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(Expansión, 19-04-2024) | Fiscal

El debate de la armonización fiscal de IVA y Sociedades divide a los líderes europeos

Los líderes de los Veintisiete debatieron las propuestas del 'informe Letta', el cual aboga por abordar la "fragmentación fiscal" en la UE mediante la creación de una base imponible común para el Impuesto de Sociedades, así como la homogeneización del IVA y los Impuestos Especiales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la armonización fiscal, a pesar de la oposición de países como Irlanda. Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de fortalecer el mercado único europeo para competir con las economías estadounidense y china, este objetivo se vio desafiado durante el Consejo Europeo extraordinario en Bruselas debido a diferencias en torno a propuestas como la supervisión bursátil centralizada y la armonización fiscal. El informe identifica la "fragmentación fiscal" como uno de los principales obstáculos y aboga por una mayor homogeneización en áreas clave como el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales. Estas propuestas fueron respaldadas por países como España pero cuestionadas por estados con menor presión fiscal, como Irlanda, lo que impidió llegar a un consenso en este punto. Pedro Sánchez expresó su decepción al afirmar que hubiera preferido unas conclusiones más ambiciosas en relación con la armonización fiscal. Destacó que España siempre ha abogado por la profundización del mercado único, y considera que la armonización fiscal es fundamental para este propósito. En contraste, algunos países, como Irlanda, Luxemburgo y Estonia, defendieron la importancia de mantener cierto margen de actuación en materia fiscal para ofrecer ventajas competitivas a las empresas frente a otros territorios. El informe Letta enfatiza que un marco fiscal armonizado en la UE es esencial para facilitar la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, así como para respaldar el crecimiento y la inversión privada. Insta a realizar reformas tributarias sistémicas que promuevan condiciones equitativas de competencia, evitando la competencia fiscal perjudicial y fomentando la productividad. El proyecto de establecer una base imponible común en el Impuesto de Sociedades para los Veintisiete se basa en la experiencia del tipo mínimo global societario del 15% adoptado por la Unión Europea en el marco de acuerdos internacionales. Además, el informe plantea la necesidad de eliminar barreras fiscales en inversiones transfronterizas, modernizar el IVA y abordar el fraude fiscal, entre otras medidas. El informe Letta aboga por una mayor integración fiscal en la UE para promover un mercado único más robusto y equitativo, aunque persisten diferencias entre los Estados miembros respecto a la dirección a seguir en este ámbito.

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(El Economista, 19-04-2024) | Fiscal

Hacienda ya ha devuelto 1.170 millones a los contribuyentes por la Renta

Un total de 2,1 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según los datos de este lunes facilitados por la Agencia Tributaria, y a los que elEconomista.es ha tenido acceso, el importe total de estas devoluciones alcanza los 1.170 millones de euros. Según la información proporcionada por el fisco, un total de 4,7 millones de contribuyentes han cumplido con sus obligaciones y presentado sus respectivas declaraciones del IRPF. De ese total, se han emitido 3,7 millones de solicitudes de devolución, de las cuales aún quedan por ingresar en cuenta bancaria 1,6 millones de solicitudes. Las previsiones de Hacienda estiman que un total de 23,2 millones de personas presentarán la declaración de la Renta. La campaña comenzó el 3 de abril con la apertura del plazo para presentaciones telemáticas. Por otro lado, el 7 de mayo se abre el plazo para presentar las declaraciones de forma telefónica y el 3 de junio será el turno para aquellos que deseen solicitar cita para presentarla de manera presencial en una oficina de la Agencia Tributaria. El plazo límite para presentar las declaraciones con resultado a ingresar en cuenta bancaria es el 26 de junio. El 1 de julio será la fecha límite para todas las personas físicas que deseen o estén obligadas a presentar la declaración de la renta en cualquier modalidad. Por último, la Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de enero de 2024 para ingresar las cantidades a devolver en las cuentas de los contribuyentes. A partir de esa fecha, Hacienda está obligada a pagar intereses de demora por no haber realizado la devolución solicitada por parte del contribuyente a tiempo. En el ejercicio de 2022, estos intereses eran del 3,75%, mientras que para el ejercicio actual de 2023 han ascendido al 4,06%.

