La CEOE ha decidido finalmente no recurrir antes de su celebración la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre, pese a que su presidente, Antonio Garamendi, había anunciado que impugnaría el paro al considerar que tiene un carácter electoral y no laboral. La organización empresarial no descarta, sin embargo, emprender acciones judiciales una vez celebrada la movilización.
La patronal asegura que seguirá de cerca el desarrollo de la huelga y que tomará las medidas oportunas en función de lo que suceda. También recuerda que debe garantizarse el derecho al trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos, y manifiesta su confianza en que la jornada transcurra de manera pacífica y cívica.
La decisión contrasta con las declaraciones realizadas el lunes por Garamendi, quien cuestionó la legitimidad de la convocatoria. El presidente de la CEOE sostuvo que, coincidiendo con la proximidad de las elecciones generales, España afronta por primera vez una huelga de carácter electoral. A su juicio, la movilización no es el camino adecuado para abordar el problema de la vivienda y cuestionó que se responsabilice a las empresas y a los autónomos de la falta de oferta residencial, cuando el sector de la construcción reclama diálogo para encontrar soluciones.
Los sindicatos, por su parte, ya habían puesto en duda que la patronal tuviera argumentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hace dos semanas que no existían motivos legales para calificar el paro de político y recordó que nunca se había declarado ilegal una huelga por ese motivo. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, anticipó que la CEOE no recurriría la convocatoria porque no tendría fundamento para hacerlo. Sordo calificó la controversia de absurda y recordó que en España se han convocado desde los años setenta y ochenta huelgas que no respondían exclusivamente a reivindicaciones laborales, incluidas movilizaciones sindicales contra los asesinatos de ETA.
Los sindicatos justifican la huelga con dos objetivos principales: reclamar medidas que permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna e impulsar el poder adquisitivo de los salarios. En este segundo ámbito, critican a la patronal por no aceptar la negociación de un pacto nacional de convenios que permita ordenar la negociación colectiva.
La convocatoria se produce en un contexto de aumento de la conflictividad laboral, con un repunte de las huelgas en empresas y sectores. Las organizaciones sindicales relacionan esta evolución con la ausencia de un acuerdo estatal sobre negociación colectiva. Además, denuncian que una parte importante de las horas extraordinarias realizadas no se remunera -en torno a la mitad, según el INE- y sostienen que los márgenes empresariales, que consideran históricamente elevados, ofrecen capacidad para mejorar los salarios. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación anarcosindicalista, ha registrado una convocatoria de huelga propia, diferenciada de la presentada por las centrales mayoritarias.
Seis años después de la pandemia, el teletrabajo sigue en niveles elevados en España, pese a los esfuerzos de numerosas empresas por recuperar la actividad presencial, una decisión que en algunos casos ha provocado huelgas. Sin embargo, las cifras récord esconden una importante desigualdad en el acceso a esta modalidad. Un estudio de UGT señala que hay más trabajadores que podrían desempeñar sus funciones a distancia, pero continúan acudiendo a la oficina, que empleados que ya teletrabajan. Además, las mayores dificultades para acceder a esta opción se concentran entre quienes cuentan con menos capacidad para negociar sus condiciones laborales.
El informe, elaborado a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que el 14,8% de los ocupados ha trabajado a distancia, lo que representa aproximadamente 3,16 millones de personas. A ellos se suman otros 3,44 millones de trabajadores, equivalentes al 16,1% del total, que afirman que sus empleos permitirían el teletrabajo, aunque todavía no lo han utilizado.
En conjunto, el potencial de esta modalidad alcanza al 30,9% de los ocupados, pero solo se aprovecha el 47,9% de las posibilidades existentes. Entre quienes podrían trabajar a distancia, más de 875.000 personas tendrían la opción de desarrollar todas sus funciones desde casa, pero no lo hacen ningún día. El estudio, elaborado por el Servicio de Estudios de UGT y firmado por José Varela, responsable de IA y Digitalización del sindicato, destaca que este margen de crecimiento contrasta con la satisfacción de quienes ya teletrabajan. Estos trabajadores valoran la experiencia con una puntuación media de 8,9 sobre 10. Más de la mitad le otorga la máxima nota, mientras que únicamente el 2% la califica negativamente.
En el ámbito empresarial, sin embargo, predomina un modelo que combina la asistencia a la oficina con el trabajo a distancia o que permite teletrabajar solo de manera ocasional. Según los datos del INE recogidos en el informe, el 37,4% de las empresas ofrece esta posibilidad, pero solo el 20% de sus empleados la utiliza de forma habitual. La media de trabajo remoto se sitúa en 2,4 días semanales.
