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(El Economista, 05-09-2025) | Fiscal

Hacienda agiliza el pago de deducciones de maternidad y familia numerosa

El Ministerio de Hacienda está ultimando una nueva orden para aprobar el modelo 185, con el que podrá recibir de forma más rápida y automatizada la información procedente de la Seguridad Social y de las mutualidades alternativas. El objetivo es facilitar el abono mensual a los contribuyentes de las deducciones por maternidad, familia numerosa y por tener a cargo personas con discapacidad. Con este modelo se unificará el canal por el que la Agencia Tributaria obtiene mensualmente esos datos, lo que permitirá agilizar el proceso y reducir riesgos. Actualmente, Hacienda recibe la información por distintas vías, lo que obliga a realizar un tratamiento manual de los datos. La implantación del nuevo sistema eliminará ese trabajo manual, redundando en una mayor eficiencia y en un beneficio directo para los ciudadanos. El modelo comenzará a aplicarse en 2026 y se utilizará por primera vez con la información correspondiente al mes de enero de ese año, que Seguridad Social y mutualidades deberán remitir durante los primeros diez días de febrero. Las deducciones por maternidad, familia numerosa o por tener a cargo una persona con discapacidad ascienden a 1.200 euros anuales, que se pueden percibir de dos formas: mediante pagos mensuales anticipados que ingresa Hacienda en la cuenta del beneficiario, o como minoración en la declaración de la renta. En el caso de las familias numerosas de carácter especial -aquellas con más de cinco hijos, con algún miembro con discapacidad o con bajos ingresos de los progenitores- la deducción se eleva a 2.400 euros.

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(El País, 04-09-2025) | Fiscal

Hacienda incluye la defensa y los efectos de la guerra arancelaria entre las prioridades de los Presupuestos de 2026

El Gobierno ha iniciado este miércoles el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que establece las directrices para los ministerios y define las prioridades del Ejecutivo. Desde ahora, cada departamento deberá enviar a Hacienda sus propuestas de ingresos y gastos, que servirán de base para el proyecto de cuentas del próximo ejercicio. El plazo es breve: hasta el 12 de septiembre los ministerios y organismos implicados podrán presentar sus peticiones. Tras dos ejercicios sin presentar proyecto propio -las cuentas actuales son las de 2023, prorrogadas-, el Gobierno quiere centrar los recursos en ámbitos como la defensa y el apoyo a sectores golpeados por la incertidumbre derivada de la guerra comercial global impulsada por Estados Unidos. Estos apartados no aparecían en la orden del año pasado, que finalmente quedó sin efecto. La vivienda también adquiere mayor protagonismo en el documento publicado ahora en el BOE, con más referencias que en 2024. En el área militar, Hacienda insiste en la necesidad de "modernizar las capacidades en defensa" y reforzar la industria y el empleo vinculados a la seguridad, con la meta de llevar el gasto hasta el 2% del PIB. En materia de comercio, se prevé un paquete de medidas para respaldar a las empresas exportadoras afectadas por los nuevos aranceles internacionales, especialmente en sectores más vulnerables. Respecto a la vivienda, los objetivos pasan por aumentar la oferta de alquiler asequible, ampliar el parque público y prevenir tensiones en el mercado. A estas prioridades se suman otras líneas de acción: culminar la ejecución de los fondos europeos, reforzar los servicios públicos esenciales para consolidar el Estado del bienestar, impulsar la innovación, la digitalización y la reindustrialización, promover la I+D+i, avanzar en sostenibilidad y transición ecológica, y garantizar la cohesión territorial, la igualdad de género y la protección a la infancia y la juventud. La orden ministerial supone el arranque oficial del ciclo presupuestario, aunque quedan pasos clave por completar. El calendario legal es exigente y el Ejecutivo ya acumula retrasos. A estas alturas deberían estar aprobados los objetivos de estabilidad y deuda pública, requisito indispensable para fijar el límite de gasto no financiero -conocido como techo de gasto-, además de contar con el cuadro macroeconómico que sustenta técnicamente las cuentas. Ninguno de estos hitos se ha cumplido todavía. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el martes que la senda de estabilidad se remitirá al Congreso en breve. La Constitución exige que el proyecto de Presupuestos llegue al Congreso al menos tres meses antes de acabar el año, es decir, antes del 1 de octubre, para dar tiempo a su tramitación y entrada en vigor el 1 de enero. En la práctica, los gobiernos rara vez cumplen con esta fecha y suelen ajustar el calendario según la coyuntura política, como ocurre ahora. Sin embargo, el retraso actual reduce las posibilidades de que las nuevas cuentas estén listas a tiempo. Si no se consigue, España afrontaría la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, ya que el Ejecutivo renunció a presentar proyecto tanto en 2024 como en 2025. A la dificultad técnica se suma la política: el Gobierno debe conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas, lo que no está garantizado. Las tensiones entre los socios de coalición y la necesidad de recabar apoyos externos hacen incierta la negociación presupuestaria. El propio presidente, Pedro Sánchez, adelantó en una entrevista esta semana que el Ejecutivo centrará sus esfuerzos en las cuentas de 2026 y descartó convocar elecciones si el proyecto no prospera en el Congreso. Montero, por su parte, subrayó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno presentará el proyecto "con o sin apoyos", aunque recordó que la acción del Ejecutivo no se limita a la aprobación de unos Presupuestos y que, en caso de rechazo, se podría seguir prorrogando el marco actual.

