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(El Periódico, 02-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La empresa estatal de vivienda incorporará hasta 40.000 casas del banco malo

Hasta 40.000 viviendas y 2.400 parcelas con capacidad para levantar otras 55.000 casas, valoradas en conjunto en torno a 5.900 millones de euros, forman el conjunto de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el "banco malo", que el Gobierno pretende transferir progresivamente a la nueva empresa pública de vivienda. Así lo anunció este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La transferencia se realizará de forma escalonada con el objetivo de facilitar una integración eficiente de los activos en el patrimonio de Sepes, la entidad estatal de suelo que servirá de base para la futura empresa pública de vivienda. Rodríguez añadió que este conjunto de activos podría ampliarse. No obstante, de ejecutarse en su totalidad este plan, supondría prácticamente el vaciado de los activos inmobiliarios de Sareb, que actualmente conserva en su balance poco más de 37.000 viviendas. La cifra ofrecida por el Gobierno es mayor porque también incluye viviendas en proceso de transformación, es decir, activos que aún no son habitables -como inmuebles sin terminar o créditos fallidos- pero que están en proceso de conversión. Según fuentes del sector, Sareb tendría unos 10.000 de estos activos. En total, se han analizado más de 47.000 posibles viviendas, de las cuales Sepes ha seleccionado alrededor de 44.000. El proceso de selección, que ha durado varios meses, ha considerado factores geográficos, técnicos y económicos: se han priorizado viviendas ubicadas en zonas con demanda, con un valor y tamaño adecuados, y que no presenten problemas estructurales. En el caso de los terrenos, también se ha tenido en cuenta su viabilidad urbanística. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que estos criterios no se han aplicado a las viviendas que ya forman parte del programa de alquiler social gestionado por Sareb, un programa impulsado tras pasar esta sociedad a tener mayoría de capital público y adoptar un enfoque de utilidad social. Todas estas viviendas pasarán directamente a la nueva empresa pública, independientemente de su estado actual. Aún no hay fecha establecida para este traspaso, pero se recuerda que Sareb está prevista para extinguirse en 2027, por lo que podría seguir gestionando estos alquileres hasta entonces. Tampoco se transferirán de una vez el resto de inmuebles incluidos en el plan. La ministra ha mencionado un primer bloque prioritario de 13.000 viviendas, en línea con los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno, aunque evitó especificar fechas concretas. Según fuentes cercanas al proceso, los primeros traspasos podrían producirse hacia finales de este año. La operación no tendrá coste, y se realizará en dos etapas: primero, los activos pasarán de Sareb al Patrimonio del Estado, y después se transferirán a Sepes o a la nueva sociedad pública de vivienda que está en proceso de creación. El calendario de estos traspasos estará condicionado por los dos años que, en teoría, le restan de vida a Sareb. Aunque su existencia podría prolongarse, la transferencia masiva de activos sugiere que su liquidación definitiva podría llegar antes de lo previsto. Quedará por determinar entonces cuánta deuda quedará pendiente -actualmente ronda los 29.000 millones de euros- y quién asumirá finalmente su coste. El Gobierno, sin embargo, pone el foco en el valor social de la operación. España se encuentra a la cola de Europa en vivienda pública, con solo un 3,4% del parque total, según el último boletín ministerial de vivienda social (una cifra que incluye también alquileres por debajo del mercado, aunque no todos sean públicos). En contraste, algunos países europeos superan el 20%. Ante este panorama, el Ejecutivo -que ha prometido promover miles de viviendas en alquiler asequible- reconoce que la construcción de obra nueva conlleva tiempos largos. "Mientras desarrollamos nuevas promociones, es necesario aplicar medidas extraordinarias", ha defendido Rodríguez.

