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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

Hacienda lanza la primera oleada de cartas por errores en la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una nueva campaña de avisos dirigida a contribuyentes que podrían haber cometido errores en su declaración de la Renta, con el objetivo de que revisen y, en su caso, corrijan los datos antes de que finalice el plazo voluntario de presentación, el próximo 30 de junio. Hacienda prevé remitir este año alrededor de 130.000 comunicaciones. Mes y medio después del inicio de la campaña correspondiente al ejercicio 2025, el organismo ha comenzado a enviar estas notificaciones a quienes ya han presentado su declaración y presentan posibles discrepancias o datos susceptibles de revisión. Los envíos se realizarán en dos fases: una ya iniciada y otra prevista para comienzos de junio, coincidiendo con el último tramo de la campaña. Además de las cartas, la Agencia Tributaria incorporará avisos a través de Renta Web y de su aplicación móvil, dentro del apartado de seguimiento del expediente. Este sistema de comunicaciones preventivas comenzó a aplicarse de forma generalizada hace dos campañas, especialmente entre quienes modifican la información que Hacienda incluye inicialmente en el borrador. A través de estos avisos, el organismo invita a los contribuyentes a revisar los datos y valorar si deben presentar una declaración rectificativa ajustada a la información de la que dispone la Administración. Desde la Agencia Tributaria explican que el objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario y evitar errores u omisiones que posteriormente puedan derivar en regularizaciones, sanciones o intereses de demora. Pese a ello, recibir una de estas cartas no implica la obligación de modificar la declaración presentada. Se trata únicamente de avisos informativos, aunque algunos expertos y colectivos críticos consideran que estas comunicaciones generan presión sobre los contribuyentes al sugerir posibles futuras comprobaciones o inspecciones si no se corrigen los datos. El año pasado, más de 45.000 contribuyentes presentaron declaraciones rectificativas tras recibir estas notificaciones, lo que representó más de un tercio del total de cartas enviadas. En esta campaña, Hacienda ha ampliado además los supuestos que pueden dar lugar al envío de estos avisos. Entre las declaraciones consideradas más propensas a errores figuran las que incluyen deducciones autonómicas, alquileres de inmuebles, transmisiones patrimoniales, aportaciones a planes de pensiones, subvenciones o deducciones familiares. También se vigilarán especialmente los casos en los que hayan cambiado las circunstancias familiares durante 2025 o aquellos relacionados con la deducción por inversión en vivienda habitual, una materia que ha generado distintas interpretaciones y litigios judiciales. Los autónomos volverán a estar entre los colectivos más vigilados. Este año deberán reflejar por primera vez en la declaración el resultado de la regularización de cuotas correspondiente a 2023, tras la implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según datos de la Seguridad Social, alrededor de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia tendrán que ajustar la deducción de sus cotizaciones. Aproximadamente 460.000 deberán reducir la deducción al haber recibido devoluciones, lo que incrementará su base imponible, mientras que cerca de 800.000 podrán ampliar dicha deducción al sumar las diferencias abonadas, reduciendo así la base sobre la que tributa el IRPF. Fuentes de la Agencia Tributaria han señalado que serán los propios autónomos quienes deban incorporar estos ajustes en la declaración, aunque el cálculo del efecto fiscal derivado de la regularización estará automatizado. Además de los autónomos, la Inspección de Hacienda pondrá especial atención sobre declaraciones con importes elevados, especialmente aquellas que superen determinados filtros de riesgo establecidos por la Agencia, situados el año pasado en torno a los 4.500 euros. También estarán bajo revisión las declaraciones de contribuyentes que hayan vendido una vivienda durante 2025 y no hayan declarado ganancias patrimoniales. Hacienda considera especialmente sospechosos estos casos debido al fuerte incremento del precio de la vivienda registrado durante el último año en España.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

Más de ocho millones de declaraciones presentadas el primer mes de campaña

El arranque de la campaña de la Renta correspondiente a 2025 ha dejado cifras históricas para la Agencia Tributaria. Durante abril, primer mes disponible para presentar las declaraciones, se registraron cerca de ocho millones de borradores, lo que supone un aumento del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior, pese a que este ejercicio la campaña comenzó seis días más tarde. Según los datos de la AEAT, este incremento se explica principalmente por el aumento de las solicitudes de devolución, que crecieron un 4,4% y superaron los 6,3 millones de declaraciones. También aumentaron las declaraciones con resultado a pagar. En concreto, durante abril se presentaron 1,17 millones de borradores a ingresar, un 6% más que un año antes, aunque Hacienda recuerda que este tipo de declaraciones suele concentrarse en la parte final de la campaña. En cuanto a los canales de presentación y pago, la Agencia Tributaria destaca el fuerte crecimiento del uso de la aplicación móvil. A través de este sistema se enviaron 635.000 declaraciones en abril, lo que representa un incremento del 24,5% respecto al primer mes de la campaña anterior. Las previsiones de Hacienda apuntan además a un importante aumento de la recaudación neta derivada del IRPF de 2025. La Agencia Tributaria calcula que los ingresos a favor del Estado crecerán alrededor de un 60%, superando los 11.000 millones de euros, impulsados principalmente por la tributación de ganancias obtenidas en la venta de viviendas y acciones. Asimismo, el organismo prevé alcanzar un nuevo máximo histórico de declaraciones presentadas, con 25.155.822 borradores, un 2,1% más que el año pasado. También estima un incremento del 10,3% en las declaraciones con resultado a ingresar. La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, y la responsable del Departamento de Gestión, Rosa Prieto, atribuyen esta evolución, sobre todo, al crecimiento del empleo registrado durante 2025, que avanzó un 3,3%.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se posiciona abiertamente del lado de los ciudadanos afectados por las cargas impositivas

