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(El Economista, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El CGPJ critica al Gobierno que suprima la inscripción del traspaso de participaciones ante notario

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Ministerio de Hacienda para reforzar la lucha contra la corrupción, y en él expresa importantes reservas, especialmente respecto a la eliminación de la obligación de formalizar ante notario la transmisión de participaciones empresariales. El texto del anteproyecto plantea que estos traspasos puedan realizarse mediante documento privado entre las partes, en lugar de elevarse a escritura pública, quedando su eficacia condicionada a su posterior inscripción en el Registro Mercantil, lo que les otorgaría validez frente a la sociedad y terceros. Sin embargo, el CGPJ subraya que la intervención notarial en este tipo de operaciones cumple una función esencial de control, ya que permite verificar la identidad de los intervinientes, su capacidad legal, la legitimación de sus representantes, la validez del consentimiento y la legalidad del negocio, además de dejar constancia de los medios de pago. Añade también que esta información se incorpora al Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, una base de datos accesible para las administraciones públicas y de gran utilidad en la investigación de delitos económicos. El órgano judicial advierte de que la reforma sustituiría este control previo notarial por un control registral posterior, con un alcance diferente y menos intenso al realizado de forma presencial ante notario. En este sentido, recuerda que la eficacia del sistema actual ha sido reconocida en evaluaciones internacionales, como el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2014, que lo considera una buena práctica en la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. Por ello, el CGPJ recomienda reconsiderar la supresión del requisito de que las transmisiones de participaciones sociales deban formalizarse en documento público, defendiendo incluso la posibilidad de que convivan ambas fórmulas: la escritura pública y el documento privado. Además, el informe también cuestiona el nuevo sistema de sanciones previsto para las empresas implicadas en casos de corrupción, especialmente en lo relativo al cálculo de las multas máximas. Según el CGPJ, la metodología propuesta no se ajusta a los criterios establecidos en la Directiva europea sobre lucha contra la corrupción, que se está incorporando a través de esta norma. Dicha directiva establece que las sanciones por delitos como cohecho, soborno o malversación deben alcanzar, en su nivel máximo, al menos el 5% del volumen de negocio mundial de la empresa o un mínimo de 40 millones de euros. Para otros delitos como el tráfico de influencias o la obstrucción a la justicia, fija un 3% del volumen de negocio o 24 millones. El anteproyecto, por su parte, amplía el periodo de cálculo de las sanciones diarias de cinco a diez años y elimina el límite previo de 5.000 euros por día, sustituyéndolo por el mayor de estos importes: el 50% de los ingresos del ejercicio en el que se cometió el delito o en el que se obtuvo el beneficio, o bien 20.000 euros diarios. El CGPJ advierte de que esta nueva fórmula eleva las sanciones máximas de los 9 millones actuales hasta los 72 millones de euros, y considera que este sistema no se ajusta plenamente al modelo de determinación exigido por la normativa europea. El Consejo de Ministros aprobó este anteproyecto en primera vuelta el pasado febrero, aunque deberá volver a pasar por el Ejecutivo para su aprobación definitiva tras recibir los informes preceptivos, entre ellos el del CGPJ, que tiene carácter consultivo y no vinculante. Posteriormente, la norma será enviada al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

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(La Vanguardia, 21-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE acelera su puesta en marcha del trato comercial con EE.UU. para contentar a Trump

