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(Expansión, 17-09-2026) | Fiscal

Funcas eleva la previsión de crecimiento de PIB para 2026 al 2,5%

El Panel de Funcas ha revisado al alza sus previsiones para la economía española y estima ahora que el PIB crecerá un 2,5% en 2026, dos décimas más de lo previsto en su anterior estimación. Para 2027 mantiene su pronóstico de un avance del 2%. La revisión responde principalmente al mejor comportamiento de la economía durante el segundo trimestre, acompañado de una ligera mejora de las expectativas para el tercero, cuyo crecimiento se sitúa ahora en el 0,5%. Para este año, los analistas consultados por Funcas calculan que la demanda interna contribuirá con 2,9 puntos al crecimiento, dos décimas más que en la estimación anterior, mientras que el sector exterior tendrá una aportación negativa de cuatro décimas. De cara a 2027, la demanda nacional aportaría 2,2 puntos, una décima más de lo previsto anteriormente, mientras que la demanda externa restaría dos décimas. El crecimiento previsto para 2027 estará acompañado de una evolución más moderada de todos los componentes de la demanda interna, tanto el consumo privado como el público y la inversión. El Panel estima que el PIB mantendrá un ritmo de expansión trimestral próximo al 0,5% durante los tres primeros trimestres de ese año, antes de desacelerarse hasta el 0,4% en el último. Las previsiones de inflación también han sido revisadas al alza. Funcas sitúa ahora la tasa media de 2026 en el 3,4% para el índice general y en el 2,9% para la subyacente, en ambos casos dos décimas por encima de las previsiones realizadas en julio. Para 2027 también se espera una inflación superior a la estimada anteriormente, con tasas medias del 2,5% para la general y del 2,6% para la subyacente. El mercado laboral mantiene, en cambio, una evolución positiva. El consenso prevé un crecimiento del empleo del 2,2% este año y del 1,7% en 2027, dos décimas más en ambos ejercicios respecto a la anterior previsión. La tasa media de desempleo se situaría en el 9,9% en 2026 y descendería hasta el 9,6% el próximo año. En el ámbito de las cuentas públicas, los expertos mantienen su previsión de que el déficit alcance el 2,5% del PIB en 2026. Para 2027 esperan una reducción del desequilibrio hasta el 2,3% del PIB. La evolución de las finanzas públicas, junto con el deterioro del escenario internacional y sus efectos sobre la inflación y la política monetaria, también está teniendo consecuencias sobre los mercados financieros. En este contexto, el euríbor a un año ha superado el 3,2%, alrededor de medio punto por encima de la previsión manejada en el anterior Panel. Los analistas esperan, sin embargo, que el indicador se modere durante los próximos meses y termine 2026 en torno al 2,7%. Por otro lado, el incremento de las rentabilidades de la deuda pública refleja la preocupación de los mercados por la situación fiscal de las principales economías desarrolladas. Funcas prevé que estas tensiones continúen y sitúa la rentabilidad del bono español a diez años alrededor del 3,5% al cierre del ejercicio.

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(El País, 17-09-2026) | Fiscal

La patronal se sube a la curva de Laffer y reclama bajar impuestos a empresas y rentas altas

