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(Expansión, 08-07-2026) | Fiscal

Cómo regresar a España sin sobresaltos fiscales

Cada vez son más los directivos españoles que, tras desarrollar una exitosa carrera internacional y acumular importantes patrimonios en el extranjero, deciden regresar a España. Sin embargo, este retorno plantea importantes desafíos fiscales y jurídicos, especialmente para quienes poseen participaciones empresariales, planes de acciones, sociedades, trusts o seguros de vida constituidos bajo legislaciones extranjeras. Los especialistas en fiscalidad internacional advierten de que el cambio de residencia no consiste únicamente en trasladar el domicilio, sino en adaptarse a un marco normativo diferente. Uno de los aspectos más relevantes es determinar el momento en que una persona adquiere la condición de residente fiscal en España, ya que no solo se tiene en cuenta la permanencia de más de 183 días en el país, sino también la localización del centro de intereses económicos y personales. En la práctica, muchos profesionales consideran que basta con controlar el número de días de estancia fuera de España para mantener la condición de no residente. Sin embargo, circunstancias como el traslado previo de la familia, la compra de una vivienda habitual, la gestión de inversiones desde España o el desempeño de funciones directivas en territorio nacional pueden llevar a la Administración tributaria a concluir que la residencia fiscal ya se ha producido. Esta discrepancia puede tener importantes consecuencias económicas, ya que el contribuyente pasaría a tributar en España por la totalidad de sus rentas mundiales y podría enfrentarse a situaciones de doble imposición internacional. Otro de los retos habituales afecta a los activos mantenidos en el extranjero. Instrumentos patrimoniales plenamente válidos en otros países, como trusts o determinados seguros de vida, pueden recibir un tratamiento fiscal muy distinto en España, provocando tributaciones no previstas, imputaciones de rentas o la pérdida de determinados beneficios fiscales. La planificación sucesoria también requiere una revisión específica. Es frecuente que los españoles residentes en el extranjero hayan otorgado testamentos conforme a la legislación de otros países o posean bienes repartidos entre varias jurisdicciones. Sin una adecuada coordinación jurídica, estas situaciones pueden generar conflictos y complicar la transmisión del patrimonio. Por ello, los expertos recomiendan preparar el regreso con una planificación integral que analice la fiscalidad, la estructura patrimonial y los aspectos sucesorios antes de efectuar el traslado. Consideran que una revisión previa entre asesores de los distintos países implicados reduce significativamente el riesgo de contingencias fiscales futuras y evita costes muy superiores a los derivados de una adecuada planificación. Para determinados profesionales que regresan por motivos laborales, el Régimen Especial para Trabajadores Desplazados, conocido como "Ley Beckham", puede representar una alternativa fiscal ventajosa. Este régimen permite tributar por los rendimientos del trabajo a un tipo fijo del 24% hasta un máximo de 600.000 euros anuales durante seis ejercicios, en lugar de aplicar los tipos progresivos del IRPF, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Entre ellos, no haber sido residente fiscal en España durante los cinco años anteriores al traslado y que el cambio de residencia responda a un contrato de trabajo, al teletrabajo o al desempeño de funciones como administrador de una entidad, debiendo solicitarse dentro de los seis meses siguientes al inicio de la actividad.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Hacienda renueva la cúpula de la Agencia Tributaria con el nombramiento de Antonio Ansón como director general

