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(El País, 09-12-2025) | Laboral

Garamendi insiste en la falta de “cultura del esfuerzo” y opina que las bajas laborales se concentran en lunes y viernes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado la falta de una "cultura del esfuerzo" en determinados sectores que requieren "miles" de empleados, como la hostelería, la construcción o el transporte. Según ha afirmado, se trata principalmente de una cuestión de "actitud", ya que, si se contaran "realmente", en España habría tres millones de personas en paro. También ha criticado las elevadas tasas de absentismo laboral y ha señalado que muchas bajas se concentran los lunes y los viernes. Durante la inauguración de la cumbre empresarial Liderando en incertidumbre, celebrada en Vitoria, Garamendi ha analizado el contexto económico y ha admitido que tanto la economía española como la vasca atraviesan un buen momento, aunque persisten -a su juicio- problemas estructurales que no se están afrontando adecuadamente. En esta línea, ha reiterado su idea de que en la sociedad falta "cultura del esfuerzo", un mensaje que repite desde hace tiempo. En septiembre ya generó polémica al comparar el esfuerzo laboral con el de deportistas como Carlos Alcaraz: "¿Crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Eso es la cultura del esfuerzo, de sacrificarse, de saber lo que se pierde y lo que se gana". Este viernes, insistió en que, pese a que en España habría tres millones de parados si se contaran todos -incluidos los fijos discontinuos durante sus periodos de inactividad-, siguen faltando trabajadores en sectores clave, lo que, según él, obedece a un problema de actitud. Los fijos discontinuos, aunque no figuran como desempleados porque mantienen una relación contractual, pueden encontrarse sin actividad durante meses y cobrar prestaciones, especialmente en ámbitos como la hostelería. Mientras tanto, aunque patronales y sindicatos coinciden en que faltan profesionales en algunas áreas, los datos de Eurostat sitúan a España entre los países europeos con menor número de vacantes laborales. Garamendi ha puntualizado que habla de empleos regulados por convenios colectivos en los que no se logra cubrir puestos, y ha criticado que parte de la población rechace la posibilidad de permitir la llegada de trabajadores extranjeros "que sí quieren venir a trabajar", una solución que defiende la patronal. El dirigente empresarial también ha cargado contra el absentismo, señalando que, según sus datos, cada día un millón y medio de personas no acuden a su puesto, con un gran número de bajas concentradas en lunes y viernes. En fechas recientes, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, incluso acuñó el término "bajaciones". Sin embargo, las estadísticas oficiales no detallan qué días de la semana registran más ausencias. Este discurso ha sido duramente contestado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En verano, CC OO lanzó una campaña titulada No ejerzas tus derechos, en la que criticaba que las patronales utilicen el concepto de absentismo de forma "malintencionada y perversa". El sindicato, en línea con UGT, sostiene que se mezclan bajas médicas, permisos justificados y ausencias fraudulentas, sin tener en cuenta factores como el envejecimiento de la población trabajadora o los retrasos en la atención sanitaria, que explican el aumento de las incapacidades temporales. Por último, Garamendi ha vuelto a reprochar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les acuse de cargar costes laborales relacionados con bajas por motivos de salud mental, afirmando que les está aplicando "la motosierra". Las tensiones entre CEOE y el Ministerio de Trabajo se han intensificado en las últimas mesas de diálogo social: la patronal ha anunciado que no participará en las negociaciones sobre la reforma de la indemnización por despido, mientras que el ministerio ha dado por concluida su presencia en las conversaciones sobre prevención de riesgos laborales y la ampliación de permisos por fallecimiento, debido a las discrepancias con las propuestas empresariales.

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(El Economista, 09-12-2025) | Laboral

La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en 2026, último año de transición a los 67

