Noticias

(El País, 24-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España calcula que faltan 600.000 viviendas

España enfrentará un déficit de 600,000 viviendas para el año 2025. Según el Banco de España, se necesitarían 1,5 millones de viviendas destinadas al alquiler social. Para lograr este objetivo, en los próximos diez años sería necesario aumentar en más del 150% la producción anual promedio de viviendas en España de los últimos años. Este déficit de vivienda es especialmente acusado en las comunidades autónomas donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística. Además, existen alrededor de cuatro millones de viviendas vacías o desocupadas en España, de las cuales solo 400.000 se encuentran en las grandes ciudades (con más de 250.000 habitantes), aunque se desconoce su estado y si pudieran contribuir a mitigar el problema de escasez. El esfuerzo para comprar una vivienda ya representa el 40% de la renta bruta disponible de un hogar promedio, un aumento de aproximadamente ocho puntos porcentuales desde finales de 2021. Además, se necesitarían siete años de renta actual para cubrir el precio de una vivienda. De las 27 millones de viviendas en España, 19 millones son residencias principales, mientras que el resto están vacías, son segundas residencias o se utilizan para alquiler turístico. La Asociación de Expertos Inmobiliarios también señala un déficit acumulado de viviendas, explicando que se necesitarían construir 190.000 viviendas al año, pero solo se están completando alrededor de 90.000. El presidente Óscar Martínez Solozábal sugiere que las soluciones pasan por construir más viviendas y dirigir las casas vacías hacia el alquiler. "Es la única forma de aumentar la oferta y reducir la demanda", señala Solozábal, pero para lograrlo, "se necesitarían cambios en la ley de arrendamientos y mayor seguridad jurídica para que los propietarios estén dispuestos a poner sus casas en alquiler". Los precios de la vivienda han aumentado de manera sostenida desde 2014, entre un 7% y un 8% hasta 2022, principalmente debido a la escasez de oferta. Este crecimiento ha sido más notable en viviendas nuevas, en áreas urbanas y turísticas grandes, y en zonas con menos suelo disponible. Los bancos han mantenido estándares de crédito prudentes al otorgar préstamos, por lo que la exposición crediticia es relativamente baja. Los riesgos no han aumentado desde la pandemia y se encuentran en niveles cercanos al equilibrio. En 2022, las compras de viviendas por parte de extranjeros alcanzaron niveles históricos máximos con 134.000 unidades, pero se redujeron a 125.000 en 2023, representando un 19,3% del total, aunque esto contrasta con el 7,1% registrado en 2007. El esfuerzo requerido para alquilar una vivienda es superior al de nuestros vecinos europeos. El mercado de alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, con alrededor de 3,6 millones de viviendas, donde reside el 18, 7% de los hogares. Los problemas de acceso a la vivienda han aumentado, especialmente entre hogares con menores ingresos, incluidos jóvenes e inmigrantes, debido a la escasa capacidad de ahorro y a los bajos ingresos. Los jóvenes son el grupo más vulnerable y enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda debido a las condiciones menos favorables en el mercado laboral. La edad de emancipación se ha elevado a los 34 años. Solo el 12% de los jóvenes alquila vivienda en España, en comparación con el 52% en Alemania o el 35% en Francia. Estos problemas de acceso a la vivienda podrían afectar al crecimiento económico, según el Banco de España. Las recomendaciones del supervisor incluyen fomentar el alquiler social, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público-privada y mejorar la certidumbre regulatoria y la seguridad jurídica. Se estima que el alquiler vacacional comprende alrededor de 340.000 viviendas, aproximadamente el 10% del mercado de alquiler, con una distribución geográfica muy variada. El alquiler social representa una proporción muy pequeña en España, con solo 300.000 unidades, equivalentes al 1,5% de las viviendas principales.

