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(Expansión, 27-10-2025) | Laboral

El 96% de los ejecutivos españoles aumentará su plantilla en los próximos tres años

El 96% de los consejeros delegados (CEO) en España prevé aumentar su plantilla durante los próximos tres años, según revela la undécima edición del informe 'KPMG 2025 CEO Outlook'. Este estudio, basado en las respuestas de 1.350 directivos -50 de ellos españoles-, detalla que un 38% de los CEO nacionales planea ampliar su plantilla en más de un 6%. En cuanto a las ventas, el 76% espera incrementarlas al menos un 2,5% en ese mismo periodo, cifra que supera en quince puntos la media global. No obstante, este panorama optimista se ve atenuado por un contexto internacional incierto. El informe señala que el 84% de los ejecutivos siente una mayor presión para garantizar el crecimiento a largo plazo de sus compañías debido a la creciente complejidad del entorno económico y político. De hecho, el 70% de los CEO españoles considera que los conflictos geopolíticos podrían afectar negativamente a sus negocios -el porcentaje más alto entre los países analizados-. Asimismo, tres de cada cuatro manifiestan preocupación por la integración efectiva de la inteligencia artificial (IA), la formación de los empleados, las exigencias regulatorias, la ciberdelincuencia y el aumento de los costes operativos. El presidente de KPMG España, Juanjo Cano, subrayó que "los CEO españoles están inquietos por el impacto de los cambios geopolíticos, tecnológicos, macroeconómicos y regulatorios en la estabilidad y competitividad de sus empresas", lo que, según él, "obliga a replantear las estrategias y prioridades de inversión para asegurar la sostenibilidad a largo plazo". En materia de inversión, los directivos priorizan tres áreas principales: el cumplimiento normativo y las obligaciones de reporte (40%), la integración de la IA en los procesos operativos (36%) y la ciberseguridad y resiliencia frente a los riesgos digitales (34%). Además, el 82% de los CEO españoles espera obtener retorno de las inversiones en IA en los próximos tres años, casi el triple que en la edición anterior del estudio, según informa Europa Press. En cuanto a la implementación de la inteligencia artificial, el 86% de los directivos considera que la experimentación de los empleados es clave, y destaca la importancia de la transparencia y la comunicación abierta sobre el impacto de la IA. De hecho, seis de cada diez aseguran que ya informan a sus equipos sobre cómo esta tecnología puede afectar sus funciones. Respecto al impacto de la IA en el empleo, el 70% de los CEO españoles indica que está rediseñando los puestos y trayectorias profesionales para adaptarlos al uso de esta tecnología. Asimismo, el 66% se centra en retener y capacitar al talento interno, mientras que el 62% busca incorporar nuevos perfiles especializados en IA y tecnología. Los directivos también muestran inquietud por los cambios demográficos y del mercado laboral, especialmente por el envejecimiento de la población activa, un factor que, según cuatro de cada diez ejecutivos, impactará en las contrataciones, la retención de talento y la cultura corporativa. Finalmente, en materia de sostenibilidad, el 82% de los CEO españoles considera que esta es fundamental para la continuidad del negocio, y el mismo porcentaje confía en alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2030, situándose 21 puntos por encima de la media global.

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(El País, 27-10-2025) | Laboral

La tasa de paro sube al 10,4% en el tercer trimestre pese a registrarse un récord en el número de ocupados

