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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

460.000 autónomos tendrán que incorporar a su base imponible la devolución del exceso de cotización de 2023

El 1 de enero de 2023 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de cotización para autónomos basado en sus ingresos reales. Según este modelo, los trabajadores por cuenta propia deben pagar sus cuotas en función de sus rendimientos netos, es decir, la diferencia entre lo que ingresan y los gastos deducibles asociados a su actividad. Más de un año después, tras finalizar la campaña de la Renta de 2024 en octubre, la Seguridad Social comparó estos datos con los de la Agencia Tributaria y puso en marcha el primer proceso de regularización. En él, ajustó las cotizaciones para adaptarlas a lo que cada autónomo debería haber pagado según sus ingresos reales. Este proceso terminó a finales de mayo del año pasado, dejando como resultado que unos 796.000 autónomos habían cotizado por debajo de lo que les correspondía y tuvieron que abonar la diferencia, mientras que alrededor de 460.000 recibieron devoluciones por haber pagado de más, siempre con su conformidad. No obstante, las consecuencias de este nuevo sistema aún no han finalizado. Más de tres años después de su implantación, Hacienda volverá a ajustar estos importes en la declaración de la Renta correspondiente a 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el 8 de abril. Estos cambios afectarán a más de 1,2 millones de autónomos, aproximadamente un tercio de quienes estuvieron dados de alta en el RETA en algún momento de 2023. Muchos de ellos verán modificada su base imponible, lo que podría provocar un cambio de tramo en el IRPF y, en algunos casos, un aumento de la carga fiscal sin haber incrementado sus beneficios. En particular, los 460.000 autónomos que recibieron devoluciones deberán tener en cuenta que las cuotas a la Seguridad Social son un gasto deducible. Por ello, al compensar lo devuelto con lo cotizado el año pasado, la deducción será menor y su base imponible aumentará. En cambio, quienes cotizaron por debajo de sus ingresos reales y regularizaron pagando la diferencia el año pasado podrán añadir ese importe a las deducciones por cuotas, lo que reducirá su base imponible y, potencialmente, su tipo efectivo de IRPF. Dado que estos cálculos pueden resultar complejos y existe el riesgo de errores al confeccionar la declaración, la Agencia Tributaria ha indicado que serán los propios autónomos quienes deberán incorporar esta información. No obstante, el sistema sí automatizará el efecto del ajuste, sumando o restando el resultado de la regularización a las deducciones correspondientes. En cuanto a las cantidades implicadas, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la devolución media fue de unos 600 euros, mientras que quienes tuvieron que pagar lo hicieron por una media de 450 euros. Aunque no son cifras elevadas, podrían ser suficientes para provocar un cambio de tramo en el IRPF. La forma de reflejar esta regularización ha generado numerosas dudas desde la puesta en marcha del sistema. La Dirección General de Tributos estableció en 2022 que estos ajustes deben incluirse en la declaración del ejercicio en el que se realizan -en este caso, 2025-, en lugar de modificar la correspondiente a 2023. Este criterio fue posteriormente ratificado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, varios expertos fiscalistas discrepan, ya que consideran que esta interpretación vulnera el principio de devengo, que establece que los ingresos y gastos deben imputarse al momento en que se generan. Por este motivo, prevén un aumento significativo de reclamaciones que podrían acabar resolviéndose en los tribunales.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

