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(Expansión, 21-05-2026) | Fiscal

Hacienda pierde 9.428 millones por el fraude en el IVA de los hogares

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que el fraude relacionado con el IVA de los hogares asciende a 9.428 millones de euros. Esta cifra refleja la diferencia entre los ingresos que el Estado debería obtener por el consumo de las familias y la cantidad que finalmente recauda. Según el informe, esta desviación equivale a una "brecha de cumplimiento" del 13,3% y representa alrededor del 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB) español. El estudio, elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, analiza únicamente el IVA vinculado al consumo de los hogares residentes, excluyendo tanto el gasto de no residentes como el de las administraciones públicas. Para calcular la recaudación potencial, los autores emplean una metodología de microsimulación. A partir de este modelo concluyen que, en ausencia de fraude o evasión fiscal, el Estado habría debido ingresar 70.717 millones de euros por el IVA asociado al consumo final de las familias. Sin embargo, tras ajustar los datos con la Contabilidad Nacional y las actuaciones de control de la Agencia Tributaria, la recaudación efectiva neta quedó en 61.289 millones. La diferencia entre ambas cantidades constituye la denominada brecha fiscal, que mide la distancia entre la recaudación teórica y la realmente obtenida. Los 9.428 millones estimados reflejan posibles prácticas como ventas ocultas, actividad en la economía sumergida o errores en las declaraciones tributarias. El informe también destaca la relación existente entre el IVA y los Impuestos Especiales que gravan productos como el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos o la electricidad. Dado que el IVA se calcula sobre el precio final que ya incorpora estos tributos, cualquier fraude en los Impuestos Especiales repercute automáticamente en una menor recaudación del IVA. Los investigadores aclaran que su cálculo principal parte de la hipótesis de que no existe fraude en los Impuestos Especiales. No obstante, si se asumiera también evasión en esos impuestos, la brecha del IVA se reduciría ligeramente, hasta unos 8.403 millones de euros, ya que la base imponible teórica sería menor. Las cifras de Fedea superan ampliamente las estimaciones realizadas por otras instituciones. La Comisión Europea, por ejemplo, situó para el mismo periodo la brecha total de cumplimiento del IVA en España en torno a 3.986 millones de euros, una cantidad que los autores consideran inferior a la realidad detectada mediante su sistema de microsimulación. El estudio concluye que el volumen de la brecha evidencia un importante margen de mejora en la capacidad recaudatoria del IVA. Aunque los autores recomiendan interpretar los datos con cautela debido a las limitaciones de las encuestas de presupuestos familiares, consideran que combatir esta evasión permitiría reforzar los ingresos públicos sin necesidad de aumentar los tipos impositivos. El informe diferencia además entre la brecha de cumplimiento y la brecha de política fiscal. La primera se refiere exclusivamente al fraude y es la que analiza el estudio. La segunda responde a decisiones legislativas, como la aplicación de tipos reducidos del 4% o el 10%, así como determinadas exenciones en ámbitos como la sanidad o la educación. La suma de ambas elevaría considerablemente el potencial recaudatorio del IVA, aunque abriría un debate político sobre progresividad fiscal y acceso a servicios esenciales. Por último, Fedea subraya la importancia de ajustar y "calibrar" los resultados con los datos de la Contabilidad Nacional para evitar distorsiones estadísticas, ya que la fiabilidad de la estimación depende en gran medida de la calidad del proceso de integración de la información.

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(El País, 21-05-2026) | Fiscal

El FMI alerta de que los subsidios a los combustibles y la energía pueden elevar aún más la inflación