Durante el tercer trimestre del año, España experimentó un aumento simultáneo del empleo y del desempleo. Entre julio y septiembre, el país registró 118.400 nuevos ocupados, pero también 60.100 personas más en paro, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este avance, el número total de trabajadores alcanza un máximo histórico de 22,39 millones, mientras que el total de desempleados se sitúa en 2,61 millones. Se trata de la mejor cifra en un tercer trimestre desde 2007, aunque el ligero repunte del desempleo eleva la tasa de paro al 10,45%, frente al 10,29% del trimestre anterior. El aumento se debe principalmente al incremento del paro entre mujeres (del 11,5% al 12,1%), mientras que entre los hombres desciende al 8,9%. Aun así, el desempleo español sigue siendo casi el doble del promedio europeo (5,9%). El récord de ocupación se explica por el crecimiento demográfico y la expansión económica, en un contexto donde el FMI prevé un crecimiento del PIB del 2,9% para 2025. El Ministerio de Economía subrayó que las cifras reflejan "el dinamismo del mercado laboral", destacando que la población activa superó por primera vez los 25 millones de personas, tras sumar 178.500 nuevos activos en el trimestre. Sin embargo, la creación de empleo fue más moderada que en años anteriores: en el tercer trimestre de 2023 se generaron 188.100 empleos y en 2022 fueron 138.300. De hecho, la cifra de este año es la más baja desde 2019. En la última década, el crecimiento medio del empleo en este periodo ha sido del 0,88%, frente al 0,53% registrado ahora. Aun así, en comparación interanual, España suma 564.000 ocupados más. Por sectores, el mayor incremento de empleo se dio en sanidad y servicios sociales (+112.700), seguido de administración pública (+47.500), actividades artísticas y recreativas (+35.700), industria manufacturera (+33.600) y construcción (+32.600). En cambio, el sector educativo sufrió su habitual descenso estacional (-174.400) durante el verano, al igual que información y comunicaciones (-39.100), empleo doméstico (-23.500) y agricultura (-17.400). Si se analizan los datos en perspectiva anual, la industria manufacturera encabeza la creación de empleo con 123.000 nuevos puestos, seguida de las actividades administrativas (+114.500), el comercio (+97.600), la construcción (+77.900) y la sanidad (+48.900). Por el contrario, los sectores que más empleo perdieron fueron el doméstico (-52.900), la hostelería (-30.800), información y comunicaciones (-19.900) y la administración pública (-11.200). El crecimiento del empleo presenta también una clara brecha de género: el 90% de los nuevos puestos fueron ocupados por hombres (107.000), frente a 11.400 mujeres. Esto se relaciona con el descenso en educación -sector mayoritariamente femenino- y el aumento en ramas más masculinizadas, como la industria y la construcción. También destaca el peso de los trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad, que representan nueve de cada diez nuevos empleos: el 59% de los nuevos puestos corresponden a personas con doble nacionalidad, el 32% a extranjeros y solo el 9% a españoles. En cuanto a los autónomos, su número se redujo ligeramente hasta 3,27 millones, frente a los 3,28 millones del trimestre anterior, una caída mucho menor que la de 2023, cuando se perdieron 88.000 en el mismo periodo. En términos interanuales, los autónomos crecen un 3,9%, por encima del 2,9% de aumento general del empleo, aunque su peso relativo baja hasta el 14,6% del total de ocupados. Por el lado del desempleo, la EPA refleja un incremento de 60.100 parados, lo que sitúa el total en 2,6 millones, la cifra más baja para un tercer trimestre desde 2007, pese al repunte. Tradicionalmente, en esta época del año el paro disminuía -hasta 200.000 personas menos de media antes de 2019-, pero desde entonces la tendencia ha cambiado. En 2022 y 2023 el número de desempleados también creció, incluso en ejercicios con fuerte creación de empleo. Este año, el sector que más parados aporta es la educación (+72.400), seguido por quienes buscan su primer empleo (+49.500). En contraste, el paro bajó entre quienes llevan más de un año sin trabajar (-48.900) y en sectores como la hostelería (-20.600). Como resultado, la tasa de paro aumenta ligeramente del 10,29% al 10,45%, un comportamiento opuesto al de 2023, cuando descendió, pero en línea con los dos años anteriores. Aun así, mejora respecto al 11,21% de hace un año. La brecha de género se amplía: el paro femenino sube del 11,5% al 12,1%, mientras que el masculino baja al 8,97%, el nivel más bajo desde 2008. Por edades, los mayores aumentos se dan entre los jóvenes de 20 a 24 años (22,65%) y los grupos de 30 a 39 años, donde el desempleo también crece. Por comunidades autónomas, se mantiene la tradicional división norte-sur: las tasas más altas se registran en Andalucía (15,27%), Canarias (14,59%) y Extremadura (13,56%); mientras que las más bajas corresponden a Navarra (7,29%), Euskadi (6,98%) y Baleares (5,77%). En el caso del archipiélago, sin embargo, la cifra tiende a repuntar con fuerza en la temporada baja turística, cuando puede alcanzar el 15%.

