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(Cinco Días, 29-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro desafía a las tensiones: coloca 13.000 millones a 10 años y la demanda supera los 120.000 millones

La estrategia del Tesoro español se basa en evitar sobresaltos al mercado. En un contexto en el que los costes de financiación aumentan, empujados por la incertidumbre fiscal y las tensiones arancelarias, algunos gobiernos, como el de Japón o Reino Unido, están optando por reducir la emisión de deuda a largo plazo y enfocarse en vencimientos más cortos. Esta no es, sin embargo, la dirección tomada por el organismo liderado por Paula Conthe. Gracias a la sólida confianza de los inversores en la economía española, el Tesoro Público continúa ejecutando su programa de financiación para 2025, que contempla emisiones netas por 66.000 millones de euros, de los cuales 55.000 millones se centran en títulos a medio y largo plazo. Con todas las subastas previstas para mayo ya completadas, España ha realizado este miércoles una colocación sindicada de 13.000 millones a diez años, la tercera de estas características en lo que va de año. A diferencia de las subastas tradicionales, las emisiones sindicadas se organizan fuera del calendario habitual y se distribuyen directamente a los inversores a través de un grupo de entidades colocadoras. En esta operación han participado Barclays, BBVA, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Société Générale. Mientras crece la preocupación por el impacto del programa económico estadounidense sobre el crecimiento global y el equilibrio fiscal, la economía española continúa destacando por su solidez. Tras cerrar 2024 con un crecimiento del PIB del 3,2%, las previsiones del Ejecutivo y de organismos internacionales auguran una prolongación de esta tendencia positiva. En este contexto, el interés por la deuda española se ha disparado: la demanda inicial superaba los 65.000 millones y ha cerrado en torno a los 120.000 millones, muy cerca del récord de 139.000 millones registrado en enero. Este elevado apetito inversor ha permitido mejorar las condiciones de la emisión. El diferencial sobre el bono de referencia a 2035 se ha reducido de nueve a siete puntos básicos, abaratando así el coste de financiación. La colocación se ha producido en un entorno de relativa calma en los mercados de deuda. La estabilidad política y económica en la eurozona está amortiguando los efectos de las políticas impulsadas desde Estados Unidos. Mientras allí crecen las preocupaciones por una posible recesión y se intensifican las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas, en Europa la expectativa de nuevos recortes de tipos por parte del BCE ha devuelto la tranquilidad a los inversores. Japón, por su parte, ha empezado a recortar sus emisiones a largo plazo tras los decepcionantes resultados de una subasta a 20 años -la más baja en una década- y otra a 40 años con la menor demanda desde julio pasado. El rendimiento del bono a 2065 ha subido cinco puntos básicos, hasta el 3,335%. Aunque los analistas ven en este resultado una señal para ajustar la estrategia de financiación nipona, también destacan que la caída en la demanda se explica en parte por la volatilidad del mercado y recuerdan que el volumen de emisión no bajará hasta el mes siguiente. Estas tensiones contrastan con la relativa calma que vive Europa. Tras superar el episodio de inestabilidad provocado por el auge proteccionista a principios de abril, la relajación del entorno comercial y el cierre de la temporada de resultados empresariales han revitalizado el mercado primario. A falta de pocos días para cerrar el mes, las emisiones en euros rozan ya los 150.000 millones, cifra a la que han contribuido no solo emisores habituales, sino también grandes corporaciones estadounidenses como Alphabet, Pfizer o McDonald's. El empuje de estas operaciones se explica por la política más acomodaticia del BCE frente a la Reserva Federal y por la abundante liquidez disponible en los mercados.

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(Expansión, 29-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas lanzará un fondo de más de 10.000 millones para invertir en tecnológicas

