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(El Economista, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez pide a Bruselas fondos para crear vivienda protegida y hacer frente a la especulación

España acude a Bruselas con una petición firme: adoptar medidas europeas para frenar la especulación en el mercado de la vivienda y destinar fondos comunitarios a la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de mitigar la crisis habitacional que afecta a todo el continente. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada este jueves en la capital belga, una reunión que, por primera vez, incluirá la crisis de la vivienda en su agenda. Durante el encuentro, España propondrá que "la Unión Europea articule mecanismos legales que permitan limitar la compra de viviendas que no se destinen a uso residencial", explicó Sánchez. Además, reclamará la creación de "herramientas que permitan actuar sobre las zonas tensionadas de las grandes ciudades, donde los precios están aumentando de forma desmesurada debido a la presión turística". El presidente también ha instado a establecer "un fondo europeo para la construcción de vivienda protegida", subrayando que este no es un problema exclusivo de España, sino "una dificultad compartida por jóvenes y adultos de toda Europa: españoles, italianos, franceses o alemanes". Sánchez defendió que "una Europa al servicio de sus ciudadanos debe ocuparse también de garantizar el acceso a la vivienda", e insistió en la necesidad de "poner freno a la especulación inmobiliaria" y en crear instrumentos europeos para intervenir en los mercados más tensionados. Recordó que los alcaldes de las principales ciudades europeas ya han trasladado esta preocupación al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. "La principal dificultad para muchos ciudadanos es no poder comprar ni alquilar una vivienda", señaló el jefe del Ejecutivo, quien destacó que "es la primera vez que el Consejo Europeo abordará la emergencia habitacional que vive todo el continente". Añadió que esta iniciativa fue una de las propuestas impulsadas por la delegación socialdemócrata europea en el acuerdo de investidura que permitió la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. En otro orden de temas, Sánchez confirmó que España se ha unido al programa de adquisición de armamento impulsado por la OTAN hace unas semanas, en el marco del apoyo a Ucrania. Respecto a las críticas del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el gasto en defensa de España y su negativa a cumplir el objetivo del 5% del PIB establecido por la Alianza Atlántica, Sánchez respondió que "Trump sabe que hemos corregido los incumplimientos que dejó el Partido Popular en 2014". El presidente del Gobierno concluyó subrayando que España es un país "fiable", que "cumple con sus compromisos", y recordó que el acuerdo con la OTAN se basa en el cumplimiento de capacidades militares, no en alcanzar un nivel específico de gasto.

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(El País, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca pide cambios al ICO para desatascar los avales a la compra de vivienda de jóvenes

La banca española reclama al Gobierno que tome medidas ante la actual crisis de vivienda, centrándose especialmente en el programa de avales públicos para jóvenes que buscan comprar su primera casa. Diversas entidades financieras -incluidas las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA- han trasladado tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sus quejas y propuestas. Consideran que el programa, diseñado para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, no está funcionando como se esperaba y piden ajustes en su regulación, entre ellos que el aval se conceda antes de firmar la hipoteca y que se simplifiquen los trámites administrativos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó esta medida el año pasado como una de sus iniciativas clave para afrontar el problema del acceso a la vivienda. Se trata de una línea de avales por 2.500 millones de euros, destinada a menores de 35 años y familias con hijos, con el fin de eliminar el principal obstáculo para comprar una vivienda: la falta del 20% del valor del inmueble que los bancos no financian. El Estado, a través del ICO, garantiza ese 20% para que los compradores puedan obtener un préstamo hipotecario sin que ello incremente el riesgo para las entidades financieras. En total, 67 bancos se adhirieron al programa mediante convenios con el ICO. Sin embargo, desde su puesta en marcha, el plan ha recibido críticas y escasos resultados. Expertos ya advertían que los avales podrían impulsar aún más los precios en lugar de mejorar el acceso. Un año después, los datos confirman su escasa eficacia: hasta el 30 de septiembre, el ICO solo había avalado 7.886 operaciones por un valor total de 189 millones de euros, es decir, menos del 10% del presupuesto disponible. Además, la vigencia del programa expira el 31 de diciembre, aunque podría prorrogarse hasta 2027. Ante este bajo nivel de ejecución, los bancos han planteado propuestas concretas para mejorar el funcionamiento del plan. La principal es que el ICO apruebe el aval antes de formalizar la hipoteca, de modo que pueda tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos de las entidades. En la situación actual, el aval se tramita después de concedido el préstamo, lo que -según la banca- anula el efecto práctico de la garantía estatal. También reclaman menos burocracia para que los procedimientos sean más ágiles y eficientes. El ICO, por su parte, defiende que los criterios de este programa son los mismos que en anteriores líneas de avales y sostiene que las entidades pueden considerar el aval público siempre que los solicitantes cumplan los requisitos, incluso si el trámite se realiza posteriormente. Este tipo de garantías públicas no es nuevo: el Gobierno las ha empleado en otras crisis, como durante la pandemia de la covid-19, cuando se movilizaron más de 100.000 millones de euros para sostener el crédito empresarial. También se han utilizado en respuesta a catástrofes naturales, la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos. No obstante, en todos esos casos los avales se destinaron a empresas, mientras que los actuales son los únicos dirigidos a particulares, algo que la banca pide que el ICO tenga en cuenta para adaptar los procedimientos a esta realidad. Todo esto ocurre en un contexto de tensión creciente en el mercado inmobiliario. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda libre subió un 10,4% interanual, alcanzando los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde 2008. Además, en el primer semestre del año se firmaron 243.257 hipotecas, un 25% más que en el mismo periodo de 2024, la cifra más elevada desde 2011.

