(Expansión, 19-11-2026) | Fiscal

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE tras vetar las indemnizaciones del Modelo 720

La Comisión Europea volverá a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado su legislación sobre responsabilidad patrimonial del Estado a las exigencias del Derecho comunitario. La decisión llega después de que el Gobierno y el Tribunal Supremo hayan rechazado las reclamaciones de los contribuyentes afectados por el Modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, que establecía sanciones desproporcionadas y permitía gravar sin límite temporal determinadas rentas no declaradas. El conflicto se centra en las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una compensación económica cuando una norma nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea. Aunque el TJUE declaró ilegal en 2022 el régimen sancionador del Modelo 720, los tribunales españoles han rechazado indemnizar a los contribuyentes que no solicitaron la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF dentro del plazo general de cuatro años. La nueva actuación de Bruselas responde también a la denuncia presentada en mayo de 2024 por Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence. El abogado acudió a las instituciones comunitarias después de que el Consejo de Ministros rechazara las reclamaciones indemnizatorias y el Tribunal Supremo confirmara este criterio en su sentencia del 17 de abril de 2024. El procedimiento de infracción, identificado con la referencia INFR (2017)4004, comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea recibió las primeras denuncias sobre las dificultades que planteaban las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas normas establecieron las condiciones para exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, pero Bruselas considera que sus requisitos dificultan excesivamente que los ciudadanos puedan reclamar cuando el Estado aprueba disposiciones contrarias al Derecho comunitario. La Comisión emitió un dictamen motivado en 2018 y el TJUE condenó a España el 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que el país todavía no ha cumplido íntegramente la sentencia. El proyecto legislativo destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación parlamentaria, circunstancia que ha llevado a Bruselas a recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta vía permite imponer sanciones económicas a los Estados miembros que no ejecutan las sentencias condenatorias. El Modelo 720 se encuentra en el centro de esta controversia. Esta obligación informativa exigía declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero, como cuentas bancarias, inmuebles o valores. Su régimen original contemplaba multas que podían alcanzar el 150% de la cuota correspondiente y permitía imputar como ganancias patrimoniales no justificadas rentas cuya prescripción quedaba, en la práctica, sin efecto. En enero de 2022, el TJUE consideró que estas medidas vulneraban el Derecho de la Unión Europea por resultar desproporcionadas y contrarias a los principios de libre circulación de capitales y seguridad jurídica. La discusión posterior se ha centrado en el derecho de los contribuyentes a recuperar las cantidades ingresadas en aplicación de aquella normativa. El Tribunal Supremo estableció que quienes presentaron sus declaraciones del IRPF sin solicitar su rectificación dentro del plazo de cuatro años no tienen derecho a una indemnización por esta vía. El Alto Tribunal consideró que los afectados debían haber actuado con la diligencia necesaria para impugnar sus autoliquidaciones. Este criterio ha generado controversia porque, según los afectados, suponía exigir a los contribuyentes que cuestionaran una normativa que todavía gozaba de presunción de legalidad antes de que el TJUE declarase su incompatibilidad con el Derecho comunitario. La consecuencia es que quienes no reclamaron dentro del plazo ordinario pueden quedar excluidos de la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas. No obstante, la nueva actuación de la Comisión Europea no implica que los contribuyentes afectados vayan a recibir automáticamente una indemnización. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión advierte de que una eventual sentencia condenatoria contra España no resolverá directamente las reclamaciones individuales. Bruselas recuerda que corresponde a los tribunales nacionales determinar si procede indemnizar a los particulares por los perjuicios ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Son estos órganos judiciales los que pueden ordenar a las administraciones el pago de compensaciones o anular decisiones nacionales. De este modo, el procedimiento europeo persigue que España adapte su legislación y cumpla las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022, pero no garantiza por sí mismo la devolución de las cantidades reclamadas por los afectados por el Modelo 720. Estos deberán seguir acudiendo a los tribunales españoles para defender sus derechos, mientras el Estado se enfrenta a un nuevo procedimiento ante la Justicia europea por no haber corregido el régimen de responsabilidad patrimonial.