LEER MÁS

(Expansión, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Entre 2019 y 2023, el gasto no financiero creció en todas las CCAA

En los últimos años, el gasto público en España ha experimentado un notable incremento debido a diversas crisis y shocks, como la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania, la tormenta energética y la inflación. Aunque el enfoque ha estado principalmente en las cifras abultadas de la Administración Central, resultado de los escudos sociales implementados por el Gobierno para enfrentar estas adversidades, las Comunidades Autónomas (CCAA) también han visto aumentar significativamente sus niveles de gasto. Un informe reciente de Fedea, publicado ayer, revela que, aunque el aumento ha sido generalizado, Cataluña y País Vasco fueron las dos autonomías con mayor gasto público no financiero por habitante en 2023, con incrementos del 12,8% y 11,4% respectivamente en comparación con 2019. Aunque Cataluña y País Vasco encabezaron la lista en términos absolutos, en términos porcentuales el mayor aumento correspondió a Canarias, donde el gasto se elevó casi un 18% entre 2019 y 2023 (aunque partiendo de niveles más bajos). Le siguieron Cataluña, con un 12,8%, y Andalucía, con un 12,5%. En circunstancias normales, este incremento del gasto, que en promedio fue del 10,9% entre las CCAA, podría considerarse un indicador razonable del nivel de prestación de servicios por parte de las administraciones regionales. Sin embargo, durante los años de pandemia, estas cifras "serán menos representativas" debido a las "necesidades extraordinarias" que hubo que atender, según Fedea. En conjunto, el déficit de las CCAA se situó en el 0,91% del PIB al cierre de 2023. Aunque esta cifra mejora ligeramente el 1,12% registrado en 2022, triplica el objetivo de referencia del 0,3% establecido por el Gobierno. Fedea advierte que "las CCAA nuevamente incumplieron claramente el objetivo presupuestario", aunque señala que los datos están distorsionados por "factores atípicos" relacionados con la escalada inflacionaria debido a la guerra en Ucrania. Sin estos factores atípicos, estima que el déficit de las CCAA se habría situado en el 0,65%, aún más del doble de la referencia. A pesar de que el Gobierno central absorbió la mayor parte del impacto, manteniendo las entregas a cuenta calculadas con previsiones anteriores a la crisis y proporcionando recursos adicionales a las autonomías mediante transferencias extraordinarias no reembolsables, parte de este aumento del gasto parece ser estructural. "Tan preocupante como la persistencia del déficit depurado es el comportamiento en los últimos años de los gastos e ingresos subyacentes, que no parecen regresar a sus niveles pre-pandémicos a pesar de la rápida recuperación del PIB en ese período", destaca el informe. El futuro es incierto: "Aunque no se puede descartar una corrección gradual, los datos actuales indican un efecto escalonado sobre el gasto debido a factores no relacionados con la pandemia, que podría ser persistente, así como una tendencia continua al alza en la presión fiscal para aumentar los ingresos." Después de Cataluña y País Vasco, las regiones con mayor gasto per cápita en 2023 fueron Murcia (junto con Cataluña y la Comunidad Valenciana, las más endeudadas), Baleares, Aragón y Asturias. La diferencia clave entre estas regiones radica en que, a pesar del elevado gasto, País Vasco cumplió con el objetivo de déficit, presentando un desfase del 0,08%, mientras que en Cataluña fue del 1,31%, más del cuádruple; en Valencia del 2,45%, ocho veces más, y en Murcia del 2,32%, también casi ocho veces superior. Madrid, donde el gasto per cápita creció un 10,2%, registró un déficit del 0,74%. Por otro lado, cinco CCAA cerraron 2023 con superávit, destacando Navarra, con un saldo positivo del 1,43%.

