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(Expansión, 11-07-2025) | Fiscal

La Justicia frena a Hacienda y protege la estructura de los grandes grupos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado un criterio clave de la Agencia Tributaria, al anular la reciente interpretación del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que pretendía imputar en el IRPF de los socios las retribuciones que las sociedades holding reciben por ejercer como administradoras de sus filiales. Esta sentencia, pionera en su tipo por parte de un tribunal superior, supone un importante respaldo para los grandes grupos empresariales españoles. El caso ha sido liderado por el equipo de expertos en fiscalidad de Crowe Legal y Tributario, y la resolución judicial invalida tanto el argumento de simulación como la calificación de operación vinculada que había sostenido la AEAT y que previamente había sido avalada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña. El origen del conflicto se encuentra en una estructura muy habitual entre los grandes grupos: la sociedad matriz (holding) actúa como administradora de sus filiales. La Ley de Sociedades de Capital exige que cuando el administrador es una entidad jurídica, se designe a una persona física como representante permanente, figura que suele recaer en el socio o dueño principal del grupo. La AEAT entendía que los pagos de la filial a la holding por estas funciones debían tributar directamente en el IRPF del socio designado, en lugar de hacerlo a través del Impuesto sobre Sociedades que presenta la holding. Para justificar esta postura, la Inspección sostuvo dos líneas argumentales: por un lado, consideraba la estructura como una simulación con el fin de evitar el pago de impuestos en el IRPF; y por otro, alegaba que se trataba de una operación vinculada que no estaba valorada conforme a mercado. Daniel Tarroja, socio experto en fiscalidad contenciosa de Crowe y docente del CEF-UDIMA, destaca la relevancia de esta sentencia, que frena las actuaciones de la Inspección en una de sus campañas más recientes, dirigidas a grandes grupos y a sus socios. Según explica, la AEAT trataba de imputar al IRPF del socio o administrador los importes que la holding cobraba por su papel de administradora, argumentando una simulación o irregularidad en operaciones vinculadas. El TSJ de Cataluña desestima ambos razonamientos. En primer lugar, rechaza que haya una simulación, al reconocer que la estructura tiene sentido económico real. La sociedad holding cumplía una función activa como gestora de participaciones y no era una entidad ficticia. Además, sus ingresos por tareas de administración fueron correctamente declarados en el Impuesto sobre Sociedades, sin ocultación. Respecto a las operaciones vinculadas, el tribunal revoca los ajustes por dos vías, dependiendo del año fiscal. Para el ejercicio 2015, señala que el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente excluía expresamente de este tipo de operaciones la retribución a administradores, por lo que la regularización no procedía. Para el año 2014, cuando esa excepción no estaba aún recogida en la ley, el tribunal se ampara en una sentencia reciente del Tribunal Supremo (15 de julio de 2024), que invalida el método de valoración empleado por la AEAT. En dicho caso, se usó como referencia una operación también interna al grupo, lo que va en contra del principio de utilizar comparables entre terceros independientes, exigido en el régimen de operaciones vinculadas. "Es una rectificación contundente", afirma Tarroja, quien subraya que el tribunal catalán no solo descarta la simulación, sino también la validez de la regularización por operaciones vinculadas. Ni el marco legal lo permite, ni los métodos de valoración aplicados por la AEAT fueron adecuados. Esta sentencia aporta una dosis importante de seguridad jurídica a numerosos grupos empresariales que usan este tipo de estructuras de forma lícita. Además, llega en un momento especialmente sensible, al frenar una ofensiva inspectora que había generado un alto nivel de litigios y cuantiosas sanciones. "En definitiva, esperamos que esta resolución sirva para calmar uno de los focos de conflicto más recientes con Hacienda, que ha dado lugar a numerosas liquidaciones y sanciones, justo cuando nos encontramos en plena campaña del Impuesto sobre Sociedades", concluye el experto de Crowe.

