News

(Cinco Días, 17-04-2025) | Laboral

Europa ha vuelto a tirar de las orejas a España por el bajo coste del despido improcedente

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se ha manifestado recientemente en relación con una reclamación presentada por Comisiones Obreras (CC OO) en 2022 contra el sistema laboral español. Aunque aún no se ha hecho público el dictamen completo, se adelanta que el actual sistema de indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) no siempre compensa adecuadamente al trabajador ni cumple con el objetivo disuasorio frente al empleador. Tal como ha adelantado El País, el CEDS ha dado la razón a CC OO, considerando que España estaría incumpliendo la Carta Social Europea, especialmente en los casos de despidos injustificados a empleados con poca antigüedad en la empresa. Algunos jueces habían intentado compensar esta deficiencia con indemnizaciones adicionales -en ocasiones mucho más elevadas que las establecidas por ley-, pero el Tribunal Supremo limitó esa práctica. Ahora la responsabilidad recae en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su intención de impulsar una reforma, aunque el ministerio esperará a la publicación oficial del dictamen, prevista para el 27 de junio, antes de actuar. El dictamen plantea varios puntos de discusión más allá del importe de la indemnización por despido. "También se abordan cuestiones relevantes como la eliminación de los salarios de tramitación tras la reforma laboral de 2012", explica Guillermo Barrios, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor de Labormatters Abogados. Según declaraciones de CC OO a Cinco Días, la reclamación del sindicato busca reformar tres aspectos clave del sistema actual. Primero, proponen priorizar la readmisión frente al despido, dando al trabajador la posibilidad de decidir si desea volver a su puesto. "No es lógico que el empresario, que ha infringido la normativa, sea quien decida entre readmisión o indemnización", señala Raúl Olmos, de la Secretaría Confederal de Acción Sindical del sindicato. La idea es convertir el despido en una medida realmente excepcional para las empresas. En segundo lugar, exigen que los trabajadores tengan derecho a percibir los salarios de tramitación aunque no recuperen su empleo, ya que en el modelo actual no se garantiza la recuperación de los ingresos perdidos ni de las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, solicitan establecer una indemnización mínima para los empleados con escasa antigüedad, cuyas compensaciones actuales son, según Olmos, "insignificantes". Las decisiones del CEDS no son legalmente vinculantes. Es decir, aunque el dictamen considere que España viola la Carta Social Europea, no obliga automáticamente a modificar la legislación. Sin embargo, Guillermo Barrios advierte que este es un asunto delicado, y se espera que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se pronuncie próximamente. Aunque sin fuerza legal directa, el dictamen podría motivar un aumento en las demandas judiciales basadas en su contenido. Según Enrique Ceca, socio director en Ceca Magán Abogados, el dictamen del Consejo Europeo podría incentivar a más trabajadores a acudir a los tribunales para defender sus derechos. No obstante, aclara que los empleados deberán reclamar expresamente una indemnización adicional y justificarla correctamente, ya que los jueces no pueden otorgarla de forma automática. Víctor Canalda, abogado y graduado social, apunta que no será necesario mencionar directamente la resolución del CEDS en las demandas. Bastará con invocar el "control de convencionalidad" de los tratados internacionales ratificados por España. Aunque el dictamen del Comité Europeo no constituye jurisprudencia, algunos tribunales autonómicos, como los de Cataluña o el País Vasco, ya lo han tenido en cuenta al interpretar el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT. Sin embargo, en diciembre pasado, el Tribunal Supremo rechazó estas indemnizaciones adicionales al considerar que el Estatuto de los Trabajadores ya cumple con dicho convenio. Cabe destacar que esta decisión se refería a un caso anterior a la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea en 2021. Con el nuevo dictamen del CEDS, algunos jueces podrían apartarse de la doctrina del Supremo y volver a aceptar indemnizaciones superiores a las previstas legalmente. "Es posible que los tribunales de instancia consideren que la postura del Supremo no se ajusta a los compromisos internacionales, sobre todo si el trabajador fundamenta bien su reclamación invocando el artículo 24 de la Carta Social Europea", indica Enrique Ceca. Esto, añade, podría generar inseguridad jurídica debido a posibles fallos contradictorios en casos similares. El propio Tribunal Supremo podría ser el que provoque un cambio de criterio. Según Barrios, el Comité Europeo es el intérprete autorizado de la Carta Social Europea, y además, la reciente renovación de la Sala de lo Social podría haber modificado la correlación de fuerzas dentro del alto tribunal.