LEER MÁS

(El Economista, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces rechazan analizar si hubo abuso en los avales ICO porque no eran para particulares

Los jueces rechazan revisar si hubo falta de transparencia y abusividad en la comercialización de los créditos respaldados por el ICO durante la pandemia, argumentando que los destinatarios de estos préstamos eran profesionales o empresas y no consumidores. Los tribunales están empezando a resolver los primeros litigios relacionados con la venta de estos créditos (se llevaron a cabo más de 1,2 millones de operaciones desde la declaración del estado de alarma), aunque existen diferentes criterios hasta que el Tribunal Supremo intervenga y establezca jurisprudencia. Dos recientes sentencias al respecto, una de la Audiencia Provincial de Barcelona del 13 de noviembre pasado y otra de la Audiencia Provincial de Valencia del 22 de diciembre de 2023, coinciden al rechazar llevar a cabo un control de transparencia sobre la comercialización de estos créditos debido a que el destinatario no es un consumidor particular, sino una empresa o profesional. En ambos casos, el banco ejecuta los préstamos respaldados por el ICO por falta de pago. No obstante, los propietarios de las empresas que recibieron el crédito apelaron argumentando que la cláusula de vencimiento anticipado era abusiva, el interés de demora excesivo y que la comisión por reclamación de las cuotas impagadas no estaba justificada. La sentencia de la Audiencia de Barcelona desestima el recurso del administrador y el representante legal de la empresa que incumplió el préstamo al afirmar que "para poder estudiar si alguna de sus cláusulas es abusiva [...] sería necesario que la parte que lo solicita fuera un consumidor, lo cual no es el caso, como reconoce la propia parte". El tribunal señala que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación reserva los controles de transparencia y abusividad para los consumidores. En el caso de contratos con empresas y profesionales, solo se aplica el control de incorporación. Es decir, para que una cláusula de un contrato supere el control de incorporación, debe tener una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión normal y que el adherente haya tenido la oportunidad real de conocer al momento de celebrar el contrato, según determinó el Tribunal Supremo el 11 de marzo de 2020. Así, la Audiencia de Barcelona concluye que las cláusulas analizadas superan el control de transparencia y pudieron ser entendidas por los firmantes, destacando además que los requisitos de los avales del ICO fueron publicitados y, por lo tanto, se dispuso de más información al respecto. Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia indica que "solo los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único propósito de satisfacer las necesidades de consumo privado de un individuo, están sujetos al régimen especial establecido para proteger al consumidor considerado económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en contratos cuyo objeto es una actividad profesional". Sin embargo, es importante recordar que ha habido fallos que han anulado avales del ICO por falta de información al cliente. Por ejemplo, el Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona limitó el pasado 2 de octubre la responsabilidad del cliente en estos préstamos al 20% del capital concedido en lugar del 100% porque consideró que hubo un malentendido en lo que estaba firmando.

LEER MÁS

(El Periódico, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno fichará consultoras privadas para reforzar el control de empresas públicas