El encarecimiento del petróleo acaba repercutiendo en toda la economía, aunque no siempre se refleje de forma inmediata en el precio que pagan los conductores en las gasolineras. Ese es el mensaje que ha lanzado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última actualización sobre la crisis energética provocada por el cierre del golfo Pérsico, una zona estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial. El organismo insiste, como ya hizo en abril, en que las ayudas públicas para abaratar los combustibles deben utilizarse únicamente en situaciones excepcionales. A su juicio, subvencionar carburantes, como ha ocurrido en España, puede terminar teniendo un efecto contraproducente al mantener elevada la demanda en un contexto de escasez, lo que acaba presionando aún más los precios y afectando al conjunto de la economía. "El papel de la política fiscal puede ser importante, pero las medidas deben ser temporales, selectivas y adaptadas a cada situación", señala el FMI en su informe. Aunque no menciona países concretos, uno de los ejemplos más evidentes es España. Entre abril y junio, el Gobierno dejó de ingresar más de 1.000 millones de euros tras reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10% y rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos, medidas aprobadas a finales de marzo para contener el precio de los combustibles. Sin embargo, el impacto sobre el precio final fue limitado y, apenas unas semanas después, el efecto de la rebaja fiscal prácticamente había desaparecido en el caso del gasóleo. Además, la Comisión Europea advirtió posteriormente a España de que la reducción del IVA incumplía la normativa comunitaria, que no permite aplicar tipos reducidos a los carburantes, aunque sí consideró válido el ajuste en el impuesto especial. Para el FMI, este caso demuestra que las medidas mal diseñadas pueden resultar muy costosas para las cuentas públicas y complicadas de revertir. Además, advierte de que pueden alimentar la inflación, deteriorar la situación fiscal de los países e incluso contribuir a elevar aún más los precios internacionales de la energía. El organismo sostiene que las subvenciones energéticas generan distorsiones en el mercado y terminan beneficiando en mayor medida a las rentas más altas, ya que son los hogares con más consumo energético los que obtienen una mayor ventaja. Lo mismo ocurre, según el Fondo, con otras medidas generalizadas como los topes de precios, que además suelen ser difíciles de retirar una vez implantadas. El FMI recuerda que estas situaciones ya se están produciendo en distintos países. Indonesia, por ejemplo, ha ampliado sus subsidios a los carburantes tras la crisis del golfo Pérsico, pese a que experiencias anteriores demostraron su escasa eficacia y generaron importantes tensiones sociales cuando el Gobierno intentó reducirlos. Argentina es otro ejemplo citado por el organismo, que atribuye parte de sus desequilibrios fiscales a décadas de subvenciones masivas a la energía, incluidas las tarifas eléctricas. El Fondo considera que este tipo de ayudas solo deberían aplicarse en circunstancias extremas, como cuando el incremento de los costes energéticos amenaza con trasladarse rápidamente al conjunto de la economía o cuando las finanzas públicas tienen capacidad suficiente para absorber el impacto. Aun así, reconoce que evaluar estas condiciones en tiempo real resulta complejo y recuerda que los controles generalizados de precios suelen tener efectos secundarios importantes. Aunque admite que no existe una fórmula universal para afrontar una crisis energética, ya que cada país presenta características diferentes según su dependencia de los combustibles fósiles o su margen presupuestario, el FMI insiste en que las primeras medidas deben dirigirse a proteger a los colectivos más vulnerables. Según el organismo, los hogares con menos ingresos destinan proporcionalmente mucho más dinero a energía y alimentación y cuentan además con menos capacidad de ahorro, por lo que son los más expuestos a una escalada de precios. Para protegerlos y evitar un aumento de la pobreza y de la tensión social, recomienda priorizar las transferencias directas y focalizadas. El Fondo también considera que las primeras respuestas para empresas y pequeños negocios deberían centrarse en medidas temporales de liquidez, como créditos avalados por el Estado, líneas de financiación o aplazamientos fiscales y de cotizaciones sociales. Estas herramientas, sostiene, son menos costosas para las arcas públicas y más fáciles de retirar que las subvenciones directas o las inyecciones de capital, que suelen generar mayores dificultades políticas y presupuestarias a largo plazo. En definitiva, el FMI defiende que cualquier respuesta frente a una crisis energética debe ser limitada en el tiempo y diseñada para evitar que las ayudas temporales se conviertan en gastos estructurales permanentes.

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(El Confidencial, 21-05-2026) | Fiscal

Los paraísos fiscales hablan chino: Pekín utiliza territorios opacos para canalizar sus inversiones

