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(El País, 16-04-2025) | Fiscal

Ya es obligatoria la tasa de recogida de basuras: ¿quién debe pagarla? ¿el propietario o el inquilino?

Desde este jueves, los ayuntamientos españoles con más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar una tasa para cubrir los costes del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Aunque el tributo es ya obligatorio, cada consistorio puede decidir cómo lo implementa, lo que ha generado un amplio debate. Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha criticado la norma calificándola de "mal diseñada", ya que permite demasiadas diferencias entre municipios. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado que el modelo sea sencillo para los ciudadanos, evitando la necesidad de usar sistemas complicados o bolsas especiales. La obligatoriedad de esta tasa responde a la adaptación de una directiva europea de 2018 que busca mejorar la gestión de residuos. La normativa europea marca como objetivo alcanzar un 55% de reciclaje y reutilización de residuos para 2025, cifra que deberá incrementarse hasta el 65% en 2035. Aunque algunas localidades ya aplicaban una tasa similar, ahora se impone a nivel nacional como resultado de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados. Este nuevo tributo se basa en el principio de "quien contamina, paga", pero al no existir una fórmula común, cada ayuntamiento tiene libertad para establecer el cálculo. Esto ha provocado que las cantidades varíen notablemente entre municipios, oscilando entre los 30 y los 120 euros anuales, aunque el promedio actual ronda los 80 euros al año. Los criterios que se pueden usar para calcular la tasa también son muy variados. Algunos consistorios aplican una cuota fija, pero lo más habitual es que sea variable y se base en aspectos como el valor catastral del inmueble, la ubicación, el número de personas empadronadas o el consumo de agua. También se contemplan tarifas reducidas para personas en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta factores como ingresos, situación laboral, discapacidad o si se trata de una familia numerosa. Tampoco se ha definido un calendario común para empezar a cobrar este impuesto, por lo que cada municipio decidirá sus plazos. Por ejemplo, en Madrid se prevé que los primeros recibos se envíen a partir de julio. En el caso de viviendas en alquiler, la ley establece que la tasa debe ser abonada por quien reside en la vivienda, es decir, el inquilino, ya que es quien se beneficia del servicio. Sin embargo, Mariluz Rodríguez, abogada del área de Inmueble de Legálitas, aclara que si el contrato ya está vigente, no se podrá trasladar el coste al arrendatario. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, cualquier gasto repercutido al inquilino debe estar previamente incluido en el contrato, por lo que, si no lo está, el arrendatario puede negarse a pagarlo. No obstante, en los contratos que se firmen a partir de ahora, sí se podrá incluir este nuevo gasto. "El propietario tendrá que consultar al ayuntamiento cuál será el importe y reflejarlo en el contrato de arrendamiento", explica Rodríguez. Añade, además, que en este primer año el coste podría no ser definitivo y ajustarse más adelante.

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(El País, 16-04-2025) | Fiscal

Washington reclama a España más gasto militar y eliminar la ‘tasa Google’ en un duro y frío resumen de la reunión con Cuerpo