El Gobierno tiene la intención de revisar el sistema utilizado para asegurar que las grandes empresas públicas cumplen con las estrategias corporativas y los objetivos asignados. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding que agrupa a las empresas públicas, busca asistencia externa para fortalecer los procesos de control sobre las actuaciones de estas compañías. SEPI, que está bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, ha lanzado un concurso público para contratar a una consultora que impulse la modernización de la gestión del sistema de planificación, seguimiento y control de las empresas participadas mayoritariamente por el Estado. El importe del contrato de servicios de consultoría para reforzar la supervisión sobre los grupos públicos asciende a más de 393.000 euros, según los términos del concurso. Entre las empresas en las que SEPI tiene una participación mayoritaria se encuentran Correos, la agencia EFE, el grupo naval Navantia, la empresa de servicios Tragsa, la red pública de mercados mayoristas Mercasa, la empresa de combustible nuclear Enusa y la de contenedores de residuos radiactivos Ensa, entre otras. El sistema de control se aplicará únicamente a las empresas en las que SEPI tiene una participación mayoritaria en el capital, por lo que otras participaciones estratégicas pero minoritarias en empresas como Telefónica o el grupo tecnológico Indra quedarán fuera de este ámbito de vigilancia. El objetivo de SEPI es reforzar el seguimiento y control de las líneas estratégicas de las compañías, así como mejorar la planificación anual de sus estrategias corporativas individuales. Esto permitirá disponer de información actualizada en todo momento sobre los resultados financieros y operativos estimados para cada ejercicio, facilitando también la elaboración de presupuestos y planes por parte de SEPI como grupo. Para lograr esta modernización del ciclo de planificación, SEPI busca contratar una consultora externa que analice los procedimientos actuales de supervisión de sus participadas, los compare con los utilizados por otros grupos empresariales públicos y privados, y proponga nuevos procedimientos, fórmulas e indicadores para recopilar la información necesaria. Además, se espera que la consultora recomiende nuevos sistemas tecnológicos que permitan implementar este nuevo sistema de control de manera eficiente. Con estas acciones, SEPI pretende mejorar la obtención de información sobre las empresas y los sectores en los que operan, incorporando soluciones tecnológicas que optimicen el modelo de trabajo actual y automatizando procesos para anticipar y realizar un mejor seguimiento de las empresas participadas mayoritariamente por SEPI. Esto, en última instancia, buscará mejorar la eficiencia en la gestión pública y aumentar la rentabilidad de las compañías públicas en sectores estratégicos.

LEER MÁS

(El Periódico, 23-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España se expone a un procedimiento sancionador por déficit excesivo

España concluyó el año 2023 con la cuarta deuda pública más alta de toda la Unión Europea (107,7% del PIB), solo detrás de Grecia, Italia y Francia, y un déficit público del 3,6% del PIB, según confirmó este lunes la oficina europea de estadística (Eurostat). Este dato, idéntico al promedio registrado en la Eurozona, supera el umbral del 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que anticipa que España estará entre los países sujetos a un procedimiento por déficit excesivo que abrirá Bruselas en junio. Con la irrupción de la pandemia y la guerra en Ucrania, la Comisión Europea decidió suspender las reglas de control del déficit y la deuda pública que habían estado congeladas durante cuatro años. No obstante, estas normas volverán a aplicarse este año 2024, lo que implicará la apertura de nuevos expedientes sancionadores para aquellos países que superen los límites establecidos. Además de España, otros diez países presentarán un déficit público superior al 3%: Italia (7,4%), Hungría (6,7%), Rumanía (6,6%), Francia (5,5%), Polonia (5,1%), Malta (4,9%), Eslovaquia (4,9%), Bélgica (4,4%), Chequia (3,7%) y Estonia (3,4%). El déficit español, equivalente a 53.159 millones de euros, muestra una tendencia positiva con una disminución progresiva del 10,1% en 2020 al 6,7% en 2021, el 4,7% en 2022 y finalmente el 3,6% en 2023. Asimismo, la deuda pública de España ha descendido del 120,3% en 2020 al 107,7% el año pasado, aunque sigue siendo una de las más elevadas de la UE, superada únicamente por Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). En total, 13 Estados miembros tuvieron una deuda superior al límite del 60% establecido por el pacto. Por otro lado, los países menos endeudados en 2023 fueron Estonia (19,6%), Bulgaria (23,1%), Luxemburgo (25,7%) y Dinamarca (29,3%). Los países sujetos a medidas correctivas por parte de la Comisión Europea deberán realizar un ajuste estructural del 0,5% del PIB y serán objeto de una vigilancia detallada. La confirmación de estos datos por Eurostat coincide con la votación en el Parlamento Europeo este martes sobre la nueva reforma de las reglas fiscales, el penúltimo paso antes de su aprobación final por los gobiernos europeos. Aunque las nuevas reglas no modificarán los elementos centrales del pacto, la supervisión fiscal en 2024 se basará en las recomendaciones específicas por país emitidas el año pasado y avaladas por el Eurogrupo, exigiendo a los gobiernos presentar en septiembre un plan plurianual a medio plazo que incluya una trayectoria fiscal y compromisos de reforma e inversión, sujeto a evaluación y aprobación por parte de Bruselas y el Consejo.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 22-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los sindicatos critican que el Gobierno sufre "parálisis reformista"

