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(Expansión, 21-04-2026) | Fiscal

Los impuestos consumen el 35% de renta de los hogares

La carga fiscal efectiva media en España se sitúa entre el 31% en el País Vasco y el 38% en Baleares. En términos generales, los impuestos y las cotizaciones sociales logran reducir la desigualdad en torno a un 32%, según estimaciones de Fedea. De media, los hogares destinan 35 euros de cada 100 de su renta bruta al pago de tributos, aunque esta cifra varía según la comunidad autónoma, debido tanto a las diferencias en la presión fiscal como al nivel de ingresos. Así, mientras en el País Vasco se pagan unos 31 euros por cada 100, en Baleares se alcanza los 38. En conjunto, el 40% de los contribuyentes con mayores ingresos aporta más de lo que recibe del sistema, mientras que el 60% restante obtiene un saldo positivo. Estas conclusiones forman parte de la décima edición del Observatorio sobre el reparto de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea con datos de 2023. Durante ese año, la renta bruta media de los hogares creció un 8,2%, hasta situarse en 35.068 euros, impulsada, entre otros factores, por la subida de las pensiones, que aumentaron en la misma proporción. En general, las prestaciones monetarias crecieron un 6,4%. Por su parte, la recaudación fiscal aumentó un 6,7%, por debajo del incremento del 11% registrado en 2022. Esto permitió que el tipo medio efectivo del sistema se redujera ligeramente, hasta el 35% de la renta bruta media. Este porcentaje incluye los principales tributos: el IRPF (10,5%), el Impuesto sobre Sociedades (1,2%), el de Patrimonio (0,1%), las cotizaciones sociales -tanto del trabajador (3,9%) como de la empresa (13,3%)-, el IVA (4,62%), el ITPAJD (0,5%), los impuestos especiales (sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad) y el impuesto sobre primas de seguros (0,81%), además del IBI aplicado a la vivienda habitual (0,6%). Sin embargo, dentro de cada impuesto también existen diferencias relevantes según el nivel de ingresos. Por ejemplo, el IRPF apenas grava un 0,9% a los hogares con menor renta, aumentando progresivamente hasta el 15,7%. No obstante, pierde progresividad en el tramo más alto, ya que el 1% más rico paga un tipo medio del 10,9%, debido al mayor peso de los dividendos -que tributan menos que los salarios- en sus ingresos. Por territorios, Baleares presenta la mayor presión fiscal efectiva (38,1%), seguida de Cataluña (35,8%) y Madrid (35,6%). En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco (31,5%), Canarias (32,8%) y Castilla y León (32,9%). En conjunto, la acción del sector público -sumando impuestos y prestaciones- reduce la desigualdad en la distribución de la renta de los hogares en un 31,9%. La mayor parte de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias, como pensiones o subsidios de desempleo, que explican el 72,4% de la reducción. Las prestaciones en especie, como sanidad y educación, aportan un 23,8%, mientras que los impuestos contribuyen en menor medida, con un 3,7%. Según Fedea, si se incluyeran otros gastos públicos -como los destinados a servicios generales, defensa, seguridad, medio ambiente o protección social-, la reducción total de la desigualdad podría alcanzar el 41%.

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(Expansión, 21-04-2026) | Fiscal

