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(El País, 07-11-2025) | Laboral

Propuesta para que los autónomos que a la vez son asalariados nunca coticen por encima de la base máxima

En España es posible trabajar como asalariado y, al mismo tiempo, ser autónomo. Esta situación se conoce como pluriactividad, y en ella el trabajador cotiza tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos. Aunque esta doble cotización se compensa mediante bonificaciones o devoluciones a través de la declaración de la renta, el Partido Popular (PP) propone ir un paso más allá. El presidente del PP ha planteado que los autónomos en pluriactividad no tengan que cotizar por encima de la base máxima en ningún caso. En otras palabras, si ya alcanzan la cotización máxima en su empleo asalariado, no tendrían que pagar adicionalmente las cuotas correspondientes como autónomos. En un comunicado, el partido explicó que su objetivo es permitir que el trabajo por cuenta ajena y el trabajo autónomo sean compatibles sin que el trabajador pague la cuota completa de autónomos, sino una cantidad proporcional a sus ingresos. Además, ambas actividades se tendrían en cuenta para el cálculo de la pensión, según señaló su líder, Alberto Núñez Feijóo. En la actualidad, los autónomos que también trabajan por cuenta ajena reciben una devolución del 50% del exceso sobre la base máxima, aunque esta llega con dos años de retraso. Con la propuesta del PP, solo se aplicaría la cuota de solidaridad correspondiente a los asalariados si se supera ese límite. Esta medida forma parte de un paquete de diez propuestas presentadas por el partido, algunas de las cuales ya se conocían. Entre ellas destacan: la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, la reducción del número de declaraciones tributarias (a dos o una al año en lugar de cuatro), la exoneración de cotizaciones durante un año por la contratación del primer empleado o por bajas por enfermedad grave, así como dos años sin cuotas tras una paternidad o maternidad y la igualdad de derechos de lactancia con los trabajadores asalariados. El PP también pretende profundizar en políticas ya existentes, como facilitar el trabajo después de la jubilación, establecer una tarifa cero para nuevos autónomos y aumentar las deducciones fiscales. Estas iniciativas surgen en un contexto de debate sobre las cuotas de autónomos, después de que el Gobierno propusiera elevarlas para que, de cara a 2032, los trabajadores por cuenta propia coticen según sus ingresos reales. Tras las críticas, el Ministerio de Seguridad Social ajustó su propuesta, congelando las cuotas de quienes menos ganan e incrementando las del resto por encima del IPC. El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, celebró la medida del PP, calificándola de "lógica", y valoró positivamente otras propuestas, como reducir el número de declaraciones y aplicar la directiva europea que exime del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros. Por el contrario, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a la UGT, considera que el plan del PP es "un decálogo de buenas intenciones" con margen de mejora. Según la organización, la propuesta sobre la pluriactividad "carece de sentido", ya que actualmente las cotizaciones de ambas actividades se suman para calcular la pensión, por lo que no supondría un avance real. UPTA concluye criticando que el PP "olvide lo esencial": la necesidad de una reforma fiscal justa y estructural que reparta equitativamente la carga tributaria entre autónomos y grandes empresas.

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(El Economista, 07-11-2025) | Laboral

El Supremo mejora los requisitos para que los jubilados trabajen sin cotizar como autónomos

