(Cinco Días, 18-11-2026) | Fiscal

El Gobierno elimina las retenciones del IRPF al salario mínimo para que la subida llegue íntegra desde enero

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno incorpora un cambio en su tratamiento fiscal para evitar que los trabajadores tengan que esperar a la declaración de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades retenidas en sus nóminas. Además del incremento salarial y de la nueva deducción en el IRPF para garantizar que sus perceptores no tributen, el Ejecutivo modificará el reglamento del impuesto para suprimir directamente las retenciones mensuales. De esta forma, quienes cobren el nuevo salario mínimo recibirán íntegramente el aumento desde enero de 2027. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado estas medidas y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. El ministro ha explicado que la modificación reglamentaria garantizará que los perceptores del SMI no soporten retenciones en sus nóminas desde el comienzo del próximo año. Según las estimaciones de Hacienda, el ajuste fiscal beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y tendrá un coste de 1.200 millones de euros anuales. Hasta ahora, el mecanismo diseñado por el Gobierno permitía compensar mediante una deducción en la declaración de la renta las cantidades que los trabajadores habían adelantado a Hacienda a través de las retenciones mensuales. Aunque finalmente estos contribuyentes no tuvieran que pagar el impuesto, debían esperar a la campaña del IRPF del año siguiente para recuperar el dinero descontado de sus salarios. La nueva regulación elimina este desfase y permite aplicar el beneficio fiscal directamente en la nómina. Para ello, Hacienda elevará hasta 1.033,58 euros la deducción correspondiente a los trabajadores que perciban los 18.004 euros anuales del nuevo SMI. Con esta cuantía, la cuota del IRPF quedará reducida a cero para quienes tengan unos ingresos equivalentes al salario mínimo. La medida también alcanzará a los trabajadores con retribuciones ligeramente superiores, con el propósito de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño aumento salarial genera un incremento desproporcionado de la carga tributaria. La deducción se irá reduciendo de forma gradual a partir del nuevo SMI hasta desaparecer para los contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo alcancen los 23.172 euros anuales. La decisión modifica el sistema aplicado durante los últimos ejercicios. Hasta ahora, los trabajadores que cobraban el salario mínimo y no podían beneficiarse de determinadas reducciones por circunstancias familiares, principalmente las personas solteras sin hijos, soportaban retenciones mensuales que posteriormente recuperaban mediante la deducción en la declaración de la renta. Con el nuevo procedimiento, la adaptación fiscal tendrá efecto directamente en las nóminas, evitando que estos empleados tengan que anticipar parte de sus ingresos a la Agencia Tributaria. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2027, es decir, los anticipos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los recursos del sistema de financiación, que posteriormente se regularizan en función de la recaudación efectiva. Entre la liquidación del sistema y los pagos anticipados, las comunidades autónomas dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. El ministro ha destacado que estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales, como la atención a la dependencia, la educación y la sanidad, y ha defendido que su incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar. Por su parte, las entidades locales recibirán 33.773 millones de euros durante el próximo ejercicio, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior. Hacienda atribuye el crecimiento de estos recursos a la evolución favorable de la economía española y del mercado laboral, que está impulsando los ingresos tributarios.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

El Consejo Europeo acuerda eliminar el límite de 150 euros en la ventanilla única fiscal