Los paraísos fiscales existen desde hace siglos, prácticamente desde el nacimiento de las primeras civilizaciones. Sin embargo, su gran expansión llegó a mediados del siglo XX, impulsada por fenómenos como la descolonización -que dio lugar a nuevos territorios desvinculados de las antiguas potencias-, la globalización y el desarrollo tecnológico, que facilitaron las transacciones internacionales fuera de los sistemas fiscales tradicionales. También hubo motivaciones políticas. Suiza, por ejemplo, instauró hace casi un siglo el secreto bancario como fórmula para sostener económicamente su neutralidad. El resultado ha sido la creación de una enorme red financiera ligada a la vertiente más agresiva del capitalismo global. Paradójicamente, uno de los países que más ha aprovechado este sistema es China, pese a definirse formalmente como una economía socialista. Pekín ha convertido los territorios de baja tributación en una pieza clave de su estrategia internacional de inversión. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés) revela que el 37,7% de las inversiones chinas en el exterior se canalizan a través de intermediarios ubicados en paraísos fiscales o jurisdicciones con fiscalidad reducida. Según los autores del informe, estas operaciones pasan por al menos un intermediario radicado en este tipo de territorios, lo que dificulta enormemente su rastreo y hace que las estadísticas tradicionales de inversión extranjera directa no reflejen la dimensión real de la presencia china en el exterior. La magnitud de esta estrategia es relevante si se tiene en cuenta que China, incluyendo Hong Kong y Macao, es ya el segundo mayor inversor mundial, con alrededor de 3,3 billones de dólares invertidos fuera de sus fronteras, solo por detrás de Estados Unidos. Esa cifra equivale aproximadamente al doble del PIB español y representa cerca del 3% de los activos corporativos globales. Además, las inversiones de las compañías chinas crecen a un ritmo medio anual del 20%. El peso de China en determinados paraísos fiscales es especialmente elevado. Las empresas chinas controlan activos equivalentes al 58% del total corporativo en las Islas Caimán, al 40,6% en Bermudas y al 15% en las Islas Vírgenes Británicas. Según el estudio, estos datos muestran el papel central que desempeñan los centros financieros offshore dentro de la estructura internacional de propiedad empresarial china. También destacan las posiciones en Portugal y Singapur, considerados puntos estratégicos de entrada hacia la Unión Europea y los mercados financieros asiáticos. Si se analiza el volumen de inversión, las Islas Caimán aparecen como el principal destino del capital chino, con 424.000 millones de dólares invertidos entre 2012 y 2021. Reino Unido ocupa el segundo lugar con 380.000 millones, seguido por Australia, Singapur y Bermudas. El informe considera que esta distribución refleja tanto el uso intensivo de estructuras offshore como la preferencia de China por invertir en economías desarrolladas. La expansión china se concentra especialmente en sectores considerados estratégicos y de alto contenido tecnológico. Las inversiones más relevantes se dirigen a la industria manufacturera y a actividades científicas y profesionales, mientras que cerca del 80% de esas operaciones tienen como destino Europa y América del Norte. El estudio también observa que las empresas estatales chinas priorizan la adquisición de compañías con elevada inversión en investigación y desarrollo. Tras las compras, las empresas aumentan su capital y el gasto en I+D, aunque este esfuerzo no se traduce necesariamente en una mayor producción de patentes ni en mejoras de rentabilidad. De hecho, el informe detecta un ligero deterioro en la rentabilidad de los activos tras las adquisiciones, lo que sugiere que el objetivo principal no sería obtener beneficios inmediatos, sino asegurar el acceso a tecnología y capacidades industriales estratégicas a largo plazo. Los analistas sí detectan efectos indirectos positivos para las matrices chinas, que terminan incrementando su capacidad de innovación y registro de patentes gracias al conocimiento adquirido en los países avanzados donde realizan las inversiones. La estrategia internacional de Pekín tomó especial impulso a partir de 2015, con el objetivo de reforzar diez sectores tecnológicos prioritarios y elevar la competitividad industrial del país. Europa y Norteamérica concentran actualmente la mayor parte de las inversiones chinas, mientras que Asia apenas representa el 15% de sus activos exteriores. En cambio, el peso de África, Oceanía y Sudamérica dentro de la estrategia inversora china se ha reducido significativamente en los últimos años. La investigación se basa en datos de Moody's Orbis, una base de información empresarial que recoge datos de más de 400 millones de compañías en 212 economías. El análisis abarca el periodo comprendido entre 2012 y 2021, una década marcada por el fuerte crecimiento de la presencia global de las empresas chinas. Según el estudio, los activos controlados por accionistas chinos en el extranjero crecieron desde 551.000 millones de dólares en 2012 hasta 2,5 billones en 2021. Si se suman Hong Kong y Macao, la llamada Gran China alcanzó los 4,27 billones de dólares en activos exteriores al cierre del periodo analizado. Aun así, Estados Unidos sigue manteniendo una posición claramente superior, con inversiones internacionales que aumentaron desde 10 billones hasta 18,2 billones de dólares durante esos mismos años.

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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Hacienda estrecha el control sobre el Bizum tras llegar a los comercios físicos

