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(Expansión, 04-07-2025) | Fiscal

La Cámara de Representantes da luz verde definitiva al plan fiscal de Trump

El presidente de Estados Unidos ha presentado el plan como el mayor recorte de impuestos y de gasto público en la historia del país. Según las estimaciones, el Estado dejaría de recaudar hasta 4,5 billones de dólares en los próximos diez años, lo que incrementaría el déficit fiscal en alrededor de 3 billones más. El controvertido paquete fiscal impulsado por Donald Trump ha superado su último escollo legislativo: ha sido aprobado por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 214 en contra, y solo falta la firma del presidente para que se convierta en ley. El miércoles anterior, el proyecto fue aprobado por el Senado con una mayoría mínima (51 votos frente a 50), reflejando las divisiones internas dentro del Partido Republicano respecto a este ambicioso plan presupuestario. Según Trump, se trata del recorte fiscal más importante en la historia del país, y su intención es ratificar la ley coincidiendo con el Día de la Independencia. La propuesta busca consolidar y hacer permanentes las rebajas fiscales que se introdujeron durante su primer mandato (2017-2021). Se estima que, como resultado, el gobierno federal perderá entre 4 y 4,5 billones de dólares en ingresos durante la próxima década. Esto provocaría un aumento del déficit fiscal, que ya alcanzó los 1,1 billones en el último ejercicio, sumando otros 3 billones al desequilibrio financiero, un aspecto que ha generado fuertes desacuerdos entre los legisladores republicanos. Entre las disposiciones incluidas en la ley, una que se ha presentado como un beneficio para los trabajadores es la exención del pago de impuestos federales sobre las propinas, hasta un máximo de 25.000 dólares anuales, medida que estará vigente hasta 2028 y que podría beneficiar a unos 4 millones de personas en todo el país. Sin embargo, buena parte de los recortes fiscales se compensarían mediante reducciones de gasto por valor de unos 1,2 billones de dólares. Estas afectarán a programas sociales clave como Medicaid (atención médica para personas de bajos ingresos), SNAP (asistencia alimentaria) o el conocido Obamacare. Como consecuencia, millones de ciudadanos podrían perder el acceso a estos servicios. Una de las pocas áreas donde se contempla un aumento del presupuesto es la relacionada con la seguridad y el control fronterizo. Se proyecta una inversión adicional de unos 175.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, destinada a la construcción de nuevos centros de detención, barreras físicas como muros, así como al desarrollo de tecnología de vigilancia y a la contratación de más personal para controlar la frontera con México y perseguir la inmigración ilegal dentro del país.

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(Expansión, 04-07-2025) | Laboral

EEUU supera las expectativas al crear 147.000 empleos en junio

Los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, mejores de lo previsto, disminuyen la urgencia de que la Reserva Federal aplique una nueva rebaja en los tipos de interés. En junio, la tasa de desempleo descendió una décima hasta situarse en el 4,1%, su nivel más bajo desde febrero, gracias a la creación neta de 147.000 empleos, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Esta cifra superó las previsiones de los analistas, que estimaban en torno a 110.000 nuevos empleos, y también fue superior al dato revisado de mayo, que se situó en 144.000. Este comportamiento del mercado laboral alivia la presión sobre la Reserva Federal para que acelere una bajada de los tipos de interés, una medida que ha sido solicitada insistentemente por el presidente Donald Trump en los últimos meses. El descenso en la tasa de paro se debió, en gran parte, a una disminución en la participación laboral, que cayó al 62,3%, el nivel más bajo desde finales de 2022. Entre los distintos sectores, el empleo público a nivel estatal y local generó 73.000 nuevos puestos, mientras que el gobierno federal perdió 7.000. Por su parte, el sector sanitario, clave en la economía estadounidense y potencialmente afectado por el nuevo plan presupuestario de Trump, sumó 39.000 empleos, y el ámbito de asistencia social añadió otros 19.000. En contraste, el sector manufacturero registró una pérdida de 7.000 puestos de trabajo, mientras que la construcción mostró un incremento neto de 15.000 empleos. El coste laboral por hora trabajada mantuvo su tendencia a la baja, con un incremento interanual del 3,7% en junio. En cuanto al desempleo por grupos demográficos, la tasa entre los hispanos se mantuvo estable en el 4,8%; entre la población blanca bajó al 3,6%, mientras que entre los afroamericanos subió al 6,8%. En conjunto, estos datos positivos del mercado laboral reducen la presión sobre la Reserva Federal para que retome los recortes de tipos de interés, los cuales fueron pausados tras una serie de reducciones iniciadas en septiembre del año pasado. A pesar de ello, el presidente Trump continúa exigiendo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nuevas rebajas de tipos, que se mantienen desde diciembre entre el 4,25% y el 4,5%. Trump ha lanzado duras críticas contra Powell, al que acusa de actuar con demasiada lentitud, e incluso ayer pidió públicamente su dimisión.