(El Confidencial, 02-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El primer día de huelga de jueces estima un 75 % de seguimiento contra las reformas de Bolaños

Las primeras estimaciones de las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado desde este martes tres días de huelga en las carreras judicial y fiscal cifran en un 75 % el seguimiento de los paros hasta la una. El cómputo ha sido recabado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El dato será el único disponible, dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General no consideran convocada la huelga. Por su parte, el Ministerio de Justicia, que es quien abona las nóminas, ha intentado pedir a ambos organismos los datos de los que dispongan para descontar los días de parón. La huelga se ha convocado por el malestar generado por las últimas reformas legislativas del ministro Félix Bolaños. Sus motivos quedaron reflejados en el manifiesto leído en la concentración -también masiva- celebrada este sábado frente al Supremo. "El Estado de Derecho no es de izquierdas ni de derechas. Es de todos", avisan. Para los convocantes, lo que está en riesgo con esas medidas es la independencia judicial, que consideran clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea. Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que están reaccionando. Aseguran que el primero es un proyecto que no responde a demanda social alguna y que, además, está siendo tramitado por vía de urgencia sin ninguna razón para ello, "como no sean las prisas que impone la actualidad informativa", cuajada de casos de corrupción. A través de él se va a rebajar "la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Asimismo, "pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces". Por otro lado "pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país". A la vez, el Ejecutivo impulsa un segundo anteproyecto, destinado a introducir novedades en la Fiscalía. "Se quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", avisan las asociaciones. A la vez, se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes. "Fiscales a los que, en estas condiciones, se les quiere dar dos cosas: el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO incluidas) y la investigación de los delitos, en sustitución de los jueces de instrucción", concluyen.

(Expansión, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El registro de alquileres turísticos nace con 15.000 solicitudes denegadas a propietarios

A partir de hoy, los dueños de viviendas destinadas al alquiler turístico o por temporadas deben contar obligatoriamente con un número de registro único para poder publicar sus anuncios en plataformas como Airbnb o Booking. Esta medida se pone en marcha mientras ya se han revocado unas 15.000 solicitudes por parte del Colegio de Registradores, en su mayoría correspondientes a viviendas turísticas. En total, cerca de 215.000 alojamientos han tramitado este número de registro para operar legalmente desde hoy, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De estas solicitudes, aproximadamente el 80%, es decir, casi 170.000, corresponden a pisos turísticos. Durante el mes de junio, justo antes de que la normativa entrara en vigor, se registró un fuerte incremento en el número de solicitudes. Sin embargo, esta cifra todavía está lejos del total de pisos turísticos existentes en el país. Según datos del INE, al finalizar 2024 había en España 368.295 viviendas de este tipo. Por tanto, solo el 46% de ellas habrían gestionado el registro obligatorio. Si se suman las que no han solicitado el registro y las que fueron rechazadas, hay 213.387 pisos turísticos que quedan fuera del mercado desde el primer día de aplicación de la norma. Estas cifras coinciden con las estimaciones recientes de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que advirtió que hasta 250.000 inmuebles podrían desaparecer del mercado tras la entrada en vigor del registro obligatorio. Desde este momento, plataformas como Airbnb exigirán a los propietarios incluir el número de registro en sus anuncios. Además, informarán mensualmente al Ministerio sobre los contratos realizados en su plataforma, para contrastarlos con los datos declarados por los arrendadores. Según los datos presentados ayer por el ministerio liderado por Isabel Rodríguez, el 82,2% de las solicitudes para alquiler turístico se concentran en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana. "Esto significa que más de tres de cada cuatro peticiones de registro para alquiler turístico proceden de estas regiones", señalan desde el ministerio. En estas comunidades, la mayoría de solicitudes provienen de municipios costeros, lo que respalda la opinión de varios expertos que han señalado que, contrariamente a los objetivos del Gobierno, esta medida no provocará un traslado significativo de estos inmuebles al mercado del alquiler residencial de larga duración, ya que muchos de ellos se encuentran en zonas donde hay poca demanda de alquiler habitual.

