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(Expansión, 09-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Círculo de Empresarios propone un cortafuegos en el sector público contra la corrupción

El Círculo de Empresarios ha lanzado una llamada urgente para reforzar la integridad institucional en España, subrayando la necesidad de adoptar medidas eficaces contra la corrupción. La organización propone garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública, aplicar las prácticas de cumplimiento normativo ya consolidadas en el ámbito empresarial y proteger a quienes denuncien irregularidades. Asimismo, advierte de que la persistencia de casos de corrupción podría poner en riesgo el crecimiento económico del país. En un contexto de creciente inestabilidad política que amenaza con afectar a la economía nacional, el Círculo ha emitido una declaración institucional en la que afirma que "España necesita instituciones íntegras, empresas responsables y una sociedad que valore la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de su desarrollo". Según la organización presidida por Juan María Nin, el país corre el riesgo de perder la confianza tanto a nivel interno como en el escenario internacional si no se toman medidas claras y contundentes. Una de sus principales recomendaciones es trasladar al ámbito público los mecanismos anticorrupción que ya funcionan con eficacia en el sector privado. En este sentido, urge la puesta en marcha de una Estrategia Nacional contra la Corrupción, alineada con lo que también reclama la Comisión Europea. El Círculo lanza un mensaje directo: "La expansión de las diferentes formas de corrupción debilita nuestras instituciones, obstaculiza el crecimiento económico y daña la imagen de empresarios y empresas que actúan con responsabilidad". Entre las medidas concretas que propone la organización se encuentran el fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública, asegurando la trazabilidad del gasto y una rendición de cuentas real durante todas las fases del ciclo presupuestario; la incorporación de las mejores prácticas de gobernanza corporativa al sector público y a los partidos políticos, como parte de un sistema más robusto de control y prevención; la protección efectiva de los denunciantes como herramienta clave para detectar irregularidades; y la aplicación de criterios objetivos y de mérito para el nombramiento de altos cargos públicos, al igual que ocurre en las grandes empresas, especialmente las cotizadas. El Círculo también destaca que los sistemas de control internos que se aplican en muchas compañías deberían adoptarse igualmente en la administración pública. Entre ellos, menciona el cumplimiento normativo, que asegura el respeto al marco legal y los códigos éticos; las auditorías internas que permiten identificar riesgos y prevenir fallos; y los programas de integridad y códigos de conducta que ya son habituales en el sector empresarial. A juicio de la entidad, "los mecanismos de control actuales en el sector público son insuficientes" y alerta de que, sin una estructura institucional sólida que permita prevenir, detectar y sancionar de forma eficaz las malas prácticas, estas seguirán apareciendo, perjudicando a la sociedad en su conjunto y debilitando la economía. Finalmente, el Círculo de Empresarios subraya que "la regeneración es no solo posible, sino imprescindible", y recuerda que España cuenta con recursos valiosos para lograrla, como una judicatura y fiscalía competentes, unas fuerzas de seguridad eficaces y una prensa libre, todos ellos con gran prestigio internacional. "Romper con el ciclo de corrupción percibida no es solo una cuestión puntual, sino una necesidad estratégica para asegurar el futuro de la democracia y de una economía que premie el mérito y el respeto a la ley", concluye el comunicado, que pone de relieve las debilidades del sector público en materia de lucha contra la corrupción. Este pronunciamiento del Círculo coincide con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde tiene previsto presentar el paquete de medidas anticorrupción que prometió tras los recientes escándalos que afectan a sus antiguos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

(El Periódico, 09-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España inicia el trámite para duplicar el colchón anticrisis de la banca

