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(El Periódico, 15-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de junio se situó en el 2,3%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de junio fue del 2,3%, tres décimas superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Transporte, cuya tasa anual aumentó 1,2 puntos, hasta el -0,8%. Este comportamiento se debió a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al descenso en junio de 2024. Vivienda, cuya tasa anual subió cuatro décimas, hasta el 4,2%, debido a que los precios del gas y, en menor medida, de los combustibles líquidos aumentaron, frente a la bajada en junio del año anterior. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su variación anual en el 2,8%, lo que supuso tres décimas por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, al descenso de los precios de las legumbres y hortalizas, menor que el del mismo mes de 2024, y al aumento de los precios de la carne y del pescado y marisco. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,2%, la misma que en el mes anterior. En junio la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,7%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Ocio y cultura, con una variación del 2,2% a causa del aumento de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió 0,186 en el IPC general. Vivienda, cuya tasa mensual del 1,2% repercutió 0,147 en el IPC general. Esta evolución fue debida a la subida de los precios de la electricidad. Transporte, con una tasa del 0,9% y una repercusión de 0,124 debida al aumento de los precios del transporte aéreo de pasajeros y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en junio. Illes Balears y País Vasco presentaron las tasas más elevadas (2,8% ambas). Y Región de Murcia y Canarias las más bajas (1,7% ambas). En el mes de junio la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,3%, tres décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,7%.

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(El Economista, 14-07-2025) | Fiscal

Cataluña y Asturias, las autonomías que más gravan a los emprendedores

La carga fiscal que imponen las distintas comunidades autónomas en España es un elemento clave a la hora de que los emprendedores decidan en qué región iniciar su proyecto empresarial. Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2024 (IACF) elaborado por la Tax Foundation, los impuestos influyen de forma directa en las decisiones estratégicas de las empresas, afectando aspectos como los precios finales de los productos o la capacidad de contratación (a mayor presión fiscal, mayores precios o menor margen para incorporar personal). Además, la facilidad o dificultad con la que una empresa o autónomo puede adaptarse a los desafíos económicos repercute en su rentabilidad y capacidad para competir. En este sentido, las comunidades autónomas de Cataluña y Asturias presentan un mayor esfuerzo fiscal para las empresas que desean operar desde allí, en comparación con otras regiones. En una edición anterior de esta publicación, ya se había abordado cómo más de 20 obstáculos burocráticos dificultan el crecimiento de las pequeñas empresas al convertirse en medianas, especialmente tras superar los 50 empleados. Estas trabas, sumadas a la presión fiscal, conforman un entorno empresarial donde expandirse resulta costoso. Desde el departamento Fiscal y de Banca de Empresas de Ibercaja señalan que el problema no es una fiscalidad progresiva, sino un sistema normativo desfasado respecto al ritmo de evolución del tejido empresarial. Cataluña y Asturias figuran entre las regiones menos competitivas desde el punto de vista fiscal, debido a que están entre las que más tributos propios aplican -Cataluña con 11 y Asturias con 6- y en las que los impuestos estatales también son más elevados. Esto representa un obstáculo importante para ciertos modelos de negocio, explica Héctor Jiménez, experto fiscal de TaxDown. Cataluña lidera el ranking en cuanto a tipos del IRPF más elevados, lo que obliga a los autónomos a mayores contribuciones, especialmente si superan los 30.000 euros de ingresos anuales. Por ejemplo, con una renta de 30.000 euros, un trabajador por cuenta propia paga en Cataluña unos 5.038,65 euros, mientras que en las provincias vascas (Bizkaia, Guipuzkoa y Álava) el mismo perfil tributa 4.546,68 euros, una diferencia de casi 500 euros. Para ingresos más altos, la diferencia es aún mayor: un autónomo con 160.000 euros al año paga en Cataluña 60.272,35 euros frente a los 56.536,48 euros en Madrid, lo que supone una brecha de más de 3.700 euros. Como apunta Jiménez, aunque la fiscalidad no sea el único factor determinante, "sí marca una diferencia: un autónomo en Cataluña cuenta con menos recursos disponibles para reinvertir en su negocio". Cataluña también destaca por el número de impuestos propios (11), de los cuales seis están destinados a gravar actividades perjudiciales para el medioambiente. Además, existen tributos como el de protección civil, sobre grandes superficies comerciales, viviendas vacías, estancias turísticas y bebidas azucaradas. A pesar de ello, Jiménez reconoce que "Cataluña ofrece ventajas económicas significativas más allá de los impuestos, como su infraestructura portuaria y un ecosistema empresarial robusto que le otorgan un peso económico difícil de encontrar en otras zonas del país". Asturias es la segunda comunidad con los tramos de IRPF más elevados, apenas 0,3 puntos por encima de Cataluña. Un autónomo con ingresos de 30.000 euros anuales en Asturias paga 4.953,59 euros en IRPF, lo que supone 85 euros menos que en Cataluña pero más de 400 euros por encima de lo que se paga en las provincias vascas. Además, Asturias aplica una de las políticas más severas en cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Una persona de 30 años que reciba una herencia valorada en 800.000 euros debe abonar 103.135,48 euros, mientras que en regiones como Andalucía, Baleares, Cantabria o Galicia ese importe es cero. También se encuentra entre las comunidades con mayor carga en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En cuanto a tributos propios, Asturias cuenta con seis: dos aplicados directamente a la actividad económica (como el recargo del IAE y un impuesto sobre grandes comercios), tres vinculados al impacto ambiental y uno sobre el juego del bingo. Aunque carece del dinamismo empresarial de Cataluña, Jiménez destaca que "Asturias es un caso particular, ya que concentra buena parte de la industria del norte, lo que le permite seguir creciendo pese a su alta presión fiscal". Por otro lado, la Comunidad de Madrid se posiciona como la región con menor presión fiscal para los empresarios, seguida de las tres provincias vascas. Estas cuatro no aplican impuestos propios, lo que supone que las empresas y autónomos establecidos allí solo deben hacer frente a la tributación estatal. Esto se traduce en una mayor disponibilidad de recursos para invertir y tomar decisiones estratégicas. Madrid es también la comunidad que menos grava a los autónomos con ingresos de hasta 20.000 euros y la que cuenta con la menor progresividad en el IRPF, al tener los tramos más bajos. Según Jiménez, "es la región más favorable para emprender gracias a su política fiscal", aunque matiza que existen otras comunidades, como Galicia, Castilla y León o Extremadura, que ofrecen exenciones e incentivos interesantes para apoyar a empresarios y trabajadores por cuenta propia.

