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(El Periódico, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El número de pisos turísticos cae un 12,4% en un año, la reducción más alta desde que hay registros

El crecimiento de las viviendas de uso turístico es señalado por numerosos expertos del sector inmobiliario como uno de los factores que han agravado y prolongado la crisis de acceso a la vivienda. Aunque en los últimos años se han adoptado distintas iniciativas para frenar su expansión -especialmente en los centros de las ciudades, donde este tipo de alojamientos desplaza a los residentes hacia zonas periféricas-, disponer de estadísticas fiables sigue siendo fundamental para dimensionar realmente este fenómeno. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al mismo mes de 2024. En términos absolutos, la reducción asciende a cerca de 46.700 inmuebles y a unas 272.000 plazas menos en un año. Además, estas viviendas representan actualmente el 1,24% del parque residencial total, el porcentaje más bajo desde febrero de 2023. El Ejecutivo atribuye esta caída al endurecimiento normativo promovido por el Ministerio de Vivienda. Desde que el INE comenzó a estimar el número de pisos turísticos en agosto de 2020, a partir del rastreo de los principales portales inmobiliarios, la cifra se ha movido habitualmente entre las 300.000 y las 400.000 unidades. El máximo histórico se alcanzó en enero de 2024, con 403.424 viviendas, mientras que el mínimo se registró en febrero de 2022, con 285.868. La frecuencia de estas mediciones también ha variado con el tiempo: inicialmente se realizaban dos al año (febrero y agosto), en 2024 se añadió una tercera observación en noviembre y, desde entonces, el seguimiento se efectúa dos veces al año, en mayo y noviembre. Si se comparan los datos actuales con los de noviembre del año anterior, el parque de viviendas turísticas se ha reducido en 46.699 unidades, una caída algo inferior a la registrada entre mayo y noviembre de 2025, cuando el descenso fue de 52.073. Estas oscilaciones, no obstante, son habituales debido a la estacionalidad del sector. El retroceso anual se explica en gran medida por fuertes bajadas en determinadas comunidades autónomas. Destaca la Comunidad Valenciana, con 14.749 viviendas menos (-23,64%), seguida de Cataluña (-9.936 y un -17,48%) y Baleares (-4.963 y un -20,37%). Se trata de regiones con una elevada presión turística, donde este tipo de alojamiento había crecido con intensidad en los últimos años. En términos relativos, la mayor contracción se produjo en la Región de Murcia, con una caída del 29,2% respecto a noviembre de 2024. Desde el Ministerio de Vivienda se ha valorado positivamente esta evolución. En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez señala que las cifras reflejan el impacto de medidas como la puesta en marcha del Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que refuerza la capacidad de las comunidades de vecinos para limitar o vetar los alquileres turísticos. La modificación de la ley, en vigor desde el 3 de abril de 2025, permite prohibir o condicionar este tipo de alquiler con el respaldo de una mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas. En paralelo, el registro de alquileres de corta duración -impulsado por la Unión Europea- se estrenó en España el 2 de enero de 2025, con un periodo transitorio que retrasó su obligatoriedad hasta julio. Durante ese proceso, miles de solicitudes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos, lo que también ha contribuido a la reducción del número de viviendas registradas. La estadística del INE de noviembre es la primera elaborada tras la plena entrada en vigor de esta medida, aunque sus datos no proceden directamente de dicho registro. El descenso del 12,4% interanual es el mayor de toda la serie histórica, que arranca en 2020. Hasta ahora, solo se habían observado dos bajadas anuales y de menor intensidad: en agosto de 2021, muy influida por la pandemia, y en febrero de 2022, con reducciones del 4,51% y del 2,99%, respectivamente. Más allá del número de viviendas, otro indicador clave es el de las plazas disponibles. Según el INE, en septiembre se contabilizaron 1.624.933 plazas en pisos turísticos, casi 303.000 menos que en mayo (-15,71%) y 271.822 menos que en el mismo mes de 2024 (-14,33%). Aunque esta cifra es similar a la registrada al inicio de la serie, en agosto de 2020, lo cierto es que en agosto de 2024 se superaron por primera vez los dos millones de plazas, umbral que desde entonces no se ha vuelto a alcanzar. La última reducción, de más de 300.000 plazas, es la mayor registrada entre dos periodos consecutivos de referencia. Por último, el indicador que mejor refleja la implantación territorial de este fenómeno es el peso de las viviendas turísticas sobre el total del parque residencial. En septiembre, este porcentaje se situó en el 1,24%, dos décimas menos que en mayo (1,43%) y el nivel más bajo -aunque por poco- desde febrero de 2023, cuando fue del 1,21%. El máximo de toda la serie se alcanzó en agosto de 2024, con un 1,52%.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid rompe la barrera de los 75.000 propietarios con tres viviendas y tiene más de 500 que llegan a 50