El Banco de España ha decidido avanzar en el plan establecido hace un año y ha iniciado el procedimiento para exigir a los bancos que incrementen el denominado "colchón de capital anticíclico" del 0,5% actual al 1%, a partir de octubre de 2025. No obstante, esta exigencia no será efectiva hasta octubre de 2026. El organismo, presidido actualmente por José Luis Escrivá, da así continuidad a la estrategia impulsada por su predecesor, Pablo Hernández de Cos, quien en mayo de 2024 activó por primera vez esta medida con el objetivo de reforzar la resistencia del sistema financiero frente a futuras crisis. La implementación se estableció en dos etapas, a lo largo de dos años, y pese a las críticas de las entidades financieras. Según las estimaciones realizadas en ese momento, alcanzar un colchón del 1% implica que el sector bancario deberá disponer de 7.500 millones de euros adicionales en capital. La primera fase, que fija una exigencia del 0,5% (equivalente a 3.750 millones de euros), se activará en octubre de 2024 y se aplicará a partir de octubre de 2025. Ahora, el Banco de España abre el proceso de consulta pública para establecer la segunda fase, también de 0,5 puntos, que se activará un año más tarde, aunque no será exigible hasta octubre de 2026. Desde el punto de vista del sector bancario, la puesta en marcha de este colchón implica una menor capacidad para conceder créditos en el corto plazo, a cambio de tener más margen de maniobra en escenarios económicos adversos en el futuro. La estrategia diseñada por Hernández de Cos respondía a un nivel de riesgo sistémico "intermedio", es decir, ni bajo ni crítico, y la evaluación actual de Escrivá mantiene ese mismo diagnóstico. A pesar de un entorno internacional más incierto, marcado por tensiones geopolíticas y factores macrofinancieros, el Banco de España considera que el nivel de riesgo cíclico no ha cambiado. Paralelamente, y en línea con las recomendaciones europeas, la institución está evaluando la posibilidad de imponer restricciones en la concesión de créditos -especialmente hipotecarios- como medida preventiva frente a posibles burbujas. En su último Informe de Estabilidad Financiera de primavera, el organismo apuntó que hay un consenso creciente a nivel internacional sobre la conveniencia de establecer límites estructurales en las condiciones de concesión de préstamos. Actualmente, solo tres países de la Unión Bancaria -España, Alemania e Italia- no han implementado todavía este tipo de regulaciones. El colchón de capital anticíclico, según lo define el Banco de España, es una herramienta macroprudencial que permite reforzar la solidez de las entidades financieras acumulando capital en épocas de crecimiento económico -cuando tienden a generarse riesgos sistémicos-, para poder utilizarlo en momentos de tensión o crisis que amenacen la estabilidad del sistema. Esta medida fue creada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2010 y está disponible desde 2016. Aunque en España no se había activado hasta ahora, ya está en funcionamiento en otros 13 países europeos, como Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Lituania, Hungría o Bulgaria. Por el contrario, países como Portugal e Italia aún no la han puesto en marcha.

(El Confidencial, 09-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inteligencia artificial y la geopolítica aceleran un relevo en los órganos de gobierno empresarial en España

