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(El Economista, 18-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión extranjera se desploma un 55%

La inversión extranjera en España, excluyendo las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), ha experimentado una caída del 23,3% durante los primeros nueve meses del año 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un volumen de 18.303 millones de euros, según datos del Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio. Esta cifra representa una disminución significativa de 5.572 millones en comparación con el año anterior, cuando la inversión extranjera alcanzó los 23.875 millones de euros. De hecho, los niveles de inversión se asemejan más a los de 2021, un año aún marcado por el impacto económico de la pandemia, con una cifra de 14.796 millones de euros. Es evidente que el gobierno de Sánchez ha contribuido significativamente a este declive. La inversión extranjera ha disminuido en más de un 55% en comparación con 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al poder. La causa de esta situación es múltiple: la moderación del crecimiento económico y la incertidumbre sobre las perspectivas para 2024, el aumento de los costos financieros, las pérdidas en algunos sectores de actividad y el retraso en la ejecución de los fondos europeos. En un momento en que la inversión extranjera es crucial para la recuperación económica, las políticas implementadas han generado desconfianza y desaliento entre los inversores internacionales. Durante la pandemia, en 2020, España logró atraer una considerable inversión extranjera, alcanzando los 5.432,2 millones de euros. Sin embargo, las cifras actuales son desalentadoras. De hecho, el tercer trimestre de 2023 se perfila como el peor en términos de inversión extranjera desde 2020. Además, los resultados de la encuesta a grandes inversores realizada por Bank of America confirman esta situación preocupante. La posición relegada de España en la tabla de inversión en Europa se debe directamente a la incertidumbre política y económica que prevalece en el país. Emilio González, profesor de Economía de Comillas ICADE, asegura que este declive se debe a varias razones. En primer lugar, "hay razones económicas, relacionadas con los altos niveles de deuda pública española y la falta de una política de ajuste presupuestario para reducirla, lo que supone un riesgo económico para los inversores". En segundo lugar, "está la situación política, ante las dudas de que los resultados que arrojaron las urnas en las elecciones generales del año pasado permitieran formar una mayoría estable de gobierno capaz de tomar las medidas de política económica necesarias". Por último, "se encuentran las políticas laborales y fiscales del gobierno, contrarias a las empresas". Todo esto afecta negativamente a la inversión extranjera, tanto directa como de cartera, hasta el punto de que los grandes inversores consideran a España como el último país en el que invertir. El economista Santiago Sánchez también apunta en esta línea que "la inseguridad jurídica, la inestabilidad institucional y la improvisación y el populismo fiscal son letales para la atracción de inversión". Sumado a esto, "las subidas costes y el deterioro de rentabilidad que están sufriendo muchas empresas", son factores que reducen la inversión en nuestro país, destaca Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. En el caso concreto de la inversión inmobiliaria, "un problema específico añadido es el de la incertidumbre regulatoria y desconfianza generada por las políticas de control de alquileres y el problema de las ocupaciones", añade. Por su parte, Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas, aunque indica que las cifras son muy volátiles y que para analizar el Dataindex es preciso esperar al cuarto trimestre, considera que si se atienden las cifras de la balanza de pagos del Banco de España los datos aún son más negativos. "Las medidas arbitrarias que toma el gobierno generan una pérdida de confianza sumado a la subida de cotizaciones sociales que están programadas y que parece que van a seguir aumentando a lo largo de los próximos años, el intervencionismo... todo influye".

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(El Economista, 18-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas se pone al día en control y sanciones sobre las criptomonedas

