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(El País, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los desahucios por impago de hipoteca se disparan un 28% en el segundo trimestre

Entre abril y junio se registraron en España 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un repunte notable: un 20,5% más que en el primer trimestre del año y un 27,8% superior respecto al mismo periodo de 2024. Desde que se inició la serie estadística en 2014, solo durante los meses excepcionales de la pandemia se había producido un aumento interanual mayor. En términos absolutos, no se alcanzaba un volumen de más de 4.000 ejecuciones en un trimestre desde finales de 2022. Aunque este procedimiento no implica automáticamente un desalojo, sí es un paso que puede desembocar en la pérdida de la vivienda por impago. Conviene recordar que la mayoría de los desahucios actuales no se originan en hipotecas, sino en alquileres: según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025 un 77% de los desalojos correspondieron a inquilinos, el porcentaje más alto de la serie. El repunte de ejecuciones hipotecarias se da de forma similar en viviendas habituales (28,1% más que en 2024) y en segundas residencias (27%). Sin embargo, las principales concentran la mayoría de los casos: 2.902 frente a 1.231, lo que supone el 70% del total. Esta proporción contrasta con la de hace una década, tras la Gran Recesión, cuando predominaban los desahucios de inmuebles que no eran primera vivienda. Otro dato relevante es que la mayor parte de los desalojos afectan a viviendas de segunda mano. De las 4.133 ejecuciones, 3.709 fueron sobre este tipo de inmuebles, frente a 424 en obra nueva. El análisis por año de constitución de las hipotecas muestra el peso todavía decisivo de la burbuja inmobiliaria: el 45,6% de las ejecuciones de este trimestre corresponden a hipotecas firmadas entre 2005 y 2008. En cambio, las concedidas entre 2020 y 2024 solo representan un 6,4%. Para Francisco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el repunte tiene dos causas principales: el impacto prolongado de los altos tipos de interés en hogares con bajos salarios y el interés de los bancos en quedarse con viviendas en un contexto de precios al alza. Según sus cálculos, las entidades financieras adquieren los inmuebles por alrededor del 70% de su valor hipotecado y luego pueden revenderlos con márgenes de hasta un 60%. La visión de la banca es distinta. Fuentes del sector subrayan que las familias vulnerables están protegidas por la moratoria de desahucios, prorrogada hasta 2028 con apoyo unánime del Congreso. Consideran, además, que los datos del INE no reflejan un deterioro general en el pago de hipotecas, ya que el paro está en su nivel más bajo desde 2008, el empleo se encuentra en cifras récord y la economía mantiene perspectivas de crecimiento. Con el aumento del segundo trimestre, el total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en la primera mitad de 2025 asciende a 7.562, un 15,5% más que en el mismo periodo de 2024 (6.546). El dato supera ligeramente al registrado en el primer semestre de 2023 (7.430), aunque todavía se sitúa por debajo de los niveles de 2022 (10.051). El informe del INE también refleja 2.274 ejecuciones sobre otros tipos de inmuebles: 1.697 en fincas urbanas, 228 en solares y 349 en fincas rústicas.

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(El País, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno ampliará el bono de alquiler joven a 300 euros mensuales y ampliará la duración hasta cuatro años