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(El Economista, 27-10-2025) | Laboral

El peso de los trabajadores por cuenta propia desciende

La proporción de trabajadores autónomos dentro del conjunto de la población ocupada en España ha alcanzado en 2025 su nivel más bajo desde que existen registros. Desde 2012 -año en que comenzaron a publicarse los primeros datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)-, el peso de este colectivo ha descendido 2,38 puntos porcentuales: hace trece años los autónomos representaban cerca del 20% del total de trabajadores, mientras que en septiembre de este año su participación ha caído hasta el 15,73%. Este retroceso se produce en un momento especialmente sensible para las cuentas del RETA, cuyo déficit ha aumentado un 18% interanual, justo cuando el Gobierno ha visto bloqueado su intento de incrementar de forma generalizada las cuotas al colectivo. A pesar de que en términos absolutos el número de autónomos ha crecido -alcanzando los 3,41 millones de afiliados en septiembre-, su evolución es mucho más moderada que la del empleo asalariado. Los trabajadores por cuenta ajena ya suman 21,6 millones, por lo que la proporción de autónomos dentro del total sigue reduciéndose. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, el número de autónomos cayó en 10.500 personas. En paralelo, los ingresos por cotizaciones del RETA muestran un ligero descenso del 0,7% interanual hasta agosto, pese al aumento de afiliados y de las bases mínimas de cotización respecto a 2024. Según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social, se han recaudado 8.063,91 millones de euros hasta agosto, el 64% de los 12.037,96 millones previstos para todo el año. La ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) atribuye parte de esta caída a cambios en las bases de cotización de los autónomos societarios, aunque desde el Ministerio señalan que la recaudación "permanece estable" y que será necesario esperar al cierre del ejercicio para una valoración definitiva. La reforma del sistema de cotización de los autónomos, aprobada en 2021 bajo el mandato del exministro José Luis Escrivá, fue uno de los pilares de la reforma de pensiones. Su propósito era que los autónomos cotizaran en función de sus ingresos reales, aumentando así los recursos del sistema y reduciendo el déficit contributivo. Sin embargo, desde la puesta en marcha del nuevo modelo, el déficit del RETA -la diferencia entre las cotizaciones ingresadas y el gasto en pensiones- no ha dejado de crecer. En 2022, antes de la reforma, el sistema registró un déficit de 3.913 millones de euros. En 2023, ya con el nuevo esquema, ascendió a 5.866 millones, y en 2024 alcanzó los 5.879 millones. Hasta agosto de 2025, el déficit se sitúa en 4.148 millones, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior. Aunque los ingresos se han mantenido relativamente estables desde la entrada en vigor del nuevo modelo, el gasto en jubilaciones de los autónomos ha crecido de forma constante: de 15.446 millones en 2022 a 18.056 millones en 2024, según datos del Ministerio de Seguridad Social. La patronal prevé que la recaudación mejore gradualmente conforme avance la implantación completa del sistema de cotización por ingresos reales. Este gasto seguirá aumentando en los próximos años, ya que para 2027 se estima que más de medio millón de autónomos (569.214) estarán en edad de jubilación -189.300 ya superan los 64 años y 379.914 se encuentran entre los 60 y 64-. En paralelo, el Ministerio y los agentes sociales mantienen abierta la negociación de las tablas de cotización del RETA para 2026. Las conversaciones se han visto tensionadas por el malestar de las organizaciones y sindicatos, tras la decisión del Gobierno de limitar la subida de las cuotas por debajo del IPC. La nueva propuesta reduce el incremento de las bases mínimas desde el 35% inicial a solo un 2,5% para los autónomos con mayores ingresos. Además de la discusión sobre las bases de cotización -cuyo objetivo es lograr que los autónomos coticen por ingresos reales en 2032-, las asociaciones reclaman mejoras en la protección social antes de cerrar un acuerdo. La ATA, por ejemplo, condiciona su apoyo a que el Ministerio de Seguridad Social refuerce la prestación por cese de actividad y extienda el subsidio para mayores de 52 años al colectivo autónomo. No obstante, estas medidas dependen del Ministerio de Trabajo, y no del departamento dirigido por Elma Saiz.

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(El Economista, 27-10-2025) | Laboral

El porcentaje de trabajadores que realizan horas extraordinarias cae por debajo del 5%