Bruselas planteará reducir el IVA de las calderas y los paneles solares

La Comisión Europea promoverá medidas como el teletrabajo y las ayudas al transporte público con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles, en un contexto en el que los países europeos sufren las consecuencias del encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con un documento al que ha accedido Financial Times, Bruselas planteará a los Estados miembros un conjunto de iniciativas orientadas a disminuir la demanda energética, aumentar la eficiencia y acelerar la transición hacia fuentes limpias. El propósito es ofrecer un alivio inmediato frente a los altos costes de la energía. Estas propuestas se inspiran en las acciones adoptadas durante la anterior crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania, y forman parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar el uso de energías renovables. Entre las recomendaciones, se plantea que las empresas faciliten al menos un día de teletrabajo a la semana cuando sea viable. También se sugiere incrementar las ayudas al transporte público y rebajar el IVA de tecnologías como bombas de calor, calderas o paneles solares. Asimismo, Bruselas prevé fijar objetivos ambiciosos de electrificación, aún pendientes de concretar, y apoyar a los países en el desarrollo de programas de acceso asequible a tecnologías limpias, como vehículos eléctricos, baterías domésticas o sistemas de calefacción eficientes. Varios responsables europeos han subrayado que estas medidas no son obligatorias, sino orientativas. Según uno de ellos, si se produce escasez energética, es importante informar a la ciudadanía sobre cómo puede reducir su consumo, sin intervenir en exceso en su vida cotidiana. Las recomendaciones para disminuir el consumo de petróleo y gas se integran en un plan más amplio para hacer frente al aumento de los precios energéticos, que incluye la electrificación del sistema y una mayor coordinación en la compra de combustibles fósiles. Otras iniciativas, como soluciones a la falta de combustible para la aviación, todavía están en fase de desarrollo. Aunque el documento no es vinculante, la Comisión prevé presentar dos propuestas legislativas para abaratar costes. Entre ellas, se contemplan cambios en las normas del mercado eléctrico para reducir el precio del transporte de la electricidad, lo que implicaría supervisar la rentabilidad de los operadores de red y revisar las tarifas aplicadas a sectores industriales intensivos en energía. También se propone modificar una directiva para garantizar que la electricidad tenga una carga fiscal inferior a la de los combustibles fósiles. Aunque una versión más ambiciosa de esta medida fue descartada en 2025, las autoridades confían en que la actual crisis reactive el debate. El documento señala además que los países podrán aplicar, si lo consideran oportuno, un tipo impositivo cero sobre la electricidad consumida por industrias con alta demanda energética. Por último, la Comisión ofrecerá apoyo a los Estados para diseñar mecanismos de control de precios y ayudas a los ingresos, así como para evaluar posibles impuestos extraordinarios a nivel nacional, sin llegar a proponer un gravamen común en toda la Unión Europea, como solicitaban algunos gobiernos.

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(El País, 21-04-2026) | Fiscal

Bruselas se resiste a impulsar un mecanismo europeo para gravar los beneficios extraordinarios a las energéticas por la crisis de Irán

La Comisión Europea ha optado por no posicionarse claramente sobre los llamados beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas energéticas como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bruselas no quiere impulsar, por ahora, un sistema común a nivel europeo para gravar estas ganancias derivadas de la crisis en Oriente Próximo y del bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que antes transitaba alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. Varios países -España, Alemania, Italia, Austria y Portugal- han solicitado a la Comisión que establezca un marco jurídico que permita gravar estos ingresos inesperados, con el fin de evitar que el impacto de la crisis energética recaiga únicamente sobre los ciudadanos y las cuentas públicas. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se muestra reticente a adoptar una medida coordinada y, en su lugar, deja en manos de cada Estado la posibilidad de aplicar este tipo de impuestos. A pesar de ello, los cinco países continúan presionando para que se adopte una solución conjunta, como un tributo armonizado que además tendría un importante valor simbólico y ayudaría a contener las consecuencias económicas del encarecimiento del petróleo. No obstante, los borradores del paquete de medidas que prepara la Comisión no incluyen esta opción. En la estrategia que la presidenta Ursula von der Leyen prevé presentar próximamente en la cumbre europea, la respuesta a esta petición se limitará a recordar que los países ya tienen capacidad para actuar por su cuenta. El plan sí contempla otras iniciativas para afrontar la crisis energética, como fomentar el teletrabajo semanal, reducir el uso de edificios públicos, limitar los viajes en avión o reforzar el transporte público. También incluye objetivos de electrificación y medidas para flexibilizar las ayudas estatales a sectores especialmente afectados, como el transporte o la agricultura. Los países que reclaman una mayor intervención consideran que la actual volatilidad del mercado, marcada por tensiones geopolíticas, exige una respuesta más decidida a nivel europeo. Para ello, recuerdan el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal sobre los beneficios de las energéticas tras la invasión rusa de Ucrania, argumentando que la situación actual presenta similitudes que justificarían una medida similar. Sin embargo, en Bruselas no hay consenso para repetir esa fórmula. Ya en 2022 la Comisión mostró reticencias antes de aceptar un impuesto extraordinario, que finalmente se aplicó de forma temporal tras el respaldo del Consejo de la UE. En esta ocasión, la institución se limita a señalar que los Estados miembros pueden adoptar estas medidas si lo consideran oportuno, algo que responde al reparto de competencias en materia fiscal dentro de la Unión. Algunos responsables europeos también han apuntado a dificultades legales para implantar un mecanismo de este tipo a escala comunitaria. Además, sostienen que la situación actual no es exactamente comparable a la de 2022, lo que reduce el impulso político para adoptar decisiones similares. La respuesta más pausada de la Comisión, en contraste con la rapidez mostrada durante la anterior crisis energética, ha generado críticas. Aunque ahora no existe un riesgo inmediato de escasez como entonces ni un incremento tan abrupto de los precios, también influye el menor margen fiscal de los Estados. Aun así, en el Parlamento Europeo crece la presión para actuar con mayor determinación. Algunos eurodiputados, como el socialista Nicolás González Casares, defienden la necesidad de aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, especialmente enfocado en las energías fósiles, para mitigar los efectos de la crisis.