El Gobierno ha puesto este miércoles a consulta pública el proyecto de real decreto que regulará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El documento, de 90 páginas, establece las condiciones, compromisos y criterios que guiarán la política de vivienda en España durante los próximos cinco años. Es el primer plan elaborado bajo la Ley de Vivienda de 2023 y se presenta como un giro en el enfoque: la vivienda pasa a considerarse el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a sanidad, educación, pensiones y dependencia. Entre sus medidas más destacadas figuran la ampliación del bono de alquiler juvenil hasta 300 euros mensuales y un descuento máximo de 28.800 euros en la compra de viviendas protegidas con opción a compra. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana subraya que la aprobación del plan requerirá el acuerdo con las comunidades autónomas. Hasta el 7 de octubre se podrán presentar aportaciones, aunque el Ejecutivo ya ha adelantado los ejes principales: pasar de un modelo en el que la vivienda se trata como un bien de mercado a la creación de un parque público y protegido permanente, concebido como una "herencia para quienes no la tienen". El borrador parte de un diagnóstico crítico: más de diez años de parón en la construcción tras la crisis inmobiliaria, junto a la falta de suelo finalista y de mano de obra especializada, han dejado un déficit de más de 400.000 viviendas, según el Banco de España. A ello se suma la presión del crecimiento demográfico y el auge de los alquileres turísticos y temporales, que reducen la oferta permanente. Como resultado, el precio medio alcanzó en junio de 2025 los 1.906 euros por metro cuadrado, un 8% más interanual y por encima del máximo de 2007. Además, los hogares destinan de media más del 35% de sus ingresos a la vivienda, y casi un 39% soporta un esfuerzo superior al 40%. Los jóvenes son el colectivo más perjudicado: solo un 14,6% de los menores de 30 años vive independizado, frente al 32% de la media europea, y la edad media de emancipación se acerca ya a los 30 años. Para aliviar esta situación, el bono de alquiler juvenil se eleva a 300 euros al mes (200 para habitaciones), con la posibilidad de disfrutarlo durante dos años prorrogables por otros dos. Se duplican también los límites de renta para poder solicitarlo: hasta 1.000 euros en pisos completos y 600 en habitaciones. No podrán acceder quienes ya tengan una vivienda en propiedad ni quienes vivan en un inmueble alquilado a familiares directos. El plan contempla además ayudas a la compra en localidades de menos de 10.000 habitantes, con hasta 15.000 euros por operación, siempre que no superen el 20% del precio del inmueble ni los 300.000 euros, y que la vivienda se destine a residencia habitual. También se introduce la fórmula de alquiler con opción a compra en viviendas protegidas, con descuentos equivalentes a las rentas abonadas (hasta 28.800 euros), financiados por las Administraciones. Los colectivos más vulnerables tendrán un apoyo reforzado: ayudas de hasta el 100% del alquiler durante cinco años para víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o en situación de especial dificultad. Estas ayudas podrán incluir comunidad, suministros e incluso internet, pagándose directamente al propietario o al gestor. El anuncio coincide con la publicación por parte del INE de que entre abril y junio se registraron 4.133 ejecuciones hipotecarias, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes. El plan prevé un presupuesto total de 7.000 millones de euros, un 135% más que el programa anterior. El Estado cubrirá el 60% y las autonomías el 40%, ya que estas últimas son responsables de gestionar las ayudas. Los fondos tendrán una distribución mínima obligatoria: 40% para vivienda pública y asequible, 30% para rehabilitación y 30% para reducir el esfuerzo económico de las familias y facilitar la emancipación juvenil. Uno de los aspectos más novedosos es que la vivienda protegida quedará blindada de forma indefinida. Las promociones financiadas con cargo al plan no podrán perder esa condición y, en el caso de la vivienda pública, deberán destinarse al alquiler durante al menos 50 años, con precios regulados desde el inicio. La ejecución se llevará a cabo mediante convenios bilaterales entre el ministerio e instituciones autonómicas, que fijarán objetivos, indicadores y mecanismos de control. Toda la información se registrará en una plataforma común con actualizaciones periódicas. Las comunidades tendrán que presentar informes trimestrales y uno anual, y el ministerio podrá retener o reasignar fondos en caso de incumplimientos. Finalmente, el plan prevé crear una base de datos nacional de contratos de arrendamiento. Para acceder a cualquier ayuda, los propietarios deberán depositar la fianza en la administración autonómica y remitir los datos al ministerio. En aquellas comunidades sin registro de fianzas, la ayuda quedará suspendida si no lo implantan en un plazo máximo de un año.

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(El Economista, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La exigencia de atender en catalán en las empresas se extiende a 12 sectores económicos clave