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(El País, 19-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los empleadores a recalcular las nóminas para dejar sin retención de IRPF al salario mínimo

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto ley una serie de modificaciones fiscales para evitar que los trabajadores con menores salarios tengan que tributar por el IRPF tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la nueva cuantía fijada para 2027 en 18.004 euros anuales, la norma modifica la Ley del IRPF para elevar la deducción por rendimientos del trabajo y garantizar que quienes perciban el salario mínimo queden exentos del impuesto. Asimismo, incorpora cambios en el cálculo de las nóminas y las retenciones que deben practicar las empresas, con el propósito de que el beneficio fiscal se aplique desde enero y tenga un efecto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores. La modificación del Reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, obliga a las empresas a adaptar el cálculo de las retenciones de sus empleados. Para ello, deberán incorporar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el procedimiento utilizado para determinar los importes que descuentan mensualmente de las nóminas. De esta forma, los trabajadores que perciban exactamente el nuevo SMI tendrán una retención de cero euros. El cambio evita que los perceptores del salario mínimo tengan que esperar a la campaña de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades que se les hubieran descontado durante el año. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo mecanismo permite aplicar directamente la reducción fiscal en las nóminas, sin necesidad de presentar posteriormente la declaración anual para obtener la devolución de las retenciones soportadas. La medida también se extiende a los trabajadores con retribuciones superiores al SMI, con el objetivo de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño incremento de los ingresos provoca un aumento de la cuota tributaria superior a la mejora salarial obtenida. Para corregir esta situación, el Ejecutivo establece una reducción gradual de la deducción que alcanza a los rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales. En este tramo, la deducción máxima de 1.033,58 euros se reduce progresivamente en función de la diferencia entre el salario percibido y los 18.004 euros del SMI. En concreto, al incremento salarial que supere esa cuantía se le aplica un coeficiente de 0,2, cuyo resultado se resta de la deducción máxima. Así, cuanto mayor sea la retribución por encima del salario mínimo, menor será el beneficio fiscal, hasta desaparecer al alcanzar el límite establecido. Este mismo sistema deberá tenerse en cuenta al calcular las retenciones mensuales de las nóminas. Por otra parte, el real decreto ley actualiza las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. El BOE advierte de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado habría mantenido estas transferencias en los niveles de 2023 si no se hubiera aprobado esta revisión. Esta situación podría haber generado dificultades de liquidez en las administraciones territoriales y comprometido la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la atención a la dependencia. Para evitarlo, el Ejecutivo ha recalculado los anticipos tomando como referencia las nuevas previsiones de ingresos tributarios para 2027. Hacienda estima una recaudación de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de los ingresos procedentes de otros impuestos que intervienen en la determinación de las transferencias. El decreto incorpora igualmente una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit presupuestario. Estas podrán utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028, siempre que mantengan el equilibrio presupuestario en el ejercicio en el que realicen las inversiones y hayan cumplido los plazos legales de pago a proveedores.

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(La Vanguardia, 19-11-2026) | Fiscal