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(El Confidencial, 19-04-2024) | Fiscal

Cómo deben tributar su patrimonio los ricos de Madrid para evitar problemas con Hacienda

Los patrimonios con más de tres millones de euros que residen en la Comunidad de Madrid estarán sujetos este año, por primera vez en mucho tiempo, al Impuesto sobre el Patrimonio. De esta manera, evitarán tener que pagar la cuota del Impuesto sobre las Grandes Fortunas establecido por el Gobierno de Sánchez. No obstante, deben realizar la declaración con precaución para evitar problemas con la Agencia Tributaria. El borrador no contempla los últimos cambios en la normativa madrileña, por lo que es responsabilidad del contribuyente incorporarlos, tras la activación del Impuesto sobre el Patrimonio por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para suplantar la tributación que Hacienda recaudaría de otro modo sobre los patrimonios superiores a tres millones mediante el Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF). El plazo para presentar la declaración de Patrimonio ante la Agencia Tributaria (AEAT), aunque sea cedida a las comunidades autónomas, coincide con el de la Renta. Es decir, inició el 1 de abril y finaliza el 30 de junio. Sin embargo, el borrador sugiere una bonificación del 100% para los contribuyentes de Madrid, lo cual es incorrecto. De hacerlo así, podrían enfrentarse a reclamaciones tanto de la Hacienda madrileña como de la estatal a través del IGF. El formulario que se debe completar es el 714, el cual este año ha incorporado nuevos apartados para deducciones y bonificaciones específicas de Galicia, Andalucía y Madrid. Estas se visualizan al hacer clic en las casillas 48 y 50 del apartado "deducciones y bonificaciones autonómicas". En el caso de Madrid, el Gobierno de Ayuso estableció que los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones deben tributar por su patrimonio para eliminar el IGF, tras el fallo del Constitucional que validó el nuevo impuesto. El diseño renovado del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid incluye una bonificación que representa la diferencia entre la cuota íntegra de Patrimonio y la del IGF. De esta forma, el Gobierno madrileño ha evitado aumentar la carga fiscal a los contribuyentes beneficiados debido a un error de Hacienda al crear el IGF, mediante el cual los grandes patrimonios podían ahorrar hasta un 80% en tributación al aplicar la cuota de Patrimonio, incluso si estaba bonificada al 100%, como parte del escudo fiscal. Esto implica que las cuotas de Patrimonio, IGF e IRPF no pueden superar el 60% de la base imponible de la Renta, con una reducción máxima del 80%. Por ello, Hacienda ha tenido dificultades con la recaudación al ingresar 623 millones, un 58% menos de lo previsto. El Gobierno estableció que los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones deben tributar por su patrimonio para eliminar el IGF. Sin embargo, el borrador de Patrimonio no incluye la cuota del IGF. Este borrador solicita al contribuyente datos para calcular deducciones y bonificaciones, pero es el contribuyente quien debe incorporar manualmente el IGF en la casilla 200 para luego sumar las casillas 48 y 50. Si no se realiza este ajuste, según fuentes de la Agencia Tributaria, el programa emitirá una advertencia. Además, el manual de presentación del impuesto señala que los grandes contribuyentes suelen delegar esta tarea en asesores fiscales. La declaración del IGF se realiza en julio, por lo que hasta entonces no se puede calcular mediante el borrador la cuota a abonar, ya que se presenta fuera del plazo de presentación de Patrimonio. Una alternativa que algunos asesores fiscales están considerando es simular la cuota con el modelo 718, correspondiente al Impuesto sobre Grandes Fortunas del año anterior. No obstante, fuentes de la AEAT informan que la agencia está trabajando para ofrecer a los contribuyentes, antes de lo previsto, un borrador del IGF. El objetivo es permitir que los grandes patrimonios o sus asesores puedan simular la cuota a efectos informativos y presentar correctamente la declaración de Patrimonio. Es importante tener en cuenta que el IGF, al superponer la tributación sobre Patrimonio y reflejar la base imponible de este último, permite deducir lo pagado por riqueza a nivel autonómico para evitar la doble imposición. Por lo tanto, si la tributación por Patrimonio no se realiza correctamente, los grandes contribuyentes podrían tener que presentar el IGF o enfrentarse a inspecciones por parte de las haciendas autonómicas o estatales. Una vez realizado el cálculo, al incluir la cuota de IGF, el programa transferirá el importe de la deducción o bonificación (una única casilla) a la casilla del Impuesto sobre el Patrimonio. El programa Patrimonio Web asiste en este proceso. En la Comunidad de Madrid, por lo tanto, la cuota de IGF se incluye en la casilla 200. En Galicia, donde existía una bonificación del 50% en Patrimonio que ha sido eliminada para recaudar completamente, se requiere la cuota del IGF en la casilla 210. Mientras que en Andalucía, donde el contribuyente puede optar entre tributar por Patrimonio o por IGF, si elige la primera opción debe incluir la cuota del segundo en la casilla 200.

