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(Expansión, 30-09-2026) | Fiscal

El Gobierno prorroga hasta diciembre las bonificaciones fiscales a los carburantes

El nuevo decreto anticrisis aprobado por el Gobierno mantiene hasta finales de año las rebajas fiscales aplicadas a los carburantes, aunque con una reducción progresiva. El descuento será de 20 céntimos por litro en octubre, bajará a 13 céntimos en noviembre y quedará en 6 céntimos en diciembre. El Ejecutivo justifica la continuidad de estas medidas por el fuerte encarecimiento de la energía derivado de la situación en Oriente Próximo y por su impacto sobre la inflación, que en septiembre alcanzó el 4,9%, seis décimas más que en agosto. El paquete supone una nueva ampliación y adaptación de las medidas aprobadas en marzo y prorrogadas posteriormente en junio para hacer frente al deterioro del escenario energético. Además de los descuentos sobre gasolina y diésel, el decreto establece límites a las subidas del precio del gas. La tarifa de último recurso (TUR), utilizada por unos tres millones de consumidores, no podrá aumentar más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las posteriores. También se fija en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano hasta junio de 2027. En el caso de los carburantes, si los precios aumentan más de un 15% durante noviembre y diciembre, la bonificación podrá volver a situarse en 20 céntimos por litro. El conjunto de medidas eleva por encima de los 12.000 millones de euros el coste de las actuaciones destinadas a amortiguar los efectos de la crisis energética. El Gobierno plantea retirar progresivamente estas ayudas para limitar su impacto sobre las cuentas públicas. El decreto mantiene además apoyos específicos para los sectores más afectados, entre ellos agricultores, ganaderos, armadores y transportistas. Para el transporte profesional por carretera continuará la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, con 5 céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre. También seguirá hasta el 31 de diciembre la bonificación de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola y la compensación destinada al sector pesquero. Entre las nuevas actuaciones figura una línea de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que concederá 15.000 euros por cada locomotora diésel. El decreto mantiene igualmente el mecanismo de protección vinculado al precio de la electricidad y el gas: si ambos registran en septiembre un incremento superior al 15% respecto al mismo mes del año anterior, el IVA aplicable se reducirá del 21% al 10% y el impuesto sobre la electricidad pasará del 5,1% al 0,5%. El paquete incorpora asimismo medidas relacionadas con la actividad empresarial, de modo que las compañías que reciban determinadas ayudas no podrán justificar despidos por los perjuicios derivados del conflicto en Oriente Próximo. En materia de seguridad energética, se prevé aumentar las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y endurecer las sanciones en el sector de hidrocarburos, duplicando las multas previstas para determinadas infracciones. Por último, el Gobierno ha solicitado a la CNMC que analice la eficacia de las medidas adoptadas y el grado en que se están trasladando a los mercados energéticos, además de estudiar la evolución de los precios de los alimentos. El objetivo es evaluar el impacto real de las actuaciones desplegadas durante los últimos meses y comprobar su incidencia sobre la evolución de los costes energéticos y de los productos de consumo.

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(Expansión, 30-09-2026) | Fiscal

¿Peligran los beneficios de la Ley de Mecenazgo? El Supremo lo estudia

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación que puede tener importantes consecuencias para las entidades del tercer sector, al abordar hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria a la hora de negar el régimen fiscal especial previsto en la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo. El caso afecta a una fundación a la que la Administración tributaria retiró los beneficios fiscales previstos en esta normativa, lo que derivó en una regularización superior a 3,4 millones de euros y en una sanción de 1,5 millones. Hacienda cuestionó que las actividades de publicación y venta desarrolladas por la entidad estuvieran realmente vinculadas a fines de interés general y señaló también que la memoria económica exigida por la ley no había sido presentada dentro del plazo establecido, sino después de que comenzara la inspección. Una de las principales cuestiones que deberá resolver el Supremo es si la Agencia Tributaria puede cuestionar que una fundación cumple los fines de interés general cuando estos ya han sido examinados y considerados adecuados por el Protectorado de Fundaciones, que además había admitido el depósito de sus cuentas. El tribunal tendrá que determinar también cuál es el alcance de la memoria económica prevista en la Ley de Mecenazgo y si su presentación constituye un requisito esencial para acceder al régimen fiscal especial o si, por el contrario, se trata de una obligación de carácter formal. El recurso plantea además si puede imponerse una sanción cuando la entidad ha actuado siguiendo una interpretación razonable de la normativa y confiando en las actuaciones previas del Protectorado. La sentencia permitirá precisar, por tanto, en qué circunstancias una fundación puede perder los beneficios fiscales de la Ley 49/2002 y hasta qué punto los incumplimientos formales pueden justificar la pérdida de exenciones y deducciones. También contribuirá a delimitar el valor que tiene la actuación previa del Protectorado a efectos de seguridad jurídica para las entidades sin ánimo de lucro.