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(El Economista, 21-04-2026) | Fiscal

El Gobierno retrasa la puesta en marcha de la factura electrónica al 1 de octubre de 2027

El Gobierno ha decidido aplazar la entrada en vigor de la obligación de emitir facturas electrónicas para empresas y autónomos hasta el 1 de octubre de 2027, lo que supone un retraso de tres meses respecto a los plazos inicialmente previstos, según fuentes solventes. A partir de esa fecha, deberán utilizar este sistema las compañías y profesionales que facturen más de 8 millones de euros cuando realicen operaciones con otras empresas o autónomos (no con consumidores finales). Aquellos con ingresos inferiores a ese umbral tendrán un año adicional de margen y comenzarán a aplicar la factura electrónica el 1 de octubre de 2028. Con este calendario, la Administración pretende implantar de forma progresiva tanto Verifactu como la factura electrónica, evitando que ambas obligaciones coincidan. Verifactu exigirá a pymes y autónomos disponer de un programa informático que registre cada factura emitida y la envíe automáticamente a Hacienda o la almacene en el sistema. Según los nuevos plazos, Verifactu entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2027 para las empresas y el 1 de julio del mismo año para los autónomos. Posteriormente, el 1 de octubre de 2027 comenzará la obligación de facturación electrónica para quienes superen los 8 millones de facturación, y en octubre de 2028 para el resto. El Ministerio de Hacienda publicó recientemente el proyecto de orden que regula la plataforma pública de facturación, un documento abierto a alegaciones hasta el 8 de mayo. Esta herramienta permitirá emitir facturas digitales por ventas y servicios. La Agencia Tributaria facilitará un formulario para su generación, de modo que queden automáticamente registradas en su sistema. En caso de utilizar soluciones privadas, los usuarios deberán remitir una copia exacta de cada factura a esta plataforma pública de manera inmediata. Hacienda también contempla la posibilidad de corregir o eliminar facturas erróneas dentro del sistema, aunque manteniendo un registro de dichas modificaciones. Además, la implantación de la factura electrónica implicará informar a la Administración sobre distintos aspectos del proceso: recepción, aceptación, pago o rechazo de las facturas. Los destinatarios deberán comunicar fechas clave, como la recepción del documento, la entrega del bien o servicio, el vencimiento y el pago, o su rechazo si procede. Por su parte, el emisor indicará si ha cobrado o si la factura sigue pendiente, e incluso podrá contrastar la veracidad de la fecha de pago declarada por el receptor. Ambas partes recibirán confirmación de todas las facturas y comunicaciones realizadas. En caso de incidencias técnicas en la plataforma pública, tendrán un plazo de cuatro días para remitir la información una vez resuelto el problema. La orden ministerial entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, iniciándose un año después la aplicación de esta nueva obligación.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

460.000 autónomos tendrán que incorporar a su base imponible la devolución del exceso de cotización de 2023