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(El Economista, 14-07-2025) | Laboral

El Supremo obliga a pagar a los funcionarios turnos y festivos aunque estén de vacaciones

El Tribunal Supremo ha dictaminado que las administraciones públicas deben abonar a los funcionarios las retribuciones asociadas al trabajo en turnos, noches y festivos, incluso cuando se encuentren de vacaciones, de baja médica o disfrutando de permisos retribuidos por motivos personales, como los relacionados con la conciliación familiar. En varias sentencias emitidas en junio, una de ellas fechada el día 25, el alto tribunal establece que, cuando un funcionario desempeña su labor bajo un sistema de turnos que incluye noches y días festivos, y esas funciones se desarrollan dentro del horario habitual de trabajo, dicha retribución debe formar parte del salario ordinario. Por tanto, también debe ser percibida durante períodos en los que no se preste servicio activo, como vacaciones, incapacidades temporales o permisos retribuidos. La clave, según el Supremo, es que estos complementos forman parte del sueldo habitual debido a la "penosidad" que suponen los turnos y los festivos. Por ello, si son inherentes al puesto y se realizan dentro del horario ordinario, deben integrarse en la nómina de manera estable, independientemente de que el trabajador esté ausente por causas justificadas. Sin embargo, la situación cambia si estos turnos especiales se realizan fuera del horario ordinario. En esos casos, se consideran retribuciones variables o extraordinarias que solo se generan cuando efectivamente se presta el servicio, por lo que no corresponden durante ausencias justificadas como vacaciones o bajas. Además, el Supremo no solo reconoce el derecho a percibir estas cantidades en el presente, sino también a reclamar las que no se hayan abonado en los últimos años. Según la sentencia, los funcionarios tienen un plazo de cuatro años para exigir estos pagos atrasados. El caso analizado debatía si debía aplicarse el plazo general de prescripción de cuatro años recogido en la Ley General Presupuestaria estatal, o el de cinco años que establece la normativa autonómica gallega. El tribunal resolvió que debe aplicarse el plazo de cuatro años, dado que es la norma general frente a las administraciones públicas y se aplica de manera uniforme en todo el territorio, reforzando así el principio de igualdad de trato entre los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. En consecuencia, el fallo reconoce a un agente de la policía local el derecho a cobrar los complementos por trabajar en festivos y turnos nocturnos, incluso en periodos en los que esté ausente por vacaciones, baja médica o permisos retribuidos. Además, obliga al ayuntamiento correspondiente a abonarle las cantidades correspondientes a los últimos cuatro años.