En una Comunidad de Madrid marcada por jóvenes que no logran independizarse y por hogares asfixiados por el encarecimiento de la vivienda, los datos revelan una paradoja cada vez más acusada. En 2026 se ha superado el umbral de los 75.000 propietarios que poseen al menos tres viviendas en la región; más de 10.000 acumulan diez o más inmuebles, y 517 titulares llegan a concentrar hasta medio centenar. Así lo refleja una base de datos elaborada para EL PAÍS a partir de información del catastro facilitada por el Ministerio de Hacienda. Dado que una misma vivienda puede tener varios titulares, el número de propietarios supera al de inmuebles, pero el retrato es claro: existe una elevada concentración de vivienda en manos de grandes tenedores -personas físicas, empresas o fondos- que influye de forma directa en los precios del alquiler y de la compraventa. La dinámica del mercado impone, así, la ley del más fuerte. Y no hay señales de corrección a corto plazo: mientras que en el País Vasco más de la mitad de la población reside ya en zonas donde el alquiler está regulado por ley, el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso mantiene su rechazo a limitar los precios en la región. "El sector inmobiliario se percibe hoy como un refugio de inversión más seguro y rentable que otros, incluso cuando las viviendas permanecen vacías", explica Víctor Palomo, abogado especializado en derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), despacho centrado en la defensa de inquilinos vulnerables y en el que también trabaja Alejandra Jacinto, ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Palomo subraya que, aunque los grandes fondos no controlan la mayoría del parque residencial, su forma de gestionar la vivienda se ha ido generalizando. La presencia de grandes propietarios se extiende por toda la Comunidad. Aunque la capital encabeza los registros en todas las categorías, otros municipios presentan cifras similares: en Alcobendas hay 18 titulares con hasta 50 viviendas; en Parla, 15; en Getafe, 13; y en Las Rozas, 12. Por encima de ese umbral, se contabilizan 16 propietarios en Alcalá de Henares, 14 en Móstoles y 13 en Valdemoro. El fenómeno se reproduce de norte a sur y de este a oeste, y se intensifica si se comparan los datos con los de 2024. Aunque el número de propietarios con 25, 50 o más de 50 viviendas apenas ha variado, sí ha crecido de forma notable el de quienes poseen más de cinco, diez o quince inmuebles, con cientos de nuevos titulares incorporados en solo dos años. En conjunto, el número de propietarios con entre tres y más de 50 viviendas ha aumentado en más de 2.700 entre 2024 y 2026. La concentración no se detiene: avanza y se consolida como un negocio rentable. ¿Quiénes están detrás de esta acumulación de viviendas? ¿Grandes empresas, patrimonios familiares, inversores extranjeros, pequeños empresarios en busca de rentabilidad o fondos de inversión? Desde el Sindicato de Inquilinas, organización creada en 2017 para defender a las personas que viven de alquiler, apuntan a una realidad más compleja. "Llevamos tiempo advirtiendo de que el problema no son solo los grandes fondos, sino también miles de inversores medianos que tratan la vivienda como un activo financiero y reproducen la misma lógica", explica uno de sus portavoces. A su juicio, cuando crece el número de propietarios con varias viviendas, el alquiler deja de concebirse como un derecho y se gestiona cada vez más como un negocio. "Eso implica menos capacidad de negociación, subidas constantes de precios, más rotación forzada y una mayor inseguridad residencial para quienes alquilamos", añaden. Carlos Mazo, especialista en desarrollos inmobiliarios, introduce matices en el segmento de mayor poder adquisitivo. Según explica, en el mercado de lujo -especialmente entre inversores latinoamericanos que compran en zonas prime de Madrid- no es habitual encontrar grandes multipropietarios individuales con decenas de viviendas. "Es muy poco frecuente que una sola persona adquiera más de una o dos casas en barrios como Salamanca", señala Mazo, socio de la promotora Logika European Partners. Desde otra perspectiva, Eduardo Monet, consultor inmobiliario y propietario de nueve pisos en Madrid, defiende su trayectoria. Afirma haber construido su patrimonio tras años de trabajo y ahorro y rechaza identificarse con la figura del gran tenedor especulativo. "Todos mis pisos están destinados al alquiler de larga duración", asegura, y sostiene que prioriza la estabilidad de los inquilinos aunque eso suponga obtener menos rentabilidad para evitar rotaciones y reformas. En su opinión, los grandes fondos con cientos de viviendas siguen siendo una minoría. Por su parte, Ana Pavón Ares, portavoz de MAD VUT -asociación que agrupa a pequeños propietarios y gestores de viviendas turísticas- y miembro de un colectivo que mantiene litigios contra los cierres impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, explica que están intentando que la legislación europea tenga en cuenta la realidad del pequeño propietario. "Nos hemos ido organizando a raíz de los cambios normativos y de los problemas comunes que nos afectan", señala. Junto a ella, María López, propietaria de tres viviendas en el centro de la capital, denuncia el "impacto psicológico" que, según afirma, le han provocado las continuas modificaciones legales en el alquiler temporal. Enrique Muñoz, que lleva 15 años alquilando su piso y gestiona viviendas de terceros, relata que empezó durante la crisis económica para complementar ingresos. "Somos familias que vivimos de esto y que intentamos alquilar a otras familias", concluye.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá multas de hasta seis millones de euros a las eléctricas que hagan ‘spam’ telefónico