Los inspectores de Hacienda aseguran sentirse también "afectados" por un escenario marcado por el aumento del coste de la vida, la presión fiscal derivada de impuestos indirectos y la creciente preocupación por los casos de corrupción política en las instituciones. En un comunicado especialmente crítico difundido este martes, el colectivo responde a lo que considera ataques y cuestionamientos constantes hacia su trabajo. Los funcionarios encargados de la inspección tributaria reivindican su actuación ajustada a la legalidad y aprovechan el texto para reflexionar sobre la compleja situación económica y política que atraviesa España. La nota evidencia el malestar existente dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los inspectores rechazan que se les presente como enemigos de los contribuyentes y consideran que esa visión perjudica la relación entre la ciudadanía y la Hacienda pública, beneficiando únicamente a quienes incumplen sus obligaciones fiscales y deteriorando la confianza en el sistema tributario. No obstante, la crítica más severa se centra en el contexto económico y en determinadas decisiones del Gobierno. La organización subraya la incertidumbre que atraviesa el país y denuncia el impacto de los "presuntos casos de corrupción grave" protagonizados, según afirman, por responsables públicos que deberían representar la transparencia y la correcta gestión de los recursos del Estado. A juicio de los inspectores, estos escándalos están erosionando seriamente la credibilidad de las instituciones democráticas. A ello añaden los problemas que sufren muchas familias: precariedad laboral, dificultades para acceder a una vivienda, encarecimiento de los alimentos y aumento continuado de los gastos básicos. El colectivo también cuestiona la decisión de no adaptar el IRPF a la inflación, ya que considera que esta medida provoca una subida encubierta de impuestos y reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Según la asociación, el peso de esta situación recae principalmente sobre las clases medias, que sostienen la mayor parte de la recaudación pública. "Nosotros tampoco somos ajenos a esta realidad", remarcan. Además, muestran su preocupación por los acuerdos bilaterales de financiación entre el Estado y Cataluña. La asociación sostiene que lleva tiempo alertando sobre este asunto y lamenta que, en su opinión, parte de la clase política reste importancia a sus consecuencias. Los inspectores consideran que estos pactos se han alcanzado sin un debate democrático suficiente y sostienen que presentan rasgos "claramente inconstitucionales". Advierten de que, si no se rectifican, podrían poner en peligro la caja común del Estado y afectar a la base de datos tributaria unificada de la AEAT, herramienta clave para perseguir el fraude fiscal en todo el país. Otro de los puntos más críticos del comunicado se refiere a la reforma de los procesos de acceso a la función pública. La asociación alerta del riesgo de "desmontar" el actual sistema de oposiciones y rechaza la posibilidad de sustituir las pruebas técnicas por modelos menos exigentes y más subjetivos. Según denuncian, detrás de esos cambios existiría la intención de reducir la independencia de los funcionarios técnicos y facilitar la interferencia política en decisiones especializadas, debilitando así los mecanismos de control fiscal y la lucha contra las grandes estructuras de evasión tributaria. Finalmente, los inspectores reclaman que cesen los ataques contra la reputación del colectivo y defienden que su actuación se desarrolla con plena sujeción a la legalidad vigente. También recuerdan que la complejidad del sistema tributario es consecuencia de las leyes aprobadas por el poder legislativo, y no de quienes se encargan de aplicarlas. La asociación concluye haciendo un llamamiento a partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos para abrir un debate sobre fiscalidad "serio, riguroso y respetuoso", basado en datos objetivos y en el reconocimiento del papel esencial que desempeña la inspección tributaria.

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(Expansión, 26-05-2026) | Fiscal

La UE suspende temporalmente los aranceles a fertilizantes para reducir costes al campo