El resumen oficial del encuentro celebrado en Washington entre el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se difundió con un tono seco y distante. En el comunicado se menciona que mantuvieron una conversación "franca", un término que parece encubrir una reunión tensa, y se hace hincapié en que Bessent instó a España a incrementar su gasto en defensa y a eliminar la conocida como "tasa Google". El comunicado fue publicado casi seis horas después de que finalizara la reunión. En él se lee: "Hoy, el secretario del Tesoro, Scott K.H. Bessent, se reunió con el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo. Ambos mantuvieron conversaciones francas sobre temas relacionados con el comercio entre EE. UU. y España. Durante el diálogo, el secretario Bessent remarcó la importancia de que España aumente su gasto en defensa dentro del marco de la OTAN. También expresó la oposición de EE. UU. al impuesto sobre servicios digitales vigente en España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias". El texto no incluye gestos conciliadores. El tono contrasta notablemente con el que empleó el ministro español al finalizar el encuentro. Carlos Cuerpo ofreció una valoración mucho más optimista y diplomática. Ante los medios, calificó la reunión como "muy constructiva, muy útil y una primera toma de contacto muy buena", destacando que se abordaron cuestiones de interés común en ámbitos comerciales, económicos y financieros, además de analizar la situación internacional desde una perspectiva compartida. El ministro también quiso ver una posibilidad de diálogo en materia de disputas comerciales, y defendió la postura de la Unión Europea de acercamiento estratégico a China, justo el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugería que los países de América Latina podrían tener que escoger entre EE. UU. y China. "Sí, tal vez deberían hacer eso", dijo Trump. La predisposición europea a fortalecer vínculos con China ya había sido objeto de críticas por parte de Bessent. Días antes, en un acto en Nueva York, el secretario del Tesoro cuestionó públicamente esa aproximación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirmando que alinearse con China sería como "cortarse el cuello". Con el viaje de Carlos Cuerpo a Washington, el Gobierno español buscaba proyectar una imagen de apertura al diálogo con EE. UU., pese a su acercamiento a Pekín. Sin embargo, el resumen del Tesoro no hace mención alguna a este punto y sugiere que la reunión estuvo marcada por la frialdad. Mientras Cuerpo hablaba de una oportunidad para negociar, Bessent no mostró intenciones similares en su comunicado. Por el contrario, EE. UU. dejó claro que el gasto militar se está utilizando como elemento de presión en el contexto de las relaciones comerciales. A pesar de que el secretario del Tesoro no tiene competencias directas en defensa, insistió en la necesidad de que España aumente sus aportaciones. Además, reiteró la firme oposición estadounidense al impuesto digital y a otras medidas que considera barreras no comerciales. Washington ha detallado estas barreras en un informe exhaustivo de 397 páginas. En la lista de agravios hacia España se incluyen regulaciones cinematográficas que favorecen lenguas cooficiales, exigencias de producción europea para plataformas como Netflix, restricciones a la industria farmacéutica, la tasa Google y ayudas públicas a Airbus.

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(El Economista, 16-04-2025) | Fiscal

Hacienda desoye al Supremo e inspeccionará las deducciones de las empresas por I+D+i

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha vuelto a generar controversia en torno a las deducciones fiscales que aplican las empresas en el Impuesto de Sociedades por inversiones en actividades de I+D+i. En una resolución del pasado 25 de febrero, el TEAC establece que la Agencia Tributaria tiene la potestad de revisar los gastos declarados por las compañías a la hora de calcular dichas deducciones. Esta postura entra en conflicto con el criterio fijado por el Tribunal Supremo en octubre de 2024, que había determinado que los informes motivados emitidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la naturaleza y deducibilidad de los gastos en I+D+i eran vinculantes para Hacienda. En aquella ocasión, el Supremo fue tajante al señalar que la Administración no puede avalar por un lado y rechazar por otro los mismos gastos, resaltando la contradicción con la frase: "Nada puede ser y no ser al mismo tiempo". A pesar de esto, el TEAC ahora respalda que la Inspección de la Agencia Tributaria pueda llevar a cabo sus propias comprobaciones y valoraciones sobre la aplicación de estas deducciones, más allá del contenido del informe motivado del Ministerio de Ciencia. Para sustentar esta interpretación, el tribunal se basa en una distinción extraída de las propias sentencias del Supremo. En concreto, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2004 establecía que el informe del Ministerio era plenamente vinculante, tanto en la calificación de los proyectos como en la valoración de los gastos. No obstante, la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente desde 2014 limita esa vinculación únicamente a la calificación de las actividades como I+D o innovación tecnológica. Por ello, el TEAC concluye que en los ejercicios fiscales anteriores a 2015, el informe del Ministerio de Ciencia vincula a la Agencia Tributaria en todos sus aspectos: desde la calificación del proyecto hasta la valoración de las inversiones y gastos. En cambio, para los ejercicios de 2015 en adelante, la Agencia solo está obligada a respetar la calificación de las actividades, pero conserva autonomía para verificar y determinar los importes deducibles. En consecuencia, el TEAC otorga a la Inspección de Hacienda la capacidad de seguir revisando los gastos que las empresas incluyen como deducibles, independientemente del criterio del Ministerio de Ciencia. Señala además que esta labor de comprobación recae exclusivamente en la Inspección Tributaria. La resolución también defiende la validez de los informes elaborados por el Equipo de Apoyo Informático de la Agencia Tributaria. Esto, a pesar de que el Supremo ha cuestionado la preparación técnica de dichos funcionarios para valorar la naturaleza innovadora de los proyectos o los gastos relacionados, y ha aceptado recientemente dos recursos -en autos del 5 y 12 de marzo- con el objetivo de clarificar hasta qué punto estos informes deben considerarse vinculantes para Hacienda.

