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(El Economista, 05-12-2025) | Laboral

La población activa se acerca a los 25 millones y la tasa de paro se sitúa en torno al 10,5%, la menor de la serie histórica desde 2008

A esto se suma una población extranjera que continúa creciendo y que asegura el relevo generacional, además de sostener la actividad de numerosos sectores productivos donde también trabajan ciudadanos nacionales. No obstante, estos datos tienen matices importantes. Así lo ha señalado Carlos de la Torre, socio laboral de Andersen y vicepresidente de ADiReLab, durante la conferencia inaugural de la jornada RRHH: La hoja de ruta del empleo de calidad, organizada por elEconomista.es. "Hay cifras que merece la pena analizar con detalle. Estamos observando una rotación y una inestabilidad muy elevadas en los contratos, así como un aumento significativo de los fijos discontinuos, que según algunas estimaciones podrían alcanzar el millón, y que además no se contabilizan como desempleo registrado", ha explicado De la Torre. En este contexto, el especialista ha expuesto los diez desafíos que, a su juicio, enfrenta actualmente el mercado laboral: el nuevo reglamento de extranjería, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos, el registro digital de jornada, la normativa sobre despido, el impacto laboral de la ley de industria, el edadismo, la salud laboral y el absentismo, la conciliación, la negociación colectiva y la eficiencia procesal. Para el socio laboral de Andersen, uno de los retos fundamentales depende de las decisiones que adopten el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. "Parece existir una intención implícita de abandonar la negociación colectiva y recurrir a decretos para legislar. Creo que eso sería un paso atrás y nos conduciría a un mercado laboral peor", ha advertido. Según De la Torre, imponer normas sin acordarlas con los agentes sociales generará desconfianza en las empresas, los inversores y los accionistas, debilitando la credibilidad del sistema. Otro aspecto delicado es el registro horario, que puede acarrear sanciones de hasta 7.500 euros para las compañías que no cumplan. "El Congreso rechazó la reducción de jornada, pero ha aprobado el reglamento del registro horario. Esto supone una intromisión en la libertad empresarial y añade rigidez innecesaria", ha criticado. También ha destacado el papel creciente de la inteligencia artificial, que está transformando los modelos de negocio y los planes estratégicos, así como los propios puestos de trabajo. "Será necesario formar a los trabajadores para que aprovechen la IA y mejoren su productividad. Además, la IA ofrece grandes oportunidades en los procesos de Recursos Humanos", ha apuntado. Sin embargo, ha recordado que su uso en este ámbito está sometido a una estricta regulación europea, dado que se considera de alto riesgo. Está prohibido, por ejemplo, en sistemas biométricos. "Es imprescindible cumplir con el reglamento europeo de protección de datos y con la normativa comunitaria sobre inteligencia artificial. Esa 'caja negra' que hay detrás de la IA debe comunicarse tanto a la representación legal de los trabajadores como a los empleados afectados si se utiliza en selección, contratación o remuneración", ha aclarado. Otro reto importante tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza laboral. El edadismo sigue siendo un problema estructural: este grupo afronta un paro de larga duración, escasez de incentivos para su contratación, dificultades para compaginar empleo y pensión y numerosos procesos de desvinculación anticipada. "Es un asunto muy complicado. Las empresas están prescindiendo de trabajadores mediante despidos colectivos; ahora mismo, hay compañías del Ibex con media docena de ERE abiertos. Esto es legal, pero existen dos palancas que permiten evitar la discriminación por edad: la voluntad de las empresas y la negociación durante los periodos de consultas. Desde Andersen participamos en programas de prejubilaciones, pero, pese a nuestras recomendaciones y a las herramientas legales, las salidas siguen concentrándose en empleados de 50 años o más", ha advertido.

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(El Economista, 05-12-2025) | Laboral

El 56% de los trabajadores de pymes se abre a ser su propio jefe ante el auge de la IA