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(El Economista, 14-07-2025) | Laboral

Patronal y sindicatos reclaman una solución para el plus por la brecha de género

Existe un acuerdo general dentro del diálogo social respecto a la necesidad de revisar el complemento de pensión por brecha de género, a raíz de recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo, que han considerado que esta prestación podría discriminar a los hombres. Tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales coinciden en que es necesario reformular el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula este complemento, y están a la espera de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones proponga una nueva redacción. Tras hacerse pública la sentencia del TJUE, los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) emitieron un comunicado conjunto en el que urgían al Gobierno a dar una respuesta rápida. Para estas organizaciones, la modificación del complemento es una prioridad en la mesa del diálogo social, ya que temen que pueda acabar funcionando como una especie de "plus por paternidad", desvirtuando así su objetivo original. Aunque el fallo europeo establece que si ambos progenitores lo solicitan, el complemento debe concederse a quien perciba la pensión más baja, los sindicatos alertan de que, dado que los hombres suelen jubilarse antes que las mujeres, podrían adelantarse a solicitar la ayuda, dejando a las mujeres sin la posibilidad de percibirla en el futuro. Desde el entorno empresarial comprenden esta preocupación y señalan que, si la mujer resulta tener finalmente una pensión inferior, podrá reclamar el complemento y recibirlo. Por el momento, apuntan que el Ministerio está analizando los efectos de la sentencia y las posibles formas de adaptar la normativa. Recuerdan también que la última reforma tardó un año en aplicarse tras una situación similar. El complemento por brecha de género fue introducido en 2021, reemplazando al antiguo complemento por maternidad, que solo se reconocía a las mujeres con dos o más hijos. Aquel cambio fue consecuencia de una sentencia del TJUE de 2019 que consideró discriminatorio excluir a los hombres. Sin embargo, el nuevo sistema también ha generado polémica, ya que impone requisitos adicionales a los hombres que solicitan el complemento, mientras que a las mujeres se les concede de manera automática por el simple hecho de haber sido madres. En concreto, los hombres deben demostrar que su trayectoria laboral se vio afectada por el cuidado de los hijos: si estos nacieron antes de 1995, deben acreditar una interrupción en su carrera; si fue después, deben probar que su base de cotización en los dos años posteriores al nacimiento fue al menos un 15% inferior a la de los dos años anteriores. Por otro lado, este miércoles el Tribunal Supremo estableció que los hombres tienen derecho a percibir este complemento en igualdad de condiciones que las mujeres. Según datos del Ministerio, en junio se incluía el complemento por brecha de género en 1.042.384 pensiones, de las cuales el 88,4% correspondían a mujeres. El importe medio mensual fue de 75,3 euros.

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(El Periódico, 14-07-2025) | Laboral