La Unión Europea se pone las pilas para cumplir los trámites pendientes para implementar completamente el pacto comercial al que llegó en julio del año pasado con Donald Trump. Después de cinco horas de negociaciones, esta madrugada el Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre el texto definitivo del trato que aplicará la UE, algo que permite acelerar el proceso y que, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, permitirá que la UE cumpla y aplique su parte del trato, es decir, eliminar las cuotas arancelarias a los productos estadounidenses. "Un trato es un trato, y la UE cumple sus compromisos", ha celebrado la líder comunitaria después de recibir las noticias de Estrasburgo, donde se han encerrado los equipos negociadores. "Esto significa que pronto cumpliremos con nuestra parte de la Declaración Conjunta UE-EE.UU., tal y como prometimos. Hago ahora un llamamiento a los colegisladores para que actúen con celeridad y concluyan el proceso", ha pedido, frente a la presión de Trump, que ha puesto como tope el 4 de julio para que la UE rebaje los aranceles o reiniciará su ofensiva y subirá las tarifas sobre los coches al 25%. Este paso de esta noche no es el último, sino que todavía quedan algunos trámites pendientes. El primero es que la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara valide en una reunión extraordinaria el resultado de las negociaciones con el Consejo. Luego, en el siguiente pleno, entre el 15 y el 19 de junio, los legisladores votarán al completo el acuerdo y, cuando esté formalmente aprobado por la Eurocámara, necesitará el visto bueno final de los Estados miembros. Sin embargo, sí era crucial que los negociadores alcanzasen un acuerdo esta noche, después de que fallasen en el último intento. Alemania y su poderosa industria estaban preocupados por la lentitud de los colegisladores, y muchos Estados miembros presionaban para firmar cuanto antes. A principios de este mes, Trump acusó a la UE de dar largas a la ratificación del acuerdo comercial con EE.UU. y amenazó con imponer aranceles más elevados a los coches y camiones del bloque, fijando el mes de julio como fecha límite. Ahora, la UE todavía eliminará los aranceles a los bienes industriales de EE.UU. a cambio de que Washington aplique un tope del 15% de aranceles sobre las exportaciones estadounidenses, pero durante estas negociaciones el Parlamento ha logrado mantener alguna de las cláusulas de salvaguarda que introdujeron como seguro frente a las pataletas del inquilino de la Casa Blanca. La principal es una cláusula de caducidad, a menos que ambas partes acepten una prórroga. En un principio, la Eurocámara proponía marzo del 2028, pero ahora los negociadores han acordado que sea a finales del 2029, cuando ya habrá terminado el segundo mandato de Trump. El Parlamento mantiene algunas de las cláusulas de salvaguardia, como una fecha de caducidad en 2029 Además, el texto final permite que la Comisión suspenda el acuerdo si Trump sube repentinamente los aranceles o en caso de que Estados Unidos siga sin reducir los gravámenes al acero y aluminio a finales de año. También incluye un mecanismo de salvaguarda para proteger a algunos sectores como la agricultura en el caso de que las preferencias a EE.UU. lleven a un aumento de cuotas que les perjudiquen. Sin embargo, han dejado fuera el requisito de los parlamentarios de no aplicar el acuerdo hasta que EE.UU. cumpla completamente sus compromisos. "Con la introducción de la cláusula de caducidad y de una sólida cláusula de suspensión, el Parlamento ha mejorado sustancialmente la propuesta de la Comisión. El acuerdo prevé asimismo mecanismos de revisión y salvaguardia más sólidos, así como una supervisión democrática más clara y periódica", ha prometido el negociador parlamentario, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio Internacional. Ahora falta que los cambios introducidos no hagan saltar las alarmas en el otro lado del Atlántico y desaten la ira de Trump. El representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, ya ha avisado que no le gustaban nada estas nuevas cláusulas.

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(Cinco Días, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los aranceles de Trump acaban con el 10% de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a EE UU

La industria española de alimentación y bebidas sufrió en 2025 el impacto de la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump. Las exportaciones del sector hacia Estados Unidos descendieron un 9,6% durante el pasado año, hasta situarse en 3.041 millones de euros, lo que provocó que el país bajara del cuarto al quinto puesto entre los principales destinos de los productos españoles de alimentación y bebidas. Pese a esta caída, Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante fuera de la Unión Europea para la industria alimentaria española. Así lo destacó Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), durante la presentación de los resultados del sector correspondientes a 2025. Según explicó, la imposición de aranceles y la incertidumbre regulatoria han perjudicado claramente el comercio exterior con el mercado estadounidense, aunque insistió en que se trata de un problema "estrictamente político" y no comercial. García de Quevedo defendió que los productos españoles mantienen una buena aceptación en Estados Unidos y que la relación con distribuidores y compradores sigue siendo positiva. A su juicio, la situación depende sobre todo de las negociaciones entre Washington y Bruselas y de los equilibrios geopolíticos, lo que genera un entorno de volatilidad e inseguridad jurídica. El directivo señaló además que 2026 ha comenzado en una línea similar, aunque con algo más de estabilidad tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de frenar gran parte de la política arancelaria impulsada por Trump. Entre los productos españoles con mayor presencia en Estados Unidos destacan especialmente el aceite de oliva y el vino, aunque FIAB no precisó qué categorías concretas fueron las más afectadas el pasado ejercicio. En conjunto, la industria alimentaria y de bebidas exportó productos por valor de 52.564 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior. En términos de volumen, el crecimiento fue cercano al 5%. A pesar del retroceso en el mercado estadounidense, los principales destinos europeos mostraron una evolución positiva. Francia, principal cliente exterior del sector, incrementó sus compras un 3,2%, hasta los 7.695 millones de euros. Italia aumentó un 3,1%, hasta 6.483 millones, mientras que Portugal y Alemania registraron avances del 8,2% y del 8,8%, respectivamente. En el lado negativo también destacaron las caídas en Reino Unido y China. Las exportaciones al mercado británico retrocedieron ligeramente, un 0,3%, mientras que las ventas a China descendieron un 4,5%, hasta 1.706 millones de euros. García de Quevedo vinculó parte de este descenso a las dificultades del sector porcino, afectado por los aranceles impuestos por Pekín como respuesta a las tasas europeas sobre los coches eléctricos chinos. China aprobó en diciembre aranceles de hasta el 19,8% para el porcino europeo, aunque dejó fuera al jamón ibérico. Además, las exportaciones españolas también se vieron perjudicadas por los brotes de peste porcina africana detectados en Cataluña a finales del año pasado. A pesar de ello, desde FIAB confían en recuperar terreno en el mercado chino. García de Quevedo destacó el interés creciente de la población china por la gastronomía y la cultura españolas, así como el potencial derivado de la expansión de la clase media en el país. Japón, segundo mercado asiático más relevante para el sector, registró un descenso aún más acusado, cercano al 14%. En materia comercial, la industria alimentaria española mantiene grandes expectativas respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Desde FIAB consideran que este tratado abrirá oportunidades importantes para acceder a un mercado de más de 270 millones de consumidores. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura advierten de que los beneficios no serán inmediatos, ya que consolidar relaciones comerciales estables requiere tiempo. En términos generales, la producción de la industria alimentaria y de bebidas alcanzó en 2025 los 137.188 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior, gracias a la recuperación del consumo interno y al buen comportamiento de la demanda internacional. De cara a 2026, el sector observa con preocupación las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El principal temor se centra en el encarecimiento de la energía y de los costes logísticos, especialmente si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz. García de Quevedo volvió a reclamar ayudas directas al Gobierno y la suspensión del impuesto al plástico para aliviar el impacto económico sobre las empresas del sector.