La edad legal para acceder a la jubilación ordinaria aumentará dos meses en 2026, situándose en 66 años y diez meses. Este será el último ajuste dentro del periodo transitorio iniciado en 2013 para alcanzar los 67 años, y coincidirá además con la puesta en marcha del nuevo sistema de cálculo de la pensión. Durante todo 2026, esa será la edad necesaria para retirarse con el 100% de la pensión, aunque seguirá siendo posible jubilarse a los 65 años sin recortes si se acreditan 38 años y 3 meses de cotización. Desde 2013 y hasta 2027, la edad ordinaria de jubilación ha ido aumentando gradualmente desde los 65 hasta los 67 años, conforme a la reforma pactada en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con los empresarios y los sindicatos. Además, 2026 será el primer año en el que comenzará a aplicarse el "régimen dual" para el cálculo de la pensión, introducido en la reforma impulsada por José Luis Escrivá, actualmente gobernador del Banco de España. Este nuevo sistema permitirá que, a partir de 2037, cada persona pueda escoger entre dos fórmulas de cálculo: tomar los últimos 29 años de cotización, excluyendo los 24 meses con peores cotizaciones, o mantener el criterio actual de los últimos 25 años. La transición hacia este modelo se hará de manera progresiva durante 12 años y arranca en 2026, cuando el cálculo podrá hacerse con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), pudiendo descartar dos meses, o seguir usando los 25 años vigentes. El año 2026 también traerá un nuevo incremento en la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,8% al 0,9%. De este porcentaje, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% el trabajador. Este recargo tiene como finalidad reforzar los ingresos del sistema ante el aumento del gasto derivado de la jubilación de la generación del "baby boom". La intención es que alcance el 1,2% en 2029 y permanezca en ese nivel hasta 2050. Respecto a la denominada "cuota de solidaridad", un recargo aplicado a los salarios más altos que comenzó a aplicarse en 2025, supondrá una aportación adicional de entre el 1,15% y el 1,46%, y también irá aumentando gradualmente hasta 2045. Además, la base máxima de cotización subirá en 2026 un 3,9 % (la inflación más 1,2 puntos), situándose alrededor de los 4.922 euros mensuales. Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a incrementarse por encima de la inflación media, ya que la Seguridad Social debe aplicar subidas adicionales para seguir acercando estas prestaciones al umbral de la pobreza. Según establece la última reforma, estas pensiones -percibidas por unos 2,5 millones de personas- deberán aumentar más que el resto en 2026, superando el 2,7% correspondiente a la inflación media. El objetivo para las pensiones mínimas es que en 2027 alcancen un nivel equivalente al 60% de la renta mediana de un hogar formado por dos adultos, mientras que las no contributivas deberán llegar al 75% del umbral de pobreza estimado para una persona sola. Además, la reforma fijó que desde 2025 la cuantía máxima de la pensión contributiva inicial se actualizará cada año según la inflación, sumando un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales anuales hasta 2050. Si en 2025 la pensión máxima era de 3.267 euros mensuales, ese aumento extra hará que en 2026 se sitúe aproximadamente en 3.361 euros.

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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Consumo apunta a Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias como las comunidades con mayores subidas de precios al renovar los alquileres