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(El Economista, 11-07-2025) | Fiscal

La ley para que Hacienda devuelva todo el dinero a los mutualistas retrasa su aprobación

Retraso en la aprobación de la ley que permitirá que los pensionistas que en su día aportaron a las antiguas mutualidades laborales cobren en un solo pago este 2025 todo el IRPF que les adeuda Hacienda. El Pleno del Senado ha aprobado este jueves el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que incluye la disposición sobre los mutualistas. La Cámara Alta, sin embargo, al incluir nuevas enmiendas al texto, vuelve a remitirlo al Congreso para su tramitación. Ahora, la Cámara Baja tendrán que votar de nuevo la ley para que sea aprobada de forma definitiva. Este nuevo escenario abre tres opciones; que se apruebe la norma con las enmiendas incorporadas por el Senado, que se rechacen todas o que se abra un nuevo plazo para añadir nuevas enmiendas. La Agencia Tributaria tendrá que esperar a la aprobación y entrada en vigor de la norma para poder devolver de golpe a los mutualistas el IRPF pagado de más de los cuatro años no prescritos (2019 a 2022). El Tribunal Supremo determinó en febrero de 2023 que el fisco debía devolver parte de lo tributado de por la parte de las pensiones que se originaron con las aportaciones a las mutualidades laborales.

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(La Razón, 11-07-2025) | Fiscal

Hacienda tendrá que demostrar el uso particular del vehículo si quiere rechazar la deducción del coche en el IRPF

Las personas que trabajan por cuenta propia están obligadas a presentar la declaración de la renta cada año, tal como establece la Agencia Tributaria. En este proceso, deben declarar los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal correspondiente. No obstante, los autónomos también pueden beneficiarse de ciertas deducciones fiscales que les permiten reducir el importe a pagar, e incluso recibir una devolución por parte de Hacienda si así corresponde. Una de estas deducciones es la relativa a los gastos derivados del uso del vehículo destinado a la actividad profesional. La deducción de estos gastos en el IRPF ha sido históricamente un asunto complejo. Muchos autónomos utilizan el mismo coche tanto para actividades laborales como personales, lo que dificultaba identificar con precisión qué parte del uso podía considerarse profesional y, por tanto, deducible. Sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), publicada el 24 de junio de 2025, ha introducido un cambio significativo en este sentido, facilitando que más trabajadores autónomos puedan deducir estos gastos en su declaración. Hasta ahora, el propio autónomo debía demostrar que el vehículo era utilizado exclusivamente para fines profesionales, algo complicado en la práctica y que suponía una barrera para muchas personas. Además, la normativa anterior solo permitía deducciones en casos muy concretos, como en el transporte de mercancías, dejando fuera a miles de profesionales que, si bien no transportaban productos, sí dependían del vehículo para desempeñar su trabajo. Como consecuencia de esta rigidez, en ausencia de pruebas claras, Hacienda solía denegar sistemáticamente las solicitudes de deducción. Con la nueva resolución, se modifica el criterio: ahora será la Agencia Tributaria la que tendrá que demostrar que el vehículo se utiliza para fines personales si quiere rechazar la deducción solicitada. En otras palabras, se invierte la carga de la prueba, algo que favorece directamente a los autónomos. El TEAC establece que si un vehículo presenta características que evidencian su uso profesional -como rotulación, presencia de herramientas o una carrocería modificada- se presumirá que está vinculado a la actividad económica del autónomo. Este nuevo criterio será especialmente aplicable en sectores como la construcción, fontanería, electricidad, pintura, mensajería o reparaciones, donde el vehículo representa una herramienta clave en el día a día del profesional. Gracias a esta resolución, muchos trabajadores autónomos podrán deducir los gastos de sus vehículos, como furgonetas, sin tener que justificar que su uso es exclusivamente profesional. Según explica el abogado fiscalista José María Salcedo, "si el vehículo está serigrafiado y se utiliza para una actividad concreta, no debería haber inconvenientes para aplicar la deducción". De acuerdo con lo señalado por el medio Autónomos y Emprendedores, no solo las furgonetas entran en esta categoría. También serán fácilmente deducibles las furgonetas industriales o comerciales, vehículos mixtos empleados para transportar herramientas o mercancías, y turismos que estén adaptados específicamente para una actividad profesional. Esto supone que los autónomos podrán deducirse el 100% de los gastos relacionados con su vehículo, tanto los que derivan de su propiedad -como amortización, seguros o impuestos- como los vinculados a su uso diario, incluyendo combustible, reparaciones, estacionamiento o peajes.

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(Cinco Días, 11-07-2025) | Laboral

La confianza de los directivos en la creación de empleo vuelve a retroceder

Solo el 43% de los empresarios de compañías medianas tiene previsto ampliar sus equipos en los próximos doce meses, según el último informe trimestral International Business Report elaborado por la consultora Grant Thornton. El estudio, basado en entrevistas a empresas con plantillas de entre 250 y 3.000 empleados, representa un descenso respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el 50% de los encuestados planeaba contratar. Esta cifra también está por debajo del promedio global, donde más del 50% de las compañías espera reforzar su plantilla. A pesar de que estos niveles siguen siendo superiores a los mínimos históricos registrados en 2012 -cuando solo un 20% de los directivos contemplaba nuevas contrataciones debido a la crisis del euro-, muchos empresarios españoles ven con preocupación el impacto que la actual coyuntura económica y geopolítica podría tener sobre sus ventas internacionales y, en consecuencia, en sus ingresos totales. El agravamiento del conflicto en Oriente Medio y la política arancelaria impulsada por EE. UU. están debilitando las perspectivas del comercio exterior. En este contexto, solo el 42% de las empresas prevé un aumento de su facturación internacional en los próximos doce meses, lo que supone una caída de 10 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024. El informe destaca que existe un sentimiento generalizado de preocupación por un posible enfriamiento de la demanda y por la disminución en el volumen de pedidos. A nivel global, la mitad de los casi 4.000 empresarios consultados cree que esta debilidad en la demanda se mantendrá durante los próximos trimestres. En el caso español, con una muestra de 400 entrevistas, casi el 50% de los líderes empresariales comparte esta visión. Ante este panorama, Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, insta a las empresas del segmento medio a prepararse con una estrategia firme que les permita afrontar posibles disrupciones en el entorno internacional. Entre las recomendaciones de la consultora se encuentran la optimización de costes, una mejor gestión de proveedores y la diversificación del negocio. Esto podría implicar rediseñar procesos y productos para reducir cargas estructurales o aplicar regímenes aduaneros suspensivos, que permiten importar materiales sin pagar aranceles en el momento de entrada, mejorando así la liquidez. Aunque los planes de contratación se han reducido, el mercado laboral español sigue mostrando signos de fortaleza. En junio, el número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord, con casi 22 millones de trabajadores. Además, en el último trimestre el empleo creció en más de 500.000 personas, superando el ritmo de crecimiento de años anteriores. Asimismo, el 90% de los ocupados tiene un contrato indefinido, lo que apunta a una mejora en la calidad del empleo. Frente a las dudas sobre el futuro económico global, las empresas medianas continúan apostando por la transformación digital. El 61% de los directivos planea invertir en digitalización a corto plazo, una cifra similar a la del año pasado. También aumenta el interés por el desarrollo del talento: casi la mitad de los empresarios quiere mejorar las competencias de sus equipos, en un entorno donde la escasez de profesionales cualificados sigue siendo una preocupación para entre el 45% y el 50% de los encuestados. La ciberseguridad, por su parte, se consolida como una de las prioridades. Cerca del 50% de los empresarios en España afirma que destinará recursos a tecnologías de protección frente a las crecientes amenazas digitales. Paralelamente, la Inteligencia Artificial (IA) gana protagonismo como herramienta estratégica. Una amplia mayoría de quienes prevén aumentar su inversión en tecnología planea dedicar parte de ese presupuesto a soluciones basadas en IA, alineándose con la tendencia europea, lo que refleja el impacto creciente de esta tecnología en las operaciones del middle-market.

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(El País, 11-07-2025) | Laboral

El Gobierno activa una vía para reducir el golpe de las devoluciones a los que cobran el ingreso mínimo

