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(El Mundo, 07-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El gobierno asegura que ya han llegado 56.741 millones de euros a la economía real

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compareció en el Congreso a finales de junio. Entonces ya confirmó que se habían ejecutado 53.646 millones de euros dentro de los fondos europeos de recuperación - Next Generation EU- que la Comisión Europea aprobaron en junio de 2021. La cifra se eleva ahora hasta los 56.741 millones, según datos del gobierno a los que ha tenido acceso Onda Cero. Es una cifra significativa pero que viene a confirmar que sólo se ha ejecutado el 34,8% de los fondos de recuperación lo que nos sitúa lejos de la media europea, que está en torno al 50%. El ejecutivo tiene de plazo hasta agosto del año que viene para poder movilizarlos todos. De momento, ese dinero ha ido a 1,26 millones de beneficiarios, de ellos casi un 41% o son pymes o microempresas. Estos fondos europeos han permitido financiar 26.031 viviendas de alquiler social; crear 383.139 plazas de Formación Profesional (FP), modernizar 572.000 hectáreas para crear regadíos sostenibles en 15 CCAA; o adquirir 851 equipos de alta tecnología hospitalaria, según el ejecutivo. Aunque, sin duda, uno de los proyectos estrella tiene que ver tanto con la digitalización de las empresas con el 'Kit digital', que ha llegado a 775.934 pymes y autónomos, como de los ciudadanos en general, aquí más de 800.000 han sido formados en competencias digitales. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha animado a las empresas a que se aprovechen de la llegada de los fondos europeos, a través de los PERTES (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), en concreto, los que afectan al sector del automóvil. Lo ha hecho tras anunciar el lanzamiento de la convocatoria del PERTE VEC IV, dotado con 400 millones de euros, durante su visita al concesionario de SEAT España, en Sedaví (Valencia). El "éxito" de estas convocatorias, asegura Hereu, siempre es que "se agoten los fondos". A España se le agota el tiempo para desbloquear las ayudas europeas. El plan Next Generation, impulsado por la Unión Europea para relanzar y fortalecer la economía comunitaria tras la crisis del coronavirus, ha entrado ya en su recta final. El Gobierno español, que desde 2021 hasta la fecha ha logrado ingresar 55.000 de los 80.000 millones de euros en ayudas no reembolsables asignados al país, tiene hasta el 31 de agosto de 2026 para obtener el 30% restante, o perderlo definitivamente. En el aire queda también el aprovechamiento de unos 67.000 millones en préstamos blandos, el 80% del total, en medio de una parálisis parlamentaria que complicará cumplir todos los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a cambio del dinero. Entre los usos concretos dados a los fondos, destaca la financiación de 26.031 viviendas de alquiler social; 383.139 plazas de Formación Profesional; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga; autobuses libres de emisiones contaminantes, carriles bici y calles peatonalizadas en 218 municipios; el regadío sostenible para 572.000 hectáreas en 15 regiones; 775.934 kits de digitalización para pymes; o bonos de consultoría para otras 17.922. También se han concedido 1.634 millones al fomento del autoconsumo de renovables en hogares y empresas; se han adquirido 851 equipos de alta tecnología hospitalaria, por 800 millones; y se han formado en competencias digitales a 800.000 ciudadanos. A su vez, los grandes proyectos estratégicos, los PERTE, han movilizado 23.800 millones en sectores clave, facilitando la aprobación de tres gigafactorías de baterías o el desarrollo de hidrógeno renovable.

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(Cinco Días, 06-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La actividad privada de la eurozona logra en septiembre su mejor desempeño en 16 meses