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC), con sede en Fráncfort, asumirá la supervisión directa de ciertos tipos de entidades de crédito y financieras a partir de mediados de 2025. Entre estas se incluyen los proveedores de servicios de criptoactivos que sean considerados de alto riesgo o que operen a nivel transfronterizo. Las entidades seleccionadas serán supervisadas por equipos conjuntos dirigidos por la ALBC, los cuales llevarán a cabo evaluaciones e inspecciones, entre otras actividades, según lo informado por la revista Buen Gobierno, Iuris&Lex y RSC de elEconomista. La Unión Europea está buscando formas de dificultar el uso indebido de las criptomonedas con fines delictivos. Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre la propuesta de actualizar las normas sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, ampliando su alcance para incluir las transferencias de criptoactivos. El 14 de febrero pasado, además de establecer la ALBC, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional que amplía la lista de entidades obligadas a nuevos sectores. Actualmente, esta lista incluye instituciones financieras, bancos, agencias inmobiliarias, servicios de gestión de activos, casinos y comerciantes, que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al estar en una posición clave para detectar actividades sospechosas. Las nuevas normativas abarcarán la mayoría del sector de los criptoactivos, obligando a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a aplicar debida diligencia con respecto a sus clientes. Esto implica verificar la información sobre sus clientes y reportar cualquier actividad sospechosa. Según el acuerdo, los proveedores de servicios de criptoactivos deberán aplicar medidas de diligencia debida a los clientes cuando realicen operaciones de 1.000 euros o más, e incluye medidas para mitigar riesgos con operaciones en monederos no alojados. Otros sectores afectados por las medidas de debida diligencia y obligaciones de información incluirán comerciantes de artículos de lujo como metales y piedras preciosas, joyeros, relojeros y orfebres. También se incluirán comerciantes de automóviles de lujo, aviones y yates, así como obras de arte. Además, el acuerdo provisional reconoce al sector del fútbol como un alto riesgo, ampliando la lista de entidades obligadas a clubes y agentes de fútbol profesional. Sin embargo, debido a las fluctuaciones en el sector y su riesgo, los Estados miembros tendrán flexibilidad para retirar sectores de la lista si se considera que representan un riesgo bajo. Las normativas entrarán en vigor después de un período transitorio más largo, que comenzará cinco años después de su implementación, en lugar de tres años como en el caso de otras entidades obligadas. Se han introducido medidas específicas de debida diligencia reforzada para las relaciones de corresponsalía transfronterizas de los proveedores de servicios de criptoactivos. Las entidades financieras y de crédito deberán implementar medidas reforzadas de debida diligencia cuando las relaciones con clientes de alto patrimonio neto involucren la gestión de grandes cantidades de activos.

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(El Mundo, 18-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La mitad de las empresas ve en la inseguridad jurídica la principal amenaza para la economía

Los líderes empresariales españoles vislumbran un panorama económico lleno de luces y sombras en el corto y mediano plazo, caracterizado por el enfriamiento de la actividad económica, la persistente amenaza de la inflación que ha erosionado los márgenes de la mayoría de las empresas, el endurecimiento de la política monetaria con su consiguiente impacto en la financiación y el consumo, y la incertidumbre geopolítica a nivel internacional. Sin embargo, también se enfrentan a desafíos internos como la inestabilidad política, los constantes cambios regulatorios y, sobre todo, la creciente inseguridad jurídica, aspecto que genera una preocupación cada vez mayor en el entorno empresarial. Esto se refleja en la encuesta Perspectivas España 2024, realizada por KPMG en colaboración con CEOE, en la que más de 1.360 empresarios y directivos de diversos sectores de actividad han expresado sus opiniones. Aunque España experimentará un crecimiento por encima del promedio de otros países europeos este año, el 57% de los encuestados califica la situación económica actual como "regular" y el 45% prevé un empeoramiento en los próximos doce meses. Dentro de este escenario, los líderes empresariales identifican tres grandes amenazas para la economía española en el próximo año: la inseguridad jurídica (48%), la incertidumbre política (44%) y los cambios regulatorios (30%). El informe destaca la creciente preocupación de las empresas y sus directivos por el impacto que la inestabilidad política pueda tener en sus negocios. Ante un contexto económico y geopolítico incierto, demandan estabilidad, especialmente en el ámbito normativo. Este sentimiento se refleja en la caída de la inversión extranjera en España y la necesidad de un clima de confianza, moderación y entendimiento para impulsar la actividad empresarial y económica. La inseguridad jurídica y regulatoria se ha traducido en la aprobación de numerosas leyes en la anterior legislatura, lo que ha afectado directamente a las empresas en aspectos laborales y fiscales. Aunque se espera una desaceleración en el ritmo normativo en la presente legislatura, los líderes empresariales solicitan eficiencia en el gasto público, reducción de la presión fiscal, menos burocracia y medidas para mitigar el impacto de la inflación en la economía. En cuanto a las prioridades fiscales del Gobierno, se destacan la adopción de incentivos para la inversión y la mejora de la competitividad, la garantía de seguridad jurídica y la simplificación y coordinación de la fiscalidad estatal, autonómica y local. A pesar de los desafíos, los empresarios han aprendido a aprovechar las oportunidades para impulsar sus negocios, lo que les permite mantener un cierto grado de optimismo respecto a la facturación, inversiones y creación de empleo.

