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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra

La carga fiscal sobre la electricidad y el gas natural aumentó de forma repentina ayer en torno a 300 millones de euros. Esa es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los ingresos extra que obtendrá Hacienda este mes tras la desaparición de parte de las rebajas fiscales aplicadas a la energía, medidas que el Gobierno había puesto en marcha para amortiguar las consecuencias de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de las peticiones de sindicatos, oposición e incluso del socio minoritario del Ejecutivo, el Gobierno no ha frenado por ahora la retirada automática de parte de estas ayudas, que estaban condicionadas a la evolución de la inflación. Las rebajas vinculadas a los carburantes, no obstante, seguirán vigentes hasta finales de junio. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo movilizaba cerca de 5.000 millones de euros y fue ratificado por el Parlamento una semana más tarde. El plan contemplaba unos 3.000 millones en ayudas directas para los sectores más afectados y más de 2.000 millones en rebajas fiscales para los consumidores, inicialmente previstas hasta el 30 de junio. Solo durante los últimos diez días de marzo, la Agencia Tributaria calculó que estas medidas redujeron la recaudación en 115 millones de euros. Sin embargo, el decreto incluía una cláusula que supeditaba la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios. Si en abril la inflación interanual de la electricidad, el gas o los carburantes se situaba por debajo del 15%, las ayudas fiscales desaparecerían automáticamente. El efecto del propio paquete de medidas y la menor dependencia energética de España respecto a Oriente Próximo contribuyeron a abaratar el gas un 9,6% y la electricidad un 4,3% en ese periodo. Como consecuencia, desde ayer 1 de junio se han revertido de forma automática las rebajas fiscales sobre la energía. El IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña pasa del 10% reducido al tipo general del 21%. También vuelve a su nivel habitual el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que deja atrás el tipo reducido del 0,5% para regresar al 5,11%. Desde Endesa advierten de que muchos hogares empezarán a notar el incremento en sus próximas facturas, especialmente aquellos que utilizan tanto electricidad como gas. Según sus cálculos, el aumento podría situarse entre 10 y 20 euros mensuales para una vivienda media, dependiendo del consumo y de la tarifa contratada. En un hogar con un gasto reducido de unos 40 euros al mes en electricidad antes de impuestos, el encarecimiento rondará los 7 euros mensuales; en uno con consumo medio y una factura de 70 euros, el aumento será de unos 12 euros; y en hogares o negocios con facturas de alrededor de 120 euros, el sobrecoste se acercará a los 20 euros al mes. La compañía considera que los consumidores con un mayor uso energético percibirán más claramente el impacto a partir del verano. Mientras tanto, las medidas destinadas a contener el precio de los carburantes seguirán activas durante junio, ya que los precios continúan elevados. Entre ellas figura la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea -4,9 céntimos por litro en el gasóleo y 14,5 céntimos en la gasolina sin plomo-, con un coste estimado de 660 millones de euros, según Airef. También continúa vigente la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, una medida cuestionada por la Comisión Europea y valorada en unos 750 millones. Además, se mantiene la devolución parcial de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, cuyo coste supera los 1.000 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía señalaron ayer que el Gobierno sigue evaluando el impacto económico y social de la guerra en Irán y analiza junto a agentes sociales y sectores afectados la eficacia de las medidas adoptadas, con el objetivo de decidir si continúan o se modifican más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el resto del paquete actualmente en vigor. El departamento encabezado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defiende que estas medidas están sirviendo para preservar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. La pasada semana, el ministro presidió una primera reunión con patronal y sindicatos para analizar posibles actuaciones de cara a afrontar un verano marcado por la incertidumbre energética. Según Economía, en las próximas semanas se celebrarán nuevos encuentros con los distintos sectores para estudiar la evolución de la situación y determinar qué nuevas ayudas podrían ser necesarias cuando finalicen las actuales.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda recauda un 24% más por la Renta en los dos primeros meses de campaña