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(Expansión, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE sella definitivamente el polémico acuerdo arancelario firmado con EEUU

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han dado luz verde a la activación de la rebaja al 0% de los aranceles comunitarios acordada hace diez meses, aunque el texto incorpora mecanismos de protección frente a la incertidumbre generada por Donald Trump. El pacto comercial alcanzado el pasado verano entre la Unión Europea y Estados Unidos en la localidad escocesa de Turnberry entrará finalmente en vigor. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los ministros de los Estados miembros, alcanzaron este martes un acuerdo para aplicar la eliminación de aranceles a las exportaciones estadounidenses, a cambio de que Washington reduzca sus gravámenes hasta el 15% pactado. "Un acuerdo es un acuerdo, y la UE cumple sus compromisos. Juntos podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y beneficioso para ambas partes", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de las redes sociales. Las negociaciones se prolongaron durante meses y estuvieron marcadas por las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para acelerar la aplicación del acuerdo. Aun así, las instituciones europeas necesitaron más de cinco horas de conversaciones a puerta cerrada para cerrar definitivamente el texto. El contexto no era sencillo, ya que el pacto, percibido como muy favorable a Estados Unidos, no había aportado la estabilidad comercial que la Comisión Europea esperaba obtener a cambio de aceptar ese desequilibrio. El acuerdo había permanecido bloqueado desde principios de año, principalmente por la oposición de varios eurodiputados, como reacción a las amenazas de anexión lanzadas por Trump sobre Groenlandia y a sus reiterados mensajes planteando incrementos arancelarios contra distintos países de la UE. "Mantener una asociación transatlántica estable, equilibrada y predecible beneficia a ambas partes. Hoy la Unión Europea cumple sus compromisos", señaló Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. La Unión Europea y Estados Unidos mantienen la relación comercial y de inversión bilateral más importante del mundo. En conjunto, ambos representan cerca del 30% del comercio global de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. En 2024, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca y del inicio de la guerra arancelaria, el intercambio comercial transatlántico superó los 1,68 billones de euros. Las discrepancias entre las instituciones europeas se centraron especialmente en las denominadas cláusulas de salvaguarda, impulsadas por el Parlamento Europeo para proteger a la UE frente a la volatilidad política y comercial de Trump. Entre las medidas incluidas figura la posibilidad de que la Comisión Europea suspenda automáticamente el acuerdo si Estados Unidos incumple sus compromisos o vuelve a lanzar amenazas comerciales o territoriales contra la Unión o alguno de sus miembros. Asimismo, los colegisladores otorgaron poderes a la Comisión para retirar el trato arancelario favorable al acero y al aluminio estadounidenses si, antes del 31 de diciembre de 2026, Washington mantiene impuestos superiores al 15% sobre las exportaciones europeas de estos productos. El Parlamento Europeo también consiguió incorporar la denominada cláusula sunset, que fija el final del régimen arancelario pactado para 2029, aunque la fecha podrá ampliarse y finalmente se retrasó un año respecto a la propuesta inicial de la Eurocámara. Antes de esa fecha, la Comisión Europea realizará una evaluación detallada sobre el impacto del acuerdo en la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas europeas, además de analizar posibles cambios en las relaciones comerciales con terceros países. "Hemos mejorado de forma significativa la propuesta de la Comisión Europea al introducir mayores garantías para la economía europea", aseguró Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. La Eurocámara sí renunció finalmente a la denominada cláusula sunrise, que condicionaba la entrada en vigor de las ventajas arancelarias europeas a que Estados Unidos cumpliera previamente todos los puntos del acuerdo. La UE ha optado por dejar de lado esa exigencia y conceder margen a Trump para redefinir su política arancelaria tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense sobre sus decisiones comerciales, en un gesto de buena voluntad por parte del bloque comunitario.