La empresa familiar pide construir más vivienda y revisar la fiscalidad en los negocios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organización que representa a un centenar de las principales empresas familiares españolas, entre ellas Mercadona, Santander, Iberostar, Acciona, Barceló y Puig, ha trasladado a los partidos políticos un decálogo con las cuestiones que considera prioritarias para la próxima legislatura. La entidad reclama que el futuro Gobierno aborde estos desafíos con una perspectiva de largo plazo, objetivos realistas y ambiciosos y capacidad para alcanzar acuerdos. También pide superar la polarización política y favorecer un debate riguroso que permita responder a las principales necesidades económicas y sociales del país. En ese decálogo se encuentran la demografía, la salud, la educación, la tecnología, la vivienda, la cohesión territorial, las infraestructuras, energía y agua, la competitividad, el entorno empresarial y la política exterior. Entre las medidas concretas destaca la propuesta para construir más viviendas o la petición de revisar la política fiscal vinculada a la actividad empresarial.  El Instituto plantea para cada uno de los diez temas un diagnóstico de la situación y una serie de cuestiones principales abiertas a todas las fuerzas que aspiran a representar la voluntad popular. "El objetivo es estimular un debate sereno y riguroso, propio de una sociedad democrática madura como la española, y propiciar un intercambio de opiniones fundadas que ayude a los ciudadanos a tomar sus decisiones desde la reflexión", señala el IEF en un comunicado.  Una de las primeras cuestiones que plantea es la evolución demográfica y el descenso de la natalidad. El IEF advierte de que España se encuentra entre los países con menores tasas de nacimientos del mundo y considera que el progresivo envejecimiento de la población incrementará la presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales. A ello se suma una creciente brecha entre generaciones, tanto en términos de valores como de acceso a la vivienda y oportunidades económicas. La organización considera que la inmigración constituye una respuesta necesaria ante este escenario, aunque defiende que debe acompañarse de un modelo de integración definido. A su juicio, resulta imprescindible impulsar políticas que afronten conjuntamente la baja natalidad, el envejecimiento y los retos migratorios para evitar que los desequilibrios demográficos se agraven. La sanidad pública constituye otro de los ámbitos que requieren atención prioritaria. El documento señala las deficiencias del sistema, entre ellas el aumento de las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias, la falta de profesionales especializados y las diferencias territoriales en el acceso a la asistencia. El envejecimiento de la población agravará estas dificultades, mientras que la salud mental y la atención a las personas dependientes representan desafíos cada vez más importantes desde el punto de vista social y económico. El IEF también incorpora a sus propuestas dos cuestiones centrales de la campaña electoral: el acceso a la vivienda y el estado de las infraestructuras. Sobre el mercado residencial, considera que la dificultad para acceder a una vivienda condiciona las decisiones personales y reduce la renta disponible de los ciudadanos. La organización defiende que la solución pasa por incrementar de forma sustancial la oferta de nuevas construcciones, para lo que será necesario disponer de más suelo urbanizable, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la movilización de capital e inversiones. Asimismo, plantea recuperar las viviendas que actualmente están fuera del mercado del alquiler y adoptar medidas proporcionadas para atender las situaciones de vulnerabilidad. En materia de infraestructuras, la organización empresarial reclama una revisión de las redes ferroviarias y viarias, cuya importancia considera determinante para la cohesión territorial y la competitividad económica. Los recientes accidentes en la alta velocidad han puesto de manifiesto, según el documento, la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Sin embargo, sus demandas no se limitan a este servicio. El IEF destaca también el papel de los trenes de cercanías en los desplazamientos cotidianos de las grandes áreas metropolitanas y en el desarrollo de políticas de vivienda eficaces. Además, considera que el transporte ferroviario de mercancías sigue siendo una de las principales carencias del sistema de infraestructuras español y un factor que limita la competitividad empresarial. La inteligencia artificial y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas constituyen otro de los asuntos incluidos en el decálogo. La expansión de esta tecnología y la creciente demanda de centros de datos llevan al IEF a reclamar una estrategia nacional que contemple tanto el desarrollo de infraestructuras, especialmente en los ámbitos de los datos y la energía, como la formación de profesionales en todos los niveles. También propone establecer una regulación adecuada de los derechos digitales y desarrollar iniciativas para atraer talento internacional. La entidad considera que España tiene ante sí una oportunidad importante, pero advierte del riesgo de perder posiciones si no se adoptan decisiones a tiempo. Esta reivindicación coincide con los trabajos del Gobierno para aprobar una regulación más exigente sobre la implantación de centros de datos. El decreto que prepara el Ejecutivo contempla tres condiciones principales para las empresas promotoras: que al menos el 80% de su consumo eléctrico esté respaldado por fuentes renovables, que cumplan los requisitos de eficiencia energética e hídrica y que garanticen la soberanía digital de los datos. Estas instalaciones están generando un creciente debate internacional por sus elevadas necesidades de electricidad y agua. Un estudio reciente publicado en la revista científica Nature apunta que el consumo energético de los centros de datos estadounidenses ya equivale al de Chile, un país con unos 20 millones de habitantes.

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(Cinco Días, 18-11-2026) | Fiscal

El Gobierno elimina las retenciones del IRPF al salario mínimo para que la subida llegue íntegra desde enero