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(Expansión, 30-09-2026) | Fiscal

Recursos judiciales ponen en jaque el impuesto a las fortunas al destapar un tramo regresivo no detectado en 2023

Desde su aprobación a finales de 2022, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) ha estado rodeado de controversia tanto política como jurídica. El tributo, creado con el objetivo de homogeneizar la tributación sobre el patrimonio en España y elevar la carga fiscal de las grandes fortunas, superó el primer examen del Tribunal Constitucional, que rechazó los recursos planteados por varias comunidades autónomas. Sin embargo, su aplicación ha puesto de manifiesto una posible deficiencia técnica que podría abrir un nuevo frente constitucional: en determinados supuestos, el diseño del impuesto puede provocar que un contribuyente con un patrimonio superior termine soportando una cuota inferior. Según explican desde el despacho Cases & Lacambra, el problema no fue planteado en los recursos iniciales contra el impuesto y se ha detectado a raíz de su aplicación práctica. La anomalía estaría relacionada con el mecanismo utilizado para limitar conjuntamente la tributación de la renta y el patrimonio. De acuerdo con los abogados, para determinados niveles de renta existe un tramo en el que el aumento del patrimonio puede traducirse en una reducción de la cuota a pagar. Es decir, dentro de determinadas circunstancias, quien posee un patrimonio mayor podría terminar pagando menos que otro contribuyente con un patrimonio inferior. El problema no responde a una regresividad indirecta como la que puede producirse en determinados impuestos sobre el consumo, sino que estaría originado directamente por las reglas establecidas para calcular el impuesto. Los expertos consideran que esta situación podría entrar en conflicto con los principios de capacidad económica, justicia tributaria y progresividad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución. El origen de esta situación se encontraría en la configuración del límite conjunto entre renta y patrimonio que utiliza el ITSGF. La norma se remite en este aspecto a las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, pero, según los especialistas, no realizó las adaptaciones necesarias para tener en cuenta las características específicas del nuevo tributo. Durante la tramitación parlamentaria llegó a plantearse una modificación destinada a corregir este efecto, aunque finalmente no prosperó con el objetivo de evitar retrasos en la aprobación de la norma y permitir que pudiera aplicarse ya al ejercicio 2022. La cuestión también puede afectar al ámbito autonómico. Algunas comunidades modificaron sus normativas del Impuesto sobre el Patrimonio para eliminar o reducir las bonificaciones existentes y evitar que la recaudación quedara desplazada hacia el Estado. Al incorporar estas modificaciones, podrían haber trasladado igualmente la misma anomalía al impuesto autonómico. De este modo, una eventual controversia constitucional sobre el mecanismo podría extender sus efectos también al Impuesto sobre el Patrimonio. La cuestión ya ha llegado a los tribunales a través de recursos planteados por contribuyentes. La Audiencia Nacional tiene actualmente varios procedimientos en los que se cuestiona la constitucionalidad de este mecanismo y deberá determinar si procede plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Una eventual decisión en este sentido abriría un nuevo escenario jurídico para el ITSGF y podría tener consecuencias sobre su aplicación y sobre la recaudación asociada al impuesto.

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(Expansión, 30-09-2026) | Fiscal

La gran fuga fiscal: ¿hacia dónde huye el dinero global?

