(El Economista, 19-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El 'criptopasaporte' europeo, indispensable para que las empresas del sector puedan operar en todo el continente, sigue generando polémica. Malta está bajo escrutinio desde que el regulador comunitario la señalara este verano por conceder con excesiva rapidez una autorización a una firma cripto. Ahora, otros países han expresado su inquietud, entre ellos España, cuya CNMV confirma a elEconomista.es que comparte las preocupaciones y demandas de estados como Francia, Italia y Austria. Estos tres países han dado un paso al frente esta semana y han solicitado de forma pública a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) que corrija la situación o, de lo contrario, tomarán medidas para salvaguardar a usuarios e inversores.
En relación con esta iniciativa, la CNMV aclara: "Coincidimos en la preocupación y respaldamos que sea la ESMA la que autorice a los proveedores más relevantes y de mayor tamaño. Sin embargo, por el momento no contemplamos bloquear el pasaporte de ningún operador".
Francia, Italia y Austria han encendido las alarmas al denunciar que existen diferencias significativas en los estándares de supervisión entre países, lo que facilita que algunas compañías escojan jurisdicciones más permisivas como vía de entrada al mercado único. "Pese a los intentos de coordinación de la autoridad europea, durante los primeros meses de aplicación del reglamento se han detectado grandes disparidades en la supervisión", subraya el grupo crítico.
El comunicado no se queda en una advertencia: los tres países avisan de que actuarán de manera unilateral si detectan riesgos para los inversores. Reclaman "reforzar cuanto antes la arquitectura supervisora" y advierten de que, de no hacerlo, podrían aplicar medidas cautelares, amparadas en las cláusulas del reglamento MiCA. Esto podría llegar a implicar la suspensión del 'criptopasaporte' en sus respectivos mercados, poniendo en entredicho la armonización que entró en vigor apenas hace unos meses.
Además de esa medida drástica, los reguladores reclaman que la ESMA asuma el control directo de las grandes plataformas cripto, una propuesta en la que coincide la CNMV. También piden endurecer los requisitos de los white papers -los folletos con los que los proyectos presentan sus criptomonedas-, incrementar las exigencias de ciberseguridad y establecer revisiones periódicas.
La ESMA, consultada por elEconomista.es, recuerda que los países anfitriones tienen capacidad para tomar medidas cautelares, incluidas restricciones a proveedores que ya tengan licencia en otro estado miembro. No obstante, subraya que estas decisiones no pueden ser unilaterales: deben comunicarse a la autoridad nacional correspondiente y a la propia ESMA, además de justificar con pruebas claras la existencia de irregularidades. La prioridad, remarcan, debe ser siempre la protección de los titulares de activos digitales, en especial los minoristas.
El caso de Malta es el que más suspicacias despierta. Con apenas medio millón de habitantes, el país ha concedido seis licencias MiCA, la misma cifra que Francia, de un total de 58 autorizaciones emitidas en Europa hasta septiembre. Aunque en los comunicados oficiales no se le mencione, la isla concentra buena parte de las dudas sobre si está aplicando controles más flexibles que el resto.
El pasaporte MiCA es fundamental porque permite a cualquier empresa de criptomonedas prestar servicios en toda la Unión Europea sin necesidad de nuevas licencias en cada país. Sin embargo, el proceso de autorización aún está abierto y cada autoridad nacional aplica un periodo transitorio diferente. Por ello, todavía hay compañías que no cuentan con el pasaporte o que se encuentran en trámite. Hasta que lo obtengan, no pueden operar más allá de su propio territorio. De ahí que conseguir el sello MiCA sea clave para expandirse en el conjunto del mercado europeo.