El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral no solo está transformando los puestos de trabajo, sino también la manera en que los empleados afrontan su propio futuro profesional. Un informe reciente de LinkedIn revela que el 56% de los trabajadores de pequeñas empresas admite que "el auge de la IA" les ha llevado a replantearse caminos profesionales que antes no contemplaban, incluido el emprendimiento. En este sentido, la automatización de tareas se percibe más como una oportunidad que como una amenaza, convirtiendo a la IA en un "gran igualador" tanto entre compañías como entre profesionales. Según el estudio, el 67% de los empleados de pymes cree que esta tecnología mejorará su día a día laboral. Un 40% ya la utiliza para actividades rutinarias -como redactar correos, sintetizar notas o buscar información- y un 27% la emplea en funciones más avanzadas, desde el diseño de estrategias hasta el análisis de datos o el manejo de agentes de IA. Además, seis de cada diez afirman estar formándose en su uso a través de programas ofrecidos por sus propios empleadores. Estos datos muestran con claridad cómo la inteligencia artificial está influyendo en los trabajadores de un ecosistema empresarial compuesto en un 98% por pymes. LinkedIn apunta, de hecho, que la IA está impulsando aún más la inclinación de los españoles hacia el emprendimiento: casi un 30% manifiesta querer trabajar por cuenta propia "en un futuro cercano", y los perfiles que incluyen el cargo de "fundador" se han duplicado desde 2022. El informe subraya que la inteligencia artificial actúa como un "gran nivelador", lo que explica su rápida implantación en pequeñas empresas. La IA permite automatizar tareas de atención al cliente, generar contenidos de marketing, agilizar procesos de selección y apoyar decisiones estratégicas mediante datos que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones. Por eso, un 73% de las pymes cree que esta tecnología permitirá a los negocios pequeños competir por encima de su tamaño real. Las competencias en alfabetización en IA -es decir, la capacidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial con fines empresariales- están en pleno crecimiento. En España, las compañías de entre 11 y 50 empleados han incrementado estas habilidades un 69% respecto al año anterior, mientras que en las empresas de 51 a 200 empleados el aumento es del 56%. No obstante, tanto pymes como emprendedores son conscientes de que la visibilidad empresarial no puede depender exclusivamente de la automatización y necesita del componente humano. Según LinkedIn, el 72% de los profesionales de ventas considera que las personas contrastan la información con fuentes en las que confían: un 65% lo hace con clientes y socios, un 56% con expertos del sector y un 52% con creadores de contenido e influencers. Otro factor clave es la creación de redes de contactos sólidas, un ámbito en el que España aún avanza más lentamente que otros países. Los profesionales de empresas de hasta 50 empleados aumentan sus conexiones en LinkedIn a un ritmo del 14%, frente al 16% registrado por los trabajadores de grandes compañías. Por ello, la recomendación de LinkedIn es contundente: "Cuanto más fuertes son las redes, mayor es el crecimiento".

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(ABC, 05-12-2025) | Laboral

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Los sindicatos incluidos en la negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han llamado a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a participar en una huelga indefinida a partir del 27 de enero, que se repetirá cada martes "el tiempo que haga falta". Así lo ha anunciado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, durante una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no muestra voluntad de alcanzar un acuerdo "equitativo, útil y favorable para todos los trabajadores sin distinciones ni privilegios entre categorías profesionales". Estos sindicatos critican que el Ministerio haya mantenido "negociaciones paralelas" con las organizaciones médicas, y reprochan a Sanidad que sea el único departamento capaz de unir a todo el ámbito sindical en un frente común que se ve obligado a convocar una huelga. "La inacción del Ministerio y la falta de respuesta están llevando a la sanidad pública a una situación límite", ha lamentado Ballell. Esta protesta se suma a los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos médicos CESM y SMA -a los que se han añadido otros-, que reclaman un convenio específico para médicos y facultativos al margen del estatuto marco. Las organizaciones del ámbito -en el que los médicos solo están representados a través de FSES- afirman que la ministra actúa con "deslealtad" al negociar por su cuenta con CESM y SMA. Según Ballell, lejos de avanzar, el Ministerio "ha entorpecido y retrasado" el proceso, alimentando una negociación paralela con entidades ajenas al ámbito oficial e ignorando a quienes representan "al 100% del personal estatutario del SNS". A su juicio, Sanidad ha renunciado a liderar la reforma legal, mostrando "falta de firmeza dentro del Gobierno de coalición, que cuando quiere, impulsa y aprueba cualquier norma". Desde la última reunión celebrada el 6 de noviembre, tras casi tres años desde que se reabrió el proceso, los sindicatos aseguran no haber recibido información más allá de lo publicado en la prensa. "Una ley no puede tardar tanto en negociarse; la actitud del Ministerio es poco leal con el ámbito negociador", ha señalado la presidenta de Satse, Laura Villaseñor. La mesa busca mejorar las condiciones laborales de todo el personal del SNS, sanitario y no sanitario, "sin excepciones ni privilegios", pero Sanidad sigue sin aclarar aspectos clave como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas. Villaseñor reconoce que una huelga "nunca es deseable", pero afirma que "las circunstancias y la deriva de la negociación" han obligado a dar este paso. Para Lucía García, de CCOO, el estatuto marco es "un traje que se ha quedado pequeño para nuestra sanidad". "Las excusas se han agotado y la paciencia de los profesionales también. No podemos seguir posponiendo la negociación; necesitamos compromisos claros y un plan definido para aplicar medidas que son de sentido común y de justicia", ha añadido. Desde CSIF, Fernando Hontagas ha lamentado que la ciudadanía siempre acabe siendo la principal perjudicada. "Estos días vemos cómo faltan refuerzos frente a la epidemia de gripe, lo que provoca urgencias saturadas y cirugías aplazadas". Manuel Moreira, de CIG-Saúde, insiste en que "la sanidad pública está en crisis" y que aprobar un estatuto que dignifique las condiciones laborales del personal es esencial para ofrecer a la población la atención que merece.