Seguridad Social arranca la regularización de cuotas de 2024

Aunque los autónomos que tuvieron desajustes en sus cotizaciones de 2023 aún no han cerrado por completo ese ejercicio -algo que harán al presentar la actual declaración de la Renta, cuyo plazo finaliza el 30 de junio-, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra y portavoz del Gobierno Elma Saiz, ya ha iniciado el proceso de regularización correspondiente a 2024. Fuentes del Ministerio han confirmado a Expansión que la Tesorería ya está comunicando a los trabajadores por cuenta propia el resultado de este ajuste, una vez que la Agencia Tributaria ha enviado el informe definitivo sobre el IRPF declarado en la última campaña. En aquellos casos en los que la regularización resulte a favor de la Tesorería, los autónomos deberán abonar las cantidades pendientes antes de que finalice el mes siguiente al de la notificación. Esto implica que el plazo ya está en marcha para miles de profesionales. Según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, este nuevo proceso estaría repitiendo "los mismos fallos e incidencias que ya se detectaron en la regularización de 2023", especialmente en lo relativo a autónomos en situación de pluriactividad, societarios y colaboradores. A juicio de Amor, esto demuestra que el objetivo del Gobierno en las reuniones del pasado otoño era aplicar un fuerte incremento de las cuotas de cara a 2026, una medida que finalmente se descartó en el último momento a finales del año pasado.

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(Expansión, 20-04-2026) | Fiscal

La sombra de la sospecha sobre el impuesto "temporal" a las energéticas

El Gobierno busca reintroducir como una figura de carácter europeo el recargo aplicado al sector energético, aunque las compañías temen que acabe convirtiéndose en otro impuesto "temporal" que, en la práctica, nunca se elimina. El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha sustituido a María Jesús Montero, debutó en el Parlamento defendiendo la creación de un nuevo gravamen provisional. En esta ocasión, la propuesta consiste en aumentar la carga fiscal sobre los beneficios de las empresas energéticas debido al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. La medida no es nueva, pero llama la atención que se plantee justo después de que el Estado haya encadenado cuatro récords consecutivos de recaudación y haya superado por primera vez los 300.000 millones de euros en ingresos. El ministro justificó la iniciativa apelando a la "justicia fiscal" en el reparto de los costes de la guerra. Sin embargo, el Gobierno de PSOE y Sumar no dispone de apoyos suficientes en el Congreso para aprobarla, por lo que ha solicitado a la Comisión Europea -junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal- que impulse este gravamen a nivel comunitario, lo que facilitaría su aprobación y homogeneizaría criterios. Este asunto formará parte de las conversaciones entre Pedro Sánchez y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, en la Moncloa. Pese a ello, las empresas del sector desconfían de que este recargo tenga una duración limitada, y no les faltan motivos. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha intentado aumentar por decreto la fiscalidad de eléctricas y gasistas, pero se ha encontrado con el rechazo del Congreso -incluidos socios como Junts y PNV, además de PP y Vox-, al considerar que estas medidas podrían afectar negativamente a las inversiones en infraestructuras y redes. El Ejecutivo ha señalado al sector energético, junto con el bancario, como objetivo de mayores cargas fiscales. De hecho, lo ocurrido con el impuesto sobre los beneficios "extraordinarios" de la banca refuerza las dudas del sector energético. Este tributo, aprobado en 2022 con carácter temporal para 2023 y 2024, sigue vigente tras su prórroga hasta 2027 acordada con el PNV, y existe la intención de convertirlo en permanente. Un ejemplo claro de cómo un impuesto temporal puede acabar prolongándose es el Impuesto sobre el Patrimonio. Creado en 1977 con un fin censal, fue posteriormente bonificado al 100%, pero se reactivó durante la crisis financiera para compensar la caída de ingresos públicos. Aunque algunas comunidades autónomas lo neutralizaron con bonificaciones, el actual Gobierno introdujo el denominado "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas" para armonizar la tributación. Aunque en teoría es provisional, ligado a la reforma de la financiación autonómica, desde la izquierda se plantea mantenerlo de forma indefinida. Asimismo, la disputa judicial sobre los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, instaurados en 2016 durante la etapa de Cristóbal Montoro para adelantar ingresos en plena crisis de deuda, refleja la dificultad de eliminar medidas fiscales concebidas como temporales. La reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló este sistema, evidencia la tendencia de la Administración a conservar este tipo de instrumentos más allá de su carácter inicial.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

Las medidas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia han ganado peso en las agendas económicas