Hasta el 1 de junio, más de 3,2 millones de contribuyentes con declaraciones de la Renta a pagar habían ingresado ya más de 5.700 millones de euros en las arcas públicas durante los dos primeros meses de la campaña de 2025, iniciada el pasado 8 de abril. La recaudación obtenida hasta ahora supera en un 23,8% la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Aun así, el incremento todavía queda por debajo de las previsiones de la Agencia Tributaria, que espera elevar en esta campaña los ingresos netos por IRPF en torno a un 60%, lo que supondría unos 11.000 millones adicionales. La mayor parte de ese crecimiento previsiblemente llegará a lo largo de junio, ya que muchos contribuyentes con resultado a ingresar suelen esperar hasta las últimas semanas para presentar su declaración. En total, 16,8 millones de personas ya habían formalizado su declaración correspondiente a los ingresos obtenidos el año pasado, lo que representa un aumento del 5,4% respecto al cierre de mayo de 2025. De ellas, 3,2 millones presentaron declaraciones con resultado a pagar, un 7,83% más que el año anterior, mientras que 10,9 millones solicitaron devoluciones, con un crecimiento del 3,8%. La Agencia Tributaria ya ha efectuado 8,2 millones de devoluciones, lo que equivale al 75,5% de las solicitudes presentadas y al 61% del importe total reclamado por los contribuyentes. En paralelo, Hacienda ha comenzado a remitir avisos a ciudadanos en cuyas declaraciones detecta posibles errores o discrepancias para que puedan corregirlos antes de que finalice el periodo voluntario de presentación. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ya se han enviado unas 50.000 notificaciones de un total previsto de 130.000 antes del cierre de campaña, fijado para el 30 de junio. El objetivo, según explica el organismo, es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar fallos u omisiones que posteriormente puedan derivar en comprobaciones o regularizaciones fiscales. La recepción de estas comunicaciones no obliga a modificar la declaración presentada, ya que tienen carácter meramente informativo. Sin embargo, en los últimos años algunos sectores han criticado esta práctica al considerar que transmite a los contribuyentes la posibilidad de futuras inspecciones si no rectifican los datos inicialmente declarados. En la campaña pasada, unas 45.000 declaraciones fueron corregidas durante el periodo voluntario tras el envío de estas advertencias, lo que representó más de un tercio de las cartas remitidas entre mayo y junio. Entre los colectivos sometidos a una vigilancia especial este año figuran los trabajadores autónomos. Los profesionales por cuenta propia deberán reflejar por primera vez en la declaración de la Renta el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de autónomos tendrán que ajustar la deducción aplicada por sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán incorporar devoluciones de cuotas, aumentando así su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán incrementar la deducción por las cantidades abonadas, reduciendo su base imponible y, en algunos casos, accediendo a un tramo inferior de tributación efectiva en el IRPF.

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(El País, 02-06-2026) | Fiscal

Hacienda arranca la negociación con las CCAA sobre la reforma de financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha dado este lunes un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica con la intención de que el proyecto llegue al Congreso después del verano y pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. El departamento que dirige Arcadi Espada ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas para proponer reuniones inmediatas que permitan cerrar los últimos aspectos pendientes de la negociación. La iniciativa llega después de que el Gobierno presentara en enero una propuesta global que supondría aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, además de aumentar su participación en los grandes impuestos estatales hasta el 55% del IRPF y el 56% del IVA. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el secretario de Estado, Jesús Gascón, será el encargado de mantener encuentros bilaterales con las distintas autonomías. Las reuniones podrán celebrarse tanto de manera presencial como telemática, dependiendo de las preferencias de cada administración regional. El Gobierno mantiene además la intención de convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un paso considerado imprescindible antes de que el Consejo de Ministros pueda aprobar formalmente la reforma del modelo. La propuesta del Ejecutivo parte de un nuevo cálculo de la llamada población ajustada, el criterio utilizado para distribuir los recursos entre territorios teniendo en cuenta el coste real de prestar servicios públicos. El sistema incorpora variables como la dispersión geográfica, la insularidad o el envejecimiento de la población, factores que elevan el gasto de algunas comunidades. La ministra María Jesús Montero ya defendió en enero que intentó consensuar este modelo con las autonomías, aunque las posiciones quedaron divididas en función de los intereses de cada territorio. El nuevo esquema diseñado por Hacienda concede un peso del 30% a la población empadronada. La denominada población protegida equivalente, vinculada principalmente al gasto sanitario y calculada según los distintos tramos de edad, representa el 38% del modelo. La financiación de la educación primaria, secundaria y de los alumnos desplazados suma un 20,5%, mientras que los servicios sociales destinados a mayores de 65 años y desempleados sin prestación concentran un 8,5%. A estos criterios se añaden otros vinculados a las características territoriales: la superficie tiene un peso del 1,6%; la dispersión de la población, un 0,5%; la insularidad, otro 0,5%; y los costes fijos, un 0,4%. Aunque el núcleo del sistema sigue girando alrededor de los costes sanitarios, educativos y sociales, Hacienda sostiene que el modelo favorece especialmente a las regiones afectadas por la despoblación. Pese a ello, la propuesta ha generado dudas desde su nacimiento, especialmente entre las comunidades gobernadas por el PP y diversos expertos económicos. Uno de los más críticos ha sido Ángel de la Fuente, quien recientemente reconoció que el planteamiento del Gobierno incluye elementos positivos, aunque considera necesario seguir negociando para despejar las incógnitas sobre un posible modelo singular para Cataluña, uno de los puntos de mayor conflicto entre las distintas autonomías.

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(El Economista, 02-06-2026) | Fiscal

La deducción del 20% por elevar fondos propios, principal beneficio para las pymes en el impuesto de Sociedades

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el nuevo modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, cuya campaña comenzará el próximo 1 de julio. Entre las principales novedades destaca el aumento del incentivo fiscal para las pymes por el refuerzo de fondos propios, que pasa del 15% al 20%. Las empresas que durante el ejercicio anterior hayan destinado beneficios a incrementar sus recursos propios podrán aplicar una deducción del 20% sobre las cantidades reservadas, siempre que la reducción no supere el 20% de la base imponible. En el caso de las micropymes -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- el límite se eleva al 25%. Para acceder a este beneficio, será necesario mantener esas reservas durante un periodo mínimo de tres años. Además, la deducción podrá incrementarse si la empresa aumenta su plantilla y mantiene ese crecimiento durante el mismo plazo. En función del incremento del empleo, la deducción puede elevarse al 23% si el aumento de trabajadores se sitúa entre el 2% y el 5%; al 26,5% si está entre el 5% y el 10%; y hasta el 30% si supera ese último umbral. Según explica el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales-Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Rubén Gimeno, el objetivo de esta medida es fomentar la autofinanciación empresarial, incentivando que las compañías no distribuyan beneficios y refuercen su capitalización. En su opinión, se trata del principal incentivo fiscal disponible actualmente para las pymes. En paralelo, se introduce una reducción progresiva de los tipos impositivos. Las micropymes tributarán los primeros 50.000 euros al 21% y el exceso al 22%. En 2026, estos tipos bajarán al 19% y al 21%, respectivamente, y en 2027 al 17% y al 20%. Las pymes, por su parte, verán reducido su tipo general por primera vez al 24%, frente al 25% actual. Esta rebaja continuará de forma gradual hasta situarse en el 23% en 2026, el 22% en 2027, el 21% en 2028 y el 20% en 2029. En cuanto a la compensación de bases negativas, los grupos fiscales aplicarán por última vez en 2025 el límite del 50% para deducir pérdidas de sus filiales, salvo que el Gobierno prorrogue la medida. De forma estructural, las grandes empresas seguirán sujetas a restricciones: aquellas con ingresos entre 20 y 60 millones podrán compensar solo el 50% de sus pérdidas, y las que superen los 60 millones, el 25%. Otra novedad es la prórroga de la libertad de amortización para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga, siempre que las inversiones se realicen entre 2024 y 2026. Las grandes compañías y grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones deberán declarar por primera vez el impuesto mínimo global, que establece un tipo efectivo mínimo del 15% tanto para matrices como para filiales en el extranjero. Hacienda estima una recaudación de unos 1.700 millones de euros anuales por esta figura. También se actualiza la clasificación de actividades económicas, incorporando nuevas categorías vinculadas a la digitalización y la transición tecnológica, como servicios en la nube, comercio electrónico especializado, plataformas digitales, gestión de datos o energías renovables. Asimismo, se refuerza el control sobre las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que deberán informar obligatoriamente de sus socios, un requisito que hasta ahora era voluntario. El objetivo es mejorar la supervisión de las deducciones aplicadas, especialmente en proyectos de I+D+i, donde Hacienda ha detectado posibles abusos en la declaración de gastos. Por último, se mantienen las deducciones para empresas de nueva creación, que podrán aplicar un tipo reducido del 15% durante el primer año con beneficios y el siguiente. Las startups con menos de cinco años de antigüedad -o siete en sectores como energía, industria o biotecnología- también podrán beneficiarse de este tipo reducido en el primer ejercicio rentable y los tres siguientes. Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro seguirán permitiendo deducciones de hasta el 40% del importe aportado, con un límite del 15% de la base imponible, que se eleva al 45% en caso de aportaciones recurrentes.

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(El Confidencial, 02-06-2026) | Fiscal

Eurostat mejora la métrica del peso del IRPF en el salario y España supera la media de la UE

Desde 2021, los salarios en España han perdido capacidad adquisitiva por una doble razón. Por un lado, las subidas salariales nominales aprobadas en un contexto de fuerte inflación acumulada -cercana al 25%- no han sido suficientes para generar mejoras reales en los ingresos. Por otro, la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme al aumento de los precios ha provocado un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo. Como consecuencia, los trabajadores han visto reducido su poder de compra en términos netos y descontando el efecto de la inflación. Este análisis ha sido respaldado por organismos como la AIReF, la OCDE, el Banco de España y el Banco Central Europeo. Aunque la situación también se ha producido en otros países europeos, en muchos casos el impacto ha sido menor gracias a mayores aumentos salariales reales o a mecanismos de ajuste fiscal que evitan parcialmente el fenómeno conocido como "progresividad en frío", por el cual las subidas salariales destinadas a compensar la inflación terminan desplazando a los trabajadores hacia tramos impositivos superiores. En este contexto, España ha escalado posiciones en los rankings internacionales sobre presión fiscal sobre los salarios. Tanto la OCDE como Eurostat reflejan un incremento de la carga impositiva sobre las rentas del trabajo, aunque utilizando metodologías diferentes. Mientras la OCDE sitúa ya a España prácticamente al nivel de los países de su entorno, Eurostat concluye que la presión fiscal española supera incluso la media comunitaria en más de un punto. La diferencia entre ambas estadísticas se debe principalmente a un cambio metodológico introducido por Eurostat en 2024. Hasta entonces, los cálculos comunitarios utilizaban como referencia los datos de la OCDE, basados en salarios ajustados a equivalencia de jornada completa. El nuevo sistema europeo, apoyado en los datos de Euromod -un modelo desarrollado por el centro de investigación de la Comisión Europea-, utiliza salarios medios reales sin ese ajuste, incorporando el peso efectivo del empleo a tiempo parcial y completo existente en cada país. Según la metodología tradicional de la OCDE, un trabajador soltero y sin hijos que percibió el salario medio en España durante 2025 soportó una carga de IRPF del 17,1%, 1,1 puntos más que el año anterior y prácticamente igual a la media europea de los países analizados por la organización, situada en el 17,2%. Con este nivel, España se equipara prácticamente a Alemania y supera a Francia. En gran medida, esta convergencia responde a decisiones fiscales adoptadas por distintos gobiernos. Mientras países como Alemania han aprobado medidas para corregir parcialmente la progresividad en frío, España mantiene sin actualizar la tarifa estatal del IRPF desde 2015. Además, al menos una docena de países de la Unión Europea cuentan con mecanismos automáticos o parciales de adaptación de los tramos impositivos a la inflación, con el objetivo de evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo terminen generando una mayor carga tributaria. Entre los países que aplican sistemas automáticos de actualización figuran Países Bajos, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega y Lituania, mientras que Austria y Alemania disponen de fórmulas discrecionales para corregir este efecto. El nuevo método de Eurostat introduce diferencias relevantes especialmente en economías con un elevado peso del empleo parcial, como Alemania o Países Bajos, donde los salarios medios sujetos a tributación son menores. En el caso español, el impacto metodológico es más reducido. Aun así, los datos sitúan a España por encima de la media comunitaria tanto en 2024 como en 2025. De acuerdo con Eurostat, un trabajador medio del sector privado, soltero y sin hijos, que percibió el salario medio en 2025 soportó un tipo efectivo de IRPF del 15,8%, frente al 14,6% de media en la Unión Europea. Este dato coincide además con las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, precisamente porque ambos utilizan salarios medios reales y no corregidos por equivalencias de jornada completa.

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(Expansión, 01-06-2026) | Fiscal

Hoy decaen las rebajas fiscales temporales a la luz y el gas por la guerra de Irán

Las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña para contener el impacto de la guerra de Irán sobre los precios dejan de estar vigentes desde hoy, coincidiendo con el inicio de junio y pocos días después de conocerse la moderación de la inflación en abril. El Ejecutivo considera que esta evolución demuestra la eficacia de las medidas adoptadas, ya que calcula que, sin el plan de respuesta puesto en marcha, la inflación habría alcanzado el 4,2% en abril, un punto más de lo registrado finalmente. Desde el Gobierno destacan que el paquete de ayudas ha servido para amortiguar las consecuencias del encarecimiento energético y proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto marcado por fuertes subidas de precios, especialmente en la energía y en materias primas esenciales para la producción alimentaria que atraviesan el estrecho de Ormuz, todavía afectado por las tensiones derivadas del conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Con la finalización de estas medidas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve desde hoy al 5,11%, después de haberse reducido temporalmente al 0,5%. Asimismo, el IVA aplicado a la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña regresa al tipo general del 21%, tras haberse rebajado al 10% desde el pasado 20 de marzo. La retirada de estas rebajas estaba contemplada en la cláusula de desactivación incluida en el plan gubernamental. Dicha cláusula establecía que las medidas dejarían de aplicarse si en abril la inflación de los carburantes, la electricidad y el gas descendía por debajo del 15%. Esta condición se ha cumplido en el caso de la electricidad, cuyos precios bajaron un 4,3% en abril, y del gas natural, que registró una caída del 9,6%. Según el Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, estos datos evidencian la capacidad del sistema energético español para resistir perturbaciones externas gracias al peso de las energías renovables, consideradas por el Ejecutivo como un "escudo" frente a los efectos económicos de la guerra. Pese a la retirada gradual de parte del paquete de ayudas, el Gobierno no descarta recuperar estas rebajas fiscales o aprobar nuevas medidas si la situación lo requiere. En este contexto, los sindicatos reclamaron la pasada semana revisar el salario mínimo interprofesional cada seis meses para adaptarlo con mayor rapidez a la evolución de los precios, además de impulsar nuevas ayudas, como un pago extraordinario de 300 euros para personas con rentas bajas. Todo ello ocurre en un escenario en el que algunas previsiones, entre ellas las de Funcas, alertan de que la inflación podría volver a acercarse al 4% durante el verano una vez desaparezcan por completo las medidas de apoyo. En cuanto a los carburantes, el Ejecutivo mantiene de momento las ayudas fiscales vigentes. Estas continuarán al menos hasta el 30 de junio, después de que en abril los precios de los combustibles siguieran situándose más de 15 puntos por encima del IPC. El pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer un informe sobre el efecto de estas rebajas fiscales en los carburantes. El organismo concluye que las ayudas se han trasladado de manera generalizada a los precios finales. Según sus cálculos, el margen bruto se redujo en 0,83 céntimos por litro en la gasolina 95 y en 4,4 céntimos por litro en el diésel. La CNMC añade que únicamente se han detectado comportamientos potencialmente irregulares en alrededor de medio centenar de estaciones de servicio de las más de 10.500 analizadas, al haberse incrementado sus márgenes tras la entrada en vigor de las rebajas fiscales.

