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(El Economista, 10-12-2025) | Laboral

El Congreso aprueba la Ley de Economía Social de Díaz con el respaldo de Junts

La Comisión de Trabajo aprobó este martes la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, un proyecto que llevaba más de un año pendiente en el Congreso y que ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, que ha condicionado su voto a garantizar las competencias de Cataluña en esta materia. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, agrupa en un único texto las leyes vigentes de Economía Social, Empresas de Inserción y Cooperativas, y eleva hasta el 15% la cuota de contratación pública reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas. Junts ya había avanzado que permitiría la aprobación de esta ley, puesto que fue negociada con anterioridad a su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, igual que otras cuatro normas (entre ellas, la de Empleo, Movilidad Sostenible, Atención al Cliente y la del sector Cinematográfico). La formación presentó 28 enmiendas al proyecto, que tras superar este trámite será remitido al Senado. PP y Vox votaron en contra, criticando que se deje fuera al sector privado de los Centros Especiales de Empleo. El departamento que dirige Yolanda Díaz celebró la luz verde del Congreso, destacando que la ley modernizará el funcionamiento interno de las cooperativas mediante la incorporación de nuevas tecnologías, permitirá desarrollar planes de igualdad adaptados a estas entidades, impulsará un cooperativismo más dinámico, reforzará la vivienda en cesión de uso, el comercio justo y las comunidades energéticas, incrementará del 10% al 15% la contratación pública reservada y asegurará la existencia de estadísticas actualizadas sobre la Economía Social. Además, el texto -que podría ser vetado por el PP en el Senado y volver al Congreso para una segunda votación- amplía la definición de colectivos vulnerables que pueden acceder a contratos de inserción. El Gobierno ha incorporado de forma expresa a la población gitana y a quienes provengan de procesos de regularización. También concreta con mayor precisión qué entidades integran el tercer sector y la Economía Social.

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(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba una nueva adenda al plan de recuperación que simplifica los objetivos pactados con la UE

En la fase decisiva para asegurar la llegada de los fondos europeos -un proceso que culmina el próximo agosto- el Gobierno ha decidido modificar las condiciones del Plan de Recuperación con el fin de eliminar los obstáculos que dificultaban el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda que flexibiliza las exigencias pendientes para liberar los 25.000 millones de euros en subvenciones aún disponibles del programa Next Generation, al tiempo que renuncia a 60.000 millones en préstamos ventajosos. "El pasado junio, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros revisar sus planes para simplificarlos y agilizar los procedimientos, de modo que se optimizara la llegada y el uso de los fondos", recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar esta actualización, indicando además que otros 22 países están haciendo lo mismo. Según explicó, España ha recibido ya 71.000 millones del programa, de los cuales 55.000 millones son transferencias no reembolsables y 16.000 millones corresponden a créditos en condiciones favorables. El Gobierno estima que esta inyección ha contribuido en 2,6 puntos al crecimiento del PIB. En cuanto a las ayudas a fondo perdido, España ha podido disponer de 55.000 millones de los 79.854 asignados y la adenda busca facilitar el acceso a los 25.000 millones restantes. Paralelamente, el documento formaliza la renuncia al 73% de los 83.154 millones en préstamos que la UE ofrecía, lo que evita tener que cumplir los hitos asociados a ellos. España, que hasta ahora solo había solicitado 16.000 millones, reducirá su petición a 22.800, alegando que estos créditos se concibieron en un momento en el que la pandemia encarecía la financiación nacional en comparación con la europea, diferencia que hoy prácticamente ha desaparecido. Así, estos fondos quedarán como un "colchón de seguridad de carácter nacional", según Cuerpo. El ministro subrayó que España es el segundo país con mayor número de hitos completados -solo por detrás de Italia- con más de 260, la mayoría vinculados a reformas estructurales como la laboral, la Ley Crea y Crece, la normativa de startups o la ley de ciberseguridad 5G. Estas reformas, sostuvo, han permitido que la economía se recupere de la crisis del Covid sin efectos permanentes mientras avanza en modernización. La adenda busca, en palabras de Cuerpo, "adaptar el Plan al nuevo escenario, reforzar las prioridades estratégicas, simplificar trámites y mejorar el aprovechamiento de los fondos". En primer lugar, la actualización -que aún debe recibir el visto bueno de Bruselas- introduce una fuerte "simplificación" de las obligaciones pendientes, con el alivio de la carga administrativa ligada a unos 160 hitos, la supresión de indicadores intermedios y la eliminación de requisitos ambiguos o superfluos. En segundo lugar, aumenta el impulso a áreas clave mediante nuevas inversiones: 300 millones para proyectos europeos de supercomputación y 2.500 millones destinados a descarbonización y transición energética, entre otras. En tercer lugar, la adenda mantiene la "ambición" del Plan apostando por asegurar el cobro del 100% de las transferencias disponibles, incluso a costa de renunciar a dos tercios de los créditos. De este modo, España aspira a recibir 103.000 millones de los 163.000 millones previstos inicialmente. El Gobierno también ha utilizado esta revisión para evitar la dependencia de un Parlamento cada vez más fragmentado. Así, el compromiso de sacar adelante una nueva Ley del Suelo se sustituye por la creación de una empresa pública del suelo a través de SEPES, y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ya permite desbloquear 10.000 millones de los 25.000 aún pendientes. No obstante, Cuerpo admitió que la UE seguirá exigiendo la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, una medida que el Ejecutivo mantiene pese a no contar hoy con apoyo parlamentario suficiente. El incumplimiento podría costar a España 460 millones -1.100 millones si se suman los retrasos en la compensación a interinos y la modernización administrativa-. Entre las novedades de la adenda figura también una aportación de capital de 13.000 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a consolidar su capacidad de financiación más allá del marco de las ayudas europeas.

