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(Expansión, 13-03-2026) | Laboral

El Gobierno lanza una macroconvocatoria de oposiciones y plazas para 500 jueces y 200 fiscales

El Gobierno aprobará un real decreto para crear 200 nuevas plazas de fiscales durante este año, que se sumarán a las 500 destinadas a jueces y magistrados anunciadas recientemente. Según explicó este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se trata de "la mayor macroconvocatoria de la historia". El anuncio se produjo tras una reunión celebrada en el Ministerio de Justicia con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El Ejecutivo ya había adelantado en 2025 su intención de convocar un total de 1.440 plazas para jueces y fiscales entre ese año y 2027. En total, la convocatoria contemplará 700 plazas: 375 para jueces por el sistema de oposición libre, 200 para fiscales también mediante oposición y 125 plazas reservadas al llamado cuarto turno, dirigido a juristas de reconocida trayectoria con más de diez años de experiencia profesional. Dentro de las 500 plazas destinadas a la carrera judicial, 363 estarán orientadas a los nuevos tribunales de instancia, dos al Tribunal Central de Instancia y 85 a órganos colegiados. Entre estos últimos se incluyen 71 plazas para audiencias provinciales, siete para tribunales superiores de justicia, cuatro para la Audiencia Nacional y tres para el Tribunal Supremo. Además, se crearán 50 plazas de adscripción territorial que podrán asignarse a distintos destinos según las necesidades y la carga de trabajo de los tribunales. Las comunidades que recibirán mayor número de nuevos puestos serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. La mayor parte de estas plazas reforzará los tribunales de instancia y otros órganos judiciales relevantes, como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, tal y como ya había adelantado el Ministerio de Justicia a comienzos de año. En el caso de la Fiscalía, las nuevas plazas se aprobarán a propuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un real decreto. Según el Gobierno, se tratará del mayor aumento de fiscales en un solo año, ya que en las dos últimas décadas nunca se había superado la creación de 100 plazas anuales. Cuando se presentó la convocatoria a principios de año, el Ministerio de Justicia explicó que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce un nuevo modelo organizativo que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia. Estos órganos estarán formados por varios jueces y contarán con una única oficina judicial de apoyo. Este sistema permitirá crear nuevas plazas sin necesidad de constituir un juzgado completo, lo que reduce considerablemente el coste: alrededor de 100.000 euros frente a los 500.000 euros que suponía anteriormente. Bolaños aseguró que esta convocatoria responde a una reivindicación histórica tanto de la Fiscalía General del Estado como de la carrera fiscal y que contribuirá a corregir una de las principales carencias del sistema judicial español. Por su parte, Teresa Peramato destacó que se trata de la mayor ampliación de la plantilla fiscal en décadas y valoró el esfuerzo del Ministerio de Justicia para dotar a la institución de más medios y personal. Según explicó, las nuevas plazas supondrán un incremento del 7,1% en la plantilla de fiscales, que pasará de 2.804 a 3.004 efectivos, una cifra que no se había alcanzado en los últimos veinte años. La fiscal general también señaló que esta ampliación permitirá poner fin a la situación de muchos fiscales que actualmente se encuentran a la espera de destino definitivo. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha valorado positivamente el impulso de esta convocatoria de plazas para jueces y magistrados, aunque considera necesario introducir algunos ajustes tras recabar información de diferentes órganos judiciales, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia. Por su parte, las asociaciones judiciales han reclamado que este ritmo de convocatorias se mantenga de forma continuada en los próximos años para poder reducir el déficit estructural de jueces existente en España.

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(El Periódico, 13-03-2026) | Laboral

Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno

Yolanda Díaz ha señalado que una de las primeras medidas en las que trabaja el Gobierno para su decreto anticrisis podría ser la prohibición de despidos por motivos energéticos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha insistido en que el próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes, podría aprobar ya medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, desde Moncloa matizan que "el calendario no está cerrado". En una entrevista en La hora de la 1, Díaz reiteró que el Ejecutivo prevé actuar la próxima semana. "La respuesta será, como siempre, calmada, exhaustiva y casi diaria, pero sí, la intención es que en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", aseguró. Por su parte, fuentes de Moncloa indicaron a EL PERIÓDICO que se trabaja "para que sean lo antes posible", aunque aún se está "analizando la situación y elaborando un paquete de medidas que proteja eficazmente a los ciudadanos". Este jueves, el Gobierno se reunió con los agentes sociales para perfilar posibles actuaciones frente a la crisis inflacionista, que ya impacta en el precio de los carburantes. La reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y contó también con la presencia de Yolanda Díaz, Sara Aagesen (Transición Ecológica) y los ministros de Economía y Seguridad Social, Carlos Cuerpo y Elma Saiz. Además, el Ejecutivo espera recibir y estudiar propuestas de otros grupos parlamentarios tras una ronda de contactos exprés liderada por Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Vox decidió no participar. La idea es consensuar el texto del decreto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, incorporando las sugerencias de sus socios parlamentarios. La vicepresidenta segunda apuntó que la prohibición de despidos por causas energéticas es una de las medidas más probables para aprobar de inmediato. "Tomaremos más medidas, probablemente la relacionada con la prohibición de despidos por motivos energéticos, como hicimos en otras crisis", señaló, añadiendo que también se prevén acciones para "controlar el precio de la energía". Díaz aseguró que el decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. "Quiero enviar un mensaje a las empresas: no hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están activos. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir a autónomos y empresas que no hay que despedir", indicó. La prohibición de despidos ya se aplicó durante la crisis del COVID, cuando se activaron los ERTE, impidiendo justificar despidos objetivos por causas vinculadas a la pandemia, fomentando así el uso de ERTE y evitando la destrucción de empleo. Díaz también mencionó que el Gobierno estudia adelantar los planes de movilidad incluidos en la Ley de Movilidad Sostenible -pendiente de aprobación- para favorecer el uso del transporte colectivo en empresas, especialmente grandes, ante los elevados precios de la gasolina y el gasóleo. Durante la entrevista, Yolanda Díaz reconoció que existe "una discrepancia en el Gobierno" sobre cómo afrontar la subida de precios en la cesta de la compra. Rechazó la propuesta de PP y CEOE de bajar el IVA de los alimentos y defendió en su lugar un "control de precios" en las cadenas de alimentación para frenar incrementos, una medida que no comparte el ala socialista del Ejecutivo. "No estamos considerando la bajada del IVA, porque no es eficaz. Desde Sumar, apostamos por el control de precios en la cesta de alimentación. Ya lo hemos hecho antes. Aquí hay una discrepancia en el Gobierno", concluyó la vicepresidenta segunda.