El inicio de la desescalada tras los meses más duros de la pandemia de la covid-19 impulsó con fuerza el mercado del alquiler en España. Con el fin de los confinamientos y el progresivo retorno a la normalidad, miles de personas, movidas por la recuperación económica y la movilidad laboral, firmaron nuevos contratos de arrendamiento. Ahora, cinco años después -el plazo fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos- muchos de esos contratos están empezando a expirar y pueden renovarse. Sin embargo, la situación actual es muy distinta a la de entonces, tanto por la presión residencial en las grandes ciudades como por la evolución de los precios. Según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 630.000 contratos -que afectan a alrededor de 1,6 millones de personas- deberán renovarse el próximo año, con incrementos que pueden llegar a 383 euros mensuales, lo que supone hasta 4.600 euros más al año en los casos más elevados. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy, a partir de datos del Panel de Hogares (elaborado por el INE, la Agencia Tributaria y el IEF), estima que en 2020 se firmaron unos 568.500 contratos que ya estarían afrontando importantes revisiones este año. En 2021 se suscribieron 632.369, por lo que la ola de renovaciones será aún mayor, con un encarecimiento medio de 1.735 euros anuales por vivienda según la variación del precio por metro cuadrado en este periodo. Las diferencias territoriales, no obstante, son muy significativas. Según los datos del ministerio, Baleares será la comunidad más afectada: los 24.456 contratos que deben renovarse aumentarán de media más de 4.600 euros anuales. En la Comunidad Valenciana, los 62.500 contratos pendientes subirán casi 2.700 euros al año. Canarias afrontará incrementos de unos 2.267 euros por cada uno de los cerca de 40.000 contratos en esa situación. En Madrid -donde se concentran 145.800 renovaciones, la cifra más alta del país- el aumento medio será de 2.042 euros, y en Andalucía y Cantabria rondará los 1.900 euros. Las subidas más suaves se producirán en Melilla (328 euros), Ceuta (784 euros) y Aragón (831 euros). Cataluña queda fuera del cálculo, ya que dispone de control de precios en las llamadas zonas tensionadas, donde vive el 80% de la población, lo que impide incrementos superiores al IPC. Tampoco hay datos del País Vasco y Navarra, excluidos del Panel de Hogares por su régimen foral. El ministerio aclara que estos cálculos son aproximados, tanto en el número de afectados como en el impacto económico. A las localidades catalanas con control de precios se suman otras ciudades, como A Coruña, y tampoco se contemplan los hogares que hayan abandonado la vivienda antes del fin del contrato ni los arrendamientos de propietarios con personalidad jurídica, que se renuevan a los siete años. También quedan fuera los alquileres de zonas con poco dinamismo de mercado. Pese a todo, el departamento de Bustinduy defiende que el Gobierno debería aprobar la renovación automática de los contratos que vencen en los próximos meses, congelando los precios y permitiendo únicamente la actualización anual conforme al IPC, como ocurre habitualmente. El objetivo, explican, es "proteger a los inquilinos ante la escalada de precios y permitir que puedan desarrollar sus proyectos de vida". Fuentes de Sumar señalan que la propuesta ya ha sido enviada al Ministerio de Vivienda, controlado por el PSOE, pero que aún no han recibido respuesta. Aunque ambos socios coinciden en el diagnóstico, mantienen diferencias sobre las medidas. Vivienda afirma que una congelación obligatoria por decreto-ley requeriría convalidación parlamentaria, algo para lo cual no existe mayoría. Recuerdan además que varias iniciativas de Sumar en materia de vivienda han decaído recientemente por falta de apoyos. Desde el Ministerio de Vivienda insisten en la necesidad de actuar con "rigurosidad" y evitar generar expectativas que puedan frustrar a la ciudadanía. También subrayan que los límites a las subidas podrían aplicarse en todas las zonas con problemas de acceso a la vivienda si los gobiernos autonómicos del PP quisieran adoptarlos. "Son ellos quienes permiten que los alquileres puedan subir sin control", señalan. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha vivido un aumento sostenido de los precios. A nivel nacional, la oferta ha pasado de 10,8 euros/m² a 14,5 euros/m², un 34% más, según datos del portal Idealista. Para una vivienda tipo de 80 m², esto implica pasar de 864 a 1.160 euros mensuales, es decir, 300 euros más al mes (3.600 euros al año). "Estas cifras confirman la urgencia de intervenir en el mercado del alquiler. Es una emergencia y debemos actuar", reiteran desde Sumar. Por su parte, el Ministerio de Vivienda explica que continúa trabajando en la regulación de los contratos de temporada para combatir el fraude, así como en mecanismos para frenar la oferta ilegal de viviendas turísticas y limitar su expansión donde exista rechazo vecinal.

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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Llega el canal de denuncias europeo sobre la IA

Europa ha decidido reforzar la transparencia sobre los productos de inteligencia artificial (IA) que se venden dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea ha aprobado recientemente la AI Act Whistleblower Tool, una vía específica para denunciar posibles infracciones relacionadas con el uso de esta tecnología que está transformando la economía. Aunque la normativa europea sobre IA aún no es plenamente aplicable, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial quiere prevenir desde el inicio cualquier vulneración y busca como principales colaboradores a los propios empleados o socios de las empresas que desarrollan o distribuyen estos sistemas. Este nuevo instrumento actuará como un canal externo especializado en IA y coexistirá con los mecanismos internos de denuncia que todas las compañías de más de 50 trabajadores deben tener. Coincide, además, con el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de acelerar una reforma destinada a reforzar la protección de quienes informen sobre irregularidades en su empresa. A esta estructura de supervisión se suman la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), operativa desde el 1 de septiembre. Fuentes jurídicas señalan que las dudas más frecuentes entre las compañías son qué canal usar cuando están presentes en varios países de la UE, si deben notificar primero mediante el sistema interno o cuál será la coordinación entre la AIPI y la oficina europea. En cualquier caso, las empresas tecnológicas deberán acostumbrarse a este nuevo entramado de control. ¿Qué es exactamente la AI Act Whistleblower Tool y qué tipo de infracciones se pueden comunicar? Es un "sistema seguro, confidencial y desvinculado de los canales internos de las empresas", creado para que las personas autorizadas puedan notificar de forma anónima a la oficina europea cualquier vulneración del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), explica Laura Morató, abogada especializada en protección de datos y tecnologías en Marimón Abogados. Morató detalla que se trata de un mecanismo interconectado, ya que "permite presentar denuncias sobre posibles incumplimientos del RIA, tanto en lo relativo a obligaciones ya vigentes como en áreas relacionadas en las que el uso de un sistema de IA pueda vulnerar normativas aplicables, como la seguridad de los productos, los derechos de los consumidores o la protección y seguridad de los datos". La experta señala que, por ahora, el canal tiene un alcance limitado, porque la oficina aún no puede exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como los relacionados con la transparencia sobre los datos de entrenamiento de los modelos. Asimismo, recuerda que "la protección de la directiva de denunciantes, a la que remite el RIA, no será efectiva hasta el 2 de agosto de 2026". Aun así, la Comisión Europea indica que la oficina recibirá cualquier información sobre prácticas internas que pudieran infringir la normativa o poner en riesgo derechos fundamentales, la salud o la confianza de la ciudadanía. Este canal europeo no reemplaza a los sistemas nacionales de denuncia, tanto internos como externos. Su particularidad, explica Lucía Oliveró, abogada de Marimón experta en compliance, es su carácter especializado. Este marco regulatorio permite comunicar una misma posible infracción del RIA tanto dentro como fuera de la empresa. "La normativa sobre protección de informantes permite utilizar indistintamente uno u otro canal sin exigir acudir primero al interno", señala Oliveró, que apunta que aún es pronto para saber cómo funcionará la coordinación entre ambos sistemas. La abogada advierte de que podrían abrirse "investigaciones simultáneas" y que incluso podría producirse un "solapamiento de sanciones". Aunque la normativa no aclara cómo gestionar la coexistencia de varios canales de denuncia, Oliveró considera que "lo más adecuado es reforzar los programas de compliance, especialmente en materia de IA". Además, recomienda revisar y adaptar los canales internos para "incrementar su eficacia".