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(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro prevé emitir 55.000 millones en 2026

"Dos factores marcan la estrategia de financiación del Tesoro para 2026: la buena evolución de nuestra economía y el compromiso con la disciplina fiscal", afirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al presentar las líneas maestras del próximo ejercicio. Según explicó, el Tesoro Público prevé realizar el año que viene emisiones netas de deuda por un total de 55.000 millones de euros. La cifra se mantiene en niveles similares a los de los dos años previos, después de que el Tesoro redujera de 60.000 a 55.000 millones su objetivo de emisión neta para 2025. De esa cantidad, 50.000 millones se colocarán en deuda a medio y largo plazo -bonos y obligaciones-, mientras que los 5.000 millones restantes se emitirán a corto plazo para asegurar liquidez en las letras del Tesoro, ante la elevada demanda por parte de los ahorradores particulares. En conjunto, las emisiones brutas previstas para 2025 ascenderán a 285.693 millones de euros, frente a los 274.242 millones del año anterior. Con ello, se mantendrá la vida media de la deuda en torno a los ocho años, lo que implica que cada año España solo debe refinanciar aproximadamente el 13% de su cartera, destacó el ministro. Esta política ha permitido amortiguar el efecto del aumento de los tipos de interés, que apenas ha supuesto un cuarto del encarecimiento derivado de los 250 puntos básicos de subida aprobados por el BCE. Por otro lado, Cuerpo anunció que mañana España abonará 5.474 millones de euros correspondientes a la devolución del denominado rescate bancario. Con este pago, el país supera el 75% del préstamo comunitario ya amortizado y pone fin a las visitas periódicas de supervisión de los llamados "hombres de negro", los técnicos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo (BCE).

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(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquiler asequible

