(La Vanguardia, 17-03-2026) | Fiscal
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un amplio paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán durante un Consejo de Ministros extraordinario. La reunión se celebrará un día después del Consejo Europeo en Bruselas, donde el conflicto y sus consecuencias ocuparán un lugar central en la agenda. Mientras tanto, PSOE y Sumar continúan debatiendo internamente el contenido de las medidas y negociándolas con sus socios parlamentarios. Diversas fuentes apuntan a que una de las decisiones clave será una rebaja fiscal en el ámbito energético para contrarrestar el encarecimiento reciente de los precios.
Desde el Ejecutivo se señala que se trata de un plan de respuesta integral que combinará actuaciones de carácter estructural con otras de aplicación inmediata. Según el Gobierno, el objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores que están sufriendo con mayor intensidad el aumento de los costes.
Las medidas de carácter temporal estarán centradas principalmente en reducciones fiscales y ayudas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de precios. Por su parte, las iniciativas estructurales buscarán avanzar en cambios de fondo, especialmente en la electrificación del sistema productivo con el fin de disminuir la dependencia del petróleo. España se encuentra relativamente adelantada respecto a otros países europeos en este proceso, lo que reduce parcialmente su exposición al encarecimiento energético provocado por la guerra. Aun así, el Ejecutivo quiere seguir acelerando la transición energética y lleva tiempo trabajando en nuevas iniciativas en esa dirección.
El Gobierno también subraya que mantiene un diálogo constante con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores económicos más afectados. En estos momentos, los ministros de PSOE y Sumar continúan perfilando el alcance de la respuesta y negociando con los socios parlamentarios para garantizar el respaldo suficiente. El Ejecutivo quiere evitar que las medidas fracasen en el Congreso, como ocurrió anteriormente con otros paquetes de apoyo social. Esta necesidad de acuerdo político, junto con la incertidumbre sobre la duración del conflicto y sus efectos económicos, ha llevado a retrasar la aprobación de las medidas hasta el viernes en lugar de presentarlas este martes.
Este plan de respuesta incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales y se espera que puedan ser aprobadas este viernes mediante un real decreto, que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes. Entre las decisiones ya avanzadas por el Ejecutivo destaca que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. El Gobierno considera que, por ahora, el impacto del conflicto se concentra principalmente en el coste de la energía y los carburantes, y no tanto en la cesta de la compra.
Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios provocado por la tensión energética internacional. El Ejecutivo estudia recuperar rebajas del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores. El Ejecutivo pretende reeditar parte del "escudo social" aplicado en crisis anteriores, con medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Consejo de Ministros extraordinario aprobará las primeras actuaciones del escudo social destinadas a proteger a las familias trabajadoras frente a las consecuencias económicas del conflicto. Según ha explicado, el Gobierno tiene claras las prioridades que deben guiar este paquete de medidas. Entre ellas figuran actuaciones en el ámbito energético, políticas relacionadas con la vivienda para evitar que el encarecimiento de los precios agrave la situación que ya afrontan muchas familias y medidas para acompañar las rebajas fiscales con intervenciones en el mercado que eviten beneficios excesivos.
Bustinduy ha defendido que el conflicto no debe convertirse en una oportunidad para que algunas grandes empresas aumenten de forma desproporcionada sus beneficios. Por ello, ha señalado que cualquier medida fiscal debería ir acompañada de regulaciones que impidan incrementos injustificados en los márgenes empresariales. Según el ministro, el objetivo es garantizar que las ayudas lleguen realmente a los ciudadanos y no se traduzcan en mayores ganancias para las grandes compañías.