Los líderes sindicales perciben que esta legislatura avanza a un ritmo más lento en comparación con el frenesí legislativo anterior. Según Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de CC.OO., en la presentación del 1 de Mayo, notan que todo parece estar en pausa, lo cual les preocupa. Aunque la celebración del 1 de Mayo será reivindicativa como siempre, con el lema "menos jornada, mejores salarios", también es una manera de advertir al Gobierno que no se quede dormido en los laureles, ya que observan una "parálisis reformista" y cierta autocomplacencia. Unai Sordo expresó: "Es necesario atreverse a presentar normativas, proyectos o decretos que luego deban ser validados o rechazados, y que cada grupo político explique por qué vota como vota. Pero creemos que la dificultad para aprobar normativas no puede ser motivo para no presentarlas". Ambos líderes sindicales entienden los equilibrios del Gobierno en el parlamento y los reveses que ha enfrentado. Sin embargo, instan al Ejecutivo a presentar sus proyectos de ley y a que cada grupo se posicione al respecto. Pepe Álvarez afirmó: "Es hora de que estas cuestiones se debatan en el parlamento, y que todos los partidos se posicionen, estén o no en el gobierno". La preocupación principal de los sindicatos es que la agenda socioeconómica está estancada, especialmente después de la reforma laboral, la subida del salario mínimo y otras medidas implementadas en la legislatura anterior. Ven un Gobierno que presume del buen estado de la economía, pero les recuerdan que esto se debe a medidas anteriores y que detener la iniciativa legislativa tendrá repercusiones negativas a largo plazo. Además, señalan que es momento de legislar, aunque signifique asumir el riesgo de perder algunas votaciones. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, es una prioridad destacada para los sindicatos, quienes están en negociaciones tanto a nivel tripartito como bilateral con la patronal. Aunque reconocen que avanzar puede ser difícil debido a las próximas elecciones, esperan llegar a un acuerdo antes del verano, ya sea con la participación de la patronal o no. A pesar de las diferencias sectoriales, consideran que la CEOE no se opone frontalmente a la medida, aunque observan más resistencia en sectores como la agricultura.

LEER MÁS

(Expansión, 22-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE sanciona a 27 bancos europeos