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(El Economista, 13-03-2026) | Laboral

Casi el 40% del empleo público creado desde que gobierna es temporal

En los últimos años, el mercado laboral español ha experimentado un cambio notable, marcado por una reducción histórica de la temporalidad. Sin embargo, este avance se ha apoyado principalmente en el esfuerzo del sector privado. Entre el segundo trimestre de 2018 y finales de 2025, las empresas redujeron en un 46% el número de empleados con contratos temporales y aumentaron en un 42% los trabajadores con contrato indefinido. En cambio, las administraciones públicas han seguido una tendencia distinta: aunque los puestos fijos crecieron un 13%, el número de trabajadores temporales aumentó todavía más, un 25%. En total, de los 523.600 empleos públicos generados durante este periodo de casi ocho años, 198.400 corresponden a contratos temporales. Esto significa que el 37,8% de los puestos creados en la Administración desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno tienen carácter eventual. En contraste, en el sector privado todo el aumento neto del empleo asalariado se ha producido a través de contratos indefinidos. La referencia temporal es significativa porque, aunque en los últimos años del Gobierno del Partido Popular se suavizaron las limitaciones a la contratación pública impuestas durante la crisis económica, fue con la llegada del Ejecutivo socialista cuando el crecimiento del empleo público se aceleró. En estos ocho años, el número de empleados en las administraciones ha aumentado un 17%, alcanzando un récord de 3,6 millones de trabajadores a finales de 2025. De ellos, 975.500 tienen contratos temporales. Durante este periodo, el Gobierno ha destacado la aprobación de "ofertas públicas de empleo récord" con el objetivo de compensar los recortes realizados durante la etapa de Mariano Rajoy. No obstante, el crecimiento del empleo público -del 17%- es similar al registrado en el sector privado. La diferencia principal reside en la calidad de los contratos, que resulta inferior en el ámbito público. Una de las razones de esta evolución es que la reforma laboral no se aplica al sector público de la misma manera que al privado. Aunque el Ejecutivo impulsó una nueva ley de función pública y puso en marcha varios planes extraordinarios para reducir la temporalidad, los resultados han sido limitados en comparación con el ámbito empresarial. A finales de 2025, la tasa de temporalidad en las administraciones se situaba en el 26,8%, prácticamente igual que en 2018. En el sector privado, en cambio, se redujo desde el 27,2% hasta el 12,4%. El análisis de los datos históricos muestra que esta mayor precariedad en el empleo público comenzó antes incluso de la reforma laboral aprobada en 2021. De hecho, a finales de 2018 la tasa de temporalidad del sector público ya superaba a la del privado. La mejora económica y la creación de empleo impulsaron la contratación indefinida principalmente en las empresas privadas, y la reforma posterior amplió todavía más esa diferencia. Actualmente, el sector público representa el 19,1% del empleo asalariado total, una proporción muy similar al 19,2% registrado en 2018. Sin embargo, al analizar los contratos por tipo se observa un cambio significativo: la Administración ha pasado de concentrar el 19,4% de los trabajadores indefinidos a solo el 16,4%, mientras que en el caso de los temporales su peso ha crecido del 17,8% al 33,4%. Esto la convierte en uno de los principales factores que frenan la mejora general de la calidad del empleo. Esta tendencia cuestiona la idea de que trabajar para la Administración garantiza estabilidad laboral. En la práctica, ni siquiera quienes han superado una oposición están completamente protegidos frente a la precariedad. Casi la mitad de los trabajadores temporales del sector público -un 48%- son interinos, es decir, ocupan de forma provisional el puesto de otro empleado. Se trata del porcentaje más alto registrado hasta ahora, con 466.600 personas en esta situación, un 35% más que en 2018. Este incremento se ha producido pese a las reclamaciones de los sindicatos, las sentencias judiciales nacionales y europeas y las advertencias de la Unión Europea, que incluso ha vinculado esta cuestión a la distribución de fondos europeos. El aumento de los interinos contrasta con otro argumento utilizado por el Gobierno para justificar el elevado número de convocatorias de empleo público: la necesidad de sustituir a los trabajadores que se jubilan. Aunque el envejecimiento de las plantillas es evidente, el proceso de relevo generacional no parece estar generando más puestos estables; más bien al contrario. Esta situación explica otra paradoja del empleo público: concentra alrededor del 36% de las vacantes laborales existentes en España, una proporción que resulta muy superior a la habitual en otros países europeos. A pesar de estas condiciones laborales menos estables, las administraciones cuentan con un factor que sigue atrayendo trabajadores: el nivel salarial. Según la Estadística de Bases de Cotización de la Seguridad Social, el sueldo medio en el sector público ya supera los 2.800 euros mensuales. En comparación con el conjunto de los trabajadores, el salario medio de los empleados públicos es un 20,3% más alto, lo que supone unos 579 euros adicionales al mes. No obstante, conviene recordar que no todos los trabajadores públicos son funcionarios, ya que estos representan menos de la mitad del total. Además, dentro del propio sector existe una fuerte diferencia salarial entre los funcionarios de carrera y los cargos políticos, que ocupan los puestos de mayor responsabilidad y acceden a ellos por designación política.

