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(Expansión, 04-06-2026) | Fiscal

Sánchez intenta blindar la legislatura con el inicio de la tramitación de los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo a pesar de la complicada situación política derivada de las últimas investigaciones que afectan tanto a miembros de su gabinete como al PSOE. Lo afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía, el foro barcelonés que reúne a empresarios, directivos y académicos. En su intervención, Sánchez anunció además que el Ministerio de Hacienda dará esta misma semana la orden para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que apeló al apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente Junts y ERC, a los que mencionó en varias ocasiones. El jefe del Ejecutivo señaló que las nuevas cuentas públicas contemplarán un aumento de la inversión destinada a vivienda y defendió que, al término de la legislatura, la deuda pública quedará por debajo del 100% del PIB. Los presupuestos también incorporarán recursos para las comunidades autónomas de régimen común conforme al nuevo sistema de financiación pactado a comienzos de año entre el Gobierno central, la Generalitat presidida por Salvador Illa y ERC. La intención es que el acuerdo sea convalidado en el Congreso tras el verano, aunque el respaldo de Junts resulta clave y, de momento, el partido no muestra predisposición favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y Junts al inicio de la legislatura, pactos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. "Defiendo los acuerdos y la estabilidad que han generado", afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía celebrada en Barcelona. Sánchez hizo una referencia expresa a "los acuerdos de Bruselas", denominación utilizada por PSOE y Junts para el pacto de investidura sellado en otoño de 2023. Con este mensaje, el jefe del Ejecutivo quiso trasladar a Junts su voluntad de recomponer una relación marcada por las tensiones desde el arranque de la legislatura. El apoyo de la formación resulta imprescindible para sacar adelante iniciativas legislativas clave, entre ellas el nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado también por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà. El presidente sostuvo que los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas "están beneficiando al conjunto del Estado", algo que, según indicó, reflejan los actuales datos económicos. Además, mostró su confianza en que la justicia europea avale antes del final de la legislatura la ley de amnistía aprobada hace dos años, lo que abriría la puerta al regreso del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se trasladó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament en 2017. Sánchez defendió también que se ha logrado superar la etapa del procés y aseguró que el acercamiento institucional con Cataluña continuará siendo una prioridad para su Gobierno. En esa línea, agradeció al Ejecutivo de Salvador Illa los recientes acuerdos alcanzados en materias como financiación, inversiones y autogobierno.

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(El País, 04-06-2026) | Fiscal

