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(Expansión, 27-03-2024) | Fiscal

La "ley Beckham" dispara su atractivo tras el golpe fiscal en Reino Unido

España tiene una nueva posibilidad de atraer a profesionales e inversiones debido a la renuncia del Reino Unido a su histórico régimen especial de impatriados, conocido como Nom-Dom. Esto dejará a los profesionales y grandes patrimonios establecidos en el país sin su principal protección tributaria, lo que aumenta el atractivo de la ley española similar a la de Beckham. Según las últimas informaciones, se espera que el régimen británico, en vigor desde 1799, sea abolido a partir del 6 de abril de 2025, con disposiciones transitorias limitadas para los actuales Non-Dom. "Esto marcará un cambio significativo en el Reino Unido y en la City en términos de atracción de talento y grandes patrimonios", explica Marc Cantavella, cofundador de Relocate & Save y experto fiscal en regímenes fiscales preferenciales. "Puede representar una gran oportunidad para los países europeos que estén alerta para aprovechar esta situación provocada por la abolición del NHR en Portugal y el fin del Non-Dom", añade. El régimen británico que se pretende eliminar ha sido exitoso durante décadas, ya que permitía a los nuevos residentes tributar solo por los ingresos remitidos al Reino Unido, exonerando de impuestos todos los ingresos extranjeros (como inversiones en el extranjero, trusts, derechos de imagen de deportistas, regalías, etc.). En este contexto, el atractivo del régimen español se incrementa en la búsqueda de un nuevo destino para estos contribuyentes. Sin embargo, los asesores fiscales reciben más consultas de profesionales que de grandes patrimonios. "Actualmente, la ley Beckham no sería un gran refugio para los grandes patrimonios que tendrán que abandonar el Reino Unido", explica Cantavella. El Nom-Dom atrajo a oligarcas rusos que se mudaron a la City de Londres en los años 2000, así como a millonarios de la India que se establecieron en Londres, como la esposa del actual presidente del país, Rishi Sunak, y a futbolistas que optaron por jugar en la Premier League. "Para estos individuos, la ley Beckham no es adecuada, ya que no se aplica a rentistas ni a deportistas", señala Cantavella. En su opinión, regímenes preferenciales como el impuesto único de 100.000 euros en Italia o Grecia, o países como Andorra o Mónaco, atraerán a una gran parte de estos grandes patrimonios que quedan sin una jurisdicción tras la abolición del Non Dom. "En cualquier caso, si algún partido político propusiera ampliar el alcance de la ley Beckham también a jubilados, rentistas, deportistas y autónomos, excluidos tras la modificación en el ejercicio fiscal de 2023, se podría lograr el regreso de grandes patrimonios que se fueron al Reino Unido por el Nom Dom, jubilados que se fueron a Portugal por el NHR o incluso youtubers que se trasladaron a Andorra", destaca el especialista. "Sería un retorno de talento y patrimonio al alcance de la mano tras los cambios recientes", añade. Según los expertos de Relocate & Save, anteriormente, la ley Beckham estaba limitada a trabajadores por cuenta ajena, exceptuando algunas situaciones. Es decir, a empleados. Sin embargo, el año pasado se amplió con la aprobación de la Ley de Startups. Ahora, también pueden beneficiarse de este régimen trabajadores de empresas extranjeras, autónomos y emprendedores. Si un contribuyente acredita su residencia fiscal en España, solo tributará en España por los ingresos obtenidos en territorio español y no por sus ingresos globales. Por lo tanto, los ingresos obtenidos en el extranjero, es decir, en un país que no sea España, no estarán sujetos a tributación en España, excepto los ingresos del trabajo y profesionales, que siempre deben tributar en España, independientemente del país en el que se generen. Esto es especialmente relevante porque un contribuyente que no esté bajo este régimen debe tributar por sus ingresos globales, es decir, debe declarar en España los ingresos obtenidos en territorio español y también los obtenidos en cualquier parte del mundo. Además, los tipos impositivos que gravan los ingresos de los impatriados acogidos a la Ley de Startups son inferiores a los tipos marginales máximos del IRPF. Existen solo dos tramos. Hasta 600.000 euros, el 24%. A partir de ahí, el 47%. Esto es importante porque en España, los tipos normales del IRPF tienen una escala de seis tramos, y el último tramo grava al 47% los ingresos que superen los 300.000 euros. Las ganancias de capital (dividendos, venta de acciones o intereses) obtenidas en el extranjero estarán exentas de tributación en España. Sin embargo, aquellas obtenidas en territorio español por una persona acogida al régimen especial sí deben tributar en España, y lo harán con una escala progresiva diferente, con tipos del 21% al 28%, según la cuantía de los rendimientos obtenidos. Bajo este régimen, se debe pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero solo se contabilizan los bienes y derechos en España. Para estar obligado a tributar, el patrimonio en España debe ser, en términos generales, superior a 1.000.000 de euros.