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(El País, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Una de cada cuatro empresas españolas ha diversificado sus importaciones ante los desafíos comerciales

El buen comportamiento de la economía española en términos generales está reforzando la confianza del tejido empresarial. Las compañías del país muestran una visión más optimista sobre el futuro que sus equivalentes europeas, pese al clima internacional de incertidumbre y tensiones comerciales. El porcentaje de empresas que espera que su actividad mejore supera en 23 puntos al de aquellas con perspectivas negativas; en el promedio europeo, ambas posturas están equilibradas. Otro indicador de ese ánimo positivo es que el 36% de las sociedades prevé invertir para ampliar su capacidad productiva, diez puntos por encima de la media de la Unión Europea. Además, una de cada cuatro ha diversificado sus orígenes de importación durante el último año para protegerse de los riesgos geopolíticos, superando también en este ámbito al promedio comunitario, según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicada este martes. Las proyecciones apuntan a que España volverá a ser el gran país del euro que más crecerá este año. La diferencia será notable: todos los organismos nacionales e internacionales anticipan un avance que, como mínimo, duplicará el previsto para el conjunto de la eurozona, lastrado por la debilidad económica de Alemania y la inestabilidad política y económica de Francia. La buena evolución del empleo en España y el fuerte aumento poblacional debido a la inmigración explican parte de este escenario y se reflejan en el mayor optimismo empresarial. Este clima favorable, no obstante, debe matizarse. La presencia de las empresas españolas en los mercados globales es elevada: el 63% exporta o importa, una proporción que crece conforme aumenta el tamaño de la compañía y que justifica su preocupación por la coyuntura internacional. El 24% de las firmas ha ampliado la lista de países de los que se abastece, un aumento respecto al año anterior y una cifra superior a la media europea (19%). Esto responde, en buena medida, a la inquietud provocada por la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos y el aumento de las tensiones geopolíticas. Hasta un 55% de las empresas españolas -frente al 43% en la UE- considera que las disrupciones logísticas y de transporte dificultan su actividad. Seis de cada diez, al igual que en el promedio comunitario, señalan que la adaptación a nuevas normas y certificaciones supone un freno adicional, y casi la mitad opina lo mismo sobre los recientes cambios en aduanas y aranceles. En contraste, muestran una valoración más positiva que la media europea respecto al acceso a financiación, que perciben como menos limitado. Esto se verifica en otras cifras: solo un 2,9% afirma tener restricciones financieras y un 27% disfruta de crédito bancario en condiciones ventajosas, frente al 6,1% y al 11% en la UE. De acuerdo con el estudio del BEI, dos tercios de las más de 600 empresas españolas consultadas -de un total de más de 12.000 en la UE- creen que la normativa medioambiental no afectará negativamente a su actividad o incluso supondrá una oportunidad. Además, el 74% se muestra preocupado por los efectos del cambio climático, frente al 68% del conjunto europeo. Más del 94% ha adoptado medidas para reducir su huella ambiental, especialmente reduciendo residuos (77%) y mejorando la eficiencia energética (69%). Las empresas españolas cuentan también con una presencia femenina ligeramente mayor que la media europea tanto en los puestos directivos como en la propiedad: un 26% y un 15%, frente al 25% y al 13% en la UE. La adaptación a los nuevos retos también se aprecia en el terreno digital. Las compañías del país son más propensas a implementar tecnologías digitales: su adopción ha crecido del 59% en 2024 al 66% este año (frente al 51% comunitario), especialmente en grandes corporaciones y en el sector industrial. La encuesta revela que la mitad de las empresas españolas utiliza de forma habitual herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar sus procesos, mientras que en la UE lo hace un 37%. A pesar del clima general de confianza, la incertidumbre sigue siendo el principal desafío: más del 80% de los empresarios españoles la considera la mayor barrera a la inversión, un porcentaje similar al europeo. Este obstáculo procede en gran medida del exterior. Nueve de cada diez firmas perciben una fragmentación excesiva dentro del propio mercado comunitario, debido a diferencias regulatorias y normativas de protección al consumidor. También señalan como obstáculos frecuentes la regulación empresarial, la escasez de profesionales con las competencias necesarias y las exigencias de la legislación laboral.

