(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal

Economía estudia limitar las comisiones por traspasar la cuenta Financia Europa

Aunque todavía no es posible contratar una cuenta Financia Europa, el Gobierno ya está preparando la regulación que permitirá a los clientes trasladarla de una entidad financiera a otra. El Ministerio de Economía ha iniciado una nueva fase de desarrollo normativo al someter a consulta pública previa la orden ministerial que establecerá las condiciones para realizar estos traspasos. Entre las cuestiones planteadas al sector figura una que puede tener un impacto directo en los ahorradores: si debe establecerse un límite a las comisiones que podrá cobrar la entidad de origen y cuál debería ser su cuantía. Los interesados podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 14 de diciembre. Desde el Ministerio explican que esta consulta supone el inicio del procedimiento de elaboración de la norma. El calendario establecido en el decreto que regula el nuevo producto fija los primeros días de abril como fecha límite para aprobar esta regulación, que forma parte de una de las reformas más relevantes del mercado de inversión de las últimas décadas, desde que se permitió trasladar fondos de inversión sin tener que tributar por las plusvalías generadas. La cuenta Financia Europa es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para canalizar parte del ahorro de los hogares hacia los mercados financieros y favorecer la financiación de la economía europea. Su principal atractivo reside en que permite comprar y vender activos dentro de la cuenta sin tributar por las ganancias obtenidas mientras el dinero permanezca en ella, siguiendo un sistema similar al de las sicav. Además, una vez transcurridos cinco años, los primeros 10.000 euros de beneficios acumulados por contribuyente estarán exentos de tributación. Las plusvalías que superen esa cantidad disfrutarán de una reducción fiscal del 20%. Así, ante una ganancia de 15.000 euros, solo tributarían 4.000 euros al tipo del 19%, lo que supondría pagar 760 euros a Hacienda. Si las operaciones se hubieran realizado fuera de este instrumento, la factura fiscal ascendería a 3.030 euros. La posibilidad de trasladar la cuenta adquiere especial relevancia porque cada contribuyente únicamente podrá disponer de una. Al no estar permitido distribuir las inversiones entre distintas entidades, cambiar de banco o intermediario será la única alternativa para buscar mejores condiciones comerciales o de gestión. El propio Ministerio considera que la movilidad es un elemento esencial para garantizar la competencia entre los proveedores. Los traspasos deberán realizarse por el importe total de la cuenta y estarán limitados a uno al año por cada modalidad. No obstante, el cambio de entidad no supondrá perder la antigüedad de las inversiones, ya que la cuenta de destino conservará las fechas originales de las aportaciones. De esta forma, el ahorrador mantendrá el tiempo acumulado a efectos de acceder a los beneficios fiscales. La regulación permitirá que la entidad de origen cobre una comisión por realizar el traslado, aunque estará sujeta a un límite máximo que deberá fijar el Gobierno mediante una orden ministerial. Precisamente, Economía pregunta ahora al sector si considera necesario establecer ese tope y qué criterios deberían utilizarse para determinarlo. También solicita información sobre las dificultades técnicas que puede plantear el traslado de una cartera de valores y qué aspectos debería contemplar la normativa para facilitar estas operaciones. Sin embargo, el régimen de movilidad no es el único desarrollo normativo pendiente. Antes de que las entidades puedan comercializar el producto, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar otra orden ministerial para concretar las obligaciones de información de las entidades financieras a la Agencia Tributaria. Esta regulación todavía no tiene un calendario definido y los expertos del sector dudan de que pueda estar lista antes de las elecciones generales. Por tanto, su aprobación podría quedar en manos del próximo Gobierno. También está pendiente la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dispone de un máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor del decreto para crear el registro de fondos de inversión tradicionales y fondos cotizados (ETF) que podrán integrarse en estas cuentas. Por su parte, BME contempla un lanzamiento progresivo del producto: una primera fase centrada en acciones y otros activos admitidos y una segunda en la que se incorporarán los fondos una vez que esté operativo el registro. Para que un fondo pueda incluirse en la cuenta Financia Europa deberá cumplir determinados requisitos de inversión. Al menos el 70% de su cartera tendrá que estar destinado a activos del Espacio Económico Europeo, incluidos los bonos; un mínimo del 50% deberá invertirse en acciones y, dentro de estas, al menos el 35% tendrá que corresponder a títulos cotizados en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega. Quedan excluidos los derivados, las socimis y las sicav, mientras que la contratación directa de bonos tampoco estará permitida. Según los cálculos de finReg360, únicamente el 2% del patrimonio de los fondos de inversión españoles pertenece a categorías que, al menos inicialmente, podrán acogerse a este instrumento. El producto está dirigido principalmente a inversores dispuestos a asumir cierto riesgo, ya que su objetivo es movilizar parte del ahorro que actualmente permanece en cuentas corrientes y depósitos con rentabilidades reducidas. El límite máximo de aportaciones se sitúa en 150.000 euros por contribuyente. La iniciativa responde a la estrategia europea de canalizar hacia los mercados financieros una parte de los aproximadamente 10 billones de euros que los hogares de la UE mantienen en productos de ahorro tradicionales. En España, ese volumen se aproxima a los 1,2 billones de euros. Esta es la segunda ocasión en la que el Ministerio de Economía recurre a una consulta pública para desarrollar el proyecto. La primera, iniciada a finales de 2025, se centró en el diseño del producto y en el sello europeo Finance Europe, impulsado por España junto con otros seis países. Ahora, el debate se concentra en las condiciones para cambiar de entidad y, especialmente, en el coste que podrá suponer trasladar una cuenta de inversión que todavía no está disponible para los ahorradores.