El Gobierno aprobó este martes, mediante real decreto, un sistema de aval para incentivar que los propietarios alquilen sus viviendas a jóvenes menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad. Esta cobertura se aplicará siempre que los dueños acepten fijar un alquiler considerado asequible según los índices de referencia que el Instituto Nacional de Estadística actualiza periódicamente. Quienes cumplan con estos requisitos -ajustar el precio a los límites establecidos, depositar la fianza y formalizar el aval con el modelo oficial- obtendrán como contraprestación una garantía pública: la Administración asumirá cualquier impago del inquilino, incluidos los suministros, y también cubrirá los desperfectos que pudieran generarse en la vivienda. La iniciativa, inspirada en el modelo francés, ya fue anunciada por Pedro Sánchez en enero y tiene como meta "facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables", según el Ejecutivo. Con ello se busca ofrecer una protección añadida a los propietarios, que suelen mostrarse reticentes a alquilar a estos perfiles debido a su menor capacidad económica, especialmente en un contexto de alta demanda que les permite elegir arrendatarios con mayores recursos. "Damos un paso más para garantizar el acceso a la vivienda", afirmó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La gestión del aval recaerá en las comunidades autónomas, que podrán introducir condiciones adicionales si lo consideran oportuno, por lo que aún quedan aspectos por concretar. Vivienda ha adelantado que "en breve se habilitará una partida presupuestaria" para sufragar el programa y que las autonomías deberán informar cada seis meses sobre las coberturas aplicadas. Algunas regiones ya cuentan con sistemas similares. El País Vasco dispone de cerca de 7.400 viviendas dentro de un programa de garantías públicas que protege tanto a propietarios como a inquilinos. El plan Alokabide, operativo desde 2002, asegura a los dueños el cobro mensual y la devolución del inmueble en las mismas condiciones, mientras que a los arrendatarios les garantiza precios inferiores a los del mercado. Otros ejemplos son el Plan Alquila en la Comunidad de Madrid, vigente desde 2008; el programa EtxeON en Navarra, enfocado en alquiler social y vivienda asequible; o la reciente iniciativa asturiana Alquilámoste, que ofrece incentivos fiscales a los propietarios y alquileres al menos un 10% por debajo del importe asumido por el Principado, con un límite máximo del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, también anunció que el Tesoro prevé emitir 55.000 millones en deuda neta en 2026, la misma cuantía que el año pasado. De esta cifra, 50.000 millones corresponderán a deuda a largo plazo y 5.000 millones a letras del Tesoro. Asimismo, confirmó -como adelantó EL PAÍS- la aprobación de una adenda al Plan de Recuperación para poder utilizar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún pendientes. Cuerpo explicó que, de los 83.200 millones asignados a España en forma de préstamos, finalmente solo se solicitarán 22.800 millones, ya que el país puede financiarse actualmente en los mercados en condiciones igual de ventajosas que las ofrecidas por la Comisión Europea. El ministro subrayó que los fondos seguirán disponibles, pero bajo una herramienta nacional en lugar de depender de los plazos fijados por Bruselas, lo que simplifica la gestión y otorga mayor flexibilidad. "Estamos aprovechando al máximo todas las transferencias y reduciendo el impacto en la deuda", argumentó Cuerpo. En conjunto, España recibirá 103.000 millones del plan europeo -80.000 millones en subvenciones y casi 23.000 millones en préstamos-, de los que ya se han desembolsado 71.000 millones (55.000 millones en transferencias y 16.000 en préstamos). Según cálculos del Gobierno, esta inversión supondrá un impacto acumulado de alrededor de 3,4 puntos de PIB en 2031; hasta ahora ya se han materializado 2,6 puntos.

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(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE recorta para las empresas los requisitos de informar sobre el impacto ambiental de sus negocios