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(El País, 04-07-2025) | Laboral

Los sindicatos denuncian parálisis en las condiciones de los empleados públicos

Los sindicatos UGT y CC OO han expresado su hartazgo ante la falta de avances en varias reivindicaciones laborales que llevan tiempo planteando y que el Gobierno, en particular el Ministerio de Función Pública, se había comprometido a atender. Aunque este miércoles el BOE publicó la subida salarial del 0,5% que estaba pendiente, ambos sindicatos han anunciado una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid el próximo martes 8 de julio a las 11:30 horas, bajo el lema Es la hora. #CumpleLoPactado. Advierten que, si continúa la inacción, convocarán nuevas movilizaciones. "Hace tiempo que ya era el momento de cumplir los acuerdos. Vamos con un gran retraso, y ahora toca sentarse seriamente a negociar un nuevo pacto. Tenemos tanto el derecho como la necesidad de hacerlo, ya que esta situación de bloqueo -aunque tenga varias causas- está afectando directamente a los empleados públicos", afirmó Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CC OO. Añadió que es esencial debatir sobre el empleo público y el modelo de sociedad que se desea construir. Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, confirmó que no han recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Función Pública. Tampoco especificó el porcentaje de incremento salarial que proponen para este año y los próximos, señalando que es el Ejecutivo quien debe presentar una propuesta inicial. "Con estas protestas buscamos romper la parálisis del Gobierno respecto a la situación de los trabajadores públicos", declaró. Palazzo rechazó que la aprobación de una nueva subida salarial dependa de que haya Presupuestos Generales del Estado, calificando esta idea de "falsa asociación", mientras que Araque insistió en que "no hay excusa para no aprobarla ya". Una vez aplicada la subida salarial del acuerdo anterior -con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que supondrá un aumento medio de 168 euros-, UGT y CC OO denuncian que no se ha iniciado la negociación sobre el incremento salarial de este año. Tampoco se han resuelto cuestiones como la jubilación parcial para el personal laboral ni la implantación de la jornada laboral de 35 horas para más de tres millones de empleados públicos, aspectos todos ellos contemplados en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. Ambos sindicatos han adelantado que no negociarán un nuevo acuerdo mientras no se cumplan plenamente los compromisos del anterior. A estas demandas se suman otras peticiones relevantes, como: implementar por completo el modelo de clasificación profesional en línea con el Marco Español de Cualificaciones Profesionales; modificar la normativa para garantizar el desarrollo efectivo de los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de género; asegurar la atención presencial en los servicios públicos; diseñar un plan específico de digitalización para zonas rurales o en riesgo de exclusión; crear empleo neto en las Administraciones; reducir la temporalidad; rejuvenecer las plantillas; impulsar la formación, la promoción interna, el desarrollo profesional y la captación de talento. Por otro lado, el sindicato CSIF -que no comparte la misma estrategia que UGT y CC OO y se distanció del acuerdo anterior de subidas salariales- ha anunciado este jueves la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública, debido al retraso acumulado de cinco años en la puesta en marcha del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). Durante la pandemia, el modelo de atención ciudadana se modificó, y un real decreto de 2020 reformó el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo un plazo de seis meses para que las Administraciones adaptaran la normativa al teletrabajo. Aunque dicha adaptación se realizó, no se ejecutó según lo establecido en el decreto, motivo por el cual CSIF inició una serie de reclamaciones legales que culminan ahora con esta nueva denuncia.

