(El País, 24-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida popularmente como el banco malo, informó este jueves de que ya supera las 11.500 viviendas destinadas a fines sociales. En estos inmuebles, más de 35.000 personas en situación de vulnerabilidad se benefician de los programas de carácter social que la entidad puso en marcha en 2022, coincidiendo con la asunción del control accionarial por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
A este parque residencial se añaden otras 1.625 viviendas cedidas a distintas Administraciones mediante convenios, así como 180 inmuebles habilitados y entregados de forma gratuita a quienes resultaron afectados por la dana que golpeó principalmente la provincia de Valencia en octubre del pasado año. Entre las más de 35.000 personas beneficiarias, la mayoría forma parte del Programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral, que ya suma 9.800 hogares y que, solo en 2025, ha logrado la integración de más de 600 personas. Esto equivale a una media de una reinserción al día y cerca de 700 contratos laborales firmados.
"Hemos realizado un esfuerzo considerable en los últimos años para fortalecer este programa, y las cifras demuestran los resultados. Estamos apoyando a muchas familias para que salgan de situaciones de riesgo de exclusión social y, además, lo hacemos de manera sostenible para la compañía", señaló en un comunicado el director de Vivienda Social y Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha.
El procedimiento que sigue Sareb para formalizar un alquiler social incluye el apoyo de sus gestores sociales a las familias para tramitar ayudas públicas, dar de alta los suministros básicos, acceder a cursos de formación y participar en procesos de búsqueda de empleo. Esto último implica la elaboración de un currículum actualizado y el envío de ofertas laborales acordes con cada perfil.
Según los datos difundidos este jueves, el programa de alquiler social registra una morosidad del 10,6%, porcentaje que refleja el total de cuotas impagadas en los últimos 12 meses respecto a la facturación del mismo periodo. Esta tasa se sitúa por debajo de la media del sector y continúa reduciéndose de manera gradual, lo que, según la entidad, demuestra el elevado grado de compromiso de las familias con el programa y sus obligaciones.