Los ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron este viernes la suspensión temporal, durante un año, de los aranceles aplicados a determinados fertilizantes nitrogenados empleados en la agricultura europea. Con esta decisión, Bruselas pretende abaratar los costes para agricultores y productores del bloque, al tiempo que reduce la dependencia de suministros procedentes de Rusia y Bielorrusia. La medida afectará principalmente a productos como la urea y el amoníaco, materias primas fundamentales para fabricar fertilizantes nitrogenados. Según los cálculos de la Comisión Europea, la eliminación de estos derechos aduaneros supondrá un ahorro cercano a los 60 millones de euros en importaciones. La iniciativa había sido planteada por el Ejecutivo comunitario el pasado mes de febrero. La Unión Europea considera además que esta decisión ayudará a diversificar las fuentes de suministro en un momento marcado por el encarecimiento de los fertilizantes desde 2021 y por las tensiones generadas en los mercados energéticos y agrícolas tras la invasión rusa de Ucrania. En la práctica, la suspensión arancelaria solo beneficiará a productos que actualmente no disfrutan ya de acceso libre de impuestos al mercado comunitario a través de acuerdos preferenciales. Además, con el objetivo de proteger a la industria europea, la exención estará limitada a un volumen concreto: el equivalente a las importaciones sometidas al régimen general en 2024, más un 20% adicional respecto a las compras realizadas ese mismo año a Rusia y Bielorrusia. Los Veintisiete dejaron claro, además, que esta medida no se aplicará a productos procedentes de Rusia debido a la guerra contra Ucrania, ni tampoco a los importados desde Bielorrusia por su respaldo al Gobierno ruso y por las críticas europeas a su vulneración del derecho internacional y de las libertades fundamentales. De acuerdo con los datos de la UE, durante 2024 el bloque comunitario importó alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno. La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y tendrá una duración inicial de un año. No obstante, la Comisión Europea continuará vigilando la evolución del mercado y podrá plantear una ampliación o modificación de la medida si las circunstancias lo requieren.

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(El País, 26-05-2026) | Fiscal

El FMI insta a España a retirar las ayudas al combustible y agilizar la burocracia para construir más viviendas

El fuerte avance de la economía española no impide que el Fondo Monetario Internacional reclame al Gobierno una retirada progresiva de las ayudas energéticas con el objetivo de recuperar margen fiscal ante el fuerte aumento del gasto público que provocará el envejecimiento de la población, especialmente en pensiones y sanidad. El organismo considera que las rebajas fiscales aplicadas a los carburantes alteran las señales de precios de la energía y reducen recursos públicos en un contexto marcado por elevados niveles de deuda. Por ello, solo ve justificable mantener estas ayudas si la situación económica empeora y siempre que se orienten de manera más selectiva hacia los sectores más afectados, en lugar de aplicarse de forma generalizada. Las bonificaciones sobre la electricidad y el gas aprobadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto del conflicto en Irán finalizarán el próximo 1 de junio. Sin embargo, las medidas fiscales sobre los carburantes continuarán al menos hasta el 30 de junio y el Gobierno no descarta prorrogarlas, una posibilidad que el FMI observa con cautela. Actualmente, estas medidas permiten aplicar un IVA reducido del 10% a gasolina, gasóleo y biocarburantes, además de rebajar el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. En su informe anual sobre España, conocido como Artículo IV, el FMI reconoce que la economía española continúa creciendo por encima de la mayoría de países europeos gracias a la fortaleza de la demanda interna, que compensa la debilidad de las exportaciones. También destaca la resistencia de la actividad económica pese al impacto de la guerra en Oriente Próximo y prevé que el desempleo cierre este año por debajo del 10%. No obstante, el organismo adopta una visión más prudente a medio plazo. Advierte de que los riesgos para el crecimiento se inclinan principalmente a la baja y anticipa una desaceleración gradual de la actividad. Sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 2,1% este año y del 1,8% tanto en 2027 como en 2028. También estima que la reducción del paro perderá fuerza, con tasas cercanas al 9,8% en los próximos ejercicios, aunque seguirían siendo niveles históricamente bajos para España. Pese a esa moderación, el FMI considera que España seguirá situándose entre las economías avanzadas con mayor crecimiento. Aun así, insiste en que no hay margen para la complacencia y reclama reforzar el sistema de pensiones ante el rápido envejecimiento demográfico. Además, advierte de que el limitado espacio fiscal reduce la capacidad del Estado para responder a futuras crisis económicas. El organismo recuerda que España afrontará uno de los mayores incrementos de gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración dentro de la Unión Europea. Según las proyecciones citadas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y del informe europeo sobre envejecimiento, este aumento podría situarse entre el 4,5% y el 5,1% del PIB entre 2025 y 2050. Respecto al problema del acceso a la vivienda, el FMI considera que la solución pasa principalmente por aumentar la oferta. Entre sus recomendaciones figuran reducir la inseguridad jurídica y agilizar la concesión de licencias urbanísticas, uno de los principales obstáculos para acelerar la construcción residencial. Por el momento, el Fondo no aprecia señales de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008. El informe destaca que, pese al fuerte incremento de los precios de la vivienda, el sistema financiero mantiene bajos niveles de riesgo gracias a la buena capitalización y rentabilidad de los bancos, así como al fortalecimiento de los balances de familias y empresas impulsado por el crecimiento de los ingresos. La deuda de los hogares en relación con el PIB descendió ligeramente hasta el 43% en 2025 y se mantiene en niveles relativamente bajos frente a otros países. Además, el aumento de las hipotecas a tipo fijo y la evolución positiva del empleo han reducido la vulnerabilidad de los hogares con menores ingresos frente a las subidas de tipos de interés. Aun así, el FMI recomienda mantener una vigilancia estricta sobre el mercado inmobiliario y endurecer las condiciones de concesión hipotecaria si se observa un exceso de relajación crediticia o si los precios de la vivienda siguen creciendo con demasiada intensidad. El organismo también subraya el impacto del crecimiento demográfico sobre el sector inmobiliario. España se aproxima ya a los 50 millones de habitantes y suma cerca de medio millón de nuevos residentes cada año. Según el informe, el fuerte crecimiento poblacional, impulsado por la inmigración neta, junto con la bajada de los tipos de interés, ha favorecido la expansión del crédito hipotecario. Precisamente, el FMI atribuye buena parte del crecimiento económico reciente a la inmigración. Señala que muchos trabajadores extranjeros han llegado atraídos por la favorable situación económica de España, el uso extendido del idioma español y unas políticas migratorias más abiertas que las de otros países avanzados. Según sus cálculos, alrededor de tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025 se explican por la incorporación de inmigrantes al mercado laboral, mientras que el resto responde a mejoras de productividad. Las previsiones de crecimiento del FMI son algo más moderadas que las publicadas recientemente por la Comisión Europea, aunque ambos organismos coinciden en situar la inflación de este año en torno al 3%. El Fondo considera que la guerra en Oriente Próximo ha frenado la fase final del proceso de desinflación. Para 2027 prevé una moderación hasta el 2,3%, seguida de un ligero repunte en 2028. El informe advierte, sin embargo, de que estas previsiones podrían empeorar si continúa aumentando el precio del petróleo. Según sus estimaciones, una subida adicional del 10% sostenida durante un año reduciría entre una y una décima y media el crecimiento del PIB español y elevaría la inflación en tres décimas. En el escenario más adverso, el crecimiento económico podría caer al 1,5% en 2026 y al 1,1% en 2027, mientras la inflación escalaría hasta el 4,1% y el 4,8%, respectivamente. Pese a ello, el FMI considera que España cuenta con ciertas ventajas para amortiguar el impacto económico del conflicto en Irán. Entre ellas destaca el peso del turismo, que podría beneficiarse de un desvío de viajeros que tradicionalmente elegían Oriente Próximo como destino vacacional, y el creciente protagonismo de las energías renovables dentro del sistema energético español. El Ministerio de Economía ha destacado precisamente esta última valoración del FMI, subrayando que la elevada presencia de renovables está permitiendo a España disponer de costes energéticos industriales más bajos que otras grandes economías de la eurozona, lo que favorece la inversión empresarial, especialmente en activos intangibles.