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(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal

Las rentas más altas de España concentran la mayor parte de las rebajas fiscales que Hacienda concede a los propietarios que alquilan viviendas

El ahorro fiscal que genera la reducción del IRPF por el alquiler de viviendas se concentra mayoritariamente en los propietarios con mayores ingresos. El 10% de los arrendadores más ricos acumula el 73% del beneficio tributario, mientras que la mitad con menor capacidad económica apenas recibe el 1% de esta ventaja fiscal, reservada a los inmuebles destinados a constituir la residencia habitual de los inquilinos. Así lo recoge un estudio elaborado por Alfonso García, Francisco García-Rodríguez y Dmitry Petrov, investigadores de la Universidad de Alcalá, a partir de los microdatos fiscales del Panel de Hogares de 2023, que combina información de las declaraciones del IRPF y del Catastro. Según sus estimaciones, esta reducción supuso para Hacienda una pérdida de recaudación de 1.133 millones de euros durante ese ejercicio. De esa cantidad, 826,5 millones beneficiaron al 10% de los propietarios con mayores ingresos, teniendo en cuenta el conjunto de sus rentas procedentes de salarios, inversiones, alquileres y otras actividades. La concentración es todavía mayor si se analizan los tramos superiores de renta. El 5% de los arrendadores con mayor capacidad económica recibió 629 millones de euros, el 55% del ahorro fiscal total, mientras que el 1% más rico concentró 267,8 millones, cerca de una cuarta parte. En cambio, los propietarios situados en la mitad inferior de la distribución de ingresos apenas se beneficiaron de 11 millones de euros. Los investigadores atribuyen este desequilibrio a dos factores. Por una parte, las personas con rentas más elevadas tienen mayor presencia en el mercado del alquiler y suelen obtener mayores ingresos de sus propiedades, ya sea porque disponen de varios inmuebles o porque arriendan viviendas de mayor valor. Por otra, el carácter progresivo del IRPF hace que la reducción fiscal tenga un impacto económico superior para quienes soportan tipos impositivos más elevados. De hecho, aunque el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos representa el 37% de los arrendadores, concentra casi tres cuartas partes del ahorro tributario. El estudio también analiza cómo se distribuyen los ingresos procedentes del alquiler entre la población. Aproximadamente 2,9 millones de personas, equivalentes al 8,5% de los mayores de edad, declaran rendimientos por arrendamientos. Aunque hay propietarios en todos los niveles de renta, su presencia aumenta conforme se asciende en la escala de ingresos. Para realizar esta clasificación, los investigadores dividen a la población en cien grupos del mismo tamaño, ordenados desde el 1% con menos ingresos hasta el 1% con mayor capacidad económica. Los resultados muestran que entre el 40% de la población con rentas más bajas solo el 2,6% obtiene ingresos inmobiliarios. La proporción aumenta hasta el 14,3% entre quienes se sitúan en los percentiles 80 y 90, alcanza el 25% en el tramo comprendido entre los percentiles 90 y 95 y llega al 42,5% entre el 1% más rico. No obstante, el 63% de los arrendadores pertenece al 90% de la población con menores ingresos y únicamente el 5% se encuentra en el grupo de mayor renta. Las diferencias también se reflejan en los importes percibidos y en la composición de los inmuebles alquilados. Entre el 40% de la población con menores ingresos, los propietarios que declaran rendimientos inmobiliarios ingresan una media de 363 euros mensuales, de los que 344 euros proceden de viviendas destinadas a residencia habitual. En el caso del 1% con mayores rentas, los ingresos medios por alquiler ascienden a 2.400 euros al mes, aunque solo 1.793 euros corresponden a viviendas habituales. El resto procede de otros activos inmobiliarios, como locales comerciales o viviendas turísticas. Para este cálculo, los investigadores excluyen los trasteros y garajes de menos de 25 metros cuadrados. A partir de estos resultados, el estudio plantea la necesidad de analizar a quién benefician realmente los incentivos fiscales vinculados al arrendamiento de viviendas y cuál es su impacto sobre los ingresos públicos. En 2023, año utilizado como referencia, la reducción general aplicable a los rendimientos netos del alquiler de vivienda habitual era del 60%. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2024, este porcentaje pasó al 50% con carácter general y se establecieron reducciones superiores, de hasta el 90%, para determinados supuestos, como los alquileres con rebajas de precio en zonas tensionadas o los contratos dirigidos a jóvenes que cumplen las condiciones previstas. Posteriormente, el último decreto de vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso ha contemplado elevar la reducción hasta el 100% en determinadas circunstancias. Estos cambios modifican el alcance del incentivo fiscal, aunque los datos del estudio ponen de manifiesto que, en el ejercicio analizado, la mayor parte del ahorro generado por esta medida se concentró en los propietarios con mayores niveles de renta.

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(El Economista, 20-11-2026) | Fiscal

Los compradores de una vivienda que pierdan las arras podrán desgravarlas en la Renta

Los compradores que finalmente no llegan a formalizar la adquisición de una vivienda y pierden el dinero entregado en concepto de arras pueden computar esa cantidad como una pérdida patrimonial en la declaración de la Renta. Así lo ha aclarado la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante del pasado 16 de septiembre, en la que reconoce que este importe puede integrarse en el IRPF. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda responde así a la consulta de una contribuyente que había firmado un contrato de compraventa como parte compradora, pero que finalmente no pudo completar la operación y perdió la señal entregada, que quedó en poder del vendedor. La interesada planteó si podía incluir ese dinero como pérdida patrimonial en su declaración del IRPF. En su respuesta, Tributos considera que la pérdida de las arras supone una alteración en el valor del patrimonio del contribuyente y, por tanto, constituye una pérdida patrimonial. Al tener la consideración de renta general, su importe deberá incorporarse a la base imponible general del impuesto. No obstante, la DGT precisa que esta pérdida debe declararse en el ejercicio fiscal en el que se produce la alteración patrimonial, es decir, en el año en que el comprador pierde definitivamente el dinero entregado como señal.

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(Expansión, 19-11-2026) | Fiscal

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE tras vetar las indemnizaciones del Modelo 720

La Comisión Europea volverá a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado su legislación sobre responsabilidad patrimonial del Estado a las exigencias del Derecho comunitario. La decisión llega después de que el Gobierno y el Tribunal Supremo hayan rechazado las reclamaciones de los contribuyentes afectados por el Modelo 720, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, que establecía sanciones desproporcionadas y permitía gravar sin límite temporal determinadas rentas no declaradas. El conflicto se centra en las dificultades que encuentran los ciudadanos para obtener una compensación económica cuando una norma nacional vulnera el Derecho de la Unión Europea. Aunque el TJUE declaró ilegal en 2022 el régimen sancionador del Modelo 720, los tribunales españoles han rechazado indemnizar a los contribuyentes que no solicitaron la rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF dentro del plazo general de cuatro años. La nueva actuación de Bruselas responde también a la denuncia presentada en mayo de 2024 por Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence. El abogado acudió a las instituciones comunitarias después de que el Consejo de Ministros rechazara las reclamaciones indemnizatorias y el Tribunal Supremo confirmara este criterio en su sentencia del 17 de abril de 2024. El procedimiento de infracción, identificado con la referencia INFR (2017)4004, comenzó en 2015, cuando la Comisión Europea recibió las primeras denuncias sobre las dificultades que planteaban las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas normas establecieron las condiciones para exigir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas, pero Bruselas considera que sus requisitos dificultan excesivamente que los ciudadanos puedan reclamar cuando el Estado aprueba disposiciones contrarias al Derecho comunitario. La Comisión emitió un dictamen motivado en 2018 y el TJUE condenó a España el 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que el país todavía no ha cumplido íntegramente la sentencia. El proyecto legislativo destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación parlamentaria, circunstancia que ha llevado a Bruselas a recurrir nuevamente al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento previsto en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta vía permite imponer sanciones económicas a los Estados miembros que no ejecutan las sentencias condenatorias. El Modelo 720 se encuentra en el centro de esta controversia. Esta obligación informativa exigía declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero, como cuentas bancarias, inmuebles o valores. Su régimen original contemplaba multas que podían alcanzar el 150% de la cuota correspondiente y permitía imputar como ganancias patrimoniales no justificadas rentas cuya prescripción quedaba, en la práctica, sin efecto. En enero de 2022, el TJUE consideró que estas medidas vulneraban el Derecho de la Unión Europea por resultar desproporcionadas y contrarias a los principios de libre circulación de capitales y seguridad jurídica. La discusión posterior se ha centrado en el derecho de los contribuyentes a recuperar las cantidades ingresadas en aplicación de aquella normativa. El Tribunal Supremo estableció que quienes presentaron sus declaraciones del IRPF sin solicitar su rectificación dentro del plazo de cuatro años no tienen derecho a una indemnización por esta vía. El Alto Tribunal consideró que los afectados debían haber actuado con la diligencia necesaria para impugnar sus autoliquidaciones. Este criterio ha generado controversia porque, según los afectados, suponía exigir a los contribuyentes que cuestionaran una normativa que todavía gozaba de presunción de legalidad antes de que el TJUE declarase su incompatibilidad con el Derecho comunitario. La consecuencia es que quienes no reclamaron dentro del plazo ordinario pueden quedar excluidos de la posibilidad de recuperar las cantidades satisfechas. No obstante, la nueva actuación de la Comisión Europea no implica que los contribuyentes afectados vayan a recibir automáticamente una indemnización. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión advierte de que una eventual sentencia condenatoria contra España no resolverá directamente las reclamaciones individuales. Bruselas recuerda que corresponde a los tribunales nacionales determinar si procede indemnizar a los particulares por los perjuicios ocasionados por una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Son estos órganos judiciales los que pueden ordenar a las administraciones el pago de compensaciones o anular decisiones nacionales. De este modo, el procedimiento europeo persigue que España adapte su legislación y cumpla las obligaciones derivadas de la sentencia de 2022, pero no garantiza por sí mismo la devolución de las cantidades reclamadas por los afectados por el Modelo 720. Estos deberán seguir acudiendo a los tribunales españoles para defender sus derechos, mientras el Estado se enfrenta a un nuevo procedimiento ante la Justicia europea por no haber corregido el régimen de responsabilidad patrimonial.