READ MORE

(Expansión, 17-04-2025) | Laboral

Marruecos, Rumanía y Colombia aportan el 31% del empleo extranjero en España

La presencia de trabajadores extranjeros en el mercado laboral español sigue en aumento. En marzo se alcanzó un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social con 2.921.205 personas de origen foráneo, lo que supone 46.807 más que en febrero y un incremento de 187.086 respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento implica que las personas nacidas fuera de España contribuyeron con el 29% de los nuevos empleos creados en marzo -sobre un total de 161.492 altas- y con el 41% del empleo generado en los últimos doce meses -de un total de 455.659 nuevos afiliados-. De hecho, la proporción de trabajadores extranjeros sobre el total de afiliados ha aumentado del 13% registrado el año pasado al 13,7% actual. Hace diez años, su peso era considerablemente menor, con apenas un 9,2%. A pesar de su creciente relevancia en la sostenibilidad del mercado laboral, en especial en sectores clave como los servicios, la aportación de estos trabajadores está marcada por una concentración geográfica. Entre los 2,9 millones de afiliados extranjeros, los tres países con mayor representación son Marruecos (355.296), Rumanía (339.527) y Colombia (224.501), que en conjunto representan el 31,5% del total de trabajadores extranjeros registrados. Les siguen Italia (197.113), Venezuela (181.917), China (121.237) y Perú (88.664). También hay una fuerte concentración sectorial. Según los datos de cierre de marzo, entre los asalariados extranjeros (2.439.776, es decir, el 83,5% del total), los sectores que más empleo concentran son comercio (311.280), hostelería (406.340) y agricultura (246.386), que en conjunto agrupan al 40% de los afiliados extranjeros al régimen general. Otro dato relevante es el crecimiento del número de extranjeros que deciden emprender por cuenta propia. Los autónomos foráneos ya representan el 16,5% del total de trabajadores extranjeros, con 476.039 afiliados en marzo. Esto supone 34.446 más que un año atrás y 4.522 más que en febrero. Dentro de este colectivo de autónomos, también se observa una clara concentración en determinadas actividades económicas. De los casi 500.000 trabajadores por cuenta propia de origen extranjero, el comercio reúne 103.937 afiliados, la hostelería 76.995 y la construcción 67.882, lo que representa en conjunto el 52% del total. En cuanto a la distribución territorial, el número de afiliados extranjeros creció en todas las comunidades autónomas en marzo, salvo en Castilla-La Mancha (-288), Navarra (-71) y La Rioja (-100). Los mayores incrementos se registraron en Andalucía (+12.129), Baleares (+9.201) y Cataluña (+8.435). La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha subrayado la "importancia vital" de este colectivo para rejuvenecer el mercado laboral ante el envejecimiento de la población, así como para garantizar el relevo generacional en sectores como el manufacturero. Saiz afirmó que sin la aportación de los trabajadores extranjeros "no se habría producido el crecimiento actual del empleo" y destacó su papel esencial para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Más de 4 millones de personas se jubilarán en los próximos diez años", recordó, remarcando la necesidad de contar con estos trabajadores para garantizar el futuro del sistema.