El Banco Central Europeo (BCE) ha desvelado que ha impuesto sanciones en los últimos meses a BBVA y a una filial de Santander en Alemania, entre otros grupos bancarios internacionales, por errores en la gestión de sus reservas mínimas (son un requerimiento de la liquidez que las entidades han de mantener a buen recaudo). La gestión operativa de estas reservas se ha vuelto una tarea compleja. En el pasado, los bancos aparcaban sus recursos de liquidez en la caja del BCE y cobraban un determinado interés por ello. Sin embargo, desde que la autoridad monetaria decidió el pasado 27 de julio de 2023 dejar de remunerar estas partidas, las entidades han desarrollado al máximo sus estrategias para poner cada día este dinero a trabajar. Y el BCE está al quite. Desde mediados del pasado septiembre, cuando el BCE ha comenzado a hacer públicas las sanciones, la institución que preside Christine Lagarde ha multado a 29 bancos por errores relativos a desajustes en el volumen de reservas mínimas exigidas para el correcto funcionamiento de la política monetaria y la estabilidad financiera. Entre estas entidades aparecen BBVA y Santander Consumer Alemania con multas por valor de 5.545,47 euros y 3.855,13 euros, respectivamente. La cuantía del tirón de orejas del BCE es sumamente pequeña para las cifras que suelen mover los bancos. Estas sanciones, señalan fuentes cercanas a la autoridad monetaria, son proporcionales a un importe relativamente menor del descuadre en las reservas mínimas de las entidades, algo que refleja que se trata de errores de cálculo en la gestión de estos recursos y no de carencias por parte de los bancos. Pero el número de entidades apercibidas evidencia que los fallos a la hora de gestionar activamente el dinero depositado en Fráncfort son un problema generalizado. En el caso de BBVA, la sanción tiene su origen en "un error operativo puntual en uno de los ficheros que se utilizan para el control de la posición de liquidez del banco, concretamente de la oficina de Milán", según explican fuentes de la entidad, que añaden que el problema se solventó "en los días siguientes". A raíz de esta amonestación, el banco presidido por Carlos Torres ha fortalecido sus mecanismos internos de control para evitar que estos fallos operativos vuelvan a producirse. En el caso de la financiera al consumo de Santander en Alemania, el error se produjo debido a que la cuenta de la entidad en el BCE, en la que deposita parte de su liquidez, recibió unos cargos un día antes de lo previsto. De esta manera, durante unas horas, el requerimiento de reservas de la filial se quedó por debajo del mínimo, algo que se solventó cuanto antes, según explican fuentes financieras al corriente de las multas. «Estas sanciones no implican necesariamente que los bancos no tengan fondos suficientes, sino que están ligadas a errores técnicos u operativos», indican fuentes cercanas al BCE, que recalcan que las multas son proporcionales a los incumplimientos detectados. El origen de estos desajustes está en la búsqueda de una remuneración por una partida que, de quedarse parada en el BCE, recibiría un interés nulo. Las entidades tienen otras cuentas con la autoridad monetaria aparte de la que computa las reservas mínimas obligatorias. Entre ellas está la de depósito, donde los bancos aparcan sus excesos de liquidez y que sí es retribuida a la tasa de depósito oficial del banco central, es decir, el 4%. Ante la pérdida de remuneración en una de las cuentas, las tesorerías de las entidades hacen malabares para cumplir con el BCE y su requerimiento de reservas mínimas de forma ajustada, trasladando sus recursos de unas cuentas a otras para optimizar al máximo la retribución. Esto es posible porque la autoridad monetaria no exige una cuantía fija permanente para estas reservas, sino que verifica que durante un periodo de tiempo concreto se mantenga, de media, por encima del nivel establecido, lo que permite a las entidades aumentar o disminuir esos recursos. Y es en esos vaivenes donde han surgido los errores de cálculo que han ocasionado las multas. El BCE justificó la decisión de dejar de remunerar las reservas con la idea de desarrollar su política monetaria de la forma «más eficiente posible», es decir, minimizando los costes. Tras las fuertes subidas de los tipos de interés, el BCE ha tenido que pagar cuantiosas sumas por el dinero depositado en Fráncfort; una transferencia neta a la banca que, ante la lenta actualización de la cartera de deuda del organismo, ocasionó pérdidas de 1.266 millones de euros el año pasado, según los resultados del banco central. La institución que preside Christine Lagarde ha valorado incluso elevar el volumen de reservas mínimas exigidas a las entidades, que se sitúan actualmente en el 1% del pasivo de cada banco, pero por el momento lo ha descartado.

LEER MÁS

(Expansión, 22-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda se encarece más de un 10% en 15 capitales de provincia