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para modificar el sistema de tributación de las ventas por internet de productos procedentes de países extracomunitarios. La reforma pretende reforzar el control sobre la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), combatir el fraude fiscal en las operaciones transfronterizas y reducir los trámites administrativos para las empresas y las autoridades aduaneras. El acuerdo introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema aduanero europeo. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, que ha dirigido las negociaciones, ha destacado que las nuevas medidas completan una profunda revisión del modelo actual. A su juicio, permitirán simplificar los procedimientos para los proveedores y las aduanas, al tiempo que mejorarán la recaudación de los ingresos públicos. Una de las principales novedades afecta a la Ventanilla Única de Importación (IOSS, por sus siglas en inglés), el mecanismo que permite a los operadores de terceros países declarar el IVA de sus ventas a consumidores de la UE mediante un único registro en un Estado miembro. Hasta ahora, este sistema estaba limitado a los envíos cuyo valor no superaba los 150 euros. Con la nueva regulación desaparece ese umbral y el IOSS podrá utilizarse para las mercancías con independencia de su valor. De esta manera, las empresas podrán gestionar las operaciones de mayor importe mediante un procedimiento común, con menos obligaciones burocráticas y mayores facilidades para los controles aduaneros. El alcance de la reforma también se extiende a las ventas de productos que se encuentren almacenados en depósitos aduaneros dentro de la Unión Europea antes de su distribución al consumidor final. Se trata de una práctica habitual entre las grandes plataformas digitales, que mantienen existencias de mercancías en territorio comunitario para agilizar las entregas. El cambio más relevante para los consumidores llegará el 1 de julio de 2028, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Datos Aduaneros de la UE. A partir de entonces, las plataformas de comercio electrónico establecidas fuera de la Unión tendrán la consideración de «proveedores presuntos» en las ventas de mercancías destinadas a compradores europeos. Esta figura jurídica hará que las propias plataformas asuman la responsabilidad de recaudar el IVA y los derechos arancelarios correspondientes a las operaciones y de ingresar las cantidades en las arcas públicas. De este modo, dejarán de limitarse a actuar como intermediarias y pasarán a asumir directamente las obligaciones tributarias vinculadas a las ventas. Para los consumidores, el nuevo modelo pretende aportar mayor transparencia en los precios y evitar los recargos que pueden aparecer cuando reciben sus pedidos. El importe que se muestre durante el proceso de compra deberá contemplar los impuestos aplicables, de manera que no se produzcan cargos adicionales inesperados en el momento de la entrega. El acuerdo será trasladado ahora al Parlamento Europeo para su consulta, antes de que el Consejo complete el procedimiento de adopción formal. La reforma busca reforzar los mecanismos de control sobre las importaciones, reducir la evasión fiscal y mejorar la supervisión de los productos que acceden al mercado comunitario.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

España cerró 2025 como uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más aumentó la presión fiscal