READ MORE

(El País, 17-04-2025) | Laboral

La renta de los mayores de 65 años en España rebasa un 6,4% a la europea

La renta mediana de los mayores de 65 años en España -ajustada al nivel de precios de cada país mediante euros PPS- supera en un 6,4% la media de la Unión Europea. Esta diferencia se acentúa cuando se considera el nivel educativo: los mayores con estudios medios ganan un 26% más que sus equivalentes europeos, y los que tienen estudios superiores, un 18% más. Sin embargo, esta situación contrasta con la de los menores de 65 años, cuya renta, a igualdad de formación, es un 7,3% inferior a la media de los Veintisiete, según revela el estudio Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe también destaca que, en comparación con el resto de la población, las personas mayores en España disfrutan de condiciones económicas más favorables. Los hogares encabezados por personas mayores acumulan más patrimonio neto: mientras que los hogares con jefes de familia entre 35 y 44 años poseen una riqueza media de 76.000 euros, esta cifra asciende a 226.000 euros en los hogares cuyos cabezas tienen entre 65 y 74 años, y a 221.000 euros en los de más edad. Aproximadamente un tercio de los mayores en edad de jubilación dispone de rentas que superan en al menos un 30% la mediana nacional. En contraste, el 23,2% de la población entre 18 y 64 años declara dificultades para llegar a fin de mes, frente al 15,9% entre los mayores. El envejecimiento poblacional en España es evidente: el grupo de personas de 55 años o más ya representa el 34,6% de la población, y se espera que esta proporción suba al 43,3% para 2070. La esperanza de vida también ha aumentado notablemente -9,6 años desde los años 70- alcanzando los 83,2 años. Aunque hay desigualdades dentro del colectivo de mayores, estas son menos pronunciadas que entre los más jóvenes. La renta disponible del 20% más rico entre los mayores quintuplica la del 20% más pobre, mientras que entre el resto de la población la diferencia es aún mayor, con una proporción de 5,6 a 1. Dentro del grupo de mayores, el nivel educativo marca diferencias clave. Los mayores de 65 años con solo estudios básicos tienen una renta mediana de 16.807 euros. Esta cifra asciende a 23.134 euros (un 37,6% más) entre quienes tienen estudios medios y a 30.864 euros (un 83,6% más) entre los que cuentan con formación superior. El patrimonio neto también varía significativamente según el nivel de estudios: mientras que los mayores con formación básica acumulan una mediana de 140.000 euros, esta sube a 243.000 euros para los de estudios medios y llega a los 503.000 euros para quienes tienen educación superior. Gracias a estos mayores ingresos y patrimonios, los más formados están menos expuestos a situaciones de pobreza o exclusión social, y disponen de una mayor capacidad para afrontar imprevistos. Además, sus ventajas se extienden al ámbito del bienestar: presentan mejores condiciones de salud, una vida más activa, mayor implicación en actividades culturales y políticas, y un uso más frecuente de la tecnología. También mantienen relaciones sociales más estrechas, lo que se traduce en una mayor sensación de felicidad. La formación también influye en la prolongación de la vida laboral. Entre las personas mayores de 55 años, solo un 7,5% de quienes solo terminaron la primaria sigue trabajando, mientras que la tasa de actividad alcanza el 47,5% entre quienes tienen estudios superiores. No obstante, España registra una menor participación laboral de los mayores de 65 años respecto al promedio europeo: su tasa de actividad es del 3,7%, frente al 6,6% en la UE. El estudio también pone el foco en el elevado número de mayores que ni estudian ni trabajan. Aunque el fenómeno de los "ninis" se suele asociar a los jóvenes -el 16,1% de los españoles entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja-, este porcentaje asciende al 38,1% en la franja de 55 a 64 años, y al 90,4% entre los de 65 a 74 años. Según los expertos, esta situación se explica por las pensiones relativamente generosas respecto al salario y la escasez de fórmulas de jubilación flexible o parcial. Pese a esta baja participación, las condiciones laborales de los mayores de 65 años que sí trabajan son, en muchos casos, mejores que las de otros grupos de edad con el mismo nivel de formación. Así, el 90% de los mayores universitarios con empleo cuenta con un contrato indefinido, diez puntos por encima de los universitarios más jóvenes. Además, los salarios también son más elevados: quienes tienen entre 65 y 74 años ganan, de media, un 11,9% más que los trabajadores de entre 25 y 54 años con el mismo nivel de estudios. Esta diferencia llega al 25% en el caso de los titulados superiores.

READ MORE

(El Periódico, 17-04-2025) | Laboral

Inspecció de Treball de Cataluña ha iniciado una campaña para perseguir a las empresas que hacen un uso fraudulento del periodo de prueba