El acuerdo alcanzado esta semana entre Junts y el Gobierno, a través de una serie de enmiendas a la Ley de Atención al Cliente, introduce cambios de gran calado económico. La principal novedad es que obligará a determinadas empresas -en función de su tamaño, facturación o sector- a atender a los usuarios en todas las lenguas cooficiales del Estado, entre ellas el catalán. En total, la norma afectará a una docena de sectores estratégicos. El partido justifica sus propuestas en la necesidad de "garantizar los derechos lingüísticos de consumidores y usuarios", un principio que figura en todas las enmiendas presentadas. Si la reforma sale adelante, la ley impulsada por el Ministerio de Consumo se aplicará a todas las compañías con más de 250 trabajadores, una facturación anual superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios básicos. Esto incluye a eléctricas, gasistas, compañías de agua, operadoras de telecomunicaciones, aerolíneas, ferroviarias, empresas de autobuses, servicios postales, bancos, aseguradoras, entidades financieras, plataformas audiovisuales y cualquier proveedor de servicios públicos. En total, Junts ha planteado seis enmiendas finales: cuatro modifican artículos ya existentes, una introduce un apartado nuevo y otra altera la exposición de motivos de la norma. La ley establece principios generales de atención al cliente y obliga, entre otros aspectos, a que los canales de comunicación figuren en los contratos. Además, determina que "las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias deberán ser respondidas en la misma lengua en la que se realizaron". Desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puntualizan que la obligación de responder en catalán, gallego o euskera solo se aplicará a las operaciones realizadas en comunidades con lengua cooficial. Otro artículo de la norma exige que las empresas cuenten con los recursos humanos, materiales, técnicos y organizativos necesarios para ofrecer un servicio adecuado de atención al cliente. Junts ha añadido a este apartado la referencia explícita a "garantizar los derechos lingüísticos" y ha incorporado la obligación de que el personal reciba "formación específica en lenguas cooficiales", a cargo de las propias empresas, incluyendo capacitación continua. El pacto no ha sido bien recibido por la patronal. El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) advirtió que esta medida "atenta contra la libertad empresarial". En un comunicado, la organización sostuvo que "introducir la política en las iniciativas empresariales daña la competitividad" y que debe respetarse la autonomía de gestión propia de toda empresa privada. El Ministerio de Consumo prevé que, en el mejor de los casos, la norma pueda aprobarse en mes y medio. Sin embargo, el proyecto acumula 234 enmiendas de distintos grupos y aún debe debatirse en ponencia -cuyo primer encuentro se celebrará la próxima semana- antes de su votación en el pleno del Congreso.

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(El Periódico, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas aprueba suspender parte del acuerdo comercial con Israel pero deja la decisión final en manos de los Estados

La Comisión Europea dio este miércoles un paso de gran calado frente a Israel por su ofensiva en Gaza y las violaciones de derechos humanos en el enclave palestino. El Ejecutivo comunitario aprobó un plan para suspender parcialmente el acuerdo comercial que la UE mantiene con Israel desde hace tres décadas, lo que supondrá reintroducir aranceles a determinados productos israelíes que hasta ahora se beneficiaban de un trato preferente. La Unión es, de hecho, el principal socio comercial de Israel a nivel global. La medida no busca cortar por completo el comercio bilateral, sino retirar las ventajas arancelarias, con especial incidencia en los productos agrícolas. Según cálculos de Bruselas, la decisión podría costar a los exportadores israelíes unos 227 millones de euros anuales. La propuesta, impulsada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, deberá contar ahora con el apoyo de una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros para entrar en vigor. El movimiento se justifica en que el Gobierno israelí ha adoptado medidas que vulneran compromisos esenciales del acuerdo con la UE en materia de respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. Según la Comisión, esta circunstancia habilita legalmente a la Unión para suspender unilateralmente parte del pacto. "Es un paso que lamentamos, pero creemos adecuado y proporcionado a la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza", declaró el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Entre los motivos señalados por Bruselas destacan el empeoramiento de la situación en Gaza, las trabas a la entrada de ayuda humanitaria, la intensificación de las operaciones militares y la expansión de asentamientos en Cisjordania, que socavan aún más la solución de los dos Estados defendida por gran parte de la comunidad internacional. El paquete de medidas incluye además la propuesta de la alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, de sancionar por primera vez a miembros del Gobierno israelí. Los señalados son el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, considerados ultranacionalistas. La idea es imponerles restricciones como la congelación de activos o la prohibición de entrada a la UE, sanciones que también se extenderían a dirigentes de Hamás, a colonos violentos y a varias organizaciones. Sin embargo, este punto exige unanimidad de los Estados miembros, lo que complica su aprobación. "No buscamos castigar a Israel, sino aliviar la crisis humanitaria en Gaza", recalcó Kallas. En paralelo, la Comisión -que en los últimos meses ha sido criticada por su cercanía al Ejecutivo de Netanyahu- anunció la suspensión inmediata de parte de la cooperación bilateral con Israel, lo que implica congelar unos 20 millones de euros en programas de apoyo directo al Gobierno, aunque se mantendrán las ayudas a la sociedad civil y a proyectos vinculados al Holocausto. La propuesta central, sin embargo, es la suspensión parcial del acuerdo comercial de los años noventa, una idea defendida ya hace un año y medio por España e Irlanda. Según los cálculos de la Comisión, el 37% del comercio israelí con la UE se beneficia actualmente del trato arancelario preferente; es esa fracción la que quedaría afectada. Dado que el bloque comunitario representa el 32% del comercio total de Israel, el impacto económico sería considerable. No obstante, la propuesta enfrenta un camino incierto: varios países, entre ellos Hungría, Austria y la República Checa, se perfilan como posibles opositores. Para aprobarla se necesita el voto favorable de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población de la UE. En este contexto, la posición de Alemania, Italia o Polonia será determinante, especialmente la de Berlín, que tradicionalmente se ha resistido a medidas de presión contra Israel. Si se logra la mayoría requerida en el Consejo de la UE, Bruselas notificará la decisión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y habrá un plazo de 30 días para su entrada en vigor.