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(El Economista, 13-03-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajó afloró 122.146 empleos irregulares en 2025 y recuperó más de 51 millones en sueldos no abonados

La Inspección de Trabajo dio a conocer este jueves el balance de su actividad durante 2025. A lo largo del año realizó 1,2 millones de actuaciones -un 27% más que en 2020- y llevó a cabo 281.614 visitas a empresas. Gracias a estas intervenciones se detectaron 122.146 empleos irregulares, se identificaron 47.143 casos de falsos autónomos y se recuperaron más de 51 millones de euros correspondientes a salarios que no habían sido pagados. Durante un acto conmemorativo por el 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó estos datos y destacó que más de un millón de trabajadores se beneficiaron de las actuaciones del organismo para combatir la economía sumergida. Además, recordó que desde que asumió el cargo en enero de 2020 se han destapado 576.912 empleos irregulares y se han convertido en indefinidos 895.492 contratos que inicialmente eran temporales. Díaz también puso en valor el reconocimiento internacional del organismo y su eficacia en la lucha contra el fraude laboral. Al mismo tiempo, criticó las voces que cuestionan su utilidad y afirmó que le produce "profunda tristeza" escuchar que la Inspección "no sirve para nada". A su juicio, aunque es necesario dotarla de más recursos, mejores condiciones y mayor plantilla, esas críticas no reflejan la realidad de su trabajo. En este contexto, la ministra destacó que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2025-2027 marca el camino hacia una nueva etapa marcada por la digitalización, además de reforzar la formación a través de la escuela de la Inspección. También subrayó el crecimiento de la plantilla en los últimos años: en 2020 el organismo contaba con unos 2.000 efectivos, mientras que en la actualidad dispone de 2.486. El objetivo es alcanzar los 2.720 profesionales antes de que finalice el año, lo que supondría un aumento del 35% en apenas cinco años, una cifra superior al crecimiento acumulado en todos los años anteriores.

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(Cinco Días, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Por qué la guerra en Irán dispara el precio del diésel por encima de la gasolina