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(El Economista, 16-04-2025) | Laboral

El retraso en la reducción de jornada aboca a alargar hasta 2026 el plazo para ajustar los convenios

La rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una de las prioridades políticas de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para esta legislatura. De hecho, fue uno de los puntos más delicados en la negociación del acuerdo de gobierno con el PSOE. Sin embargo, tanto dentro como fuera del diálogo social crece el escepticismo sobre la posibilidad de cumplir los plazos inicialmente previstos, y ya se empieza a asumir que será necesario ampliar el tiempo de adaptación de los convenios colectivos hasta 2026. El acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT en diciembre establecía el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que empresas y trabajadores pactaran cómo implementar la reducción de jornada. En ese momento, aún había margen y el optimismo predominaba, con la previsión de que el trámite parlamentario se completara antes del verano. Sin embargo, el retraso en enviar el proyecto al Congreso está obligando a considerar una prórroga de los plazos, especialmente si se introducen modificaciones para contentar a partidos como Junts. Este calendario fue propuesto por los sindicatos, conscientes de la necesidad de adecuar la norma a los convenios existentes y minimizar los conflictos en su aplicación. En la práctica, esto significaba que la reducción no empezaría a aplicarse hasta 2026, a pesar de que el Gobierno había fijado 2025 como fecha objetivo. Pero si la ley no se aprueba hasta otoño, incluso ese horizonte podría quedar corto. El trámite legislativo no tiene plazos fijos, ya que depende de la voluntad política. Aunque una ley suele tardar entre cinco y seis meses en tramitarse, podría acelerarse si se opta por la vía urgente. El problema es que, a día de hoy, el texto ni siquiera ha vuelto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, algo que debe ocurrir antes de enviarlo al Parlamento. Aún está pendiente de una segunda revisión con los cambios sugeridos por el Consejo Económico y Social (CES). El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró recientemente que, aunque entre la primera y la segunda vuelta del Consejo de Ministros suele pasar bastante tiempo, esta vez el proceso avanza con agilidad. A pesar de ello, en febrero desde el Ministerio de Trabajo se preveía que la norma llegaría al Congreso a finales de ese mes o inicios de marzo, mientras que desde Economía se apuntaba más bien a abril o mayo. Esta discrepancia evidencia un retraso respecto al calendario original, aunque Díaz evita fijar fechas públicamente. Desde Trabajo justifican este desfase por la complejidad técnica de algunos cambios sugeridos por el CES, y descartan modificar la disposición que fija el plazo de adaptación de los convenios. Esto, a pesar de que patronal y sindicatos solicitaron un periodo suficientemente amplio para permitir una negociación colectiva efectiva, teniendo en cuenta la diversidad del tejido empresarial español. No se descarta, sin embargo, que formaciones como Junts condicionen su apoyo parlamentario a un cambio en estos plazos o a la inclusión de ayudas específicas para pymes. Tanto Foment del Treball como Pimec han expresado su rechazo a la medida, alegando que interfiere en la negociación colectiva, y han presionado a los 'posconvergentes' para que voten en contra, aunque podrían llegar a acuerdos en el marco de negociaciones más amplias. Tras las tensiones iniciales entre los Ministerios de Economía y Trabajo sobre el contenido de la norma, fuentes del Ejecutivo indican que el texto ya no necesita pasar nuevamente por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ahora, la atención se centra en el Parlamento, donde Junts jugará un papel clave. La ministra también ha señalado al Partido Popular, recordando que se abstuvo en una iniciativa parlamentaria previa sobre la jornada laboral y sugiriendo que podría cambiar su postura, aunque su cercanía con la patronal hace prever un voto en contra. Una vez que el proyecto llegue al Congreso, se abrirá una fase intensa de negociación. Los grupos parlamentarios tendrán 15 días para presentar enmiendas o propuestas para frenar su tramitación. Si no se presentan vetos o estos no prosperan, el texto pasará a la Comisión de Trabajo, donde se elaborará un primer borrador con las enmiendas aceptadas. Posteriormente, se debatirá junto a las llamadas "enmiendas vivas", y el texto resultante se votará en el Pleno. Solo si consigue el respaldo suficiente, pasará al Senado para su revisión final.

