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(Expansión, 27-10-2026) | Fiscal

Los ingresos de los paraísos fiscales aumentan gracias al impuesto mínimo global

Guernsey, Jersey y otros territorios considerados paraísos fiscales prevén obtener ingresos tributarios adicionales tras elevar sus tipos del impuesto de sociedades para adaptarse a las normas de la OCDE. En contra de las previsiones iniciales, las grandes multinacionales no han abandonado estos centros financieros, pese a la introducción de un tipo mínimo efectivo global destinado a reducir los incentivos para trasladar beneficios a jurisdicciones con baja tributación. Estas jurisdicciones temían que la nueva regulación provocara una salida de empresas y capitales. El acuerdo, impulsado por la OCDE y respaldado por más de un centenar de países en 2021, estableció un tipo mínimo efectivo del 15% para los grupos multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La iniciativa, conocida como Pilar Dos, constituyó una de las reformas más importantes de la fiscalidad empresarial internacional en más de un siglo, aunque su alcance se ha reducido parcialmente desde su aprobación. Charles Parkinson, responsable del Tesoro de Guernsey, explicó al Financial Times que menos del 10% de las multinacionales han trasladado sus operaciones fuera de esta dependencia de la Corona británica como consecuencia del incremento fiscal. La isla ha duplicado recientemente su previsión de ingresos vinculados a estas normas hasta los 88 millones de libras, unos 105 millones de euros, para 2025, primer año de aplicación. El ejercicio anterior, la recaudación por el impuesto de sociedades había ascendido a 48 millones de libras, cuando la mayoría de las multinacionales tributaban a tipos del 0% o del 10%, según su actividad. Jersey, que contaba con un sistema tributario similar, también espera obtener decenas de millones de libras adicionales gracias al Pilar Dos. Bermudas ha revisado igualmente al alza sus previsiones y calcula que los ingresos derivados de estas normas alcanzarán los 291 millones de dólares, alrededor de 260 millones de euros, durante el primer año. Esta cantidad representa aproximadamente una quinta parte de la recaudación fiscal total prevista para el ejercicio 2025-2026. Hasta 2025, Bermudas no aplicaba un impuesto general de sociedades, pero introdujo un tipo del 15% para ajustarse al nuevo marco internacional. Inicialmente, esperaba recaudar 188 millones de dólares, aunque elevó sus estimaciones tras constatar los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías reaseguradoras. Irlanda figura también entre los países que están aprovechando el nuevo sistema. Los ingresos procedentes de empresas que mantienen en el país sus derechos de propiedad intelectual, entre ellas Apple, han contribuido a generar superávits presupuestarios durante varios ejercicios. El Ministerio de Economía irlandés prevé que, a partir del próximo año, la recaudación del impuesto de sociedades aumente en 3.500 millones de euros anuales como consecuencia del Pilar Dos. Giorgia Maffini, directora de política fiscal de PwC, considera que, si se mantiene esta tendencia, las empresas podrían seguir conservando sus beneficios y sus inversiones en estas jurisdicciones por motivos distintos de la fiscalidad. No obstante, advierte de que las primeras cifras todavía son provisionales y deben interpretarse con cautela. El mecanismo del Pilar Dos permite que, cuando una multinacional soporta en un país un tipo impositivo efectivo inferior al 15%, se apliquen impuestos complementarios para alcanzar el mínimo establecido, de acuerdo con las reglas correspondientes. Este sistema incentiva a las jurisdicciones con baja tributación a implantar sus propios mecanismos de imposición mínima, evitando que otros Estados recauden los importes adicionales. Sin embargo, el pasado enero, la Administración de Donald Trump consiguió una exención para las empresas estadounidenses respecto de estos gravámenes complementarios previstos por el acuerdo internacional. Los expertos apuntan a que las ventajas de estos territorios van más allá de los impuestos. Las multinacionales pueden mantener allí sus sedes por la flexibilidad de sus marcos regulatorios, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y el acceso a trabajadores cualificados. A estos factores se suma el coste administrativo que supone cumplir con las obligaciones de información del Pilar Dos. Daniel Bunn, consejero delegado de la estadounidense Tax Foundation, señala que las empresas incluidas en el régimen deben presentar información detallada sobre sus operaciones, incluso cuando no tengan que abonar impuestos adicionales. La complejidad de estos procedimientos puede desincentivar el traslado de sus estructuras a otros países, ya que implicaría asumir nuevos costes de cumplimiento y adaptar sus sistemas internos. En este contexto, mantener las estructuras actuales puede resultar más sencillo desde el punto de vista operativo. John Vella, director del Centro de Fiscalidad Empresarial de la Universidad de Oxford, considera que todavía es pronto para evaluar todas las consecuencias de la reforma. A su juicio, las compañías podrían esperar antes de modificar su ubicación, hasta comprobar cómo se consolidan las normas y cuál es su aplicación efectiva a largo plazo. Desde Guernsey, Parkinson advierte de que el incremento de la recaudación debe entenderse como una ganancia inesperada a corto plazo, puesto que las empresas podrían cambiar sus estrategias para reducir su carga fiscal. En una línea similar, el primer ministro de Bermudas, David Burt, ha señalado que 2025 podría marcar el máximo de ingresos por el impuesto de sociedades. Entre los factores que podrían reducir la recaudación futura figura la concesión de créditos fiscales a las empresas. Jersey también ha reconocido que existe una incertidumbre considerable sobre el volumen total de ingresos adicionales que generará la reforma y durante cuánto tiempo podrán mantenerse. Desde la OCDE recuerdan, además, que las decisiones empresariales sobre dónde establecerse no dependen exclusivamente de la fiscalidad, sino también de la calidad de las infraestructuras, la estabilidad normativa y la disponibilidad de mano de obra. En julio, la organización estimó que el impuesto mínimo global podría incrementar la recaudación tributaria mundial entre un 3,2% y un 5,4%, lo que supondría entre 91.000 y 155.000 millones de dólares anuales. Estas previsiones son inferiores a las calculadas inicialmente, lo que refleja las dificultades para determinar el impacto definitivo de una reforma cuya aplicación sigue evolucionando.