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(El País, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno rebaja la agenda de reformas para salvar la llegada de 25.000 millones del plan europeo de recuperación

El Gobierno tiene ya preparada una amplia revisión del plan de recuperación con el fin de aprovechar los cerca de 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún por recibir. Según confirma a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo conocedora directa del proceso, el Consejo de Ministros aprobará este martes la adenda que recoge los cambios. El plan original, elaborado con prisas en 2021, fijó reformas e hitos que, a apenas siete meses de la fecha límite, resultan imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha negociado con Bruselas esta reestructuración -que deberá enviar para obtener la aprobación final- y ha pactado rebajar el alcance de las reformas legislativas aún pendientes, dada la dificultad de sacar adelante nuevas leyes en el Congreso. La modificación incluirá también la renuncia al 75% de los préstamos previstos inicialmente, tal como avanzó este periódico. El Fondo de Recuperación, aprobado hace algo más de cinco años para sostener la economía tras la pandemia, condiciona la llegada del dinero al cumplimiento de determinadas reformas, muchas de ellas leyes, y a la consecución de diversos hitos vinculados a inversiones financiadas con fondos europeos. Pronto quedó claro que el sistema era complejo y excesivamente rígido, lo que dificultaba enormemente su ejecución. Por ello, la Comisión ha ido flexibilizando criterios en varias ocasiones para facilitar el despliegue del mayor programa financiero de la historia de la UE. La última revisión se produjo en junio, y desde entonces numerosos países -como Italia, Francia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Austria o Bélgica- han enviado sus correspondientes adendas. "Ha sido una negociación durísima", explica una fuente que ha seguido de cerca las conversaciones entre España y la Comisión Europea. "Quedan uno o dos pagos por solicitar, y en el último habrá que definir qué parte de lo comprometido retendrá Bruselas. Es una negociación muy delicada", añade. Esta será la séptima y, previsiblemente, última revisión del plan español. El propósito es simplificar las condiciones para recibir los fondos, eliminando hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave reside en ajustar el nivel de exigencia de las reformas ambiciosas planteadas en 2021, que no han salido adelante por la debilidad parlamentaria del Gobierno. Las reformas estructurales más relevantes -pensiones, mercado laboral y parte de la fiscalidad- ya se aprobaron, lo que ha permitido percibir cerca de dos tercios de los fondos asignados. Sin embargo, otras medidas que requieren aval del Congreso, como la subida del impuesto al diésel o la Ley de Industria, se retiran para aliviar la presión. La última solicitud de desembolso se presentó hace un año, en diciembre de 2024. Desde entonces, la falta de avances legislativos ha frenado al Ministerio de Economía a la hora de pedir nuevos pagos. Durante meses, el Gobierno ha negociado con Bruselas la reconfiguración de los hitos para suprimir pasos intermedios, y ha intentado -este es el punto más sensible- suavizar los requisitos de ciertas reformas para convertirlas en normas de rango inferior que no requieran trámite parlamentario. "La Comisión no quiere que este plan acabe siendo un fracaso, pero el Tribunal de Cuentas Europeo exige que se cumpla lo pactado en 2021", señala otra fuente habitual en estas conversaciones. Aun así, Bruselas ha mostrado flexibilidad dentro de los límites del reglamento del Fondo, que no se ha modificado debido al elevado coste político que supondría. Al principio se estableció que los proyectos financiados debían estar terminados antes de agosto de 2026. Sin embargo, España consiguió hace más de dos años que Bruselas aceptara como hito final la simple transferencia de fondos a las entidades ejecutoras. Esto permite que grandes proyectos -como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas o la planta de amoníaco verde de Fertiberia en Puertollano- se consideren ejecutados pese a que su construcción se prolongará varios años. Generalizar este criterio -dar por cumplido el hito con el pago a los gestores del proyecto- resulta crucial para aprovechar al máximo las partidas aún disponibles. Algunas administraciones, sobre todo ayuntamientos, han renunciado a iniciativas por no poder cumplir el plazo de 2026. De ahí que Economía indicara hace unos días: "La adenda permitirá mantener la continuidad de los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, fecha de cierre de ejecución del Plan de Recuperación". Sobre la adenda que se aprobará este martes, el ministerio no ha ofrecido comentarios. Todos los Estados miembros solicitaron fondos del programa Next Generation, aunque los grandes beneficiarios fueron Italia y España, los países más afectados por la pandemia. Más tarde, el fondo se adaptó también a crisis posteriores, como la guerra en Ucrania y sus efectos sobre el suministro energético. España recibió una asignación de 79.854 millones en subvenciones, de las cuales ya ha percibido unos 55.000 millones (el 69%). En cuanto a los préstamos, ascendían a 83.160 millones, pero el Gobierno renunciará a tres cuartas partes; hasta ahora ha recibido cerca de 16.000 millones. El plan priorizó la modernización de las infraestructuras energéticas, el impulso a las renovables y la digitalización del tejido productivo. Aunque la ejecución en España ha sido más ágil que en otros países, el ritmo de desembolsos se ha ralentizado por la parálisis política. El Ministerio de Hacienda también ha influido: "Hacienda ha sido un obstáculo. Su prioridad es controlar, no ejecutar, y no ha dado margen de flexibilidad", sostiene una fuente vinculada al despliegue del plan. Desde Hacienda recuerdan que Bruselas impuso controles muy estrictos y que el equilibrio entre acelerar pagos y evitar gastos indebidos ha generado tensiones constantes en la gestión del programa.