Las diferencias en el acceso al teletrabajo también se aprecian al comparar las distintas ocupaciones, los tipos de contrato y las jornadas laborales. El informe revela que los profesionales científicos e intelectuales y los directivos son los colectivos que más aprovechan las posibilidades de trabajar a distancia, con porcentajes del 55% y el 54,3%, respectivamente. A continuación figuran los técnicos y profesionales de nivel medio, con un 45,5%.
En el caso del personal administrativo, las oportunidades están mucho menos aprovechadas. Un 10,7% podría trabajar íntegramente desde casa y otro 22,7% tendría la posibilidad de hacerlo parcialmente. Sin embargo, solo el 17,6% de estos empleados teletrabaja, lo que supone que utilizan el 34,5% de su potencial, la proporción más baja entre los grupos analizados.
Estos datos evidencian una brecha entre los puestos directivos y los de menor responsabilidad, con una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales en el aprovechamiento del teletrabajo. Según el análisis, los profesionales con mayor responsabilidad disponen de más margen para negociar individualmente condiciones laborales flexibles, mientras que otros trabajadores tienen menos capacidad para conseguirlas. Por sectores, los especialistas en tecnologías de la información encabezan la clasificación. El 60,1% ya teletrabaja y otro 22,8% podría hacerlo, de manera que aprovechan el 72,5% de las posibilidades existentes en su ámbito profesional.
La modalidad contractual también influye de forma significativa. Los trabajadores con contrato indefinido utilizan el 47,8% de su potencial de teletrabajo, frente al 31,2% de quienes tienen contratos temporales. Entre estos últimos, solo el 5,4% trabaja a distancia, pese a que otro 11,9% podría hacerlo. La jornada laboral también marca diferencias: los empleados a tiempo completo aprovechan la mitad de sus posibilidades, mientras que entre quienes trabajan a tiempo parcial el porcentaje se reduce al 28,8%.
La desigualdad se reproduce, por tanto, entre los trabajadores más integrados en las organizaciones y aquellos que cuentan con una posición menos consolidada. Los contratos indefinidos y una mayor vinculación con la empresa parecen facilitar el acceso a condiciones laborales más favorables, mientras que los empleados temporales y a tiempo parcial encuentran más dificultades para aprovechar las opciones de trabajo remoto.
El potencial desaprovechado también ayuda a explicar por qué el teletrabajo puede mantenerse en máximos históricos en España y, al mismo tiempo, perder posiciones respecto a otros países europeos. En 2019, el 8,3% de los ocupados españoles trabajaba a distancia, frente al 14,4% de la media de la Unión Europea. España ocupaba entonces el puesto 21 entre 33 países. En 2025, la distancia con la media comunitaria ha aumentado hasta los 7,3 puntos porcentuales y el país ha descendido al puesto 22.
El peso de actividades que requieren presencia física, como la hostelería, el comercio y otros servicios, suele señalarse como una de las principales razones de esta diferencia. Sin embargo, los datos sobre las posibilidades de teletrabajo apuntan a que este factor no explica por sí solo el retraso. Aunque el 69,1% de los ocupados asegura que su trabajo no permite desarrollar las tareas a distancia, aprovechar el potencial restante sería suficiente para situar a España por encima de la media europea.
UGT recuerda, además, que Portugal y Malta, dos países con una importante dependencia del turismo, superan a España en cinco y once puntos porcentuales, respectivamente, lo que refuerza la idea de que la estructura productiva no constituye el único factor determinante. El sindicato atribuye parte de las dificultades para extender el teletrabajo a la persistencia de una cultura empresarial que prioriza la presencia física y el control de los empleados. No obstante, la encuesta del INE no identifica las razones concretas por las que quienes podrían trabajar a distancia no lo hacen. Entre ellas también pueden encontrarse las preferencias individuales o la naturaleza de determinados puestos, que solo permiten realizar de forma remota una parte de las tareas.
El caso de los trabajadores autónomos ofrece otra perspectiva, ya que no están sujetos a las mismas restricciones organizativas que los asalariados. Aun así, este colectivo aprovecha el 53,6% de su potencial de teletrabajo, una proporción similar a la de los empleados con contrato indefinido. Ante esta situación, UGT defiende que la negociación colectiva debe desempeñar un papel fundamental para garantizar que los trabajadores que puedan y quieran acogerse al teletrabajo tengan acceso a esta opción. Los datos del Ministerio de Trabajo incluidos en el informe muestran que los convenios colectivos con cláusulas específicas sobre trabajo a distancia han aumentado de 54 en 2017 a 265 en 2025. Estos acuerdos representan el 20,5% del total y afectan a 1,23 millones de trabajadores.