Bajan las muertes por accidente laboral un 2,3% hasta mayo

Entre enero y mayo de este año, se registraron 297 fallecimientos por accidentes laborales, lo que representa una disminución de siete muertes respecto al mismo periodo de 2024, es decir, una bajada del 2,3% en la siniestralidad laboral. Sin embargo, la mesa de diálogo social para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aún no ha concluido su labor, a pesar de llevar más de un año de negociaciones. De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las principales causas de muerte en el ámbito laboral durante los primeros cinco meses de 2025 fueron infartos y derrames cerebrales (107 casos), caídas desde altura (41), accidentes de tráfico (33) y atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (28). Desde UGT han denunciado que estas cifras ponen de manifiesto que la salud y seguridad laboral sigue sin abordarse de manera efectiva en muchas empresas. Según el sindicato, las medidas de prevención se aplican de forma meramente formal y no real, lo que deja al descubierto una falta de compromiso con la seguridad de los trabajadores. Del total de fallecimientos, 245 ocurrieron en el propio centro de trabajo, lo que supone doce menos que en el mismo periodo del año anterior. Las 52 muertes restantes se produjeron durante los trayectos de ida o vuelta al lugar de trabajo, conocidas como "in itinere", cinco más que en 2024. Por tipo de empleo, 278 de los fallecidos eran trabajadores por cuenta ajena y 19 autónomos. Por sectores, el de servicios encabeza la lista con 112 muertes, seguido de la construcción (70), la industria (44) y el sector agrario (19). En cuanto al género, 231 de los fallecidos eran hombres y 14 mujeres. En relación con los accidentes laborales con baja, durante el primer trimestre del año se notificaron 243.664 casos, 10.871 menos que en el mismo periodo del año anterior. La industria manufacturera fue el sector con más siniestros (38.400). Además, se registraron 214.921 accidentes sin baja, lo que supone una reducción de 11.751 casos respecto a 2024. A pesar de esta realidad, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 continúa sin avances concretos. Tras año y medio de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y organizaciones empresariales, aún no se ha alcanzado un acuerdo. El borrador que manejan las partes contempla incluir nuevos elementos como la adaptación ante fenómenos climáticos extremos o los desafíos de la digitalización. También se pretende reforzar la protección frente a la violencia y el acoso laboral, así como atender los riesgos psicosociales y aplicar una perspectiva de género. Además, se prevé una revisión del listado de enfermedades profesionales. Los sindicatos, por su parte, exigen al Gobierno una mayor implicación. En particular, piden fortalecer la figura del delegado de prevención, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde muchas veces no se llevan a cabo evaluaciones de riesgos ni se informa sobre las medidas de protección necesarias. Asimismo, reclaman al Ministerio de Trabajo una mayor exigencia hacia los servicios de prevención externos, para garantizar que lleguen a todas las empresas y realicen las evaluaciones necesarias. Según datos de 2024, un tercio de los accidentes laborales se produjo en lugares donde no se había cumplido con la evaluación de riesgos exigida por ley.

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(El Confidencial, 14-07-2025) | Laboral

Los convenios colectivos firmados en 2025 fijan subidas salariales del doble del IPC

Durante los seis primeros meses del año, los nuevos convenios colectivos han establecido un incremento salarial medio del 4,1%. A pesar del enfriamiento de la inflación, sindicatos y empresarios han optado por avanzar con decisión en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Aunque la creación de empleo se ha desacelerado recientemente, la masa salarial continúa aumentando gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva. Este aumento de sueldos duplica el ritmo de crecimiento de los precios, algo poco habitual. Según los últimos datos del INE, la inflación se mantiene cercana al 2% (concretamente un 2,2% en junio) y sigue una tendencia descendente que los analistas prevén que continuará. Factores como la fortaleza del euro, la caída del precio del petróleo y una demanda interna débil configuran un escenario claramente desinflacionario para los próximos meses. En este contexto, las subidas salariales pactadas adquieren mayor importancia. Con ellas, se da continuidad al pacto de rentas alcanzado en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania. En un primer momento, los trabajadores aceptaron una pérdida temporal de poder adquisitivo para evitar alimentar una espiral inflacionaria. Ahora, con la estabilización de los precios -especialmente por la bajada de los costes energéticos- los salarios vuelven a recuperar terreno. La subida media del 4,1% mejora el dato del año anterior, cuando se situó en el 3,7%. Aunque el primer trimestre arrancó con un crecimiento salarial más moderado (3,2%), la reactivación de la negociación colectiva ha ido impulsando las cifras hasta alcanzar el actual promedio. Si se tienen en cuenta todos los convenios colectivos vigentes, incluidos los firmados en años anteriores, el alza salarial general se sitúa en el 3,4%. Aun así, esta media también se está viendo favorecida por los convenios suscritos en 2025. De hecho, es el mayor aumento registrado en un inicio de año desde 2023. La evolución ha sido ascendente: comenzó en el 3% y ha ido creciendo hasta el 3,4%. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, los sueldos aumentaron un 3,8% en el primer trimestre del año. Mientras la negociación colectiva avanza con solidez en el sector privado, en el ámbito público se encuentra paralizada. Los sindicatos han mostrado su malestar con el Ministerio de Función Pública, ya que el acuerdo marco actual ha expirado y aún no se ha renovado una nueva hoja de ruta para las subidas salariales. De hecho, a comienzos de julio anunciaron un calendario de movilizaciones, contrastando con la buena marcha del diálogo en el ámbito empresarial. En lo que va de año, los convenios firmados cubren a algo más de un millón de trabajadores, alrededor del 20% del total protegido por convenios vigentes. No obstante, se espera una aceleración de la negociación en los próximos meses, dado que a finales de 2024 había cerca de 12 millones de empleados amparados por este tipo de acuerdos. Las subidas salariales están siendo más elevadas en los convenios de ámbito supraempresarial (como los sectoriales o provinciales), con un incremento medio del 4,1%, frente al 3,2% de los convenios firmados a nivel de empresa. En cuanto a la distribución de los aumentos, el 40% de los trabajadores cubiertos por convenios este año recibirá un alza salarial superior al 3%. Otro 40% verá una mejora de entre el 2,5% y el 3%. Solo un 13% experimentará subidas inferiores al 2%, lo que implica que estarán perdiendo poder adquisitivo. El avance de los salarios está compensando la ralentización del empleo en lo relativo a la evolución de la masa salarial. De hecho, la proporción de los sueldos en el PIB ha alcanzado su nivel más alto desde el año 2000, excluyendo los periodos de recesión. En la actualidad, el 49% del valor añadido generado en la economía se destina a remuneraciones laborales, un punto más que hace un año. Todo apunta a que los salarios se han convertido en el principal motor de la economía española, en un contexto internacional complicado. En el primer trimestre del año, el 63% del crecimiento del PIB se explicó por el aumento del consumo privado, que actúa como principal sostén frente a las dificultades económicas en Europa y las tensiones comerciales globales.