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(Expansión, 27-03-2024) | Fiscal

Nuevo escenario tributario beneficia a trabajadores expatriados en España

Se ha abierto una puerta más accesible para los empleados y ejecutivos expatriados, así como para los teletrabajadores, que llegan o regresan a España para establecerse en el país durante la segunda mitad del año, es decir, entre julio y diciembre. La Dirección General de Tributos (DGT) ha eliminado la barrera fiscal que enfrentaban estos profesionales, a quienes la Agencia Tributaria podía exigirles tributar como no residentes por sus ingresos laborales durante los meses en que se trasladaban, lo que generaba una doble imposición al tener que pagar impuestos al mismo tiempo como residentes en el país de origen. La consulta realizada ante la DGT respalda la posición defendida por el Departamento de Fiscalidad Internacional de Montero Aramburu Abogados, cuyos expertos han elevado la cuestión al órgano directivo de Hacienda. Específicamente, Tributos aclara el cálculo del período de menos de 183 días en 12 meses que la normativa exige para que estos contribuyentes no estén obligados a tributar como no residentes en el año de su traslado.

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(El Economista, 27-03-2024) | Fiscal

Los contribuyentes podrán pagar los impuestos a Hacienda por Bizum o con tarjeta

Hacienda permitirá a los contribuyentes realizar sus pagos de impuestos y deudas fiscales a través de Bizum o tarjeta bancaria, según ha anunciado la Agencia Tributaria como parte de su nuevo Plan Estratégico para el período 2024-2027. Este plan se enfoca en mejorar la asistencia al contribuyente mediante herramientas informáticas, y dentro de esta iniciativa, la Administración considera esencial habilitar métodos de pago más modernos, como las tarjetas de crédito o débito y Bizum, además de los tradicionales. Además, la Agencia Tributaria también permitirá que los contribuyentes domicilien los pagos en entidades financieras no colaboradoras de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Esta medida busca facilitar los procesos tanto para los ciudadanos como para la propia Agencia Tributaria, ya que el fisco reconoce las dificultades asociadas a las transferencias, dadas las limitaciones de información que suelen acompañar a los ingresos recibidos por este medio. Por otro lado, Hacienda implementará un sistema que permitirá a los contribuyentes corregir voluntariamente pequeños errores en sus declaraciones del IRPF sin enfrentar sanciones, a menos que se trate de conductas más graves. Para facilitar estas correcciones sin que la Administración inicie un procedimiento de comprobación, se proporcionará a los contribuyentes un borrador de declaración complementaria con las incidencias corregidas para que puedan subsanarlas ellos mismos. Además, aunque se mantendrá la atención presencial para los contribuyentes, especialmente para los mayores de 65 años, se ampliarán los servicios disponibles por internet y teléfono. La Agencia Tributaria intensificará la vigilancia sobre los grandes grupos para mejorar el control de los créditos fiscales aplicados en el Impuesto de Sociedades y así ampliar las bases imponibles. Se prestará especial atención a los grupos que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal, ya que representan hasta el 30% de la recaudación por Sociedades. En este sentido, se establece como objetivo prioritario controlar los créditos tributarios pendientes que tienen las empresas, consolidando la información declarada por cada grupo sobre estos créditos y realizando análisis exhaustivos para garantizar una adecuada asistencia al contribuyente. Además, se promoverá la corrección de declaraciones en caso de detectar errores y se reforzará la presencia inspectora en las sedes de las compañías. La Administración busca reducir los inmuebles alquilados debido a su alto coste, y para ello, se implementará un nuevo sistema de teletrabajo que permitirá establecer un modelo híbrido de prestación de servicios, reduciendo así la superficie necesaria para oficinas. Asimismo, se prevé incrementar la plantilla en 2.082 trabajadores para 2027. Hacienda también mejorará el censo de empresarios y autónomos para tener un conocimiento más preciso de las actividades económicas y las obligaciones tributarias, con el objetivo de combatir la economía sumergida. Se identificarán adecuadamente las entidades realmente activas, ya que las inactivas pueden ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de bienes. La lucha contra la economía sumergida es un objetivo clave que requerirá acciones continuas por parte de la Inspección Tributaria.