El 1 de enero de 2023 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de cotización para autónomos basado en sus ingresos reales. Según este modelo, los trabajadores por cuenta propia deben pagar sus cuotas en función de sus rendimientos netos, es decir, la diferencia entre lo que ingresan y los gastos deducibles asociados a su actividad. Más de un año después, tras finalizar la campaña de la Renta de 2024 en octubre, la Seguridad Social comparó estos datos con los de la Agencia Tributaria y puso en marcha el primer proceso de regularización. En él, ajustó las cotizaciones para adaptarlas a lo que cada autónomo debería haber pagado según sus ingresos reales. Este proceso terminó a finales de mayo del año pasado, dejando como resultado que unos 796.000 autónomos habían cotizado por debajo de lo que les correspondía y tuvieron que abonar la diferencia, mientras que alrededor de 460.000 recibieron devoluciones por haber pagado de más, siempre con su conformidad. No obstante, las consecuencias de este nuevo sistema aún no han finalizado. Más de tres años después de su implantación, Hacienda volverá a ajustar estos importes en la declaración de la Renta correspondiente a 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el 8 de abril. Estos cambios afectarán a más de 1,2 millones de autónomos, aproximadamente un tercio de quienes estuvieron dados de alta en el RETA en algún momento de 2023. Muchos de ellos verán modificada su base imponible, lo que podría provocar un cambio de tramo en el IRPF y, en algunos casos, un aumento de la carga fiscal sin haber incrementado sus beneficios. En particular, los 460.000 autónomos que recibieron devoluciones deberán tener en cuenta que las cuotas a la Seguridad Social son un gasto deducible. Por ello, al compensar lo devuelto con lo cotizado el año pasado, la deducción será menor y su base imponible aumentará. En cambio, quienes cotizaron por debajo de sus ingresos reales y regularizaron pagando la diferencia el año pasado podrán añadir ese importe a las deducciones por cuotas, lo que reducirá su base imponible y, potencialmente, su tipo efectivo de IRPF. Dado que estos cálculos pueden resultar complejos y existe el riesgo de errores al confeccionar la declaración, la Agencia Tributaria ha indicado que serán los propios autónomos quienes deberán incorporar esta información. No obstante, el sistema sí automatizará el efecto del ajuste, sumando o restando el resultado de la regularización a las deducciones correspondientes. En cuanto a las cantidades implicadas, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la devolución media fue de unos 600 euros, mientras que quienes tuvieron que pagar lo hicieron por una media de 450 euros. Aunque no son cifras elevadas, podrían ser suficientes para provocar un cambio de tramo en el IRPF. La forma de reflejar esta regularización ha generado numerosas dudas desde la puesta en marcha del sistema. La Dirección General de Tributos estableció en 2022 que estos ajustes deben incluirse en la declaración del ejercicio en el que se realizan -en este caso, 2025-, en lugar de modificar la correspondiente a 2023. Este criterio fue posteriormente ratificado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, varios expertos fiscalistas discrepan, ya que consideran que esta interpretación vulnera el principio de devengo, que establece que los ingresos y gastos deben imputarse al momento en que se generan. Por este motivo, prevén un aumento significativo de reclamaciones que podrían acabar resolviéndose en los tribunales.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

Seguridad Social arranca la regularización de cuotas de 2024

Aunque los autónomos que tuvieron desajustes en sus cotizaciones de 2023 aún no han cerrado por completo ese ejercicio -algo que harán al presentar la actual declaración de la Renta, cuyo plazo finaliza el 30 de junio-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra y portavoz del Gobierno Elma Saiz, ya ha iniciado el proceso de regularización correspondiente a 2024. Fuentes del Ministerio han confirmado a Expansión que la Tesorería ya está comunicando a los trabajadores por cuenta propia el resultado de este ajuste, una vez que la Agencia Tributaria ha enviado el informe definitivo sobre el IRPF declarado en la última campaña. En aquellos casos en los que la regularización resulte a favor de la Tesorería, los autónomos deberán abonar las cantidades pendientes antes de que finalice el mes siguiente al de la notificación. Esto implica que el plazo ya está en marcha para miles de profesionales. Según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, este nuevo proceso estaría repitiendo "los mismos fallos e incidencias que ya se detectaron en la regularización de 2023", especialmente en lo relativo a autónomos en situación de pluriactividad, societarios y colaboradores. A juicio de Amor, esto demuestra que el objetivo del Gobierno en las reuniones del pasado otoño era aplicar un fuerte incremento de las cuotas de cara a 2026, una medida que finalmente se descartó en el último momento a finales del año pasado.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