(El País, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se atasca en su intento por romper la barrera del 2%, pero las hipotecas siguen abaratándose

El euríbor no logrará romper la barrera del 2% por ahora. A pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) ha aplicado su octava bajada de tipos de interés en el último año, la medida no ha sido suficiente para llevar este indicador hipotecario por debajo de ese umbral. Durante las primeras jornadas de junio, el euríbor se acercó al 2%, pero finalmente cerró el mes con una media del 2,081%, el mismo nivel registrado en mayo. La escalada del conflicto entre Israel e Irán y el consiguiente aumento del precio del petróleo y de la tensión geopolítica han enfriado las expectativas de un nuevo recorte de tipos en julio, lo que se ha reflejado directamente en el euríbor. Este dato pone fin a una racha de cuatro meses consecutivos de descensos. No obstante, las familias con hipotecas a tipo variable seguirán beneficiándose, ya que la comparación se realiza respecto al valor del euríbor de hace un año, que en junio de 2024 se situaba en el 3,65%. Así, la rebaja de la cuota mensual será notable. Para una hipoteca media de 145.673 euros a 25 años, el ahorro rondará los 134,5 euros al mes, lo que supone cerca de 1.614 euros anuales. Esta tendencia de reducción en las cuotas hipotecarias continuará al menos hasta el otoño, dado que el euríbor se mantuvo por encima del 3% hasta septiembre del año pasado. Se espera que los recortes se sigan produciendo, aunque con menor intensidad, ya que el BCE ya ha realizado la mayor parte de sus ajustes. Los analistas prevén una o, como mucho, dos bajadas más de tipos en lo que queda del año, probablemente una de ellas en septiembre. Esto podría dar paso a una etapa de mayor estabilidad en el comportamiento del euríbor, con movimientos más suaves tras más de un año de descensos continuos, interrumpidos solo por una leve subida en enero. "El euríbor está sorprendiendo con su evolución. En apenas dos semanas hemos pasado de anticipar su caída por debajo del 2% a volver a los niveles de mediados de mayo", explica Diego Barnuevo, analista de mercados en Ebury. Pese a este último parón, la tendencia general sigue siendo descendente, lo que ya se refleja en el mercado inmobiliario. La caída de los tipos está generando un ahorro en intereses que impulsa la compra de vivienda. Entre enero y abril se vendieron más de 237.000 viviendas en España, el mayor número desde la burbuja inmobiliaria, con un incremento del 15,9% respecto a 2024. Aunque los bancos tardan un tiempo en ajustar sus ofertas a la evolución del euríbor, ya se pueden encontrar hipotecas fijas por debajo del 3%, e incluso en el entorno del 2%, según el perfil del solicitante y la entidad. Antonio Gallardo, analista de Asufin, considera que la pausa en la bajada del euríbor se debe tanto al fin de ciclo en las decisiones del BCE como al contexto de inestabilidad internacional. No obstante, no descarta que el euríbor pueda caer por debajo del 2% antes de que termine el año. "Estamos cerca del suelo en los tipos de interés. Habrá que observar cómo evolucionan factores como la negociación sobre aranceles entre EE. UU. y la Unión Europea, o la debilidad de economías como la alemana", apunta. El desenlace de esa negociación será determinante para el futuro del euríbor. Si se logra un acuerdo y se disipan las tensiones comerciales, el BCE podría tener más claridad para tomar decisiones sobre inflación y crecimiento. Sin embargo, un pacto no implicaría necesariamente un descenso del euríbor. De hecho, el BCE considera que los aranceles actuales han tenido un efecto desinflacionario, por lo que su retirada podría reactivar el crecimiento y elevar ligeramente la inflación, frenando nuevos recortes de tipos y, por tanto, limitando nuevas caídas del euríbor. Algunas previsiones del sector bancario apuntan a que el margen de reducción del euríbor es muy reducido. El equipo de análisis de Bankinter, por ejemplo, sitúa el indicador en el 2% a finales de 2025, y lo proyecta en el 2,2% en 2026. CaixaBank Research ofrece una estimación similar: 2,09% para finales de este año y 2,18% para el siguiente. "Lo más probable es que solo quede una bajada más de tipos en 2025, por lo que el euríbor se moverá entre el 1,90% y el 2% a fin de año, aunque la incertidumbre global podría modificar este escenario", señala Miquel Riera, analista de HelpMyCash. En cualquier caso, quienes tengan revisión de su hipoteca este verano notarán una reducción en su cuota mensual, lo que supondrá un alivio económico en una época en la que los gastos suelen aumentar por las vacaciones.