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(El País, 27-10-2026) | Fiscal

Elma Saiz asegura que el Gobierno aprobará otra deducción para que el salario mínimo no tribute en el IRPF

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo prevé aprobar una deducción fiscal para evitar que la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) implique el pago efectivo del IRPF por parte de sus perceptores. No obstante, para que esta medida entre en vigor será necesario incorporarla a una norma con rango legal que deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. En una entrevista en la Cadena SER, Saiz ha señalado inicialmente que el Gobierno pretende aprobar el incremento del salario mínimo antes de las elecciones generales. Posteriormente, ha matizado que esa es la intención del Ejecutivo, aunque todavía debe concluir sus trabajos el grupo de expertos encargado de recomendar la cuantía de la subida. El Gobierno contempla un aumento cercano al 5% para 2027, mientras que los sindicatos reclaman un incremento del 7%. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. El Ministerio de Hacienda decidirá cómo articular la exención efectiva del salario mínimo una vez que se apruebe la nueva cuantía. Según las previsiones, el departamento que dirige Arcadi España podría mantener el mecanismo aplicado en la última actualización y recurrir a una deducción en la declaración de la renta, en lugar de modificar los umbrales de tributación o la reducción por rendimientos del trabajo. Esta última fórmula se utilizó durante años para adaptar el IRPF a los sucesivos incrementos del SMI. Hasta 2024, las subidas del salario mínimo solían acompañarse de modificaciones en los límites del impuesto para evitar que los trabajadores que percibían esta remuneración comenzaran a tributar por el aumento de sus ingresos. Ese año, cuando el SMI alcanzó los 15.876 euros brutos anuales, Hacienda elevó hasta esa cantidad el umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes con más de un pagador estaban obligados a presentar la declaración. Desde entonces, este límite no se ha actualizado, pese a que el salario mínimo ha aumentado hasta los actuales 17.094 euros anuales. En las últimas revisiones, el Gobierno ha optado por mantener los umbrales fiscales y establecer una deducción que compense el impuesto que correspondería pagar a los perceptores del SMI. De esta manera, pueden quedar exentos de tributación efectiva, aunque mediante un procedimiento diferente al utilizado anteriormente. Este sistema implica que los trabajadores deben presentar la declaración de la renta para recuperar las cantidades retenidas durante el ejercicio anterior, por lo que la compensación no se produce necesariamente en la nómina mensual. La cuestión fiscal también ha generado un enfrentamiento político entre el Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante la entrevista, Saiz ha criticado las declaraciones del dirigente popular, que la semana pasada afirmó que el salario mínimo tributaba en el IRPF. La ministra ha defendido que el Ejecutivo ya había planteado la exención de esta renta en anteriores debates parlamentarios y ha recordado las discrepancias surgidas en 2025 sobre la fórmula que debía utilizarse para evitar su tributación efectiva. El calendario para aprobar la nueva subida del SMI es ajustado. El Gobierno quiere que el incremento entre en vigor el 1 de enero de 2027 y que la decisión se adopte antes de las elecciones generales. La previsión es que la nueva cuantía se apruebe mediante un real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, con el del 24 de noviembre como última fecha prevista antes de los comicios. Antes de tomar esa decisión, el Ministerio de Trabajo deberá recibir las recomendaciones del grupo de expertos integrado por representantes del ámbito académico, sindical y del propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concedió el pasado 8 de octubre un plazo de tres semanas para que el grupo presentara sus conclusiones. Ese periodo concluye a finales de octubre, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de la próxima reunión. El Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno debe tener en cuenta diversos indicadores para fijar el salario mínimo, entre ellos la evolución del índice de precios de consumo, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Además, los expertos valoran otros objetivos, como la recomendación de la Carta Social Europea de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto y la necesidad de reducir la pobreza laboral. El grado de cumplimiento de ese objetivo continúa siendo objeto de discrepancia entre los expertos, los sindicatos y distintos departamentos del Gobierno. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sostenido recientemente que el SMI ya representa el 60% del salario medio, después de acumular una subida del 66% desde 2018. Cuerpo también ha defendido que el próximo incremento se acuerde y anuncie antes de las elecciones para reducir la incertidumbre entre los trabajadores que perciben esta remuneración. El proceso deberá resolver, por tanto, dos cuestiones relacionadas pero distintas: la cuantía de la subida del salario mínimo para 2027 y el mecanismo fiscal que permitirá evitar que ese incremento se traduzca en una mayor carga efectiva del IRPF para sus beneficiarios. Ambas decisiones deberán concretarse en las próximas semanas para que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde el comienzo del próximo año.

