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(Expansión, 08-05-2026) | Fiscal

El Tribunal de Comercio Internacional de EEUU bloquea el arancel global del 10% de Trump

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspendió este jueves la aplicación de un arancel general del 10% sobre la mayoría de las importaciones, al concluir que el presidente Donald Trump recurrió de manera inapropiada a una antigua ley comercial para justificar esta medida. La corte consideró que Trump hizo un uso indebido de esa normativa al aprobar los aranceles el pasado mes de febrero, poco después de que el Tribunal Supremo invalidara otro conjunto de medidas similares. En su resolución, el tribunal con sede en Nueva York señaló que el Gobierno sobrepasó las competencias que le otorga la ley al imponer de forma masiva gravámenes a productos procedentes de casi todos los países. Aun así, el caso sigue abierto, ya que la Administración ya contemplaba que este arancel global fuera una solución provisional mientras buscaba otras vías legales para establecer tarifas más permanentes. El gravamen del 10% comenzó a aplicarse el 24 de febrero al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tiene una duración máxima de 150 días, por lo que dejará de estar vigente el próximo 23 de julio.  Para extenderlo más allá de esa fecha sería necesaria la aprobación del Congreso, según informó la agencia Efe. De acuerdo con The New York Times, se prevé que el Ejecutivo de Trump recurra la decisión judicial, lo que podría alargar el proceso. En caso de una derrota definitiva, el Gobierno tendría que reembolsar los ingresos obtenidos mediante estos aranceles, calculados en unos 166.000 millones de dólares. Tras el rechazo previo del Tribunal Supremo a otras medidas arancelarias, la Administración optó por apoyarse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que rara vez se utiliza. Sin embargo, el Tribunal de Comercio destacó que esta cláusula solo autoriza la aplicación temporal de aranceles limitados y únicamente en situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o problemas en el sistema financiero internacional. La sentencia también recuerda que dicha normativa permite imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, y que cualquier prolongación posterior requiere la autorización expresa del Congreso.

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(El País, 08-05-2026) | Fiscal

Hacienda devuelve en el primer mes de campaña de la renta 3.147 millones y avisa de la llegada de las cartas preventivas

La Agencia Tributaria comunicó este jueves que más de 4,49 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución correspondiente a la declaración de la Renta. En el primer mes de campaña, Hacienda ha abonado un total de 3.147 millones de euros. El volumen de devoluciones pagadas hasta ahora supera en un 3,5% al registrado en la campaña anterior, en línea con el aumento de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes, que alcanzan los 6,339 millones, un 4,4% más que hace un año. Esto supone que ya se ha efectuado el pago de cerca del 71% de las declaraciones con resultado a devolver presentadas hasta la fecha. No obstante, al tratarse en muchos casos de devoluciones de importe reducido, el dinero ya reintegrado representa aproximadamente el 58% del total pendiente de abono. Por otro lado, Hacienda también ha señalado que se han presentado 1,179 millones de declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio pasado. En conjunto, durante el primer mes de campaña se han registrado 7,978 millones de declaraciones, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que este año la campaña arrancó seis días más tarde. De todas las declaraciones presentadas, 1,376 millones se realizaron mediante el servicio Renta Directa. Además, a través de la aplicación móvil -que incorpora opciones de pago como Bizum y tarjeta bancaria- se tramitaron más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más que en las mismas fechas del año pasado. A estos canales se suma ahora el plan telefónico 'Le Llamamos', que vuelve a convertirse en una de las principales fórmulas de asistencia personalizada durante la campaña. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1,188 millones de declaraciones. Este sistema ofrece a los contribuyentes una alternativa a la atención presencial en oficinas. Durante toda la campaña, los usuarios también disponen de más contenidos y materias en el asistente virtual del portal de la Agencia Tributaria. Cuando la herramienta no resuelve completamente las dudas, los contribuyentes pueden recurrir al Informador, que reúne toda la información tributaria organizada por bloques temáticos, o contactar mediante chat con especialistas de la Administración Digital Integral para recibir atención personalizada. Asimismo, la Agencia Tributaria volverá a poner en marcha el envío de cartas preventivas, una iniciativa que ya aplicó en los dos ejercicios anteriores. Estas comunicaciones, junto con avisos en Renta Web y en la aplicación móvil, estarán dirigidas a contribuyentes que hayan modificado datos facilitados previamente por Hacienda al presentar su declaración. El objetivo es que revisen si deben presentar una declaración complementaria ajustada a la información que obra en poder de la AEAT. Está previsto que el envío se realice en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio, con cerca de 130.000 cartas remitidas conforme avancen las presentaciones de declaraciones.