Una nueva normativa europea eximirá a más del 80% de las empresas de la UE de la obligación de informar sobre el impacto ambiental de sus actividades. Este martes, los 27 Estados miembros, junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, han alcanzado un acuerdo sobre la primera ley ómnibus destinada a simplificar la regulación y reducir la burocracia para las compañías, limitando de manera significativa los requerimientos de divulgación de sostenibilidad corporativa introducidos en la legislatura pasada. La regulación, aprobada tras largas negociaciones, responde a la corriente que defiende que la reducción de obligaciones ambientales puede favorecer la competitividad y el crecimiento económico en Europa. Se trata de una medida controvertida que ha logrado reunir a legisladores conservadores tradicionales con partidos euroescépticos de extrema derecha. El acuerdo supera la propuesta inicial de la Comisión Europea y supone un triunfo para la presidenta Ursula von der Leyen, que en su segundo mandato se ha fijado como meta reducir la carga burocrática para las empresas, objetivo que han reclamado países como Alemania, que califica la iniciativa como "desregulación" en lugar de "simplificación". El año pasado, la UE adoptó un paquete de normas que obligaba a las grandes empresas a realizar diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor, según la Directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD). Asimismo, las compañías cotizadas debían reportar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluyendo estrategias climáticas y planes de transición, conforme a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Esto implicaba, por ejemplo, reportar emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos derivados del cambio climático en condiciones de trabajo, fugas químicas o el cumplimiento de derechos humanos y normas laborales por parte de proveedores, tanto europeos como internacionales. El nuevo acuerdo modifica estas normas clave. A falta de la votación formal del Parlamento, prevista para el martes, ahora la obligación de informar sobre aspectos sociales y ambientales se aplicará únicamente a empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros, frente al límite de 50 millones propuesto inicialmente por la Comisión. Según la presidencia danesa del Consejo de la UE, este cambio eximirá al 85% de las compañías. En cuanto a la directiva de diligencia debida, el umbral se eleva significativamente: en lugar de afectar a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, ahora solo incluirá a aquellas con más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros. Además, se elimina completamente la obligación de presentar planes de transición climática. Marie Bjerre, ministra danesa de Asuntos Europeos, celebró que el acuerdo cree un entorno empresarial más favorable, mientras que Jörgen Warborn, eurodiputado del PPE y líder de las negociaciones en el Parlamento, destacó que se trata de "una reducción histórica de costes" y defendió que no compromete los objetivos del Pacto Verde. "Es una victoria para la competitividad y para Europa", subrayó, a pesar de las críticas de organizaciones medioambientales. En paralelo, la UE también ha retrasado otra normativa ambiental clave: la ley de deforestación, inicialmente pionera en combatir este problema climático, se aplicará finalmente en diciembre de 2026, un año después de lo previsto. Además, la regulación que buscaba evitar que productos como cacao, café, aceite de palma, madera o caucho generen deforestación en su origen se aprobará de manera mucho más laxa que en la propuesta inicial, "para facilitar su aplicación a empresas, actores internacionales y Estados miembros", según la justificación oficial. Sin embargo, los críticos advierten que este acuerdo no solo reduce la efectividad medioambiental, sino que también introduce incertidumbre sobre compromisos legislativos previamente cerrados, un riesgo que la Comisión Europea pretende mantener con futuras revisiones "simplificadoras".

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(Expansión, 09-12-2025) | Fiscal

Hacienda recauda 6.575 millones de euros más hasta octubre por las subidas de impuestos

El Ministerio de Hacienda ha obtenido hasta octubre un total de 6.575 millones de euros gracias a las subidas y modificaciones fiscales aplicadas este año, según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado. Entre las medidas adoptadas a comienzos de año que han generado ingresos adicionales figuran la recuperación del IVA del 4% para alimentos básicos -tras haber estado reducido al 2%- como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso. También volvió al 10% el IVA de otros productos, como los aceites de semillas y la pasta, que habían tenido una rebaja del 7,5%. Asimismo, desde el 1 de enero la electricidad volvió a tributar al tipo general del 21% de IVA, después de permanecer en el 10% hasta finales de 2024 por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Ucrania. El ejercicio 2025 también comenzó con cambios en el Impuesto sobre Sociedades que han incrementado la recaudación, como la obligación de revertir pérdidas por deterioro o las nuevas limitaciones para compensar bases imponibles negativas. Además, se revisó la tasa aplicada a los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se creó un nuevo gravamen sobre los cigarrillos electrónicos. En conjunto, estas medidas han generado 6.575 millones de euros adicionales hasta octubre, de los cuales cerca de la mitad -unos 3.091 millones- proceden de los cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades. Del impacto total de este impuesto, 2.309 millones se explican por la consolidación de solo el 50% de las pérdidas de los grupos empresariales, medida que ya estuvo vigente en 2023 y se ha recuperado este año. A ello se suma un efecto neto positivo de 1.696 millones por la reducción de los límites para compensar bases imponibles negativas en grandes empresas con más de 20 millones de euros de facturación, cuyo tope ha bajado del 70% al 50% o 25%. Esta regla, aplicada entre 2016 y su anulación judicial a principios de 2024, volvió a entrar en vigor en 2025. También ha contribuido positivamente la recaudación del tercer pago fraccionado de Sociedades de 2024, que aportó 36 millones adicionales gracias a la ampliación del plazo de ingreso hasta el 5 de febrero de 2025 para las empresas de la provincia de Valencia y otros municipios afectados por la DANA. En cuanto al IVA, los ingresos aumentaron en 1.874 millones, principalmente por la recuperación de los tipos aplicados a alimentos y energía, que generaron 1.774 y 447 millones adicionales, respectivamente. Los impuestos especiales también tuvieron un impacto neto positivo de 759 millones. La mayor parte corresponde a la recuperación del tipo original del 5,113% en el Impuesto sobre la Electricidad (436 millones) y a la subida del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco (301 millones). Además, el nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras aportó 1.423 millones, sustituyendo al anterior gravamen temporal a la banca. Y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica registró un aumento neto de 807 millones tras recuperar completamente su tipo impositivo desde el 1 de julio de 2024. Como novedad en 2025, la entrada en vigor en abril del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos permitió recaudar 22 millones de euros. Pese a estos ingresos extraordinarios, la recaudación por IRPF presenta un saldo negativo de 1.093 millones, debido a menores ingresos por 1.936 millones derivados de las devoluciones realizadas a pensionistas tras la sentencia favorable a quienes hicieron aportaciones a mutualidades laborales.

