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(Expansión, 19-06-2026) | Fiscal

La Asamblea de Madrid da luz verde a la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar

La Comunidad de Madrid ya cuenta con una nueva normativa destinada a reforzar el papel de la empresa familiar y facilitar su continuidad. La iniciativa, impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, busca reducir la carga fiscal que soportan este tipo de negocios y favorecer los procesos de relevo generacional. La Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, aprobó este jueves la nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar durante el último pleno del periodo de sesiones antes del parón estival. La norma quedará lista para entrar en vigor en julio, una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los próximos días. La ley responde en gran medida a las demandas planteadas por el tejido empresarial madrileño y, especialmente, por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Entre sus principales medidas destacan varios incentivos fiscales. Uno de los más relevantes consiste en elevar del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando se herede o se done una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales. Esta bonificación se aplicará siempre que el nuevo titular mantenga tanto los bienes como la actividad empresarial durante al menos cinco años. La normativa también incorpora medidas destinadas a facilitar la continuidad de los negocios familiares. Entre ellas, amplía el grupo de familiares que pueden beneficiarse de estas ventajas al permitir incluir a tíos y sobrinos dentro del 20% de participación accionarial necesario para que una empresa sea considerada familiar. Además, el nuevo marco regulatorio amplía el alcance de los beneficiarios al incorporar a otros parientes como ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Incluso podrán acogerse a determinadas mejoras trabajadores que mantengan una vinculación especial con la empresa. La Comunidad de Madrid calcula que estas medidas favorecerán a unos 1.500 contribuyentes y generarán un ahorro fiscal cercano a los dos millones de euros anuales. Con ello, el Ejecutivo regional pretende facilitar la continuidad de empresas familiares, consideradas una pieza clave en la actividad económica y el empleo de la región.

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(El Economista, 19-06-2026) | Fiscal

Hacienda ocultará a los ciudadanos cómo usa la IA para seleccionarlos e inspeccionarlos

El Gobierno ha introducido en la futura Ley de Inteligencia Artificial una modificación de última hora de la Ley General Tributaria que limitará el acceso de los ciudadanos a información sobre las herramientas tecnológicas que utiliza Hacienda para seleccionar contribuyentes y desarrollar inspecciones. La reforma, actualmente en tramitación en el Congreso, modifica el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El aspecto más controvertido se encuentra en su apartado tercero, donde se establece que la información relativa a sistemas informáticos, algoritmos o herramientas de inteligencia artificial empleados por la Administración tributaria tendrá carácter reservado y no podrá ser objeto de publicidad, comunicación ni acceso público. Tampoco podrá ponerse a disposición de los obligados tributarios ni de órganos externos a la aplicación de los tributos. El argumento del Ejecutivo para justificar esta restricción es que divulgar el funcionamiento de estas herramientas podría comprometer la eficacia de las actuaciones inspectoras o facilitar prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, esta medida ha generado importantes críticas entre especialistas en derecho tributario. Esaú Alarcón, abogado en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, considera que la cláusula choca con el principio de transparencia y puede afectar al derecho de tutela judicial efectiva. Según advierte, impedir al ciudadano conocer qué algoritmos o criterios automatizados han influido en su selección como posible defraudador limita su capacidad de defensa. El jurista también cuestiona la forma en que se ha incorporado esta modificación. Aunque el cambio figura dentro del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, sostiene que esta disposición concreta no tiene naturaleza orgánica y, por tanto, debería haberse regulado de otra manera. Además, subraya que la enmienda fue incorporada en una fase muy avanzada del proceso legislativo, lo que ha evitado que pase por informes consultivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o la Junta Electoral Central, que sí han analizado el resto del texto legal. Otra de las críticas se centra en la ambigüedad del redactado. La norma impide el acceso a "órganos ajenos a la aplicación de los tributos", pero no aclara si esta limitación afecta únicamente a otras administraciones o si también podría extenderse a jueces y tribunales. El debate sobre la transparencia algorítmica ya había llegado al ámbito judicial. El Tribunal Supremo dictó el 11 de septiembre una sentencia que obligó al Gobierno a revelar los algoritmos del programa BOSCO, utilizado por la Administración para seleccionar beneficiarios del bono social. En esa resolución, el alto tribunal subrayó que el acceso a la información pública tiene rango constitucional y resulta especialmente relevante cuando la Administración utiliza sistemas automatizados para adoptar decisiones. Según el Supremo, el uso de estas tecnologías exige un mayor nivel de transparencia sobre los procesos informáticos empleados, de forma que los ciudadanos puedan comprender cómo funcionan y qué impacto tienen en las decisiones administrativas. A la luz de esa doctrina, Alarcón considera probable que en el futuro la Administración tributaria tenga que informar al contribuyente, al menos en determinados procedimientos, sobre el código o los criterios automatizados que hayan motivado una revisión fiscal. Esto permitiría evaluar si la actuación ha sido proporcionada y si el sistema ha podido incurrir en sesgos o errores de valoración. Hasta ahora, Hacienda ha mantenido una postura muy reservada respecto al uso de inteligencia artificial en sus procedimientos. La Administración tributaria ha evitado detallar qué herramientas utiliza y ha insistido en que estos sistemas no adoptan decisiones finales sobre contribuyentes de forma autónoma. Sí ha reconocido, en cambio, el uso de inteligencia artificial como herramienta de asistencia en la campaña de la renta, orientada a facilitar la cumplimentación de declaraciones. La anterior directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, negó el pasado marzo que Hacienda estuviera utilizando inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes o gestionar expedientes. No obstante, también señaló que, como ocurre en otras instituciones públicas, la Administración tributaria acabará teniendo que valorar su implantación en el futuro.