El sindicato reclama que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore el teletrabajo como una materia de negociación obligatoria, con el objetivo de ampliar su implantación y reducir las diferencias entre colectivos profesionales. Su propuesta busca que el acceso a esta modalidad no dependa exclusivamente de la capacidad individual de cada empleado para negociar con la empresa, sino que cuente con criterios más homogéneos y garantías recogidas en los acuerdos colectivos.
El Gobierno ha ampliado los supuestos en los que las cuotas de los autónomos quedarán protegidas frente a las regularizaciones de la Seguridad Social cuando perciban determinadas prestaciones. A partir del 1 de enero de 2027, las bases de cotización correspondientes a ciertos periodos en los que los trabajadores por cuenta propia reciban ayudas por el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, así como por patologías vinculadas a la menopausia o lesiones derivadas de la violencia de género, tendrán carácter definitivo. De esta forma, se evitarán posteriores ajustes en las cuotas correspondientes a esos periodos.
La medida está recogida en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que introduce mejoras en distintas prestaciones. La modificación se enmarca en el sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, por el que la Seguridad Social revisa anualmente las aportaciones realizadas una vez dispone de los rendimientos definitivos de cada trabajador.
Durante el ejercicio, cada autónomo selecciona una base de cotización provisional de acuerdo con la previsión de ingresos que espera obtener. Una vez cerrado el año, la Seguridad Social contrasta esa información con los datos fiscales facilitados por la Agencia Tributaria. Si las cotizaciones abonadas fueron inferiores a las que correspondían según los rendimientos reales, el trabajador debe ingresar la diferencia. En cambio, si pagó más de lo debido, la Tesorería General de la Seguridad Social le devuelve el importe correspondiente.
Este procedimiento contempla algunas excepciones cuando el autónomo ha percibido determinadas prestaciones. En esos casos, las bases de cotización de los meses afectados quedan fijadas y no pueden modificarse durante la regularización posterior. La protección también se extiende a los periodos utilizados para calcular la base correspondiente a la prestación.
Este mecanismo funciona desde 2022 y establece periodos de referencia distintos según el tipo de ayuda recibida. En el caso de la incapacidad temporal, se toma como referencia el mes anterior al inicio de la baja, mientras que para la prestación por cese de actividad se tienen en cuenta los últimos 12 meses, entre otros supuestos.
Hasta ahora, esta garantía se aplicaba a los periodos vinculados a la incapacidad temporal, el riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, el nacimiento y cuidado de menores, y el cese de actividad. Con la nueva regulación, el Gobierno amplía los supuestos protegidos para incluir otras situaciones en las que los autónomos perciben prestaciones de la Seguridad Social.
El colectivo mantiene un crecimiento moderado en los últimos años. El número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó un 6,7% en seis años, al pasar de 3,26 millones en septiembre de 2020 a 3,48 millones en el mismo mes de 2026. Esta evolución refleja las dificultades para impulsar el emprendimiento y garantizar el relevo generacional, especialmente en sectores tradicionales.
Al mismo tiempo, las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia continúan aportando recursos crecientes al sistema público. Entre enero y agosto de 2026, los autónomos contribuyeron a las arcas de la Seguridad Social con 8.405 millones de euros, un 8,75% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando la recaudación ascendió a 7.729 millones.
El real decreto-ley incorpora otras modificaciones en materia de protección social. Desde su entrada en vigor, las personas que convivían de forma estable con su pareja y tenían hijos en común, pero quedaron excluidas de la pensión de viudedad por no estar casadas ni inscritas como pareja de hecho, disponen de un año para volver a solicitar la prestación.
La norma también mejora la protección económica por orfandad en aquellos casos en los que la madre haya fallecido como consecuencia de la violencia de género. Asimismo, contempla mejoras en las pensiones extraordinarias reconocidas a las víctimas de actos terroristas. El siguiente trámite será la convalidación de la norma por la Diputación Permanente del Congreso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el texto cuenta con «consenso social y político» y ha expresado su confianza en que pueda superar este procedimiento sin dificultades.