El Tribunal Supremo (TS) ha mejorado las condiciones para que los jubilados que reciben una pensión puedan compaginarla con una actividad como autónomos sin tener que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ni, por tanto, cotizar. El alto tribunal ha establecido jurisprudencia y determina que un pensionista que trabaje por cuenta propia no estará obligado a inscribirse en el RETA siempre que sus ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 16.576 euros anuales. La novedad radica en que, para calcular si se supera este límite, deberán tenerse en cuenta los ingresos netos y no los brutos. Según la sentencia del 10 de julio de 2025, "los ingresos anuales deben calcularse conforme a los criterios fiscales y en términos netos, es decir, descontando de los ingresos totales los gastos deducibles". Esta doctrina resulta especialmente favorable para los jubilados que realizan alguna actividad económica, ya que podrán restar de sus ingresos todos los gastos asociados a su trabajo -como desplazamientos, combustible, teléfono, internet, suministros (luz, agua, gas) o materiales utilizados- antes de determinar si superan el SMI. Solo el importe neto, una vez descontados esos gastos, servirá como referencia para decidir si deben o no darse de alta en el RETA. Guiomar Redondo, responsable jurídico laboral de Afianza Legal, recuerda que el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social obliga a inscribirse en el RETA a toda persona que realice una actividad por cuenta propia de manera habitual. No obstante, el artículo 213.4 introduce una excepción para los jubilados desde 2015: estos pueden compatibilizar su pensión con un trabajo autónomo siempre que sus ingresos no excedan el SMI. Si lo hacen, deben registrarse en el RETA. "La diferencia que marca esta sentencia es que ahora se tienen en cuenta los ingresos netos, lo que amplía el margen y beneficia aún más a los jubilados que desarrollan alguna actividad económica", señala Redondo. Sin embargo, la abogada aclara que esta nueva doctrina no se aplica en dos casos: ni a quienes se jubilan anticipadamente por trabajos especialmente duros o peligrosos, ni a los autónomos societarios, es decir, aquellos que ejercen su actividad a través de una empresa. Redondo también destaca otra diferencia importante: mientras que en el caso de los autónomos no jubilados la obligación de alta en el RETA depende de si la actividad se realiza de forma "habitual", en los jubilados el Supremo elimina ese criterio. "En este supuesto solo importa si los ingresos netos superan o no el SMI", explica. Esto proporciona una mayor seguridad jurídica a los pensionistas, ya que la ley exige "habitualidad" a los autónomos, pero no define con claridad qué se entiende por ello. Esta ambigüedad ha llevado a muchos asesores fiscales a recomendar el alta en el RETA incluso cuando se emiten pocas facturas, por miedo a que la Administración interprete que la actividad es habitual. Con la nueva doctrina del Supremo, los jubilados disponen de un marco más claro y favorable para compatibilizar su pensión con pequeños trabajos por cuenta propia.

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(El Economista, 07-11-2025) | Laboral

Díaz descarta incluir a los autónomos en el subsidio para mayores de 52 años

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos -ATA, UPTA y UATAE- mantienen negociaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para definir las cuotas que se aplicarán al colectivo en 2026. Tras una primera propuesta del Gobierno que generó rechazo por implicar un aumento significativo, el departamento dirigido por Elma Saiz presentó una segunda versión: en ella se plantea congelar las cuotas de quienes tienen rendimientos por debajo del salario mínimo y subir moderadamente las del resto, con incrementos inferiores al IPC. No obstante, más allá de las cuotas, las asociaciones ponen el acento en dos reivindicaciones clave: la reforma del cese de actividad -el equivalente al paro para los autónomos- y el reconocimiento del subsidio para mayores de 52 años. Esta última demanda fue rechazada este jueves por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, el diputado de ERC, Jordi Salvador, preguntó a la vicepresidenta segunda si tenía previsto extender dicha protección a los trabajadores por cuenta propia. Díaz respondió que incluirlos sería "conceptualmente incorrecto", argumentando que los autónomos no perciben el paro tradicional, sino el cese de actividad, y que cualquier mejora en su cobertura debe venir a través de la reforma de esa prestación específica. Aunque la competencia recae en la ministra Saiz, Díaz coincidió en la necesidad de actualizar y reforzar este sistema, una reforma que la Seguridad Social prometió hace casi dos años. "Los autónomos no tienen derecho a subsidios por desempleo porque su realidad es distinta", insistió la ministra. La posible inclusión de este colectivo en el subsidio para mayores de 52 años ya se había debatido en las negociaciones de la última reforma de esta ayuda, dirigida a quienes agotan la prestación por desempleo o no alcanzan el periodo mínimo de cotización para recibirla. La CEOE, en representación de ATA, propuso entonces su incorporación, pero la idea fue descartada. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, volvió a reclamar recientemente en la red social X (antes Twitter) que Díaz "hable menos de autónomos y haga más por ellos", instando al reconocimiento del subsidio. Sin embargo, esta demanda no es exclusiva de ATA. Tanto UPTA (vinculada a UGT) como UATAE (cercana a CCOO) llevan años defendiendo esta medida. De hecho, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, aseguró haber recibido el compromiso del Ministerio de Trabajo de abordarla. Por su parte, UATAE, liderada por María José Landaburu, ha reiterado que la exclusión de los autónomos del subsidio para mayores de 52 años resulta especialmente injusta, ya que este colectivo enfrenta graves dificultades de reinserción laboral. En su documento de propuestas para mejorar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la organización plantea eliminar el requisito de cotizar por desempleo y sustituirlo por la exigencia de haber cotizado durante un periodo mínimo en cualquier régimen de la Seguridad Social. Esta modificación permitiría ofrecer protección a los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio pero no cumplen los requisitos del cese de actividad. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera que la solución pasa por revisar a fondo esa prestación específica, en lugar de integrar a los autónomos en un sistema -el del desempleo contributivo- que fue diseñado para asalariados.