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(El País, 04-07-2025) | Laboral

Los sindicatos rechazan la propuesta de oferta de empleo público del Gobierno que rebaja las cifras de 2024

Los sindicatos que representan a los empleados públicos han expresado su malestar con el Gobierno y han dejado claro que no respaldarán la próxima Oferta de Empleo Público (OPE), al considerarla insuficiente para solucionar los persistentes problemas de personal que vienen denunciando desde hace tiempo. Así lo han comunicado esta tarde a los representantes del Ministerio de Función Pública en una reunión que, una vez más, ha concluido sin acuerdo. Según indican fuentes sindicales presentes en el encuentro, por primera vez se han puesto sobre la mesa cifras concretas: se barajan unas 20.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), pero únicamente 4.500 serían de empleo neto, es decir, creación real de puestos de trabajo, lo que supone la mitad de lo ofertado el año anterior, según denuncia el sindicato CSIF. Esta propuesta no convence a los sindicatos, que aseguran que no firmarán el acuerdo. Además, anticipan que no habrá más reuniones y que, por tanto, si el Ejecutivo decide avanzar con la OPE, lo hará sin el respaldo de las organizaciones sindicales. "La tensión no deja de aumentar. Estamos ya en julio y apenas quedan sesiones del Consejo de Ministros para aprobar esta oferta", advierte un portavoz de CSIF. "Nosotros no vamos a firmar porque lo que proponen supone una reducción del empleo público respecto al año pasado. Y eso es justo lo contrario de lo que necesitamos", añade. Desde UGT Servicios Públicos también se han mostrado contrarios a apoyar la propuesta actual de Función Pública. Por su parte, desde el Ministerio dirigido por Óscar López se limitan a agradecer las sugerencias sindicales que, a su juicio, han servido para mejorar la propuesta de oferta pública, y aseguran que esta será presentada "próximamente" ante el Consejo de Ministros. Una fuente ministerial ha negado que se haya proporcionado una cifra definitiva, argumentando que, como en ocasiones anteriores, los datos solo se hacen públicos una vez aprobados por el Consejo. "Se les han facilitado los datos que han solicitado", señala la misma fuente. Además, recuerda que los sindicatos tampoco respaldaron la OPE de 2024, que acabó siendo una convocatoria récord con 40.121 plazas. La reunión de este jueves, que se prolongó por algo más de dos horas, estuvo centrada en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, encargada de analizar las últimas propuestas de los sindicatos. En cualquier caso, el encuentro no podría haber derivado en un acuerdo formal, ya que este solo puede alcanzarse en la Mesa General de Negociación. Durante la reunión se compartieron algunas cifras globales de posibles nuevas plazas -limitadas a las de la AGE, sobre las que el Gobierno tiene competencia directa-, pero estas no convencieron a los representantes sindicales. "La relación entre el Gobierno y los empleados públicos está en su peor momento", afirma un portavoz de CSIF. "La subida salarial del 0,5% que se acaba de aprobar no es motivo de celebración: llega con siete meses de retraso, los sueldos siguen congelados este año y, además, hay múltiples compromisos del anterior Acuerdo Marco que siguen sin cumplirse, sin que se haya convocado aún una mesa para negociar el próximo". Desde CSIF también denuncian que, en los últimos diez años, la Administración ha perdido un total neto de 20.640 puestos de trabajo, según cifras del propio Ministerio de Función Pública, que se suman a los 21.392 perdidos en la década anterior. En total, más de 42.000 empleos públicos eliminados en las dos últimas décadas.

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(El Economista, 04-07-2025) | Laboral

Los extranjeros que cobran el subsidio de paro tras agotar la prestación crecen un 26%