En España hay cada vez más grandes patrimonios

A finales de 2025, 259.700 personas en España disponían de activos invertibles superiores al millón de dólares (unos 860.000 euros al cambio actual), un umbral internacional de referencia que excluye la vivienda habitual, colecciones, bienes de consumo y bienes duraderos. En total, se registraron 13.100 nuevos grandes patrimonios, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Además de crecer en número, estas fortunas también incrementaron su volumen de riqueza, hasta alcanzar aproximadamente 672.000 millones de euros, un 6,7% más, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por el Instituto de Investigaciones de Capgemini y publicado este jueves. España se sitúa en el puesto 14 entre los 25 países con mayor población de alto patrimonio neto, mejorando una posición respecto a 2024. El informe atribuye este incremento principalmente al buen comportamiento de los mercados financieros, el sector bancario y el inmobiliario. El Ibex 35 cerró 2025 con una subida del 49,27%, su mejor resultado desde 1993. En paralelo, la banca cotizada -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter- obtuvo un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior. El mercado inmobiliario también contribuyó a esta evolución, con un encarecimiento de la vivienda del 12,7%, el mayor incremento de la serie histórica del INE, que arranca en 2007, y el duodécimo ejercicio consecutivo de subida. A estos factores se suma la evolución general de la economía española, que el estudio califica como la más sólida entre las principales economías europeas, impulsada sobre todo por la demanda interna. Además, el déficit público se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, frente al 3,2% del año anterior, encadenando cinco ejercicios consecutivos de mejora. Según el informe, estos indicadores refuerzan las expectativas positivas entre los grandes patrimonios. En este contexto, Kartik Ramakrishnan, vice consejero delegado de la Unidad Estratégica de Servicios Financieros de Capgemini, destaca que 2025 ha sido un año excepcional por el volumen global de individuos con alto patrimonio y por los activos que gestionan. Añade que estas grandes fortunas cuentan cada vez con un mayor acceso a diferentes clases de activos en múltiples mercados, así como a una oferta más amplia de asesores y servicios especializados que favorecen la optimización de sus inversiones. A nivel global, la tendencia también ha sido de crecimiento. El número de personas con activos superiores al millón de dólares alcanzó los 25,3 millones, dos millones más que en 2024, lo que representa el mayor incremento desde 2018, con un 8,7% de aumento. La riqueza total de este colectivo se situó en 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros). El informe vuelve a señalar el impulso de los mercados bursátiles, especialmente por el auge de la inversión en inteligencia artificial, junto con la moderación de la inflación como factores clave del crecimiento, aunque advierte de que la concentración de la riqueza sigue siendo muy elevada. Por países, Estados Unidos y China lideraron el aumento de grandes fortunas, con 736.000 y 436.000 nuevos individuos respectivamente. En Asia, el crecimiento se atribuye en parte al dinamismo de la demanda de semiconductores en los mercados bursátiles. En Europa, el incremento fue del 6,5%, con Luxemburgo a la cabeza (13,5%), seguido de Alemania (11,1%). En África, el aumento se situó en el 4,3%, impulsado por la subida de los metales preciosos y el buen comportamiento de Marruecos, que registró el mayor crecimiento regional con un 16,8%. En América Latina, el número de grandes patrimonios creció de forma más moderada, mientras que Oriente Próximo fue la única región donde se produjo un descenso del 1,4%, atribuido a la caída de los precios del petróleo.

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(El Economista, 04-06-2026) | Fiscal

El Supremo cierra la puerta a que las parejas de hecho que no están inscritas cobren la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo ha confirmado que las parejas de hecho que no hayan formalizado su relación mediante inscripción registral o documento público no podrán acceder a la pensión de viudedad tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. En una sentencia dictada el pasado 7 de mayo, el alto tribunal respalda la postura de la Seguridad Social y rechaza conceder la prestación a una mujer que convivió con su pareja entre 2004 y 2022 y con la que tuvo un hijo en común en 2005. La resolución recuerda que la Ley General de la Seguridad Social establece dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que un miembro de una pareja de hecho tenga derecho a percibir la pensión. La primera es acreditar una convivencia continuada durante al menos cinco años y la segunda consiste en haber inscrito oficialmente la unión en el registro correspondiente de comunidades autónomas o ayuntamientos, o haberla formalizado mediante documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento. El Supremo explica que la convivencia puede demostrarse a través de diferentes medios, como el empadronamiento u otras pruebas válidas. Sin embargo, subraya que la existencia legal de la pareja de hecho únicamente puede acreditarse mediante su inscripción oficial o mediante documento público, lo que evidencia, según la sentencia, la intención del legislador de limitar el acceso a esta pensión a las uniones formalmente regularizadas. Además, el tribunal recuerda que en 2021 se modificó la Ley General de la Seguridad Social para eliminar el requisito de los cinco años de convivencia cuando la pareja tiene hijos en común. No obstante, se mantuvo intacta la obligación de registrar oficialmente la pareja de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad, incluso en esos casos. Por ello, la sentencia concluye que la legislación vigente no permite otra interpretación distinta, ya que hacerlo supondría apartarse de lo que establece expresamente la ley.