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(El Economista, 08-05-2026) | Fiscal

Hacienda prevé duplicar los ingresos por la tributación del ahorro de rentas altas

El Gobierno confía en obtener un fuerte aumento de la recaudación gracias al endurecimiento de la tributación del ahorro en el IRPF para las rentas más elevadas. Según el Informe de Progreso Anual 2026 remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales del pasado mes, los ingresos adicionales derivados de esta subida fiscal pasarán de 222 millones de euros en 2025 a cerca de 500 millones durante este año. Las previsiones del Ministerio de Hacienda contemplan que esta recaudación extra se mantenga estable hasta 2029. Sin embargo, expertos fiscalistas consultados por elEconomista.es consideran probable que la cifra final sea incluso superior en los próximos años, ya que el Gobierno suele manejar estimaciones prudentes ante la Comisión Europea. A ello se suma el impacto de la inflación y el hecho de que el Ejecutivo no prevé deflactar los tramos del IRPF durante el resto de la legislatura. La reforma del impuesto ha elevado hasta el 30% el tipo máximo aplicado a las rentas del capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales, situando a España entre los países de la OCDE con una mayor presión fiscal sobre el ahorro. El incremento se introdujo de manera progresiva. En una primera fase, el tipo aplicable a las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros aumentó un punto, hasta el 27%. Posteriormente, se creó un nuevo tramo para bases superiores a 300.000 euros, gravado inicialmente al 28%. Más adelante, y tras la presión ejercida por Sumar dentro del Gobierno de coalición formado después de las elecciones de julio de 2023, el PSOE aceptó elevar dos puntos más ese gravamen, situándolo finalmente en el 30% para los contribuyentes con rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros. Este porcentaje supera en doce puntos la media aplicada a las grandes rentas del ahorro en las economías desarrolladas. Dentro de la Unión Europea, únicamente otros dos países han incrementado recientemente la fiscalidad sobre las ganancias de capital. Países Bajos elevó el pasado año el tipo del 33% al 36%, mientras que Letonia lo aumentó ocho puntos, hasta el 28%. Con esta subida, España se equipara a Suecia y ambas economías pasan a ocupar la séptima posición entre los países que más gravan el ahorro. Por delante se sitúan Irlanda, con un 33%; Países Bajos, con un 36%; Finlandia y Francia, con un 34%; y Dinamarca, que mantiene el tipo más elevado, del 42%. En el sistema español, la tributación del ahorro arranca con un tipo del 19% para los primeros 6.000 euros. A continuación, el gravamen asciende al 21% hasta los 44.000 euros y posteriormente al 23%. A partir de los 150.000 euros se aplican tipos superiores, llegando al 27% entre 200.000 y 300.000 euros y alcanzando el 30% para cantidades superiores. La documentación enviada a Bruselas refleja que la tributación del ahorro en el IRPF será una de las medidas fiscales con mejor evolución recaudatoria en los próximos años. En cambio, otros tributos muestran un comportamiento más estable o incluso descendente. Es el caso del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya recaudación se mantendrá en 623 millones de euros anuales entre 2025 y 2029. También se prevé una reducción de ingresos ligada a la recuperación de los límites a las deducciones por pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Tras aportar 6.255 millones adicionales en 2025, esta cifra caerá hasta 2.629 millones ya durante el presente ejercicio.