Al igual que ocurrió en agosto, la actividad privada de la eurozona volvió a crecer en septiembre gracias al impulso de España. El PMI compuesto, elaborado por S&P Global y el Hamburg Commercial Bank (HCOB), se situó en 51,2 puntos, dos décimas por encima del mes anterior y en su nivel más alto de los últimos 16 meses. Según los analistas, el mayor dinamismo correspondió a la economía española, cuyo indicador alcanzó los 53,8 puntos, la mejor cifra entre los países estudiados. El buen desempeño del turismo explica en gran medida esta evolución. El PMI compuesto avanzó ocho décimas respecto a agosto (51,3 puntos) y encadenó cuatro meses consecutivos por encima de la línea de 50 puntos, que separa la expansión de la contracción. La eurozona registró un aumento "notable" en la demanda de servicios y un repunte "moderado" en los nuevos pedidos. En el caso español, el PMI de 54,3 puntos refleja un fuerte crecimiento de los pedidos y unas "condiciones de demanda favorables". No obstante, los expertos advierten que el avance en la eurozona fue limitado, ya que la mejora de la demanda fue débil y el empleo descendió por primera vez desde febrero. El retroceso de la demanda exterior, en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, continúa pesando en los resultados tras más de tres años de caídas. Por países, Francia fue el único en terreno contractivo (48,1 puntos). Alemania e Irlanda alcanzaron los 52 puntos, su mejor dato en un año y medio, mientras que Italia se quedó en 51,7 puntos. El economista jefe del HCOB, Cyrus de la Rubia, considera que el repunte de los nuevos pedidos apunta a que el sector privado podría seguir creciendo en los próximos meses. Además, al mantenerse el PMI compuesto en expansión durante el tercer trimestre, estima que el PIB de la eurozona habría registrado un crecimiento del 0,4% respecto al trimestre previo. De cara al futuro, las compañías del sector privado se muestran optimistas y esperan una mejora de la actividad en los próximos 12 meses.

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(Expansión, 06-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca pelea en Bruselas una rebaja de capital de 100.000 millones de euros

La banca acude a Bruselas con una factura simbólica bajo el brazo. Las asociaciones del sector y las principales entidades financieras mantienen conversaciones con la Comisión Europea sobre su plan para simplificar la normativa y solicitan que dicha simplificación se traduzca en la liberación de hasta 100.000 millones de euros actualmente inmovilizados por exigencias de capital. Esa es la cifra que las patronales bancarias han estimado como objetivo, equivalente al aumento registrado en los últimos cuatro años en los denominados colchones macroprudenciales y microprudenciales que las entidades están obligadas a mantener. Estos mecanismos de protección, que van desde los requerimientos adicionales impuestos a los bancos sistémicos hasta los colchones anticíclicos activados cuando la economía se recalienta, se aplican como exigencias suplementarias a las normas internacionales de Basilea III. En este periodo, el volumen de estas exigencias ha crecido un 63%, precisamente en los 100.000 millones de euros cuya liberación reclama el sector dentro de la próxima reforma regulatoria. En total, los colchones adicionales ya superan los 270.000 millones de euros. "Necesitamos previsibilidad y estabilidad en los requerimientos de capital. El incremento de los últimos años ha sido discrecional y nos impide conocer cuál es el límite", señala María Abascal, directora general de la AEB y presidenta del Comité Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea. Desde la directiva bancaria se insta a los líderes de la UE a priorizar el crecimiento y la competitividad del bloque, y se pide que cada sector pueda desarrollar su potencial "sin estar restringido por cargas que, en muchos casos, resultan redundantes", como consideran que sucede en la banca. El sector argumenta en Bruselas que otras regiones, como Estados Unidos, ni siquiera aplican plenamente los estándares de Basilea, mientras que la Unión Europea impone a sus bancos exigencias de capital mucho más elevadas. Según defienden, esto genera una desventaja competitiva frente a sus rivales internacionales. "Hace tiempo que comprobamos que una ratio de capital superior al 15% es suficiente para garantizar la solvencia y solidez de una entidad, pero, pese a ello, las exigencias siguen aumentando año tras año", indican fuentes financieras que participan en el debate en Bruselas. Añaden que, cuando no es el Banco Central Europeo el que eleva los requisitos, lo hacen las autoridades nacionales. Los bancos consideran que se ha vuelto una práctica habitual responder a cualquier preocupación supervisora con mayores exigencias de capital, cuando existen otras herramientas más eficaces para gestionar los riesgos del sistema financiero. Según datos recogidos en un informe de la asociación GARP, que la Federación Bancaria Europea presenta en sus reuniones con las instituciones comunitarias, liberar los fondos retenidos en los colchones adicionales permitiría incrementar el crédito en la zona euro desde 2,7 hasta 4,1 billones de euros. De esta manera, las entidades presionan a Bruselas en un momento en que el bloque necesita reforzar su capacidad de financiación para afrontar retos como la inversión en defensa. Aun así, pese a la firmeza del sector, la negociación para reducir las exigencias de capital se prevé compleja. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y responsable del grupo de trabajo sobre simplificación regulatoria, recordó que "se fijaron algunas líneas rojas, y la principal es que las ratios de capital no deben reducirse". Según De Guindos, "la solvencia es esencial y esa fortaleza constituye una de las mayores ventajas del sistema bancario europeo frente a otras jurisdicciones". No obstante, reconoció que la estructura de capital actual es excesivamente compleja y podría simplificarse sin poner en riesgo los niveles de solvencia.

