(La Vanguardia, 18-07-2025) | Laboral
El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la tramitación parlamentaria de la ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial, aplicable de forma generalizada a todos los sectores. La razón principal de este retraso es la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Sin embargo, el diseño actual de esta medida ha generado inquietud entre los economistas.
Según el Barómetro económico del primer semestre, elaborado por el Consejo General de Economistas y presentado este jueves, un 62% de los profesionales consultados considera que la reducción de jornada afectará negativamente a la productividad. En concreto, un 35% cree que tendrá un impacto "muy negativo" y un 26,7% opina que será "negativo". El argumento principal es que trabajar menos horas se traducirá en una menor capacidad de producción, lo que reducirá la productividad.
Esta visión contrasta con la defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como por los sindicatos UGT y CCOO, quienes sostienen que jornadas más cortas incrementarán el bienestar de los trabajadores, lo que a su vez elevaría su rendimiento. Sin embargo, la mayoría de expertos cree que la mejora de la productividad debería ser el punto de partida antes de plantear una reducción del horario laboral. Además, consideran que estos ajustes deben negociarse por sectores dentro del marco de la negociación colectiva, como ha sido habitual históricamente. La preocupación es especialmente notable en el ámbito industrial: ocho de cada diez economistas del sector estiman que la productividad se verá afectada negativamente.
Respecto al impacto que esta medida podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas, las previsiones tampoco son alentadoras. Un 72,6% de los economistas prevé consecuencias negativas para este tipo de negocios, que suelen tener menos margen para adaptarse a cambios normativos. Solo un 15% cree que no habrá alteraciones significativas y apenas un 12,6% vislumbra beneficios potenciales. Estas cifras reflejan un temor generalizado a dificultades operativas a corto plazo derivadas de la aplicación de la reforma.
El retraso en la tramitación de la ley -inicialmente prevista para debatirse el 22 de julio- ha generado malestar entre los sindicatos, que han calificado esta decisión de "injustificada". Además, advierten de que la incertidumbre actual está afectando a las mesas de negociación colectiva, bloqueando avances debido a la falta de una normativa clara. De hecho, hace un año, ya se alertaba de este riesgo.
UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que muchas patronales están utilizando esta ambigüedad legislativa como excusa para frenar progresos en las negociaciones. También advierten que esta situación podría desembocar en un otoño conflictivo en el ámbito laboral. Por ello, exigen al Gobierno que reactive de inmediato el trámite parlamentario de la ley y que se retiren las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos, ya que, en su opinión, están impidiendo un debate democrático sobre una norma de gran trascendencia social.