La Comisión Europea ha decidido acelerar su estrategia para cerrar la brecha de competitividad con respecto a Estados Unidos y China. Bruselas ha identificado que las empresas tecnológicas europeas enfrentan dificultades de financiación cuando alcanzan un cierto nivel de desarrollo, lo que frena su expansión. Ante este escenario, ha propuesto la creación de un fondo de capital riesgo (venture capital) como respuesta. La iniciativa, que combinará inversión pública y privada, tiene previsto comenzar su fase de captación de capital en 2026. Para ello, el Ejecutivo comunitario ya ha iniciado contactos con entidades financieras y gestoras con el fin de evaluar su interés y determinar qué firma podría liderar el fondo como gestora principal. Esta propuesta se enmarca dentro del plan europeo para apoyar a las scale ups, es decir, empresas que ya superaron su fase inicial y están en proceso de crecimiento acelerado. El informe elaborado por Mario Draghi señala esta etapa empresarial como una de las principales debilidades en la competitividad de Europa, y resalta la urgencia de tomar medidas firmes al respecto. Aunque el importe total del fondo aún no está definido, desde la Comisión destacan el fuerte interés del mercado por invertir en compañías tecnológicas emergentes en Europa. "Este fondo no será uno más, sino que supondrá un cambio relevante en el panorama de la inversión tecnológica", aseguran fuentes comunitarias. Aun así, se estima que la inversión inicial mínima ronde los 10.000 millones de euros, con el objetivo de superar ampliamente esa cifra. El propósito del fondo es aportar capital a empresas tecnológicas europeas con alto potencial de innovación y crecimiento, facilitándoles el acceso a recursos que hoy deben buscar fuera del continente. Pese al elevado nivel de ahorro en Europa, los fondos disponibles para invertir en scale ups son siete veces menores que en EE. UU., lo que obliga a muchas de estas empresas a trasladarse a otros mercados que sí pueden satisfacer sus necesidades de financiación. "El Fondo Scale up Europe movilizará grandes sumas de capital privado e invertirá directamente en sectores estratégicos para reforzar la autonomía tecnológica y la seguridad económica de la UE", afirmó Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial de la Comisión. Señaló también que "la demanda de financiación es enorme y los instrumentos actuales no son suficientes para cubrirla". El lanzamiento del fondo irá acompañado de reformas para mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales y reducir la carga burocrática, con el fin de hacer más atractivo invertir en Europa. Bruselas quiere que el peso principal de la inversión recaiga en el sector privado. Por ello, plantea una proporción de 1 a 5: por cada millón de euros de dinero público, se buscará movilizar cinco millones de capital privado. La Comisión participará en el comité de inversiones junto a los principales inversores y contribuirá a definir las prioridades tecnológicas, aunque las decisiones concretas sobre las inversiones recaerán en el gestor privado. Entre los sectores clave que se prevé financiar figuran la inteligencia artificial, la computación cuántica y las tecnologías limpias. Para agilizar su puesta en marcha, el nuevo fondo se integrará como un compartimento del fondo del Consejo Europeo de Innovación (CEI), destinado a startups, y que actualmente cuenta con un volumen aproximado de 10.000 millones de euros. En el CEI, la proporción de capital público a privado es de uno a tres, por lo que se espera que el nuevo vehículo alcance una dimensión aún mayor bajo condiciones similares. Los fondos públicos procederán del presupuesto de Horizon Europe, el programa de investigación e innovación de la UE que dispone de algo menos de 100.000 millones de euros.

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(Expansión, 29-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tribunal de Comercio de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales todos los aranceles a las importaciones que el expresidente Donald Trump impuso el pasado 2 de abril, fecha que él mismo bautizó como el "Día de la Liberación", marcando el inicio de una guerra comercial a nivel global que provocó un colapso en los mercados bursátiles internacionales. La resolución, emitida por una corte con sede en Nueva York compuesta por tres magistrados, concluye que Trump excedió sus atribuciones al imponer aranceles elevados amparándose en una ley de emergencia que, según el tribunal, no era aplicable en este contexto. La administración del expresidente anunció de inmediato que apelará el fallo ante una instancia federal superior, y no descarta llevar el caso hasta la Corte Suprema. "Este revés judicial está fuera de control", expresó en la red social X el entonces subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, tras conocerse la resolución. La decisión judicial coincidió con denuncias de varias asociaciones de jueces federales del país que informaron sobre amenazas y casos de acoso anónimo que están sufriendo. "Es un gran día para los consumidores y para los pequeños negocios de este país", celebró la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, una de las impulsoras de la demanda, durante una entrevista con la cadena MSNBC. Calificó el fallo como "una gran victoria". Trump justificó los aranceles apoyándose en la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma de 1977 que, según el tribunal, solo se debe aplicar en casos de amenazas "inusuales y extraordinarias" que no sean de carácter bélico. Los aranceles afectaron especialmente a Canadá, México y China, además de otras economías mediante las llamadas tarifas "recíprocas". La imposición de estas medidas fue anunciada en un acto simbólico en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde Trump firmó una orden ejecutiva que calificó como "la declaración de independencia económica de Estados Unidos" y "uno de los días más importantes en la historia del país". La corte anuló la gran mayoría de estos gravámenes, incluidos los aranceles del 25% a productos de Canadá y México, y del 20% a mercancías chinas, los cuales fueron justificados por la administración Trump con argumentos como la lucha contra el fentanilo, el control migratorio y el desequilibrio comercial con otros países. También quedaron revocados los denominados aranceles recíprocos del 10% que Trump había implementado para el resto del mundo, y que más tarde redujo ante la presión de los mercados. No obstante, la sentencia no afecta a los aranceles del 25% impuestos a las importaciones de acero, aluminio, vehículos y componentes. El tribunal determinó que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso, no al presidente. En palabras del fallo: "Las órdenes arancelarias impugnadas serán revocadas y su aplicación quedará permanentemente prohibida. Si son ilegales para los demandantes, lo son para todos". "El punto clave en estos casos es determinar si la IEEPA otorga al presidente el poder de aplicar aranceles sin límite a productos de casi cualquier país", explica la sentencia de 49 páginas. "El tribunal no interpreta que dicha ley confiera una autoridad tan amplia, por lo que declara inválidos los aranceles cuestionados". Las demandas fueron interpuestas por una decena de estados gobernados por demócratas y por varias empresas afectadas, entre las que se encuentran Genova Pipe, MicroKits, FishUSA y Terra Cycling.