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(Expansión, 06-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas acelera la reforma para facilitar ayudas a la vivienda en la UE

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para revisar las normas que regulan el control de las subvenciones, con el objetivo de permitir que los Estados miembros incrementen las ayudas destinadas a la vivienda. Apenas unos días después de anunciar un nuevo plan para combatir la crisis de acceso a la vivienda, Bruselas ha dado un paso más al acelerar la tramitación de estas medidas, iniciando el proceso de consulta para reformar las reglas sobre ayudas estatales y facilitar así la concesión de más subvenciones destinadas a promover viviendas asequibles en toda la Unión Europea. Según explicó la institución comunitaria en un comunicado, "las actuales normas sobre ayudas estatales no están preparadas para permitir que los Estados aborden los distintos retos relacionados con el acceso a una vivienda asequible más allá del ámbito de la vivienda social". La Comisión añadió que la revisión ofrecerá a los países "una nueva herramienta para hacer frente a la urgencia de la crisis habitacional, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y permitiendo adaptar las reglas a las particularidades de cada Estado miembro". La modificación del reglamento de Servicios de Interés Económico General (SGEI, por sus siglas en inglés) incorporará una nueva categoría en la lista de ayudas que los Estados podrán aprobar sin necesidad de autorización previa por parte de Bruselas. Esta nueva categoría se denominará Viviendas para hogares que no pueden acceder a precios asequibles debido a las condiciones del mercado y, en particular, a sus fallos estructurales. Además, la propuesta incluye ajustes en la normativa actual para "modernizar y simplificar las reglas" de aprobación de ayudas, junto con actualizaciones en otras áreas como los medicamentos esenciales, el transporte aéreo y el sector marítimo. Esta iniciativa constituye el primer paso del plan que impulsa la presidenta Ursula von der Leyen para hacer frente a la creciente crisis de vivienda que afecta a toda la Unión Europea. El problema es especialmente acuciante en España, que, según Eurostat, es el quinto país -y la primera gran economía- donde más se han encarecido los precios, con un aumento interanual del 12,8% en el segundo trimestre del año. Los resultados de la consulta pública serán evaluados por la Comisión Europea en los próximos meses, con la intención de aprobar las medidas y ponerlas en marcha "antes de que finalice el año", junto con el resto de iniciativas del nuevo Plan de Vivienda. Paralelamente, el comisario europeo de Economía y Vivienda, Dan Jørgensen, presentó las líneas principales del plan europeo para fomentar la vivienda asequible, que incluye diversas medidas para aliviar las tensiones en el mercado inmobiliario. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una nueva Plataforma Europea de Inversión en Vivienda, cuyo objetivo será coordinar los mecanismos de financiación para aumentar el parque de viviendas en la UE, cuya escasez es una de las principales causas del aumento sostenido de los precios. Esta plataforma estará impulsada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto con los bancos públicos de desarrollo nacionales -como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en España- y entidades privadas, fomentando así la colaboración público-privada. "Vamos a desbloquear nuevos modelos de financiación y una cooperación más estrecha entre la inversión pública y la privada", señaló Jørgensen, quien añadió que "al canalizar más recursos a través de plataformas como esta, podremos obtener mejores resultados en materia de vivienda social, residencias de estudiantes y viviendas sostenibles y asequibles en toda la Unión Europea". Además, la Comisión planea incrementar de forma directa los fondos comunitarios destinados a la vivienda. Jørgensen adelantó que "ya se está trabajando con los Estados miembros para duplicar el apoyo a la vivienda dentro del marco de la política de cohesión".

