Paso histórico para el arbitraje español. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), considerada la institución arbitral en funcionamiento más antigua del mundo, prepara su desembarco en España. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la firma y aplicación provisional de un acuerdo entre el Estado español y la CPA que permitirá la apertura de una oficina permanente en Madrid, según ha podido saber EXPANSIÓN y ha confirmado la propia organización.
La CPA, creada en 1899 y con sede en La Haya (Países Bajos), está considerada una de las entidades de arbitraje más reconocidas a nivel internacional. Su cuartel general se encuentra en el Palacio de la Paz, edificio emblemático de la ciudad neerlandesa que también alberga el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas.
Además de su sede principal en La Haya, la institución dispone actualmente de oficinas en Buenos Aires, Hanói, Mauricio, Singapur y Viena con el objetivo de acercar sus servicios a distintas regiones del mundo. Ahora, la CPA ha elegido Madrid para ampliar su presencia internacional, facilitar el acceso a sus mecanismos de resolución de conflictos, reforzar el multilateralismo y potenciar el uso del español en el ámbito jurídico global.
La apertura de estas delegaciones se articula mediante los llamados acuerdos de sede, a través de los cuales el país anfitrión y la CPA fijan el marco jurídico que permite desarrollar procedimientos arbitrales en ese territorio bajo determinadas garantías. Estos pactos aseguran, entre otras cuestiones, que árbitros, mediadores, conciliadores y personal de la institución puedan ejercer sus funciones en condiciones similares a las existentes en Países Bajos. Los acuerdos también regulan los privilegios e inmunidades reconocidos a los participantes en los procedimientos administrados por la CPA. Entre ellos figura la protección frente a acciones judiciales derivadas de manifestaciones orales o escritas realizadas durante los procesos arbitrales, siempre bajo ciertas condiciones.
Como país anfitrión, España asumirá el compromiso de proporcionar las infraestructuras y servicios necesarios para la celebración de procedimientos gestionados por la institución, incluyendo salas para audiencias. El acuerdo prevé además la creación de una oficina estable de la CPA en territorio español, cuya ubicación concreta se definirá una vez concluyan las negociaciones con el Ejecutivo.
La llegada de la Corte Permanente de Arbitraje culmina un proyecto impulsado desde hace años por el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA). La organización llevaba más de cinco años trabajando para atraer la institución a España y ha colaborado estrechamente con la Dirección General del Español en el Mundo, dirigida por Mónica Colomer de Selva e integrada en la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo.
Los bancos mantienen el 18 de mayo como fecha oficial para el inicio del despliegue de Bizum Pay, aunque el servicio no podrá utilizarse de forma generalizada hasta dos semanas más tarde. La razón es que la aplicación necesaria para operar estará disponible tanto en iOS como en Android a partir del 1 de junio, según indican fuentes financieras.
La conocida plataforma de pagos impulsada por la banca permitirá así a sus cerca de 30 millones de usuarios pagar sus compras directamente desde el móvil en comercios y grandes superficies, un segmento donde se concentra el mayor volumen de negocio frente a las transferencias entre particulares.
El funcionamiento será similar al de sistemas como Apple Pay o Google Pay. Los usuarios podrán realizar pagos contactless acercando el teléfono al terminal de cobro mediante tecnología NFC y sin necesidad de introducir PIN, manteniendo elevados estándares de seguridad.
La primera fase del lanzamiento arrancará el 18 de mayo y solo incluirá a aquellas entidades que ya tienen adaptados sus sistemas tecnológicos, entre ellas CaixaBank, BBVA y varias cajas rurales. No obstante, para utilizar el servicio será necesario descargar la aplicación Bizum Pay, cuyo lanzamiento en las tiendas digitales de Apple y Google no llegará hasta el 1 de junio, según explican fuentes del sector.
Hasta entonces, únicamente podrán operar los clientes de bancos que hayan integrado Bizum Pay directamente dentro de sus propias aplicaciones móviles. Para los comercios, el nuevo sistema presenta una ventaja importante: el cobro será inmediato, ya que el dinero pasará directamente de la cuenta bancaria del comprador a la del establecimiento mediante transferencia instantánea. Esto supone una diferencia relevante frente a Visa y Mastercard, donde la liquidación suele demorarse en función de las condiciones pactadas entre las entidades y los comercios.
A diferencia de las transferencias entre particulares, el uso de Bizum Pay para pagos comerciales sí tendrá coste para los establecimientos. Los bancos cobrarán comisiones por este servicio, aunque fuentes próximas al proyecto aseguran que las tarifas serán inferiores a las aplicadas actualmente por Visa y Mastercard.