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(Cinco Días, 15-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se modera seis décimas en febrero hasta el 2,8% por la electricidad y los alimentos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC), indicador principal de la inflación, se moderó en febrero seis décimas hasta alcanzar el 2,8%, igualando la media de la eurozona. Esto se debió principalmente a la notable disminución en el costo de la factura eléctrica y a la moderación en los precios de la canasta básica, según los datos confirmados hoy por el INE. La tasa de inflación descendió seis décimas en febrero, situándose en el 2,8%, luego de un aumento del IPC del 0,4% en ese mes, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. La inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, también descendió una décima, ubicándose en el 3,5%. El descenso significativo en los precios de la electricidad en comparación con el año anterior, junto con la estabilidad en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que experimentaron un aumento en el mismo mes del año previo, fueron los principales factores que contribuyeron a la baja inflación. A pesar del aumento en el precio de los combustibles en comparación con febrero de 2023, el IPC general se mantiene en niveles mínimos desde agosto de 2023, cuando alcanzó el 2,6%. El INE, además de confirmar los datos preliminares, proporciona un desglose de los componentes del IPC por grupos de consumo y su impacto en la inflación. Además de la reducción en el costo de la electricidad, que es el componente de mayor peso en el índice, también se observó una influencia notable de los alimentos, aunque a un ritmo de crecimiento menor en dos años, con un aumento interanual del 5,3%, 2,1 puntos porcentuales menos que en enero y el menor aumento desde enero de 2022, debido al abaratamiento de legumbres, hortalizas y carne. Sin embargo, algunos productos básicos continúan experimentando aumentos significativos, como el aceite de oliva, que ha aumentado un 67% en el último año y un 5,3% más respecto a enero, siendo un 191% más caro que en 2021. Por otro lado, el grupo de vivienda experimentó un descenso de 4,2 puntos hasta alcanzar el -2,7%, en contraste con el aumento registrado en febrero de 2023. El transporte aumentó su tasa interanual en 2,5 puntos, llegando al 2,4%, debido al aumento en el precio de los carburantes y, en menor medida, del transporte combinado de pasajeros. En resumen, la inflación interanual alcanzó el 2,8% en febrero, mientras que la inflación subyacente se situó en el 3,5%. El Ministerio de Economía destaca que la reducción de la inflación muestra la capacidad de la economía española para mantener un crecimiento económico sólido junto con una moderación de los precios, lo que beneficia el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas españolas.

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(El País, 15-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas concede dos meses más a España para desbloquear el cuarto pago de fondos europeos