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(El País, 06-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE aprieta el paso con el euro digital mientras la banca busca el encaje de sus sistemas de pago electrónicos

El Banco Central Europeo (BCE) ha adjudicado recientemente a varios proveedores el desarrollo tecnológico de cinco componentes clave del euro digital, al mismo tiempo que publicaba un informe con los resultados de dos grupos de trabajo dedicados a esta iniciativa. Aunque se trata solo de pequeños avances, reflejan que el euro digital se ha convertido en una prioridad estratégica dentro de la agenda económica y política de la Unión Europea. En las últimas semanas, los ministros de Finanzas europeos ya habían acordado en Copenhague que compartirían con el BCE la decisión sobre los límites de tenencia de esta nueva moneda digital. Además, el Parlamento Europeo prevé tener listo este mismo mes el informe sobre el texto legislativo que regulará el proyecto. Todo apunta a que el euro digital, una versión electrónica del dinero físico emitido por el BCE para realizar pagos y transferencias con nuevas funcionalidades, avanza con paso firme, mientras la banca comienza a adaptarse ante el riesgo de que esta innovación afecte a su negocio tradicional. Desde que la Comisión Europea presentó en 2022 la propuesta legal, el proyecto ha sido recibido con reserva por parte del sector financiero, que reconoce no haber impulsado antes un sistema de pagos verdaderamente europeo. Hasta ahora, el continente ha dependido en gran medida de empresas estadounidenses como Visa y Mastercard, lo que ha alimentado la necesidad de una mayor soberanía en los pagos. La tensión geopolítica derivada del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reforzado aún más ese argumento, según se ha escuchado tanto en Bruselas como en Fráncfort. En los últimos meses, además, ha surgido otro motivo para acelerar el proyecto: frenar el avance de las stablecoins, monedas digitales privadas respaldadas por divisas reales (como el dólar o el euro) que ya se utilizan de forma masiva en el entorno cripto y podrían dar lugar a un sistema financiero paralelo. Tal como advirtió Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y responsable del euro digital, la reducción del uso del efectivo está generando riesgos para la competencia, la inclusión, la estabilidad y la soberanía monetaria. Por ello, la UE busca impulsar el euro digital para que coexista con soluciones privadas, como Bizum, dentro de una red paneuropea de pagos. Sin embargo, los bancos no ven grandes incentivos económicos: serán los intermediarios entre el BCE y los ciudadanos, pero deberán asumir fuertes inversiones tecnológicas sin garantías de rentabilidad. Algunas entidades están incluso acelerando sus propias alternativas privadas para adelantarse al lanzamiento del euro digital. Desde Bruselas, en cambio, se insiste en que los bancos obtendrán ingresos mediante comisiones a los comercios, igual que con las tarjetas actuales. Aun así, las entidades financieras reclaman que el BCE aproveche la infraestructura existente para evitar duplicidades y reducir costes. Un informe de PwC calcula que la implantación del euro digital costaría al sector unos 18.000 millones de euros, cifra que podría elevarse a 30.000 millones si se incluyen funciones más avanzadas, como los pagos sin conexión. En promedio, cada banco debería invertir alrededor de 110 millones de euros y destinar casi la mitad de su personal durante cuatro años. La consultora advierte que el modelo actual exige "un esfuerzo financiero desproporcionado" y pide un sistema de compensación justo que equilibre la inversión y mantenga la competitividad. El problema de la rentabilidad es clave para entender el escepticismo del sector. Los bancos llevan años desarrollando pagos instantáneos, como Bizum, sin haberlos monetizado aún, ya que las transferencias entre particulares son gratuitas. Confían en empezar a obtener ingresos a partir de 2026 cuando se extiendan a los comercios. Tradicionalmente, el sistema de pagos europeo ha girado en torno al efectivo y las tarjetas, un modelo rentable para bancos y operadores como Visa o Mastercard. Aunque los consumidores no pagan directamente, los comercios sí abonan comisiones por cada transacción. Según el BCE, las tiendas de la eurozona pagan entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año por compras realizadas con tarjetas de débito no europeas, y los pequeños comercios soportan tarifas tres o cuatro veces más altas que las grandes empresas. Reducir esos costes beneficiaría a los comercios, pero recortaría los ingresos de los bancos. "La única fuente de ingresos será el comercio, pero será menor que con las tarjetas", señala Elías Ghanem, de la consultora Capgemini. Un directivo bancario añade que el mecanismo de compensación debe ser equilibrado y garantizar que los costes de la infraestructura estén cubiertos. Otro riesgo para la banca es que, en caso de crisis, los ciudadanos trasladen sus ahorros a euros digitales, el equivalente electrónico a retirar efectivo de los bancos. Para evitarlo, el BCE estudia imponer un límite de tenencia, posiblemente de unos pocos miles de euros, aunque el sector presiona para que sea mucho menor, en torno a 500 euros, alineado con el uso medio del efectivo. A este escenario se suma un mercado de pagos cada vez más fragmentado. Hoy conviven Bizum, las transferencias inmediatas y tradicionales, las tarjetas, el efectivo, las wallets tecnológicas (como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay) y, próximamente, el euro digital. Para los comercios, esta diversidad de sistemas puede resultar ineficiente. Como resumen desde McKinsey: "Un buen método de pago debe ser cómodo, económico y sencillo. Un pequeño negocio no va a querer gestionar veinte terminales distintos".