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, un relevo con el que el Gobierno pone fin a varios días de especulaciones sobre un posible conflicto interno en la cúpula del organismo. Ansón sustituirá a Soledad Fernández Doctor, que deja el cargo tras cuatro años al frente de la institución. Su designación se hará efectiva con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo director general, nacido en Zaragoza en 1962, es inspector de Hacienda del Estado desde 1999 y desarrolla su trayectoria en la Administración tributaria desde 1988, cuando ingresó como técnico de Hacienda. Hasta ahora ejercía como director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Desde el Ministerio destacan su amplia experiencia en la gestión tributaria, su conocimiento del sistema fiscal español y su trayectoria en organismos internacionales como principales avales para asumir la dirección de la Agencia Tributaria. El relevo llega después de que trascendiera la intención de Soledad Fernández Doctor y de otros dos altos cargos del organismo de abandonar sus responsabilidades, una circunstancia que dio pie a distintas interpretaciones sobre un posible enfrentamiento con el Gobierno. La coincidencia temporal con el cierre de la campaña del IRPF y con el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica alimentó las especulaciones sobre el origen de estos movimientos. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha sostenido desde el primer momento que las salidas estaban previstas desde hacía meses. Según la versión oficial, Fernández Doctor había comunicado con anterioridad su voluntad de dejar el puesto y ambas partes acordaron retrasar el relevo hasta la finalización de la campaña de la renta para no alterar uno de los periodos de mayor actividad del organismo. En cuanto a los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, el departamento asegura que ambos habían solicitado destinos en el exterior mediante un concurso público, por lo que sus cambios de destino también estaban programados. A pesar de estas explicaciones, durante los últimos días surgieron diversas interpretaciones sobre los motivos de los relevos. Desde la oposición se relacionó el cambio con distintos asuntos de actualidad política, mientras que algunos sectores de la propia Administración tributaria lo vincularon al debate sobre la financiación singular de Cataluña y una eventual ampliación de las competencias tributarias de la Generalitat. El Ejecutivo ha rechazado ambas interpretaciones y ha insistido en que los cambios responden exclusivamente a una planificación previamente acordada. El ministro de Hacienda, Arcadi España, reiteró esta versión tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde explicó que, poco después de incorporarse al departamento, mantuvo una reunión con Fernández Doctor en la que esta le trasladó su intención de abandonar el cargo. Según indicó, ambos acordaron aplazar el relevo hasta concluir la campaña de la renta. Antonio Ansón Latorre cuenta con una amplia experiencia en distintos ámbitos de la Agencia Tributaria, donde ha desempeñado responsabilidades relacionadas con la atención al contribuyente, la planificación, la recaudación, las aduanas y la gestión de recursos humanos. Entre 2014 y 2022 desarrolló su actividad profesional en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como especialista en administración tributaria y economista sénior. Tras su regreso a España ocupó diversos puestos en el Instituto de Estudios Fiscales y en la propia Agencia Tributaria antes de incorporarse, en 2025, al gabinete del secretario de Estado de Hacienda.

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(El País, 08-07-2026) | Fiscal

Los inspectores piden evitar injerencias

Tras conocerse el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su satisfacción por el fin de la etapa de incertidumbre que, a su juicio, había generado el relevo en la dirección del organismo. En un comunicado, la organización considera que con esta designación concluye una "atípica situación de paréntesis" en la cúpula de la institución. La asociación, que representa al cuerpo de inspectores de Hacienda, ha aprovechado el nombramiento para reclamar al nuevo director un firme compromiso con la defensa de la integridad de la Agencia Tributaria. En este sentido, le insta a preservar la unidad del organismo, evitar cualquier tipo de injerencia externa y garantizar que no se produzca una fragmentación de la agencia, de la caja común ni del sistema de información tributaria. Estas peticiones se interpretan como una referencia al debate abierto desde hace años sobre la posible cesión de determinadas competencias tributarias a la Agencia Tributaria de Cataluña, una cuestión vinculada a las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Asimismo, la Asociación de Inspectores solicita a Ansón que preserve la autonomía organizativa de la Agencia Tributaria y mantenga sin cambios los actuales sistemas de acceso y selección del personal, al considerar que constituyen una garantía de independencia y profesionalidad del organismo. La organización también ha solicitado mantener una reunión con el nuevo director general para trasladarle directamente sus principales preocupaciones y abordar los retos que afronta la institución. Entre sus prioridades figuran reforzar la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria y mantener su reconocimiento como una de las administraciones tributarias de referencia en la lucha contra el fraude fiscal.