La sombra de la sospecha sobre el impuesto "temporal" a las energéticas

El Gobierno busca reintroducir como una figura de carácter europeo el recargo aplicado al sector energético, aunque las compañías temen que acabe convirtiéndose en otro impuesto "temporal" que, en la práctica, nunca se elimina. El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha sustituido a María Jesús Montero, debutó en el Parlamento defendiendo la creación de un nuevo gravamen provisional. En esta ocasión, la propuesta consiste en aumentar la carga fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas debido al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. La medida no es nueva, pero llama la atención que se plantee justo después de que el Estado haya encadenado cuatro récords consecutivos de recaudación y haya superado por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. El ministro justificó la iniciativa apelando a la "justicia fiscal" en el reparto de los costes de la guerra. Sin embargo, el Gobierno de PSOE y Sumar no dispone de apoyos suficientes en el Congreso para aprobarla, por lo que ha solicitado a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que impulse este gravamen a nivel comunitario, lo que facilitaría su aprobación y homogeneizaría criterios. Este asunto formará parte de las conversaciones entre Pedro Sánchez y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, en la Moncloa. Pese a ello, las empresas del sector desconfían de que este recargo tenga una duración limitada, y no les faltan motivos. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha intentado aumentar por decreto la fiscalidad de eléctricas y gasistas, pero se ha encontrado con el rechazo del Congreso -incluidos socios como Junts y PNV, además de PP y Vox-, al considerar que estas medidas podrían afectar negativamente a las inversiones en infraestructuras y redes. El Ejecutivo ha señalado al sector energético, junto con el bancario, como objetivo de mayores cargas fiscales. De hecho, lo ocurrido con el impuesto sobre los beneficios "extraordinarios" de la banca refuerza las dudas del sector energético. Este tributo, aprobado en 2022 con carácter temporal para 2023 y 2024, sigue vigente tras su prórroga hasta 2027 acordada con el PNV, y existe la intención de convertirlo en permanente. Un ejemplo claro de cómo un impuesto temporal puede acabar prolongándose es el Impuesto sobre el Patrimonio. Creado en 1977 con un fin censal, fue posteriormente bonificado al 100%, pero se reactivó durante la crisis financiera para compensar la caída de ingresos públicos. Aunque algunas comunidades autónomas lo neutralizaron con bonificaciones, el actual Gobierno introdujo el denominado "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas" para armonizar la tributación. Aunque en teoría es provisional, ligado a la reforma de la financiación autonómica, desde la izquierda se plantea mantenerlo de forma indefinida. Asimismo, la disputa judicial sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, instaurados en 2016 durante la etapa de Cristóbal Montoro para adelantar ingresos en plena crisis de deuda, refleja la dificultad de eliminar medidas fiscales concebidas como temporales. La reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló este sistema, evidencia la tendencia de la Administración a conservar este tipo de instrumentos más allá de su carácter inicial.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

Las medidas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia han ganado peso en las agendas económicas

Los equipos económicos de PP, Vox y Junts están preparando propuestas para replantear el sistema de cotización acordado en 2022, después de exigir al Gobierno que dé marcha atrás en el aumento de cuotas aplicado sin previo aviso a los autónomos societarios. El Partido Popular presentó en noviembre un conjunto de diez medidas dirigidas a este colectivo, tras el bloqueo de las negociaciones entre la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos para revisar los tramos y las cuotas. Desde entonces, ha ido perfilando su propuesta a través de encuentros en distintas comunidades autónomas, configurando un plan que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de aplazar hasta tres mensualidades al año. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera necesario revisar el sistema de cotización por ingresos reales aprobado en 2022 -al que dio su apoyo en su momento-, aunque por ahora no propone una reforma completa. Entre sus planteamientos, defiende actualizar las cuotas conforme a la inflación y permitir que las aportaciones a planes de pensiones privados puedan descontarse de las cotizaciones, con el objetivo, entre otros, de reforzar el sistema público. Además, el PP recoge algunas de las reivindicaciones habituales del colectivo, como que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros queden exentos de gestionar el IVA, en línea con la normativa europea, o reducir el número de declaraciones fiscales anuales a dos -y a una en el caso de nuevos autónomos-, a quienes también propone aplicar una tarifa cero. Algunas de estas ideas coinciden con las defendidas por Vox, como incentivar la contratación mediante bonificaciones del 100% en las cotizaciones sociales durante el primer año. El partido liderado por Santiago Abascal presentó en el Congreso una moción con diez medidas orientadas a evitar la desaparición del trabajo autónomo en España. No obstante, a diferencia del PP, Vox plantea derogar directamente la ley de 2022 que regula el RETA y negociar un nuevo marco laboral que tenga en cuenta, según afirma, a los "verdaderos agentes sociales". Entre sus propuestas, Vox incluye eximir del pago de cuotas a quienes ganen menos que el Salario Mínimo Interprofesional, ampliar a seis meses el plazo para abonar impuestos como el IRPF o el IVA, y fijar un tipo del 15% en el IRPF para rentas inferiores a 70.000 euros anuales. Aun así, la formación no ha decidido todavía si llevará estas medidas al terreno legislativo, pese a haber asumido el compromiso de corregir el aumento del 42% en la base mínima de cotización de los autónomos societarios aplicado en marzo. Por su parte, Junts ha mostrado una posición firme en los últimos días, incorporando las demandas de los autónomos a sus negociaciones con el Ejecutivo. El grupo encabezado por Miríam Nogueras ya condicionó su apoyo al decreto anticrisis a la implantación de la exención del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Según señaló en redes sociales, el Gobierno debe tener en cuenta que dispone de siete votos que priorizan los intereses de los autónomos frente a los del propio Ejecutivo.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