En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, los cambios fiscales y la volatilidad económica, la movilidad del patrimonio internacional se está convirtiendo en una estrategia que va más allá de la optimización tributaria. Cada vez más familias y grandes patrimonios analizan dónde establecer su residencia, trasladar sus inversiones o ubicar sus estructuras empresariales en busca de estabilidad jurídica, seguridad institucional y mayor capacidad de adaptación ante posibles cambios. El informe de Henley & Partners sobre movilidad patrimonial internacional para 2026 analiza distintos destinos en función de factores como la solidez institucional, la seguridad jurídica y su capacidad para atraer capital y residentes de elevado patrimonio. Singapur, con 79,5 puntos, encabeza la clasificación, seguido de Nueva Zelanda, con 75,8. La ciudad-Estado asiática mantiene su posición como uno de los principales centros financieros internacionales gracias a su Estado de derecho, sus mercados de capitales y el desarrollo de un potente ecosistema de family offices. Nueva Zelanda, por su parte, ha reforzado su atractivo tras reactivar su programa de visados para inversores, consolidándose como una opción para la planificación patrimonial y familiar a largo plazo. Europa concentra buena parte de los destinos destacados. Chipre obtiene 73,5 puntos y Países Bajos 72,8, mientras Portugal alcanza 72,5 pese a las dificultades burocráticas señaladas por el informe. Italia, con 72,3 puntos, gana atractivo por su régimen fiscal y el dinamismo de Milán. También aparecen Grecia, con 70,5 puntos, y Letonia, con 71,7. Suiza, con 70,8, mantiene su atractivo asociado a la estabilidad política, su sector financiero y determinados mecanismos de tributación, mientras Mónaco, con 70 puntos, continúa vinculado a la protección patrimonial y a la residencia de grandes fortunas. Fuera de Europa, Islas Caimán, con 74,3 puntos, y Bermudas, con 72, destacan por sus sistemas fiscales y sus marcos jurídicos de tradición anglosajona, especialmente relevantes para determinadas estructuras de inversión. El informe también señala el creciente protagonismo de América Latina. Uruguay, con 71,8 puntos, sobresale por su estabilidad institucional y sus condiciones fiscales para nuevos residentes. Panamá, con 71,5 puntos, combina un sistema tributario territorial, una economía dolarizada y facilidades para determinados programas de residencia, mientras Costa Rica, con 70,2 puntos, suma estabilidad, calidad de vida y una trayectoria de neutralidad política como elementos de atractivo para la diversificación patrimonial.

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(El País, 30-09-2026) | Fiscal

Medidas del acuerdo sobre vivienda: ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios y prórroga de dos años de los alquileres