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(La Vanguardia, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La productividad de las empresas catalanas cae un 2% por el mayor peso de los servicios

Las compañías catalanas lograron salir de la pandemia con notables incrementos tanto en ventas como en rentabilidad. No obstante, el panorama no está libre de desafíos. El nuevo Anuario de la Pyme catalana, elaborado por Pimec, revela que la productividad por trabajador descendió un 2,2%, situándose en 77.407 euros anuales. El retroceso se atribuye, en gran medida, al mayor peso que ha adquirido el sector servicios frente a la ligera contracción de la industria. Durante la presentación del informe, el presidente del Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, señaló que la caída de la productividad se debe a un crecimiento del empleo más acelerado que el del valor añadido bruto (VAB). En concreto, la ocupación aumentó un 5,2%, mientras que el VAB lo hizo solo un 2,9%. "Estamos creciendo a base de esfuerzo humano, incorporando más personas al mercado laboral", ilustró por su parte el presidente de Pimec, Antoni Cañete. La pérdida de productividad se concentra en los servicios: el VAB industrial avanzó un 7,1%, frente a un retroceso del 0,3% en los servicios. En cuanto al empleo, la industria apenas subió un 0,8%, mientras que los servicios lo hicieron en un 2,6%. "La industria aporta más valor añadido, mientras que los servicios tienden a reducirlo", apuntó Amat. El documento también destaca que las pymes soportaron mejor la caída de la productividad que las grandes compañías, pese a que su incremento del VAB fue más modesto (2,2% frente al 5,2% de las mayores). La diferencia radica en el fuerte aumento de la contratación en las empresas con más de 250 empleados, que elevaron sus plantillas un 11,7%. El Anuario de la Pyme, basado en datos del registro mercantil de 2023, refleja ya un ejercicio normalizado tras el impacto del Covid. Según Cañete, estas cifras permiten proyectar con mayor fiabilidad lo ocurrido en 2024 y lo que se prevé para 2025. "Confirman que la pyme sigue siendo un pilar fundamental en la estructura productiva del país", subrayó el presidente de la patronal. Actualmente, las pymes representan el 98,9% del tejido empresarial, el 64% del VAB y el 60% del empleo en Cataluña. Sin embargo, en los últimos cinco años han ido perdiendo peso tanto en valor añadido como en ocupación. "Somos un país de pymes, pero las grandes empresas están ganando protagonismo", señaló Amat. Ante esta tendencia, Cañete defendió la necesidad de que las pequeñas y medianas compañías crezcan en tamaño para ganar solidez y capacidad de expansión.