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(El País, 26-10-2026) | Fiscal

El nuevo impuesto complementario a las multinacionales solo recauda 46 millones en su primer ejercicio

Los cambios introducidos en los últimos años en la fiscalidad de las grandes empresas han tenido un alcance mucho menor del que se esperaba inicialmente. El entusiasmo generado en 2021, cuando cerca de 140 países pactaron fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores multinacionales, fue perdiendo fuerza a medida que el acuerdo político debía convertirse en legislación y surgían obstáculos para su aplicación. España es un ejemplo de estas dificultades. El impuesto complementario creado para garantizar que las grandes corporaciones tributen al menos un 15% de sus beneficios apenas había recaudado 46 millones de euros hasta agosto de 2026, pese a que las previsiones iniciales apuntaban a unos ingresos de miles de millones, calculados a partir de las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de que se redujera la ambición del proyecto internacional. La iniciativa surgió para actualizar unas normas fiscales internacionales consideradas obsoletas y frenar la competencia entre países por ofrecer condiciones tributarias cada vez más favorables. El objetivo era dificultar que las grandes corporaciones trasladaran sus beneficios a territorios con una fiscalidad reducida o inexistente para disminuir los impuestos que pagan. Sin embargo, las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCDE acabaron estancándose y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca terminó de debilitar el acuerdo. Después de varios cambios y negociaciones, el resultado ha sido un tipo mínimo del 15% para las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros, dentro del denominado Pilar Dos. Su aplicación ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, como reflejan los datos de 2026, primer ejercicio en el que se abona este impuesto, aunque su cálculo se basa en los resultados de 2024. Las numerosas exenciones incorporadas al sistema han reducido su alcance y, además, las multinacionales estadounidenses han quedado finalmente fuera del gravamen. El otro componente del acuerdo, conocido como Pilar Uno, pretendía redistribuir una parte de los beneficios de los mayores grupos internacionales entre los países en los que desarrollan su actividad, pero permanece paralizado. Ante la posibilidad de que las negociaciones internacionales se prolongaran, España decidió adelantarse y aprobó en 2022 un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las empresas con una facturación superior a 20 millones de euros en territorio nacional. No obstante, el Gobierno anunció que adaptaría esta figura a las condiciones que finalmente se acordaran en el ámbito internacional. Dos años después, España incorporó a su legislación la directiva europea que establece el impuesto mínimo global impulsado por la OCDE. Este gravamen presenta diferencias respecto al impuesto mínimo nacional, ya que se calcula sobre el resultado contable, una magnitud más próxima al beneficio neto que a la base imponible fiscal, y afecta a los grupos multinacionales con una facturación global superior a 750 millones de euros. Además, se articula mediante tres modalidades complementarias. La primera es el impuesto complementario nacional, por el que las entidades de grupos nacionales o multinacionales que tributen en España a un tipo efectivo inferior al 15% deben abonar la cantidad necesaria para alcanzar ese umbral. La segunda modalidad, denominada impuesto complementario primario, obliga a la sociedad matriz de un grupo multinacional ubicada en España a pagar la diferencia cuando alguna de sus filiales extranjeras tribute por debajo del tipo mínimo establecido. La tercera, el impuesto complementario secundario, permite recaudar el impuesto pendiente correspondiente a filiales de grupos extranjeros situadas en España cuando sus beneficios no hayan soportado una tributación suficiente en el país de origen.