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(El País, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas a EE UU se desplomaron más de un 30% en agosto, tras entrar en vigor los nuevos aranceles

En abril se produjo el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, una medida que sorprendió al mundo y puso en entredicho el modelo de globalización dominante en las últimas décadas. Sin embargo, su aplicación efectiva llegó en agosto, mes en el que se hicieron evidentes los efectos sobre el comercio internacional. Las exportaciones españolas hacia Estados Unidos se desplomaron entonces un 30,5%, una caída muy superior a la tendencia previa y peor que la registrada por el conjunto de la Unión Europea, que fue del 22%. Este impacto redujo notablemente la presencia del mercado estadounidense en el total de las ventas al exterior de España, que pasó del 4,5% en julio al 4% en agosto, con un valor inferior a los 1.000 millones de euros. Para dimensionarlo, esta cifra equivale aproximadamente a la suma de las exportaciones a Bélgica y Austria, economías considerablemente más pequeñas. Desde agosto, los productos europeos que entran en Estados Unidos están gravados con un arancel del 15%. Aunque en el momento más tenso del conflicto comercial Trump había amenazado con subirlo hasta el 50%, el nivel finalmente adoptado generó cierto alivio. Aun así, la política proteccionista del expresidente tuvo consecuencias negativas para el comercio transatlántico. La incertidumbre también afectó a las importaciones españolas procedentes de Estados Unidos, que se redujeron un 15,2% ese mismo mes. Más allá del impacto en el intercambio con la primera potencia mundial, agosto fue en general un mal mes para el sector exterior español: las exportaciones globales retrocedieron un 9,3%. Las ventas a otros países europeos disminuyeron un 10,5%, y las dirigidas a Asia (excluyendo Oriente Próximo) lo hicieron un 4,1%. China no actuó como refugio, ya que sus compras se contrajeron un 19,9%, y apenas representa el 2% del total exportado, la mitad que Estados Unidos. En la India la situación fue aún peor, con una caída del 24,3% en las ventas. América Latina ofreció, en cambio, los datos más positivos: las exportaciones crecieron allí un 7,7% en agosto, destacando Panamá, Chile, Honduras, Nicaragua y Haití. Esta región gana peso en el total de las exportaciones españolas, alcanzando el 6,4%, y compensando parcialmente la pérdida del mercado estadounidense. También mostraron avances Oceanía (+2,2%) y África (+0,8%), con un caso especialmente relevante en Argelia, donde las ventas se dispararon un 181% gracias a la normalización de las relaciones diplomáticas tras la crisis de 2022 por el Sáhara Occidental. Entre los destinos más destacados, sobresalen los incrementos hacia Malta (+192%) y Singapur (+153%), ambos con exportaciones superiores a los 100 millones de euros. En sentido contrario, los mayores descensos se registraron en Francia -primer socio comercial de España- con una caída del 14,9%, Bélgica (-21,2%), Israel (-25,3%) e Irlanda (-76,9%). Las importaciones, por su parte, se redujeron solo un 4%, lo que provocó un déficit comercial de casi 6.000 millones de euros, un 25% más que hace un año. En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones españolas apenas crecieron un 0,3% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 255.921 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 4,1%, hasta los 291.026 millones. Así, el déficit comercial se amplió un 47,5%, hasta los 35.105 millones. Los mayores déficits se registraron con China (26.946 millones), Estados Unidos (9.504 millones) y Alemania (6.963 millones), siendo el de EE. UU. el que más aumentó, con un 37%. En contraste, los principales superávits provinieron de Francia (12.187 millones), Portugal (11.462 millones) y el Reino Unido (9.876 millones). En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa evitó referirse directamente al desplome de las exportaciones a Estados Unidos y atribuyó el estancamiento general a la debilidad económica de los socios europeos. Según el informe, el comportamiento de las ventas exteriores españolas entre enero y agosto de 2025 es comparable al de otros países como Italia (+2,6%), Francia (-0,2%) o Alemania (-0,4%). A pesar de este contexto, la economía española continúa mostrando fortaleza. España se mantiene como la nación desarrollada con mayor crecimiento, con previsiones cercanas al 3% para 2025. Según los cálculos de Funcas, el sector exterior restará dos décimas al PIB este año y el próximo, siendo la demanda interna el principal motor de la actividad económica.