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(La Vanguardia, 19-06-2026) | Fiscal

Hacienda lo confirma: si vendes cromos del Mundial tendrás que declararlo

La fiebre por los cromos del Mundial 2026 está generando una situación poco habitual en España. Apenas un mes después de su lanzamiento, muchos quioscos ya se han quedado sin sobres por la fuerte demanda de una colección que aspira a convertirse en la más exitosa en la historia de Panini. La escasez ha impulsado además el mercado de segunda mano. Cromos de jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal se venden cada día en plataformas como Wallapop o Vinted. Algunos coleccionistas intentan recuperar parte del dinero invertido, mientras otros buscan obtener beneficios, aunque no todos conocen las posibles consecuencias fiscales de estas operaciones. Según explica TaxDown, los cromos y otros artículos de coleccionismo tienen la consideración de elementos patrimoniales a efectos fiscales. Esto implica que, si un coleccionista vende un cromo por un precio superior al coste que tuvo al adquirirlo, genera una ganancia patrimonial que debe incluir en la Declaración de la Renta. El criterio es similar al aplicado en la venta de acciones, inmuebles u otros bienes que generan plusvalías. Para calcular esa ganancia, se debe restar al precio de venta el coste de adquisición y los gastos relacionados con la operación, en caso de existir. Así, si una persona consigue un cromo dentro de un sobre y posteriormente lo vende por una cantidad superior al coste proporcional que asumió para obtenerlo, podría estar generando una ganancia sujeta a tributación. Estas ganancias tributan dentro de la base del ahorro del IRPF. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%, y el porcentaje aumenta progresivamente para cantidades superiores. En cualquier caso, Hacienda no grava el importe total de la venta, sino únicamente el beneficio obtenido. Por ejemplo, si alguien compra un artículo por 100 euros y lo vende por 150, solo tributaría por los 50 euros de ganancia. En cambio, si la venta se realiza con pérdidas, no existe obligación de tributar por esa operación. Por ello, los expertos aconsejan conservar tickets, recibos o cualquier documento que permita demostrar el precio de compra, especialmente si es necesario justificar ante la Agencia Tributaria que no ha existido beneficio. La situación cambia cuando la actividad deja de ser esporádica. TaxDown recuerda que quienes compran y venden artículos de forma habitual con ánimo de lucro pueden estar desarrollando una actividad económica. En esos casos, el vendedor podría verse obligado a darse de alta como autónomo y asumir las obligaciones fiscales correspondientes. Todo esto ocurre en un contexto de auténtica euforia por la colección oficial del Mundial 2026. Esta edición incluye 980 cromos, la cifra más alta hasta la fecha, tras la ampliación del torneo por parte de la FIFA a 48 selecciones. Completar el álbum se ha convertido en un reto especialmente complicado. Cada sobre contiene siete cromos y cuesta 1,5 euros. En teoría, en un escenario sin repeticiones, serían necesarios al menos 210 euros para completar la colección, aunque la realidad suele ser muy distinta debido al elevado número de cromos repetidos. Los expertos calculan que la inversión real puede superar fácilmente los 300 euros. A esto se suma la falta de stock en numerosos comercios. Según Panini, la demanda ha superado todas las previsiones, provocando una situación inédita dentro del mercado del coleccionismo futbolístico. El interés también se refleja en internet. Según datos del comparador Idealo, las búsquedas relacionadas con Lionel Messi han aumentado un 122%, las de Cristiano Ronaldo un 94% y las de Pedri un 92%. El propio álbum del Mundial se ha consolidado como uno de los artículos más buscados por los aficionados, impulsado por una pasión coleccionista que cada cuatro años vuelve a movilizar a miles de personas en España. Y con ese entusiasmo también surgen nuevas oportunidades de negocio, junto con la necesidad de conocer qué parte de esos beneficios puede acabar reclamando Hacienda.