El Gobierno endurece las normas contra las comercializadoras eléctricas y prohibirá las llamadas comerciales no solicitadas para ofrecer tarifas de luz, salvo que el propio consumidor haya dado un consentimiento previo, claro y expreso. Para frenar estas prácticas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido un régimen sancionador específico. El real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes contempla multas que oscilan entre 600.001 euros y seis millones para las compañías que realicen este tipo de llamadas con fines comerciales. Estas conductas se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 24/2013 del sector eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de iniciar los expedientes y resolverlos. La norma ya cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y de la propia CNMC, que han validado su adecuación legal, económica y regulatoria tras ser consultados por el ministerio. El decreto establece la prohibición general de las llamadas telefónicas para vender suministros eléctricos, excepto cuando exista una solicitud expresa e inequívoca del usuario. En los pocos casos en que el consumidor sí pida ser contactado, las llamadas deberán realizarse desde un prefijo específico. Si se incumple esta obligación, las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear los números infractores. En la práctica, la captación de clientes por vía telefónica queda vetada como método habitual para formalizar contratos, salvo iniciativa directa del usuario. Las medidas de protección al consumidor no se limitan al control del spam telefónico. La nueva normativa obliga a las comercializadoras a entregar, antes de cualquier nueva contratación, un documento independiente del contrato en el que se expliquen de forma clara y comprensible las condiciones del suministro, así como posibles cambios futuros de precio o de cláusulas. El objetivo es evitar abusos derivados de condiciones poco transparentes que suelen pasar desapercibidas en contratos extensos y complejos. Este documento previo deberá resumir el impacto real del cambio sobre la factura del cliente e incluir una tabla comparativa con los precios anteriores y los que se aplicarán tras la modificación del contrato. El decreto también introduce mayor flexibilidad para rescindir contratos. Tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios podrán cancelar sus contratos en cualquier momento sin penalización, salvo en el caso de contratos a precio fijo antes de su primera prórroga anual. En ese supuesto, la penalización máxima no podrá superar el 5% de la energía pendiente de facturar en ese año. En el caso de consumidores vulnerables que decidan pasarse al precio regulado, el conocido como Precio de Venta al Pequeño Consumidor, no se podrá aplicar ningún tipo de penalización, ni siquiera por servicios adicionales vinculados al suministro eléctrico. Esta medida busca evitar situaciones en las que los usuarios se veían obligados a pagar por servicios como mantenimiento o alarmas que, en muchos casos, ni siquiera utilizaban. La Secretaría de Estado de Energía ha impulsado esta reforma tras detectar prácticas abusivas reiteradas, especialmente dirigidas a consumidores vulnerables. El objetivo de la nueva regulación es reforzar la protección de estos colectivos. Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, tras analizar la situación de 400 usuarios vulnerables, se ha constatado que aproximadamente la mitad no disfruta del bono social pese a cumplir los requisitos necesarios, lo que evidencia fallos en el sistema de protección actual. La norma también pretende impedir que personas beneficiarias del bono social sean inducidas a abandonar el mercado regulado para contratar tarifas del mercado libre que resultan más caras a largo plazo. A partir de ahora, si un consumidor con bono social decide cambiarse al mercado libre, la comercializadora deberá informarle de la diferencia anual estimada de precio y obtener su consentimiento expreso. Además, estas renuncias deberán comunicarse mensualmente a la CNMC para su control. Por último, el decreto refuerza la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando que puedan acceder de forma ágil a la tarifa regulada en las viviendas donde residan, incluso aunque no figuren como titulares del contrato eléctrico.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avanza con su expediente a España por trabar la opa bancaria fallida

Bruselas no alberga dudas: España debe revisar la normativa nacional que permitió frenar la opa de BBVA sobre Sabadell el año pasado y que, a juicio de la Comisión Europea, vulnera el derecho comunitario. Así se lo notificará oficialmente al Gobierno mediante un dictamen motivado que prevé remitir antes de que concluya el mes, según fuentes próximas al procedimiento consultadas por EXPANSIÓN. Este paso supone elevar el procedimiento a una segunda fase y concede al Ejecutivo un plazo de dos meses para detallar qué modificaciones legislativas piensa acometer con el fin de volver a ajustarse a la normativa europea. Desde que en julio se inició el expediente de infracción, el Gobierno ha intentado convencer a la Comisión de que su marco legal es compatible con el derecho de la UE, aunque sin éxito. Desde el Ministerio de Economía aseguran que "se ha proporcionado a la Comisión toda la información necesaria sobre el expediente, relativo a un supuesto desajuste con la normativa europea". En el último intercambio, España se comprometió a que, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requisitos de Capital (CRD VI), adaptará la legislación nacional para asegurar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin menoscabo de las funciones de otras autoridades dentro de sus respectivos ámbitos, como la CNMC. Sin embargo, la Comisión tiene claramente identificados los elementos de conflicto que pretende corregir y que, a su entender, van más allá de la mera transposición de la directiva. En su opinión, "determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que conceden al Gobierno facultades para intervenir en operaciones de fusión y adquisición de entidades financieras, invaden las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales". Además, Bruselas cuestiona que la exigencia de mantener a dos bancos como entidades jurídicas separadas durante un periodo de tres años -tal como se impuso a BBVA- responda a objetivos legítimos de orden público o seguridad que no estén ya cubiertos por la legislación europea vigente. La Comisión reclama una reforma en profundidad de la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2014 y del artículo 11 del Real Decreto-ley 84/2015, con el fin de eliminar ese poder de veto sobre operaciones bancarias. Asimismo, considera necesario revisar y acotar los artículos 60 y 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que permiten modular las condiciones de una operación corporativa en función del interés general. Desde el Ministerio de Economía recuerdan que se trata de "una normativa en vigor desde hace muchos años, aplicada en diversas ocasiones", y reiteran que "existe plena convicción sobre su compatibilidad con el derecho europeo". El dictamen motivado constituye el paso previo a la eventual remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando la Comisión decide llevar a un Estado miembro ante el TJUE, suele proponer la imposición de sanciones económicas, ya sea mediante una multa a tanto alzado o penalizaciones periódicas. Estas se calculan atendiendo a la gravedad de la infracción, su impacto, la duración del incumplimiento del Derecho de la UE y la capacidad económica del país, con el objetivo de garantizar un efecto disuasorio. Dado que el Ejecutivo mantiene su defensa de la legalidad de las normas y Bruselas persiste en su discrepancia, todo apunta a que el expediente terminará resolviéndose ante el TJUE.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las diferencias entre las empresas que innovan y las que no se ensancha en el tejido productivo español