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(El Confidencial, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se aferra al 2%, pero abarata la hipoteca hasta 125€/mes en la vuelta al cole

El euríbor encadena su segundo mes consecutivo de subida. A falta de una jornada para cerrar octubre, el principal índice de referencia para las hipotecas variables en España se sitúa en el 2,17%, su nivel más alto en los últimos seis meses. Aun así, sigue lejos del 2,936% registrado en septiembre del año pasado, lo que se traduce en una reducción significativa de las cuotas hipotecarias, un alivio para muchos hogares en plena cuesta de la vuelta al cole. En términos prácticos, el ahorro mensual puede oscilar entre 60 y 125 euros, dependiendo del importe del préstamo. Según cálculos de iAhorro, una familia con una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor y revisión anual, pasará de pagar 709,74 euros al mes a 647,06 euros, es decir, 62,68 euros menos cada mes, lo que supone un ahorro anual de 752,11 euros. Si la hipoteca fuera de 300.000 euros, en las mismas condiciones, la cuota bajaría de 1.419,48 a 1.294,13 euros mensuales, un ahorro de 125,35 euros al mes o 1.500 euros al año. Aunque las rebajas siguen siendo notables, son algo menores que las de meses anteriores, cuando los descuentos superaban fácilmente los 100 euros mensuales. "Conforme el euríbor se estabilice, las cuotas también lo harán. Los hipotecados se habían acostumbrado a reducciones importantes en cada revisión, pero llegará un momento en que los cambios apenas se noten, sobre todo en revisiones semestrales", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro. De hecho, si la revisión es cada seis meses, el ahorro será mucho más limitado. El motivo es que el euríbor de septiembre de 2025 solo está 0,229 puntos por debajo del de marzo (2,398%), lo que implica una reducción de entre 15 y 30 euros mensuales, según el tamaño del préstamo. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros pagaba 664,22 euros en marzo y ahora abonará 648,27 euros, una diferencia de 15,95 euros al mes o 95,71 euros por semestre. En el caso de un préstamo de 300.000 euros, la cuota bajará 31,90 euros, pasando de 1.328,45 a 1.296 euros mensuales. Con este repunte, el euríbor acumula dos meses de subidas y marca su nivel más elevado desde marzo de 2025. Según Colombelli, "uno de los factores que impulsa esta tendencia es la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2%. La sensación de que el BCE ha frenado los recortes previstos ha generado cierta incertidumbre sobre la evolución económica europea, lo que se refleja en el comportamiento del euríbor". Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora, añade que "durante agosto y septiembre el euríbor ha mostrado una estabilidad con pequeñas oscilaciones, en un contexto de pausa del BCE en su ciclo de política monetaria restrictiva". Recuerda además que el pasado 11 de septiembre, el BCE decidió mantener sin cambios los tres tipos de interés oficiales, al considerar que la inflación de la eurozona se mantiene en línea con su objetivo del 2% a medio plazo. Las previsiones de crecimiento del PIB europeo también mejoran ligeramente, hasta el 1,2% en 2025 y en torno al 1% en 2026. Javaloyes apunta que las futuras decisiones del BCE dependerán de cómo la política monetaria se traslade a la economía real. Aunque la inflación subyacente sigue moderándose, persisten ciertas presiones en sectores regulados y en materias primas, lo que obliga al banco central a actuar con prudencia. "El crecimiento en la eurozona mejora, pero sigue siendo modesto y refleja una demanda interna contenida", resume. De cara a los próximos meses, Javaloyes prevé que el euríbor mantenga una tendencia estable o con ligeros descensos, moviéndose entre el 2,15% y el 2,20% hasta final de año, salvo que haya cambios bruscos en la inflación o en el crecimiento. Sus estimaciones apuntan a que el euríbor a tres meses podría cerrar 2025 ligeramente por debajo del 2%, lo que sugiere que el índice principal seguirá en el rango actual sin grandes sobresaltos mientras el BCE no retome las bajadas de tipos. Tanto Bankinter como iAhorro pronostican que el índice cerrará el año en torno al 2,15%-2,20%. Colombelli, no obstante, llama a la calma: "Un euríbor cercano al 2% mantiene un escenario muy positivo, que incluso podría permitir a los bancos mejorar ligeramente sus ofertas según el perfil de cada cliente".

