(El País, 18-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha puesto este miércoles a consulta pública el proyecto de real decreto que regulará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El documento, de 90 páginas, establece las condiciones, compromisos y criterios que guiarán la política de vivienda en España durante los próximos cinco años. Es el primer plan elaborado bajo la Ley de Vivienda de 2023 y se presenta como un giro en el enfoque: la vivienda pasa a considerarse el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a sanidad, educación, pensiones y dependencia. Entre sus medidas más destacadas figuran la ampliación del bono de alquiler juvenil hasta 300 euros mensuales y un descuento máximo de 28.800 euros en la compra de viviendas protegidas con opción a compra.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana subraya que la aprobación del plan requerirá el acuerdo con las comunidades autónomas. Hasta el 7 de octubre se podrán presentar aportaciones, aunque el Ejecutivo ya ha adelantado los ejes principales: pasar de un modelo en el que la vivienda se trata como un bien de mercado a la creación de un parque público y protegido permanente, concebido como una "herencia para quienes no la tienen".
El borrador parte de un diagnóstico crítico: más de diez años de parón en la construcción tras la crisis inmobiliaria, junto a la falta de suelo finalista y de mano de obra especializada, han dejado un déficit de más de 400.000 viviendas, según el Banco de España. A ello se suma la presión del crecimiento demográfico y el auge de los alquileres turísticos y temporales, que reducen la oferta permanente. Como resultado, el precio medio alcanzó en junio de 2025 los 1.906 euros por metro cuadrado, un 8% más interanual y por encima del máximo de 2007. Además, los hogares destinan de media más del 35% de sus ingresos a la vivienda, y casi un 39% soporta un esfuerzo superior al 40%.
Los jóvenes son el colectivo más perjudicado: solo un 14,6% de los menores de 30 años vive independizado, frente al 32% de la media europea, y la edad media de emancipación se acerca ya a los 30 años. Para aliviar esta situación, el bono de alquiler juvenil se eleva a 300 euros al mes (200 para habitaciones), con la posibilidad de disfrutarlo durante dos años prorrogables por otros dos. Se duplican también los límites de renta para poder solicitarlo: hasta 1.000 euros en pisos completos y 600 en habitaciones. No podrán acceder quienes ya tengan una vivienda en propiedad ni quienes vivan en un inmueble alquilado a familiares directos.
El plan contempla además ayudas a la compra en localidades de menos de 10.000 habitantes, con hasta 15.000 euros por operación, siempre que no superen el 20% del precio del inmueble ni los 300.000 euros, y que la vivienda se destine a residencia habitual. También se introduce la fórmula de alquiler con opción a compra en viviendas protegidas, con descuentos equivalentes a las rentas abonadas (hasta 28.800 euros), financiados por las Administraciones.
Los colectivos más vulnerables tendrán un apoyo reforzado: ayudas de hasta el 100% del alquiler durante cinco años para víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o en situación de especial dificultad. Estas ayudas podrán incluir comunidad, suministros e incluso internet, pagándose directamente al propietario o al gestor. El anuncio coincide con la publicación por parte del INE de que entre abril y junio se registraron 4.133 ejecuciones hipotecarias, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que un año antes.
El plan prevé un presupuesto total de 7.000 millones de euros, un 135% más que el programa anterior. El Estado cubrirá el 60% y las autonomías el 40%, ya que estas últimas son responsables de gestionar las ayudas. Los fondos tendrán una distribución mínima obligatoria: 40% para vivienda pública y asequible, 30% para rehabilitación y 30% para reducir el esfuerzo económico de las familias y facilitar la emancipación juvenil.
Uno de los aspectos más novedosos es que la vivienda protegida quedará blindada de forma indefinida. Las promociones financiadas con cargo al plan no podrán perder esa condición y, en el caso de la vivienda pública, deberán destinarse al alquiler durante al menos 50 años, con precios regulados desde el inicio.
La ejecución se llevará a cabo mediante convenios bilaterales entre el ministerio e instituciones autonómicas, que fijarán objetivos, indicadores y mecanismos de control. Toda la información se registrará en una plataforma común con actualizaciones periódicas. Las comunidades tendrán que presentar informes trimestrales y uno anual, y el ministerio podrá retener o reasignar fondos en caso de incumplimientos.
Finalmente, el plan prevé crear una base de datos nacional de contratos de arrendamiento. Para acceder a cualquier ayuda, los propietarios deberán depositar la fianza en la administración autonómica y remitir los datos al ministerio. En aquellas comunidades sin registro de fianzas, la ayuda quedará suspendida si no lo implantan en un plazo máximo de un año.