Las ciberestafas se han convertido en un nuevo foco de conflicto entre la banca española y sus clientes, después de las controversias por las participaciones preferentes, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclara cómo deben actuar las entidades ante las operaciones de pago no autorizadas, ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones y podría tener un importante impacto económico para el sector. Asociaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya han puesto en marcha iniciativas para reclamar la devolución del dinero. Mientras tanto, las quejas por fraude presentadas ante el Banco de España han aumentado este año y la patronal bancaria AEB sostiene que el fallo europeo apenas modifica la normativa española vigente.
La principal novedad de la resolución del tribunal con sede en Luxemburgo es que obliga a los bancos a reembolsar en un plazo de 24 horas el importe de las operaciones no autorizadas, sin que puedan aplazar la devolución alegando la posible negligencia del cliente. Los especialistas consultados aclaran que la sentencia no cambia el reparto de responsabilidades entre la entidad y el usuario, sino el orden en que deben abordarse. Hasta ahora, los bancos podían utilizar la conducta del cliente como argumento para retrasar o denegar el reintegro, una cuestión que, en caso de conflicto, puede acabar resolviéndose ante los tribunales. El cambio afecta, por tanto, a quién debe iniciar el procedimiento judicial para determinar las responsabilidades.
La abogada especializada en ciberfraude Vanesa Fernández considera que el elemento diferencial es el orden en el que se produce la devolución. A su juicio, las entidades tendrán que valorar si les resulta conveniente acudir a los tribunales para reclamar posteriormente el dinero y demostrar que el usuario incurrió en negligencia. La estrategia de los bancos también dependerá de la disposición de los afectados a emprender acciones judiciales. Por su parte, Diego Zapatero, abogado y socio responsable del área de phishing de Asoban Abogados, prevé un aumento de los litigios, ya que numerosos afectados cuyos expedientes estaban paralizados o habían sido rechazados por sus entidades han retomado las reclamaciones. A estos casos se suman los procedimientos de los últimos cinco años que todavía no hayan prescrito.
Desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que la sentencia europea se refiere a operaciones realizadas sin autorización del cliente y confirma, en esencia, las obligaciones que ya recoge la legislación vigente. La patronal, que representa a entidades como Santander, BBVA y Sabadell, sostiene que la resolución no altera la responsabilidad de los usuarios que incumplan por negligencia sus obligaciones de proteger los datos y credenciales bancarios. En los supuestos en que se acredite una negligencia grave, considera que las pérdidas derivadas de las operaciones no autorizadas deberán ser asumidas por el cliente.
Sin embargo, Carol Rodríguez, directora de Regulación Financiera de finReg360, cree que la resolución refuerza la posición de los consumidores cuyas reclamaciones todavía no se han resuelto mediante una sentencia firme. Las entidades se enfrentan a una situación más compleja, dado que les corresponde demostrar que las operaciones fueron correctamente autenticadas y registradas y, cuando proceda, que existió fraude o negligencia grave por parte del usuario. La experta recuerda que el plazo general para reclamar judicialmente es de cinco años, sin perjuicio de los plazos específicos para comunicar las operaciones no autorizadas.
La normativa actual tiene, no obstante, un horizonte temporal limitado. Fuentes del sector financiero apuntan a que el marco cambiará previsiblemente en el verano de 2028, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo sobre servicios de pago. Según fuentes jurídicas, la propuesta de la Comisión Europea no reduce las garantías actuales ni contradice la sentencia del TJUE, sino que amplía su alcance al incluir el reembolso de determinados fraudes basados en la suplantación de empleados bancarios, que hasta ahora se consideran operaciones autorizadas. En el Reino Unido, la devolución del dinero en fraudes relacionados con pagos autorizados es obligatoria desde octubre de 2024, con un límite de 85.000 libras por caso, cerca de 100.000 euros.
Las asociaciones de consumidores ya están intensificando sus actuaciones. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, sostiene que hasta ahora buena parte del coste de los ciberfraudes recaía sobre los ciudadanos. A su entender, las entidades financieras deben reforzar también sus exigencias de responsabilidad a las plataformas tecnológicas y las compañías de telecomunicaciones, cuyos servicios pueden intervenir en el desarrollo de estas estafas. La asociación prevé remitir requerimientos masivos a los bancos para reclamar el reintegro inicial del dinero en todos los expedientes que mantiene abiertos, tanto en la fase extrajudicial como en la judicial.
La OCU afirma que las entidades rechazan el 60% de las reclamaciones por fraude que recibe y que el argumento más habitual es la supuesta negligencia grave del cliente. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reflejan la dimensión económica del problema. En España, las pérdidas por fraude bancario ascendieron a 318 millones de euros en 2024, de los que los usuarios asumieron cerca de dos tercios. En el conjunto de Europa, las pérdidas soportadas por los clientes alcanzaron los 2.500 millones de euros, frente a un volumen total de fraude de 4.200 millones.