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(Expansión, 23-10-2025) | Fiscal

Los intereses de demora cobrados antes de 2023 no tributan

Los intereses de demora que Hacienda paga a los contribuyentes o a las empresas cuando se retrasa en devolver ingresos indebidos no deben incluirse en la base imponible del IRPF ni del Impuesto sobre Sociedades si fueron generados antes de enero de 2023, fecha en la que el Tribunal Supremo modificó su criterio y estableció su tributación. Así lo determina una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Sevilla, que vuelve a subrayar que no es legal aplicar retroactivamente leyes o interpretaciones jurisprudenciales del Supremo a situaciones anteriores, cuando el marco normativo y doctrinal vigente era distinto. El caso concreto se refiere a una empresa que en 2019 recibió intereses de demora y los registró como un abono a reservas. No obstante, la Agencia Tributaria entendió que esos intereses debían formar parte de la base imponible de ese ejercicio, basándose en el criterio fijado por el Supremo en 2023, es decir, cuatro años después de los hechos. Tras el recurso presentado por la compañía, los magistrados del TSJ de Sevilla dan la razón a la empresa y corrigen el criterio de Hacienda, al señalar que en aquel momento seguía vigente la doctrina del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2020, que establecía que los intereses de demora pagados por la Administración no debían tributar. Por tanto, ese era el criterio aplicable al caso. Esta resolución se suma a otros pronunciamientos recientes contrarios a Hacienda sobre el uso retroactivo de nuevos criterios legales o jurisprudenciales. De hecho, hace pocas semanas el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) también limitó el plazo en el que el Fisco puede imponer sanciones en procedimientos anteriores a 2021.

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(Expansión, 23-10-2025) | Fiscal

El Consejo Fiscal Europeo cuestiona el plan fiscal de España: lo ve demasiado "optimista" e "insuficiente"

Los asesores fiscales de la Unión Europea han expresado su desacuerdo con la decisión de Bruselas de excluir a España del procedimiento por déficit excesivo, a pesar de que el país cerró 2023 con un desequilibrio presupuestario del 3,6%, es decir, seis décimas por encima del límite establecido por las reglas fiscales europeas. El Consejo Fiscal Europeo, organismo asesor independiente encargado de supervisar la disciplina presupuestaria en la UE, sugiere que la Comisión Europea fue demasiado flexible al aprobar en noviembre pasado el Plan Fiscal y Estructural presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que España se comprometía a reducir el déficit con un ajuste anual de 6.000 millones de euros hasta 2031. Aunque reconoce que el plan "muestra cierto grado de ambición", el Consejo advierte que los compromisos asumidos por el Ejecutivo español podrían no ser suficientes para garantizar una senda de sostenibilidad fiscal a largo plazo. El organismo apunta que el programa se apoya en proyecciones macroeconómicas demasiado optimistas en comparación con las estimaciones de la Comisión Europea. En concreto, mientras el Gobierno español prevé un crecimiento medio del PIB real del 1,7% anual entre 2024 y 2031, Bruselas estima un avance más moderado, de alrededor del 1,3%, una diferencia de cuatro décimas por año. El informe anual del Consejo, presentado ayer en Bruselas, atribuye este exceso de optimismo a previsiones demográficas sustentadas en un flujo migratorio elevado, un supuesto que considera "altamente volátil". Además, alerta sobre el riesgo de basar el aumento futuro del gasto público en proyecciones a corto plazo, lo que podría llevar a incorporar efectos cíclicos en los cálculos de medio plazo. Según los asesores, esta combinación de factores aumenta el riesgo de que España incumpla sus objetivos fiscales, incluso manteniendo la senda de gasto prevista. El Consejo Fiscal Europeo también llama la atención sobre la ausencia de nuevos Presupuestos Generales, ya que las cuentas públicas continúan prorrogadas desde 2023. A su juicio, el retraso en la presentación de un nuevo proyecto presupuestario -pese a las reiteradas promesas del Ejecutivo de hacerlo pronto- genera incertidumbre sobre la aplicación real del plan de ajuste fiscal. Finalmente, el organismo reitera su crítica a la Comisión Europea por no haber incluido a España en el procedimiento de déficit excesivo, a pesar de haber superado el umbral permitido por las normas fiscales comunitarias.