La transformación en la cúpula del poder empresarial en España se acerca a un punto de inflexión. En los próximos cinco años, muchos consejos de administración de grandes compañías afrontarán una renovación profunda, motivada no tanto por el factor edad, sino por las crecientes exigencias de un entorno volátil, complejo y marcado por el avance tecnológico. Así lo revela el informe La agenda del consejo en 2030, elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo de ESADE junto a PwC, IBM, Mercer, Georgeson y Diligent. El estudio, que recoge la opinión de 175 consejeros y expertos del ámbito corporativo, indica que un 57% prevé que entre el 25% y el 50% de sus miembros serán reemplazados antes del año 2030. Además, un 18% estima que más de la mitad del consejo será renovado en ese mismo plazo. Este relevo no responde únicamente a una cuestión de edad o ciclo generacional, sino que obedece a una doble presión: la transformación tecnológica, especialmente a través de la inteligencia artificial, y los riesgos geopolíticos, ambos factores que están redefiniendo las prioridades estratégicas de las empresas. Tras un periodo marcado por crisis como la pandemia, el conflicto en Ucrania o el crecimiento de la inteligencia artificial, los consejos enfrentan la necesidad de incorporar nuevas habilidades. En este sentido, la IA generativa aparece como el principal agente de cambio: un 94,3% de los encuestados cree que esta tecnología alterará profundamente tanto la gestión de riesgos como la generación de valor en sus organizaciones. Como respuesta, se incrementa la demanda de consejeros con perfiles técnicos, éticos y estratégicos, capaces de supervisar un uso responsable de los algoritmos y alineado con los valores corporativos. Más de la mitad de los participantes (54,1%) anticipa un aumento en la incorporación de expertos en tecnología, sostenibilidad o ciberseguridad. En paralelo, la geopolítica ha pasado a ocupar un lugar prioritario en las agendas del consejo. Conflictos como el de Gaza, tensiones comerciales globales, sanciones o interrupciones en las cadenas de suministro han llevado al 95,5% de los consultados a considerar que estos temas deben integrarse de forma estructural en la toma de decisiones. Esta nueva mentalidad implica un cambio de enfoque: de una reacción puntual a una estrategia de anticipación activa frente a escenarios internacionales, con implicaciones directas sobre el diseño de los mapas de riesgos, las alianzas comerciales y las cadenas de valor. Ante este panorama, los consejos buscan perfiles que combinen visión estratégica, pensamiento crítico y sensibilidad ante las transformaciones sociales y tecnológicas. Un 64,5% prevé una mayor incorporación de generaciones más jóvenes, con perspectivas frescas frente a los nuevos desafíos. También gana terreno la preocupación por la acumulación de cargos por parte de algunos consejeros, fenómeno conocido como overboarding, que puede comprometer su dedicación y generar conflictos de interés. Un 65,2% de los participantes se muestra partidario de establecer límites a este tipo de mandatos. Por otro lado, el 80,8% de los encuestados prevé un uso creciente de asesores externos especializados y de herramientas como las matrices de competencias, que permitirían seleccionar consejeros con mayor diversidad, independencia y experiencia técnica. Una tendencia destacada es el incremento de consejeros independientes que ocupan cargos ejecutivos activos, una opción respaldada por el 64,5% de los participantes, ya que su experiencia operativa aporta valor en áreas como la innovación, el análisis de riesgos o la sostenibilidad. Finalmente, el informe destaca el auge del Lead Independent Director o consejero independiente coordinador, figura que ya ha comenzado a consolidarse en varias empresas del Ibex 35. Aunque su incorporación no es obligatoria por ley, un 57,9% de los encuestados considera que esta figura se convertirá en un elemento clave del buen gobierno corporativo, al promover la independencia, la transparencia y el equilibrio entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos.

(Cinco Días, 08-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza con un 10% de aranceles adicional a los países que se alineen con los BRICS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo por la noche una advertencia a los países que decidan respaldar las posturas del grupo BRICS, amenazando con imponer un arancel adicional del 10% sobre sus productos. Según el mandatario, esta medida se aplicaría a aquellos que se alineen con lo que calificó como "políticas antiestadounidenses" del bloque de economías emergentes, que está celebrando una cumbre en Río de Janeiro, Brasil. Este grupo, formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China en 2009 -y al que se unió más tarde Sudáfrica-, representa hoy cerca del 40% del PIB mundial y aglutina a más de 3.600 millones de personas, lo que equivale a casi la mitad de la población global. En una declaración conjunta publicada al inicio del encuentro, los países del BRICS alertaron, sin mencionar directamente a Trump, sobre los efectos negativos de los aranceles para el comercio internacional, en lo que se interpretó como una crítica indirecta a la política proteccionista del mandatario. Pocas horas después, Trump reaccionó en su red social Truth Social, donde lanzó su amenaza: "Todo país que apoye las políticas antiestadounidenses de los BRICS será objeto de un arancel ADICIONAL del 10%. Esta norma se aplicará sin excepciones. ¡Gracias por su atención!" Sin embargo, el presidente no explicó qué considera exactamente como "políticas antiestadounidenses". Desde su creación, el grupo BRIC (siglas de sus países fundadores) ha ampliado su alcance. Sudáfrica se unió poco después, y en 2023 lo hicieron Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí también ha mostrado interés, aunque aún no se ha incorporado oficialmente, y más de 30 países han expresado su deseo de formar parte como miembros o socios. El objetivo principal de BRICS es impulsar un nuevo modelo de gobernanza global. Entre sus propuestas están la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y la creación de mecanismos financieros alternativos al FMI y al BID. Las declaraciones de Trump no tardaron en recibir respuesta. China, a través de su Ministerio de Exteriores, afirmó que los aranceles unilaterales son perjudiciales para todos. "El uso de medidas tarifarias no beneficia a nadie", afirmó la portavoz Mao Ning en una rueda de prensa. Rusia, por su parte, enfatizó que el trabajo del BRICS "no está dirigido contra terceros países", según indicó Dmitri Peskov, vocero del Kremlin. A pesar de la importancia de la cumbre, ni el presidente chino Xi Jinping ni el ruso Vladímir Putin asistieron al encuentro en Brasil. No obstante, otros líderes, como el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, sí estuvieron presentes en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro para participar en las discusiones. Durante su intervención, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva comparó al BRICS con el antiguo Movimiento de Países No Alineados, destacando su papel en la defensa de la autonomía frente a las potencias globales. "Los BRICS son herederos de ese movimiento. Con el multilateralismo bajo presión, nuestra soberanía vuelve a estar en juego", afirmó Lula.

