(El País, 29-10-2025) | Laboral
La pobreza persistente vuelve a aumentar en España tras varios años de mejora y cierta estabilidad. En 2024, un 13,6% de la población vivió en una situación de carencia prolongada, según Eurostat, la oficina estadística europea. Esto significa que fueron pobres ese año y también lo habían sido en al menos dos de los tres años anteriores. Traducido en cifras, serían alrededor de 6,7 millones de personas, de acuerdo con los datos del INE. El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta el buen momento económico general, con más empleo, menos paro y un aumento de los salarios más bajos impulsado por el salario mínimo y las revalorizaciones ligadas a la inflación. Aun así, la precariedad estructural no disminuye, sino que repunta, afectando con fuerza a niños y familias migrantes.
España mantiene desde hace décadas niveles de pobreza superiores a la media europea, lo que se ha convertido en un problema estructural. Lo preocupante ahora es el repunte de su forma más grave, la pobreza persistente, aquella que no es temporal, sino crónica. La economista Elena Bárcena, catedrática de la Universidad de Málaga, explica que este indicador se calcula tomando como referencia cuatro años: si una persona se encuentra por debajo del umbral de pobreza al final del periodo y también en al menos dos de los tres años anteriores, se considera que sufre carencia persistente. Este método permite identificar la pobreza estructural, no solo la coyuntural.
En 2024, el porcentaje de personas en esta situación fue del 13,6%, más de dos puntos por encima del 11,3% de 2023. En los dos años anteriores (2021 y 2022), el nivel se había mantenido alrededor del 12,5%, lo que evidencia una regresión tras la mejora registrada después de la pandemia.
El umbral de pobreza persistente se sitúa en el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente tras impuestos y ayudas sociales. En España, en 2024, esto equivale a 11.584 euros anuales por persona. Para calcular la renta equivalente, se suman los ingresos del hogar y se ajustan según el número y tipo de miembros, asignando un valor de 1 al primer adulto, 0,5 a cada adulto adicional y 0,3 a cada menor de edad. Así, una familia con dos adultos y dos hijos se considera pobre si sus ingresos anuales son inferiores a unos 24.327 euros.
El problema de fondo es que, aunque el empleo crece, una parte importante de los trabajadores sigue por debajo del umbral de pobreza. Bárcena lo resume así: "Hay menos paro, sí, pero eso no implica empleos suficientes o dignos". Muchos de los nuevos trabajos son temporales, parciales o mal pagados, y no compensan la reducción de ayudas sociales. Además, como la pobreza se mide por hogar, el empleo de una sola persona no basta si el resto de los miembros no genera ingresos.
Según Carlos Susías, presidente de EAPN España, hay hogares especialmente vulnerables incluso con ingresos. Es el caso de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres (alrededor del 80%), que suelen tener trabajos precarios o a tiempo parcial. También las familias numerosas enfrentan dificultades, ya que los hijos no aportan ingresos pero sí consumen recursos, lo que reduce la renta per cápita.
La infancia es uno de los colectivos más afectados. En 2024, la pobreza persistente infantil subió del 16% al 20,6%, situándose muy por encima de la media adulta. También aumentó entre las personas de 25 a 49 años, reflejando una creciente inestabilidad económica en las etapas de crianza.
El economista Carlos Gradín, de la Universidad de Vigo, señala que la pobreza, tanto temporal como crónica, golpea con especial dureza a los hogares con hijos, sobre todo a los formados por población inmigrante no europea. Aunque el mercado laboral español ofrece más oportunidades, estas no garantizan ingresos suficientes para superar el umbral de pobreza, especialmente en familias con niños.
Uno de los factores estructurales más relevantes es el bajo nivel de empleo efectivo. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024, la tasa de ocupación de los hombres nacidos fuera de la UE es seis puntos inferior a la de los españoles, y en el caso de las mujeres extranjeras, la brecha asciende a 12 puntos. Además, muchas mujeres inmigrantes no trabajan por responsabilidades familiares, una proporción tres veces mayor que entre las españolas.
A esto se suma la debilidad del sistema de protección social, que resulta ineficaz para combatir la pobreza infantil. A diferencia de otros países europeos, España no cuenta con una prestación universal por hijo a cargo, lo que deja a muchas familias sin un mínimo apoyo económico. Las consecuencias son graves: la pobreza infantil persistente está asociada a peores resultados educativos, peor salud y menor movilidad social a largo plazo.
Finalmente, Bárcena advierte del desgaste del tradicional "colchón familiar". Las redes de apoyo entre familiares han servido durante años como mecanismo de protección, pero ese respaldo no es infinito. Cuando la precariedad se hace crónica y varios miembros del hogar están desempleados, la capacidad de ayuda se agota y el impacto económico y social se multiplica.