(El Economista, 28-10-2025) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha acelerado la resolución de las solicitudes de rectificación del Impuesto sobre el Patrimonio, que está pendiente de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) desde 2021. El objetivo es cerrar cuanto antes los expedientes de los contribuyentes y así evitar posibles devoluciones en caso de que el alto tribunal declare inconstitucional el tributo.
En los últimos años, el Constitucional ha limitado el alcance de sus sentencias, estableciendo que solo los contribuyentes que hayan impugnado sus liquidaciones y mantengan el procedimiento abierto -es decir, sin resolución firme- podrán beneficiarse de una devolución si el impuesto se anula.
Según explican Carlos Muñoz y Emma Corretger, socios codirectores de CIM Tax & Legal, la Administración Tributaria ha acelerado notablemente la tramitación de estos recursos en los últimos meses, con resoluciones que en algunos casos llegan en apenas quince días.
"Esto está ocurriendo tanto en la Administración catalana como en otras comunidades autónomas e incluso en los procedimientos estatales que afectan a no residentes", señala Muñoz. "Hacienda se está dando mucha prisa por cerrar los casos, ya sea para que los contribuyentes desistan o para que los expedientes alcancen firmeza antes de que el Constitucional emita su sentencia".
Cuando un contribuyente presenta una reclamación por el impuesto y Hacienda la rechaza, el siguiente paso es acudir a los tribunales económico-administrativos regionales. Tradicionalmente, estos órganos tardaban entre un año y medio y tres años en resolver, pero actualmente están contestando en unos seis meses, aseguran los expertos.
La fase posterior corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). En este punto, algunos tribunales -como los de Baleares, La Rioja o Aragón- han optado por suspender los procedimientos a la espera del fallo del Constitucional, mientras que otros continúan tramitándolos con normalidad.
"En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no existe un artículo que autorice expresamente a los TSJ a suspender procedimientos mientras el Constitucional estudia un caso similar, lo que genera una situación de inseguridad jurídica tanto para los contribuyentes como para la propia Administración", explica Corretger. Esto implica mayores costes para ambas partes, ya que los ciudadanos deben seguir recurriendo para mantener sus casos vivos.
Muñoz añade que, aunque no haya una obligación legal de suspender los procedimientos, tampoco existe una norma que lo impida, y los tribunales podrían plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC para paralizar los expedientes. "Sin embargo, ni los TSJ ni la Audiencia Nacional -que gestiona los casos de no residentes- lo han hecho todavía", apunta.
Si alguno de estos tribunales dicta sentencia antes de que se pronuncie el Constitucional, el único recurso disponible será un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que supone un proceso costoso y con resultado incierto. "Si el Supremo no lo admite o falla en contra, el asunto quedaría cerrado y el contribuyente perdería la posibilidad de beneficiarse de una futura sentencia favorable del Constitucional", advierte Muñoz. "La única opción restante sería reclamar por responsabilidad patrimonial del Estado, un procedimiento largo y complicado".
Ambos expertos coinciden en que los TSJ y la Audiencia Nacional aún no han emitido fallos sobre estos casos, aunque se espera que lo hagan en breve. El Tribunal Constitucional admitió a trámite en abril de 2021 el recurso presentado por el Partido Popular, que cuestiona que el Gobierno hiciera permanente el Impuesto sobre el Patrimonio a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, un instrumento que -según el PP- no era el adecuado para esa modificación.
Desde entonces, el Constitucional mantiene el caso en estudio, mientras los contribuyentes recurren año tras año para no perder su derecho a devolución. Según fuentes fiscales, la resolución definitiva podría llegar en 2026.