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(Cinco Días, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España cuenta con 32 patrimonios de más de mil millones de euros

En España, el grupo de personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares es diminuto: solo 32 individuos, lo que equivale al 0,000064% de la población, según el informe 2025 sobre grandes patrimonios publicado este jueves por el banco suizo UBS. Esta exclusiva lista ha experimentado cambios relevantes durante el último año. Una de cada cuatro personas incluidas es nueva respecto al informe anterior, lo que ha supuesto una incorporación conjunta de 11.600 millones de dólares a la riqueza total del grupo. Por el contrario, tres antiguos miembros quedaron fuera al ver reducirse su patrimonio por debajo del umbral de los mil millones. En conjunto, el número de grandes fortunas españolas ha aumentado en cinco personas, y su riqueza conjunta ha crecido un 21,5% interanual, alcanzando los 213.000 millones de dólares. Sin embargo, más de la mitad de esa cifra pertenece a un solo individuo: Amancio Ortega, fundador de Inditex, cuyo patrimonio asciende a 124.000 millones de dólares, tras incrementarse en 21.000 millones en apenas un año. "España destaca este año por el fuerte aumento de la riqueza entre sus multimillonarios y por una mayor concentración en patrimonios familiares", afirma Pablo Carrasco, director general de UBS Wealth Management España. El directivo subraya que el crecimiento se debe en buena medida al buen desempeño de algunos de los principales empresarios del país. Además, señala que en los próximos 15 años está previsto que se produzca un traspaso de riqueza por herencias valorado en 162.000 millones de dólares, lo que exige una planificación sucesoria rigurosa. A escala global, el número de multimillonarios creció un 8,8%, pasando de 2.682 en la edición anterior a 2.919 en el informe de este año, elaborado con datos de abril. A la lista se sumaron 196 fortunas creadas desde cero, es decir, sin origen hereditario. Estas nuevas incorporaciones aportaron 386.500 millones de dólares a la riqueza mundial, elevando el total a 15,8 billones de dólares, el segundo mayor incremento anual en las once ediciones del estudio. "A diferencia del repunte provocado en 2021 por la subida del valor de los activos tras la pandemia, este crecimiento responde a una sólida actividad empresarial y a la creación de nuevas compañías", explica el informe. Campos como el software de marketing, la genética, el gas natural licuado o las infraestructuras están impulsando cambios profundos en la demanda global, con multimillonarios de EE UU y Asia-Pacífico liderando esta tendencia. La evolución del patrimonio también varía por sectores. El tecnológico fue el más favorecido, con un aumento del 23,8% (unos 583.500 millones) hasta llegar a los 3 billones de dólares, impulsado principalmente por la subida bursátil de empresas vinculadas a la inteligencia artificial como Nvidia, Oracle o Meta. En cambio, el sector del consumo y el comercio minorista solo creció un 5,3%, afectado por el retroceso del lujo europeo frente al empuje de marcas chinas. Pese a ello, sigue siendo el sector con mayor concentración de riqueza, con 3,1 billones. Los multimillonarios de la industria fueron quienes vieron crecer su patrimonio con mayor rapidez: un 27,1%, hasta los 1,7 billones. En este ámbito destaca un nombre por encima del resto: Elon Musk, fundador de SpaceX, que acumula alrededor del 40,7% de la riqueza del sector. En servicios financieros, la riqueza subió un 17% hasta los 2,3 billones, impulsada por la recuperación de los mercados y el auge de las criptomonedas. En este sector, el 80% de los multimillonarios son considerados "self-made", es decir, se hicieron ricos por sus propios medios. El informe también analiza diferencias de género. La riqueza media de las mujeres multimillonarias aumentó un 8,4%, situándose en 5.200 millones de dólares, más del doble del crecimiento registrado por los hombres (3,2%). Aunque solo hay 374 mujeres frente a 2.545 hombres, ellas encadenan cuatro años liderando el ritmo de acumulación de riqueza. Otro elemento destacado del estudio es el relevo generacional. La transferencia de grandes patrimonios está acelerándose: en 2025, 91 herederos recibieron 297.800 millones de dólares, la cifra más alta registrada, un 36% más que en el informe anterior, pese a que el número de beneficiarios fue menor.