El mercado energético mundial atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad desde que Estados Unidos lanzó un ataque contra Irán hace algo más de una semana. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha añadido una prima de riesgo inmediata a los mercados de materias primas. Lo que hasta hace poco era una subida moderada del precio del petróleo se ha transformado en una carrera por garantizar el abastecimiento de combustible. Este impacto se ha notado especialmente en los productos derivados del crudo, donde el gasóleo está sufriendo un encarecimiento mucho mayor que la gasolina. En las últimas semanas, el barril de Brent -la referencia en Europa- ha pasado de rondar los 60 dólares a acercarse a los 120. Las sesiones bursátiles se han vuelto extremadamente volátiles, con diferencias entre el precio máximo y mínimo diarios que han llegado a rozar los 30 dólares en Wall Street. Sin embargo, para el consumidor que reposta en una estación de servicio, el precio del crudo es solo uno de los factores. El coste final depende sobre todo de la cotización internacional de los combustibles ya refinados, que se rige por dinámicas propias de oferta y demanda y que, según los expertos, está sufriendo importantes distorsiones. Mientras el petróleo acumula un incremento cercano al 40%, el precio de la gasolina ha subido alrededor de un 10% y el del diésel cerca de un 20%, lo que implica que este último se encarece el doble de rápido en el surtidor. Si se analizan las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados -las que marcan el precio en zonas como el Mediterráneo o el noroeste de Europa- la diferencia es todavía mayor. El gasóleo ha llegado a encarecerse hasta un 55%, frente al 26% de la gasolina y el 33% del Brent, según explica Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España. Este desequilibrio ya se refleja en las gasolineras. El precio del diésel ha pasado de 1,383 euros por litro a principios de año a 1,789 euros este lunes, superando claramente al de la gasolina de 95 octanos, que se sitúa en 1,662 euros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Este cambio resulta llamativo porque tradicionalmente el diésel ha sido más barato gracias a una fiscalidad menor -unos diez céntimos menos por litro- que la gasolina en España. Sin embargo, el fuerte encarecimiento del producto refinado ha neutralizado esa ventaja fiscal. Parte de este fenómeno se explica por una debilidad estructural del sector energético europeo. Fuentes del sector indican que Europa cuenta con suficiente capacidad de refino para exportar gasolina, pero padece un déficit estructural de gasóleo, lo que la obliga a importar grandes volúmenes para cubrir su consumo. Una parte importante de ese diésel procede de Oriente Próximo, una región que ahora se encuentra marcada por la inestabilidad política y militar, lo que aumenta la vulnerabilidad del suministro. A esta dependencia se suma otro factor: el bajo nivel de reservas. Las existencias de gasóleo en Europa son mucho menores que las de gasolina, lo que reduce la capacidad de reacción ante posibles interrupciones del suministro y provoca que los precios reaccionen rápidamente ante cualquier riesgo de escasez, según explica Jorge León, responsable de análisis geopolítico de Rystad Energy. La situación también se ha visto agravada por las decisiones comerciales de China. El gigante asiático anunció la semana pasada la suspensión de sus exportaciones de combustibles ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes oficiales citadas por Reuters, el Gobierno ha pedido a sus refinerías que limiten las ventas al exterior para garantizar su propia seguridad energética. Esta medida tiene un impacto considerable en el mercado mundial. Aunque China importa grandes cantidades de petróleo, su potente industria de refino la convierte en uno de los mayores exportadores de gasóleo. Al reducir sus exportaciones para asegurar su propio abastecimiento, retira del mercado global un volumen importante de producto, lo que contribuye a presionar los precios al alza. A todo ello se suma que el diésel presenta una demanda poco flexible. A diferencia de la gasolina, cuyo consumo puede disminuir si los ciudadanos reducen el uso del coche privado, el gasóleo es esencial para el transporte de mercancías por carretera y para numerosos sectores industriales estratégicos, donde existen pocas alternativas inmediatas y la demanda apenas puede reducirse. En periodos de tensión geopolítica, este papel estratégico se intensifica, según el análisis de Rafael Salas, investigador del ICAE. Esta baja elasticidad de la demanda hace que cualquier alteración en la oferta tenga un efecto más intenso sobre el precio. Incluso la simple posibilidad de escasez puede provocar fuertes subidas en el diésel, más acusadas que en otros combustibles. La elevada volatilidad del Brent, con subidas y bajadas bruscas en cuestión de horas, refleja un mercado dominado por la incertidumbre y por la especulación vinculada a la situación geopolítica. Los analistas advierten de que la evolución futura dependerá en gran medida de la duración del conflicto con Irán, de su intensidad y de la respuesta de la comunidad internacional. Ante este escenario, la Agencia Internacional de la Energía decidió el miércoles liberar reservas estratégicas de petróleo en la mayor intervención de su historia para intentar estabilizar el mercado. Por su parte, la OPEP sigue atentamente la evolución del conflicto para decidir si ajusta su producción. No obstante, mientras las refinerías europeas continúen operando cerca de su límite y la dependencia de las importaciones de gasóleo desde regiones inestables persista, el diésel seguirá siendo el punto más vulnerable del sistema energético. El impacto de esta situación no se limita al sector del transporte. También tiene consecuencias directas sobre la inflación. Según el último avance del ICAE, el encarecimiento conjunto de los carburantes y la electricidad podría aumentar la inflación de marzo en 1,02 puntos porcentuales. El estudio indica que el gasóleo ha subido un 25,6% desde el inicio del conflicto, lo que supone una contribución de medio punto a la inflación general. La gasolina, por su parte, ha aumentado un 13,2%, aportando 0,25 puntos al IPC. Dado que combustibles y electricidad representan alrededor del 7,5% de la cesta del índice de precios, el organismo advierte de que la evolución del coste de la vida dependerá en gran medida de cuánto se prolongue el conflicto en el estrecho de Ormuz, cuya normalización sería clave para relajar la presión sobre los mercados internacionales.

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(El País, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las seis grandes economías de la UE presionan para que el supervisor bursátil europeo tenga más poderes

Los seis principales países de la Unión Europea están mostrando una creciente impaciencia por los escasos avances en la integración de los mercados de capitales y reclaman acelerar este proceso con medidas concretas. Entre sus propuestas figura reforzar las competencias del supervisor bursátil europeo para que pueda vigilar directamente a grandes operadores del mercado, como Deutsche Börse o Euronext. Sin embargo, esta no es la única iniciativa planteada. En una carta enviada a la Comisión Europea y al Consejo de la UE, los ministros de Economía de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia enumeran otras acciones destinadas a completar una parte todavía incompleta del mercado único. Entre ellas destacan la armonización de la legislación sobre servicios financieros, la creación de un régimen administrativo común que permita a las empresas operar en distintos países sin tener que adaptarse a 27 marcos normativos distintos -conocido como "régimen 28"- y la unificación de las normas de quiebra dentro de la Unión. El gesto tiene además una importante carga simbólica. La misiva de estos seis grandes países, adelantada por Financial Times y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo busca influir en las instituciones europeas, sino también presionar al resto de Estados miembros, algunos de los cuales se muestran más reticentes a avanzar en esta dirección. De hecho, varias de las propuestas recogidas en el documento -de cinco páginas- ya cuentan con iniciativas legislativas presentadas por la Comisión y se encuentran actualmente en proceso de negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. En este contexto, los ministros subrayan su apoyo a una mayor convergencia y eficiencia en la supervisión de los mercados de capitales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de supervisión más centralizado para las infraestructuras de mercado con mayor peso sistémico. Con esta postura, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos, respalda la propuesta presentada por la Comisión en diciembre, que actualmente se debate entre los Estados miembros. No obstante, dentro del Consejo de la UE esta iniciativa está encontrando resistencia por parte de algunos países que, pese a su menor tamaño, tienen un papel relevante en el ámbito financiero. Luxemburgo es uno de los ejemplos más claros. Uno de los puntos clave del debate es la ampliación de las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil europeo con sede en París, cuya mayor expansión suele ser defendida con especial firmeza por Francia. En la actualidad, la ESMA desempeña principalmente un papel de coordinación y asesoramiento para los supervisores nacionales, como la CNMV en España. Sin embargo, la propuesta de la Comisión contempla otorgarle atribuciones directas para supervisar entidades clave del mercado, como Deutsche Börse o Euronext, así como a los depositarios centrales de valores y a todos los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. En defensa de esta iniciativa, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha señalado que muchas veces se expresa apoyo a la llamada Unión de Ahorros e Inversiones -nombre que la Comisión utiliza para referirse a la integración de los mercados de capitales- y que respaldar este proyecto implica necesariamente impulsar medidas como estas. La profundización de la unión de los mercados financieros es considerada por la Comisión Europea y varios gobiernos como una pieza clave para aumentar la inversión privada y mejorar la competitividad de las empresas europeas. Con frecuencia, desde las instituciones comunitarias se advierte de que una parte significativa del ahorro europeo termina invirtiéndose en Estados Unidos en busca de mayores rentabilidades. A juicio de Bruselas, avanzar hacia una verdadera integración financiera -aunque la unión bancaria aún esté incompleta- permitiría aumentar la liquidez de los mercados europeos y favorecer que ese capital se canalice hacia la economía del propio continente.