En un contexto marcado por el incremento continuado de los costes para las empresas, la innovación se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la productividad y reforzar la competitividad, convirtiéndose en un elemento esencial para sostener el crecimiento económico en España. No obstante, este esfuerzo inversor aún no se traduce de forma generalizada en nuevas fuentes de ingresos, pese a que el 98,4% de las compañías que han culminado procesos de transformación innovadora consideran que el resultado ha sido satisfactorio. Así lo refleja el Observatorio para la Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, al que EXPANSIÓN ha accedido en exclusiva. El informe señala la falta de recursos financieros y la dificultad para encontrar talento especializado como los principales obstáculos para avanzar en innovación. Estas limitaciones afectan de manera especialmente intensa a las pymes -que representan cerca del 99,8% del tejido empresarial español- y amplían la distancia respecto a las grandes compañías. Mientras que el 94,7% de estas últimas declara haber participado en iniciativas innovadoras en los últimos tres años, el porcentaje cae a alrededor del 70% entre las pequeñas y medianas empresas y hasta el 60% en el caso de las microempresas, con menos de diez trabajadores. Aun así, las compañías con trayectoria en innovación muestran una percepción más favorable que aquellas que no han desarrollado este tipo de proyectos. Así lo destaca Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, quien subraya que esta diferencia demuestra que la innovación no es solo un discurso compartido, sino una experiencia tangible para quienes la ponen en práctica. Según los datos del observatorio, el 67,8% de las empresas ha llevado a cabo actividades innovadoras durante el último trienio. Sin embargo, menos del 20% mantiene proyectos activos en la actualidad. Este dato responde, principalmente, a que muchas compañías -especialmente las de menor tamaño- están iniciando ahora sus procesos innovadores, más que a un deterioro de las expectativas derivado de la desaceleración económica. En esta línea, el informe señala que el 75% de las empresas que ya han apostado por la innovación prevé continuar invirtiendo en los próximos tres años, mientras que una de cada tres que aún no lo ha hecho tiene previsto hacerlo antes de 2029. Pese a ello, las previsiones futuras son inferiores a los niveles recientes: solo el 53,3% de las microempresas planea invertir en innovación, frente al 64,9% de las pequeñas, el 71,4% de las medianas y el 84,2% de las grandes, cifras que se sitúan en torno a diez puntos porcentuales por debajo de las registradas en el último trienio. Esta ralentización se explica, en primer lugar, por la escasez de profesionales cualificados, una dificultad señalada por el 42,4% de las empresas que sí han logrado innovar. A ello se suman la falta de liquidez para financiar estos proyectos (36,2%) y la insuficiencia de organismos e infraestructuras de apoyo (28,8%). Entre las compañías que no han innovado en el periodo analizado, estos factores se repiten, junto con la carencia de información tecnológica, mencionada por el 17% como una de las principales causas de su inactividad. Pese al ensanchamiento de la brecha innovadora -que afecta con especial intensidad a sectores como la hostelería y la construcción-, más de la mitad de las empresas (53,5%) considera que la innovación es fundamental para reducir los costes operativos, incluso por encima de la mejora de la calidad del producto. Además, existe margen para revertir esta tendencia en los próximos años, dado que el coste de innovar está descendiendo gracias a una mayor accesibilidad al mercado y al aumento de proveedores de soluciones tecnológicas, lo que facilita la incorporación de la innovación por parte de pequeñas empresas y de sectores tradicionalmente menos avanzados en este ámbito, como la hostelería, apunta Mínguez. Todo ello se produce en un entorno en el que la baja productividad continúa siendo uno de los principales retos de la economía española. Según el último Rastreador de la Productividad de la Fundación BBVA y el Ivie, esta creció apenas un 0,8% interanual, un 67% menos que en 2024. Si las dificultades para innovar persisten en plena transformación tecnológica, marcada por la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, la brecha de productividad con las grandes economías de la eurozona podría ampliarse aún más. De hecho, la innovación tecnológica será el eje prioritario para cerca del 70% de las empresas que invertirán en este ámbito en los próximos tres años, no solo en IA, sino también en áreas como la robótica, el Internet de las Cosas, la interconexión de procesos o el uso de drones, concluyen desde la Cámara de Comercio.

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(El País, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España planea abrir un centro de educación financiera