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(El Economista, 08-05-2026) | Fiscal

No deflactar el IRPF sustituirá de momento a reducir beneficios fiscales

Uno de los compromisos incluidos en el Informe de Progreso 2026 enviado por el Gobierno a Bruselas pasa por la puesta en marcha de reformas fiscales orientadas a elevar la recaudación y actualizar el sistema tributario. El objetivo fijado es lograr un incremento permanente de los ingresos equivalente, al menos, al 0,1% del PIB. Aunque inicialmente estaba previsto antes, su aplicación se ha aplazado al segundo trimestre de 2026. Sin embargo, dado que ya se ha iniciado mayo, los expertos fiscales consultados consideran muy complicado que pueda materializarse en plazo. Los especialistas recuerdan que apenas queda margen temporal y que, además, el Ejecutivo carece tanto de Presupuestos Generales aprobados como de una mayoría parlamentaria suficiente para acometer modificaciones tributarias de calado. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, sostiene que, con los actuales niveles de inflación, ese aumento de ingresos del 0,1% del PIB ya se consigue mediante la decisión de no deflactar el IRPF. De hecho, el propio informe remitido a Bruselas reconoce expresamente que ese incremento de la recaudación procede de mantener sin actualizar las bases tributarias del impuesto sobre la renta. Rubio considera además que el margen para reducir beneficios fiscales en el IRPF es muy limitado, motivo por el que el Gobierno rechaza aplicar una deflactación. A su juicio, la única vía que el Ejecutivo sigue explorando es endurecer la tributación del ahorro, una medida que políticamente resulta más aceptable. No obstante, advierte de que los ingresos obtenidos a través de los tramos más altos del ahorro tienen un peso relativamente reducido en el conjunto de la recaudación. Ante estas limitaciones, tanto este como otros expertos creen que el foco podría desplazarse hacia los grandes impuestos con mayor capacidad recaudatoria, especialmente el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de Sociedades, consideran que todavía existe margen para seguir recortando deducciones fiscales. Respecto al IVA, la estrategia pasaría por evitar nuevas rebajas de tipos y, si circunstancias excepcionales como el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán obligaran a aplicarlas, procurar que tengan una duración lo más breve posible. Las primeras estimaciones apuntan a que la reducción de tipos del IVA aplicada a los hidrocarburos supondrá una merma de unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas. La intención del Gobierno sería revertir estas rebajas fiscales antes del próximo verano.

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(El Confidencial, 08-05-2026) | Fiscal

La inflación superará el 4% en verano si no se prorroga el recorte de impuestos a la energía

La guerra en Oriente Medio se aproxima ya a su tercer mes, pese al alto el fuego acordado en abril y mientras continúa la espera de un posible acuerdo de paz definitivo. Con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento energético, el Gobierno aprobó en marzo un paquete de ayudas, aunque la mayoría de las rebajas fiscales sobre la energía y de los apoyos a determinados sectores tienen como fecha límite el próximo mes de junio. Si finalmente no se prorrogan, la inflación podría repuntar de forma significativa durante el verano. Así lo advierte Funcas en sus previsiones trimestrales publicadas este miércoles. Según sus cálculos, si las medidas fiscales vinculadas a la evolución de los precios energéticos se eliminan a comienzos de junio, la inflación pasaría ese mismo mes del 3,5% al 4,5%, es decir, un punto porcentual más. Además, ese incremento se prolongaría durante julio, agosto y septiembre, meses en los que el IPC se mantendría por encima del 4%. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el estrecho de Ormuz comience a reabrirse progresivamente desde junio y de que el petróleo cierre el año alrededor de los 80 dólares por barril. Bajo este escenario, Funcas estima que mantener las rebajas fiscales hasta octubre permitiría situar la inflación media de 2026 en el 3,3%, mientras que retirarlas en junio elevaría esa cifra al 3,6%. En un escenario más negativo, marcado por una prolongación del conflicto más allá del verano, la fundación calcula que la inflación anual alcanzaría el 4% incluso aunque las ayudas fiscales se mantuvieran hasta otoño. El Ejecutivo introdujo una cláusula que condiciona la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. De este modo, los descuentos solo seguirán vigentes si la subida interanual de los carburantes y de la electricidad en abril supera el 15%. El dato definitivo será publicado por el INE el próximo 14 de mayo, aunque los registros de marzo ya mostraban aumentos inferiores a ese umbral: la electricidad se encareció un 4,3% interanual y los carburantes y combustibles un 8,6%. Además, los datos adelantados de abril apuntan a una moderación adicional de la inflación energética, lo que incrementa las posibilidades de que las ayudas desaparezcan automáticamente el próximo mes, especialmente en el caso de la electricidad. No obstante, el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, explicó que el escenario principal manejado por la fundación da por hecho que el Gobierno acabará prorrogando las medidas, como ya ocurrió en crisis anteriores. En el caso de las ayudas fiscales aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, estas no desaparecieron completamente hasta finales de 2024, precisamente para suavizar el impacto de la retirada progresiva de los descuentos. Aunque el Ejecutivo todavía no ha anunciado oficialmente una ampliación, el presidente Pedro Sánchez ya aseguró en marzo que el Gobierno destinaría más recursos económicos si fuese necesario. Por su parte, la AIReF calcula que el coste fiscal del plan ascendería a 5.305 millones de euros si las ayudas se mantienen hasta finales de junio. El organismo también ha advertido de que el margen presupuestario es limitado y existe riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2026 si se aprueban nuevas medidas de apoyo. La retirada de los descuentos fiscales en junio coincidiría además con el periodo del año en el que se registran más desplazamientos en vehículo privado, lo que podría traducirse en un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Funcas prevé que la remuneración media por asalariado crezca un 3% este año, una subida insuficiente para compensar completamente el aumento de precios, por lo que considera prácticamente inevitable una pérdida de capacidad de compra, especialmente si desaparecen las ayudas fiscales. Además, algunos productos básicos podrían experimentar una inflación superior a la media general incluso si las rebajas impositivas continúan. Funcas prevé que los alimentos frescos registren un incremento de precios del 4,5% en 2026, concentrado principalmente en la segunda mitad del año. La razón es que el encarecimiento de los fertilizantes tarda varios meses en trasladarse al consumidor final. Así, los alimentos podrían convertirse en el principal motor de la inflación incluso aunque mejore la crisis energética y se prolonguen las ayudas fiscales. Más allá del impacto sobre los precios, el conflicto también condiciona el crecimiento económico. Raymond Torres señaló que España partía antes de la guerra de una posición relativamente favorable en términos de crecimiento del PIB respecto a otros países europeos, aunque ya sufría mayores tensiones inflacionistas. Según explicó, la economía española sigue creciendo más que la de sus vecinos, pero también soporta una presión más intensa sobre los precios, una tendencia previa al conflicto que la crisis energética ha terminado por agravar.