La patronal española ha reforzado su apuesta por los planteamientos de la economía de la oferta y por la denominada curva de Laffer como argumento para reclamar una reducción de la presión fiscal en España. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a CEOE, ha desarrollado esta posición junto al Instituto Juan de Mariana en un informe presentado este miércoles, en el que sostiene que una fiscalidad elevada puede limitar la inversión, la productividad y la creación de empleo. En este contexto, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha defendido la necesidad de acometer una revisión amplia del sistema tributario. La teoría de Laffer parte de la relación entre los tipos impositivos y los ingresos que obtiene el Estado. Con una imposición nula no existiría recaudación y, en el extremo contrario, un gravamen del 100% eliminaría los incentivos económicos para trabajar o invertir. La cuestión central consiste en determinar dónde se encuentra ese punto a partir del cual una mayor presión fiscal comienza a reducir la actividad económica y, por tanto, puede terminar afectando negativamente a los ingresos públicos. Sin embargo, ni la propia curva de Laffer ni los modelos económicos permiten determinar de manera exacta cuál es el nivel óptimo de tributación para una economía concreta. El resultado depende de múltiples circunstancias, como la fase del ciclo económico, el impuesto analizado, las características del país o el alcance de los servicios y prestaciones públicas. El propio IEE introduce esta cautela en su planteamiento. Su director general, Gregorio Izquierdo, señaló durante la presentación que la curva de Laffer suele interpretarse de manera incorrecta y que debe entenderse como una representación de determinados comportamientos económicos. Por tanto, una reducción de impuestos no implica automáticamente un aumento de la recaudación. Para que una rebaja fiscal pudiera llegar a generar más ingresos, los tipos iniciales tendrían que situarse en una zona de imposición suficientemente elevada como para estar provocando una reducción significativa de la actividad, un incremento de la economía sumergida o el desplazamiento de bases imponibles hacia otros países. El informe también concede importancia al diseño de las rebajas tributarias. Según el IEE y el Instituto Juan de Mariana, si se pretende impulsar la oferta productiva, las reducciones deberían concentrarse especialmente en los tipos marginales que afectan a los ingresos adicionales derivados del trabajo o la inversión. Además, consideran relevante que las medidas se apliquen con rapidez y que tengan un carácter estable, de manera que los contribuyentes puedan incorporarlas a sus decisiones económicas. A partir de este enfoque, el IEE sostiene que determinados niveles de tributación en España pueden estar reduciendo los incentivos para generar ingresos adicionales. El análisis presta especial atención a las rentas más elevadas, cuyos tipos marginales máximos del IRPF superan el 50% en algunas comunidades autónomas. El documento argumenta que una imposición elevada puede influir en las decisiones de profesionales y contribuyentes con mayores recursos, que podrían modificar la localización de sus actividades, reorganizar sus patrimonios o trasladar su residencia fiscal. El informe también cuestiona el efecto que tiene la falta de actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación. En un escenario de aumento de precios, el mantenimiento de los límites nominales del impuesto puede provocar que los contribuyentes soporten una mayor carga fiscal aunque sus ingresos reales no hayan aumentado en la misma proporción. La argumentación se extiende a los impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones, así como a la fiscalidad empresarial. El estudio considera que estos tributos pueden influir en las decisiones de inversión y en la localización de capitales en un contexto de elevada movilidad internacional. Según el planteamiento recogido en el informe, cuando el capital puede desplazarse entre jurisdicciones con relativa facilidad, una parte de la carga fiscal asociada a las empresas y a los grandes patrimonios podría terminar repercutiendo sobre factores menos móviles, como el empleo y los salarios. En el ámbito empresarial, el IEE vincula una mayor presión fiscal y unas cotizaciones sociales más elevadas con el incremento de la denominada cuña fiscal, que representa la diferencia entre el coste laboral asumido por la empresa y la remuneración neta que recibe el trabajador. El informe sostiene que una cuña fiscal elevada puede encarecer la contratación y condicionar tanto las decisiones de inversión como la evolución de los salarios reales. También cuestiona determinados impuestos específicos aplicados a sectores concretos, como el gravamen extraordinario sobre la banca. Respecto a la vivienda, el documento plantea que la fiscalidad asociada a la propiedad, el suelo y las transmisiones puede incrementar los costes y dificultar tanto el acceso como el aumento de la oferta. Esta cuestión se integra en una propuesta más amplia que no se limita a reducir impuestos, sino que incluye también una revisión del gasto público y de las cargas regulatorias. En este sentido, la propuesta presentada por ambos centros de estudios combina las rebajas fiscales con medidas destinadas a reforzar los incentivos al ahorro, la inversión, el empleo, la innovación y el emprendimiento. El planteamiento pone el acento no solo en la recaudación obtenida por cada impuesto, sino también en su impacto sobre las decisiones de hogares y empresas y sobre la cantidad de recursos que finalmente permanece a disposición de los contribuyentes.