(Expansión, 08-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amplía hasta el 1 de agosto la tregua arancelaria

Washington ha decidido posponer hasta el 1 de agosto la aplicación de aranceles recíprocos a los países con los que no logre cerrar un acuerdo antes de mañana. Mientras tanto, Bruselas señala que "hay avances" hacia un "principio de acuerdo". "Estamos negociando con más de 170 países. ¿Cuántos acuerdos se pueden cerrar realmente? Todos son importantes, pero muy complejos de negociar", explican desde la administración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está apurando el tiempo para concretar el mayor número posible de pactos comerciales antes de que concluya mañana la tregua de 90 días que otorgó tras iniciar su ofensiva arancelaria el pasado 2 de abril. A excepción del Reino Unido y Vietnam, la mayoría de estos acuerdos siguen sin resolverse. Incluso el reciente entendimiento con China aún requiere detalles para que sea plenamente efectivo. Las conversaciones más difíciles están siendo con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, de quienes se esperan anuncios a lo largo del martes que definan el panorama comercial global. Aunque Trump ha reiterado que no habrá más extensiones, lo cierto es que ya ha pospuesto la implementación de los aranceles hasta el 1 de agosto. Esta nueva fecha reemplaza a la inicialmente prevista, aunque oficialmente la Casa Blanca sigue citando el 9 de julio como referencia. En la práctica, esto representa una maniobra para ganar tiempo, mientras intensifica las amenazas a sus socios. De hecho, este lunes, comenzaron a enviarse cartas oficiales a los países con los que las negociaciones están más estancadas. Japón y Corea del Sur fueron los primeros en recibir estas comunicaciones, en las que se les informa que a partir del 1 de agosto sus productos serán gravados con un arancel del 25%. En el caso japonés, es un punto más de lo anunciado en abril; para Corea, se mantiene el porcentaje previsto. El mensaje de Trump es directo: si quieren reducir su déficit comercial con Estados Unidos, deberán aceptar las condiciones estadounidenses. La semana pasada, Japón se retiró casi por completo de las negociaciones ante la negativa de Washington a eliminar tanto los aranceles recíprocos como los específicos, que afectan a sectores como el automotor y el siderúrgico. En ese momento, Trump amenazó con un arancel del 35%, que ahora se concreta en un 25%, cifra más baja pero aún superior a la anunciada en abril, a modo de sanción. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró este lunes que no se trata de una amenaza, y buscó restar presión al asunto. Según afirmó, las cartas simplemente fijan un nuevo plazo para alcanzar acuerdos que eviten los aranceles, sin que estos se apliquen de forma automática desde este miércoles. Para Bessent, es más un aviso preventivo dentro del nuevo calendario. Bruselas también podría recibir una carta similar en breve. No sería la primera vez que la Unión Europea es presionada con amenazas de nuevos aranceles. A fines de mayo, Trump insinuó la imposición de tarifas del 50% a los productos europeos, en medio de un estancamiento en las negociaciones. En respuesta, Europa suavizó sus demandas e incluso se mostró dispuesta a aceptar un arancel del 10% para reactivar el diálogo con Washington.