El tiempo de trabajo se ha convertido en uno de los temas centrales tanto para los agentes sociales como para el Ministerio de Trabajo durante los últimos dos años. Entre los asuntos prioritarios se encuentra el control de las horas extraordinarias, un aspecto que la ministra Yolanda Díaz quiere reformar mediante cambios en el registro de jornada. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el porcentaje de empleados que permanecen en su puesto más allá de su horario laboral ha caído hasta el 4,68%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora esta encuesta trimestralmente, muestran que esta proporción se ha mantenido estable en torno al 5% desde 2018, año previo a la entrada en vigor de la norma que obliga a todas las empresas y administraciones públicas a registrar la hora de entrada y salida de sus trabajadores. Dentro de esta tendencia, se repite un patrón estacional: el número de empleados que realizan horas extra suele descender durante los meses de verano (julio, agosto y septiembre). En 2025 la situación se ha repetido. Mientras que entre abril y junio un millón de personas afirmaron haber trabajado más allá de lo estipulado en su contrato, en el tercer trimestre esa cifra bajó a 985.000, lo que representa una minoría frente a los más de 18 millones de empleados que aseguran cumplir con su jornada. La mayoría de los trabajadores indica que estas horas adicionales sí son compensadas. En el tercer trimestre se realizaron cerca de seis millones de horas extra semanales, de las cuales 4,1 millones fueron pagadas y el 30% restante (1,8 millones) no tuvo compensación económica. El Estatuto de los Trabajadores establece un límite de 80 horas extraordinarias anuales si no son compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes. Este tope ha sido cuestionado por sectores como la construcción, que reclaman una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, argumentando que las horas extra siempre deben realizarse de forma voluntaria. El Ministerio de Trabajo ha rechazado modificar este límite durante las negociaciones sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, pese a las peticiones de las patronales nacionales y de la catalana Pimec, con la que el Ejecutivo buscaba acercar posturas con Junts. En su lugar, el ministerio ha puesto el foco en la reforma del registro horario como herramienta principal para controlar el exceso de horas trabajadas. El Gobierno retomará esta parte del proyecto de ley que quedó pendiente mediante un reglamento que ya ha pasado por audiencia pública y aguarda los informes del Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y otros organismos antes de ser aprobado en Consejo de Ministros. La intención de Díaz es que entre en vigor a comienzos del próximo año. La nueva norma prevé un registro digital, más detallado y accesible, que permita diferenciar horas ordinarias y extraordinarias, registrar interrupciones de la desconexión digital y facilitar el acceso remoto de la Inspección de Trabajo. Las organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por los riesgos de seguridad que podría implicar un sistema abierto de este tipo y advierten de posibles conflictos legales: consideran que el Gobierno estaría endureciendo las exigencias del registro mediante un reglamento, cuando la ley solo permite hacerlo en casos concretos. La CEOE ya ha anunciado su intención de recurrir la medida, al igual que planea hacerlo con el decreto del salario mínimo (SMI). Por su parte, los sindicatos llevan meses presionando al Ejecutivo para que apruebe cuanto antes estos cambios y participan activamente en la redacción del texto. Sin embargo, la UGT está a la espera de la resolución de la demanda presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, con la que busca obligar a España a pagar las horas extraordinarias con un recargo respecto a la hora ordinaria. El sindicato, liderado por Pepe Álvarez, propone que las horas extra se remuneren con al menos un 25% adicional, aunque esta medida no ha sido incorporada a ninguna mesa de diálogo. A diferencia de otros países europeos, la legislación española únicamente exige que estas horas se paguen como mínimo al mismo valor que las ordinarias.

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(El Economista, 27-10-2025) | Laboral

Los funcionarios inician las movilizaciones para lograr una subida salarial en 2025