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(El Economista, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El "Bizum europeo" toma forma: 15 países ultiman la creación del gigante de pagos instantáneos

El proyecto para crear un gran sistema europeo de pagos instantáneos está a punto de materializarse. La alianza EuroPA -que reúne a Bizum (activo en España y Andorra), Bancomat Pay en Italia, SIBS en Portugal y Vipps MobilePay en Noruega, Dinamarca y Finlandia- ha iniciado ya los trabajos con EPI Company (impulsora de la solución franco-alemana Wero) para formar una empresa conjunta. Esta nueva entidad actuará como organización matriz con la misión de acelerar el desarrollo de un gran operador paneuropeo. Su lanzamiento está previsto para comienzos del próximo año, contará con una dirección independiente y facilitará la incorporación de nuevos países, incluso de fuera de la zona euro, según señalan fuentes cercanas. El propósito de esta estructura es crear un organismo sólido y duradero, que represente a todas las entidades integradas ante autoridades, supervisores y reguladores. Además, establecerá un modelo de ingresos mediante tarifas a las plataformas adheridas y dispondrá de un hub técnico central para facilitar que la infraestructura pueda ampliarse a más países. De partida, la alianza ya engloba a 15 Estados, y otros seis habrían mostrado interés en sumarse. Con la iniciativa European Payments Alliance (EuroPA) participan España y Andorra gracias a Bizum, junto a Italia y Portugal. En mayo se incorporaron también el esquema Blik (activo en Polonia y Eslovaquia) y la plataforma Vipps MobilePay, que opera en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Groenlandia y las Feroe, aunque no todos estos territorios han entrado en la primera fase. Por su parte, Wero -la solución de EPI- nació impulsada por bancos de Alemania, Francia y Bélgica, y sumará a Luxemburgo y Países Bajos el próximo año. Algunas entidades austriacas también han iniciado contactos. En conjunto, todo este ecosistema cubriría una población superior a 380 millones de personas, más de 120 millones de ellas ya usuarias de los servicios de pago integrados -con Bizum como líder al superar los 30 millones de clientes-. La estrategia para completar el mapa europeo se basa en dos líneas: acelerar la adhesión de países con sistemas similares y crear alternativas donde aún no existen. Bulgaria, Eslovenia y Finlandia entrarían en el primer grupo gracias a sus soluciones Blink, Flik y Siirto; lo mismo que Hungría, con qvik, o Rumanía con Transfond. En la eurozona, Malta, los países bálticos, Chipre y Croacia no cuentan con herramientas comparables, por lo que deberían adoptar alguna de las actuales o desarrollar sus propios esquemas. La creación de una plataforma europea común lleva décadas sobre la mesa sin éxito. En 2024 seguía siendo un objetivo difícil por las diferencias entre actores. EuroPA siempre defendió interconectar los sistemas nacionales respetando su independencia, mientras que los bancos de EPI apostaron por Wero como una solución única a escala continental. Sin embargo, a comienzos de este año iniciaron conversaciones que avanzan con rapidez. El modelo elegido será el de interconexión que ya aplica Bizum con Bancomat Pay y SIBS, y que ha permitido ejecutar 50.000 pagos transfronterizos (más de seis millones de euros) sin siquiera anunciar el servicio. Los sistemas nacionales conservarán su autonomía, mientras que la nueva empresa se centrará en la operativa internacional. Se plantea un funcionamiento similar al de otras organizaciones confederadas, con representación en el consejo y cuotas para financiar la sociedad matriz. La hoja de ruta prevé que los pagos entre particulares de distintos países sean posibles en el tercer trimestre de 2026 en los mercados que impulsan la iniciativa. En 2027 se extenderá al comercio electrónico y, hacia finales de ese año o comienzos de 2028, también a los comercios físicos. El gran operador europeo estaría así plenamente operativo antes del lanzamiento del euro digital, previsto por el BCE a partir de 2029. Uno de los motivos del regulador para impulsar la moneda digital es precisamente asegurar una solución europea propia, reducir la dependencia de Visa y MasterCard y reforzar la soberanía en un servicio estratégico, especialmente después de que EE. UU. haya empleado los pagos como herramienta en su política geopolítica.