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(El Economista, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La "liberación histórica" de petróleo de la AIE será insuficiente para contener unos precios disparados

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros, en una decisión adoptada por unanimidad. Esta intervención supera ampliamente los 182,7 millones de barriles que se pusieron en el mercado en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, por lo que se trata de la mayor operación de este tipo realizada hasta ahora. Sin embargo, el impacto en los mercados ha sido limitado: el miércoles, el precio del barril de Brent incluso subió un 4,7%, y al día siguiente continuó aumentando hasta situarse cerca de los 100 dólares, después de que la propia AIE advirtiera en su último informe de que se avecina la mayor caída de suministro de crudo registrada. Los analistas señalan que, pese al carácter histórico de la medida, su efecto es menor frente a otros factores, especialmente la duración del conflicto. El hecho de que una liberación de esta magnitud no logre frenar la subida de los precios evidencia el enorme déficit de suministro que podría producirse si la guerra en Oriente Próximo continúa y el estrecho de Ormuz permanece cerrado. Las últimas declaraciones del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí -hijo del anterior ayatolá asesinado por Estados Unidos- han reforzado esa preocupación. En su primer mensaje público afirmó que el país no renunciará a vengar a sus "mártires" y defendió que el cierre del estrecho de Ormuz puede utilizarse como instrumento de presión contra sus adversarios. Para los analistas del banco ING, la reacción del mercado demuestra que ni siquiera una liberación récord de reservas es suficiente para contener el precio del petróleo. Según la entidad, existe preocupación sobre la rapidez con la que ese crudo llegará al mercado y sobre si será suficiente para compensar las pérdidas de suministro derivadas de la situación en Ormuz. Sus cálculos indican que, sumando las aportaciones anunciadas por distintos países como Estados Unidos, la liberación equivaldría a unos 3,3 millones de barriles diarios, muy por debajo de lo que podría dejar de circular si el estrecho permanece bloqueado. El propio informe publicado por la AIE confirma la gravedad del escenario. La organización advierte de que podría producirse la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia. Solo en marzo, la oferta mundial -estimada en 98,8 millones de barriles diarios- podría reducirse en unos 8 millones de barriles al día, lo que supondría una caída equivalente al 7,5% del suministro global y niveles similares a los registrados en el primer trimestre de 2022. El banco UniCredit comparte este diagnóstico. En un análisis previo a la decisión de la AIE, en el que ya se preveía una liberación de unos 350 millones de barriles, estimaba que esa cantidad solo podría sustituir el petróleo procedente de Oriente Próximo durante unos 140 días. Además, advertía de que recurrir a las reservas estratégicas no resuelve el problema estructural del mercado. Según la entidad italiana, incluso si el suministro físico fuese suficiente a corto plazo, reducir las reservas estratégicas puede tener efectos negativos. Por un lado, no siempre consigue estabilizar los precios, ya que el mercado interpreta estas medidas como una señal de la gravedad de la crisis. Por otro, si los niveles de reservas caen demasiado, los inversores pueden percibir una mayor vulnerabilidad ante futuras interrupciones del suministro. Mientras los expertos calculan que el cierre de Ormuz podría provocar pérdidas de hasta 8 millones de barriles diarios -e incluso más si el bloqueo fuese total-, la liberación de la AIE apenas cubriría una parte de ese déficit. De hecho, el estrecho transporta aproximadamente 20 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Los analistas de Capital Economics también subrayan que utilizar reservas estratégicas para sustituir el suministro solo funciona como solución temporal. Si el conflicto se prolonga y provoca daños duraderos en la infraestructura energética del Golfo Pérsico, las pérdidas de crudo podrían superar incluso el volumen total de reservas disponibles entre los países miembros de la AIE. Hamad Hussain, analista de esta firma, señala además que el ritmo al que los países pueden liberar petróleo es limitado. Históricamente nunca se han superado los 2,5 millones de barriles diarios procedentes de reservas, y alcanzar los 5 millones sería complicado sin desplazar parte del suministro privado. En un escenario relativamente optimista, la pérdida de suministro durante un mes podría alcanzar los 10 millones de barriles diarios, una cifra muy difícil de compensar. Estimaciones similares maneja Rapidan Energy Group, una consultora especializada en mercados energéticos. Según sus cálculos, los países de la AIE podrían aportar entre 2 y 3 millones de barriles diarios desde sus reservas estratégicas en caso de interrupción en Ormuz, lo que apenas representaría una sexta parte de las exportaciones combinadas de los países del Golfo Pérsico. Otros expertos, como los de Ballast Markets, coinciden en que las reservas estratégicas no pueden sustituir completamente el petróleo perdido si el estrecho permanece cerrado durante un largo periodo. En el mejor de los casos, los inventarios globales podrían cubrir parte del déficit durante entre 60 y 90 días si se liberan al máximo ritmo posible. A ello se suma un obstáculo adicional: el tipo de crudo almacenado en muchas reservas estratégicas podría no ser el más adecuado para algunas refinerías, especialmente en Asia, que están diseñadas para procesar petróleo pesado procedente de Arabia Saudí. En este contexto, la liberación de reservas podría moderar temporalmente los precios del petróleo, pero no resolverá el problema si la tensión militar continúa. Solo una reducción de las hostilidades permitiría estabilizar el mercado de forma duradera. En medio de este escenario, algunos analistas apuntan a un actor que podría desempeñar un papel decisivo: China. El país asiático ha acumulado en los últimos años enormes reservas de crudo, que según diversas estimaciones podrían situarse entre 1.100 y 1.400 millones de barriles si se suman las estratégicas y las comerciales. Firmas como Kpler creen que esa cifra ronda los 1.400 millones, lo que triplicaría las reservas de Estados Unidos. Según Capital Economics, las decisiones que adopte Pekín podrían influir más en el mercado que la propia liberación de reservas de la AIE. No solo por la posibilidad de liberar parte de ese petróleo, algo que pocos analistas consideran probable, sino también porque un simple cambio en su estrategia de acumulación podría alterar significativamente la demanda global. Hasta ahora, China solo ha recurrido una vez a sus reservas estratégicas, con una liberación de prueba de 7,4 millones de barriles. Por ello, no está claro que vaya a utilizarlas de forma más agresiva. Sin embargo, incluso una desaceleración en el ritmo al que el país sigue acumulando crudo podría aliviar parte de la presión sobre los precios internacionales.