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(El Economista, 16-04-2025) | Laboral

Más de 7.300 españoles pierden cada día su trabajo por despido o no superar el periodo de prueba

Durante los dos primeros meses de 2025, se registraron 164.778 bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido y otras 136.423 por no superar el periodo de prueba, lo que supone una media diaria de 7.346 finalizaciones de contrato por estas dos causas en días laborables. Esta cifra representa una leve caída del 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, pero aún se sitúa un 57,6% por encima de los niveles de 2019. Entre los trabajadores con contratos indefinidos, el promedio alcanza los 6.160 casos diarios, lo que supone un incremento del 171% en comparación con el periodo anterior a la reforma laboral. Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, las cifras muestran una cierta estabilización en los ceses laborales tras las subidas experimentadas desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Sin embargo, no se observa una vuelta a los niveles previos, lo que sugiere que esta nueva dinámica de finalización de contratos ha llegado para quedarse, especialmente entre quienes llevan poco tiempo trabajando. En concreto, los despidos diarios han descendido un 2,7% respecto a 2024, situándose en 4.017 casos, aunque en comparación con 2019 el aumento es del 82%. Por su parte, las bajas por no superar el periodo de prueba -aunque no se consideran despidos legales al no requerir indemnización ni justificación formal- siguen en aumento. En lo que va de año se registran 3.329 al día, un 2,3% más que el año pasado y un 43,8% más que en 2019. Estos datos no solo reflejan un incremento en los ceses diarios, sino también un cambio en su naturaleza. Antes de la reforma, la mayoría de las salidas afectaban a trabajadores con contratos temporales. Ahora, son los indefinidos quienes concentran una parte significativa de estas bajas, aunque el aumento del empleo fijo no es suficiente por sí solo para explicar esta tendencia. Para comprender esta evolución, es clave analizar cómo se produce el despido en España. En el pasado, los contratos temporales eran los más afectados, pese a representar solo una parte del total de afiliados. Esto se debía a que los contratos indefinidos eran minoritarios, por lo que había menos trabajadores en periodo de prueba, y los despidos solían centrarse en empleados con poca antigüedad y menor coste de indemnización, a menudo justificados como disciplinarios. Con el auge de los contratos indefinidos tras la reforma, el número de despidos entre estos trabajadores se ha disparado. En 2025, la media diaria alcanza los 3.758, lo que supone una caída del 2,5% respecto al año anterior, pero un aumento del 141% en comparación con 2019. Además, más de la mitad de estos despidos (57%) son calificados como disciplinarios, lo que exime a la empresa del pago de indemnización, salvo que haya reclamación judicial. Las bajas por no superar el periodo de prueba, por su parte, se sitúan en 2.402 casos diarios. Aunque han descendido un ligero 0,08% respecto a 2024, su aumento frente a 2019 es del 233,8%. Este fuerte crecimiento alimenta las sospechas de que algunas empresas están utilizando el periodo de prueba como una vía para emplear a trabajadores indefinidos en tareas de corta duración, evitando así los costes de un contrato temporal, como la indemnización de 12 días por año trabajado. Aunque el periodo de prueba está limitado por ley a un máximo de seis meses, el Gobierno pretende restringir la posibilidad de que los convenios colectivos amplíen este plazo. Todo indica que la mayoría de los despidos actuales de trabajadores indefinidos se concentran en nuevas contrataciones. Esto explicaría que, a pesar del aumento de las bajas, no se produzca una destrucción neta de empleo ni una reducción significativa del paro, incluso con un número récord de afiliados que supera los 21 millones. En realidad, para batir ese récord no es necesario que los trabajadores se mantengan en sus puestos, sino que haya más entradas al sistema que salidas. Aunque sea a costa de empleos "indefinidos de usar y tirar".

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(Cinco Días, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno activa un escudo de 5.000 millones en avales para empresas frente a los aranceles de Trump