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(La Vanguardia, 08-07-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba un nuevo techo de gasto récord, de 226.000 millones para 2027

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado al aprobar en el Consejo de Ministros un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, la cifra más elevada de la historia. El límite de gasto no financiero aumenta un 6,6% respecto al fijado para el ejercicio anterior, cuando se situó en torno a los 212.000 millones de euros, y servirá de base para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Junto al techo de gasto, el Ejecutivo ha aprobado también los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, aunque estos deberán ser ratificados por el Congreso y el Senado. El Gobierno afronta esta votación sin tener garantizados los apoyos parlamentarios necesarios, por lo que la aprobación de la senda fiscal se presenta como uno de los principales obstáculos para sacar adelante los Presupuestos. El techo de gasto establece el límite máximo de los gastos no financieros del Estado y constituye uno de los principales instrumentos de disciplina presupuestaria. Aunque el incremento previsto para 2027 es inferior al registrado el año anterior, cuando aumentó un 8,5%, responde al buen comportamiento de la economía española, cuyas previsiones de crecimiento han sido revisadas recientemente al alza hasta el 2,6%. Durante la negociación interna del Gobierno, el grupo Sumar defendió una mayor expansión del gasto aprovechando la mejora de las previsiones económicas. Finalmente, el techo aprobado incorpora un margen adicional de aproximadamente 1.500 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por el Ministerio de Hacienda, fruto de las conversaciones mantenidas entre los socios de la coalición. Mientras que el techo de gasto no requiere autorización parlamentaria, la senda de déficit y deuda sí debe ser aprobada por las Cortes. Si el Parlamento rechazara los objetivos de estabilidad, el Ejecutivo dispondría de un mes para presentar una nueva propuesta. La senda fiscal mantiene para 2027 un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. De ese porcentaje, el Estado asumirá un déficit del 1,5%; las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1%; la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2%; y las corporaciones locales deberán mantener el equilibrio presupuestario. El Ejecutivo prevé continuar reduciendo el déficit en los años siguientes, hasta el 1,6% del PIB en 2028 y el 1,5% en 2029. Según el Ministerio de Hacienda, será la Administración General del Estado la que soporte el mayor esfuerzo de consolidación fiscal durante ese periodo. El Gobierno también ha fijado la evolución de la regla de gasto para las administraciones públicas. El crecimiento del gasto computable no podrá superar el 4% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029, una senda diseñada para compatibilizar el crecimiento del gasto público con el cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. En materia de deuda pública, el Ejecutivo mantiene su previsión de continuar reduciendo el peso del endeudamiento sobre la economía. La ratio de deuda respecto al PIB pasaría del 99,1% previsto para este año al 97,6% en 2027, para descender posteriormente al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029. El Gobierno confía en alcanzar estos objetivos principalmente gracias al crecimiento económico y a la evolución favorable del empleo y del consumo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que las comunidades autónomas recibirán en 2027 un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación, con un incremento cercano al 8%, y recordó que parte del déficit estatal corresponde a las transferencias destinadas a financiar las pensiones y a la recaudación del nuevo impuesto a la banca, cuyos ingresos se transferirán íntegramente a las comunidades autónomas. La tramitación parlamentaria de los Presupuestos continúa siendo uno de los principales desafíos del Ejecutivo, que acumula varios ejercicios sin lograr aprobar unas nuevas cuentas. La fragmentación del Congreso y la falta de una mayoría estable dificultan el proceso legislativo, aunque el Gobierno mantiene su intención de someter la senda de estabilidad a votación durante el mes de julio y aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros tras el verano para remitirlo posteriormente a las Cortes.