(El Periódico, 08-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

UE y EEUU avanzan hacia un "principio de acuerdo", tras una llamada entre Trump y von der Leyen

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que se han logrado avances hacia un posible "principio de acuerdo" comercial con Estados Unidos, en un intento por evitar una nueva escalada de aranceles antes de que expire el plazo de la actual tregua negociadora, fijado para el 9 de julio. Este progreso se habría producido tras una conversación telefónica mantenida el domingo entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. "Estamos avanzando hacia un acuerdo preliminar. El viernes pasado consultamos con los Estados miembros, y nuestra presidenta habló con el presidente de Estados Unidos ayer. Estamos trabajando intensamente en todos los frentes para lograr algo antes del 9 de julio", explicó Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, durante la habitual rueda de prensa del organismo. Gill evitó precisar el estado exacto de las negociaciones, argumentando que se trata de una fase "delicada", aunque señaló que están en "el principio del final" de este proceso negociador inicial. El portavoz también confirmó que los contactos continúan tanto a nivel técnico como político, incluyendo el más alto nivel institucional. De hecho, la Comisión reconoció este lunes que von der Leyen y Trump mantuvieron una conversación telefónica el domingo, una llamada que no había sido revelada públicamente hasta ahora por ninguna de las dos partes. Según Bruselas, el diálogo fue "positivo", aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre su contenido. La tregua arancelaria decretada por Trump en abril, que permitió abrir una ventana de diálogo, está a punto de expirar, lo que añade presión a las conversaciones. Según la Comisión, la visita del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, a Washington la semana pasada fue clave para lograr avances relevantes, aunque el acuerdo aún no está completamente cerrado. Von der Leyen ya había admitido el pasado viernes que alcanzar un pacto integral en apenas tres meses era una tarea muy difícil, dado que el volumen de intercambio comercial entre ambas potencias supera los 1,5 billones de euros. Sin embargo, se mostró confiada en que al menos se pueda lograr un principio de entendimiento que reduzca la tensión y permita seguir negociando a medio plazo. Tras la última ronda de conversaciones en Washington el viernes pasado, la directora general de Comercio de la Comisión, Sabine Weyand, junto con el jefe de gabinete de von der Leyen, Björn Seibert, informaron a los Estados miembros sobre el estado de las discusiones. Aunque no se han filtrado demasiados detalles, se sabe que la propuesta sobre la mesa contempla un aumento del 10% en gran parte de las exportaciones europeas. A cambio, Bruselas busca concesiones específicas por parte de Washington en áreas clave.

(El Economista, 08-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces ven abusiva la hipoteca inversa por convertir los intereses en nueva deuda