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(La Vanguardia, 07-11-2025) | Laboral

Trabajo anuncia una campaña de inspección a grandes tecnológicas

Amazon anunció la semana pasada el inicio de un proceso de despido colectivo que podría afectar hasta a 1.200 empleados de sus oficinas corporativas en España. Este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, informó de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado las investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por Amazon y otras grandes tecnológicas en el uso de algoritmos de control laboral. Durante su intervención ante la Comisión de Trabajo del Congreso, Díaz adelantó además el lanzamiento de una campaña específica para supervisar este asunto. "Ya está en marcha una campaña de Inspección destinada a vigilar el uso de algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España", señaló la ministra, mencionando expresamente a "Uber, Cabify y Amazon". Díaz criticó los sistemas de vigilancia y control que aplican estas empresas, asegurando que "parecen muy modernas, pero mantienen condiciones laborales propias del siglo XIX". La vicepresidenta también advirtió que su Ministerio no permitirá prácticas como "el modelo Amazon de 120 horas semanales o el uso de pulseras para controlar cuánto tiempo pasa un empleado en el baño", y recordó a las compañías tecnológicas que en España "los derechos laborales se respetan y se cumplen". El programa de Gobierno del PSOE y Sumar incluye el compromiso de aprobar un "Estatuto del Trabajo del siglo XXI", destinado a garantizar una base común de derechos laborales y a regular la transparencia en el uso de algoritmos dentro de las empresas. El objetivo es que los procesos de toma de decisiones automatizados sean comprensibles tanto para las compañías como para la representación de los trabajadores. Por su parte, Amazon -que acaba de registrar un aumento de beneficios del 38% y un nuevo récord en Bolsa- ha aclarado que los despidos solo afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, sin impacto en los repartidores ni en el personal de los centros logísticos. En total, la empresa emplea a 28.000 personas en España, por lo que el ajuste previsto afectaría a algo más del 4% de la plantilla. La Inspección de Trabajo también mantiene abierta una investigación sobre Uber Eats, centrada en la posible utilización de falsos autónomos pese a la entrada en vigor de la ley rider. El organismo examina si el modelo híbrido de la empresa -que combina subcontratas (flotas) y repartidores por cuenta propia- vulnera la normativa laboral. En octubre, Díaz advirtió que mantener este sistema podría acarrear responsabilidad penal para los directivos. El caso recuerda al de Glovo, que modificó su modelo hacia la contratación laboral tras la apertura de una causa penal contra su consejero delegado en España, Óscar Pierre. Durante su intervención, Díaz también destacó los buenos datos de empleo en España, con niveles de ocupación récord, especialmente entre mujeres y jóvenes, y con la tasa de paro más baja desde 2008 en un tercer trimestre. La ministra reprochó a la oposición sus críticas, defendiendo que "hay más empleo y de mayor calidad", con más puestos cualificados y menos contratos temporales. Asimismo, confirmó que el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a subir una vez el comité de expertos emita su recomendación. Desde 2018, el SMI ha crecido un 61%, y Díaz insistió en que "un país de bajos salarios no tiene futuro", reclamando a las empresas que también asuman su parte y aumenten los sueldos, especialmente en los tramos medios. Por último, en medio del debate sobre las cuotas de autónomos, la ministra subrayó que existen diferentes realidades dentro del trabajo por cuenta propia, lo que requiere "respuestas diferenciadas". Recordó que fue crítica con la primera propuesta de subida de cuotas planteada por la Seguridad Social, la cual finalmente se ajustó a la baja tras las negociaciones.