El sector prevé que las grandes redes internacionales reaccionen reduciendo comisiones, especialmente a grandes clientes, para evitar perder cuota de mercado en un negocio que han dominado durante décadas. Cada entidad bancaria establecerá su propia estrategia comercial y sus precios. Las grandes cadenas de distribución, como Mercadona o El Corte Inglés, previsiblemente accederán a condiciones más ventajosas gracias a su capacidad de negociación, algo que ya sucede actualmente con los contratos de tarjetas tradicionales.
Según datos del Banco de España, los pequeños comercios llegan a pagar comisiones entre tres y cuatro veces superiores a las de las grandes empresas por aceptar pagos con tarjeta. En algunos casos, estos costes alcanzan el 1% del importe de la compra. Si los establecimientos consideran competitivas las condiciones y el funcionamiento de Bizum Pay, el uso de tarjetas de crédito y débito podría reducirse de forma significativa. Aun así, parece difícil que los comercios abandonen por completo sistemas como Visa o Mastercard, especialmente en zonas turísticas donde los visitantes extranjeros continúan utilizando mayoritariamente tarjetas internacionales.
Bizum Pay funcionará además como una cartera digital o wallet en la que podrán incorporarse entradas, tarjetas de fidelización y otros servicios adicionales. Otra de sus ventajas es que podrá procesar operaciones incluso cuando falle la conexión a Internet, un elemento diferencial respecto a las redes internacionales de tarjetas.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) moderó su avance en abril y se situó en el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, gracias principalmente al descenso del precio de la electricidad, que compensó parcialmente el encarecimiento de los carburantes. Así lo ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,4%.
La inflación se desacelera así tras el fuerte repunte registrado en marzo, cuando el IPC llegó a subir más de un punto debido al encarecimiento de los combustibles provocado por el estallido del conflicto en Oriente Medio.
Durante abril, la caída de los precios de la electricidad y del gas natural ayudó a contener la inflación. Ambas partidas registraron descensos interanuales del 4,3% y del 9,6%, respectivamente, lo que permitió amortiguar la presión alcista derivada del aumento del precio de los carburantes, todavía afectados por la tensión internacional ligada a la guerra en Irán.
Por su parte, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se redujo una décima, hasta el 2,8%. Mientras, el IPC armonizado (IPCA), utilizado como referencia para las comparaciones internacionales en la Unión Europea, aumentó una décima y alcanzó el 3,5%. El Gobierno calcula que las medidas incluidas en el Plan de Respuesta al conflicto bélico han contribuido a reducir la inflación de abril en casi un punto porcentual.
En una valoración oficial del dato, el Ministerio de Economía atribuye la moderación del IPC principalmente al denominado "escudo renovable" y al paquete de medidas activado por el Ejecutivo para hacer frente al impacto energético de la guerra.
El departamento dirigido por Carlos Cuerpo destaca que tanto la electricidad como el gas natural mantienen tasas interanuales negativas, lo que, según el Gobierno, demuestra la capacidad del sistema energético español para absorber perturbaciones externas gracias al desarrollo de las energías renovables y a la apuesta por la soberanía energética. Economía sostiene además que la transición energética está actuando como mecanismo de protección frente al impacto inflacionista derivado del conflicto internacional.
Pese a ello, los carburantes continúan registrando fuertes incrementos debido a la persistencia de las tensiones en los mercados internacionales por la guerra en Irán. Según el Ejecutivo, sin las medidas de apoyo aprobadas, la inflación de los combustibles habría alcanzado el 28,9% en abril. El Gobierno asegura que las actuaciones adoptadas han permitido rebajar ese impacto en más de 16 puntos porcentuales.
Dado que el incremento anual de los combustibles para vehículos particulares supera el umbral del 15% establecido en el Real Decreto-ley 7/2026, seguirán vigentes hasta el 30 de junio las medidas fiscales extraordinarias sobre carburantes. Entre ellas figuran los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA rebajado al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional.
En cambio, la caída de los precios de la electricidad y del gas permitirá iniciar desde el 1 de junio la retirada gradual de algunas medidas temporales relacionadas con el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña. No obstante, el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica continuará suspendido hasta el 30 de junio.
El Ejecutivo mantiene además otras medidas de apoyo sectorial, entre ellas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los considerados vulnerables severos.