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos reales decretos-ley en materia de vivienda, después de una negociación de última hora entre los socios del Ejecutivo que incluso obligó a retrasar una hora la reunión. El primero contempla una mayor protección frente a los desahucios y una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que continúen vigentes. El segundo incorpora medidas de mayor alcance, entre ellas la renovación automática de los contratos de arrendamiento. Ambos textos serán sometidos por separado a la convalidación del Congreso, previsiblemente este mismo viernes. La importancia de las medidas ha llevado al Gobierno a solicitar la celebración de un pleno extraordinario para su aprobación inmediata. Los dos reales decretos-ley necesitan el respaldo de las Cortes antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y de su entrada en vigor. La negociación entre PSOE y Sumar se prolongó durante toda la noche del lunes y la mañana del martes, con Sumar y otras formaciones de izquierda reclamando mayores garantías para los inquilinos, mientras el PSOE buscaba una fórmula que facilitara también el apoyo parlamentario de Junts y PNV. El acuerdo se produce en un contexto de creciente presión social por el acceso a la vivienda, marcado por movilizaciones y protestas en distintas ciudades. El decreto extiende hasta 2030 la vigencia del denominado escudo social, manteniendo la prohibición de los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad. Además, se prevé reforzar los mecanismos de protección de las administraciones públicas destinados a prevenir estas situaciones y atender a las personas afectadas. En materia de compras de vivienda con fines especulativos, el texto plantea identificar a las empresas que adquieran inmuebles para destinarlos al alquiler o a la especulación y limitar su capacidad de compra, previsiblemente hasta 2028. Sin embargo, todavía está pendiente de concretar qué empresas serán consideradas fondos o sociedades especulativas, por lo que habrá que esperar al contenido definitivo de la norma. También se prevé modificar la fiscalidad de las Socimis dedicadas a la inversión en vivienda para alquiler, con el objetivo de orientar su actividad hacia la vivienda asequible. La propuesta ya figuraba en el borrador remitido a los grupos en julio e incluía elevar hasta el 25% el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos cuando las viviendas no se destinen al alquiler asequible. El decreto contempla igualmente una prórroga de los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El inquilino podrá solicitar una extensión de un año, ampliable a un segundo, sin que la renta pueda superar los límites establecidos. A ello se suma una limitación del 2% para las subidas de los alquileres. En el ámbito de los pisos turísticos, se plantea elevar del 0% al 10% el IVA aplicable a aquellos alojamientos que no presten servicios de atención o limpieza. Asimismo, se incorporarán medidas dirigidas a evitar posibles situaciones de fraude mediante el uso de contratos de alquiler de temporada o por habitaciones. Entre las medidas de apoyo a la compra de vivienda figura la creación de una línea de préstamos gestionada por el ICO, de hasta 50.000 euros y a interés cero, destinada a facilitar la adquisición de una primera vivienda. El paquete también contempla beneficios fiscales para los inquilinos cuyos ingresos anuales no superen los 33.000 euros. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por la ministra, esta medida podría beneficiar a alrededor de 1,6 millones de hogares. Paralelamente, se prevén mayores incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler. Por último, el decreto incluiría una reducción del IVA aplicado a la construcción de viviendas de promoción pública y viviendas protegidas, que pasarían a tributar por el tipo superreducido del 4%. El segundo decreto recoge el acuerdo para implantar un sistema de renovación automática de los contratos de alquiler, una de las cuestiones que más diferencias ha generado entre los socios del Ejecutivo. La propuesta pretende reforzar la estabilidad de los arrendamientos y evitar que la finalización del plazo contractual permita automáticamente al propietario recuperar la vivienda o plantear nuevas condiciones económicas. La principal diferencia entre ambos modelos reside en la duración de la protección del inquilino. Mientras el primer decreto establece una extensión limitada de dos años, el segundo plantea un mecanismo de renovación automática que permitiría mantener el contrato mientras el arrendatario cumpla sus obligaciones y no exista una causa justificada para ponerle fin. Esta última fórmula responde a una de las principales reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas, que reclama trasladar al mercado del alquiler una lógica similar a la de los contratos laborales indefinidos, de modo que la relación arrendaticia no quede vinculada a una fecha de finalización automática.

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(El País, 30-09-2026) | Fiscal

Los inquilinos de renta media ahorrarán 500 euros en el IRPF si la autonomía declara la zona tensionada

Los inquilinos que residan en una zona declarada oficialmente como mercado residencial tensionado y cumplan los límites de renta fijados por el Gobierno podrán beneficiarse de una nueva deducción en el IRPF. La medida permitirá desgravar el 10% de las cantidades abonadas por el alquiler a los contribuyentes con ingresos inferiores a 33.007 euros anuales. Hacienda estima que podría beneficiar a unos 1,6 millones de contribuyentes, con un coste aproximado de 820 millones de euros para las arcas públicas y un ahorro medio cercano a los 512 euros anuales por persona. La deducción forma parte del paquete de medidas en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros mediante dos reales decretos ley, cuya convalidación por el Congreso está prevista para el viernes. El primero recoge distintas medidas fiscales dirigidas tanto a propietarios como a inquilinos, mientras que el segundo establece la ampliación de la duración de determinados contratos de alquiler. El acceso a la deducción estará condicionado a que la vivienda arrendada se encuentre en una zona declarada como mercado residencial tensionado. La declaración corresponde a las comunidades autónomas, por iniciativa propia o a propuesta de los ayuntamientos, por lo que el nuevo incentivo fiscal queda vinculado a la existencia de esta declaración territorial. La cuantía de la deducción dependerá además de los ingresos del contribuyente y estará sujeta a determinados límites. Para bases imponibles de hasta 23.007,20 euros, la base máxima sobre la que se aplicará el 10% será de 11.630 euros, lo que permitiría alcanzar una deducción de unos 1.163 euros al año. A partir de ese nivel de renta, la base deducible irá disminuyendo progresivamente hasta desaparecer cuando los ingresos superen los 33.007,20 euros. El beneficio fiscal no supondrá una reducción inmediata de la mensualidad del alquiler, sino que se aplicará en la declaración del IRPF. Una vez publicado el decreto en el BOE, el primer efecto se produciría en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará en 2027. Además, según el borrador del decreto utilizado para realizar los cálculos, la deducción no sería aplicable cuando el contribuyente o algún integrante de su unidad familiar sea propietario o usufructuario de otra vivienda situada a menos de 50 kilómetros del inmueble alquilado. El paquete fiscal también introduce modificaciones para los propietarios. Las reducciones sobre los rendimientos obtenidos por el alquiler podrán alcanzar el 100% en determinados supuestos, con mayores incentivos para quienes reduzcan las rentas. En sentido contrario, el diseño previsto contempla una reducción progresiva de las bonificaciones fiscales cuando el alquiler aumente respecto al contrato anterior, utilizando el IRPF como mecanismo para desincentivar las subidas de las rentas.