El Banco de España proyecta la creación en Madrid de un centro dedicado a la educación financiera, acompañado de un espacio de formación interna para su propio personal. La iniciativa se ubicaría en la antigua residencia de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, condesa de Torre Arias, marquesa de Santa Marta y de la Torre, conocida como la Quinta de Torre Arias. Se trata de una finca del siglo XVI situada en el distrito de San Blas-Canillejas que la aristócrata, fallecida en 2012 sin herederos, cedió al Ayuntamiento de Madrid con la condición de que se destinara a fines culturales y de interés general. Aunque el parque abrió al público en 2017, el palacete principal y las antiguas caballerizas, rodeadas de zonas verdes, huertos y pozos, permanecen cerrados. La institución que preside José Luis Escrivá ha solicitado al Ayuntamiento la cesión del inmueble, comprometiéndose a asumir íntegramente los costes de rehabilitación y mantenimiento para desarrollar un proyecto educativo sin ánimo de lucro, según fuentes del sector citadas por EL PAÍS y otras conocedoras de la iniciativa. El plan contempla también un espacio museístico de carácter interactivo centrado en el dinero y las monedas, así como talleres dirigidos al público infantil, al margen del futuro museo destinado a mostrar el patrimonio artístico del banco en su sede de la plaza de Cibeles. Los jardines seguirían bajo gestión municipal y continuarían abiertos a la ciudadanía. El impulso a la educación financiera se enmarca en el Plan Estratégico hasta 2030 del Banco de España y se inspira en experiencias similares de otros bancos centrales europeos, como el Museo de la Economía del Banco de Francia, inaugurado en 2019, el museo del dinero del Banco de Italia en Roma o el del Bundesbank alemán. El objetivo es acercar al público general conocimientos básicos sobre el sistema financiero, el uso del dinero y el funcionamiento de la economía. Actualmente, el Banco de España cuenta con un Plan de Educación Financiera apoyado por unos 400 colaboradores, entre los que figuran organizaciones empresariales, entidades sociales y asociaciones de consumidores, pero carece de un centro propio. La nueva instalación estaría orientada a acoger a estudiantes, docentes de secundaria, colectivos de personas mayores, así como actos, conferencias y actividades divulgativas de contenido económico. En paralelo, el proyecto incluye un centro de formación interna que todavía se encuentra en fase de definición. De materializarse, serviría para implantar un nuevo modelo formativo destinado tanto a empleados del banco como a parte de los aspirantes a incorporarse a la plantilla, que podrían preparar allí los procesos selectivos. Esta iniciativa se integra en el eje de talento del plan estratégico, que concibe la formación como una herramienta para asegurar el desarrollo profesional de quienes trabajan en la institución y facilitar su progresión. Las conversaciones entre el Banco de España y el Ayuntamiento llevan meses en marcha y ya han entrado en la fase administrativa. Desde el Gobierno municipal se limitan a señalar que la propuesta está siendo analizada, como ocurre con otros proyectos similares. Antes de decantarse por Torre Arias, el Banco de España estudió la posibilidad de ubicar el centro de educación financiera en su edificio de la calle Alcalá, donde se concentran actualmente los equipos de tecnología, datos y gestión de efectivo, lo que habría requerido una ampliación de las instalaciones. Sin embargo, la singularidad del enclave de Torre Arias, su entorno ajardinado y su proximidad -a apenas cuatro minutos- a ese inmueble inclinaron la balanza, al considerarse una opción más adecuada para reforzar la conexión con la ciudadanía. Además, su cercanía al aeropuerto de Barajas se valora como un elemento favorable para la organización de encuentros y reuniones internacionales. El complejo ya fue objeto de una primera intervención tras su paso a manos municipales para garantizar su seguridad. El presupuesto definitivo de la rehabilitación, que asumiría el Banco de España, aún no está cerrado, aunque podría situarse ligeramente por debajo de los 20 millones de euros. Parte de los servicios, como la restauración, se ofrecerían mediante concesiones a empresas externas. Si el proyecto obtiene el visto bueno del Ayuntamiento, la previsión es que el centro pueda abrir entre finales de 2029 y comienzos de 2030, dentro del horizonte temporal del plan estratégico.

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(Cinco Días, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE mantiene los tipos sin cambios en el 2% y enfría las expectativas de más recortes