El Gobierno tiene ahora hasta el 20 de mayo para completar la reforma del subsidio de desempleo y así poder acceder a los 10.000 millones de euros restantes pendientes de cobro, al mismo tiempo que flexibiliza los requisitos para demostrar el cumplimiento de sus compromisos. Bruselas ha otorgado una extensión de dos meses adicionales, hasta el 20 de mayo, para evaluar los compromisos asociados al cuarto desembolso de fondos europeos del programa Next Generation durante la visita del comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, a Madrid. Esta ampliación afecta a 61 hitos y objetivos, incluyendo la reforma del subsidio de desempleo, que fue rechazada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. El Gobierno espera poder avanzar sustancialmente en este aspecto durante los próximos dos meses. Además, el Gobierno español está finalizando la solicitud de una simplificación en los mecanismos de supervisión de sus compromisos, similar a las solicitadas previamente por países como Alemania o Italia, para agilizar la aprobación de Bruselas. A través de enmiendas al Plan de Recuperación, se pedirán modificaciones técnicas en los hitos, como medir el cumplimiento de ciertos objetivos de inversión en transporte mediante el número de contratos en lugar del volumen de dinero desembolsado. Gentiloni justificó la extensión del plazo debido a la complejidad técnica y al volumen de los hitos y objetivos que están siendo evaluados. Tras un retraso de medio año debido a la convocatoria anticipada de elecciones, España solicitó a finales de 2023 el cuarto pago de los fondos europeos por valor de 10.021 millones de euros. Desde entonces, la Comisión Europea ha estado evaluando los progresos del país. El ministro Cuerpo aseguró que la prórroga presupuestaria no afecta a la ejecución del plan ni al cumplimiento de los hitos y objetivos, ya que los presupuestos prorrogados tienen suficiente margen para las inversiones comprometidas para el año. Además, afirmó que el Gobierno está avanzando en el cumplimiento de los hitos y objetivos tanto del quinto como del sexto pago de los fondos europeos.

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(Cinco Días, 14-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo aprueba la Ley de Inteligencia Artificial

El Parlamento ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) con una mayoría aplastante: 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. Este marco legal tiene como objetivo principal situar a Europa como líder en el campo de la inteligencia artificial, abordando los primeros desafíos que están surgiendo en relación con esta tecnología, al tiempo que protege los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad frente a posibles riesgos asociados con la IA, sin sacrificar el impulso a la innovación. En resumen, la nueva regulación europea busca establecer estándares de seguridad y protección de derechos fundamentales para prevenir el uso de inteligencia artificial con propósitos represivos, manipuladores o discriminatorios, sin caer en una sobre-regulación que pueda afectar la competitividad de la Unión Europea. Entre las principales novedades del AI Act se destaca la inclusión de nuevas disposiciones sobre los modelos fundamentales de IA de propósito general de alto impacto, un sistema revisado de gobernanza, una ampliación de la lista de prohibiciones y la prohibición del uso de cámaras con identificación biométrica, excepto en casos autorizados por la policía y los jueces. Además, se fortalece la protección de los derechos fundamentales mediante la obligación de realizar evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas de IA de alto riesgo. Específicamente, la nueva normativa europea prohíbe ciertas aplicaciones de IA que vulneran los derechos de los ciudadanos, como la categorización biométrica basada en características sensibles, la recopilación indiscriminada de imágenes faciales de Internet o de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva y la manipulación del comportamiento humano. El uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad está prohibido de manera general, excepto en circunstancias muy específicas y con salvaguardias estrictas, como la autorización judicial o administrativa previa. Además, se establecen obligaciones claras para otros sistemas de IA de alto riesgo, como la evaluación y reducción de riesgos, el mantenimiento de registros de uso, la transparencia y precisión, y la supervisión humana. La Ley de Inteligencia Artificial también garantiza el derecho de los ciudadanos a presentar reclamaciones sobre los sistemas de IA y a recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en ellos que afecten a sus derechos. Por otro lado, la IA de uso general deberá cumplir ciertos requisitos de transparencia y respetar la legislación de la Unión Europea sobre derechos de autor. Los modelos más potentes deberán cumplir requisitos adicionales, como realizar evaluaciones de riesgos sistémicos e informar sobre incidentes. Aunque el reglamento aún está pendiente de una última revisión jurídica-lingüística, se espera su aprobación definitiva antes del final de la legislatura y su entrada en vigor está prevista para 2026.