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(Expansión, 14-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Europa redobla su apuesta por la negociación pese al revés de los aranceles del 30% de Trump

La guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos entra en una nueva etapa tras la última amenaza arancelaria, justo cuando todo indicaba que se estaba cerca de alcanzar un entendimiento inicial. Para la Comisión Europea, la situación se afronta con normalidad, como un día más en el trabajo. Así reaccionaron al anuncio hecho el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien comunicó su intención de imponer un arancel del 30% a los productos europeos a partir del 1 de agosto. Este nuevo gravamen supera en 10 puntos porcentuales al anunciado el 2 de abril, que marcó el inicio de las tensiones comerciales. Bruselas había realizado intensas gestiones para lograr un acuerdo preliminar antes del 9 de julio, fecha en la que debía concluir la tregua arancelaria establecida previamente por Trump. Sin embargo, estos esfuerzos no dieron frutos, ya que las nuevas decisiones adoptadas por Washington no son fruto de un consenso, sino medidas unilaterales impuestas por EE.UU. Pese a que la situación pueda parecer un retroceso, fuentes europeas insisten en que se trata simplemente de una nueva fase dentro de un complejo proceso negociador. Desde Bruselas se sigue apostando por el diálogo como vía principal para reconducir la relación con Estados Unidos, y aunque las nuevas amenazas son motivo de preocupación, no alterarán el objetivo final de alcanzar un entendimiento. "Desde el 1 de agosto de 2025, aplicaremos un arancel del 30% a los productos procedentes de la Unión Europea, además de los aranceles específicos ya existentes", declaró Trump en una carta enviada a las autoridades europeas. En esa misma misiva, advirtió que si la UE respondía con nuevas tarifas, esas se añadirían al 30% ya anunciado. El mandatario justificó su decisión asegurando que estos impuestos son necesarios para corregir décadas de políticas comerciales europeas que, según él, han generado enormes déficits perjudiciales para la economía y la seguridad de EE.UU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reaccionó con prudencia. Aunque el anuncio estadounidense complica aún más la reconstrucción de los lazos comerciales transatlánticos, su respuesta fue moderada: aseguró haber tomado nota de la carta de Trump y la calificó como un posible punto de partida para seguir negociando. "Seguimos dispuestos a trabajar para lograr un acuerdo antes del 1 de agosto", afirmó Von der Leyen. Para evitar una mayor escalada del conflicto y dar margen a la negociación, la presidenta anunció también que se mantendrá en suspenso la aplicación de medidas europeas en respuesta, al menos hasta agosto. Paralelamente, la UE ya tiene preparadas represalias en caso de no llegar a un acuerdo. La Comisión cuenta con una lista de productos estadounidenses valorados en 21.000 millones de euros sobre los que se aplicarían aranceles del 10% al 25%, y está trabajando en otra lista adicional con bienes por unos 97.000 millones de euros. Ambas medidas estaban listas para activarse esta misma semana si las conversaciones fracasaban. "Intentamos actuar con madurez", comentan fuentes comunitarias sobre el motivo del nuevo aplazamiento de sus contramedidas. El objetivo ha sido siempre proteger el comercio entre ambos bloques. En 2023, el volumen de intercambio de bienes y servicios entre la UE y EE.UU. alcanzó los 1,6 billones de euros, convirtiéndose en los mayores socios comerciales mutuos. A pesar del tono constructivo y la suspensión temporal de sus propias medidas, Von der Leyen no ocultó su preocupación por las acciones del presidente estadounidense. "Aplicar un arancel del 30% a nuestras exportaciones afectaría gravemente las cadenas de suministro transatlánticas, perjudicando tanto a empresas como a consumidores y pacientes en ambas regiones", criticó la dirigente alemana. Estos nuevos aranceles son una medida demasiado drástica para que Europa la acepte sin más, especialmente teniendo en cuenta que en las últimas semanas había mostrado flexibilidad, reduciendo sus exigencias con la intención de llegar a un acuerdo, en parte por presiones de Alemania. Según Bloomberg, Bruselas estaba dispuesta a aceptar aranceles del 10%, siempre que se excluyesen sectores estratégicos como el farmacéutico, el alcohol, los semiconductores y la aviación comercial (Airbus). Hoy, los ministros de Comercio de la UE se reúnen en Bruselas para analizar la situación y consensuar una postura común frente a Washington. Al mismo tiempo, la Comisión continúa su esfuerzo por diversificar los mercados de exportación. Ayer mismo, Von der Leyen alcanzó un acuerdo político con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, para avanzar hacia un tratado de libre comercio, que se espera pueda concretarse en septiembre.