(El País, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los hogares españoles ahorraron menos y gastaron más en el primer trimestre que al inicio del año pasado

Durante el primer trimestre de este año, los hogares españoles redujeron su nivel de ahorro en comparación con el mismo periodo de 2024. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias destinaron el 4,8% de su renta disponible al ahorro, lo que supone un descenso de 1,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Si se considera la cifra ajustada por estacionalidad, el porcentaje de ahorro se sitúa en el 12,8%, seis décimas menos que al cierre de 2024, y el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de ese año. En términos absolutos, entre enero y marzo los hogares lograron ahorrar 11.913 millones de euros, lo que representa una disminución del 20,9% respecto al mismo periodo de 2024. A la vez, el gasto en consumo se incrementó un 7,1%, alcanzando los 234.118 millones de euros. Además, las inversiones familiares crecieron un 9,1%, hasta situarse en 18.089 millones. A pesar de este aumento del gasto, la renta disponible bruta de los hogares se elevó un 5,1%, hasta los 245.976 millones de euros. Este desequilibrio entre un menor ahorro y un mayor gasto llevó a muchas familias a recurrir al endeudamiento. En concreto, solicitaron financiación por valor de 6.871 millones de euros, lo que supone triplicar la cantidad solicitada en el primer trimestre del año anterior. A nivel macroeconómico, esta dinámica afectó a la capacidad financiera del conjunto de la economía española, que requirió 10.100 millones de euros de financiación externa, el equivalente al 2,5% del PIB. Esta necesidad es inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando el país había alcanzado una capacidad de financiación de 13.787 millones frente al exterior. Este deterioro se explica por el déficit registrado tanto por los hogares como por las Administraciones Públicas, que cerraron el primer trimestre con un saldo negativo de 4.719 millones de euros, el 2,7% del PIB. No obstante, este déficit es un 12,3% inferior al del año anterior, que fue de 5.380 millones. Por el contrario, las empresas no financieras mantuvieron una capacidad de financiación positiva de 8.993 millones de euros, aunque inferior a los 12.411 millones del mismo periodo de 2024. Las instituciones financieras, por su parte, incrementaron su superávit hasta los 12.967 millones, frente a los 8.972 millones del año anterior. Con todo, en términos desestacionalizados, la economía española cerró el trimestre con una capacidad de financiación del 3,8% del PIB, una décima por encima del trimestre previo. El INE también señala que la renta nacional bruta del país alcanzó los 397.364 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un crecimiento interanual del 5,5%. Este avance se debe principalmente al incremento del 7% en las remuneraciones de los asalariados, así como al aumento del 3,3% en el excedente bruto de explotación. A su vez, la renta nacional disponible bruta se elevó un 5,3% interanual, hasta los 395.771 millones de euros. En cifras ajustadas, ambas variables crecieron respecto al cuarto trimestre de 2024 un 1,4% y un 1,6%, respectivamente.