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(Expansión, 14-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El índice del alquiler del Gobierno supone precios un 32% menores a la oferta actual

El reciente índice de precios de alquiler presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana hace dos semanas y que comenzará a implementarse esta semana, inicialmente solo en 140 municipios catalanes que concentran el 80% de la población regional, ha generado un gran revuelo en el mercado inmobiliario español. Esto se debe a que los precios establecidos por este índice difieren considerablemente de la realidad del mercado de alquiler actual en España. De hecho, a nivel nacional, los precios propuestos por el índice son un 32% más bajos que los de la oferta real de alquiler. Esta es la conclusión a la que ha llegado el portal inmobiliario Idealista al comparar los anuncios en su plataforma con los precios de alquiler propuestos por el nuevo sistema gubernamental. Para ilustrar esto, tomando el precio medio del alquiler del pasado mes de febrero en España, que fue de 11,6 euros por metro cuadrado, un apartamento de 80 metros cuadrados tendría un precio en el mercado de 928 euros. Sin embargo, el índice propone un precio de 632 euros, lo que representa una diferencia de casi 300 euros. Esta disparidad es tan significativa que para encontrar precios similares en el mercado de alquiler, se tendría que retroceder hasta 2017, en un contexto inmobiliario completamente diferente. Es importante destacar que la naturaleza del índice puede provocar que la diferencia entre los precios de oferta y los propuestos por el Gobierno sea aún mayor en algunos lugares que en otros. Esto se debe a que, para su elaboración, el Ministerio ha dividido el territorio nacional en miles de secciones censales, utilizando como referencia los precios de alquiler declarados por los contribuyentes. Aunque Navarra y el País Vasco tienen su propio régimen fiscal, la herramienta del Ministerio no proporciona datos para estas regiones, aunque se espera que lo haga pronto. Además de la ubicación, también se deben considerar otros factores como el tipo de propiedad, su tamaño, la presencia de ascensor o su eficiencia energética, entre otros. En algunos casos específicos, la comparación entre los precios propuestos por el índice y las ofertas de alquiler existentes revela diferencias aún mayores, llegando incluso a superar en un 150% el índice del Gobierno. También se observan grandes disparidades entre las capitales de provincia. Por ejemplo, en Valencia y Palma la diferencia entre el precio medio de las propiedades y el propuesto por el índice es del 47% y 43% respectivamente. En otras cuatro capitales, la diferencia también supera el 40%: Lugo, Alicante, Cuenca y Málaga. Por otro lado, Melilla, Córdoba, Ciudad Real y Valladolid registran diferencias inferiores al 25%. En Madrid la diferencia es del 26% y en Barcelona, del 36%. La aplicación del índice plantea dudas sobre su efectividad para reducir los precios del alquiler, ya que solo se aplica en dos casos específicos. En primer lugar, cuando la propiedad en alquiler no haya estado en el mercado en los últimos cinco años. Para aquellas propiedades que sí han estado en el mercado, existe otra limitación: en 2024, el aumento del alquiler respecto al contrato anterior está limitado al 3%, y a partir de 2025, el límite será definido por un nuevo índice elaborado por el INE. La segunda situación se aplica si el propietario de la propiedad es un gran tenedor, definido como aquel que posee cinco o más viviendas en áreas tensas. Sin embargo, el impacto de los grandes tenedores es limitado, ya que solo poseen entre el 5% y el 15% de la oferta de alquiler, dependiendo de la zona. La definición de una zona como tensa es crucial, ya que el índice solo se aplica en estas áreas. La designación de una zona como tensa depende de las comunidades autónomas, y hasta el momento, solo Cataluña ha realizado esta designación. Sin embargo, regiones con gobiernos que se oponen frontalmente a la política de vivienda del Gobierno central ya han anunciado que no realizarán esta designación. La combinación de estos factores puede socavar la efectividad del índice. Frente a las dudas sobre los posibles efectos positivos del índice, Idealista argumenta que hay certezas sobre sus consecuencias negativas. La más destacada es la disminución de la oferta: en comparación con los datos de 2017, el número de propiedades disponibles en alquiler en toda España ha disminuido en un 23%, mientras que la demanda sigue aumentando, lo que ejerce presión sobre los precios.