La puesta en marcha esta semana de Bizum Pay para realizar pagos en comercios físicos coincide con un endurecimiento de los controles fiscales sobre las operaciones electrónicas, después de que Hacienda eliminara el límite mínimo que obligaba a los bancos a informar sobre determinados movimientos empresariales. Desde comienzos de esta semana, Bizum ha empezado a activar su sistema de pagos presenciales mediante móvil, permitiendo a los usuarios pagar en establecimientos acercando el teléfono al terminal de cobro, de forma similar a los pagos contactless con tarjeta bancaria. Con esta novedad, Bizum se convierte en la primera plataforma europea de este tipo que ofrece este servicio a sus más de 31 millones de usuarios. Sin embargo, la expansión de esta herramienta podría incrementar la exposición de autónomos y empresas comerciales a posibles inspecciones tributarias, ya que desde el pasado 1 de enero la Agencia Tributaria tiene acceso a un mayor volumen de información sobre los cobros recibidos por estos contribuyentes. Dentro del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, Hacienda ha reforzado especialmente el seguimiento de las operaciones bancarias. Entre sus objetivos figura obtener información mensual sobre la titularidad de cuentas y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de terminales de pago y sistemas vinculados a números de teléfono móvil, después de haberse eliminado el umbral de 3.000 euros que obligaba a las entidades financieras a comunicar esos movimientos. Los expertos fiscales consultados consideran que estas nuevas obligaciones informativas, introducidas en el marco de la directiva europea DAC 8, proporcionarán más herramientas a la Inspección de Hacienda para detectar posibles fraudes tributarios. A su juicio, el acceso a un mayor volumen de datos permitirá aumentar las comprobaciones sobre empresas, autónomos y particulares. Además, prevén que este control pueda intensificarse en los próximos meses a medida que los pagos con Bizum en tiendas físicas se extiendan entre las distintas entidades bancarias. Según explica César García Novoa, coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), la Administración tributaria centrará cada vez más su atención en los movimientos bancarios asociados a pagos electrónicos. Ante este escenario, y teniendo en cuenta el crecimiento constante de las operaciones realizadas mediante Bizum -que el pasado año alcanzaron los 58 millones de transacciones por un importe de 3.107 millones de euros-, los asesores fiscales recomiendan a profesionales y empresarios separar claramente las cuentas personales de las destinadas a la actividad económica. El objetivo es diferenciar con claridad qué transferencias corresponden a operaciones comerciales y cuáles pertenecen al ámbito privado. La creciente capacidad de control también ha reabierto el debate sobre la privacidad y la protección de datos de los contribuyentes. Algunos expertos advierten de que el acceso generalizado a la información sobre pagos puede afectar de forma significativa a la intimidad financiera de los ciudadanos, al permitir a la Administración conocer con detalle parte de sus hábitos y movimientos económicos.

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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

Los empresarios con clientes extranjeros también deberán usar Verifactu

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que la obligación de utilizar el sistema Verifactu depende del lugar de residencia fiscal de quien emite la factura y no del país en el que se encuentre el cliente. A medida que se acerca la entrada en vigor definitiva del sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria, Hacienda continúa resolviendo dudas planteadas por empresarios y profesionales sobre la aplicación de la normativa. En una reciente consulta vinculante, la DGT ha precisado que los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas y utilicen sistemas informáticos de facturación estarán obligados a cumplir con el reglamento Verifactu aunque sus clientes estén ubicados fuera de España. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sostiene que la normativa afecta a todas las facturas emitidas mediante un sistema informático de facturación, con independencia del país del destinatario. De este modo, únicamente quedarían al margen de esta obligación quienes continúen realizando facturas manuales o manuscritas. En cambio, aquellos que empleen un software de facturación deberán aplicar Verifactu a la totalidad de sus documentos emitidos. La implantación definitiva del sistema se aproxima después de que el Gobierno aprobara el pasado diciembre una prórroga extraordinaria de un año para adaptar los programas de facturación a las exigencias de la Ley Antifraude. Según el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán disponer de un software actualizado antes del 1 de enero de 2027. En el caso de los autónomos persona física, el plazo finalizará el 1 de julio de ese mismo año. Con esta ampliación de fechas, Hacienda ha buscado coordinar la entrada en vigor de las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude con el despliegue progresivo de la factura electrónica obligatoria contemplada en la Ley Crea y Crece. Esta última está prevista para octubre de 2027 en las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros anuales, mientras que para el resto podría retrasarse hasta octubre de 2028.

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(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal

La fiscalidad de la vivienda representa hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores inquietudes de los ciudadanos, el foco del debate suele ponerse en la escasez de suelo o en el encarecimiento de los precios. Sin embargo, existe otro factor con un peso determinante que a menudo pasa desapercibido: la carga fiscal. Según el informe La fiscalidad de la vivienda en España: una propuesta de mejora, elaborado por el IEE, los impuestos pueden llegar a representar hasta una cuarta parte del coste total de un inmueble y sitúan a España entre los países con mayor presión tributaria sobre la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. El estudio señala que el tipo marginal efectivo aplicado a la vivienda en propiedad alcanza el 30,3% en España, muy por encima de la media de la OCDE, situada en el 9,7%, y de la Unión Europea, donde apenas llega al 6,5%. Esto implica que los propietarios e inversores españoles destinan proporcionalmente muchos más recursos al pago de impuestos que la mayoría de sus vecinos europeos. La situación es aún más exigente en el mercado del alquiler. El informe cifra en un 44% el tipo marginal efectivo sobre la vivienda arrendada, frente al 32% de promedio en la OCDE. El IEE considera que esta elevada fiscalidad, unida a la regulación introducida por la Ley de Vivienda de 2023 y a los controles de precios en las zonas tensionadas, está desincentivando la oferta de alquiler. Según el organismo, muchos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado ante el aumento de costes y la inseguridad jurídica. Para quienes adquieren una vivienda protegida, el peso de los impuestos se refleja claramente en el precio final. Datos de ASPRIMA indican que aproximadamente el 25% del importe total de una vivienda corresponde a tributos como el IVA, el Impuesto de Sociedades, el ITP o el AJD. En otras palabras, de cada 100.000 euros invertidos, unos 25.000 terminan en las arcas públicas. El informe también destaca el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), donde España figura entre los países con mayores gravámenes de la OCDE, solo por detrás de Bélgica y Reino Unido. A ello se suma que España sigue siendo uno de los pocos países europeos que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio y presenta además uno de los tipos máximos más elevados en el Impuesto sobre Sucesiones, con una tasa que puede alcanzar el 87,6%. El análisis territorial refleja además profundas diferencias entre comunidades autónomas. El nuevo Índice de Competitividad Fiscal Inmobiliaria del IEE sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza, con una puntuación de 9,5, seguida por La Rioja, con 9,2. Ambas regiones han apostado por una política de menor presión fiscal para estimular la actividad inmobiliaria. Madrid, por ejemplo, mantiene el tipo mínimo estatal del 6% en el ITP, frente al 10% u 11% aplicado en autonomías como Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura. Las diferencias también son notables en la recaudación media por operación de ITP. Mientras la media nacional ronda los 14.548 euros, en Baleares la cifra supera los 44.000 euros por vivienda debido al elevado precio de los inmuebles y a tipos impositivos que llegan al 13%. En el extremo contrario se encuentran Murcia y La Rioja, con costes medios notablemente inferiores. El estudio presta igualmente atención al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Castilla-La Mancha encabeza la clasificación de presión fiscal tomando como referencia la media nacional, seguida por Extremadura. Por el contrario, País Vasco y Baleares figuran entre las regiones con menor carga relativa en este tributo. También existen grandes diferencias en la plusvalía municipal. Ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia aplican el tipo máximo permitido del 30%, mientras que en algunas comunidades, como Castilla y León, el promedio apenas supera el 2%, lo que evidencia el amplio margen de actuación de los ayuntamientos en materia fiscal. Ante este escenario, el IEE propone fijar límites estatales a los tipos máximos del ITP y del AJD para evitar grandes diferencias entre territorios. El informe sostiene además que una menor fiscalidad no tiene por qué traducirse en menos ingresos públicos. Como ejemplo, señala que Madrid, pese a aplicar un tipo reducido del 6% en el ITP, logra una recaudación por habitante similar a la de Cataluña, donde el gravamen alcanza el 11%, gracias a un mayor volumen de operaciones inmobiliarias.

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(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

La Audiencia ve pacto en los despidos de mayores de 50 años si la indemnización se ajusta hasta la jubilación

La Audiencia Nacional ha respaldado la postura de Hacienda en su disputa sobre los despidos de trabajadores mayores de 50 años, al considerar que estas salidas deben entenderse como acuerdos cuando los empleados aceptan indemnizaciones inferiores a las que les corresponderían legalmente, calculadas en función del tiempo restante hasta la jubilación. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre este tipo de desvinculaciones laborales para determinar si se trata realmente de despidos decididos de forma unilateral por la empresa -en cuyo caso la indemnización estaría exenta de IRPF hasta un máximo de 180.000 euros- o si, por el contrario, son pactos entre ambas partes. En este segundo escenario, las compensaciones percibidas se consideran rendimientos sujetos a tributación en el Impuesto sobre la Renta. La sentencia, fechada el 4 de marzo, analiza las pruebas aportadas por Hacienda y concluye que existe una conexión clara entre los hechos acreditados y la hipótesis planteada por la inspección, lo que permite inferir que empresa y trabajadores alcanzaron un acuerdo para extinguir la relación laboral en términos favorables para ambos. El caso se remonta a una inspección abierta por la Agencia Tributaria relativa al IRPF de los ejercicios 2012 y 2013, en los que la empresa cesó a seis empleados, todos ellos mayores de 61 años. La compañía defendió que los despidos respondían a causas objetivas, derivadas de su situación económica negativa y pérdidas empresariales. Sin embargo, durante el proceso de conciliación se reconoció que se trataba de despidos improcedentes. Los trabajadores no solicitaron su reincorporación y aceptaron las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, de cuantía inferior a la prevista para el despido improcedente, sin presentar reclamaciones posteriores. La resolución también subraya, según los argumentos de Hacienda, que las indemnizaciones no guardan relación con la antigüedad ni con el salario de los empleados. De hecho, señala que cuanto mayor era la edad del trabajador, menor resultaba el porcentaje de compensación recibido, lo que permite inferir que las cantidades estaban vinculadas al tiempo que les quedaba hasta la jubilación. El análisis de los datos sugiere, además, que la suma de indemnización, subsidio de desempleo y pensión futura habría buscado aproximarse a lo que habrían percibido si hubieran permanecido en la empresa hasta la edad de retiro. En este sentido, el fallo considera que la compensación estaría más asociada a un incentivo por la salida voluntaria que a una indemnización por despido forzoso. Tras valorar todos los indicios, la Audiencia Nacional coincide con la interpretación de la Inspección y concluye que las extinciones fueron pactadas, por lo que la empresa debe ingresar a Hacienda las retenciones correspondientes a dichas indemnizaciones. No obstante, el Tribunal Central Económico-Administrativo ya advirtió en una sentencia del 8 de octubre que no todos los ceses de trabajadores mayores de 50 años pueden presumirse como acuerdos, insistiendo en que la Administración debe aportar pruebas suficientes para acreditarlo en cada caso.