Los equipos económicos de PP, Vox y Junts están preparando propuestas para replantear el sistema de cotización acordado en 2022, después de exigir al Gobierno que dé marcha atrás en el aumento de cuotas aplicado sin previo aviso a los autónomos societarios. El Partido Popular presentó en noviembre un conjunto de diez medidas dirigidas a este colectivo, tras el bloqueo de las negociaciones entre la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos para revisar los tramos y las cuotas. Desde entonces, ha ido perfilando su propuesta a través de encuentros en distintas comunidades autónomas, configurando un plan que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de aplazar hasta tres mensualidades al año. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera necesario revisar el sistema de cotización por ingresos reales aprobado en 2022 -al que dio su apoyo en su momento-, aunque por ahora no propone una reforma completa. Entre sus planteamientos, defiende actualizar las cuotas conforme a la inflación y permitir que las aportaciones a planes de pensiones privados puedan descontarse de las cotizaciones, con el objetivo, entre otros, de reforzar el sistema público. Además, el PP recoge algunas de las reivindicaciones habituales del colectivo, como que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros queden exentos de gestionar el IVA, en línea con la normativa europea, o reducir el número de declaraciones fiscales anuales a dos -y a una en el caso de nuevos autónomos-, a quienes también propone aplicar una tarifa cero. Algunas de estas ideas coinciden con las defendidas por Vox, como incentivar la contratación mediante bonificaciones del 100% en las cotizaciones sociales durante el primer año. El partido liderado por Santiago Abascal presentó en el Congreso una moción con diez medidas orientadas a evitar la desaparición del trabajo autónomo en España. No obstante, a diferencia del PP, Vox plantea derogar directamente la ley de 2022 que regula el RETA y negociar un nuevo marco laboral que tenga en cuenta, según afirma, a los "verdaderos agentes sociales". Entre sus propuestas, Vox incluye eximir del pago de cuotas a quienes ganen menos que el Salario Mínimo Interprofesional, ampliar a seis meses el plazo para abonar impuestos como el IRPF o el IVA, y fijar un tipo del 15% en el IRPF para rentas inferiores a 70.000 euros anuales. Aun así, la formación no ha decidido todavía si llevará estas medidas al terreno legislativo, pese a haber asumido el compromiso de corregir el aumento del 42% en la base mínima de cotización de los autónomos societarios aplicado en marzo. Por su parte, Junts ha mostrado una posición firme en los últimos días, incorporando las demandas de los autónomos a sus negociaciones con el Ejecutivo. El grupo encabezado por Miríam Nogueras ya condicionó su apoyo al decreto anticrisis a la implantación de la exención del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Según señaló en redes sociales, el Gobierno debe tener en cuenta que dispone de siete votos que priorizan los intereses de los autónomos frente a los del propio Ejecutivo.

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(El Economista, 20-04-2026) | Fiscal