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(El Economista, 04-09-2025) | Fiscal

Hacienda adeuda 19.500 millones a los contribuyentes en devoluciones de impuestos y litigios

El Ministerio de Hacienda ha reservado 19.500 millones de euros para devolver impuestos a los contribuyentes y atender los litigios perdidos. La partida supone un incremento del 10% respecto al año anterior, motivado sobre todo por las devoluciones pendientes a los pensionistas que cotizaron en su día a las antiguas mutualidades laborales, según recoge la Cuenta General de la Administración del Estado de 2024. En 2023, Hacienda destinó 1.700 millones a este concepto. Ahora, ha ampliado la provisión en 3.555 millones para reintegrar a los jubilados el IRPF abonado de forma indebida. El Congreso de los Diputados aprobó en julio la ley que obliga a devolver en un único pago durante este año lo correspondiente tanto a la Renta de 2024 como a los ejercicios anteriores no prescritos. El mayor volumen de devoluciones, no obstante, procede de las autoliquidaciones presentadas por particulares y empresas que, a 31 de diciembre, aún no habían recibido resolución. Para este fin se han apartado 11.716 millones de euros, un 4% más que en 2023. A ello se suma la devolución a las empresas por la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2024, que anuló el Real Decreto-ley de 2016 impulsado por Cristóbal Montoro para endurecer el Impuesto de Sociedades. Hacienda deberá reintegrar en este caso 800 millones de euros, una cifra menor que la prevista en 2023, cuando se reservaron 1.200 millones para compensar pérdidas no aplicadas o deducciones por doble imposición. De forma paralela, se mantiene una dotación de 59 millones para los activos fiscales diferidos, y se eleva un 45%, hasta 1.621 millones, el fondo para cubrir devoluciones derivadas de reclamaciones en los tribunales económico-administrativos, lo que refleja el aumento de la litigiosidad reciente. También se conserva intacta la provisión de 1.480 millones de euros destinada a las operadoras de telefonía móvil por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El Tribunal Supremo declaró en 2022 que este tributo contravenía la normativa europea de telecomunicaciones, al tener un carácter meramente recaudatorio, ser discriminatorio y limitar la competencia en el sector. Por último, el Ministerio ha reservado 197 millones para cubrir reclamaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) u otros conflictos contables, y añade por primera vez una partida de 53 millones para hacer frente a las responsabilidades derivadas del recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid en relación con las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica de 2019.