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el despliegue inicial de la nueva Línea de Avales diseñada para apoyar financieramente a las empresas impactadas por los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos. Este primer tramo movilizará 1.000 millones de euros, como parte de los 5.000 millones totales contemplados en el Real Decreto-Ley 4/2025, aprobado la semana pasada como respuesta urgente al nuevo escenario comercial. Del importe aprobado, 750 millones se destinarán a proporcionar liquidez inmediata a las empresas, mientras que los 250 millones restantes servirán para respaldar inversiones orientadas a la transformación o adaptación de los negocios. Podrán beneficiarse de esta línea las compañías, tanto exportadoras como importadoras, cuyo volumen de operaciones con Estados Unidos represente más del 5% de su facturación, así como aquellas empresas que, sin operar directamente en el mercado estadounidense, estén expuestas indirectamente al verse implicadas en las cadenas de suministro de sectores afectados por los aranceles. Los préstamos, que podrán estar garantizados hasta en un 80% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por entidades financieras colaboradoras, tendrán plazos de amortización de hasta diez años en el caso de los destinados a proyectos de reconversión. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que esta medida ha sido consensuada con todas las formaciones políticas. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya adelantó la semana pasada que se mantendría en comunicación con el Partido Popular para compartir los detalles del plan. Esta Línea de Avales se organiza en dos categorías, según la finalidad del préstamo. La primera modalidad, que se prevé como la más solicitada en esta fase inicial, está orientada a cubrir necesidades de tesorería a corto plazo. Los préstamos bajo esta fórmula podrán tener hasta cinco años de plazo, incluyendo un año de carencia, y contarán con una cobertura de aval de hasta el 80%. Esta modalidad dispone de una dotación inicial de 750 millones de euros. La segunda modalidad está enfocada a apoyar la financiación de inversiones para la transformación del modelo de negocio. En este caso, el aval podrá cubrir hasta el 80% del coste del proyecto, así como hasta el 100% del capital circulante vinculado. Los préstamos podrán tener un plazo de devolución de hasta diez años, con un periodo de carencia de hasta tres años. Los importes inferiores a un millón de euros serán gestionados directamente por las entidades financieras, mientras que los superiores requerirán la participación del ICO en régimen de cofinanciación. Las empresas interesadas podrán solicitar estos avales hasta el 30 de junio de 2026. Además, en la misma reunión del Consejo de Ministros, se ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a iniciar la licitación, a través de Adif, de un contrato por valor de 78 millones de euros para el mantenimiento de las instalaciones de energía de tracción de varios corredores de alta velocidad: Madrid-Levante, Madrid-Zaragoza-Barcelona-Francia y Zaragoza-Huesca. El objetivo es garantizar la seguridad operativa, la fiabilidad de las infraestructuras y el confort de los usuarios.

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(Expansión, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa de la falta de compromiso de EEUU en la negociación arancelaria

La Comisión Europea mantiene su disposición a negociar, pero advierte que ese esfuerzo debe ser mutuo. En lo que respecta al diálogo para frenar la guerra comercial, Bruselas considera que Washington no está mostrando la implicación necesaria. Así lo manifestó este martes Olof Gill, portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, quien reclamó "mayor compromiso" por parte de Estados Unidos para que las negociaciones avancen. Estas declaraciones llegan después del encuentro mantenido el lunes entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo estadounidense, Howard Lutnick. La reunión, que se prolongó durante unas dos horas, dejó claro que las diferencias entre ambas partes siguen siendo importantes. Según Sefcovic, alcanzar un acuerdo requerirá "un esfuerzo conjunto significativo", lo que sugiere que el entendimiento aún está lejos. A pesar de varios meses de contactos, la Comisión Europea sigue sin tener claro qué pretende exactamente la administración Trump con su estrategia arancelaria, ya que hasta ahora no ha presentado una postura definida en la mesa de negociación. "La UE está cumpliendo con su parte, ahora necesitamos que EE. UU. aclare sus intenciones", afirmó Gill. Desde Bruselas insisten en que el diálogo solo puede avanzar si ambas partes ponen propuestas concretas sobre la mesa, algo que consideran que Washington todavía no ha hecho. Durante la reunión en Washington, los equipos negociadores se centraron en la propuesta europea de eliminar por completo los aranceles a los productos industriales, una idea que ya se había planteado formalmente en febrero. También se discutió la problemática de la sobrecapacidad en los sectores del aluminio y el acero, así como la resiliencia de las cadenas de suministro en áreas clave como los productos farmacéuticos y los semiconductores. Sin embargo, el encuentro no trajo consigo avances significativos ni acercamientos notables entre las dos posiciones. Según explicó Sefcovic, la reunión podría considerarse simplemente como parte de un ejercicio preliminar para identificar posibles áreas de entendimiento. De cara a los próximos pasos, y dado que el tono político de las conversaciones ya está establecido, las negociaciones pasarán a un nivel técnico. Expertos de ambos lados trabajarán para encontrar puntos comunes que permitan derribar las actuales barreras comerciales. Más adelante, si se logra un borrador con propuestas concretas, el asunto volverá al ámbito político para valorar los detalles y determinar si el acuerdo puede ser aprobado. Pese a que la primera cumbre no ofreció avances claros, tras la reducción al 10% de los aranceles generales anunciada por Trump -y la consiguiente suspensión temporal de represalias por parte de la UE-, la Comisión sigue viendo el diálogo como el camino más adecuado para resolver la disputa. Aunque lo ideal sería que la actual tregua incluyera también una pausa en los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre productos como el acero, el aluminio o los automóviles, desde Bruselas recalcan que su intención de negociar va más allá de esos puntos específicos. "Estamos en los primeros días de una ventana de 90 días para alcanzar un acuerdo. Aún hay margen", aseguró Gill. Si ese plazo expira sin que se logre un pacto, la UE reactivará automáticamente aranceles sobre más de 1.500 productos estadounidenses, valorados en unos 21.000 millones de euros en exportaciones. Paralelamente, Bruselas ya trabaja en nuevos planes de respuesta ante un posible fracaso de las negociaciones. "Si el resultado de las conversaciones no es satisfactorio, aplicaremos nuestras medidas de respuesta. Ya se están preparando nuevas contramedidas, y todas las opciones siguen abiertas", advirtió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Entre las posibles acciones, fuentes diplomáticas apuntan que se valora imponer medidas contra los servicios tecnológicos estadounidenses, un sector sensible para Washington y uno de los pocos que aún no ha sido gravado por la UE.