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(Cinco Días, 28-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España insta a los bancos a reforzar el capital tras el reparto de dividendos masivos

El Banco de España ha instado a las entidades financieras a fortalecer su capital. En su Informe de Estabilidad Financiera, el organismo supervisor advierte que, aunque los bancos españoles han logrado beneficios elevados en los últimos años, estos recursos se han destinado mayoritariamente a retribuir a los accionistas mediante dividendos y programas de recompra de acciones, en lugar de reforzar su capacidad de solvencia. "Actualmente, el reparto de dividendos no representa una amenaza para la estabilidad del sistema, pero sí limita la acumulación de reservas que podrían utilizarse ante posibles riesgos. Dada la rentabilidad actual del sector y el contexto de incertidumbre, es un buen momento para destinar más recursos a consolidar el capital", ha explicado Daniel Pérez Cid, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, durante la presentación del informe. El documento subraya que el sistema bancario español está preparado para afrontar una crisis, aunque sigue por debajo de otros sistemas europeos en cuanto a los niveles de capital de reserva disponibles. "La ratio de capital de las entidades españolas se sitúa por debajo de la media de los principales sistemas bancarios de la UE, aunque su ratio de apalancamiento es similar", señala el informe. Según los datos publicados, la ratio CET1 -que mide el capital de mayor calidad en relación con los activos ponderados por riesgo- subió en 2024 del 13,2% al 13,5%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo inferior a la de países como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos, donde se supera el 16%. A pesar de ello, el Banco de España reconoce que la generosa retribución al accionista ha hecho más atractiva la inversión en banca. En este sentido, señala que las entidades españolas e italianas se encuentran entre las que presentan mayor capitalización bursátil en relación con su valor contable. Además, la rentabilidad de la banca española se sitúa en cabeza, con un ROE del 14,1% en 2024 -el más alto en diez años- tras un aumento de 170 puntos básicos. Por otra parte, el informe identifica una "moderada sobrevaloración" en el precio de la vivienda en España. En el segundo semestre de 2024 se registraron 367.000 compraventas, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al semestre anterior y del 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de que los precios subieron un 11%. "El precio de la vivienda sigue en ascenso, impulsado por una demanda sólida y una oferta limitada. La vivienda nueva es la que más se ha revalorizado, con un aumento interanual del 11% en el segundo semestre, el mayor desde 2007", recoge el informe. Pérez Cid ha añadido que "los precios están algo por encima de su valor de equilibrio, pero el nivel de sobrevaloración sigue siendo contenido". El Banco de España atribuye este dinamismo a la creación de 180.000 nuevos hogares y a la bajada de los costes de financiación, resultado de las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. No obstante, advierte que la oferta inmobiliaria no ha respondido con la misma rapidez. A finales de 2024, el precio real de la vivienda se situaba un 11,5% por encima del nivel anterior a la pandemia, equiparándose al de 2004, pero aún un 22% por debajo del pico alcanzado antes de la crisis financiera mundial. En lo relativo al crédito hipotecario, el Banco de España destaca que los bancos siguen aplicando criterios prudentes. La ratio loan-to-value -que refleja qué porcentaje del precio de la vivienda se financia mediante hipoteca- se mantiene, de media, en el 70%. Solo en el 12% de las operaciones se ha concedido financiación por encima del 80% del valor del inmueble, lo que refleja una política más restrictiva que la de otros países europeos.