Uno de los principales retos que enfrenta el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el cobro indebido por parte de algunos beneficiarios, que posteriormente se convierte en deudas que la Seguridad Social reclama. Esta situación preocupa especialmente por el perfil vulnerable de quienes reciben esta ayuda, con escasa capacidad de ahorro. Así lo reflejó el Defensor del Pueblo en su informe anual del año pasado, donde cifró el problema en 500 millones de euros, lo que representa el 4,7% del total pagado a los beneficiarios hasta julio de 2024. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce esta preocupación y ha tomado medidas para mitigarla. Una de ellas ha sido adelantar la revisión de ingresos del año anterior: en lugar de realizarla en octubre, como venía haciéndose, se ha notificado en mayo, reduciendo así en cinco meses el periodo en el que pueden producirse pagos superiores a los debidos. El IMV funciona como una renta garantizada: no es una cuantía fija como una pensión, sino que su importe varía según la situación del hogar. Por ejemplo, en 2024, el mínimo garantizado es de 659 euros al mes para un adulto solo, 856 euros para un adulto con un menor, y 1.449 euros para dos adultos con tres o más menores. La Seguridad Social cubre la diferencia entre los ingresos reales del hogar y esas cifras mínimas. El problema surge porque los ingresos del hogar se verifican con un año de retraso. Hasta ahora, Hacienda proporcionaba los datos fiscales del año anterior en octubre, lo que significaba que durante nueve meses se seguían calculando los pagos con información desactualizada. Si los ingresos reales del año anterior habían sido mayores, el resultado era un cobro indebido de hasta nueve mensualidades, generando una deuda significativa. Este año, el ministerio ha adelantado el proceso: en mayo de 2025 se revisaron las prestaciones de 655.000 hogares. De ellos, el 49% (317.000 hogares) mantuvieron su cuantía; un 30% (200.000 hogares) vieron aumentada su prestación al comprobarse que habían tenido menos ingresos de los estimados, mientras que un 19% (123.000 hogares) tuvieron que devolver cantidades moderadas, compensadas gradualmente en las siguientes mensualidades. Un 2% (15.000 hogares) perdieron el derecho al IMV debido a diferencias significativas en sus ingresos. Desde el ministerio subrayan que, aunque la cancelación de la prestación es una situación que debe corregirse, también refleja que estas personas han alcanzado un nivel de ingresos que les permite prescindir, total o parcialmente, del IMV. Este nuevo enfoque contrasta con lo observado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su análisis de 2024. Según su evaluación, el 68% de los hogares que recibieron el IMV fueron objeto de revisión. De ellos, el 12% perdió el derecho a la ayuda, generando una deuda mediana de 2.615 euros. Por otro lado, el 24% vio aumentar su prestación, con una media de 980 euros, mientras que para quienes sufrieron una reducción, esta fue de unos 845 euros. El adelanto del uso de datos provisionales fue una de las recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo para paliar el impacto negativo de las devoluciones. Además, propuso que los beneficiarios pudieran presentar anticipadamente su declaración de la renta para reducir el importe a reintegrar, que se establecieran plazos máximos para iniciar los procedimientos de devolución y que se suspendiera el pago del IMV en ciertos casos para evitar devoluciones desproporcionadas. El Defensor también pidió revisar el marco normativo actual, concretamente el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, para adaptarlo a estas situaciones. "Las personas en situación de vulnerabilidad deben encontrar en las administraciones públicas una verdadera protección, sin que esto impida una gestión justa y eficaz de los recursos públicos", concluye el informe del organismo.

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(El Economista, 11-07-2025) | Laboral