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(El Economista, 26-10-2026) | Fiscal

Hacienda congela cerca de 23.000 millones de los municipios para vivienda

Los ayuntamientos acogieron favorablemente la decisión del Gobierno de permitirles destinar sus superávits y remanentes de tesorería a nuevas inversiones. Sin embargo, la puesta en práctica de esta medida está encontrando importantes obstáculos burocráticos. Según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio de Hacienda todavía no ha establecido las normas que deben regular el uso de los aproximadamente 23.000 millones de euros acumulados por las entidades locales en remanentes de tesorería para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), entre cuyos posibles destinos destaca la construcción de vivienda social. La FEMP ha solicitado en varias ocasiones al departamento ministerial que defina un marco normativo con las condiciones y los requisitos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de estos recursos. Por ahora, la Federación asegura que no ha obtenido respuesta. La convocatoria anticipada de elecciones generales ha dejado en suspenso una cuestión que considera prioritaria para los gobiernos locales, especialmente por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda asequible. Desde la organización recuerdan que los municipios podrían contribuir a aliviar este problema si se les permite utilizar los ahorros acumulados. Ante la proximidad de las elecciones, previstas para el próximo 29 de noviembre, la Federación considera que una solución podría pasar por aprobar un real decreto-ley urgente, que tendría que convalidar la Diputación Permanente del Congreso y que, a su juicio, podría contar con el respaldo del PP. Esta vía permitiría desbloquear los fondos acumulados durante casi cinco años y destinarlos a atender necesidades sociales. La postura de los representantes municipales es clara: si las administraciones locales disponen de recursos propios, deben poder invertirlos. Los ayuntamientos han acumulado superávits cuando sus ingresos han superado los gastos y remanentes de tesorería que reflejan la liquidez disponible al cierre de cada ejercicio. La FEMP calcula que estos últimos ascienden a unos 23.000 millones de euros. La Ley de Estabilidad Presupuestaria limita la capacidad de las entidades locales para endeudarse, pero sus representantes consideran que esta restricción no debería impedirles utilizar los recursos que han conseguido ahorrar. A su juicio, no tiene sentido mantener ese dinero inmovilizado cuando existen necesidades que requieren financiación. La Federación, que representa al 95% de los gobiernos locales españoles, denuncia que la falta de respuesta de Hacienda se prolonga desde el año pasado. En 2025, la organización remitió varias solicitudes al Ministerio, dirigido entonces por María Jesús Montero, sin conseguir avances. Dos de ellas estaban relacionadas con el real decreto-ley que recogía medidas urgentes frente a los aranceles comerciales y otras dos abordaban específicamente el destino del superávit de 2024 y la posibilidad de realizar inversiones financieras sostenibles. En aquel momento, el Gobierno todavía no había autorizado el uso de los excedentes para este tipo de actuaciones. El permiso llegó finalmente en diciembre de 2025 y se extendió hasta el ejercicio 2027, incluido. Ahora, la reclamación de la FEMP se centra en establecer un procedimiento legal que permita movilizar los 23.000 millones de euros de remanentes de tesorería y concretar cómo pueden invertirse. Una parte importante de estos fondos podría destinarse a promover viviendas sociales en los municipios. Las inversiones financieramente sostenibles que pueden ejecutar las entidades locales abarcan numerosas áreas. Entre ellas figuran las redes de alcantarillado, el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, la modernización de los sistemas productivos, las infraestructuras de transporte, los centros educativos, la asistencia social primaria, la vivienda, los recursos hidráulicos y los servicios vinculados a la sociedad de la información. Los ayuntamientos deben comunicar a Hacienda las partidas a las que pretenden destinar el dinero y, cuando las cantidades previstas son especialmente elevadas, necesitan obtener autorización ministerial. La FEMP teme que la convocatoria electoral y el tiempo necesario para constituir un nuevo Gobierno provoquen nuevos retrasos en la ejecución de los proyectos. La preocupación es especialmente significativa en el ámbito de la vivienda, ya que la construcción de nuevas promociones requiere una planificación prolongada y unos plazos de ejecución más amplios que otras inversiones. La Federación también considera insuficiente el periodo habilitado para utilizar los recursos acumulados. Las competencias municipales en materia de vivienda incluyen la clasificación del suelo, la concesión de licencias, la gestión de terrenos públicos y la promoción y administración de viviendas protegidas de titularidad municipal. Para desarrollar estas actuaciones es necesario completar procedimientos urbanísticos y administrativos que pueden prolongarse durante años, lo que dificulta aprovechar los fondos dentro de un plazo limitado. Por este motivo, la FEMP reclama a Hacienda que amplíe y concrete las condiciones para reinvertir los superávits y los remanentes. El real decreto establece que las inversiones financiadas con el superávit obtenido en 2024, que supera los 45.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones locales, deben ejecutarse durante 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, como la autorización se aprobó en diciembre de 2025, el periodo efectivo para realizar las actuaciones se ha reducido prácticamente a dos años. La organización municipal lleva tiempo solicitando que la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tenga carácter indefinido. Esta norma regula el destino de los superávits y los remanentes de tesorería y permitiría canalizar los recursos hacia inversiones sin tener que depender de autorizaciones temporales vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Según la FEMP, tampoco ha recibido respuesta a esta petición. La mayoría de los ayuntamientos quiere aprovechar sus ahorros y los excedentes presupuestarios para impulsar la construcción de vivienda, ante las dificultades de acceso que afrontan numerosos ciudadanos. Sin embargo, la falta de un marco estable y los plazos administrativos actuales complican la puesta en marcha de nuevos proyectos. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 señala que el parque de viviendas de titularidad pública autonómica y municipal apenas suma 318.000 unidades, lo que equivale aproximadamente al 1,7% de los hogares españoles. Los expertos advierten de que el desafío no se limita a financiar la construcción de nuevas viviendas, sino que también exige disponer de los medios humanos y materiales necesarios para gestionarlas y mantenerlas a largo plazo. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor proporción de vivienda pública construida. La posibilidad de utilizar los remanentes municipales podría contribuir a reducir esta carencia, siempre que las administraciones locales puedan disponer de sus recursos sin trabas adicionales. Desde la FEMP insisten en que, en lugar de prolongar los procedimientos, las autoridades deberían facilitar la inversión para que los proyectos puedan materializarse y dar respuesta a la necesidad de vivienda.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La UE avala a España para endurecer el perdón de deudas con Hacienda