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(La Vanguardia, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, a la espera de una gran revisión en marzo

La inflación se mantuvo estable en febrero en el 2,3% interanual, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratifica así el dato adelantado a finales del mes pasado. El índice de precios al consumo (IPC) repite la tasa registrada en enero y consolida, por ahora, una etapa de relativa estabilidad tras las oscilaciones registradas a lo largo de 2025. La moderación se explica, fundamentalmente, por la caída del precio de la electricidad, que compensó el encarecimiento de algunos servicios vinculados al consumo cotidiano, como la restauración, y de determinados alimentos. Sin embargo, es un dato que nade obsoleto a la luz de la esperada sacudida que experimentarán los precios en este marzo, a raíz de la guerra de Irán. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos no elaborados por su mayor volatilidad- también se mantuvo en febrero en el 2,7%, una décima por encima del registro de enero. Este indicador, que suele utilizarse para medir la tendencia estructural de los precios, refleja la persistencia de ciertas tensiones en los costes de servicios y bienes más ligados al ciclo económico. El comportamiento del IPC en el segundo mes del año refleja el equilibrio entre presiones contrapuestas. Por un lado, los precios energéticos ejercieron un efecto a la baja, en especial la electricidad, cuya evolución amortiguó el impacto de otros componentes más ligados a la demanda interna. Por otro, el encarecimiento de la restauración y de algunos productos alimentarios empujó al alza el índice general, aunque sin suficiente intensidad para alterar la tasa global. El Ministerio de Economía interpreta el dato como una señal de estabilidad en el proceso de normalización de los precios tras el episodio inflacionario vivido en 2022. Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo destacan que la inflación española se mantiene en niveles compatibles con el objetivo del Banco Central Europeo, aunque reconocen que persisten focos de presión en determinados sectores de consumo. La evolución de los precios en los servicios, especialmente los relacionados con el ocio y la hostelería, sigue siendo uno de los elementos más vigilados por los analistas. Pero la aparente calma que refleja el dato de febrero podría tener un carácter transitorio. Los analistas han comenzado a centrar su atención en el comportamiento de los precios durante marzo, un mes que podría marcar un cambio de tendencia. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, considera que la previsión provisional del 3,1% para ese mes se ha convertido en un "suelo" tras el fuerte encarecimiento de los carburantes registrado en las últimas semanas como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Según explica, el repunte de los combustibles tendrá un impacto inmediato en el IPC, debido al peso que tienen los carburantes en la cesta de consumo. Otros efectos derivados del encarecimiento energético podrían tardar más en trasladarse al consumidor final. Entre ellos figuran el precio de la electricidad o el coste de los alimentos, especialmente aquellos más dependientes del uso intensivo de fertilizantes, cuyo precio está estrechamente ligado a los mercados energéticos. Una visión similar mantiene Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, quien advierte de que el encarecimiento energético ya empieza a filtrarse al conjunto del tejido económico. Torres señala especialmente la evolución de los alimentos frescos, que partían de tasas superiores al 6% y que, según sus estimaciones, podrían superar el 7% interanual durante marzo. "Esto nos llevaría a una inflación por encima del 3% en marzo, posiblemente entre el 3% y el 3,5%", apunta el economista. Más allá del posible repunte puntual, la cuestión clave para los economistas es la persistencia de la inflación. Torres subraya que el tejido económico es hoy mucho más sensible a los movimientos de precios que hace cuatro años, cuando el estallido de la guerra en Ucrania coincidió con la reapertura de las economías tras la pandemia y con una fuerte desorganización de las cadenas globales de suministro. Hoy, Europa se enfrenta, a su juicio, a una economía más debilitada. Y aunque España mantiene un crecimiento relativamente sólido en comparación con sus socios comunitarios, los indicadores comienzan a mostrar cierta moderación. Ese enfriamiento del consumo podría actuar como un freno natural para la inflación subyacente, evitando por ahora un impacto estructural más profundo a través de los llamados efectos de segunda ronda, es decir, el traslado generalizado de los aumentos de costes a salarios y precios, alimentando una espiral.