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno incorpora un cambio en su tratamiento fiscal para evitar que los trabajadores tengan que esperar a la declaración de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades retenidas en sus nóminas. Además del incremento salarial y de la nueva deducción en el IRPF para garantizar que sus perceptores no tributen, el Ejecutivo modificará el reglamento del impuesto para suprimir directamente las retenciones mensuales. De esta forma, quienes cobren el nuevo salario mínimo recibirán íntegramente el aumento desde enero de 2027. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado estas medidas y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. El ministro ha explicado que la modificación reglamentaria garantizará que los perceptores del SMI no soporten retenciones en sus nóminas desde el comienzo del próximo año. Según las estimaciones de Hacienda, el ajuste fiscal beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y tendrá un coste de 1.200 millones de euros anuales. Hasta ahora, el mecanismo diseñado por el Gobierno permitía compensar mediante una deducción en la declaración de la renta las cantidades que los trabajadores habían adelantado a Hacienda a través de las retenciones mensuales. Aunque finalmente estos contribuyentes no tuvieran que pagar el impuesto, debían esperar a la campaña del IRPF del año siguiente para recuperar el dinero descontado de sus salarios. La nueva regulación elimina este desfase y permite aplicar el beneficio fiscal directamente en la nómina. Para ello, Hacienda elevará hasta 1.033,58 euros la deducción correspondiente a los trabajadores que perciban los 18.004 euros anuales del nuevo SMI. Con esta cuantía, la cuota del IRPF quedará reducida a cero para quienes tengan unos ingresos equivalentes al salario mínimo. La medida también alcanzará a los trabajadores con retribuciones ligeramente superiores, con el propósito de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño aumento salarial genera un incremento desproporcionado de la carga tributaria. La deducción se irá reduciendo de forma gradual a partir del nuevo SMI hasta desaparecer para los contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo alcancen los 23.172 euros anuales. La decisión modifica el sistema aplicado durante los últimos ejercicios. Hasta ahora, los trabajadores que cobraban el salario mínimo y no podían beneficiarse de determinadas reducciones por circunstancias familiares, principalmente las personas solteras sin hijos, soportaban retenciones mensuales que posteriormente recuperaban mediante la deducción en la declaración de la renta. Con el nuevo procedimiento, la adaptación fiscal tendrá efecto directamente en las nóminas, evitando que estos empleados tengan que anticipar parte de sus ingresos a la Agencia Tributaria. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2027, es decir, los anticipos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los recursos del sistema de financiación, que posteriormente se regularizan en función de la recaudación efectiva. Entre la liquidación del sistema y los pagos anticipados, las comunidades autónomas dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. El ministro ha destacado que estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales, como la atención a la dependencia, la educación y la sanidad, y ha defendido que su incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar. Por su parte, las entidades locales recibirán 33.773 millones de euros durante el próximo ejercicio, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior. Hacienda atribuye el crecimiento de estos recursos a la evolución favorable de la economía española y del mercado laboral, que está impulsando los ingresos tributarios.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

El Consejo Europeo acuerda eliminar el límite de 150 euros en la ventanilla única fiscal

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para modificar el sistema de tributación de las ventas por internet de productos procedentes de países extracomunitarios. La reforma pretende reforzar el control sobre la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), combatir el fraude fiscal en las operaciones transfronterizas y reducir los trámites administrativos para las empresas y las autoridades aduaneras. El acuerdo introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema aduanero europeo. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, que ha dirigido las negociaciones, ha destacado que las nuevas medidas completan una profunda revisión del modelo actual. A su juicio, permitirán simplificar los procedimientos para los proveedores y las aduanas, al tiempo que mejorarán la recaudación de los ingresos públicos. Una de las principales novedades afecta a la Ventanilla Única de Importación (IOSS, por sus siglas en inglés), el mecanismo que permite a los operadores de terceros países declarar el IVA de sus ventas a consumidores de la UE mediante un único registro en un Estado miembro. Hasta ahora, este sistema estaba limitado a los envíos cuyo valor no superaba los 150 euros. Con la nueva regulación desaparece ese umbral y el IOSS podrá utilizarse para las mercancías con independencia de su valor. De esta manera, las empresas podrán gestionar las operaciones de mayor importe mediante un procedimiento común, con menos obligaciones burocráticas y mayores facilidades para los controles aduaneros. El alcance de la reforma también se extiende a las ventas de productos que se encuentren almacenados en depósitos aduaneros dentro de la Unión Europea antes de su distribución al consumidor final. Se trata de una práctica habitual entre las grandes plataformas digitales, que mantienen existencias de mercancías en territorio comunitario para agilizar las entregas. El cambio más relevante para los consumidores llegará el 1 de julio de 2028, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Datos Aduaneros de la UE. A partir de entonces, las plataformas de comercio electrónico establecidas fuera de la Unión tendrán la consideración de «proveedores presuntos» en las ventas de mercancías destinadas a compradores europeos. Esta figura jurídica hará que las propias plataformas asuman la responsabilidad de recaudar el IVA y los derechos arancelarios correspondientes a las operaciones y de ingresar las cantidades en las arcas públicas. De este modo, dejarán de limitarse a actuar como intermediarias y pasarán a asumir directamente las obligaciones tributarias vinculadas a las ventas. Para los consumidores, el nuevo modelo pretende aportar mayor transparencia en los precios y evitar los recargos que pueden aparecer cuando reciben sus pedidos. El importe que se muestre durante el proceso de compra deberá contemplar los impuestos aplicables, de manera que no se produzcan cargos adicionales inesperados en el momento de la entrega. El acuerdo será trasladado ahora al Parlamento Europeo para su consulta, antes de que el Consejo complete el procedimiento de adopción formal. La reforma busca reforzar los mecanismos de control sobre las importaciones, reducir la evasión fiscal y mejorar la supervisión de los productos que acceden al mercado comunitario.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