El Tesoro Público ha vuelto a incrementar la rentabilidad ofrecida en las emisiones de letras en un escenario marcado por la cautela de los bancos centrales y por la previsión de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo. En la subasta celebrada este martes de letras a tres y nueve meses, el organismo colocó algo más de 2.512 millones de euros, situándose en la parte baja de su rango habitual de financiación.
En el caso de las letras a tres meses, el Tesoro adjudicó 826,85 millones de euros con un interés marginal del 2,163%, por encima del 2,123% registrado en la anterior subasta de abril. La demanda volvió a superar ampliamente la oferta, ya que las solicitudes alcanzaron los 2.487,67 millones de euros, prácticamente el triple de lo finalmente emitido.
La mayor parte de la colocación correspondió a las letras a nueve meses, donde se captaron 1.685,71 millones de euros. La rentabilidad escaló hasta el 2,521%, frente al 2,471% de la puja anterior. Las peticiones de los inversores ascendieron a 4.135,89 millones, más del doble del importe adjudicado.
La semana pasada, el Tesoro ya había constatado esta tendencia alcista en la emisión de letras a seis y doce meses, con las que logró captar 6.463 millones de euros. En aquella operación, el interés de las letras a un año repuntó hasta el 2,651%, el nivel más elevado desde septiembre de 2024, mientras que la rentabilidad de las letras a seis meses apenas varió y quedó en el 2,389%.
El aumento de las rentabilidades de la deuda pública refleja tanto la persistencia de las tensiones inflacionistas como las expectativas del mercado sobre la futura política monetaria del Banco Central Europeo. Ante la posibilidad de que los tipos de interés sigan elevados o incluso vuelvan a subir, los inversores reclaman mayores retornos para prestar dinero a corto plazo.
Al mismo tiempo, la elevada demanda registrada en las subastas demuestra que las letras del Tesoro continúan siendo uno de los productos preferidos por los ahorradores españoles de perfil conservador, pese a que las rentabilidades actuales se sitúan por debajo de los máximos alcanzados en 2023.
De cara a 2026, el Tesoro prevé unas necesidades netas de financiación de 55.000 millones de euros, la misma cifra contemplada el año anterior. De ese total, 50.000 millones procederán de emisiones de deuda a medio y largo plazo, mientras que los 5.000 millones restantes corresponderán a letras del Tesoro. Según el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación seguirá apoyándose en la fortaleza de la economía española y en el mantenimiento de una política fiscal prudente.
El ecosistema tecnológico de España continúa avanzando hacia una etapa de mayor consolidación y vuelve a marcar máximos de valoración impulsado, entre otros factores, por el auge de la inteligencia artificial. Según el informe Spain Tech Ecosystem Report 2026, elaborado por Dealroom.co junto a BBVA Spark, Endeavor, Enisa, GoHub Ventures, Kfund, SpainCap y Wayra, el valor agregado de las start-ups españolas alcanzó los 125.000 millones de euros en 2025, un 14% más que el año anterior, cuando se situó en 109.000 millones.
La cifra supone además multiplicar por 2,3 el tamaño del sector respecto a 2020 y consolida a España como el octavo ecosistema tecnológico más relevante de Europa. El informe destaca que el país figura entre los mercados europeos con mayor ritmo de crecimiento y con compañías tecnológicas que ya superan de forma sostenida los 100.000 millones de euros de valoración conjunta.
Casi la mitad del valor total procede de empresas fundadas durante la última década y más de la mitad corresponde a compañías privadas, lo que, según el estudio, refleja la existencia de un importante potencial de crecimiento todavía no materializado.
Durante 2025, las start-ups españolas captaron 3.100 millones de euros en operaciones de venture capital, un 63% más que en 2024. Se trata del tercer mejor ejercicio histórico, únicamente por detrás de los años 2021 y 2022, marcados por el fuerte impulso inversor posterior a la pandemia.
Entre las mayores operaciones del año sobresalen los 189 millones obtenidos por Multiverse Computing en una ronda Serie B; los 182 millones logrados por Perk en Serie E; y los 180 millones captados por Auro Travel en una ronda late-stage. El informe considera que estas operaciones reflejan la creciente diversidad sectorial del ecosistema español, con presencia destacada de tecnologías cuánticas, turismo y movilidad autónoma.
El estudio señala además que Perk, Factorial y Fever ya han alcanzado la categoría de unicornio, reservada para compañías valoradas en más de 1.000 millones de euros. Otras empresas como Multiverse Computing, Quibim, Biorce, PLD Space, Xoople e Impress se sitúan en valoraciones de entre 200 y 1.000 millones.