Los tribunales han comenzado a detectar falta de transparencia y posibles abusos en la comercialización de las hipotecas inversas, especialmente por la forma en que se gestionan los intereses del préstamo, que se transforman en deuda adicional. Este producto financiero, dirigido exclusivamente a personas mayores de 65 años que necesitan liquidez, permite al banco concederles un crédito con la vivienda como garantía, que generalmente se entrega mediante pagos mensuales. Al fallecer el titular, si el préstamo no ha sido devuelto, los herederos deben saldarlo o ceder el inmueble a la entidad. Aunque su uso todavía es limitado en España -apenas se han concedido unas 1.500 hipotecas inversas en los últimos siete años, según el Consejo General del Notariado-, ya han comenzado a dictarse resoluciones judiciales que cuestionan la forma en que se han ofrecido estos productos. Una de las principales críticas se centra en cómo se acumulan los intereses: en lugar de pagarlos periódicamente, estos se suman al capital pendiente, generando así una deuda mayor y más intereses, en un proceso acumulativo que puede elevar significativamente el coste total del crédito. Por ejemplo, con un tipo fijo del 5%, si no se pagan los intereses mensuales, estos se incorporan a la deuda y sobre esa nueva cantidad se siguen generando intereses, lo que multiplica la carga financiera para el cliente. La Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia del 3 de abril, reconoció que aunque el Código Civil permite la capitalización de intereses, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen un alto grado de transparencia por parte de los bancos. Esto implica que no basta con una redacción clara de las cláusulas, sino que el cliente debe entender con precisión cómo funciona el préstamo. Por tanto, la entidad financiera tiene la obligación de informar adecuadamente al cliente antes de la firma del contrato. El tribunal determinó que, si bien el cliente podía creer que contrataba un préstamo con un interés del 6,25% a pagar al vencimiento, en realidad asumía un coste mayor, ya que, salvo que abonara los intereses mes a mes, estos se incorporarían al capital, generando nuevos intereses y provocando un "efecto bola de nieve" en la deuda. La sentencia advierte que, dada la redacción de la cláusula y la escasa información proporcionada, el consumidor no podía formarse una idea clara del coste real del préstamo, lo que contraviene los principios de buena fe y supone un desequilibrio significativo en perjuicio del cliente. Además, la Audiencia Provincial de Canarias emitió dos resoluciones en la misma línea, el 8 de febrero y el 4 de septiembre de 2023, en las que se declaró nula la cláusula de intereses por falta de claridad. Según los jueces, la simple expresión de que "los intereses vencidos se capitalizan" no permite al consumidor comprender que esas cantidades también generarán intereses adicionales. Previamente, la Audiencia Provincial del País Vasco, en una sentencia del 10 de junio de 2021, ya había anulado íntegramente una hipoteca inversa al considerar que la cláusula relativa a los intereses no superaba el control de transparencia, ya que no permitía al consumidor evaluar con precisión el impacto económico del contrato.

(El Economista, 07-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión de las empresas españolas se estanca en el nivel previo a la pandemia

La economía española, que ha liderado el crecimiento entre los países de la OCDE en los últimos años, no puede atribuir ese avance a un aumento en la inversión empresarial. Al contrario, si se comparan los datos más recientes sobre la Formación Bruta de Capital Fijo -correspondientes al primer trimestre de 2025- con los de finales de 2019 (estableciendo ese año como base 100), se observa que la inversión apenas ha superado los niveles previos a la pandemia de Covid-19. Esta situación es calificada como una anomalía por Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal en el Servicio de Estudios de BBVA, quien señala que "el PIB ha crecido casi diez puntos en el mismo periodo", algo que considera "extraño", ya que lo habitual sería que la inversión hubiera tenido un comportamiento similar o incluso más dinámico. Cardoso subraya que, tras una recuperación como la vivida en otros sectores, sería razonable esperar un incremento mucho mayor en los flujos de inversión. Este estancamiento resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que ya han quedado atrás factores como la elevada inflación derivada de la guerra en Ucrania o los problemas en las cadenas de suministro durante lo peor de la pandemia. Un análisis más detallado de la Formación Bruta de Capital Fijo, a partir de los datos del INE y Eurostat, revela incluso retrocesos en algunos componentes clave. Por ejemplo, la inversión en transporte se sitúa 12 puntos por debajo del nivel de 2019. En el sector de la construcción, aunque no hay descenso, el crecimiento apenas alcanza un 1%. "El caso de la construcción es especialmente sorprendente", añade Cardoso, teniendo en cuenta el desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, así como el impacto esperado de los fondos europeos Next Generation. En esta misma línea, ni siquiera el aumento en la licitación pública ha logrado mejorar de forma sostenida la capacidad productiva, algo que, según el Instituto de Estudios Económicos -vinculado a la CEOE-, podría estar relacionado con la falta de unos nuevos Presupuestos Generales desde 2023. Tampoco ayuda la baja ejecución de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que en el primer trimestre del año ha caído a mínimos. Por otro lado, la capacidad de inversión del tejido empresarial también se ve lastrada por la elevada presión fiscal. Sumando impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, España se sitúa como el cuarto país de la UE que más ingresos fiscales obtiene de las empresas, representando casi el 50% del total recaudado, según datos recientes del centro de estudios Tax Foundation. Independientemente de las causas, ningún otro país europeo comparable muestra un comportamiento tan débil en cuanto al impulso inversor del sector privado. Francia e Italia, por ejemplo, presentan cifras muy superiores. A finales de 2021, la inversión en Francia ya superaba en un 1,4% el nivel previo a la pandemia, mientras que en Italia el aumento era del 5,1% en ese mismo periodo. Alemania es el país que más se asemeja a España en este aspecto, aunque con diferencias importantes. Allí, la Formación Bruta de Capital Fijo llegó a estar apenas medio punto por debajo del nivel pre-Covid en su momento más bajo, una brecha que fue cerrada con rapidez, a diferencia del caso español. Junto con la inversión, la productividad es otra variable que también muestra una preocupante falta de recuperación. Según datos del INE analizados por Eurostat, el rendimiento por trabajador y por hora en España sufrió la mayor caída de toda la eurozona -con un retroceso de 10,6 puntos- desde el final de la crisis de 2008-2013 hasta 2021, una diferencia que aún no ha sido corregida completamente.

