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(Expansión, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca dice que ya aplica medidas antifraude que exige el Supremo

El reciente fallo del Tribunal Supremo, que establece la responsabilidad de los bancos en las pérdidas sufridas por sus clientes debido a fraudes digitales, ha reavivado el debate sobre el papel que deben asumir las entidades financieras frente a los ciberataques. La sentencia, dada a conocer este miércoles, hace referencia al caso de un cliente de Ibercaja que fue víctima de un fraude por duplicación de tarjeta SIM (conocido como SIM Swapping), lo que le provocó una pérdida de 80.000 euros. El tribunal sostiene que las entidades tienen la obligación de monitorear activamente las operaciones de sus clientes para detectar posibles estafas. Además, resalta la necesidad de que los bancos cuenten con sistemas de seguridad robustos para prevenir estos delitos informáticos. Desde el ámbito jurídico se interpreta este fallo como una advertencia: si las entidades continúan impulsando la banca digital, deben también fortalecer sus medidas de protección contra amenazas cibernéticas. Sin embargo, desde el sector financiero defienden que la banca en España ya dispone de sistemas de ciberseguridad avanzados, alineados con las exigencias judiciales. La expansión del uso de la banca móvil, acelerada por la pandemia, impulsó a las entidades a aumentar sus inversiones en tecnología, especialmente en herramientas de protección digital. Un ejemplo de ello es Bankinter, que ya ha incorporado inteligencia artificial para prevenir fraudes. Desde el sector aseguran que casos como el analizado por el Supremo serían hoy difíciles de reproducir, debido a los avances en los sistemas antifraude desde 2021. Algunas entidades también afirman que, en determinadas situaciones, ya cubren las pérdidas de los clientes afectados por estafas digitales. No obstante, el abogado Juan Rubí, experto en prevención de blanqueo de capitales, afirma que, en general, los bancos no se hacen cargo inmediatamente de esas pérdidas. Para Rubí, esta sentencia representa un precedente importante. Cree que las entidades financieras deberían actuar ante cualquier movimiento sospechoso, como operaciones reiteradas en horarios poco habituales, transacciones en ubicaciones atípicas o transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales. En relación con la posibilidad de que un banco bloquee operaciones legítimas de sus clientes por precaución, Rubí aclara que la normativa europea PSD2 respalda a las entidades cuando actúan de buena fe. Finalmente, insta a los bancos a seguir fortaleciendo sus sistemas de seguridad ante el constante aumento de fraudes digitales.

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(Expansión, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno quiere castigar a las empresas que deslocalicen su producción

Las propuestas del Gobierno para sancionar a las empresas que decidan trasladar parcial o totalmente su producción fuera de España están más cerca de hacerse realidad, tras la aprobación este miércoles, en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley (PNL) impulsada por PSOE y Sumar. Esta iniciativa tiene como objetivo aplicar medidas que desincentiven la deslocalización del tejido industrial. La propuesta contempla una serie de medidas dirigidas tanto a pequeñas como a medianas y grandes empresas que opten por mover su producción a otros países. Entre ellas, destaca la obligación de comunicar a la Administración sus planes de deslocalización con al menos nueve meses de antelación. Asimismo, se plantea la creación de una Mesa de Reindustrialización que estaría integrada por las comunidades autónomas implicadas y las organizaciones sindicales afectadas. Adriana Maldonado, portavoz socialista de Industria, argumenta que la proposición busca "retener talento, proteger a los trabajadores y garantizar su estabilidad laboral", al tiempo que se intenta frenar la deslocalización motivada por el deseo de abaratar costes laborales o aumentar beneficios. Según el Ejecutivo, aunque estas prácticas no son ilegales, representan una forma de dumping social y medioambiental que contribuye a la pérdida de empleo y al deterioro de las condiciones laborales. La iniciativa también urge al Gobierno a aprobar el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, que incluiría sanciones específicas para las empresas que trasladen su actividad fuera del país, especialmente en el sector industrial. El objetivo del Ejecutivo es que cualquier compañía que pretenda deslocalizar su producción esté obligada a comunicarlo con nueve meses de antelación, lo que permitiría analizar posibles soluciones para evitar el traslado o buscar alternativas viables para mantener la actividad en el país. En este contexto, la Mesa de Reindustrialización se encargaría de coordinar acciones encaminadas a revertir la decisión empresarial o a diseñar propuestas que aseguren la continuidad de las capacidades industriales. También tendría la función de pactar un acuerdo que facilite la reindustrialización de la zona afectada. Siguiendo las directrices europeas, la PNL también plantea que el acceso a ayudas públicas esté condicionado al compromiso de mantener la producción en el territorio nacional. En concreto, las empresas que hayan recibido más de tres millones de euros en subvenciones durante los últimos cinco años deberán conservar su actividad productiva durante un periodo mínimo: cinco años para grandes empresas, tres para medianas y dos para pequeñas. Se considerará que se incumple esta condición si la empresa reduce su producción en más del 65% o disminuye su plantilla en al menos 500 trabajadores.