En los últimos años, los trabajadores extranjeros han adquirido un rol fundamental en el mercado laboral español, hasta el punto de que tanto el Gobierno como los agentes sociales han vinculado la viabilidad futura del sistema de pensiones al mantenimiento de un flujo migratorio positivo durante las próximas décadas. Actualmente, más de tres millones de personas con nacionalidad extranjera están afiliadas a la Seguridad Social, y también ha aumentado el número de aquellas que reciben el subsidio por desempleo. En concreto, esta cifra ha crecido un 26% en el último año. Este subsidio está dirigido a personas que ya han agotado la prestación contributiva por desempleo o que no han trabajado lo suficiente como para generarla. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al mes de mayo, 75.205 extranjeros reciben actualmente este subsidio, frente a los 59.592 registrados en el mismo mes de 2024. Este incremento, de más de 15.000 beneficiarios, sigue la misma tendencia que en meses anteriores: en abril el aumento fue del 19% interanual, en marzo del 20%, y en los primeros meses del año se situó en torno al 8% y 10%. A pesar de este crecimiento, los extranjeros siguen siendo una parte minoritaria del total de perceptores del subsidio, ya que representan menos del 10% de las 774.178 personas que lo reciben. La información del Ministerio de Trabajo no permite identificar las causas concretas por las que los extranjeros acceden al subsidio. No obstante, en el conjunto de beneficiarios (nacionales y extranjeros), se observa que la principal razón es tener más de 52 años (470.840 personas), seguida del agotamiento de la prestación contributiva (151.206) y la falta de cotización suficiente (100.011). Sí se sabe, sin embargo, que más de la mitad de los beneficiarios extranjeros (el 54,22%) comenzaron a recibir la ayuda después del 1 de noviembre, fecha en que entró en vigor la reforma del sistema de ayudas por desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación financiado con fondos europeos Next Generation. Desde entonces, se han incorporado 28.000 extranjeros de fuera de la UE y más de 12.000 comunitarios, quienes se han beneficiado de las nuevas condiciones económicas aprobadas por el Real Decreto-ley 2/2024. Con esta reforma, los beneficiarios reciben 570 euros mensuales durante los primeros seis meses, 540 euros durante los seis siguientes y 480 euros en el último año. En cambio, los 34.429 extranjeros que ya estaban recibiendo el subsidio antes de noviembre continúan percibiendo 480 euros durante todo el periodo, una cuantía vinculada al 80% del IPREM, que actualmente se sitúa en 600 euros. A pesar del aumento en el número de perceptores del subsidio, todavía hay más desempleados extranjeros que cobran la prestación contributiva por desempleo que los que reciben ayudas asistenciales (79.780 personas). Este grupo incluye a quienes perciben subsidios, rentas agrarias (para residentes en Andalucía y Extremadura) o ayudas específicas para trabajadores eventuales del sector agrícola, estas últimas con escaso peso tras la última reforma pactada con los sindicatos CCOO y UGT. En total, 208.551 extranjeros reciben algún tipo de ayuda por desempleo, y de ellos, más de 124.000 perciben la prestación contributiva. Esta cifra sigue siendo pequeña en comparación con el total de beneficiarios del sistema (paro, subsidio o renta activa de inserción), que supera los 1,7 millones de personas. En proporción, los extranjeros representan el 12,2% del total de perceptores de ayudas. Los últimos datos de empleo difundidos esta semana indican un cambio en la dinámica de generación de empleo entre la población extranjera. El segundo trimestre del año ha registrado una notable ralentización en el crecimiento de la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que ha pasado del 1,8% en el primer trimestre a un 0,6% en el segundo, según ha señalado Funcas. Este freno contrasta con una leve aceleración en la creación de empleo entre los trabajadores nacionales, cuya tasa de crecimiento aumentó del 0,4% al 0,6%. Pese a esta desaceleración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que el número de afiliados extranjeros se mantiene por encima de los tres millones, lo que representa un crecimiento de 1,4 millones en la última década, es decir, un aumento del 84,6%. En el caso de los trabajadores procedentes de países no comunitarios, el incremento ha sido del 118%, según datos del departamento que dirige Elma Saiz.

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(Cinco Días, 04-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euro apunta ya a los 1,2 dólares y pone en alerta al BCE