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(El Economista, 09-12-2025) | Fiscal

El Supremo obliga a Hacienda a admitir las pruebas de los contribuyentes en contra de las multas tributarias

El Tribunal Supremo (TS) ha reforzado el derecho de los ciudadanos a aportar pruebas para defenderse frente a sanciones tributarias. El alto tribunal determina que las multas impuestas por Hacienda serán nulas de pleno derecho si la Administración desoye las pruebas presentadas por el contribuyente y no explica ni fundamenta por qué las rechaza. En una sentencia del 24 de noviembre, cuyo ponente fue el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, el Supremo sostiene que cuando la Administración Tributaria sanciona sin tener en cuenta las pruebas planteadas por el afectado "se vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y, ligado a este, el derecho a la presunción de inocencia". El tribunal añade que esta actuación de Hacienda quebranta derechos y libertades amparables constitucionalmente y, por ello, la sanción anulada no podrá volver a imponerse en un procedimiento posterior. De este modo, el Supremo protege al contribuyente frente a un eventual nuevo intento del fisco de penalizarle por los mismos hechos. El caso analizado se refiere a la disputa entre un ciudadano y la Agencia Tributaria tras la imposición de una sanción. En febrero de 2012, Hacienda solicitó al contribuyente información sobre su actividad profesional de 2008 y 2009. Ocho meses más tarde, abrió un expediente sancionador al sospechar que había emitido facturas falsas y cobrado por servicios no prestados. Dentro del plazo de alegaciones, el contribuyente pidió que se practicaran diversas pruebas para demostrar que los trabajos se habían realizado. Entre otras peticiones, solicitó comparecer, requerir información a los clientes a los que supuestamente había prestado los servicios e incorporar al expediente la descripción detallada de los trabajos cuestionados. Sin embargo, Hacienda ignoró por completo estas solicitudes y cuatro meses después impuso la sanción sin justificar por qué no aceptaba las pruebas ni explicar su supuesta impertinencia. En la sentencia, el Supremo advierte que "no es constitucionalmente lícito rechazar sin motivación las pruebas de descargo propuestas por el expedientado en un procedimiento sancionador, como tampoco lo es rechazarlas de manera explícita pero sin fundamento". El tribunal subraya además que la Administración no actuó de forma adecuada ni conforme a la ley. El Supremo recuerda que la Constitución garantiza la admisibilidad de los medios de prueba, y que la Ley General Tributaria establece el derecho de los contribuyentes a utilizar los medios de prueba admitidos en derecho dentro de un expediente sancionador. Aunque ni esta ley ni el Reglamento sancionador tributario recogen expresamente la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas, la sentencia recurre a la Ley del Procedimiento Administrativo Común -aplicable de forma supletoria-, la cual establece que en los procedimientos sancionadores deben admitirse todas las pruebas necesarias propuestas por el interesado, salvo aquellas que no tengan capacidad real para modificar el resultado. En consecuencia, el tribunal concluye que el contribuyente tiene derecho a solicitar pruebas en los procedimientos sancionadores tributarios y que Hacienda está obligada a responder, aceptándolas o rechazándolas motivadamente. En caso de denegarlas, la Administración debe justificar que su práctica no alteraría la resolución final.

