(El Periódico, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Este jueves, el Gobierno acudió al Congreso confiado en que el real decreto destinado a contrarrestar los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump sería aprobado. Sin embargo, persistía la incertidumbre ante una posible negativa de Junts, que ya se intuía desde la tarde anterior. Finalmente, el Ejecutivo logró sacar adelante el decreto, que contempla más de 5.000 millones en avales y otros 7.000 millones en distintos instrumentos financieros. La aprobación fue posible gracias al respaldo de la mayoría del bloque que apoyó la investidura, tras llegar a acuerdos clave con ERC y Junts, mientras que Podemos se abstuvo y PP, Vox y UPN votaron en contra.
En los instantes previos a la votación, en los pasillos del Congreso, dirigentes del PSOE aseguraban que el Gobierno había hecho su trabajo y negociado los apoyos necesarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responsable de liderar las conversaciones parlamentarias, agradeció la actitud constructiva de los grupos y destacó la importancia de la norma ante el "complejo contexto internacional y la incertidumbre que enfrentan las empresas españolas".
El Ejecutivo consiguió el sí de Junts tras aceptar algunas modificaciones propuestas por el grupo catalán. Según explicó el diputado Josep Maria Cruset, se acordó que la distribución de los instrumentos financieros se hará en proporción al peso de las exportaciones catalanas a Estados Unidos, lo que se traduce, según sus cálculos, en que el 25% de los avales podrían beneficiar a empresas catalanas. Además, se pactó que el ministro rinda cuentas de forma trimestral sobre la evolución del plan y que se celebre una reunión mensual con representantes de Junts para hacer seguimiento del mismo. La última de estas reuniones, celebrada el miércoles por la tarde, fue clave para asegurar su apoyo final.
Por su parte, ERC también cerró un acuerdo con el Gobierno durante el debate. La diputada Inés Granollers anunció que se han asegurado compromisos para que las futuras ayudas públicas directas a empresas estén condicionadas a la preservación del empleo. El pacto también contempla un seguimiento periódico por parte del Ejecutivo sobre el impacto en empleo, exportaciones y producción en los sectores más afectados, con el objetivo de implementar nuevas medidas cuando sea necesario. Además, se garantizará que estas ayudas no se utilicen para deslocalizar empresas ni para reducir puestos de trabajo en los sectores perjudicados.
El decreto, aprobado inicialmente en abril tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 20% a todas las importaciones europeas -una medida actualmente suspendida-, contó con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. La mayoría fue estrecha y estuvo en riesgo por la abstención de Podemos, que criticó que el plan no confronta con firmeza a Trump, al que calificaron de "matón".
En oposición al Gobierno se situaron PP, Vox y UPN. En los días previos a la votación, con los apoyos aún inciertos, el Ejecutivo acusó a los populares de no apoyar una medida positiva para las empresas españolas. Sin embargo, este jueves, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, calificó el decreto de "irrelevante", argumentando que solo ofrece a las empresas más endeudamiento a través de préstamos y avales. También reprochó al ministro Cuerpo no haber aceptado ninguna propuesta de su grupo: "Negociar no es solo informar de lo que piensa hacer; esto no puede ser un contrato de adhesión en el que usted impone sus medidas sin aceptar ninguna de las nuestras y luego espera que las apoyemos", señaló.