Los responsables del Banco Central Europeo (BCE) suelen tener una respuesta estándar cuando se les pregunta por la evolución del euro frente al dólar: evitan pronunciarse. "No haré comentarios sobre los tipos de cambio", dijo recientemente Christine Lagarde, presidenta del BCE, durante un panel en Sintra junto a sus homólogos de EE. UU., Reino Unido, Japón y Corea del Sur. No obstante, añadió: "Obviamente, lo tenemos en cuenta en nuestras proyecciones", al ser consultada sobre si la fortaleza del euro podría dificultar los esfuerzos del BCE por flexibilizar su política monetaria. Sin embargo, su vicepresidente, el español Luis de Guindos, fue más directo al advertir que, si bien los niveles actuales aún son asumibles, si el euro superase el umbral de 1,20 dólares, el panorama se volvería "mucho más complejo". Ese umbral no parece lejano. El euro superó los 1,18 dólares el miércoles y ha ganado un 3,5% frente al dólar en el último mes, alcanzando máximos no vistos desde 2021. La revalorización de la moneda europea en lo que va del año ha sido extraordinaria. Esta fortaleza encarece las exportaciones del bloque europeo y abarata las importaciones, lo que enfría la economía, justo cuando se atraviesa una etapa de incertidumbre comercial. Según las últimas previsiones del BCE, que asumían un tipo de cambio cercano a los 1,13 dólares por euro, una apreciación del 3% para 2026 recortaría en dos décimas tanto la inflación como el crecimiento económico. En las actas publicadas este jueves, la entidad reconoce un entorno inflacionario "más incierto de lo habitual", afectado por la bajada de los precios energéticos y un euro más fuerte, lo que podría presionar a la baja la inflación. También advierten que la apreciación del euro y los nuevos aranceles pueden impactar negativamente en las exportaciones. Más allá de la apreciación del euro, al BCE le preocupa especialmente la rapidez con la que está ocurriendo. "Es un fenómeno que debemos observar de cerca, sobre todo por la velocidad con la que se está produciendo. Pero aún no estamos en un nivel que genere alarma", señaló Alexander Demarco, gobernador interino del Banco Central de Malta. Declaraciones similares han sido compartidas por representantes de otros países como Finlandia, Lituania, Estonia y Alemania. En cualquier caso, dado que el control del tipo de cambio no entra dentro de las competencias del BCE, su margen de acción es limitado. Los analistas de ING afirman que una intervención unilateral sería "políticamente inaceptable y poco eficaz". Además, añaden que un euro fuerte actúa como una especie de arancel adicional en un contexto de tensiones comerciales, y puede dificultar que la inflación alcance el objetivo, lo que abre la puerta a que el BCE reconsidere su postura actual y continúe con los recortes de tipos. Según Mariano Valderrama, jefe de análisis macroeconómico de CIMD, si el euro alcanzara niveles entre 1,25 y 1,30 dólares, podrían surgir verdaderas preocupaciones, especialmente en economías del euro muy dependientes de las exportaciones. Aunque no anticipa medidas agresivas salvo una apreciación hacia máximos históricos (como los más de 1,5 dólares de 2008), sí ve posible que el BCE reaccione con ajustes suaves en los tipos de interés. "El BCE podría bajar tipos sin provocar grandes desequilibrios, ya que los salarios están contenidos y muchas economías se beneficiarían de un impulso al crédito y al consumo". JP Morgan también prevé margen para bajar tipos, argumentando que, si ciertas dinámicas anteriores a la pandemia regresan, la inflación podría estabilizarse por debajo del objetivo del 2%. La fortaleza del euro responde a varios factores. A corto plazo, influye el diferencial de tipos con Estados Unidos; a largo plazo, pesan las dudas sobre la política económica de Donald Trump, que han provocado una fuga de capitales desde EE. UU. hacia Europa. UBS anticipa una mayor debilidad del dólar en el segundo semestre y señala que, aunque el ritmo de depreciación podría desacelerarse, la tendencia a largo plazo de desdolarización continuará. ING, por su parte, apunta que las inquietudes por la fortaleza del euro no deberían eclipsar la oportunidad que tiene Europa de consolidar el papel global de su divisa. En el corto plazo, sin embargo, el mercado está reaccionando principalmente a las perspectivas económicas y de tipos de interés, que están condicionadas por lo que ocurra en los próximos días con los aranceles. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ya ha señalado que las futuras decisiones sobre los tipos dependerán del impacto económico y laboral de esos aranceles. De hecho, ha afirmado que, de no ser por ellos, los tipos ya habrían bajado, una declaración que ha impulsado aún más la fortaleza del euro en las últimas semanas.