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(La Vanguardia, 20-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros lanza el fondo España Crece con la vivienda como gran prioridad

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a los mecanismos necesarios para poner en marcha el fondo España Crece, una iniciativa con la que el Gobierno pretende extender el impacto del Plan de Recuperación más allá de 2026. El instrumento contará inicialmente con 13.300 millones de euros y permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzar sus recursos propios para financiar proyectos destinados a modernizar la economía y mejorar la productividad. Uno de los principales ejes del fondo será el impulso a la vivienda, especialmente a la promoción de vivienda social y asequible. El Ejecutivo prevé movilizar hasta 23.000 millones de euros en este ámbito, con el objetivo de contribuir a la construcción de unas 15.000 viviendas anuales. Además, el programa priorizará inversiones ligadas a la transición ecológica y a proyectos innovadores vinculados a sectores como las tecnologías sanitarias, la economía de los cuidados o la digitalización. El Gobierno define España Crece como el instrumento que permitirá mantener en el tiempo el impulso inversor generado por los fondos europeos Next Generation. La iniciativa forma parte de la adenda de simplificación del Plan de Recuperación aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025 y busca dar continuidad a los recursos europeos una vez finalice el plazo de ejecución previsto para agosto de 2026. Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere consolidar una herramienta estable de financiación pública con vocación de largo plazo. El acuerdo aprobado autoriza la transferencia de hasta 10.500 millones de euros al ICO procedentes de los préstamos del Plan de Recuperación europeo. Esa cantidad se destinará a ampliar el capital del organismo y fortalecerá de forma estructural sus recursos para desplegar los instrumentos financieros asociados al fondo. A ello se suman otros 2.800 millones de euros no reembolsables destinados a compensar el coste concesional que asumirá el ICO en determinadas operaciones financiadas por el fondo. Según el Ejecutivo, esos recursos permanecerán en una cuenta independiente y se irán incorporando progresivamente a los fondos propios del organismo conforme se formalicen las operaciones. Gracias a esta estructura financiera, España Crece podrá ofrecer financiación en condiciones más favorables, tanto en plazos como en costes, en aquellas inversiones donde el respaldo público resulte decisivo. El diseño del fondo pretende, además, mantener intactos los criterios de prudencia financiera y la solvencia patrimonial del ICO como banco público de promoción. Con esta ampliación de capital, el ICO tendrá capacidad para financiar hasta 60.000 millones de euros. Sumando la participación de inversores privados, el Gobierno calcula que el volumen total de inversión movilizada podría alcanzar los 120.000 millones de euros. El fondo utilizará diferentes instrumentos financieros, entre ellos préstamos, financiación de proyectos, avales y participaciones de capital, dirigidos especialmente a apoyar a las pequeñas y medianas empresas durante todas las fases de su desarrollo. El Ejecutivo ha señalado que el fondo dará prioridad a proyectos considerados estratégicos para la transformación económica del país. Entre ellos figuran la construcción de vivienda en alquiler asequible, la transición energética y las iniciativas innovadoras vinculadas a sectores de alto valor añadido, con el objetivo de favorecer un crecimiento equilibrado en todo el territorio. España Crece también aspira a coordinar y complementar el conjunto de herramientas públicas de financiación orientadas a impulsar la productividad y el crecimiento económico sostenible a largo plazo. Además, el acuerdo aprobado habilita a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para aprobar la futura Estrategia de Inversión del fondo, a propuesta del Ministerio de Economía. Ese documento fijará las líneas generales de actuación, los criterios sectoriales prioritarios y las operaciones que podrán financiarse, siguiendo las condiciones establecidas por la Comisión Europea dentro del marco del Plan de Recuperación. La estrategia incorporará además los criterios ambientales exigidos por Bruselas, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, y priorizará proyectos con capacidad transformadora y potencial para elevar la productividad de la economía española a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a las necesidades de inversión y a la evolución del tejido empresarial. La transferencia de recursos al ICO aprobada este martes y la futura Estrategia de Inversión constituyen los dos compromisos adquiridos con la Comisión Europea para completar definitivamente el despliegue del fondo España Crece.