Las fases iniciales de inversión, con rondas de hasta 15 millones de euros, y las conocidas como breakout, entre 15 y 100 millones, registraron uno de sus mejores ejercicios. Sin embargo, el informe advierte de que las rondas superiores a 100 millones continúan siendo el gran desafío para acompañar el crecimiento de los proyectos más ambiciosos.
Uno de los elementos más destacados del informe es el avance de la inteligencia artificial. Cerca del 20% de las start-ups creadas en España desde 2021 están especializadas en IA, más del doble del peso que tenía este ámbito durante la década anterior. Desde 2020, el ecosistema español vinculado a la inteligencia artificial ha multiplicado su tamaño por 3,7, uno de los mayores crecimientos relativos de Europa entre los países con ecosistemas superiores a 10.000 millones de euros.
La IA ya representa el 12% del valor total del ecosistema tecnológico español, frente al 7% de hace apenas unos años. Además, las empresas españolas de este ámbito han captado 3.300 millones de euros desde 2020, situando a España como el sexto país europeo por volumen de inversión en IA y el cuarto por número de operaciones.
Más allá de la inteligencia artificial, el informe identifica otros sectores en expansión. La salud lidera el número de start-ups en etapas tempranas; el Deep Tech domina las rondas intermedias; y el software empresarial o SaaS concentra las operaciones de mayor tamaño. El área de Climate Tech sigue figurando entre los segmentos más dinámicos, mientras que las tecnologías de uso dual, defensa y robótica emergen como nuevos focos de crecimiento ligados al contexto geopolítico y a la apuesta europea por la soberanía tecnológica.
En materia de desinversiones, 2025 cerró con 44 operaciones de salida o exits, la tercera mejor cifra histórica tras las registradas en 2021 y 2022. Entre las transacciones más destacadas aparecen las adquisiciones de vLex, Wallapop y Onum.
Actualmente, España cuenta con más de 3.300 compañías respaldadas por capital riesgo, de las que 257 son consideradas breakouts, 48 ya operan como scale-ups y 40 han alcanzado ingresos superiores a 100 millones de dólares o valoraciones de más de 1.000 millones.
El ecosistema español atrajo en 2025 a 616 inversores únicos. Los fondos de venture capital concentraron el 43% de toda la inversión, por delante de corporaciones, business angels y grupos privados. Además, España se sitúa como el cuarto país europeo con mayor peso del capital nacional en las rondas iniciales desde 2022. Durante 2025, la inversión doméstica representó el 55% del volumen total invertido, lo que refleja un fortalecimiento progresivo de la base inversora local junto al creciente interés internacional.
El informe también subraya el efecto tractor del talento generado por compañías de éxito. Exempleados de empresas como Glovo, Cabify o Job&Talent están impulsando una nueva generación de fundadores con experiencia operativa y mayor capacidad de escalado, algo que el estudio considera una señal clara de la madurez alcanzada por el ecosistema.
Las universidades y centros de investigación también están ganando protagonismo. España cuenta ya con más de 360 spin-offs respaldadas por venture capital, valoradas conjuntamente en 10.500 millones de dólares, cuatro veces más que en 2019. En 2025, estas compañías captaron además más de 500 millones de dólares, un récord histórico. Entre las instituciones más activas destacan la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad del País Vasco, el CSIC, el BIST y ICREA.
Por ciudades, Barcelona alcanzó una valoración de ecosistema de 51.800 millones de euros y atrajo 1.100 millones de inversión en 2025, encadenando tres años consecutivos por encima de los 1.000 millones captados. Madrid se aproxima ya a los 48.100 millones de valoración y recibió 1.200 millones en inversión, firmando también su tercer mejor ejercicio histórico. Ambas ciudades superan los 1.000 euros de inversión per cápita acumulada desde 2020.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, ha puesto en marcha una nueva etapa inversora destinada a modernizar las principales infraestructuras del país y responder al aumento de la movilidad previsto para la próxima década, impulsado por el crecimiento demográfico. Entre los proyectos ya anunciados en ferrocarriles, aeropuertos, puertos y carreteras, la inversión comprometida supera los 40.000 millones de euros, con el objetivo de ampliar capacidades, modernizar sistemas tecnológicos, avanzar en sostenibilidad y reforzar la conectividad logística.
La mayor parte de este esfuerzo económico se concentrará en el ferrocarril y la red aeroportuaria, aunque también se han activado programas relevantes para adaptar puertos y carreteras al incremento del tráfico de pasajeros y mercancías.
