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(Expansión, 07-05-2026) | Laboral

Sánchez dispara un 333% la oferta de empleo público en ocho años, con casi 300.000 plazas

El Gobierno socialista aprobó a finales de julio de 2018 su primera oferta pública de empleo. Desde entonces, y tras nueve convocatorias, el número total de plazas ofertadas alcanza ya las 299.194. Paralelamente, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026, el empleo público en España ha aumentado en 544.700 trabajadores. Pedro Sánchez cumplirá el próximo 2 de junio ocho años como presidente del Gobierno. Durante este periodo, sus ejecutivos han impulsado nueve ofertas de empleo público que suman cerca de 300.000 plazas destinadas tanto a la Administración General del Estado como a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se trata de una cifra sin precedentes que coincide con niveles históricos de ocupación en el sector público, que superó en el primer trimestre de 2026 los 3,6 millones de empleados entre administraciones y empresas públicas. La creación de puestos de trabajo en el ámbito público ha sido uno de los pilares que han sostenido la fortaleza del mercado laboral en los últimos años. De hecho, el ritmo de convocatorias impulsado por el Gobierno de Sánchez ha sido muy superior al registrado durante la etapa de Mariano Rajoy. Entre 2012 y 2017, los distintos gobiernos del PP aprobaron seis ofertas de empleo público con un total de 63.970 plazas. En cambio, el Ejecutivo socialista, con nueve convocatorias, ha incrementado esa cifra en un 333%, hasta rozar las 300.000 plazas acumuladas. La primera oferta del Gobierno de Sánchez se lanzó apenas dos meses después de llegar a La Moncloa, en julio de 2018, con 23.062 plazas, unas 2.100 más que la convocatoria de 2017, la última aprobada por el Ejecutivo de Rajoy. Desde entonces, las cifras han ido creciendo de forma continuada hasta alcanzar el récord de 40.146 plazas en 2024. En promedio, los gobiernos socialistas han aprobado alrededor de 33.243 plazas anuales. No obstante, durante todos estos años ha seguido vigente la denominada tasa de reposición, un mecanismo que limita el número de nuevos funcionarios que pueden incorporarse en función de las vacantes generadas el año anterior por jubilaciones, fallecimientos u otras bajas. Este porcentaje suele situarse entre el 110% y el 120% y se fija en los Presupuestos Generales del Estado. La tasa de reposición tuvo un impacto especialmente relevante tras la crisis económica de 2008 y hasta 2016, cuando se estableció en el 100% para los servicios esenciales. Antes de eso, el porcentaje era incluso inferior al número de vacantes producidas, con el objetivo de contener el gasto público en un contexto de crisis financiera y fuerte destrucción de empleo. Los sindicatos de empleados públicos, entre ellos CSIF, llevan años denunciando que esta limitación también ha contribuido a elevar la temporalidad en el sector público. Actualmente, la tasa ronda el 30%, muy por encima del 12% aproximado del sector privado tras la última reforma laboral. Según estas organizaciones, la falta de nuevas plazas obliga a recurrir de forma continuada a personal interino y a encadenar contratos temporales para mantener cubiertos determinados servicios. Pese a ello, la oferta pública de empleo para 2026 introduce algunas excepciones a estas limitaciones, especialmente en perfiles vinculados a las nuevas tecnologías. De las 37.017 plazas previstas para la Administración General del Estado y los cuerpos de seguridad, unas 1.700 estarán destinadas a áreas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, lo que supone un incremento del 42% respecto a la convocatoria anterior. Todo este impulso en las ofertas públicas de empleo coincide con un máximo histórico de trabajadores en el sector público español. Según la Encuesta de Población Activa del INE, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026 se han incorporado 544.700 empleados en la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. En total, el empleo público alcanza ya los 3,66 millones de personas, lo que representa cerca del 16% de todos los ocupados del país.