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(Expansión, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU y Reino Unido anuncian el primer gran acuerdo comercial de la guerra arancelaria de Trump

En una etapa inicial, el Reino Unido eliminará los aranceles a productos estadounidenses en sectores como el químico y el agrícola, mientras que ambos países se comprometen a simplificar los trámites fronterizos para agilizar el transporte de mercancías. Aunque el acuerdo aún requiere concretar ciertos aspectos, representa un paso significativo en la distensión comercial entre ambas naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este pacto con el Reino Unido, destacando que el primer avance consiste en suprimir barreras comerciales británicas en áreas clave como la industria química y la agricultura. En los próximos días, se prevé la incorporación de nuevas disposiciones en esta misma línea. El acuerdo, que Trump calificó como "una gran capa de seguridad económica", también contempla la implementación de un procedimiento aduanero ágil y prioritario para las mercancías entre ambos países, con el fin de reducir la carga burocrática al mínimo posible. El primer ministro británico, Keir Starmer, agradeció que el acuerdo se haya alcanzado coincidiendo con el 80º aniversario del Día de la Victoria en Europa (VE Day), fecha en la que Winston Churchill anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. "Es un homenaje al espíritu de cooperación histórica", afirmó. Aunque aún hay aspectos pendientes de cerrar, este pacto representa el primero desde que Trump reactivó su política arancelaria el pasado abril, con la proclamación del llamado "Día de la Liberación de Estados Unidos", en el que se anunciaron aranceles mínimos del 10% y tarifas más elevadas para unos 50 países, llegando en algunos casos a superar el 50%. Excepto los aranceles impuestos a China (que alcanzan el 145%), la mayoría fueron suspendidos poco después debido al desplome de los mercados y el riesgo de una crisis de deuda. La moratoria de esas tarifas expira a mediados de julio, y el Gobierno estadounidense está aprovechando este plazo para negociar acuerdos bilaterales con los países afectados. Aunque Trump asegura que hay cientos de conversaciones en marcha, la Casa Blanca estima que se concretarán en torno a una veintena de pactos. Entre los prioritarios figuran Japón, Vietnam, India, la Unión Europea, México y Canadá. En el caso del Reino Unido, que ya enfrentaba un arancel del 10% -uno de los más bajos-, no sorprende que sea el primer país en cerrar un acuerdo con Washington. Para Londres, esta negociación es clave, dado que Estados Unidos es su mayor socio comercial individual. Según datos de la Oficina del Censo estadounidense, en 2024 EE.UU. registró un superávit de bienes con el Reino Unido de 11.900 millones de dólares, dentro de un intercambio total de mercancías valorado en 148.000 millones, lo que sitúa al Reino Unido como el noveno socio comercial de EE.UU., entre Vietnam e India. Este pacto se suma al firmado recientemente entre el Reino Unido e India -el mayor desde el Brexit-, que facilitará la exportación británica de productos como whisky y automóviles, reducirá aranceles sobre ropa y calzado, y permitirá una mayor movilidad laboral para empresas indias en suelo británico. El anuncio coincidió con la decisión del Banco de Inglaterra de recortar los tipos de interés al 4,25%, apenas un día después de que la Reserva Federal de EE.UU. optara por mantenerlos estables, ampliando así la divergencia en las políticas monetarias a ambos lados del Atlántico. Los mercados reaccionaron positivamente. Al conocerse el acuerdo, Wall Street abrió con subidas: el Nasdaq avanzó más de un 0,8% y el S&P 500 sumó un 0,6%, encadenando su mejor racha en dos décadas, impulsado además por la reducción de tensiones con China. Este fin de semana, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reunirá en Ginebra con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para iniciar conversaciones con vistas a una posible tregua arancelaria entre ambas potencias. Los términos pactados con el Reino Unido podrían servir como referencia para las negociaciones con la Unión Europea, que actualmente se enfrenta a un arancel del 20%, el doble del aplicado a Londres. Mientras Trump celebraba el acuerdo con su aliado británico, Bruselas anunciaba una posible represalia arancelaria de hasta 95.000 millones de euros si no se alcanza un entendimiento con Washington en los próximos meses.