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(El Economista, 20-05-2026) | Fiscal

El BCE avala un informe que apuesta por armonizar la fiscalidad energética para que la industria europea compita con China y EEUU

El Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa el debate acerca de uno de los aspectos más delicados de la política energética comunitaria: la necesidad de armonizar la fiscalidad y los cargos regulados de las redes eléctricas en toda la Unión Europea con el objetivo de reducir las diferencias de precios entre países y aliviar la carga sobre la industria. En un análisis publicado en su serie de documentos ocasionales, elaborado por Charlotte Grynberg, Francesca Vinci y Alessandro de Sanctis, se advierte de que las grandes disparidades existentes entre Estados miembros en materia de impuestos, peajes y otros costes regulados están fragmentando el mercado energético europeo y reduciendo la competitividad de las empresas frente a economías como Estados Unidos o China. El BCE, que aclara que no necesariamente comparte las conclusiones del estudio, señala que estas diferencias nacionales en la forma de calcular la fiscalidad y los cargos de red provocan importantes distorsiones en los precios finales de la electricidad y el gas para la industria. El informe recuerda que en algunos países estas cargas superan el 35% del coste de la electricidad industrial, mientras que en otros incluso existen mecanismos de compensación o esquemas que reducen el precio efectivo. El análisis sostiene que esta situación está debilitando la integración del mercado energético europeo y generando desequilibrios de competitividad dentro de la propia Unión Europea. El documento apunta que determinadas medidas podrían favorecer una fiscalidad más eficiente y homogénea, y plantea también la conveniencia de unificar los criterios de cálculo de las tarifas de acceso a las redes eléctricas. Esta propuesta tiene especial relevancia porque afecta a competencias tradicionalmente reservadas a los Estados miembros, que han mostrado históricamente una fuerte resistencia a ceder soberanía fiscal a las instituciones europeas. El informe también relaciona esta posible armonización con los objetivos de descarbonización de la economía europea. Según el BCE, el actual diseño fiscal no está plenamente alineado con la transición energética, ya que no incentiva de forma óptima la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. En este sentido, el estudio destaca que en numerosos países europeos la electricidad y el gas soportan niveles impositivos similares, a pesar de que la estrategia comunitaria busca impulsar la electrificación como eje de la transición climática. La institución advierte además de que los costes de red aumentarán de forma significativa en los próximos años. Las inversiones necesarias para integrar energías renovables, sistemas de almacenamiento, digitalización y electrificación podrían elevar los costes para los consumidores entre un 60% y un 100%, según recoge el documento. En este contexto, el regulador europeo ACER ha planteado recientemente nuevas fórmulas para financiar este incremento. El BCE enmarca estas recomendaciones dentro del objetivo de avanzar hacia una auténtica Unión Energética Europea, con mayor coordinación en inversiones, infraestructuras, financiación y política industrial. La institución considera que la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio evidencian la vulnerabilidad del sistema energético europeo. En paralelo, el Banco Central Europeo defiende por primera vez una planificación energética más centralizada a nivel comunitario, que permita concentrar el desarrollo de energías renovables en los países con mejores recursos naturales, aunque la electricidad se consuma en otros Estados miembros. El informe señala que la fragmentación de las políticas nacionales está impidiendo aprovechar plenamente el potencial renovable de Europa y que una mayor coordinación permitiría optimizar las inversiones. Según las estimaciones recogidas, un modelo coordinado podría aumentar la producción media hasta un 42% en energía solar y hasta un 110% en energía eólica en comparación con un escenario en el que cada país actúe de forma independiente. Este enfoque supondría avanzar hacia una especialización energética dentro de la Unión Europea, en la que algunos países se consolidarían como grandes productores de energía renovable. En este contexto, España aparece como uno de los territorios con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

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(El Periódico, 20-05-2026) | Fiscal