Los funcionarios inician esta semana una serie de movilizaciones con el objetivo de exigir la subida salarial correspondiente a 2025 antes de que termine el año. Estas protestas tienen lugar apenas unos días después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destituyera a su hasta entonces número dos, Carla Mapelli, y nombrara en su lugar a Consuelo Sánchez Naranjo como nueva secretaria de Estado de Función Pública. Hace dos semanas, los sindicatos mayoritarios del sector público -UGT, CCOO y CSIF, que representan a más del 80% de los empleados públicos- anunciaron que el 30 de octubre comenzarían las protestas frente a las subdelegaciones del Gobierno y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid. El motivo principal es la congelación salarial que afecta este año a los trabajadores públicos tras la finalización del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. El Gobierno pretende vincular el nuevo incremento salarial a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que complica las negociaciones debido a la falta de apoyos parlamentarios para aprobar las cuentas de 2026. Esta postura choca con la de los sindicatos, que sostienen que el aumento puede aplicarse sin necesidad de aprobar los Presupuestos, siempre que cuente con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, encargado de autorizar la partida adicional para hacer efectiva la subida. Además, el Ministerio tiene pendiente la renovación del Acuerdo Marco para los próximos tres años. En el marco de esta negociación, los representantes sindicales reclamarán reforzar las plantillas, eliminar la tasa de reposición y reducir la temporalidad en la Administración. Precisamente, la temporalidad fue motivo de debate en el Congreso la semana pasada, cuando Sumar y el PSOE votaron de forma diferente ante una propuesta de Podemos para convertir en fijos a unos 900.000 empleados públicos con contratos temporales prolongados o en situación de abuso. El PSOE votó en contra, alegando que vulneraría los principios constitucionales de mérito y capacidad, mientras que Sumar apoyó la medida junto a ERC, Bildu, Junts, BNG y Compromís. Finalmente, la propuesta fue rechazada por la abstención de PP y Vox. En paralelo, el Abogado General de la Unión Europea dictaminó recientemente que las indemnizaciones por abuso de temporalidad en España son insuficientes, aunque rechazó la idea de convertir automáticamente en fijos a los interinos. Se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su sentencia definitiva en los próximos meses. Actualmente, la temporalidad en el empleo público español alcanza el 32,8%, frente al 8% que marca la media europea. Las movilizaciones coinciden también con los cambios internos en Función Pública, tras la salida de Carla Mapelli, quien había llegado al cargo de la mano de José Luis Escrivá. Según fuentes de elEconomista.es, su destitución estaría relacionada con la falta de consenso en la negociación de la Oferta de Empleo Público, aprobada el pasado julio sin el apoyo sindical. La nueva secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo, cuenta con una amplia trayectoria en la Administración, habiendo ocupado cargos como la Subsecretaría de Sanidad y Política Social, la Secretaría General para la Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. Desde su nombramiento, Sánchez Naranjo asume la tarea de negociar directamente con los sindicatos temas clave como la subida salarial, el nuevo acuerdo para el personal laboral o la reactivación de la jubilación parcial, actualmente bloqueada tras los cambios introducidos por la reforma del sistema de jubilaciones. Esta modalidad de jubilación fue eliminada en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero el anterior Acuerdo Marco contemplaba su recuperación. No obstante, la tramitación parlamentaria se encuentra estancada en el Congreso, donde la ponencia se constituyó el pasado septiembre y todavía debe superar varias fases antes de someterse a votación en el Pleno, a propuesta del Partido Popular.

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(El Economista, 27-10-2025) | Laboral

La insatisfacción laboral es la segunda causa de absentismo, tras la enfermedad

El absentismo laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para las empresas españolas, y conocer las causas que lo provocan resulta esencial para poder implementar estrategias que reduzcan las ausencias injustificadas. En esta línea, Adecco ha publicado el IV Barómetro Adecco Outsourcing sobre Productividad y Eficiencia, cuyos resultados revelan que la enfermedad común es la principal causa de absentismo, señalada por el 50,8% de los encuestados. Le siguen la insatisfacción laboral (33,9%), la falta de motivación o estímulos (30,6%) y la rotación de personal (24,6%). Actualmente, la rotación laboral en las empresas españolas se sitúa entre el 10% y el 20%, lo que refleja que una parte importante de los trabajadores no encuentra en sus empleos la estabilidad ni el compromiso necesarios para mantener una asistencia constante. Aunque las bajas médicas son un motivo legítimo de ausencia, preocupa que factores ligados al descontento o la desmotivación tengan un peso creciente en el absentismo. En cuanto a la gestión de las ausencias, el estudio muestra que el 65% de las empresas opta por cubrir las bajas, un porcentaje que ha aumentado seis puntos respecto al año anterior. Dentro de este grupo, un 20,5% sustituye siempre al trabajador ausente, mientras que un 44,5% lo hace solo si la baja supera los 15 días. Por otro lado, un 33% de las compañías únicamente cubre las ausencias en casos excepcionales, lo que genera sobrecarga laboral entre los compañeros o la paralización temporal de tareas. Las empresas de entre 250 y 1.000 empleados del sector hostelero son las que más tienden a cubrir las vacantes de forma inmediata. En situaciones de picos de trabajo, el 41,9% de las compañías recurre a las horas extra, aunque este recurso ha caído 4,7 puntos en comparación con 2024. Otras alternativas son la reubicación de personal interno previamente formado (25,8%) o la contratación directa o a través de agencias externas (23,7%), que también experimenta un ligero descenso interanual. Solo un 8,6% afirma no registrar aumentos puntuales de carga laboral. El informe también evidencia una mayor concienciación empresarial sobre la eficiencia y la optimización de procesos. En concreto, el 59,8% de las empresas declara haber adoptado metodologías específicas para eliminar tareas que no aportan valor, un incremento notable de 27,7 puntos porcentuales respecto al año pasado (cuando el dato era del 32,1%). Otro 29,2% de las compañías está valorando su implantación, mientras que solo un 11,1% considera innecesario aplicar este tipo de herramientas. Por tamaño, las empresas medianas y grandes (de 50 a 1.000 empleados) son las que más utilizan este tipo de sistemas para mejorar la eficiencia operativa, frente a las de menor dimensión, donde su implementación es mucho más limitada. Otro aspecto destacado es el crecimiento de la presencia internacional. En 2025, el 56,8% de las empresas españolas cuenta con filiales o matrices en el extranjero, lo que supone un aumento de 26,6 puntos respecto al año anterior. Los sectores industrial, tecnológico y audiovisual lideran este avance, siendo también los más proclives a vincular la retribución de sus empleados a la productividad. En cuanto a la percepción comparativa, el 51,7% de los encuestados considera que la productividad en otros países es similar a la española, mientras que un 32,3% la percibe superior y un 16,1% opina que está por debajo de la media nacional.