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(Cinco Días, 28-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España advierte de que el veto de EE UU al dólar digital puede mermar la estabilidad monetaria global

En un contexto en el que el bitcoin se sitúa en máximos históricos y las stablecoins consolidan su presencia en los mercados financieros, los bancos centrales intensifican su vigilancia sobre el ecosistema de activos digitales. Estas nuevas formas de dinero digital han dejado de ser un asunto marginal para las autoridades monetarias. Así lo ha reflejado el Banco Central Europeo (BCE) y ahora también el Banco de España, que ha publicado este martes su Informe de Estabilidad Financiera, en el que advierte sobre los riesgos asociados al crecimiento de este sector. El organismo español muestra especial inquietud por la expansión de las monedas estables, divisas digitales que replican el valor del dólar o del euro. Para responder a su avance y mitigar sus posibles efectos negativos, el Banco de España propone como alternativa las CBDC, es decir, monedas digitales emitidas directamente por los bancos centrales, como el futuro euro digital o un hipotético dólar digital, que estarían sometidas al control de los reguladores. Philip Lane, miembro del comité ejecutivo del BCE, ya alertó recientemente sobre la capacidad de las stablecoins para generar un sistema monetario paralelo al margen del control de los bancos centrales. En caso de una adopción masiva, este fenómeno podría reducir significativamente el papel del dinero oficial en los pagos cotidianos. Por ello, el BCE impulsa el desarrollo del euro digital, una versión electrónica del dinero en efectivo que permita conservar la soberanía monetaria. Sin embargo, la Unión Europea avanza en dirección contraria a Estados Unidos, una diferencia que genera inquietud en el Banco de España. A comienzos de este año, pocos días después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para frenar el desarrollo del dólar digital. El texto sostiene que una CBDC podría comprometer la estabilidad del sistema financiero, la privacidad de los ciudadanos y la soberanía nacional, por lo que impide cualquier paso en esa dirección. El enfoque del Banco de España, no obstante, es radicalmente distinto. En su informe, advierte que la decisión de Washington de bloquear el avance hacia una moneda digital oficial puede tener repercusiones negativas para la estabilidad del sistema monetario internacional. Aunque actualmente los criptoactivos representan una porción limitada de los mercados financieros -lo que reduce su impacto en la estabilidad global-, el Banco de España no minimiza los riesgos de su creciente expansión. En concreto, el índice MVIS, que recoge las 100 criptomonedas sin respaldo más importantes por capitalización de mercado, apenas representaba un 6,2% del S&P 500 a principios de 2025. Aun así, el aumento sostenido de este mercado podría generar riesgos sistémicos. El informe subraya la relevancia del mercado estadounidense -el mayor del mundo en criptoactivos-, especialmente tras el retorno de Trump a la Casa Blanca, que ha provocado un cambio de postura del país respecto a esta tecnología, a la vez que ha intensificado la incertidumbre geopolítica e impulsado el uso de activos digitales. Según el Banco de España, algunos países podrían utilizar las criptomonedas como alternativa al dólar en un contexto de tensiones internacionales. "Estas tensiones podrían provocar decisiones de política pública en torno a los criptoactivos que tendrían implicaciones negativas para la estabilidad financiera", señala. Entre ellas, menciona la posibilidad de que algunas naciones adopten bitcoin como parte de sus reservas, a pesar de su elevada volatilidad. El informe también pone el foco en la elevada concentración del mercado: activos como bitcoin, ethereum, cardano, Tether, USD Coin y BNB acumulaban más del 90% de la capitalización del índice MVIS a comienzos de mayo. De ellos, un 82,5% corresponden a criptomonedas sin respaldo en activos financieros tradicionales. Además, se advierte sobre la alta volatilidad, la falta de armonización normativa entre países, y las dificultades para supervisar adecuadamente un mercado fragmentado, tanto en términos de fuentes de información como de estándares de reporte. Esta falta de homogeneidad obliga a depender de datos externos o proporcionados por terceros, lo que implica riesgos adicionales. A esto se suman otros factores preocupantes como los fraudes, ciberataques o esquemas piramidales que han afectado al sector en los últimos años y que muchos inversores tienden a subestimar, especialmente en un entorno de rentabilidades elevadas a corto plazo.