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(El País, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas plantea dar más poderes al supervisor bursátil europeo para impulsar el mercado único

La clave para que la Unión Europea recupere el dinamismo económico perdido pasa por completar el mercado único. Con este objetivo, la Comisión Europea ha propuesto reforzar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil de la UE, con la intención de avanzar en la integración del mercado de capitales. Este es uno de los elementos aún pendientes y considerado esencial tanto para facilitar financiación a proyectos empresariales que requieren fuertes inversiones como para evitar que el ahorro de los ciudadanos europeos siga saliendo hacia otros países en busca de mayor rentabilidad. El sector financiero esperaba con interés hasta dónde llegaría Bruselas en el paquete normativo presentado este jueves. La integración de los mercados de acciones, derivados, deuda o criptoactivos se enfrenta a numerosos obstáculos y a la resistencia de varios Estados miembros, reacios a ceder control sobre negocios altamente rentables; Luxemburgo suele citarse como ejemplo en el ámbito de la gestión de fondos. Finalmente, la Comisión ha optado por una propuesta ambiciosa. Aunque el reglamento y la directiva presentados no incluyen un cambio único de gran impacto, sí incorporan una batería de medidas que amplían notablemente los poderes de la ESMA, que hasta ahora actuaba sobre todo como un órgano asesor para los supervisores nacionales -como la CNMV en España-. "Siempre he oído un gran apoyo a la Unión de Ahorros e Inversiones. Respaldarla significa respaldar estas medidas; lo contrario es incoherente", defendió la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ante la pregunta de si Bruselas había ido demasiado lejos. El paquete contempla transferir a la ESMA parte de la supervisión que ahora ejercen las autoridades nacionales sobre infraestructuras de mercado -como Euronext o Deutsche Börse- y sobre depositarios de valores. También le otorga la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño. De este modo, podrá solicitar información, realizar investigaciones, efectuar inspecciones y aplicar sanciones, una función que desde la entrada en vigor de la normativa MiCA en enero recaía en los supervisores nacionales. El cambio llega tras las críticas de la ESMA al regulador maltés por su laxitud en la concesión de licencias. Con esta ampliación, la ESMA añade a los proveedores de criptoactivos a las entidades que ya supervisa directamente, como las agencias de calificación (Moody's, Fitch, S&P o Scope), los administradores de índices y las cámaras de compensación para derivados y otros productos, como BME Clearing. Para fortalecer su papel, la Comisión plantea crear un nuevo Consejo distinto al actual -formado por autoridades nacionales- con el objetivo de reforzar la independencia y priorizar la visión del mercado único frente a los intereses de cada país. Una de las dudas era si Bruselas propondría que la ESMA supervisara también a las gestoras de fondos, especialmente en un momento en que Europa necesita grandes inversiones públicas y privadas en defensa e infraestructuras. La Comisión aclara que esta función seguirá en manos de los reguladores nacionales, aunque estos perderán influencia en la elaboración de directrices y opiniones. No obstante, la ESMA asumirá un control más estricto sobre los grandes grupos transfronterizos mediante revisiones anuales basadas en información conjunta de los supervisores nacionales y del propio organismo europeo. El paquete legislativo refuerza además la capacidad coordinadora de la ESMA, concediéndole nuevas facultades para resolver diferencias entre normas y prácticas nacionales que entorpecen el uso del pasaporte europeo por parte de fondos, gestoras y depositarios. Otro punto relevante es el cambio de naturaleza jurídica de algunas normas, que pasan de ser directivas a reglamentos. Este giro reduce el margen de maniobra de los Estados miembros, ya que los reglamentos se aplican directamente sin necesidad de adaptación nacional, evitando así retrasos o divergencias que suelen acabar en procedimientos de infracción. En su primera valoración, la ESMA destacó que la propuesta aborda de forma directa la fragmentación derivada de las diferencias de supervisión entre países y celebró el énfasis en simplificar requisitos, reducir cargas administrativas y fomentar la innovación, aspectos que -según afirma- mejorarán la competitividad y la agilidad de los mercados de capitales de la UE.