La pequeñas empresas cobran con retrasos cerca del 70% de sus facturas

El sistema de pagos entre empresas en España ha afianzado los retrasos respecto a los plazos acordados al cierre del último año. De acuerdo con el Observatorio de la Morosidad de Cepyme, ha disminuido la puntualidad en los pagos: solo el 30,4% de las facturas se abonaron a tiempo o antes de su vencimiento, frente al 32,6% del ejercicio anterior. Actualmente, la mayoría de las operaciones comerciales se concentran en retrasos de corta duración. Los pagos efectuados dentro de los 30 días posteriores al vencimiento ya suponen el 66,6% del total, tras aumentar 2,7 puntos porcentuales en el último año. En cambio, los retrasos más graves -los que superan ese plazo- representan el 3%, debido principalmente al incremento de pagos realizados entre los 60 y 90 días. Aunque los tipos de interés han empezado a bajar, el coste financiero asociado a la deuda comercial sigue siendo elevado para las empresas. En el cuarto trimestre de 2025, este esfuerzo alcanzó los 5.568 millones de euros. De ellos, cerca de 2.000 millones correspondieron a pymes: 611 millones asumidos por microempresas (frente a 715 millones un año antes) y 781 millones por pequeñas empresas (frente a 915 millones en el mismo periodo de 2024). El Periodo Medio de Pago (PMP) en España se situó en 80,5 días durante 2025. Aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior, continúa superando en más de 20 días el límite legal de 60 días fijado por la normativa de morosidad. Las pequeñas empresas fueron la excepción a esta leve mejoría, ya que su PMP aumentó ligeramente, pasando de 78,7 días a finales de 2024 a 78,9 días en el mismo periodo de 2025. Aun así, encadenan siete trimestres seguidos por debajo de los 80 días. En cuanto a la gestión de pagos aplazados, las empresas medianas presentan un comportamiento singular. Su índice de morosidad (Imfvp) creció un 12,8% en 2025, en contraste con las grandes compañías, donde cayó un 71,2%. A pesar de ello, las medianas siguen en una posición relativamente mejor que la media nacional. Las empresas más pequeñas muestran mayor resistencia en este indicador. En las pequeñas, el índice se mantuvo estable, mientras que en las microempresas descendió, aunque sin corregir su desventaja estructural. Estas últimas continúan siendo las más afectadas por la morosidad, con un nivel un 17% superior al promedio nacional, aunque se trata del dato más bajo desde 2008. Por su parte, las grandes empresas registraron una desviación del 13,2% respecto a la media nacional, lo que supone su mejor resultado en tres años, en línea con la fuerte reducción de su índice de morosidad. Los plazos de pago varían de forma significativa según el sector y la región. La construcción presenta el mayor retraso, con un PMP de 96,5 días, niveles no vistos desde principios de 2024. Le sigue el sector agroalimentario, con 74,4 días. En cambio, los servicios y la industria han reducido sus plazos, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Dentro de los subsectores, el transporte lidera los mayores retrasos en servicios con 75,5 días, mientras que en la industria destaca maquinaria y equipo, con 88,8 días. Por comunidades autónomas, Madrid encabeza los mayores plazos de pago con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En el extremo contrario, Aragón (68,7 días) y Baleares (69 días) registran los periodos más reducidos. El informe también señala que el índice general de morosidad en ventas a plazo (Imfvp) rompió su tendencia descendente al situarse en 54,1 puntos. Las microempresas siguen encabezando este indicador, superando la media nacional en un 17%, aunque en su nivel más bajo desde 2008. Las medianas, en cambio, continúan en mejor situación relativa. Cepyme advierte que, pese a la moderación actual de la morosidad gracias al abaratamiento de la financiación, la incertidumbre en los precios de la energía y las materias primas podría provocar un repunte a corto plazo. En el caso de los autónomos, la situación sigue siendo especialmente delicada. Según el último barómetro de ATA, el 38,3% asegura sufrir retrasos en el cobro de sus facturas. El origen principal de estos impagos se encuentra en el sector privado: un 19,6% los padece exclusivamente de empresas privadas, mientras que un 10,4% los sufre tanto del ámbito público como del privado. Además, un 8,3% señala directamente a las administraciones públicas. Estos retrasos tienen consecuencias directas en el empleo. El 17,9% de los autónomos que tenía previsto contratar personal ha tenido que renunciar a ello por problemas de liquidez. Todo ello se produce en un contexto de fuerte presión económica: el 68,9% de los autónomos ya ha subido precios en lo que va de año y un 64,5% prevé hacerlo de nuevo si la situación no mejora. Además, existe un notable descontento con la respuesta institucional, ya que solo el 5,6% considera suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la situación económica actual.

