(El País, 18-07-2025) | Laboral
El Ministerio de Economía ha decidido frenar las reiteradas solicitudes de Sumar para que el Gobierno apruebe de forma inmediata el decreto sobre los nuevos permisos de conciliación familiar. Fuentes del equipo que lidera Carlos Cuerpo han confirmado a El País que este decreto no figura en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), prevista para el lunes, lo que retrasa su posible paso por el Consejo de Ministros. De este modo, la parte socialista del Ejecutivo ignora las presiones de su socio de coalición. La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mostró este jueves un tono muy crítico, insinuando incluso que comparecería públicamente para denunciar el bloqueo por parte del PSOE, algo poco común en este tipo de reuniones.
El decreto incluye varias medidas clave. Entre ellas, ampliar a 20 semanas el permiso por nacimiento para madres y padres, una propuesta que ya generó recelos por parte del PSOE en la anterior legislatura, pese a haberse pactado en el acuerdo de gobierno firmado con Sumar en 2023. También se plantea extender el permiso hasta 34 semanas en el caso de familias monomarentales. No obstante, Sumar considera más urgente otra medida: que se remuneren cuatro de las ocho semanas de permiso disponibles para el cuidado de hijos, un derecho que puede ejercerse hasta que el menor cumpla ocho años. Bruselas sancionó a España el año pasado por no haber aplicado correctamente la directiva europea en este aspecto, lo que ha generado una multa diaria de más de 9.000 euros. Sumar alerta que, a partir de agosto, la penalización podría aumentar hasta los 43.000 euros diarios.
"Esto no es aceptable. Nunca hago declaraciones después de las reuniones de la CDGAE, y miren que suelen ser intensas, pero el lunes sí lo haré", advirtió Díaz, quien aseguró que si el PSOE no cede, harán pública su denuncia y actuarán en consecuencia. Posteriormente, fuentes de su vicepresidencia matizaron que, en principio, no está previsto que Díaz haga declaraciones tras la reunión.
Economía, que es el ministerio responsable de fijar el orden del día de la CDGAE, ha confirmado que el tema de los permisos no se abordará en esta ocasión, aunque sí se tratará en futuras sesiones, sin especificar cuándo. "Confío en que el PSOE dé un paso adelante, porque debe responder ante la ciudadanía", insistió Díaz, defendiendo que es necesario un giro social en el Gobierno para recuperar credibilidad tras los escándalos de corrupción que han salpicado a antiguos altos cargos socialistas.
En un intento por recuperar protagonismo dentro del Ejecutivo y superar el clima de parálisis que ha generado la crisis reputacional, Sumar anunció a comienzos de julio que el decreto llegaría al Consejo de Ministros antes de agosto. Sin embargo, la decisión última sigue en manos del PSOE, al ser el socio mayoritario. La negativa del Ministerio de Economía supone el segundo revés para Sumar esta semana, después de que el Ministerio de Trabajo tuviera que posponer la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, otra de sus propuestas centrales, por falta de consenso con Junts.
Tampoco es la primera vez que Trabajo y Economía se enfrentan por la tramitación de medidas laborales. A comienzos de año, ambos departamentos ya discreparon por la forma de llevar al Consejo de Ministros la reducción de jornada. Tras semanas de tensiones, finalmente Díaz y Cuerpo lograron un acuerdo para tratar el tema en la CDGAE por vía urgente, aunque desde Economía preferían el procedimiento ordinario. Previamente, cuando Nadia Calviño estaba al frente de Economía, hubo diferencias similares respecto a reformas como la de los subsidios de desempleo, la indemnización por despido o el estatuto del becario.
Este último tema ha vuelto a cobrar relevancia recientemente, aunque el texto, acordado con los sindicatos hace dos años, aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Desde el primer momento, fuentes de Economía y de la Moncloa argumentaron que el documento estaba "inmaduro" y necesitaba ajustes técnicos. El estatuto fue presentado pocas semanas antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, pero sigue pendiente de aprobación gubernamental, paso necesario antes de su tramitación parlamentaria. Algunos aliados del Ejecutivo han manifestado su oposición al contenido del texto.
Díaz volvió a insistir en el tema durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes: "Hemos solicitado que se retome el debate sobre el mal llamado estatuto del becario, que surge de un acuerdo fruto de 15 meses de diálogo social. Sin un impulso social, no estaremos cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía". Por ahora, el Ministerio de Trabajo no ha confirmado si la norma será aprobada antes del parón estival. Al igual que ocurre con la reducción de jornada, esta propuesta cuenta con el respaldo de los sindicatos pero es rechazada por las organizaciones empresariales. Tanto CCOO como UGT han criticado esta semana la falta de avances y el aplazamiento del debate sobre la jornada laboral.