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(Cinco Días, 18-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ultima el nuevo decreto con ayudas para paliar el impacto de la guerra en Irán

El inminente final de la guerra en Irán no supondrá el fin de las medidas de apoyo económico desplegadas para mitigar sus consecuencias. El Gobierno ya trabaja en una nueva prórroga y ampliación del escudo anticrisis, cuya aprobación está prevista para el último Consejo de Ministros de junio. Así lo confirmó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció la próxima aprobación de un real decreto ley destinado a proteger tanto al tejido productivo como a los ciudadanos frente a los efectos económicos derivados del conflicto. La futura norma no se limitará a atender las necesidades de los sectores más directamente afectados por la guerra. Aunque actividades como la agroalimentaria o la industrial han sufrido especialmente el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y los costes logísticos, el Ejecutivo pretende articular una respuesta de mayor alcance para amortiguar el impacto sobre el conjunto de la economía. Pese a los avances diplomáticos que apuntan a la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán este viernes en Ginebra, el Gobierno ha mantenido intacta su agenda de contactos con los sectores económicos más expuestos. Durante los últimos días, el Ministerio de Economía ha intensificado las reuniones con representantes empresariales para evaluar las consecuencias del conflicto y recabar propuestas de cara al diseño del nuevo paquete de medidas. El lunes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mantuvieron un encuentro con operadores del sector gasista y petrolero. Un día después, Cuerpo se reunió con representantes de la automoción, la industria de componentes, las empresas intensivas en consumo energético, los fabricantes de materiales de construcción, siderúrgicas, compañías papeleras y farmacéuticas, acompañado por el ministro de Industria, Jordi Hereu. Este miércoles el diálogo continúa con el sector agroalimentario, en una reunión en la que también participa el ministro de Agricultura, Luis Planas. La ronda de contactos comenzó formalmente el pasado 10 de junio, después de que el Ejecutivo planteara a los agentes sociales la conveniencia de extender las medidas extraordinarias de apoyo económico. El objetivo es evaluar tanto el alcance de los daños provocados por la guerra como la eficacia de las ayudas actualmente vigentes, con la intención de corregir posibles deficiencias y adaptar mejor las nuevas iniciativas a las necesidades reales de cada sector. Las organizaciones empresariales ya han trasladado algunas de sus principales demandas. La industria alimentaria solicita ayudas directas y la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico. Por su parte, las empresas de transporte y logística reclaman prolongar durante varios meses las compensaciones actualmente en vigor y denuncian retrasos en el cobro de determinadas ayudas, circunstancia que está obligando a algunas compañías a recurrir a financiación externa para mantener su actividad. Por el momento, el Ministerio de Economía evita concretar el contenido definitivo del nuevo decreto y se limita a señalar que la prioridad es completar primero la ronda de consultas. Lo que sí está fijado es el calendario: el texto será aprobado previsiblemente el 29 de junio, justo antes de que expiren buena parte de las medidas vigentes el día 30. Aunque el acuerdo de paz está favoreciendo una rápida corrección de los precios energéticos, el Ejecutivo considera que los efectos económicos del conflicto seguirán presentes durante los próximos meses. Los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes han comenzado a descender con fuerza, pero la recuperación de la normalidad en los mercados internacionales todavía requerirá tiempo. Esta situación podría reflejarse en la evolución de la inflación. Diversos analistas prevén que el índice de precios al consumo se acerque al 4% durante el verano si desaparecen las ayudas a los carburantes, frente al 3,2% registrado en mayo. Según el Gobierno, las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses han contribuido a reducir la inflación en más de un punto porcentual, ayudando además a que España mantenga algunos de los precios de gasolina y diésel más bajos de Europa. A medio plazo, sin embargo, las perspectivas son más favorables. La Agencia Internacional de la Energía considera que el acuerdo de paz podría favorecer una situación de exceso de oferta de petróleo durante el próximo año. Si el crecimiento de la producción supera al de la demanda mundial, los precios energéticos podrían continuar descendiendo, consolidando un escenario más benigno para consumidores y empresas. Actualmente, el barril de petróleo cotiza en torno a los 78 dólares, muy por debajo de los aproximadamente 120 dólares que llegó a alcanzar en los momentos de mayor tensión del conflicto.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Madrid, las islas y las autonomías del mediterráneo sus principales motores regionales de impulso

Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto ha contribuido a rebajar la tensión en Oriente Próximo, el panorama internacional continúa marcado por la incertidumbre. Por un lado, porque la experiencia reciente demuestra que la estabilidad aún no está garantizada; por otro, porque incluso si la crisis se resuelve de forma definitiva, sus efectos seguirán notándose durante meses en los precios y en las cadenas de suministro, especialmente por los daños sufridos en infraestructuras energéticas clave de la región. En este contexto complejo, la economía española ha mostrado una notable capacidad de resistencia, apoyada principalmente en el consumo privado -favorecido por la fortaleza del mercado laboral- y en el dinamismo de las exportaciones de servicios, especialmente aquellas no vinculadas al turismo. Por ello, BBVA Research mantuvo la semana pasada su previsión de crecimiento del PIB español en el 2,4% para este año, aunque redujo en tres décimas, hasta el 2,1%, su estimación para 2027. En su Observatorio Regional, la entidad financiera analiza cómo se distribuirá este crecimiento entre comunidades autónomas. Según sus previsiones, en 2026 serán Comunidad de Madrid, los archipiélagos y las regiones mediterráneas las que lideren la expansión económica, mientras que en 2027 el protagonismo pasará a las comunidades del norte, con mayor peso industrial y exportador, hoy más afectadas por el deterioro del contexto exterior. Impulsadas por el turismo -favorecido temporalmente por el efecto refugio frente a otros destinos afectados por la crisis en Oriente Medio-, las exportaciones de servicios y el aumento del consumo de visitantes extranjeros, las economías regionales con mayor crecimiento este año serán la Comunidad Valenciana, con un avance del 3%; Madrid, con un 2,7%; Islas Baleares y Andalucía, ambas con un 2,6%; y Región de Murcia, con un 2,5%. Junto a Castilla-La Mancha, que también crecerá un 2,5% gracias al buen comportamiento del consumo privado, serán las únicas regiones que superarán la media nacional. La Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose este año del impulso generado por las medidas de apoyo tras la dana, especialmente en el sector de la construcción. No obstante, este efecto perderá fuerza de cara a 2027, cuando su crecimiento se moderará hasta el 1,9%, por debajo del promedio nacional. Aun así, el turismo y el buen comportamiento de las exportaciones no turísticas seguirán sosteniendo su actividad. Madrid, por su parte, continuará creciendo por encima de la media nacional tanto este año como el próximo, aunque también experimentará una desaceleración. Entre sus principales fortalezas destacan la solidez de su sector servicios -especialmente en actividades de alto valor añadido-, su capacidad de atraer turismo y la resistencia del consumo interno pese al repunte inflacionario. Además, el aumento previsto del gasto en defensa podría generar nuevas oportunidades para determinadas empresas españolas. Según el informe, regiones como País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra y Galicia podrían verse especialmente beneficiadas por esta inversión, debido al peso de sectores vinculados directa o indirectamente a la industria militar. En línea con la media nacional crecerán también Islas Canarias, gracias al turismo, aunque con señales de moderación, y Cataluña, impulsada por la fortaleza de sus exportaciones de servicios y su atractivo turístico. Cataluña, además, figura entre las comunidades mejor posicionadas para beneficiarse de recientes acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, como el alcanzado con Mercosur. En el extremo opuesto, el informe sitúa a Navarra y La Rioja como las comunidades con menor crecimiento en 2026, ambas con un avance del 1,8%. Les siguen de cerca País Vasco y Asturias, con un aumento del PIB del 1,9%. Estas regiones son más vulnerables al impacto de la inestabilidad internacional, ya que su mayor exposición industrial y exportadora las hace especialmente sensibles al encarecimiento de la energía y a las disrupciones comerciales. De cara a 2027, si la desescalada en Oriente Próximo logra consolidarse y con ello se normalizan los precios energéticos y las cadenas globales de suministro, las comunidades del norte podrían recuperar protagonismo. En ese escenario, destacarían los crecimientos del 2,4% en País Vasco y Navarra, así como del 2,3% en Cataluña, Aragon y Galicia. Madrid, por su parte, avanzaría un 2,2%, ligeramente por encima del crecimiento previsto para el conjunto de España.