España puede establecer límites a la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad cuando los solicitantes mantienen obligaciones pendientes con Hacienda. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, quien considera que la normativa comunitaria no contiene disposiciones suficientemente precisas para impedir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales al perdón de las deudas. Las conclusiones responden a una consulta planteada por la Audiencia Provincial de Valladolid a raíz del caso de una pareja española que solicitó acogerse al mecanismo de exoneración de deudas. La Agencia Tributaria se opuso a que el hombre obtuviera este beneficio porque acumulaba más de 40.000 euros de deuda tributaria, correspondiente a una empresa de la que había sido administrador y por la que había sido declarado responsable. La legislación española impide acceder a la segunda oportunidad a quienes, durante los diez años anteriores, hayan sido declarados responsables de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que hayan satisfecho íntegramente las cantidades exigidas. Una restricción similar se aplica a determinadas deudas relacionadas con infracciones tributarias, la Seguridad Social y el orden social. Estas limitaciones pueden afectar tanto a personas físicas como a quienes mantienen responsabilidades vinculadas a sociedades. De la Tour considera que el Derecho de la Unión Europea no obliga a los tribunales españoles a dejar de aplicar esta restricción, incluso cuando estimen que puede resultar desproporcionada. A su juicio, el derecho a la exoneración de deudas no es absoluto ni está sujeto a condiciones incondicionales, pese a que la normativa europea prevalezca, con carácter general, sobre las disposiciones nacionales incompatibles. El abogado general sostiene que la directiva comunitaria concede a los Estados miembros un amplio margen para regular las excepciones al régimen de exoneración. La norma incluye listas no exhaustivas tanto de los motivos por los que puede denegarse o restringirse el acceso a este mecanismo como de las categorías de créditos que pueden quedar excluidas de la cancelación. En este sentido, argumenta que, cuando un Estado miembro introduce excepciones adicionales al amparo de las posibilidades previstas en la directiva, la normativa europea no es suficientemente precisa para justificar por sí sola que se deje sin efecto una disposición nacional contraria. Una interpretación distinta, advierte, permitiría a los jueces inaplicar las normas internas mediante las que cada país ha establecido excepciones al principio de exoneración contemplado en la legislación comunitaria. La controversia también gira en torno al principio de proporcionalidad. La pareja afectada considera que impedir la cancelación de todas sus deudas por mantener obligaciones tributarias pendientes constituye una medida excesiva. Hacienda, por su parte, defiende que la legislación vigente no permite establecer excepciones por ese motivo. Sobre esta cuestión, De la Tour señala que corresponde al juez nacional valorar si la restricción es proporcionada, bajo la supervisión del órgano jurisdiccional superior competente. Asimismo, apunta que la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en España sobre esta materia pone en duda que resulte imposible interpretar la legislación nacional de una manera compatible con las exigencias europeas. El abogado general recuerda que las autoridades de los Estados miembros, incluidos sus órganos judiciales, deben procurar interpretar el Derecho nacional de conformidad con la directiva comunitaria siempre que sea posible. El objetivo de esta norma es facilitar la cancelación de las deudas que resultan impagables y permitir que las personas afectadas puedan recuperar su estabilidad económica. Las conclusiones presentadas por el abogado general no son vinculantes para el TJUE, aunque suelen servir de referencia para la sentencia definitiva. Por tanto, la Audiencia Provincial de Valladolid deberá esperar al pronunciamiento del tribunal europeo para determinar cómo resolver el caso.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

El nuevo Consejo para la prevención del blanqueo se constituirá antes de las elecciones

El Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha aprobado la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La medida se formalizó mediante una orden ministerial publicada ayer, después de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2026-2030 y del anteproyecto de ley antiblanqueo que contemplaba la creación de una nueva autoridad supervisora. El nuevo Consejo pretende convertirse en un espacio estable de colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado, con un marco normativo propio que permita coordinar sus actuaciones de manera permanente y estructurada, según explica el Ejecutivo. Entre sus principales cometidos figura impulsar la cooperación entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También promoverá la aplicación de sanciones financieras internacionales y facilitará el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, tanto entre las administraciones y los sujetos obligados como entre estos últimos. Asimismo, el órgano podrá elaborar informes, guías y recomendaciones para identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema de prevención, además de plantear a las autoridades nuevas iniciativas, medidas y prioridades destinadas a reforzar su eficacia. La orden ministerial establece que el Pleno estará integrado por un presidente y 21 vocales, y deberá reunirse al menos una vez al año. Además, podrá constituir un comité ejecutivo de hasta diez integrantes y crear comisiones técnicas para abordar tareas específicas, especialmente las relacionadas con el intercambio de información estratégica y operativa. Economía ha fijado un plazo máximo de un mes para constituir este órgano, por lo que su primera reunión está prevista antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De este modo, el Gobierno pretende poner en marcha el mecanismo de cooperación antes de la cita electoral. La creación del Consejo no debe confundirse con la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un organismo diferente cuya puesta en marcha estaba contemplada en el anteproyecto de ley antiblanqueo. La iniciativa legislativa también preveía ampliar el número de sujetos obligados a cumplir las normas de prevención, incorporando, entre otros, a los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes de fútbol. Según fuentes gubernamentales, la creación de la Anifi, concebida para concentrar las competencias de supervisión, inspección y sanción en materia de blanqueo de capitales en España, ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas y la retirada del anteproyecto. No obstante, el Ministerio de Economía podría retomar la iniciativa si Pedro Sánchez continúa al frente del Ejecutivo después de los comicios. En cualquier caso, el Gobierno que se forme tras las elecciones deberá adaptar la legislación española al paquete europeo de medidas contra el blanqueo de capitales, aprobado en 2024. El plazo límite para completar la transposición de las disposiciones que lo requieran finaliza el 10 de julio de 2027.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

Guiños fiscales al campo

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas fiscales para el sector agrario de cara a 2027, entre las que destaca una reducción general del 10% del rendimiento neto en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas, junto con deducciones específicas por la compra de gasóleo agrícola y fertilizantes. Bajo el lema «Producimos tu comida; merecemos vivir de nuestro trabajo», agricultores y ganaderos españoles volverán a salir a la calle el próximo miércoles 28 de octubre con una gran tractorada en Madrid. La movilización pretende visibilizar el malestar del sector ante la acumulación de dificultades que comprometen la viabilidad de numerosas explotaciones. Entre los principales problemas figuran el encarecimiento de los costes de producción por la subida de los precios de la energía, la amenaza de recortes en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), los bajos precios que perciben los productores y la falta de garantías de reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países. A estas preocupaciones se suman las crecientes exigencias burocráticas, que, según denuncian las organizaciones agrarias, incrementan la carga administrativa y restan tiempo a las labores productivas. En este contexto, las principales organizaciones del campo consideran insuficiente la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola para compensar el aumento de los costes. Ante esta situación, el Ejecutivo ha anunciado nuevos incentivos fiscales dirigidos al colectivo, con el que mantiene una relación marcada por las discrepancias. El Gobierno ha intentado distanciarse de algunas decisiones de Bruselas, especialmente de los posibles recortes de la PAC, para acercar sus posiciones a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, abrió ayer el periodo de información pública del proyecto de orden que regulará el sistema de módulos del IRPF para 2027. La propuesta contempla, según informó el departamento, reducciones fiscales extraordinarias para las actividades agrícolas y ganaderas. Entre las medidas previstas figura una rebaja general del 10% del rendimiento neto aplicable a todas las actividades agrarias en el IRPF, frente al 5% establecido para el resto de actividades económicas. Además, se plantea una reducción del 35% por la adquisición de gasóleo profesional y del 15% por la compra de fertilizantes, dos insumos esenciales para el desarrollo de la actividad agraria cuyos precios se han visto afectados por el encarecimiento de la energía y la inestabilidad en Oriente Próximo, agravada por el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz. Según las estimaciones del Gobierno, estos incentivos supondrán una reducción de aproximadamente 860 millones de euros en la base imponible del IRPF. El objetivo es aliviar la presión económica sobre las explotaciones agrarias y compensar parcialmente el impacto que la subida de los precios del gasóleo y los fertilizantes está teniendo en su rentabilidad como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, según explicó el Ministerio de Agricultura. Las medidas podrían beneficiar a unos 800.000 agricultores y ganaderos que tributan en el IRPF mediante el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El anuncio llega menos de una semana antes de la tractorada convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones en Madrid, en un contexto marcado también por la proximidad de unas elecciones que serán determinantes para el futuro político, económico y social de España. Los nuevos incentivos fiscales dan continuidad a las medidas extraordinarias aplicadas desde 2022 para hacer frente a distintas crisis que han afectado al sector. Agricultura recordó que las reducciones previstas para 2026 siguen una línea similar a las aprobadas en 2022, 2023 y 2024 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la sequía sobre las explotaciones. Ahora, el conflicto en Oriente Próximo vuelve a presionar los costes agrarios y alimenta el riesgo de nuevas tensiones inflacionistas.