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(El Periódico, 05-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47

El Gobierno presentó este jueves la nueva identidad de la empresa pública que centralizará la gestión de todas las viviendas pertenecientes a la Administración General del Estado. Esta compañía, que asumirá entre otros los 40.000 inmuebles residenciales que hasta ahora estaban en manos de la Sareb -además de propiedades de organismos como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado- se denominará Casa47. La entidad surge a partir de la transformación de la antigua Sepes, el organismo estatal creado en 1981 para desarrollar y urbanizar suelos logísticos y residenciales con el objetivo de venderlos posteriormente. La creación de este "gran casero público" fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en el último congreso federal del PSOE celebrado en diciembre de 2024 y, un año después, se materializa. Casa47 nace con la misión de abarcar todo el proceso inmobiliario: desde la gestión urbanística y la urbanización de terrenos hasta la construcción, el alquiler y la administración de las viviendas levantadas en estos suelos, que se destinarán a alquiler a precios asequibles. Así, la nueva compañía se configura como un importante operador estatal con un amplio parque de viviendas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que Casa47 supone "un avance decisivo que consolida el quinto pilar del Estado del bienestar". Afirmó que se trata de "un gran paso adelante en las políticas públicas de vivienda del país", un cambio estructural sin retorno. "Estamos poniendo en marcha un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos logrado crear una empresa capaz de gestionar íntegramente el ciclo de la vivienda", señaló.

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(El País, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba nuevas ayudas a la compra de eléctricos de 400 millones en su hoja de ruta con 25 medidas para el automóvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles la nueva estrategia global para el sector del automóvil, tras un año de negociaciones intensas entre la industria -representada por Anfac- y el Ministerio de Industria y Turismo. Este plan, bautizado como Plan Auto 2030, reúne 25 medidas destinadas a guiar la transición hacia el vehículo eléctrico, asegurar el empleo en los próximos años y atraer inversiones tanto en la fabricación de automóviles como en baterías y en el procesamiento de materias primas críticas como el litio, un ámbito hoy dominado casi por completo por China, que controla cerca del 90% del mercado. La intención conjunta del Gobierno y del sector es movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en cinco años, de los cuales el Estado aportaría en torno al 16%. Este ambicioso proyecto -sin precedentes en Europa- llega acompañado de un nuevo sistema de incentivos para la compra de coches eléctricos, que reemplazará al Moves y que llevará por nombre Plan Auto+. Contará con un presupuesto de 400 millones de euros y será gestionado directamente por la Administración central, siguiendo el modelo del Plan Reinicia Auto+ aplicado en la Comunidad Valenciana para los afectados por la dana del pasado año. Un cambio relevante es que las comunidades autónomas dejarán de gestionar estas ayudas, algo que ocurría con el Moves y que provocaba retrasos de hasta año y medio en la tramitación, frente al tiempo mucho más ágil registrado en el plan valenciano. "Hemos escuchado las demandas del sector y queremos asegurar mayor rapidez. Lo aprendido con la dana nos ha servido para mejorar", afirmó Sánchez, instando a acelerar el despliegue del coche eléctrico. Aunque estas mejoras son bien recibidas, la industria insiste en que lo realmente necesario es un cambio fiscal que permita que el sistema de ayudas se autofinancie en el futuro. Además, el Plan Auto 2030 contempla el desarrollo de un plan nacional de infraestructura de recarga, que incluirá el lanzamiento del Moves Corredores en 2025, dotado con 300 millones de euros para instalaciones en tramos de carretera con menor cobertura. Más allá de los incentivos al consumidor, la estrategia incorpora iniciativas de gran alcance, como un programa de autonomía estratégica del sector, orientado a atraer proyectos de fábricas de baterías, componentes y nuevos centros de producción de vehículos. Una de las empresas que se baraja como posible inversora es la china BYD, que estudia instalar en España su segunda planta en la UE tras la de Hungría. Para reforzar esta apuesta, el Gobierno continuará con los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, financiados hasta ahora con los fondos europeos Next Generation. En 2025 se convocará una nueva línea de ayudas por 580 millones. El Ejecutivo quiere también captar inversión en investigación y desarrollo para que España deje de desempeñar un rol meramente ensamblador y genere más valor. "Queremos atraer inversión extranjera que aporte conocimiento y propiedad intelectual. Debemos aprender de quienes van por delante", señaló Josep Maria Recasens, presidente de Anfac y máximo responsable de Renault en España. El plan prevé, además, la creación de un sello "made in Spain" para impulsar la llegada de nuevos fabricantes, incluidas marcas chinas, que actualmente deben afrontar aranceles por importar vehículos desde Asia. Con estas y otras iniciativas, el objetivo es que España alcance una producción anual de 2,7 millones de vehículos -por encima de los 2,37 millones de 2023-, aunque este incremento no se traducirá en más empleo, ya que la fabricación de coches eléctricos requiere menos mano de obra que la de combustión. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que este plan aporta "estabilidad y confianza" en plena transformación del sector y recordó que esta hoja de ruta responde a un mandato directo del presidente. Recasens, por su parte, subrayó que se trata de un proyecto que combina planificación, regulación e incentivos, "algo que Europa suele hacer por separado". El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, enfatizó que la producción nacional pasará del 12% de vehículos electrificados en 2023 al 100% en 2035, una transformación que describió como "total y definitiva", en la que el automóvil del futuro será "un móvil con ruedas", lo que refuerza la importancia del desarrollo de software. El propósito de la iniciativa conjunta entre Anfac y el Ejecutivo es no solo conservar, sino aumentar el valor añadido del sector, que actualmente ronda los 85.000 millones de euros anuales. Si no se actúa, las estimaciones apuntan a que podría reducirse hasta los 78.000 millones. Para supervisar la evolución del plan, Administración y sector se reunirán anualmente. La meta final es mantener a España como segundo mayor productor de automóviles de Europa -solo por detrás de Alemania- y conservar su posición entre el octavo y noveno puesto mundial, una clasificación que disputa año tras año con Brasil.