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(El País, 06-11-2025) | Laboral

Trabajo se abre a que una parte del nuevo permiso por cuidados paliativos lo cubran las arcas públicas, como pide la patronal

El Ministerio de Trabajo inició este miércoles las negociaciones para ampliar el permiso por fallecimiento a diez días y crear dos nuevos: uno para cuidados paliativos y otro de acompañamiento en casos de eutanasia. Durante la reunión, según informaron los sindicatos, se abordó una propuesta que la patronal ya había planteado cuando el Ministerio presentó su primer borrador: que la financiación de estos permisos no recaiga exclusivamente en las empresas, sino que también participe la Seguridad Social. En concreto, el Ministerio se mostró dispuesto a estudiar esta opción para el permiso de cuidados paliativos, aunque esta medida supera sus competencias y afectaría al ámbito de la parte socialista del Gobierno. Por su parte, la CEOE reiteró su oposición a ampliar el permiso por fallecimiento a diez días, según confirmaron UGT y CC OO. El representante de CC OO, Javier Pacheco, explicó que la patronal defiende que los cuidados paliativos deberían contar con una prestación pública, probablemente a cargo de la Seguridad Social, para equipararse con otros tipos de cobertura asistencial. No obstante, tanto Pacheco como la negociadora de UGT, Patricia Ruiz, subrayaron la firme oposición de la patronal al conjunto de la propuesta del Ministerio. "Estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo. Esperamos que cambien su postura de bloqueo", señaló Ruiz. Ni el Ministerio ni las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme realizaron declaraciones tras el encuentro. La reunión de este miércoles dio continuidad al proyecto que Trabajo presentó el 20 de octubre, fecha en la que, aunque el foco estaba en la reforma de la indemnización por despido (negociación de la que CEOE y Cepyme se retiraron), el departamento de Yolanda Díaz aprovechó para compartir un borrador de anteproyecto de ley que incluye la ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de los nuevos permisos de cuidados paliativos y acompañamiento en la eutanasia (de un día). Según el borrador, el permiso de cuidados paliativos permitiría disfrutar de hasta 15 días hábiles para atender a un cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta segundo grado de consanguinidad que requiera dichos cuidados. El trabajador podría dividir los días en dos periodos dentro de los tres meses siguientes al inicio del permiso, y hasta el fallecimiento del familiar. Este derecho solo podría ejercerse una vez por cada persona enferma, aunque sería compatible con otros permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin ingreso. El Ministerio está abierto a que este permiso no sea financiado exclusivamente por las empresas, sino compartido con la Seguridad Social, aunque aún no se ha definido cómo se repartirían los costes. Esta opción, de momento, no se contempla para los permisos por fallecimiento ni por acompañamiento en la eutanasia. Trabajo se ha comprometido a convocar una nueva reunión el 25 de noviembre y a presentar una versión revisada del texto que recoja las aportaciones de los agentes sociales. Los sindicatos han pedido que esa sea la última reunión y que, si no hay consenso, el Gobierno adopte una decisión definitiva para evitar que el proceso se prolongue indefinidamente. En cuanto al permiso por fallecimiento, la propuesta de Trabajo plantea modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los descansos y permisos, para establecer diez días hábiles de duelo en caso de muerte del cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos). Estos días podrían distribuirse a lo largo de cuatro semanas desde el fallecimiento. Según UGT, la patronal considera que diez días es un plazo excesivo. El texto mantiene los dos días actuales para los fallecimientos por afinidad (suegros, cuñados o yernos), ampliables en caso de desplazamiento. Ruiz subrayó la necesidad de ampliar estos permisos, recordando que muchas personas terminan pidiendo bajas médicas porque no logran afrontar el duelo en solo dos o cuatro días. En la misma línea, CC OO pidió equiparar el derecho al duelo con los estándares europeos, y UGT puso ejemplos: "En Portugal el permiso varía entre cinco y veinte días según el parentesco, en Suecia es de diez días y en Croacia de siete. España no puede quedarse atrás", concluyó.