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(Expansión, 29-05-2026) | Fiscal

El Supremo decidirá con qué pruebas se puede rebajar la factura fiscal de la vivienda

Nueva revisión judicial sobre el uso del valor de referencia del Catastro por parte de Hacienda para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y Sucesiones y Donaciones (ISD) en operaciones de compraventa, herencias o donaciones de viviendas. Después de que el pasado 12 de febrero el Tribunal Constitucional avalara con carácter general este sistema de valoración, será ahora el Tribunal Supremo el encargado de concretar qué pruebas podrán presentar los contribuyentes que consideren que el valor asignado a sus inmuebles es superior al real y, por tanto, que están pagando más impuestos de los que les corresponderían. El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso de casación en el que recuerda que el Constitucional reconoció que el valor de referencia tiene una presunción de validez, aunque no absoluta, por lo que puede ser cuestionado. Además, subraya que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa revisar si dicho valor es correcto cuando el contribuyente aporte pruebas suficientes. Por ello, el Supremo considera necesario aclarar tanto la naturaleza jurídica del valor de referencia como el alcance del derecho de impugnación de los ciudadanos, fijando qué tipo de evidencias podrán utilizarse para demostrar que el precio real del inmueble es inferior al establecido por el Catastro debido, por ejemplo, a su estado de conservación o a otras circunstancias particulares. Expertos fiscales ya anticiparon esta posibilidad tras conocerse la sentencia del Constitucional. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) consideran que el fallo no cierra el debate sobre el valor de referencia, sino que incluso refuerza las posibilidades de recurrirlo. En la misma línea, José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation & Legal Advising, sostiene que el Constitucional traslada al contribuyente la carga de demostrar que el valor asignado por el Catastro no refleja la realidad del inmueble y le obliga a proponer un método alternativo de valoración. A la espera de que el Supremo determine qué medios de prueba serán plenamente válidos, los fiscalistas apuntan a distintas posibilidades, como actas notariales con fotografías del inmueble, informes periciales elaborados por arquitectos o tasaciones hipotecarias. En algunos casos, estas pruebas podrían no servir para fijar directamente un nuevo valor, pero sí para desacreditar el valor de referencia aplicado por Hacienda y abrir la puerta a que los tribunales ordenen una nueva valoración ajustada a las características reales de la vivienda.

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(Expansión, 28-05-2026) | Fiscal

Mañana ya se puede pedir cita previa para recibir atención presencial en oficinas

La Agencia Tributaria abre este viernes 29 de mayo el plazo para solicitar cita previa con el fin de recibir atención presencial en las oficinas de Hacienda. El periodo para pedir cita estará disponible hasta el 29 de junio, mientras que la asistencia presencial comenzará el lunes 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de junio, fecha en la que concluye la campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Los contribuyentes que deseen ser atendidos, tanto por teléfono como de forma presencial, deberán reservar cita previa a través de Internet, mediante la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o llamando a los teléfonos habilitados para ello hasta el 29 de junio, último día para gestionar estas citas antes del cierre de la campaña. Los números disponibles son los siguientes: Teléfono automático: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o Servicio de cita para Renta: 91 553 00 71 / 901 22 33 44. Entre el 1 y el 30 de junio, la Agencia Tributaria confeccionará presencialmente las declaraciones de la Renta 2025 en sus oficinas para aquellos contribuyentes que hayan solicitado cita previa. Desde el pasado 8 de abril ya es posible presentar la declaración por Internet. Además, desde el 6 de mayo está operativo el servicio de atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones, conocido como plan "Le Llamamos". Ese mismo día también se puso en marcha un programa especial de asistencia en pequeños municipios. Para solicitar cita, tanto telefónica como presencial, los contribuyentes disponen de un sistema específico en la Sede electrónica y en la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, diseñado para facilitar la elección del canal de atención y de las fechas disponibles. La herramienta también permite filtrar oficinas por código postal e informa de la primera cita libre en cada caso. El plazo general de presentación de declaraciones finalizará el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver. No obstante, en el caso de declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio. En esta campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria calcula que recaudará 24.628 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,4% respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, el importe previsto para devoluciones caerá un 3,2%, hasta los 13.271 millones de euros. La previsión total es alcanzar 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado, impulsadas principalmente por el aumento del empleo registrado durante 2025, según datos recogidos por Europa Press. Al igual que en campañas anteriores, Hacienda enviará cartas preventivas a contribuyentes que hayan presentado su declaración modificando información previamente facilitada por la Agencia Tributaria. Estos avisos, que también aparecerán en Renta Web y en la aplicación móvil dentro del apartado de seguimiento del expediente, buscan que el contribuyente valore si debe presentar una declaración complementaria ajustada a los datos que obran en poder de la AEAT. La Agencia Tributaria prevé realizar un primer envío de cartas a mediados de mayo y un segundo durante junio, con un total cercano a las 130.000 comunicaciones, que se irán remitiendo conforme los contribuyentes presenten sus declaraciones.