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(El País, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas endurece su posición en la guerra comercial con EE UU al plantear una respuesta arancelaria de 95.000 millones

La Unión Europea sigue apostando por una salida pactada a la guerra comercial desatada por Estados Unidos, aunque ya contempla seriamente el fracaso de las negociaciones y se prepara para actuar en consecuencia. La Comisión Europea ha elaborado un paquete de medidas de respuesta ante los nuevos aranceles generalizados que impuso el presidente Donald Trump el pasado 2 de abril, con un gravamen inicial del 10%. Si estas medidas siguen adelante, Bruselas amenaza con aplicar represalias sobre importaciones estadounidenses valoradas en 95.000 millones de euros. Además, la UE contempla imponer restricciones a ciertas exportaciones propias hacia Estados Unidos y activar el mecanismo de denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), si no se alcanza un acuerdo negociado. En paralelo, la Comisión ha endurecido su postura y este jueves lanzó una consulta pública con la intención de aplicar nuevos aranceles a productos estadounidenses por un valor aproximado de 95.000 millones de euros, según los datos comerciales de 2024. Esta acción se suma a una subida de derechos aduaneros sobre productos valorados en 20.600 millones de euros, ya aprobada, pero congelada durante 90 días para dar margen al diálogo. Aunque la cifra total de represalias potenciales -115.600 millones de euros- está muy por debajo de los más de 360.000 millones aplicados por EE. UU., supone un giro respecto a la actitud conciliadora que había mantenido hasta ahora Bruselas. Hasta el momento, la UE no ha tomado ninguna medida concreta contra los aranceles ya vigentes del 25% que afectan al acero, aluminio, automóviles y sus componentes, ni contra el arancel general del 10% que Washington presentó como "recíproco", aunque con un margen negociable. "La imposición de estos aranceles ya está generando consecuencias negativas para la economía global. Desde la UE seguimos comprometidos con una solución dialogada. Estamos convencidos de que aún es posible alcanzar acuerdos beneficiosos para los ciudadanos y las empresas a ambos lados del Atlántico. No obstante, nos preparamos para todos los escenarios, y esta consulta pública contribuirá a definir nuestra estrategia", ha declarado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El proceso de consulta, que finalizará el 10 de junio, no establece aún el porcentaje de los nuevos aranceles, pero sí enumera una extensa lista de productos industriales y agrícolas que podrían verse afectados. Entre ellos, destacan bienes por 12.900 millones de euros del sector químico y plástico, 10.500 millones en aeronaves y sus componentes (impactando directamente a Boeing), 12.300 millones en automóviles y piezas, y 6.400 millones en alimentos y productos agrícolas. Aunque Bruselas muestra una postura más firme, sus medidas no buscan replicar exactamente el daño causado por Washington. La lista de productos sancionables no sigue el criterio de "euro por euro" o "dólar por dólar" que sí se utilizó en la respuesta inicial a los aranceles sobre el acero y el aluminio. Desde la Comisión aseguran que el objetivo no es escalar el conflicto, sino restablecer el equilibrio en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

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(El País, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España, en riesgo de incumplir el plazo de ejecución de los Fondos Europeos