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(Cinco Días, 19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las compras de vivienda caen en marzo por tercer mes consecutivo

El mercado inmobiliario continúa mostrando señales de moderación y encadena ya tres meses consecutivos de menor actividad, consolidando la desaceleración que comenzó a apreciarse a principios de año. Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, en marzo se realizaron 61.295 compraventas de viviendas, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se registraron 62.676 operaciones. La pérdida de ritmo también se refleja en el balance del primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo se contabilizaron 178.473 transacciones, un 2,57% menos que en el mismo periodo de 2025, equivalente a 4.713 compraventas menos. Aun así, el volumen de actividad sigue siendo elevado en comparación con otros momentos históricos, lo que refuerza la percepción de una desaceleración gradual del mercado más que de un cambio brusco de tendencia. El sector residencial ha comenzado el año con una dinámica más contenida tras el fuerte crecimiento registrado en 2025, ejercicio que concluyó con cerca de 750.000 operaciones, el mayor nivel desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. La mayoría de los analistas ya anticipaban que mantener ese ritmo resultaría complicado y que el mercado tendería hacia una normalización progresiva tras varios trimestres de intensa actividad. Pese a ello, los datos del arranque de 2026 apuntan a un enfriamiento moderado y ordenado, más cercano a una pérdida paulatina de impulso que a una corrección abrupta. La demanda continúa encontrando apoyo suficiente para sostener el mercado, incluso en un contexto marcado por tipos de interés todavía elevados y por la presión de los precios de la vivienda. Por territorios, la caída de las ventas registrada en marzo afectó a diez comunidades autónomas. Cantabria lideró los descensos en términos porcentuales, con una reducción del 11,1% respecto al mismo mes de 2025. Sin embargo, el ajuste más importante en cifras absolutas se produjo en Andalucía, donde se realizaron 684 operaciones menos que un año antes, reflejando la moderación en uno de los mercados con mayor volumen de actividad del país. En el lado opuesto, y excluyendo Ceuta y Melilla, destacaron La Rioja, con un incremento del 8,78%, y la Comunidad Valenciana, que registró el mayor aumento en términos absolutos, con 1.042 compraventas adicionales. Estos datos evidencian que la desaceleración no está siendo homogénea y que algunos mercados mantienen todavía un comportamiento sólido pese al contexto de ajuste. El análisis del conjunto del primer trimestre, tradicionalmente uno de los periodos menos dinámicos del año, muestra que la Región de Murcia fue la comunidad donde más retrocedieron las compraventas en términos relativos, con una caída del 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, el mayor descenso se produjo en la Comunidad de Madrid, con 1.867 operaciones menos. Se trata de una corrección significativa en uno de los principales motores del mercado residencial español, especialmente sensible a la evolución de las condiciones financieras y a las dificultades de acceso a la vivienda. Por el contrario, Navarra encabezó el crecimiento relativo en el inicio de 2026, con un aumento del 6,07% en el número de operaciones, mientras que Cataluña fue la comunidad que sumó más compraventas en cifras absolutas, con 531 transacciones adicionales. El comportamiento dispar entre territorios vuelve a poner de relieve la coexistencia de mercados que comienzan a enfriarse con otros que todavía mantienen un notable dinamismo pese al cambio de ciclo.

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(Cinco Días, 19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El día en el que Bizum ha estrenado oficialmente el pago en comercios físicos, la vida frente a la caja registradora sigue prácticamente igual

