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(Expansión, 25-09-2025) | Fiscal

La revisión al alza del PIB apuntala una recaudación récord sobre los 300.000 millones

El impulso económico previsto por el Gobierno apunta a disparar los ingresos fiscales, que ya crecen un 11% impulsados por la mayor actividad, el empleo, la retirada de rebajas fiscales y la negativa de Hacienda a deflactar el IRPF. El IRPF y el Impuesto de Sociedades son los tributos que más aumentan por cada décima adicional de crecimiento del PIB. La mejora en las previsiones económicas del Gobierno para este año refuerza la expectativa de una recaudación tributaria récord. Con un crecimiento del PIB estimado en un 2,7%, Hacienda se prepara para superar con creces los 300.000 millones de euros en ingresos fiscales al cierre de 2025. Solo entre enero y julio, la Agencia Tributaria ha ingresado 18.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al dinamismo económico, el empleo, la eliminación de rebajas fiscales y la decisión de no ajustar el IRPF a la inflación. El nuevo cuadro macroeconómico aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada revisa al alza, del 2,6% al 2,7%, el crecimiento del PIB para este año. Aunque supone una desaceleración respecto al 3,2% de 2024, sigue siendo el mayor avance entre las economías desarrolladas, triplicando el crecimiento medio de la eurozona. En 2024, la recaudación ya marcó un récord con 294.734 millones. Con el PIB avanzando un 0,6% en el primer trimestre, un 0,7% en el segundo y previsiblemente lo mismo en el tercero, la única incógnita es cuánto se superará la barrera de los 300.000 millones. Además, según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), la recaudación ha mostrado una mayor elasticidad respecto al PIB, es decir, por cada décima que crece la economía, los ingresos fiscales aumentan más de una décima. En particular, el IRPF y el Impuesto de Sociedades muestran incrementos superiores al 1,1% por cada punto adicional de PIB. En lo que va de año, los ingresos tributarios alcanzan los 182.354 millones, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a 17.877 millones extra. La Agencia Tributaria atribuye este crecimiento principalmente al buen comportamiento de las retenciones salariales y del capital, los beneficios empresariales, el IVA, los cambios normativos y el resultado de la última campaña de la Renta. Este año, por primera vez, se han aplicado retenciones de IRPF a quienes cobran el salario mínimo, que deberán presentar la declaración para recuperar el exceso. Al mismo tiempo, el número de cotizantes se acerca a los 22 millones, lo que ha hecho que las retenciones por trabajo aumenten cerca del 9%, aunque con cierta moderación por el enfriamiento en el ritmo de subida de los sueldos. Las retenciones sobre el capital mobiliario han crecido un 14%, aunque esta cifra se estabiliza debido al freno en la subida de los tipos de interés bancarios. Por otro lado, el aumento de las pensiones públicas, que se revalorizan con la inflación, ha generado un 10,5% más de ingresos. De ese total, 6 puntos provienen del crecimiento de la masa de pensiones y el resto del mayor tipo efectivo aplicado. La negativa del Ministerio de Hacienda a ajustar el IRPF a la inflación ha vuelto a favorecer la recaudación a través del llamado "efecto de progresividad en frío": los contribuyentes pagan más impuestos incluso si no han ganado poder adquisitivo. Este efecto ha sido criticado incluso por el Consejo para la Defensa del Contribuyente, organismo dependiente del propio Ministerio. A nivel autonómico, cada vez menos regiones optan por deflactar el IRPF, lo que ha limitado el ahorro fiscal para los ciudadanos a 165 millones de euros, que realmente quedan en 107 millones al retirarse algunas deducciones temporales. Como resultado, hasta julio el IRPF ha aportado 91.236 millones, un 12,4% más que el año pasado, es decir, 10.000 millones adicionales. En paralelo, los beneficios empresariales siguen creciendo: un 15% en sociedades y un 11% en empresas personales, lo que fortalece la recaudación del Impuesto de Sociedades, que supera ya los 5.000 millones, a la espera de nuevos pagos a cuenta. El IVA también muestra un incremento anual del 8,5%, con 62.907 millones recaudados (4.933 más que en 2024). Parte de este aumento se explica por el fin de las rebajas en el IVA de la electricidad y los alimentos. Los Impuestos Especiales, por su parte, han generado 13.060 millones, un 6,2% más, debido a la recuperación del tributo sobre la electricidad, el aumento del impuesto al tabaco y la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre cigarrillos electrónicos.