Patronal y sindicatos reducen la jornada a 37,5 horas en los convenios

El debate sobre la conveniencia de reducir por ley la jornada laboral ha sido uno de los principales puntos de fricción en el ámbito de las relaciones laborales en los últimos años. La incertidumbre generada en torno a la posible reforma ha provocado dudas tanto en las empresas como en los representantes sindicales, ralentizando la firma de convenios colectivos. Prueba de ello es que en junio se registraron casi un 10% menos de convenios que en el mismo mes de 2024. No obstante, la duración de la jornada pactada ha seguido descendiendo, situándose en una media de 37,5 horas semanales. Según la última actualización de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, en el primer semestre de 2025 se firmaron y registraron 265 convenios, con una jornada media anual de 1.712 horas, cifra que coincide con el objetivo del Ministerio de Trabajo tras descontar vacaciones y festivos. Esto sugiere que muchas empresas ya están adaptando sus horarios a las expectativas del Ejecutivo, sin que haya una ley que lo imponga de forma explícita. Esta evolución va en línea con la postura que ha defendido la patronal durante los más de diez meses de diálogo con los sindicatos y el Gobierno. Tanto la CEOE como Cepyme insisten en que las empresas no rechazan reducir la jornada, y de hecho, muchas ya lo están haciendo cuando sus condiciones lo permiten. Sin embargo, alertan de que una reducción impuesta por ley podría tener consecuencias económicas que no han sido debidamente valoradas por el Ministerio de Trabajo. En cambio, los sindicatos mayoritarios y el propio Gobierno argumentan que estos avances sólo benefician a una parte limitada de los trabajadores. Señalan que más de 12 millones de personas seguirán sin acceso a una jornada más corta si no se modifica el tope semanal establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Aunque esa norma data de los años 80, la duración de la jornada ha ido bajando progresivamente gracias a los convenios colectivos, donde este aspecto es uno de los ejes centrales junto al salario. Los datos actuales, aunque provisionales, permiten extraer algunas tendencias. Los 265 convenios firmados hasta ahora afectan a algo más de un millón de trabajadores y a más de 113.000 empresas. La mayoría de estos acuerdos (187) son de empresa, mientras que 78 corresponden a convenios de ámbito sectorial o territorial, que suelen implicar a un mayor número de trabajadores. En cuanto al tiempo de trabajo, los convenios de empresa establecen una media de 1.685 horas anuales, por debajo del umbral de las 37,5 horas semanales, mientras que los sectoriales superan ligeramente esa marca con 1.713 horas. No obstante, hay que tener en cuenta que siguen vigentes muchos convenios firmados en años anteriores, con efectos económicos durante 2025. Son 2.371 convenios que establecen una jornada media de 1.753 horas anuales, es decir, unas 38,5 horas semanales. En conjunto, los trabajadores protegidos por convenio trabajan una media de 1.748 horas al año, lo que se traduce en aproximadamente 38 horas semanales. Existen diferencias notables por comunidades autónomas. Ninguna ha alcanzado aún una jornada media semanal de 37,5 horas, aunque regiones como el País Vasco (1.714 horas al año) y Cataluña (1.715) se acercan bastante. En el otro extremo, Canarias presenta una jornada mucho más extensa, con 1.881 horas anuales, reflejo de su estructura productiva particular. En cuanto a los salarios, los acuerdos firmados en la primera mitad del año contemplan un incremento medio del 4,06%, claramente por encima de la inflación interanual estimada por el INE. Este aumento se concentra en los convenios de ámbito sectorial, lo que podría responder a la aplicación de subidas acumuladas tras años de negociación sin avances, como ya ocurrió en otros sectores anteriormente. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) fijó como referencia para este año una subida salarial del 3%, una pauta que siguen de forma más ajustada los convenios firmados dentro de las empresas, con un incremento medio del 3,17%. Al considerar todos los convenios con efectos económicos en 2025, la subida media es del 3,39%, un dato relevante, ya que suele utilizarse como punto de partida en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año siguiente.

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(Cinco Días, 11-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bitcoin no tiene freno y marca nuevos máximos históricos en los 112.000 dólares

