Además de la estrategia de enviar cartas de advertencia sobre ciertos ingresos, la Agencia Tributaria implementará durante esta Campaña un nuevo sistema de alertas para posibles errores en la declaración. En concreto, el Fisco planea enviar alrededor de 100.000 avisos y comunicaciones a contribuyentes que modifiquen la información fiscal proporcionada por la Agencia para la elaboración de su borrador. El objetivo es brindar la oportunidad a aquellos que perciban algún error u omisión, según los datos contrastados por Hacienda, para que puedan corregir su declaración y evitar así el pago de intereses o multas.
En esta misma línea, se mejorará la experiencia de navegación en Renta Web para simplificar la presentación de solicitudes de corrección o declaraciones complementarias. En los casos en que el Fisco notifique discrepancias, el sistema en línea y la aplicación móvil sugerirán al contribuyente la modificación necesaria con los datos ya incorporados para corregirlos.
Otra novedad en la Campaña de la Renta es la implementación de un plan especial de asistencia para personas mayores de 65 años que residan en municipios pequeños (con menos de 3.000 habitantes) para la elaboración y presentación de su declaración. A partir del 7 de mayo (con la opción de solicitar cita desde el 29 de abril), este grupo podrá recibir atención por parte del personal de la Agencia Tributaria a través de videoasistencia, con el mismo nivel de atención personalizada que recibirían en una cita presencial en las oficinas.
La Agencia Tributaria también ajustará la Campaña en base a dos importantes sentencias del Tribunal Supremo. Por un lado, solicitará a los contribuyentes que realizaron aportaciones a mutualidades laborales que esperen un par de semanas antes de presentar su declaración para incluir las devoluciones correspondientes por la doble tributación sufrida.
Por otro lado, la deducción por maternidad de 1.200 euros por hijo para madres trabajadoras se ampliará a aquellas que dieron a luz mientras estaban en situación de desempleo o cotizaron un mínimo de 30 días después, cubriendo además gastos por guarderías no autorizadas como centros educativos. Finalmente, se facilitará la nueva deducción del 15% por la compra de vehículos eléctricos.
La Agencia Tributaria anticipa que cerrará la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un superávit de 7.260 millones, luego de recaudar 18.908 millones y devolver 11.650 millones, lo que representa una disminución del 1,8%.
El ritmo de presentación de declaraciones fue frenético en el primer día de la Campaña del IRPF del ejercicio 2023, con más de 1.000 declaraciones por minuto, la mayoría de ellas resultando en devoluciones para los contribuyentes. La directora de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, destacó en la presentación de la Campaña que la gente tiende a querer su dinero lo antes posible, sabiendo que la Agencia Tributaria está devolviendo más rápidamente cada vez. Sin embargo, a pesar de estas devoluciones favorables al contribuyente al inicio, se espera que para el 1 de julio, al concluir la liquidación, sea Hacienda quien resulte beneficiada.
Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, se espera gestionar 23,28 millones de declaraciones en esta Campaña, lo que representa un aumento del 1,2% respecto al año anterior. Este incremento es relativamente modesto en comparación con el avance del 3,9% registrado en la Campaña de 2023. Se atribuye esta modestia del avance a la nueva obligatoriedad de declarar para todos los trabajadores autónomos, así como a la exigencia para todos los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV). Factores como la desaceleración en la creación de empleo y el aumento del mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros explican este crecimiento moderado, según fuentes oficiales.
La Agencia Tributaria estima que habrá 7,09 millones de declaraciones con saldo a pagar al Fisco (un aumento del 10,2%), por un importe de 18.908 millones de euros, un incremento del 12,2%. En paralelo, se espera que haya 14,61 millones de declaraciones con saldo a devolver al contribuyente (un 3% menos), por un importe de 11.650 millones, lo que representa una disminución del 1,8%. En resumen, se espera que la Campaña del IRPF termine con un saldo neto a favor del Fisco de 7.258 millones de euros, en comparación con los 4.987 millones de euros del ejercicio anterior.