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(Expansión, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes empresas de España tendrán que atender en catalán a sus clientes

La medida tendrá impacto en los proveedores de servicios y en las empresas que superen los 250 trabajadores o los 50 millones de euros de facturación, con independencia de si su sede está en Cataluña o en cualquier otra comunidad. El nuevo curso político arranca de manera similar al anterior: con Junts consiguiendo nuevas concesiones del PSOE. En esta ocasión, se trata de una reforma destinada a garantizar el uso del catalán en el ámbito empresarial. A partir de ahora, los proveedores de servicios estarán obligados a atender a los clientes en la lengua oficial que utilicen para dirigirse a ellos. La norma se aplicará a todos los proveedores de servicios públicos y, en el resto de los sectores, a las compañías que rebasen los límites de plantilla o facturación mencionados. La ubicación de la sede no será un factor determinante, por lo que también quedarán incluidas las empresas radicadas fuera de Cataluña. ¿Cómo se implementará la medida? Estos requisitos se incorporarán como disposición adicional en el proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente, remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes a comienzos de 2024. Junts fue el encargado de anunciar la medida con gran repercusión mediática, justo una semana después de que sus siete diputados bloquearan en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral, una de las iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en particular, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La propuesta todavía debe ser refrendada por la ponencia encargada de elaborar la ley. Este grupo tenía previsto reunirse este martes para debatir las enmiendas, aunque el encuentro se pospuso. Junts subrayó que el texto incorporará también la obligación de que los trabajadores de atención al cliente reciban formación en catalán. La medida abarcará tanto las comunicaciones orales como escritas y, según los independentistas, supondrá un "cambio de paradigma". ¿A quién afectará? Según detalló Junts en un comunicado, las nuevas obligaciones alcanzarán a sectores como el suministro de luz, gas, agua y telefonía; el transporte aéreo, ferroviario y por carretera; los servicios postales; la banca, las aseguradoras y las plataformas audiovisuales de pago. Entre las enmiendas pactadas, destaca la sustitución de la obligación de responder en castellano por la de contestar en la lengua oficial o cooficial en la que se exprese el cliente. En paralelo, en el Congreso, Junts votó en contra de la propuesta de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con capacidad sancionadora, lanzando así un nuevo mensaje de distanciamiento respecto a la formación de Yolanda Díaz, tras no haber logrado modificar la reforma laboral. Además, en el Parlament, la portavoz neoconvergente Mònica Sales acusó al PSC de Salvador Illa de obstaculizar los acuerdos que Junts mantiene con el PSOE.

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(Cinco Días, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euro roza máximos de cuatro años en los 1,18 dólares a las puertas de la Fed

Los inversores siguen con atención la próxima reunión de la Reserva Federal, y el mercado de divisas refleja mejor que nadie esa expectación. Aunque se da por hecho que el banco central estadounidense retomará la senda de recortes en los tipos de interés, las previsiones de que el Banco Central Europeo (BCE) no vuelva a abaratar el dinero han dado impulso al euro frente al dólar. En la víspera de la decisión de la Fed, el billete verde pierde un 0,4% frente a la moneda comunitaria y se sitúa en los 1,18 dólares por euro, su nivel más alto desde julio y muy cerca de máximos no vistos desde 2021. La inestabilidad política en Francia, que ha llevado a que la deuda gala pague junto con la italiana las primas de riesgo más elevadas de Europa, no ha restado atractivo al euro. Según los analistas de ING, la mejora en la deuda soberana de España y Portugal compensa las dudas francesas, mientras que el clima de optimismo global sostiene la demanda de la divisa común. Además, el temor a un escenario extremo -como la disolución de la Asamblea Nacional- parece haberse disipado, y tanto los intereses como el volumen de la deuda francesa representan un reto más de largo plazo que inmediato. Los datos macroeconómicos europeos también respaldan al euro. Tras los mensajes de Christine Lagarde que anticipan el final del ciclo de bajadas de tipos, este martes el índice de confianza inversora en Alemania (publicado por el instituto ZEW) superó con creces lo previsto: marcó 37,3 puntos frente a los 34,7 de junio, cuando el consenso esperaba un retroceso. "Las perspectivas económicas han mejorado de forma notable en el tercer trimestre frente a la primera mitad del año", señaló Robin Winkler, economista de Deutsche Bank. Alemania, sin embargo, se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre. Ni siquiera el repunte de las tensiones en Oriente Medio ha frenado la debilidad del dólar en este 2025. En un ejercicio marcado por las presiones políticas de la Casa Blanca sobre la Fed y por la pérdida del dólar y de la deuda estadounidense como refugio seguro, las mejores expectativas para la economía europea han reforzado la confianza en la moneda única, que ya acumula una subida cercana al 14% en lo que va de año.