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(Expansión, 18-06-2026) | Fiscal

Verifactu nace obsoleto: las empresas deberán volver a adaptarse antes de 2030

Los asesores fiscales alertan de la falta de una estrategia coordinada en la implantación de las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude y de la futura factura electrónica obligatoria. A su juicio, la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda podría quedar desfasada antes de lo previsto, ya que Spain deberá adaptar su legislación a la Directiva europea ViDA antes de 2030. Tras dos aplazamientos, las empresas deberán cumplir con las nuevas exigencias de la Ley Antifraude a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año. Una de las principales novedades será la obligación de utilizar Verifactu, el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, mediante el cual las compañías tendrán que remitir sus facturas al Fisco para reforzar el control tributario. Sin embargo, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales advierten de que estas obligaciones podrían tener una vida útil limitada. La razón es que la transposición de la Directiva ViDA obligará a revisar el reglamento actual, forzando a muchas empresas a realizar una nueva adaptación tecnológica poco después de haber invertido en adecuar sus sistemas de facturación a las exigencias actuales. El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto para la transposición parcial de esta directiva europea, cuyo objetivo es modernizar el sistema del IVA comunitario y ajustarlo a un entorno cada vez más digitalizado. Fernando Matesanz, coordinador del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, cuestiona la conveniencia de implantar ahora medidas como Verifactu y la factura electrónica obligatoria sin haberlas alineado previamente con el marco comunitario que será de obligado cumplimiento en 2030. Según su valoración, esta situación está provocando que España quede desacompasada respecto a otros países de la European Union, donde ya se están desarrollando normativas más adaptadas al futuro modelo europeo. En el caso concreto de Verifactu, los asesores consideran que varios aspectos deberán revisarse. Uno de ellos es que la Ley Antifraude se centra exclusivamente en las facturas emitidas, dejando fuera de forma equivalente el tratamiento de las facturas recibidas, algo que previsiblemente cambiará con la normativa comunitaria. También genera dudas la coexistencia de Verifactu con el Suministro Inmediato de Información (SII), ya que ambos sistemas cubren en gran medida operaciones similares. Desde la AEDAF consideran probable que, a partir de 2030, solo uno de los dos mecanismos termine manteniéndose. Por otro lado, la Ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica obligatoria, también podría verse modificada. La Directiva ViDA prevé extender la facturación electrónica a todas las operaciones intracomunitarias, una exigencia que la regulación española actual todavía no contempla. Albert Folguera, integrante del Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de la AEDAF, critica además la dualidad del sistema español frente a modelos más centralizados como el de Italy, donde todas las facturas electrónicas se remiten directamente a la Administración tributaria sin excepciones. Ante este escenario, los asesores fiscales reclaman una hoja de ruta clara que permita ordenar la convergencia entre el sistema español de facturación y las futuras exigencias europeas. Su objetivo es avanzar hacia un modelo único y coherente desde el principio, evitando cambios regulatorios sucesivos que obliguen a empresas y autónomos a asumir nuevos costes de adaptación en pocos años.

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(El País, 18-06-2026) | Fiscal

Canarias, Castilla La Mancha, Asturias y Cataluña, las cuatro únicas autonomías que acuden a la cita con Hacienda para la reforma de financiación