A poco más de un año para que venza el plazo establecido por Bruselas para ejecutar la totalidad de los fondos europeos asignados, España aún no ha alcanzado el ritmo necesario y corre el riesgo de no cumplir con el calendario del Plan de Recuperación. Según estimaciones de BBVA Research, hasta finales de 2024 se habrían ejecutado 46.243 millones de euros, lo que representa el 58% del total previsto. Este nivel de ejecución, lejos de garantizar el cumplimiento, obliga a acelerar significativamente para no perder parte de los fondos disponibles. Para aprovechar íntegramente los recursos dentro del plazo establecido por la Comisión Europea, sería necesario incrementar el ritmo de ejecución en un 29%, según las proyecciones del centro de estudios. Aunque oficialmente el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia concluye el 31 de diciembre de 2026, la normativa europea establece que las inversiones deben estar completadas en agosto de ese año, lo que reduciría aún más el margen de maniobra. Bajo la hipótesis de que el plazo se extienda hasta finales de 2026, al ritmo actual, España dejaría sin utilizar alrededor del 91% de los fondos asignados. Este análisis respalda las advertencias lanzadas por Bruselas el verano pasado, cuando pidió a España un esfuerzo adicional para implementar los fondos de forma eficaz. En aquel momento, ya se instaba al país a "acelerar las inversiones, corregir los retrasos y fortalecer su capacidad administrativa", aspectos que siguen sin resolverse del todo. También se alertaba de posibles dificultades para absorber los fondos, es decir, convertir las asignaciones en proyectos viables y ejecutables por parte del tejido productivo. Aunque el informe no predice un incumplimiento seguro, sí advierte de una presión creciente entre los plazos y la capacidad del sistema para convertir los compromisos en gasto efectivo. Para alcanzar los objetivos, habría que aumentar la ejecución mensual desde los 1.160 millones actuales hasta unos 1.500 millones, un ritmo superior incluso al de los mejores meses de 2023. Sin embargo, desde mediados de ese año, tanto las licitaciones como las adjudicaciones han disminuido, y los datos del primer trimestre de 2025 apuntan a una continuidad en esta desaceleración. La mayor parte de la ejecución ha sido asumida por el Gobierno central, que concentra el 64% del gasto comprometido, frente al 28% de las comunidades autónomas. Estas últimas se han centrado más en políticas sociales, culturales y de transición energética, mientras que el Estado ha destinado los recursos a infraestructuras, movilidad, digitalización y grandes proyectos estratégicos (PERTE), que suman más de 21.000 millones de euros. Sin embargo, algunos de estos proyectos aún tienen convocatorias sin resolver, como en el caso del hidrógeno verde, las energías renovables y la economía circular, donde falta por adjudicar cerca del 50%. Algunos proyectos clave, como la construcción de la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), ya han comenzado. Pero en términos generales, una gran parte de los fondos sigue bloqueada en trámites administrativos o aún no ha llegado a la fase de ejecución. Aunque se han convocado ayudas y licitado contratos por casi la totalidad del dinero previsto hasta 2024 (79.607 millones sobre 79.870), la ejecución efectiva es mucho menor. Las licitaciones están más avanzadas, con un 71% del importe ya adjudicado sobre un total de 33.350 millones. En cambio, solo se ha concedido el 48% de las subvenciones convocadas, y en el 40% de las convocatorias no se había registrado ninguna concesión al cierre de 2024. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de acelerar, ya que no existe margen para extender los plazos más allá de 2026, a menos que todos los países miembros acuerden modificar la normativa, algo improbable. Además del retraso general, también se observan diferencias importantes según el tipo de beneficiario. Aunque muchas pequeñas y microempresas han accedido a las licitaciones, son las grandes empresas las que han absorbido el 53% de los fondos. En el caso de las personas físicas, aunque representan el 62% de los beneficiarios, solo han recibido el 9% del dinero total. Un patrón similar se repite con las subvenciones: las microempresas constituyen dos tercios de los beneficiarios, pero solo han recibido el 25% del importe concedido. En cuanto al reparto territorial, Madrid, Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad del gasto ejecutado, en proporción a su peso económico y poblacional. Sin embargo, en términos per cápita, se empieza a observar una cierta tendencia hacia la convergencia regional.