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(El Economista, 26-05-2026) | Fiscal

El recibo del IBI se encarece 10 euros de media desde la pandemia, con Madrid y Barcelona a la cabeza con 640 euros

Los ayuntamientos han alcanzado un máximo histórico de recaudación por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se sitúa en 13.412 millones de euros, un 5,5% más que hace cinco años. Este tributo ha ido aumentando de forma progresiva y poco visible año tras año, principalmente por la actualización periódica del valor catastral de las viviendas -que se revisa cada década y constituye la base del impuesto-, así como por la incorporación de nuevos inmuebles que ya entran al sistema con valores más elevados. Estas revisiones del catastro también han provocado un incremento del recibo medio que pagan los ciudadanos. Actualmente, la media por vivienda es de 344 euros, frente a los 334 euros de hace cinco años, los 324 euros previos a la pandemia y los 211 euros registrados en 2006. En cualquier caso, Madrid y Barcelona destacan como las ciudades con los importes más altos, con una media de 640 euros. El Ayuntamiento de Madrid lidera la recaudación de este impuesto, con 1.432 millones de euros, un volumen explicado por su elevada población (3,5 millones de habitantes), el alto valor de los inmuebles y el peso del tejido empresarial, ya que las compañías también tributan por los locales, oficinas o naves que poseen. En la capital, el pago medio por habitante asciende a 646 euros. En el caso de Barcelona, la recaudación alcanza los 749,8 millones de euros, con un recibo medio de 640 euros. La ciudad cuenta con 1,73 millones de habitantes y concentra también alrededor del 20% del tejido empresarial del país, lo que eleva la base imponible del impuesto. A bastante distancia se sitúan otros municipios como Ibiza, que ingresa 21,6 millones de euros pero con un recibo medio de 463 euros. En Palma, la media es de 324 euros; en Málaga, 326 euros; en Sevilla, 285 euros; y en Valencia, 284 euros. Los ayuntamientos tienen margen para fijar el tipo impositivo del IBI dentro de unos límites establecidos por el Estado, que oscilan entre el 0,4% y el 1,1%, aunque en determinadas capitales puede elevarse hasta el 1,3% con autorización. En la práctica, el tipo medio aplicado en España se sitúa en el 0,59%. En la actualidad, el valor total de los 38,9 millones de inmuebles sujetos al IBI asciende a 2,29 billones de euros. Esta base imponible crece cada año de forma moderada, con incrementos que suelen oscilar entre el 0,2% y el 0,9%. En comparación, en 2019 se situaba en 2,24 billones, lo que supone un aumento del 2,54% en cinco años; en 2014 era de 2,19 billones, un 4,54% menos que hoy; y en 2006 alcanzaba 1,26 billones, casi un 81% menos que en la actualidad. Si se incluyen no solo las viviendas urbanas, sino también el IBI rústico y los bienes inmuebles de características especiales -como grandes instalaciones industriales, plantas energéticas o infraestructuras-, la recaudación total de los ayuntamientos en 2024 asciende a 14.470 millones de euros. El IBI continúa siendo la principal fuente de financiación de las entidades locales, por encima del resto de tributos municipales y de las transferencias procedentes del Estado, como las derivadas del IRPF o el IVA. En conjunto, los ayuntamientos recaudaron en 2024 por este impuesto el doble de lo obtenido a través del IRPF (7.542 millones de euros) y un 110% más que por el IVA. A ello se suman otras figuras tributarias relevantes, como el Impuesto de Actividades Económicas (2.014 millones), la plusvalía municipal (1.861 millones), el impuesto de vehículos (2.309 millones en total entre hogares y empresas), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (1.509 millones), las tasas por utilización del dominio público (1.448 millones) y las licencias urbanísticas (426 millones).