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(El Confidencial, 04-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo intervendrá para zanjar el caos de los honorarios de los colegios de abogados

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han vuelto a poner bajo la lupa las sanciones impuestas a varios colegios de abogados por publicar orientaciones sobre honorarios. Si en 2024 el debate giraba en torno a si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenía autoridad para castigar estas prácticas, ahora las resoluciones derivadas del caso Bankia han dado un salto y están generando decisiones muy diferentes. Barcelona pierde su recurso, A Coruña lo gana y Valencia abre una nueva incógnita que el Supremo tendrá que resolver. En pocas semanas, la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por mantener baremos con tarifas mínimas, mientras que ha revocado la multa impuesta al Colegio de A Coruña (ICACOR) al no quedar demostrado que difundiera el baremo gallego. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ha decidido estudiar el recurso del Colegio de Abogados de Valencia para aclarar si la nueva Ley de Derecho de Defensa permite a los colegios publicar orientaciones que sirvan para calcular honorarios a efectos de costas, una cuestión que podría tensionar su doctrina reciente. Estas tres decisiones han agitado el panorama judicial y obligan al Supremo a precisar qué tipo de criterios pueden difundir hoy los colegios como simples orientaciones y cuándo esos documentos se convierten en recomendaciones colectivas de precios prohibidas por la normativa de competencia. Todo este proceso se remonta a la denuncia que Bankia presentó hace diez años, en la que señalaba que varios colegios usaban tablas con escalas, porcentajes y mínimos para fijar honorarios en miles de pleitos relacionados con su salida a bolsa. A raíz de aquello, la CNMC impuso multas por 1,47 millones de euros a nueve colegios. La Audiencia anuló parte de esas sanciones al considerar que la competencia debía recaer en las autoridades autonómicas, pero el Tribunal Supremo cerró ese debate en abril de 2024 al determinar que la CNMC sí puede intervenir cuando la conducta tiene impacto más allá de una comunidad autónoma y en un contexto de colegiación única que permite trabajar en todo el país. Tras esa aclaración, la Audiencia Nacional ha tenido que revisar varias de sus decisiones, y este otoño el asunto ha entrado en un punto crítico. La sentencia sobre el ICAB es la más contundente. En su resolución del 4 de noviembre, la Audiencia concluye que el colegio aprobó documentos con precios concretos y reglas que operaban como tarifas mínimas, algo que la ley prohíbe por constituir una recomendación colectiva. El tribunal subraya que el ICAB establecía "cuatro escalas" aplicables según la base de cálculo y que incluía una regla que funcionaba como mínimo de percepción. Para los asuntos sin cuantía determinada, además, fijaba como referencia general los 30.000 euros, cifra que la Audiencia considera un "precio mínimo" claramente anticompetitivo. El ICAB, que ya pagó la sanción en 2018 y ha recurrido el fallo, intentó apoyarse en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que autoriza a los colegios a publicar criterios orientativos a efectos de costas. La Audiencia, sin embargo, descartó este argumento, aunque es muy posible que el asunto llegue al Supremo. El caso de A Coruña es justo lo contrario. En la sentencia del 6 de noviembre, la Audiencia reconoce que el baremo del Consejo Gallego contenía elementos que podrían haber sido problemáticos, pero subraya que no se acreditó que fuera el Colegio de A Coruña quien lo difundió. El documento estaba accesible en la web del Colegio de Vigo, no en la suya. Además, A Coruña había emitido circulares en el pasado dejando claro que los dictámenes debían basarse en el examen individual de cada asunto. Incluso editoriales jurídicas declararon que no recibían esos baremos del colegio coruñés, sino que los localizaban en internet por su cuenta. Ante esta falta de pruebas, la multa queda anulada. El Tribunal Supremo, por su parte, ha dado un paso relevante al admitir el recurso del Colegio de Valencia para interpretar el artículo 6.2.e) de la nueva Ley de Derecho de Defensa, que permite elaborar criterios orientativos para calcular los honorarios a efectos de costas. El Alto Tribunal reconoce que esta disposición podría entrar en colisión con su postura actual, que desde 2023 veta cualquier orientación que incluya cifras o reglas detalladas. Por ese motivo, considera necesario aclarar el alcance de la norma. La decisión abre un escenario completamente nuevo: si el Supremo entiende que la ley flexibiliza el marco, los colegios podrían recuperar cierto margen para publicar referencias numéricas; si mantiene la línea actual, la restricción quedará aún más firme. Barcelona, A Coruña y Valencia son tres ejemplos de un mismo conflicto, que enfrenta la naturaleza de los criterios orientativos, las exigencias de prueba para sancionar y el impacto de la normativa aprobada en 2024. Además, aún queda por resolverse el caso del Colegio de Ávila, y en febrero la Audiencia Nacional ya anuló la sanción al Colegio de Abogacía de Vizcaya -de 125.000 euros- por una razón distinta: no porque la CNMC careciera de competencia, sino porque el expediente no acreditó que el colegio hubiera difundido los baremos del Consejo Vasco.