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(El Economista, 09-12-2025) | Fiscal

El Congreso tendrá que ratificar o rechazar el jueves la prórroga de Verifactu a 2027

El Congreso deberá validar el próximo jueves 11 de diciembre el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno la semana pasada, en el que se contempla la ampliación hasta 2027 del plazo para implantar el sistema de facturación obligatoria para empresas y autónomos, conocido como Verifactu. Este tipo de norma tiene una vigencia máxima de 30 días desde su publicación en el BOE -que se produjo el 3 de diciembre-, por lo que su convalidación por el Pleno es imprescindible para que adquiera rango de ley. Si la Cámara no avala el texto, el aplazamiento no tendrá efecto y empresas y autónomos deberán adaptarse al sistema en 2026, como estaba previsto inicialmente. El Gobierno anunció el retraso la semana pasada para atender parte de las demandas de Junts, formación cuya ayuda resultó clave para asegurar la investidura. El decreto incluye además otras medidas, como la transferencia a Cataluña de la competencia para designar a secretarios, interventores y tesoreros municipales. En relación con Verifactu, la prórroga establece que las empresas con menos de 6 millones de euros de facturación anual deberán usar un sistema de facturación adaptado a los requisitos de Hacienda a partir del 1 de enero de 2027 -en lugar del 1 de enero de 2026-. Para los autónomos, la obligación pasará a julio de 2027, un año más tarde de lo previsto. Los nuevos sistemas deberán garantizar la trazabilidad de las facturas, impedir su modificación una vez emitidas, evitar cualquier posibilidad de llevar una doble contabilidad y permitir la conexión con los servidores de la Agencia Tributaria. Se espera que el Congreso apruebe el Real Decreto-ley, ya que Junts ha adelantado que votará a favor al considerar que las medidas son favorables para Cataluña. Sin embargo, su portavoz, Miriam Nogueras, ha reiterado que la relación con el Ejecutivo continúa deteriorada.

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(El Economista, 09-12-2025) | Fiscal

Hacienda recauda cada vez menos dinero por la lotería

La Agencia Tributaria ha visto disminuir hasta un 31% los ingresos procedentes de los impuestos aplicados a los premios de lotería en los últimos diez años. Mientras que en 2014 obtuvo 457 millones de euros por este concepto, en 2024 -el ejercicio más reciente con datos completos- la recaudación bajó a 315 millones. Y la tendencia sigue a la baja en 2025: según las cifras más recientes sobre ingresos procedentes de los juegos de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y Cruz Roja, Hacienda había recaudado hasta octubre 228 millones, lo que supone un 18% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pese a esta caída, en la última década el fisco ha ingresado 4.020 millones de euros gracias al porcentaje que retiene de los premios. Los meses más fuertes de recaudación son enero y febrero, cuando los ciudadanos suelen cobrar los premios del Sorteo de Navidad y del Sorteo de 'El Niño'. En ese bimestre, Hacienda llega a obtener entre el 40% y el 60% de la recaudación anual. A modo de referencia, en enero del año pasado ingresó 89,4 millones y en febrero otros 89,7 millones, sumando 179 millones, el 56,8% del total del ejercicio. El descenso de ingresos se explica por los cambios en la normativa fiscal aplicable a estos premios. Hasta 2013, los premios de lotería estaban totalmente exentos de tributación. Ese año, en plena crisis económica, el Gobierno decidió someter a un gravamen del 20% la parte del premio que superara los 2.500 euros, con el fin de reducir el déficit. Aunque se esperaba recaudar 824 millones ese año, los ingresos reales fueron solo 226 millones, cifra que nunca llegó a alcanzarse posteriormente. En 2018, una nueva reforma elevó el límite exento a 10.000 euros, y en 2019 subió a 20.000. En 2020 se amplió hasta los 40.000 euros, nivel que continúa vigente. Así, los premios obtenidos en la Lotería Nacional, El Niño, la ONCE o Cruz Roja no tributan por los primeros 40.000 euros, y solo pagan el 20% sobre la cuantía que exceda ese umbral. En el caso del Gordo de Navidad, que otorga 400.000 euros por décimo, solo se gravan 360.000 euros, de modo que el contribuyente debe abonar 72.000 euros. Si el premio está compartido entre varias personas, la parte exenta se reparte proporcionalmente según la participación de cada una. Es importante recordar que el plazo para cobrar los premios es de tres meses. Si el importe es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse en cualquier administración de lotería; si supera esa cantidad, debe hacerse a través de una entidad bancaria. Como los premios ya se pagan con los impuestos descontados, no es necesario declararlos en el IRPF.