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(El País, 19-11-2026) | Fiscal

Hacienda obliga a los empleadores a recalcular las nóminas para dejar sin retención de IRPF al salario mínimo

El Gobierno ha aprobado mediante real decreto ley una serie de modificaciones fiscales para evitar que los trabajadores con menores salarios tengan que tributar por el IRPF tras la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI). Con la nueva cuantía fijada para 2027 en 18.004 euros anuales, la norma modifica la Ley del IRPF para elevar la deducción por rendimientos del trabajo y garantizar que quienes perciban el salario mínimo queden exentos del impuesto. Asimismo, incorpora cambios en el cálculo de las nóminas y las retenciones que deben practicar las empresas, con el propósito de que el beneficio fiscal se aplique desde enero y tenga un efecto inmediato sobre los ingresos de los trabajadores. La modificación del Reglamento del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, obliga a las empresas a adaptar el cálculo de las retenciones de sus empleados. Para ello, deberán incorporar una deducción de hasta 1.033,58 euros anuales en el procedimiento utilizado para determinar los importes que descuentan mensualmente de las nóminas. De esta forma, los trabajadores que perciban exactamente el nuevo SMI tendrán una retención de cero euros. El cambio evita que los perceptores del salario mínimo tengan que esperar a la campaña de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades que se les hubieran descontado durante el año. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo mecanismo permite aplicar directamente la reducción fiscal en las nóminas, sin necesidad de presentar posteriormente la declaración anual para obtener la devolución de las retenciones soportadas. La medida también se extiende a los trabajadores con retribuciones superiores al SMI, con el objetivo de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño incremento de los ingresos provoca un aumento de la cuota tributaria superior a la mejora salarial obtenida. Para corregir esta situación, el Ejecutivo establece una reducción gradual de la deducción que alcanza a los rendimientos del trabajo inferiores a 23.171,89 euros anuales. En este tramo, la deducción máxima de 1.033,58 euros se reduce progresivamente en función de la diferencia entre el salario percibido y los 18.004 euros del SMI. En concreto, al incremento salarial que supere esa cuantía se le aplica un coeficiente de 0,2, cuyo resultado se resta de la deducción máxima. Así, cuanto mayor sea la retribución por encima del salario mínimo, menor será el beneficio fiscal, hasta desaparecer al alcanzar el límite establecido. Este mismo sistema deberá tenerse en cuenta al calcular las retenciones mensuales de las nóminas. Por otra parte, el real decreto ley actualiza las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas de régimen común y las entidades locales. El BOE advierte de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado habría mantenido estas transferencias en los niveles de 2023 si no se hubiera aprobado esta revisión. Esta situación podría haber generado dificultades de liquidez en las administraciones territoriales y comprometido la financiación de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la atención a la dependencia. Para evitarlo, el Ejecutivo ha recalculado los anticipos tomando como referencia las nuevas previsiones de ingresos tributarios para 2027. Hacienda estima una recaudación de 160.794 millones de euros por IRPF y de 111.429 millones por IVA, además de los ingresos procedentes de otros impuestos que intervienen en la determinación de las transferencias. El decreto incorpora igualmente una mayor flexibilidad para las comunidades autónomas que cierren 2026 con superávit presupuestario. Estas podrán utilizar los recursos obtenidos para financiar inversiones financieramente sostenibles durante 2027 y 2028, siempre que mantengan el equilibrio presupuestario en el ejercicio en el que realicen las inversiones y hayan cumplido los plazos legales de pago a proveedores.

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(La Vanguardia, 19-11-2026) | Fiscal

La empresa familiar pide construir más vivienda y revisar la fiscalidad en los negocios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organización que representa a un centenar de las principales empresas familiares españolas, entre ellas Mercadona, Santander, Iberostar, Acciona, Barceló y Puig, ha trasladado a los partidos políticos un decálogo con las cuestiones que considera prioritarias para la próxima legislatura. La entidad reclama que el futuro Gobierno aborde estos desafíos con una perspectiva de largo plazo, objetivos realistas y ambiciosos y capacidad para alcanzar acuerdos. También pide superar la polarización política y favorecer un debate riguroso que permita responder a las principales necesidades económicas y sociales del país. En ese decálogo se encuentran la demografía, la salud, la educación, la tecnología, la vivienda, la cohesión territorial, las infraestructuras, energía y agua, la competitividad, el entorno empresarial y la política exterior. Entre las medidas concretas destaca la propuesta para construir más viviendas o la petición de revisar la política fiscal vinculada a la actividad empresarial.  El Instituto plantea para cada uno de los diez temas un diagnóstico de la situación y una serie de cuestiones principales abiertas a todas las fuerzas que aspiran a representar la voluntad popular. "El objetivo es estimular un debate sereno y riguroso, propio de una sociedad democrática madura como la española, y propiciar un intercambio de opiniones fundadas que ayude a los ciudadanos a tomar sus decisiones desde la reflexión", señala el IEF en un comunicado.  Una de las primeras cuestiones que plantea es la evolución demográfica y el descenso de la natalidad. El IEF advierte de que España se encuentra entre los países con menores tasas de nacimientos del mundo y considera que el progresivo envejecimiento de la población incrementará la presión sobre el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales. A ello se suma una creciente brecha entre generaciones, tanto en términos de valores como de acceso a la vivienda y oportunidades económicas. La organización considera que la inmigración constituye una respuesta necesaria ante este escenario, aunque defiende que debe acompañarse de un modelo de integración definido. A su juicio, resulta imprescindible impulsar políticas que afronten conjuntamente la baja natalidad, el envejecimiento y los retos migratorios para evitar que los desequilibrios demográficos se agraven. La sanidad pública constituye otro de los ámbitos que requieren atención prioritaria. El documento señala las deficiencias del sistema, entre ellas el aumento de las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias, la falta de profesionales especializados y las diferencias territoriales en el acceso a la asistencia. El envejecimiento de la población agravará estas dificultades, mientras que la salud mental y la atención a las personas dependientes representan desafíos cada vez más importantes desde el punto de vista social y económico. El IEF también incorpora a sus propuestas dos cuestiones centrales de la campaña electoral: el acceso a la vivienda y el estado de las infraestructuras. Sobre el mercado residencial, considera que la dificultad para acceder a una vivienda condiciona las decisiones personales y reduce la renta disponible de los ciudadanos. La organización defiende que la solución pasa por incrementar de forma sustancial la oferta de nuevas construcciones, para lo que será necesario disponer de más suelo urbanizable, agilizar los procedimientos administrativos y facilitar la movilización de capital e inversiones. Asimismo, plantea recuperar las viviendas que actualmente están fuera del mercado del alquiler y adoptar medidas proporcionadas para atender las situaciones de vulnerabilidad. En materia de infraestructuras, la organización empresarial reclama una revisión de las redes ferroviarias y viarias, cuya importancia considera determinante para la cohesión territorial y la competitividad económica. Los recientes accidentes en la alta velocidad han puesto de manifiesto, según el documento, la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Sin embargo, sus demandas no se limitan a este servicio. El IEF destaca también el papel de los trenes de cercanías en los desplazamientos cotidianos de las grandes áreas metropolitanas y en el desarrollo de políticas de vivienda eficaces. Además, considera que el transporte ferroviario de mercancías sigue siendo una de las principales carencias del sistema de infraestructuras español y un factor que limita la competitividad empresarial. La inteligencia artificial y el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas constituyen otro de los asuntos incluidos en el decálogo. La expansión de esta tecnología y la creciente demanda de centros de datos llevan al IEF a reclamar una estrategia nacional que contemple tanto el desarrollo de infraestructuras, especialmente en los ámbitos de los datos y la energía, como la formación de profesionales en todos los niveles. También propone establecer una regulación adecuada de los derechos digitales y desarrollar iniciativas para atraer talento internacional. La entidad considera que España tiene ante sí una oportunidad importante, pero advierte del riesgo de perder posiciones si no se adoptan decisiones a tiempo. Esta reivindicación coincide con los trabajos del Gobierno para aprobar una regulación más exigente sobre la implantación de centros de datos. El decreto que prepara el Ejecutivo contempla tres condiciones principales para las empresas promotoras: que al menos el 80% de su consumo eléctrico esté respaldado por fuentes renovables, que cumplan los requisitos de eficiencia energética e hídrica y que garanticen la soberanía digital de los datos. Estas instalaciones están generando un creciente debate internacional por sus elevadas necesidades de electricidad y agua. Un estudio reciente publicado en la revista científica Nature apunta que el consumo energético de los centros de datos estadounidenses ya equivale al de Chile, un país con unos 20 millones de habitantes.

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(Cinco Días, 18-11-2026) | Fiscal

El Gobierno elimina las retenciones del IRPF al salario mínimo para que la subida llegue íntegra desde enero

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno incorpora un cambio en su tratamiento fiscal para evitar que los trabajadores tengan que esperar a la declaración de la renta del ejercicio siguiente para recuperar las cantidades retenidas en sus nóminas. Además del incremento salarial y de la nueva deducción en el IRPF para garantizar que sus perceptores no tributen, el Ejecutivo modificará el reglamento del impuesto para suprimir directamente las retenciones mensuales. De esta forma, quienes cobren el nuevo salario mínimo recibirán íntegramente el aumento desde enero de 2027. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado estas medidas y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales. El ministro ha explicado que la modificación reglamentaria garantizará que los perceptores del SMI no soporten retenciones en sus nóminas desde el comienzo del próximo año. Según las estimaciones de Hacienda, el ajuste fiscal beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes y tendrá un coste de 1.200 millones de euros anuales. Hasta ahora, el mecanismo diseñado por el Gobierno permitía compensar mediante una deducción en la declaración de la renta las cantidades que los trabajadores habían adelantado a Hacienda a través de las retenciones mensuales. Aunque finalmente estos contribuyentes no tuvieran que pagar el impuesto, debían esperar a la campaña del IRPF del año siguiente para recuperar el dinero descontado de sus salarios. La nueva regulación elimina este desfase y permite aplicar el beneficio fiscal directamente en la nómina. Para ello, Hacienda elevará hasta 1.033,58 euros la deducción correspondiente a los trabajadores que perciban los 18.004 euros anuales del nuevo SMI. Con esta cuantía, la cuota del IRPF quedará reducida a cero para quienes tengan unos ingresos equivalentes al salario mínimo. La medida también alcanzará a los trabajadores con retribuciones ligeramente superiores, con el propósito de evitar el denominado error de salto, que se produce cuando un pequeño aumento salarial genera un incremento desproporcionado de la carga tributaria. La deducción se irá reduciendo de forma gradual a partir del nuevo SMI hasta desaparecer para los contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo alcancen los 23.172 euros anuales. La decisión modifica el sistema aplicado durante los últimos ejercicios. Hasta ahora, los trabajadores que cobraban el salario mínimo y no podían beneficiarse de determinadas reducciones por circunstancias familiares, principalmente las personas solteras sin hijos, soportaban retenciones mensuales que posteriormente recuperaban mediante la deducción en la declaración de la renta. Con el nuevo procedimiento, la adaptación fiscal tendrá efecto directamente en las nóminas, evitando que estos empleados tengan que anticipar parte de sus ingresos a la Agencia Tributaria. El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye también la actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2027, es decir, los anticipos que reciben las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los recursos del sistema de financiación, que posteriormente se regularizan en función de la recaudación efectiva. Entre la liquidación del sistema y los pagos anticipados, las comunidades autónomas dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. El ministro ha destacado que estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales, como la atención a la dependencia, la educación y la sanidad, y ha defendido que su incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar. Por su parte, las entidades locales recibirán 33.773 millones de euros durante el próximo ejercicio, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior. Hacienda atribuye el crecimiento de estos recursos a la evolución favorable de la economía española y del mercado laboral, que está impulsando los ingresos tributarios.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

El Consejo Europeo acuerda eliminar el límite de 150 euros en la ventanilla única fiscal

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para modificar el sistema de tributación de las ventas por internet de productos procedentes de países extracomunitarios. La reforma pretende reforzar el control sobre la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), combatir el fraude fiscal en las operaciones transfronterizas y reducir los trámites administrativos para las empresas y las autoridades aduaneras. El acuerdo introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema aduanero europeo. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, que ha dirigido las negociaciones, ha destacado que las nuevas medidas completan una profunda revisión del modelo actual. A su juicio, permitirán simplificar los procedimientos para los proveedores y las aduanas, al tiempo que mejorarán la recaudación de los ingresos públicos. Una de las principales novedades afecta a la Ventanilla Única de Importación (IOSS, por sus siglas en inglés), el mecanismo que permite a los operadores de terceros países declarar el IVA de sus ventas a consumidores de la UE mediante un único registro en un Estado miembro. Hasta ahora, este sistema estaba limitado a los envíos cuyo valor no superaba los 150 euros. Con la nueva regulación desaparece ese umbral y el IOSS podrá utilizarse para las mercancías con independencia de su valor. De esta manera, las empresas podrán gestionar las operaciones de mayor importe mediante un procedimiento común, con menos obligaciones burocráticas y mayores facilidades para los controles aduaneros. El alcance de la reforma también se extiende a las ventas de productos que se encuentren almacenados en depósitos aduaneros dentro de la Unión Europea antes de su distribución al consumidor final. Se trata de una práctica habitual entre las grandes plataformas digitales, que mantienen existencias de mercancías en territorio comunitario para agilizar las entregas. El cambio más relevante para los consumidores llegará el 1 de julio de 2028, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Datos Aduaneros de la UE. A partir de entonces, las plataformas de comercio electrónico establecidas fuera de la Unión tendrán la consideración de «proveedores presuntos» en las ventas de mercancías destinadas a compradores europeos. Esta figura jurídica hará que las propias plataformas asuman la responsabilidad de recaudar el IVA y los derechos arancelarios correspondientes a las operaciones y de ingresar las cantidades en las arcas públicas. De este modo, dejarán de limitarse a actuar como intermediarias y pasarán a asumir directamente las obligaciones tributarias vinculadas a las ventas. Para los consumidores, el nuevo modelo pretende aportar mayor transparencia en los precios y evitar los recargos que pueden aparecer cuando reciben sus pedidos. El importe que se muestre durante el proceso de compra deberá contemplar los impuestos aplicables, de manera que no se produzcan cargos adicionales inesperados en el momento de la entrega. El acuerdo será trasladado ahora al Parlamento Europeo para su consulta, antes de que el Consejo complete el procedimiento de adopción formal. La reforma busca reforzar los mecanismos de control sobre las importaciones, reducir la evasión fiscal y mejorar la supervisión de los productos que acceden al mercado comunitario.

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(Expansión, 18-11-2026) | Fiscal

España cerró 2025 como uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que más aumentó la presión fiscal

La presión fiscal en España aumentó nueve décimas en 2025, hasta situarse en el 38,1% del PIB, frente al 37,2% registrado el año anterior. Según los últimos datos de Eurostat, publicados el 29 de octubre de 2026, este incremento coloca a España entre los países de la Unión Europea donde más creció el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales netas sobre la economía. Solo Alemania, con una subida de 1,1 puntos, registró un avance superior, mientras que Francia igualó el incremento español en términos redondeados. La evolución española se enmarca en una tendencia al alza en buena parte de Europa. La presión fiscal aumentó en 19 Estados miembros de la UE y también en Suiza. Eurostat atribuye este comportamiento a que los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales crecieron a mayor velocidad que el PIB nominal. En el conjunto de la Unión, la recaudación alcanzó los 7,686 billones de euros, un 5,5% más que en 2024, lo que supone 401.000 millones adicionales y representa el 87,9% del total de los ingresos públicos. Desde 1995, únicamente se habían registrado descensos en 2009, durante la crisis financiera, y en 2020, como consecuencia de la pandemia. Pese al notable incremento, España continúa por debajo de los promedios europeos. En la UE, la presión fiscal pasó del 40,2% al 40,7% del PIB, medio punto más que en 2024. En la eurozona, el aumento fue de seis décimas, hasta alcanzar el 41,3%, después de que los ingresos tributarios sumaran 327.000 millones de euros adicionales y llegaran a los 6,558 billones. Las diferencias entre países siguen siendo considerables. Francia encabezó la clasificación comunitaria, con una presión fiscal del 46% del PIB, seguida de Bélgica (44,7%), Dinamarca (44,3%) y Austria (43,9%). También superaron el 42% Italia (43%), Finlandia (42,5%) y Luxemburgo (42,2%). En el extremo contrario se situaron Irlanda, con el 22,7%, Rumanía (29,3%), Malta (30,3%) y Bulgaria (30,6%). Suiza, por su parte, registró una ratio del 27,1%. Aunque todos los países europeos incrementaron sus ingresos tributarios en términos absolutos, los mayores avances correspondieron a Rumanía (10,5%), Bulgaria (10,4%) y Malta (9,4%). Sin embargo, ocho países redujeron su presión fiscal en relación con el PIB. Los descensos más destacados se produjeron en Suecia, cuya ratio bajó del 41,8% al 41,2%; Letonia, del 34,9% al 34,2%, y Bélgica, del 45,2% al 44,7%. Los datos de Eurostat también permiten comparar la composición de los ingresos tributarios. En los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los que destaca el IVA, España mantiene un peso relativamente reducido. Esta categoría representó el 11,5% del PIB español, una de las ratios más bajas de la UE, en la que el promedio se situó en el 12,9%. Luxemburgo y Países Bajos registraron el mismo porcentaje que España, mientras que únicamente Irlanda (6,3%), Malta (9,9%), Alemania (10,3%), Chequia (10,9%) y Rumanía (11,2%) presentaron valores inferiores. En el lado opuesto destacó Suecia, con un 20,8%. En cuanto a los impuestos sobre el capital, la recaudación española equivalió al 0,4% del PIB, el mismo porcentaje que Países Bajos y Finlandia. La media comunitaria fue del 0,3%, mientras que Francia y Bélgica alcanzaron el 0,7%. Otra de las particularidades del sistema tributario español es el reparto de los ingresos entre las distintas administraciones. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los cuatro países de la UE que cuentan con un subsector regional con capacidad recaudatoria propia. En 2025, las comunidades autónomas concentraron el 16,6% de los ingresos tributarios nacionales, una proporción únicamente superada por los estados federados alemanes, que reunieron el 24,2%. Las regiones belgas representaron el 13,1% y los estados federados austriacos, el 2%. Por su parte, la Administración central española gestionó el 42,7% de la recaudación, la tercera proporción más baja de la UE, por detrás de Alemania (26,4%) y Francia (33,3%). Esta participación se situó por debajo de la media comunitaria, del 46,3%. El resto de los ingresos se distribuyó entre los fondos de la Seguridad Social, con el 35,9%; los gobiernos locales, con el 9,6%; las administraciones regionales, con el 7,8%, y las instituciones europeas, con el 0,4%. En el conjunto de la UE, los resultados de 2025 confirman la recuperación de la presión fiscal iniciada en 2024, después de los retrocesos registrados en 2022 y 2023, en un contexto marcado por la inflación energética y la aplicación de medidas fiscales temporales. El principal impulso procedió de las cotizaciones sociales netas, cuyo peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB. También aumentó ligeramente la recaudación por impuestos sobre la renta y el patrimonio, hasta el 13,2%, mientras que la tributación indirecta permaneció estable. A pesar de esta recuperación, la presión fiscal europea todavía se encuentra cinco décimas por debajo del máximo del 41,2% alcanzado en 2021. Con este resultado, España redujo parcialmente la distancia respecto a la media comunitaria, después de registrar uno de los mayores incrementos de la UE, a la espera de conocer los datos correspondientes a 2026.

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(El País, 18-11-2026) | Fiscal

La Comisión Europea estima que el PIB español crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo que dijo en primavera, mientras eleva la media anual del IPC al 3,9%

La economía europea está soportando mejor de lo previsto las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, tal y como refleja la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. Bruselas calcula que el PIB de la eurozona aumentará un 1,2% en 2026, tres décimas más de lo estimado en primavera, mientras que mantiene en el 1,2% su pronóstico para 2027. En España, las perspectivas también mejoran dos décimas para ambos ejercicios, hasta situar el crecimiento en el 2,6% este año y el 2,1% el próximo, en línea con las estimaciones del Gobierno para 2026. Pese a esta revisión favorable, el avance económico de la zona euro continúa siendo limitado, en consonancia con el escenario de crecimiento mediocre que ya advirtió el FMI en octubre. La Comisión considera que el riesgo de una interrupción prolongada del suministro energético mundial se ha materializado en buena medida, aunque sus efectos sobre la actividad económica se mantienen, por ahora, dentro de unos límites asumibles. La economía ha evolucionado mejor de lo esperado y se prevé que conserve cierto dinamismo, pese a que la inflación sigue elevada y podría prolongarse más de lo inicialmente previsto. Entre los factores que explican esta resistencia destaca el fuerte aumento de las inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos y el sureste asiático, cuyo impacto positivo se está trasladando parcialmente a Europa. Este impulso llega principalmente a través de la demanda de componentes y suministros necesarios para desarrollar los centros de datos. Aunque la inversión dentro de la UE continúa siendo débil, las empresas europeas se están beneficiando del aumento de las exportaciones de equipos energéticos, sistemas de refrigeración y productos relacionados con la fabricación de semiconductores. De este modo, la demanda exterior está compensando parcialmente el encarecimiento de la energía y unas condiciones de financiación más restrictivas. No obstante, Europa participa fundamentalmente como proveedora de componentes de esta cadena de valor, en lugar de ocupar una posición destacada en la fabricación de los equipos informáticos finales. La fortaleza del mercado laboral constituye otro elemento que está contribuyendo a amortiguar las consecuencias económicas del conflicto. La Comisión prevé que durante este año se creen alrededor de 800.000 puestos de trabajo adicionales en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, advierte de que persisten importantes riesgos, especialmente los derivados de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo y de sus posibles repercusiones sobre los mercados energéticos y financieros. El comportamiento de los precios representa, en cambio, uno de los principales motivos de preocupación. La guerra en Irán continúa y la incertidumbre sobre su evolución sigue condicionando los mercados. Además, el estrecho de Ormuz todavía no ha recuperado la normalidad, por lo que las alteraciones en el suministro de petróleo y gas siguen presionando los precios. En este contexto, Bruselas sitúa la inflación media de la eurozona en el 3,2% para 2026, mientras que para España eleva la previsión hasta el 3,9%. Esta última estimación supone un notable empeoramiento respecto a la calculada seis meses antes, cuando se esperaba una tasa nueve décimas inferior. La persistencia de las tensiones inflacionistas también está favoreciendo un endurecimiento de las condiciones monetarias. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Boris Vujcic, apuntó este lunes que es probable que los bancos centrales mantengan esta orientación. Un escenario que encarecería la financiación y dificultaría tanto el endeudamiento de los hogares para adquirir bienes de elevado valor, como viviendas y automóviles, como las decisiones de inversión de las empresas. A estas dificultades se sumará la finalización del fondo europeo de recuperación, prevista para este año. Su desaparición reducirá el respaldo financiero a las inversiones públicas, especialmente en países del sur de Europa como España, Italia y Grecia. En el caso español, la Comisión espera que el PIB mantenga un comportamiento sólido en 2026, pero que pierda progresivamente intensidad durante 2027 y 2028. Esta desaceleración estaría relacionada tanto con la moderación en la creación de empleo como con la retirada gradual del impulso económico procedente de los fondos europeos.

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