España cerró 2025 como uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más aumentó la presión fiscal

La presión fiscal en España aumentó nueve décimas en 2025, hasta situarse en el 38,1% del PIB, frente al 37,2% registrado el año anterior. Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 29 de octubre de 2026, este incremento coloca a España entre los países de la Unión Europea donde más creció el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales netas sobre la economía. Solo Alemania, con una subida de 1,1 puntos, registró un avance superior, mientras que Francia igualó el incremento español en términos redondeados. La evolución española se enmarca en una tendencia al alza en buena parte de Europa. La presión fiscal aumentó en 19 Estados miembros de la UE y también en Suiza. Eurostat atribuye este comportamiento a que los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales crecieron a mayor velocidad que el PIB nominal. En el conjunto de la Unión, la recaudación alcanzó los 7,686 billones de euros, un 5,5% más que en 2024, lo que supone 401.000 millones adicionales y representa el 87,9% del total de los ingresos públicos. Desde 1995, únicamente se habían registrado descensos en 2009, durante la crisis financiera, y en 2020, como consecuencia de la pandemia. Pese al notable incremento, España continúa por debajo de los promedios europeos. En la UE, la presión fiscal pasó del 40,2% al 40,7% del PIB, medio punto más que en 2024. En la eurozona, el aumento fue de seis décimas, hasta alcanzar el 41,3%, después de que los ingresos tributarios sumaran 327.000 millones de euros adicionales y llegaran a los 6,558 billones. Las diferencias entre países siguen siendo considerables. Francia encabezó la clasificación comunitaria, con una presión fiscal del 46% del PIB, seguida de Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). También superaron el 42% Italia (43%), Finlandia (42,5%) y Luxemburgo (42,2%). En el extremo contrario se situaron Irlanda, con el 22,7%, Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%). Suiza, por su parte, registró una ratio del 27,1%. Aunque todos los países europeos incrementaron sus ingresos tributarios en términos absolutos, los mayores avances correspondieron a Rumanía (10,5%), Bulgaria (10,4%) y Malta (9,4%). Sin embargo, ocho países redujeron su presión fiscal en relación con el PIB. Los descensos más destacados se produjeron en Suecia, cuya ratio bajó del 41,8% al 41,2%; Letonia, del 34,9% al 34,2%, y Bélgica, del 45,2% al 44,7%. Los datos de Eurostat también permiten comparar la composición de los ingresos tributarios. En los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los que destaca el IVA, España mantiene un peso relativamente reducido. Esta categoría representó el 11,5% del PIB español, una de las ratios más bajas de la UE, en la que el promedio se situó en el 12,9%. Luxemburgo y Países Bajos registraron el mismo porcentaje que España, mientras que únicamente Irlanda (6,3%), Malta (9,9%), Alemania (10,3%), Chequia (10,9%) y Rumanía (11,2%) presentaron valores inferiores. En el lado opuesto destacó Suecia, con un 20,8%. En cuanto a los impuestos sobre el capital, la recaudación española equivalió al 0,4% del PIB, el mismo porcentaje que Países Bajos y Finlandia. La media comunitaria fue del 0,3%, mientras que Francia y Bélgica alcanzaron el 0,7%. Otra de las particularidades del sistema tributario español es el reparto de los ingresos entre las distintas administraciones. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE que cuentan con un subsector regional con capacidad recaudatoria propia. En 2025, las comunidades autónomas concentraron el 16,6% de los ingresos tributarios nacionales, una proporción únicamente superada por los estados federados alemanes, que reunieron el 24,2%. Las regiones belgas representaron el 13,1% y los estados federados austriacos, el 2%. Por su parte, la Administración central española gestionó el 42,7% de la recaudación, la tercera proporción más baja de la UE, por detrás de Alemania (26,4%) y Francia (33,3%). Esta participación se situó por debajo de la media comunitaria, del 46,3%. El resto de los ingresos se distribuyó entre los fondos de la Seguridad Social, con el 35,9%; los gobiernos locales, con el 9,6%; las administraciones regionales, con el 7,8%, y las instituciones europeas, con el 0,4%. En el conjunto de la UE, los resultados de 2025 confirman la recuperación de la presión fiscal iniciada en 2024, después de los retrocesos registrados en 2022 y 2023, en un contexto marcado por la inflación energética y la aplicación de medidas fiscales temporales. El principal impulso procedió de las cotizaciones sociales netas, cuyo peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB. También aumentó ligeramente la recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio, hasta el 13,2%, mientras que la tributación indirecta permaneció estable. A pesar de esta recuperación, la presión fiscal europea todavía se encuentra cinco décimas por debajo del máximo del 41,2% alcanzado en 2021. Con este resultado, España redujo parcialmente la distancia respecto a la media comunitaria, después de registrar uno de los mayores incrementos de la UE, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2026.