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(Expansión, 07-05-2026) | Laboral

La IA ya no sólo ayuda: aprende a pensar como lo hacen los profesionales

Si enseñamos a la inteligencia artificial la forma en que desempeñamos nuestro trabajo y permitimos que asimile las tareas esenciales que realizamos, quizá estemos formando a quien algún día pueda reemplazarnos laboralmente. Cuando pensamos en el futuro del empleo y en el impacto que tendrá la inteligencia artificial, resulta evidente que la IA ya no se limita a asistir: está aprendiendo a razonar y actuar como los propios profesionales. La cuestión de fondo es si realmente nos estamos preparando para el futuro o si, sin darnos cuenta, estamos enseñando a las máquinas a competir con nosotros. En este contexto cobra relevancia Mercor, una start-up que remunera a expertos para que enseñen a la IA a ejecutar tareas complejas. La empresa transforma el conocimiento especializado en sistemas escalables, representando el paso hacia una inteligencia artificial que no sólo acompaña el trabajo profesional, sino que también es capaz de reproducirlo. Lo que hace Mercor demuestra que entrenar sistemas capaces de replicar tareas profesionales avanzadas no consiste simplemente en proporcionar respuestas prediseñadas. Implica desmenuzar una profesión en múltiples microdecisiones: qué información analizar primero, qué datos tienen más peso, qué errores son tolerables, qué señales indican riesgos o qué recomendaciones serían las más adecuadas. La OIT advierte que el impacto de la IA generativa debe analizarse a nivel de tareas concretas y no únicamente de profesiones completas, ya que cada empleo combina actividades con distintos niveles de automatización. Los profesionales que colaboran en este tipo de entrenamiento pueden estar adaptándose al nuevo escenario laboral, aunque también podrían estar contribuyendo a debilitar partes de su propio mercado. Un abogado que revisa respuestas generadas por IA comprende mejor cómo funcionarán las herramientas jurídicas del futuro, pero al mismo tiempo ayuda a desarrollar sistemas que reducirán horas de revisión documental. Del mismo modo, un consultor que enseña a un modelo a elaborar diagnósticos estratégicos obtiene ingresos y reconocimiento, aunque también puede disminuir la demanda de analistas junior en proyectos similares. Anthropic, en un estudio reciente sobre el efecto de la inteligencia artificial en el empleo, analiza la exposición laboral a partir de tareas reales realizadas con IA y no sólo de hipótesis teóricas. Según la compañía, la exposición crece cuando las tareas son técnicamente viables, habituales en el trabajo y susceptibles de automatización dentro de un puesto. Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿estamos entrenando a nuestro propio sustituto? McKinsey sostiene que probablemente no se trate de un reemplazo total, sino parcial. La IA no necesita sustituir por completo a un profesional para alterar la economía de una profesión; basta con asumir las tareas más repetitivas, documentales, textuales o analíticas. Según la consultora, la IA generativa podría aportar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía global mediante la automatización y aceleración del trabajo basado en conocimiento, lo que implicaría una redistribución de tareas, márgenes y empleo. Sin embargo, quizá la cuestión más importante sea otra: ¿estoy utilizando la IA para construir un activo propio o estoy ayudando a otros a construirlo con mi conocimiento? Harvard Business Review, en una guía sobre crecimiento de ingresos para consultoras y despachos de abogados, señala que la diferencia está en convertir el conocimiento en un activo reutilizable -software, metodologías, bases de datos, marca o comunidad- en lugar de limitarse a vender tiempo. Las firmas profesionales buscan transformar sus servicios en productos porque el modelo basado únicamente en horas trabajadas limita el crecimiento: sólo se generan ingresos mientras el profesional está activo. En cambio, un producto puede comercializarse de forma repetida, generar ingresos recurrentes y ofrecer mayores márgenes sin depender constantemente de la intervención humana. La inteligencia artificial facilita precisamente esa transformación, permitiendo convertir la experiencia profesional en herramientas autónomas. Así, un reclutador, un director financiero o un abogado pueden crear sistemas que continúan funcionando incluso sin su presencia. El cambio esencial no es tecnológico, sino económico: pasar de cobrar por cada encargo a obtener ingresos recurrentes a través de productos escalables. La IA convierte al profesional en una fuente de conocimiento susceptible de ser capturada. Las empresas pueden registrar cómo trabaja un experto, traducir ese criterio en sistemas internos y reducir su dependencia de personas concretas. Aunque esto incrementa la productividad, también puede disminuir el poder de negociación del especialista, y esa pérdida de influencia supone un riesgo laboral. El Índice de IA 2025 de la Universidad de Stanford resume esta transformación con claridad: antes, las empresas necesitaban recurrir al experto cada vez que requerían su criterio; ahora pueden capturar ese conocimiento, empaquetarlo y redistribuirlo mediante software. El profesional recibe una compensación una sola vez, mientras que el sistema puede utilizarse miles de veces. En consecuencia, el verdadero ganador no será únicamente quien posea más conocimientos, sino quien logre convertirlos en un activo escalable.

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(El País, 07-05-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo piden que la responsabilidad social pese más en la contratación pública y ayudas para que las pymes cumplan

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsó en abril del pasado año la creación de un grupo de especialistas con el objetivo de revisar y modernizar la normativa relacionada con la responsabilidad social empresarial. El encargo culminó este miércoles con la presentación de un informe que reúne un centenar de propuestas orientadas a reforzar el compromiso social, laboral y medioambiental de las compañías. Entre las principales recomendaciones destacan otorgar mayor relevancia a los criterios de responsabilidad social en la adjudicación de contratos públicos, facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan adaptarse a estas exigencias, incentivar económicamente a los directivos comprometidos con estas políticas, reforzar la protección de los trabajadores que denuncien irregularidades y establecer mecanismos de compensación para las comunidades afectadas por proyectos de multinacionales en otros países. El Ministerio de Trabajo anunció que este documento servirá como punto de partida para abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales con vistas a una futura reforma legislativa. Sin embargo, la iniciativa afronta importantes obstáculos políticos debido a la mayoría parlamentaria de la derecha y al rechazo mostrado por las organizaciones empresariales hacia las propuestas defendidas por Díaz. Durante la presentación del informe, la vicepresidenta aseguró que el documento llega en un momento especialmente relevante por el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas y una creciente crisis del multilateralismo. Según afirmó, las empresas deben asumir una mayor corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Asimismo, criticó a la Comisión Europea por impulsar medidas de simplificación administrativa que, en su opinión, podrían traducirse en una reducción de las obligaciones sociales y ambientales exigidas a las empresas. La primera de las cien medidas planteadas propone que las compañías adopten formalmente un compromiso de respeto a los derechos humanos. Este compromiso debería reflejarse, especialmente, en los contratos comerciales de aquellas empresas que operan en terceros países. Además, los expertos defienden garantizar la protección de las personas que denuncien prácticas empresariales contrarias a los derechos humanos, evitando cualquier tipo de represalia laboral. Esta medida se alinea con recientes iniciativas legislativas destinadas a proteger a los denunciantes de corrupción política y empresarial. El informe también pone el foco en la igualdad de trato y en las condiciones laborales de colectivos especialmente vulnerables, sobre todo en países donde las garantías sociales son menores. Por ello, insta a las empresas transnacionales vinculadas a España a aplicar criterios de responsabilidad social en toda su cadena de valor, asegurando condiciones de trabajo dignas para las personas pertenecientes a pueblos originarios. En esa misma línea, propone que las comunidades afectadas por proyectos empresariales sean consultadas previamente y que existan mecanismos de reparación y compensación por posibles daños materiales o morales. Con el objetivo de reforzar estas políticas, los autores sugieren vincular parte de la retribución variable de los directivos al cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. También plantean realizar una transposición ambiciosa de la directiva europea sobre diligencia debida empresarial, crear comités de participación de las partes interesadas, implantar sistemas internos de alerta y ampliar la participación sindical en estas cuestiones. En relación con los sindicatos, el documento considera necesario dotarlos de más recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Entre otras medidas, propone facilitar tiempo remunerado para tareas sindicales, acceso a asesoramiento especializado financiado y espacios adecuados para reuniones. Además, plantea hacer obligatoria la negociación de protocolos contra el acoso laboral en los convenios colectivos y coordinar la prevención de riesgos laborales con las políticas de sostenibilidad ambiental. El informe reconoce que el cumplimiento de estas obligaciones puede resultar especialmente complejo para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, propone la creación de ayudas públicas específicas, entre ellas un "Kit de Sostenibilidad" inspirado en el actual Kit Digital, destinado a financiar formación y medidas relacionadas con la responsabilidad social y los planes de transición empresarial. También recomienda habilitar líneas de financiación blandas, avales y garantías para aquellas pymes que acrediten buenas prácticas conforme a estándares reconocidos. Otra de las cuestiones centrales del documento es reforzar los criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Los expertos plantean que las administraciones definan objetivos concretos relacionados con el trabajo digno, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático o el comercio ético. Asimismo, proponen endurecer la exclusión de concursos públicos para empresas sancionadas de manera firme por infracciones graves que cuestionen su integridad profesional. Para supervisar el cumplimiento de estas políticas, el informe recomienda crear una autoridad independiente. El trabajo ha sido coordinado por Jesús Cruz Villalón y en su elaboración han participado expertos de distintas universidades y centros de investigación nacionales e internacionales especializados en economía, sociología, derecho laboral y responsabilidad social corporativa.

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(El Economista, 07-05-2026) | Laboral

El 22% de los nuevos contratos de trabajo duran menos de una semana

La reforma laboral aprobada en 2022 mediante acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal tenía como objetivo principal reducir al máximo la temporalidad y fomentar la contratación indefinida. Más de tres años después de su entrada en vigor, el balance se considera positivo, ya que cerca de la mitad de los nuevos contratos son actualmente fijos. No obstante, este cambio también ha venido acompañado de un aumento del peso de los contratos de muy corta duración, especialmente aquellos inferiores a siete días, que ya representan el 22% del total. La normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo eliminó el antiguo contrato por obra y servicio y limitó los contratos temporales a situaciones concretas, como sustituciones de empleados o necesidades puntuales de producción. Además, estableció una penalización económica para las empresas que realicen contrataciones de menos de 30 días, una cuantía que se actualiza con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y que actualmente alcanza los 32,6 euros. La comparación con los datos de 2019 refleja que, aunque la reforma ha reducido el número global de contratos temporales, los acuerdos de menos de una semana continúan siendo los más frecuentes dentro de esta modalidad. En marzo se registraron 285.158 contratos de menos de siete días, frente a los 461.292 firmados en el mismo mes de 2019. Aun así, este tipo de contratos representa el 45% de todos los temporales, superando a los acuerdos con duraciones superiores a un mes o incluso de varios meses. Las cifras difundidas por el SEPE junto a los datos de paro muestran que el peso de estos contratos ultracortos se mantiene estable respecto a 2025. Esto ocurre a pesar de que el volumen total de contrataciones ha aumentado un 10%, mientras que los contratos indefinidos han crecido un 13%. De esta manera, parece haberse frenado el incremento de los contratos más breves sobre el total que se observó tras la aplicación de la reforma laboral. Precisamente este fenómeno fue uno de los aspectos destacados por UGT durante la presentación de un informe sobre la evolución del mercado laboral en 2025. El sindicato, liderado por Pepe Álvarez, advirtió que, tras varios años de moderación, desde 2023 los contratos de corta duración han vuelto a mostrar una tendencia al alza, lo que consideran un elemento que debe vigilarse con atención. Alberto del Pozo, coordinador del área económica del servicio de estudios de UGT, explicó que los contratos más breves comenzaron a ganar protagonismo tras la crisis de 2008, una dinámica que se intensificó con la reforma laboral de 2012 y que alcanzó su punto máximo en 2019. Posteriormente, la reforma de 2022 logró reducir su peso relativo y, desde 2024, este tipo de contrataciones se ha estabilizado alrededor del 21% o 22% del total. Desde el sindicato consideran que esta evolución puede interpretarse también de manera positiva. Según su análisis, muchos de los antiguos contratos temporales de mayor duración -que en numerosos casos no estaban suficientemente justificados- habrían pasado a transformarse en contratos indefinidos. Como consecuencia, al disminuir el número total de contratos temporales, los contratos más cortos han ganado peso relativo dentro de esta categoría, ya que suelen utilizarse principalmente para responder a necesidades imprevistas de producción o aumentos puntuales de demanda.

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(El Economista, 07-05-2026) | Laboral

Trabajo empieza a revertir el "atasco" del SEPE que provocó la reforma del subsidio de paro