Las proyecciones más compartidas por los expertos del mercado inmobiliario acertaron en 2023: la mayoría de los profesionales del sector anticiparon una disminución en las transacciones de viviendas a lo largo del año, lo cual fue confirmado por las estadísticas, mostrando una caída cercana al 10%. Normalmente, una consecuencia de la reducción en la actividad inmobiliaria es una disminución en los precios. Sin embargo, las circunstancias no son normales en el contexto español de la vivienda. Se enfrenta a un problema de escasez de oferta sin precedentes en décadas, lo que limita el aumento de los precios, como se observó en 2023. Si en un mercado adormecido como el del año pasado los precios continuaron subiendo, ¿por qué no lo harían ahora, cuando las ventas de viviendas están experimentando una reactivación, y de hecho, a un ritmo más acelerado que el año anterior? Los datos lo confirman: según el portal inmobiliario Idealista, al cierre del primer trimestre de este año, el precio de la vivienda en España aumentó un 7% interanual, alcanzando un promedio de 2.079 euros por metro cuadrado. Esto lo sitúa muy cerca de su máximo histórico de 2.115 euros alcanzado en junio de 2007, gracias en parte a que nueve capitales ya han alcanzado ese récord en algún momento de este año. Durante estas casi dos décadas, el mercado ha evolucionado considerablemente, afectando a las percepciones de sus actores, desde el pánico tras la burbuja hasta la euforia del mejor año desde entonces, 2022, pasando por una gradual, aunque segura, recuperación. "El aumento de los precios de las viviendas en venta simplemente refleja el incremento en el número de transacciones que ya están registrando las estadísticas del INE y de Notarios. El cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo y la entrada al mercado de una demanda que estaba latente, a la espera de una baja en los precios, están generando presiones sobre una oferta cada vez más limitada. Todo esto acelerará inevitablemente el ritmo de crecimiento de los precios", confirma Francisco Iñareta, de Idealista. Efectivamente, es el retorno de la demanda lo que está impulsando este crecimiento de precios, al agravar aún más la brecha con una oferta escasa. Todo esto es resultado de la decisión del Banco Central Europeo de no aumentar más los tipos de interés y la previsión de que, muy probablemente en junio, incluso los reduzca. El retorno de la demanda también será crucial para las entidades bancarias, que no solo podrán ofrecer hipotecas con intereses más bajos gracias a la evolución de los tipos, sino que harán un esfuerzo adicional para que sus préstamos sean especialmente atractivos para los posibles clientes, ya que necesitan mantener su cuota de mercado. Gracias a esto, la demanda se incrementará, permitiendo que personas de rentas medias y bajas regresen al mercado, algo que el año pasado era prácticamente imposible. Esta situación plantea una gran paradoja, ya que el regreso de este segmento de la población al mercado podría provocar que vuelvan a ser excluidos. Ahora se combinan dos factores clave que podrían impulsar los precios al alza: una oferta casi inexistente y una alta demanda. Es probable que los mayores aumentos se produzcan en las zonas y tipos de propiedades más buscadas por las rentas medias y bajas. Además, esto ocurre en un momento en el que los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios de la vivienda, lo que incrementa la carga financiera para los compradores. Es importante aclarar que tanto los precios de las capitales como el promedio nacional reflejan la oferta en venta y no las transacciones cerradas. Esto significa que representan las expectativas de precio de los vendedores, que pueden diferir del precio final de la transacción. A partir de ahora, dada la buena marcha del mercado, es posible que estos datos reflejen un optimismo excesivo y que los precios aumenten aún más rápidamente. En total, 15 capitales de provincia experimentaron aumentos de dos dígitos. Aunque no responden a un tipo específico, muchas son ciudades costeras, lo que evidencia el creciente interés de compradores extranjeros en estos lugares. Los mayores incrementos se observaron en Alicante (17,1%), Soria (16%), Málaga (15,5%), Santa Cruz de Tenerife (14%) y Valencia (13,1%). Dentro de estos aumentos de dos dígitos se encuentran ciudades muy relevantes para el mercado inmobiliario, como Palma de Mallorca, donde el precio por metro cuadrado aumentó un 10,7%, y Madrid, con un incremento del 10,2%, alcanzando los 4.335 euros por metro cuadrado. En el caso de Palma, la escasez de oferta y la alta demanda de compradores extranjeros, que solo pasan ciertas temporadas en la isla, dificultan la compra para los residentes en la capital. En Madrid, también existe una importante discrepancia entre oferta y demanda. Por otro lado, en Barcelona, los aumentos fueron más moderados, del 6,3%. Finalmente, varias capitales experimentaron aumentos inferiores al 2%, como Zamora (0,2%), Pontevedra (0,5%), Orense (0,7%), Vitoria (1%), Salamanca (1,2%) y Lugo (1,6%). El mercado de la vivienda en España está experimentando un incremento notable en los precios debido al aumento en la demanda y la persistente escasez de oferta, impulsado además por factores como la política monetaria del BCE y la competitividad de las hipotecas ofrecidas por las entidades bancarias.