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(Expansión, 12-03-2026) | Fiscal

Montero promete el 2,1% de gasto en Defensa este año, 2.300 millones más

La ministra de Hacienda contempla recurrir a la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas para poder compatibilizar el aumento del gasto en Defensa con el paquete de medidas que el Gobierno prepara como respuesta al conflicto en Irán. El Ejecutivo tiene la "voluntad firme de mantener la inversión pública" en materia de Defensa después de haber alcanzado en 2025 el 2% del PIB. De hecho, prevé elevar esa cifra hasta el 2,1% durante este año, según anunció en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para lograrlo, el Gobierno planea repetir el elevado gasto militar del ejercicio anterior y aumentarlo en unos 2.300 millones de euros adicionales. Ante este esfuerzo presupuestario, Montero señaló que, si fuera necesario, el Ejecutivo solicitará la activación de la cláusula de escape de las normas fiscales europeas. El objetivo sería evitar que el incremento de la inversión en Defensa compita con el gasto social, que también aumentará debido al plan de apoyo que el Gobierno está preparando para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Según explicó la ministra, mientras continúe la situación de incertidumbre derivada de la guerra en Irán, el Gobierno acompañará estos créditos con medidas urgentes destinadas a paliar sus efectos. El Ejecutivo trabaja en un conjunto de iniciativas dirigidas a amortiguar el encarecimiento de los precios y apoyar al tejido productivo. Estas medidas se irán aprobando en diferentes Consejos de Ministros en función de la evolución de variables como el precio del petróleo, de la energía y de otras materias primas. En este contexto, Montero presidirá hoy una reunión con los principales ministros del área económica -entre ellos los responsables de Trabajo, Energía, Economía y Seguridad Social- a la que también asistirán representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT para analizar posibles actuaciones. Aún sin concretar el volumen total de las ayudas, la ministra afirmó ante la Comisión de Hacienda del Senado que, si la situación lo requiere, el Gobierno podría solicitar a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para que el incremento de la inversión en Defensa no limite el gasto social. En cuanto al ámbito militar, y a falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026 que consoliden el punto de partida actual, mantener el nivel de gasto alcanzado en 2025 obligaría ya a buscar mecanismos para movilizar unos 10.500 millones de euros. Además, el crecimiento del PIB y el incremento adicional anunciado supondrán unos 2.300 millones más para alcanzar el objetivo del 2,1%. Según las estimaciones de la OTAN, España destinó el año pasado 33.123 millones de euros a Defensa, lo que equivale al 2% de su PIB. Este objetivo estaba inicialmente previsto para 2029, pero el Gobierno lo adelantó tras las presiones del entonces presidente estadounidense Donald Trump para que todos los miembros de la Alianza llegaran a la cumbre de La Haya con ese mínimo de inversión. En esa reunión, los 32 países de la OTAN acordaron reforzar sus capacidades militares hasta alcanzar en 2035 un gasto equivalente al 5% del PIB: un 3,5% en Defensa y un 1,5% adicional en ciberseguridad e infraestructuras. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que España podrá cumplir los compromisos de capacidades con una inversión del 2,1% del PIB, el nivel que el Ejecutivo pretende consolidar este año. Para alcanzar el 2% en 2025, sin nuevos presupuestos y sin el respaldo de sus socios parlamentarios, el Gobierno puso en marcha el Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.470 millones de euros y aprobado sin pasar por el Parlamento. Montero explicó que la financiación de este plan procedió de distintas fuentes: menores aportaciones a la Unión Europea (641,56 millones), créditos no ejecutados de organismos del Ministerio de Defensa (97,4 millones), partidas ya utilizadas en ejercicios anteriores sin continuidad (1.744,8 millones), reducción de provisiones por reclamaciones patrimoniales (103 millones), ingresos por servicios del propio ministerio (632 millones), menor necesidad de liquidez gracias a la mejora del déficit público (2.819 millones), devolución de préstamos del Ministerio de Industria (1.680 millones), recursos del Fondo de Contingencia (1.395 millones) y reajustes en distintos programas del Gobierno central (1.356 millones). En términos generales, el 35% de esos fondos se destinó a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería; el 31% a nuevas capacidades en telecomunicaciones y ciberseguridad; el 19% a la modernización de los sistemas de defensa y disuasión de las Fuerzas Armadas; el 17% a reforzar capacidades duales para responder a emergencias y catástrofes naturales; y el 3% restante a misiones internacionales de paz. La ministra subrayó que este aumento del gasto militar se llevó a cabo sin recortar el gasto social, sin subir impuestos y sin incrementar el endeudamiento público. Por otro lado, durante su intervención también descartó modificar la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas utilizar su superávit, al considerar que esa opción no contaría con el respaldo de la Unión Europea.