Tanto Asufin como la OCU han solicitado que las entidades devuelvan el dinero de forma automática. La OCU ya planteó esta exigencia en marzo, después de conocerse las conclusiones del abogado general del TJUE sobre el caso, y ha reiterado su petición tras la publicación de la sentencia, reclamando el reembolso íntegro e inmediato de las cantidades sustraídas. La resolución también puede influir en la gestión de las quejas por parte de los servicios de atención al cliente de los bancos y en los criterios aplicados por el Banco de España. Según Rodríguez, los afectados podrán invocar el nuevo pronunciamiento europeo ante el servicio de reclamaciones del supervisor, lo que podría complicar la posición de las entidades financieras.
En su última memoria de reclamaciones, el Banco de España señala que corresponde a la entidad demostrar que una operación no autorizada fue correctamente autenticada y registrada. No obstante, contempla una excepción cuando el banco acredita que el usuario actuó de forma fraudulenta o incurrió en negligencia grave, argumento que las entidades han utilizado para rechazar reclamaciones. A la luz de la sentencia europea, se espera que el supervisor revise los criterios que aplica a este tipo de casos.
El Ministerio de Consumo ha requerido a dos portales inmobiliarios, cuyos nombres no ha hecho públicos, que retiren 8.318 anuncios de alojamientos anunciados como alquileres de temporada por considerar que podrían incumplir la nueva normativa de vivienda, conocida como decreto Maricarmen.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy justifica esta petición porque los alojamientos permiten realizar reservas por periodos inferiores a 31 días. De acuerdo con el nuevo marco legal, estas viviendas deben clasificarse como pisos turísticos, con independencia de que ofrezcan o no servicios propios de un establecimiento hotelero, y quedan sujetas al IVA del 10%.
La mayor parte de los anuncios afectados corresponde a viviendas situadas en la Comunidad de Madrid, con un total de 6.772 publicaciones. De ellas, el 96% se encuentra en la capital. La Dirección General de Consumo considera que presentar estos alojamientos como alquileres de temporada podría constituir una práctica de comunicación comercial engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Para exigir la retirada de los anuncios, el Ministerio ha recurrido a los mecanismos de notificación contemplados en el Reglamento de Servicios Digitales. Consumo sostiene que, una vez informadas de los posibles incumplimientos, las plataformas adquieren una responsabilidad directa sobre los contenidos publicados y podrían enfrentarse a la apertura de un expediente si no eliminan o bloquean las ofertas señaladas.
Las nuevas exigencias suponen un desafío para los portales inmobiliarios, ya que podrían obligarles a revisar y retirar todas las publicaciones que no se ajusten a la normativa. La medida se suma a otras disposiciones del decreto que afectan directamente a su actividad, tanto por la delimitación de las categorías de alquiler turístico y de temporada como por las nuevas obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler.
El texto establece que los anuncios deben respetar los principios de veracidad y transparencia. Entre los datos que deberán incluir figura, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler, conocido como Serpavi, y la renta del último contrato de arrendamiento vigente durante los cinco años anteriores.
Estas obligaciones podrían reducir el número de viviendas anunciadas en plataformas como Idealista, Fotocasa o Pisos.com. Los propietarios que no cumplan la normativa o que oferten inmuebles por encima de los límites de renta establecidos en las zonas tensionadas podrían optar por retirar sus anuncios antes que publicar la información exigida, como el precio de referencia o la renta del contrato anterior. Esta situación tendría consecuencias para el volumen de publicaciones y el negocio de los portales.
La actuación contra los anuncios de alquiler de temporada se enmarca en una estrategia más amplia de inspecciones y sanciones impulsada por el Ministerio de Consumo contra las plataformas inmobiliarias y las empresas del sector. no de los casos más destacados es la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por publicar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa. La actuación llevó a la retirada de más de 65.000 anuncios de la plataforma. Por su parte, Booking eliminó más de 4.000 publicaciones después de recibir un requerimiento oficial del departamento dirigido por Bustinduy.
Consumo también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas consideradas abusivas contra los inquilinos. La resolución identificó seis infracciones muy graves y una grave. Además, el Ministerio mantiene abierto un expediente contra otra gran inmobiliaria por presuntas prácticas similares.