(El País, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Abierto el plazo de Viajes del Imserso 2026

Este 1 de julio se ha abierto oficialmente el plazo establecido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para recibir, hasta el próximo 23 de julio, las solicitudes de personas mayores de 55 años interesadas en participar en el programa de viajes correspondiente a este año. La nueva edición comenzará en octubre y ofrecerá un total de 879.213 plazas, de las cuales 7.500 se reservan a un precio reducido de 50 euros, destinadas a pensionistas con ingresos más bajos. Entre las principales novedades de esta edición destacan dos aspectos clave: por un lado, las plazas disponibles para los meses considerados como temporada alta tendrán un recargo adicional de 100 euros; por otro, los establecimientos hoteleros deberán contar con un número limitado de habitaciones que permitan alojar mascotas. La gestión del programa se ha dividido entre varias entidades. Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, será la encargada de vender los paquetes del lote 1 (turismo en la costa peninsular), que cuenta con el mayor número de plazas, unas 400.000. Además, esta misma empresa comercializará el lote 3, que engloba escapadas y viajes por Europa, con un total de 210.000 plazas. Por su parte, la UTE Mundiplan -que incluye por primera vez a W2M (sustituyendo a IAG), junto con Alsa e IAG7 Viajes- será responsable de distribuir las 230.000 plazas destinadas a destinos en Baleares y Canarias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes las tarifas oficiales de los viajes que comenzarán a partir de octubre. Los precios van desde los 132,91 euros para estancias de cuatro días y tres noches en capitales de provincia, hasta los 564,72 euros para viajes de diez días y nueve noches a Canarias con transporte incluido. Para formalizar la reserva será necesario abonar un anticipo que no superará el 20% del precio total, y el importe restante deberá pagarse 45 días antes de la fecha de salida. El coste del viaje incluye alojamiento en habitación doble (con un recargo de entre 22 y 26 euros por noche en caso de optar por una individual), pensión completa (excepto en los viajes a capitales de provincia, donde se ofrece media pensión), transporte (cuando esté contemplado en el paquete) y un seguro colectivo.

(El País, 01-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Jueces y fiscales van a la huelga durante tres días en contra de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia

Jueces y fiscales han convocado una huelga que se desarrollará entre este martes y el jueves como forma de protesta contra dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia. La primera afecta al sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la segunda modifica el estatuto del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la futura normativa que otorgará a los fiscales la dirección de la instrucción penal. Las cinco asociaciones convocantes -todas excepto la de tendencia progresista- han detallado en un comunicado cuáles son las actuaciones que quedan incluidas en los servicios mínimos, como el levantamiento de cadáveres, los juicios que involucren a personas vulnerables (como menores, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad), y medidas de carácter urgente en ámbitos como el laboral, mercantil o contencioso-administrativo. En el comunicado, las asociaciones organizadoras señalaron que los jueces y fiscales que se adhieran a la huelga no están obligados a informar a sus superiores, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Fiscalía General del Estado. También aclararon que quienes estén de vacaciones o de baja no serán contabilizados como participantes en la huelga. No obstante, el CGPJ aprobó el jueves pasado, por unanimidad, que esta convocatoria carece de respaldo legal y decidió no darle reconocimiento oficial. Desde el Ministerio de Justicia se ha manifestado respeto tanto por quienes participen en la huelga como por quienes no lo hagan. Sin embargo, también se ha solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General que informen diariamente, antes de las dos de la tarde, del número de jueces y fiscales que no hayan acudido a su puesto de trabajo. La tensión entre el Gobierno y los colectivos judiciales ha ido en aumento desde el pasado 11 de junio, cuando jueces y fiscales realizaron un paro simbólico de diez minutos y leyeron un manifiesto común a las puertas de los juzgados. En él, expresaban su rechazo a la reforma del acceso a la judicatura, reclamaban la consolidación de los jueces sustitutos y criticaban los cambios en el estatuto fiscal. Consideraban, además, que la nueva normativa supondría un descenso en la exigencia de conocimientos para acceder a estas profesiones. En ese manifiesto ya advertían que no descartaban adoptar medidas más contundentes, como una huelga. La legalidad de la huelga ha sido cuestionada formalmente por el CGPJ, que considera que no existe base normativa que ampare este tipo de acciones en el ámbito judicial. Esta postura se reforzó después de que el Ministerio de Justicia solicitara una aclaración por escrito sobre si seguían vigentes las condiciones de la huelga acordadas en 2009, cuando se estableció que la ley no contempla el derecho de huelga para jueces y magistrados. El ministerio también propuso que se sancione a quienes participen, tanto económicamente como mediante medidas disciplinarias, por cesar voluntariamente en su actividad sin una causa justificada. El fiscal general del Estado, por su parte, envió una carta el pasado viernes a los fiscales jefes advirtiendo de la falta de recursos para garantizar los servicios mínimos durante los tres días de huelga. En su mensaje, subrayó la necesidad de asegurar todas las actuaciones cuya omisión pudiera perjudicar los derechos de los ciudadanos, así como los juicios programados para los días 1, 2 y 3 de julio que no hayan sido suspendidos. El sábado, alrededor de 3.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se manifestaron frente al Tribunal Supremo en Madrid. En la concentración participaron los representantes de las cinco asociaciones convocantes: María Jesús del Barco (APM), Sergio Oliva Parrilla (AJFV), Fernando Portillo (FJI), Cristina Dexeus (AF) y Miguel Pallares (APIF). En un comunicado conjunto, denunciaron que las reformas del Gobierno "no responden a ninguna demanda social" y criticaron que se hayan tramitado por la vía de urgencia. El ministro Félix Bolaños, por su parte, ha defendido en el Senado que los temores de las asociaciones están infundados. Tras la concentración del sábado, comparó estas reformas con la ley del matrimonio igualitario, asegurando que, con el tiempo, las críticas se revelarán injustas. En contraste, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al Ejecutivo de intentar "colar a 900 jueces sin oposición" para controlar la justicia. Bolaños respondió defendiendo el trabajo "riguroso e independiente" de los jueces sustitutos.