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(Expansión, 14-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los sectores más afectados en España por el arancel: máquinas, farmacia, aceite o vino

El reciente anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 30% a todas las importaciones procedentes de la Unión Europea ha generado una fuerte inquietud y preocupación entre las empresas exportadoras españolas. Esta nueva amenaza pone en jaque un mercado clave para España, cuyas ventas a Estados Unidos alcanzaron los 18.200 millones de euros en 2024, consolidándose como su principal socio comercial fuera del ámbito comunitario. La balanza comercial entre ambos países es claramente desfavorable para España. Mientras que en 2024 las exportaciones españolas a EE.UU. sumaron 18.200 millones, las importaciones desde ese país rozaron los 28.200 millones. Esta disparidad se ha intensificado en 2025: solo entre enero y abril, el déficit comercial ascendió a 5.173 millones de euros. Un arancel del 30% no afectaría a todos los sectores por igual, pero golpearía especialmente a aquellos con mayor volumen de exportación. Bienes de Equipo (4.013 millones de euros). Este es el sector con mayor valor de exportación a EE.UU., centrado en maquinaria, equipos eléctricos, componentes para energías renovables y herramientas industriales. Aunque las ventas cayeron un 8% respecto a 2023, continúa siendo la principal categoría exportadora hacia ese mercado. Agroalimentario (3.609 millones de euros). Este sector experimentó un notable crecimiento del 21,4% en 2024, lo que lo hace particularmente vulnerable. El aceite de oliva, con más de 1.013 millones en exportaciones, es el producto más destacado y también el más amenazado. Le sigue el vino (junto con el mosto), con 334,8 millones de euros, también mencionado expresamente por Trump. Otro subsector en alza es el de legumbres y hortalizas, que creció un 23,7% hasta los 247 millones. Combustibles y Aceites Minerales (1.218 millones de euros). A pesar de una caída del 51% en sus exportaciones en 2024, este sector sigue siendo clave. España importa crudo, lo refina y lo exporta, especialmente a Estados Unidos. Productos Farmacéuticos (1.095 millones de euros). Con un crecimiento casi duplicado en un solo año, esta industria se ha convertido en un blanco potencial de los aranceles. Trump ha llegado incluso a plantear la imposición de aranceles de hasta el 200% a medicamentos importados, lo que supondría un golpe directo a este pujante sector. El efecto de esta medida no será uniforme en todo el territorio español. Cataluña lidera las exportaciones a Estados Unidos, con un total de 4.351 millones de euros en 2024, principalmente en sectores como bienes de equipo, productos alimentarios y semimanufacturas, todos ahora bajo amenaza arancelaria. Andalucía ocupa el segundo lugar, con ventas por 3.138 millones, destacando los sectores agroalimentario y aeronáutico. También se verán fuertemente afectados la Comunidad Valenciana (2.850 millones), Madrid (2.149 millones) y el País Vasco (1.991 millones), regiones con importantes industrias exportadoras que ahora enfrentan un escenario de gran incertidumbre en sus relaciones comerciales con EE.UU. A esto se suma el temor de que, más allá de un arancel general, se repitan medidas dirigidas a productos concretos, como ya ocurrió en el pasado con la aceituna negra, el calzado o el pulpo, utilizados como herramientas de presión política y comercial. Además, las inversiones españolas en Estados Unidos son significativas. Según datos de la CEOE, alrededor de 700 empresas españolas están implantadas en el país, con activos valorados en unos 80.000 millones de euros y más de 100.000 empleos generados en suelo estadounidense, lo que complica aún más la situación y eleva el riesgo de consecuencias imprevisibles en caso de agravarse la disputa comercial. A esta tensión económica se suma un nuevo foco de conflicto: el desacuerdo en torno al gasto en defensa en el marco de la OTAN. Las dudas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a comprometerse con los nuevos objetivos de gasto militar han generado el enfado del presidente estadounidense. Durante la reciente cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya, Trump conectó directamente el compromiso en defensa con las relaciones económicas, advirtiendo de la posibilidad de imponer represalias comerciales específicas contra España. El detonante fue la postura expresada por España tras la cumbre. En una rueda de prensa, Trump señaló directamente a Sánchez, diciendo: "Ustedes son el único país que no está cumpliendo. No entiendo cuál es el problema". Acto seguido, lanzó una advertencia sin precedentes: "Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio", dejando clara su intención de utilizar el comercio como instrumento de presión política.

