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(Expansión, 07-05-2025) | Fiscal

El parque nuclear español enfrenta una carga fiscal creciente que ha aumentado más de un 70% en los últimos cinco año

Así lo refleja un estudio realizado por PwC a partir del análisis de las cuentas anuales de las empresas propietarias y operadoras de las centrales nucleares, así como de OMIP. El informe advierte que el incremento de la carga fiscal, compuesto por conceptos considerados redundantes y carentes de justificación, representa una amenaza significativa para la sostenibilidad económica de estas instalaciones. De acuerdo con el informe, entre los años 2025 y 2035, la presión fiscal supondrá más del 40% del coste total del funcionamiento del parque nuclear. Durante ese período, los costes operativos estimados alcanzan una media de 66,9 euros por megavatio hora, mientras que el precio medio esperado del mercado a largo plazo se sitúa en 56,3 euros por megavatio hora. Esta diferencia de 10,6 euros compromete seriamente la viabilidad financiera de las centrales. Las principales cargas impositivas que afectan al sector incluyen la conocida tasa Enresa, destinada al desmantelamiento de instalaciones y la gestión de residuos, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el tributo sobre el combustible nuclear gastado y diversas ecotasas impuestas por las comunidades autónomas. Según fuentes del sector, tanto el impuesto sobre el combustible gastado como las ecotasas son redundantes con la tasa Enresa, ya que sus fondos no se destinan directamente al mantenimiento del parque nuclear. En conjunto, estas cargas fiscales representan un aumento de 9,7 euros por megavatio hora. Respecto a la tasa Enresa, cabe destacar que experimentó un incremento del 30% en julio de 2024, una subida que, según el informe, se originó por la falta de consenso político y social, y que no guarda relación directa con la operativa de las centrales nucleares. Esta modificación supone un sobrecoste fiscal adicional de 2,4 euros por megavatio hora.

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(Expansión, 06-05-2025) | Fiscal

El Gobierno proyecta un alza fiscal de 3.000 millones antes de fin de año

El Gobierno estima que en 2025 ingresará 9.000 millones de euros adicionales gracias a las medidas fiscales ya adoptadas, y prevé sumar otros 3.000 millones más mediante la reducción de beneficios fiscales y nuevas medidas impositivas, según ha comunicado a la Comisión Europea. Entre sus planes, Hacienda no descarta igualar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina, aunque todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para llevarlo a cabo. El Ejecutivo confía en batir un nuevo récord de recaudación el próximo año, impulsado por la reforma fiscal aprobada en diciembre. Además, ha informado a Bruselas de que trabaja en nuevas medidas para incrementar los ingresos en torno a 3.000 millones de euros, antes de que finalice el año. Esto incluye tanto la revisión de beneficios fiscales como nuevas iniciativas tributarias. La equiparación del impuesto sobre el gasóleo con el de la gasolina sigue sobre la mesa, aunque no ha conseguido el respaldo político necesario hasta ahora. Estos planes se recogen en el Informe de Progreso Anual 2025, remitido a finales de abril a la Comisión Europea como parte de las nuevas reglas fiscales de la UE y para actualizar el Plan Fiscal estructural a medio plazo enviado el pasado octubre. En el documento se detallan tanto las medidas ya implementadas como aquellas aún en proceso. Destacan especialmente dos frentes: la reducción de beneficios fiscales -un compromiso incluido en el Plan de Recuperación vinculado a los fondos Next Generation- y nuevas acciones para aumentar de forma estructural la recaudación pública. En el primer caso, el objetivo es incrementar los ingresos en un 0,1% del PIB, lo que equivaldría a unos 1.500 millones de euros, apoyándose en los informes elaborados por la Airef, que sugieren reformas en deducciones fiscales y tipos reducidos. En cuanto al segundo frente, el Ejecutivo busca alcanzar un aumento estructural de ingresos del 0,4% del PIB en dos fases: una primera, ya completada con un alza del 0,3%, y una segunda pendiente que se implementaría antes del cuarto trimestre de 2025. Entre las medidas pendientes, una de las más relevantes es la equiparación fiscal entre diésel y gasolina. Esta subida -estimada en unos 10 céntimos por litro, excluyendo al transporte profesional- formaba parte del plan fiscal de diciembre, pero fue retirada por presiones políticas, especialmente de Podemos. Su aplicación sigue en suspenso mientras se evalúa el cumplimiento de los compromisos asociados al quinto desembolso de fondos europeos. Aunque el Gobierno prevé cierta desaceleración en el crecimiento de los ingresos públicos, mantiene su previsión de un incremento del 6% en 2025, lo que elevaría la ratio de ingresos sobre PIB del 40,9% al 41,3%. Esta estimación se basa en la retirada de las rebajas fiscales temporales sobre energía y alimentos, la estabilidad jurídica -sin fallos judiciales en contra- y el impacto de las nuevas medidas, como el impuesto mínimo a multinacionales, el aumento de la fiscalidad del ahorro, los tributos sobre la banca y los cigarrillos electrónicos. El Ejecutivo considera que está cumpliendo sus compromisos con la UE, previendo una reducción del gasto público del 44,1% al 44% del PIB y logrando un déficit del 2,5% (sin contar los costes derivados de la DANA). Además, asegura contar con un colchón fiscal de 7.300 millones de euros gracias a la moderación del gasto en 2024, lo que le permitiría hacer frente a posibles desviaciones en el futuro.