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están cumpliendo su advertencia y no acudirán a las reuniones bilaterales convocadas por el Ministerio de Hacienda para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento que dirige Arcadi España arrancará este jueves la ronda de contactos para presentar su propuesta, aunque lo hará, si nada cambia, solo con cuatro autonomías. Canarias será la primera en sentarse a la mesa este jueves, mientras que la próxima semana será el turno de Castilla-La Mancha y Asturias. En el caso de Cataluña todavía no hay fecha prevista, aunque se da por hecho un entendimiento favorable, dado que el modelo se consensuó inicialmente con la Generalitat. El resto de comunidades, todas gobernadas por el PP, han rechazado acudir a estas citas individuales al considerar que una reforma de este alcance debe negociarse exclusivamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades de régimen común. El Gobierno se enfrenta así a un primer obstáculo en su intento de abrir la negociación de un sistema que lleva más de una década pendiente de reforma. El actual modelo está vigente desde 2009 y tanto el Ejecutivo central como la mayoría de las comunidades coinciden en que ha quedado desfasado y requiere actualización. Sin embargo, las discrepancias sobre el método de negociación han surgido incluso antes del inicio formal de las conversaciones. Las comunidades del PP sostienen, por un lado, que el modelo planteado por el Gobierno se ha diseñado en función de las necesidades de Cataluña, con quien se pactó inicialmente. Por otro, insisten en que cualquier decisión debe abordarse únicamente en el CPFF. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunió esta semana con Arcadi España, aunque el dirigente autonómico dejó claro que la financiación autonómica no estaba incluida en el orden del día. Hacienda, sin embargo, defiende que las reuniones bilaterales forman parte de un proceso que no excluye la negociación multilateral. De hecho, Arcadi España recordó recientemente en el Congreso que ya se han celebrado encuentros en el seno del CPFF y que, una vez concluida esta ronda de contactos individuales, el ministerio volverá a convocar ese órgano para continuar la negociación con todas las comunidades. Por ello, en el Ministerio no entienden el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, ya que consideran que ambos formatos son complementarios y no excluyentes. Pese a que acudirán a la mesa, es previsible que tanto Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria y el PP) como Castilla-La Mancha y Asturias (gobernadas por el PSOE) expresen críticas al modelo propuesto. Desde la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias enmarcan la reunión como un encuentro técnico, al que "siempre" asisten. Sin embargo, en anteriores ocasiones, Canarias ha seguido la posición de las comunidades del PP, por lo que un apoyo explícito al planteamiento del Gobierno sería una sorpresa. Por su parte, Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado contrarias al marco general del plan del Ejecutivo y han hecho públicas sus reservas sobre distintos aspectos, aunque han decidido acudir para conocer el detalle de la propuesta y trasladar sus propias reivindicaciones. La situación es distinta en Cataluña. La Generalitat y el Gobierno central llevan meses manteniendo contactos sobre esta cuestión, ya que la propuesta que ahora presenta Hacienda tiene su origen en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. Esa negociación previa ha convertido a Cataluña en el territorio con el diálogo más avanzado, aunque el Gobierno insiste en que la reforma deberá extenderse al conjunto de comunidades de régimen común. Hacienda confía en que la posición de las comunidades del PP pueda cambiar a medida que avance el proceso. El ministerio defiende que la reforma supondrá una inyección cercana a 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas, además de adaptar el modelo a la evolución demográfica y económica de los últimos 15 años para corregir los desequilibrios acumulados desde la última reforma.

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(El Confidencial, 18-06-2026) | Fiscal

Los errores legislativos cuestan 14.400 millones a las arcas públicos en juicios perdidos