En supermercados, cafeterías y comercios de Madrid, los clientes siguen utilizando con normalidad tarjeta, efectivo y sus habituales billeteras digitales, mientras el nuevo sistema de pagos impulsado por la banca española arranca de forma discreta y con una implantación todavía muy limitada. Según un recorrido realizado por CincoDías en una treintena de establecimientos de distintos barrios de la capital, la situación general está marcada por la confusión, e incluso muchos responsables de negocios desconocen que ya sea posible pagar con Bizum en caja. "No aceptamos Bizum porque somos una empresa, no una cuenta personal", señala una trabajadora de un Carrefour en el barrio de Ventas. Sin embargo, desde el sector de la distribución explican que las grandes superficies aún están en fase de negociación de contratos e integración tecnológica. En algunos casos, reconocen que el servicio todavía no está operativo: "Ahora mismo no va a poder pagar nadie o casi nadie", admiten desde otra cadena de supermercados. La iniciativa de la banca española busca transformar Bizum, hasta ahora utilizado principalmente para transferencias entre particulares, en una alternativa a las tarjetas de crédito y débito y a plataformas como Apple Pay o Google Pay. No obstante, la realidad del arranque dista de esa ambición. Aunque entidades como BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell o Bankinter han comenzado a activar el servicio, su disponibilidad aún es muy reducida tanto en comercios como entre clientes. Muchos usuarios, de hecho, desconocen que puedan usar Bizum como medio de pago en tiendas físicas. Esta falta de implantación genera situaciones de desconcierto. En una cerrajería de Vallecas, por ejemplo, el gerente asegura que no aceptan Bizum, mientras un empleado le corrige indicando que ya está habilitado en el datáfono. En una tienda de alimentación cercana ocurre algo similar: el sistema acaba de incorporarse al terminal de pago, pero el cliente no puede usarlo porque su banco todavía no tiene activada la función. De momento, solo una parte de los usuarios dispone de esta opción en sus aplicaciones bancarias, y la aplicación Bizum Pay, que será el canal principal para estos pagos, no se lanzará hasta dentro de dos semanas. El despliegue escalonado ya estaba previsto por las entidades, que han optado por una implantación progresiva para asegurar el funcionamiento del sistema. Además, algunas entidades aún están completando la conexión tecnológica, mientras que otras han retrasado su incorporación. En paralelo, la banca ha acordado no promover públicamente el servicio durante los primeros meses, mientras consumidores y comercios se familiarizan con su uso. No existe tampoco un calendario cerrado para su despliegue total. Bizum prevé que a partir del último trimestre del año la mayoría de usuarios y establecimientos puedan disponer del sistema, aunque sin objetivos comerciales definidos para 2026. Las diferencias entre tipos de comercios también influyen en la velocidad de adopción. Los pequeños negocios pueden activar el servicio mediante una simple actualización del terminal de pago, mientras que las grandes cadenas requieren integraciones de software más complejas, lo que retrasa su implementación. Esta situación explica el escepticismo en el sector. Algunos comercios, como la pastelería Mallorca en Madrid, ya utilizan Bizum en pedidos digitales, pero no lo han incorporado aún a sus tiendas físicas por motivos operativos. Su responsable señala que el sistema actual funciona bien y que su adopción requeriría cambios internos en los procedimientos de cobro. En otros negocios, como una copistería de Vallecas, Bizum ya se acepta desde hace tiempo, aunque su gestión contable sigue siendo manual, lo que obliga a revisar extractos bancarios y cuadrar pagos uno a uno. Con la nueva integración en los sistemas de pago, se espera que esta limitación desaparezca. Aun así, algunos comerciantes cuestionan la utilidad real del sistema, ya que ya disponen de múltiples métodos de cobro, como tarjetas o pagos mediante QR desde el móvil. Además, no todos perciben una demanda clara por parte de los clientes para incorporar Bizum como método de pago habitual. El reto para la banca será, por tanto, lograr que comerciantes y consumidores adopten de forma generalizada esta nueva opción. Las entidades prevén comisiones más competitivas que las de los pagos con tarjeta para los negocios, aunque dependerán de cada banco. Para los usuarios, se espera que en los próximos meses se lancen incentivos similares a los utilizados en campañas de captación de clientes. Por ahora, el desembarco de Bizum en el comercio físico se encuentra en una fase inicial y experimental. Aunque ya está técnicamente disponible en algunos casos, su uso real en tiendas y supermercados aún no se ha generalizado y, en la práctica, la forma de pagar en el día a día sigue siendo la misma de siempre.

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(El Economista, 19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno da el primer paso este martes para activar el fondo soberano España Crece

El Consejo de Ministros aprobará este martes el primer impulso para poner en marcha el fondo soberano "España Crece", anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de canalizar inversión pública y privada cuando se agoten los fondos europeos Next Generation. El Ejecutivo prevé movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión público-privada, aunque el punto de partida será de 10.500 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta primera fase, se dará la orden al Tesoro Público para transferir el capital que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según ha adelantado El País. Sánchez presentó este instrumento como un "ejercicio de soberanía nacional" destinado a atraer financiación a través de préstamos, avales o instrumentos de capital en sectores estratégicos como la vivienda, la energía, la digitalización, la inteligencia artificial, la reindustrialización, la economía circular, las infraestructuras hidráulicas o la seguridad, con el propósito de reforzar la productividad de la economía española. Entre esas áreas, la defensa se perfila como una de las prioritarias, un ámbito que no recibió financiación europea tras la pandemia. En este contexto, el presidente también planteó movilizar hasta 23.000 millones de euros para impulsar vivienda asequible mediante financiación público-privada. El arranque del fondo se apoyará en parte en recursos remanentes de las transferencias europeas, mientras que los 10.500 millones iniciales anunciados por Sánchez procederán de créditos del propio plan de recuperación. Estos fondos serán canalizados por el ICO hacia el mercado con la intención de alcanzar hasta 60.000 millones de euros de inversión, a los que posteriormente se sumaría capital privado para elevar la capacidad total de movilización hasta los 120.000 millones. Tal y como ha explicado elEconomista.es, el ICO separará el perímetro del fondo "España Crece" de su actividad ordinaria para evitar solapamientos y garantizar la transparencia en su gestión. Este vehículo, definido por el Gobierno como fondo soberano, funcionará como una cartera diferenciada, con cuentas y balances propios, aunque sin constituirse como una entidad independiente ni contar con una gobernanza separada. Las decisiones estratégicas sobre inversiones y financiación seguirán correspondiendo al consejo de administración del ICO, cuya autonomía ya ha sido respaldada por la Comisión Europea.