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(Expansión, 07-07-2026) | Fiscal

El Gobierno eleva al 4% la regla de gasto de las CCAA para 2027

El Ministerio de Hacienda ha planteado aumentar el margen de gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de cara a los próximos años. La propuesta eleva la tasa de referencia para 2027 hasta el 4%, medio punto más de lo previsto inicialmente, mientras que para 2028 se fija en el 3,8% y para 2029 en el 3,6%. Con esta medida, el Ejecutivo busca facilitar la elaboración de los presupuestos de las administraciones territoriales en un periodo marcado por un intenso calendario electoral y, al mismo tiempo, favorecer el respaldo político a los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el marco de las negociaciones para las cuentas públicas de 2027. Paralelamente, el Gobierno mantiene sin cambios los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea, con un déficit del 1,5% para 2027, que descendería al 1,4% en 2028 y al 1,3% en 2029. En cuanto a la financiación autonómica, Hacienda plantea un incremento histórico de las entregas a cuenta, que crecerían un 8% hasta alcanzar los 170.000 millones de euros en 2027, frente a los cerca de 157.000 millones previstos para este ejercicio. Además, se mantiene el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el 0,1% del PIB, lo que, según el Ministerio, les proporcionaría un margen de financiación de casi 5.900 millones de euros. Hacienda advierte de que rechazar esta senda obligaría a las autonomías a realizar un ajuste equivalente. Estas decisiones llegan después de que el Gobierno revisara al alza sus previsiones económicas, elevando el crecimiento esperado del PIB para 2026 al 2,6% y situándolo en el 2,2% para 2027 y el 2,1% para 2028. No obstante, el Ejecutivo reconoce que persisten riesgos derivados de un posible repunte de la inflación, vinculado a las tensiones geopolíticas, así como de la debilidad económica de varios países europeos, factores que podrían afectar a las exportaciones españolas. Con este escenario, el Gobierno prepara un techo de gasto que previsiblemente marcará un nuevo máximo histórico y servirá de base para unos Presupuestos que incluirán un incremento de la financiación autonómica y un refuerzo del gasto social, con el objetivo de recabar el apoyo de sus socios parlamentarios. Sin embargo, la negociación se presenta complicada. Los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular criticaron duramente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, calificándola de mero trámite ante la falta de una mayoría parlamentaria sólida del Ejecutivo. Aun así, reclamaron un mayor margen de gasto para afrontar el aumento de costes derivado tanto de la inflación como de nuevas medidas impulsadas por el Gobierno central cuya financiación, aseguran, recae sobre las administraciones autonómicas.

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(El País, 07-07-2026) | Fiscal

Hacienda ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% y recursos récord para el próximo año

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha iniciado este lunes su reunión con una propuesta del Ministerio de Hacienda que contempla un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en el próximo ejercicio, acompañado de un volumen récord de recursos procedentes del sistema de financiación autonómica. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea que el crecimiento del gasto computable de las autonomías no supere el 4%, en línea con la regla de gasto fijada para 2027. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, ese margen de déficit representa una capacidad adicional de gasto equivalente a 5.849 millones de euros. El departamento que dirige Arcadi España sostiene que, si los objetivos de estabilidad no obtienen el respaldo parlamentario necesario, las comunidades perderían ese margen y tendrían que realizar un ajuste por ese importe. El Ejecutivo también ha trasladado a las autonomías que las entregas a cuenta del sistema de financiación aumentarán alrededor de un 8%, lo que permitirá movilizar cerca de 170.000 millones de euros, la mayor cantidad distribuida hasta la fecha. A ello se sumará la liquidación correspondiente al ejercicio 2025, de forma que la financiación total disponible para las comunidades crecerá también por encima del 8%, impulsada por la evolución favorable de la economía y el incremento de la recaudación tributaria. Esta mejora de los ingresos llega después de que el Gobierno revisara al alza sus previsiones macroeconómicas, elevando la estimación de crecimiento del PIB para el próximo año del 2,2% al 2,6%. Hacienda considera que este mayor volumen de recursos facilitará a las comunidades autónomas la reducción de sus desequilibrios presupuestarios. Sin embargo, varias comunidades autónomas consideran insuficiente la propuesta presentada por el Ejecutivo. Los consejeros de Hacienda han advertido de que algunas decisiones adoptadas por el Gobierno central, como la subida salarial de los empleados públicos aprobada el pasado año, incrementan el gasto de las administraciones regionales sin ir acompañadas de financiación adicional suficiente. A su juicio, la combinación de mayores obligaciones de gasto y el límite del 4% impuesto a su crecimiento reduce el margen de actuación financiera de las autonomías. Durante la reunión, el ministro Arcadi España ha reiterado que, si el Congreso rechazara los objetivos de estabilidad presupuestaria, las comunidades perderían la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% y deberían elaborar sus presupuestos en equilibrio. No obstante, esta interpretación sigue siendo objeto de debate jurídico. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece como regla general el equilibrio de las cuentas públicas, aunque prevé que el Gobierno pueda proponer objetivos de déficit que deben ser aprobados por el Parlamento. La interpretación defendida por la Abogacía del Estado sostiene que el rechazo parlamentario implicaría la aplicación automática del equilibrio presupuestario, aunque diversos expertos cuestionan que la normativa regule de forma expresa esa situación, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de un eventual rechazo. Más allá de los objetivos de déficit, buena parte de las comunidades ha insistido en que la principal prioridad sigue siendo la reforma del sistema de financiación autonómica. Aunque este asunto no figura en el orden del día del Consejo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de convocar próximamente una reunión específica del CPFF para abordar esta cuestión, tras los contactos mantenidos en los últimos días con distintas comunidades autónomas y el acuerdo alcanzado recientemente con la Generalitat de Cataluña para avanzar en un nuevo modelo de financiación.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

Hacienda permite a los antiguos becarios que compren cotizaciones desgravarlas en el IRPF

Los contribuyentes que se hayan acogido al convenio especial de la Seguridad Social para recuperar cotizaciones correspondientes a antiguos periodos de prácticas como becarios pueden incluir estos pagos como gasto deducible en la declaración del IRPF, siempre que durante esas prácticas la empresa o entidad donde realizaron la formación no hubiera cotizado por ellos. La Dirección General de Tributos recuerda que la normativa del Impuesto sobre la Renta permite deducir las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social. En consecuencia, los importes abonados deberán reflejarse en la declaración correspondiente al ejercicio en que se hayan efectuado los pagos. Así, quienes hayan realizado un único desembolso podrán deducir la totalidad de la cantidad en ese año, mientras que quienes hayan optado por el pago aplazado podrán descontar las cuotas efectivamente satisfechas durante cada ejercicio fiscal. Este convenio especial fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de permitir que antiguos becarios sumen periodos de cotización de cara a su futura jubilación. La adhesión estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2028 y permite abonar el coste tanto en un único pago como de forma fraccionada, con un máximo de 84 mensualidades. La medida beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, remuneradas o no, antes de 2011, así como a quienes las efectuaron con posterioridad a esa fecha cuando dichas prácticas no fueron retribuidas y, por tanto, no generaron cotizaciones a la Seguridad Social.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

Las empresas patrimoniales podrán aplicar la nueva deducción en Sociedades por reforzar fondos propios