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(Expansión, 03-12-2025) | Fiscal

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor de Verifactu tras las exigencias de Junts

El Ministerio de Hacienda aplazará un año la puesta en marcha del nuevo sistema de verificación de facturas, Verifactu, con el fin de dar más tiempo a las empresas para adaptarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobueba -y con el que se atenderán compromisos pendientes con Junts- incluirá una ampliación del plazo "para la digitalización de los procesos de facturación en el ámbito fiscal". Esta prórroga afecta a las obligaciones previstas en la Ley Antifraude, que debían empezar a aplicarse el 1 de enero para las compañías y el 1 de julio para los autónomos. Fuentes de Hacienda han informado a EFE de que la ampliación será de un año. Esto significa que el sistema Verifactu no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2027 para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, y hasta el 1 de julio de ese año para los autónomos personas físicas. El caso de los desarrolladores de software de facturación (SIF) es distinto: sus obligaciones para adaptar los programas y evitar dobles contabilidades ya entraron en vigor en julio y se mantendrán sin cambios. Esta segunda prórroga en la implantación de Verifactu llega tras la presión ejercida por Junts sobre el Gobierno y responde a una de las principales peticiones de las asociaciones de autónomos. Por ello, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que "agradecemos a Junts que haya abanderado esta reivindicación". Para Amor, "la demora en la aplicación del sistema Verifactu es un respiro para los autónomos en un contexto en el que cada día surgen más dificultades. Era lo que habíamos pedido al Gobierno. Quedaba muy poco para que terminara el año y este asunto estaba generando mucha incertidumbre". El sistema Verifactu exige que los programas de facturación generen un registro inalterable y no eliminable, accesible para la Agencia Tributaria, ya sea enviándole los datos directamente o guardándolos con medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, las nuevas facturas deberán llevar un código QR que permita a los clientes verificar que se han cumplido las obligaciones de registro ante Hacienda y que se han declarado correctamente el IVA o el IRPF. Estos requisitos serán obligatorios para todos los autónomos y empresas que utilicen software de facturación -excepto quienes ya están en el suministro inmediato de información y los contribuyentes del País Vasco y Navarra-, por lo que quedan fuera quienes elaboran sus facturas de forma manual. Sánchez también ha adelantado que el real decreto ley dará más flexibilidad a los ayuntamientos en el uso de inversiones financieramente sostenibles, que no cuentan para la regla de gasto. Así, los municipios tendrán más margen para destinar fondos a proyectos que no generen gasto corriente, como la construcción de viviendas o la gestión del agua, sin incumplir sus obligaciones fiscales.