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(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde definitiva este jueves a la nueva Ley de Defensa del Contribuyente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido una de sus principales promesas electorales con la aprobación de la Ley de Defensa del Contribuyente, destinada a simplificar los trámites tributarios y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La iniciativa, anunciada antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ha recibido este jueves el respaldo definitivo de la Asamblea de Madrid, con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierda. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se limitará a los tributos cedidos por el Estado. Su ámbito de aplicación comprende los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de las tasas relacionadas con el juego. Entre las principales novedades figura la fijación de un plazo máximo de tres meses para que la Hacienda autonómica responda a las solicitudes de los ciudadanos. Asimismo, la ley refuerza la atención a las reclamaciones mediante la creación de una nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y contará con mayores recursos técnicos y plazos de respuesta definidos. Este organismo dispondrá de 15 días hábiles para contestar a las quejas relacionadas con demoras injustificadas, problemas con los servicios electrónicos o un trato inadecuado por parte de la Administración tributaria. El texto incorpora también medidas de cortesía institucional. Entre ellas, establece que la Administración regional deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado los derechos de un contribuyente. Del mismo modo, tendrá que agradecer la colaboración de los ciudadanos cuando una inspección concluya sin regularizaciones ni sanciones, según ha explicado el Gobierno madrileño. La ley pretende garantizar que los derechos de los contribuyentes se traduzcan en una protección efectiva en sus relaciones con la Administración. Para ello, contempla la posibilidad de obtener respuestas por escrito y con carácter vinculante a las consultas tributarias, con el objetivo de aportar mayor certeza sobre la aplicación de la normativa. Además, la Hacienda autonómica ofrecerá gratuitamente la elaboración de autoliquidaciones a quienes lo soliciten y prestará asistencia durante los trámites de presentación y pago de los impuestos. Los ciudadanos también podrán acceder a la información de sus expedientes a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta fiscal personalizada.

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(El Economista, 23-10-2026) | Fiscal

El Supremo obliga a tributar en el IRPF por una herencia antes de poder aceptarla

El Tribunal Supremo ha determinado que las ganancias patrimoniales obtenidas por una herencia yacente, es decir, aquella que todavía está pendiente de aceptación o rechazo, deben declararse en el IRPF de las personas designadas como herederas, aunque aún no puedan aceptar la herencia ni hayan adquirido los bienes que la integran. En una sentencia del pasado 2 de julio, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación interpuesto contra una resolución dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El caso se remonta a enero de 2013, cuando falleció una mujer que había nombrado herederos a dos sobrinos por partes iguales. El testamento establecía un plazo de seis años durante el cual ninguno de ellos podía aceptar la herencia. Sin embargo, en 2014, la gestión y venta de los activos hereditarios generó una ganancia patrimonial de 1,4 millones de euros, de la que correspondían algo más de 700.000 euros a cada sobrino. Uno de ellos declaró su parte de las ganancias en el IRPF de 2014, pero más adelante solicitó la devolución del importe pagado. Argumentó que todavía no tenía la condición de heredero a efectos fiscales y que esas ganancias debían tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones una vez transcurrido el plazo fijado en el testamento. La Agencia Tributaria rechazó su solicitud y, además, le impuso una sanción de 23.400 euros. El contribuyente defendía que no podía ser considerado heredero hasta que concluyeran los seis años establecidos por la testadora. Por ello, entendía que no debían atribuírsele ganancias procedentes de bienes que aún no había adquirido. También alegaba que someter esos rendimientos al IRPF podía dar lugar a una doble imposición con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Supremo señala que la normativa del IRPF excluye a las herencias yacentes como contribuyentes de este impuesto, pero diferencia entre la condición de heredero a efectos fiscales y la adquisición efectiva de los bienes hereditarios. Así, aunque una persona designada como heredera a término no pueda aceptar la herencia hasta la fecha prevista en el testamento, su nombramiento permite atribuirle fiscalmente las rentas generadas por el patrimonio hereditario durante ese periodo. En consecuencia, el hecho de que la aceptación de la herencia esté temporalmente impedida no exime de tributar en el IRPF por las ganancias obtenidas con la gestión de los bienes que forman parte de ella. La Sala considera, además, que el IRPF y el impuesto sobre sucesiones y donaciones gravan hechos imponibles diferentes. El primero recae sobre las rentas y ganancias generadas por la administración del patrimonio mientras permanece en situación de herencia yacente, mientras que el segundo grava la adquisición de bienes y derechos por causa de herencia. Por este motivo, el Tribunal Supremo descarta que exista la doble imposición denunciada por el contribuyente, ya que, cuando se imputaron las ganancias en el IRPF, todavía no se había producido el devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivado de la adquisición de los bienes hereditarios. La sentencia fija así el criterio jurisprudencial de que las rentas generadas por una herencia yacente deben atribuirse en el IRPF a las personas instituidas herederas, incluidos quienes hayan sido designados para heredar a partir de una fecha determinada, aunque todavía no haya llegado ese momento y no hayan adquirido formalmente los bienes o derechos hereditarios.