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(La Vanguardia, 04-06-2026) | Fiscal

Bruselas alienta a España a revisar el IVA reducido a hoteles y restaurantes

La Comisión Europea señala que España es el país de la Unión Europea que más utiliza las exenciones y tipos reducidos del IVA como herramienta de política fiscal. Así lo recoge el informe semestral sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros presentado este miércoles en Bruselas. El documento también advierte de que la pobreza infantil sigue siendo "un desafío importante" en un contexto marcado por elevados niveles de desigualdad. Por ello, entre sus recomendaciones para los próximos Presupuestos -si finalmente llegan a aprobarse-, Bruselas insta al Gobierno a reducir parte de los incentivos y beneficios fiscales actuales para reforzar la sostenibilidad financiera, al tiempo que reclama una redistribución del gasto social entre generaciones para combatir la pobreza infantil. La Comisión ha dado luz verde a que España disponga de mayor margen presupuestario para incrementar el gasto en seguridad, defensa y medidas destinadas a paliar la crisis energética. Tras semanas de negociaciones, Bruselas ha aceptado una flexibilización parcial de las reglas fiscales. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que persisten desafíos relevantes para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito tributario. Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es el IVA. Según la Comisión, España es el Estado miembro que más recurre a los tipos reducidos y exenciones de este impuesto para desarrollar políticas públicas. Fuentes comunitarias explican que alrededor del 60% de los beneficios fiscales aplicados por la Agencia Tributaria están relacionados con tratamientos preferenciales del IVA. Como ejemplo, Bruselas destaca los tipos reducidos aplicados a la hostelería y al alojamiento turístico, que generan un importante coste presupuestario pese a tener, según el análisis comunitario, un efecto redistributivo limitado. La lógica que sustenta esta valoración es que las rentas más elevadas son también las que realizan un mayor gasto en este tipo de servicios y, por tanto, serían las más afectadas por una eventual subida impositiva. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que mantener el IVA reducido del 10% en la hostelería, en lugar del tipo general del 21%, supone dejar de ingresar alrededor de 7.000 millones de euros anuales. España mantiene ese tipo reducido como parte de una estrategia histórica de apoyo al turismo, aunque no es el único caso en el que se utiliza el IVA como herramienta coyuntural. Durante la crisis energética, el Gobierno aprobó rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y carburantes, medidas que Bruselas cuestionó al considerar que no estaban contempladas en la normativa comunitaria. En contraste con el tratamiento del IVA, la Comisión subraya que la carga fiscal sobre las rentas del trabajo ha aumentado en España en los primeros años de esta década debido a que el IRPF no ha compensado plenamente el efecto de la inflación. Según los datos del informe, los impuestos sobre el trabajo representaban el 48,7% de la recaudación tributaria total en la segunda mitad de la pasada década y ahora alcanzan el 51,8%, ligeramente por encima de la media europea. Además de pedir una revisión de las exenciones fiscales para fortalecer la sostenibilidad presupuestaria, Bruselas recomienda aumentar la oferta de vivienda, continuar aplicando las reformas vinculadas al plan europeo de recuperación, reducir cargas administrativas y afrontar de forma más decidida el problema de la pobreza infantil. En este último punto, la Comisión plantea la necesidad de "reequilibrar el gasto social entre generaciones". Aunque el informe no menciona recortes concretos en partidas como las pensiones o los descuentos al transporte para jubilados, sí deja entrever que reforzar determinadas políticas sociales requerirá redistribuir recursos desde otras áreas del gasto público. El análisis técnico realizado por Bruselas concluye que España cumple actualmente con la senda fiscal pactada gracias a la excepción concedida para incrementar el gasto en defensa, aprobada recientemente por la propia Comisión. Sin esa flexibilidad, el aumento del desembolso en seguridad y armamento habría provocado un incumplimiento de las reglas fiscales en 2025 equivalente a una décima del PIB, unos 1.600 millones de euros. Aun así, la Comisión mantiene que España podría volver a desviarse de los objetivos de ajuste este año, pese a que continúen reduciéndose tanto el déficit como la deuda pública. Con las nuevas reglas fiscales europeas, el indicador clave pasa a ser el gasto público neto, que excluye partidas extraordinarias como prestaciones por desempleo o gastos derivados de catástrofes naturales, como las reparaciones por la dana en Valencia. En cualquier caso, Bruselas prevé ampliar próximamente el margen fiscal de los Estados miembros gracias a la nueva flexibilidad anunciada para financiar durante los próximos tres años inversiones destinadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esa posibilidad permitiría movilizar un gasto acumulado equivalente al 0,6% del PIB.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional para los pies a la inspección de Hacienda por las deducciones tecnológicas