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(Expansión, 16-09-2026) | Fiscal

Alerta en el turismo: Bruselas pone en peligro el IVA reducido

La posibilidad de elevar el IVA aplicado a la hostelería y la restauración desde el actual 10% hasta el tipo general del 21% ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar las necesidades de recaudación con la competitividad de uno de los principales sectores de la economía española. La propuesta planteada por la Comisión Europea busca ampliar las bases imponibles y reducir las diferencias entre tipos, pero distintos análisis, entre ellos los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation, advierten de que una subida de esta magnitud podría repercutir sobre la actividad, el empleo y la recaudación efectiva. El turismo tiene un peso determinante en la economía española. En 2024 generó más de 200.000 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB, y sostuvo alrededor de 2,77 millones de puestos de trabajo, el 12,3% del empleo total. Además, representa una de las principales fuentes de ingresos exteriores del país, con un superávit turístico superior a los 68.400 millones de euros en la balanza de pagos. En 2025, España recibió 96,8 millones de visitantes internacionales, que realizaron un gasto superior a 134.700 millones de euros. Por ello, cualquier modificación de la fiscalidad que afecte a esta actividad puede tener consecuencias que trasciendan la recaudación obtenida directamente mediante el impuesto. Uno de los argumentos utilizados para mantener el tipo reducido es que el turismo internacional puede considerarse una exportación de servicios, aunque el consumo se produzca físicamente dentro de España. Desde esta perspectiva, aplicar un IVA inferior permitiría reducir parcialmente la desventaja frente a las exportaciones de bienes, que tributan conforme al principio de imposición en destino. En sentido contrario, quienes defienden una mayor armonización consideran que la reducción de tipos introduce distorsiones y que una base imponible más amplia permitiría simplificar el sistema tributario. La estimación de Bruselas apunta a que elevar el IVA podría proporcionar unos ingresos adicionales próximos al 0,4% del PIB, alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Sin embargo, los análisis que cuestionan esta previsión señalan que el aumento de precios podría provocar una respuesta significativa de los consumidores. Algunos estudios sitúan la elasticidad de la demanda turística internacional hacia España en torno a -1,9, lo que refleja una elevada sensibilidad ante las variaciones de precios. Además, el encarecimiento relativo de España podría favorecer el desplazamiento de parte de la demanda hacia destinos competidores como Portugal, Italia, Grecia o Turquía. El impacto también podría trasladarse a las empresas. La restauración está formada mayoritariamente por pymes y autónomos y opera habitualmente con márgenes reducidos, por lo que asumir un incremento de once puntos de IVA sin modificar los precios podría resultar difícil para numerosos negocios. Si el aumento se trasladara al consumidor, una eventual reducción de la demanda afectaría a la facturación y podría terminar repercutiendo sobre el empleo, las cotizaciones sociales y la recaudación por IRPF, además de incrementar potencialmente el gasto público asociado a las prestaciones por desempleo. La experiencia de otros países europeos también forma parte del debate. Portugal elevó en 2012 el IVA de la restauración del 13% al 23%, una medida que posteriormente fue parcialmente revertida en 2016 después de un periodo marcado por dificultades para el sector y pérdida de empleo. Alemania, por su parte, ha mantenido un tipo reducido del 7% para los servicios de restauración. Estos precedentes alimentan la discusión sobre hasta qué punto una subida intensa de la imposición indirecta puede generar ingresos adicionales sin reducir al mismo tiempo la actividad económica que constituye su base imponible. En este contexto, la discusión sobre el IVA turístico plantea una disyuntiva entre el objetivo de incrementar la recaudación y la necesidad de preservar la posición competitiva de España como destino internacional. El resultado dependerá no solo del incremento nominal del impuesto, sino también de la capacidad de empresas y consumidores para absorberlo, de la evolución de los precios y de la respuesta de los turistas ante las alternativas disponibles en otros mercados.

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(Expansión, 16-09-2026) | Fiscal