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(El Economista, 06-11-2025) | Laboral

Los sindicatos plantearán a CEOE que los pluses salariales no se puedan recortar en ningún convenio

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que actúa como marco general para la negociación colectiva en España, expira este diciembre, y los sindicatos CCOO y UGT ya están ultimando la propuesta que presentarán a la CEOE. Según fuentes consultadas por elEconomista.es, ambas organizaciones exigirán bloquear la posibilidad de reducir o eliminar los pluses salariales, con el fin de evitar que las empresas utilicen esa vía para no aplicar las subidas acordadas en las nóminas. Esta iniciativa amplía la propuesta que actualmente se debate en una de las mesas abiertas en el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es impedir que las compañías compensen o absorban complementos como los de peligrosidad, nocturnidad o idiomas para esquivar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En la práctica, se busca que el salario base se iguale al SMI y que los pluses se sumen aparte, sin que puedan utilizarse para cumplir con ese mínimo legal. La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ya ha anunciado que recurrirá el real decreto si finalmente se aprueba, alegando que supondría modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Estatuto de los Trabajadores mediante una norma reglamentaria, lo cual considera ilegal. Por ello, se espera que los empresarios rechacen incluir este punto en el nuevo AENC, ya que implicaría extender las subidas salariales a todos los niveles retributivos, incluso los que superan los convenios colectivos. En cambio, los sindicatos consideran esta cuestión prioritaria en la negociación del nuevo SMI y en el futuro AENC. Su intención es eliminar definitivamente la posibilidad de absorber o compensar los pluses en todos los convenios colectivos, pese a que muchos de ellos recogen expresamente esa opción. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reiteró esta postura durante el Congreso de Acción Sindical celebrado la semana pasada, afirmando que "en los convenios colectivos no se puede permitir que se absorban cantidades que los trabajadores tienen reconocidas como derechos personales, como está ocurriendo en muchos casos actualmente". Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores permite la compensación y absorción siempre que el salario total anual del empleado sea más favorable que el fijado por ley o convenio. Además, las sentencias del Tribunal Supremo avalan esta práctica, salvo cuando el propio convenio la prohíbe expresamente. Aunque el AENC no puede modificar la legislación ni la jurisprudencia, sí podría recomendar a los negociadores de convenios evitar incluir cláusulas que permitan la absorción o compensación de complementos salariales en el futuro. Por su parte, tanto la CEOE como la Cepyme (patronal de las pymes) defienden que este tipo de cuestiones deben negociarse con los sindicatos, y no imponerse desde el Gobierno. Este mismo argumento ha servido a los empresarios para oponerse a la reducción legal de la jornada laboral a 37,5 horas, aunque en este caso, la patronal teme que la medida rompa la estructura salarial y el equilibrio de la negociación colectiva. Aún no hay fecha para iniciar las conversaciones sobre el nuevo acuerdo marco. El actual AENC expira a finales de año, pero la incertidumbre sobre la reducción de jornada ha llevado a los empresarios a aplazar las negociaciones hasta que el Congreso vote la medida. Los sindicatos, por su parte, pretendían abrir la mesa en septiembre, aunque la ola de reformas impulsadas por el Ministerio de Trabajo ha generado desconfianza en la CEOE hacia UGT y CCOO, lo que ha retrasado el proceso. Mientras tanto, la patronal quiere que el nuevo acuerdo incluya medidas específicas para reducir el absentismo laboral, en especial las bajas por incapacidad temporal y las ausencias injustificadas. Este asunto ya se recogía en los dos AENC anteriores, en los que patronal y sindicatos se comprometieron a analizar las causas y duración de las bajas médicas y a establecer líneas de actuación para reducirlas. Tres años después, los sindicatos consideran que ese trabajo ya está hecho y rechazan nuevas referencias que impliquen mayor control o sospecha de fraude. En paralelo, ambas partes negocian con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones posibles reformas para mejorar la gestión de las incapacidades temporales. No obstante, ninguna propuesta ha alcanzado consenso: los sindicatos piden integrar las mutuas en el sistema público, mientras que los empresarios reclaman mayor capacidad para emitir altas médicas, con el fin de agilizar los procesos y aliviar la saturación del sistema público de salud.

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(El Periódico, 06-11-2025) | Laboral

El Gobierno ofrece a los funcionarios subir el sueldo al mismo nivel que el IPC hasta 2028