España puede establecer límites a la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad cuando los solicitantes mantienen obligaciones pendientes con Hacienda. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, quien considera que la normativa comunitaria no contiene disposiciones suficientemente precisas para impedir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales al perdón de las deudas.
Las conclusiones responden a una consulta planteada por la Audiencia Provincial de Valladolid a raíz del caso de una pareja española que solicitó acogerse al mecanismo de exoneración de deudas. La Agencia Tributaria se opuso a que el hombre obtuviera este beneficio porque acumulaba más de 40.000 euros de deuda tributaria, correspondiente a una empresa de la que había sido administrador y por la que había sido declarado responsable.
La legislación española impide acceder a la segunda oportunidad a quienes, durante los diez años anteriores, hayan sido declarados responsables de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que hayan satisfecho íntegramente las cantidades exigidas. Una restricción similar se aplica a determinadas deudas relacionadas con infracciones tributarias, la Seguridad Social y el orden social. Estas limitaciones pueden afectar tanto a personas físicas como a quienes mantienen responsabilidades vinculadas a sociedades.
De la Tour considera que el Derecho de la Unión Europea no obliga a los tribunales españoles a dejar de aplicar esta restricción, incluso cuando estimen que puede resultar desproporcionada. A su juicio, el derecho a la exoneración de deudas no es absoluto ni está sujeto a condiciones incondicionales, pese a que la normativa europea prevalezca, con carácter general, sobre las disposiciones nacionales incompatibles.
El abogado general sostiene que la directiva comunitaria concede a los Estados miembros un amplio margen para regular las excepciones al régimen de exoneración. La norma incluye listas no exhaustivas tanto de los motivos por los que puede denegarse o restringirse el acceso a este mecanismo como de las categorías de créditos que pueden quedar excluidas de la cancelación.
En este sentido, argumenta que, cuando un Estado miembro introduce excepciones adicionales al amparo de las posibilidades previstas en la directiva, la normativa europea no es suficientemente precisa para justificar por sí sola que se deje sin efecto una disposición nacional contraria. Una interpretación distinta, advierte, permitiría a los jueces inaplicar las normas internas mediante las que cada país ha establecido excepciones al principio de exoneración contemplado en la legislación comunitaria.
La controversia también gira en torno al principio de proporcionalidad. La pareja afectada considera que impedir la cancelación de todas sus deudas por mantener obligaciones tributarias pendientes constituye una medida excesiva. Hacienda, por su parte, defiende que la legislación vigente no permite establecer excepciones por ese motivo.
Sobre esta cuestión, De la Tour señala que corresponde al juez nacional valorar si la restricción es proporcionada, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional superior competente. Asimismo, apunta que la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en España sobre esta materia pone en duda que resulte imposible interpretar la legislación nacional de una manera compatible con las exigencias europeas.
El abogado general recuerda que las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus órganos judiciales, deben procurar interpretar el Derecho nacional de conformidad con la directiva comunitaria siempre que sea posible. El objetivo de esta norma es facilitar la cancelación de las deudas que resultan impagables y permitir que las personas afectadas puedan recuperar su estabilidad económica.
Las conclusiones presentadas por el abogado general no son vinculantes para el TJUE, aunque suelen servir de referencia para la sentencia definitiva. Por tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid deberá esperar al pronunciamiento del tribunal europeo para determinar cómo resolver el caso.
El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha aprobado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida se formalizó mediante una orden ministerial publicada ayer, después de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que contemplaba la creación de una nueva autoridad supervisora.
El nuevo Consejo pretende convertirse en un espacio estable de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con un marco normativo propio que permita coordinar sus actuaciones de manera permanente y estructurada, según explica el Ejecutivo.
Entre sus principales cometidos figura impulsar la cooperación entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También promoverá la aplicación de sanciones financieras internacionales y facilitará el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, tanto entre las administraciones y los sujetos obligados como entre estos últimos.
Asimismo, el órgano podrá elaborar informes, guías y recomendaciones para identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de prevención, además de plantear a las autoridades nuevas iniciativas, medidas y prioridades destinadas a reforzar su eficacia.
La orden ministerial establece que el Pleno estará integrado por un presidente y 21 vocales, y deberá reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez integrantes y crear comisiones técnicas para abordar tareas específicas, especialmente las relacionadas con el intercambio de información estratégica y operativa. Economía ha fijado un plazo máximo de un mes para constituir este órgano, por lo que su primera reunión está prevista antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De este modo, el Gobierno pretende poner en marcha el mecanismo de cooperación antes de la cita electoral.