Pubs, restaurantes y hoteles británicos se revuelven contra el IVA del 20%

Más de 800 representantes del sector hostelero británico han reclamado al primer ministro, Andy Burnham, una reducción del IVA del 20% al 10% y han advertido sobre el impacto que podría tener la implantación de una tasa turística del 5% sobre las estancias. Pubs, restaurantes, hoteles y empresas cerveceras denuncian que la combinación de una mayor presión fiscal, el incremento de los costes laborales y el descenso del consumo de alcohol está poniendo en dificultades a numerosos negocios, especialmente pequeñas y medianas empresas. Los firmantes de la petición sostienen que la reducción del IVA contribuiría a preservar miles de puestos de trabajo y permitiría al sector competir en mejores condiciones con otros mercados europeos que aplican tipos reducidos, como España, Francia o Italia. La presión fiscal se suma a otros costes derivados de las medidas adoptadas desde la llegada de los laboristas al Gobierno en 2024. Según los cálculos de las empresas, el incremento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, la subida del salario mínimo y las modificaciones en materia de derechos laborales habrían elevado sus costes en unos 6.800 millones de libras, cerca de 7.950 millones de euros. La situación de los pubs refleja especialmente esta evolución. Un estudio de Barclays apunta a un descenso prolongado de este tipo de establecimientos, relacionado con el aumento de los precios y los impuestos, los cambios en los hábitos sociales y culturales, las restricciones al tabaco, las preocupaciones relacionadas con la salud y los efectos de la pandemia. El informe señala que casi una cuarta parte de los pubs han cerrado y que el consumo de cerveza por habitante se ha reducido cerca de un 30%. La preocupación empresarial se extiende también a la posible creación de un impuesto turístico equivalente al 5% del importe de las pernoctaciones. El Gobierno de Burnham defiende esta figura como una vía para proporcionar nuevos recursos a las administraciones locales, dentro de su estrategia de descentralización. Londres y otras ciudades como Mánchester, Birmingham o York han mostrado interés en aplicar una medida similar, mientras que en Escocia los municipios ya disponen de esta posibilidad. Edimburgo fue la primera ciudad en establecerla, con un tipo del 5% desde el pasado julio, y se calcula que podría generar alrededor de 60 millones de euros anuales. Aunque tanto el IVA como la eventual tasa turística son recaudados por las empresas y no constituyen directamente un coste fiscal para ellas, el sector advierte de que su traslación a los precios puede reducir la demanda. Por ello, las organizaciones empresariales reclaman también eliminar determinados recargos sobre los inmuebles y revertir el aumento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El Gobierno, por su parte, ha anunciado una reducción del 20% de un impuesto aplicable a determinados establecimientos, aunque las empresas consideran que su efecto será limitado. El debate se produce además en un momento de especial presión sobre las cuentas públicas británicas. Londres deberá presentar sus presupuestos el próximo 28 de octubre, en un contexto en el que el Ejecutivo tendrá que compatibilizar nuevas necesidades de gasto, entre ellas las relacionadas con Defensa y el coste de la vida, con el objetivo de avanzar en la consolidación fiscal.

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(El País, 15-09-2026) | Fiscal

Las comunidades autónomas recaudan por partida doble en el impuesto de patrimonio