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(Expansión, 28-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Ley de Vivienda dispara los precios y hunde la oferta dos años después de entrar en vigor

Esta semana se cumplen dos años desde que entró en vigor la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo, una normativa que ha coincidido con un aumento histórico en los precios de compra y alquiler, así como una disminución del 17% en la oferta de viviendas desde 2023. Esta legislación, aprobada en 2023 con el respaldo de Podemos, ERC, PNV y EH Bildu, y rechazada por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria, ha generado un fuerte impacto en el mercado inmobiliario. Transcurridos dos años, los efectos son evidentes: menos pisos disponibles para alquilar y precios al alza tanto para quienes arriendan como para quienes desean comprar. Según cifras del portal Idealista, el precio del alquiler ha subido un 24% entre mayo de 2023 y abril de 2024, mientras que la oferta se ha reducido un 17% en todo el país. Por su parte, los precios de compraventa han experimentado un incremento del 16% desde la puesta en marcha de la ley. Especialistas del sector coinciden en que medidas como la limitación del precio del alquiler, la nueva definición de gran tenedor o la ampliación de la protección frente a desahucios -que deja al propietario más expuesto ante impagos u ocupaciones- han motivado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado. En un contexto de fuerte demanda, esta reducción en la oferta ha generado una escalada de precios sin precedentes. De hecho, el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda se ha disparado: un 23% más en el caso de la compra y un 36% más en el del alquiler, superando los niveles considerados asumibles. Entre los principales cambios introducidos por la normativa destaca la redefinición de gran tenedor, que pasó de aplicarse a quienes poseían diez o más viviendas a quienes tienen cinco o más, lo que implica la aplicación automática de un índice de contención del precio del alquiler impuesto por el Gobierno. Además, desde 2023, los propietarios deben asumir los costes de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, sin poder trasladarlos al inquilino. También se les impide aumentar el precio del alquiler ante nuevos gastos imprevistos. Otro aspecto relevante de la ley es la modificación de los procedimientos de desahucio. En los casos de familias vulnerables, se permite retrasar el lanzamiento hasta dos años, periodo durante el cual los propietarios deben mantener ocupadas sus viviendas sin obtener ingresos. Asimismo, se eliminó el IPC como referencia para actualizar los alquileres, sustituyéndolo por un nuevo índice más limitado. También se flexibilizaron los criterios para declarar una zona como tensionada, lo que activa controles de precios más estrictos. Como resultado, la oferta de viviendas en alquiler ha caído notablemente, sobre todo en aquellas ciudades que aplican estas restricciones. En Barcelona, por ejemplo, la disponibilidad ha descendido un 46% desde 2023. Al mismo tiempo, la ley no impone restricciones al alquiler turístico en zonas tensionadas, lo que ha llevado a muchos propietarios a cambiar el uso de sus inmuebles, pasándolos del mercado residencial al turístico. En las 25 principales ciudades del país, el número de pisos turísticos ha aumentado un 16,6%, con Madrid y Valencia a la cabeza, según datos de Exceltur. El desplome de la oferta ha sido especialmente severo en ciudades como Barcelona (-46%), Zaragoza (-37%), San Sebastián (-36%), Palma de Mallorca (-35%), Sevilla (-31%), Pamplona (-23%) y Madrid (-21%). En total, se estima que el mercado del alquiler ha perdido unas 120.000 viviendas desde la aprobación de la ley. Paralelamente, la demanda no deja de crecer, impulsada por el aumento de hogares unipersonales, la llegada de más inmigrantes y el abaratamiento del crédito hipotecario. De acuerdo con Idealista, actualmente unas 35 personas compiten por cada anuncio de alquiler, lo que supone un 79% más que antes de la entrada en vigor de la ley.