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(Expansión, 03-12-2025) | Fiscal

Desconcierto entre empresas y profesionales por la prórroga de Verifactu a última hora

Las patronales empresariales han recibido con satisfacción la ampliación de un año en el plazo para aplicar las obligaciones de la Ley Antifraude. En cambio, los especialistas fiscales consideran que aprobar esta prórroga con menos de un mes de margen supone un perjuicio para las pymes que ya habían invertido en adaptarse. Una de las principales cesiones a Junts aprobadas ayer por el Gobierno en el Consejo de Ministros, con el objetivo de recuperar el respaldo del partido de Carles Puigdemont, es el aplazamiento de un año en la entrada en vigor de las obligaciones incluidas en la Ley Antifraude. Entre ellas destaca el sistema Verifactu de verificación de facturas, que debía ponerse en marcha el 1 de enero para las empresas y el 1 de julio para los autónomos personas físicas. Con la prórroga, estas obligaciones no serán exigibles hasta el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades (las empresas) y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos que tributan como personas físicas. Se trata de una de las demandas que Junts había planteado en las últimas semanas y que también llevaba tiempo reclamando la principal asociación de autónomos, ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, celebró la decisión y agradeció a Junts haber liderado esta reivindicación, recordando que quedaban muy pocos días para terminar el año y que la situación generaba mucha incertidumbre entre los autónomos. En la misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, valoró que la medida "avanza en la dirección correcta" y reconoce la realidad de miles de pequeñas y microempresas cuyos recursos y capacidades técnicas no son comparables a los de las grandes compañías. Por otro lado, Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, señaló que este aplazamiento aporta por fin la tranquilidad que empresas y autónomos no han tenido durante todo el año, aunque advirtió que solo tendrá sentido si se aprovecha para hacer correctamente lo que no se ha hecho hasta ahora. La decisión generó malestar en el Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera María Jesús Montero. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, lamentó no haber sido informado previamente, pese a que serán los encargados de gestionar Verifactu. Aun así, consideraron que la prórroga puede resultar útil para casi cinco millones de pymes y autónomos que debían adaptarse a partir de 2026. Sin embargo, la cercanía de la fecha prevista para la puesta en marcha del sistema en las pymes que utilizan software de facturación hace que otras voces no se muestren tan conformes. Explican que muchas empresas llevan meses destinando recursos económicos y tiempo a incorporar los nuevos requisitos de facturación electrónica. Agustín Fernández, presidente del Reaf del Consejo General de Economistas, señala que numerosas compañías han tenido que priorizar la adaptación a Verifactu, relegando otras necesidades importantes por falta de dinero y tiempo. Según Hostelería de España, el coste de adaptación puede alcanzar los 8.000 euros por pyme cuando se trata de programas desarrollados a medida, una cantidad especialmente elevada para pequeños comercios y negocios hosteleros. Para el presidente del Reaf, la medida carece de justificación y responde únicamente a motivos políticos. Considera que un cambio normativo tan repentino resta seguridad jurídica a las empresas y afecta a la credibilidad de los asesores fiscales, que durante meses aconsejaron a sus clientes adaptarse cuanto antes. Aun así, reconoce que la ampliación del plazo dará margen a quienes aún no habían cumplido con los nuevos requisitos. La aprobada ayer es la segunda prórroga -la primera se aprobó en abril- desde la fecha inicial prevista para Verifactu, que iba a entrar en vigor en junio. Con este nuevo retraso, Hacienda acerca la aplicación de la Ley Antifraude al lanzamiento de la factura electrónica obligatoria, otra medida pendiente de una fecha definitiva. Una vez publicada la orden ministerial correspondiente, las empresas tendrán un año para adaptarse si facturan más de ocho millones de euros y dos años si ingresan menos. En una situación distinta están las empresas desarrolladoras de software de facturación, que desde julio están obligadas a adaptar sus programas para impedir dobles contabilidades por parte de sus clientes. Para ellas, las obligaciones se mantienen sin cambios. Según el desarrollador TeamSystem, quienes ya han invertido en soluciones adaptadas se han adelantado, logrando digitalizar sus procesos y mejorar la eficiencia, lo que no solo les permitirá cumplir la ley, sino también optimizar sus operaciones y centrarse en generar valor añadido.

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