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(La Vanguardia, 03-09-2025) | Fiscal

El Gobierno aprueba la quita de deuda de 83.252 millones de deuda de quince autonomías

El Gobierno ha arrancado el nuevo curso político con un gesto de gran impacto y cargado de simbolismo. En el segundo Consejo de Ministros tras el verano se aprobó el anteproyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, una medida de gran alcance con la que el Ejecutivo busca reforzar la alianza con sus socios catalanes, reagrupar a los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez de cara a la negociación presupuestaria y, al mismo tiempo, poner en aprietos al principal partido de la oposición. Tras los trámites habituales y la emisión de los informes pertinentes, el texto regresará al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso de los Diputados. El plan prevé perdonar en torno a 85.000 millones de euros de deuda y está dirigido a todas las comunidades de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema fiscal propio-. Entre las más favorecidas estarían Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque en el Partido Popular insisten en que sus gobiernos autonómicos no solicitarán esta ayuda. En La Moncloa, sin embargo, confían en que algunas regiones terminen sumándose, ya que no todas cuentan con margen financiero para rechazar un alivio que, aunque no soluciona el problema de fondo, sí reduce la presión. Antes de llegar a ese escenario, el Ejecutivo debe superar un trámite parlamentario complejo, en un Congreso muy fragmentado donde se da por hecho el rechazo frontal de la oposición y las dudas dentro del bloque que sostiene al Gobierno, con intereses a menudo divergentes. La propuesta tiene su origen en el acuerdo entre el PSOE y ERC para asegurar la investidura en otoño de 2023. En aquel pacto se contemplaba una quita para Cataluña, con la opción de ampliarla al resto de comunidades. Durante 2024 y comienzos de 2025, el Ministerio de Hacienda diseñó la fórmula, presentada oficialmente el 24 de febrero y validada después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pese al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP. El volumen total a perdonar asciende a 83.252 millones, lo que supone una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. El reparto es desigual: Andalucía sería la principal beneficiada (casi 19.000 millones), seguida de Cataluña (17.000 millones), la Comunidad Valenciana (11.200 millones) y Madrid (8.600 millones). En el otro extremo, La Rioja y Cantabria apenas recibirían 448 y 809 millones, respectivamente. La metodología diseñada por Hacienda consta de tres fases. La primera se centra en el sobreendeudamiento generado entre 2009 y 2013, en plena Gran Recesión, cuando el hundimiento de los ingresos obligó a las autonomías a financiarse en condiciones muy duras. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) permitió mantener servicios básicos, pero disparó la deuda. Entre 2009 y 2013, esta creció en más de 109.000 millones. Tras ajustar esa cifra con la evolución posterior, Hacienda calcula que unos 80.000 millones corresponden a endeudamiento "excesivo" y plantea condonar el 75% (unos 60.000 millones), distribuidos según la población ajustada. La segunda fase añade 11.514 millones extra para que ninguna región quede por debajo del 19% de condonación. La tercera fase introduce dos correctivos: 11.506 millones para compensar a las comunidades infrafinanciadas y 917 millones más para las que aumentaron el IRPF entre 2010 y 2022 como muestra de esfuerzo fiscal. Así se alcanza la cifra final de 83.252 millones. La deuda no desaparece, sino que pasa a ser asumida por el Estado, lo que sanea los balances regionales y mejora su acceso a los mercados. No obstante, organismos como la Autoridad Fiscal o Fedea han advertido de los riesgos de este tipo de medidas si no van acompañadas de una estrategia de sostenibilidad presupuestaria, ya que podrían incentivar comportamientos irresponsables al confiar en futuros rescates. La condonación será de carácter voluntario: cada comunidad decidirá si la acepta o no. Cataluña ya ha confirmado que lo hará, mientras que otras autonomías beneficiadas en términos absolutos, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, avanzan su rechazo al considerar la propuesta insuficiente y un simple "parche" a su problema estructural de infrafinanciación.