Las comunidades autónomas obtienen ingresos por el impuesto sobre el patrimonio a través de dos vías distintas. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, las comunidades de régimen común recibieron un total de 5.601 millones de euros: 3.447 millones procedieron de la compensación estatal vinculada a la antigua supresión del tributo y otros 2.154 millones correspondieron a la recaudación directa del impuesto. Se trata de un mecanismo que se remonta a 2008, cuando el Gobierno decidió eliminar el impuesto sobre el patrimonio y estableció una compensación para evitar que las autonomías perdieran los recursos que hasta entonces obtenían de este tributo. Aunque el impuesto fue recuperado tres años después, la compensación se mantuvo vigente. Actualmente, las 15 comunidades de régimen común reciben simultáneamente ambas cantidades. Durante algunos años, Madrid quedó al margen de la recaudación efectiva al aplicar una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto, aunque continuó percibiendo la compensación. La creación en 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas modificó este escenario y terminó presionando a las comunidades que mantenían o estudiaban aplicar importantes beneficios fiscales en Patrimonio. Como consecuencia, todas ellas vuelven a obtener ingresos tanto por la recaudación del tributo como por la compensación. Además, estos recursos permanecen íntegramente en las haciendas autonómicas y no forman parte de la cesta común del sistema de financiación. La explicación de esta situación se encuentra en la decisión adoptada en 2008 de suprimir un impuesto cuya gestión y recaudación estaban cedidas a las comunidades. Para evitar el impacto presupuestario de su desaparición, el sistema de financiación incorporó una compensación estatal. Sin embargo, cuando el Gobierno recuperó el tributo en 2011, inicialmente con carácter temporal, no eliminó el mecanismo compensatorio. Desde entonces, este ha continuado integrado en el sistema de financiación autonómica y su importe se actualiza en función del indicador de ingresos tributarios del Estado (ITE), en lugar de permanecer limitado a la cantidad inicialmente establecida. La complejidad del sistema hace que esta compensación se haya convertido en uno de los elementos menos visibles de la financiación autonómica. Para calcularla se toma como referencia la recaudación que cada comunidad tenía asociada al impuesto en 2011 y posteriormente se actualiza mediante la evolución del ITE. Según los cálculos citados en el análisis, el procedimiento requiere además determinados ajustes correspondientes al periodo transcurrido desde 2011, lo que termina generando un mecanismo difícil de seguir para ciudadanos y contribuyentes. Esta situación refleja cómo determinadas medidas fiscales planteadas inicialmente como temporales pueden terminar consolidándose durante años dentro de sistemas de financiación cada vez más complejos. El reparto de la compensación también presenta importantes diferencias entre territorios porque parte de la situación existente cuando se eliminó el impuesto. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran entre las comunidades que reciben mayores cantidades por esta vía, con alrededor de 1.039, 883 y 581 millones de euros, respectivamente. El sistema toma como referencia la estructura de ingresos existente hace años y no actualiza las bases imponibles que dieron origen a aquel reparto, por lo que las comunidades que entonces concentraban una mayor recaudación mantienen también las compensaciones más elevadas. La situación de Madrid y Cataluña permite apreciar con claridad el efecto de esta doble fuente de ingresos. Cataluña obtuvo en 2024 unos 766 millones de euros mediante la recaudación del impuesto y otros 883 millones a través de la compensación, alcanzando aproximadamente 1.649 millones en total. Madrid, por su parte, ingresó cerca de 643 millones por Patrimonio y recibió otros 1.039 millones de compensación, hasta sumar alrededor de 1.682 millones. En el extremo contrario se sitúan comunidades como La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria o Extremadura. En estos casos, las cantidades son considerablemente menores y, en Cantabria y Extremadura, no existe información completa sobre la recaudación debido al secreto estadístico. En el conjunto de las comunidades, la compensación representa la mayor parte de los ingresos vinculados a este impuesto, ya que solo el 38,5% de los 5.601 millones obtenidos en 2024 procedió directamente de su recaudación.

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(Expansión, 14-09-2026) | Fiscal

Hacienda reserva más de 3.800 millones para las CCAA fuera de la nueva financiación autonómica

El Gobierno prepara la creación de un nuevo fondo destinado a compensar a las comunidades autónomas que, con el nuevo sistema de financiación, queden por debajo de la media. Además, el Ejecutivo plantea revisar el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales con el objetivo de mejorar la posición de los territorios que resulten menos favorecidos por el nuevo modelo. El pasado 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias, la propuesta de reforma de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda tras el acuerdo alcanzado con ERC. El nuevo sistema supondría incrementar en 20.975 millones de euros anuales los recursos disponibles para las comunidades autónomas. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de las administraciones regionales, entre ellas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE. Las comunidades cuestionan tanto la forma en que se ha negociado la reforma, al considerar que se ha pactado al margen del resto de territorios, como determinados criterios utilizados para distribuir los recursos. En particular, critican que el nuevo modelo reduzca el peso de factores como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que condicionan el coste de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación. Para intentar recabar apoyos parlamentarios a la reforma, el Gobierno estudia incorporar más de 3.600 millones de euros adicionales mediante la creación de un fondo de dinamismo. Este mecanismo, financiado con recursos estatales y separado del nuevo sistema de financiación, tendría una dotación aproximada de 3.300 millones de euros al año y compensaría a las comunidades que quedasen por debajo de la media en recursos por habitante. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027. Según las estimaciones manejadas, hasta nueve comunidades podrían beneficiarse de este fondo al quedar por debajo de la media de financiación: Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla y León. A ellas podrían sumarse Cantabria y Extremadura, que disponen de mecanismos específicos destinados a garantizar que no pierdan recursos respecto al sistema vigente. La propuesta tampoco ha convencido por ahora a los gobiernos autonómicos. Algunas comunidades consideran que el fondo presenta problemas tanto por quedar fuera del texto principal de la reforma como por dejar en manos del Gobierno la decisión sobre su distribución. Su principal objeción es que un mecanismo de carácter anual y sujeto a decisiones posteriores no ofrece la misma seguridad que la financiación ordinaria destinada a cubrir servicios públicos esenciales. El Ejecutivo contempla aprobar este fondo de forma paralela a la reforma del modelo, ya sea mediante un nuevo real decreto-ley o incorporándolo como enmienda durante la tramitación parlamentaria. Junto a esta medida, el Gobierno también pretende modificar el Fondo de Compensación Interterritorial y el sistema de incentivos regionales. La intención es diseñar un mecanismo que tenga en cuenta variables que hasta ahora no han recibido suficiente peso, como la población flotante vinculada al turismo, la despoblación o la superficie forestal de cada comunidad. Esta reforma podría aportar más de 500 millones de euros adicionales y se articularía también al margen del nuevo modelo de financiación autonómica. En conjunto, el fondo de dinamismo y los recursos derivados de la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales supondrían más de 3.800 millones de euros adicionales sobre los 20.975 millones previstos inicialmente en la reforma. A estas cantidades se añaden otros 4.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha permitido liberar a ocho comunidades autónomas procedentes de su superávit para destinarlos a inversiones financieramente sostenibles. Con esta medida, el Gobierno busca también facilitar el respaldo de los territorios a su propuesta. En total, las distintas actuaciones elevarían hasta unos 8.000 millones de euros los recursos adicionales que Hacienda pondría a disposición de las comunidades fuera del nuevo modelo de financiación.