El tiempo medio necesario para reconocer las prestaciones por desempleo se situó en marzo en 2,25 días, lo que supone una reducción del 13% respecto al mismo mes del año anterior. Aun así, este plazo continúa siendo muy superior al registrado en ejercicios anteriores: un 94% más elevado que los 1,24 días anotados en marzo de 2024 y un 110% por encima del mínimo histórico alcanzado en marzo de 2020, cuando el trámite apenas requería 1,06 días. El principal motivo de este incremento se encuentra en la reforma de los subsidios por desempleo que entró en vigor a finales de 2024. Según los sindicatos, los cambios introducidos provocaron un auténtico colapso en las oficinas de empleo. La nueva normativa incorporó procedimientos más complejos, entre ellos la transformación del subsidio en un complemento de apoyo al empleo compatible con la actividad laboral, además de problemas derivados del sistema informático de gestión, cuya normalización parece comenzar ahora. Aunque la situación empieza a mejorar, todavía queda lejos de los niveles previos a la reforma. Entre diciembre de 2024, cuando el plazo medio era de 1,61 días, y enero de 2026, mes en el que alcanzó los 3,68 días, se acumularon catorce meses consecutivos de aumentos interanuales. Esta tendencia sólo comenzó a revertirse a partir de febrero de este año. La evolución registrada en 2025 rompió así la mejora observada durante los tres ejercicios anteriores posteriores a la pandemia, una etapa en la que la gestión de los ERTE y varios ciberataques pusieron en serias dificultades el funcionamiento del SEPE. Los plazos de reconocimiento presentan habitualmente una elevada volatilidad mensual debido a la estacionalidad del mercado laboral. Sin embargo, al comparar los datos de marzo a lo largo de toda la serie histórica, la tendencia resulta más evidente: para encontrar registros peores que los de 2025 habría que remontarse a 2021 y 2022. Además, este deterioro resulta difícil de justificar únicamente por factores económicos, ya que incluso durante la Gran Recesión el aumento del desempleo vino acompañado de una reducción significativa en los tiempos de tramitación. La reorganización del antiguo Inem a comienzos de siglo -tras completarse el traspaso de competencias de políticas activas a las comunidades autónomas- junto con la progresiva digitalización de los servicios permitió acelerar notablemente la gestión de prestaciones. Entre marzo de 2004 y marzo de 2010, el plazo medio pasó de 15 días a tan solo 3. Posteriormente, entre 2014 y 2020, coincidiendo con la recuperación económica tras la crisis financiera, ningún mes de marzo superó los dos días de demora. El mínimo histórico se alcanzó precisamente en marzo de 2020, con apenas un día de plazo medio, justo antes de que el Gobierno aprobara los ERTE para amortiguar el impacto laboral de los confinamientos derivados de la pandemia. Un año más tarde, ese periodo se había disparado hasta los 5,7 días, lo que suponía un incremento del 420%. Aunque en los ejercicios posteriores volvió a reducirse de forma importante, la situación volvió a empeorar en 2025. De hecho, el aumento interanual registrado entonces fue el segundo mayor de toda la serie histórica, con una subida del 108%. Por ello, el descenso del 13% registrado en marzo deberá intensificarse considerablemente en los próximos meses si se quiere recuperar la normalidad previa.

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(Cinco Días, 06-05-2026) | Laboral

El seguro pacta un nuevo convenio colectivo para sus 75.000 trabajadores hasta 2028

El sector asegurador ha alcanzado un acuerdo para renovar su marco laboral durante los próximos años. Las organizaciones empresariales -Unespa (aseguradoras y reaseguradoras), AMAT (mutuas de accidentes de trabajo), Asecore (corredurías de reaseguro) y CEM (mutualidades de previsión social, como las de abogados o procuradores)- han firmado junto a los sindicatos CC OO y UGT un nuevo convenio colectivo que afectará a unos 75.000 trabajadores. Este incluye una subida salarial del 3,5% para 2025, con efectos retroactivos. El acuerdo establece las bases de las relaciones laborales en el sector para un periodo de cuatro años. Para los ejercicios comprendidos entre 2026 y 2028, las revisiones salariales se regirán por el sistema habitual, vinculado a la evolución del PIB y ajustado por el IPC. Ya en febrero, CC OO adelantó un preacuerdo que estimaba un incremento total cercano al 14% en ese periodo. Como novedad, se han afinado los criterios de cálculo de estas subidas, incorporando más tramos en los indicadores para lograr que el resultado sea más flexible y refleje mejor las variaciones económicas durante la vigencia del convenio. En materia salarial, se fija una retribución mínima global para los próximos años de entre 18.000 y 20.000 euros. Además, desaparece el nivel profesional más bajo -el nivel 9- al haber quedado desfasado por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. El complemento de comida también se incrementará de forma progresiva, pasando de 11,30 euros diarios en 2025 a 13 euros en 2027 y 2028. En cuanto a la previsión social, las empresas deberán aumentar su aportación al seguro de aportación definida, similar a un plan de pensiones, que crecerá desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027. El convenio introduce además nuevas medidas de conciliación. Se crea un permiso específico para trabajadores con hijos con una discapacidad superior al 33%, que les permitirá asistir a tres reuniones escolares o tutorías durante el curso. Asimismo, dentro del permiso anual de 24 horas para asuntos propios, se habilita la posibilidad de utilizar 16 horas como tiempo retribuido y no recuperable para acudir a consultas médicas propias. También se contempla que las personas en tratamiento oncológico que puedan seguir trabajando tengan la opción de hacerlo en modalidad de teletrabajo, facilitando así la compatibilidad con sus cuidados médicos. Por último, el texto incorpora otras novedades relevantes, como la adaptación a la normativa europea sobre inteligencia artificial y la inclusión de medidas orientadas a garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, junto con un protocolo específico de actuación.