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(Expansión, 29-09-2026) | Fiscal

Tercer plan anticrisis del Gobierno con el sector agroalimentario en el foco

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto anticrisis para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos, con especial atención a los sectores más expuestos al encarecimiento de los carburantes. Durante los últimos días, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con organizaciones empresariales y sindicales y con representantes de la industria, el transporte, la logística, la distribución y el sector agroalimentario para concretar las nuevas medidas. El margen presupuestario del Ejecutivo es limitado después de que los dos paquetes anticrisis aprobados en marzo y junio hayan supuesto un coste cercano a 10.000 millones de euros. Por ello, el nuevo decreto previsiblemente tendrá un alcance más selectivo. Entre las medidas que ya se dan prácticamente por confirmadas figura la ampliación hasta final de año de las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por el incremento del coste del gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias, que habían amenazado con movilizaciones, consideran insuficiente mantener únicamente la actual bonificación de 20 céntimos por litro, que finaliza este miércoles. El Ejecutivo también mantiene bajo vigilancia la evolución de los precios de los alimentos ante el riesgo de que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la cadena. Aunque los alimentos se encarecieron un 2,5% en agosto, por debajo del 4,3% de inflación general, el Gobierno pretende actuar especialmente sobre el sector agroalimentario y el transporte para limitar los efectos de segunda ronda. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha planteado además la posibilidad de establecer compensaciones fiscales para las explotaciones agroganaderas. Entre las opciones que cuentan con menos posibilidades se encuentra la recuperación de la denominada excepción ibérica, que permitiría limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad. Esta medida cuenta con el respaldo de Sumar y los sindicatos, pero genera reticencias en Bruselas por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. La presión para adoptar medidas aumenta ante el encarecimiento previsto de la factura regulada del gas, que según la OCU podría superar el 50% desde el 1 de octubre si no se introducen nuevas medidas. El nuevo paquete se sumará a otras actuaciones ya aprobadas para hacer frente a la crisis energética, entre ellas la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el mantenimiento de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.

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(La Vanguardia, 29-09-2026) | Fiscal

El Gobierno planea prohibir la compra de vivienda a fondos y rebajas de IRPF a inquilinos