Bitcoin no encuentra techo. La criptomoneda pionera ha comenzado la segunda mitad del año alcanzando nuevos máximos históricos, tras superar brevemente los 112.000 dólares durante la noche del miércoles. En las primeras horas del jueves, cotiza en torno a los 111.400 dólares y su valor total de mercado supera los 2,2 billones de dólares. De tratarse de una empresa, ocuparía el sexto puesto mundial por capitalización, situándose por delante de Alphabet y justo detrás de gigantes como Amazon, Apple, Microsoft y Nvidia. En lo que va del año, su cotización ha subido cerca de un 20%. Las turbulencias recientes causadas por las tensiones geopolíticas y las declaraciones cambiantes del presidente de EE. UU., Donald Trump, parecen haber quedado atrás. El mercado muestra un renovado optimismo, alimentado por el creciente interés de inversores institucionales y empresas que quieren incorporar bitcoin a sus reservas, así como por avances regulatorios significativos tanto en Europa como en América y Asia, donde también crece el apetito por estos activos. A diferencia de ciclos anteriores, esta vez la demanda de bitcoin es más estructural y sostenida. El entorno favorable para los activos de riesgo también ha jugado a favor de bitcoin, que ha seguido el ritmo de las tecnológicas. Este miércoles, Nvidia se convirtió en la primera compañía en alcanzar los 4 billones de dólares en valoración bursátil, impulsando al índice S&P 500 cerca de su máximo histórico. Este repunte en los activos de riesgo refleja un fuerte componente especulativo en los mercados, a pesar de las amenazas arancelarias que Trump continúa reiterando. Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO de Bitpanda, considera que este impulso de bitcoin no es casualidad, sino el resultado de una combinación de factores macroeconómicos positivos y mayor interés institucional. "Con el retorno de la liquidez al mercado y el aumento de la masa monetaria en Europa y Estados Unidos, los inversores buscan activos con verdadero potencial, y bitcoin cada vez se percibe más como uno de ellos. Todo indica que su rol como activo convencional está más afianzado que nunca", asegura. Por su parte, Javier Molina, analista de eToro, resalta que las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y el crecimiento del dinero en circulación benefician a un activo con oferta limitada y naturaleza descentralizada, reforzando su perfil como reserva de valor alternativa. Manuel Pinto, analista financiero, añade que el ambicioso plan fiscal de Trump -que podría aumentar el déficit en unos 4,1 billones de dólares en la próxima década- también ha influido en el auge del bitcoin. "Con los inversores exigiendo mayores rendimientos por el riesgo, el capital se aleja de los bonos y se dirige hacia los mercados bursátiles y las criptomonedas, impulsando sus precios", comenta. Los analistas coinciden en que bitcoin está inmerso en una fase alcista. Lale Akoner, especialista en mercados globales de eToro, señala que la criptomoneda "ha superado los niveles de análisis tradicionales". "A partir de aquí, no hay referencias técnicas claras. Herramientas como las extensiones de Fibonacci pueden ofrecer orientación, y apuntan a un posible objetivo próximo en torno a los 130.000 dólares, basado en el retroceso del 161,8% de la última corrección", explica. Los datos del mercado de opciones también muestran optimismo: en la plataforma Deribit, los contratos que expiran a finales de julio muestran un elevado interés en los niveles de 115.000 y 120.000 dólares. Si se activan, podrían reforzar la presión alcista, según Molina. Sin embargo, los expertos advierten que los mercados de criptomonedas todavía están muy influenciados por el ánimo general de Wall Street, en un contexto global cargado de incertidumbre. "Los operadores deben estar atentos a posibles correcciones derivadas de tomas de beneficios o de cambios en el panorama macroeconómico", advierte Vincent Liu, director de inversiones de Kronos Research. Las tensiones en Oriente Medio y las amenazas comerciales de Trump continúan siendo factores de riesgo. Bitcoin alcanza así nuevos récords en un momento clave para el ecosistema cripto. La próxima semana ha sido designada como la "Crypto Week" en el Congreso de Estados Unidos, durante la cual se debatirán tres proyectos de ley clave: la Ley Genius sobre stablecoins, que están en pleno auge; la Ley Clarity, que busca dar mayor transparencia al mercado de activos digitales; y una normativa para limitar la influencia de las monedas digitales emitidas por bancos centrales.

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(Expansión, 11-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump amenaza el plan de Lagarde de desbancar al dólar