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(El Economista, 28-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía sube al máximo el tamaño de las pymes para simplificarles la presentación de cuentas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha decidido modificar su propuesta inicial y atender las demandas planteadas por las principales asociaciones de pequeñas y medianas empresas, ampliando al máximo permitido por la normativa europea los límites que definen a una pyme. Con esta medida, muchas empresas que hasta ahora eran clasificadas como grandes pasarán a ser consideradas pymes, lo que les permitirá beneficiarse de una reducción de cargas administrativas, como la posibilidad de presentar cuentas abreviadas sin necesidad de someterlas a auditoría externa. Según estimaciones del Ministerio liderado por Carlos Cuerpo, la modificación podría suponer un ahorro de hasta 8,16 millones de euros anuales en trámites burocráticos. El departamento de Economía ha abierto hasta el 4 de junio una segunda audiencia pública sobre el Anteproyecto de Ley que modifica los criterios para determinar el tamaño de las empresas en lo relativo a la información corporativa. Esta revisión responde a las aportaciones recibidas en la primera consulta pública celebrada en la primavera de 2024, donde entidades como Cepyme, Pimec o Confebus pidieron una actualización más ambiciosa de los umbrales. Una vez aprobada la nueva norma, se considerará pequeña empresa aquella que, durante dos ejercicios consecutivos, cumpla al menos dos de los siguientes requisitos: que el total de su activo no supere los 7,5 millones de euros, que su volumen de negocio anual no exceda los 15 millones, y que tenga un máximo de 50 empleados. En la actualidad, estos límites están fijados en 4 millones de euros en activos, 8 millones en cifra de negocio y el mismo tope de 50 trabajadores. El anteproyecto inicial contemplaba una revisión más moderada, elevando los umbrales a 5 millones en activos y 10 millones en cifra de negocio, manteniendo los 50 empleados. Con la nueva propuesta, las empresas que se ajusten a estos nuevos criterios podrán aplicar el Plan General de Contabilidad de Pymes y estarán exentas de auditar sus cuentas, una ventaja importante en términos de simplificación contable. Además, la futura ley también eleva los parámetros para considerar a una empresa como mediana: el total de activos no podrá superar los 25 millones de euros (frente a los 20 millones actuales), la cifra de negocio quedará limitada a 50 millones (actualmente 40 millones), y el número de empleados se mantiene en un máximo de 250. Estos cambios se ajustan a la directiva europea aprobada en octubre de 2023, que incrementó en un 25% los umbrales financieros para redefinir el tamaño empresarial, con el fin de adaptarlos al contexto de alta inflación post-pandemia. En España, los límites no se habían revisado desde hacía más de 17 años.

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(Cinco Días, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas europeas suben con fuerza tras la tregua arancelaria de Trump a la UE

Los continuos cambios de postura de Donald Trump están generando desconcierto entre los gestores de inversión, que encuentran grandes dificultades para realizar previsiones incluso a muy corto plazo. Tras conversar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el expresidente republicano ha decidido postergar hasta el 9 de julio la posible imposición de un arancel del 50% sobre productos europeos. Esta fecha coincide con el fin de la tregua comercial de 90 días que Estados Unidos ofreció a todos los países, mientras que el alivio concedido a China se extenderá hasta el 13 de agosto. En una jornada en la que tanto Wall Street como el mercado británico han permanecido cerrados, los inversores han reaccionado positivamente a cualquier novedad en el ámbito comercial, impulsando las compras. Las bolsas europeas han repuntado más de un 1%, recuperando parte del terreno perdido el viernes, mientras que el euro ha escalado hasta los 1,14 dólares, un nivel que llegó a tocar en los primeros compases de la sesión. Desde que Trump lanzó su amenaza el pasado 2 de abril de reconfigurar el orden económico global, los mercados han reaccionado al compás de sus declaraciones. Aunque la improvisación parece dominar su estrategia, los analistas de ING identifican un patrón: las amenazas arancelarias suelen preceder a negociaciones, lo que provoca bruscos movimientos en las bolsas y un aumento de la volatilidad. El Ibex 35, que el viernes cayó un 1,18%, se anota hoy un alza del 1%, en línea con los avances del 1,5% registrados por otros índices europeos como el Dax o el Euro Stoxx 50. Ante este escenario imprevisible, los expertos recomiendan cautela. "La semana pasada trajo consigo una necesaria dosis de realidad que sirvió para reducir la complacencia del mercado", señalan desde Bankinter. Según sus analistas, el riesgo implícito actual no concuerda con la reciente evolución alcista de las bolsas. En la misma línea, Mathieu Racheter, responsable de estrategia de mercado de Julius Baer, advierte que las amenazas llegan en un momento en que las valoraciones bursátiles ya reflejan expectativas muy optimistas. "Los precios actuales y las previsiones macroeconómicas dejan poco margen para errores. En este contexto, mantener una diversificación regional sigue siendo una opción prudente dada la alta incertidumbre", subraya. Tras el nerviosismo posterior al Día de la Liberación, la tregua comercial y el inicio de las conversaciones han impulsado una fuerte recuperación de los activos de riesgo. Índices como el Ibex 35 o el Dax alemán acumulan subidas superiores al 20% en lo que va de año, mientras que Wall Street consiguió entrar en terreno positivo hace apenas una semana. "En un entorno tan volátil y cambiante, conviene mantener una postura escéptica y conservadora. El viernes fue Apple y la UE, pero Trump podría haber apuntado a cualquier otro objetivo con efectos similares", advierten también desde Bankinter. Los expertos de ING sostienen que, dada la incertidumbre actual, intentar anticipar el rumbo de las relaciones comerciales carece de sentido. "Todo es posible. Seguimos pensando que, a largo plazo, el impacto económico de una guerra comercial prolongada será demasiado severo como para sostener aranceles elevados de forma indefinida", explican. Según sus estimaciones, un arancel del 50% sobre productos europeos podría reducir el PIB de la eurozona en un 0,6%, acercando al bloque a una recesión. "El panorama actual es un recordatorio para los inversores de que no deben confiarse respecto a la cuestión arancelaria durante los próximos meses", advierten desde ING. Estiman que junio y julio, marcados por negociaciones comerciales, decisiones de política monetaria y debates presupuestarios en EE. UU., seguirán impulsando la volatilidad en el mercado de divisas. Las amenazas proteccionistas, la rebaja en la calificación crediticia por parte de Moody's y, recientemente, el plan fiscal aprobado por la Cámara de Representantes, han debilitado tanto al dólar como a la deuda estadounidense, que en el pasado actuaban como refugios. En lo que va de año, el dólar ha perdido un 10% frente al euro, cayendo de 1,03 a 1,14 unidades. A pesar de esta depreciación, los analistas de Julius Baer anticipan una tendencia bajista sostenida. David A. Meier, economista del banco suizo, ha rebajado su previsión a largo plazo hasta 1,24 dólares por euro. "Podríamos estar presenciando un cambio de ciclo en el dólar. La política impredecible, el delicado equilibrio fiscal y el elevado endeudamiento externo en un contexto de déficits gemelos (fiscal y por cuenta corriente) sugieren un dólar más débil", concluye Meier.