LEER MÁS

(Cinco Días, 19-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE tiene claro bajar tipos en junio si nada cambia

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha indicado en su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo que el Consejo de Gobierno del BCE considerará realizar una primera reducción de los tipos de interés en su próxima reunión de junio si la evolución de los datos continúa como hasta ahora. "Para junio, creo que tenemos ideas muy claras de lo que deberíamos hacer en nuestra próxima reunión", afirmó Guindos. "Si las cosas siguen evolucionando como lo han hecho recientemente, estaremos listos en junio para suavizar la postura de nuestra política monetaria", añadió. Guindos destacó que las proyecciones del BCE son cada vez más precisas y apuntan a que, tras el importante proceso de desinflación en los últimos 12 meses, la inflación se mantendrá en los niveles actuales durante los próximos meses y podría alcanzar el objetivo del 2% a medio plazo en 2025. No obstante, el vicepresidente del BCE reconoció que existen algunos riesgos para estas previsiones, como la evolución de los salarios, la productividad, los costes laborales unitarios, los márgenes de beneficio y los riesgos geopolíticos, que son difíciles de considerar al elaborar dichas proyecciones. De este modo, Guindos aseguró que el BCE continuará adoptando un enfoque basado en los datos y decidirá reunión tras reunión el nivel adecuado y la duración de la restricción de su política monetaria, sin comprometerse de antemano con una trayectoria específica para los tipos. La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya insinuó la posibilidad de una bajada de tipos en la reunión de junio al señalar que si la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión efectiva de la política monetaria aumentan la confianza del Consejo, "sería apropiado reducir el nivel actual de restricción de la política monetaria".

LEER MÁS

(Expansión, 19-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El plazo medio de pago en el sector privado sube a 70 días en 2023

Según el último informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el plazo medio de pago entre empresas en el sector privado alcanzó los 70 días de media en 2023, lo cual representa un aumento de tres días respecto al año anterior y supera en diez días el plazo máximo legal permitido de 60 días. Este repunte interrumpió la tendencia a la baja observada en los dos años anteriores, a pesar de la recuperación económica mostrada por España en 2021 y 2022, con un crecimiento del 2,5% el año pasado y proyecciones positivas para 2024 y 2025, según el FMI. El informe también destaca un empeoramiento en la ratio de impagados durante 2023, que representó el 5,1% del total de la facturación de las empresas, frente al 5% de 2022 y el 4,8% de 2021. Estas cifras son preocupantes, ya que según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, una ratio de impagados por encima del 2,5% indica cierres de empresas, y una tasa del 5,1% indica literalmente cierres de empresas. El informe revela que el 32% de las empresas encuestadas experimentó un aumento en los plazos de pago por parte de sus clientes durante 2023, y el 59% señaló a las grandes compañías como las peores pagadoras. Además, el 62% de las empresas admitió tener contratos que imponen plazos de pago superiores a los 60 días legales, y el 39% afirmó aceptar cláusulas abusivas relacionadas con el plazo de pago o el tipo de interés de demora. En contraste, el plazo medio de pago en el sector público disminuyó en 12 días durante 2023, situándose en 55 días de media, aunque sigue siendo muy superior al máximo legal de 30 días establecido para la Administración. La PMcM critica que esta mejora beneficia principalmente a los grandes contratistas del sector público, mientras que los subcontratistas siguen enfrentando plazos de pago prolongados, con casos extremos de hasta 240 días en algunas obras.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF