(El País, 11-07-2025) | Laboral
Uno de los principales retos que enfrenta el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el cobro indebido por parte de algunos beneficiarios, que posteriormente se convierte en deudas que la Seguridad Social reclama. Esta situación preocupa especialmente por el perfil vulnerable de quienes reciben esta ayuda, con escasa capacidad de ahorro. Así lo reflejó el Defensor del Pueblo en su informe anual del año pasado, donde cifró el problema en 500 millones de euros, lo que representa el 4,7% del total pagado a los beneficiarios hasta julio de 2024.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce esta preocupación y ha tomado medidas para mitigarla. Una de ellas ha sido adelantar la revisión de ingresos del año anterior: en lugar de realizarla en octubre, como venía haciéndose, se ha notificado en mayo, reduciendo así en cinco meses el periodo en el que pueden producirse pagos superiores a los debidos.
El IMV funciona como una renta garantizada: no es una cuantía fija como una pensión, sino que su importe varía según la situación del hogar. Por ejemplo, en 2024, el mínimo garantizado es de 659 euros al mes para un adulto solo, 856 euros para un adulto con un menor, y 1.449 euros para dos adultos con tres o más menores. La Seguridad Social cubre la diferencia entre los ingresos reales del hogar y esas cifras mínimas.
El problema surge porque los ingresos del hogar se verifican con un año de retraso. Hasta ahora, Hacienda proporcionaba los datos fiscales del año anterior en octubre, lo que significaba que durante nueve meses se seguían calculando los pagos con información desactualizada. Si los ingresos reales del año anterior habían sido mayores, el resultado era un cobro indebido de hasta nueve mensualidades, generando una deuda significativa.
Este año, el ministerio ha adelantado el proceso: en mayo de 2025 se revisaron las prestaciones de 655.000 hogares. De ellos, el 49% (317.000 hogares) mantuvieron su cuantía; un 30% (200.000 hogares) vieron aumentada su prestación al comprobarse que habían tenido menos ingresos de los estimados, mientras que un 19% (123.000 hogares) tuvieron que devolver cantidades moderadas, compensadas gradualmente en las siguientes mensualidades. Un 2% (15.000 hogares) perdieron el derecho al IMV debido a diferencias significativas en sus ingresos.
Desde el ministerio subrayan que, aunque la cancelación de la prestación es una situación que debe corregirse, también refleja que estas personas han alcanzado un nivel de ingresos que les permite prescindir, total o parcialmente, del IMV.
Este nuevo enfoque contrasta con lo observado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su análisis de 2024. Según su evaluación, el 68% de los hogares que recibieron el IMV fueron objeto de revisión. De ellos, el 12% perdió el derecho a la ayuda, generando una deuda mediana de 2.615 euros. Por otro lado, el 24% vio aumentar su prestación, con una media de 980 euros, mientras que para quienes sufrieron una reducción, esta fue de unos 845 euros.
El adelanto del uso de datos provisionales fue una de las recomendaciones planteadas por el Defensor del Pueblo para paliar el impacto negativo de las devoluciones. Además, propuso que los beneficiarios pudieran presentar anticipadamente su declaración de la renta para reducir el importe a reintegrar, que se establecieran plazos máximos para iniciar los procedimientos de devolución y que se suspendiera el pago del IMV en ciertos casos para evitar devoluciones desproporcionadas.
El Defensor también pidió revisar el marco normativo actual, concretamente el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, para adaptarlo a estas situaciones. "Las personas en situación de vulnerabilidad deben encontrar en las administraciones públicas una verdadera protección, sin que esto impida una gestión justa y eficaz de los recursos públicos", concluye el informe del organismo.