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(La Vanguardia,19-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China acelera su inversión en España antes de que la UE imponga limitaciones

La futura Industrial Accelerator Act que prepara la Unión Europea para reforzar la autonomía estratégica del continente ya está teniendo efectos sobre la actividad económica, aunque en un sentido distinto al que sugiere su denominación. Grandes grupos inversores chinos están acelerando sus movimientos en España con el objetivo de cerrar proyectos industriales antes de que Bruselas apruebe una normativa que podría endurecer notablemente las condiciones para las inversiones extracomunitarias, según fuentes próximas a las negociaciones. La mayor parte de estas operaciones se concentra en el sector de la automoción, aunque también afecta a otros ámbitos industriales. El fabricante chino SAIC Motor está cerca de anunciar la ubicación de su primera planta europea en Galicia, una instalación con la que pretende esquivar los aranceles aplicados a los vehículos procedentes de China. Por su parte, Stellantis ya ha alcanzado un acuerdo con la firma china Leapmotor para fabricar coches eléctricos en las plantas de Figueruelas y Villaverde. Además, compañías como Changan Automobile, BYD y Geely exploran posibles proyectos industriales en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estos movimientos cuentan con el respaldo del Gobierno chino, que considera a España como uno de los principales puntos de entrada para sus inversiones industriales en Europa. El viaje de Pedro Sánchez a China el pasado abril sirvió también para mantener contactos con potenciales inversores interesados en desarrollar proyectos en territorio español. Entre las compañías presentes en esos encuentros figuraban el gigante de las baterías CATL, que construye una planta en Zaragoza, o Chery, que ya produce vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan. También participaron las energéticas China Three Gorges y China Energy Engineering Corporation. No obstante, el principal foco de atención de Pekín está puesto en Bruselas y en la futura legislación europea destinada a acelerar la industria estratégica comunitaria. La norma se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación legislativa, tras la propuesta presentada por la Comisión Europea a comienzos de marzo. Ahora serán el Parlamento Europeo y el Consejo quienes negocien el texto y planteen posibles modificaciones. Uno de los aspectos más delicados de la futura regulación establece que cualquier inversión extracomunitaria superior a 100 millones de euros en sectores considerados estratégicos estará sometida a exigentes condiciones regulatorias. Si el país inversor controla más del 40% de la capacidad mundial de producción en ese ámbito, la operación deberá articularse mediante una sociedad conjunta en la que el socio extranjero no podrá superar el 49% del capital. La normativa se orienta especialmente hacia sectores como la energía fotovoltaica, el vehículo eléctrico, las baterías y las materias primas críticas. Además, contempla la obligación de realizar transferencias tecnológicas como condición para determinadas inversiones. Aunque el texto no menciona expresamente a China, las medidas están claramente dirigidas a limitar la dependencia europea de las capacidades industriales chinas. En cierto modo, Bruselas estaría replicando mecanismos similares a los que Pekín ha exigido durante años a las empresas europeas para operar en su mercado. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan a que la tramitación avanza más lentamente de lo deseado por Bruselas debido a las reticencias de algunos países, especialmente Alemania, hacia las medidas de corte más proteccionista defendidas por el comisario europeo de Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Mientras tanto, la Comisión Europea ya está adoptando decisiones concretas en esta línea. Entre ellas figura el bloqueo de financiación comunitaria para proyectos fotovoltaicos que empleen determinados componentes críticos -como inversores fabricados en China y otros países- debido a los riesgos asociados a la seguridad de las redes eléctricas. Estos dispositivos intercambian información con la red y, según Bruselas, podrían facilitar desconexiones masivas o contribuir a apagones. En paralelo, el Gobierno español ultima la aprobación del real decreto que permitirá crear el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, cuya puesta en marcha está prevista después del verano. La norma incluirá todas las habilitaciones jurídicas necesarias para su funcionamiento. Este órgano, coordinado por la Oficina Económica de Moncloa y con participación de varios ministerios, tendrá como misión identificar proyectos considerados estratégicos y facilitar su desarrollo mediante procedimientos administrativos acelerados y mayores facilidades de gestión. El nuevo comité coexistirá con la Junta de Inversiones Exteriores, organismo que desde la pandemia opera con competencias reforzadas y que permite al Ejecutivo analizar e incluso vetar inversiones extranjeras en compañías estratégicas o de determinado tamaño si considera que afectan a intereses nacionales.