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(El País, 18-11-2026) | Fiscal

La Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo que dijo en primavera, mientras eleva la media anual del IPC al 3,9%

La economía europea está soportando mejor de lo previsto las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, tal y como refleja la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. Bruselas calcula que el PIB de la eurozona aumentará un 1,2% en 2026, tres décimas más de lo estimado en primavera, mientras que mantiene en el 1,2% su pronóstico para 2027. En España, las perspectivas también mejoran dos décimas para ambos ejercicios, hasta situar el crecimiento en el 2,6% este año y el 2,1% el próximo, en línea con las estimaciones del Gobierno para 2026. Pese a esta revisión favorable, el avance económico de la zona euro continúa siendo limitado, en consonancia con el escenario de crecimiento mediocre que ya advirtió el FMI en octubre. La Comisión considera que el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético mundial se ha materializado en buena medida, aunque sus efectos sobre la actividad económica se mantienen, por ahora, dentro de unos límites asumibles. La economía ha evolucionado mejor de lo esperado y se prevé que conserve cierto dinamismo, pese a que la inflación sigue elevada y podría prolongarse más de lo inicialmente previsto. Entre los factores que explican esta resistencia destaca el fuerte aumento de las inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos y el sureste asiático, cuyo impacto positivo se está trasladando parcialmente a Europa. Este impulso llega principalmente a través de la demanda de componentes y suministros necesarios para desarrollar los centros de datos. Aunque la inversión dentro de la UE continúa siendo débil, las empresas europeas se están beneficiando del aumento de las exportaciones de equipos energéticos, sistemas de refrigeración y productos relacionados con la fabricación de semiconductores. De este modo, la demanda exterior está compensando parcialmente el encarecimiento de la energía y unas condiciones de financiación más restrictivas. No obstante, Europa participa fundamentalmente como proveedora de componentes de esta cadena de valor, en lugar de ocupar una posición destacada en la fabricación de los equipos informáticos finales. La fortaleza del mercado laboral constituye otro elemento que está contribuyendo a amortiguar las consecuencias económicas del conflicto. La Comisión prevé que durante este año se creen alrededor de 800.000 puestos de trabajo adicionales en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, advierte de que persisten importantes riesgos, especialmente los derivados de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo y de sus posibles repercusiones sobre los mercados energéticos y financieros. El comportamiento de los precios representa, en cambio, uno de los principales motivos de preocupación. La guerra en Irán continúa y la incertidumbre sobre su evolución sigue condicionando los mercados. Además, el estrecho de Ormuz todavía no ha recuperado la normalidad, por lo que las alteraciones en el suministro de petróleo y gas siguen presionando los precios. En este contexto, Bruselas sitúa la inflación media de la eurozona en el 3,2% para 2026, mientras que para España eleva la previsión hasta el 3,9%. Esta última estimación supone un notable empeoramiento respecto a la calculada seis meses antes, cuando se esperaba una tasa nueve décimas inferior. La persistencia de las tensiones inflacionistas también está favoreciendo un endurecimiento de las condiciones monetarias. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, apuntó este lunes que es probable que los bancos centrales mantengan esta orientación. Un escenario que encarecería la financiación y dificultaría tanto el endeudamiento de los hogares para adquirir bienes de elevado valor, como viviendas y automóviles, como las decisiones de inversión de las empresas. A estas dificultades se sumará la finalización del fondo europeo de recuperación, prevista para este año. Su desaparición reducirá el respaldo financiero a las inversiones públicas, especialmente en países del sur de Europa como España, Italia y Grecia. En el caso español, la Comisión espera que el PIB mantenga un comportamiento sólido en 2026, pero que pierda progresivamente intensidad durante 2027 y 2028. Esta desaceleración estaría relacionada tanto con la moderación en la creación de empleo como con la retirada gradual del impulso económico procedente de los fondos europeos.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Hacienda permite exenciones en el IRPF por transformar pisos turísticos y locales en viviendas