La pequeñas empresas cobran con retrasos cerca del 70% de sus facturas

El sistema de pagos entre empresas en España ha afianzado los retrasos respecto a los plazos acordados al cierre del último año. De acuerdo con el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, ha disminuido la puntualidad en los pagos: solo el 30,4% de las facturas se abonaron a tiempo o antes de su vencimiento, frente al 32,6% del ejercicio anterior. Actualmente, la mayoría de las operaciones comerciales se concentran en retrasos de corta duración. Los pagos efectuados dentro de los 30 días posteriores al vencimiento ya suponen el 66,6% del total, tras aumentar 2,7 puntos porcentuales en el último año. En cambio, los retrasos más graves -los que superan ese plazo- representan el 3%, debido principalmente al incremento de pagos realizados entre los 60 y 90 días. Aunque los tipos de interés han empezado a bajar, el coste financiero asociado a la deuda comercial sigue siendo elevado para las empresas. En el cuarto trimestre de 2025, este esfuerzo alcanzó los 5.568 millones de euros. De ellos, cerca de 2.000 millones correspondieron a pymes: 611 millones asumidos por microempresas (frente a 715 millones un año antes) y 781 millones por pequeñas empresas (frente a 915 millones en el mismo periodo de 2024). El Periodo Medio de Pago (PMP) en España se situó en 80,5 días durante 2025. Aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior, continúa superando en más de 20 días el límite legal de 60 días fijado por la normativa de morosidad. Las pequeñas empresas fueron la excepción a esta leve mejoría, ya que su PMP aumentó ligeramente, pasando de 78,7 días a finales de 2024 a 78,9 días en el mismo periodo de 2025. Aun así, encadenan siete trimestres seguidos por debajo de los 80 días. En cuanto a la gestión de pagos aplazados, las empresas medianas presentan un comportamiento singular. Su índice de morosidad (Imfvp) creció un 12,8% en 2025, en contraste con las grandes compañías, donde cayó un 71,2%. A pesar de ello, las medianas siguen en una posición relativamente mejor que la media nacional. Las empresas más pequeñas muestran mayor resistencia en este indicador. En las pequeñas, el índice se mantuvo estable, mientras que en las microempresas descendió, aunque sin corregir su desventaja estructural. Estas últimas continúan siendo las más afectadas por la morosidad, con un nivel un 17% superior al promedio nacional, aunque se trata del dato más bajo desde 2008. Por su parte, las grandes empresas registraron una desviación del 13,2% respecto a la media nacional, lo que supone su mejor resultado en tres años, en línea con la fuerte reducción de su índice de morosidad. Los plazos de pago varían de forma significativa según el sector y la región. La construcción presenta el mayor retraso, con un PMP de 96,5 días, niveles no vistos desde principios de 2024. Le sigue el sector agroalimentario, con 74,4 días. En cambio, los servicios y la industria han reducido sus plazos, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Dentro de los subsectores, el transporte lidera los mayores retrasos en servicios con 75,5 días, mientras que en la industria destaca maquinaria y equipo, con 88,8 días. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza los mayores plazos de pago con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En el extremo contrario, Aragón (68,7 días) y Baleares (69 días) registran los periodos más reducidos. El informe también señala que el índice general de morosidad en ventas a plazo (Imfvp) rompió su tendencia descendente al situarse en 54,1 puntos. Las microempresas siguen encabezando este indicador, superando la media nacional en un 17%, aunque en su nivel más bajo desde 2008. Las medianas, en cambio, continúan en mejor situación relativa. Cepyme advierte que, pese a la moderación actual de la morosidad gracias al abaratamiento de la financiación, la incertidumbre en los precios de la energía y las materias primas podría provocar un repunte a corto plazo. En el caso de los autónomos, la situación sigue siendo especialmente delicada. Según el último barómetro de ATA, el 38,3% asegura sufrir retrasos en el cobro de sus facturas. El origen principal de estos impagos se encuentra en el sector privado: un 19,6% los padece exclusivamente de empresas privadas, mientras que un 10,4% los sufre tanto del ámbito público como del privado. Además, un 8,3% señala directamente a las administraciones públicas. Estos retrasos tienen consecuencias directas en el empleo. El 17,9% de los autónomos que tenía previsto contratar personal ha tenido que renunciar a ello por problemas de liquidez. Todo ello se produce en un contexto de fuerte presión económica: el 68,9% de los autónomos ya ha subido precios en lo que va de año y un 64,5% prevé hacerlo de nuevo si la situación no mejora. Además, existe un notable descontento con la respuesta institucional, ya que solo el 5,6% considera suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación económica actual.