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(Expansión, 07-05-2026) | Fiscal

El FMI apuesta por hacer estructural el impuesto a las eléctricas por sus beneficios extra en las crisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue muy de cerca las medidas que los países europeos están adoptando para amortiguar el impacto del nuevo encarecimiento energético provocado por la guerra de Irán. En un escenario cada vez más complejo, el organismo internacional ha entrado de lleno en uno de los debates más controvertidos entre los socios comunitarios: la posibilidad de recuperar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas gracias al aumento de los precios. Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI, señalaron recientemente que este tipo de gravamen debería entenderse como una medida estructural y no como una herramienta puntual que se activa cada cierto tiempo para financiar gastos concretos derivados de una crisis. Desde el FMI consideran que los impuestos sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" tendrían que integrarse de manera estable en los sistemas fiscales nacionales, de modo que las empresas conozcan de antemano cómo funcionarían. La idea sería establecer un mecanismo automático que se active cuando determinados sectores registren ganancias extraordinarias, con criterios y porcentajes previamente definidos, evitando así medidas improvisadas ligadas a situaciones excepcionales. Según Berger y Celasun, aplicar estos impuestos de manera recurrente o inesperada puede alterar las decisiones de inversión de las empresas y generar distorsiones económicas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa analizando la conveniencia de este gravamen para las energéticas. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó esta semana que se trata de una cuestión vinculada a la soberanía fiscal de cada país y que, por tanto, los Estados miembros son libres de decidir si lo implantan o no. Bruselas no contempla actualmente impulsar una recomendación conjunta para toda la Unión Europea, como había propuesto España para sufragar parcialmente las ayudas destinadas a paliar el impacto del encarecimiento energético sobre las familias. Aunque el FMI considera legítimo recurrir a impuestos sobre beneficios extraordinarios, también advierte de que existen alternativas fiscalmente más eficientes. En concreto, el organismo apuesta por concentrar las ayudas en los colectivos más vulnerables, lo que permitiría reducir considerablemente el coste de las medidas de apoyo. Precisamente en este ámbito es donde el FMI ha mostrado sus críticas más contundentes hacia las políticas adoptadas por muchos países europeos. El organismo subraya que la mayoría de las ayudas aplicadas son de carácter generalizado y no están dirigidas específicamente a los hogares con mayores dificultades económicas. De acuerdo con sus estimaciones, únicamente el 30% de las medidas puestas en marcha para amortiguar la crisis energética benefician realmente a los sectores más vulnerables. El porcentaje es muy similar al registrado durante la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania hace dos años, lo que, según el FMI, evidencia que los gobiernos están repitiendo errores ya cometidos anteriormente. Además, esta tendencia afecta a prácticamente toda la Unión Europea. Más del 90% de los Estados miembros ha aprobado al menos una medida que altera los precios energéticos, como rebajas en impuestos especiales o subsidios generalizados. Para el FMI, este tipo de políticas reduce los incentivos al ahorro energético en un momento en el que los costes siguen siendo especialmente elevados. En la misma línea, el organismo calcula que los países europeos están destinando alrededor del 0,2% del PIB comunitario a medidas de apoyo que podrían limitarse a apenas un 0,03% si estuvieran exclusivamente enfocadas en los colectivos más necesitados. Dado el reducido margen fiscal existente, el FMI considera prioritario que la Unión Europea mejore la focalización de estas ayudas para poder sostenerlas durante más tiempo en caso de que el conflicto y sus consecuencias económicas se prolonguen más de lo previsto.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