La primera cita del Banco Central Europeo en 2026 se ha cerrado sin cambios en el precio del dinero. El organismo ha optado por mantener los tipos de interés sin variaciones por quinta vez consecutiva, en una decisión adoptada por consenso. Con la inflación de la eurozona situada en el 1,7%, muy próxima al objetivo del 2% que guía la actuación del BCE, el Consejo de Gobierno ha optado por la inacción: la última modificación se produjo en junio del año pasado y, por ahora, Fráncfort no da señales de querer alterar el rumbo, ni endureciendo ni relajando la política monetaria. En su intervención, Christine Lagarde trató de rebajar las expectativas de quienes interpretaban el retroceso de la inflación en enero como un cambio estructural. Atribuyó ese descenso al abaratamiento de la energía por efectos de comparación interanual, subrayó que un solo dato mensual no altera la tendencia subyacente y reiteró que las proyecciones del BCE siguen situando la inflación en torno al 2% a medio plazo. "La inflación está donde debe estar, y nosotros también", afirmó. Sin nuevas previsiones macroeconómicas hasta marzo y con la tensión comercial impulsada por Donald Trump perdiendo intensidad, el escenario actual está dominado por la estabilidad. Los mercados bursátiles continúan en niveles elevados, sin señales claras de agotamiento; la economía de la zona euro mantiene el pulso gracias a la demanda interna -el PIB creció un 1,5% en 2025- y la tasa de desempleo, en el 6,2%, marca mínimos históricos. El BCE destacó en su comunicado que el crecimiento se apoya en un mercado laboral sólido, unos balances privados saneados, el despliegue progresivo del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos positivos de las anteriores bajadas de tipos. Tampoco parece inquietar en exceso el fortalecimiento del euro frente al dólar, una cuestión que había generado debate en semanas anteriores. Lagarde recordó que el BCE no tiene como objetivo fijar un determinado nivel de la moneda única frente al dólar. Aunque reconoció que el asunto se abordó en la reunión, restó importancia a las oscilaciones recientes y señaló que el tipo de cambio se mueve dentro de los márgenes contemplados en las previsiones del organismo. Además, subrayó que la debilidad del dólar no es un fenómeno reciente, ya que comenzó en marzo de 2025, y que no detecta motivos de preocupación. La presidenta del BCE también rechazó vincular la apreciación del euro con la ambición de reforzar su papel internacional. "Una cosa no implica la otra", sostuvo, negando que exista una relación directa entre fortaleza cambiaria y relevancia global. Pese a este panorama de calma aparente, dentro del Consejo de Gobierno empiezan a ganar peso las voces que alertan de un riesgo distinto: ya no la inflación elevada, sino la posibilidad de que los precios se acerquen peligrosamente al estancamiento. En esta evolución influyen tanto el descenso del precio del gas natural -con impacto directo en las tarifas eléctricas- como la debilidad del dólar, que se ha depreciado cerca de un 14% frente al euro en el último año. Estos factores refuerzan los argumentos del sector más moderado del BCE, favorable a acelerar las bajadas de tipos. Sin embargo, Lagarde no se muestra convencida y considera insuficiente un solo mes de inflación por debajo del objetivo para justificar un nuevo recorte del precio del dinero. Aunque a primera vista una moderación de los precios puede parecer positiva, cuando se aproxima a la deflación sus efectos resultan perjudiciales para la economía: se retrasan las decisiones de consumo, se frenan los salarios y se resienten tanto la inversión como la actividad económica. Por ahora, no hay indicios de que se repita a corto o medio plazo el escenario de precios negativos observado durante la pandemia. Las últimas previsiones del BCE sitúan la inflación en el 1,9% este año y en el 1,8% el próximo. Solo si el contexto cambiara de forma significativa y la inflación se alejara del entorno de seguridad que ofrece el 2% -como ocurrió en Francia, donde los precios cayeron al 0,4% en enero- volvería a intensificarse la presión para una nueva bajada de tipos. Persisten, no obstante, algunos riesgos que apuntan a una posible mayor depreciación del dólar y, con ello, a una inflación aún más contenida en Europa. Una Reserva Federal más alineada con las preferencias de Donald Trump, partidario de reducir los tipos bajo el nuevo liderazgo que sustituirá a Jerome Powell, podría acelerar esa tendencia. No obstante, el mercado ya anticipa recortes por parte de la Fed, lo que podría amortiguar el impacto. Lagarde, que coincidió con Kevin Warsh en Nueva York durante la crisis financiera, afirmó conocerlo bien y valoró positivamente su designación como sucesor de Powell. Más allá del habitual intercambio de señales ambiguas con la prensa sobre el futuro de la política monetaria, Lagarde anunció que remitirá a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, así como a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo, un documento con cinco propuestas destinadas a impulsar el crecimiento, la productividad y la movilización del talento en Europa. Entre las prioridades señaladas figuran el refuerzo de la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de aumento de la deuda; el impulso a la inversión estratégica y a las reformas estructurales; la eliminación de barreras internas que lastran el mercado único; una mayor integración de los mercados de capitales mediante la culminación de la unión bancaria y del ahorro y la inversión; y la rápida adopción del reglamento para la creación del euro digital. Con esta iniciativa, Lagarde aspira a influir en la reunión informal de reflexión que celebrarán los líderes europeos el próximo 12 de febrero, centrada en el fortalecimiento del mercado único, un objetivo que cobra especial importancia ante el deterioro de la confianza en las relaciones con Estados Unidos bajo la Administración Trump.

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(Cinco Días, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV ve necesaria una mayor presencia de ‘stablecoins’ en euros y ensalza las que están preparando los bancos