El Gobierno apura las negociaciones con los grupos parlamentarios para cerrar el nuevo paquete de medidas sobre vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Entre las propuestas que se están estudiando figuran una mayor protección frente a los desahucios, límites a la adquisición especulativa de viviendas por parte de grandes fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler y ayudas dirigidas a personas que quieren comprar una vivienda pero no disponen de ahorros suficientes. El paquete también podría incluir cambios fiscales para propietarios e inquilinos, medidas para proteger el parque público, una regulación específica del alquiler de temporada, una mayor tributación de los pisos turísticos y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. PSOE y Sumar mantienen conversaciones con los partidos que respaldaron la investidura para tratar de cerrar un texto que incorpora novedades respecto a los proyectos que no prosperaron durante la primavera y el pasado mes de julio. El nuevo impulso a la norma coincide con el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen, que ha convertido el problema de la vivienda en uno de los principales focos de atención política. Para facilitar el acuerdo, el Ejecutivo ha renunciado a incluir en esta ocasión la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en el proyecto anterior y que pretendía agilizar los permisos y concesiones para construir nuevas viviendas. La negociación contempla nuevas ayudas para jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda y medidas destinadas a preservar el parque público. También se estudia cómo limitar las compras de inmuebles residenciales por parte de grandes fondos de inversión sin afectar a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades inmobiliarias. A ello se añaden posibles incentivos fiscales para los inquilinos y para los propietarios que mantengan sus viviendas alquiladas sin incrementar las rentas, así como fórmulas para que los pisos turísticos tributen por IVA y una reducción de este impuesto en la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Sumar considera que todavía quedan aspectos relevantes por cerrar y reclama que el texto garantice una protección efectiva frente a los desahucios, regule el alquiler de temporada y por habitaciones, establezca mecanismos para la prórroga de los contratos y refuerce la lucha contra el fraude relacionado con los pisos turísticos. El partido advierte de que no quiere que estos elementos pierdan peso durante las conversaciones con Junts y PNV, cuyos planteamientos han obligado a modificar algunas de las propuestas defendidas por los sectores más progresistas del Ejecutivo. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el decreto este martes, aunque no ha concretado qué medidas formarán finalmente parte del texto. Ha señalado que todas las opciones continúan sobre la mesa y ha situado entre los objetivos principales la protección de los colectivos vulnerables y la mejora del acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha defendido las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Gobierno, entre ellas los programas del ICO y los proyectos España Crece destinados a aumentar el parque público de vivienda. El texto que se manejaba en julio, y que no consiguió el respaldo parlamentario suficiente, ha sido reformulado con nuevas propuestas en un contexto de creciente movilización social. Las protestas por el acceso a la vivienda se han extendido durante el fin de semana por distintas ciudades y han desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El desahucio de una mujer de 87 años ha servido como catalizador de estas movilizaciones y el Gobierno pretende aprovechar el actual escenario para sacar adelante un decreto que introduzca cambios en algunos de los aspectos más conflictivos del mercado inmobiliario. Una de las cuestiones más complejas es determinar cómo se limitará la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos. La prohibición general de que las personas jurídicas compren vivienda residencial ya había sido planteada por Sumar y posteriormente descartada por su dificultad de aplicación. Ahora se trabaja en una fórmula más específica que permita actuar sobre las operaciones consideradas especulativas de grandes inversores sin afectar al tejido de pequeñas empresas del sector. También siguen abiertas las negociaciones sobre las ayudas a la compra y los incentivos fiscales. Algunos expertos han advertido de que las políticas destinadas a estimular la demanda pueden terminar contribuyendo al aumento de los precios si no van acompañadas de un incremento suficiente de la oferta. El Gobierno estudia, por ello, medidas dirigidas específicamente a jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda, además de posibles beneficios fiscales para los inquilinos. En paralelo, las ventajas fiscales para los propietarios que mantengan las rentas sin incrementos forman parte de las condiciones planteadas por Junts y aceptadas por Sumar como parte de la negociación. La protección frente a los desahucios es otra de las propuestas que podría adquirir mayor relevancia, con el objetivo de evitar situaciones similares a la que ha provocado la actual movilización social. También se negocian mecanismos para dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler y reducir la incertidumbre de los hogares ante las renovaciones o posibles incrementos de las rentas. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la regulación concreta que finalmente recoja el decreto. El plan también contempla una serie de bonificaciones fiscales pensadas tanto para caseros como para inquilinos, y que elevan la presión del Gobierno para que las autonomías y ayuntamientos, con competencias en vivienda, declaren las zonas tensionadas. Para los arrendatarios, el paquete contempla una nueva deducción estatal en el IRPF del 10% del alquiler de la vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Estos descuentos quedan acotados a las zonas de mercado caliente. Para los caseros, el esquema es más amplio y no queda restringido a las zonas tensionadas, aunque las mayores ventajas fiscales sí se concentran en ellas. La reducción del rendimiento neto del alquiler puede llegar al 95% cuando se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años con una rebaja de la renta superior al 5%, y al 90% cuando esa rebaja se aplica a cualquier inquilino, siempre en zonas tensionadas. Fuera de ellas también se contemplan reducciones. Entre otras, se propone una del 100% en determinados nuevos contratos con el mismo inquilino o cuando la renta queda por debajo del índice de referencia. Además, se mantienen tramos de reducción inferiores, del 50% al 15%, en función de cómo evolucione el precio respecto al contrato anterior, con el objetivo de penalizar a los caseros que suban la renta. Además, se mandata al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a crear una línea de préstamos para apoyar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Los créditos públicos se destinarán a financiar al menos del 20% del valor de la vivienda hipotecada, o hasta 50.000 euros. Se concederán hasta 10 años, a un tipo de interés del 0% y sin comisiones, con un período de carencia igual al del plazo de la hipoteca, y por un máximo de 30 años. Los detalles se dejan para elaboración posterior.