La creación del Consejo no debe confundirse con la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo diferente cuya puesta en marcha estaba contemplada en el anteproyecto de ley antiblanqueo. La iniciativa legislativa también preveía ampliar el número de sujetos obligados a cumplir las normas de prevención, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes de fútbol.
Según fuentes gubernamentales, la creación de la Anifi, concebida para concentrar las competencias de supervisión, inspección y sanción en materia de blanqueo de capitales en España, ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada del anteproyecto. No obstante, el Ministerio de Economía podría retomar la iniciativa si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo después de los comicios. En cualquier caso, el Gobierno que se forme tras las elecciones deberá adaptar la legislación española al paquete europeo de medidas contra el blanqueo de capitales, aprobado en 2024. El plazo límite para completar la transposición de las disposiciones que lo requieran finaliza el 10 de julio de 2027.
El Gobierno ha anunciado nuevas medidas fiscales para el sector agrario de cara a 2027, entre las que destaca una reducción general del 10% del rendimiento neto en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas, junto con deducciones específicas por la compra de gasóleo agrícola y fertilizantes.
Bajo el lema «Producimos tu comida; merecemos vivir de nuestro trabajo», agricultores y ganaderos españoles volverán a salir a la calle el próximo miércoles 28 de octubre con una gran tractorada en Madrid. La movilización pretende visibilizar el malestar del sector ante la acumulación de dificultades que comprometen la viabilidad de numerosas explotaciones. Entre los principales problemas figuran el encarecimiento de los costes de producción por la subida de los precios de la energía, la amenaza de recortes en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), los bajos precios que perciben los productores y la falta de garantías de reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países. A estas preocupaciones se suman las crecientes exigencias burocráticas, que, según denuncian las organizaciones agrarias, incrementan la carga administrativa y restan tiempo a las labores productivas.
En este contexto, las principales organizaciones del campo consideran insuficiente la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola para compensar el aumento de los costes. Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado nuevos incentivos fiscales dirigidos al colectivo, con el que mantiene una relación marcada por las discrepancias. El Gobierno ha intentado distanciarse de algunas decisiones de Bruselas, especialmente de los posibles recortes de la PAC, para acercar sus posiciones a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos.
El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, abrió ayer el periodo de información pública del proyecto de orden que regulará el sistema de módulos del IRPF para 2027. La propuesta contempla, según informó el departamento, reducciones fiscales extraordinarias para las actividades agrícolas y ganaderas.
Entre las medidas previstas figura una rebaja general del 10% del rendimiento neto aplicable a todas las actividades agrarias en el IRPF, frente al 5% establecido para el resto de actividades económicas. Además, se plantea una reducción del 35% por la adquisición de gasóleo profesional y del 15% por la compra de fertilizantes, dos insumos esenciales para el desarrollo de la actividad agraria cuyos precios se han visto afectados por el encarecimiento de la energía y la inestabilidad en Oriente Próximo, agravada por el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz.
Según las estimaciones del Gobierno, estos incentivos supondrán una reducción de aproximadamente 860 millones de euros en la base imponible del IRPF. El objetivo es aliviar la presión económica sobre las explotaciones agrarias y compensar parcialmente el impacto que la subida de los precios del gasóleo y los fertilizantes está teniendo en su rentabilidad como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según explicó el Ministerio de Agricultura.
Las medidas podrían beneficiar a unos 800.000 agricultores y ganaderos que tributan en el IRPF mediante el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El anuncio llega menos de una semana antes de la tractorada convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones en Madrid, en un contexto marcado también por la proximidad de unas elecciones que serán determinantes para el futuro político, económico y social de España.
Los nuevos incentivos fiscales dan continuidad a las medidas extraordinarias aplicadas desde 2022 para hacer frente a distintas crisis que han afectado al sector. Agricultura recordó que las reducciones previstas para 2026 siguen una línea similar a las aprobadas en 2022, 2023 y 2024 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la sequía sobre las explotaciones. Ahora, el conflicto en Oriente Próximo vuelve a presionar los costes agrarios y alimenta el riesgo de nuevas tensiones inflacionistas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido una de sus principales promesas electorales con la aprobación de la Ley de Defensa del Contribuyente, destinada a simplificar los trámites tributarios y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La iniciativa, anunciada antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ha recibido este jueves el respaldo definitivo de la Asamblea de Madrid, con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierda.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se limitará a los tributos cedidos por el Estado. Su ámbito de aplicación comprende los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de las tasas relacionadas con el juego.