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(Expansión, 12-03-2026) | Fiscal

"Cómo" pagan las empresas ya pesa más que "cuánto gano"

El salario ya no se percibe únicamente como una cantidad de dinero. La forma en que se recibe -a través de beneficios adicionales y ventajas fiscales- empieza a tener más peso que la cifra final, ya que permite mejorar tanto el ahorro como el bienestar de los trabajadores en España. Tradicionalmente, la pregunta "¿cuánto gano?" ha sido el principal atractivo para quienes buscan empleo o desean mantenerse en su puesto. El sueldo mensual sigue siendo el factor más visible a la hora de aceptar o conservar un trabajo. Sin embargo, cada vez cobra más importancia "cómo" se paga esa remuneración. El informe Compensación salarial e innovación 2026: un análisis del mercado español, elaborado por Coverflex, refleja que el modelo basado únicamente en el salario fijo está perdiendo protagonismo. Solo el 9% de los trabajadores en España considera que el sueldo base es suficiente como única forma de compensación. En consecuencia, para el 91% restante, una oferta laboral centrada exclusivamente en dinero resulta incompleta. La llamada compensación total -que incluye beneficios económicos y no económicos- se ha convertido en un elemento esperado que puede marcar la diferencia al elegir o cambiar de empleo. Esto no significa que los beneficios estén reemplazando al salario, pero sí que los trabajadores son cada vez más conscientes del impacto de los impuestos sobre sus ingresos. En el estudio, realizado entre 1.208 personas, se planteó una elección: un sueldo bruto anual de 25.000 euros o uno de 21.000 euros acompañado de un paquete de beneficios flexibles valorado en 5.000 euros y exento de impuestos. El 39% optó por la primera opción, mientras que el 45% prefirió la segunda. Un 16% no se inclinó por ninguna de ellas. Según el análisis, el desafío para las empresas no es convencer a los empleados de la utilidad de la retribución flexible, sino lograr que realmente resulte ventajosa. De hecho, siete de cada diez trabajadores consideran que el paquete de beneficios es determinante para incorporarse o permanecer en una organización. La eficiencia fiscal es especialmente valorada por la Generación Z -personas nacidas entre 1996 y 2010- y por los empleados con hijos. El informe indica que estos colectivos aprecian especialmente las estrategias financieras inteligentes de las empresas. Un ejemplo es el cheque guardería, que está exento de IRPF sin límite, lo que permite a los trabajadores aumentar su poder adquisitivo sin incrementar el salario bruto. La compensación total, por tanto, no sustituye al dinero, sino que lo optimiza. A través de la retribución flexible -que permite destinar hasta el 30% del sueldo bruto a productos o servicios libres de IRPF- el trabajador puede incrementar su capacidad de gasto real sin que la empresa tenga que elevar su coste salarial. No obstante, el estudio también señala una limitación: el 54% de los empleados aún no disfruta de este tipo de beneficios y solo el 18% afirma conocer bien sus ventajas. Esta evolución también aparece en el informe Global Talent Trends de Mercer, que señala que la idea de "salario justo" ha cambiado. Ya no se trata únicamente de cuánto se paga, sino de cómo la empresa contribuye al bienestar del trabajador. De hecho, uno de cada tres empleados en el mundo estaría dispuesto a renunciar a un aumento salarial directo a cambio de mayor flexibilidad laboral o beneficios personalizados relacionados con la salud. En la misma línea, el informe de compensación total de WTW destaca que las empresas están pasando de modelos cerrados de beneficios -donde el trabajador elegía entre unas pocas opciones- a presupuestos abiertos centrados en el bienestar. Según sus datos, el 75% de las compañías a nivel global ha revisado su estrategia de beneficios durante el último año antes que los salarios base. Para esta consultora, el sueldo fijo es un elemento básico, pero la compensación total es lo que realmente diferencia a una empresa. Tras la pandemia, la consultora Gartner ya advirtió de que el contrato laboral estaba evolucionando: de un intercambio puramente económico -dinero por tiempo- a una relación más centrada en las personas. Actualmente sostiene que las empresas que ofrecen una compensación integral enfocada en el bienestar financiero, el propósito y la salud logran aumentar en un 20% la intención de permanencia de sus empleados, incluso cuando sus salarios están ligeramente por debajo de la media del mercado. Julia Abarca, responsable de Coverflex en España, coincide con esta tendencia. Explica que en 2025 se observaba una brecha entre lo que valoraban los trabajadores y lo que ofrecían las empresas, pero en 2026 el nivel de exigencia ha aumentado: el 91% de los profesionales espera que la compensación vaya más allá del salario base. Además, la convivencia de cuatro generaciones distintas en el mercado laboral obliga a las compañías a diseñar sistemas de compensación más completos y adaptables. El reto consiste en crear un modelo que integre salario, beneficios y experiencia del empleado de forma coherente y estratégica. El estudio Human Capital Trends: Beyond Pay, de Deloitte, respalda esta idea. Señala que, especialmente entre la Generación Z, el talento busca beneficios alineados con sus valores, como permisos para voluntariado o fondos de inversión sostenibles. Además, el 64% de los trabajadores considera que las prestaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar financiero son tan importantes como el salario base al valorar una oferta laboral. En definitiva, el dinero sigue siendo relevante, pero ha perdido parte de su protagonismo dentro de los modelos de compensación. El hecho de que solo el 9% de los empleados considere suficiente el salario base demuestra que la compensación se ha transformado en algo más amplio. Como señala Abarca, "la compensación ya no es un complemento, sino una forma de expresar cómo entiende una empresa su relación con el talento". Otro dato significativo es que el 64% de los trabajadores afirma que los beneficios vinculados al bienestar tienen la misma importancia que el sueldo base a la hora de aceptar un empleo, según Deloitte. Además, el informe de Coverflex indica que el 78% de las personas reconoce que el modelo de trabajo -parte de la compensación total- influye mucho o bastante en su decisión de quedarse en una empresa o cambiar de empleo.

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