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(Expansión, 28-05-2026) | Fiscal

Madrid aprobará en junio su Ley de Defensa del Contribuyente, que entrará en vigor antes de fin de año

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará previsiblemente el próximo mes el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que posteriormente iniciará su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional. La iniciativa pretende reforzar la seguridad jurídica, agilizar la relación de los ciudadanos con la Administración tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde hace años, la política económica madrileña se ha apoyado en una estrategia de baja fiscalidad, basada en la idea de que una presión impositiva reducida favorece la inversión, impulsa la actividad económica y contribuye a la creación de riqueza y empleo mediante el aumento de las bases tributarias. Sin embargo, ese modelo, limitado a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, convive con un sistema fiscal estatal que, según denuncian empresarios y contribuyentes, genera una elevada conflictividad y sitúa al ciudadano en una posición de desventaja frente a la Agencia Tributaria. En este contexto, el Ejecutivo regional avanza en la aprobación de una ley que busca proteger a los contribuyentes madrileños, mejorar la relación con la Administración y evitar situaciones que, a juicio del Gobierno autonómico, puedan derivar en actuaciones desproporcionadas por parte de Hacienda. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya defendió en su momento la necesidad de contar con una normativa capaz de blindar a los ciudadanos frente a posibles excesos administrativos. El proyecto, anunciado inicialmente en mayo de 2023, antes de las elecciones autonómicas que otorgaron a Ayuso la mayoría absoluta, afronta ahora su fase definitiva. Tras superar el periodo de información pública celebrado entre febrero y marzo, el Ejecutivo prevé aprobar el texto en junio y remitirlo a la Asamblea de Madrid con la intención de que entre en vigor antes de que termine el año. La futura ley pretende fomentar una relación más equilibrada entre la Administración tributaria autonómica y los ciudadanos. Entre otras cuestiones, facilitará la corrección de errores cuando no exista mala fe por parte del contribuyente y promoverá un enfoque más orientado al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Uno de los aspectos más novedosos de la norma será la incorporación de mecanismos de cortesía institucional. Entre ellos figura la obligación de que la Administración tributaria madrileña emita disculpas formales cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado derechos del contribuyente. Además, también se reconocerá expresamente la colaboración de aquellos ciudadanos que participen en inspecciones que concluyan sin sanción. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, explica que estas medidas buscan reconocer los perjuicios personales y profesionales que pueden ocasionar determinados errores administrativos, especialmente cuando los afectados deben invertir tiempo y recursos en demostrar que la Administración se ha equivocado. La regulación, que únicamente afectará a los tributos cedidos a la Comunidad, persigue que los derechos de los contribuyentes tengan una aplicación efectiva en la práctica. Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea un modelo de atención más personalizado, confidencial y gratuito. La norma también contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá y reforzará la figura existente hasta ahora. Este nuevo organismo tendrá como misión agilizar la gestión de quejas y reclamaciones relacionadas con retrasos, incidencias telemáticas o problemas en la atención administrativa. Asimismo, se habilitará una carpeta tributaria individualizada que permitirá a cada contribuyente consultar toda su información fiscal y seguir en tiempo real el estado de sus trámites. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid quiere trasladar un mayor reconocimiento al papel de los contribuyentes en el sostenimiento de los servicios públicos. Rocío Albert sostiene que la Administración debe facilitar al máximo la relación con los ciudadanos y minimizar errores que puedan acabar derivando en reclamaciones, litigios o situaciones de tensión innecesarias.