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(Expansión, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE y EEUU se comprometen a acelerar las negociaciones comerciales

Regreso al punto inicial, pero con una renovada determinación. Así podría resumirse el nuevo entendimiento alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras un descenso en la tensión generada por las declaraciones de Donald Trump, quien había amenazado con aplicar aranceles del 50% al bloque europeo a partir de junio. Una llamada telefónica el domingo por la noche por parte de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue clave para desbloquear el conflicto. En respuesta, Trump comunicó en sus redes sociales que estaba "honrado" de mantener la tregua comercial que él mismo había declarado en el pasado, lo cual aplazó la aplicación de los aranceles al 9 de junio y permitió a ambas partes comprometerse a acelerar las conversaciones. El lunes comenzó con incertidumbre sobre si la UE había hecho alguna concesión para que Trump diera marcha atrás. No obstante, fuentes comunitarias insisten en que la Comisión no ha modificado su estrategia negociadora, no ha presentado nuevas ofertas y que sus líneas rojas siguen siendo inamovibles. Desde Bruselas, se interpreta la actitud de Trump como parte de su estilo negociador caracterizado por constantes presiones públicas. Para la UE, el mandatario estadounidense puede presentarse ante su país como el artífice del reinicio de las negociaciones, una percepción que Europa está dispuesta a aceptar si ello facilita un posible pacto. La Comisión habla de un "cambio de actitud" por parte de Washington, que ahora muestra una voluntad más clara de avanzar en un acuerdo. Con ese nuevo espíritu, las negociaciones se reactivan con el objetivo de cerrar cuanto antes la considerable distancia que separa a ambas potencias. Aunque en la UE se contemplaba la posibilidad de prolongar la tregua para dar margen a las discusiones, la reacción de Trump del pasado viernes complica esa alternativa y obliga a redoblar esfuerzos. A pesar de la presión, la Comisión Europea insiste en que no cederá en ciertos aspectos clave. Para Bruselas, los estándares europeos en seguridad y calidad alimentaria son intocables y no se flexibilizarán, como destacó Olof Gill, portavoz de Comercio: los ciudadanos europeos desean que se mantengan como los más exigentes a nivel mundial. Igualmente, no habrá concesiones en lo que respecta a la regulación de las grandes tecnológicas ni del entorno digital. La UE continuará sancionando a empresas estadounidenses cuando considere que han vulnerado sus normas, como lo ha hecho anteriormente con Apple y Facebook, independientemente del contexto de la disputa comercial. Además, el IVA -considerado por Trump como un arancel oculto- no será objeto de debate. La Comisión defiende que este impuesto es esencial para los presupuestos de los Estados miembros y no discrimina entre productos nacionales e importados, por lo que no lo considera un obstáculo comercial. En cuanto a los posibles puntos de avance, se contempla un incremento en la compra de productos estadounidenses, especialmente en el sector energético. También se ha propuesto la eliminación mutua de aranceles sobre bienes industriales, con posibilidad de extenderse a otros sectores, y se aboga por una colaboración en la lucha contra la sobreproducción, en particular la proveniente de China. A pesar de la tensión vivida recientemente, Bruselas rechaza aceptar condiciones impuestas unilateralmente y no busca replicar acuerdos como el alcanzado con el Reino Unido, que asumió aranceles del 10%. La negociación sigue siendo la vía prioritaria para la Comisión Europea. Sin embargo, se preparan medidas de represalia en caso de que no se llegue a un entendimiento. De no lograrse un acuerdo beneficioso para ambas partes, cualquier arancel que imponga Estados Unidos será respondido con contramedidas europeas. En ese sentido, Bruselas ya tiene preparados dos paquetes de represalias comerciales sobre exportaciones estadounidenses por un valor de 21.000 y 95.000 millones de euros, listos para activarse si es necesario.