El Ministerio de Función Pública trabaja en un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos que cubriría el periodo 2026-2028, junto con una subida específica y diferenciada para 2025. El objetivo es que las actualizaciones anuales incluyan un componente fijo y otro variable, garantizando en todo momento la compensación frente a la inflación. En la primera reunión entre el Ministerio y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, se sentaron las bases para negociar este nuevo marco retributivo que afectará a más de 3,5 millones de trabajadores públicos. El departamento que dirige Óscar López propuso un acuerdo de tres años (2026-2028), además de una revisión salarial para 2025, año en el que las nóminas del sector público no han sido actualizadas, ya que el anterior pacto cubría el trienio 2022-2024. Aunque en este primer encuentro el Ejecutivo no detalló el mecanismo exacto para aplicar estas cuatro subidas acumuladas, sí confirmó que las revisiones salariales igualarán, como mínimo, el avance de la inflación, combinando una parte fija y otra variable con el fin de que los empleados no pierdan poder adquisitivo. Los sindicatos recordaron tras la reunión que el año 2025 no puede quedar fuera del acuerdo, ya que la única mejora aplicada hasta ahora, un 0,5% adicional aprobado en verano, se debía a las cláusulas del acuerdo 2022-2024, activadas al superarse los límites de inflación previstos. Por tanto, esa subida no corresponde a una actualización salarial propia de 2025, lo que equivale, de hecho, a una congelación salarial. El modelo propuesto por el Gobierno replicaría la fórmula mixta del último acuerdo, vigente entre 2022 y 2024, que combinaba incrementos fijos y variables. Dicho marco garantizaba una subida mínima del 6,5%, que podía llegar al 9,5% según la evolución del IPC y del PIB. En detalle: en 2022 se aplicó un aumento fijo del 2% más un 1,5% variable; en 2023, un 2,5% fijo más un 1% variable; y en 2024, un 2% fijo más un 0,5% adicional, abonado retroactivamente en verano junto con los atrasos correspondientes desde enero de ese año. "No aceptaremos un año de congelación salarial o subida cero", advirtió Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, al término del encuentro. Por su parte, CSIF señaló que el 19 de noviembre Función Pública presentará ya una propuesta económica concreta tanto para el acuerdo 2026-2028 como para el incremento de 2025, que será "claramente diferenciado". La organización sindical exigió que la subida para 2025 se aplique de inmediato y con carácter retroactivo desde enero, y no descartó movilizaciones o huelgas si la oferta no satisface sus demandas. Fuentes del Ministerio explicaron que en esta primera toma de contacto se acordó un calendario de reuniones para elaborar un texto que pueda elevarse a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas "tan pronto como sea posible". La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, destacó que el propósito del acuerdo no es solo mejorar las retribuciones, sino también introducir reformas organizativas que beneficien tanto a los trabajadores como a los servicios públicos que reciben los ciudadanos. "Queremos avanzar con las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, con servicios personalizados, políticas públicas centradas en las personas y una estructura preparada para afrontar los retos de la transformación digital y la transición ecológica", declaró Sánchez. En este sentido, el Ministerio señaló que el pacto incluirá mejoras organizativas y nuevos avances en la consolidación de derechos laborales para los empleados públicos.

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(Expansión, 05-11-2025) | Laboral

El Gobierno sondea la subida de sueldo para los 3,5 millones funcionarios

La presión ejercida por los sindicatos en los últimos días, mediante diversas movilizaciones para reclamar al Gobierno el inicio de las negociaciones sobre el nuevo marco de incrementos salariales para los funcionarios, ha obligado al Ministerio de Función Pública a reaccionar. El departamento encabezado por Óscar López ha citado hoy a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO para abrir el diálogo sobre la próxima evolución de las retribuciones de los 3,5 millones de empleados públicos. Este nuevo marco deberá incluir la subida correspondiente a 2025, ya que el único incremento aplicado hasta ahora -un 0,5% aprobado a comienzos del verano- se derivaba de las condiciones pactadas en el acuerdo marco 2022-2024, tras superarse los límites de inflación establecidos para dicho periodo. En consecuencia, no se ha aplicado todavía la subida específica para 2025, lo que ha provocado el descontento generalizado entre las organizaciones sindicales. A este malestar se sumaron las declaraciones del ministro Óscar López, quien vinculó la nueva revalorización salarial a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que intensificó las protestas. Desde CSIF, el sindicato mayoritario, señalan que "la movilización responde también a la necesidad urgente de proteger el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos". Además, advierten que, si no se alcanza un acuerdo antes de que termine el año, convocarán una huelga en diciembre. "La situación es plenamente conocida por el Gobierno", afirma la organización dirigida por Miguel Borra, que alerta sobre "el deterioro de lo público, que está generando consecuencias preocupantes y un aumento de la tensión social", especialmente visible en sectores como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. En la mesa de negociación, los sindicatos también pondrán de relieve la falta de personal y el envejecimiento de las plantillas. Las tres principales centrales sindicales recuerdan a las Administraciones Públicas que "son necesarios cambios profundos para transformar y modernizar los servicios públicos", empezando por recuperar lo perdido en las últimas dos décadas. Por ello, reclaman garantizar subidas salariales, mejorar el empleo público y las condiciones laborales de más de tres millones y medio de trabajadores del sector. Según cálculos de CSIF, desde los recortes de 2010 los empleados públicos han perdido más del 20% de su poder adquisitivo. Cabe señalar que, con el reconocimiento del 0,5% pendiente desde enero de 2025, el Gobierno tuvo que abonar 18 meses de atrasos, ya que la revalorización tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Considerando que el salario medio del personal público asciende a 3.026 euros mensuales en doce pagas, según el INE, el pago adicional por los atrasos alcanzó los 272 euros por trabajador.

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(El Economista, 05-11-2025) | Laboral

Seguridad Social agota en solo 9 meses las transferencias del Estado para ayudar a pagar pensiones

La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 está obligando a los ministerios a recurrir cada vez con más frecuencia a ampliaciones de crédito para cubrir sus gastos. Esta situación se refleja especialmente en las cuentas de la Seguridad Social, cuyo gasto en pensiones aumenta año tras año debido a la jubilación masiva de la generación del baby boom, la revalorización de las prestaciones, la mayor esperanza de vida y las elevadas cotizaciones de quienes finalizan su vida laboral. Como resultado, el departamento dirigido por Elma Saiz ha agotado ya el 100% de las transferencias estatales tres meses antes de que termine el año, según el Resumen de Ejecución Presupuestaria publicado por el propio Ministerio. El año pasado, esa misma situación no se alcanzó hasta noviembre. Hasta septiembre -últimos datos disponibles-, el Ministerio de Seguridad Social ha recibido 38.926 millones de euros del Estado para cubrir su déficit, lo que equivale al 100,62% del total previsto para 2025 (38.688 millones). Es decir, 238 millones más de lo presupuestado. Según el profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, Enrique Devesa, esta circunstancia es "normal" al tratarse de unas cuentas prorrogadas. En la práctica, esto significa que el Ministerio cuenta con los mismos ingresos previstos para 2023, pero con un gasto en pensiones sensiblemente mayor. Devesa apunta que, si la situación lo requiere, en los próximos meses será necesario ampliar las transferencias para cubrir las necesidades de pago. La evolución de las transferencias estatales muestra un aumento progresivo en los últimos años. En 2021, la Seguridad Social había utilizado el 74% de lo presupuestado (24.754 millones) a esas alturas del año; en 2022, el 72% (25.123 millones); en 2023, el 77% (30.110 millones); y en 2024, el 83% (32.435 millones). Además, en todos los ejercicios la ejecución final superó el presupuesto inicial. En 2021 lo hizo en 16 puntos porcentuales, en 2024 en 11, y en 2022 y 2023, aunque con menor margen, también se gastó más de lo previsto. Hasta septiembre, el gasto total del Ministerio en pensiones asciende a 121.800 millones de euros, un 6% más que en 2024 y un 13% superior al de 2023, el último ejercicio con Presupuestos aprobados. Estas cifras no incluyen otras prestaciones contributivas como la incapacidad temporal, ni tampoco las ayudas no contributivas -pensiones mínimas, el Ingreso Mínimo Vital o complementos por insuficiencia de cotización-, que también gestiona la Seguridad Social. El Pacto de Toledo recomendó separar claramente las fuentes de financiación de la Seguridad Social para reducir su déficit estructural y asegurar la sostenibilidad del sistema. Así, las cotizaciones de los trabajadores deben destinarse exclusivamente al pago de pensiones contributivas, mientras que las prestaciones no contributivas -consideradas gastos impropios- se cubren mediante impuestos. No obstante, incluso limitando las cotizaciones a las prestaciones contributivas, la Seguridad Social sigue registrando un déficit considerable. Según los últimos datos, este asciende a unos 19.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un gasto total de 151.124 millones y unos ingresos de 132.084 millones. Este desequilibrio se produce a pesar del incremento de los ingresos, impulsado por las nuevas cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el récord histórico de afiliación. En el último año, los ingresos por cotizaciones han aumentado un 6,8% -8.391 millones más- y, en comparación con el nivel previo a la pandemia, el crecimiento acumulado alcanza el 42,6%. Según el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas de 2026, publicado por la AIReF el pasado miércoles, el gasto en pensiones aumentará este año un 6,2%. Este crecimiento se debe principalmente a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, al incremento del número de beneficiarios, al efecto sustitución -las nuevas pensiones son más altas que las que se extinguen- y a las medidas derivadas de la última reforma del sistema.

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(El Economista, 05-11-2025) | Laboral

España cerró los primeros nueve meses de 2025 con un récord de 2,36 millones de renuncias acumuladas

Esto representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior, del cual el 76% -es decir, unos 1,8 millones de casos- corresponde a trabajadores con contrato indefinido. Un dato llamativo en un país con 2,44 millones de personas desempleadas, que plantea una pregunta inevitable: ¿refleja este aumento una mayor vitalidad del mercado laboral y competencia por el talento o, por el contrario, es una muestra de precariedad en el empleo? Según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, las bajas en el Régimen General motivadas por dimisión durante los nueve primeros meses del año superan en un 69% las registradas en el mismo periodo de 2021 -antes de la reforma laboral- y en un 49% las de 2019, eliminando así el efecto de la pandemia. Si nos centramos en los contratos indefinidos, los aumentos son mucho más notables: del 254,9% respecto a 2021 y del 219,8% frente a 2019. Estos datos evidencian el profundo impacto de la reforma laboral de diciembre de 2021, que disparó el peso de los contratos indefinidos en el empleo hasta niveles históricos. Solo en septiembre se registraron 306.515 renuncias, la cifra más alta de la serie histórica para ese mes y la segunda en general, tras junio de este mismo año. En el caso de los indefinidos, también se alcanzó un máximo mensual para septiembre, con 234.302 casos. Además, por primera vez en cuatro años, las dimisiones de trabajadores temporales han aumentado de forma interanual: entre enero y septiembre se contabilizaron 519.381, un 7,3% más que el año anterior, aunque un 47,8% menos que en 2019, reflejo del descenso en el número de asalariados con contratos eventuales. Desde 2021, el repunte de las dimisiones ha cobrado especial relevancia en el análisis del mercado laboral, en parte por la coincidencia temporal con el fenómeno conocido como la Gran Dimisión en Estados Unidos y otras economías avanzadas, donde millones de trabajadores dejaron voluntariamente sus empleos tras la pandemia, provocando escasez de mano de obra y presionando al alza los salarios. España experimentó un fenómeno similar en cuanto al aumento de dimisiones, pero el contexto era muy distinto. En países como Estados Unidos, el paro se situaba por debajo del 4% y las renuncias eran ya la principal causa de finalización de contratos, mientras que aquí la tasa de desempleo ronda el 10,4% y la causa más frecuente sigue siendo el fin de los contratos temporales, que sumaron 7,7 millones entre enero y septiembre (983.083 solo en ese último mes). Además, el crecimiento salarial en España depende más de los convenios colectivos y del aumento del SMI que de la negociación individual, lo que limita la comparabilidad con otras economías. La reforma laboral, sin duda, ha tenido un impacto decisivo: desde 2021, el número de trabajadores indefinidos ha crecido un 40%, alcanzando los 13,5 millones y elevando su peso del 63,6% al 78,7% del total de asalariados. Este cambio estructural explica, al menos en parte, el aumento de las renuncias voluntarias, ya que más trabajadores cuentan con estabilidad suficiente para dejar un empleo y buscar otro fijo. Sin embargo, esta explicación se queda corta para justificar que las dimisiones no solo no hayan descendido, sino que continúan aumentando en 2024 y 2025. La prevalencia de las bajas voluntarias -el peso de las dimisiones sobre el total del empleo- ha crecido más entre los trabajadores indefinidos, pasando del 0,8% al 1,7%, que en el conjunto de los asalariados, donde ha pasado del 1,4% al 1,8%. Este indicador, que refleja la "capacidad de dimitir" de un trabajador, adquiere más significado si se tiene en cuenta un matiz que suele olvidarse: los empleados temporales renuncian con más frecuencia que los indefinidos. De hecho, su ratio de dimisiones es del 3,2%, apenas dos décimas superior al nivel previo a la reforma laboral.

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