Illa y Junqueras se emplazan a lograr la recaudación del IRPF tras pactar los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Oriol Junqueras han rubricado este martes por la mañana el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de Cataluña, los primeros del actual Ejecutivo catalán. La firma se ha escenificado en el Saló Gòtic de la Generalitat, uno de los espacios más emblemáticos del Palau, tras semanas de negociación entre PSC y ERC y también con Comuns, el otro socio de investidura, que aún reclama revisar parte de los compromisos antes de dar su apoyo definitivo. Tanto Illa como Junqueras han insistido además en la necesidad de avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica pactado, cuya tramitación sigue pendiente en el Congreso. El acuerdo incorpora tres grandes reivindicaciones impulsadas por ERC. La primera contempla el compromiso de desarrollar una nueva línea ferroviaria orbital que conecte diversas ciudades del área metropolitana de Barcelona sin pasar por la capital catalana. Según lo pactado, esta infraestructura debería estar operativa en 2040. El segundo punto prevé destinar 500 millones de euros en cuatro años al crecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña, con el objetivo de reforzar su estructura y preparar el terreno para que en el futuro pueda asumir parcialmente la gestión del IRPF, una de las principales demandas republicanas durante la legislatura. Además, ERC ha conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona obtengan la mayoría en el Consorcio de la Zona Franca. La denominada línea orbital ha desplazado del centro de la negociación la cuestión de la recaudación del IRPF, que había sido hasta ahora uno de los pilares del acuerdo de investidura de Illa. Aquel pacto establecía que la Generalitat comenzaría a recaudar este impuesto en 2026, aunque posteriormente el Govern retrasó el calendario hasta 2028. Este martes, la consellera de Economía, Alícia Romero, aclaró que nunca se habló de asumir una gestión completa del tributo en esa fecha y que el plan aprobado contempla únicamente una aplicación parcial a partir de entonces. Romero justificó la dificultad del proceso recordando que la Agencia Tributaria catalana carece actualmente de recursos comparables a los de la Agencia Tributaria estatal, que dispone de unos 1.500 informáticos. ERC asume ya que este objetivo probablemente se extenderá más allá de la actual legislatura. Pese a los retrasos, los republicanos han rebajado el tono respecto a meses anteriores. En febrero llegaron incluso a forzar la retirada del primer proyecto presupuestario ante la falta de avances en materia fiscal, mientras que ahora el acuerdo se centra en tres ejes: impulsar el nuevo modelo de financiación para 2027, trabajar junto a ERC para que el Congreso apruebe la delegación de competencias sobre el IRPF y avanzar en la condonación parcial de la deuda catalana vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con efectos previstos para el próximo ejercicio. Romero aseguró que la hoja de ruta del Govern pasa por lograr esa delegación competencial cuando se tramiten en las Cortes las reformas legales necesarias para modificar el sistema de financiación. No obstante, admitió que antes será imprescindible transformar la Agencia Tributaria catalana para que pueda asumir esa función. "Si mañana nos transfirieran esas competencias, no estaríamos preparados para gestionarlas", señaló la consellera, quien destacó además la buena relación con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. Según explicó, el Ejecutivo catalán trabaja con un horizonte de cuatro años para adaptar la estructura administrativa necesaria. La responsable de Economía agradeció a ERC su "sentido de país" y defendió que el apoyo republicano permitirá dar estabilidad al Govern y facilitar la adopción de medidas orientadas al crecimiento económico y al progreso social. También expresó su confianza en cerrar un acuerdo definitivo con Comuns. Más complicada sigue siendo la negociación con los sindicatos educativos, con los que la Generalitat volverá a reunirse este miércoles para intentar desactivar las huelgas y movilizaciones previstas. Romero recordó que los acuerdos ya alcanzados con CC OO y UGT han supuesto un coste de 700 millones de euros y reconoció que algunas reivindicaciones son "inasumibles", aunque dejó abierta la puerta a introducir nuevas mejoras. En ese sentido, recordó que el presupuesto es flexible y puede modificarse durante el ejercicio mediante fondos de contingencia o reajustes entre departamentos. El documento firmado entre Govern y ERC también incluye medidas para impulsar el uso del catalán, la creación de un fondo extraordinario de 250 millones de euros destinado a reducir el gasto sanitario desplazado, un plan de inversiones educativas dotado con 400 millones en cuatro años, programas de rehabilitación de barrios degradados y apoyo a pequeños municipios, así como la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña que permita a la Generalitat participar en la gobernanza de los aeropuertos catalanes mediante un órgano bilateral con el Estado. Para Illa, la aprobación de estos presupuestos representa uno de los hitos más importantes de la legislatura. Después de casi dos años al frente del Govern, todavía no había logrado sacar adelante unas nuevas cuentas y la Generalitat seguía funcionando con los presupuestos aprobados en 2023 durante el mandato de Pere Aragonès. El Ejecutivo catalán espera ahora que las nuevas cuentas, previstas para entrar en vigor en julio, no solo permitan afrontar el actual ejercicio, sino también garantizar estabilidad hasta el final de la legislatura en 2028.