Hacienda ha sufrido un nuevo revés judicial en torno a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a limitar la capacidad de la Agencia Tributaria para impedir la aplicación de estos incentivos fiscales cuando los proyectos ya habían sido previamente validados por el Ministerio de Ciencia. El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, sigue la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y deja claro que la Agencia Tributaria no puede cuestionar inversiones que ya cuentan con la calificación técnica favorable del Ministerio de Ciencia. Con esta interpretación, la Audiencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas que han aplicado estas deducciones desde 2015, al impedir que la inspección tributaria revise posteriormente la naturaleza innovadora de los proyectos. No obstante, la sentencia sí reconoce que Hacienda mantiene competencias para comprobar los aspectos económicos vinculados a la deducción. Entre ellos figuran la correcta justificación de los gastos, la trazabilidad de los pagos, su adecuada imputación contable y la relación efectiva de esos costes con el proyecto declarado. En los últimos años, la Agencia Tributaria había intensificado el control sobre este tipo de beneficios fiscales, cuestionando especialmente si determinados proyectos podían considerarse realmente actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Una parte relevante de esas inspecciones se ha centrado en proyectos relacionados con el desarrollo de software, cuya consideración como actividad susceptible de deducción ha sido objeto de frecuentes discrepancias. La Audiencia Nacional sostiene ahora que esa valoración técnica no corresponde a la inspección tributaria cuando existe un informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia. La resolución aplica el principio de "respeto a los actos propios" de la Administración, según el cual un órgano administrativo no puede contradecir el criterio previamente adoptado por otro órgano competente de la propia Administración. En este sentido, el tribunal considera que Hacienda no puede revisar libremente la naturaleza de proyectos que ya han sido reconocidos oficialmente como actividades con derecho a deducción por innovación tecnológica. Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida en casación, la Audiencia determina inicialmente que la Agencia Tributaria deberá devolver a la empresa afectada las cantidades correspondientes a la deducción que le había sido rechazada. La resolución supone un nuevo límite a la intención de Hacienda de revisar los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y delimita con mayor claridad el papel de la Agencia Tributaria, que queda circunscrito al control económico y documental de las deducciones aplicadas. Desde Fi Group by EPSA, consultora que ha participado en el procedimiento judicial, destacan que el fallo contribuye a consolidar un marco más claro para la aplicación de los incentivos fiscales vinculados a la I+D+i. Según apuntan, la sentencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas respecto a la calificación técnica de sus proyectos y delimita el alcance de las facultades de comprobación de la Administración tributaria. En los últimos meses, la actividad inspectora de Hacienda ya había comenzado a centrarse principalmente en la revisión económica de los proyectos tecnológicos. El foco se sitúa ahora en la justificación de los gastos asociados, incluyendo costes de personal, recursos empleados y otros desembolsos vinculados al desarrollo de las actividades declaradas. La sentencia de la Audiencia Nacional refuerza además la importancia de que las compañías obtengan el correspondiente informe motivado vinculante para sus proyectos de innovación. Contar con este documento reduce considerablemente la capacidad de Hacienda para cuestionar el contenido técnico del proyecto y limita la inspección a la verificación de los gastos deducidos.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Bruselas cede a las presiones de España e Italia y flexibiliza las reglas fiscales por la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido dar un paso atrás y flexibilizar las reglas fiscales comunitarias para permitir que los Estados miembros destinen hasta un 0,3% anual de su PIB a medidas dirigidas a amortiguar la crisis energética sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit público, según adelantó Bloomberg y confirmó EXPANSIÓN. Con esta decisión, España e Italia logran que Bruselas modifique la postura que había mantenido desde el inicio de la crisis energética, cuando rechazaba introducir excepciones fiscales extraordinarias. La Comisión defendía entonces que alterar unas reglas todavía recientes podía dañar su credibilidad y, además, aumentar el riesgo de tensiones fiscales en el intento de contener el impacto económico de la crisis energética. La nueva flexibilidad tendrá límites concretos tanto en duración como en alcance. Por un lado, estará vigente únicamente hasta 2028, lo que obliga a concentrar el incremento del gasto en los próximos años. Por otro, solo podrán acogerse a esta excepción las ayudas destinadas a hogares y empresas vinculadas a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o electrificación. Quedarán fuera, por tanto, las iniciativas relacionadas con combustibles fósiles. En este punto, Bruselas se aproxima más a las tesis defendidas por España, que apostaba por impulsar nuevas inversiones destinadas a acelerar la electrificación europea. Italia, en cambio, había insistido más en la necesidad de reducir el impacto de la factura energética sobre familias y empresas sin diferenciar la tecnología utilizada. El margen adicional del 0,3% del PIB para gasto energético no supone una nueva cláusula de escape fiscal independiente, sino que se integrará dentro del aumento del 1,5% del PIB en gasto de defensa autorizado hasta 2028 para los países que activen esta flexibilidad nacional. Por ello, el límite máximo de desviación permitido no variará. España ya comunicó de forma retroactiva la activación de esa cláusula tras registrar en 2025 un gasto en defensa superior al previsto. La Comisión también impondrá restricciones al volumen total de gasto acumulado que podrá utilizarse mediante esta vía. Aunque el margen anual se sitúa en el 0,3% del PIB, el gasto total autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB durante los tres años de vigencia de esta flexibilidad fiscal. De este modo, algunos países podrán optar por concentrar el gasto en los ejercicios de 2026 y 2027 aprovechando el máximo anual permitido, mientras que otros podrían distribuirlo de forma más gradual hasta 2028, utilizando alrededor de un 0,2% del PIB en cada ejercicio.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Hacienda ha incorporado a sus recursos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital

El sistema supone uno de los desarrollos más avanzados en inteligencia de datos aplicada a la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria española ya dispone de licencias para utilizar cuatro aplicaciones integradas en esta plataforma tecnológica. Las herramientas diseñadas inicialmente para ámbitos militares y de inteligencia han encontrado ahora un nuevo uso dentro de la administración tributaria española. El Ministerio de Hacienda ha incorporado a sus métodos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Más que un programa convencional, se trata de una tecnología de última generación orientada al análisis masivo de información y a la detección de conexiones ocultas que podrían pasar inadvertidas mediante métodos tradicionales. Cellebrite, la compañía responsable del desarrollo de este sistema, cuenta entre sus especialistas con antiguos integrantes de la Unidad 8200, el conocido servicio de inteligencia militar israelí centrado en espionaje de señales. Esta unidad ganó notoriedad tras una operación de ciberinteligencia vinculada al ataque a la red de semáforos de Teherán, utilizado para localizar a dirigentes iraníes antes de una ofensiva aérea que acabó con la vida de decenas de responsables del régimen. En sus orígenes, Pathfinder no estaba orientado a la persecución del fraude económico, sino a entornos de seguridad y operaciones especiales. Sus primeros usuarios fueron organismos como Lahav 433 -la unidad policial israelí especializada en crimen organizado y delitos tecnológicos-, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y fuerzas especiales israelíes. En esos escenarios, el programa destacó por su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos obtenidos previamente mediante UFED, otra herramienta de Cellebrite diseñada para extraer información de teléfonos móviles y cuyo uso llegó a generar polémica en Israel por posibles vulneraciones de la privacidad. El analista especializado en inteligencia Eric Frattini explica que Pathfinder funciona principalmente como una potente plataforma de análisis más que como un sistema de intrusión directa. Según señala, su función principal no consiste en acceder remotamente a dispositivos, sino en examinar y cruzar la enorme cantidad de datos ya obtenidos mediante técnicas forenses. Una vez recopilada la información, los algoritmos de inteligencia artificial del sistema analizan mensajes, ubicaciones, contactos, fotografías y eventos almacenados en los dispositivos. A partir de esos datos, el software identifica patrones de comportamiento, detecta anomalías y reconstruye relaciones personales y desplazamientos geográficos en cuestión de segundos. La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para utilizar las cuatro principales aplicaciones de esta plataforma. Entre ellas figuran herramientas de análisis de vínculos para detectar relaciones societarias o personales, sistemas de identificación temática capaces de localizar expresiones o códigos específicos y programas de clasificación automática de archivos multimedia mediante inteligencia artificial. La función considerada más avanzada es el rastreo cruzado de investigaciones, que permite comparar datos entre expedientes distintos para localizar conexiones ocultas, como números de teléfono coincidentes o patrones repetidos de geolocalización. El potencial de esta tecnología resulta especialmente relevante en el análisis de redes sociales. Pathfinder puede examinar de forma masiva publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Fotografías en yates, restaurantes exclusivos o compras de lujo pueden ser procesadas junto con sus metadatos para contrastar ese nivel de vida con los ingresos oficialmente declarados por el contribuyente investigado. La utilización de esta tecnología por parte de Hacienda ha abierto también un debate jurídico. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte de que este tipo de herramientas pueden desdibujar la línea entre una comprobación administrativa y una investigación de carácter casi penal. A su juicio, la posibilidad de analizar enormes volúmenes de información privada para reconstruir hábitos y relaciones personales plantea interrogantes sobre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad. Pese a estas preocupaciones, los especialistas subrayan que la Agencia Tributaria no puede acceder indiscriminadamente a los mensajes de los ciudadanos, ya que la herramienta solo se emplea en investigaciones ya abiertas y bajo supervisión de unidades especializadas. Aun así, Pathfinder dota al Fisco de una capacidad de análisis sin precedentes y acelera la transformación de la inspección tributaria hacia modelos de auditoría plenamente digitales.