El ámbito ferroviario absorberá la principal partida presupuestaria. El Ministerio trabaja actualmente en un nuevo convenio de financiación para Adif y Adif Alta Velocidad, con el que se prevé movilizar cerca de 20.000 millones de euros durante los próximos cinco años. El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda, dará continuidad al elevado ritmo inversor de los últimos ejercicios y pondrá el foco especialmente en la red convencional, las Cercanías y el transporte ferroviario de mercancías, mientras la expansión de la alta velocidad entra en una fase más madura.
Este cambio de orientación ya se dejó notar en 2025, cuando por primera vez la inversión destinada a la red convencional superó a la de alta velocidad. La infraestructura tradicional concentró el 53% del gasto frente al 47% asignado a la red AVE, en línea con la estrategia de reforzar la movilidad cotidiana y mejorar unas Cercanías que superan los 600 millones de viajeros al año.
Según datos de Adif, la inversión total en la Red Ferroviaria de Interés General se ha triplicado desde 2017, mientras que el gasto dedicado a la red convencional se ha multiplicado por siete. Además, el gestor ferroviario prevé elevar progresivamente las partidas de mantenimiento hasta alcanzar los 1.800 millones de euros anuales al final de la década, frente a los cerca de 700 millones que se destinaban en 2011.
El programa ferroviario incluye actuaciones repartidas por distintos corredores estratégicos del país. Entre las obras ya en marcha destacan la Y vasca, el corredor Murcia-Almería, el tramo Burgos-Vitoria, la variante de Loja, las duplicaciones entre Palencia y León y entre Antequera y Granada, además de proyectos vinculados a corredores europeos y conexiones ferroviarias de mercancías con puertos.
También avanzarán las ampliaciones y remodelaciones de grandes estaciones ferroviarias. Infraestructuras como Madrid-Chamartín, Puerta de Atocha, Barcelona-Sants, Barcelona-La Sagrera, Valencia, Sevilla, San Sebastián o Murcia afrontan proyectos para aumentar capacidad, absorber el crecimiento del tráfico y adaptarse a un escenario de mayor competencia entre operadores ferroviarios.
En paralelo, el Ministerio pretende impulsar las autopistas ferroviarias y elevar el peso del tren en el transporte de mercancías. Actualmente existen más de veinte itinerarios proyectados en ancho ibérico y otros tres en ancho estándar, con varios corredores ya operativos y otros todavía en fase de obras.
El segundo gran bloque inversor corresponde a los aeropuertos. Aena presentó en febrero el DORA III, el documento regulatorio que organizará las inversiones aeroportuarias entre 2027 y 2031, con un presupuesto global de 12.888 millones de euros. Se trata del mayor plan inversor de la historia del gestor aeroportuario y estará centrado en ampliar capacidad y modernizar terminales ante el fuerte crecimiento previsto del tráfico aéreo.
Las previsiones del sector apuntan a que la red de Aena podría superar los 400 millones de pasajeros anuales en 2031, frente a los 320,6 millones contabilizados en 2025. Las aerolíneas calculan un crecimiento medio del 3,6% anual durante el próximo lustro, lo que obligará a reforzar infraestructuras que ya funcionan cerca de su límite durante los meses de mayor actividad turística.
Los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat concentrarán más de la mitad de la inversión prevista. En el caso de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Aena destinará unos 3.220 millones de euros para ampliar las terminales T4 y T4S, construir un nuevo procesador para las terminales T1, T2 y T3 y reorganizar áreas operativas y de embarque. El objetivo es elevar su capacidad desde los 70 hasta los 90 millones de pasajeros anuales.
Por su parte, Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat contará con inversiones cercanas a los 3.200 millones de euros. El plan contempla la futura ampliación de la pista próxima al mar, una nueva terminal satélite y la remodelación de las terminales existentes. Sin embargo, salvo la reforma de estas últimas, el resto de actuaciones no comenzará antes de 2032 debido a la necesidad de completar trámites administrativos y medioambientales, lo que podría ralentizar el crecimiento aéreo de Barcelona frente a otros grandes hubs europeos.
La estrategia aeroportuaria también prestará especial atención a destinos turísticos. Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recibirá inversiones de 619 millones de euros para ampliar cerca de un 30% su terminal y construir un nuevo dique para vuelos no Schengen. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contará con 571 millones destinados a ampliar el edificio terminal y reforzar las zonas operativas, mientras que Aeropuerto de Palma de Mallorca movilizará otros 410 millones.