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(El Economista, 29-09-2026) | Fiscal

Cuerpo presenta hoy la cuenta europea de inversión con exenciones fiscales a partir de cinco años

El Ministerio de Economía llevará este martes al Consejo de Ministros su propuesta para crear una cuenta europea de inversión, concebida para incentivar el ahorro a largo plazo y canalizar recursos hacia empresas y sectores estratégicos europeos. La iniciativa contempla, según fuentes conocedoras de su desarrollo, una exención fiscal durante los primeros cinco años para los inversores que mantengan el dinero inmovilizado durante ese periodo. A partir del quinto año, las plusvalías obtenidas tributarían al 20%, con independencia del tipo marginal que correspondiera al contribuyente. La medida supondría una reducción fiscal de hasta tres puntos porcentuales para los contribuyentes con rentas del capital sometidas a los tipos más elevados. El objetivo es hacer más atractivos estos vehículos y favorecer que el ahorro se destine a inversiones productivas a largo plazo. Todavía está por concretar qué activos podrán incorporarse, entre ellos acciones, bonos, fondos o ETF, así como si será obligatorio destinar una parte determinada de la inversión a empresas españolas o europeas. También queda por determinar si se creará un nuevo producto financiero específico o si se adaptarán instrumentos de ahorro ya existentes, como los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp) o las cuentas individuales de ahorro a largo plazo (Cialp). Estos productos ya contemplan horizontes mínimos de inversión de cinco años y podrían adaptarse a los requisitos de las futuras cuentas europeas, facilitando además su distribución a través de bancos y aseguradoras. La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro hacia la inversión. Bruselas pretende canalizar parte de los más de diez billones de euros que actualmente permanecen en depósitos hacia sectores considerados estratégicos para la competitividad europea, como la digitalización. En este contexto, España impulsó junto a otros países la iniciativa Finance Europe, que plantea que estos productos mantengan un horizonte mínimo de cinco años y destinen al menos el 70% de sus activos a empresas del Espacio Económico Europeo, además de contar con una presencia relevante de renta variable. El tratamiento fiscal planteado por España, no obstante, podría ser menos amplio que el que se está estudiando en otros países europeos, donde se contemplan fórmulas de exención más generosas. La efectividad de la iniciativa dependerá también de la variedad de activos que puedan incluirse, de la flexibilidad para decidir dónde invertir y de la existencia o no de límites máximos de aportación.

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(Cinco Días, 28-09-2026) | Fiscal

España busca arañar margen fiscal en Bruselas para el nuevo paquete contra la crisis energética