La compra de un inmueble inscrito como apartamento turístico no impide beneficiarse de la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF. Así lo establece la Dirección General de Tributos (DGT), que considera que la clasificación registral o catastral de una propiedad no determina por sí misma su naturaleza a efectos fiscales. Lo decisivo es que el contribuyente la utilice efectivamente como residencia habitual, de forma real y continuada. El criterio de Tributos responde a la consulta planteada por una contribuyente que vendió su vivienda habitual y destinó el importe obtenido a adquirir un inmueble catalogado como turístico. La normativa del IRPF contempla la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la residencia habitual cuando el importe se reinvierte en la adquisición de otra vivienda habitual dentro del plazo de dos años. La duda residía en si la calificación administrativa o registral del nuevo inmueble podía impedir la aplicación de este beneficio fiscal. En su contestación, la DGT señala que debe prevalecer el uso efectivo del inmueble frente a su denominación formal. A estos efectos, el concepto fiscal de vivienda habitual puede comprender distintas clases de edificaciones, incluso cuando no se ajusten a la normativa urbanística sobre uso residencial o aparezcan inscritas en el Registro de la Propiedad con una finalidad comercial, como la de ocio y hostelería. Sin embargo, la aplicación de la exención está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. El inmueble debe reunir las condiciones necesarias para ser habitado o poder adaptarse inmediatamente a ese uso. Además, deben respetarse las exigencias establecidas en el Reglamento del IRPF: ocupar la vivienda en un plazo máximo de doce meses desde su adquisición y mantener en ella la residencia durante al menos tres años. Este último requisito admite excepciones cuando concurren circunstancias que obligan al contribuyente a cambiar de domicilio, como un traslado laboral o una separación matrimonial. Por último, la Dirección General de Tributos recuerda que corresponde al contribuyente acreditar que el inmueble constituye realmente su vivienda habitual y que se cumplen las condiciones exigidas para aplicar la exención. Por tanto, la inscripción como apartamento turístico no supone un impedimento automático, pero tampoco garantiza por sí sola el derecho al beneficio fiscal.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Abrir una cuenta a un hijo al nacer puede ser una donación si el origen de los fondos es de los padres

Hacienda considera que ingresar dinero en una cuenta bancaria abierta a nombre de un hijo desde su nacimiento puede constituir una donación si se acredita que los fondos proceden de los padres. La Dirección General de Tributos (DGT) aclara que la titularidad compartida de una cuenta no determina por sí misma quién es el propietario del dinero, por lo que resulta necesario identificar el origen de las cantidades depositadas. Este criterio figura en una consulta resuelta el pasado 15 de septiembre, a raíz de la pregunta planteada por una mujer adulta que compartía la titularidad de una cuenta bancaria con sus dos progenitores. Sus padres habían abierto la cuenta cuando nació y, según explicó, en ella se habían acumulado todos sus ahorros. La contribuyente pretendía abrir una nueva cuenta corriente a su exclusivo nombre y trasladar a ella un tercio del saldo disponible. Los otros dos tercios los repartiría entre sus padres, transfiriendo a cada uno una tercera parte del dinero. Su duda era si el traspaso de esa cantidad a una cuenta de su titularidad podía considerarse una donación sujeta a tributación. La DGT señala que la distribución del saldo entre los titulares no supone necesariamente una transmisión gratuita. Para determinar si existe una donación debe analizarse quién es el verdadero propietario de los fondos, atendiendo a su procedencia y a las aportaciones realizadas por cada uno de los titulares. Así, si el dinero que la mujer pretende transferir procede de sus propios ahorros o de ingresos generados por ella, la operación no constituye una donación. En cambio, si las cantidades fueron aportadas por sus padres, el traslado a una cuenta de su exclusiva titularidad sí puede considerarse una transmisión lucrativa y quedar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tributos recuerda que la titularidad de una cuenta bancaria no implica necesariamente la propiedad del dinero depositado. La existencia de un condominio sobre los fondos debe establecerse a partir de las relaciones internas entre los titulares y, especialmente, de quién aportó originalmente las cantidades ingresadas. Por tanto, la contribuyente deberá acreditar ante la Agencia Tributaria que el dinero que se transfiere a su nueva cuenta le pertenece realmente y que procede de sus propias aportaciones o ahorros. Si no puede demostrarlo y los fondos tienen su origen en el patrimonio de sus padres, el importe recibido deberá tributar por el Impuesto sobre Donaciones.