(Expansión, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Arranca el registro de alquiler turístico que sacará del mercado hasta 250.000 viviendas

A partir del 1 de julio, los apartamentos turísticos y los alquileres de temporada deberán disponer de un número de registro obligatorio si desean ser anunciados en plataformas como Airbnb o Booking. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar multas que alcanzan varios miles de euros. Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, cientos de miles de propietarios podrían quedar fuera de estas plataformas si no cumplen con esta exigencia, lo que tendría consecuencias económicas notables. Esta nueva regulación, que también afecta a los arrendamientos de corta duración, busca reforzar el control sobre este tipo de alquileres, en línea con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar el problema del acceso a la vivienda. El Ejecutivo argumenta que restringir la oferta de pisos turísticos puede aliviar la presión sobre el mercado residencial, aunque algunos expertos discrepan. Estos señalan que muchas de estas viviendas no se encuentran en zonas con alta demanda de alquiler de larga duración, por lo que difícilmente pasarán al mercado tradicional. El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, asegura que esta medida busca hacer frente al complicado panorama del mercado inmobiliario, combatiendo el fraude y fomentando un entorno más transparente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2024 existían en España unas 368.295 viviendas turísticas, concentradas especialmente en zonas costeras como Alicante, Málaga, Las Palmas o Baleares. Tras la entrada en vigor del registro obligatorio, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) estima que un 70% de estas propiedades podrían desaparecer de las plataformas, lo que supondría una pérdida económica de más de 13.700 millones de euros entre julio y diciembre. Esto implicaría que unas 257.000 viviendas no lograrían obtener el número de registro exigido, lo que les impediría anunciarse en portales como Airbnb o Booking, aunque no necesariamente dejarían de operar por completo. No obstante, al ser estas plataformas clave tanto para propietarios como para turistas, la actividad en el sector se vería seriamente reducida. Por otro lado, unos 110.000 propietarios sí habrían obtenido ya el número de registro y podrían seguir anunciando sus viviendas en estas plataformas, siempre y cuando cumplan con las normativas locales de su comunidad autónoma o ayuntamiento. Datos recientes del Colegio de Registradores de España respaldan estas cifras. Hasta el pasado miércoles, se habían recibido 178.856 solicitudes del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), de las cuales 81.281 habían sido aprobadas (45,44%), mientras que 16.133 fueron rechazadas (9%). El resto, 81.446 solicitudes, estaban aún en proceso de revisión. En estos casos, se asigna automáticamente un número provisional que permite operar mientras se completa la verificación. El NRUA puede solicitarse en línea a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, con un coste de 27 euros más IVA. La solicitud seguirá disponible tras la entrada en vigor de la obligatoriedad. Una vez obtenido, los propietarios deben incluir el número de registro en sus anuncios en las plataformas de alquiler turístico. Además, anualmente deberán presentar un informe con información sobre los arrendamientos de corta duración, especificando detalles por categoría y tipo de alquiler. Cabe señalar que si se incumplen los requisitos establecidos, la Dirección General de Planificación y Evaluación podrá revocar el número de registro en cualquier momento. Asimismo, plataformas como Airbnb o Booking estarán obligadas a reportar mensualmente las operaciones realizadas por sus usuarios, incluyendo información como el número de registro, dirección del inmueble y enlaces a los anuncios publicados.