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(El Economista, 23-10-2025) | Fiscal

Hacienda podrá embargar la totalidad de las dietas y la indemnización por despido

Hacienda podrá embargar íntegramente las dietas que los trabajadores reciben de sus empresas para cubrir gastos de comidas, desplazamientos o alojamiento, así como la totalidad de las indemnizaciones por despido. Así lo ha determinado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución dictada el pasado 15 de octubre, en la que unifica criterio y concluye que estos pagos, al tener naturaleza extrasalarial, no se consideran sueldo ni salario y, por tanto, pueden ser embargados sin ningún tipo de límite. En concreto, el TEAC señala que las indemnizaciones o suplidos que una empresa abona a sus empleados para compensar los gastos derivados de su actividad laboral no constituyen retribución salarial, sino compensaciones económicas, y por ello no disfrutan de la protección que impide embargar una parte del salario. La resolución responde a un conflicto entre la Agencia Tributaria y una empresa a la que se le ordenó aplicar un embargo sobre el sueldo y otras percepciones no salariales de uno de sus trabajadores. La compañía, sin embargo, decidió aplicar a las dietas los mismos límites de inembargabilidad que rigen para los salarios, lo que llevó a Hacienda a derivar la responsabilidad contra la propia empresa por incumplir la orden. La Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 607) establece que el salario solo puede embargarse parcialmente, con el fin de garantizar que el trabajador disponga de un mínimo para cubrir sus necesidades básicas. En la actualidad, no se puede embargar el salario que no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.184 euros mensuales. Por encima de esa cantidad, los embargos se aplican de forma progresiva: el 30% hasta el doble del SMI, el 50% hasta el triple, el 60% hasta cuatro veces, el 75% hasta cinco veces y el 90% a partir de seis veces el SMI. Para determinar si estos límites deben aplicarse también a las dietas, el TEAC recurre al Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 26.2 especifica que no se consideran salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos, las prestaciones de la Seguridad Social, ni las indemnizaciones por traslado, suspensión o despido. En consecuencia, el órgano concluye que las dietas y las indemnizaciones no forman parte del salario. Además, recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en varias sentencias (de 2015, 2016 y 2021) estableció que los pagos por desplazamiento -como los de locomoción, manutención y alojamiento- son conceptos extrasalariales. El TEAC precisa que las dietas son una "percepción económica de naturaleza extrasalarial" destinada a reembolsar los gastos que asume el trabajador cuando debe desempeñar temporalmente sus funciones fuera de su centro habitual de trabajo. Es decir, no remuneran su labor, sino que compensan los costes en los que incurre al no poder comer o dormir en su domicilio. Por este motivo, el TEAC determina que estas cantidades pueden ser embargadas sin restricción alguna.