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(Expansión, 06-05-2025) | Fiscal

El tipo mínimo a multinacionales recaudará 2.200 millones al año

La implantación del nuevo tipo mínimo global del 15% sobre los beneficios de las grandes multinacionales en España generará unos ingresos adicionales de aproximadamente 2.200 millones de euros anuales para las arcas públicas, según ha comunicado el Gobierno por primera vez en el informe de seguimiento del Plan Fiscal enviado recientemente a la Comisión Europea. Esta medida, promovida por la OCDE y adoptada por la UE, afecta a empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros anuales. Además de este impuesto global, el Ejecutivo destaca la aportación de su propio tipo mínimo nacional en el Impuesto de Sociedades, que se aplica a compañías con ingresos superiores a los 20 millones de euros y que contribuye con 600 millones anuales a la recaudación. El informe también detalla los ingresos generados por otras medidas fiscales recientes. Por ejemplo, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha recaudado 623 millones de euros, y ha motivado a varias comunidades autónomas a reactivar el Impuesto de Patrimonio. Dentro de la última reforma fiscal, se prevé que el nuevo gravamen a la banca aporte al menos 1.700 millones de euros anuales durante los tres años en que estará vigente, aunque no se descarta su posible continuidad si así lo decide el legislador. Asimismo, los impuestos especiales sobre productos del tabaco y vapeadores sumarán 500 millones al año. En cuanto a los incrementos en la fiscalidad del ahorro, el aumento del tipo marginal al 28% ha generado 200 millones de euros adicionales, y se espera que la subida al 30% aporte otros 200 millones más. Por otro lado, la recuperación de una medida tributaria anterior -la subida del tipo efectivo en Sociedades impulsada por Montoro y anulada por el Tribunal Constitucional- permitirá ahora ingresar unos 1.900 millones anuales. En sentido contrario, Hacienda estima que la deducción fiscal para las empresas que refuercen su capital ha supuesto una reducción de ingresos de 500 millones en su primer año, y calcula que el impacto total de esta medida alcanzará los 2.000 millones una vez esté completamente implementada.