(El Economista, 07-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Protección de Datos sanciona al Notariado por exigir copias del DNI para acceder al Portal Notarial del Ciudadano

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción al Consejo General del Notariado (CGN) por solicitar copias del DNI a los ciudadanos que querían acceder al Portal Notarial del Ciudadano, al entender que dicha práctica no cuenta con una base legal adecuada que justifique la conservación de estos documentos. En su resolución, la AEPD establece un plazo de seis meses para que el CGN demuestre la implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Durante ese tiempo, el organismo deberá adecuar sus procedimientos en cuanto a la legalidad del tratamiento de la información personal, la transparencia hacia los usuarios y la prevención de posibles conflictos de interés en la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD). De no hacerlo, se enfrentará a una multa. Las fotocopias del DNI se enviaban a los notarios para cumplir funciones públicas y gestionar el acceso de usuarios al portal, con el fin de prevenir fraudes y suplantaciones de identidad. Sin embargo, la AEPD subraya que la obligación de conservar estos documentos recae exclusivamente en los notarios y no en el CGN. Por tanto, el consentimiento recabado para acceder al portal no cumple con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aunque la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales obliga a los notarios a conservar copias del DNI en determinadas operaciones, esta norma no otorga al CGN la facultad de almacenarlas de forma generalizada. Además, la Ley sobre la digitalización de actuaciones notariales no respalda esta práctica. El consentimiento recabado no ofrecía una opción clara para aceptar o rechazar la conservación del DNI, ni proporcionaba información suficiente. Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 2 de febrero de 2022, ya declaró que el CGN había excedido sus competencias al crear una base de datos de DNIs y le ordenó eliminar toda la información recopilada. Fuentes del CGN han indicado a elEconomista que han recurrido la resolución, señalando que, en el momento de iniciarse el expediente, ya habían modificado su política de privacidad para el acceso a la Sede Electrónica Notarial. Actualmente -añaden- solo se solicita la subida del DNI en los casos en que se va a realizar un acto notarial por videoconferencia, dado que es el único modo que tiene el notario de verificar la identidad del compareciente a distancia, tal como establece el artículo 23 de la Ley del Notariado. Se trataría de un procedimiento equivalente al que ocurre cuando se acude presencialmente a una notaría. Por otro lado, el CGN ha nombrado un nuevo Delegado de Protección de Datos en sustitución de ANCERT -entidad que también ejercía funciones como responsable tecnológico-, una medida que la AEPD interpreta como una muestra de reconocimiento y corrección de la anterior situación de conflicto de intereses.