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(Cinco Días, 18-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bizum arranca este lunes con el pago en comercios físicos con un despliegue limitado

El pago con Bizum en tiendas físicas ya es una realidad en España. Desde este lunes, la plataforma impulsada por la banca se ha convertido en un nuevo método para abonar compras en comercios como tiendas de ropa, supermercados, farmacias o cafeterías, aunque su estreno ha sido limitado. En esta primera fase, el sistema solo está disponible para un número reducido de clientes, establecimientos y entidades financieras, en un despliegue gradual que se extenderá de forma progresiva antes del lanzamiento general previsto tras el verano. La llegada de Bizum al comercio presencial es uno de los proyectos más ambiciosos desde su creación en 2016. Con esta funcionalidad, la plataforma entra a competir directamente con gigantes internacionales de los pagos como Visa y Mastercard. Sin embargo, el arranque tiene un carácter más simbólico que masivo. Algunas entidades, como CaixaBank, BBVA y ciertas cajas rurales, ya han comenzado a activarlo a través de sus aplicaciones móviles, aunque su disponibilidad dependerá del calendario de cada banco y será comunicada directamente a los clientes. El despliegue estaba diseñado en fases desde el principio. Aunque la infraestructura está preparada para los más de 31 millones de usuarios de Bizum, la intención inicial era incorporar primero a los clientes más activos e ir ampliando progresivamente el acceso. Lo mismo ocurre con los comercios, empezando por grandes superficies para después extenderlo al conjunto del sector. No obstante, el proceso ha sufrido ajustes debido a dificultades técnicas en la integración, lo que ha obligado a que cada entidad avance a ritmos distintos. También se ha modificado el calendario de Bizum Pay, la cartera digital propia del sistema, que funcionará de forma similar a Apple Pay o Google Pay. Su lanzamiento, previsto inicialmente para el 18 de mayo, se ha retrasado al 1 de junio. Hasta entonces, el uso de Bizum en comercios dependerá de la integración que cada banco haya realizado en sus propias aplicaciones. Cuando esté plenamente operativo, el pago permitirá abonar compras desde el móvil acercándolo al terminal de cobro, ya sea mediante la app del banco o a través de Bizum Pay. A diferencia de otros sistemas, la operación se ejecutará como una transferencia inmediata entre cuentas. Además, incluirá un sistema de pago alternativo vinculado, que permitirá completar la transacción automáticamente con otro método -como una tarjeta- si Bizum falla, sin necesidad de reiniciar el proceso. Para los comercios no será necesario cambiar los terminales de pago actuales, ya que bastará con una actualización del software de los TPV para habilitar la nueva funcionalidad. Durante esta fase inicial, prevista para las próximas semanas y meses, los bancos irán incorporando de forma progresiva tanto a clientes como a establecimientos. Se trata de un periodo de pruebas a gran escala, más que de un lanzamiento definitivo, con el objetivo de evitar incidencias y familiarizar a los usuarios con un uso más cotidiano de Bizum, más allá de las transferencias entre particulares. El lanzamiento comercial completo está previsto para septiembre, momento en el que las entidades iniciarán campañas de promoción una vez que el sistema esté estabilizado. A partir de entonces, se espera una mayor competencia entre bancos para atraer usuarios. Aunque Bizum ya se utiliza en el comercio electrónico en más de 100.000 tiendas, hasta ahora su uso principal ha sido el envío de dinero entre particulares, un servicio gratuito que no generaba ingresos directos para las entidades. Con su entrada en el comercio físico, los bancos aplicarán pequeñas comisiones a los establecimientos, lo que convertirá esta funcionalidad en una nueva fuente de ingresos. Dado que solo puede estar vinculado a una entidad, se prevé una competencia entre bancos para captar clientes, con posibles campañas promocionales asociadas. La banca ve en este movimiento una oportunidad para expandir su negocio de pagos y competir con los grandes operadores internacionales. El reto ahora es transformar un sistema popularizado para pagos entre amigos en una herramienta habitual para las compras diarias en tiendas y supermercados.

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