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(Expansión, 14-09-2026) | Fiscal

Las medidas fiscales por la guerra en Irán restan 1.812 millones a la recaudación hasta julio

Hasta el mes de julio, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo habían reducido en 1.812 millones de euros la recaudación de Hacienda. Así se desprende del informe mensual de recaudación tributaria correspondiente a julio, que cuantifica el efecto de las medidas adoptadas para contener el incremento de los precios, especialmente en el ámbito de la energía y los carburantes. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, las distintas decisiones fiscales restaron 1.812 millones de euros al crecimiento de los ingresos públicos durante los siete primeros meses del año. La principal merma procede de las reducciones temporales del IVA, que en conjunto han supuesto un impacto negativo de 893 millones de euros. Dentro de esta partida, la rebaja del IVA aplicada a gasolinas, gasóleos y biocarburantes representa el mayor coste para las arcas públicas, con 489 millones de euros. Le siguen la reducción del IVA sobre la electricidad, con un impacto de 303 millones, y la aplicada al gas natural, las briquetas y pellets de biomasa y la leña, que ha supuesto otros 101 millones. El efecto de estas medidas está vinculado a las disposiciones extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, cuya vigencia se extendió hasta finales de mayo en la mayoría de los casos. A partir del 1 de junio se recuperaron los tipos ordinarios, aunque los carburantes mantuvieron el IVA reducido del 10% durante un mes más, hasta el 30 de junio. También ha tenido un peso considerable la reducción temporal de los tipos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que ha generado una disminución de ingresos de 679 millones de euros. Esta rebaja situó los tipos en el mínimo permitido por la normativa europea y se mantuvo hasta el 30 de junio. Desde julio, la reducción del impuesto sobre los carburantes ha seguido un esquema diferente. La rebaja pasó a ser de 15 céntimos por litro en julio y de 10 céntimos en agosto. Aunque inicialmente estaba previsto reducirla a cinco céntimos en septiembre, la evolución de los precios llevó al Gobierno a ampliar hasta 20 céntimos por litro la reducción aplicada al gasóleo. Para la gasolina, en cambio, se mantuvo el calendario previsto, con una rebaja de cinco céntimos por litro durante septiembre. Por otra parte, la reducción temporal del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasó del 5,11% al 0,5% entre el 22 de marzo y el 31 de mayo, ha supuesto un impacto negativo de 302 millones de euros sobre los ingresos tributarios. El informe de Hacienda recoge asimismo una pérdida de 42 millones de euros derivada de la reducción de la base imponible del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. En sentido contrario, la suspensión de la devolución del gasóleo utilizado por determinados profesionales ha generado 104 millones de euros adicionales de recaudación, compensando parcialmente el efecto de las medidas fiscales destinadas a reducir el coste de la energía y los combustibles.