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(Expansión, 27-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña arranca 2025 con más fugas de empresas hacia otras autonomías

Entre enero y marzo, Cataluña registró un saldo negativo de 23 empresas, es decir, se fueron más compañías de las que llegaron. Desde finales de 2017, han abandonado la comunidad un total de 9.221 sociedades, de las cuales apenas 681 han regresado, lo que representa solo el 7% del total. Entre las grandes firmas que han decidido retornar se encuentran Criteria, Fundación La Caixa, Banco Sabadell, Applus, Cementos Molins y la matriz de Agbar. Este lento retorno ha sido interpretado por algunos como una posible señal de un regreso progresivo de empresas a Cataluña, en un contexto en el que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trabaja para revertir la imagen de inseguridad jurídica generada por el procés y devolver la estabilidad institucional, política y económica. No obstante, los datos recientes indican que este proceso será largo y complejo. En 2024, Cataluña sufrió una pérdida especialmente intensa de empresas, con 371 compañías trasladando su sede a otras regiones, el peor dato desde 2018. Esta tendencia ha seguido en los primeros meses de 2025, aunque con menor intensidad que en trimestres anteriores. Según el informe más reciente de Informa D&B, entre enero y marzo de este año 1.401 empresas cambiaron su domicilio social a otra comunidad, un 6,6% menos que en el mismo periodo de 2024, pero un 13,5% más que en el último trimestre del año pasado. De esas, solo 183 se instalaron en Cataluña, mientras que 206 salieron de la región, lo que dejó un saldo negativo de 23 sociedades. Aunque esta pérdida empresarial es menor que en trimestres previos -donde se llegó a perder hasta 116 empresas en un trimestre-, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con el peor balance. Esto pone de manifiesto que la recuperación del tejido empresarial aún no se ha consolidado. De hecho, Cataluña lleva 41 trimestres consecutivos con saldos negativos en cuanto a cambios de domicilio social, sin registrar un solo trimestre en positivo desde principios de 2015. El dato más significativo es que, de las más de 9.200 empresas que dejaron la comunidad tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017, solo han regresado 681, lo que confirma que aún queda mucho camino por recorrer. Si se tienen en cuenta las compañías que también se han trasladado desde otras regiones hacia Cataluña en estos años, la pérdida neta desde 2015 se sitúa alrededor de las 5.300 empresas. Este fenómeno, analizado en profundidad por primera vez por Informa D&B, muestra además que la mayoría de los retornos no han ocurrido en los últimos años. El mayor número de regresos se produjo en 2019, con 113 empresas. En 2024 apenas volvieron 86, tras las 105 de 2022 y 107 en 2023. En lo que va de 2025, han retornado solo 42 sociedades. La mayoría de las empresas que han vuelto a Cataluña lo han hecho desde Madrid, donde inicialmente se habían trasladado durante el auge del procés. De las 681 compañías que han regresado, 410 procedían de la capital española. Otras 74 volvieron desde la Comunidad Valenciana, 65 desde Aragón y 44 desde Andalucía.

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