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(El Periódico, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno salva el decreto contra los aranceles de EEUU con acuerdos con Junts y ERC

Este jueves, el Gobierno acudió al Congreso confiado en que el real decreto destinado a contrarrestar los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump sería aprobado. Sin embargo, persistía la incertidumbre ante una posible negativa de Junts, que ya se intuía desde la tarde anterior. Finalmente, el Ejecutivo logró sacar adelante el decreto, que contempla más de 5.000 millones en avales y otros 7.000 millones en distintos instrumentos financieros. La aprobación fue posible gracias al respaldo de la mayoría del bloque que apoyó la investidura, tras llegar a acuerdos clave con ERC y Junts, mientras que Podemos se abstuvo y PP, Vox y UPN votaron en contra. En los instantes previos a la votación, en los pasillos del Congreso, dirigentes del PSOE aseguraban que el Gobierno había hecho su trabajo y negociado los apoyos necesarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responsable de liderar las conversaciones parlamentarias, agradeció la actitud constructiva de los grupos y destacó la importancia de la norma ante el "complejo contexto internacional y la incertidumbre que enfrentan las empresas españolas". El Ejecutivo consiguió el sí de Junts tras aceptar algunas modificaciones propuestas por el grupo catalán. Según explicó el diputado Josep Maria Cruset, se acordó que la distribución de los instrumentos financieros se hará en proporción al peso de las exportaciones catalanas a Estados Unidos, lo que se traduce, según sus cálculos, en que el 25% de los avales podrían beneficiar a empresas catalanas. Además, se pactó que el ministro rinda cuentas de forma trimestral sobre la evolución del plan y que se celebre una reunión mensual con representantes de Junts para hacer seguimiento del mismo. La última de estas reuniones, celebrada el miércoles por la tarde, fue clave para asegurar su apoyo final. Por su parte, ERC también cerró un acuerdo con el Gobierno durante el debate. La diputada Inés Granollers anunció que se han asegurado compromisos para que las futuras ayudas públicas directas a empresas estén condicionadas a la preservación del empleo. El pacto también contempla un seguimiento periódico por parte del Ejecutivo sobre el impacto en empleo, exportaciones y producción en los sectores más afectados, con el objetivo de implementar nuevas medidas cuando sea necesario. Además, se garantizará que estas ayudas no se utilicen para deslocalizar empresas ni para reducir puestos de trabajo en los sectores perjudicados. El decreto, aprobado inicialmente en abril tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 20% a todas las importaciones europeas -una medida actualmente suspendida-, contó con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. La mayoría fue estrecha y estuvo en riesgo por la abstención de Podemos, que criticó que el plan no confronta con firmeza a Trump, al que calificaron de "matón". En oposición al Gobierno se situaron PP, Vox y UPN. En los días previos a la votación, con los apoyos aún inciertos, el Ejecutivo acusó a los populares de no apoyar una medida positiva para las empresas españolas. Sin embargo, este jueves, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, calificó el decreto de "irrelevante", argumentando que solo ofrece a las empresas más endeudamiento a través de préstamos y avales. También reprochó al ministro Cuerpo no haber aceptado ninguna propuesta de su grupo: "Negociar no es solo informar de lo que piensa hacer; esto no puede ser un contrato de adhesión en el que usted impone sus medidas sin aceptar ninguna de las nuestras y luego espera que las apoyemos", señaló.

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(Cinco Días, 08-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed no cede ante Trump y mantiene los tipos en el 4,5%