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(El País, 17-04-2026) | Fiscal

La inflación y el tirón del mercado laboral disparan la fiscalidad sobre salarios y pensiones a niveles récord

La carga fiscal efectiva sobre salarios y pensiones -es decir, el porcentaje de estos ingresos que se destina al pago de impuestos- ha alcanzado niveles sin precedentes en España. El tipo medio aplicado a estas rentas ha aumentado notablemente respecto a los años previos a la pandemia y se sitúa en máximos históricos. En el caso de los sueldos, ha pasado del 15,5% en 2019 al 17,5% estimado para 2025, según datos provisionales de la Agencia Tributaria. En las pensiones, el incremento es aún mayor, superando los dos puntos porcentuales hasta alcanzar un gravamen medio del 10,4%. En conjunto, el tipo efectivo del IRPF -incluyendo también las rentas del capital y otros ingresos- se sitúa ya en el 15,1%, casi dos puntos y medio por encima del nivel anterior a la crisis sanitaria, marcando también un récord. En la práctica, esto significa que por cada euro obtenido, ya sea por trabajo, pensión o ganancias patrimoniales, se paga más a Hacienda que hace unos años. Este aumento, significativo y relativamente rápido, responde a una combinación de factores económicos y fiscales. Uno de los principales es la llamada "progresividad en frío", que se produce cuando la inflación crece con fuerza pero el IRPF no se actualiza. Entre 2020 y 2025, el índice de precios al consumo acumuló una subida del 23,5%, mientras que el impuesto no se ajustó en la misma medida. Cuando los salarios suben en términos nominales -muchas veces para compensar la inflación- pero no se modifican los tramos, mínimos o deducciones del impuesto, los contribuyentes acaban pagando más, aunque su poder adquisitivo real no haya mejorado. Por ello, algunos expertos denominan este fenómeno como el "impuesto de la inflación", ya que se gravan incrementos nominales como si fueran reales. A esta situación se suma la evolución positiva del mercado laboral, con más personas empleadas y salarios más altos en términos nominales, en parte impulsados también por las subidas del salario mínimo. Además, las rentas del trabajo tienen cada vez más peso en el total de ingresos declarados y, a diferencia de otras fuentes como las inversiones, están sujetas a tipos más elevados, lo que empuja al alza el tipo medio global. Las pensiones siguen una tendencia similar. Su revalorización para hacer frente a la inflación ha provocado que algunos jubilados que antes no tributaban superen ahora el umbral mínimo y deban pagar IRPF. Asimismo, al igual que ocurre con los trabajadores, muchos han pasado a tramos superiores sin que eso implique necesariamente una mejora real de su capacidad de compra. Aunque los datos de la Agencia Tributaria son todavía provisionales, reflejan el fuerte crecimiento de estas rentas. En 2025, los salarios brutos de los hogares españoles superaron los 540.000 millones de euros, un 6% más que el año anterior y un 40% por encima de 2019. Por su parte, las pensiones alcanzaron casi los 205.000 millones de euros en ese mismo ejercicio.

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