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(Expansión, 04-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE teme una inflación muy baja durante año y medio

Algunos integrantes del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) manifiestan su preocupación por la posibilidad de que el débil aumento de los precios, causado en parte por la fortaleza del euro, se mantenga en el tiempo. La expresión "inflación por debajo del objetivo" se repite hasta 16 veces en las actas correspondientes a la reunión de política monetaria celebrada por el BCE el pasado 5 de junio, publicadas ayer. Este énfasis revela un cambio significativo en las inquietudes del organismo que encabeza Christine Lagarde. Por primera vez, los responsables del BCE centraron más su atención en los riesgos de una inflación excesivamente baja que en los peligros de una subida excesiva. Tras años marcados por un aumento descontrolado de los precios y políticas monetarias restrictivas, la situación ha dado un giro. Sin embargo, el BCE continúa alerta y analiza con atención los nuevos desafíos. Las actas recogen que "se anticipa que la inflación permanecerá por debajo del objetivo durante un período de 18 meses, lo que puede interpretarse como una debilidad prolongada a medio plazo", señalando un problema serio. La estrategia del BCE obliga a intervenir con determinación tanto cuando la inflación se dispara como cuando cae demasiado. Según las últimas previsiones macroeconómicas de la entidad, se estima que el incremento promedio de los precios será del 1,6% en 2026, una cifra cuatro décimas por debajo del objetivo del 2% que garantiza la estabilidad de precios. Algunos miembros del Consejo de Gobierno advirtieron que "el año 2026 será clave, ya que unas expectativas de inflación persistentemente por debajo del objetivo podrían influir en las negociaciones salariales, provocando efectos adversos de segunda ronda". Desde la institución se señala que la fuerte reducción prevista en la inflación responde principalmente a dos factores externos muy volátiles: la apreciación del euro y la caída en los precios de la energía. Por ello, los sectores más estrictos del BCE, conocidos como halcones, insistieron en que "no debe exagerarse la caída de la inflación, ya que podría revertirse con rapidez y su impacto sería limitado". El BCE también confía en que el aumento del gasto público, especialmente en el ámbito de la Defensa -una exigencia para los países miembros de la OTAN-, contribuya a dinamizar la economía y a impulsar de nuevo los precios. Advierten además sobre la importancia de no subestimar un posible repunte inflacionario, particularmente tras un periodo prolongado de inflación alta, y cuando las expectativas de empresas y hogares aún se sitúan por encima del objetivo. No obstante, algunos funcionarios del BCE señalaron que "todavía no está claro cuándo se empezarán a percibir los efectos de esta expansión fiscal" y advirtieron que "la inflación subyacente podría debilitarse más si los movimientos actuales en los precios reducen las expectativas salariales". El contexto inflacionario en Europa se ve especialmente afectado por la tensión comercial con Estados Unidos. El desempeño económico de la región en los próximos años dependerá, en gran medida, del tipo de acuerdo que se alcance con Donald Trump, del nivel de aranceles acordado y de si la Comisión Europea decide o no responder con medidas similares.

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(El País, 04-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios de la gasolina y el diésel suben casi un 2% al arranque de la primera operación salida del verano