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(El País, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno eleva nuevamente su previsión de crecimiento económico para el año: del 2,6% al 2,7%

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este martes, tras el Consejo de Ministros, la actualización de las previsiones económicas del Gobierno, un paso clave en el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2026. Si el Ejecutivo logra sacarlos adelante -un reto complejo debido a la fragmentación parlamentaria-, pondría fin a la dinámica de prórrogas que se mantiene desde hace dos años, ya que las cuentas vigentes siguen siendo las de 2023. El presidente del Gobierno ya había adelantado el lunes que se revisaría al alza la previsión de crecimiento para este ejercicio, en línea con lo que en los últimos meses han hecho tanto instituciones nacionales como internacionales. Organismos como la Comisión Europea o el Banco de España han corregido al alza sus cálculos sobre la economía española, que sigue mostrando fortaleza pese a las tensiones comerciales y geopolíticas. Con este ajuste, el Ejecutivo eleva su proyección hasta el 2,7%, por encima de la estimación del FMI (2,5%) y en línea con la del Banco de España, que la situó en el 2,6%. El PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre, un ritmo superior al del inicio del año y mejor de lo esperado. Según Cuerpo, ese mismo porcentaje se repetirá en el tercer trimestre, lo que situaría la tasa interanual en torno al 2,8% y llevaría a cerrar 2025 con un crecimiento del 2,7%. El impulso proviene sobre todo de la inversión y el consumo de los hogares, que han tomado el relevo de las exportaciones y el gasto público, motores clave en la etapa pospandemia. La mejora del empleo, unas condiciones de financiación más favorables y los fondos europeos aún por desplegar refuerzan estas perspectivas. No obstante, este dinamismo económico contrasta con las dificultades políticas del Ejecutivo para sacar adelante proyectos legislativos de envergadura como los Presupuestos Generales del Estado, dada su situación de minoría parlamentaria y el desgaste de su bloque de investidura. A comienzos de septiembre, el Gobierno publicó en el BOE la orden ministerial que marca las directrices para los ministerios y define sus prioridades. Ese paso abrió oficialmente la elaboración de las nuevas cuentas, pero aún quedan por aprobar el techo de gasto y la senda fiscal, que requieren el aval del Congreso y constituyen ahora mismo el principal obstáculo.

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(El Periódico, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España eleva el crecimiento al 2,6% en 2025 pero ve riesgos a la baja