Las stablecoins continúan en el centro del debate. Este mercado ya supera los 300.000 millones de dólares de capitalización, aunque la mayor parte del valor se concentra en solo dos activos: USDT, emitida por Tether, y USDC, de Circle. Las monedas estables vinculadas al dólar acaparan prácticamente todo el mercado, con un peso cercano al 99%, una situación que inquieta a los supervisores. La CNMV lo señala expresamente en su último informe sobre el estado de los activos digitales, publicado este martes, en el que advierte de que esta fuerte dolarización plantea interrogantes relevantes para la política financiera y subraya la necesidad de buscar alternativas. Entre ellas, destaca impulsar una mayor presencia de stablecoins referenciadas al euro y respaldadas por activos financieros europeos, con el objetivo de equilibrar el mercado y reforzar el papel de la moneda común. Aunque USDT no puede comercializarse en la Unión Europea por no ajustarse a los requisitos del reglamento MiCA, su principal rival, USDC, sí opera en el mercado europeo. Esta circunstancia ha puesto el foco sobre las llamadas stablecoins de emisión múltiple, es decir, aquellas que se emiten en distintas jurisdicciones sujetas a marcos regulatorios diferentes, como Estados Unidos y Europa. Los reguladores han advertido en varias ocasiones de los riesgos asociados a este tipo de activos, especialmente en escenarios de tensión financiera. En situaciones de reembolsos masivos, los emisores podrían verse obligados a atender solicitudes procedentes tanto de usuarios europeos como de tenedores de tokens emitidos fuera de la UE. Si las reservas situadas en Europa no fueran suficientes, el sistema dependería de transferencias desde entidades ubicadas en terceros países, con el riesgo añadido de que las autoridades extranjeras limiten o bloqueen esos flujos, dejando a los inversores sin acceso a sus fondos. En octubre del año pasado, la Junta Europea de Riesgo Sistémico aprobó una recomendación no vinculante para prohibir este tipo de activos, lo que abrió un intenso debate. Víctor Rodríguez, director general de política estratégica de la CNMV, explicó este martes, durante un acto sobre el primer aniversario de MiCA, que estas stablecoins suponen un riesgo que debe abordarse, pero considera que una prohibición total podría generar efectos indeseados. En su opinión, existe el peligro de que los inversores trasladen su actividad a otros mercados. Por ello, el supervisor aboga por buscar soluciones intermedias, como una regulación más precisa y límites específicos, así como por fomentar el desarrollo de stablecoins denominadas en euros. La CNMV destaca, además, algunos proyectos impulsados por entidades financieras en Europa y en España que apuntan hacia un sector más regulado y seguro, con potencial para generar oportunidades en la economía real. Los bancos centrales también valoran positivamente estas iniciativas, al entenderlas como una forma de reducir el peso de los actores estadounidenses, cuyo dominio contribuye a reforzar la posición del dólar. Una de las principales preocupaciones es que la expansión de las stablecoins provoque un trasvase de los ahorros de los consumidores hacia estos instrumentos, lo que podría debilitar la capacidad de concesión de crédito de los bancos, reducir la eficacia de la política monetaria o, en escenarios extremos, favorecer procesos de sustitución de la moneda. En el ámbito europeo ya existen varios proyectos en marcha. Société Générale Forge lanzó en abril de 2023 la stablecoin EUR CoinVertible, vinculada al euro, y otras iniciativas están próximas a ver la luz. En España, BBVA prevé lanzar este año su propia moneda estable ligada al euro, mientras que CaixaBank ha promovido un consorcio denominado Qivalis junto a entidades como ING, Unicredit, Banca Sella o Raiffeisen Bank International, con el objetivo de emitir una stablecoin en la segunda mitad de 2026. Según un estudio de S&P Global Ratings publicado este martes, la emisión y el uso de monedas estables europeas crecerán con rapidez y, de cara a 2030, su valor total podría situarse entre 25.000 millones y 1,1 billones de euros, frente a los alrededor de 650 millones actuales. Estas nuevas emisiones se incorporarían a un mercado de stablecoins vinculadas al euro que también presenta un alto grado de concentración. EURC, de Circle, domina claramente este segmento con más de la mitad del total emitido, seguida de EURCV y AEUR, que superan el 10% cada una, mientras que el resto de activos tienen cuotas inferiores al 6%. La CNMV advierte igualmente de los riesgos derivados de esta concentración. Dado que el dinero fiat que respalda estas monedas se deposita en distintos bancos o se invierte en deuda a corto plazo, existen riesgos de contraparte relacionados con la solvencia de esas entidades y con la propia naturaleza de los activos subyacentes. En escenarios de estrés, los reembolsos simultáneos podrían afectar no solo a las stablecoins, sino también propagarse a los mercados tradicionales a través de la venta forzada de reservas. En cuanto al papel de la supervisión europea, aunque la entrada de los bancos en el ecosistema cripto y, en particular, en el ámbito de las stablecoins es bien recibida por los reguladores debido a la solidez y credibilidad de estas entidades, las autoridades avanzan con prudencia. En el conjunto de la UE ya se han concedido más de 140 autorizaciones bajo MiCA. En España, la CNMV ha otorgado licencias a tres empresas cripto y a cuatro bancos, aunque mantiene todavía 28 solicitudes en tramitación, según recordó este martes Carmen Corsín, subdirectora de autorizaciones del organismo. El periodo transitorio finaliza a finales de junio y, a partir de entonces, solo podrán seguir operando las entidades que cuenten con la autorización correspondiente, una situación que genera inquietud tanto en el sector como en el propio supervisor. El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, reconoció también este martes que, pese a que MiCA ha supuesto un avance significativo al introducir mayor transparencia en un sector tradicionalmente opaco, su aplicación práctica y la labor de supervisión continúan siendo complejas. Según explicó, las dificultades derivan del rápido cambio tecnológico, de la sofisticación de los productos y de los nuevos canales de comercialización. En este contexto, considera que el marco actual aún es incompleto y requiere mayor claridad. San Basilio se mostró partidario de avanzar hacia una supervisión más centralizada de los proveedores de servicios cripto en el ámbito de la ESMA, con el fin de evitar arbitrajes regulatorios y reforzar la protección de los inversores. No obstante, admitió que persisten dudas sobre cómo debería abordarse la vigilancia de los operadores de ámbito nacional, es decir, aquellas empresas que, aunque operan en varios países, concentran su actividad en un mercado concreto. A su juicio, todavía está por ver hasta qué punto la centralización de esta supervisión resultará realmente eficaz, un asunto que sigue siendo objeto de negociación.

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(Expansión, 06-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros a autónomos y micropymes para vehículos eléctricos

El presidente del Gobierno anunció este jueves el lanzamiento de una nueva línea de ayudas públicas dotada con 40 millones de euros destinada a facilitar la compra o el alquiler de vehículos electrificados. Pedro Sánchez hizo así un gesto hacia los autónomos y las microempresas al presentar esta iniciativa orientada a impulsar la movilidad sostenible entre estos colectivos. Según explicó, el programa contemplará subvenciones para la adquisición de vehículos electrificados, ya sea en régimen de propiedad o de renting, y estará dirigido a trabajadores por cuenta propia y empresas de menos de diez empleados. Las ayudas podrán alcanzar importes de hasta 7.500 euros por beneficiario. El anuncio se produjo durante la intervención del jefe del Ejecutivo en la clausura del VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado este miércoles y jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao, un encuentro que ha reunido a numerosos representantes del tejido industrial español y a directivos de grandes compañías como Repsol, Siemens España, Telefónica, Airbus o el grupo Mondragón. Sánchez defendió que esta nueva línea de apoyo es una muestra más del compromiso del Gobierno con la electrificación de la economía, una estrategia que, según afirmó, es firme y no admite marcha atrás. No obstante, para muchos autónomos y pequeñas empresas la medida supone solo un alivio limitado frente a los numerosos desafíos a los que se enfrentan desde hace años, como el aumento de las cotizaciones sociales, las sucesivas subidas del salario mínimo, el incremento de la carga burocrática o la falta de soluciones eficaces frente al absentismo laboral. En su discurso, el presidente también sacó pecho de la evolución del sector industrial bajo su mandato, asegurando que la industria española atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. De acuerdo con sus datos, desde 2018 se han creado cerca de 200.000 empleos industriales, aproximadamente la mitad en el último año, lo que convertiría a 2025 en el ejercicio con mayor creación de empleo industrial de la década. En un contexto político marcado por diversos escándalos que afectan al PSOE y al Ejecutivo, y con un calendario electoral exigente por delante -con las elecciones de Aragón este domingo y las de Castilla y León y Andalucía previstas para marzo y primavera-, Sánchez mantiene una intensa agenda de actos públicos, anuncios y medidas con las que trata de poner en valor la gestión de su Gobierno, especialmente en el ámbito industrial. En esta línea, afirmó que España ha superado la etapa de la reconversión industrial para adentrarse en una fase de reconstrucción del sector, un proceso que, según señaló, ya está en marcha y en el que la colaboración entre el sector público y el privado resulta clave para afrontar los profundos cambios económicos y tecnológicos. A juicio del presidente, la acción conjunta del Estado y las empresas está permitiendo reindustrializar el país y desarrollar una política industrial ambiciosa basada en la cooperación público-privada. Pese a este discurso, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica impulsada por el Gobierno continúa bloqueada en el Congreso debido a la falta de apoyos suficientes para su aprobación.