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(Expansión, 03-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo cierra la temporada alta con récord de visitantes y de gasto

El sector turístico cerró el verano con un nuevo récord tanto en número de visitantes internacionales como en gasto realizado, aunque el ritmo más moderado de crecimiento complica el objetivo de alcanzar los 100 millones de turistas en 2025. España consolidó su posición como destino de referencia durante la temporada alta: solo en agosto llegaron 11,3 millones de turistas extranjeros, lo que eleva a 66,8 millones el total acumulado entre enero y agosto, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de una cifra histórica, según los datos de la estadística FRONTUR, publicados por el INE. En paralelo, la encuesta EGATUR confirma que el gasto también marcó un máximo: en agosto alcanzó los 16.389 millones de euros, lo que sitúa el desembolso total de los ocho primeros meses en 92.463 millones, un 7,1% más que en 2024. A pesar de los buenos resultados, el sector encadena ya cuatro meses de menor crecimiento en la llegada de visitantes, lo que dificulta cumplir las previsiones fijadas a principios de año. No obstante, el Ministerio de Industria y Turismo, dirigido por Jordi Hereu, celebró los datos señalando que reflejan la apuesta por un modelo sostenible, enfocado en la calidad, la diversificación de la oferta y la desconcentración de destinos. En cuanto a los principales territorios receptores, Cataluña lidera el ranking con 13,8 millones de visitantes, seguida de Baleares con 11,5 millones, y Canarias, que recibió 10,3 millones, un 4,5% más que en 2024. En términos de gasto, Baleares concentra el 23,9%, Cataluña el 19% y Andalucía el 14,5% del total nacional. Por países de origen, Reino Unido sigue siendo el primer mercado emisor: entre enero y agosto llegaron 13,1 millones de británicos (+4,3%), que gastaron 16.550 millones de euros, lo que representa el 17,9% del total y un promedio de 1.263 euros por persona. Francia ocupa la segunda posición con 9,1 millones de turistas, aunque su gasto, 8.414 millones, los sitúa en tercer lugar. Por delante se colocan los alemanes, con 8,2 millones de visitantes (+2%) y un gasto de 10.725 millones, equivalente al 11,6% del total. El top 5 lo completan Italia (3,9 millones) y Países Bajos (3,5 millones). Por último, una de las incógnitas del año -el posible impacto de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump- se ha despejado: lejos de retraerse, el turismo procedente de Estados Unidos creció un 3,1%, superando los tres millones de visitantes en los ocho primeros meses.