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(Expansión, 09-12-2025) | Laboral

Servicios, comercio y construcción, sectores que impulsan el empleo en España

El sector servicios sigue liderando la creación de empleo en España, seguido por ámbitos tradicionales como el comercio y la construcción. También la industria alimentaria muestra un notable dinamismo en el último año. Aunque en el tercer trimestre de 2025 se generaron 118.400 nuevos empleos -el incremento más moderado para este periodo desde antes de la pandemia, solo superado por los 69.400 puestos creados entre julio y septiembre de 2019-, el mercado laboral continúa siendo el principal motor del crecimiento económico. En los últimos doce meses se han sumado 564.100 ocupados y el número total de personas trabajando alcanzó los 22,38 millones en septiembre, el nivel más alto registrado según la Encuesta de Población Activa del INE. Este buen comportamiento del empleo ha contribuido decisivamente a las revisiones al alza de las previsiones económicas realizadas en los últimos meses por organismos internacionales como el FMI, la OCDE y la Comisión Europea (todas con un 2,9%), así como por instituciones nacionales como el Banco de España (2,6%), la Airef (3%) y el Gobierno (2,9%). El crecimiento interanual del empleo, del 2,6%, explica buena parte de estas mejoras. De las 99 ramas de actividad que recoge la CNAE, 58 presentaron un balance positivo en el tercer trimestre. La distribución sectorial del empleo muestra, no obstante, una notable variedad. A la cabeza se sitúan los servicios sociales sin alojamiento, que han aumentado su ocupación un 17,2% en un año, lo que supone 53.400 empleos adicionales. Este crecimiento está ligado al envejecimiento de la población y a la mayor demanda de cuidados, tanto domiciliarios como en centros, para personas mayores o con discapacidad. Incluye actividades como atención en el hogar, asesoramiento y servicios de bienestar. En segundo lugar aparece la venta y reparación de vehículos y motocicletas, con 47.800 empleos más (+14,8%). El tercer puesto es para el comercio minorista, uno de los sectores más relevantes para el mercado laboral, impulsado en este periodo por la temporada turística. Suma 46.800 nuevos ocupados (+2,3%) y supera los 2,07 millones de trabajadores. En general, los servicios siguen concentrando buena parte de la fortaleza del empleo. Entre los ocho sectores que más crecen se encuentran también los servicios a edificios y jardines (+46.300) y otros servicios personales (+37.800). A partir de estas posiciones, se amplía la diversidad sectorial. En quinto lugar figura el almacenamiento, con 37.800 empleos más, seguido muy de cerca por la industria alimentaria, que ha creado 35.100 puestos. La construcción vuelve a cobrar protagonismo. La construcción especializada ocupa el octavo lugar, con 33.700 nuevos empleos, mientras que la edificación aparece en el puesto once, con un incremento de 27.600 trabajadores. La elevada demanda de vivienda y su escasez apuntan a que este sector seguirá siendo clave en los próximos años. También superan los 30.000 empleos creados las actividades sanitarias (+32.300) y las profesionales, científicas y técnicas (+31.900). Aunque los motores del empleo son muy diversos, los diez principales sectores concentran el 43% del empleo generado por las 58 actividades con saldo positivo. En una tercera franja destacan actividades que han creado entre 20.000 y 30.000 empleos en el último año, como la fabricación de productos metálicos (+27.200), las actividades deportivas y recreativas (+26.600), la agricultura, ganadería y caza (+24.500), las actividades inmobiliarias (+23.200), la fabricación de vehículos (+20.700), la administración de oficinas (+20.300) y la consultoría de gestión empresarial (+20.000). Otro dato relevante del informe del INE es el papel de la inmigración en la creación de empleo: de los 564.100 nuevos ocupados, 225.500 son extranjeros, es decir, el 40% del total. En cuanto a la calidad del empleo, se observa una mayor estabilidad: todo el aumento de asalariados -442.800 más en un año- se concentra en puestos indefinidos. Los contratos temporales, por el contrario, disminuyeron en 87.800, situando la tasa de temporalidad en el 15,5% entre julio y septiembre.

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