Funcas espera una crisis transitoria y rebaja en solo dos décimas su previsión de crecimiento para España este año

Aunque el conflicto en Irán ha generado incertidumbre a nivel global, no necesariamente implica un cambio de ciclo económico, al menos en el caso de España. Así lo recoge el último informe de previsiones de Funcas, que calcula que el impacto negativo sobre el crecimiento será limitado, en torno a dos décimas. Esta estimación se apoya en una situación de partida favorable, con una dinámica interna que sigue siendo expansiva gracias, sobre todo, al consumo. No obstante, este escenario parte de la previsión de que el estrecho de Ormuz vuelva a operar con cierta normalidad antes del verano; cualquier retraso empeoraría las perspectivas. La jornada del miércoles arrancó con señales positivas: Estados Unidos anunció avances hacia un acuerdo con Irán que permitiría poner fin al conflicto y reabrir el paso marítimo, lo que impulsó a las Bolsas y provocó una fuerte caída del precio del petróleo. En este contexto, Funcas mantiene unas previsiones alineadas con las del Gobierno español, anticipando un crecimiento del PIB del 2,2% en 2026. Para 2027, al considerar la crisis como temporal, mantiene su previsión en el 1,8%. Sin embargo, los expertos subrayan que la economía española convive con una doble realidad. Por un lado, un entorno internacional adverso, con encarecimientos en materias primas como el petróleo, el gas o los fertilizantes; por otro, una notable fortaleza interna, con un mercado laboral sólido, un turismo que sigue batiendo récords y una demanda que resiste. Esta combinación sostiene el crecimiento pese a la crisis energética. En comparación con la zona euro, España ha mostrado un mayor dinamismo en los últimos años. Aun así, la debilidad de sus principales socios comerciales supone un riesgo, ya que el crecimiento no puede sostenerse indefinidamente si el entorno exterior se estanca. En este sentido, el turismo jugará un papel clave para amortiguar el impacto en los próximos meses, aunque una caída en la llegada de visitantes o en su gasto empeoraría el escenario. Las previsiones son menos favorables en lo que respecta a la inflación. Funcas advierte de que podría superar el 4% si el Gobierno elimina las rebajas fiscales sobre los combustibles, aunque considera más probable que estas se mantengan hasta el otoño. En ese caso, la inflación media en 2026 se situaría en torno al 3,3%, por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Además, se prevé que la autoridad monetaria suba los tipos de interés en dos ocasiones, hasta el 2,5%, lo que encarecería las hipotecas y podría enfriar el mercado inmobiliario tras el fuerte crecimiento de 2025. Las ayudas a los carburantes están contribuyendo a contener la inflación, pero su retirada tendría efectos retardados sobre los precios. Funcas también cuestiona su diseño actual, proponiendo que se orienten de forma más específica a sectores especialmente afectados, como el transporte, la agricultura o la pesca, en lugar de aplicarse de forma generalizada, dado su elevado coste. Por otro lado, existen efectos que podrían trasladarse a medio plazo. El aumento del precio de los fertilizantes, por ejemplo, tarda varios meses en reflejarse en los alimentos, lo que podría provocar un encarecimiento de los productos frescos. En este contexto, el estrecho de Ormuz se ha convertido en un elemento clave para la evolución económica global. La duración del conflicto condiciona las decisiones de empresas y consumidores. Aunque en España persiste cierto optimismo, un escenario de guerra prolongada cambiaría notablemente las perspectivas. Por ello, Funcas considera que el Gobierno debería reforzar su capacidad de actuación ante posibles escenarios adversos. Aunque la prima de riesgo se mantiene contenida y la deuda pública ha mejorado en relación con el PIB gracias al crecimiento, en términos absolutos sigue aumentando a un ritmo similar al de otros países como Francia, lo que aconseja mantener la prudencia.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