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(Expansión, 10-09-2026) | Fiscal

Bruselas concede a España 114,7 millones en financiación de emergencia para Ceuta

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para apoyar a España ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta, después de la llegada masiva de más de 80.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. La financiación se articula mediante 82,7 millones procedentes del Fondo de Asilo, Migración e Integración y otros 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados. Bruselas considera que esta decisión refleja su respaldo a España ante una situación que afecta tanto a la gestión migratoria como a la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La solicitud española, presentada el pasado 24 de agosto, contempla distintas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y ampliar la capacidad de acogida, especialmente para atender a los menores no acompañados. Parte de los fondos se empleará en mejorar los sistemas de vigilancia mediante cámaras térmicas, tecnologías de observación, boyas flotantes y drones submarinos, además de reforzar los equipos desplegados en la zona. Los recursos también permitirán habilitar instalaciones para el control de las personas migrantes y apoyar los procedimientos de retorno de quienes se encuentren en situación irregular en Ceuta. En paralelo, se prevé ampliar la capacidad de acogida de menores no acompañados en la ciudad autónoma. Una vez formalizado el acuerdo entre España y la Comisión Europea, Bruselas dispondrá de un plazo de 30 días para adelantar hasta el 80% de la financiación concedida. La ayuda tendrá carácter retroactivo, de manera que podrá cubrir gastos realizados desde el inicio de la situación considerada de emergencia. La respuesta europea incluirá además una mayor participación de las agencias comunitarias encargadas de la gestión de las fronteras, la cooperación policial y el asilo. Frontex prevé prolongar durante 2027 los planes operativos que ya mantiene en España para asegurar la continuidad de la presencia de agentes de su cuerpo permanente en Ceuta. El apoyo de Frontex podrá incorporar medios marítimos adicionales, un mayor intercambio de información a través de Eurosur y asistencia en los procesos de repatriación, tanto antes como después de los retornos. La agencia también reforzará la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio. Europol, por su parte, mantendrá la colaboración con las autoridades policiales españolas, especialmente en las investigaciones relacionadas con las redes dedicadas al tráfico de migrantes y en el análisis estratégico. La Agencia de Asilo de la Unión Europea también ha expresado su disposición a prestar apoyo en tareas como las entrevistas y los servicios de interpretación. La Comisión Europea considera que la situación de Ceuta supone una prueba para la capacidad de respuesta y la protección de las fronteras exteriores de la Unión. Su posición pasa por reforzar la cooperación con España y garantizar que las personas que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo puedan ser objeto de los correspondientes procedimientos de retorno.

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(Expansión, 09-09-2026) | Fiscal