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(El Economista, 14-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña más que duplica el número de empresas públicas de Madrid

Cataluña lidera el número de entes públicos bajo control de los gobiernos autonómicos, con un total de 277, según los datos publicados este mes de julio por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Le sigue Andalucía, con 128 organismos, lo que representa un 53,7% menos que en Cataluña. En tercer lugar está la Comunidad de Madrid, con 103 entes, una cifra un 62,8% inferior a la catalana. En conjunto, Cataluña, presidida por Salvador Illa, concentra el 21,5% del total de entes públicos autonómicos en España, que ascienden a 1.287. Estos datos son prácticamente idénticos a los de julio de 2024. La clasificación incluye organismos públicos como agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, universidades y entes multicomunitarios, que a su vez pueden funcionar como consorcios, fundaciones, institutos o federaciones. En el caso de Cataluña, predominan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles, que constituyen más de dos tercios del total. Aunque muchos de estos entes fueron creados en los años 80 y 90, la mayoría (más de la mitad) se constituyeron a partir del año 2000, especialmente tras 2010, coincidiendo con la llegada de Artur Mas al Govern y la continuidad de sus sucesores nacionalistas Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Durante el mandato actual de Salvador Illa, del PSC, aún no se ha creado ninguna entidad nueva, pero tampoco se ha suprimido ninguna, dado que su gobierno lleva menos de un año en funciones. Los últimos entes públicos constituidos, en 2023, fueron el Sistema de Emergencias Médicas y Energies Renovables Publiques de Catalunya. En cuanto a Andalucía, se sitúa como la segunda comunidad con más organismos públicos autonómicos, con 128. A pesar de tener la mayor población del país (8,6 millones de habitantes), por delante de Cataluña (8,1 millones), ha experimentado una significativa reducción en su entramado público desde la crisis financiera de 2008. En 2010, bajo la presidencia del socialista Juan Antonio Griñán, se eliminaron 111 de las 254 empresas públicas dependientes de la Junta. Entre 2011 y 2017 se suprimieron 156 entes más. Con la llegada al poder del popular Juanma Moreno, la estructura de entes públicos ha permanecido prácticamente sin cambios. Aunque se encargaron estudios a consultoras para una posible reestructuración, la conocida como "administración paralela" continúa operativa, especialmente en el ámbito sanitario, donde muchos de sus empleados fueron reubicados tras acuerdos con los sindicatos. Como en Cataluña, en Andalucía abundan los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles públicas, dedicadas a actividades económicas financiadas principalmente con capital público. La Comunidad de Madrid ocupa el tercer lugar con 103 entes públicos. En respuesta a la crisis económica, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre suprimió 102 organismos en los años posteriores a 2008. Desde entonces, la reducción ha sido menor y tampoco se ha producido una proliferación de nuevas entidades. Durante el actual mandato de Isabel Díaz Ayuso, solo se ha cerrado un ente, Madrid Activa, en julio de 2023, mientras que en abril de 2024 se creó una fundación dedicada al Ballet Español. Otra fundación, la Madrid Film Commission, se encuentra en proceso de liquidación. La mayoría de los entes madrileños se crearon en los años 90 y, al igual que en otras regiones, son principalmente consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles. Además de los entes públicos de las comunidades autónomas, existe un número aún mayor de organismos dependientes de administraciones locales como ayuntamientos, diputaciones, cabildos o mancomunidades. Según los datos de la IGAE de julio de este año, Barcelona es la provincia con más entes locales de toda España, con 292, superando incluso a los de la propia Generalitat. Tarragona cuenta con 109, Lleida con 78 y Girona con 71, sumando un total de 550 entes en las cuatro provincias catalanas. Andalucía, con sus ocho provincias, reúne 586 organismos, aunque repartidos de forma más equilibrada. El País Vasco ocupa el siguiente lugar con 218 entes públicos locales: 102 en Vizcaya, 84 en Guipúzcoa y 32 en Álava. Las entidades locales de Madrid suman 99, y las de Navarra, 96. En contraste, las provincias con menor número de organismos son Guadalajara (6), Soria (7), Ávila y Lugo (9 cada una), y La Rioja, con tan solo 3.