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(El País, 06-05-2025) | Fiscal

Hacienda responde con firmeza a una campaña internacional que la acusa de "carterista" por perseguir fraudes en la ley Beckham

Tras meses de ataques en medios internacionales, la Agencia Tributaria ha decidido romper su silencio y responder con contundencia a las acusaciones de acoso fiscal vertidas por el bufete internacional Amsterdam & Partners. El despacho, con sede en Londres y Washington, ha lanzado una campaña mediática en la que tilda a los inspectores españoles de "carteristas", alegando una supuesta persecución sistemática a extranjeros con altos ingresos acogidos al régimen fiscal conocido como ley Beckham. La campaña se ha hecho visible a través de anuncios a doble página en periódicos de prestigio como el Financial Times, The Wall Street Journal y Le Soir, en los que se invitaba a los afectados a sumarse a acciones legales colectivas contra España. Ante esta ofensiva, la Agencia Tributaria ha roto su habitual reserva institucional para rechazar lo que considera una campaña de desprestigio basada en afirmaciones falsas y sin fundamento. El organismo defiende que su labor se limita a supervisar la correcta aplicación de los regímenes fiscales especiales, como la ley Beckham, tal y como establece la normativa vigente. Esta revisión, explican, solo deriva en una liquidación si se detectan incumplimientos, siguiendo siempre los cauces legales y con posibilidad de revisión administrativa o judicial. La agencia niega que exista un foco especial sobre este régimen fiscal ni una litigiosidad destacada. Desde 2013, solo un 0,5% de los casi 37.000 contribuyentes acogidos a la ley Beckham ha sido objeto de inspección. De esos casos, el 70% terminó en acuerdos o actas de conformidad, sin conflicto posterior. Lejos de aceptar las acusaciones del bufete, Hacienda ha aprovechado para destapar fraudes detectados en la aplicación del régimen. Entre las irregularidades más comunes están la creación de sociedades sin actividad real en España o el uso de empresas pantalla para simular relaciones laborales con el fin de beneficiarse del régimen justo en años con ingresos extraordinarios generados en el extranjero. En algunos casos, los inspectores han llegado incluso a denunciar posibles delitos fiscales, dada la gravedad de los hechos y el dolo apreciado. En respuesta a las insinuaciones del bufete sobre incentivos económicos a los inspectores, la Agencia también ha aclarado que las remuneraciones por productividad no están vinculadas al resultado económico de los expedientes. La controversia está lejos de terminar: el bufete Amsterdam & Partners planea presentar una batería de denuncias colectivas ante la Comisión Europea, mientras la Agencia Tributaria redobla sus esfuerzos por defender su labor fiscalizadora y la imagen institucional de España.

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(El Economista, 06-05-2025) | Fiscal

Hacienda activa ya el servicio para que las empresas y los autónomos le remitan las facturas digitales

La Agencia Tributaria ha habilitado en su Sede Electrónica un nuevo servicio que permite a empresas y autónomos con una facturación anual inferior a los 6 millones de euros enviar automáticamente sus facturas al fisco. Este sistema no se trata de una prueba piloto, sino de un procedimiento con efectos reales para quienes decidan comenzar ya a compartir sus registros de facturación con Hacienda. Sin embargo, cabe señalar que esta obligación será exigible a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas, y desde el 1 de julio de 2026 para los trabajadores autónomos. Aunque la obligación aún no ha entrado en vigor, Hacienda ya tenía previsto abrir esta opción antes de esas fechas para facilitar una implementación gradual. En un principio, la apertura estaba prevista para el 1 de julio, pero finalmente se ha adelantado al 23 de abril, según se detalla en la web del organismo. Desde la Agencia Tributaria se recomienda a las empresas y profesionales que dispongan de programas de facturación compatibles con los nuevos estándares legales, que comiencen cuanto antes a remitir sus registros. Así lo expresó en enero Javier Hurtado, inspector adjunto al jefe de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), quien aconsejó no esperar al último momento para evitar contratiempos. Este nuevo marco se enmarca dentro del sistema conocido como Verifactu, que no debe confundirse con la obligación de emitir facturas exclusivamente en formato digital. Verifactu implica que todo software de facturación debe cumplir ciertos requisitos técnicos que garanticen la integridad y trazabilidad de los datos, con el objetivo de prevenir fraudes en el IVA. Cuando se emite una factura con este tipo de software, se debe enviar a Hacienda un resumen inmediato de la misma, sin incluir todos los detalles. También será posible seguir usando programas que no estén adaptados al sistema Verifactu, los cuales almacenan internamente las facturas pero no las envían automáticamente a Hacienda. No obstante, estos registros podrán ser requeridos por la Agencia en cualquier momento. A largo plazo, el objetivo de Hacienda es que todos los sistemas informáticos se integren plenamente en este modelo. Además, según advirtió Javier Hurtado, aquellos que no compartan sus registros de forma proactiva podrían recibir más solicitudes de información por parte de la administración tributaria. Entre los servicios ya disponibles en la Sede Electrónica, se incluye la posibilidad de enviar registros, consultarlos y descargarlos. Esto aplica tanto a quienes empleen sistemas Verifactu, como a aquellos que, aunque no estén obligados aún, quieran empezar a enviar voluntariamente sus datos. Por último, las nuevas facturas incluirán un código QR que permitirá a sus receptores -sean empresas, autónomos o consumidores- acceder al enlace de la Agencia Tributaria para verificar, consultar y descargar la información correspondiente, y confirmar que efectivamente ha sido remitida al fisco.