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(Expansión, 19-05-2026) | Fiscal

Shakira se une al selecto elenco de personalidades que derrotaron a Hacienda

La Audiencia Nacional ha reprendido a Hacienda por sancionar a la artista sin haber acreditado que residiera en España más de los 163 días constatados en 2011, cuando la normativa exige superar los 183 días para determinar la residencia fiscal. Pese al revés judicial, la Agencia Tributaria prevé llevar el caso ante el Tribunal Supremo. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", canta Shakira en uno de sus temas más conocidos, donde también lamentaba haberse quedado "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Después de ocho años de batalla judicial, la cantante colombiana ha conseguido una victoria que anula la reclamación tributaria pendiente y puede marcar un precedente relevante para otros rostros conocidos enfrentados al Fisco. La sentencia fija con claridad el umbral de los 183 días de permanencia en España dentro de un año natural para exigir la tributación como residente fiscal, lo que podría reforzar la posición de otras celebridades inmersas en disputas similares con la Agencia Tributaria. El fallo se suma a otros éxitos judiciales logrados por figuras como Ana Duato o Xabi Alonso, que combatieron las acusaciones fiscales, a diferencia de Leo Messi o Cristiano Ronaldo, que optaron por pactar. La defensa de Shakira ha estado liderada por José Luis Prada, especialista en derecho tributario y socio director de Prada Tax Advisors. El abogado, antiguo responsable de EY Abogados en Barcelona, creó recientemente su propio despacho centrado en fiscalidad patrimonial, empresarial y procesal. Entre sus clientes figuran compañías del Ibex, filiales de multinacionales, empresas familiares y grandes patrimonios. Con esta representación, la artista logró que la Audiencia Nacional anulase una reclamación de 55 millones de euros vinculada a supuestos incumplimientos fiscales de 2011, en un fallo que puede limitar la estrategia de Hacienda contra presuntos falsos residentes fiscales. Los magistrados concluyen que el Fisco no logró demostrar que Shakira viviera en España más de 163 días ese año, lejos del mínimo de 183 exigido legalmente. La resolución deja sin efecto las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011, así como las sanciones asociadas, después de que Hacienda y el Tribunal Económico-Administrativo Central consideraran que la cantante debía tributar en España por todas sus rentas mundiales. La decisión judicial elimina además la multa por infracción muy grave, los intereses y obliga a la Administración a asumir las costas. Aunque la cuantía total en disputa rondaba los 60 millones de euros, los técnicos de Gestha estiman que la devolución efectiva sería aproximadamente la mitad, dado que Shakira no abonó la sanción mientras recurría. Los jueces sostienen que las liquidaciones y sanciones "son contrarias a Derecho" porque parten de la premisa de que la cantante tenía su domicilio fiscal en España en 2011 sin que ello haya quedado probado. La Audiencia recuerda que corresponde a Hacienda acreditar que el contribuyente permaneció más de 183 días en territorio español, tal y como establece la Ley del IRPF. Para ello, la Agencia Tributaria suele realizar investigaciones exhaustivas analizando consumos domésticos, visitas médicas, escolarización de hijos, movimientos bancarios, actividad telefónica o publicaciones en redes sociales. En el caso de Shakira, sin embargo, los inspectores no consiguieron acreditar 20 días adicionales de permanencia en España y centraron buena parte de su estrategia en cuestionar su residencia en Bahamas y la validez del certificado fiscal aportado. La Audiencia considera irrelevante que Bahamas fuera o no considerado paraíso fiscal en 2011, ya que, según el fallo, la cantante acreditó haber pasado al menos 183 días fuera de España. Tampoco quedó probado que tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos. Tras conocerse la sentencia, Shakira aseguró en un comunicado que, después de más de ocho años de "señalamiento público", campañas para destruir su reputación y problemas personales derivados del proceso, la Audiencia Nacional "ha puesto las cosas en su sitio". La artista defendió que "nunca hubo fraude" y que la Administración no pudo demostrar lo contrario. No obstante, la cantante evitó mencionar que previamente aceptó una condena de tres años de prisión -que no implicó ingreso en la cárcel- y una multa de 7,3 millones de euros por fraude fiscal entre 2012 y 2014, tras reconocer que debía haber tributado en España durante esos ejercicios. Precisamente ese antecedente fue destacado ayer por la Agencia Tributaria, que ya ha pedido a la Abogacía del Estado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, donde continuará el enfrentamiento judicial con la artista.

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