Los precios de los carburantes han experimentado un fuerte aumento esta semana, con subidas cercanas al 2% coincidiendo con el inicio de julio y la primera gran operación salida del verano, que se extiende del viernes 4 al domingo 6 de julio y para la cual se prevén unos seis millones de desplazamientos por carretera. En concreto, el precio medio del litro de diésel ha encadenado su tercera semana al alza, con un incremento del 1,78% respecto a la semana anterior, alcanzando los 1,425 euros por litro, su nivel más elevado desde mediados de abril, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. En cuanto a la gasolina, el precio medio del litro ha subido un 0,8% en la última semana, situándose por encima de los 1,5 euros, una cota que tampoco alcanzaba desde mediados de abril. Este repunte se produce tras el reciente encarecimiento del petróleo, que hace dos semanas superó los 70 dólares por barril debido a las tensiones en Oriente Medio. No obstante, en los últimos días el precio se ha moderado, con el barril Brent -referencia en Europa- cotizando este jueves por encima de los 68 dólares, y el barril de Texas situándose en torno a los 66 dólares. A pesar de esta reciente escalada, en lo que va de 2025 la gasolina acumula un descenso del 1,3% en su precio, mientras que el diésel ha bajado un 1%. Con los valores actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasóleo cuesta aproximadamente 78,3 euros, lo que supone unos 3,5 euros menos que hace un año. En el caso de los coches de gasolina, el coste para llenar el depósito ronda los 82,5 euros, casi siete euros menos que en julio de 2024, cuando se acercaba a los 89,1 euros. Pese a la reciente subida, el precio del diésel continúa por debajo del registrado antes del inicio del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022, cuando se situaba en 1,479 euros por litro. La gasolina también permanece por debajo del valor que alcanzó en ese momento, que era de 1,591 euros. Ambos carburantes siguen aún lejos de los máximos históricos que marcaron en julio de 2022, cuando el litro de gasolina llegó a superar los 2,14 euros y el del gasóleo se acercó a los 2,1 euros. El diésel acumula ya 122 semanas siendo más barato que la gasolina, recuperando así la tendencia habitual previa a la guerra en Ucrania. Tras el estallido del conflicto, el gasóleo superó durante varios meses a la gasolina en precio, desde agosto de 2022 hasta febrero de 2023, cuando se invirtió la situación. El precio de los carburantes se ve influido por múltiples factores, como la cotización específica de estos productos (independiente del crudo), la evolución del precio del petróleo, la carga impositiva, los costes logísticos, y los márgenes comerciales. Además, los cambios en el precio del crudo no se trasladan de forma inmediata a los precios finales en las estaciones de servicio, sino con cierto desfase temporal. En este contexto, el precio de la gasolina sin plomo de 95 en España se mantiene por debajo del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en 1,639 euros por litro, y también de la media de la eurozona, que es de 1,689 euros. En el caso del diésel, ocurre lo mismo: el precio nacional está por debajo del promedio comunitario, que es de 1,557 euros, y del de la eurozona, que alcanza los 1,586 euros.

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(El Economista, 04-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Fiscalía General restringe los juicios exprés para "okupas" y saca los casos de allanamiento

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha establecido límites a la aplicación de los nuevos juicios rápidos para casos de ocupación ilegal, en vigor desde el pasado 3 de abril, dejando fuera ciertos supuestos de allanamiento de morada y usurpación. La distinción entre ambos delitos radica en que el allanamiento implica entrar en una vivienda habitada, mientras que la usurpación se refiere a ocupar un inmueble deshabitado, como una segunda residencia. La Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en enero, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir el uso de procedimientos exprés en ambas situaciones. No obstante, el pasado 26 de junio, la FGE emitió una circular con criterios obligatorios para todos los fiscales con el fin de resolver los conflictos surgidos entre esta reforma y la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que establece que ciertos delitos, como el allanamiento de morada, deben ser juzgados por un jurado popular. El documento establece que ambas normativas pueden aplicarse de forma complementaria. Así, el allanamiento de morada podrá seguir el procedimiento rápido solo si se cumplen ciertas condiciones, como que la causa se inicie mediante un atestado policial y que el presunto autor esté detenido o a disposición judicial. En caso contrario, deberá tramitarse mediante el procedimiento habitual ante un jurado popular. "El delito de allanamiento de morada podrá seguir el procedimiento rápido únicamente si se cumplen los requisitos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si no se dan esas condiciones, se seguirá el cauce del Tribunal del Jurado", precisa la Fiscalía. Además, aunque el caso cumpla las condiciones para ser tramitado por vía rápida, podría ralentizarse si el acusado no acepta los hechos que se le imputan. Si hay conformidad, el juzgado de guardia puede dictar sentencia inmediata con una reducción de hasta un tercio de la pena. Las penas por allanamiento de morada van de seis meses a dos años de cárcel, y si hay violencia o intimidación, de uno a cuatro años, más una multa de seis a doce meses. En caso de que no haya conformidad y para garantizar los derechos del acusado, la causa se derivará a un juzgado penal o, si se necesita investigar más, se seguirá la vía ordinaria del jurado popular, con los plazos correspondientes. La Fiscalía aclara que, aunque la Ley de Eficiencia de la Justicia es de carácter orgánico, esta condición no se aplica a la reforma sobre juicios rápidos, por lo que prevalece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En cuanto al delito de usurpación, la Fiscalía diferencia entre los supuestos más graves -cuando hay violencia o intimidación-, que podrán juzgarse por la vía rápida, y los de menor gravedad -sin violencia ni intimidación-, que seguirán el procedimiento especial para delitos leves, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La circular subraya que intentar aplicar la vía urgente a un delito leve generaría el efecto contrario al deseado. En los procedimientos rápidos, los juicios deben celebrarse en un plazo máximo de 15 días desde que el acusado es detenido o comparece ante el juez. Tras la vista, el juez tiene un máximo de tres días para dictar sentencia.