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(El Periódico, 10-04-2024) | Fiscal

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) afloró el año pasado 286 millones de euros

Los datos del plan de prevención contra el fraude 2023-2026 muestran que la cantidad aflorada es casi idéntica a la del año 2022 (294 millones de euros). En el primer año de implementación de este plan, se llevaron a cabo 54.544 actuaciones, lo que representa un aumento del 7% con respecto a 2022, según explicó Marta Espasa, secretaria de Hacienda de la Generalitat. La detección de cambios ficticios de domicilio fiscal alcanzó los 12 millones, considerablemente menor que los 50 millones del año 2022, luego de realizar un total de 200 requerimientos. De esta cantidad total, 2,1 millones corresponden a la simulación de residencia en otras comunidades autónomas, principalmente en Madrid; y 9,9 millones a otros países, sobre todo en Andorra; que involucraron a un total de 27 contribuyentes. De estos, 15 corresponden a deslocalizaciones a otras autonomías y 12 a países extranjeros. Además, se identificaron bienes no declarados en el extranjero por un total de 1,6 millones en 18 liquidaciones. Natàlia Mas, consellera de Economía, ha recordado que algunos estudios estiman un nivel de fraude entre el 15% y el 20%, afectando de manera significativa al estado del bienestar y a la función redistributiva que debe cumplir la administración. Mas también aprovechó para señalar que la presión fiscal en Catalunya está por debajo de la media europea, en respuesta implícita a las afirmaciones recientes de Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del Treball, sobre la elevada carga fiscal en la comunidad. En el año anterior, la hacienda catalana realizó 24 liquidaciones por deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, la mitad que en 2021, pero por un importe casi duplicado, llegando a casi 50 millones. En total, hubo 10 liquidaciones generadas por simular cambios de residencia a otras autonomías, principalmente a Madrid, que sumaron 4,5 millones de euros; y 14 hacia el extranjero, generando 45 millones. En 2021, se llevaron a cabo 45 liquidaciones que totalizaron 28,7 millones, de las cuales 20 fueron por cambios ficticios a otras comunidades autónomas (1.289 millones) y 25 al extranjero (27,5 millones). El 42% del fraude se concentró en el impuesto de sucesiones y donaciones, alcanzando los 121 millones, seguido por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que gravan, entre otros, la compraventa de viviendas de segunda mano, con 84 millones. Finalmente, el impuesto sobre el patrimonio sumó 76 millones. El área de inspección fue la más efectiva en la detección de fraude, concentrando el 48% del total, seguida por gestión con el 39% y recaudación con el 13%. El plan de acción de la ATC incluye 68 medidas relacionadas con la concienciación fiscal, transparencia y la detección y corrección del fraude fiscal, entre otras áreas.