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(El Confidencial, 26-05-2026) | Fiscal

España es el país europeo que más ha frenado la inflación bajando el IVA

Antes del estallido de la crisis inflacionaria, España figuraba entre los países europeos con mayores niveles de inflación. En algunos momentos, incluso superó en más de un punto porcentual la media de la eurozona, lo que despertó inquietud entre los analistas por el posible deterioro de la competitividad de la economía española. Sin embargo, en el último mes esa diferencia se ha estrechado hasta alcanzar su nivel más bajo en un año. La principal razón es que el Gobierno español ha aplicado una rebaja fiscal para hacer frente a la crisis energética mucho más intensa que la adoptada por otros socios europeos. De acuerdo con los datos de Eurostat, las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo han reducido la inflación española en 1,2 puntos porcentuales. Ningún otro país de la eurozona ha aplicado un estímulo fiscal de esa magnitud. Italia ocupa el segundo lugar, aunque su impacto apenas alcanza los 0,6 puntos, la mitad del efecto registrado en España. Gracias a estas medidas, el IPC armonizado español se situó en el 3,5%, muy próximo al 3,1% de la eurozona. El paquete anticrisis ha contribuido así a contener la pérdida de competitividad de la economía española. Otros países europeos, no obstante, han preferido recurrir a ayudas directas dirigidas a familias o sectores concretos, políticas que no afectan de forma directa al IPC, aunque también suponen una forma de subvención al consumo energético. La moderación de los precios se concentra principalmente en los productos beneficiados por las rebajas fiscales, especialmente electricidad, gas y carburantes. España se encuentra entre los países europeos donde menos han subido estos productos. La gasolina, por ejemplo, apenas se ha encarecido un 2,1% respecto al mismo mes del año anterior, frente al aumento del 14% registrado en la eurozona. En el caso del diésel, el incremento alcanza el 28% en España, mientras que en el conjunto del área euro llega al 35%. Estas medidas han supuesto un alivio importante para los hogares, aunque también esconden ciertos efectos negativos. El principal es que España podría convertirse en uno de los países donde la inflación repunte con más fuerza una vez desaparezcan las ayudas fiscales. Si se excluyera el efecto de la rebaja de impuestos, la inflación española habría alcanzado el 4,5%, uno de los registros más elevados de Europa. Dentro de la eurozona, únicamente Luxemburgo y Croacia presentarían peores cifras. Esto refleja que el decreto anticrisis está amortiguando una presión inflacionista mucho más intensa de lo que muestran los datos oficiales. La diferencia es especialmente evidente en los productos energéticos. La idea defendida por el Gobierno de que la transición energética está ayudando a contener los precios pierde fuerza al comparar la situación española con la de otros países europeos. En la electricidad, por ejemplo, la factura doméstica es actualmente un 4,3% más baja que hace un año. Sin embargo, sin la reducción fiscal, el precio habría aumentado un 4,9%. De este modo, España pasaría de figurar entre los países con mejor evolución del coste eléctrico a situarse entre los peores. En el conjunto de la eurozona, el precio de la electricidad sin variaciones fiscales apenas habría aumentado un 0,4%. Esto evidencia que el coste final que soportan los hogares no depende únicamente de los mercados mayoristas, sino también de la carga fiscal y regulatoria incorporada al recibo. En el caso del diésel, el precio antes de impuestos ya se ha incrementado un 44,7%, el segundo peor dato de toda la eurozona y cuatro puntos por encima de la media europea. Algunos analistas consideran que las rebajas fiscales podrían estar favoreciendo que las familias mantengan un elevado consumo de combustibles, lo que contribuye a sostener las presiones sobre los precios. Al suavizar la señal de encarecimiento, los consumidores no ajustan su demanda al nuevo contexto económico y el Estado termina subvencionando parcialmente el consumo energético. En el resto de bienes y servicios no afectados por las medidas fiscales, la inflación española se mantiene entre las más elevadas de la eurozona. Alimentación, ropa, muebles, electrodomésticos, hostelería, servicios sanitarios o seguros registran incrementos claramente superiores a los de otros países europeos. La inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos por ser los componentes más volátiles- se sitúa en el 3,1% en España, frente al 2,1% de media en la eurozona. Solo Croacia presenta una cifra superior dentro de los países que comparten el euro. Estos datos reflejan que la economía española continúa soportando presiones inflacionistas generalizadas, derivadas no solo de la crisis energética, sino también del dinamismo de la demanda interna. El crecimiento económico y el fuerte consumo siguen alimentando las tensiones sobre los precios. El decreto anticrisis ha logrado amortiguar temporalmente la inflación, pero su efecto será limitado en el tiempo. Bajo la rebaja fiscal se estaría acumulando una subida de precios más intensa que la observada en el resto de Europa. De hecho, sin las ayudas, la diferencia de inflación respecto a la eurozona habría alcanzado 1,3 puntos. Esa presión podría hacerse visible en los próximos meses, ya que España comenzará a retirar progresivamente la reducción del IVA a partir de junio.