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(Cinco Días, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la zona euro sube hasta el 2,2% tras un trimestre estancada

La inflación en la eurozona ha vuelto a subir. Después de tres meses estabilizada en el 2%, que es justo la meta fijada por el Banco Central Europeo (BCE), en septiembre se ha incrementado dos décimas hasta alcanzar el 2,2%, según datos preliminares publicados este miércoles por Eurostat. Este repunte se debe, en gran parte, a que los precios de la energía ya no bajan al ritmo de meses anteriores, por lo que su efecto de contención sobre la inflación se ha reducido. Los primeros datos de varios países de la zona euro ya anticipaban esta subida tras el verano. Alemania, Francia, Italia y España -las principales economías del área- han registrado un aumento en su inflación armonizada. Aunque en otros países como Eslovenia, Grecia o Portugal el índice ha bajado, estas reducciones no han sido suficientes para contrarrestar el alza general, dado el mayor peso de las economías más grandes. El principal impulsor de este cambio ha sido el comportamiento del sector energético. En los meses anteriores, los precios de la energía bajaban con fuerza, en torno al 2% o más, lo que ayudaba a contener la inflación. Sin embargo, en septiembre la caída fue mínima, apenas del 0,4%, lo que ha repercutido directamente en el índice general. "La situación de la inflación en la eurozona no ha cambiado demasiado. El repunte se debe sobre todo al efecto base en los precios de la energía", explica Bert Colijn, economista de ING. Esta interpretación se ve reforzada por otro dato clave: la inflación subyacente -que excluye alimentos frescos, energía y otros productos volátiles- se mantiene sin cambios en el 2,3%, igual que en los últimos cinco meses. Esto refleja que reducir esta medida al objetivo del 2% está siendo más difícil de lo previsto, y por eso el BCE sigue observándola con especial atención. Colijn añade: "Las previsiones para la inflación subyacente en los próximos meses siguen siendo bastante estables. Las empresas manufactureras y de servicios no esperan grandes variaciones en sus precios de venta. Dado que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,3% en septiembre, lo más probable es que disminuya muy lentamente en los próximos trimestres". Esto, según el analista, facilitaría que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en su próxima reunión, ya que llevan congelados en el 2% desde junio y las dos últimas decisiones han sido pausas. Otro obstáculo para que la inflación general baje al entorno del 2% es el sector servicios. En septiembre, los precios de estos productos subieron una décima, alcanzando el 3,2%. Dado que los servicios representan casi la mitad del índice de precios al consumo, su resistencia a moderarse complica la reducción de la inflación global. Para que se logre el objetivo del BCE, el resto de componentes del IPC tendría que caer mucho más, algo que, por ahora, no parece probable.

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(Cinco Días, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España exigirá un colchón de capital anticíclico del 1% para 2026