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(Expansión, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

China afirma haber alcanzado "acuerdo preliminar" con EEUU tras las negociaciones comerciales

El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, afirmó este domingo que Pekín y Washington han logrado un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones celebradas en Kuala Lumpur, ciudad a la que arribó hoy el presidente estadounidense, Donald Trump. Según declaraciones difundidas por la agencia Xinhua, Li -quien también ocupa el cargo de viceministro de Comercio- explicó que ambas delegaciones alcanzaron un entendimiento inicial y exploraron "propuestas adecuadas para atender las preocupaciones mutuas" en el marco de unas conversaciones que calificó de "constructivas". "El siguiente paso será que cada parte complete sus respectivos procedimientos internos de aprobación", señaló el funcionario, quien añadió que Estados Unidos mantuvo una postura "firme" durante las discusiones, mientras que China "defendió con determinación" sus propios intereses. Aunque no precisó los detalles del "acuerdo preliminar", Li indicó que el diálogo abarcó "una amplia gama de temas". Entre ellos mencionó los controles a las exportaciones -especialmente las relacionadas con las tierras raras-, la posible extensión de la suspensión mutua de aranceles, los impuestos vinculados al fentanilo y la cooperación antidrogas en torno a dicha sustancia. Asimismo, las delegaciones abordaron la posibilidad de "ampliar aún más" el comercio bilateral y revisaron las medidas estadounidenses sobre las tarifas portuarias aplicadas a los buques chinos. Horas antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que ambas partes habían sentado "bases muy sólidas" con vistas al encuentro entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, previsto para el próximo 30 de octubre en Corea del Sur. La segunda jornada de las conversaciones económicas y comerciales coincidió con la llegada de Trump a Kuala Lumpur, primera escala de su gira por Asia, que también incluirá visitas a Japón y Corea del Sur. El objetivo central del viaje es el esperado encuentro con Xi, según informó la agencia Efe. Estas negociaciones se desarrollan en un contexto de tensión creciente, luego de que China impusiera a mediados de octubre nuevas restricciones al comercio de tierras raras, un sector que domina a nivel mundial. En respuesta, Trump amenazó con aumentar hasta el 100 % los aranceles a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

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(Expansión, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La CE trabaja en un plan para asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este sábado que el Ejecutivo comunitario está elaborando un plan destinado a garantizar el acceso a fuentes alternativas de materias primas críticas. "Hoy puedo confirmar que estamos desarrollando un nuevo plan llamado RESourceEU, inspirado en la iniciativa REPowerEU, que nos permitió superar juntos la crisis energética tras el corte del suministro de combustibles fósiles por parte de (Vladimir) Putin. Su propósito es asegurar el acceso a fuentes alternativas de materias primas esenciales", declaró Von der Leyen durante su intervención en el Berlin Global Dialogue, celebrado en la capital alemana. La presidenta de la CE explicó que esta propuesta busca apoyar a las industrias europeas frente a un nuevo contexto geoeconómico, en el que algunos países emplean las cadenas de suministro, los aranceles y otras herramientas no comerciales como instrumentos de presión. Von der Leyen hizo referencia, en particular, a la decisión del Gobierno chino del pasado 9 de octubre de restringir la exportación de tecnologías vinculadas a las tierras raras. Calificó esa medida como "un riesgo considerable", ya que dificulta el desarrollo de industrias de este tipo en otros países. "Si tenemos en cuenta que más del 90 % de los imanes de tierras raras que utilizamos provienen de China, resulta evidente el peligro que esto supone para Europa y para sectores industriales estratégicos como el automovilístico, el de motores, la defensa, la aeronáutica, la inteligencia artificial y los centros de datos", señaló, según informó la agencia Efe. Por este motivo, Von der Leyen explicó que el nuevo plan europeo pretende ofrecer soluciones a corto, medio y largo plazo para diversificar el suministro de materias primas críticas. Entre las medidas contempladas, mencionó el refuerzo del diálogo con China, el impulso al reciclaje de estos materiales dentro de Europa y la aceleración de acuerdos con países como Ucrania, Canadá, Kazajistán, Uzbekistán, Chile y el territorio autónomo danés de Groenlandia. En relación con China, la presidenta subrayó que, aunque el bloque comunitario busca mantener la cooperación, también está "preparado para emplear todas las herramientas disponibles para responder si fuera necesario".