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(Cinco Días, 22-05-2026) | Fiscal

Bruselas prevé para España una leve mejora en el crecimiento de 2026 hasta el 2,4% pese a la crisis energética

La economía española afrontará con relativa solidez el impacto de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo. Así lo considera la Comisión Europea, que ha revisado al alza sus previsiones para España y estima ahora que el PIB crecerá un 2,4% este año, una décima más que en sus cálculos anteriores y dos décimas por encima de las previsiones del propio Gobierno. Se trata, además, de la única gran economía europea cuya estimación mejora, ya que Bruselas ha rebajado en tres décimas las perspectivas tanto para la zona euro, hasta el 0,9%, como para el conjunto de la Unión Europea, hasta el 1,1%. En cambio, sí empeoran las previsiones de inflación en toda Europa, donde se anticipa un aumento significativo de los precios. Hasta el inicio de los ataques sobre Irán a finales de febrero, la economía europea mostraba señales de recuperación tras varios años marcados por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la Comisión advierte de que el nuevo conflicto ha alterado profundamente el escenario económico, provocando una de las mayores interrupciones del suministro energético registradas en las últimas décadas. Pese a este contexto, España seguirá creciendo claramente por encima de la media europea, como viene ocurriendo desde la salida de la pandemia. También mantendrá un mejor comportamiento que otras grandes economías del continente. Alemania, por ejemplo, apenas avanzará un 0,6% en 2026, la mitad de lo que se esperaba anteriormente y muy lejos del ritmo previsto para la economía española. Aun así, Bruselas aprecia una cierta desaceleración progresiva en España. El impulso económico actual se apoya en la fortaleza heredada del cierre de 2025 y del arranque de este año, pero las previsiones apuntan a una moderación gradual del crecimiento. Para 2027, la Comisión espera un avance del 1,9%, una décima menos de lo calculado el pasado otoño. Incluso así, España seguirá superando ampliamente las previsiones de crecimiento tanto de la eurozona como del conjunto de la UE. Según el análisis de la Comisión, la demanda interna será el principal motor de la economía española durante 2026 y 2027. El crecimiento estará impulsado especialmente por el consumo de los hogares y por la inversión privada y pública, todavía favorecida por el efecto de los fondos europeos de recuperación. Bruselas considera que el gasto de las familias continuará aumentando gracias a la creación de empleo, al crecimiento de la población derivado de la inmigración y al bajo nivel de endeudamiento de los hogares. El mercado laboral también seguirá mejorando. La Comisión prevé que la tasa de paro baje hasta el 9,9% en 2026 y hasta el 9,6% en 2027, situándose por debajo del 10% por primera vez desde 2007. El Ministerio de Economía destacó tras conocerse las previsiones que España es actualmente la única gran economía de la zona euro que combina un crecimiento claramente superior a la media con creación de empleo, descenso del desempleo y consolidación fiscal. Entre los principales riesgos identificados por Bruselas figura una posible pérdida de dinamismo del turismo, especialmente del procedente de mercados lejanos, debido al encarecimiento de los vuelos provocado por el aumento del precio del queroseno tras la crisis energética. La inflación aparece como otro de los grandes focos de preocupación. La Comisión calcula que este año alcanzará el 3% tanto en España como en la zona euro. Aunque se trata de una media anual, Bruselas advierte de que en algunos meses podrían registrarse cifras todavía más elevadas. A medida que avance 2027, el organismo espera una moderación gradual de los precios gracias a una posible relajación de las materias primas energéticas, aunque seguirán situándose alrededor de un 20% por encima de los niveles previos al conflicto. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió de que la guerra en Oriente Próximo supone un nuevo desafío para Europa en un contexto internacional ya marcado por tensiones geopolíticas y comerciales. En su opinión, la Unión Europea debe acelerar reformas económicas, eliminar obstáculos al crecimiento y mantener unas finanzas públicas sólidas. Desde Bruselas también subrayan que esta nueva crisis energética presenta diferencias importantes respecto a la provocada por la invasión rusa de Ucrania. En aquella ocasión, Europa afrontó el riesgo de quedarse sin suministro de gas ruso, lo que obligó a una rápida reorganización energética. Ahora, la crisis afecta sobre todo a materias primas energéticas que se negocian a escala mundial, por lo que el impacto se reparte de manera más uniforme entre las distintas economías. No obstante, la Comisión recuerda que la situación actual es especialmente delicada porque coincide con una economía europea más debilitada, con una desaceleración del empleo, políticas fiscales más restrictivas y unas condiciones de financiación mucho más exigentes. Por ello, Bruselas considera que podrían justificarse medidas temporales de apoyo para los sectores y hogares más afectados, aunque insiste en que deben ser limitadas, focalizadas y sin generar un aumento permanente del gasto público ni alterar las señales del mercado. En otras palabras, la Comisión deja claro que esta vez la respuesta no podrá basarse en grandes planes de gasto como ocurrió durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania.