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(El Economista, 03-06-2026) | Fiscal

Los tribunales blindan a los herederos de los empresarios de las deudas de la compañía con Hacienda

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha dictado una resolución que protege a los herederos de administradores y consejeros de empresas frente a la obligación de asumir las deudas tributarias de las compañías. El órgano considera que la Agencia Tributaria no puede trasladar automáticamente a los sucesores la responsabilidad subsidiaria derivada de esas deudas. Aunque el criterio fijado por el TEAC tiene relevancia jurídica, todavía no constituye doctrina vinculante para la Administración, ya que aún no ha sido reiterado en resoluciones posteriores. No obstante, supone un importante precedente que podría limitar en el futuro la reclamación de deudas empresariales a familiares de directivos fallecidos. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado las derivaciones de responsabilidad subsidiaria contra administradores de empresas, atribuyéndoles las deudas fiscales de las sociedades por considerar que no ejercieron un control suficiente para evitar las infracciones tributarias. Estas actuaciones han aumentado de forma sostenida: Hacienda emitió 31.313 derivaciones en 2022, 35.890 en 2023 y 40.580 en 2024. Paralelamente, el Tribunal Supremo ha ido delimitando el alcance de esta práctica, exigiendo a Hacienda acreditar de forma clara la responsabilidad real de los administradores en las deudas de las compañías. Ahora, el TEAC amplía ese límite al considerar que tampoco puede reclamarse ese importe a los herederos de los directivos. La resolución, fechada el 30 de abril, analiza el caso de un administrador al que la Agencia Tributaria reclamó una deuda de 103.000 euros correspondiente a la empresa, además de una sanción de 105.000 euros. Tras el fallecimiento del directivo, Hacienda trasladó al heredero únicamente la deuda tributaria, mientras que la sanción quedó extinguida, tal y como establece la Ley General Tributaria. El TEAC recuerda que el artículo 39 de dicha ley dispone que las sanciones tributarias no pueden transmitirse a los herederos. La norma añade, sin embargo, que las deudas sí pueden heredarse si el acuerdo de derivación de responsabilidad fue notificado antes del fallecimiento del obligado tributario. No obstante, el órgano destaca que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 20 de mayo de 2025, consideró que la responsabilidad subsidiaria aplicada a administradores de empresas tiene carácter sancionador. Ese criterio fue posteriormente reafirmado por el alto tribunal en otra resolución dictada el 1 de julio de 2025. A partir de esta interpretación, el TEAC concluye que la deuda derivada a un administrador también debe considerarse de naturaleza sancionadora y, por tanto, no puede transmitirse a los sucesores. El tribunal reconoce que, conforme al artículo 39 de la Ley General Tributaria, la deuda podría haberse trasladado al heredero si la notificación se produjo antes del fallecimiento. Sin embargo, entiende que la calificación sancionadora fijada por el Supremo impide finalmente esa transmisión. La resolución concluye que ni las sanciones impuestas directamente al responsable ni las liquidaciones incluidas dentro de un acuerdo de responsabilidad tributaria pueden exigirse a herederos o legatarios de una persona física, independientemente de si la notificación se realizó antes o después del fallecimiento del responsable.