Las resoluciones judiciales contrarias a las Administraciones Públicas han supuesto un importante impacto para las cuentas públicas españolas. Según la última Opinión sobre riesgos fiscales elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las sentencias desfavorables han generado un coste acumulado de 14.432 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, reflejando las consecuencias económicas derivadas de errores normativos y decisiones administrativas posteriormente corregidas por los tribunales. Lejos de remitir, este riesgo continúa presente. La AIReF advierte de que existen numerosos procedimientos aún pendientes de resolución que podrían traducirse en nuevas devoluciones multimillonarias para el Estado. Entre ellos destaca especialmente el litigio relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos, cuyo impacto potencial podría alcanzar los 6.500 millones de euros, según las estimaciones recogidas en la Cuenta General del Estado elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque el organismo considera improbable que se materialice el importe máximo previsto, subraya la elevada relevancia fiscal del procedimiento. A esta contingencia se suman otros asuntos ya resueltos en contra de la Administración o con una elevada probabilidad de generar nuevos costes. Es el caso del bono social eléctrico, cuya factura para las arcas públicas supera ya los 913 millones de euros y continúa aumentando a medida que se resuelven nuevos recursos. También figura entre los expedientes más significativos el relacionado con el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil, cuyo coste podría situarse en torno a los 1.400 millones de euros. Asimismo, el Estado ha sufrido recientemente un revés judicial en el conflicto derivado del proyecto de almacenamiento de gas Castor, tras perder un procedimiento frente a Enagás que obliga al pago de 255 millones de euros. A ello se añade la controversia relacionada con la desgravación fiscal del fondo de comercio en adquisiciones internacionales, cuyo impacto presupuestario podría hacerse especialmente visible a partir de 2026. La lista de riesgos no termina ahí. España mantiene abiertos diversos litigios vinculados a la reducción de incentivos a las energías renovables, recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional por valor de 346 millones de euros y reclamaciones relacionadas con subvenciones denegadas por el Ministerio de Industria que suman otros 129 millones. También permanece pendiente la resolución de varios procedimientos vinculados a la liquidación de concesiones de autopistas de peaje, con reclamaciones que rondan los 1.800 millones de euros. En conjunto, la AIReF considera que el volumen de procedimientos en curso representa una amenaza significativa para la estabilidad presupuestaria y exige una mayor atención por parte de las administraciones responsables. El organismo también pone el foco en una práctica habitual de las Administraciones: prolongar los litigios hasta las últimas instancias judiciales incluso en aquellos casos en los que las posibilidades de éxito son reducidas. Esta estrategia permite retrasar los pagos, pero suele incrementar notablemente la factura final debido al devengo de intereses. La AIReF destaca que actualmente no existe información suficientemente detallada que permita conocer qué parte del coste total de las sentencias corresponde precisamente a estos intereses. Entre las resoluciones que más han impactado en las cuentas públicas durante los dos últimos años sobresale la devolución del IRPF a antiguos mutualistas, que ha supuesto cerca de 6.000 millones de euros. A ello se suma la declaración de inconstitucionalidad de determinados cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades en 2016, que obligó a devolver aproximadamente 3.000 millones de euros en 2024 y generó un coste adicional cercano a los 1.000 millones en 2025. Ante esta situación, la AIReF reclama al Gobierno un esfuerzo adicional en materia de transparencia sobre los procedimientos judiciales abiertos y recomienda reforzar la calidad normativa para reducir el riesgo de futuras condenas. Entre sus propuestas figura la realización de consultas previas con organismos europeos cuando se planteen reformas especialmente sensibles, así como una evaluación más exhaustiva de aquellas medidas que ya hayan sido cuestionadas o anuladas en el pasado. El organismo también considera necesario que el Ministerio de Hacienda disponga de mecanismos más ágiles para ejecutar las sentencias desfavorables y recomienda analizar con mayor rigor las probabilidades de éxito de cada litigio antes de prolongar los procedimientos judiciales. El objetivo sería corregir con rapidez las disposiciones susceptibles de ser anuladas y minimizar así el coste económico que finalmente recae sobre los contribuyentes.

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(Expansión, 17-06-2026) | Fiscal

Bruselas busca una fiscalidad para la electricidad que sean sustancialmente inferior a la del gas natural

La Unión Europea prepara una profunda transformación de su política energética y fiscal con el objetivo de abaratar la factura de la luz y acelerar la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. La Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que modificará tanto la fiscalidad energética como los costes asociados al uso de las redes eléctricas, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la electricidad frente al gas natural. La iniciativa llega en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales. Las tensiones derivadas de la guerra en Irán han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas, dos materias primas de las que el bloque comunitario sigue siendo altamente dependiente. Bruselas considera que esta situación refuerza la necesidad de acelerar la electrificación de actividades como el transporte, la calefacción o determinados procesos industriales. Según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión pretende que los Estados miembros apliquen una fiscalidad claramente más favorable a la electricidad que al gas natural. El objetivo es doble: reducir los costes energéticos de hogares y empresas y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, cuya expansión se ha visto limitada en parte por el elevado coste de la electricidad. La futura normativa permitirá que cada país mantenga cierto margen para fijar sus propios impuestos energéticos, aunque todos deberán respetar el principio general de otorgar un tratamiento fiscal preferente a la electricidad. De esta forma, Bruselas pretende crear señales económicas que favorezcan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. La reforma también contempla medidas dirigidas a modificar los patrones de consumo energético. En concreto, se impulsarán incentivos para que los consumidores trasladen parte de su demanda eléctrica a los momentos en los que la energía sea más abundante y económica, normalmente coincidiendo con los periodos de mayor producción renovable. Esta estrategia busca aprovechar mejor la generación procedente de fuentes solares y eólicas, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico y mejorando su eficiencia. Para facilitar este cambio, la Comisión plantea que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de contadores inteligentes antes de 2030. Estos dispositivos permiten monitorizar el consumo en tiempo real y acceder a tarifas adaptadas a las distintas franjas horarias, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro. La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los costes de red representan aproximadamente una cuarta parte del importe de una factura eléctrica media en la Unión Europea. Sin embargo, la tramitación política de esta reforma no estará exenta de dificultades. El texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría experimentar modificaciones antes de su presentación definitiva. Además, para convertirse en legislación comunitaria necesitará el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros. Precisamente en el ámbito nacional comienzan a surgir las primeras resistencias. Algunos gobiernos consideran que cualquier modificación relacionada con la fiscalidad debería aprobarse por unanimidad y no mediante mayorías cualificadas. Estos países advierten de que una reforma de este tipo podría abrir la puerta a futuras injerencias en competencias que consideran exclusivas de los Estados. El núcleo de esta transformación se encuentra en la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, una normativa que Bruselas considera desfasada respecto a los actuales objetivos climáticos. La principal novedad consistirá en abandonar el sistema que grava los combustibles en función de su volumen para sustituirlo por otro basado en su contenido energético y en el impacto ambiental que generan. Este nuevo modelo aplicará de forma más estricta el principio de que quien más contamina debe asumir una mayor carga fiscal. Como consecuencia, los combustibles fósiles soportarán impuestos más elevados, mientras que la electricidad procedente de fuentes limpias disfrutará de una tributación más reducida. Con ello, la Comisión Europea aspira a orientar las decisiones de inversión y consumo hacia alternativas más sostenibles y acelerar la descarbonización de la economía comunitaria.