La Reserva Federal decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés, que continúan en el rango del 4,25% al 4,5%, por tercera vez consecutiva en lo que va de año. Esta medida, ampliamente esperada por analistas e inversores, refleja además el firme compromiso del banco central estadounidense con preservar su independencia institucional frente a las crecientes presiones de la Casa Blanca. "La incertidumbre sobre el panorama económico se ha intensificado; los riesgos de un repunte tanto en el desempleo como en la inflación han aumentado", advirtió la Fed en un comunicado oficial, declaración que luego fue respaldada por su presidente, Jerome Powell. A pesar de este contexto, el organismo optó por mantener una postura de espera. Tal como había anticipado Powell, todavía "no se observan pruebas concluyentes de un debilitamiento persistente en el mercado laboral ni una caída significativa en la demanda interna". Este argumento fue determinante en la decisión y le permite a la Reserva Federal ganar tiempo para evaluar más a fondo los efectos de la guerra comercial y la incertidumbre política. Los datos económicos recientes respaldan, por ahora, esta postura: la inflación bajó al 2,4% en marzo (el dato de abril se conocerá en breve) y el desempleo se mantiene en un 4,2%, muy cerca de sus niveles más bajos en la historia. Sin embargo, la medida no logró calmar completamente a los mercados, que vivieron una jornada marcada por la volatilidad. La noticia de que Estados Unidos y China retomarán conversaciones para aliviar las tensiones comerciales ayudó a mitigar el nerviosismo. Inicialmente, los principales índices bursátiles registraron caídas tras el anuncio de la Fed, pero las declaraciones posteriores de Powell suavizaron el impacto y llevaron al cierre en positivo: el Nasdaq subió un 0,27%, el S&P 500 un 0,43% y el Dow Jones un 0,7%. Los inversores temen que si la Fed tarda demasiado en comenzar a reducir los tipos, se vea obligada a realizar recortes más abruptos más adelante. Algunos analistas incluso prevén hasta cinco recortes antes de que finalice el año si la economía se deteriora notablemente. Aquellos que, como el expresidente Trump, abogaban por una rebaja preventiva en esta reunión también encuentran razones que respaldan esa postura: el PIB de Estados Unidos cayó un 0,3% anualizado en el primer trimestre, siendo esta la primera contracción trimestral desde 2022. La gran incógnita sigue siendo qué rumbo tomará la Reserva Federal en los próximos meses. Ayer, todos estaban atentos a cualquier señal de Powell sobre cuándo podría reanudarse la reducción de tipos iniciada en la segunda mitad de 2024, antes del regreso de Trump al poder. Powell dejó claro que antes de actuar quiere entender plenamente cómo afectarán a la economía las políticas proteccionistas de la Casa Blanca, para evitar decisiones precipitadas que luego deban revertirse, especialmente si se reavivan las presiones inflacionarias. Fue claro: "Vamos a actuar con cautela; no hay urgencia. Estamos en condiciones de esperar y observar".

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(Expansión, 08-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos deberán demostrar negligencia por parte de sus clientes

El magistrado Manuel Almenar, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, hace referencia a la Directiva europea sobre servicios de pago y a la legislación española correspondiente, en las que se establece que la única obligación de los usuarios es informar al banco de cualquier movimiento no autorizado en sus cuentas. En caso contrario, será la entidad bancaria la que deba demostrar que el cliente actuó con negligencia, facilitando así el fraude digital que derivó en el robo. En la resolución del caso, aunque Ibercaja Banco contaba con los sistemas de seguridad requeridos por la normativa y logró recuperar cerca de 27.000 euros del monto total sustraído, el Tribunal Supremo destaca que el cliente ya había alertado días antes de haber recibido varios mensajes SMS sobre transferencias que no había solicitado y notificaciones de seguridad enviadas por Google. A pesar de esto, el banco no reforzó sus medidas de seguridad. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿qué se entiende por negligencia? El magistrado señala como ejemplo el hecho de guardar las credenciales necesarias para autorizar un pago junto con el medio de pago, en un formato que pueda ser fácilmente descubierto por terceros. Si se trata de una operación en línea, añade Almenar, corresponde al proveedor de servicios probar que el cliente actuó con negligencia. En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo ha determinado que las entidades bancarias deben asumir la responsabilidad por las pérdidas económicas sufridas por clientes que hayan sido víctimas de fraudes digitales o clonación de tarjetas. El fallo, emitido el pasado 9 de abril, hace alusión al caso de un cliente de Ibercaja Banco que perdió más de 80.000 euros tras ser víctima de una técnica de fraude conocida como SIM Swapping, mediante la cual los delincuentes duplicaron su tarjeta SIM y realizaron múltiples operaciones ilícitas. Tras solicitar al banco la devolución del dinero sin éxito, el caso llegó al Tribunal Supremo, que finalmente ordenó a Ibercaja la restitución inmediata del importe sustraído y estableció jurisprudencia sobre la responsabilidad de los bancos frente al aumento de este tipo de fraudes. La Sala de lo Civil considera que las entidades deben contar con sistemas de seguridad eficaces, como el cifrado a través de dispositivos personales, para reducir el riesgo de suplantación de identidad y otras acciones fraudulentas. Asimismo, el fallo sostiene que los bancos deben vigilar atentamente las transacciones de sus clientes para identificar movimientos anómalos y prevenir fraudes mayores. En este sentido, bastaría con controles automáticos de ciertos factores -como el número de operaciones, la frecuencia, el horario, los importes o las entidades de destino- para activar alertas y reforzar los mecanismos de verificación. El Tribunal señala que no es razonable ni habitual que una persona que nunca realiza operaciones en horas nocturnas, de repente, ejecute 17 transacciones seguidas por cantidades elevadas. De la misma manera en que el sistema rechazó dos pagos por Bizum por exceder el límite diario, el proveedor de servicios debe adoptar medidas de seguridad que aseguren el correcto funcionamiento del sistema y reduzcan al mínimo los riesgos y consecuencias de un posible fraude. Finalmente, la sentencia también invalida las cláusulas contractuales que pretenden aumentar las obligaciones del cliente en cuanto a la carga de la prueba o disminuir las responsabilidades de los bancos. A partir de ahora, estas cláusulas serán consideradas nulas.