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(El País, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El importe medio del arrendamiento en España ha crecido un 33% entre 2013 y 2023

La más reciente edición de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este jueves, vuelve a evidenciar la gravedad del problema del alquiler en España. Según los datos oficiales, el precio medio del arrendamiento aumentó un 33% entre 2013 y 2023, una subida muy superior a la del IPC en el mismo periodo (19,4%). Sin embargo, este incremento resulta incluso moderado si se compara con lo ocurrido en algunos municipios concretos: en Sant Antoni de Portmany (Ibiza), por ejemplo, el alquiler se disparó casi un 71% en solo una década. En 2023, el importe medio de un alquiler superaba los 540 euros en 18 capitales de provincia, es decir, más de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de ese año. A esas capitales se suman las dos ciudades autónomas, aunque el INE no ofrece cifras de las tres capitales vascas ni de Pamplona, que previsiblemente también superarían ese umbral. Si se toma como referencia el 30% del SMI -el límite que fija la Ley de Vivienda para que un hogar se considere asequible-, el panorama es aún más preocupante: ninguna capital de provincia tenía una renta media inferior a 324 euros. En conjunto, el alquiler medio nacional fue de 649 euros mensuales, lo que supone una subida cercana al 5% respecto al año anterior. El INE obtiene estos datos principalmente de fuentes fiscales, como las declaraciones del IRPF, lo que ofrece una visión realista del mercado, aunque con un pequeño sesgo a la baja, ya que divide los ingresos anuales entre 12 meses, incluso cuando el inmueble no estuvo alquilado todo el año. Por eso, las cifras difieren de las que publican los portales inmobiliarios, centrados en los precios de los nuevos contratos. Aun así, todas las fuentes coinciden en una misma conclusión: el alquiler en España se ha vuelto progresivamente inasequible, siguiendo una tendencia similar a la de otros países europeos. Si se amplía el análisis a todas las localidades de más de 20.000 habitantes, excluyendo el País Vasco y Navarra, la situación no mejora: en cuatro de cada diez municipios, el alquiler medio supera el 50% del SMI. Y tomando como referencia el 30%, solo ocho de los 406 municipios permitirían alquilar sin poner en riesgo la estabilidad económica de un trabajador con el salario mínimo. El economista Manuel Alejandro Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), explica que se trata de "un problema redistributivo con un claro componente generacional". Según él, los jóvenes, que son quienes más viven de alquiler, perciben salarios más bajos, mientras que los propietarios suelen pertenecer "al 75% más rico del país". Esto provoca una transferencia de renta desde los hogares con menos recursos hacia los más acomodados, lo que genera graves consecuencias a largo plazo: "Hay una generación que no podrá afrontar ciertos gastos cuando llegue el momento", advierte Hidalgo. Además, alerta de que este desequilibrio puede tener efectos políticos y sociales, ya que "si el sistema exprime constantemente a los de abajo, acabará cuestionado por quienes más sufren". En términos absolutos, los alquileres más altos se concentran en zonas acomodadas del entorno de Madrid y Barcelona o en destinos turísticos. Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 1.131 euros mensuales, y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 1.086 euros, lideran la clasificación. En el extremo opuesto se encuentra Cieza (Murcia), donde el alquiler medio ronda los 303 euros al mes. Las mayores subidas en los últimos diez años se registran en las Islas Baleares, con Sant Antoni (70,9%), Ibiza (69,5%) e Inca (68%) a la cabeza. Otras localidades con incrementos superiores al 60% son Moncada (Valencia), Estepona y Coín (Málaga) o Güímar (Tenerife). Entre las grandes ciudades, Valencia lidera las subidas, con un aumento del 59% en una década, seguida de Málaga (52,8%), Barcelona (40,4%), Madrid (33,8%), Sevilla (31,6%) y Zaragoza (25,5%). Esta última, pese a ello, sigue siendo la más asequible entre las urbes de más de medio millón de habitantes, con una media de 536 euros, frente a los 949 de Barcelona o los 930 de Madrid. Aunque el SMI ha aumentado más de un 60% desde 2018, este avance apenas ha mitigado la dificultad de acceso a la vivienda. En 2019, 24 capitales superaban el 50% del SMI en alquiler, y en 2022 eran 23. La mejora, aunque visible, sigue siendo insuficiente. Como concluye Hidalgo, "si una persona destina la mitad o más de sus ingresos a pagar el alquiler, da igual cuánto suba el salario mínimo: el problema seguirá ahí".