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(El Economista, 23-10-2025) | Fiscal

El Supremo exige a los jueces que justifiquen su rechazo a suspender el pago de una deuda si Hacienda lo permitió

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido doctrina al determinar que los jueces deberán motivar de forma expresa y razonada su decisión cuando rechacen la medida cautelar de suspender el pago de una deuda tributaria, especialmente en los casos en que la Agencia Tributaria ya haya paralizado su ejecución porque el contribuyente presentó garantías suficientes. En una sentencia dictada el 20 de octubre, con ponencia de la magistrada Esperanza Córdoba Castroverde, el alto tribunal recuerda que la Ley General Tributaria obliga a Hacienda a suspender el cobro de la deuda si el afectado ofrece garantías que cubran tanto el importe adeudado como los intereses de demora y posibles recargos. Sin embargo, aclara que esta decisión no vincula automáticamente a los órganos judiciales. Aun así, el Supremo subraya que, cuando el juez evalúe los intereses públicos y privados en conflicto -esto es, la defensa del interés general frente a los perjuicios irreparables que podría sufrir el contribuyente- conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debe tener en cuenta la suspensión ya acordada por la Agencia Tributaria. Si, tras esa valoración, el tribunal decide denegar la suspensión cautelar, deberá justificarlo de manera detallada y motivada. El fallo responde al recurso presentado por Naturgy, que había conseguido que Hacienda suspendiera la ejecución de varias deudas de IVA tras presentar avales bancarios, pero que vio cómo la Audiencia Nacional rechazaba posteriormente su solicitud de suspensión cautelar. El Supremo da la razón a la compañía y resalta que Hacienda no aportó pruebas de que el aplazamiento del pago supusiera un perjuicio para el interés general. La sentencia sostiene que "no resulta aceptable que quien acude a los tribunales disponga de menos garantías que las que tenía en la vía administrativa", recordando que el ámbito judicial debe ser precisamente el espacio de mayor protección de los derechos del ciudadano. En la misma línea, Leopoldo Gandarias, socio de Koana y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), considera "irrazonable" que la Agencia Tributaria permita suspender la ejecución de actos no firmes para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, mientras que en el ámbito contencioso-administrativo se aplique un criterio más restrictivo y menos garantista que el propio ordenamiento tributario.

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(El Periódico, 23-10-2025) | Fiscal

Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas

España lleva desde enero sin cumplir una normativa europea que exime del IVA a autónomos y pymes con ingresos de hasta 85.000 euros al año. Según esta directiva, estas personas no tendrían que incluir el IVA en sus facturas: ni cobrarlo, ni pagarlo, ni deducirlo. Alternativamente, los países miembros pueden establecer un régimen simplificado que reduzca la carga administrativa para estos contribuyentes. En España, según datos de la Agencia Tributaria, existen alrededor de 2,5 millones de autónomos y pequeñas empresas que facturan por debajo de ese umbral, y asociaciones como ATA estiman que medio millón de autónomos podrían estar interesados en aplicar esta exención. La Comisión Europea ya ha llamado la atención a España, junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía, por no haber adaptado aún esta normativa, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025. En julio, Bruselas envió un requerimiento formal que supone el primer paso antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría implicar sanciones económicas. Este tema ha vuelto al centro del debate público coincidiendo con las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para modificar las cuotas de autónomos del RETA para 2025. Tras las críticas generadas por la primera propuesta del Ministerio de Inclusión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para defender una medida que ya había incluido en su plan para los autónomos: eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, en línea con lo que exige la UE y que España incumple desde hace casi un año. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que su intención es adaptar la norma antes de que finalice 2025. No descartan implantar el sistema de exención del IVA, pero tampoco aseguran que el límite final sea exactamente de 85.000 euros, ya que la directiva permite a los Estados fijar umbrales más bajos. Algunos países, como Alemania, Finlandia, Portugal o Chipre, han optado por cantidades inferiores. Además, Hacienda ya advirtió en 2022 que esta medida podría fomentar fraudes, como dividir artificialmente una actividad en varias entidades para mantenerse por debajo del límite. Así lo recogía un informe interno del propio ministerio. La transposición de esta directiva exige una reforma del sistema fiscal para autónomos, algo pendiente desde hace años. En 2022, el Gobierno creó un grupo de trabajo con sindicatos, patronales y asociaciones de autónomos para abordar este y otros cambios. Sin embargo, el grupo apenas duró seis meses, y el adelanto electoral acabó por frenar cualquier avance. Uno de los puntos conflictivos era la regulación de ciertos sectores, como el del taxi o el transporte, que siguen cotizando a través de un sistema de módulos, prorrogado desde 2016 por varios gobiernos, precisamente para evitar protestas. El retraso en esta reforma ha contribuido a que España no haya cumplido con la Directiva 2020/285, que busca simplificar la vida de los autónomos con menos recursos, especialmente los que tienen poca estructura, pocos gastos y dificultades de liquidez. Casos como el de autónomos profesionales -diseñadores, abogados o arquitectos- que tienen ingresos irregulares o facturas pendientes de cobro, son un ejemplo claro de cómo este sistema podría aliviar sus obligaciones, al evitarles tener que adelantar un IVA que aún no han cobrado. Mientras se define cómo se aplicará finalmente esta normativa, los autónomos deben prepararse para otro cambio importante: la facturación electrónica obligatoria. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatoria para los que tributan por el Impuesto de Sociedades, y desde el 1 de julio de ese mismo año para todas las empresas y autónomos, quienes deberán utilizar la plataforma oficial Verifactu.