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(Expansión, 22-05-2026) | Fiscal

Hacienda ultima incluir a Rusia en la lista de paraísos fiscales y excluir a Gibraltar

El Gobierno ultima una actualización de la lista española de paraísos fiscales que incluirá dos cambios relevantes. Por un lado, el Ministerio de Hacienda prevé añadir a Rusia debido a la falta de transparencia de determinados regímenes tributarios vinculados a sociedades empresariales, alineándose así con la estrategia seguida por la Unión Europea y otros organismos internacionales tras la invasión de Ucrania. Por otro, el Ejecutivo prepara la salida de Gibraltar de esa relación de jurisdicciones no cooperativas después del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres para eliminar la Verja y facilitar la circulación de personas y mercancías entre el Peñón y España, acompañado además de compromisos de armonización fiscal. Con este objetivo, Hacienda abrirá desde hoy y hasta el próximo 1 de junio el trámite de audiencia e información pública del borrador de la orden ministerial que definirá qué países, territorios y regímenes tributarios serán considerados jurisdicciones no cooperativas, término con el que actualmente se designa a los tradicionales paraísos fiscales. El departamento dirigido por Arcadi España explica que la revisión de esta lista busca reforzar la lucha contra la competencia fiscal desleal, así como combatir el fraude, la evasión fiscal, la elusión tributaria y el blanqueo de capitales. Dentro de esa actualización, el Gobierno contempla incorporar específicamente el régimen fiscal ruso aplicado a holdings internacionales. Hacienda sostiene que la decisión responde a la opacidad del sistema tributario ruso en este ámbito empresarial. Según los datos aportados por el Ministerio, el valor contable de las inversiones rusas en empresas españolas alcanzó 1.203 millones de euros en 2021, cayó a 452 millones en 2022, se situó en 441 millones en 2023 y repuntó hasta 758 millones en 2024. En sentido inverso, las participaciones de inversores españoles en compañías radicadas en Rusia ascendieron a 580 millones en 2021, 582 millones en 2022, 411 millones en 2023 y 180 millones en 2024. Fuentes gubernamentales admiten además que la inclusión de Rusia en la lista negra fiscal responde también al objetivo político de acompasar las medidas impulsadas por la UE y otros organismos internacionales para limitar las actividades económicas ligadas al régimen de Vladimir Putin tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el Ejecutivo se dispone a retirar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que regulará la relación del Peñón con España en el escenario posterior al Brexit. El pacto garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece mecanismos de cooperación social, medioambiental y tributaria. En materia fiscal, el acuerdo contempla la convergencia de la tributación indirecta sobre mercancías. Gibraltar deberá implantar un impuesto equivalente al IVA, comenzando con un tipo del 15%, que deberá aproximarse progresivamente al 21% aplicado en España en un plazo de tres años. También se prevé armonizar la fiscalidad del tabaco. Además de Gibraltar, Hacienda planea sacar de la lista a Barbados, Dominica, Samoa -en relación con su régimen offshore-, Seychelles y Trinidad y Tobago, teniendo en cuenta los cambios legislativos registrados en estos territorios, el intercambio de información tributaria y los criterios internacionales vigentes. Una vez concluido el periodo de consulta pública y analizadas las aportaciones recibidas, el Ministerio aprobará el texto definitivo. La orden ministerial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y afectará a los impuestos devengados desde ese momento y a los ejercicios fiscales iniciados posteriormente. Esta aplicación inmediata regirá para Gibraltar y los otros cinco territorios que abandonarán la lista. En cambio, la incorporación de Rusia contará con un periodo transitorio y no será efectiva hasta seis meses después de la publicación oficial de la norma. La lista española de paraísos fiscales ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Hacienda mantuvo prácticamente intacto el listado durante cerca de tres décadas hasta que en 2023 acometió una primera gran revisión. Desde entonces, el Gobierno se comprometió a actualizar periódicamente la relación de territorios en función de los estándares internacionales y del grado de cooperación tributaria de cada jurisdicción, con el objetivo de responder de forma más eficaz al uso de estos territorios con fines de evasión fiscal. Tras la reforma prevista por el Ministerio, la lista española de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales quedará integrada por 19 territorios: Anguila, Bahréin, Bermudas, Fiji, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jersey, Palaos, Samoa Americana, Vanuatu y Rusia, que se incorporará como principal novedad.