Entre las principales novedades figura la fijación de un plazo máximo de tres meses para que la Hacienda autonómica responda a las solicitudes de los ciudadanos. Asimismo, la ley refuerza la atención a las reclamaciones mediante la creación de una nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y contará con mayores recursos técnicos y plazos de respuesta definidos.
Este organismo dispondrá de 15 días hábiles para contestar a las quejas relacionadas con demoras injustificadas, problemas con los servicios electrónicos o un trato inadecuado por parte de la Administración tributaria.
El texto incorpora también medidas de cortesía institucional. Entre ellas, establece que la Administración regional deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado los derechos de un contribuyente. Del mismo modo, tendrá que agradecer la colaboración de los ciudadanos cuando una inspección concluya sin regularizaciones ni sanciones, según ha explicado el Gobierno madrileño.
La ley pretende garantizar que los derechos de los contribuyentes se traduzcan en una protección efectiva en sus relaciones con la Administración. Para ello, contempla la posibilidad de obtener respuestas por escrito y con carácter vinculante a las consultas tributarias, con el objetivo de aportar mayor certeza sobre la aplicación de la normativa.
Además, la Hacienda autonómica ofrecerá gratuitamente la elaboración de autoliquidaciones a quienes lo soliciten y prestará asistencia durante los trámites de presentación y pago de los impuestos. Los ciudadanos también podrán acceder a la información de sus expedientes a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta fiscal personalizada.
El Tribunal Supremo ha determinado que las ganancias patrimoniales obtenidas por una herencia yacente, es decir, aquella que todavía está pendiente de aceptación o rechazo, deben declararse en el IRPF de las personas designadas como herederas, aunque aún no puedan aceptar la herencia ni hayan adquirido los bienes que la integran. En una sentencia del pasado 2 de julio, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación interpuesto contra una resolución dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El caso se remonta a enero de 2013, cuando falleció una mujer que había nombrado herederos a dos sobrinos por partes iguales. El testamento establecía un plazo de seis años durante el cual ninguno de ellos podía aceptar la herencia. Sin embargo, en 2014, la gestión y venta de los activos hereditarios generó una ganancia patrimonial de 1,4 millones de euros, de la que correspondían algo más de 700.000 euros a cada sobrino.
Uno de ellos declaró su parte de las ganancias en el IRPF de 2014, pero más adelante solicitó la devolución del importe pagado. Argumentó que todavía no tenía la condición de heredero a efectos fiscales y que esas ganancias debían tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones una vez transcurrido el plazo fijado en el testamento. La Agencia Tributaria rechazó su solicitud y, además, le impuso una sanción de 23.400 euros.
El contribuyente defendía que no podía ser considerado heredero hasta que concluyeran los seis años establecidos por la testadora. Por ello, entendía que no debían atribuírsele ganancias procedentes de bienes que aún no había adquirido. También alegaba que someter esos rendimientos al IRPF podía dar lugar a una doble imposición con el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
El Supremo señala que la normativa del IRPF excluye a las herencias yacentes como contribuyentes de este impuesto, pero diferencia entre la condición de heredero a efectos fiscales y la adquisición efectiva de los bienes hereditarios. Así, aunque una persona designada como heredera a término no pueda aceptar la herencia hasta la fecha prevista en el testamento, su nombramiento permite atribuirle fiscalmente las rentas generadas por el patrimonio hereditario durante ese periodo. En consecuencia, el hecho de que la aceptación de la herencia esté temporalmente impedida no exime de tributar en el IRPF por las ganancias obtenidas con la gestión de los bienes que forman parte de ella.
La Sala considera, además, que el IRPF y el impuesto sobre sucesiones y donaciones gravan hechos imponibles diferentes. El primero recae sobre las rentas y ganancias generadas por la administración del patrimonio mientras permanece en situación de herencia yacente, mientras que el segundo grava la adquisición de bienes y derechos por causa de herencia.
Por este motivo, el Tribunal Supremo descarta que exista la doble imposición denunciada por el contribuyente, ya que, cuando se imputaron las ganancias en el IRPF, todavía no se había producido el devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivado de la adquisición de los bienes hereditarios. La sentencia fija así el criterio jurisprudencial de que las rentas generadas por una herencia yacente deben atribuirse en el IRPF a las personas instituidas herederas, incluidos quienes hayan sido designados para heredar a partir de una fecha determinada, aunque todavía no haya llegado ese momento y no hayan adquirido formalmente los bienes o derechos hereditarios.
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