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(Cinco Días, 22-10-2026) | Fiscal

El gran consumo urge al futuro Gobierno a bajar impuestos a alimentos y energía ante el impacto de la inflación

Las empresas de gran consumo, desde fabricantes hasta distribuidores, reclaman al Gobierno que salga de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre una reducción de los impuestos sobre los alimentos básicos y los suministros energéticos, así como la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado. El sector advierte de que la persistencia de la inflación y el aumento acumulado de los precios empiezan a mostrar señales de debilitamiento del consumo. Así lo ha expuesto el presidente de la patronal Aecoc, Ignacio González, durante la apertura del congreso anual de la asociación, que agrupa a unas 35.000 empresas. González considera que el incremento de la recaudación tributaria permite abordar una rebaja fiscal en un contexto en el que los hogares soportan una elevada presión impositiva, el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida. Entre las medidas propuestas figura recuperar el IVA reducido o del 0% para los alimentos básicos, una iniciativa que el Ejecutivo puso en marcha en 2022 para amortiguar el impacto de la inflación derivada de la guerra de Ucrania y que mantuvo hasta finales de 2024. La patronal también pide reducir la carga fiscal que soportan los suministros energéticos. Los últimos datos del índice de precios de consumo (IPC), correspondientes a septiembre, sitúan la inflación general interanual en el 4,9%, mientras que la de los alimentos y bebidas no alcohólicas alcanza el 2,7%. En septiembre de 2022, ambas tasas eran del 8,9% y del 14,4%, respectivamente. Aunque los incrementos actuales son inferiores a los registrados entonces, González advierte de que una moderación de la inflación no implica que los precios estén bajando, sino que las subidas anteriores se acumulan a las nuevas. El presidente de Aecoc también ha alertado de las primeras señales de desaceleración del consumo. Según un análisis de la consultora Circana, las compras aumentaron un 3% en septiembre, por debajo del crecimiento cercano al 4% acumulado durante los nueve primeros meses del año y del registrado en los últimos doce meses, también superior al 4%. A ello se suma que el índice de comercio al por menor del Instituto Nacional de Estadística acumula tres meses de descensos interanuales. González teme que las tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la energía terminen debilitando una demanda que considera menos sólida de lo que reflejan las cifras generales. A su juicio, las empresas están absorbiendo parte de los incrementos de costes, como refleja la diferencia entre la inflación alimentaria y la general, pero su capacidad para seguir haciéndolo disminuirá si se prolonga la presión sobre los precios energéticos. El dirigente empresarial ha resumido la situación de los hogares como un escenario marcado por la presión fiscal, las dificultades para acceder a una vivienda y el encarecimiento de la vida. También ha señalado otros problemas estructurales de la economía española, como los retos demográficos, el absentismo laboral, la baja productividad y el elevado endeudamiento. En materia energética, Aecoc defiende que existe margen para reducir los impuestos que gravan estos suministros, dado el peso que tienen en su precio final. González sostiene que se trata de una decisión que puede adoptarse en el ámbito nacional, sin necesidad de recurrir a las instituciones europeas. La patronal reclama, además, que el próximo Ejecutivo apruebe nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que las últimas cuentas aprobadas corresponden a 2023 y desde entonces se mantienen prorrogadas. También pide poner fin al bloqueo parlamentario y aumentar la inversión pública en digitalización para impulsar la productividad empresarial y reducir la distancia con otros países europeos. Otra de las prioridades del sector es combatir el absentismo laboral, cuyo coste Aecoc estima en 36.000 millones de euros. Para ello, propone mejorar la atención sanitaria con el objetivo de reducir la duración de las bajas, reforzar el intercambio de información entre la Seguridad Social, los servicios autonómicos de salud y las empresas, ampliar progresivamente las funciones de las mutuas, modernizar la regulación de la incapacidad temporal e intensificar el diálogo social. Aunque estas propuestas se centran principalmente en las actuaciones de las administraciones públicas y del sistema sanitario, González ha reconocido que las empresas también tienen responsabilidad en la reducción del absentismo. En este sentido, ha señalado la importancia de factores como la motivación de los trabajadores, la política salarial y el ambiente laboral, y ha advertido de que sería un error que las compañías eludieran su parte de responsabilidad. Por último, Aecoc pide reducir la carga regulatoria que soportan las empresas, al considerar que genera incertidumbre y dificulta su actividad. La asociación también reclama medidas para evitar que la corrupción se normalice, al entender que deteriora la confianza ciudadana, frena la inversión extranjera, dificulta la captación de talento y puede perjudicar al turismo.

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