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(El País, 23-10-2025) | Laboral

CC OO pide al Gobierno recuperar las ayudas a empresas que prometió a Junts para reducir la jornada convenio a convenio

Durante el debate público sobre la reducción de la jornada laboral, tanto la patronal como los partidos de derecha se mostraron firmemente en contra. Para intentar atraer su apoyo, el Ministerio de Trabajo planteó la posibilidad de destinar 350 millones de euros en ayudas directas a pymes, con el objetivo de fomentar nuevas contrataciones que compensaran el menor número de horas trabajadas. Sin embargo, ni la CEOE ni Junts se mostraron receptivos, a pesar de que el Gobierno estaba dispuesto a asumir ese gasto. Ahora, CC OO propone recuperar esos fondos para utilizarlos de forma más selectiva, facilitando reducciones de jornada a través de convenios colectivos, sector a sector. El líder del sindicato, Unai Sordo, detalló este miércoles desde Segovia que propondrán que ese dinero público se emplee para incentivar acuerdos dentro del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en las negociaciones entre empresas y trabajadores. El AENC es un marco de referencia pactado por sindicatos y patronal que orienta las negociaciones colectivas en sectores y empresas. Aunque su núcleo es la recomendación sobre subidas salariales, también aborda otros temas como el teletrabajo, las bajas o la jornada laboral. El actual acuerdo, vigente entre 2023 y 2025, está a punto de expirar, lo que abre el camino a una nueva ronda de negociaciones entre CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, sin participación del Gobierno. En este contexto, CC OO propondrá que el Ejecutivo reactive aquellos fondos que inicialmente se ofrecieron a Junts, para facilitar que las empresas apliquen reducciones de jornada por debajo de las 37,5 horas semanales, de forma generalizada. Cabe destacar que esas ayudas a pequeñas empresas no formaron parte del pacto final entre Trabajo y los sindicatos, ya que fueron retiradas ante la negativa de la patronal. Más tarde, el Ministerio las volvió a poner sobre la mesa para tratar de cerrar un acuerdo con Junts. El plan de Trabajo ofrecido a las patronales se estructuraba en dos bloques: Plan Pyme 375: consistía en bonificaciones a las cotizaciones sociales por nuevas contrataciones o por convertir contratos parciales en jornadas completas, dirigido a empresas con menos de diez empleados y una facturación inferior a dos millones de euros al año. Ayudas directas de hasta 6.000 euros: orientadas a empresas con menos de cinco trabajadores en sectores como comercio, hostelería, peluquería, limpieza o agricultura, que podrían verse más afectadas por una reducción de jornada. Trabajo calculaba que podrían beneficiarse hasta medio millón de empresas. La propuesta fue rechazada por CEOE y Cepyme. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, argumentó que el coste total de la medida para las empresas sería de unos 23.000 millones de euros, una cifra muy por encima de lo que el Gobierno estaba dispuesto a cubrir. Tanto Sordo como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han reiterado que la reducción de la jornada laboral será una prioridad en las próximas negociaciones del AENC. Los sindicatos recuerdan que la patronal siempre ha defendido que este tipo de medidas deben pactarse a través de la negociación colectiva, y no imponerse por ley. El AENC vigente ya incluye referencias a la ordenación del tiempo de trabajo, aunque sin plantear explícitamente reducciones de jornada, pero sí habla de racionalizar horarios según las características de cada sector. Además, Sordo adelantó que pactará una estrategia común con UGT para lanzar una "gran ofensiva salarial", con subidas "muy por encima de la inflación", especialmente enfocadas a los salarios bajos y medios, los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.

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