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(El País, 17-04-2026) | Fiscal

La inflación y el tirón del mercado laboral disparan la fiscalidad sobre salarios y pensiones a niveles récord

La carga fiscal efectiva sobre salarios y pensiones -es decir, el porcentaje de estos ingresos que se destina al pago de impuestos- ha alcanzado niveles sin precedentes en España. El tipo medio aplicado a estas rentas ha aumentado notablemente respecto a los años previos a la pandemia y se sitúa en máximos históricos. En el caso de los sueldos, ha pasado del 15,5% en 2019 al 17,5% estimado para 2025, según datos provisionales de la Agencia Tributaria. En las pensiones, el incremento es aún mayor, superando los dos puntos porcentuales hasta alcanzar un gravamen medio del 10,4%. En conjunto, el tipo efectivo del IRPF -incluyendo también las rentas del capital y otros ingresos- se sitúa ya en el 15,1%, casi dos puntos y medio por encima del nivel anterior a la crisis sanitaria, marcando también un récord. En la práctica, esto significa que por cada euro obtenido, ya sea por trabajo, pensión o ganancias patrimoniales, se paga más a Hacienda que hace unos años. Este aumento, significativo y relativamente rápido, responde a una combinación de factores económicos y fiscales. Uno de los principales es la llamada "progresividad en frío", que se produce cuando la inflación crece con fuerza pero el IRPF no se actualiza. Entre 2020 y 2025, el índice de precios al consumo acumuló una subida del 23,5%, mientras que el impuesto no se ajustó en la misma medida. Cuando los salarios suben en términos nominales -muchas veces para compensar la inflación- pero no se modifican los tramos, mínimos o deducciones del impuesto, los contribuyentes acaban pagando más, aunque su poder adquisitivo real no haya mejorado. Por ello, algunos expertos denominan este fenómeno como el "impuesto de la inflación", ya que se gravan incrementos nominales como si fueran reales. A esta situación se suma la evolución positiva del mercado laboral, con más personas empleadas y salarios más altos en términos nominales, en parte impulsados también por las subidas del salario mínimo. Además, las rentas del trabajo tienen cada vez más peso en el total de ingresos declarados y, a diferencia de otras fuentes como las inversiones, están sujetas a tipos más elevados, lo que empuja al alza el tipo medio global. Las pensiones siguen una tendencia similar. Su revalorización para hacer frente a la inflación ha provocado que algunos jubilados que antes no tributaban superen ahora el umbral mínimo y deban pagar IRPF. Asimismo, al igual que ocurre con los trabajadores, muchos han pasado a tramos superiores sin que eso implique necesariamente una mejora real de su capacidad de compra. Aunque los datos de la Agencia Tributaria son todavía provisionales, reflejan el fuerte crecimiento de estas rentas. En 2025, los salarios brutos de los hogares españoles superaron los 540.000 millones de euros, un 6% más que el año anterior y un 40% por encima de 2019. Por su parte, las pensiones alcanzaron casi los 205.000 millones de euros en ese mismo ejercicio.

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(El Economista, 17-04-2026) | Fiscal

Hacienda rechaza que el traslado laboral "estire" el plazo de la exención por reinversión en vivienda habitual

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha determinado que el cambio de domicilio por razones laborales no permite prolongar indefinidamente el derecho a la exención por reinversión en vivienda habitual. Este beneficio fiscal permite evitar tributar en el IRPF por la ganancia obtenida al vender la vivienda habitual, siempre que el importe se destine a la compra de otra residencia habitual y se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, se exige ocupar la nueva vivienda en un plazo máximo de doce meses desde su adquisición y residir en ella durante al menos tres años seguidos, salvo que existan circunstancias justificadas como fallecimiento, matrimonio, divorcio o traslado por trabajo. Además, en el momento de la venta, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente o haberlo sido en los dos años anteriores. También es necesario que la nueva adquisición se produzca dentro de los dos años previos o posteriores a la venta. El Tribunal Supremo estableció en mayo de 2023 que este requisito se considera cumplido en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial que obliguen a uno de los cónyuges a abandonar la vivienda. Sin embargo, el TEAC ha aclarado, en resoluciones de enero y abril, que este criterio no es aplicable a los traslados por motivos laborales. Para fundamentar su decisión, el órgano se apoya en una consulta de la Dirección General de Tributos de febrero de 2023, que señala que, para aplicar la exención, la vivienda debe seguir teniendo la condición de habitual en el momento de la venta o haberla tenido en los dos años anteriores, incluso si el contribuyente ha trasladado su residencia fiscal fuera de España. En el caso analizado, dos contribuyentes compraron su vivienda en 2009 y vivieron en ella hasta 2015. Posteriormente, en 2016, se trasladaron al extranjero por trabajo y vendieron el inmueble en 2021. El TEAC concluye que, al no cumplirse el requisito temporal, no pueden acogerse a la exención fiscal.