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(La Vanguardia, 14-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia concentran el 70% de la inversión en innovación

El panorama de la inversión en innovación en España revela una notable concentración geográfica. Cuatro comunidades -Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana- aglutinan más del 70% del gasto total en activos intangibles. Así lo recoge el informe de BBVA Research titulado "La inversión en activos intangibles: un análisis con datos transaccionales", que analiza aspectos como el software, la investigación y desarrollo (I+D) o la inversión en capital humano. Estas comunidades no solo lideran en términos de volumen absoluto de inversión, sino también en cuanto al porcentaje de su PIB destinado a la innovación. En este sentido, Andalucía también presenta un gasto considerable en cifras absolutas, pero si se analiza su peso relativo respecto al PIB, queda rezagada, lo que indica que aún tiene un amplio margen de crecimiento en esta área. El informe subraya la existencia de importantes diferencias regionales en el desarrollo del ecosistema intangible del país y destaca el papel clave que pueden jugar las políticas públicas para corregir estos desequilibrios. Al analizar el peso relativo respecto al PIB, tanto Madrid como el País Vasco se sitúan cerca del 3%, el doble del promedio nacional, que ronda el 1,5%. Cataluña, por su parte, se queda algo por debajo del 2%. El estudio también revela que Madrid concentra el 29% del total de las ventas relacionadas con activos intangibles. En contraste, Cataluña lidera en cuanto al número de empresas que operan en este ámbito. Se observan, además, patrones de especialización: mientras Cataluña encabeza la inversión en I+D, Madrid y Andalucía destacan en servicios de informática y otros activos intangibles. Otro aspecto relevante es que la mayoría de las ventas de intangibles se realizan dentro de la misma comunidad autónoma, lo que refleja una fuerte orientación local de estos mercados. La excepción es la I+D, que presenta un mayor grado de intercambio entre regiones, con Madrid como principal destino. Por último, el informe pone de relieve que las empresas de sectores como informática, arquitectura e ingeniería son las más activas en la comercialización de activos intangibles. La investigación se basa en un indicador desarrollado por BBVA Research a partir del análisis de más de 250.000 transacciones bancarias anónimas realizadas entre 2019 y 2024 por 37.000 empresas. Estos datos han permitido rastrear los pagos entre compañías y, con ello, obtener una medición precisa de la evolución de la inversión empresarial en intangibles.

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