El Banco de España ha dado un nuevo impulso a las perspectivas de la economía española. Pese a la incertidumbre internacional, el organismo ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2025, situándola en el 2,6%, dos décimas más de lo calculado en junio. Esta mejora responde, principalmente, al mayor dinamismo del consumo privado y la inversión, que han superado lo esperado. Para 2026 y 2027, sin embargo, mantiene sin cambios sus proyecciones: un crecimiento más moderado, del 1,8% y 1,7% respectivamente, en línea con el potencial de la economía, aunque advierte de riesgos a la baja. Con esta actualización, el supervisor confirma el buen momento de la economía española y se suma a otras revisiones al alza publicadas recientemente, incluida la del Gobierno central, que elevó su estimación al 2,7%. España, que ya lideró el crecimiento entre las economías avanzadas en 2024, vuelve a destacar este año pese al freno de la eurozona, las tensiones geopolíticas y la guerra comercial global, según recoge el informe de Proyecciones macroeconómicas de septiembre. "El avance ha sido mayor de lo previsto y también han cambiado los motores del crecimiento", explicó Galo Nuño, director general adjunto de Economía del Banco de España, durante la presentación. En el segundo trimestre, el PIB subió un 0,7%, impulsado por el consumo y la inversión, respaldados por mejores condiciones de financiación, el aumento de las rentas familiares, la creación de empleo, los flujos migratorios y las subidas salariales. Estos factores han ido ganando peso frente a las exportaciones, que fueron decisivas en la etapa pospandemia. De cara al tercer trimestre, la institución prevé un crecimiento de entre 0,6% y 0,7%, aunque advierte de una progresiva moderación al atenuarse las mejoras en financiación y al anticiparse una ralentización del empleo y los salarios. Aun así, el consumo privado seguirá siendo el principal soporte de la economía, mientras que la inversión mantendrá el pulso gracias a los tipos más bajos, los fondos europeos y el impulso de la construcción residencial, aunque este último no resolverá el actual problema de acceso a la vivienda, al que Nuño calificó de posible "cuello de botella para el crecimiento". El informe también apunta a una menor aportación del consumo público, que acumula dos trimestres a la baja, y a un retroceso de la demanda externa por la caída en el turismo y la incertidumbre comercial. El reciente acuerdo entre Bruselas y Washington ha reducido riesgos, pero quedan aspectos pendientes en la negociación que podrían reavivar la inestabilidad. En materia de precios, la institución empeora ligeramente su previsión de inflación, situándola en el 2,5% para este año, debido al encarecimiento energético. Estima que en 2026 bajará al 1,7%, pero en 2027 repuntará hasta el 2,4% por la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones; sin este factor, se mantendría en torno al 1,7%. Por último, el Banco de España mejora sus previsiones sobre el déficit público, que pasaría del 2,8% al 2,5% del PIB, gracias al dinamismo de la actividad y a unos ingresos fiscales muy sólidos, en especial por el IRPF y los beneficios empresariales. Sin embargo, muestra dudas respecto al cumplimiento de la nueva regla fiscal europea sobre el gasto primario neto, que este año podría situarse entre el 4,4% y el 5,1%, por encima del 3,7% comprometido por el Gobierno.

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(Cinco Días, 16-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB del G-20 remonta en el segundo trimestre y avanza un 0,9%

La economía del G-20 recuperó cierto dinamismo en el segundo trimestre del año, pese a las tensiones derivadas de la ofensiva comercial de Washington. El bloque en su conjunto creció un 0,9%, lo que supone dos décimas más que en el trimestre previo y se alinea con los niveles alcanzados en la segunda mitad de 2024, según los datos preliminares publicados este lunes por la OCDE. Sin embargo, el comportamiento fue dispar: mientras Estados Unidos impulsó con fuerza el crecimiento, potencias como Alemania y Canadá sufrieron retrocesos, al ser de las más golpeadas por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. La economía estadounidense protagonizó una de las mayores mejoras, tras dejar atrás la contracción del inicio de año (-0,1%) y avanzar un 0,8% entre abril y junio. Corea del Sur vivió una evolución parecida: después de caer un 0,2% en el primer trimestre, creció un 0,7% en el segundo. También destacaron los incrementos de Turquía (del 0,7% al 1,6%), Sudáfrica (del 0,1% al 0,8%) y Arabia Saudí (del 1,1% al 1,7%). Japón mejoró del 0,1% al 0,5%, mientras que Australia y México pasaron ambos del 0,3% al 0,6%. Francia subió del 0,1% al 0,3% e Indonesia del 1,2% al 1,3%. En el lado opuesto figuran las economías que se contrajeron o se ralentizaron. Canadá, por ejemplo, pasó de crecer un 0,5% a retroceder un 0,4%. Alemania también registró una caída más intensa de lo esperado: su PIB descendió un 0,3% en el trimestre, el triple de lo proyectado inicialmente, reflejando las dificultades estructurales de su modelo productivo. Italia retrocedió un 0,1%. Otros países no llegaron a la recesión, pero sí experimentaron una marcada desaceleración. Es el caso de Brasil, que pasó de un 1,3% a un 0,4%, o del Reino Unido, cuyo crecimiento se redujo del 0,7% al 0,3%. India también moderó su avance, del 2,0% al 1,7%, y China del 1,2% al 1,1%. España no aparece en el informe de la OCDE al no formar parte del G-20. No obstante, según el INE, su economía creció un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más que en el anterior, situándose de nuevo entre las potencias avanzadas con mayor expansión. Tras liderar el crecimiento en 2024, las previsiones nacionales e internacionales coinciden en que el PIB superará el 2,5% al cierre del ejercicio, en línea con la estimación oficial del Gobierno (2,6%), que anunció este lunes que revisará al alza sus previsiones.

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