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(La Vanguardia, 03-06-2026) | Fiscal

El Gobierno aprueba unas entregas a cuenta récord de 157.000 millones para las autonomías

El Gobierno ha respondido a las reclamaciones planteadas por varias comunidades autónomas y ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto ley que incorpora las entregas a cuenta correspondientes a 2026, con el objetivo de garantizar la financiación de los servicios públicos en los distintos territorios. Las comunidades autónomas y las entidades locales recibirán un total de 157.731 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. El ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que se trata de la mayor cantidad transferida hasta ahora y pidió el respaldo de las autonomías a la medida. Esta es, en realidad, el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos, dado el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron inicialmente, en diciembre y febrero. El ministro explicó además que, sumando la liquidación correspondiente a 2024, los recursos que las comunidades recibirán este año a través del sistema de financiación alcanzarán los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio previo. El decreto introduce también una medida excepcional dirigida a los ayuntamientos. Aquellos municipios que quieran destinar su superávit presupuestario a políticas de vivienda podrán emplear esos remanentes no solo durante 2025, sino también en los cuatro años posteriores, hasta 2029. Los ayuntamientos y entes locales de España recibirán este año entregas a cuenta por valor de 29.247 millones de euros, un monto que supone un incremento del 8,8% respecto a los fondos repartidos entre los municipios el año pasado. En paralelo, el Gobierno autoriza a los ayuntamientos con superávit en 2025 a reinvertir sus remanentes en determinadas inversiones consideradas sostenibles. La iniciativa supone el desbloqueo de 3.168 millones en recursos adicionales que los municipios van a poder movilizar. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo aprobara en junio de 2025 una asignación récord para las autonomías, cifrada en 147.412 millones de euros, un 9,5% superior a la de 2024. En las últimas semanas, varios consejeros autonómicos remitieron una carta al Ministerio de Hacienda manifestando su preocupación por la falta de actualización de estos fondos, una situación que, según advertían, estaba generando dificultades financieras en sus territorios. Estas entregas constituyen además un anticipo del futuro modelo de financiación autonómica en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, que prevé abrir una nueva ronda de reuniones bilaterales con las comunidades del régimen común para abordar la reforma del sistema. Precisamente este lunes, el departamento dirigido por Arcadi España comunicó el envío de cartas a las autonomías con el objetivo de fijar encuentros y avanzar en esas negociaciones.