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(Expansión, 03-07-2025) | Fiscal

Hacienda gana 2.800 millones más de lo previsto en la Campaña de IRPF

La última Campaña de la Renta, que comenzó en abril y finalizó este lunes, ha resultado especialmente positiva para Hacienda, superando con creces sus previsiones de recaudación. La liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 no solo ha batido récords en cuanto al número de declaraciones presentadas, sino que ha dejado un saldo neto a favor del Estado que excede en aproximadamente 2.800 millones de euros las estimaciones iniciales. Según los datos difundidos ayer por la Agencia Tributaria, al cierre de la campaña se habían registrado 24,57 millones de declaraciones del IRPF, una cifra histórica que, aunque es algo inferior (en unos 300.000 contribuyentes) a lo que se había anticipado, representa un aumento del 2,3% respecto al año anterior. Del total de declaraciones, 15,93 millones resultaron con saldo a favor del contribuyente -es decir, con derecho a devolución-, lo que supone un descenso del 1,81% en comparación con el año previo. En total, Hacienda debe reembolsar 13.670 millones de euros, un 0,71% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las proyecciones iniciales del organismo: se preveían 17,07 millones de devoluciones por un importe total de 14.908 millones, por lo que finalmente se han registrado 1,14 millones menos de devoluciones y 1.238 millones menos de lo esperado en cuantía. Por otro lado, el número de declaraciones con resultado a pagar ha aumentado notablemente, alcanzando los 6,93 millones (un 12% más que el año pasado), con una recaudación de 20.620,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,9%. Estas cifras superan ampliamente las previsiones iniciales de la Agencia Tributaria, que esperaba 6,07 millones de declaraciones positivas por un importe de 19.093 millones. Como resultado global, la Campaña de la Renta de 2024 cierra con un balance favorable para Hacienda de 6.950 millones de euros, lo que representa 2.765 millones más que los 4.185 millones de ingresos netos estimados en abril. Entre los principales factores que explican este resultado, fuentes oficiales destacan el buen comportamiento de los rendimientos del capital mobiliario y las plusvalías, además de un rendimiento superior al previsto en operaciones inmobiliarias y actividades económicas. Hasta el cierre de la campaña, la Agencia Tributaria ya había procesado la mayor parte de las devoluciones, habiendo reembolsado 9.100 millones de euros a 12,58 millones de contribuyentes. Esto supone un aumento del 5,8% en el importe devuelto y del 0,7% en el número de beneficiarios respecto al cierre del IRPF del año anterior. Aun así, estos datos indican que Hacienda ha completado el 78,9% de las devoluciones solicitadas y el 66,5% del importe total a devolver, por lo que aún queda pendiente el abono de cerca del 21% de los casos y un tercio del dinero. En cuanto a los canales de presentación, 2,9 millones de personas utilizaron las vías rápidas habilitadas por la Agencia Tributaria. La nueva opción de Renta Directa, un modelo simplificado y visual, fue utilizada por 1,02 millones de los 4 millones de contribuyentes a los que se les ofreció. Además, 1,18 millones presentaron su declaración mediante atención telefónica y 696.000 lo hicieron a través de la aplicación móvil, de las cuales 518.000 se tramitaron con un solo clic. Paralelamente, también se desarrolló la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo estatal gestionado por las comunidades autónomas, que ahora cobra mayor relevancia tras la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Esta medida ha motivado que varias regiones que antes bonificaban el Patrimonio hayan decidido recuperarlo para no ceder esa recaudación al Estado. En esta ocasión, se han presentado 266.000 declaraciones por este impuesto, generando unos ingresos de 2.133 millones de euros, superando en 69 millones las previsiones iniciales.

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