La sustitución del empleo por la IA amenaza directamente la recaudación del IRPF

El Ministerio de Finanzas de Alemania ha puesto el foco en una cuestión relacionada con la inteligencia artificial que va mucho más allá de sus efectos sobre la productividad o la innovación: su posible impacto sobre la capacidad de los Estados para mantener sus ingresos públicos. En un análisis sobre la transformación hacia una economía basada en la IA, el Gobierno alemán advierte de que la automatización de tareas intelectuales podría provocar un desplazamiento progresivo de los ingresos desde el trabajo hacia el capital. Este escenario supone un desafío especialmente relevante para países como España, donde el IRPF y las cotizaciones sociales constituyen dos de los principales pilares de la recaudación destinada a sostener servicios públicos como las pensiones, la sanidad o la educación. El sistema fiscal español parte de una premisa fundamental: el empleo y los salarios generan una parte muy importante de los recursos con los que se financia el Estado. Sin embargo, si la inteligencia artificial deja de limitarse a ayudar a los trabajadores y comienza a sustituir determinadas funciones de análisis, redacción, programación o toma de decisiones, la masa salarial podría reducirse o crecer a un ritmo menor. El análisis alemán destaca que la actual revolución tecnológica presenta diferencias respecto a las anteriores fases de digitalización. La IA permite convertir la capacidad de computación en un recurso fácilmente escalable y asumir tareas que hasta ahora exigían trabajadores con elevados niveles de formación. En España, donde las pequeñas y medianas empresas tienen un peso muy elevado y buena parte de la actividad se concentra en los servicios, la automatización de labores administrativas podría tener un impacto significativo sobre el empleo cualificado y los salarios. Una menor masa salarial se traduciría también en una reducción de las bases sobre las que se recaudan impuestos y cotizaciones. A este riesgo se suma otro de carácter internacional. Una parte muy importante de la infraestructura y del desarrollo de las tecnologías más avanzadas de inteligencia artificial se encuentra fuera de Europa. De acuerdo con los datos analizados por las autoridades alemanas, aproximadamente el 74,5% de la capacidad de computación de los grandes centros de IA está localizada en Estados Unidos, mientras que la Unión Europea concentra únicamente el 4,8%. Si las empresas españolas recurren de forma generalizada a herramientas y servicios de inteligencia artificial desarrollados por compañías extranjeras, parte de los beneficios derivados de la mejora de la productividad podría acabar fuera del país mediante el pago de licencias, suscripciones o servicios tecnológicos. Esto podría provocar que una parte del valor generado se desplazara hacia los países donde tienen su sede los grandes proveedores de modelos de IA, reduciendo el margen de las administraciones españolas para captar esa riqueza mediante impuestos. La incorporación de esta tecnología tampoco supondrá necesariamente un aumento inmediato de la productividad. Los expertos hablan de una posible curva en J, según la cual las empresas deben asumir inicialmente inversiones, reorganizar procesos y formar a sus empleados antes de comenzar a obtener los beneficios derivados de la IA. Para España, que mantiene desde hace años un problema estructural de productividad, este periodo de transición podría resultar especialmente complicado en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de gasto público. Ante este escenario, el Gobierno alemán plantea la necesidad de anticiparse y realizar un seguimiento específico de las consecuencias fiscales de la inteligencia artificial. El objetivo sería determinar si la tecnología está actuando principalmente como complemento del trabajo o si, por el contrario, está sustituyendo de manera creciente a los empleados. Aplicado al caso español, este planteamiento abre la puerta a un debate sobre la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos públicos. Una economía en la que una proporción cada vez mayor del valor se genere mediante algoritmos y capital tecnológico podría hacer más vulnerable un sistema fiscal excesivamente dependiente de los impuestos vinculados al empleo. Entre las posibles vías de reforma se encuentra el análisis de nuevas fórmulas de tributación relacionadas con los datos, la capacidad de computación o los beneficios extraordinarios obtenidos por las grandes plataformas tecnológicas. También se plantea la posibilidad de crear mecanismos que permitan repartir de una forma más amplia los beneficios derivados de la automatización, evitando que las ganancias generadas por la IA queden concentradas en un reducido grupo de grandes empresas. La expansión de la inteligencia artificial no elimina las reglas económicas, pero sí puede modificar de manera profunda dónde se genera y dónde se concentra la riqueza. El reto para España será adaptar su sistema tributario y sus fuentes de financiación pública antes de que el avance de la automatización transforme de manera permanente las bases imponibles tradicionales.

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(Expansión, 09-09-2026) | Fiscal

Se acabó el truco de las declaraciones sin ingreso para eludir a Hacienda

La Audiencia Nacional ha respaldado la aplicación del artículo 43.2 de la Ley General Tributaria y ha confirmado que la presentación reiterada de autoliquidaciones sin realizar el correspondiente pago puede justificar que la deuda tributaria se reclame subsidiariamente a los administradores de una sociedad. La sentencia considera que esta responsabilidad puede derivarse cuando la empresa continúa desarrollando su actividad pese a haber solicitado formalmente su baja censal. En el caso analizado, la existencia de pagos de rendimientos del trabajo y de retenciones laborales realizadas después del supuesto cese permitió acreditar que la compañía seguía operativa. Estas circunstancias llevaron al tribunal a rechazar los argumentos planteados por la defensa. No obstante, la Audiencia Nacional establece una precisión importante sobre quién puede ser considerado responsable. El tribunal excluye de la derivación de responsabilidad a una persona física que actuaba únicamente como representante de una sociedad que había sido designada administradora. De acuerdo con el artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital, la condición de administrador corresponde a la persona jurídica nombrada para desempeñar ese cargo y no automáticamente a la persona física que actúa en su representación. La resolución también avala la declaración de fallido de la sociedad deudora. Para la Audiencia Nacional, el hecho de que la empresa tuviera un crédito pendiente de resolución judicial no impedía que pudiera ser considerada insolvente a efectos de la derivación de responsabilidad tributaria.

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