(La Vanguardia, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Carlos Cuerpo presenta su candidatura para competir por la presidencia del Eurogrupo

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha oficializado su candidatura para presidir el Eurogrupo, el organismo que reúne a los ministros de Finanzas de los países de la zona euro. Competirá con el actual presidente, el irlandés Paschal Donohoe, que aspira a un tercer mandato, y con el titular de finanzas de Lituania, Rimantas Sadzius. La elección tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en Bruselas, en el marco de la próxima reunión del Eurogrupo. Donohoe parte como favorito al contar con el apoyo de los gobiernos alineados con el Partido Popular Europeo, la fuerza política más influyente en el ámbito comunitario. Cuerpo llevaba tiempo considerando presentarse, aunque no lo había hecho público. Según fuentes diplomáticas, había mantenido contactos con varias capitales europeas para evaluar sus posibilidades. Aunque no lo había confirmado abiertamente, en Bruselas se daba por hecho que acabaría postulándose, algo que finalmente ocurrió este viernes, justo al cerrar el plazo para presentar candidaturas. Con este paso, Cuerpo se convierte en el tercer ministro de Economía español que intenta alcanzar este cargo, tras los intentos previos de Luis de Guindos y Nadia Calviño, que no lograron el puesto, pero sí acabaron ocupando altos cargos en instituciones financieras europeas: De Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo y Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones. España ha mostrado en varias ocasiones su descontento con la labor de Donohoe al frente del Eurogrupo. No es la única. Hace unas semanas, los cinco países con mayor peso económico en la eurozona -Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España- firmaron un documento conjunto proponiendo una reforma profunda del funcionamiento del Eurogrupo y señalando los temas en los que debería centrarse en el futuro. Aunque no contenía críticas directas al irlandés, el texto fue interpretado como un reproche velado a la gestión de su mandato. Durante los cinco años que Donohoe ha liderado el Eurogrupo, los avances en reformas clave como la Unión Bancaria o la Unión del Mercado de Capitales han sido escasos. Si bien esta falta de progreso no puede atribuirse únicamente al presidente actual -ya que existen diferencias estructurales y políticas entre los Estados miembros, como las que enfrentan a Alemania e Italia en el ámbito bancario, o a Irlanda y Luxemburgo en lo financiero-, hay quienes consideran que Donohoe ha evitado sistemáticamente los asuntos más conflictivos, lo que ha frenado los debates y limitado el alcance de sus logros.