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(El País, 19-04-2024) | Fiscal

Movilizaciones en Hacienda en plena campaña de la renta

El personal de la Agencia Tributaria ha convocado su primera movilización para exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales el próximo 8 de mayo frente a la Dirección General de la Agencia Tributaria en Madrid, tal como habían anunciado el pasado 3 de abril al iniciar la campaña de la Renta. Los sindicatos convocantes, CCOO, SIAT, UGT, CSIF y CIG, han comunicado este jueves a través de un comunicado que si la Agencia Tributaria no responde a sus demandas, ampliarán las movilizaciones y no descartan iniciar una huelga durante la campaña de la Renta, la cual comenzó el 3 de abril y concluirá el 1 de julio. Los empleados solicitan poner fin al bloqueo para reactivar el acuerdo sobre la carrera profesional, pendiente desde 2007. "Estamos en conflicto para demandar justicia salarial en la Agencia Tributaria. En los últimos seis años, la dirección se ha centrado en congelar la negociación colectiva mientras aumentaba discrecionalmente las retribuciones de los que más ganan. En 2023, la Agencia Tributaria contaba con 1.265 empleados del grupo A1, que reciben los complementos específicos más altos de toda la Administración General del Estado", denuncian los sindicatos. "Exigimos retribuciones justas y equitativas para todos los trabajadores de la Agencia Tributaria. Queremos renegociar todos los complementos específicos del personal funcionario para lograr un equilibrio entre el complemento más alto (69.497,26 euros) y el más bajo (4.568,90 euros), estableciendo un escalonamiento proporcional dentro de cada subgrupo y entre subgrupos, así como unas retribuciones equivalentes para el personal laboral", señalan. Además, también reclaman el desarrollo del teletrabajo; la negociación del servicio de atención telefónica anunciado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero; y mejoras en las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, aumentando los recursos materiales y humanos y catalogando este destino como profesión de riesgo tras los trágicos sucesos en Cádiz.

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(La Vanguardia, 19-04-2024) | Fiscal

El PP propone deducir el 100% del IRPF a los propietarios que alquilen viviendas vacías con contratos de larga duración

El Partido Popular presentó el jueves una serie de 16 medidas destinadas a fomentar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado. Entre ellas se incluye una deducción del 100% en el IRPF para todos los propietarios que alquilen viviendas vacías que hayan estado desocupadas durante más de dos años, siempre y cuando se arrienden como residencia habitual a personas menores de 35 años durante un período mínimo de tres años. Estas propuestas están contempladas en el 'Plan + Vivienda', que fue anunciado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Además de estas medidas, la estrategia del PP, que será presentada en el parlamento, busca ampliar la disponibilidad de suelo para construcción de viviendas, promover la creación de pisos de alquiler a precios asequibles, facilitar ayudas a los jóvenes para fianzas de alquiler, mejorar el acceso a hipotecas y aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas. En primer lugar, el documento del PP hace hincapié en los jóvenes, quienes "se ven especialmente afectados por la escasez de viviendas asequibles". Los populares destacan que, debido a esta situación, la edad media de emancipación de los jóvenes se ha elevado hasta los 30,3 años, cifra que es cuatro años superior al promedio europeo. Ante esta problemática, el PP propone utilizar "fórmulas de colaboración público-privada" similares a las implementadas por sus comunidades autónomas para "generar viviendas en alquiler a precios asequibles". Asimismo, aboga por respaldar las fianzas de alquiler para jóvenes con ingresos medios y bajos, y facilitar el acceso a préstamos hipotecarios mediante avales u otras garantías que faciliten la concesión de créditos. Por otro lado, el PP plantea la posibilidad de bonificar el 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las cantidades transferidas entre familiares destinadas a la compra de la primera vivienda. Además, desde la perspectiva del propietario, proponen la aprobación de seguros contra impagos de alquiler para mitigar los riesgos asociados a posibles incumplimientos de pago. El plan del PP también denuncia que los precios de alquiler son "prohibitivos" bajo la legislación actual y sostiene que la producción de viviendas ha disminuido en un 86% desde su máximo histórico en 2006. El partido indica que se necesitarían aproximadamente 761,000 nuevas viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años para satisfacer la demanda actual. Además, señala que España se sitúa en el quinto puesto más bajo de la Unión Europea en cuanto a vivienda social, representando solo el 2,5% del total de viviendas principales, en comparación con el 9,3% de promedio en la UE. Por lo tanto, el PP busca "aprovechar al máximo todo el suelo disponible", simplificar los trámites burocráticos relacionados con la planificación y gestión urbanística, proporcionar seguridad jurídica en materia de ordenación urbanística y alquiler, promover una industria de rehabilitación que modernice y haga más habitables las viviendas, y aprobar incentivos fiscales como la bonificación en el IRPF para convencer a los propietarios de poner sus viviendas en el mercado de alquiler en lugar de imponerles obligaciones.