La disputa por el dominio como moneda global de referencia se intensifica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia directa a quienes pongan en entredicho la supremacía del dólar. "Perder el estándar del dólar sería equivalente a perder una guerra. Quien intente desafiarlo, pagará las consecuencias", declaró recientemente el mandatario estadounidense, dejando entrever que impondrá nuevos aranceles como respuesta. Esta amenaza se produce en un momento clave, justo cuando Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), trata de aprovechar el clima de incertidumbre global para posicionar al euro como alternativa al dólar en los mercados internacionales. Desde abril, Lagarde ha promovido activamente la idea de fortalecer el papel del euro como referencia en el comercio y la inversión internacional, atrayendo a países y actores financieros que buscan estabilidad frente a las decisiones erráticas de la administración Trump. Sus intervenciones públicas en defensa de una moneda europea fuerte se han complementado con reuniones estratégicas, como el Foro de Bancos Centrales en Sintra (Portugal), además de debates sostenidos durante la última cumbre del Consejo Europeo. El tema también se ha discutido con regularidad en el Ecofin, el organismo encargado de definir la política económica de la UE. El BCE tiene claro el objetivo, aunque la viabilidad de convertir al euro en moneda líder dependerá del respaldo que obtenga de otras instituciones europeas para aplicar las reformas necesarias. Las ventajas de sustituir al dólar como moneda dominante son considerables. Lagarde ha señalado que un euro con mayor peso internacional permitiría abaratar los costes de financiación para gobiernos y empresas europeas, estimulando así la demanda interna en un entorno global cada vez más incierto. Asimismo, fortalecer al euro también significaría una mayor autonomía económica para Europa. Según Lagarde, si más operaciones comerciales se hicieran en euros, la región se vería menos expuesta a la volatilidad del tipo de cambio y a movimientos especulativos de capital. Es precisamente ese conjunto de beneficios lo que Trump busca proteger con firmeza, consciente de que mantener el liderazgo del dólar le otorga a Estados Unidos una poderosa ventaja estratégica y económica. No obstante, ha sido su propia política comercial, marcada por la imposición de aranceles y tensiones internacionales, la que ha abierto la puerta a una mayor diversificación monetaria. A comienzos de año, el euro cotizaba cerca de la paridad con el dólar y amenazaba con seguir perdiendo valor. Sin embargo, el conflicto comercial iniciado por Estados Unidos generó preocupación entre bancos centrales e inversores, quienes comenzaron a redistribuir sus reservas y a apostar por otras divisas, entre ellas el euro. Este cambio de estrategia ha impulsado a la moneda europea, que ha subido un 14% desde sus niveles más bajos del año y ahora se intercambia a 1,17 dólares. Si bien una subida en el tipo de cambio no implica necesariamente una mayor presencia global, en este caso el fortalecimiento del euro parece estar ligado a factores más políticos que económicos. De hecho, la recuperación se ha producido en un contexto atípico: en medio de recortes de tipos por parte del BCE y una desaceleración de la economía europea, dos elementos que, en teoría, debilitarían la moneda. Esto refuerza la idea de que el empuje del euro se debe más al contexto geopolítico y al deseo de muchos actores de reducir su dependencia del dólar.

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(Expansión, 11-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo español mantiene el crecimiento, aunque a un ritmo más lento

Las previsiones para el verano de 2025 apuntan a un crecimiento más moderado en el sector turístico español. Según el último informe de perspectivas de Exceltur, se espera que las ventas del sector aumenten un 2,7% entre julio y septiembre, un ritmo sensiblemente inferior al 6,3% registrado en el mismo periodo de 2024. A nivel anual, el Producto Interior Bruto (PIB) turístico crecería un 3,3%, frente al 6,5% del ejercicio anterior. Exceltur advierte de una pérdida de dinamismo, en parte por la menor llegada de visitantes de mercados clave como Estados Unidos, Alemania y Francia. Mientras tanto, el turismo nacional y la afluencia de turistas de otros países europeos y asiáticos contribuirán a sostener la actividad durante la temporada estival. Pese a que España sigue atrayendo a un elevado número de turistas y mantiene una fuerte movilidad interna, la evolución del sector muestra señales de desaceleración. El contexto geopolítico incierto y las tensiones económicas internacionales están impactando negativamente en el gasto de los viajeros procedentes de economías tradicionalmente fuertes, como la norteamericana, la alemana y la francesa. En el tercer trimestre del año, los empresarios turísticos esperan un aumento del 2,7% en sus ventas, tras haber registrado un 4,5% en el segundo trimestre. Esta cifra contrasta con el fuerte incremento del 6,3% alcanzado durante el verano de 2024, evidenciando un enfriamiento en el ritmo de crecimiento. El informe señala que la demanda internacional sigue mostrando solidez, especialmente desde Europa y mercados lejanos interesados en destinos urbanos. También se espera una respuesta positiva del turismo nacional, aunque con una tendencia moderada. No obstante, los empresarios muestran cautela debido al entorno global, marcado por incertidumbre política, menor crecimiento económico en países emisores y tensiones comerciales. El balance general del segundo trimestre refleja un crecimiento del PIB turístico del 3,6%, algo por encima del 3,2% del primer trimestre, pero aún lejos del 7,6% registrado en el mismo periodo de 2024. Esta desaceleración ha llevado a Exceltur a ajustar sus previsiones y a reducir la estimación de crecimiento del sector para todo 2025 al 3,3%, la mitad del ritmo del año anterior. Los expertos de Exceltur atribuyen esta moderación a un deterioro del contexto internacional, el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo en mercados clave, y la incertidumbre general que afecta a las decisiones de consumo. En el caso de Estados Unidos, además, influye negativamente la debilidad del dólar frente al euro. En el lado positivo, se espera un buen comportamiento de otros mercados europeos y asiáticos, cuyos viajeros están optando por destinos dentro de Europa en lugar de viajar a Estados Unidos. El mercado doméstico también mantendrá su fortaleza gracias a su buena conectividad, diversidad de oferta y una percepción favorable en términos de seguridad. De hecho, el turismo sigue siendo un pilar clave del crecimiento económico en España, contribuyendo con un 18,3% al incremento previsto del PIB, según destacó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli. No obstante, Perelli advirtió sobre algunos factores de riesgo que podrían comprometer el desempeño del sector. Expresó su preocupación por los problemas de infraestructura, como las incidencias continuas en el servicio de alta velocidad ferroviaria, la falta de personal en los controles de pasajeros y las deficiencias en servicios esenciales como la limpieza en los aeropuertos, situaciones que, a su juicio, no deberían tolerarse.