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(El País, 05-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro cae al 1,7% y se acerca a los niveles de la pandemia

La inflación en la zona euro lleva meses mostrando una clara tendencia a la desaceleración. Prueba de ello es que en enero el índice de precios al consumo (IPC) se situó en el 1,7 % interanual, lo que supone una bajada de tres décimas respecto a diciembre, según los datos de Eurostat. Para encontrar niveles de precios más bajos es necesario remontarse a comienzos de 2021, cuando la pandemia de la covid-19 aún obligaba a aplicar restricciones que limitaban la actividad económica. Un dato idéntico al actual se registró también en septiembre de 2024. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre aquel momento y la situación actual. Entonces persistían los temores a un nuevo repunte inflacionario, ya que la economía todavía estaba saliendo de la crisis de precios de 2022 y 2023 y la inflación descendía con mayor lentitud de la que había aumentado. Además, seguían en vigor numerosas medidas públicas destinadas a amortiguar el encarecimiento de la cesta de la compra y de los costes energéticos para hogares y empresas. En el seno del Banco Central Europeo (BCE) preocupaba que la retirada de esas ayudas desencadenara nuevas tensiones inflacionistas. Ese repunte llegó, aunque fue leve y limitado a unas pocas décimas, y ya forma parte del pasado. Desde entonces, la inflación se ha mantenido durante varios meses en torno al 2 %, con pequeñas oscilaciones. En enero, incluso, se ha situado claramente por debajo del objetivo oficial del BCE. Este control de los precios ha llevado a la presidenta del organismo, Christine Lagarde, a afirmar que la zona euro se encuentra en una "buena posición", lo que otorga al banco central europeo un mayor margen de actuación que a otras autoridades monetarias, como la Reserva Federal estadounidense, sometida a presiones políticas para abaratar el precio del dinero. No obstante, ese margen de maniobra del BCE se ha estrechado recientemente. La inflación ha dejado de ser un factor de presión y las previsiones apuntan a que se mantendrá cerca del 2 % en 2026 y 2027. Al mismo tiempo, el crecimiento económico de la zona euro sigue siendo más débil que el de otras grandes economías. A ello se suma un nuevo elemento: la debilidad del dólar. La depreciación de la divisa estadounidense frente al euro encarece las exportaciones europeas y afecta de forma especial a Alemania, cuya economía, muy dependiente de las ventas al exterior, atraviesa desde hace años una crisis de carácter estructural. En este contexto, los analistas del servicio de estudios del banco ING señalan que "las expectativas de una nueva bajada de tipos por parte del BCE se han intensificado en las últimas semanas, en un escenario de moderación de la inflación importada, impulsada en parte por la debilidad del dólar". Según estos expertos, los precios de las importaciones continúan siendo contenidos en la actualidad. Uno de los factores clave detrás de la desaceleración de la inflación es la evolución de los precios de la energía. De acuerdo con Eurostat, estos se han reducido un 4,1 % en comparación con hace un año. La fortaleza del euro frente al dólar abarata la compra de materias primas como el petróleo o el gas natural, que se negocian en la moneda estadounidense, contribuyendo así a la moderación de los precios. Estos elementos añaden interés a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE prevista para este jueves. No se espera que de este encuentro surja una rebaja de los tipos de interés, ya que ni las declaraciones de Lagarde ni las de otros miembros del comité ejecutivo apuntan en esa dirección. Aun así, algunas voces, como la del gobernador del Banco de Austria, Martin Kocher, han sugerido la posibilidad de actuar ante la fortaleza del euro, lo que ha aumentado la atención sobre posibles referencias al tipo de cambio por parte de la institución con sede en Fráncfort. El descenso no se ha limitado al índice general armonizado. También la inflación subyacente -que excluye componentes más volátiles o condicionados por la fiscalidad, como la energía, los alimentos frescos, el tabaco o el alcohol- ha retrocedido hasta el 2,2 %. Por países, el comportamiento de España ha tenido un peso relevante en la evolución del dato agregado, con una caída de cinco décimas en el IPC armonizado, aunque el 2,5 % registrado en enero sigue situándose ocho décimas por encima de la media de la zona euro. Esta reducción, junto con la de Francia, donde la inflación bajó tres décimas hasta el 0,4 %, y la de Italia, que pasó del 1,4 % al 1,2 %, ha compensado el ligero repunte observado en Alemania, cuyo IPC armonizado aumentó del 2 % al 2,1 %.

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