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(Expansión, 14-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE potencia sus préstamos a la banca

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado a conocer hoy la revisión de su marco operativo, el cual define las estrategias más efectivas para llevar a cabo la política monetaria y que se inició en diciembre de 2022. En esta extensa actualización de sus políticas, la institución se prepara para un entorno cambiante en el que debe asegurar que sus herramientas continúen permitiéndole mantener el control sobre las tasas de interés. Entre los cambios más notables, el banco central ha anunciado que fortalecerá las herramientas que utiliza para proporcionar liquidez a la banca. El Consejo de Gobierno ha decidido reducir la diferencia entre la facilidad de depósito, es decir, el interés que paga a los bancos por depositar su dinero en Fráncfort, y la tasa de refinanciación, es decir, el interés que cobra a las entidades por solicitar préstamos, a 15 puntos básicos desde los 50 puntos básicos actuales. En términos prácticos, y asumiendo que las tasas de interés se mantengan estables, esto reduciría el costo del dinero del 4,5% actual al 4,15%, mientras que la tasa de depósito permanecería en el 4%. En todas las decisiones sobre tasas de interés, ya sea para aumentarlas o reducirlas, se mantendría esta pequeña diferencia entre ambos tipos. De esta manera, el BCE reduce el costo de financiamiento para los bancos con el objetivo de que, cuando se drene el exceso de liquidez en el mercado, la banca vea en la ventana de Fráncfort una opción atractiva para obtener recursos a corto plazo. Además, las subastas semanales del banco central continuarán operando como una especie de "barra libre", asignando toda la liquidez que los bancos soliciten siempre y cuando cuenten con suficiente garantía. "En este momento, no se espera un impacto significativo, ya que los bancos aún tienen una gran cantidad de liquidez de los tiempos de políticas monetarias ultraexpansivas. Sin embargo, cuando esos niveles se reduzcan, estas medidas fomentarán la actividad en las subastas del BCE", afirman fuentes financieras. Estos cambios entrarán en vigor a partir del 18 de septiembre, una fecha para la cual es probable que el BCE ya haya comenzado un ciclo de reducción de tasas de interés. El Consejo de Gobierno ha determinado que será la facilidad de depósito la que establezca el precio general del dinero, aunque se permitirán desviaciones limitadas en casos puntuales debido al normal funcionamiento del mercado. Además de mejorar el atractivo de las subastas semanales, el BCE también ha anunciado que desarrollará inyecciones de liquidez en el futuro. Aunque aún no se conocen los detalles de esta herramienta, se especula que podría tratarse de préstamos a gran escala con vencimientos de alrededor de 12 meses, otorgados ya sea al tipo de interés de refinanciación o al de la facilidad de depósito. Hasta la fecha, el BCE ha llevado a cabo inyecciones de liquidez a tres meses que complementan sus subastas semanales tradicionales. Bajo el nuevo marco operativo, se agregaría una tercera opción a más largo plazo para asegurar la financiación de las entidades en momentos en que se necesite más liquidez de la que se obtiene a través de depósitos y mercados monetarios y de deuda. Sin embargo, estas nuevas inyecciones aún no entrarán en funcionamiento debido a que el sistema sigue sobrecargado de liquidez, y el banco central solo ha indicado que se implementarán "en el futuro". Por último, el BCE ha anunciado que mantendrá en su balance una cartera de deuda estructural. Durante años, la entidad ha adquirido bonos soberanos y corporativos en grandes cantidades para estimular la economía y mantener bajo control las primas de riesgo. Ahora, el banco central está en proceso de dejar que parte de esos bonos venzan en su balance, aunque no se deshará de todos ellos. Aunque aún no se ha detallado el volumen de títulos que el banco central desea retener, esta medida preservará la liquidez del mercado de deuda. Actualmente, el BCE tiene más de 4,6 billones de euros en bonos a través de sus diversos programas. "Estas medidas reflejan los cambios significativos que ha experimentado tanto el sector financiero como la política monetaria en los últimos años. El nuevo marco operativo garantizará que nuestras políticas sigan siendo efectivas, sólidas, flexibles y eficientes en el futuro", expresó Lagarde.