El sector alimentario pide ayudas directas y suspender el impuesto al plástico para paliar la crisis de Irán

FIAB, la organización que representa a los fabricantes españoles de alimentación y bebidas, ha pedido al Gobierno que refuerce el paquete de medidas aprobado para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán. Aunque valora de forma positiva las iniciativas adoptadas hasta ahora, considera que son insuficientes para paliar el impacto que están soportando muchas empresas del sector. En concreto, la patronal reclama la puesta en marcha de ayudas directas que compensen el fuerte aumento de los costes, aun reconociendo que todavía es difícil medir el alcance estructural de la crisis. Según FIAB, el encarecimiento de la energía, los costes logísticos, los fletes y los seguros, junto con las limitaciones en el transporte marítimo y aéreo, están alterando los plazos de entrega y generando importantes dificultades operativas. En un comunicado, su director general, Mauricio García de Quevedo, señala que el sector se está viendo especialmente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz. Además de las ayudas económicas, la organización pide adaptar la presión fiscal y administrativa a la situación actual, lo que incluye la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables vigente desde enero de 2023. Entre sus propuestas, FIAB también plantea medidas para facilitar la actividad exportadora y el comercio internacional, como la eliminación de trabas en el transporte, la mejora de la logística y la simplificación de los trámites aduaneros. Asimismo, solicita iniciativas que contribuyan a proteger el empleo en un contexto marcado por la incertidumbre. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo el Gobierno aprobó un plan de 80 medidas urgentes, valorado en unos 5.000 millones de euros. Entre ellas destacan la rebaja del IVA en combustibles, electricidad y gas natural del 21% al 10%, la reducción al mínimo del impuesto sobre hidrocarburos y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. También se incluyeron subvenciones para la compra de fertilizantes, dirigidas específicamente al ámbito alimentario. Más allá de estas reivindicaciones, las empresas del sector están tratando de diversificar sus mercados para compensar el impacto de la situación. En este sentido, FIAB está impulsando la presencia de compañías españolas en países como Canadá, Italia, China, México y Países Bajos.

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(El País, 07-05-2026) | Fiscal

Ya se puede presentar por teléfono y videollamada la declaración de la Renta

La campaña de la Renta 2025 permite presentar la declaración por teléfono desde este miércoles 6 de mayo mediante el servicio "Le llamamos", siempre que el contribuyente haya pedido cita previa, de acuerdo con el calendario de la Agencia Tributaria. Esta vía telefónica se añade a las opciones ya disponibles desde el inicio de la campaña el pasado 8 de abril, como la presentación por internet a través de Renta Web o de la aplicación móvil. El programa "Le llamamos" está dirigido a contribuyentes que cumplan determinados requisitos, como no superar los 80.000 euros de ingresos del trabajo o los 20.000 euros de rendimientos del capital mobiliario. Quienes accedan a este servicio pueden solicitar cita y, en la fecha asignada, un técnico de la Agencia Tributaria les llama para elaborar y presentar la declaración. A partir de este mismo día también se pone en marcha la asistencia por videollamada para personas mayores que residen en localidades pequeñas. En cambio, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial en oficinas deberán esperar hasta el 1 de junio. Desde que comenzó la campaña, ya se han presentado más de 6,6 millones de declaraciones, de las cuales 5,3 millones incluyen solicitud de devolución. Hasta ahora, se han abonado 3,6 millones de devoluciones por un importe superior a 2.400 millones de euros. La Agencia Tributaria prevé gestionar en total 25,25 millones de declaraciones, la mayoría con resultado a devolver -unos 15,7 millones- por un importe global de 13.271 millones de euros. El plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio en todos los canales, salvo en el caso de las declaraciones con resultado a ingresar domiciliado, cuyo límite se adelanta al 25 de junio.