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(Expansión, 03-09-2025) | Fiscal

Hacienda reserva 1.000 millones de quita para las regiones que han subido el IRPF

El plan de condonación de deuda autonómica contempla una partida específica destinada a las comunidades que decidieron aumentar su tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa, presentada ayer por el Gobierno, se fundamenta en la idea de que "las comunidades autónomas sufrieron una financiación deficiente durante la crisis gestionada por el PP" en plena Gran Recesión. Aunque este es el episodio que se busca compensar, el diseño del plan también incorpora una bolsa cercana a los 1.000 millones de euros destinada a aquellas regiones que elevaron su fiscalidad. El cálculo que da lugar a los 83.252 millones de euros de condonación potencial -explicado previamente a las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera- se basa en que estas no recibieron el respaldo necesario en la crisis financiera y de deuda soberana de comienzos de siglo, lo que las obligó a endeudarse en los mercados en condiciones muy desfavorables. Así, de los 109.582 millones de deuda emitida entre 2009 y 2013, se descuenta la asumida durante la crisis del Covid (2019-2023), que asciende a 29.272 millones. El resultado, 80.310 millones, es considerado como sobreendeudamiento inducido, del cual el Gobierno plantea asumir el 75%. Además, se garantiza que la quita represente al menos el 19% de la deuda de cada autonomía, porcentaje que corresponde a la media resultante del cálculo inicial. También se contemplan recursos adicionales para las comunidades consideradas infrafinanciadas en el actual sistema, en vigor desde 2013 pero caducado. Por último, se prevé un incentivo extra para las regiones que incrementaron el IRPF entre 2010 y 2022: un 10% más de condonación si lo hicieron por encima de la media y un 5% si fue por debajo. En este grupo figuran principalmente Cataluña, pero también Andalucía, a pesar de las bajadas de impuestos recientes aplicadas por el PP. Entre todas, recibirán 917 millones adicionales en concepto de quita. Con esta medida, Hacienda considera atendida la exigencia de Sumar en materia de responsabilidad fiscal, aunque se muestra dispuesta a negociar ajustes durante la tramitación parlamentaria.

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(Expansión, 03-09-2025) | Fiscal

El Tribunal Supremo simplifica la sucesión en la empresa familiar

Una reciente sentencia respalda que un trabajador esencial para la actividad de una empresa pueda ser, al mismo tiempo, uno de sus propietarios. En una resolución con gran impacto para la continuidad de los negocios familiares en España, el Tribunal Supremo ha fijado un criterio clave que aclara qué se entiende por "actividad económica" en el arrendamiento de inmuebles a efectos de aplicar las reducciones fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El Alto Tribunal establece que no puede descartarse la naturaleza laboral de un contrato celebrado entre una comunidad de bienes y uno de sus comuneros únicamente porque el contratado sea también partícipe de la entidad. Esta decisión sienta doctrina y apuesta por una interpretación finalista de la normativa, orientada a garantizar la pervivencia de la empresa familiar. El debate se centraba en la aplicación del artículo 27.2 de la Ley del IRPF, que exige, para considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica, que exista al menos un trabajador con contrato laboral y a jornada completa. El problema surgía cuando esa persona era, además, comunero de la entidad. El Supremo resuelve esta cuestión consolidando una interpretación que se ajusta al espíritu de las normas diseñadas para proteger la sucesión de empresas familiares. El Tribunal aclara que la ley tributaria no impide que un comunero pueda ser considerado trabajador por cuenta ajena a jornada completa, siempre que se cumplan las características de una relación laboral: prestación de servicios voluntaria, realizada por cuenta ajena, bajo la dirección y organización de otra persona o entidad, y con la correspondiente retribución. En consecuencia, la condición de comunero no anula automáticamente los elementos de ajenidad y dependencia. La relación podrá considerarse laboral siempre que los servicios sean reales, efectivos y sujetos a la organización de la comunidad de bienes. La sentencia insiste en la importancia de interpretar el artículo 27.2 de la Ley del IRPF con un enfoque teleológico. Siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Recomendación 94/1069/CE, el Supremo subraya que el objetivo último es garantizar la supervivencia de la empresa familiar mediante un marco fiscal favorable en casos de sucesión o donación. Por ello, no deben prevalecer criterios meramente formales que, en la práctica, obstaculicen esa finalidad. Este fallo tiene implicaciones relevantes para las empresas familiares, ya que aporta seguridad jurídica a la hora de transmitir negocios -especialmente los dedicados al arrendamiento de inmuebles- y facilita el acceso a reducciones fiscales de hasta el 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. También da más flexibilidad a las comunidades de bienes y entidades familiares, al permitir que un socio pueda asumir un rol laboral clave sin que ello afecte a los beneficios fiscales. El Supremo remarca que la administración tributaria debe atender a la realidad económica y al mantenimiento del negocio, evitando interpretaciones demasiado estrictas. No obstante, aclara que, si se detecta una estructura artificial creada para defraudar o eludir impuestos, la administración dispone de instrumentos legales para actuar. En cambio, la mera participación accionarial (como un 25% de un comunero) no basta por sí sola para negar una relación laboral, salvo que se pruebe de manera fehaciente que dicho comunero ejerce funciones de dirección o gestión.