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(La Vanguardia, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prevé destinar 13.000 millones en diez años a la empresa estatal de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que se destinarán 13.000 millones de euros a Casa 47 -la nueva empresa pública de vivienda- a lo largo de la próxima década, con una inversión anual de 1.300 millones que comenzará en 2026. En declaraciones a La Vanguardia, Rodríguez explicó que los 1.300 millones previstos para el próximo año "ya están garantizados": "No habrá ningún inconveniente pese a la prórroga presupuestaria; los fondos están reservados para que la empresa pueda disponer de ellos desde el inicio de 2026". Casa 47, presentada oficialmente esta semana, pondrá en marcha en breve una oferta pública de compra por 100 millones de euros con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda. Además, ha adelantado que los contratos que firme podrán tener una duración de hasta 75 años y que los alquileres no podrán superar el 30% de la renta media de cada zona. "Hemos fijado una inversión anual de 1.300 millones durante los próximos diez años, lo que supone un mínimo de 13.000 millones. Pasado ese periodo, con la gestión de los alquileres, la empresa debería poder mantenerse por sí misma sin necesidad de nuevas aportaciones públicas", señaló la ministra. Rodríguez añadió que, con el límite del 30% sobre la renta media, la futura empresa pública podría ofrecer pisos en Barcelona "a la mitad del precio actual", con rentas en torno a 713 euros para viviendas de entre 70 y 80 metros cuadrados. En Madrid, el alquiler sería aproximadamente un 38% más bajo, situándose alrededor de los 735 euros para un inmueble de características similares. Respecto a la ley sobre alquiler de temporada, actualmente bloqueada en el Congreso, la ministra expresó su confianza en que "a comienzos de año, la ponencia y la comisión de Vivienda logren un acuerdo". También pidió a Junts, cuyo apoyo es decisivo, que facilite la aprobación. "El debate para Junts no debería centrarse en apoyar o no al Gobierno, sino en dar solución a los ciudadanos catalanes que sufren prácticas fraudulentas o abusos vinculados a los alquileres de temporada. Es a ellos a quienes deben tener en cuenta", afirmó, según informa Efe. En relación con el Plan de Vivienda 2026-2030, avanzó que no llegará al Consejo de Ministros hasta enero para favorecer el consenso, y confió en que las comunidades autónomas gobernadas por el PP lo respalden. "Si han participado en la discusión y hemos incorporado sus aportaciones, salvo que llegue una instrucción en contra desde Génova, lo lógico es que digan sí", concluyó.

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(El Economista, 05-12-2025) | Fiscal

El PP desafía al Gobierno al impulsar desde el Senado una bajada del IVA en carnes, pescados y huevos