El Gobierno afronta la recta final de septiembre con un margen fiscal muy reducido para aprobar un nuevo paquete de medidas contra el encarecimiento de la energía sin alejarse de los compromisos asumidos con Bruselas. El Ejecutivo prevé aprobar este martes un nuevo escudo anticrisis junto al decreto de vivienda y estudia solicitar a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales para disponer de capacidad adicional de gasto. Desde el inicio de la escalada del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, España ha puesto en marcha dos paquetes de medidas. El primero, aprobado en marzo, incluyó importantes reducciones fiscales y ayudas sobre los carburantes, mientras que el segundo, aprobado posteriormente, prorrogó parte de estas actuaciones con un alcance menor. En conjunto, ambos programas han movilizado alrededor de 10.000 millones de euros. Este esfuerzo ha reducido de forma considerable el margen disponible dentro de la senda fiscal pactada con Bruselas para el periodo 2025-2031. El acuerdo establece un crecimiento medio anual del 3% del gasto público neto, una magnitud que excluye, entre otros conceptos, los intereses de la deuda y determinados gastos extraordinarios. España ya se encontraba cerca del límite de cumplimiento antes de que fuera necesario plantear un nuevo paquete de ayudas. Las primeras medidas se diseñaron bajo la expectativa de que el conflicto de Oriente Próximo tendría una duración limitada y de que los precios energéticos comenzarían a normalizarse después del verano. Por este motivo, la prórroga aprobada en julio eliminó algunas actuaciones, como determinadas rebajas del IVA de la electricidad, y redujo otras, entre ellas las bonificaciones aplicadas al diésel. Sin embargo, la prolongación del conflicto ha cambiado el escenario. Los precios del gas mantienen una trayectoria ascendente y podrían terminar trasladando nuevas presiones al mercado eléctrico. La inflación española cerró agosto en el 4,3% y las previsiones apuntan a que podría aproximarse al 5% en septiembre. Bruselas ya había advertido durante la primavera de que España se encontraba en riesgo de incumplir los compromisos fiscales asumidos para los próximos ejercicios. El cumplimiento se vio facilitado por la activación de una excepción parcial de las reglas fiscales destinada exclusivamente al incremento del gasto en Defensa entre 2025 y 2028. Esta primera flexibilización dejó a España un margen adicional equivalente a unas dos décimas de PIB, alrededor de 3.400 millones de euros. Después de la aprobación del segundo paquete de medidas y ante la necesidad de poner en marcha un tercero, el Gobierno busca ahora ampliar ese espacio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente en el Congreso que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas la flexibilidad adicional necesaria para mantener el cumplimiento del marco fiscal europeo. La vía que estudia el Gobierno pasa por utilizar una segunda cláusula nacional de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, independiente de la excepción ya activada para Defensa. Si España pudiera acogerse a este mecanismo para determinadas actuaciones relacionadas con la crisis energética, dispondría de un margen acumulado de hasta el 0,6% del PIB hasta 2028. La cifra rondaría los 10.000 millones de euros, aunque no podría utilizarse íntegramente en un solo ejercicio. El límite anual se situaría en tres décimas de PIB, unos 5.000 millones. La utilización de esta excepción, además, estaría condicionada al tipo de medidas que se financien. La Comisión Europea ha establecido que las actuaciones deben contribuir a la transición energética y reforzar la resiliencia del sistema energético europeo. Entre las iniciativas que pueden quedar cubiertas figuran las ayudas a las energías renovables, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, las inversiones en redes eléctricas o determinadas actuaciones relacionadas con la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Por el contrario, las orientaciones comunitarias excluyen expresamente medidas como las reducciones de impuestos sobre los combustibles fósiles, las ayudas directas a estos productos, los precios regulados o determinadas subvenciones destinadas exclusivamente a compensar el impacto de los elevados precios energéticos sin generar mejoras estructurales en el sistema. Esta limitación condiciona las opciones del Ejecutivo para diseñar el nuevo paquete. El Gobierno está negociando con Bruselas qué actuaciones podrían acogerse a la cláusula de salvaguardia antes de comprometer un mayor gasto, ya que solicitar más margen fiscal no permitiría posteriormente utilizarlo para medidas que queden fuera de las condiciones fijadas por la Comisión. Entre las propuestas que presentan más dificultades se encuentra la recuperación de mecanismos destinados a limitar directamente el precio del gas. La denominada excepción ibérica, que actuaba sobre el mercado mayorista para evitar que el encarecimiento del gas se trasladara íntegramente al precio de la electricidad, vuelve a estar sobre la mesa, aunque existen dudas sobre su compatibilidad con las exigencias europeas y sobre sus posibles efectos en el sector fotovoltaico. El funcionamiento actual del mercado hace que el gas determine el precio de la electricidad únicamente durante determinadas horas, principalmente al final de la tarde. Sin embargo, esas horas tienen importancia para las instalaciones renovables, ya que permiten compensar parcialmente los precios más bajos registrados durante las horas de mayor producción solar. Otra de las alternativas que se estudian es limitar el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas. Esta medida tendría impacto sobre los aproximadamente tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa y permitiría amortiguar la subida prevista para los próximos meses, ante el riesgo de que el precio regulado del gas aumente de forma significativa durante el otoño. El Ejecutivo afronta así una doble restricción: por un lado, la necesidad de responder al repunte de los precios energéticos y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo; por otro, el reducido margen presupuestario disponible y las condiciones que Bruselas impone para flexibilizar temporalmente las reglas fiscales. La composición final del nuevo paquete de ayudas dependerá en buena medida de qué medidas puedan ser aceptadas dentro de este marco europeo.

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