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(Expansión, 03-09-2025) | Fiscal

Bruselas simplifica la recaudación del IVA de las importaciones con ventajas para los compradores

A partir de 2028, todas las plataformas de comercio electrónico -como Amazon, Temu o Shein- y cualquier empresa situada fuera de la UE que comercialice productos en el mercado comunitario estarán obligadas a recaudar el IVA. Esta medida se enmarca en la nueva Directiva aprobada recientemente por el Consejo de la UE, tras recibir el visto bueno de los ministros de Finanzas europeos en mayo, con el objetivo de simplificar la tributación del IVA en las importaciones. La norma establece que serán los propios proveedores quienes asuman la responsabilidad de ingresar el IVA correspondiente a las ventas en los distintos Estados miembros, en lugar de que lo haga el consumidor europeo, como sucede actualmente. Según el legislador europeo, este cambio fomentará el uso de la ventanilla única de importación del IVA, facilitando el proceso de declaración. La obligación, que entrará en vigor en julio de 2028, afectará tanto a comercios en línea como a grandes plataformas digitales, entre ellas Aliexpress, Amazon y Temu, que deberán aplicar el IVA en las importaciones de productos procedentes de países terceros. El cambio se produce en un contexto en el que la UE recibe un volumen creciente de mercancías extranjeras, especialmente de China, uno de los países más golpeados por los aranceles de Donald Trump, que ha intensificado sus envíos hacia Europa. El objetivo de la reforma es reforzar la recaudación del IVA en las importaciones, un área en la que los Veintisiete presentan carencias importantes. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, el fraude en torno a este impuesto supone unas pérdidas anuales cercanas a los 89.000 millones de euros, en gran medida debido a irregularidades en la entrada de productos extracomunitarios. Con la aplicación de la Directiva, se espera que los proveedores foráneos se vean incentivados a utilizar la ventanilla única europea (IOSS) para declarar el IVA, ya que quienes no lo hagan deberán afrontar procedimientos más complejos y prolongados para poder seguir operando en el mercado comunitario.

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(Expansión, 03-09-2025) | Fiscal

El TEAC aclara como deben justificarse las deducciones por I+D en Sociedades

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha adoptado el criterio fijado por el Tribunal Supremo y ha aclarado cómo deben aplicarse las deducciones por inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). En una resolución emitida el pasado 17 de julio, el TEAC despeja varias dudas sobre el tratamiento de estas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Se trata de la cuarta resolución que ajusta los criterios en esta materia. Con ella, el TEAC confirma que, en relación con las deducciones por I+D correspondientes a ejercicios anteriores a 2021 -incluidas las aplicadas en 2020 o antes-, Hacienda debe admitirlas aunque no se hubieran declarado ni corregido en su momento, ya que la normativa entonces vigente lo permitía. En cambio, para las deducciones generadas a partir de 2021, resulta obligatorio declararlas en el ejercicio en que se originaron o bien corregir cualquier error en la declaración presentada. Esta doctrina representa un respiro para las compañías que aún conservan deducciones pendientes de ejercicios anteriores a 2020, ya que no tendrán que modificar sus declaraciones pasadas. El Supremo, además, ratificó en 2024 la validez vinculante del Informe Motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que constituye prueba suficiente de que la inversión realizada se destina realmente a actividades de I+D. Con este nuevo criterio queda sin efecto la interpretación previa de la Dirección General de Tributos (DGT), que en algunos supuestos permitía aplicar deducciones no declaradas inicialmente sin necesidad de rectificar, incluso varios años después.

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(El Economista, 03-09-2025) | Fiscal

Hacienda logra que 7.200 ricos más paguen el impuesto de Patrimonio y la fortuna de los más adinerados ya roza el billón

El Impuesto sobre el Patrimonio, que grava las fortunas superiores a los dos millones de euros, sumó en 2023 un total de 7.190 contribuyentes más que tuvieron que pagarlo. Este aumento, unido al crecimiento del patrimonio de los más ricos en España -que ya roza el billón de euros-, elevó la recaudación un 58%, alcanzando los 1.978 millones de euros, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. El repunte de aportantes se explica por la decisión de varias comunidades autónomas -Madrid, Andalucía y Galicia- de recuperar el tributo, que hasta entonces mantenían total o parcialmente bonificado. Esta medida vino motivada por la creación, en diciembre de 2022, del Impuesto a las Grandes Fortunas, aprobado por el Gobierno central para recaudar lo que esas regiones dejaban de ingresar. Como reacción, los ejecutivos autonómicos del PP retiraron las exenciones para quedarse ellos con la recaudación. Así, el número de contribuyentes que efectivamente pagaron Patrimonio pasó de 185.101 en 2022 a 192.291 en 2023, casi un 4% más. Conviene recordar que en 2022 no se registró ningún aportante en Madrid ni en Andalucía. Sin embargo, mientras crece el número de pagadores, desciende el de declarantes: en 2023 fueron 228.575, 1.790 menos que el año anterior, lo que supone el segundo retroceso consecutivo. Los expertos explican que muchos con cuotas muy bajas -100 o 200 euros- optan por no presentar la declaración para evitar la atención de Hacienda, ya que la sanción por no hacerlo ronda los 200 euros. En total, los más de 228.000 declarantes (el 0,46% de la población) acumulan un patrimonio conjunto de 934.020 millones de euros, casi un 8% más que el año previo, impulsado por la buena evolución de los mercados financieros. La mayoría de esa riqueza, un 75%, está invertida en fondos, acciones y depósitos (708.884 millones), con un incremento cercano al 10%. Los inmuebles suponen el 18,5% del total; otros bienes y derechos -como concesiones, propiedad intelectual o criptomonedas- el 2,32%; seguros y rentas, el 1,76%; actividades económicas, el 1,26%; y objetos de lujo, arte o embarcaciones, el 0,23%. El aumento del patrimonio global también ha elevado la riqueza media por contribuyente, que supera por primera vez los cuatro millones de euros (4,08 millones), un 9% más que en 2022. Es decir, un millón más de lo que poseían de media hace una década. En cuanto a renta, quienes presentan Patrimonio declaran unos ingresos anuales medios de 177.000 euros. Por comunidades, los madrileños encabezan la lista con 424.597 euros, seguidos por los andaluces (208.717) y los cántabros (190.000). En el extremo opuesto figuran los asturianos (88.389), los extremeños (92.252) y los castellano-manchegos (120.826). Por su parte, el nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas apenas recaudó 35 millones, ya que la mayor parte de la tributación quedó en manos de las comunidades gracias al Impuesto sobre el Patrimonio. En cuanto a la distribución de activos, los grandes patrimonios redujeron a la mitad su exposición a criptomonedas, pasando de 1.800 millones en 2022 a 915 millones en 2023, muy lejos de los 2.100 millones registrados en 2021. En joyas, pieles, vehículos, embarcaciones y aviones el saldo ascendió a 1.228 millones (+5,7%), mientras que en arte y antigüedades cayó ligeramente hasta los 955 millones (-2,4%).

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(Expansión, 02-09-2025) | Fiscal

Aluvión de revisiones de Renta en septiembre con dos millones de devoluciones en el aire

Hacienda ha comenzado a solicitar información adicional a los contribuyentes cuyas declaraciones de la Renta presentan posibles errores o inconsistencias. A día de hoy, la Agencia Tributaria todavía mantiene pendientes de abono alrededor de dos millones de devoluciones correspondientes a la última campaña. Han transcurrido dos meses desde el cierre de la campaña de la Renta 2024, en la que los contribuyentes presentaron 15,9 millones de solicitudes de devolución, lo que supone un 1,81% menos respecto al año anterior. La mayor parte de esos importes ya han sido reintegrados, aunque en torno a dos millones de declaraciones siguen abiertas, lo que podría dar lugar a revisiones por parte del Fisco para verificar la veracidad de los datos presentados. Como suele ser habitual en septiembre, la Inspección de Hacienda ha empezado a enviar numerosas notificaciones a aquellos contribuyentes cuyos datos fiscales requieren una comprobación más detallada. Esto afecta principalmente a colectivos como los trabajadores autónomos, quienes declaran ingresos por alquileres con derecho a deducción de gastos, así como a quienes en 2024 hayan rescatado planes de pensiones o fondos de inversión, recibido indemnizaciones por despido o vendido algún inmueble, entre otros casos. Generalmente, Hacienda solicitará documentación que respalde ciertos apartados de la declaración para, posteriormente, proceder al pago de la devolución o rectificar el resultado presentado si detecta errores. En determinadas situaciones, la comprobación puede prolongarse más allá de diciembre, lo que obligaría a la Administración a abonar intereses de demora si, finalmente, se confirma el derecho a la devolución, según explican fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La campaña que concluyó el pasado 30 de junio fue la primera en contar con un sistema de corrección voluntaria de errores mediante la nueva autoliquidación rectificativa, que sustituye a las antiguas declaraciones complementarias. Durante el proceso, la AEAT remitió miles de cartas preventivas a quienes modificaron el borrador inicial, lo que derivó en casi 45.000 declaraciones rectificadas y evitó posteriores revisiones, intereses y posibles sanciones, según destaca el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. En la actualidad, el organismo centra sus esfuerzos en los contribuyentes que no aprovecharon ese mecanismo, en especial aquellos con declaraciones a devolver que todavía no han recibido el pago, unos dos millones de casos, aunque también se están revisando liquidaciones con resultado a ingresar. Hasta el 26 de agosto, Hacienda había efectuado devoluciones a más de 14 millones de contribuyentes. El resto podría ser objeto de verificación entre septiembre y diciembre. La AEAT insiste en que estas demoras no son inusuales, ya que no todas las declaraciones pueden revisarse de manera inmediata y, hasta final de año, no se generan intereses por retraso. Además, recuerdan que no todas las solicitudes de devolución son correctas y algunas acaban transformándose en liquidaciones a ingresar. Aun así, septiembre suele marcar el inicio de las comunicaciones a quienes presentan discrepancias con el criterio de Hacienda. En los casos más complejos, las comprobaciones podrían prolongarse más allá de diciembre, lo que prácticamente asegura la apertura de un procedimiento inspector, dado que la Administración tendría que asumir el pago de intereses de demora si finalmente confirma la devolución solicitada. En cuanto al proceso de revisión, José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), señala que la fase que arranca en septiembre corresponde al cuerpo de gestión de la AEAT, que analiza aquellas declaraciones con posibles inconsistencias. Muchas de ellas serán aprobadas y abonadas antes de que termine el año, mientras que otras se remitirán a la Inspección para un examen más profundo, lo que podría implicar requerimientos de información adicional e incluso visitas presenciales al contribuyente.

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