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(Expansión, 19-04-2024) | Laboral

Los autónomos que se den de alta fuera de plazo cotizarán por la base mínima en el primer mes

El Ministerio de Elma Saiz responderá a la pregunta sobre la base de cotización que debe aportar un autónomo que se dé de alta fuera de plazo en la Seguridad Social. De acuerdo con la reforma del reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, que está siendo preparada a través de un proyecto de Real Decreto, se modificará el artículo 44 para aclarar que en casos en los que los autónomos se inscriban fuera de plazo, con menos de 60 días antes de comenzar la actividad, deberán cotizar de la siguiente manera: por la base mínima del tramo 1 de la tabla general de bases de cotización hasta el último día del mes. Esto significa que deberán aportar a la Seguridad Social una base mínima de 735,29 euros mensuales, sujeta a un tipo del 31,30% por todos los conceptos. En este escenario, el autónomo deberá abonar 313 euros a la Seguridad Social en el mes en el que se inscribe, o cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúa de oficio y levanta un acta de liquidación. Esta instrucción ministerial va más allá de una simple orden técnica, ya que se implementa en un contexto donde los autónomos cotizan en función de sus ingresos, con la posibilidad de cambiar de grupo de cotización hasta seis veces al año. Actualmente, hay 3.350.000 autónomos dados de alta en la Seguridad Social, la cifra más alta de la historia. Además, la norma establece que en la revisión anual de las contribuciones de estos trabajadores, se deben considerar datos como la actividad económica del autónomo y las fechas de alta o baja en la Seguridad Social, además de su facturación y cuotas devengadas durante el año.

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(El Economista, 19-04-2024) | Laboral

Bruselas obligará a incrementar las inspecciones contra los falsos becarios

La Comisión Europea está elaborando una nueva directiva para mejorar las condiciones de los becarios y prevenir la disfraz de puestos de trabajo como prácticas, que los Estados miembros deberán incorporar a su legislación nacional en un plazo máximo de dos años desde su aprobación. Bruselas instará a las autoridades a intensificar "los controles e inspecciones" para evitar que las empresas utilicen a los becarios como trabajadores regulares. Para ello, exigirá que las autoridades dispongan de suficiente personal y recursos técnicos para llevar a cabo estas inspecciones y que impongan sanciones a las empresas que infrinjan las nuevas condiciones para los becarios establecidas en la directiva. El Gobierno negoció un Estatuto del Becario con los sindicatos durante la legislatura anterior con el objetivo de mejorar las condiciones de estos trabajadores en prácticas. Sin embargo, esta iniciativa no llegó a ver la luz después de las elecciones. Ahora, el Gobierno tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea. Según la nueva directiva, los becarios no podrán recibir un trato menos favorable, ni en sus condiciones de trabajo ni en su remuneración, en comparación con los empleados de la empresa, a menos que existan razones objetivas para ello, como tareas diferentes, menos responsabilidad o tareas específicas de aprendizaje y entrenamiento. La mayor parte de la propuesta de directiva se centra en supervisar y prevenir las relaciones laborales encubiertas bajo la apariencia de prácticas. La responsabilidad de destapar estas situaciones recae en la Administración, en el caso español, en la Inspección de Trabajo, que deberá evaluar si realmente existe un componente formativo, si la duración de las prácticas es excesiva, si las tareas realizadas son similares a las de un empleado regular, si la empresa exige experiencia previa antes de contratar y si hay un número desproporcionado de becarios en la compañía. Para llevar a cabo estas evaluaciones, la inspección solicitará a las empresas información detallada sobre el número y la duración de los periodos de prácticas, las condiciones de trabajo y salarios, la descripción del plan de aprendizaje y formación, así como los anuncios de vacantes para prácticas. Los Estados miembros deberán establecer límites en el tiempo que un becario puede realizar prácticas con el mismo empleador. El Gobierno también deberá establecer un mecanismo de denuncia para que los becarios puedan informar sobre cualquier discriminación o trato no conforme con la directiva. Además, los sindicatos podrán iniciar procedimientos administrativos y judiciales para proteger los derechos de estos aprendices.