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(El País, 25-09-2025) | Fiscal

El Gobierno ve “poco probable” cumplir con el plazo de los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha reiterado en varias ocasiones -la última, este miércoles- su compromiso de llevar un proyecto de Presupuestos Generales al Parlamento tras dos años sin intentarlo. Sin embargo, los plazos legales juegan en contra: el margen es tan estrecho que la posibilidad de cumplir con lo previsto en la Constitución parece desvanecerse y se vislumbra un nuevo retraso. La Carta Magna establece que el proyecto debe llegar al Congreso como máximo el 30 de septiembre, es decir, tres meses antes de que finalice el ejercicio en vigor. Con el calendario apretado, Hacienda tendría que aprobar el borrador en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes de octubre, salvo que se convoque una reunión extraordinaria. Aunque ya se han puesto en marcha algunos trámites, quedan otros esenciales por completar, lo que hace que el objetivo de llegar a tiempo sea "muy poco probable", según admiten fuentes gubernamentales. No obstante, recuerdan que un incumplimiento del plazo no impide que las nuevas cuentas puedan estar aprobadas antes del 1 de enero de 2026. El camino tampoco es sencillo una vez que el proyecto llegue a la Cámara, ya que necesitará mayoría para superar la votación. El Ejecutivo, consciente de estas dificultades, ha asegurado que no contempla elecciones anticipadas en caso de rechazo. En circunstancias normales, el ciclo presupuestario se activa a comienzos del verano con el cálculo del techo de gasto y la senda fiscal, esta última sometida a la aprobación de las Cortes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Paralelamente, Hacienda pública la orden ministerial que autoriza a los ministerios a presentar sus propuestas, lo que permite elaborar el borrador. Por ahora, el Gobierno solo ha cumplido esta última fase, aunque con cierto retraso. El BOE del 3 de septiembre incluyó la orden de elaboración que fija prioridades como la defensa, el apoyo a sectores afectados por la guerra arancelaria, así como vivienda y políticas sociales. Lo pendiente es definir el límite de gasto no financiero y la senda de déficit, cuestiones bloqueadas por las tensiones con Junts, que ya tumbó el año pasado las metas fiscales junto al PP y Vox, obligando a prorrogar las cuentas de 2023. Este miércoles, la formación catalana volvió a advertir que no habrá Presupuestos de 2026 "sin cumplir" con Cataluña. El Ejecutivo confía en que el techo de gasto no suponga un gran obstáculo: la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB (hasta el 2,7% este año) y el buen comportamiento de la recaudación dan margen para plantear un límite récord y unas cuentas expansivas. La incógnita sigue siendo la senda fiscal, el punto más conflictivo y que en 2024 ya bloqueó la tramitación de nuevas cuentas.

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(El Economista, 25-09-2025) | Fiscal

Los compradores de una vivienda pagarán las deudas del IBI de los dos últimos años

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado que quienes compren una vivienda deben asumir directamente las deudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al año de la compra y al ejercicio anterior. Así lo recoge una consulta vinculante emitida el pasado 21 de mayo, en la que se especifica el alcance de la responsabilidad de los nuevos titulares frente a estas obligaciones. Tributos precisa que la Administración local, encargada de recaudar el impuesto, está facultada para reclamar al comprador el IBI impagado de esos dos ejercicios si el antiguo propietario no cumplió ni tras los requerimientos de pago. Además, podrá hacerlo sin necesidad de que el anterior dueño haya sido declarado insolvente ni de abrir un procedimiento formal de derivación de responsabilidad. La DGT fundamenta este criterio en el artículo 78 de la Ley General Tributaria, que permite a cualquier administración -estatal, autonómica o local- exigir al nuevo propietario el abono de las deudas de los dos últimos años. Incluso, se contempla la posibilidad de que se obligue a poner el inmueble a disposición de Hacienda para cubrir el impago. En palabras del organismo, para que la Administración reclame esas cantidades al nuevo titular, basta con la garantía legal tácita, sin necesidad de trámites adicionales. El pronunciamiento responde a la consulta de un contribuyente que adquirió un inmueble en marzo de 2025 y quería saber si podría serle exigido el IBI de ese año en caso de impago por parte del antiguo dueño. Tributos aclara que la obligación recae en quien fuera propietario a 1 de enero, es decir, en el vendedor. Sin embargo, puntualiza que Hacienda también puede reclamar al nuevo titular el IBI pendiente de hasta cuatro años atrás, aunque en este caso el procedimiento es distinto: antes debe declararse fallido al deudor original y solo después atribuir la responsabilidad subsidiaria al comprador. En consecuencia, cuando existan deudas del IBI ligadas a un inmueble vendido, el comprador puede verse obligado a pagarlas, siempre que antes se haya constatado que el propietario anterior no tiene medios para afrontarlas. Por último, la consulta recuerda que en las operaciones de compraventa, los notarios tienen el deber de pedir información sobre posibles deudas pendientes del inmueble y advertir al comprador de su existencia, así como de los plazos para declarar el impuesto.