Las Islas Canarias concentrarán igualmente una parte significativa del esfuerzo inversor. Los aeropuertos del archipiélago recibirán más de 1.500 millones de euros hasta 2031, con proyectos de ampliación en Tenerife Norte y Lanzarote, además de mejoras operativas y de capacidad en otras instalaciones.
El programa aeroportuario incluirá también inversiones en digitalización, nuevos sistemas de seguridad y control fronterizo, ampliación de zonas de embarque y actuaciones de eficiencia energética. Buena parte de estas obras estarán vinculadas a la implantación del sistema europeo de control fronterizo Entry/Exit System (EES), que obligará a reorganizar los flujos de pasajeros Schengen y no Schengen en numerosos aeropuertos españoles.
Este año, el gasto turístico internacional en España alcanzará un nuevo máximo histórico, con un incremento previsto del 5,3% respecto a 2025 hasta situarse en 121.100 millones de euros. Así lo recoge el informe sobre Impacto Económico (EIR) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), presentado este martes, que también prevé que la aportación total del sector a la economía española continúe creciendo, con un aumento de alrededor de un punto del PIB turístico en comparación con 2025. En términos absolutos, el avance se estima en un 3,7%, hasta alcanzar los 257.116 millones de euros, pese al contexto de incertidumbre internacional derivado de conflictos como la guerra en Irán.
El estudio sitúa a España como el tercer mayor mercado mundial en gasto turístico internacional, solo por detrás de Estados Unidos y China, y reafirma su liderazgo dentro de Europa. La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, destacó que España atrae lo que se conoce como "viajero de alto valor", es decir, turistas que tienden a consumir la totalidad de su presupuesto durante su estancia. Según explicó, esto se debe a que el país ofrece una propuesta muy adaptada a este perfil de visitante. En la práctica, esto se traduce en un mayor nivel de gasto en restauración, compras y actividades: los turistas no solo viajan, sino que incrementan su consumo en experiencias y servicios.
El gasto de los visitantes internacionales supera claramente al del turismo doméstico, lo que genera un efecto positivo en toda la cadena de valor local, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. El WTTC subraya además que el gasto medio del turista extranjero en España es aproximadamente un 30% superior al promedio europeo.
España parte ya de una posición muy sólida en el sector, tras varios años consecutivos marcando récords. En el último ejercicio, el turismo internacional generó 115.100 millones de euros y cerca de 96,8 millones de llegadas. El gasto medio por visitante se situó en 1.144 euros, frente a los 909 euros de media en Europa, lo que refuerza la idea de España como una potencia turística global.
Entre los factores que explican este desempeño, Guevara destacó el apoyo institucional, la colaboración entre el sector público y privado y la inversión en infraestructuras turísticas. De cara a la próxima década, las previsiones del WTTC apuntan a un crecimiento sostenido. Para 2026, se espera que la contribución del turismo al PIB español aumente desde los 247.646 millones actuales hasta los 310.622 millones, lo que supondría alrededor del 16,6% de la producción nacional.
La responsable del organismo definió el sector como altamente resiliente, capaz de recuperarse tras crisis profundas como la pandemia, la guerra de Ucrania o las tensiones más recientes en Oriente Próximo. En este sentido, señaló que los conflictos internacionales no frenan necesariamente los viajes, sino que modifican los destinos elegidos por los turistas en función de la relación calidad-precio.
Según las estimaciones presentadas, la industria de viajes y turismo crecerá a un ritmo medio anual del 3,2%, por encima del 2,4% previsto para la economía global, consolidándose como un motor clave de la recuperación económica y del crecimiento en regiones como Europa.
No obstante, el WTTC advierte de varios retos a corto plazo, como el encarecimiento del combustible de aviación y las alteraciones en las rutas aéreas internacionales provocadas por la inestabilidad en Oriente Próximo. Este factor afecta especialmente a grandes hubs como Dubái o Catar, que conectan continentes y canalizan buena parte del tráfico aéreo mundial.
En este contexto, el informe señala que la reorganización de flujos turísticos podría favorecer a destinos con una oferta competitiva en precio y calidad, entre los que España se perfila como uno de los principales beneficiados.
El organismo también insta a las autoridades y a los destinos más saturados a apostar por un modelo turístico más sostenible, que equilibre el crecimiento del sector con el bienestar de los residentes. Asimismo, recomienda diversificar la oferta hacia zonas menos conocidas del país y reforzar la experiencia del visitante mediante herramientas tecnológicas como la biometría y la identidad digital.