La Dirección General de Tributos ha confirmado, mediante una consulta vinculante emitida el 6 de mayo, que las sociedades patrimoniales también pueden acogerse a la nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades destinada a incentivar el refuerzo de los fondos propios. El organismo aclara que la normativa no excluye expresamente a este tipo de entidades, por lo que podrán beneficiarse del incentivo siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley. Las sociedades patrimoniales son aquellas cuya actividad principal consiste en la gestión de bienes o patrimonios, en lugar del desarrollo de una actividad económica o productiva. Según el criterio de Tributos, esta naturaleza no impide el acceso a la deducción prevista para las empresas que incrementen su capital. La medida fue incorporada a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada en diciembre de 2024 junto con la implantación del impuesto mínimo global para grandes empresas y grupos multinacionales. Desde 2025, la deducción por el aumento de los fondos propios pasó del 15% al 20% del importe del incremento realizado. El incentivo fiscal está sujeto a determinados límites. Con carácter general, la deducción no podrá superar el 20% de la base imponible del ejercicio, porcentaje que se eleva al 25% para las empresas cuya cifra de negocios del ejercicio anterior sea inferior al millón de euros. Si la entidad no dispone de base imponible suficiente para aplicar la totalidad del beneficio fiscal, podrá trasladar el importe pendiente a los dos ejercicios siguientes. Para acceder a esta ventaja tributaria, las empresas deberán mantener el incremento de los fondos propios durante un periodo mínimo de tres años y constituir una reserva indisponible por el mismo importe, que también deberá permanecer durante ese plazo. Además, la deducción puede incrementarse en función de la evolución del empleo: asciende al 23% cuando la plantilla aumenta entre un 2% y un 5%, al 26,5% si el incremento se sitúa entre el 5% y el 10%, y alcanza el 30% cuando la creación de empleo supera el 10%. La consulta analizada por la Dirección General de Tributos fue planteada por una sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de locales comerciales, sin empleados y con una facturación inferior al millón de euros. El organismo concluye que esta entidad puede aplicar la deducción por el incremento de sus fondos propios, siempre que respete el límite del 25% de su base imponible y reúna el resto de los requisitos previstos en la normativa.

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(El Economista, 07-07-2026) | Fiscal

La caída del consumo de alcohol desploma la recaudación de Hacienda un 10% hasta los 1.129 millones

La reducción del consumo de bebidas alcohólicas en España está teniendo un reflejo directo en la recaudación tributaria. Durante 2025, la Agencia Tributaria ingresó 1.129 millones de euros por los impuestos especiales aplicados a las bebidas espirituosas y a la cerveza, una cifra que supone un descenso cercano al 10% respecto a la obtenida cuatro años antes y que constituye el nivel más bajo desde 2016, si se excluyen los ejercicios marcados por las restricciones derivadas de la pandemia. La mayor caída se concentra en las bebidas espirituosas, como whisky, ron, vodka o ginebra. La recaudación por este concepto ascendió el pasado año a 793 millones de euros, un 12,4% menos que en 2022. Este retroceso coincide con una disminución continuada del consumo, que ha pasado de 94 millones de litros en 2022 a 85 millones en 2025, tras registrar 89 millones en 2023 y 87 millones en 2024. En el caso de la cerveza, el descenso ha sido mucho más moderado. El consumo alcanzó los 3.970 millones de litros en 2025, alrededor de un 2% menos que cuatro años antes, mientras que la recaudación procedente de este impuesto se situó en 336 millones de euros, lo que representa una reducción del 1,5%. En un informe sobre los impuestos aplicados al alcohol, la Agencia Tributaria destaca que España mantiene una de las fiscalidades más reducidas de la Unión Europea para este tipo de productos y recuerda que los tipos impositivos apenas han variado en las últimas décadas. Como ejemplo, señala que el gravamen sobre la cerveza permanece inalterado desde 2006, fijado en 0,09 euros por litro. Según los datos de Hacienda, cada ciudadano español soporta una carga fiscal media de unos 25 euros anuales por el consumo de bebidas alcohólicas, muy por debajo de la media comunitaria, que ronda los 80 euros por persona. España figura entre los países de la Unión Europea con menor tributación sobre el alcohol, junto a Italia y Rumanía, mientras que Finlandia, Irlanda, Estonia y Lituania presentan los niveles de imposición más elevados. El organismo considera que esta menor presión fiscal explica, en parte, la reducida recaudación obtenida, incluso teniendo en cuenta el peso del turismo en el consumo nacional, lo que deja abierta la posibilidad de futuras revisiones al alza de estos impuestos. El descenso del consumo responde también a un cambio progresivo en los hábitos sociales, especialmente entre la población joven. De acuerdo con la Encuesta de Salud de España difundida por el Ministerio de Sanidad, en 2023 el 31% de la población consumía alcohol al menos una vez por semana, frente al 48,4% registrado en 2006. La reducción resulta especialmente significativa entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el consumo semanal ha pasado del 43,8% al 17,9% en ese mismo periodo.