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(El País, 23-09-2025) | Fiscal

Fedea plantea eliminar las exenciones y bonificaciones autonómicas en el impuesto de patrimonio

El Gobierno de coalición ha alcanzado los objetivos que se propuso cuando, a finales de 2022, aprobó el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Esta figura nació con la intención de contrarrestar las bonificaciones autonómicas que habían dejado prácticamente sin efecto al impuesto sobre el patrimonio. Los datos de la Agencia Tributaria confirman que el plan funcionó: en 2023, la recaudación de este último ascendió a 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior. El incremento se debe a que varias comunidades reactivaron el tributo original -que antes tenían bonificado al 100%- tras la puesta en marcha del nuevo gravamen estatal. Más allá de la disputa política entre el Gobierno central y algunas autonomías, diversos especialistas cuestionan si el diseño actual del impuesto sobre el patrimonio resulta insuficiente en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva. Para abordar esta cuestión, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un informe elaborado por el economista Francisco García-Rodríguez. El documento, basado en microsimulaciones fiscales con datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, analiza ocho posibles configuraciones del tributo y concluye que una reforma relativamente simple podría duplicar su poder redistributivo sin comprometer su progresividad. El punto de partida del estudio es claro: el modelo vigente es muy limitado y afecta solo a una pequeña parte de la población, alrededor del 0,5% de los hogares con mayor riqueza. Su impacto en la reducción de la desigualdad es, por tanto, escaso. Aunque formalmente es un impuesto progresivo, los elevados mínimos exentos y las amplias bonificaciones autonómicas limitan su alcance y crean una gran disparidad territorial. Así, el peso efectivo del tributo se concentra en los patrimonios más altos y varía mucho en función de la comunidad de residencia. Las simulaciones muestran que en prácticamente todos los escenarios alternativos la capacidad redistributiva mejora respecto al esquema actual. Los diseños que reducen mínimos exentos y amplían la base imponible tienden a aumentar la progresividad y a sumar más contribuyentes, sin penalizar a las clases medias de riqueza. En otras palabras, ampliar el número de declarantes fortalece la capacidad del impuesto para reducir desigualdades. Uno de los resultados más relevantes se obtiene eliminando tanto el mínimo exento como las bonificaciones autonómicas: según Fedea, esta modificación duplicaría la capacidad redistributiva del impuesto, concentrando el esfuerzo en los grandes patrimonios, pero de forma más uniforme entre regiones y con un efecto mucho más visible sobre la desigualdad. La progresividad se mantendría intacta, lo que convertiría a esta propuesta en una herramienta más eficaz de justicia fiscal. El informe también señala el impacto desestabilizador de la descentralización normativa. La posibilidad de que las comunidades autónomas fijen mínimos, escalas y bonificaciones ha fragmentado el mapa tributario. Sin un impuesto estatal como el de grandes fortunas, territorios como Madrid o Andalucía habrían vaciado por completo el impuesto sobre el patrimonio, mientras que en Cataluña o Baleares sigue aplicándose con mayor rigor. Esto genera desigualdad horizontal, ya que personas con patrimonios similares soportan cargas muy distintas según dónde residan. La comparación con modelos internacionales refuerza esta conclusión. Los sistemas de Noruega, Suiza o Francia, con estructuras más amplias y mínimos más reducidos, obtienen mejores resultados redistributivos que el español actual. No obstante, no todos los modelos son replicables: el esquema italiano, por ejemplo, resultaría regresivo en España, ya que, aunque aumentaría la recaudación, incrementaría la desigualdad. El estudio también analiza la dimensión sociodemográfica de los contribuyentes. En modelos más inclusivos, crece la representación de mujeres, personas mayores y hogares unipersonales entre los declarantes, reflejando desigualdades estructurales en la distribución de la riqueza. Así, los hogares de un solo adulto -con o sin hijos a cargo- son los más expuestos, al no poder dividir el patrimonio entre varios titulares, mientras que las familias con varios adultos y menores muestran menor probabilidad de tributar. Estas diferencias, advierte el autor, deberían tenerse en cuenta en cualquier reforma para evitar que determinados colectivos asuman cargas excesivas. En definitiva, Fedea concluye que el actual impuesto sobre el patrimonio apenas cumple con sus objetivos de equidad y redistribución. Sin embargo, existen márgenes claros de mejora: ajustes como reducir los mínimos exentos y eliminar las bonificaciones autonómicas permitirían reforzar de manera significativa su eficacia sin perder progresividad. Más que por su capacidad recaudatoria -que es limitada dentro del conjunto del sistema fiscal-, lo que está en juego es su potencial para avanzar hacia un modelo impositivo más justo y equilibrado.