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(Expansión, 08-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez exime a las renovables del apagón y arremete contra las nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su comparecencia en el Congreso de los Diputados, prevista inicialmente para presentar el plan de rearme, para referirse también al apagón eléctrico generalizado que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. Según argumentó, aunque se trata de temas distintos, están conectados por su relevancia actual y por su naturaleza. En su intervención, Sánchez elogió la reacción de la ciudadanía durante la crisis, pero evitó cualquier forma de autocrítica. Solicitó tiempo para esclarecer las causas del fallo eléctrico y poder depurar las "responsabilidades políticas" correspondientes. Al mismo tiempo, se apresuró a desvincular lo ocurrido del uso de energías renovables y criticó a los "lobbies" que, a su juicio, han utilizado el incidente para defender la extensión de la vida útil de las centrales nucleares y promover los intereses de los "ultrarricos que dirigen las grandes energéticas". "Los ciudadanos quieren respuestas, y el Gobierno también", señaló Sánchez, comprometiéndose a una investigación "prudente, rigurosa y transparente", en colaboración con las compañías del sector. Informó de que todos los actores del sistema eléctrico están implicados en las pesquisas, y que se ha creado una comisión nacional de investigación con equipos específicos dedicados a la ciberseguridad y al análisis técnico del sistema eléctrico. Aseguró que cualquier hallazgo será difundido con total transparencia. Por el momento, los datos oficiales indican que el 28 de abril, a las 12:33 horas, se produjo una secuencia de fallos que, en cuestión de segundos, desestabilizó el sistema eléctrico, provocando un corte masivo de suministro. Sánchez explicó que la primera anomalía se detectó en el sur del país, seguida de otras dos en la zona suroeste. Pidió comprensión ante la complejidad del análisis, que implica el estudio de 756 millones de datos procedentes de unas 4.200 instalaciones del sistema eléctrico en apenas 20 minutos. Además, señaló que la Comisión Europea ha iniciado una investigación independiente cuyos primeros resultados no se conocerán hasta dentro de seis meses. Insistió en que el Ejecutivo no adelantará conclusiones sin base sólida y prometió llegar hasta el final para identificar las causas, fortalecer la red eléctrica y asumir las responsabilidades políticas pertinentes. Sin embargo, por ahora, el Gobierno mantiene su apoyo a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Sánchez defendió con firmeza el papel de las energías renovables, desvinculándolas totalmente del apagón, y calificó de "manipulación colosal" los intentos de asociar lo ocurrido con la necesidad de mantener operativas las centrales nucleares. Reafirmó su apuesta por un modelo energético verde, argumentando que las renovables son seguras, económicas y esenciales para combatir la crisis climática, además de generar empleo e inversión. El presidente también cuestionó las intenciones de quienes, aprovechando la situación, promueven soluciones alineadas con su propia agenda ideológica y con los intereses de las empresas propietarias de las centrales nucleares. Subrayó que no existe ninguna evidencia de que el apagón se debiera al exceso de energías renovables o a la escasez de nucleares. De hecho, explicó que ese día, las nucleares estaban generando 3.000 megavatios que quedaron desconectados tras el fallo, mientras que la reactivación del sistema fue posible gracias a las interconexiones internacionales, las plantas de ciclo combinado y las hidroeléctricas. También recordó que el calendario de cierre de las nucleares, establecido entre 2027 y 2035, fue pactado entre las propias empresas eléctricas, con el respaldo del Gobierno. Aclaró que si las compañías decidieran renegociar ese calendario, el Ejecutivo estaría dispuesto a escuchar, pero imponiendo tres condiciones: seguridad para los ciudadanos, viabilidad económica sin costes para los contribuyentes y garantía de suministro. Sánchez admitió que la transición hacia un sistema eléctrico verde será compleja y requerirá inversiones en tecnología, refuerzo de infraestructuras de almacenamiento y distribución, así como la modernización de las conexiones con Europa y un marco regulatorio que garantice la estabilidad del sistema. Por otro lado, celebró que el impacto económico del apagón haya sido limitado. Según datos de Redsys, las compras cayeron en 415 millones de euros ese día, pero dos tercios de esa cifra se recuperaron en las 48 horas siguientes. A pesar de ello, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró dispuesto a considerar ayudas a la industria electrointensiva, tal como ha solicitado Bildu. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió dimisiones y criticó la falta de explicaciones inmediatas por parte del Ejecutivo, reprochando a Sánchez que se limitara a decir que "se fundieron los plomos". Las críticas por la tardanza en dar explicaciones fueron compartidas incluso por socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, que lamentaron la "eternidad" que tardó Sánchez en pronunciarse sobre el apagón.