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(La Vanguardia, 17-04-2026) | Fiscal

Junts propone deducciones fiscales del alquiler y de la hipoteca para rebatir el decreto de vivienda de Sumar

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Congreso presentó este miércoles una proposición no de ley en la que propone impulsar incentivos fiscales relacionados con la vivienda como medida urgente para abordar la situación actual. Al mismo tiempo, reafirma su rechazo a la iniciativa promovida por Sumar que limita las subidas del alquiler y amplía automáticamente los contratos hasta diciembre de 2027. Esta medida será sometida a votación en el Congreso el próximo 28 de abril, aunque por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser aprobada, pese a la presión del socio minoritario del Gobierno. La propuesta de Junts, que no tiene carácter vinculante, incluye una deducción del 15% en el IRPF por los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, con un máximo de 11.630 euros al año. Además, el partido plantea actuaciones específicas para proteger a los colectivos más vulnerables frente a los fondos de inversión inmobiliaria. También propone que las viviendas de personas mayores que residen en centros asistenciales sigan considerándose vivienda habitual a efectos fiscales, así como establecer incentivos para fomentar el ahorro destinado a la rehabilitación de inmuebles. La formación liderada por Carles Puigdemont defiende que no debe trasladarse a los propietarios la responsabilidad de resolver el problema del acceso a la vivienda, insistiendo en que se trata de una cuestión que debe abordarse desde el ámbito público.

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(El País, 16-04-2026) | Fiscal

La Airef recorta el crecimiento económico y alerta de un alza de la inflación y el déficit por la guerra en Oriente Próximo

La incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y su impacto en los mercados energéticos sigue afectando a las previsiones sobre la economía española. En este contexto de elevada volatilidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha revisado sus estimaciones para 2026, advirtiendo de que los riesgos geopolíticos pueden traducirse en menor crecimiento, mayor inflación y un incremento del déficit público. El organismo ha reducido ligeramente su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,3%, una décima menos que en su anterior cálculo. Al mismo tiempo, ha elevado de forma notable la estimación de inflación, que alcanzaría el 3,2% en el conjunto del año, y sitúa el déficit público en el 2,6%, lo que supondría su primer repunte desde la salida de la crisis provocada por la pandemia. Estas previsiones forman parte del informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2026, presentado por la Airef, actualmente presidida por Inés Olóndriz. El organismo advierte de que España no cumplirá los objetivos de gasto establecidos en su plan fiscal y que el déficit será superior al previsto, en gran medida por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica y a episodios climáticos recientes. Según Olóndriz, el margen fiscal del país es limitado, lo que obliga a vigilar de cerca esta evolución. El déficit proyectado supone un aumento respecto a 2025, cuando se situó en el 2,4% del PIB, y también supera las estimaciones anteriores de la propia Airef. Este deterioro se explica principalmente por el coste de las medidas extraordinarias adoptadas ante el contexto internacional y fenómenos como las borrascas que afectaron a varias regiones. Estas actuaciones, concentradas en la Administración central, también frenan la reducción de la deuda pública, que se mantendría cerca del 100% del PIB. El ajuste de las previsiones refleja un escenario más complejo de lo esperado. Aunque la economía española mantiene cierta solidez gracias a factores internos como el buen comportamiento del empleo, la llegada de inmigración y los fondos europeos, la evolución de los precios de la energía vuelve a ser un elemento clave de riesgo. Según la Airef, el encarecimiento energético podría restar alrededor de dos décimas al crecimiento previsto para 2026, aunque las medidas públicas adoptadas ayudarían a mitigar parcialmente este impacto. En paralelo, el aumento de la inflación es uno de los cambios más significativos del nuevo escenario, con una revisión al alza de más de un punto respecto a las previsiones iniciales. El organismo también advierte de posibles incumplimientos de las reglas fiscales europeas. En concreto, estima que el crecimiento del gasto público superará los límites acordados tanto en términos anuales como acumulados. Para 2026, calcula un aumento del gasto neto del 5,9%, frente al 3,5% comprometido, lo que supone una desviación relevante. Asimismo, señala riesgos de incumplimiento de la regla de gasto nacional en la Administración central, en la mayoría de comunidades autónomas y en algunas entidades locales. Para ajustarse a estos límites, España tendría que aplicar medidas de contención del gasto equivalentes a unos 10.000 millones de euros.