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(El Economista, 23-09-2025) | Fiscal

El Supremo impide a Hacienda negar devoluciones por prescripción si lo dicta una sentencia

El Tribunal Supremo (TS) ha impedido a Hacienda rechazar la devolución de impuestos a los contribuyentes alegando prescripción cuando una sentencia judicial reconoce su derecho a recuperar lo pagado. El alto tribunal reprocha a la Agencia Tributaria haber ignorado una resolución firme, especialmente en un caso en el que fue la propia Administración quien inició el proceso penal contra el contribuyente. En una sentencia del 21 de julio, con ponencia del magistrado Francisco Navarro Sanchís, el Supremo aclara que el plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos comienza en el momento en que el afectado tiene constancia de que no debía haber realizado el pago, lo que ocurre con la sentencia absolutoria en vía penal. El caso se remonta a 2008, cuando Hacienda abrió una inspección a una empresa por deducirse presuntamente de forma irregular el IVA de dos facturas. La compañía ingresó 156.000 euros de forma cautelar, pero en 2009 la Administración remitió el asunto a los tribunales al apreciar indicios de delito. En 2016, un Juzgado de lo Penal absolvió a la empresa al no encontrar pruebas de falsedad en las facturas. Pese a ello, Hacienda reabrió la inspección y rechazó devolver el dinero alegando que había prescrito el plazo de cuatro años desde el ingreso. El Supremo rechaza este criterio y subraya que el pago solo puede considerarse indebido tras conocerse la sentencia absolutoria, dictada en un proceso iniciado por la propia Agencia Tributaria. Antes de esa fecha, el contribuyente no tenía certeza de la improcedencia del ingreso, por lo que no podía reclamar. El tribunal también critica la "escasa relevancia" que Hacienda otorgó a la resolución judicial, pese a que la propia Administración participó en el procedimiento como acusación particular. Además, recuerda que negar la devolución supondría un enriquecimiento injusto para la Administración. Según Antonio Puentes, experto en litigación tributaria de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, el Supremo sienta jurisprudencia al interpretar el artículo 66.c de la Ley General Tributaria: el plazo de prescripción para reclamar devoluciones empieza a contar desde que el ingreso se declara indebido, lo que en casos similares coincide con la notificación de la sentencia absolutoria. Este principio, conocido como actio nata, protege al contribuyente y refuerza la seguridad jurídica frente a la Administración.