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(Expansión, 06-07-2026) | Fiscal

Bruselas reclama a los países más incentivos fiscales a la transmisión de empresas para evitar cierres

La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por el impacto que determinados impuestos pueden tener sobre el relevo generacional de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Bruselas teme que la falta de sucesores y las cargas fiscales asociadas a la transmisión de negocios provoquen el cierre de empresas viables, con las consiguientes consecuencias económicas y laborales. Aunque la fiscalidad sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión ha instado a los gobiernos nacionales a introducir incentivos que faciliten la transmisión de las pymes. Entre las medidas sugeridas figuran exenciones, reducciones o aplazamientos de impuestos aplicables a herencias, donaciones o compraventas de empresas, tanto cuando el relevo se produce dentro de la familia como cuando el negocio pasa a manos de terceros. El Ejecutivo comunitario considera que los cambios de propiedad no siempre implican una disponibilidad inmediata de recursos económicos para afrontar las obligaciones tributarias. En muchos casos, los nuevos propietarios necesitan un periodo de adaptación antes de que la empresa recupere plenamente su capacidad de generar beneficios, por lo que una elevada carga fiscal inicial puede poner en riesgo la continuidad del negocio. La preocupación de Bruselas se basa también en las previsiones demográficas. Según sus estimaciones, cientos de miles de empresas europeas afrontarán procesos de sucesión en los próximos años. Solo en Alemania, más de 220.000 propietarios de pequeñas empresas tenían previsto transferir sus negocios en un plazo de dos años, mientras que en Francia se calcula que unas 700.000 compañías deberán afrontar un relevo de propiedad durante la próxima década. La Comisión propone que las ventajas fiscales estén condicionadas al mantenimiento de la actividad empresarial durante un periodo determinado y, en algunos casos, a la conservación de los puestos de trabajo. Asimismo, recomienda revisar o reducir otros costes asociados a las transmisiones empresariales, como los derechos de registro, timbres o tasas administrativas que encarecen estas operaciones. Uno de los aspectos que más preocupa a Bruselas es la tributación que soportan algunos empresarios cuando donan o ceden su negocio sin recibir una contraprestación económica. En determinados casos, la normativa fiscal considera que existe una ganancia patrimonial calculada sobre la revalorización acumulada de la empresa, generando una obligación tributaria aunque el propietario no haya percibido ingresos por la transmisión. Esta situación puede llevar a algunos dueños a optar por el cierre ordenado de la empresa en lugar de transferirla. Por ello, la Comisión plantea que los Estados estudien mecanismos que permitan adaptar la tributación a la realidad económica de estas operaciones, evitando que los impuestos se conviertan en un obstáculo para la continuidad empresarial. El objetivo no es reducir la recaudación, sino evitar que la presión fiscal desincentive la sucesión de negocios que siguen siendo viables. Además de las recomendaciones fiscales, Bruselas propone introducir mejoras jurídicas que faciliten la transformación de las empresas sin necesidad de liquidarlas y que refuercen la estabilidad de los procesos sucesorios. También apuesta por favorecer fórmulas que permitan a los trabajadores asumir la propiedad de una empresa cuando la familia propietaria no desea continuar con ella. Aunque la Comisión Europea carece de capacidad para imponer estos cambios, confía en que los Estados miembros adopten medidas que faciliten la continuidad de las pymes y reduzcan el riesgo de desaparición de empresas provocado por las dificultades asociadas al relevo generacional.

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