(Expansión, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El PP ha logrado aprobar su propuesta para eliminar las sanciones a los propietarios que decidan cortar el suministro de luz o agua a los okupas. Con el voto favorable del PNV y la abstención de Junts, la iniciativa tiene posibilidades de superar también el trámite del Congreso. Gracias a su mayoría absoluta en el Senado, el PP ha dado luz verde en la Cámara Alta a una modificación del Código Penal que permitiría a los dueños de viviendas ocupadas ilegalmente interrumpir servicios básicos como electricidad o agua.
Hasta ahora, tanto el Código Penal como la jurisprudencia han considerado estas acciones como un delito de coacciones, al entender que se empleaban para presionar a los ocupantes irregulares y forzar su salida. El apoyo del PNV y la abstención de Junts han permitido que la propuesta avance. Si ambos grupos mantienen su postura en el Congreso, la iniciativa podría aprobarse definitivamente en las próximas semanas.
La relevancia de la noticia radica en dos aspectos: por un lado, el respaldo de algunos socios del Gobierno, lo que vuelve a evidenciar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez; y por otro, el aumento de la ocupación ilegal de viviendas. Según los datos más recientes de idealista, más de 23.000 propiedades ocupadas están actualmente en venta.
Todo esto ocurre mientras otros aliados parlamentarios presionan al Gobierno para prolongar el decreto antidesahucios, que está impidiendo a numerosos propietarios recuperar sus inmuebles, los cuales podrían volver al mercado y contribuir a aliviar la falta de oferta que ha impulsado el alza de los precios en los últimos meses.
La propuesta del PP consiste en modificar el artículo 172.1 del Código Penal, relacionado con las ocupaciones ilegales, añadiendo un párrafo que establezca claramente que cortar los suministros en una vivienda ocupada de forma ilegal "en ningún caso constituirá un delito de coacciones".
En la exposición de motivos, el PP recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló que los propietarios pueden suspender los suministros a los okupas sin que esto se considere coacción. "El corte de suministros avalado por la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal", sostiene el PP. No obstante, buscan reformar el Código Penal para "unificar criterios y garantizar su aplicación en todo el territorio nacional".