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(El Periódico, 14-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El número de desahucios practicados el pasado año se redujo en un 30%

Durante el año 2023, el número de desahucios llevados a cabo disminuyó en un 30 %, alcanzando un total de 26.659 procesos, según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este miércoles. De estos desahucios, el 74,1 %, es decir, 19.676, fueron consecuencia de impagos en el alquiler, mientras que el 19,7 % (5.260) correspondió a ejecuciones hipotecarias de diversos tipos de inmuebles, según precisa el CGPJ en un comunicado. Los 1.723 desahucios restantes fueron por otras causas. En el último trimestre del año, se mantuvo la tendencia a la baja, registrando una caída del 18,4 % en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 7.327 desahucios. Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó la lista con 7.148 procesos, lo que representa el 26,8 % del total, seguida de Andalucía con 4.449, la Comunidad Valenciana con 3.869 y Madrid con 2.367. En términos de desahucios derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), Cataluña lideró también la clasificación con 5.158 casos, seguida por Andalucía con 2.961, la Comunidad Valenciana con 2.673 y la Comunidad de Madrid con 2.029. En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, Cataluña (1.264), Andalucía (1.135), Comunidad Valenciana (1.049) y Murcia (315) ocuparon los primeros puestos. Por otro lado, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2023 fue de 19.577, lo que representa una disminución del 21,5 % en comparación con el año anterior. En términos absolutos, Andalucía lideró con 4.551 casos, seguida de Cataluña (3.457), la Comunidad Valenciana (3.100), Madrid (2.036) y Castilla-La Mancha (962). En el último trimestre del año, se llevaron a cabo 7.327 desahucios, con Cataluña nuevamente en la primera posición con 1.846 procesos, seguida por Andalucía (1.138), la Comunidad Valenciana (1.010) y Madrid (659). En resumen, la reducción en los desahucios durante el año 2023 refleja una tendencia a la baja en este tipo de procedimientos, aunque las cifras varían según la región y el tipo de desahucio.

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(El País, 14-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de febrero se situó en el 2,8%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de febrero fue del 2,8%. Esta tasa fue seis décimas inferior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en la disminución de la tasa anual fueron: Vivienda, cuya tasa anual disminuyó 4,2 puntos, hasta el -2,7%. Este comportamiento fue debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento en febrero del año pasado. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del 5,3%, 2,1 puntos por debajo de la del mes anterior y la menor desde enero de 2022. Esta bajada se debió, principalmente, al descenso de los precios de las legumbres y hortalizas y la carne, que aumentaron en febrero de 2023, y a los incrementos de los precios de las frutas, el pan y cereales y el agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales, menores este mes que en 2023. Por su parte, entre los grupos con influencia positiva destacó: Transporte, que situó su tasa en el 2,4%, dos puntos y medio por encima de la del mes pasado. Esta subida se debió, en su mayor parte, al aumento de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales, que disminuyeron en el mismo mes de 2023. También influyó, aunque en menor medida, el aumento de los precios del Transporte combinado de pasajeros, frente al descenso en febrero del año pasado. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima, hasta el 3,5%. En febrero la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,4%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Transporte, con una variación del 1,6% y una repercusión de 0,231 a causa de la subida de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, y, en menor medida, del transporte aéreo de pasajeros. Hoteles, cafés y restaurantes, que presentó una variación del 0,9%, debida, principalmente, a la subida de los precios de los servicios de alojamiento y la restauración. Este grupo repercutió 0,130 en el IPC general. Ocio y cultura, con una variación mensual del 1,1%, debida al aumento de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió 0,090 en el IPC general. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron: Vivienda, con una tasa del -1,3%, consecuencia de la bajada de precios de la electricidad. La repercusión de este grupo en el IPC general fue -0,156. Vestido y calzado, que presentó una tasa del -1,8% y una repercusión de -0,064, debidas a las bajadas de precios propias del final del periodo de rebajas de invierno. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en febrero. Extremadura presentó la más elevada (3,3%) y La Rioja y Comunidad Foral de Navarra las más bajas (ambas 2,5%). En el mes de febrero la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,9%, seis décimas menos que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,4%.

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