A partir del 1 de octubre de 2026, la banca española tendrá que reservar hasta un 1% de sus activos en forma de colchón de capital anticíclico. Así lo ha confirmado este miércoles el Banco de España, siguiendo la hoja de ruta marcada el año pasado, cuando se decidió que las entidades financieras debían comenzar a constituir este fondo con el objetivo de estar preparadas para posibles periodos de debilidad económica y hacer frente a riesgos cíclicos en el sistema financiero. En julio de 2024, coincidiendo con la salida de Pablo Hernández de Cos como gobernador, el Banco de España aprobó que las entidades empezaran a aportar un 0,5% de sus activos en España en 2025. Ahora, tras comprobar que los riesgos siguen bajo control, se ha ratificado el plan de incrementar esa cifra otro 0,5% en 2026, completando así el 1% previsto. En total, se estima que los bancos deberán destinar unos 7.500 millones de euros a este fondo de seguridad. Según el regulador, los riesgos sistémicos cíclicos han permanecido en un nivel "intermedio" durante el último año. Esta decisión ha contado con el respaldo tanto del Banco Central Europeo, que no ha presentado objeciones, como de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI). No obstante, la medida ha generado críticas dentro del sector bancario. Algunas entidades consideran que este tipo de reservas no son prácticas, ya que utilizar esos fondos en una futura crisis podría ser mal visto por los mercados, lo que desincentivaría su uso. Además, los bancos lamentan que se les sigan imponiendo más exigencias regulatorias, justo cuando están presionando a Bruselas para simplificar las normas. Entre los comentarios que ha recibido el Banco de España se encuentra la queja de que se está priorizando la estabilidad financiera por encima de otros objetivos como el crecimiento económico o la competitividad. También se ha señalado que los requisitos de capital se han multiplicado por 3,5 desde 2008. Se han citado informes como los de Letta y Draghi, que insisten en la necesidad de hacer más competitiva la economía europea. Frente a estas críticas, el supervisor asegura que el impacto de este colchón adicional es "muy limitado" y defiende que se trata de la única herramienta disponible con un enfoque contracíclico, útil para garantizar que la banca pueda seguir financiando a la economía real en todas las fases del ciclo económico. En cuanto a la situación macroeconómica, el Banco de España rechaza que las tensiones derivadas de la situación geopolítica o del mercado inmobiliario justifiquen no aumentar esta reserva. Considera que la política macroprudencial actual no es particularmente estricta y que los riesgos, aunque con tendencia al alza, siguen en un nivel moderado. La decisión de avanzar con la segunda fase del colchón se basa en un análisis detallado de riesgos. En la primera parte, se examinaron 16 indicadores que abarcan aspectos macroeconómicos, financieros y bancarios. En general, la mayoría se encuentran en niveles intermedios. Sin embargo, los indicadores macrofinancieros, como la intensidad del crédito o su crecimiento entre hogares y empresas, están en una posición más débil, aunque muestran una evolución al alza. El comportamiento del PIB, el empleo, los mercados financieros y la rentabilidad del sector también se sitúan en niveles intermedios. En la segunda parte del análisis, se han tenido en cuenta factores adicionales, como el exceso de capital de los bancos sobre los mínimos regulatorios -que se estima en una media del 2,9%- y las previsiones de rentabilidad. También se valoró el repunte del crédito a hogares y empresas en los últimos meses. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), los bancos españoles tienen una ratio de solvencia media del 12,7%, bastante por debajo de la media europea del 15,98%. En comparación con países vecinos, la diferencia es aún mayor: Italia (15,95%), Francia (16,06%), Países Bajos (16,11%) y Alemania (16,43%) presentan niveles de solvencia notablemente superiores.

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(El Economista, 02-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda se reúne con las CCAA para buscar consenso con el Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne este jueves con las comunidades autónomas para debatir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que finalice el año. El plazo para presentar aportaciones permanece abierto hasta el 7 de octubre y se prevé una negociación compleja, después de que las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP) emitieran un comunicado rechazando el plan y adelantaran que reclamarán al Gobierno su "desideologización". El encuentro de hoy en la Conferencia Sectorial se produce una semana después de la reunión técnica que mantuvo el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que reiteró la voluntad de consenso del Gobierno con las comunidades autónomas. El nuevo plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, tres veces más que el anterior. De esa cantidad, el Estado financiará el 60% y las comunidades el 40% restante. Según el reparto previsto, un 40% se destinará al incremento de vivienda pública, un 30% a programas de rehabilitación -incluyendo eficiencia energética- y otro 30% a ayudas de carácter urgente. Entre las prioridades que el Ministerio considera irrenunciables figuran: triplicar la inversión en políticas de vivienda, garantizar la protección permanente del parque público y reforzar la transparencia de los datos para ofrecer información fiable a la ciudadanía. El plan se articula en cinco grandes ejes: la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar eficiencia y accesibilidad; medidas específicas para facilitar la emancipación de los jóvenes; la reducción de la tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda en condiciones asequibles; y la intervención en mercados tensionados donde existen mayores dificultades de acceso. Según el Ministerio, comunidades como País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia ya han aceptado estas tres condiciones básicas. Aun así, el consenso no está garantizado. El lunes, y con la reunión ya convocada, las autonomías del PP reiteraron su rechazo al plan, al que acusan de imponer políticas que -según advierten expertos- podrían tener efectos negativos, como la intervención del mercado, la creación de zonas tensionadas o la generalización de subvenciones que acabarían encareciendo los precios. Asimismo, critican que el Gobierno haya elaborado el plan de forma "unilateral" y denuncian que la exigencia de cofinanciación del 40% rompe tanto con el principio de igualdad entre ciudadanos como con la autonomía de las comunidades. Por su parte, Isabel Rodríguez ha reiterado su confianza en la cooperación con las autonomías y ha desmentido que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, como sostiene el PP. "Hace una semana tuvimos una reunión técnica donde todavía se plantearon mejoras que podemos valorar. Muchas ya han sido incorporadas. Por eso me sorprenden algunos comunicados políticos", afirmó ayer en una entrevista en Onda Cero. Aun así, la ministra también ha reconocido en varias ocasiones que espera "poco" de la disposición al acuerdo por parte del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