El Senado aprobó este miércoles de manera definitiva la Ley de servicios de atención a la clientela, que incorpora una disposición para reducir el IVA de diversos alimentos -como carnes, pescados, conservas o huevos-, una medida que el Gobierno intentó bloquear amparándose en la facultad constitucional que le permite hacerlo. El PP aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para añadir un amplio conjunto de modificaciones a esta ley. Estas enmiendas se remiten ahora al Congreso, encargado de decidir si finalmente formarán parte del texto definitivo. Entre las propuestas incorporadas figura una bajada general del IVA para varios alimentos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Concretamente, se plantea aplicar un tipo del 4% a carnes, pescados y conservas, y suprimir el impuesto para la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas y las legumbres. El PP justifica esta propuesta -según recoge Europa Press- alertando del encarecimiento de ciertos productos básicos, que ha llevado a muchos consumidores a sustituir alimentos saludables por otros menos recomendables, con el consecuente riesgo para su salud. Los populares llevan tiempo reclamando esta rebaja fiscal y, de hecho, defenderán la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reducir los impuestos sobre esos alimentos. El Ejecutivo presentó en el Senado un escrito de rechazo a esta enmienda, invocando la prerrogativa constitucional que le permite frenar iniciativas legislativas que supongan "un aumento del gasto o una merma de los ingresos públicos". Según este documento, la medida implicaría para la Administración General del Estado una pérdida de ingresos estimada en 3.780 millones de euros. No obstante, la Mesa del Senado, controlada por el PP, no aceptó el veto y permitió que la enmienda siguiera su curso en la tramitación parlamentaria. Ahora será el Congreso quien decida si admite a trámite la enmienda o la bloquea, como ya ocurrió anteriormente con la Ley de desperdicio alimentario o con la Ley de navegación aérea, casos en los que se generó un conflicto competencial que debe resolver el Tribunal Constitucional.

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(El Economista, 05-12-2025) | Fiscal

Cataluña prevé una recaudación extraordinaria de casi 700 millones de euros

La Generalitat de Cataluña incumplió en 2024 la regla de gasto. Aunque el tope para todas las comunidades autónomas se situaba en el 2,6%, Cataluña lo superó ampliamente, alcanzando un 6,9%. Por este motivo, ha tenido que remitir al Ministerio de Hacienda un plan económico-financiero -al igual que otras diez autonomías- en el que detalla cómo garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas. En este documento, el Govern se compromete a aumentar los ingresos y contener el gasto durante 2025 y 2026. Este último año es clave para evaluar los compromisos del Ejecutivo catalán, en plena negociación de los presupuestos con ERC y los Comuns. Hacienda ya ha dado su visto bueno al plan, presentado en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para 2025, el Govern calcula que ingresará casi 700 millones de euros adicionales gracias a varias medidas fiscales que repercutirán positivamente en las finanzas autonómicas. Entre ellas, destaca el aumento de la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD), que se estima en 193 millones al año y que incluye, entre otros cambios, elevar al 20% el tipo aplicable a grandes tenedores. Asimismo, se prevé una reforma del canon del agua que aportará unos 80 millones de euros anuales a partir de 2025. Este incremento se debe sobre todo a la eliminación de los mínimos de facturación, sustituidos por una parte fija de la cuota establecida según los tramos de consumo mensual. Estas subidas impositivas conviven con modificaciones que supondrán ventajas para ciertos contribuyentes. En el ITPAJD, por ejemplo, se amplía el tipo reducido para menores de 35 años. También se retoca el IRPF, con reducciones en los primeros tramos y un aumento de la deducción por alquiler de la vivienda habitual para colectivos concretos. En conjunto, estas medidas restarán cerca de 65 millones anuales a la recaudación -28,8 millones en 2026 por el efecto en los anticipos-. Además, una modificación del impuesto sobre el depósito de residuos implicará una merma de nueve millones anuales (seis en 2025). Más allá de los cambios ya vigentes, el plan del Govern incluye también la futura subida de la tasa turística, que calcula que aportará 92,2 millones adicionales. Aún se desconoce cuál será la tarifa final para hoteles, hostales y campings, una cuestión que divide tanto al sector como a los propios socios del PSC. El Ejecutivo catalán también comunica a Hacienda que confía en obtener una recaudación importante del nuevo impuesto sobre intereses y comisiones bancarias, cuya distribución entre las comunidades se hará según su PIB. Cataluña podría recibir 367,5 millones de euros en 2026. En conjunto, la Generalitat prevé que este aumento de ingresos le permitirá ajustarse al límite de gasto, ya sea con unos nuevos presupuestos o prorrogando nuevamente los actuales, correspondientes a 2023. En sus cálculos no contempla la posible condonación de deuda del FLA, que aliviaría sus gastos financieros. A día de hoy, la deuda de la Generalitat ronda los 89.000 millones. El plan económico-financiero también detalla medidas de ahorro para facilitar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. El Govern de Illa espera recortar 140 millones en 2026 mediante diversas actuaciones de racionalización. A esto se suma una limitación general del crecimiento del gasto al 3,2%, una medida que inicialmente se pensó solo para el ámbito sanitario, pero que se aplicará como norma general.

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