En el ámbito laboral, el WTTC destaca el papel del turismo como generador de empleo. A nivel mundial, prevé que los puestos vinculados al sector pasen de 376 millones en 2026 a 465 millones en 2036, lo que supondría el 12,7% del empleo global, con un crecimiento anual del 2,6%.
"La cantidad de petróleo que está desapareciendo del mercado en esta crisis supera la registrada en cualquier otra crisis energética anterior", advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol.
La comparación histórica refleja la magnitud del problema. En 1973, tras la guerra del Yom Kipur y el apoyo occidental a Israel, la primera gran intervención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo provocó una caída de 4,5 millones de barriles diarios en el suministro mundial. En 1979, durante la Revolución Islámica iraní, el mercado perdió otros 4 millones de barriles al día. Más tarde, durante la guerra del Golfo de 1990 y 1991, Irak y Kuwait dejaron de exportar alrededor de 4,3 millones de barriles diarios. Sin embargo, el impacto actual derivado de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya supera conjuntamente a aquellas tres grandes crisis.
La AIE calcula que el conflicto iraní ha eliminado del mercado unos 14 millones de barriles diarios. Birol explicó este lunes en Viena que nunca antes el mundo había sufrido una interrupción tan severa del suministro energético. A la situación inicial, marcada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los ataques contra países vecinos, se ha sumado en las últimas semanas el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos y embarcaciones iraníes.
Como consecuencia, el mercado ha perdido en apenas dos meses y medio un volumen equivalente al 13,5% del consumo mundial de petróleo. Ante este escenario, Birol defendió políticas de ahorro energético frente a las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto en consumidores y empresas. Aunque la AIE trabaja diplomáticamente para que países productores alejados de Oriente Próximo, como Nigeria, Brasil o Canadá, incrementen su producción, el organismo considera imprescindible reducir también la demanda para evitar una mayor escasez y nuevas perturbaciones económicas globales.
Entre las medidas propuestas figuran potenciar el transporte público, rebajar los límites de velocidad en carretera, disminuir el uso del avión y favorecer el teletrabajo. Birol advirtió de que cuanto más se retrase la reacción, más duras tendrán que ser las decisiones posteriores. Según indicó, varios países asiáticos ya han comenzado a aplicar planes de ahorro energético, mientras que en Europa todavía no existe la misma percepción sobre la gravedad de la situación.
En su opinión, los gobiernos europeos deberían seguir el ejemplo asiático y adoptar iniciativas destinadas a contener el consumo, en lugar de centrarse únicamente en ayudas para reducir el impacto económico sobre los ciudadanos. Aunque reconoció que Asia depende más de los suministros procedentes del Golfo Pérsico, recordó que el mercado energético es global y las consecuencias afectan a todos los países.
Precisamente este domingo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió a la población reducir drásticamente el consumo de combustible, limitar las importaciones y evitar la compra de oro para proteger la economía frente a la escalada de precios provocada por la guerra. Modi animó a priorizar el uso del metro, compartir coche y apostar por el transporte ferroviario para las mercancías.
También solicitó reducir el consumo de aceite, al considerar que supone un elevado gasto de divisas. Esta recomendación se explica en parte por el fuerte encarecimiento de los fertilizantes, ya que alrededor del 30% del suministro mundial atraviesa el estrecho de Ormuz. La situación ha impulsado además el precio de numerosos productos agrícolas entre marzo y mayo.
India se suma así a otros países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh o Filipinas, que ya están aplicando restricciones o medidas de racionamiento para contener el consumo de petróleo y otros productos vinculados al estrecho de Ormuz.
En cambio, varios países europeos como España, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Hungría o Croacia han optado por reducir impuestos sobre los carburantes o fijar límites a los precios. Según la AIE, este tipo de medidas termina agravando el problema a largo plazo, ya que al contener artificialmente los precios mantiene elevado el consumo y dificulta corregir el déficit existente en el mercado energético.
El precio del alquiler volvió a subir en abril y alcanzó una media de 14,64 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos difundidos este lunes por Pisos.com, las rentas también aumentaron un 0,83% en comparación con marzo. En este contexto, y ante las dificultades del mercado residencial, "acceder a una vivienda en alquiler se ha convertido en un proceso competitivo, restrictivo y, en muchos casos, excluyente", afirma Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario. A su juicio, el problema va más allá de la subida de precios y responde a un desequilibrio estructural entre una oferta insuficiente y una demanda cada vez mayor y más diversa.