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(El Periódico, 27-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma legal que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una de las reformas legales más importantes de las últimas décadas: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Este proyecto, pendiente desde hace casi quince años, supondrá una transformación profunda del proceso penal español. El texto que el Gobierno enviará al Congreso establece que las investigaciones penales pasarán a ser competencia de los fiscales, en lugar de los jueces de instrucción, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países europeos y que ya se aplica en España en casos de la Fiscalía Europea y en los delitos cometidos por menores. Además, el proyecto incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que desvincula el mandato del fiscal general del ciclo político, y una limitación de la acusación popular, que dejará de poder ser ejercida por partidos políticos y sindicatos, restringiéndose a entidades con un "interés legítimo" en la causa. La nueva norma, que pasará a denominarse Loecrim (al ser ley orgánica), implicará un cambio estructural respecto al sistema actual, vigente desde 1882. Aunque la Lecrim ha sido modificada en múltiples ocasiones, su estructura básica sigue siendo la del siglo XIX. El Ministerio de Justicia, con la colaboración de jueces, fiscales y juristas, lleva años trabajando en este proyecto, que por fin llegará al Parlamento tras numerosos intentos fallidos. El eje central de la reforma es el traslado de la instrucción penal a la Fiscalía. Esta idea ya se contempló en un anteproyecto de 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en otro de 2012, elaborado bajo el mandato de Mariano Rajoy, aunque ninguno llegó a prosperar. El actual texto retoma la propuesta impulsada en 2020 por el entonces ministro Juan Carlos Campo, y que ahora Félix Bolaños ha recuperado para su aprobación definitiva. Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por parte de algunas asociaciones de jueces y fiscales, que cuestionan la oportunidad política del cambio, especialmente porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La coincidencia entre el debate de la ley y el inicio del juicio al fiscal general, previsto para el 3 de noviembre, ha alimentado las suspicacias de quienes acusan al Ejecutivo de querer reforzar el poder de la Fiscalía. Pese a ello, la Loecrim, compuesta por 1.023 artículos, establece que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará al actual fiscal general, que ya ha agotado el límite legal de dos mandatos. El texto prevé que las nuevas competencias de la Fiscalía se apliquen solo a los casos abiertos a partir de esa fecha. Los procedimientos en curso seguirán bajo la dirección judicial. En los nuevos casos, los fiscales dirigirán las investigaciones, mientras que un juez de garantías supervisará las actuaciones más delicadas: decidirá sobre la apertura o archivo de la causa, el secreto de sumario y cualquier medida que afecte a derechos fundamentales, como la prisión preventiva. Este juez también resolverá los recursos contra las decisiones del fiscal, lo que, según el Gobierno, agilizará los procesos al evitar las demoras actuales en las audiencias provinciales. Para adaptar la Fiscalía a sus nuevas responsabilidades, la Loecrim incluye una profunda reforma del EOMF, con el fin de reforzar su independencia y proteger a los fiscales de posibles presiones externas. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), llevaban tiempo reclamando esta modificación, al considerar que la coincidencia del mandato del fiscal general con el del Gobierno afectaba a la percepción de autonomía del Ministerio Público. El nuevo texto rompe ese vínculo: aunque el fiscal general seguirá siendo nombrado por el Gobierno, su mandato de cinco años no renovables quedará independiente de la legislatura. Así, cuando se forme un nuevo Ejecutivo, el fiscal general nombrado por el anterior continuará en su cargo, salvo que incurra en causas de cese tasadas, como incumplimientos graves o reiterados de sus funciones. En este caso, el Gobierno necesitaría un informe previo del CGPJ para proceder a su destitución, lo que pretende reforzar las garantías de independencia del Ministerio Fiscal.

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