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(El Economista, 07-05-2026) | Fiscal

Hacienda elimina las trabas para embargar el dinero de las cuentas de los deudores

Hacienda ha definido el criterio que permitirá asegurar el embargo del dinero que los contribuyentes morosos mantienen en sus cuentas bancarias, siempre que esas cantidades superen los límites inembargables establecidos por ley para salarios y pensiones. Además, el fisco podrá retener directamente cualquier importe que no esté protegido legalmente, incluidas ayudas económicas de familiares u otros ingresos destinados a cubrir gastos cotidianos. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) estableció este criterio en dos resoluciones emitidas el 30 de abril, con el objetivo de unificar interpretaciones ante las diferencias existentes entre los distintos Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR), algunas de las cuales resultaban más favorables para los deudores. Hasta ahora, ciertos tribunales regionales consideraban que Hacienda no podía embargar el saldo de una cuenta bancaria cuando este era inferior a la cantidad inembargable correspondiente al salario o la pensión. Sin embargo, dichas interpretaciones no analizaban si el titular ya había gastado previamente la parte protegida de sus ingresos y el dinero restante procedía, en realidad, de cantidades embargables o de otras fuentes, como préstamos o ayudas familiares. El TEAC recuerda que ya en una resolución dictada en junio de 2025 estableció que Hacienda no puede apropiarse de los ahorros generados a partir de la parte inembargable del sueldo o de la pensión. No obstante, las nuevas resoluciones aclaran cómo debe tratarse el dinero que permanece en la cuenta cuando proviene de cantidades que sí pueden ser objeto de embargo o de ingresos distintos al salario protegido. En este sentido, el tribunal fija dos criterios principales. El primero señala que, si tras examinar los movimientos bancarios se demuestra que el saldo restante procede únicamente de cantidades embargables -como la parte del salario que excede el límite protegido o ayudas económicas recibidas de terceros-, entonces todo ese importe podrá ser embargado. El segundo criterio se aplica cuando no resulta sencillo determinar el origen exacto del dinero disponible en la cuenta. En esos casos, se presumirá que el contribuyente ha utilizado primero la parte inembargable de su sueldo o pensión, ya que se entiende destinada a cubrir necesidades básicas. Por ello, aunque cuando Hacienda ordene el embargo una parte del salario protegido ya haya sido gastada, el cálculo de la cuantía inembargable deberá hacerse tomando como referencia el último sueldo o pensión ingresado. Una vez fijada la cantidad protegida, la Agencia Tributaria podrá retener el resto del saldo correspondiente a cantidades embargables, independientemente de si proceden del exceso salarial no protegido o de otros ingresos. Con esta interpretación, el TEAC limita las resoluciones más flexibles de algunos tribunales regionales, que anulaban embargos sin analizar previamente si la parte protegida del salario ya había sido consumida. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece qué parte de los salarios y pensiones no puede ser embargada. Actualmente queda protegido todo importe que no supere el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 2026 en 1.221 euros mensuales. A partir de esa cifra, el exceso puede ser retenido de forma progresiva según determinados porcentajes. Así, la cantidad que exceda el primer SMI y alcance hasta un segundo SMI puede embargarse en un 30%. Por ejemplo, si un trabajador percibe 1.500 euros al mes, los primeros 1.221 euros son inembargables. Sobre los 279 euros restantes puede aplicarse un embargo del 30%, es decir, 83,7 euros. En este supuesto, la cuantía realmente protegida ascendería a 1.416 euros. Los porcentajes aumentan progresivamente en función del nivel salarial: el exceso que alcance hasta tres veces el SMI puede embargarse al 50%; hasta cuatro veces el SMI, al 60%; hasta cinco veces, al 70%; y cualquier cantidad que supere cinco salarios mínimos podrá ser retenida hasta en un 90%.

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