Font sostiene que el mercado no ha sido capaz de generar vivienda asequible al ritmo que exige el crecimiento demográfico y la concentración de población en las grandes ciudades. Además, recuerda que una parte importante del parque residencial permanece fuera del mercado, ya sea por tratarse de viviendas vacías, inmuebles deteriorados o pisos destinados a fórmulas de alquiler más rentables. Según apunta, esta situación también está relacionada con la inseguridad percibida por los propietarios y con la aplicación de límites a los precios.
El responsable de Estudios de Pisos.com añade que el actual marco regulatorio introduce incertidumbre en el sector, especialmente tras el rechazo en el Congreso a la prórroga de determinadas medidas sobre alquileres. En su opinión, tanto propietarios como inversores operan en un escenario cambiante, donde la falta de estabilidad normativa termina afectando a la oferta disponible.
Por ciudades, Barcelona se mantuvo como la capital más cara para alquilar, con un precio medio de 30,24 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid, con 29,62 euros, y Donostia-San Sebastián, con 21,28 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto, Palencia registró el alquiler más económico, con 6,67 euros por metro cuadrado. También destacaron por sus bajos precios Zamora, con 7,30 euros, y Huelva, con 7,32 euros.
En términos mensuales, Vitoria-Gasteiz encabezó las mayores subidas con un avance del 1,88%, mientras que Sevilla registró el mayor descenso mensual, con una caída del 5,89%. Si se compara con abril de 2025, Sevilla lideró los incrementos interanuales con una subida del 17,68%, mientras que Palencia protagonizó el mayor ajuste de precios, con un retroceso del 17,62%.
El coste del gas natural licuado (GNL) importado desde Estados Unidos se ha convertido en una de las principales fuentes de presión para el sistema gasista español. De acuerdo con los datos de Aduanas, el precio del GNL estadounidense adquirido por España pasó de 25,57 euros por megavatio hora en noviembre de 2025 a 31,24 euros/MWh en febrero de 2026, lo que representa un encarecimiento del 22,2% en apenas tres meses. Este aumento todavía no incorpora plenamente el efecto derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz, aunque ya refleja una subida significativa de los costes energéticos en un momento en el que Estados Unidos se ha consolidado como el principal suministrador de gas para España, según las cifras difundidas por Enagás.
En abril, el GNL procedente de Estados Unidos alcanzó los 10.071 GWh, equivalentes al 35,1% del consumo total de gas en España, superando ligeramente a Argelia, que aportó 9.787 GWh y una cuota del 34,1%. En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, el suministro estadounidense ascendió a 47.901 GWh, lo que supone el 36,2% de todos los aprovisionamientos gasistas españoles, frente al 30,6% correspondiente a Argelia.
Los datos del sistema muestran además el cambio estructural del mercado energético español hacia el gas natural licuado. Durante abril, el 65,3% del gas recibido llegó por vía marítima en forma de GNL, mientras que el 34,7% restante se transportó mediante gasoductos. Aunque el peso del GNL descendió ligeramente respecto a marzo, sigue evidenciando una elevada dependencia del mercado internacional y de los grandes exportadores atlánticos.
Para la economía española, el problema es que esta mayor exposición al GNL coincide con un contexto internacional marcado por la tensión en los precios. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Europa y Asia compiten por atraer cargamentos de gas licuado. España mantiene una posición estratégica gracias a su amplia red de plantas regasificadoras, pero no escapa al encarecimiento del mercado spot internacional.
El impacto de estos precios elevados ya se deja sentir especialmente en el consumo industrial. Según Enagás, la demanda convencional -donde se concentra gran parte de la actividad industrial- descendió un 6,3% en abril, hasta situarse en 16.448 GWh. En el acumulado anual, la caída alcanza el 3,4%, mientras que en términos interanuales móviles el retroceso es del 1,3%. La compañía atribuye parte de esta reducción al aumento de las temperaturas, que fueron 1,81 grados superiores a las registradas en el mismo mes del año anterior. No obstante, incluso corrigiendo ese factor climático, la demanda convencional mantiene una caída del 2,5%.
Frente al descenso industrial, el consumo de gas destinado a generación eléctrica mostró una evolución muy distinta. La demanda del sector eléctrico aumentó un 19,6% en abril y alcanzó los 6.617 GWh, impulsada por la menor producción eólica e hidráulica y por una mayor utilización de los ciclos combinados dentro de la denominada operación reforzada del sistema eléctrico. En términos energéticos, el volumen de gas utilizado para producir electricidad pasó de 5,5 TWh a 6,6 TWh en un año, elevando la participación del gas natural en el mix eléctrico español hasta el 12%.
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