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(El País, 28-05-2026) | Fiscal

El Gobierno plantea a los agentes sociales extender el escudo anticrisis más allá del 30 de junio

El Gobierno y los agentes sociales han dejado abierta este lunes la posibilidad de ampliar las medidas económicas anticrisis más allá del 30 de junio debido al escenario de elevada incertidumbre internacional y al impacto que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo sobre los mercados energéticos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha encabezado una reunión de alto nivel con representantes empresariales y sindicales para evaluar la situación económica, revisar los efectos de las ayudas aprobadas en marzo y estudiar la continuidad o adaptación del llamado escudo económico si persisten las tensiones inflacionistas en los próximos meses. En el encuentro también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha pedido a las empresas mayores subidas salariales y ha reclamado al Ejecutivo la prolongación del IVA reducido sobre la electricidad, cuya vigencia finaliza previsiblemente la próxima semana. Mientras la patronal apuesta por mantener las medidas actuales, los sindicatos plantean además revisar el salario mínimo interprofesional. La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Economía, ha contado asimismo con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales han asistido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Según fuentes conocedoras del encuentro, el Ejecutivo estudia mantener un esquema similar al aprobado hace tres meses, basado en medidas temporales revisables cada trimestre en función de la evolución de la inflación y del conflicto internacional. No obstante, el Gobierno todavía no ha tomado una decisión definitiva y prevé seguir analizando la situación durante las próximas semanas antes de concretar posibles prórrogas. El paquete de ayudas vigente desde el 20 de marzo incluyó rebajas fiscales aplicadas a la electricidad, el gas y los carburantes, además de apoyos directos a los sectores más afectados por el aumento de los costes energéticos. Algunas de estas medidas comenzaron a retirarse después de que el IPC de abril situara la inflación en el 3,2%, aunque el Ejecutivo continúa vigilando la evolución de los precios para decidir si será necesario reactivar parte de las ayudas cuando expire el plan actual a finales de junio. La reunión se ha celebrado en un contexto marcado por la tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y la posterior respuesta iraní. Aunque en las últimas semanas se ha instalado una tregua frágil, el estrecho de Ormuz continúa parcialmente bloqueado, afectando a una de las principales rutas mundiales de transporte de petróleo y gas. Tanto el Gobierno como los agentes sociales temen que un empeoramiento de la situación termine elevando de nuevo los costes energéticos para familias y empresas y provoque un nuevo repunte inflacionario similar al vivido en 2022. Durante el encuentro, Carlos Cuerpo defendió que las medidas adoptadas hasta ahora han servido para amortiguar buena parte del impacto derivado de la crisis energética. Según datos manejados por el Ministerio de Economía, sin el actual plan de respuesta la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril, mientras que las ayudas habrían permitido reducir ese aumento en más de 16 puntos porcentuales y rebajar cerca de un punto la inflación general. Las fuentes ministeriales sostienen que el análisis compartido durante la reunión es que España está resistiendo de forma relativamente positiva el impacto económico del conflicto con Irán y que las medidas del Ejecutivo están ayudando a preservar tanto el poder adquisitivo de los hogares como la competitividad empresarial. En este sentido, el Gobierno considera que la capacidad industrial española en materia de refino, junto a la rapidez de la respuesta económica y la coordinación con Europa, sitúan al país en una posición más favorable que la de otros socios europeos para afrontar los próximos meses. Por su parte, el Ministerio de Trabajo insistió en la necesidad de mantener el IVA reducido de la electricidad en el 10%, frente al regreso previsto al tipo general del 21% a partir del 1 de junio. El departamento que dirige Yolanda Díaz argumenta que el precio del gas ha mostrado una tendencia al alza durante mayo y considera que el tipo reducido debería mantenerse si las tensiones derivadas del conflicto internacional continúan presionando los precios energéticos en los próximos meses.

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