(El Periódico, 30-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación repunta dos décimas y sube hasta el 2,2% en junio

Los precios han interrumpido su senda descendente y registraron en junio un aumento del 2,2%, dos décimas más que en mayo, según el avance publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este repunte se atribuye principalmente a las tensiones en los mercados energéticos, agravadas por el incremento del conflicto en Oriente Próximo. La inflación subyacente -que excluye productos con precios más inestables como alimentos frescos y energía- también se situó en el 2,2%, igual que el mes anterior. El INE, que todavía debe confirmar y revisar el dato -como ocurrió en mayo, cuando la cifra definitiva fue una décima superior a la estimación inicial-, explica que esta subida está vinculada al encarecimiento de los combustibles, cuyos precios en junio de 2024 habían bajado. En segundo lugar, aunque con menor impacto, señala el aumento en el coste de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. A pesar del alza, el incremento de los precios se considera moderado, y el Ministerio de Economía lo interpreta como una señal positiva. "La inflación se mantiene controlada y cercana al objetivo del Banco Central Europeo, mientras que la economía española sigue liderando el crecimiento en la eurozona", señala el ministerio dirigido por Carlos Cuerpo. "La estabilidad de los precios, junto con la mejora de los salarios, está permitiendo que los hogares ganen poder adquisitivo", añade en un comunicado. No obstante, se mantiene la incertidumbre sobre si este repunte será puntual o si marcará el inicio de una tendencia más persistente. En las últimas semanas, la situación en Oriente Próximo se ha deteriorado con los enfrentamientos entre Irán e Israel, seguidos de bombardeos de EE UU sobre instalaciones nucleares iraníes y la posterior represalia de Teherán contra una base estadounidense en Qatar. Este incremento de la tensión en una región clave para el abastecimiento energético ha hecho que se dispare la preocupación por el precio del petróleo, aunque por ahora no se han producido subidas drásticas. Toda la atención está puesta en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita una cuarta parte del petróleo global y casi el 20% del gas natural licuado. Irán llegó a amenazar con cerrar este paso, aunque hace tres días Washington anunció un alto el fuego con el país persa. Un eventual cierre del estrecho provocaría una interrupción severa en el comercio energético global, lo que haría aumentar de forma significativa el precio de los carburantes y, por tanto, la inflación. Los mercados ya han mostrado signos de inquietud: aunque tras unos días de gran volatilidad los precios del petróleo y el gas se han estabilizado, el nivel de incertidumbre continúa siendo elevado. Los analistas advierten de que, si la tensión escala y se concreta el cierre del paso marítimo, el precio del barril de Brent podría dispararse por encima de los 100 dólares, el doble del rango actual de entre 60 y 70 dólares. En mayo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España se situó en el 2%, el nivel más bajo desde octubre de 2024 (1,8%), encadenando tres meses de caídas interanuales. Este descenso se debió principalmente al abaratamiento de los paquetes turísticos, incluidos el transporte aéreo y de pasajeros, y a una moderación en el coste de la electricidad, que pese al apagón del 28 de abril se encareció menos que en el mismo mes del año anterior. En el resto de la eurozona la tendencia fue similar. En mayo, la inflación se redujo al 1,9% en el conjunto del área del euro, lo que reforzó la decisión del BCE de continuar con la bajada de tipos de interés. A comienzos de junio, el organismo redujo el precio del dinero por séptima vez consecutiva, situándolo en el 2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. El actual ciclo inflacionario comenzó tras la pandemia, cuando la reapertura de la economía desató una demanda acumulada que la oferta no logró absorber a tiempo, generando cuellos de botella en las cadenas de suministro. A ello se sumó la invasión rusa de Ucrania, que alteró los mercados energéticos y acentuó los problemas logísticos. En España, la inflación alcanzó picos superiores al 8% en 2022, niveles que no se veían desde hacía décadas. A estos factores, que ya estaban comenzando a normalizarse, se añaden ahora nuevas fuentes de tensión: el resurgir del conflicto en Oriente Medio, el viraje hacia el proteccionismo de EE UU bajo el liderazgo de Donald Trump, y una economía global que ya mostraba señales de debilitamiento incluso antes de este nuevo sobresalto.

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