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(Expansión, 26-03-2024) | Fiscal

Hacienda prevé estrechar el cerco fiscal sobre empresas que facturen desde seis millones

La Agencia Tributaria tiene planes para enfocarse en las grandes empresas en los próximos años. Así lo indica el Plan Estratégico 2024-2027 publicado recientemente, donde se enfatiza la necesidad de fortalecer el control sobre los grupos empresariales y multinacionales. Se prevé la creación de una Unidad Nacional específica para el control de estas grandes compañías, que complementará la labor de fiscalización de las empresas cotizadas más importantes. Además, se planea revisar los créditos fiscales que estas empresas aplican para reducir su carga tributaria. El plan destaca la importancia de controlar a los grupos que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, ya que, aunque representan solo el 3% del censo empresarial, contribuyen con el 30% del Impuesto de Sociedades. Para abordar este grupo de contribuyentes, se propone una combinación de la inspección ordinaria con acciones específicas de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas. A pesar de que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes ya supervisa a las grandes empresas y cotizadas, Hacienda busca mejorar el control sobre las empresas medianas mediante la creación de una Unidad Nacional de apoyo. Esta unidad coordinará las acciones de los equipos regionales y transversales que examinan empresas con ingresos anuales superiores a seis millones de euros, pero que no están bajo la supervisión central. Se espera que esta iniciativa aumente la eficiencia y permita liberar recursos para otras actividades. Además, se planea desarrollar una herramienta para controlar los créditos tributarios pendientes, considerando los generados y aplicados por los contribuyentes en sus declaraciones, así como aquellos derivados de regularizaciones y decisiones judiciales. Esto permitirá indicar a los contribuyentes los créditos fiscales aplicables en cada declaración. Hacienda también prevé reforzar las actividades de investigación, enfocándose en la presencia inspectora en las sedes de los contribuyentes, lo que se considera fundamental en el control del fraude complejo. Además, se intensificarán los controles sobre nuevos riesgos tributarios y se mantendrá la presión sobre prácticas tradicionales de evasión fiscal. Más allá, Hacienda prevé intensificar los controles sobre nuevos riesgos tributarios, mientras mantiene la presión sobre nichos "tradicionales como la lucha contra la simulación de la residencia fiscal, el uso abusivo de la personalidad jurídica, la correcta aplicación del régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, así como el control de los contribuyentes de alta capacidad económica". Aquí, además, una vez que Hacienda subsanó legislativamente los límites judiciales al alcance de las inspecciones, el Fisco aspira a "aumentar el número de las actuaciones" en forma de comprobación limitada en el pago de IRPF sobre actividades económicas, IVA o Sociedades. La Agencia Tributaria también prevé impulsar campañas de mejora de la calidad de las declaraciones informativas más comunes en los impuestos a la actividad, la limpieza de los censos empresariales, y el envío de cartas informativas o de subsanación de datos. El control en la "implementación de los nuevos tributos medioambientales" (como los que afectan a plástico, gases fluorados, electricidad o el ajuste en frontera de carbono), así como el uso de criptoactivos y plataformas electrónicas son otros dos de los frentes de actuación que la Agencia Tributaria ha previsto para el periodo 2024-2027.