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(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Un millón de devoluciones de Renta, en el aire: Hacienda revisa plusvalías, criptos y autónomos

Cuatro meses y medio después de que concluyera la campaña de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, la Agencia Tributaria todavía tiene pendiente de abonar cerca de un millón de devoluciones. Según fuentes de la AEAT, hasta el momento se han completado 15,4 millones de los 16,4 millones de solicitudes presentadas, un 2,79% más que en la campaña anterior, relativa al ejercicio 2024. Esta situación entra dentro de los plazos habituales, ya que a partir de septiembre los técnicos de Hacienda intensifican la revisión de las declaraciones. Entre las operaciones que reciben una atención especial figuran las solicitudes de devolución por importes elevados, las ventas de inmuebles en las que no se han declarado ganancias patrimoniales, los ingresos procedentes del alquiler y las declaraciones de autónomos que incluyen posibles ajustes o deducciones. En este último caso, también se examina la regularización anual de las cuotas derivada del sistema de cotización en función de los ingresos reales. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses desde el final de la campaña, que terminó el pasado 30 de junio, para efectuar las devoluciones solicitadas. Durante este periodo, los técnicos comprueban especialmente aquellas declaraciones en las que pueden existir errores. Por este motivo, algunas de las solicitudes que todavía están pendientes podrían modificar su resultado e incluso convertirse en declaraciones con cantidades a ingresar a favor de Hacienda. El 31 de diciembre termina el plazo del que dispone el Fisco para completar esta fase de revisión sin tener que abonar intereses de demora. Según explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las devoluciones que no se hayan resuelto para entonces podrán pasar a la fase de comprobación, un procedimiento que ya podría haberse iniciado en determinados expedientes. Si las comprobaciones realizadas por los órganos de Gestión de la AEAT concluyen que la declaración presentada es correcta, Hacienda tendrá que devolver el importe correspondiente junto con los intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros que se abonase con un año de retraso ascendería a 1.560,90 euros. En los casos de mayor complejidad, las devoluciones pueden quedar sometidas a procedimientos de inspección. Según Mollinedo, estas actuaciones buscan detectar posibles irregularidades de carácter más específico y complejo, por lo que sus plazos de resolución son más amplios y los pagos podrían demorarse considerablemente más allá de los próximos meses. Entre los principales ámbitos de vigilancia de Hacienda destaca este año, como novedad, la operativa con criptoactivos. La entrada en vigor de nuevas obligaciones de información para la Agencia Tributaria ha facilitado el control de las declaraciones en las que se hayan obtenido ganancias patrimoniales mediante monedas virtuales, como bitcoin o ethereum. El mercado inmobiliario constituye otro de los focos prioritarios. La AEAT está revisando especialmente las declaraciones en las que se ha solicitado una devolución después de vender una vivienda sin declarar una ganancia patrimonial, pese al incremento registrado en los precios de los inmuebles y al consiguiente aumento de las plusvalías en las operaciones de compraventa. También están bajo revisión las reducciones y deducciones aplicadas por los propietarios que tienen viviendas arrendadas. Los porcentajes de reducción de los rendimientos del alquiler, que pueden oscilar entre el 50% y el 90%, dependen de distintas circunstancias, como la fecha de formalización del contrato, la ubicación del inmueble en una zona de mercado residencial tensionado o la edad del arrendatario. Los técnicos de Hacienda también prestan atención a los ingresos obtenidos en el extranjero y a los cambios de residencia fiscal, dos cuestiones que pueden generar discrepancias en las declaraciones presentadas. En el colectivo de autónomos, las comprobaciones se centran tanto en la deducibilidad de los gastos vinculados a la actividad económica, una materia que ha provocado numerosos conflictos judiciales en distintos sectores, como en el tratamiento fiscal de las cuotas de cotización. La implantación del sistema basado en los ingresos reales y la posterior regularización anual obligan a declarar los ajustes correspondientes como ingresos o gastos, según proceda. Por último, fuentes de la Inspección señalan que una parte importante de las declaraciones sometidas a comprobación corresponde a contribuyentes que han solicitado devoluciones de cuantía elevada. En particular, la Agencia Tributaria utiliza un umbral de control que se sitúa aproximadamente en los 5.000 euros.

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