La presión fiscal en España aumentó nueve décimas en 2025, hasta situarse en el 38,1% del PIB, frente al 37,2% registrado el año anterior. Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 29 de octubre de 2026, este incremento coloca a España entre los países de la Unión Europea donde más creció el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales netas sobre la economía. Solo Alemania, con una subida de 1,1 puntos, registró un avance superior, mientras que Francia igualó el incremento español en términos redondeados. La evolución española se enmarca en una tendencia al alza en buena parte de Europa. La presión fiscal aumentó en 19 Estados miembros de la UE y también en Suiza. Eurostat atribuye este comportamiento a que los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales crecieron a mayor velocidad que el PIB nominal. En el conjunto de la Unión, la recaudación alcanzó los 7,686 billones de euros, un 5,5% más que en 2024, lo que supone 401.000 millones adicionales y representa el 87,9% del total de los ingresos públicos. Desde 1995, únicamente se habían registrado descensos en 2009, durante la crisis financiera, y en 2020, como consecuencia de la pandemia. Pese al notable incremento, España continúa por debajo de los promedios europeos. En la UE, la presión fiscal pasó del 40,2% al 40,7% del PIB, medio punto más que en 2024. En la eurozona, el aumento fue de seis décimas, hasta alcanzar el 41,3%, después de que los ingresos tributarios sumaran 327.000 millones de euros adicionales y llegaran a los 6,558 billones. Las diferencias entre países siguen siendo considerables. Francia encabezó la clasificación comunitaria, con una presión fiscal del 46% del PIB, seguida de Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). También superaron el 42% Italia (43%), Finlandia (42,5%) y Luxemburgo (42,2%). En el extremo contrario se situaron Irlanda, con el 22,7%, Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%). Suiza, por su parte, registró una ratio del 27,1%. Aunque todos los países europeos incrementaron sus ingresos tributarios en términos absolutos, los mayores avances correspondieron a Rumanía (10,5%), Bulgaria (10,4%) y Malta (9,4%). Sin embargo, ocho países redujeron su presión fiscal en relación con el PIB. Los descensos más destacados se produjeron en Suecia, cuya ratio bajó del 41,8% al 41,2%; Letonia, del 34,9% al 34,2%, y Bélgica, del 45,2% al 44,7%. Los datos de Eurostat también permiten comparar la composición de los ingresos tributarios. En los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los que destaca el IVA, España mantiene un peso relativamente reducido. Esta categoría representó el 11,5% del PIB español, una de las ratios más bajas de la UE, en la que el promedio se situó en el 12,9%. Luxemburgo y Países Bajos registraron el mismo porcentaje que España, mientras que únicamente Irlanda (6,3%), Malta (9,9%), Alemania (10,3%), Chequia (10,9%) y Rumanía (11,2%) presentaron valores inferiores. En el lado opuesto destacó Suecia, con un 20,8%. En cuanto a los impuestos sobre el capital, la recaudación española equivalió al 0,4% del PIB, el mismo porcentaje que Países Bajos y Finlandia. La media comunitaria fue del 0,3%, mientras que Francia y Bélgica alcanzaron el 0,7%. Otra de las particularidades del sistema tributario español es el reparto de los ingresos entre las distintas administraciones. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE que cuentan con un subsector regional con capacidad recaudatoria propia. En 2025, las comunidades autónomas concentraron el 16,6% de los ingresos tributarios nacionales, una proporción únicamente superada por los estados federados alemanes, que reunieron el 24,2%. Las regiones belgas representaron el 13,1% y los estados federados austriacos, el 2%. Por su parte, la Administración central española gestionó el 42,7% de la recaudación, la tercera proporción más baja de la UE, por detrás de Alemania (26,4%) y Francia (33,3%). Esta participación se situó por debajo de la media comunitaria, del 46,3%. El resto de los ingresos se distribuyó entre los fondos de la Seguridad Social, con el 35,9%; los gobiernos locales, con el 9,6%; las administraciones regionales, con el 7,8%, y las instituciones europeas, con el 0,4%. En el conjunto de la UE, los resultados de 2025 confirman la recuperación de la presión fiscal iniciada en 2024, después de los retrocesos registrados en 2022 y 2023, en un contexto marcado por la inflación energética y la aplicación de medidas fiscales temporales. El principal impulso procedió de las cotizaciones sociales netas, cuyo peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB. También aumentó ligeramente la recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio, hasta el 13,2%, mientras que la tributación indirecta permaneció estable. A pesar de esta recuperación, la presión fiscal europea todavía se encuentra cinco décimas por debajo del máximo del 41,2% alcanzado en 2021. Con este resultado, España redujo parcialmente la distancia respecto a la media comunitaria, después de registrar uno de los mayores incrementos de la UE, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2026.

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(El País, 18-11-2026) | Fiscal

La Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo que dijo en primavera, mientras eleva la media anual del IPC al 3,9%

La economía europea está soportando mejor de lo previsto las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, tal y como refleja la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. Bruselas calcula que el PIB de la eurozona aumentará un 1,2% en 2026, tres décimas más de lo estimado en primavera, mientras que mantiene en el 1,2% su pronóstico para 2027. En España, las perspectivas también mejoran dos décimas para ambos ejercicios, hasta situar el crecimiento en el 2,6% este año y el 2,1% el próximo, en línea con las estimaciones del Gobierno para 2026. Pese a esta revisión favorable, el avance económico de la zona euro continúa siendo limitado, en consonancia con el escenario de crecimiento mediocre que ya advirtió el FMI en octubre. La Comisión considera que el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético mundial se ha materializado en buena medida, aunque sus efectos sobre la actividad económica se mantienen, por ahora, dentro de unos límites asumibles. La economía ha evolucionado mejor de lo esperado y se prevé que conserve cierto dinamismo, pese a que la inflación sigue elevada y podría prolongarse más de lo inicialmente previsto. Entre los factores que explican esta resistencia destaca el fuerte aumento de las inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos y el sureste asiático, cuyo impacto positivo se está trasladando parcialmente a Europa. Este impulso llega principalmente a través de la demanda de componentes y suministros necesarios para desarrollar los centros de datos. Aunque la inversión dentro de la UE continúa siendo débil, las empresas europeas se están beneficiando del aumento de las exportaciones de equipos energéticos, sistemas de refrigeración y productos relacionados con la fabricación de semiconductores. De este modo, la demanda exterior está compensando parcialmente el encarecimiento de la energía y unas condiciones de financiación más restrictivas. No obstante, Europa participa fundamentalmente como proveedora de componentes de esta cadena de valor, en lugar de ocupar una posición destacada en la fabricación de los equipos informáticos finales. La fortaleza del mercado laboral constituye otro elemento que está contribuyendo a amortiguar las consecuencias económicas del conflicto. La Comisión prevé que durante este año se creen alrededor de 800.000 puestos de trabajo adicionales en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, advierte de que persisten importantes riesgos, especialmente los derivados de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo y de sus posibles repercusiones sobre los mercados energéticos y financieros. El comportamiento de los precios representa, en cambio, uno de los principales motivos de preocupación. La guerra en Irán continúa y la incertidumbre sobre su evolución sigue condicionando los mercados. Además, el estrecho de Ormuz todavía no ha recuperado la normalidad, por lo que las alteraciones en el suministro de petróleo y gas siguen presionando los precios. En este contexto, Bruselas sitúa la inflación media de la eurozona en el 3,2% para 2026, mientras que para España eleva la previsión hasta el 3,9%. Esta última estimación supone un notable empeoramiento respecto a la calculada seis meses antes, cuando se esperaba una tasa nueve décimas inferior. La persistencia de las tensiones inflacionistas también está favoreciendo un endurecimiento de las condiciones monetarias. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, apuntó este lunes que es probable que los bancos centrales mantengan esta orientación. Un escenario que encarecería la financiación y dificultaría tanto el endeudamiento de los hogares para adquirir bienes de elevado valor, como viviendas y automóviles, como las decisiones de inversión de las empresas. A estas dificultades se sumará la finalización del fondo europeo de recuperación, prevista para este año. Su desaparición reducirá el respaldo financiero a las inversiones públicas, especialmente en países del sur de Europa como España, Italia y Grecia. En el caso español, la Comisión espera que el PIB mantenga un comportamiento sólido en 2026, pero que pierda progresivamente intensidad durante 2027 y 2028. Esta desaceleración estaría relacionada tanto con la moderación en la creación de empleo como con la retirada gradual del impulso económico procedente de los fondos europeos.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Hacienda permite exenciones en el IRPF por transformar pisos turísticos y locales en viviendas

La compra de un inmueble inscrito como apartamento turístico no impide beneficiarse de la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF. Así lo establece la Dirección General de Tributos (DGT), que considera que la clasificación registral o catastral de una propiedad no determina por sí misma su naturaleza a efectos fiscales. Lo decisivo es que el contribuyente la utilice efectivamente como residencia habitual, de forma real y continuada. El criterio de Tributos responde a la consulta planteada por una contribuyente que vendió su vivienda habitual y destinó el importe obtenido a adquirir un inmueble catalogado como turístico. La normativa del IRPF contempla la exención de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la residencia habitual cuando el importe se reinvierte en la adquisición de otra vivienda habitual dentro del plazo de dos años. La duda residía en si la calificación administrativa o registral del nuevo inmueble podía impedir la aplicación de este beneficio fiscal. En su contestación, la DGT señala que debe prevalecer el uso efectivo del inmueble frente a su denominación formal. A estos efectos, el concepto fiscal de vivienda habitual puede comprender distintas clases de edificaciones, incluso cuando no se ajusten a la normativa urbanística sobre uso residencial o aparezcan inscritas en el Registro de la Propiedad con una finalidad comercial, como la de ocio y hostelería. Sin embargo, la aplicación de la exención está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. El inmueble debe reunir las condiciones necesarias para ser habitado o poder adaptarse inmediatamente a ese uso. Además, deben respetarse las exigencias establecidas en el Reglamento del IRPF: ocupar la vivienda en un plazo máximo de doce meses desde su adquisición y mantener en ella la residencia durante al menos tres años. Este último requisito admite excepciones cuando concurren circunstancias que obligan al contribuyente a cambiar de domicilio, como un traslado laboral o una separación matrimonial. Por último, la Dirección General de Tributos recuerda que corresponde al contribuyente acreditar que el inmueble constituye realmente su vivienda habitual y que se cumplen las condiciones exigidas para aplicar la exención. Por tanto, la inscripción como apartamento turístico no supone un impedimento automático, pero tampoco garantiza por sí sola el derecho al beneficio fiscal.

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(El Economista, 18-11-2026) | Fiscal

Abrir una cuenta a un hijo al nacer puede ser una donación si el origen de los fondos es de los padres

Hacienda considera que ingresar dinero en una cuenta bancaria abierta a nombre de un hijo desde su nacimiento puede constituir una donación si se acredita que los fondos proceden de los padres. La Dirección General de Tributos (DGT) aclara que la titularidad compartida de una cuenta no determina por sí misma quién es el propietario del dinero, por lo que resulta necesario identificar el origen de las cantidades depositadas. Este criterio figura en una consulta resuelta el pasado 15 de septiembre, a raíz de la pregunta planteada por una mujer adulta que compartía la titularidad de una cuenta bancaria con sus dos progenitores. Sus padres habían abierto la cuenta cuando nació y, según explicó, en ella se habían acumulado todos sus ahorros. La contribuyente pretendía abrir una nueva cuenta corriente a su exclusivo nombre y trasladar a ella un tercio del saldo disponible. Los otros dos tercios los repartiría entre sus padres, transfiriendo a cada uno una tercera parte del dinero. Su duda era si el traspaso de esa cantidad a una cuenta de su titularidad podía considerarse una donación sujeta a tributación. La DGT señala que la distribución del saldo entre los titulares no supone necesariamente una transmisión gratuita. Para determinar si existe una donación debe analizarse quién es el verdadero propietario de los fondos, atendiendo a su procedencia y a las aportaciones realizadas por cada uno de los titulares. Así, si el dinero que la mujer pretende transferir procede de sus propios ahorros o de ingresos generados por ella, la operación no constituye una donación. En cambio, si las cantidades fueron aportadas por sus padres, el traslado a una cuenta de su exclusiva titularidad sí puede considerarse una transmisión lucrativa y quedar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tributos recuerda que la titularidad de una cuenta bancaria no implica necesariamente la propiedad del dinero depositado. La existencia de un condominio sobre los fondos debe establecerse a partir de las relaciones internas entre los titulares y, especialmente, de quién aportó originalmente las cantidades ingresadas. Por tanto, la contribuyente deberá acreditar ante la Agencia Tributaria que el dinero que se transfiere a su nueva cuenta le pertenece realmente y que procede de sus propias aportaciones o ahorros. Si no puede demostrarlo y los fondos tienen su origen en el patrimonio de sus padres, el importe recibido deberá tributar por el Impuesto sobre Donaciones.

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(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Un millón de devoluciones de Renta, en el aire: Hacienda revisa plusvalías, criptos y autónomos

Cuatro meses y medio después de que concluyera la campaña de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025, la Agencia Tributaria todavía tiene pendiente de abonar cerca de un millón de devoluciones. Según fuentes de la AEAT, hasta el momento se han completado 15,4 millones de los 16,4 millones de solicitudes presentadas, un 2,79% más que en la campaña anterior, relativa al ejercicio 2024. Esta situación entra dentro de los plazos habituales, ya que a partir de septiembre los técnicos de Hacienda intensifican la revisión de las declaraciones. Entre las operaciones que reciben una atención especial figuran las solicitudes de devolución por importes elevados, las ventas de inmuebles en las que no se han declarado ganancias patrimoniales, los ingresos procedentes del alquiler y las declaraciones de autónomos que incluyen posibles ajustes o deducciones. En este último caso, también se examina la regularización anual de las cuotas derivada del sistema de cotización en función de los ingresos reales. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses desde el final de la campaña, que terminó el pasado 30 de junio, para efectuar las devoluciones solicitadas. Durante este periodo, los técnicos comprueban especialmente aquellas declaraciones en las que pueden existir errores. Por este motivo, algunas de las solicitudes que todavía están pendientes podrían modificar su resultado e incluso convertirse en declaraciones con cantidades a ingresar a favor de Hacienda. El 31 de diciembre termina el plazo del que dispone el Fisco para completar esta fase de revisión sin tener que abonar intereses de demora. Según explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las devoluciones que no se hayan resuelto para entonces podrán pasar a la fase de comprobación, un procedimiento que ya podría haberse iniciado en determinados expedientes. Si las comprobaciones realizadas por los órganos de Gestión de la AEAT concluyen que la declaración presentada es correcta, Hacienda tendrá que devolver el importe correspondiente junto con los intereses de demora, que en 2025 se sitúan en el 4,06%. Así, una devolución de 1.500 euros que se abonase con un año de retraso ascendería a 1.560,90 euros. En los casos de mayor complejidad, las devoluciones pueden quedar sometidas a procedimientos de inspección. Según Mollinedo, estas actuaciones buscan detectar posibles irregularidades de carácter más específico y complejo, por lo que sus plazos de resolución son más amplios y los pagos podrían demorarse considerablemente más allá de los próximos meses. Entre los principales ámbitos de vigilancia de Hacienda destaca este año, como novedad, la operativa con criptoactivos. La entrada en vigor de nuevas obligaciones de información para la Agencia Tributaria ha facilitado el control de las declaraciones en las que se hayan obtenido ganancias patrimoniales mediante monedas virtuales, como bitcoin o ethereum. El mercado inmobiliario constituye otro de los focos prioritarios. La AEAT está revisando especialmente las declaraciones en las que se ha solicitado una devolución después de vender una vivienda sin declarar una ganancia patrimonial, pese al incremento registrado en los precios de los inmuebles y al consiguiente aumento de las plusvalías en las operaciones de compraventa. También están bajo revisión las reducciones y deducciones aplicadas por los propietarios que tienen viviendas arrendadas. Los porcentajes de reducción de los rendimientos del alquiler, que pueden oscilar entre el 50% y el 90%, dependen de distintas circunstancias, como la fecha de formalización del contrato, la ubicación del inmueble en una zona de mercado residencial tensionado o la edad del arrendatario. Los técnicos de Hacienda también prestan atención a los ingresos obtenidos en el extranjero y a los cambios de residencia fiscal, dos cuestiones que pueden generar discrepancias en las declaraciones presentadas. En el colectivo de autónomos, las comprobaciones se centran tanto en la deducibilidad de los gastos vinculados a la actividad económica, una materia que ha provocado numerosos conflictos judiciales en distintos sectores, como en el tratamiento fiscal de las cuotas de cotización. La implantación del sistema basado en los ingresos reales y la posterior regularización anual obligan a declarar los ajustes correspondientes como ingresos o gastos, según proceda. Por último, fuentes de la Inspección señalan que una parte importante de las declaraciones sometidas a comprobación corresponde a contribuyentes que han solicitado devoluciones de cuantía elevada. En particular, la Agencia Tributaria utiliza un umbral de control que se sitúa aproximadamente en los 5.000 euros.

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(Expansión, 17-11-2026) | Fiscal

Casi 55.000 correcciones voluntarias tras las ‘cartas del miedo’ de Hacienda

Cerca de 55.000 contribuyentes corrigieron voluntariamente sus declaraciones de la Renta tras recibir las conocidas como 'cartas del miedo' de la Agencia Tributaria. Este aumento de las rectificaciones se produjo durante el periodo de presentación voluntaria y precede a la actual fase de revisión de las devoluciones, en la que todavía queda alrededor de un millón de solicitudes pendientes de abono, frente a los 3,5 millones que estaban sin resolver al término de la campaña. En concreto, durante la última campaña, 53.700 contribuyentes presentaron una autoliquidación rectificativa después de recibir una comunicación de la AEAT. Esta cifra supone aproximadamente 8.000 correcciones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Hacienda, bajo la dirección de Arcadi España, introdujo durante la campaña de la Renta de 2024, correspondiente al ejercicio 2023, un mecanismo automatizado para facilitar la subsanación voluntaria de errores. El sistema contempla el envío de comunicaciones preventivas a los contribuyentes que modifican el borrador elaborado por la Agencia Tributaria a partir de la información fiscal disponible. El objetivo de estas notificaciones es advertir de posibles discrepancias antes de que se inicie una comprobación y ofrecer la posibilidad de corregirlas voluntariamente. Según Hacienda, este procedimiento permite evitar actuaciones posteriores, el devengo de intereses de demora y la eventual imposición de sanciones. Los contribuyentes que consideren que los datos de su declaración son correctos no tienen que realizar ninguna modificación. Sin embargo, quienes detecten errores u omisiones pueden presentar una autoliquidación rectificativa dentro del plazo voluntario para subsanarlos. Este mecanismo complementa los avisos y advertencias que la Agencia Tributaria incorpora directamente en Renta Web, su plataforma informática para la elaboración y presentación de las declaraciones, antes de que el contribuyente formalice el envío.

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(El Economista, 16-11-2026) | Fiscal

¿Nuevo impuesto a fondos y grandes propietarios por la vivienda vacía, turística o a precios abusivos?

El PSOE propone crear un nuevo impuesto dirigido a combatir la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión y los grandes propietarios. El tributo gravaría de forma progresiva la tenencia de viviendas que no se destinen al alquiler residencial a precios asequibles. La medida figura en el programa electoral que los socialistas han presentado este domingo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según recoge el documento, el nuevo impuesto afectaría a las viviendas destinadas al uso turístico, las que permanezcan vacías y aquellas que se alquilen a precios considerados abusivos. El objetivo es limitar la acumulación de inmuebles con fines especulativos y favorecer su incorporación al mercado del alquiler asequible. El programa electoral incluye también un amplio conjunto de propuestas en materia de vivienda. Entre ellas, el PSOE plantea mantener y garantizar las restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos especulativos. Asimismo, propone modificar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental, de manera que los ciudadanos puedan exigir a los poderes públicos que garanticen su cumplimiento. Otra de las iniciativas consiste en crear un registro específico de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), con el propósito de mejorar la trazabilidad de sus operaciones y reforzar la supervisión de los principales participantes en el mercado inmobiliario. A esta medida se añadiría un registro de los precios de los contratos de alquiler, que permitiría disponer de mayor transparencia y conocimiento sobre la evolución del mercado residencial. En el ámbito urbanístico, los socialistas se comprometen a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para simplificar y acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico. El programa contempla también importantes recursos económicos destinados a impulsar tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación del parque existente. En concreto, el PSOE prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante avales, préstamos e instrumentos de financiación para promover vivienda asequible. A esta cantidad se sumarían 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima, destinados a financiar la construcción y rehabilitación de viviendas sostenibles, así como 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social para respaldar diferentes proyectos. El documento establece como una de sus principales prioridades destinar cada año el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que se configura como el objetivo central de la próxima legislatura.    En materia de alquiler, el partido plantea ampliar la duración de los contratos para proporcionar mayor estabilidad a los inquilinos y contempla la congelación temporal de las rentas que superen los índices de referencia, con la finalidad de evitar subidas consideradas abusivas en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Por último, el PSOE se compromete a incrementar la oferta de vivienda pública y protegida hasta aproximarla a la media de los países del entorno europeo. Para ello, propone constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, que se formaría tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la adquisición de viviendas ya existentes.

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(Expansión, 13-11-2026) | Fiscal

La UE y Reino Unido retrasarán el arancel del 10% a los vehículos eléctricos

La industria automovilística europea obtendrá cierto margen de maniobra después de que la Unión Europea y Reino Unido hayan acordado estudiar el aplazamiento de los aranceles aplicables a los vehículos eléctricos. Los fabricantes consideran que su entrada en vigor agravaría las dificultades del sector para competir con las marcas chinas, que continúan ganando presencia en el mercado europeo. Bruselas está consultando a la industria sobre distintas alternativas para retrasar el arancel del 10% que afectaría a la mayoría de los vehículos a partir del próximo 1 de enero. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Reino Unido también respalda esta iniciativa. Las restricciones están relacionadas con el acuerdo comercial posterior al Brexit, vigente desde 2021, que estableció un endurecimiento progresivo de las normas de origen para impulsar una cadena de suministro europea de baterías. El objetivo era aumentar gradualmente el porcentaje de componentes fabricados localmente que debe incorporar un vehículo para quedar exento de aranceles. Sin embargo, el desarrollo de la producción europea de productos químicos y baterías no ha avanzado al ritmo esperado. Como consecuencia, numerosos modelos eléctricos siguen dependiendo de baterías y componentes químicos importados de Asia. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) advierte de las consecuencias que tendría la aplicación de estas condiciones. Según sus estimaciones, alrededor del 82% de los 520.000 turismos y furgonetas eléctricos que se prevé comercializar en 2027, con un valor aproximado de 17.900 millones de euros, estarían sujetos a los aranceles. Por este motivo, la patronal reclama que se posponga hasta 2030 la entrada en vigor del requisito más exigente sobre el ensamblaje de los paquetes de baterías y hasta 2032 la obligación adicional de que el material catódico empleado en los electrodos tenga origen europeo. Los fabricantes temen que estas medidas reduzcan todavía más su competitividad en el mercado británico, especialmente ante el avance de los productores chinos. La UE y Reino Unido ya acordaron anteriormente retrasar de 2024 a 2027 la aplicación de las modificaciones de las denominadas normas de origen. En aquel momento, ambas partes establecieron jurídicamente que no volverían a conceder una prórroga de este tipo. Aunque el sector del automóvil recibiría favorablemente cualquier aplazamiento, la industria química europea se opone a esta posibilidad porque considera que perjudicaría la demanda de sus productos. Las empresas del sector han destinado importantes inversiones a desarrollar instalaciones europeas para fabricar materiales activos para cátodos, componentes fundamentales del electrodo positivo de las baterías. Las alternativas que estudia la Comisión Europea, todavía sujetas a posibles modificaciones, contemplan una prórroga más limitada que la solicitada por la ACEA. El propósito es aliviar la presión sobre los fabricantes de automóviles sin perjudicar excesivamente el desarrollo de la industria europea de baterías. Entre las opciones planteadas figura un aplazamiento directo de un año. Otra posibilidad consiste en conceder dos años adicionales y permitir que los fabricantes compensen los vehículos exportados que incorporen baterías no conformes con otros modelos comercializados en el mercado nacional que sí cumplan los requisitos. Representantes del sector consideran que este mecanismo podría ser viable, aunque todavía están evaluando cómo adaptarlo a sus operaciones. Por su parte, fuentes del Gobierno británico prevén que las negociaciones formales sobre una posible prórroga comiencen después de la cumbre entre la UE y Reino Unido prevista para el próximo 20 de noviembre. La dependencia exterior de las baterías sigue siendo uno de los principales problemas de la industria británica. Un informe elaborado este mes para la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) señala que, pese a las inversiones estimadas en 72.000 millones de euros en instalaciones de producción de baterías y vehículos eléctricos desde 2017, Reino Unido todavía importa cerca de dos tercios de las baterías de iones de litio que consume. Además, su capacidad industrial nacional para fabricar estos componentes sigue siendo limitada. El consejero delegado de la SMMT, Mike Hawes, ha destacado la estrecha relación comercial entre ambos mercados, que mantienen intercambios anuales en el sector del automóvil por valor de 80.000 millones de euros y generan millones de puestos de trabajo. Por ello, considera necesario alcanzar una solución pragmática sobre las normas de origen aplicables en 2027 y reforzar la integración de las cadenas de suministro. El informe, elaborado por LSE Consulting, también recomienda coordinar las políticas industriales de ambas jurisdicciones, dada su elevada interdependencia. La Unión Europea recibe el 60% de las exportaciones británicas de vehículos, mientras que Reino Unido concentra el 30% de las exportaciones europeas y constituye el principal mercado de destino de los vehículos eléctricos fabricados en la región. El documento reclama, por tanto, una mayor flexibilidad en las normas de origen y una estrategia conjunta para impulsar la producción de baterías.

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