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(El Economista, 23-09-2025) | Fiscal

Hacienda paga hasta un 10% del valor de las herencias sin herederos a los ciudadanos que las denuncien

Aunque pueda parecer inusual, Hacienda tiene la facultad de reclamar las herencias de aquellas personas que fallecen sin dejar herederos. En estos casos, los bienes o patrimonios pasan a formar parte del Tesoro Público, siempre mediante un procedimiento que debe ajustarse estrictamente a la ley. Sin embargo, no siempre ocurre así, ya que el Estado no dispone de acceso a toda la información sobre estas situaciones. Para solventar este problema, la ley contempla que los ciudadanos pueden colaborar informando a la Agencia Tributaria de herencias sin beneficiarios. Si la información resulta ser verídica, quienes las denuncien podrán recibir un premio equivalente al 10% del valor de los bienes señalados. Así lo establece el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, cuyo artículo 7 especifica que cualquier persona puede comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia correspondiente el fallecimiento intestado de alguien sin herederos legítimos. El mismo artículo aclara que quienes realicen esta notificación tendrán derecho a una recompensa del 10% sobre el valor neto de los bienes incluidos en la denuncia, siempre que no estén excluidos de su venta. No obstante, la norma impone limitaciones al llamado "derecho a premio": quedan excluidos de esta recompensa aquellos que, por su cargo o empleo público, tengan conocimiento del fallecimiento; los responsables de centros o residencias donde viviera el difunto; y los administradores o representantes legales. En todos estos casos, no solo no pueden cobrar el premio, sino que están obligados a informar del fallecimiento a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia donde el causante tuviera su último domicilio. Todo ello se fundamenta en el artículo 956 del Código Civil, que concede al Estado, a través de Hacienda, el derecho a heredar cuando una persona fallece sin dejar sucesores legítimos. Tras liquidar la herencia, los bienes pasan al Tesoro Público. Además, la ley señala que dos tercios del valor de la herencia deben destinarse a fines de interés social, sumándose a la asignación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este propósito.

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(Expansión, 22-09-2025) | Fiscal

Sánchez: "Ya toca" renovar la financiación autonómica y "reforzar" el Estado del bienestar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este domingo la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica, una reforma que, según dijo, debía haberse realizado hace once años y que resulta clave para "reforzar" el Estado del bienestar. Durante su intervención en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada ante unas 15.000 personas según los organizadores, Sánchez dedicó la parte final de su discurso a explicar por qué urge acometer esta reforma, considerada uno de los puntos centrales del pacto de investidura que permitió a ERC situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. "Lo vamos a hacer en esta legislatura: impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficiará a Cataluña, como también al resto de comunidades y territorios del país", aseguró el jefe del Ejecutivo. Sus declaraciones llegan pocos días después de que ERC registrara en el Congreso, en solitario, una proposición de ley para que la Generalitat pueda gestionar directamente la recaudación del IRPF, iniciativa que vino acompañada de críticas de Oriol Junqueras al "inmovilismo" del Gobierno central. Sánchez recordó que, desde su llegada a la Moncloa, el Ejecutivo ha transferido más de 300.000 millones adicionales a las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, precisó que entre 2019 y 2025 se le han entregado 45.000 millones más que en el último periodo equivalente bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, reprochó al Ejecutivo regional que solo el 45% de esos fondos se haya destinado a reforzar los servicios públicos, mientras que el resto, según dijo, se ha canalizado hacia "regalos fiscales" en beneficio de las rentas más altas. También subrayó la importancia de la condonación parcial de la deuda autonómica con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ha supuesto 60.000 millones, y criticó la oposición del PP a esta medida, a la que calificó de "dogmatismo puro y duro". Para concluir, Sánchez reafirmó que el actual Gobierno agotará la legislatura y se mostró confiado en revalidar la presidencia tras las próximas elecciones generales. "Tenemos mucho trabajo por delante: hasta 2027 y más allá", afirmó, convencido de que volverá a formarse un Ejecutivo progresista con un presidente socialista y que será otra persona quien lidere el PP. Ante los reproches que una asistente le lanzó desde el público, Sánchez respondió: "A quienes no me desean lo mejor solo les digo una cosa: el permiso para gobernar no me lo otorgan las élites, me lo da la ciudadanía con su voto".