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(Expansión, 08-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los 100 mayores grupos familiares piden un pacto de Estado PSOE-PP

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), reconocido como el principal grupo de presión empresarial en España, ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno en la búsqueda conjunta de soluciones ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales. Su presidente, Ignacio Rivera, hizo un llamamiento durante la asamblea general anual del IEF a alcanzar consensos y promover un gran pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas, concretamente el PSOE y el PP. Rivera defendió la necesidad de afrontar de forma razonada, sin extremismos, los retos del momento, como la guerra comercial impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump. Subrayó la importancia de abordar cuestiones clave como la inmigración, la defensa, la innovación tecnológica, la energía y la vivienda. "Tenemos que hacer los deberes, no solo los políticos, también los empresarios", remarcó desde el Palacio de la Bolsa de Madrid, donde se celebró el encuentro. El IEF, fundado en 1992, agrupa actualmente a un centenar de los mayores grupos empresariales familiares del país, con una representación territorial que alcanza a unas 1.800 compañías. La organización celebra dos grandes citas anuales: esta asamblea general, de carácter más privado, y un congreso multitudinario en otoño. Entre sus miembros destacan firmas como Mercadona, Acciona, Barceló, Estrella Galicia, Torreal o Cosentino. La junta de gobierno está integrada por representantes de empresas como Antolín, Coca-Cola Europacific Partners, Iberostar, Gestamp, Catalana Occidente o Sener. Esta última fue presidida hasta el año pasado por Andrés Sendagorta, quien cedió el testigo a Rivera, actual líder de Hijos de Rivera (productora de Estrella Galicia). Rivera transmitió un mensaje optimista, recordando que en los momentos más difíciles también surgen oportunidades. Señaló que tanto España como Europa atraviesan un punto de inflexión que requiere altura de miras y unidad para convertir las amenazas en nuevas posibilidades. Con un tono irónico, incluso bromeó con la figura de Trump: "Le daremos un premio, porque ha logrado que Europa y España se reactiven". Aunque el IEF no participa en negociaciones como la reforma laboral -competencia exclusiva de la CEOE-, su relevancia institucional es comparable o incluso superior, dado que todos sus miembros son empresarios que arriesgan su propio capital. La asistencia del presidente del Gobierno a sus eventos suele generar gran interés. Pedro Sánchez asistió el año pasado tras varias ausencias, marcando un giro en la relación con el IEF. Este año, sin embargo, no pudo acudir por coincidir con una sesión parlamentaria, y tampoco lo hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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