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(El Economista, 17-06-2026) | Fiscal

Hacienda embargará automáticamente el dinero de cualquier cuenta "online" y en otras divisas

La Agencia Tributaria ha dado un paso más en la adaptación de sus mecanismos de recaudación a la expansión de los neobancos, las entidades de dinero electrónico y las fintech, que permiten abrir y gestionar cuentas de forma totalmente digital. A partir de ahora, Hacienda podrá embargar de manera automática los saldos que los contribuyentes deudores mantengan en este tipo de plataformas. La Dirección General de la Agencia Tributaria ha aprobado una resolución que amplía el sistema de embargo telemático, que hasta ahora se aplicaba a la banca tradicional, a cualquier proveedor de servicios de pago o entidad digital, tanto nacional como extranjera. Esto incluye cuentas en distintas divisas, en las que los usuarios pueden operar sin necesidad de convertir sus fondos a euros. Con esta medida, el fisco extiende el procedimiento automatizado a todo el ecosistema financiero digital, de forma que estas entidades recibirán diariamente las órdenes de embargo y deberán bloquear las cantidades indicadas de manera inmediata. En caso de insuficiencia de saldo, se ejecutará la retención parcial disponible. La resolución establece, no obstante, algunas limitaciones. No se practicará embargo alguno cuando el saldo sea igual o inferior a tres euros. Además, en las cuentas en las que se ingresen salarios o pensiones se respetarán los límites legales de inembargabilidad, de forma que únicamente podrá retenerse la cantidad que exceda del Salario Mínimo Interprofesional. En función del nivel de ingresos, se aplicarán también los porcentajes de protección establecidos por la normativa. La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor en noviembre de 2026. Afectará a cuentas corrientes, de ahorro, libretas y cuentas de pago no bancarias, mientras que quedan excluidas las cuentas de crédito y aquellos supuestos en los que existan embargos adoptados como medida cautelar. Las entidades incluidas en este sistema deberán adherirse de forma voluntaria a la resolución, con independencia de su condición de colaboradoras habituales en la recaudación tributaria. A partir de su incorporación, recibirán de forma diaria las diligencias de embargo antes de las 20:00 horas y estarán obligadas a ejecutarlas antes de las 8:00 del día siguiente. Asimismo, deberán informar a la Administración sobre el resultado de cada actuación, indicando si el embargo ha podido realizarse en su totalidad o si no ha sido posible por falta de fondos. El importe recaudado deberá ingresarse en el Tesoro Público en un plazo máximo de 20 días. La normativa también contempla la posibilidad de que las entidades puedan extender la ejecución del embargo a otras cuentas del mismo cliente, hasta un máximo de diez, en caso de que no exista saldo suficiente en la inicialmente señalada por la Agencia Tributaria. Finalmente, el texto advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse una infracción en materia de colaboración con la Administración tributaria, lo que podría derivar en la apertura de expedientes sancionadores.

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