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(El Economista, 22-09-2025) | Fiscal

Las alzas fiscales de 2025 recaudan en solo siete meses todo lo previsto para el conjunto del año

El Gobierno está aprovechando al máximo las numerosas subidas de impuestos aprobadas a finales de 2024 y que entraron en vigor en enero de este año. Según el Plan Fiscal Estructural remitido a Bruselas, esas medidas iban a generar unos 4.500 millones de euros anuales. Sin embargo, a 31 de julio ya se habían recaudado 4.110 millones, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, lo que anticipa que en los cinco meses restantes se superará ampliamente la previsión inicial enviada a la UE. Entre todas las medidas, la más destacada es la recuperación de los tipos previos del IVA en determinados productos de alimentación que habían quedado exentos o gravados con el tipo superreducido del 4% por considerarse básicos. Esta rebaja se introdujo hace casi tres años para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania y la fuerte inflación. Desde el 1 de enero de 2025 los productos recuperaron el tipo original, más alto, lo que ha aportado 1.146 millones adicionales a las arcas públicas. Los cambios en la fiscalidad de la energía han supuesto hasta julio una recaudación extra de 1.535 millones. En 2023 el IVA de la electricidad bajó al 5% por la crisis energética, pasó al 10% a mediados de 2024 y desde enero volvió al 21%. Lo mismo ocurrió con otros suministros como el gas natural, la madera y los pellets, que recuperaron también el gravamen máximo del 21%. El Impuesto Especial sobre la Electricidad también se ha ido incrementando y desde julio de 2024 se sitúa en el 5,11%. Con el efecto del IVA, el tipo real se aproxima al 6,1%. A esto se suma la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), suspendido en 2021 de manera excepcional para aliviar la factura de los hogares, y que ahora vuelve con un tipo del 7%. Otro incremento significativo en 2025 ha sido el de los impuestos sobre las labores del tabaco, al que se añade un tributo específico para los líquidos de cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, que hasta ahora apenas ha recaudado 10 millones. El llamado impuesto a la banca -oficialmente Impuesto sobre el Margen y Comisiones de las Entidades Financieras- volvió a aplicarse a finales de 2024. Pese a los recursos pendientes del sector, entre enero y julio ha aportado 566 millones de euros. Además, Hacienda ha ingresado más de 300 millones gracias a la restitución del límite del 50% a la compensación de bases imponibles negativas de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades. La AIReF estima que esta medida supone un sobrecoste total de 2.650 millones para dichas compañías. Aunque el cambio se introdujo en 2024, es en el presente ejercicio cuando está teniendo mayor impacto. También figuran como ingresos adicionales los pagos aplazados del IRPF a los contribuyentes afectados por la DANA que golpeó Levante en octubre de 2024. Entonces se les concedió una prórroga de tres meses para el segundo pago del impuesto y se amplió hasta el 30 de enero de 2025 el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones. Sin embargo, una vez expiradas las prórrogas, los afectados tuvieron que abonar lo pendiente, ya que no se aprobaron exenciones ni deducciones. En conjunto, los 4.110 millones recaudados por "cambios normativos" ya están consolidados en las cuentas públicas, con la expectativa de que la cifra crezca aún más en lo que resta de 2025. La única incertidumbre reside en el impuesto a la banca, recurrido por la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las patronales alegan que este tributo tiene "graves efectos" sobre la financiación de familias y empresas, un "impacto negativo" sobre la inversión y un "perjuicio general" para la economía en su conjunto.

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(El Periódico, 22-09-2025) | Fiscal

ERC registra en solitario la ley del IRPF

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para transferir a la Generalitat la gestión íntegra del IRPF recaudado en Cataluña. La iniciativa forma parte de los compromisos alcanzados entre republicanos y socialistas en el marco del pacto de investidura de Salvador Illa, que contempla la creación de un nuevo modelo de financiación en el que la comunidad gestione sus propios tributos. Para prosperar, la proposición necesitará el respaldo de todas las formaciones que integran el bloque de investidura. En principio, el texto no debería encontrar obstáculos entre los partidos de corte territorial que conforman esa mayoría, aunque aún se desconoce la posición de Podemos. La propuesta de ERC implica modificar tres normas: la LOFCA (ley de financiación de comunidades autónomas), la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común y la ley de cesión de tributos. Al ser la primera una ley orgánica, requerirá mayoría absoluta para ser aprobada. Este paso legislativo es el primero para dar cumplimiento al pacto de investidura con Illa, que prevé que la Generalitat asuma la gestión total de los impuestos. Según ERC, asumir el 100% de la recaudación del IRPF permitiría multiplicar por seis los recursos actuales, pasando de 5.000 a 30.000 millones de euros anuales, lo que supondría cubrir una parte sustancial del presupuesto catalán. La formación independentista insiste, además, en que no negociará los Presupuestos -ni los estatales ni los autonómicos- hasta que no se cierre un acuerdo sobre la recaudación y el nuevo modelo de financiación. "El PSC y el PSOE lo tienen fácil: si cumplen con Catalunya, la legislatura será estable; si no, se complicará", advirtió Oriol Junqueras, presidente de ERC. En la misma línea, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó a socialistas y PSC que respeten lo pactado. Desde el partido recuerdan que la gestión de todos los impuestos en Cataluña es un compromiso firme y que sus bases no aceptarán dilaciones ni "regates" del PSOE. De hecho, el propio Illa ha mostrado su disposición a avanzar en esa dirección. Más allá de la recaudación del IRPF, el plan para poner en marcha una Hacienda propia contempla que en 2027 la nueva agencia tributaria catalana esté en condiciones de asumir la asistencia en la campaña de la renta, lo que exigirá contratar más personal y abrir nuevas oficinas. En cuanto a la ley presentada este viernes, el primer paso será su admisión a trámite en el Congreso, una votación que aún no tiene fecha.

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(Expansión, 19-09-2025) | Fiscal

Hacienda hace caja con la inspección fiscal a fortunas, falsos residentes y multinacionales

La Agencia Tributaria logró en 2024 una recaudación histórica cercana a los 19.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, gracias a la intensificación de las inspecciones y a las casi dos millones de actuaciones dirigidas a prevenir y combatir el fraude fiscal. En total, las acciones de control y lucha contra el fraude desarrolladas durante el ejercicio pasado aportaron 18.928 millones de euros adicionales a las arcas públicas. De esta cifra, unos 10.318 millones proceden directamente de la labor inspectora, 7.554 millones de la reducción de devoluciones tributarias y 1.056 millones de declaraciones presentadas fuera de plazo. Una parte significativa de este aumento está vinculada a la denegación de devoluciones de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades; sin esta medida, el crecimiento habría sido del 4,3%. Los datos, difundidos ayer, se derivan de 1,98 millones de actuaciones de control (un 4,4% más que el año previo). En ellas se puso especial atención en 46.407 casos relativos a grandes empresas, patrimonios elevados, abusos societarios y economía sumergida, ámbitos en los que la actividad inspectora creció un 6,3%. Dentro de estos ámbitos prioritarios destacan las 36.918 actuaciones dirigidas a multinacionales, grupos empresariales y compañías con más de seis millones de euros de facturación anual, que aumentaron un 7%. En este contexto, se regularizaron bases imponibles de multinacionales por 2.712 millones de euros a través de 88 comprobaciones realizadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes junto a otras oficinas, con apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). Este organismo, además, cerró 38 acuerdos previos de valoración que aseguran 3.797 millones en bases imponibles futuras. Otro foco fue el control sobre grandes fortunas individuales, con 1.264 inspecciones que dieron lugar a liquidaciones por 524 millones de euros. Asimismo, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes intensificó la detección de falsos no residentes: contribuyentes con alto patrimonio que declaran vivir en el extranjero pese a pasar más de la mitad del año en España. Se identificaron 127 casos de este tipo, que permitieron recaudar 51 millones, un 84% más que el año anterior. La vigilancia de cuentas bancarias en el extranjero, amparada en la directiva europea DAC, los estándares de la OCDE y acuerdos con EE. UU., también permitió destapar fondos ocultos de 727 contribuyentes, con una recaudación de 315 millones (un 25,5% más). Desde 2017, esta vía ha reportado al fisco unos 1.500 millones de 4.000 contribuyentes. Por último, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) elaboró 411 informes de interés tributario (FITT) sobre 1.200 contribuyentes, que generaron 315 millones de ingresos en 346 de ellos. Las actuaciones contra la economía sumergida sumaron 2.581 inspecciones, destapando un 11% más de ventas ocultas que el año previo y regularizando cuotas por 431 millones de euros.

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