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(Expansión, 01-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno federal de EEUU echa el cierre tras la falta de acuerdo en el Congreso

La falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto ha desencadenado el cierre de la Administración federal de Estados Unidos. La medianoche de este miércoles -las 6:01 en la España peninsular- marcó el vencimiento del plazo fijado en el Senado para dar luz verde a una prórroga que asegurara la financiación de los fondos federales. Las negociaciones quedaron bloqueadas y el Gobierno se ha visto obligado a aplicar un cierre parcial. Cuando el país despierte, varias agencias federales habrán dejado de operar debido a la interrupción del flujo de recursos públicos. Se trata del primer cierre desde 2018, cuando los demócratas se negaron a financiar el Gobierno de Donald Trump en rechazo a su política migratoria, lo que en aquel momento se prolongó más de un mes. Ahora, las discrepancias entre ambos partidos son aún más profundas. En esta ocasión, los demócratas pedían ampliar los subsidios médicos contemplados en la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) para evitar que miles de ciudadanos se quedaran sin seguro de salud, además de excluir los recortes a Medicaid y a otros programas sanitarios que los republicanos aprobaron en julio como parte de la reforma fiscal impulsada por Trump. El rechazo demócrata representa su primer desafío directo a la Casa Blanca. Los republicanos, por su parte, insistieron hasta el último momento en alcanzar un pacto que mantuviera al Gobierno en funcionamiento, con la idea de seguir negociando posteriormente las demandas pendientes. El plazo máximo era el 30 de septiembre a las 23:59, coincidiendo con el cierre del año fiscal, momento en el que debía aprobarse la asignación de fondos para asegurar la operatividad de las agencias gubernamentales. Hasta el martes, los republicanos solo lograron sumar dos de los siete votos demócratas necesarios en el Senado para sacar adelante una propuesta de financiación temporal que habría extendido la actividad del Gobierno por siete semanas más. Del mismo modo, la alternativa presentada por los demócratas, centrada en reforzar el gasto sanitario, también fracasó al no reunir los apoyos suficientes en la Cámara Alta. Con 53 senadores frente a 47 demócratas, los republicanos necesitaban 60 votos para alcanzar la mayoría cualificada y evitar lo que ya se anticipaba como inevitable. Ni siquiera la reunión del lunes entre el presidente y los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer logró destrabar el conflicto. La incógnita ahora es cuánto tiempo se prolongará esta suspensión parcial de actividades, que por el momento no afecta a los servicios esenciales. También queda por ver si los republicanos llevarán a cabo su amenaza de convertir en despidos definitivos la suspensión temporal de miles de funcionarios, como suele ocurrir en cada "shutdown". Ello supondría una nueva ola de ceses en la Administración federal, después de la reducción de personal aplicada a comienzos de año bajo la dirección del magnate Elon Musk al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ámbitos como la seguridad, las fuerzas armadas, los aeropuertos o la seguridad social continuarán en funcionamiento, aunque con el inconveniente de que los trabajadores de estas áreas no cobrarán hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. En el cierre más prolongado de la historia reciente, el de 2018, la baja de diez controladores aéreos provocó la suspensión de operaciones en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia y retrasos en otras terminales del noreste y sureste del país. Ese caos aéreo terminó siendo decisivo para que republicanos y demócratas alcanzaran un acuerdo y reabrieran el Gobierno en enero de 2019.

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