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(El Periódico, 10-04-2024) | Laboral

Las cajas de ahorro firman una subida salarial del 11% en tres años

Las entidades asociadas a la CECA, que aglutina las antiguas cajas de ahorros, han sellado una subida salarial del 11% en tres años. El incremento, que beneficiará las plantillas de CaixaBank, Unicaja, Abanca, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença y Cecabank, es del 5% este año; del 3% el que viene y el siguiente. El documento firmado prevé además un pago único adicional en 2024 de 1.000 euros para cada persona trabajadora. Estas mejoras "suponen un reconocimiento a la labor y el compromiso demostrado por las plantillas, necesario para abordar el futuro del sector", según un comunicado de la CECA. El convenio ha sido suscrito por el 86% de la representación sindical a través de FINE, CCOO y UGT y será de aplicación hasta 2026. El acuerdo da estabilidad a los más de 55.000 miembros de las plantillas de las entidades vinculadas y asociadas a la CECA. Desde CCOO han atribuido las mejoras al "el éxito de las movilizaciones impulsadas por CCOO, FINE y UGT". Todo ello, agregan, "propició la firma de un preacuerdo el pasado 12 de marzo". Además de los incrementos salariales y el pago único de 1.00 euros afirman que el convenio incluye un día adicional de libre disposición en cada uno de los años 2024, 2025 y 2026. El pacto en este sector contrasta con la situación en la banca, cuya patronal es la AEB. De hecho, los empleados del ramo protagonizaron el pasado 22 de marzo una huelga para lograr incrementos salariales en el convenio después de un ejercicio como el de 2023, en el que las entidades marcaron ganancias récord. Ese paro coincidió con el de una de las principales consultoras del sector, DXC, que lleva el mantenimiento de los aplicativos de CaixaBank y Banc Sabadell.

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(Cinco Días, 19-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE tiene claro bajar tipos en junio si nada cambia

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha indicado en su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo que el Consejo de Gobierno del BCE considerará realizar una primera reducción de los tipos de interés en su próxima reunión de junio si la evolución de los datos continúa como hasta ahora. "Para junio, creo que tenemos ideas muy claras de lo que deberíamos hacer en nuestra próxima reunión", afirmó Guindos. "Si las cosas siguen evolucionando como lo han hecho recientemente, estaremos listos en junio para suavizar la postura de nuestra política monetaria", añadió. Guindos destacó que las proyecciones del BCE son cada vez más precisas y apuntan a que, tras el importante proceso de desinflación en los últimos 12 meses, la inflación se mantendrá en los niveles actuales durante los próximos meses y podría alcanzar el objetivo del 2% a medio plazo en 2025. No obstante, el vicepresidente del BCE reconoció que existen algunos riesgos para estas previsiones, como la evolución de los salarios, la productividad, los costes laborales unitarios, los márgenes de beneficio y los riesgos geopolíticos, que son difíciles de considerar al elaborar dichas proyecciones. De este modo, Guindos aseguró que el BCE continuará adoptando un enfoque basado en los datos y decidirá reunión tras reunión el nivel adecuado y la duración de la restricción de su política monetaria, sin comprometerse de antemano con una trayectoria específica para los tipos. La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya insinuó la posibilidad de una bajada de tipos en la reunión de junio al señalar que si la evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión efectiva de la política monetaria aumentan la confianza del Consejo, "sería apropiado reducir el nivel actual de restricción de la política monetaria".

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