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(El Economista, 22-05-2026) | Fiscal

Los expertos advierten que quitar el IVA a los autónomos encarecerá su actividad y llevará cargas burocráticas

Los expertos alertan de que la posible eliminación del IVA para autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros podría tener efectos contraproducentes. Aunque la medida reduciría ciertas obligaciones formales relacionadas con la presentación trimestral y anual del impuesto, también podría elevar los costes de actividad de estos profesionales al impedirles deducirse el IVA soportado en compras y servicios vinculados a su negocio. Además, advierten de que el nuevo sistema incorporaría otras exigencias administrativas. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, Juan Calvo Vérgez, abordó ayer las implicaciones del llamado IVA franquiciado durante una jornada organizada por el Consejo General de Economistas. El experto señaló que, si España termina implantando este modelo, cada autónomo o pyme deberá analizar cuidadosamente si realmente le compensa acogerse a él. Calvo Vérgez recordó que, al dejar de repercutir IVA en sus facturas y no tener que ingresarlo posteriormente a Hacienda, estos profesionales tampoco podrán deducirse el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para desarrollar su actividad. Según explicó, esta limitación puede incrementar considerablemente los costes de quienes soportan mucho IVA en sus gastos habituales. El catedrático insistió en que no existe una respuesta universal sobre las ventajas o inconvenientes del sistema, ya que dependerá de las características de cada negocio y de la estructura de sus gastos. Asimismo, cuestionó que el IVA franquiciado vaya a suponer realmente una gran simplificación burocrática. Aunque los profesionales dejarían de presentar las habituales declaraciones trimestrales y anuales del impuesto, tendrían que asumir nuevas obligaciones informativas. Entre ellas, destacó la necesidad de comunicar previamente a Hacienda la voluntad de acogerse al régimen, informar periódicamente del volumen de ingresos para acreditar que no se supera el límite de facturación de 85.000 euros y, en caso de operar con otros países de la Unión Europea, solicitar autorización específica y declarar también esas operaciones. La directiva europea aprobada en 2020 que regula este sistema simplificado no obliga a los Estados miembros a implantarlo, aunque España es actualmente el único país de la UE que todavía no lo ha incorporado. Lo que sí exige la normativa comunitaria es permitir que autónomos y pequeñas empresas españolas que vendan en otros países europeos puedan facturar sin repercutir IVA. Precisamente esta es la única parte que el Gobierno español prevé aplicar, aunque la reforma sigue bloqueada en el Congreso. La directiva también concede libertad a los Estados para fijar un umbral inferior a los 85.000 euros establecidos como máximo por Bruselas. De este modo, cada país puede reducir ese límite o incluso establecer distintos topes según el sector de actividad. El profesor de la Universidad de Extremadura advirtió además de que, si finalmente se aprueba este régimen, Hacienda intensificará el control sobre las declaraciones de ingresos de los profesionales acogidos para comprobar que no superan el umbral permitido. En caso de excederlo, los contribuyentes tendrían que regularizar su situación tributaria. Otro posible inconveniente señalado por el experto afecta a las relaciones comerciales. Algunas empresas podrían preferir contratar proveedores sujetos al régimen general del IVA para poder deducirse el impuesto soportado en las facturas. En consecuencia, los autónomos acogidos al sistema franquiciado podrían perder competitividad en determinadas operaciones y quedar desplazados frente a otros proveedores. No obstante, el régimen también presenta ventajas potenciales. Al no incluir IVA en sus facturas, estos profesionales podrían ofrecer precios finales más bajos y resultar más atractivos para determinados clientes, especialmente particulares. El Gobierno se ha mostrado históricamente reticente a implantar el IVA franquiciado por el impacto negativo que podría tener sobre la recaudación tributaria. Sin embargo, el pasado mes de marzo Junts per Catalunya condicionó su apoyo parlamentario al decreto fiscal impulsado por el Ejecutivo a la aprobación de este sistema. La proposición no de ley presentada por Junts salió adelante en el Congreso con el respaldo del PSOE, aunque ese voto no obliga legalmente al Gobierno a desarrollar la medida, sino que únicamente refleja la posición mayoritaria de la Cámara. Pese a ello, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rebajó recientemente las expectativas sobre una implantación inmediata del IVA franquiciado. Tras el Consejo de Ministros celebrado a comienzos de mes, recordó que la directiva europea no obliga ni a eximir del impuesto a estos profesionales ni a mantener el umbral máximo de 85.000 euros. Mientras tanto, la Comisión Europea ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado aún la parte obligatoria de la directiva, es decir, la posibilidad de que autónomos y pymes españolas puedan vender a otros países de la UE sin repercutir IVA. Esta obligación debía haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025.

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