Es importante señalar que la previsión de ingresos netos de la Agencia Tributaria para la Campaña del año anterior fue de 6.500 millones, 1.500 millones menos de lo que finalmente se recaudó. Esta diferencia se debe principalmente al significativo impacto de las rebajas fiscales implementadas por varias comunidades autónomas en su tramo del IRPF. Estas reducciones impositivas también se llevaron a cabo en 2023, año de elecciones autonómicas y generales, durante el cual Hacienda también implementó su propia reducción, centrada en las rentas bajas. Aunque inicialmente se anunció que la medida beneficiaría a rentas de hasta 21.000 euros, finalmente se limitó a las de hasta 19.747 euros, que optan a una reducción de 6.498 euros por rendimientos del trabajo.
Cada año, la Campaña de la Renta coincide con la del Impuesto de Patrimonio, un gravamen que experimentará un notable aumento en sus ingresos este año. La Agencia Tributaria estima que la recaudación de este impuesto se incrementará en un 61,4%, principalmente debido a la decisión de la Comunidad de Madrid de volver a implementarlo después de 15 años, con el fin de retener los ingresos que deberían destinarse al nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, propuesto por Hacienda para establecer un umbral mínimo de tributación sobre la riqueza en todo el país.
Los cálculos de la Agencia Tributaria, revelados por su directora, Soledad Fernández, durante la presentación de la Campaña del IRPF y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2023, indican que la recaudación del Impuesto de Patrimonio pasará de 1.227 a 1.980 millones de euros.
Este impuesto estatal, transferido a las comunidades autónomas, no había alcanzado una recaudación tan alta desde el año 2007, cuando alcanzó los 2.121,4 millones de euros. Un año más tarde, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el tributo, una medida excepcional en la Unión Europea, que fue temporalmente reintroducida en 2011 para hacer frente a la crisis financiera y de deuda. Sin embargo, en ese año, la recaudación cayó a 739 millones. Desde entonces, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP lo renovaron anualmente hasta que el gobierno actual lo restableció de manera permanente en 2021. La decisión de Madrid de bonificarlo al 100% desde su reinstauración, junto con la decisión de Andalucía hace dos años, llevó a Hacienda a promover un impuesto similar a nivel estatal sobre las grandes fortunas, que en su primer ejercicio recaudó 623 millones, el 90% de los cuales procedían de Madrid.
Tras la validación por parte de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional de esta nueva figura, el gobierno madrileño liderado por Isabel Díaz Ayuso anunció la reactivación de Patrimonio en la región. Esto, según fuentes oficiales, explica el fuerte aumento previsto en la recaudación para el año 2023, a pesar de que se espera una disminución del 2,8% en el número de contribuyentes, que pasará a ser de 223.119, debido a las modificaciones implementadas por otras regiones para aumentar el umbral para pagar Patrimonio, pasando de los tradicionales 700.000 euros (más 300.000 de vivienda habitual) a los 3,7 millones, a partir de los cuales se aplica el tributo a las grandes fortunas.
El reciente Impuesto Temporal de Solidaridad con las Grandes Fortunas (ITSGF) ha generado ajustes en las políticas tributarias de varias Comunidades Autónomas, especialmente en aquellas que anteriormente tenían exenciones totales o parciales en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), como Andalucía, Madrid y Galicia.
Algunas Comunidades Autónomas han optado por aumentar la carga impositiva a través del ITSGF. Por ejemplo, Cataluña ha elevado el tipo máximo del 2,75% al 3,48% para 2023; la Comunidad Valenciana ha incrementado su tasa del 3,5% al 3,75% para 2023 y 2024; y Navarra ha introducido un nuevo tramo gravado al 3,5% (anteriormente establecido en el 2%).
En el caso de Andalucía, los contribuyentes pueden aplicar una bonificación determinada por la diferencia entre la cuota íntegra total del impuesto y el límite conjunto establecido en la Ley del IP, o bien optar por una bonificación del 100%, lo que resultaría en un mayor pago por el impuesto estatal.
Aragón, por su parte, ha elevado el mínimo exento de 400.000 euros a 700.000 euros desde el 1 de enero de 2023 para alinearlo con el ITSGF. En Galicia, se ha aumentado el tipo impositivo al 3,50% desde el 2,5% en el último tramo de la tarifa del impuesto, y el importe resultante de la bonificación del 50% se ha reducido en la cantidad a pagar por el ITSGF.
La Comunidad Valenciana ha derogado la tarifa introducida el año pasado de forma transitoria para los ejercicios 2023 y 2024. En Cataluña, se ha aplicado una bonificación del 95% para las propiedades forestales, teniendo en cuenta tanto el valor del terreno como de la finca edificada en él.