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(El Economista, 06-05-2025) | Fiscal

España es el país de la eurozona que más recauda de las empresas por cotizaciones

España encabeza la lista de países de la zona euro cuyas empresas contribuyen en mayor medida, de forma proporcional, a los ingresos públicos a través del pago de cotizaciones sociales. Así lo refleja el informe del centro de estudios estadounidense Tax Foundation, titulado Potencias fiscales: el papel sistemático de las empresas en la recaudación de ingresos públicos, que sitúa esta contribución en un 25,3% del total recaudado por el Estado. Solo Eslovaquia y Estonia superan este porcentaje, aunque sus economías presentan características particulares debido a su menor tamaño. Según el análisis, basado en datos de la OCDE, los países donde las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social representaron una mayor parte de los ingresos fiscales en 2023 fueron República Checa (32,6%), Eslovaquia (28%), Estonia (26,1%), España (25,3%) y Francia (25,2%). En contraste, Alemania, una de las mayores economías europeas, presenta una proporción del 20,7%, lo que supone cinco puntos menos que España. El informe señala que los sistemas tributarios europeos dependen significativamente del sector empresarial, no solo a través del impuesto de sociedades, sino también mediante un creciente peso de las cotizaciones sociales. Estos fondos se destinan a financiar prestaciones como pensiones o bajas laborales. Además, el think tank destaca que en ocho países -entre ellos España- las cotizaciones sociales representan la principal fuente de ingresos públicos. En esta misma lista figuran también Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Polonia, República Checa y Eslovaquia, países que además figuran entre los más dependientes del impuesto de sociedades. Como recomendación, el informe insta a los gobiernos a evaluar cuidadosamente el equilibrio entre aumentar los ingresos fiscales a través de las empresas y el posible impacto negativo que esto puede tener en la inversión, el empleo y el crecimiento económico. En el caso español, a diferencia de países como Alemania, Países Bajos o Suecia, el sistema público de pensiones se financia principalmente con las cotizaciones sociales. Estas aportaciones, realizadas tanto por empleadores como por empleados, representan una parte fundamental del sostenimiento del Estado del bienestar. Tal como explica Jesús Fernández-Bravo, presidente del Consejo General de Economistas Asesores Laborales (CGE), el dato del 25,3% hace referencia al peso de estas contribuciones dentro del conjunto de los ingresos del Estado, y no al porcentaje aplicado sobre los salarios. "Este dato refleja una elevada dependencia del sistema público respecto a las cotizaciones para mantener los servicios sociales", señala. No obstante, si se analiza el indicador que compara las cotizaciones con el PIB -como hace Eurostat-, los países con mayor proporción resultan ser Alemania (15,9%), Eslovenia (15,6%) y República Checa (15,3%). En cuanto a la dependencia global de los ingresos fiscales procedentes de las empresas, España ocupa el cuarto lugar en Europa, solo por detrás de República Checa, Polonia y Eslovaquia, con un 48,8% de su recaudación pública proveniente de las compañías.

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(El Periódico, 06-05-2025) | Fiscal

Madrid, Valencia y Andalucía lideraron el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre del año

Las economías de tres comunidades autónomas registraron un crecimiento del 0,7% en el primer trimestre de 2025 respecto al último trimestre de 2024, superando ligeramente la media nacional, que fue del 0,6%, según las estimaciones difundidas este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En el otro extremo, Galicia y Asturias se situaron entre las regiones con menor crecimiento trimestral, con una expansión del 0,3%, la mitad de la media estatal. Extremadura también mostró un avance modesto, con un 0,4%. En el caso de Cataluña, su economía creció un 0,5%, una décima menos que en el último trimestre de 2024 y por debajo del promedio nacional del 0,6%. A nivel general, el inicio de 2025 estuvo marcado por una leve desaceleración del crecimiento económico en casi todas las comunidades, salvo en la Comunidad Valenciana, que experimentó un repunte del 0,7%, en contraste con el débil 0,2% registrado en el último trimestre de 2024, condicionado por los efectos de la DANA. Cantabria también mejoró su ritmo, pasando del 0,3% al 0,4%. Por su parte, regiones como Madrid, Murcia, País Vasco y Castilla y León mantuvieron un ritmo de crecimiento similar al del cierre de 2024. Galicia destacó por su notable ralentización, al pasar de un sólido 1,1% a un escaso 0,3%. La Airef utiliza una metodología propia para estimar periódicamente el PIB autonómico, lo que permite disponer de datos más recientes que los publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en diciembre de 2024 presentó los datos correspondientes a 2023. En términos interanuales, Illes Balears lideró el crecimiento con una subida del 3,7%, seguida de Murcia (3,1%) y Canarias, Galicia y Madrid, que alcanzaron el 3%. El crecimiento medio nacional se situó en el 2,8%. En el otro extremo, Extremadura fue la comunidad con menor expansión anual (2%), seguida por Navarra (2,1%) y Cantabria (2,2%). Comparando con los niveles previos a la pandemia, el PIB nacional se situó en el primer trimestre de 2025 un 8% por encima del registrado a finales de 2019. Las comunidades que más han avanzado en este periodo son Baleares (11,65%), Madrid (9,9%), Murcia (9,9%), La Rioja (9,7%) y Canarias (9,29%). Cataluña, por su parte, alcanzó un nivel de PIB un 7,5% superior al de finales de 2019. En contraste, Extremadura apenas ha superado en un 2,1% su nivel pre-pandemia. También se sitúan por debajo del promedio estatal comunidades como Asturias (5,3%), Aragón (6,4%), Castilla y León (6,6%), Andalucía (6,7%), Cantabria (7%), Cataluña (7,5%), Galicia (7,5%), Comunidad Valenciana (7,8%) y Navarra (7,8%).

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(Expansión, 05-05-2025) | Fiscal

La presentación de declaraciones de la Renta por teléfono comienza mañana martes

A partir del martes 6 de mayo, los contribuyentes podrán presentar su declaración de la renta de 2024 por teléfono mediante el servicio 'Le llamamos', según el calendario publicado por la Agencia Tributaria en su web. Este método se suma al ya disponible desde el 2 de abril para realizar la declaración por internet. En cambio, quienes prefieran acudir a una oficina de la Agencia para hacer su declaración de forma presencial deberán esperar hasta el 2 de junio. En todos los casos, el plazo límite para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, excepto si el resultado es a pagar y se desea domiciliar el importe, en cuyo caso el trámite deberá completarse antes del 25 de junio. El servicio telefónico 'Le llamamos' permite pedir una cita para que un agente de la Agencia Tributaria contacte con el contribuyente en el día y hora acordados, ayudándole a elaborar y presentar la declaración. Para utilizar este servicio es necesario cumplir ciertos requisitos, los mismos que se exigen para la atención presencial, como no superar los 80.000 euros anuales en rendimientos del trabajo ni los 20.000 euros en rendimientos del capital mobiliario. La Agencia Tributaria prevé que durante esta campaña se presenten unos 24,57 millones de declaraciones, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Se estima que aproximadamente el 70% de ellas resultarán a devolver.

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(El Economista, 05-05-2025) | Fiscal

El impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene cada vez menos peso en los ingresos fiscales regionales

La recaudación por el impuesto de Sucesiones registró una caída del 5,3%, la mayor reducción interanual desde 2018, excluyendo el año 2020, claramente afectado por la pandemia. Esta disminución fue generalizada en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias. El análisis de la evolución del impuesto sobre herencias muestra una tendencia descendente en los últimos años, interrumpida solo de forma puntual por situaciones excepcionales. Por ejemplo, en 2022 cayó un 0,9%; en 2021 experimentó un fuerte incremento del 44,5%, resultado de la elevada mortalidad por COVID-19 en 2020, lo que provocó que muchas herencias tributasen al año siguiente. En 2020, sin embargo, los ingresos ya habían bajado un 5,1%. En 2019 se observó una ligera subida del 0,5%, precedida por una caída del 2,6% en 2018. En general, salvo excepciones como la de 2021, los aumentos han sido modestos y esporádicos frente a descensos más pronunciados. Este comportamiento está directamente relacionado con las bonificaciones fiscales aplicadas por la mayoría de las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya estaban vigentes antes de las elecciones regionales de 2023. Según la Inspección General de Hacienda, los ingresos totales por Sucesiones y Donaciones en 2023 alcanzaron los 3.011 millones de euros. El informe también destaca que en Navarra la recaudación por Sucesiones cayó un 13,8%, a pesar de que en 2017 el Ejecutivo foral incrementó los tipos y no los ha modificado desde entonces. Cabe recordar que los datos corresponden a 2023, año en que se celebraron elecciones autonómicas y municipales, y tras las cuales el Partido Popular asumió el gobierno en 11 de las 17 comunidades. En todas ellas se impulsaron medidas para reducir impuestos, especialmente los que gravan herencias y donaciones. El PP ha defendido incluso la supresión total del impuesto, argumentando que su eliminación no afectaría de forma significativa a la recaudación general. A partir de 2024, varias comunidades gobernadas por el PP han intensificado estas bonificaciones, por lo que se prevé que los ingresos por este concepto disminuyan aún más respecto a los ya reducidos niveles de 2023. Ante esta situación, el Gobierno central, responsable de la legislación básica de los tributos cedidos a las autonomías, ha iniciado acciones. En junio de 2024, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció su intención de establecer una "armonización fiscal" en Sucesiones y Donaciones, lo que implicaría fijar un tipo mínimo obligatorio para todas las comunidades. Aunque esta propuesta cuenta con el respaldo de Sumar, Podemos y ERC, su tramitación aún no ha comenzado debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, un tipo mínimo común permitiría incrementar la recaudación hasta 27.000 millones de euros, nueve veces más que los actuales 3.000 millones. José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), señaló que esta medida ya fue recomendada por el comité de expertos para la reforma fiscal en 2022. En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, el informe muestra que en 2023 los ingresos descendieron un 8,3%, alcanzando los 1.313 millones de euros. Al igual que con Sucesiones, la causa principal es la aplicación de bonificaciones del 100% en muchas autonomías. No obstante, a diferencia del tributo sobre herencias, el de Patrimonio ha tenido una evolución más estable durante la última década, con ligeras subidas en la recaudación. Fue en 2022 cuando el Gobierno detectó con preocupación la creciente bonificación del impuesto en comunidades gobernadas por el PP, que desde mayo de 2023 se volvieron mayoría. Para los populares, el impuesto sobre el Patrimonio es obsoleto y supone una doble imposición frente al IRPF. Por este motivo, desde 2023 entró en vigor el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF), de ámbito estatal, dirigido a patrimonios superiores a 3,7 millones de euros. Como respuesta, varias autonomías recuperaron el impuesto sobre el Patrimonio para evitar que toda la recaudación fuera al Estado. Ambos tributos -Patrimonio e ISGF- se combinan ahora: primero se paga a la comunidad y después el contribuyente deduce esa cantidad del ISGF. No obstante, la recaudación por este último ha sido modesta. En 2023 se ingresaron 619 millones de euros, de los cuales el 89% provinieron de la Comunidad de Madrid. En los primeros ocho meses de 2024, los ingresos sumaban apenas 38 millones. Hacienda atribuye esta fuerte caída a los cambios normativos aplicados por las autonomías. Según Mollinedo, aunque aún no hay datos completos desde agosto de 2024, es evidente que los ingresos fiscales por Patrimonio y Grandes Fortunas no han recuperado el nivel previo, pese a contar ahora con dos impuestos dirigidos al mismo segmento de contribuyentes.

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(El Economista, 05-05-2025) | Fiscal

España se desmarca de los 12 países que suspenderán las reglas fiscales para aumentar el gasto en Defensa

Los países de la Unión Europea han comenzado a responder a la propuesta de la Comisión Europea para impulsar el rearme del continente ante la amenaza que representa Rusia y el nuevo contexto internacional derivado del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre las iniciativas planteadas por Bruselas destaca la posibilidad de flexibilizar las reglas fiscales a nivel nacional para permitir un mayor gasto en defensa. Esta medida ha sido bien recibida por una docena de Estados miembro, que ya han solicitado formalmente acogerse a ella. España, sin embargo, aún no ha dado el paso. La defensa, que había quedado relegada durante años, se ha convertido en una prioridad en el segundo mandato de Ursula von der Leyen. La incertidumbre generada por el posible cambio de rumbo en la política exterior estadounidense ha dejado a Ucrania y a la UE sin una garantía clara de respaldo por parte de Washington, que además es el principal proveedor de armamento del bloque. Ante este panorama, la Comisión ha presentado un conjunto de medidas que buscan reforzar la autonomía estratégica europea con vistas al año 2030. Hasta finales de abril, fecha límite inicial para activar esta "cláusula de escape" fiscal, doce países -entre ellos Bélgica, Dinamarca, Alemania y Portugal- han solicitado la aplicación de la medida, que permite excluir el incremento del gasto en defensa del cálculo del déficit. España, por su parte, sigue evaluando su adhesión, ya que su elevada deuda y déficit hacen que acogerse a esta flexibilidad represente un riesgo para las cuentas públicas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva, subrayando que el plazo del 30 de abril era solo orientativo y que la Comisión permitiría nuevas solicitudes más adelante, aunque con ciertas limitaciones. En cualquier caso, el Ejecutivo español valora positivamente que Bruselas esté abriendo la puerta a este tipo de medidas, pero ha insistido en que la respuesta debe ser común. En este sentido, Cuerpo ha propuesto la creación de un instrumento europeo financiado con aportaciones nacionales y deuda conjunta, una idea que ha sido rechazada por países como Alemania y Países Bajos. España aún no cumple con el objetivo marcado por la OTAN de destinar el 2% del PIB a defensa -umbral que la Alianza ha elevado recientemente al 3%-. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una inversión adicional de más de 10.400 millones de euros para alcanzar ese 2% en 2025, partiendo del 1,4% actual. Esta inversión, asegura Moncloa, se financiará sin aumentar impuestos, sin tocar el gasto social y sin agravar el déficit. Además de España, otras potencias como Francia e Italia también han optado por mantenerse al margen de esta flexibilización fiscal por razones similares. Bruselas propuso que los países puedan elevar su gasto en defensa hasta el 1,5% del PIB sin que esto afecte al procedimiento de déficit excesivo, siempre y cuando se haga antes de 2028. Este movimiento forma parte de un plan más amplio que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto militar en los próximos años. A ello se suma el programa SAFE, que contempla hasta 150.000 millones en préstamos con financiación europea. También se ha propuesto la utilización de fondos de Cohesión del presupuesto comunitario vigente (hasta 2027) para destinarlos a defensa, una posibilidad que el presidente Sánchez ha rechazado, al considerar que esos recursos deben emplearse en el desarrollo regional y están gestionados por las comunidades autónomas.

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