La Inspección de Trabajo ha intensificado su vigilancia sobre uno de los vacíos legales más utilizados desde la reforma laboral de 2021: el abuso del periodo de prueba en los contratos indefinidos para sustituir los antiguos contratos temporales. La directora general de la Inspecció de Treball, Laura Freixas, ha anunciado en un encuentro con medios que, desde abril, se ha puesto en marcha una campaña específica centrada en detectar posibles fraudes en los despidos durante el periodo de prueba. Aunque este tipo de cese representa una parte menor de las bajas registradas en la Seguridad Social, su número ha crecido notablemente en los últimos años, duplicándose respecto a las cifras anteriores a la reforma laboral. El periodo de prueba tiene como objetivo verificar si un trabajador encaja en el puesto para el que ha sido contratado. Durante este tiempo, que varía según el tipo de trabajo y la cualificación, la empresa puede finalizar la relación laboral sin necesidad de justificación extensa, aviso previo ni indemnización. Sin embargo, la duración nunca puede superar los seis meses, según lo establece la normativa y los convenios colectivos. La Inspección sospecha que algunas empresas están utilizando este periodo como una forma encubierta de contratar temporalmente. Es decir, contratan con la apariencia de ser un contrato indefinido pero, en realidad, solo pretenden cubrir necesidades puntuales durante unos pocos meses y luego despiden al trabajador antes de que termine el periodo de prueba, evitando así costes de indemnización. Durante 2024 se contabilizaron 10,4 millones de bajas en la Seguridad Social de personas con contrato indefinido. De esas, 2,7 millones fueron ceses no voluntarios, y 713.414 se produjeron por no superar el periodo de prueba. Esto significa que el 26,2% de los despidos no voluntarios en contratos indefinidos se debieron a este motivo. En 2019, este porcentaje era del 11,8%, lo que muestra un incremento considerable tras la reforma laboral. Dado que la reforma limitó el uso de contratos temporales, algunas empresas están recurriendo a esta fórmula como una alternativa para cubrir necesidades estacionales o puntuales. Para combatir esta práctica, la Inspecció de Treball, junto con la Inspección estatal, está desarrollando campañas específicas y ha comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Mediante el cruce de datos de altas y bajas en la Seguridad Social, los algoritmos identifican patrones sospechosos en empresas con ceses reiterados por este motivo, lo que permite a los inspectores actuar con mayor eficacia. Uno de los principales obstáculos para intensificar esta vigilancia es la escasez de personal. En Cataluña, solo hay 307 inspectores para supervisar a más de 347.000 empresas, lo que representa una media de un agente por cada 12.377 trabajadores, lejos de la recomendación de la OIT de un inspector por cada 7.000. A pesar de esta limitación, en 2024 la Inspecció de Treball alcanzó cifras récord en su labor sancionadora, con 33.392 expedientes abiertos que supusieron multas por un total de 49,4 millones de euros. El número de denuncias ciudadanas también creció un 9%, alcanzando las 11.786, lo que muestra un mayor empoderamiento de los trabajadores y una mayor conciencia de sus derechos. Las principales infracciones detectadas estuvieron relacionadas con la economía sumergida (14,3 millones en sanciones), la falta de medidas de prevención que provocaron accidentes laborales (9,2 millones) y los abusos en la gestión del tiempo de trabajo, como las horas extras no pagadas o la ausencia de registro horario (3,6 millones).

READ MORE

(Expansión, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro superó ayer los 3.300 dólares por onza y sube más del 26% este año

El oro alcanzó ayer un nuevo máximo histórico al superar los 3.300 dólares por onza, impulsado por el aumento de la demanda de activos considerados seguros, en un contexto de incertidumbre que volvió a afectar negativamente al sector tecnológico. Nvidia, la empresa estadounidense que ocupa el tercer lugar en capitalización bursátil a nivel mundial, anticipó pérdidas de hasta 5.500 millones de dólares en el primer trimestre, tras la decisión de Donald Trump de restringirle la venta de chips a China. Esta situación provocó una caída del 7% en sus acciones durante la jornada. En lo que va del año, el precio del oro ha subido más del 26%, mientras que el índice S&P 500 ha retrocedido un 9%. En la última encuesta global de gestores de fondos de Bank of America, el oro se posicionó como la operación más popular, con el 49% de los votos, desbancando así a los llamados "7 magníficos", que lideraban desde marzo de 2023. Este cambio marca el fin de una racha de dos años de dominio del sector tecnológico, que cae a la segunda posición, al reducirse su peso del 40% en marzo al 24% en abril. En febrero, estas grandes tecnológicas aún lideraban con el 56% de las preferencias. El recrudecimiento de la guerra comercial, el temor a una recesión global y la incertidumbre generada por las impredecibles decisiones políticas de Trump han reforzado la preferencia por el oro como instrumento para estabilizar las carteras de inversión. Tanto Goldman Sachs como UBS han elevado sus previsiones para el precio del oro, impulsados por una demanda mayor de la esperada por parte de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el papel del metal como refugio frente a la recesión y los riesgos geopolíticos. Lina Thomas, analista de Goldman Sachs, prevé que el oro podría alcanzar los 3.700 dólares por onza a finales de este año y llegar a los 4.000 dólares hacia mediados de 2026. Según sus declaraciones, "los flujos recientes han sido más fuertes de lo esperado, probablemente como reflejo del renovado interés de los inversores en cubrirse frente a una posible recesión y la caída de los activos de riesgo". En un escenario recesivo, añaden, "la inversión en ETF podría acelerarse aún más, llevando el oro hasta los 3.880 dólares por onza antes de que termine el año". Por su parte, Joni Teves, estratega de UBS, espera que el precio del oro cierre el año en 3.500 dólares la onza, impulsado por las compras de bancos centrales, fondos de inversión a largo plazo, fondos macroeconómicos, patrimonios privados y pequeños inversores. También advierte que una menor liquidez, debido al crecimiento limitado de la producción minera y a la gran cantidad de oro retenido en las reservas de los bancos centrales y en ETF, podría amplificar las variaciones del precio. Cada vez más gestores de fondos muestran confianza en el rendimiento del oro. El 42% de los inversores institucionales encuestados por Bank of America considera que será el activo con mejor desempeño en 2025, frente al 23% que opinaba lo mismo en marzo. Desde enero de 2024, el oro se ha revalorizado más del 60%, muy por encima del 13% registrado por el S&P 50. La expectativa de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés este año también refuerza la fortaleza del metal dorado.

READ MORE

(Expansión, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca española salvará el primer trimestre y ganará un 15% más

La banca española dará inicio a la presentación de sus resultados trimestrales el próximo 24 de abril. Por primera vez desde el inicio de las tensiones comerciales, los principales ejecutivos del sector explicarán cómo el nuevo contexto internacional puede influir en los distintos mercados en los que operan, así como en los sectores empresariales más vulnerables. "Aún es pronto para conocer con certeza el verdadero alcance de los aranceles y, especialmente, su repercusión en el ciclo económico, que consideramos el principal riesgo para el sector", advierte Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Los resultados del primer trimestre lograron escapar, por muy poco, de la reciente inestabilidad en los mercados. Según las estimaciones recopiladas por Bloomberg, el beneficio neto del sector aumentará un 15%. Un factor adicional que mejora la comparación interanual es el tratamiento del impuesto especial a la banca. A diferencia del gravamen temporal anterior, la nueva versión no se reflejará en las cuentas del primer trimestre, ya que podrá liquidarse en dos plazos: junio y octubre. Esto permitirá que las filiales en España muestren buenos resultados, con un incremento del 30% interanual tanto en Santander España como en BBVA España. Sin embargo, el margen de intereses -la principal fuente de ingresos para cualquier entidad bancaria- sufrirá una contracción como consecuencia de la bajada de los tipos de interés. El euríbor se sitúa hoy 122 puntos básicos por debajo del nivel de hace un año. Renta 4 estima que la banca cotizada recortará su margen de intereses en torno al 5%, aunque con diferencias entre entidades: desde un descenso del 2% en Sabadell hasta caídas del 7% en Unicaja y Bankinter. No obstante, el aumento en la comercialización de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones contribuirá a suavizar el impacto. Se espera que los ingresos totales crezcan, en promedio, un 8%, destacando BBVA con un incremento del 10%. En este primer trimestre, su margen bruto superará los 9.000 millones de euros, impulsado en gran parte por los ingresos procedentes de operaciones financieras. El consenso del mercado estima que Santander cerrará el trimestre con un beneficio de 3.139 millones de euros, incluyendo sus operaciones internacionales, lo que representa un aumento del 10% respecto al año anterior. Pese a la incertidumbre comercial, Ana Botín reafirmó recientemente que la entidad mantiene su objetivo de rentabilidad sobre capital tangible (Rote), situado entre el 15% y el 17%. "Pese a su exposición al mercado estadounidense, creemos que el banco está logrando transformar su perfil de riesgo y fortalecer significativamente su capital", sostiene Renta 4. En el caso de BBVA, se prevé un incremento del 27% en su beneficio. "El foco estará en cómo aborden el posible impacto de los aranceles, sobre todo por su fuerte presencia en México -que representa la mitad de sus ganancias- y si esto podría llevar a una revisión a la baja de sus previsiones. También se observará de cerca su estrategia en Turquía y su postura respecto a la opa sobre Sabadell", indica Renta 4. En cuanto a CaixaBank, incluyendo su actividad en Portugal, el beneficio crecería un 7% según Bloomberg, y un 17% según las proyecciones de Renta 4.

READ MORE

(El País, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de inflación de la eurozona se moderó una décima en marzo, hasta el 2,2%

La inflación interanual en la zona euro se situó en marzo en el 2,2%, una décima menos que el 2,3% registrado en febrero, lo que representa el incremento de precios más bajo desde noviembre del año pasado. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también se desaceleró, pasando del 2,7% al 2,5%, según la segunda estimación publicada por Eurostat. Este informe confirma que el proceso de desinflación continúa avanzando, justo un día antes de que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés, con el mercado anticipando una nueva bajada de 25 puntos básicos. En detalle, los datos de Eurostat revelan que el precio de la energía en la eurozona disminuyó un 1% interanual en marzo, en contraste con el ligero aumento del 0,2% del mes anterior. Por su parte, los alimentos frescos experimentaron un encarecimiento del 4,2% en comparación con el año anterior, frente al 3% de febrero. En cuanto a los bienes industriales que no dependen de la energía, se mantuvieron con un incremento interanual del 0,6%, igual que en febrero, mientras que los servicios redujeron su ritmo de encarecimiento, pasando del 3,7% al 3,5%. Si se excluye la energía del cálculo, la inflación interanual en marzo alcanzó el 2,5%, también una décima menos que en el mes anterior. La inflación subyacente -que no incluye energía, alimentos frescos, alcohol ni tabaco- también se moderó, situándose en el 2,4%, frente al 2,6% registrado en febrero. Entre los países de la UE, las tasas de inflación más bajas se observaron en Francia (0,9%), Dinamarca (1,4%) y Luxemburgo (1,5%), mientras que Rumanía (5,1%), Hungría (4,8%) y Polonia (4,4%) presentaron los mayores incrementos. Comparando con febrero de 2025, la inflación anual bajó en dieciséis Estados miembros, se mantuvo sin cambios en uno y subió en diez. En el caso de España, la inflación armonizada bajó al 2,2% interanual en marzo, frente al 2,9% registrado en febrero, situándose así en línea con el promedio de la eurozona.

READ MORE

(El País, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio mundial acusa el golpe de los aranceles

Hacer previsiones económicas hoy en día es casi como intentar ver el horizonte con visión borrosa: una tarea incierta y poco fiable. A pesar de ello, comienzan a publicarse informes de organismos internacionales que intentan poner números a la creciente incertidumbre económica mundial, provocada en gran medida por el giro proteccionista de Donald Trump en materia comercial. Su estrategia arancelaria, especialmente agresiva, amenaza con frenar los flujos de comercio internacional, ralentizar el crecimiento económico global y generar una mayor fragmentación en la economía mundial. La Organización Mundial del Comercio (OMC), encargada de regular las normas del comercio global, ha estimado que este año el comercio de bienes caerá un 0,2% como resultado de los nuevos aranceles impuestos por EE. UU. La institución, dirigida por la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, presentó este miércoles sus últimas previsiones, en un clima marcado por la incertidumbre que ha generado la decisión de Trump de aplicar un arancel general del 10%, además de tarifas adicionales a países con los que EE. UU. mantiene un fuerte déficit comercial. Aunque ha concedido una prórroga de 90 días para negociar con unas 70 naciones, Trump mantiene una postura firme frente a China, poniendo en jaque el orden comercial que se ha mantenido desde la Gran Depresión. "La previsión para 2025 ha caído casi tres puntos porcentuales en comparación con lo que se esperaba sin estas medidas recientes", indica el informe de la OMC. En declaraciones al Financial Times, Okonjo-Iweala alertó de que el conflicto comercial entre EE. UU. y China podría arrastrar al planeta a una recesión. La directora general expresó su inquietud ante la posibilidad de una fragmentación geopolítica y económica, que obligue a los países a elegir bando. "Si eso ocurre", advirtió, "la producción global podría descender un 7%". A esta llamada de atención se sumó también Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, quien en un acto en la sede del organismo en Washington aseguró que la creciente inestabilidad y falta de certidumbre afectará negativamente al crecimiento económico global. Según Banga, esta tensión está frenando las inversiones y el consumo, ya que las empresas y las familias actúan con mayor cautela ante un entorno incierto. El presidente del Banco Mundial -organismo nacido tras las conferencias de Bretton Woods de 1944 con el objetivo de establecer un sistema multilateral de cooperación económica- reclamó un mayor diálogo entre países. En especial, pidió a los gobiernos que retomen las negociaciones para establecer nuevas reglas comerciales que ofrezcan seguridad jurídica y económica. En este sentido, también instó a los países en desarrollo a fortalecer sus vínculos comerciales regionales y bilaterales como alternativa al comercio con EE. UU. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, también se ha pronunciado en los últimos días sobre los efectos negativos que podrían tener los aranceles en la economía global. En su informe previo a su reunión anual en Washington, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva advirtió que las tensiones comerciales podrían originarse por causas geopolíticas, y que estas, a su vez, pueden dañar tanto las relaciones internacionales como la actividad económica. Frente a este panorama, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) rebaje este jueves los tipos de interés en un cuarto de punto, situándolos en el 2,25%. Sin embargo, más allá de esta medida, la atención de los mercados se centrará en el discurso de su presidenta, Christine Lagarde, quien podría pronunciarse sobre el impacto del viraje proteccionista de EE. UU. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se mantiene en una posición prudente ante la falta de claridad en la política comercial estadounidense. Durante un evento en el Club Económico de Chicago, Powell subrayó los riesgos inflacionarios asociados a los aranceles y defendió la necesidad de actuar con cautela hasta que haya mayor certidumbre sobre la dirección que tomará la administración estadounidense en esta materia.

READ MORE

(El Periódico, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Europa denuncia que España incumple las recomendaciones para evitar la corrupción de altos cargos

España no ha cumplido adecuadamente con las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa viene formulando desde junio de 2019 para combatir la corrupción en los altos cargos del Gobierno central y en los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, anunció este miércoles que en su próxima sesión plenaria, del 2 al 5 de junio, analizará el informe que solicitó a España antes del 31 de diciembre de 2024, debido a estos incumplimientos, que se dividen en 13 aplicados parcialmente y 6 sin implementar. Dependiendo de los resultados, el organismo podría aplicar medidas de presión. Además, GRECO ha enviado una carta al representante de España ante el Consejo de Europa para señalarle la falta de avances y pedirle acciones concretas que permitan obtener resultados visibles a corto plazo. Las principales deficiencias señaladas por el organismo se centran en la necesidad de mejorar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, así como su relación con los grupos de presión ('lobbies'), el régimen de aforamiento y las conocidas "puertas giratorias" que permiten el paso del sector público al privado. Tras hacerse público el informe, el Gobierno ha defendido que ha cumplido "total o parcialmente" la mayoría de las recomendaciones emitidas por el GRECO en sus informes de 2013 y 2019. Según el Ejecutivo, de las 30 recomendaciones realizadas en ambas evaluaciones, 24 han sido cumplidas en todo o en parte. No obstante, el documento del Consejo de Europa refleja que España solo ha aplicado parcialmente 13 recomendaciones y ha desatendido por completo otras seis. Esto ha motivado que se abra un procedimiento de seguimiento por incumplimiento y se exija a España que informe sobre los avances en esta materia de cara a la 100ª sesión del GRECO, que tendrá lugar en Estrasburgo. El informe enfatiza la necesidad de reforzar la prevención de conflictos de intereses entre los altos cargos del Ejecutivo y de aumentar la transparencia en sus funciones, así como en las de sus asesores. GRECO subraya que, aunque se han adoptado algunas medidas para evitar conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado, no existe una estrategia específica para los miembros del Gobierno central, quienes, por su papel político y sus vínculos con el sector privado, enfrentan desafíos particulares. También reclama que se impongan los mismos estándares de transparencia e integridad a los asesores gubernamentales, solicitando que se hagan públicos sus perfiles profesionales y sus remuneraciones. El informe también pide avances en la declaración de bienes, una regulación más clara de los 'lobbies', un control más estricto sobre las puertas giratorias y una revisión del sistema de aforamientos. Aunque se ha mejorado el detalle en las declaraciones patrimoniales de los altos cargos, todavía faltan datos relevantes, especialmente sobre actividades externas, activos, intereses, empleos adicionales, deudas y dependientes. En relación con los 'lobbies', GRECO critica que no se haya dado ningún paso concreto para aplicar la recomendación, ya que el intento de aprobar una ley en 2023 se truncó por la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en la actual legislatura se está tramitando un proyecto de Ley sobre transparencia e integridad en la actividad de los grupos de interés, que define claramente qué son los 'lobbies', cuáles son sus actividades y fija un código de conducta para su relación con los altos cargos y empleados públicos. En cuanto a las puertas giratorias, el informe considera insuficiente el periodo de espera de dos años establecido en el fallido proyecto anterior, señalando que la recomendación abarca aspectos más amplios. GRECO también ha reiterado su petición para que España elimine el aforamiento de los miembros del Gobierno, ya que podría dificultar procesos penales en casos de corrupción. El Ejecutivo ha respondido que se trata de un asunto sensible, ya que implicaría una reforma constitucional que requiere un consenso parlamentario amplio, algo que considera complicado de lograr. A pesar de las críticas, el informe valora positivamente la implementación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye evaluaciones de riesgos de corrupción, un código ético, formación para empleados públicos y mecanismos internos de denuncia. Asimismo, se reconocen los esfuerzos de España en facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, destacando la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales. También se celebran las iniciativas orientadas a fomentar la igualdad de género dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque se insta a mejorar los sistemas internos de prevención de la corrupción en estos cuerpos.

READ MORE

(Expansión, 16-04-2025) | Fiscal

Cuenta atrás para los nuevos tipos para microempresas y pymes en el Impuesto de Sociedades

El próximo 21 de abril (o el 22, dependiendo del domicilio fiscal de la compañía) vence el plazo para efectuar el primer pago fraccionado trimestral correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de 2025. Se trata de una fecha destacada para todas aquellas empresas que en 2024 registraron beneficios o superaron los seis millones de euros en ingresos, ya que están obligadas a abonar este anticipo fiscal cada tres meses. Este año, la fecha cobra aún más relevancia para miles de pequeñas y microempresas, tras la aprobación a finales del año pasado por parte del Congreso de los Diputados de una reducción en los tipos impositivos aplicables a este segmento empresarial. La nueva normativa fija el tipo del impuesto en el 22% y el 24%, dependiendo del tamaño de la empresa, con un calendario de descensos progresivos en los próximos ejercicios. La aplicación de esta rebaja fiscal varía en función de los resultados obtenidos por las empresas en 2024 y del método que elijan para calcular el pago correspondiente al primer trimestre del año. Así, las compañías con ingresos inferiores a seis millones de euros pueden optar por el método de cálculo por "cuota", que toma como referencia los beneficios del año anterior, o por "base", que se basa en los resultados reales obtenidos en los meses de enero, febrero y marzo. Desde la Agencia Tributaria explican que muchas microempresas y pymes suelen elegir el método por cuota, dado que implica abonar el 18% de los beneficios previos. Sin embargo, la bajada de los tipos impositivos podría hacer que algunas opten por cambiar al sistema basado en la base imponible real. Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), señala en declaraciones a EXPANSIÓN que aquellas empresas que opten por el cálculo por cuota tendrán que ajustar sus pagos cuando presenten la declaración anual del impuesto, previsiblemente en julio de 2026. Por otro lado, las pymes que el año pasado facturaron entre seis y diez millones de euros están obligadas a aplicar el método de cálculo por base, por lo que ya notarán este año la bajada del tipo impositivo general del 25% al 24%. La reforma fiscal impulsada por el Gobierno entró en vigor el 1 de enero de este año, tras el acuerdo parlamentario alcanzado en noviembre y su posterior aprobación en el Congreso. La principal novedad es la implantación de una rebaja progresiva del Impuesto sobre Sociedades para las pequeñas y medianas empresas que se extenderá durante varios años. Por primera vez, también se incorpora a la legislación el concepto de "microempresa", definido como aquella que factura menos de un millón de euros al año. Para este tipo de compañías, la nueva normativa establece un tipo reducido del 21% para los primeros 50.000 euros de facturación, mientras que el resto (hasta los 950.000 euros siguientes) tributa al 22%. Hasta ahora, estas empresas tributaban al 23%, es decir, dos puntos por debajo del tipo general. En el caso de las pymes (empresas con facturación entre uno y diez millones de euros), la rebaja será de un punto porcentual, pasando del 25% al 24% en 2025. Además, el plan del Gobierno prevé nuevas reducciones escalonadas en los próximos años: las microempresas tributarán en 2027 al 17% por los primeros 50.000 euros y al 20% por el resto, mientras que las pymes llegarán al 21% en 2029, bajando un punto por ejercicio. Este proceso de ajuste implicará que las empresas deban recalcular anualmente el porcentaje impositivo aplicable, lo que influirá en su planificación fiscal y contable, según explica Gimeno. A pesar del impacto positivo que supone esta rebaja fiscal para los negocios más pequeños, Gimeno recuerda que también siguen vigentes medidas que afectan a las grandes corporaciones, como el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que se aplica incluso después de aplicar deducciones y bonificaciones. Esta obligación se mantiene al mismo tiempo que las novedades que ya están en vigor y que incidirán en las declaraciones que las empresas deben presentar antes del 21 o 22 de abril.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF