(El País, 29-05-2025) | Fiscal
Tras semanas de debate y tensión política, parece haberse cerrado definitivamente el complejo proceso para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) quede exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El BNG ha anunciado este martes un acuerdo con el PSOE y Sumar para que las personas que perciben el SMI no tengan que tributar por este concepto, y para que el Estado asuma íntegramente el coste de esta medida. Con ello, se corrige un fallo en la redacción original de la norma del Ministerio de Hacienda, que dejaba sin cubrir la parte del IRPF correspondiente a las comunidades autónomas en las devoluciones previstas.
La solución adoptada no es convencional: se incluirá mediante una disposición adicional en una ley ajena al tema fiscal -concretamente, la de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor-, a través de una enmienda transaccional acordada entre los socios del Gobierno y el diputado del BNG.
En su comunicado, el BNG explica que se crea una nueva deducción aplicable en la cuota líquida del IRPF para quienes perciban el SMI. Esto permitirá, según el partido gallego, que dichas personas no paguen nada por este impuesto. Además, recalca que será el Estado quien cubra completamente el coste fiscal que implique la medida.
Según los términos del acuerdo, alrededor de 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán una deducción de 340 euros anuales, equivalente a lo que pagarían en concepto de IRPF. Esta deducción se aplicará únicamente si el beneficiario no tiene otras rentas del trabajo superiores a 6.500 euros al año. La propuesta también contempla una deducción decreciente para quienes tienen ingresos algo superiores al SMI -entre 16.576 y 18.276 euros anuales-, aplicando una fórmula que reduce progresivamente el importe de la deducción en función de la diferencia con el salario mínimo.
El origen de esta corrección se remonta a un conflicto interno en el seno del Gobierno, en especial entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar). Montero defendía que, tras la subida del SMI del 4,4% este año, los perceptores ya alcanzaban el umbral mínimo para tributar y debían hacerlo. El Gobierno, con mayoría socialista, aprobó esta postura en un primer momento.
Sin embargo, Sumar mantuvo su rechazo y presentó una proposición de ley para anular la medida. La iniciativa encontró respaldo incluso entre formaciones como el PP y Podemos, lo que dejó al PSOE aislado y con el riesgo de una derrota parlamentaria. Como respuesta, Hacienda accedió a finales de marzo a aplicar una fórmula compensatoria: aunque se practicaran retenciones de unos 30 euros mensuales, dichas cantidades serían devueltas en la declaración de la renta del año siguiente.
Poco después, el Registro de Economistas Asesores Fiscales detectó un fallo técnico: la redacción de la norma dejaba sin contemplar la parte del impuesto que corresponde a las comunidades autónomas, es decir, la mitad del total. Hacienda se comprometió entonces a corregir este aspecto, y lo ha hecho a través del acuerdo cerrado con el BNG, cuya efectividad queda ahora supeditada a la aprobación final de la ley en la que se ha incorporado la enmienda.