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(Expansión, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" elevan sus ingresos, mientras las auditoras medianas aceleran y sobrepasan los 1.200 millones de euros en 2024

El negocio de las principales firmas de servicios profesionales en España continúa al alza. Deloitte, PwC, EY y KPMG, conocidas como las Big Four, alcanzaron una facturación conjunta de 3.754 millones de euros en su último ejercicio, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al año anterior y casi 1.300 millones más que en 2019, antes del inicio de la pandemia, según un análisis de EXPANSIÓN basado en datos proporcionados por las propias compañías. Deloitte se mantiene a la cabeza del sector, con unos ingresos de 1.177 millones de euros en 2024. EY, por su parte, lidera el crecimiento porcentual entre las grandes firmas, al aumentar su facturación un 12,2%. PwC y KPMG también registraron crecimientos de dos cifras, aunque la modificación de sus criterios contables impide compararlas directamente con sus competidoras. En un contexto de relativa estabilidad tras la presión inflacionaria de años anteriores, las compañías de servicios profesionales -que ofrecen auditoría, consultoría, asesoría legal y soporte en operaciones corporativas- cerraron el año 2024 con una facturación total de 4.984 millones de euros. Esto representa un crecimiento del 11,7% respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el ranking de EXPANSIÓN, elaborado a partir de los datos de cuarenta firmas del sector. Si se excluyen las cifras de las Big Four, las auditoras de tamaño medio ingresaron en conjunto 1.230 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,8%. El ranking de las diez principales firmas se mantiene sin cambios respecto a 2023. ETL Global conserva su quinto puesto con unos ingresos de 198,8 millones, un 8,3% más. Sin embargo, sufrió una caída significativa del 51,9% en su área de auditoría, debido a la salida del socio Luis Marigómez y de varias sociedades vinculadas. A pesar de ello, la firma se mantiene fuerte en el área legal y tributaria, que concentra la mayor parte de su negocio, con 147,2 millones (+26%), y también crece en el área de transacciones, alcanzando los 20 millones (+8,1%). Por el contrario, su negocio de consultoría descendió hasta los 20,18 millones (-17,9%). Muy cerca se sitúa BDO, con una facturación de 142,1 millones (+4,2%). Esta firma aumentó sus ingresos en auditoría (+9,7%) y en el área legal y fiscal (+5,9%), aunque sufrió caídas en consultoría (-4,4%) y en asesoría para transacciones (-5,3%). "El crecimiento ha sido generalizado, tanto en grandes como en pequeñas y medianas firmas. La buena marcha de la economía española y la estabilidad normativa han sido factores clave. Además, la inversión en tecnología y la creciente demanda de asesoramiento empresarial han impulsado especialmente las áreas no relacionadas con la auditoría de cuentas", explica Víctor Alió, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). El listado de las principales firmas de servicios profesionales continúa con Grant Thornton, que superó los 100,2 millones de euros (+5,2%); Auren, que alcanzó los 96,2 millones (+12,3%) tras abrir sus puertas al fondo Waterland; PKF Attest, con 70,95 millones (+17,7%); y Adade e-Consulting, con 65,69 millones (+13%), cerrando el top ten. Por su parte, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas, destaca que el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos está transformando profundamente el sector: "Estos avances permiten auditorías más precisas y eficientes, aunque también suponen nuevos desafíos, como la necesidad de actualizar las competencias profesionales y reforzar la ciberseguridad", afirma.