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(El Economista, 16-04-2026) | Fiscal

Hacienda da marcha atrás y permite que peritos independientes tasen inmuebles

La Agencia Tributaria ha acatado la sentencia de la Audiencia Nacional y ha corregido la Instrucción que aprobó en marzo de 2023, en la que obligaba a los contribuyentes que quisieran aplazar o fraccionar una deuda aportando un inmueble como garantía a tasarlo mediante empresas o profesionales inscritos en el registro oficial de tasadores. El organismo ha aprobado una nueva Instrucción el 7 de abril, vigente desde el día siguiente, en la que introduce cambios y precisa que, en estos casos, recurrir a tasadores registrados pasa a ser una opción preferente, pero no obligatoria. De este modo, desaparece el carácter imprescindible que tenía este requisito anteriormente, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan acudir también a peritos independientes. No obstante, la Agencia Tributaria especifica que no se aceptarán valoraciones realizadas por agentes de la propiedad inmobiliaria. Este cambio se produce tras la actuación de los abogados Esaú Alarcón y Alejandro Miguélez, que defendieron a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) frente a la instrucción inicial. Según explica Alarcón, el hecho de que antes se exigiera de forma obligatoria implicaba que Hacienda podía rechazar automáticamente la solicitud si no se presentaba una tasación de un profesional registrado. En cambio, al considerarse ahora un criterio preferente, la Administración no podrá denegarla de forma automática, sino que deberá justificar su decisión. Además, al ampliarse el número de profesionales que pueden realizar la tasación, se fomenta la competencia y, previsiblemente, se reducen los costes para los contribuyentes. La Audiencia Nacional, en su sentencia del 17 de marzo de 2025, concluyó que la instrucción de 2023 limitaba indebidamente la capacidad de los contribuyentes para acreditar el valor del inmueble ofrecido como garantía. Antes, podían recurrir a distintos profesionales especializados, pero con la nueva exigencia se convertía en una obligación estricta, cuya ausencia implicaba la denegación de la solicitud. Hacienda justificó en su momento esta medida basándose en una resolución de 2005 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que regulaba los criterios para suspender la ejecución de actos recurridos y exigía que las valoraciones fueran realizadas por tasadores oficiales. Sin embargo, el tribunal determinó que esa normativa no era aplicable a los aplazamientos o fraccionamientos de deudas, ya que se refería a un ámbito distinto: la suspensión de actos administrativos impugnados. En consecuencia, la nueva Instrucción aclara que la obligación de acudir a tasadores inscritos solo se mantiene en los casos de suspensión de la ejecución de actos recurridos. En cambio, cuando se trate de valorar bienes aportados como garantía para aplazar o fraccionar deudas tributarias, el recurso a estos profesionales será únicamente recomendable, pero no obligatorio.

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