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(Expansión, 26-03-2024) | Fiscal

2.000 efectivos más para la Agencia Tributaria

Hacienda reconoce que los objetivos estratégicos de la Agencia Tributaria están estrechamente ligados al número de empleados necesarios para alcanzarlos. Por lo tanto, cumplir con los compromisos del recién publicado Plan Estratégico 2024-2027, que incluye fortalecer el control sobre las grandes empresas, fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y priorizar la atención al contribuyente, implica aumentar la plantilla de la Agencia en un 7%. Esto significa pasar de los 27,294 empleados actuales a 29,376 en un plazo de cuatro años. El objetivo es superar el nivel de personal que existía antes de las restricciones en la contratación pública, aproximándose así a las dimensiones observadas en las administraciones tributarias de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El documento destaca la importancia de fortalecer el área de Informática Tributaria, dada su creciente relevancia. De hecho, el porcentaje de personal externo en Informática ha aumentado del 38.9% en 2010 al 52.5% en 2023, lo que subraya la necesidad de reforzar el personal interno para reducir la dependencia de asistencia externa. Se sostiene que aumentar la plantilla de manera decidida es la única manera de hacer frente a las futuras jubilaciones y otras salidas de personal, así como para alcanzar un número adecuado de empleados públicos acorde con las responsabilidades y la estructura de la Agencia. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advirtió ayer que el aumento de personal no debería realizarse a expensas de rebajar los estándares de capacitación del Cuerpo, facilitando el acceso a técnicos menos cualificados. Por ello, solicitaron una reunión con Hacienda para discutir posibles soluciones.

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(La Vanguardia, 26-03-2024) | Fiscal

Los Inspectores de Hacienda: la soberanía fiscal catalana es "inconstitucional" y merma la lucha contra el fraude fiscal

La propuesta de soberanía fiscal para Cataluña, presentada por el Gobierno de la Generalitat bajo la dirección de ERC, ha generado preocupación entre los Inspectores de Hacienda. Este colectivo advierte que adoptar un sistema de financiación "singular" para la comunidad catalana, que implica la cesión del 100% de los impuestos a la región y la creación de un régimen similar al cupo vasco para pagar por los servicios estatales, tendría consecuencias negativas. Entre estas se incluirían el desmembramiento de la Agencia Tributaria, un debilitamiento en la lucha contra el fraude fiscal, y un deterioro en los servicios públicos para los ciudadanos de todo el país. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) destacó que esta propuesta de independencia fiscal no está respaldada ni por la Constitución, ni por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Además, sostienen que viola los principios de igualdad y solidaridad establecidos en la Carta Magna. "Es la primera vez que se solicita de manera clara y rotunda una independencia fiscal para Cataluña que es inconstitucional", señaló Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, enfatizando que fragmentar el sistema tributario español perjudicaría las funciones de inspección y la lucha contra el fraude fiscal. El plan de soberanía fiscal propuesto por el Govern catalán implicaría, según advirtió Teresa Benito, vicepresidenta de IHE, un retroceso en la gestión de los impuestos, un deterioro en el sistema de retenciones fiscales, y la fragmentación de las bases de datos y los mecanismos de control tributario, en un contexto donde la tendencia internacional es hacia la globalización. La asociación alerta que este plan pone en riesgo el control de la recaudación, generando incentivos para la deslocalización de contribuyentes y amenazando los ingresos públicos, así como la capacidad de financiar los servicios públicos básicos en todas las comunidades autónomas. Además, los Inspectores critican la falta de una oposición clara desde el Gobierno central ante esta propuesta catalana. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que no aceptará reformas del sistema de financiación autonómica que no garanticen recursos suficientes para todas las comunidades, los Inspectores expresan preocupación por la falta de una negativa formal, lo que podría dejar la puerta abierta a ceder a las demandas de la Generalitat mientras se buscan otras formas de compensación para el resto de las regiones. El plan de financiación "singular" impulsado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, semanas después de convocar elecciones anticipadas en la región para mayo, incluye la cesión del 100% de los impuestos recaudados en la región, así como la capacidad normativa para modificarlos.

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(Cinco Días, 25-03-2024) | Fiscal

El Gobierno persiste en hacer permanente el gravamen a bancos y empresas energética

Durante una intervención pública, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, planteó la posibilidad de utilizar los recursos provenientes del gravamen para fortalecer la solvencia de las entidades financieras. Sugirió que parte de lo que los bancos deberían pagar podría dirigirse hacia el aumento de sus reservas, lo cual los prepararía mejor para enfrentar posibles desafíos futuros. Los supervisores están preocupados por mantener la estabilidad financiera y asegurar que el sector continúe ofreciendo servicios a la sociedad. Consideran que, en general, la prioridad debería ser aumentar la solvencia de los bancos. Hernández de Cos señaló el caso de Italia, donde se decidió reforzar los recursos propios a través de medidas similares. Sin embargo, algunos expertos advierten que existen diversas formas de mejorar la solvencia, como reducir los dividendos en lugar de destinar recursos adicionales al gravamen. En los últimos años, los bancos han incrementado notablemente los dividendos y llevado a cabo programas de recompra de acciones, lo que podría afectar negativamente a su solvencia. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, también se pronunció sobre el gravamen, argumentando que introduce una doble imposición y crea una discriminación negativa para los bancos más grandes que operan en España. Gortázar destacó además las preocupaciones sobre la competencia interna, especialmente en áreas rurales donde CaixaBank es la única entidad con presencia significativa. En resumen, tanto Hernández de Cos como Gortázar han planteado sus preocupaciones sobre el gravamen y sus posibles implicaciones para el sector financiero español, resaltando la necesidad de encontrar un equilibrio entre fortalecer la solvencia de los bancos y mantener la competitividad en el mercado.

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(El Economista, 25-03-2024) | Fiscal

España grava las rentas de capital 10 puntos por encima de la media de la UE

La presión fiscal sobre las ganancias del capital en España alcanza el 28%, situándose entre las más altas de la Unión Europea, donde el promedio es del 18,6%. Solo seis países comunitarios tienen un tipo máximo más elevado sobre estos beneficios: Dinamarca (42%), Finlandia y Francia (34%), Países Bajos e Irlanda (33%) y Suecia (30%). Sumar busca aumentar la carga fiscal y aplicar una nueva vuelta de tuerca para incrementar la presión sobre las ganancias obtenidas de valores, bonos o inmuebles en los próximos presupuestos que el Gobierno ha comenzado a preparar con cautela. "Es necesario aumentar los ingresos públicos haciendo que quienes más tienen paguen más", insistió recientemente el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, destacando la consigna política del grupo liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De esta manera, Yolanda Díaz establece una línea roja para estrechar el cerco fiscal sobre directivos y altos cargos de grandes empresas. "El 60 % de los ingresos de los altos directivos provienen de las rentas de capital", afirmó el diputado Carlos Martín Urriza. Desde 2020, el Gobierno ha aumentado dos veces los tramos más altos del impuesto que se paga al vender un activo y obtener una ganancia por la venta de una acción. La última vez fue el año pasado, cuando Hacienda elevó un punto -al 27%- el tipo para rendimientos de entre 200.000 euros y 300.000 euros, y dos puntos -hasta el 28%- para aquellos rendimientos superiores a los 300.000 euros. La intención de Sumar ahora va más allá. El socio de Gobierno busca introducir un nuevo escalón que grave las plusvalías superiores a los 120.000 euros "para alcanzar, al menos, un tipo del 30%", señala el documento de la formación. Solo tres tramos quedarían exentos de la reforma: las ganancias de hasta 6.000 euros continuarían gravándose al 19%, las de entre 6.000 y 50.000 euros al 21%, y las inferiores a los 120.000 euros estarían sujetas a un tipo del 23%. Este sistema difiere significativamente del aplicado en países vecinos como Francia o Alemania, que establecen un tipo fijo al que se añade un porcentaje extraordinario para los ingresos más altos. Otros países, como Eslovaquia, reducen el tipo al 0% para aquellos que mantienen el activo durante más de 15 años. Bélgica, por su parte, solo grava las ganancias de capital si se consideran ingresos profesionales. La propuesta de Díaz podría ser acogida por Ferraz, que necesita medidas para equilibrar las cuentas y cumplir con los objetivos fiscales establecidos por las normas europeas. Sin embargo, el salto propuesto por Sumar parece demasiado ambicioso en un momento en que los ingresos fiscales siguen aumentando. Además, la formación quiere destinar la recaudación de su reforma a "responder a las demandas de la ciudadanía en materia de dependencia, cuidados, vivienda y justicia fiscal", según el portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz, Ernest Urtasun. El Gobierno debe comenzar a desplegar sus planes respecto a la reforma fiscal que España debe afrontar, con algunos cambios que parecen especialmente urgentes, sobre todo en el ámbito del IRPF. Funcas considera necesario eliminar el régimen de estimación objetiva y mantener el esquema de tributación dual, incluyendo los rendimientos de capital inmobiliario en la base de ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general. Además, sugiere revisar los gastos fiscales para ampliar la base, simplificar el impuesto sobre la renta, actualizarlo periódicamente para corregir los efectos acumulados de la inflación y extender la obligación de declarar la renta. Esta última medida, según afirman, ayudaría a obtener una imagen económica completa de todos los hogares, lo que sería fundamental para implementar acciones redistributivas focalizadas. Además, se propone un rediseño de los impuestos sobre la riqueza, sugiriendo una simplificación y actualización normativa. Actualmente, hay tres figuras que gravan la riqueza general: los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, y las grandes fortunas. Funcas cuestiona los dos primeros, considerando que tienen tipos impositivos excesivamente altos en comparación con otros países y en términos económicos, además de una alta evasión fiscal y problemas de externalidades fiscales negativas. Sin embargo, la influencia de Sumar en el texto final podría ir en sentido contrario. Además, María Jesús Montero enfrenta una presión adicional, ya que Bruselas supervisa el proceso de elaboración de los presupuestos para evitar un desvío excesivo del gasto que ponga en peligro la reducción del déficit y la deuda pública. Pocos organismos confían en el éxito de la senda fiscal acordada más allá de 2024. Aunque la prórroga de los presupuestos allana el camino hacia el éxito este año, no lo hace para los siguientes. El Banco de España es una de las últimas instituciones en cuestionar los planes del Gobierno, al anticipar que el desajuste será cinco décimas mayor del 3%, tanto en 2025 como en 2026. Según el regulador, solo un recorte del gasto a la mitad podría garantizar el cumplimiento del objetivo a tiempo. Estos son años especialmente delicados para los objetivos fiscales, ya que los efectos de la inflación sobre la recaudación comenzarán a disiparse a partir del próximo año. Además, se espera una disminución del impulso que la recuperación post-COVID ha dado al crecimiento del PIB. Por otro lado, los expertos señalan una cierta recuperación del consumo privado y la inversión empresarial, gracias al mayor impacto de los fondos europeos en la economía real.

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(El Economista, 25-03-2024) | Fiscal

Madrid, Murcia y Valencia serán las regiones que menor margen de maniobra tendrán con sus impuestos

El Consejo General de Economistas pronostica que la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana serán las que enfrenten mayores restricciones en cuanto a su capacidad para ajustar sus impuestos en el corto plazo, ya que son las únicas que no tienen un superávit presupuestario previsto para este año. Este análisis se desprende de su informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024', donde se destaca que Murcia y, en particular, Madrid, "poseen dos de los regímenes fiscales menos gravosos de España", mientras que la Comunidad Valenciana "ha iniciado una tendencia a la reducción de impuestos". Los economistas proyectan que la Región de Murcia registrará un déficit del 1,4% este año, mientras que estiman que la Comunidad Valenciana tendrá un déficit del 1,3%. Según el CGE, la Comunidad de Madrid mantendrá un equilibrio presupuestario en el presente ejercicio, lo que significa que no tendrá ni superávit ni déficit. En vista de esta situación, advierten que estas tres comunidades autónomas serán las más limitadas en términos de ajustes fiscales a corto plazo. Además, el informe señala que la Comunidad Valenciana está en la peor situación, dado su "notablemente mayor deuda en comparación con la siguiente, que es Castilla-La Mancha". En cuanto a la inflación, los economistas anticipan una desaceleración más pronunciada en 2024 y destacan el "buen desempeño" de este indicador en la Comunidad de Madrid, que fue la que menos aumentó sus precios en términos porcentuales entre 2022 y 2023 -4,9% y 2,7%, respectivamente-, mientras que Castilla-La Mancha se encuentra en la otra cara de la moneda, con aumentos del 6,8% y el 3,4%. Por último, el estudio revela una "gran disparidad entre las regiones" en cuanto al crecimiento económico. Se destaca la excepción de Canarias y se alerta de que las regiones con cifras más bajas no están experimentando un crecimiento por encima de la media, siendo Murcia y Castilla-La Mancha las dos que menos crecieron en 2022. También se observa que "Madrid lidera la lista al estar algo más de 10.000 euros por encima de la media, seguida con una diferencia de casi 3.000 euros por País Vasco y Navarra, siendo estas tres comunidades las únicas que superan la media europea". En cuanto a la variación anual del PIB per cápita, destacan los dos archipiélagos, siendo los únicos con valores por encima del 10%.

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(Expansión, 22-03-2024) | Fiscal

Hacienda suaviza el golpe fiscal en el regreso o llegada de trabajadores expatriados

Fin al castigo fiscal que afrontaban empleados y directivos expatriados, además de teletrabajadores, que llegaban o regresaban a España para instalarse en el país en la segunda mitad del año, esto es, entre los meses de julio y diciembre. La Dirección General de Tributos (DGT) ha eliminado el obstáculo fiscal al que se enfrentaban estos profesionales, a los que la Agencia Tributaria les podía exigir tributar como no residentes por sus rendimientos del trabajo los meses del año en el que se trasladaban, generando una doble imposición al tener que tributar al mismo tiempo como residentes en el país de origen. La consulta de la DGT avala la tesis sostenida por el Departamento de Fiscalidad Internacional de Montero Aramburu Abogados, cuyos profesionales han elevado la cuestión al órgano directivo de Hacienda. En concreto, Tributos aclara el cálculo del periodo de los menos de 183 días en 12 meses que la norma exige para que estos contribuyentes no tengan que tributar como no residentes en el año de traslado. "Supone un avance en la seguridad jurídica, al aclarar la interpretación que debe hacerse de una cláusula de los Convenios de Doble Imposición (CDI) que afecta de forma directa a los trabajadores con movilidad internacional", apunta Manuel Benítez, especialista en Fiscalidad internacional de Montero Aramburu Abogados. "Además, con dicha respuesta los teletrabajadores que se trasladen a España durante la segunda mitad del año y adquieran la residencia fiscal en el año siguiente pueden beneficiarse de la aplicación de este criterio interpretativo", añade el abogado. Tal y como explica el especialista, los trabajadores que llegan en la segunda mitad del año y adquieren la residencia fiscal española en el ejercicio siguiente al de su traslado se enfrentan a un problema de doble imposición sobre los rendimientos del trabajo percibidos en el año de llegada, pues habrán mantenido su residencia en el país de origen, pero han desarrollado su trabajo de manera presencial en territorio español. España puede gravar los rendimientos del trabajo personal durante este periodo de no residencia de acuerdo con su normativa de no residentes hasta que comience el nuevo ejercicio. A partir de entonces, el contribuyente adquiere el nuevo estatus de residente y pasa a tributar exclusivamente en España. Sin embargo, con carácter general, existe una regla de exención aplicable a los rendimientos percibidos por estos trabajadores, contenida en el artículo 15.2 del modelo de convenio de la OCDE y traspuesta a la mayoría de los CDI suscritos por España. Así, las rentas del trabajo no tributan en el país si se cumple, entre otras condiciones, que el contribuyente permanezca en el país por un periodo inferior a 183 días en un periodo de 12 meses naturales. Lo que resuelve ahora la DGT es si el cómputo de estos 183 días debe integrar únicamente el tiempo durante el que el contribuyente ha sido no residente fiscal en España -el año de su llegada-, o si debe tenerse también en cuenta el periodo en el que el contribuyente ya será residente fiscal en este país -los días del año siguiente en el que ya adquirirá la residencia fiscal-. Según se adopte un criterio u otro, la conclusión será diametralmente opuesta. En el primer caso, el contribuyente estaría exento de tributación en España por el salario cobrado desde su llegada hasta la finalización de ese ejercicio, y en el segundo sus rendimientos del trabajo quedarían sometidos a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). La Dirección General de Tributos es clara. "En la medida en la que el consultante no permanezca en España durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal 2023, sin que a estos efectos se contabilice los días que permanezca en España durante 2024, siempre que adquiera la residencia fiscal en España en dicho periodo impositivo, se cumplirá con el requisito previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 14 del Convenio", determina. Los trabajadores podrán acogerse a esta doctrina siempre y cuando el pagador de las rentas sea no residente en España y que las remuneraciones no sean soportadas por un establecimiento permanente del empleador en el país donde se ejerce el empleo. Concurriendo dichos presupuestos, los trabajadores no residentes desplazados no quedarían sometidos a gravamen por IRNR en España. Éstas son las otras dos condiciones a las que obliga el modelo de convenio de la OCDE.

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