada. Con la reforma, el periodo exento quedaría limitado al año de puesta en marcha y al siguiente. Las empresas podrán reducir el impacto de la subida si acometen proyectos de repotenciación que disminuyan el número de aerogeneradores o realizan inversiones destinadas a combatir la despoblación en los municipios afectados. En el ámbito de las telecomunicaciones, el proyecto incorpora al impuesto los elementos fijos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas. La Junta fundamenta esta decisión en los posibles efectos visuales y ambientales de estas infraestructuras sobre el paisaje y los ecosistemas. La cuota prevista asciende a 700 euros por cada poste, torre o antena que no esté conectado con otros elementos mediante cables. Las nuevas instalaciones disfrutarán de una exención durante los dos primeros años. Asimismo, quedarán totalmente exentos los nuevos despliegues en municipios rurales de menos de 1.000 habitantes que carezcan de cobertura básica antes de 2027. La ampliación del impuesto sobre las instalaciones fotovoltaicas tendrá consecuencias económicas para las grandes compañías energéticas y los promotores que operan en la comunidad, entre ellos Iberdrola, Endesa, Naturgy, Solaria, Acciona Energía y Eni. La cuantía se calculará en función de la superficie ocupada por cada planta, tomando como referencia el terreno delimitado por vallas u otros elementos fijos. En las instalaciones flotantes sobre embalses, se atenderá a la superficie de generación. El proyecto contempla una exención temporal para las instalaciones fotovoltaicas durante el ejercicio en que comiencen a funcionar y el siguiente ejercicio completo. También establece que la recaudación se destinará a financiar programas medioambientales y de eficiencia energética, en lugar de incorporarse a la financiación general. Por último, las empresas podrán reducir el impacto fiscal mediante una deducción del 20% del importe invertido en programas y actuaciones dirigidos a mejorar el bienestar socioeconómico y combatir la despoblación en los municipios directamente afectados. Esta deducción tendrá como límite el 30% de la cuota tributaria y exigirá que las inversiones se articulen mediante convenios con las entidades locales o con la Administración autonómica.

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