El periodo para presentar la declaración del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que grava los patrimonios de personas físicas superiores a los 3 millones de euros, será del 1 al 31 de julio de 2024, tras finalizar la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), y se realizará de forma digital mediante el modelo 718.
Este nuevo impuesto tiene una finalidad recaudatoria, motivada por el aumento de la presión fiscal en tiempos de crisis energética y tensiones inflacionistas. Se busca evitar que queden exentos debido a bonificaciones en regiones como Madrid, Andalucía y Galicia. Sin embargo, no solo los contribuyentes de estas comunidades están sujetos al nuevo impuesto, sino también aquellos con patrimonios elevados en otras regiones como Asturias, Cantabria, Cataluña y la Región de Murcia, donde el marginal máximo del IP es inferior al 3,5%.
La Ley 38/2022, de 27 de diciembre, creó este impuesto complementario del IP, de carácter estatal y no cedible a las comunidades autónomas, para gravar los patrimonios de personas físicas superiores a los tres millones de euros. Los sujetos pasivos del IP con patrimonios netos por encima de esa cifra están obligados a presentar declaración por este nuevo impuesto.
El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, publicado en el BOE del 28 de diciembre de 2023, prorrogó la aplicación del ITSGF de manera indefinida y extendió el mínimo exento de 700.000 euros a los sujetos pasivos por obligación real. Además, estableció la obligatoriedad de presentar las declaraciones de forma telemática.
El ITSGF tiene un gravamen del 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. La base imponible se determina aplicando las reglas del IP, con un mínimo exento de 700.000 euros.
Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración si la cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones correspondientes, resulta a ingresar. El ITSGF coincide con el IP en la mayoría de sus aspectos esenciales, como exenciones, bases imponibles y tipos de gravamen.
La Administración Fiscal comienza hoy el proceso de liquidación del Impuesto sobre la Renta del año 2023, el cual abarcará más de 23 millones de declaraciones, requiriendo su presentación a todos los trabajadores por cuenta propia sin importar sus ingresos. La Campaña incluye reducciones fiscales para ingresos bajos y aumentos en los rendimientos del capital.
Es momento de hacer frente a las obligaciones tributarias con Hacienda. La Administración Fiscal inicia hoy la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2023, la cual recibirá más de 23 millones de declaraciones y viene acompañada de cambios significativos. Por primera vez, la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta es obligatoria para todos los trabajadores autónomos, sin importar sus ingresos, pero también se han modificado los mínimos exentos, la tributación sobre el ahorro y la declaración de criptomonedas en el extranjero. Estas son las claves principales de la Campaña que comienza hoy:
Calendario. Este año trae novedades en el calendario. El plazo inicial para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta se adelanta una semana con respecto al año anterior y se prolonga un día más, hasta el lunes 1 de julio. Desde hoy mismo es posible presentar las declaraciones por vía web, mientras que la atención telefónica comenzará el 7 de mayo (con opción de solicitar cita desde el 28 de abril hasta el 28 de junio) y la atención presencial en oficinas iniciará el 3 de junio (con citas disponibles del 29 de mayo al 28 de junio).
Obligación de declarar. Uno de los cambios más significativos de esta Campaña es que se eleva el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros (en línea con los 15.140 euros del salario mínimo interprofesional en 2023). Además, para los asalariados con dos hijos que presenten declaración conjunta, el límite sube de 18.000 a 19.000 euros. A partir de estos umbrales de rendimientos del trabajo, estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta aquellos contribuyentes con más de un pagador (aquellos que obtienen al menos 1.500 euros de los secundarios). Sin embargo, para el resto de los asalariados en general, la declaración no será obligatoria para ingresos inferiores a 22.000 euros al año o rendimientos del capital por debajo de 1.600 euros (aunque se recomienda presentarla de todos modos si se espera una devolución).
Trabajadores autónomos. Por primera vez, la declaración del Impuesto sobre la Renta será obligatoria para todos los trabajadores por cuenta propia que hayan estado dados de alta en el régimen de autónomos en algún momento del año 2023, sin importar sus ingresos. Se elimina así el mínimo de 1.000 euros por debajo del cual estos contribuyentes estaban exentos de presentar el Modelo 100. Además, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyeron una reducción de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto del régimen de módulo, lo que se estima ahorrará 68 millones de euros a 577.688 autónomos. También se recuerda que los autónomos que tributan por estimación directa simplificada tienen una reducción automática del 5% del rendimiento neto, con un máximo anual de 2.000 euros. Esto incluye los llamados gastos deducibles de difícil justificación, cuyo porcentaje de reducción se incrementa este año al 7%, disminuyendo la carga fiscal de casi un millón de autónomos en 116 millones.
Reducción para ingresos bajos. La novedad principal en cuanto a la presión fiscal del Impuesto sobre la Renta es la reducción fiscal para ingresos bajos que Hacienda implementó el año pasado como alternativa a la petición de las comunidades autónomas de ajustar la tarifa para adaptar el impuesto a la evolución de precios y salarios. Junto con el aumento del mínimo exento, el Gobierno amplió la aplicación de la reducción por rendimientos del trabajo, por un valor de 5.565 euros, permitiendo su aplicación a ingresos brutos de hasta 21.000 euros, frente a los 18.000 anteriores. Hacienda calcula que esto supondrá una reducción conjunta de 1.881 millones.
Retenciones. Para suavizar el impacto del impuesto, que afecta desproporcionadamente a las rentas bajas, el Ministerio de Hacienda aprobó una reducción significativa en las retenciones del Impuesto sobre la Renta aplicadas a ingresos entre 22.000 y 32.500 euros anuales durante 2023. Estos contribuyentes ahora deberán hacer frente al déficit de contribución que hayan acumulado con declaraciones resultantes en pagos al Fisco.
Ajuste regional. A pesar de la negativa de Hacienda a ajustar la tarifa estatal, comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón o Canarias han optado por ajustar su propia tarifa y los territorios que han aplicado alguna rebaja para aliviar el impacto de la inflación suman una decena. Es importante revisar los tipos impositivos y las deducciones en cada región.
Aumento en las rentas del capital. La Campaña también trae un aumento fiscal significativo, en este caso para los rendimientos del capital. El tipo marginal máximo aplicado a los rendimientos del ahorro, que hasta ahora era del 26%, subirá al 27% para ingresos superiores a 200.000 euros y al 28% para ganancias de capital que superen los 300.000 euros.
Criptomonedas. Por último, en 2024 se introduce el modelo 721 de declaración de criptomonedas en el extranjero, que deben presentar aquellos contribuyentes que posean fuera del país un volumen superior a 50.000 euros, bajo pena de sanción.
Al revisar las opciones para reducir la factura del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es importante tener en cuenta las nuevas deducciones y beneficios fiscales disponibles. En la actual Campaña de la Renta, que comienza hoy, se introduce una deducción estatal del 15% para la compra de vehículos eléctricos enchufables adquiridos a partir del 30 de junio del año pasado, con un límite máximo de 20.000 euros.
Además, la deducción por maternidad, que anteriormente estaba reservada a madres trabajadoras, se amplía a aquellas que estaban recibiendo prestación por desempleo en el momento del nacimiento de su hijo o que posteriormente cotizaran un mínimo de 30 días. También, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, se extiende la deducción a los gastos de custodia de niños de hasta 3 años en guarderías, incluso si no son centros educativos autorizados.
Otra novedad derivada de una sentencia judicial es que los contribuyentes que realizaron aportaciones a mutualidades laborales podrán recuperar la doble tributación que sufrieron.
En cuanto a las aportaciones a planes de pensiones, el contribuyente podrá desgravarse hasta 1.500 euros por planes individuales, 8.500 euros por planes de empleo y un total de 10.000 euros en conjunto (hasta 5.750 euros para autónomos, sumando los 1.500 euros de planes individuales a los 4.250 euros de sus nuevos planes, según destaca Declarando).
Por otro lado, las dietas por kilometraje exentas se incrementan de 0,19 a 0,26 euros por kilómetro, al igual que los cheques comida que ahora podrán ser de hasta 11 euros por día.
Durante su tiempo en el cargo, Pedro Sánchez ha implementado aproximadamente 69 aumentos fiscales, según un informe del Instituto Juan de Mariana. Incluso antes de asumir el poder, Pedro Sánchez ya abogaba por la necesidad de avanzar hacia una convergencia fiscal con Europa; esto implica aumentar los impuestos para incrementar la proporción de los ingresos públicos en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y así cerrar la brecha teórica de varios puntos respecto al promedio de la Unión Europea. Este objetivo ha sido perseguido con determinación desde que Sánchez asumió el cargo.
De hecho, la carga fiscal ha aumentado del 32% al 38% del PIB entre 1995 y 2022, y "el 60% de este incremento ha ocurrido bajo el gobierno de Pedro Sánchez", según el Impuestómetro 2024 elaborado por el Instituto Juan de Mariana. Este informe analiza la evolución de la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes españoles y destaca que, entre los aumentos de impuestos ya aprobados y los previstos, el gobierno de Sánchez habrá implementado no menos de 69 aumentos tributarios entre 2018 y 2024, es decir, un aumento fiscal por mes en promedio.
Además, se espera aumentar la recaudación en otros 7.000 millones de euros el próximo año, lo que representará una carga adicional de 371 euros por hogar, según el informe que se publica hoy, coincidiendo con el inicio de la Campaña de la Renta 2023.
El significativo aumento de la presión fiscal durante la era de Sánchez ha convertido a España en el país europeo con el mayor aumento de la presión fiscal en los últimos años: un aumento de 2,9 puntos porcentuales entre 2019 y 2022, en comparación con el aumento insignificante del 0,1% en promedio de la UE. Esto significa que ha seguido una dirección opuesta a la de la mayoría de sus socios comunitarios en un contexto marcado por las secuelas de la pandemia y la incertidumbre económica y geopolítica derivada de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de esta mayor presión tributaria, el peso de los ingresos públicos sobre el PIB sigue siendo teóricamente inferior al promedio de la UE (38% frente al 40,9% de los 27 países).
Sin embargo, es importante distinguir entre la presión fiscal (la proporción de los ingresos públicos en relación al PIB) y el esfuerzo tributario realizado por los españoles; es decir, la presión fiscal ajustada por renta per cápita. Aunque el PIB per cápita en España se ha recuperado en los últimos años tras la crisis del Covid-19 en 2020, en 2023 aún estaba un 14% por debajo del promedio de la zona euro en paridad de poder adquisitivo, y un 11% inferior al promedio de la UE, según los datos más recientes de Eurostat.
Por lo tanto, España, "dado su nivel de renta per cápita, tiene una presión fiscal más alta de lo que le correspondería", según el informe del Instituto Juan de Mariana. Por ejemplo, aunque la presión fiscal en Alemania es un 10% superior a la española, "la renta de los alemanes es un 45% más alta" (aproximadamente 11.100 euros más por habitante).
El informe estima que, para tener una presión fiscal más equilibrada con los niveles de renta de su población, España debería tener una presión fiscal del 36,9% del PIB, claramente por debajo del 38,6% que el gobierno de Pedro Sánchez espera alcanzar en 2024. Este ajuste hipotético a la baja de la presión fiscal resultaría en un ahorro de 15.000 millones de euros, aproximadamente 815 euros menos en impuestos por hogar.
Por otro lado, converger con Europa significaría un golpe fiscal de 39.000 millones de euros o, si se prefiere, 2.082 euros más en impuestos por cada familia. Según el análisis, dos de cada tres euros del aumento impositivo durante los gobiernos de Sánchez recaen en las familias. Esta mayor carga fiscal se ha producido principalmente mediante el aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (ocho aumentos desde 2018) y las cotizaciones sociales, que han aumentado en 1,3 y 0,5 puntos del PIB respectivamente durante el mandato socialista, con un aumento en la recaudación equivalente a 3.890 euros por hogar.
Una parte significativa de esta cifra corresponde a la decisión del gobierno de no ajustar la tarifa del IRPF durante la crisis inflacionaria, lo que ha supuesto "un esfuerzo fiscal adicional de 1.315 euros en 2022 y 2023" para los españoles.
Además de los ocho aumentos del Impuesto sobre la Renta o el aumento de las cotizaciones sociales, la batería de aumentos fiscales durante el mandato de Sánchez también incluye cuatro aumentos del Impuesto de Sociedades; el aumento del Impuesto sobre el Patrimonio debido a la nueva configuración nacional del tributo; o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones debido a la alteración de la regulación fiscal que definía la tributación de los acuerdos sucesorios, así como una decena de aumentos impositivos mediante la creación de nuevos gravámenes como las tasas Tobin o Google, o los tributos que gravan los beneficios adicionales de bancos y empresas energéticas.
En los últimos meses, la Dirección General de Tributos ha emitido respuestas significativas que favorecen a los contribuyentes, lo que representa un cambio apreciable para muchos ciudadanos y profesionales fiscales que solían enfrentarse a largas esperas y falta de claridad en sus consultas.
Durante varios años, una de las quejas principales entre los fiscalistas fue la demora de la Dirección General de Tributos (DGT) en responder a las consultas de los contribuyentes, especialmente en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (IS). Esta situación generaba una sensación de desamparo que a menudo disuadía a los ciudadanos y profesionales de presentar consultas. Sin embargo, se ha observado un cambio de tendencia.
Desde finales del año pasado, se ha notado un ritmo más ágil en la respuesta a las consultas de los contribuyentes por parte de la DGT, lo cual es crucial para garantizar la seguridad jurídica. Las empresas están volviendo a plantear sus dudas en busca de certezas, algo fundamental para los departamentos fiscales.
En este contexto, la Dirección General de Tributos ha emitido respuestas relevantes que favorecen al contribuyente. Por ejemplo, recientemente se ha flexibilizado el tratamiento de las operaciones de reinversión de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), eliminando el impacto fiscal sobre los inversores en caso de aparecer activos adicionales después de la liquidación y reinversión de cantidades en otro fondo. La DGT determina que estos importes se incluyen dentro del régimen especial de reinversión fiscal y forman parte de la cuota de liquidación.
Esta decisión refuerza el régimen de diferimiento fiscal, permitiendo a los inversores optimizar la carga tributaria y fomentar nuevas inversiones. Además, aumenta la seguridad jurídica al realizar un análisis detallado de cómo deben declararse estos importes para garantizar el acceso al beneficio fiscal.
Otra consulta relevante ha determinado que no existe una ventaja fiscal por el simple diferimiento de rentas permitido por el régimen especial del Impuesto sobre Sociedades en las reestructuraciones. Esta decisión tiene un gran impacto en las empresas, facilitando las operaciones de reestructuración empresarial acogidas a dicho régimen especial.
Además, la DGT ha vuelto a permitir exenciones en las transmisiones de empresas relacionadas con energías renovables, lo cual es crucial para los inversores en este sector. En resumen, las recientes respuestas de la Dirección General de Tributos han brindado claridad y seguridad jurídica a los contribuyentes, lo que es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema fiscal.
En cuanto a la relación entre el salario percibido y el salario real, los trabajadores españoles se encuentran en una posición desfavorable. Un trabajador promedio en España recibe un salario total real de 34.989 euros, pero de esta cantidad se deben descontar 8.157 euros en cotizaciones a cargo de la empresa, 1.731 euros en contribuciones a nombre del trabajador, además de 3.860 euros en IRPF y un gasto acumulado por IVA de 1.450 euros. Por lo tanto, el 43,44% del salario total se destina a las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si agregamos el impacto del IBI a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA, un trabajador promedio terminaría pagando 15.480 euros en impuestos cada año, lo que asciende al 44,24% de su salario total.
Pero hay más, ya que además de estas cifras, hay que considerar el impacto de las rentas del ahorro, que a lo largo del tiempo representan aproximadamente 20.000 euros por familia, los impuestos sobre herencias y patrimonio (actualmente en proceso de armonización), la tributación de las primas de seguros (alrededor de 110 euros por hogar), los impuestos aplicados a la compra de vivienda (aproximadamente el 26% del precio final a pagar, lo que equivale a 50.000 euros en una adquisición de 200.000 euros), los gravámenes relacionados con la compra y el uso de automóviles (incluyendo el IVA, los tributos de matriculación y circulación, así como multas recaudatorias, normativa WLTP e impuestos sobre combustibles), y los impuestos sobre el consumo de alcohol (equivalente al 40% del precio final) o tabaco (en torno al 80%). Considerando todas estas figuras tributarias, el contribuyente promedio en España paga más del 50% de lo que gana a Hacienda.
En el año 2018, cuando Pedro Sánchez asumió el cargo, la presión fiscal en España era 5,7 puntos porcentuales menor que la media de la Unión Europea; para 2022, último año con datos finales disponibles, esta diferencia se redujo a 2,9 puntos porcentuales del PIB. Esto significa que se ha logrado la mitad del objetivo de igualar la presión fiscal con Europa, pero con un salario considerablemente más bajo.
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