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(El Economista, 11-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas propone una reforma profunda del sistema tarifario eléctrico para modernizar la red y abaratar costes

La Comisión Europea ha presentado una propuesta ambiciosa para transformar el modelo de tarifas eléctricas en toda la Unión Europea. Su objetivo es reducir los costes del sistema energético, promover un uso más eficiente y flexible de la red, y acelerar el proceso de descarbonización. La propuesta, recogida en el documento titulado "Directrices para tarifas de red preparadas para el futuro y para reducir los costes del sistema energético", se enmarca dentro del Clean Industrial Deal y el Plan de Acción para una Energía Asequible, ambos lanzados a comienzos de este año. La iniciativa está dirigida a los reguladores nacionales, quienes tienen la responsabilidad de establecer las metodologías de tarificación. La Comisión plantea una transformación estructural: pasar de esquemas tarifarios generalistas y poco sensibles a las condiciones del sistema, hacia un enfoque más dinámico, eficiente y coherente con los objetivos climáticos. Según la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), actualmente las tarifas de red representan entre el 24% y el 29% de la factura eléctrica doméstica. Sin embargo, esa proporción podría aumentar en los próximos años, ya que se prevén importantes inversiones en redes eléctricas. Bruselas calcula que hasta 2040 será necesario destinar 730.000 millones de euros a la distribución y 477.000 millones al transporte, incluyendo infraestructura marina. "La clave no está solo en ampliar la red, sino en utilizarla de forma más inteligente", subraya la Comisión. El sistema tarifario actual, que apenas diferencia los precios según la hora o el lugar de consumo, no refleja adecuadamente los costes reales ni fomenta comportamientos eficientes. Por ejemplo, no incentiva el uso de electricidad en momentos de alta generación renovable o en zonas con menos saturación. La propuesta aboga por tarifas que incorporen señales horarias y geográficas, de manera que se premie el consumo en los periodos y lugares más beneficiosos para el sistema. Así, tanto consumidores particulares como empresas tendrían motivaciones económicas para ajustar su consumo, ayudando a equilibrar la red y reducir la necesidad de nuevas inversiones. Además, las nuevas tarifas deberían estar diseñadas para integrarse con tecnologías emergentes como el almacenamiento energético, el autoconsumo, la movilidad eléctrica y los sistemas de gestión de la demanda. También se propone una coordinación con los contratos eléctricos de precios variables -ya en funcionamiento en varios países de la UE- y con el despliegue de contadores inteligentes. Aunque el diseño de las tarifas de red sigue siendo competencia de los reguladores independientes de cada país, la Comisión insiste en la necesidad de establecer principios comunes y fomentar una mayor transparencia en los procesos. "Es esencial que los reguladores dispongan de recursos técnicos y humanos suficientes y estén protegidos frente a presiones políticas", remarca el documento. En caso de que no se registren progresos suficientes, Bruselas advierte que tomará medidas para regular este aspecto de manera directa.

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