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(Cinco Días, 01-12-2025) | Fiscal

Luis de Guindos alerta que el aumento del gasto en defensa pone a prueba la estabilidad fiscal europea

La política fiscal europea atraviesa retos de gran calado y urgencia, donde el aumento del gasto militar se ha convertido en la principal "prioridad" para las instituciones de la UE. Así lo afirmó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante el XXIV Congreso de Directivos CEDE celebrado este jueves en Zaragoza. Este nuevo foco en la seguridad supone una presión notable sobre las cuentas públicas y revela la vulnerabilidad política interna del continente. Según el exministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), la defensa es ahora el desafío más crítico. En su intervención señaló que en el seno de las instituciones europeas "la obsesión actual es la defensa". Este giro responde a la necesidad de abandonar el enfoque tradicional y adaptarse tanto a la amenaza que representa Rusia como a una administración estadounidense "más imprevisible". Por ello, Europa debe replantear su estrategia y "aumentar de forma considerable" su inversión en defensa. El plan propuesto es ambicioso: elevar el gasto del 2% al 3,5% del PIB. Ese incremento de 1,5 puntos porcentuales tendrá un efecto presupuestario evidente y, además, exige que el dinero se gestione "de forma adecuada". Este mayor esfuerzo en defensa entra en conflicto directo con el segundo gran reto fiscal: mantener la estabilidad. Guindos subrayó que el panorama político europeo es "complicado", lo que dificulta la toma de decisiones. "Hay gobiernos que incluso encuentran obstáculos para aprobar sus presupuestos anuales", recordó, en referencia al rechazo por parte del Congreso de los Diputados a la senda de déficit, un paso clave para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. "Si ya es difícil aprobar un presupuesto anual, sacar adelante planes plurianuales -que Bruselas reclama a los gobiernos de la zona euro y de la UE- resulta todavía más complejo", advirtió. Pese a este escenario incierto, Guindos destacó que los mercados de deuda soberana europeos están "notablemente calmados". Los diferenciales se han estrechado, especialmente en los países más afectados por la crisis de deuda (Portugal, Grecia, Italia y España). Francia, en cambio, ha seguido una tendencia contraria, aunque sus spreads se mantienen en niveles "razonables" sin señales de volatilidad excesiva ni contagio al sector bancario o corporativo. En este clima de fragilidad, el exministro insistió en que el respeto a la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de prensa son pilares imprescindibles para sostener la estabilidad política y económica, mencionando indirectamente la controversia en torno al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Guindos también abordó la cuestión de la vivienda en relación con el fuerte crecimiento poblacional que ha experimentado España, impulsado en gran parte por la inmigración. A su juicio, la llegada de población extranjera es necesaria e inevitable, dadas las tendencias demográficas tanto nacionales como europeas. Sin embargo, este modelo de crecimiento tropieza con un obstáculo clave: la falta de vivienda, un problema que también sufren otros países de la UE. El vicepresidente del BCE explicó que esta dificultad se concentra especialmente en el mercado del alquiler. Mientras que la construcción requiere largos plazos, la demanda de alquiler ha aumentado de forma abrupta. A ello se añade una regulación que, según señaló, limita la oferta disponible, lo que está disparando los precios. El encarecimiento del alquiler se ha convertido en uno de los grandes lastres de la economía española, ya que dificulta la movilidad laboral. Guindos mencionó que atraer talento a regiones como Aragón es complicado si no existe un mercado de alquiler dinámico. Por ello, subrayó que resolver el problema de la vivienda debería ser una de las máximas prioridades. Asimismo, advirtió de que el aumento poblacional debe acompañarse de mayores recursos para servicios esenciales como la educación y la sanidad, evitando respuestas cortoplacistas. Concluyó afirmando que, si España supera este bloqueo y refuerza sus servicios públicos, podrá mantener su ritmo de crecimiento.

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(Expansión, 01-12-2025) | Fiscal

España se queda sola en la UE al negar la exención del IVA

El rechazo del Gobierno a implantar una exención del IVA para los autónomos con menor volumen de ingresos, tal como ya ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, coloca a los profesionales españoles en una situación desfavorable frente a sus competidores europeos. La decisión del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, de no activar un sistema de IVA franquiciado que permita a los autónomos con baja facturación dejar de repercutir el impuesto a sus clientes convierte a España en el único Estado miembro que aún no aplica este tipo de beneficio fiscal. Este tema es especialmente relevante para el colectivo, que lleva años exigiendo que el Gobierno cumpla con la Directiva europea del IVA, cuya adaptación debía estar lista en enero de 2025, y cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones. Por ahora, la intención del Ejecutivo parece centrarse únicamente en permitir la exención del IVA a los autónomos que vendan bienes o servicios a otros países de la UE, ajustándose a los límites de facturación fijados en cada Estado. Esta medida dejaría a España aún más aislada y a sus autónomos en una evidente "desventaja competitiva" respecto a los del resto de Europa. Así lo denuncian las asociaciones del sector, que consideran que Hacienda solo plantea "una aplicación parcial de la Directiva" y reclaman que el sistema también se aplique a las operaciones dentro del país, como ya sucede en los demás miembros de la Unión. Fuentes cercanas a la negociación con Hacienda admiten a este medio que el diálogo está actualmente detenido por parte del equipo de María Jesús Montero, a pesar del efecto que la medida podría tener en las cuentas de millones de autónomos y de que el Ministerio inicialmente se mostró dispuesto a encontrar una salida. Además del ahorro que supondría dejar de ingresar el IVA de sus ventas -aunque renunciarían a deducir el impuesto de sus gastos si se adhieren voluntariamente al sistema-, "el IVA franquiciado reduciría considerablemente la carga administrativa que soportan los autónomos, ya que dejarían de presentar trimestralmente la liquidación del impuesto", explica a este diario Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). También recuerda que estas declaraciones son con frecuencia objeto de requerimientos y comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria. Ferrero cree que el principal motivo por el que Hacienda frena la implantación del IVA franquiciado "es económico", ya que un gran número de autónomos -alrededor de un millón, según sus cálculos- podrían acogerse a él. En cualquier caso, aclara que la adhesión sería voluntaria, pues para algunos autónomos no resultaría ventajosa la imposibilidad de deducir gastos. La negativa del Gobierno a aplicar íntegramente la normativa europea, alegando que España ya dispone de regímenes especiales que impiden adaptar por completo la Directiva, ha llevado el debate del IVA franquiciado al terreno político en las últimas semanas. En este contexto, una de las principales propuestas del Partido Popular en materia económica consiste precisamente en instaurar la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Durante su presentación, Alberto Núñez Feijóo aseguró que esta medida supondría "un alivio fiscal, porque un autónomo no es un cajero automático del Estado". Ese umbral de facturación, defendido también por la principal asociación de autónomos del país, permitiría equiparar a España con países como Francia -que reduce el límite a 35.000 euros para quienes prestan servicios-, Irlanda o Italia. No obstante, las asociaciones recuerdan que los límites son flexibles y podrían establecerse por debajo de esa cifra, como ocurre en otros países de la Unión Europea, donde los topes varían desde los 78.848 euros en la República Checa hasta los 6.713 euros en Dinamarca.

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(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

Los trabajadores destinarían unos 57 euros de la subida del SMI propuesta por los sindicatos a pagar el IRPF

Los sindicatos quieren cerrar de manera definitiva el debate sobre si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe tributar o no. Tanto CCOO como UGT se han mostrado favorables a que este sueldo empiece a pagar IRPF a partir de 2026 y han planteado un aumento mensual de 89 euros, de los cuales aproximadamente dos tercios irían destinados a Hacienda. La propuesta que trasladarán al Gobierno consiste en elevar el SMI actual de 1.184 euros brutos mensuales a 1.273 euros en 14 pagas. Según sus cálculos, los trabajadores pagarían como máximo 57 euros al mes en impuestos (798 euros al año), de modo que la mejora salarial real sería de 32 euros al mes (448 euros anuales). Fuentes sindicales explican a elEconomista.es que estas previsiones se han hecho tomando como referencia el caso de un trabajador sin cargas familiares, que es quien soporta una mayor retención. Esto implica que quienes perciben el SMI y tienen otra situación familiar podrían ver incrementos netos superiores, ya que el objetivo es asegurar que el salario mínimo neto equivalga al 60% del salario medio neto. En los últimos años, el Gobierno ha optado por que este colectivo no tribute por IRPF. Sin embargo, esta cuestión ha generado tensiones entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, lo que ha llevado a firmar acuerdos con los sindicatos sin clarificar cómo debía tratarse el SMI en la declaración de la renta. Por ello, CCOO y UGT consideran necesario zanjar la polémica y establecer un sistema que permita que estos trabajadores contribuyan sin que su salario neto se vea reducido. Desde 2023, el Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha introducido distintos ajustes para adaptar el umbral libre de tributación al nivel del salario mínimo. En 2023 y 2024 se incrementó el mínimo exento para evitar que los trabajadores solteros sin hijos pagaran IRPF. En 2025, en un primer momento se negó a aplicar un ajuste similar y posteriormente creó una deducción de 340 euros para que quienes cobran el SMI recuperen las retenciones al hacer la declaración, mientras que quienes ganan hasta 18.276 euros acceden a una reducción gradual. Según ha podido saber este periódico, los cálculos sindicales se basan en la hipótesis de que este esquema fiscal se mantenga. Consideran un mínimo exento de 15.876 euros (correspondiente al SMI de 2024) más una deducción aplicable hasta el salario mínimo vigente. Así, entienden que solo la parte del nuevo SMI que supere el umbral actual (16.576 euros) debería tributar, y señalan que ese coste debería asumirlo la empresa. Los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT -Javier Pacheco y Fernando Luján- explicaron que tomaron como referencia el método de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo, de la cual forman parte, para determinar qué cuantía corresponde al 60% del salario medio neto. En el informe presentado a comienzos de 2025, representantes de Hacienda, Economía, Trabajo, expertos académicos y sindicatos utilizaron los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2022 como base, extrapolando la evolución del salario medio mediante la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). A partir de ese análisis, CCOO y UGT concluyeron que el SMI debía incrementarse un 2,7% para mantener su proporción respecto al salario medio y 4,8 puntos adicionales para compensar el impacto del IRPF. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha defendido que los sueldos más bajos no deberían pagar este impuesto. No obstante, en septiembre pidió al grupo asesor que incluyera la tributación en sus cálculos, lo que sugiere que podría aceptar un cambio de criterio de cara a 2026. A la espera del resultado final, todo apunta a que las recomendaciones tendrán en cuenta el mantenimiento del actual marco fiscal y asumirán que Hacienda prolongará la deducción existente. Los expertos podrían presentar sus conclusiones en las próximas semanas, permitiendo que el Gobierno abra el diálogo con patronal y sindicatos antes de fin de año y apruebe la nueva cuantía del SMI en enero.

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(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

El Supremo avala el desahucio de inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado que un arrendador pueda desahuciar a sus inquilinos por no pagar el IBI y la tasa de basuras. En una sentencia del 17 de noviembre, el alto tribunal establece que, si los arrendatarios han aceptado en el contrato hacerse cargo de estos tributos, deben cumplirlo, aunque no figure en la cláusula el importe exacto. De lo contrario, el propietario puede iniciar el proceso de desahucio. Este pronunciamiento es importante porque resuelve las discrepancias que existían entre diversas Audiencias Provinciales y se produce justo cuando la nueva tasa de basuras, obligatoria en toda España a partir de 2025, empieza a influir en los contratos de alquiler, pues muchos propietarios pretenden trasladarla a los inquilinos. La resolución, redactada por la magistrada María de los Ángeles Parra Lucán, analiza el caso de un propietario que solicitó la resolución del contrato y el desalojo de los arrendatarios por dejar de pagar el IBI y la tasa de basuras. El contrato, firmado en junio de 2019 por un periodo de cinco años, establecía expresamente que los inquilinos asumirían ambos pagos. Aunque los arrendatarios abonaron estos impuestos en 2020, dejaron de hacerlo en 2021 alegando que el contrato no detallaba la cuantía anual que debían pagar, escudándose en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Supremo analiza dicho artículo, que permite que el inquilino asuma gastos del inmueble, servicios y tributos no individualizables, siempre que su importe anual figure por escrito. Sin embargo, el tribunal concluye que esta exigencia no aplica al IBI ni a la tasa de basuras, ya que ambos pueden individualizarse: cada vivienda paga en función de sus características. En cambio, los gastos que no pueden individualizarse -a los que se refiere el artículo 20- son aquellos relacionados con el edificio en su conjunto, cuya cuota se calcula según la participación de cada propietario y no por consumo. Por ello, el Supremo aclara que cuando se trata de tributos individualizados por vivienda no es necesario especificar el importe anual en el contrato. El tribunal también recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los propietarios repercutir el IBI conforme al derecho común, y que si existe libertad para fijar la renta, también debe reconocerse la posibilidad de pactar que sea el arrendatario quien pague este impuesto. En cuanto a la tasa de basuras, señala que la normativa también autoriza su traslado a los inquilinos, dado que son quienes realmente se benefician del servicio de recogida. El Supremo ratifica el desahucio y obliga a los inquilinos a pagar al propietario 1.006 euros correspondientes al IBI y la tasa de basuras de 2021 y 2022. Los especialistas prevén que, según vayan venciendo los contratos de alquiler, será cada vez más habitual que los propietarios incluyan en los nuevos contratos la tasa de basuras, debido a su coste y al hecho de que son los arrendatarios quienes generan los residuos. El coste medio en España es de 122 euros por vivienda, aunque varía por municipio: Valencia, Tarragona y Gerona superan los 200 euros anuales, mientras que en Toledo o Palencia no alcanza los 60 euros.

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(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal

Hacienda quita el límite de 3.000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos

La Agencia Tributaria ha suprimido el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos debían comunicar a Hacienda los pagos con tarjeta recibidos por empresarios y autónomos. Desde 2026, las entidades financieras tendrán que informar de todos los cobros, sin importar el importe, con el objetivo de "evitar la pérdida de información relevante", según señala el organismo. Además, esta información dejará de enviarse una vez al año y pasará a remitirse mensualmente. Con esta medida, Hacienda dispondrá de más datos para comprobar que las declaraciones de ingresos de autónomos y empresas coinciden con sus ventas reales. "También se elimina el umbral de 3.000 euros que limitaba la obligación de informar sobre los cobros con tarjeta", recalca la Administración en un comunicado donde detalla las nuevas exigencias de información para bancos, entidades de pago y proveedores de dinero electrónico a partir del próximo año. El Ministerio explica que ya ha comenzado a enviar notificaciones a estos profesionales para adelantarles los nuevos datos financieros que Hacienda tendrá en 2026: cuentas abiertas y sus saldos, cualquier cobro con tarjeta sin límite mínimo y pagos mediante Bizum. En general, el fisco señala que recibirá más información financiera de los contribuyentes y con mayor frecuencia. Las entidades bancarias y de pago deberán remitir cada mes -y no una vez al año, como hasta ahora- todos los datos relacionados con las cuentas que particulares y empresas abran, ya sean corrientes, de ahorro, de depósito, de crédito, de pago o de cualquier otro tipo. Hacienda recibirá la primera remesa en febrero de 2026 correspondiente al mes de enero. No obstante, los saldos de estas cuentas seguirán comunicándose anualmente, por lo que los primeros datos llegarán a comienzos de 2027. Asimismo, las entidades informarán mensualmente -aunque solo en el caso de empresarios y autónomos- de todos los movimientos relacionados con tarjetas físicas o virtuales, ya sean de débito, crédito, prepago o dinero electrónico, así como de los cobros realizados a través de Bizum. "Debe destacarse que esta información solo se facilitará sobre los ingresos percibidos por empresarios y profesionales; en consecuencia, en los pagos mediante móvil, como Bizum, solo se declararán las operaciones cuyo destinatario tenga un contrato de no particular, quedando excluidos los Bizum entre particulares", aclara Hacienda. En cuanto a los movimientos con tarjeta de los usuarios particulares, Hacienda seguirá recibiendo la información de forma anual. "Esta obligación incluye el total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y compras realizadas en comercios. Únicamente se excluyen las tarjetas cuyo volumen anual de operaciones, sumando cargos y abonos, no supere los 25.000 euros, lo que permite centrar la supervisión en aquellas tarjetas con mayor relevancia para el control tributario", indica el organismo. Todas estas nuevas obligaciones fueron introducidas mediante el Real Decreto aprobado el 1 de abril, que modificó el Reglamento de inspección tributaria. El propósito es reforzar la supervisión de los nuevos métodos de pago, incluidos los digitales, con el fin de combatir el fraude fiscal y aumentar la recaudación.

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(El País, 28-11-2025) | Fiscal

El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno, el paso previo a la presentación de los Presupuestos

El Congreso rechazó este jueves los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno, con 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones, entre ellas la de la diputada de Compromís Águeda Micó. Antes del inicio del debate, el portavoz socialista Patxi López advirtió de que "algunos tendrán que dar muchas explicaciones" tras el veto a la senda de déficit, ya que la propuesta implicaba "más recursos para las comunidades autónomas y las entidades locales". Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP defendió que se oponen a la propuesta porque supone "más deuda y más impuestos". La ministra de Hacienda, encargada de presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria, expresó en su intervención inicial su deseo de que el debate permitiera "reconducir" algunas de las posiciones anunciadas por los grupos, con el fin de "dotar de más recursos a las comunidades autónomas que prestan servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia o vivienda". "Vamos a gobernar para mejorar la calidad de vida de los españoles y las españolas, como hemos hecho hasta ahora", afirmó María Jesús Montero. Añadió que el techo de gasto para 2026 será de 212.026 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,5% respecto a 2025. Sumando los fondos europeos, el límite total de gasto no financiero ascenderá a 216.177 millones. Esta cifra, pactada con Sumar, fue aprobada por el Ejecutivo la semana pasada en el Consejo de Ministros. Sin embargo, el apoyo de su socio de Gobierno no es suficiente para sacarla adelante, y Hacienda asume que la votación de este jueves será desfavorable -aunque la senda deberá volver al Congreso en diciembre-. El martes, Montero trasladó la responsabilidad del rechazo al PP y a las comunidades gobernadas por ese partido, acusándolos de "negarse a apoyar lo que les beneficia": "Cada día exigen más recursos y cuando se ponen sobre la mesa, votan en contra", reprochó en el Senado. Durante el debate, Juan Bravo (PP) defendió que los objetivos analizados "no servirán para nada", porque, según él, "un Gobierno inestable no puede plantear una senda de estabilidad". Criticó al Ejecutivo por llevar el asunto al Congreso para "simular normalidad" y ocultar que "la mayoría progresista que proclamaban ya no existe". Concluyó asegurando que el PP votará no, "a más deuda y a más impuestos", y subrayó que creen que "el dinero está mejor en el bolsillo de los españoles que en manos del Gobierno o del señor Sánchez". Vox también se posicionó en contra de la senda de déficit. En su intervención, José María Figaredo replicó los argumentos del PP y sostuvo que si el techo de gasto crece por encima del PIB, aumentarán los impuestos y la deuda. Aprovechó para criticar el incremento de la recaudación pública y el destino de parte de los fondos europeos a empresas públicas, así como diversas partidas aprobadas para ayuda humanitaria, emergencia climática, cooperación y desarrollo. Junts igualmente votó en contra. Los independentistas ya habían advertido que su ruptura con el PSOE implicaba el rechazo a todas las propuestas del Gobierno. Además, Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó ya habían avanzado que no respaldarían la senda de gasto. Pese al resultado, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar los Presupuestos de 2026 en el Congreso a comienzos o mediados del primer trimestre del próximo año, con el objetivo de que puedan ser aprobados entre abril y mayo.

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(Onda Cero, 28-11-2025) | Fiscal

Hacienda activa un nuevo incentivo para las personas que tributan y que conviven con familiares mayores con bajos ingresos

Hacienda aplicará en la próxima campaña de la renta una nueva deducción en el IRPF que podrá alcanzar algo más de 2.550 euros. Esta ayuda está dirigida a quienes tengan a su cargo a una persona mayor y solo podrá solicitarse si se cumplen determinadas condiciones relacionadas con la edad del familiar, la convivencia y el nivel de ingresos, que debe ser reducido. Además, la Agencia Tributaria reforzará las verificaciones para evitar irregularidades y comprobar que el contribuyente reúne todos los requisitos. Según indicó el Ministerio de Hacienda, los contribuyentes que convivan con familiares dependientes con ingresos bajos podrán aplicar una deducción de hasta 2.559 euros en su declaración. Esta medida está pensada para quienes se hacen cargo de personas mayores que requieren apoyo económico y residen con el declarante. Para poder beneficiarse, la persona a cargo debe tener más de 65 años, vivir con el contribuyente durante al menos medio año, no superar los 8.000 euros anuales de ingresos y no presentar por su cuenta la declaración de la renta. También es necesario que no haya recibido otras ayudas que impidan acogerse a esta deducción. Hacienda ha adelantado que revisará con detalle cada caso para evitar usos indebidos y comprobará tanto la relación familiar como la convivencia, solicitando documentos como certificados de empadronamiento o justificantes económicos. El objetivo de esta deducción es apoyar a quienes asumen tareas de cuidado dentro del hogar y reducir la carga fiscal de las familias que conviven con personas dependientes. La bonificación se aplicará directamente al presentar la declaración correspondiente al ejercicio en el que se hayan cumplido las condiciones establecidas.

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(Expansión, 27-11-2025) | Fiscal

La OCDE solicita rebajar la presión fiscal sobre el trabajo y a elevar IVA e impuestos verdes

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) instó ayer a España a emprender nuevas reformas con el fin de contener el creciente gasto en pensiones y avanzar hacia un "reequilibrio" fiscal que elimine distorsiones y permita afrontar las presiones presupuestarias que se avecinan. Estas recomendaciones se suman a otras que el organismo trasladó al Gobierno, como impulsar el crecimiento de las pymes, agilizar la liberación de suelo para mitigar la falta de vivienda, reforzar las políticas anticorrupción, moderar el ritmo de incremento del salario mínimo y acelerar los avances en descarbonización. Las conclusiones del más reciente análisis económico de la OCDE sobre España fueron expuestas ayer en la sede del Ministerio de Economía por su secretario general, Mathias Cormann, acompañado del ministro Carlos Cuerpo. En este estudio, el organismo se suma a otras instituciones que han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española, situándolas en el 2,9% para 2025 y el 2,2% para 2026, cifras idénticas a las estimadas por el propio Gobierno, tal como recalcó Cuerpo. El informe también reconoce el sólido comportamiento del PIB español, que encabeza el crecimiento entre las economías desarrolladas en 2024 y 2025, y anticipa que continuará mostrando fortaleza pese al previsible enfriamiento económico. No obstante, el documento también advierte sobre algunos de los desafíos más relevantes para el futuro económico del país. Entre ellos destaca el impacto del envejecimiento poblacional, que incrementará significativamente el gasto en pensiones, sanidad y dependencia hasta representar un 25% del PIB en 2050, así como los costes vinculados a la adaptación al cambio climático y a los compromisos internacionales en materia de defensa. "Las finanzas públicas españolas han mejorado, con una reducción de la deuda desde 2021, aunque todavía se mantiene en niveles elevados. En los próximos años, las presiones fiscales aumentarán por el envejecimiento y el mayor coste de las pensiones, además de los gastos climáticos y en defensa", señala el estudio. Añade además que "para afrontar estos retos sin perjudicar el crecimiento económico, es imprescindible mantener una política fiscal creíble a medio plazo y, al mismo tiempo, generar margen para inversiones que lo impulsen, acompañadas de medidas que favorezcan el crecimiento potencial". El informe recuerda que tanto el déficit como la deuda se han reducido desde los máximos de la pandemia hasta situarse en 2024 en el 3,2% y el 101,8% del PIB, respectivamente. Sin embargo, advierte de que "la deuda pública podría volver a aumentar si no se acometen reformas". Para revertir esta tendencia, considera necesario atajar el incremento del gasto en pensiones, eliminar gastos ineficientes y mejorar la capacidad recaudatoria. La OCDE también recomienda a España modificar la estructura de su sistema fiscal para dar más peso a los impuestos que generan menos distorsiones económicas. Recuerda que en 2023 los ingresos tributarios alcanzaron el 37,3% del PIB, por encima del promedio del 33,9% del organismo, debido principalmente al elevado peso de los impuestos sobre el trabajo -que pueden desalentar la creación de empleo- y a una menor recaudación por consumo en comparación con otros países. Por ello, anima a abordar una reforma fiscal integral que redistribuya la carga impositiva y aumente los ingresos necesarios para financiar el gasto futuro. Entre las posibles medidas, el estudio menciona la armonización al alza del IVA y la reducción de exenciones, igualar la tributación del diésel con la de la gasolina -compromiso asumido con la UE pero todavía bloqueado en el Parlamento-, y reforzar los impuestos energéticos y sobre los vehículos, al tiempo que se aligera la carga fiscal a los hogares con bajos ingresos. Asimismo, la OCDE subraya la necesidad de mejorar la productividad, para lo cual considera fundamental facilitar el crecimiento empresarial, reducir trabas regulatorias y ampliar el acceso a la financiación. También reclama un mayor esfuerzo inversor en descarbonización para acelerar la transición energética. El informe dedica un apartado al notable aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que desde 2018 hasta 2025 habrá crecido un 60,9%, situándose en 1.184 euros mensuales. Aunque reconoce que este avance ha permitido proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, advierte de que su evolución supera a la inflación y, si continúa a este ritmo, podría generar efectos adversos sobre el empleo. Pese a ello, el ministro Carlos Cuerpo defendió que, "dada la buena evolución económica", cabe esperar que el SMI mantenga un crecimiento sólido en los próximos años. Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT reclaman un aumento del 7,5% para 2026, hasta 1.273 euros, asumiendo que entonces el SMI pasará a tributar por IRPF (tributación que en 2025 se evitó mediante una deducción).

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(El Economista, 27-11-2025) | Fiscal

Hacienda prepara ya la misma senda fiscal para llevarla al Congreso en diciembre

El Pleno del Congreso somete este jueves a votación el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, además de debatir el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto. En lo referente a los objetivos fiscales, el resultado será desfavorable y las metas de déficit y deuda para el periodo 2026-2028 no prosperarán. El Gobierno da por hecho este desenlace porque la aritmética parlamentaria es clara. Frente a 171 votos en contra, solo se contabilizan con seguridad 165 apoyos. A ello se suman cinco abstenciones (el grupo de Podemos y una diputada de Compromís que lo ha anunciado públicamente), la previsible ausencia del exdiputado socialista José Luis Ábalos -ahora en el Grupo Mixto-, la duda sobre el voto de la diputada de Coalición Canaria y el rechazo firme de los siete representantes de Junts, cuya posición es determinante para tumbar la propuesta. En este contexto, la senda fiscal no saldrá adelante. Tras el rechazo, el Ministerio de Hacienda estará obligado a volver a presentar el acuerdo ante la Cámara Baja. Podrá optar por modificar los objetivos de déficit -el motivo principal del "no" de Junts- o por remitir exactamente los mismos que se debaten este jueves. Según las declaraciones recientes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todo apunta a que el Gobierno remitirá el mismo documento, previsiblemente a finales de diciembre, tal y como permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dichos objetivos son: un déficit del -2,1% para el conjunto de las Administraciones Públicas; del -1,8% para la Administración General del Estado; del -0,1% para las comunidades autónomas; del 0% para los ayuntamientos; y del -0,2% para la Seguridad Social. El inconveniente es que la Ley de Estabilidad no contempla que, tras un primer rechazo, la senda fiscal presentada de nuevo sea idéntica a la anterior. Aun así, el Gobierno seguirá este camino. Montero ya adelantó que, si la propuesta fracasa en un primer intento, "volveremos a intentarlo", defendiendo que los objetivos son adecuados y que permiten a las comunidades autónomas aumentar su capacidad de gasto en más de 5.000 millones. Precisamente este punto es el que disgusta a Junts -igual que el año pasado-, que considera insuficiente el margen autonómico. Además, la formación de Carles Puigdemont rompió hace un mes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "incumplimientos" y anunció que no respaldaría ninguna iniciativa legislativa del Gobierno. La "alegalidad" de repetir la misma senda fiscal fue solventada en 2024 con un informe de la Abogacía del Estado, que concluyó que la propuesta es "jurídicamente viable" si se ajusta a lo remitido por el Gobierno a la Comisión Europea. Con este panorama, el Ejecutivo se encuentra en una situación prácticamente idéntica a la del año anterior. El retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 era algo que Hacienda ya contemplaba, y el resultado será que el 1 de enero volverán a prorrogarse -por tercer año consecutivo- los Presupuestos de 2023. No hay margen para que las cuentas de 2026 entren en vigor a tiempo, y es probable que, cuando se presenten en primavera, corran la misma suerte que la senda fiscal. El elemento decisivo será entonces la extensión del artículo incorporado a los Presupuestos de 2023 que permite al Ministerio de Hacienda mover partidas entre distintos departamentos.

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(Expansión, 26-11-2025) | Fiscal

Cisma en el Constitucional: cinco de sus magistrados acusan al Tribunal de avalar un "negocio piramidal" del Estado a costa de las empresas

Cinco magistrados han presentado un voto particular extremadamente crítico contra la sentencia que avala el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, calificándolo como un "mecanismo encubierto de financiación gratuita" que grava "beneficios irreales". El Tribunal Constitucional queda así dividido. Un grupo de cinco magistrados ha suscrito un voto disidente inusualmente duro respecto al fallo que, la semana pasada, declaró conforme a la Constitución el actual modelo de adelantos del Impuesto sobre Sociedades. En un documento lleno de reproches jurídicos, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías acusan al tribunal de dar por bueno lo que definen literalmente como una especie de "esquema piramidal" impulsado por el Estado. El voto particular, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, no escatima descalificaciones hacia la argumentación mayoritaria, a la que acusa de caer en un "realismo especulativo" y de sostener un "conjunto de errores injustificables y razonamientos parciales" con el fin de imponer una "nueva verdad constitucional". El desacuerdo se centra en el funcionamiento de los pagos fraccionados aplicados a las grandes compañías. De acuerdo con la normativa cuestionada, estas empresas deben anticipar impuestos tomando como referencia su resultado contable, no su base imponible efectiva. Para los magistrados discrepantes, esto vulnera el principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, ya que obliga a ingresar impuestos sobre "rentas ficticias" o "inexistentes". El voto describe de forma contundente el sistema: las empresas pagan por adelantado sumas que el Estado acaba reembolsando al año siguiente porque exceden la cuota real. No obstante, la Administración dispone de ese dinero durante meses sin abonar intereses. "Con la decisión de la que disentimos se legitima, en esencia, un 'negocio piramidal': los anticipos de un ejercicio sirven para financiar de forma inconstitucional las devoluciones de los excesos cobrados el año anterior", señala el texto. Los magistrados también subrayan la contradicción del legislador: recuerdan que durante años se aprobaron leyes contra la morosidad para mejorar la liquidez de las empresas, mientras que esta medida fiscal opera justo al revés, otorgando al deudor -el Estado- liquidez adicional a costa del acreedor -las compañías-. El escrito denuncia que las grandes empresas han sido convertidas en "prestamistas del Estado sin remuneración alguna", con un drenaje de su tesorería destinado a mejorar artificialmente las cifras de déficit público. "Lo que nació como una solución a la morosidad de la Administración se transforma en un problema de morosidad privada", alertan. El voto particular reprocha a la sentencia mayoritaria que trate de justificar la norma recurriendo a fundamentos no mencionados por el legislador. Señalan que se emplean conceptos imprecisos como la "técnica tributaria" o la "practicabilidad administrativa" para sostener una medida que, según ellos, vulnera la capacidad económica de los contribuyentes. En un pasaje especialmente sarcástico, los magistrados discrepantes comparan esta postura con la sentencia sobre la Ley de Amnistía. Recuerdan que entonces el tribunal afirmó no poder atribuir a la ley fines distintos de los proclamados en su preámbulo, mientras que en el asunto tributario la mayoría abandona esa "autolimitación" y busca una justificación que permita convalidar la recaudación. Los firmantes concluyen que el auténtico motivo de la norma fue la necesidad urgente de recortar el déficit público para cumplir con las exigencias de Bruselas, un objetivo puramente recaudatorio que, en su opinión, no puede amparar la restricción de los derechos constitucionales de los contribuyentes. El documento se cierra con una afirmación rotunda sobre el efecto real del sistema: "Un mecanismo oculto de financiación al cero por ciento de interés" que provoca un "perjuicio evidente y considerable" a las empresas afectadas.

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