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(Expansión, 02-06-2026) | Fiscal

La factura fiscal de luz y gas aumenta este mes en 300 millones al concluir las ayudas por la guerra

La carga fiscal sobre la electricidad y el gas natural aumentó de forma repentina ayer en torno a 300 millones de euros. Esa es la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los ingresos extra que obtendrá Hacienda este mes tras la desaparición de parte de las rebajas fiscales aplicadas a la energía, medidas que el Gobierno había puesto en marcha para amortiguar las consecuencias de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. A pesar de las peticiones de sindicatos, oposición e incluso del socio minoritario del Ejecutivo, el Gobierno no ha frenado por ahora la retirada automática de parte de estas ayudas, que estaban condicionadas a la evolución de la inflación. Las rebajas vinculadas a los carburantes, no obstante, seguirán vigentes hasta finales de junio. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo movilizaba cerca de 5.000 millones de euros y fue ratificado por el Parlamento una semana más tarde. El plan contemplaba unos 3.000 millones en ayudas directas para los sectores más afectados y más de 2.000 millones en rebajas fiscales para los consumidores, inicialmente previstas hasta el 30 de junio. Solo durante los últimos diez días de marzo, la Agencia Tributaria calculó que estas medidas redujeron la recaudación en 115 millones de euros. Sin embargo, el decreto incluía una cláusula que supeditaba la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios. Si en abril la inflación interanual de la electricidad, el gas o los carburantes se situaba por debajo del 15%, las ayudas fiscales desaparecerían automáticamente. El efecto del propio paquete de medidas y la menor dependencia energética de España respecto a Oriente Próximo contribuyeron a abaratar el gas un 9,6% y la electricidad un 4,3% en ese periodo. Como consecuencia, desde ayer 1 de junio se han revertido de forma automática las rebajas fiscales sobre la energía. El IVA aplicado a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña pasa del 10% reducido al tipo general del 21%. También vuelve a su nivel habitual el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que deja atrás el tipo reducido del 0,5% para regresar al 5,11%. Desde Endesa advierten de que muchos hogares empezarán a notar el incremento en sus próximas facturas, especialmente aquellos que utilizan tanto electricidad como gas. Según sus cálculos, el aumento podría situarse entre 10 y 20 euros mensuales para una vivienda media, dependiendo del consumo y de la tarifa contratada. En un hogar con un gasto reducido de unos 40 euros al mes en electricidad antes de impuestos, el encarecimiento rondará los 7 euros mensuales; en uno con consumo medio y una factura de 70 euros, el aumento será de unos 12 euros; y en hogares o negocios con facturas de alrededor de 120 euros, el sobrecoste se acercará a los 20 euros al mes. La compañía considera que los consumidores con un mayor uso energético percibirán más claramente el impacto a partir del verano. Mientras tanto, las medidas destinadas a contener el precio de los carburantes seguirán activas durante junio, ya que los precios continúan elevados. Entre ellas figura la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la Unión Europea -4,9 céntimos por litro en el gasóleo y 14,5 céntimos en la gasolina sin plomo-, con un coste estimado de 660 millones de euros, según Airef. También continúa vigente la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%, una medida cuestionada por la Comisión Europea y valorada en unos 750 millones. Además, se mantiene la devolución parcial de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, cuyo coste supera los 1.000 millones de euros. Desde el Ministerio de Economía señalaron ayer que el Gobierno sigue evaluando el impacto económico y social de la guerra en Irán y analiza junto a agentes sociales y sectores afectados la eficacia de las medidas adoptadas, con el objetivo de decidir si continúan o se modifican más allá del 30 de junio, fecha en la que expira el resto del paquete actualmente en vigor. El departamento encabezado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defiende que estas medidas están sirviendo para preservar el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas. La pasada semana, el ministro presidió una primera reunión con patronal y sindicatos para analizar posibles actuaciones de cara a afrontar un verano marcado por la incertidumbre energética. Según Economía, en las próximas semanas se celebrarán nuevos encuentros con los distintos sectores para estudiar la evolución de la situación y determinar qué nuevas ayudas podrían ser necesarias cuando finalicen las actuales.

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