(La Vanguardia, 07-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La empresa media madrileña factura un 87% más que la catalana

La relación empresarial entre Madrid y Cataluña resulta, en muchos aspectos, una ilusión óptica. Aunque ambas comunidades autónomas albergan un número similar de empresas, las madrileñas destacan claramente en volumen de facturación, activos y empleo. En promedio, las compañías con sede en Madrid facturan un 87% más y emplean a un 79% más de trabajadores que las catalanas. Sin embargo, este dato no cuenta toda la historia, ya que la ventaja de Madrid se debe principalmente a la presencia de unas pocas corporaciones de gran tamaño. Si se excluyen estas grandes firmas, el tejido empresarial catalán muestra mayor solidez. Esta diferencia queda reflejada en una nueva estadística experimental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España con datos de 2023 procedentes de los registros mercantiles. Esta herramienta, llamada ViMe, permite analizar la relación entre ventas y empleo en las empresas de cada provincia y comunidad autónoma. Lo llamativo no es que Madrid lidere, sino el nivel de diferencia que mantiene con otras regiones. Madrid cuenta con 185.290 empresas registradas, una cifra muy cercana a las 178.573 de Cataluña, a pesar del traslado de sedes ocurrido en los últimos años. Este parecido sugiere una cierta distribución equitativa a nivel nacional. Andalucía, por ejemplo, tiene 138.062 empresas, y la Comunidad Valenciana, 114.136. El desequilibrio se hace más evidente al observar los resultados económicos. Las empresas madrileñas facturan en promedio 3,8 millones de euros y emplean a 2,89 millones de personas, con una media de 16 empleados por firma. En cambio, las catalanas facturan una media de 2,07 millones, con 1,61 millones de trabajadores y un promedio de nueve empleados por empresa. En el caso de Barcelona, la media es de nueve trabajadores y 2,3 millones de euros en ingresos. En conjunto, las empresas de Madrid alcanzan ventas por 755.918 millones de euros, casi el doble que los 382.873 millones generados por las catalanas. Pero esto no implica necesariamente que las empresas madrileñas sean más eficientes o grandes en general. La diferencia se explica por el peso de las grandes corporaciones y filiales de multinacionales asentadas en Madrid, que elevan significativamente los promedios. Un dato clave es la mediana, que representa mejor el comportamiento del conjunto que la media. En Madrid, la empresa mediana apenas factura 6.000 euros anuales, lo que la sitúa como una microempresa. Esto revela que el ecosistema empresarial madrileño está compuesto en gran parte por microempresas, junto a un pequeño grupo de grandes compañías que elevan las cifras generales. En Cataluña, la mediana es de 155.000 euros, más de veinte veces superior a la de Madrid, lo que sugiere una estructura más dinámica y homogénea. En cuanto al valor total de los activos empresariales, las empresas madrileñas suman 1,6 billones de euros, muy por encima de los 524.965 millones de Cataluña y los 346.231 millones del País Vasco. Madrid acoge a 23 de las 35 compañías del IBEX 35, entre ellas Acciona, Repsol, Telefónica, Endesa o Mapfre, así como firmas que trasladaron su sede en 2017, como Naturgy, Colonial y Cellnex. En Cataluña siguen radicadas empresas como Sabadell, Grifols, Puig y Fluidra. Según el ranking provincial de Informa D&B, las compañías madrileñas alcanzan una facturación de 903.772 millones de euros, frente a los 336.227 millones de las barcelonesas. No obstante, entre las mayores empresas del país figuran nombres relevantes como Mercadona (Valencia), Seat (Cataluña), Iberdrola (País Vasco) o Inditex y Stellantis (Galicia). Muchas filiales de multinacionales como Amazon, Microsoft, Siemens o IBM también tienen sede en Madrid. Una de las principales ventajas de la herramienta ViMe es que distingue entre empresas con domicilio social y aquellas que, aunque tengan su sede en otra región, desarrollan operaciones en el territorio. Por ejemplo, una empresa con sede en Barcelona puede operar en diversas partes del país, al igual que ocurre con las que están registradas en Madrid.

El Círculo de Empresarios propone un cortafuegos en el sector público contra la corrupción

El Banco de España inicia el trámite para duplicar el colchón anticrisis de la banca

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Los jueces ven abusiva la hipoteca inversa por convertir los intereses en nueva deuda

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