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(El Economista, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Llenar el depósito costará entre 5 y 7 euros menos que en la anterior Semana Santa

Aunque muchas familias ya disfrutan de unos días de descanso, para la mayoría de trabajadores las vacaciones de Semana Santa comienzan hoy. Este es uno de los periodos del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera, lo que lleva a muchos conductores a buscar las gasolineras con precios más competitivos. Según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, los precios de los combustibles en España se mantienen relativamente estables en torno a los 1,5 euros por litro, tras varias semanas de bajadas consecutivas. El precio medio de la gasolina ha experimentado un ligero aumento por segunda semana seguida, alcanzando los 1,517 euros por litro. Esto representa una subida del 0,39% respecto a la semana anterior. Llenar un depósito de 55 litros cuesta actualmente unos 83,43 euros, lo que supone 7,1 euros menos que en la misma semana de 2024, cuando el precio fue de 90,53 euros. En el caso del gasóleo, también se ha producido una leve subida del 0,06%, situando su precio medio en 1,44 euros por litro. Repostar un depósito similar cuesta ahora unos 79,1 euros, es decir, 5,6 euros menos que hace un año. Pese a estas ligeras subidas, los precios de los combustibles no siguen de forma directa la evolución del petróleo, cuyo valor ha descendido notablemente. El barril de Brent, referencia en Europa, cerró ayer a 64,55 dólares, un 15% menos que a finales de 2024. Incluso la semana pasada cayó hasta los 58,40 dólares, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el crecimiento en la demanda mundial de crudo durante 2025 sea todavía más moderado que en estimaciones anteriores. De cara a la segunda fase de la operación especial de tráfico por Semana Santa -que se desarrollará desde este miércoles hasta el lunes-, la Dirección General de Tráfico (DGT) estima que se producirán más de 9 millones de desplazamientos por carretera. Esto representa un incremento del 3,5% en comparación con los movimientos reales registrados en la Semana Santa de 2024. El momento de mayor intensidad de tráfico se espera para esta misma tarde, cuando comenzarán a producirse retenciones en las salidas y accesos de las principales ciudades, tanto en el interior como en las zonas periféricas.

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(El Periódico, 16-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno transfiere 200 millones a las comunidades para sufragar necesidades de las familias más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, una transferencia de 198,7 millones de euros a las comunidades autónomas -exceptuando Euskadi y Navarra- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este fondo tiene como objetivo reforzar los servicios sociales, impulsar programas de apoyo a las familias y combatir la pobreza infantil. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro Pablo Bustinduy subrayó que estos recursos deben orientarse prioritariamente a mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con necesidades especiales de protección, como las familias monoparentales, numerosas o las que residen en zonas rurales. De este total, 65 millones de euros se dedicarán a proyectos de intervención social y ayudas directas a familias en situación de riesgo, con programas que cubran necesidades básicas como alimentación, ropa o productos de higiene. También se incluyen ayudas educativas, como la compra de material escolar o el acceso al comedor, así como subvenciones para el pago del alquiler o suministros del hogar. Otra parte de la inversión busca facilitar la conciliación laboral y familiar para los hogares en situación más precaria. Se financiarán servicios como escuelas infantiles o apoyos puntuales para atender a niños, niñas y adolescentes. Entre los programas destacados se encuentra el Programa VECA, que ofrece actividades educativas, culturales y recreativas durante las vacaciones escolares. Además, se promoverá una alimentación saludable y equilibrada para los menores incluso cuando no asisten al comedor escolar. Asimismo, se asignan 25 millones de euros para fortalecer los equipos de servicios sociales especializados en la detección y prevención de situaciones de violencia hacia menores, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Por último, 100 millones de euros se destinarán al sostenimiento de la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por los ayuntamientos. Esto incluye servicios como ayuda a domicilio, apoyo a las unidades de convivencia, prevención de la exclusión social y medidas de integración para las familias más necesitadas.

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