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(El País, 06-05-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba 27.232 nuevas plazas de empleo público para la Administración central, una oferta similar a la de 2025

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el Consejo de Ministros, a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. Si se añaden las 9.785 plazas ya previstas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total supera ligeramente las 37.000, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión del Ejecutivo. En conjunto, la cifra es algo superior a la de 2025 (36.588 plazas), aunque se queda unos 3.000 puestos por debajo del máximo alcanzado en 2024, cuando se superaron las 40.000. Los sindicatos del ámbito público -CCOO, UGT y CSIF- ya han mostrado su rechazo a esta oferta y prevén no apoyarla por segundo año consecutivo. Por un lado, critican no haber conocido los detalles hasta el mismo día de su aprobación, lo que consideran una falta de transparencia y de diálogo. Por otro, consideran insuficiente el volumen de plazas, ya que el Gobierno ya había anticipado que sería similar al del año anterior, algo que, a su juicio, no permite generar el empleo neto necesario en la Administración. Según indicó López, una de las principales novedades de la OEP de 2026 es su enfoque en la digitalización de los servicios públicos. En este sentido, se incluyen 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la convocatoria anterior. Además, por primera vez se organizarán procesos selectivos por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de incorporar perfiles en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. El ministro destacó que el uso de servicios digitales públicos en España supera la media europea (83% frente a 75%) y que el país se sitúa siete puntos por encima en digitalización de la Administración, según datos de la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo pretende incrementar en un 25% los trámites digitales. "Queremos trasladar al sector privado que la digitalización servirá para transformar el empleo, no para destruirlo", afirmó. Como ejemplo, López subrayó que esta oferta permitirá crear unos 6.200 empleos netos en la Administración central, es decir, más incorporaciones que salidas. No obstante, esta cifra apenas mejora en unos 800 puestos la del año anterior (5.400), lo que también ha contribuido al rechazo sindical, que reclama un mayor refuerzo de las plantillas. Otra de las novedades es la inclusión de 346 plazas dentro de una oferta extraordinaria destinada a afrontar retos relacionados con la emergencia climática, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes o especialistas forestales. Desde Función Pública se ha señalado que la planificación de esta oferta responde a tres grandes prioridades: avanzar en la digitalización, mejorar los servicios esenciales y reforzar áreas estratégicas. Según el ministerio, se busca dar respuesta inmediata a necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental. Sin embargo, los sindicatos han criticado que no se haya contemplado una oferta extraordinaria para reforzar los servicios encargados de la regularización de inmigrantes, un ámbito en el que, según denuncian, ya se están produciendo retrasos y problemas por falta de personal suficiente.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Junts propone que los autónomos accedan al "paro" automáticamente al cerrar su negocio

Junts ha optado por liderar en el Congreso las reivindicaciones de los trabajadores autónomos. Así lo ha evidenciado en las últimas semanas su portavoz, Míriam Nogueras, al supeditar el respaldo de su grupo a las iniciativas del Gobierno a que se atiendan las demandas de este colectivo. Además, la formación ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja para reformar el RETA y corregir algunos de los problemas más señalados, especialmente los relacionados con el cese de actividad. Existe un consenso general entre el Gobierno, los agentes sociales y los partidos políticos sobre la necesidad de reformar el llamado "paro de los autónomos", ya que más del 60% de las solicitudes son denegadas. Aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció su intención de abordar esta cuestión al asumir el cargo, todavía no se ha materializado ninguna reforma, lo que ha llevado a Junts a impulsar cambios desde el Parlamento. Entre sus propuestas, destaca la concesión automática de la prestación por cese de actividad a aquellos autónomos que cierren definitivamente su negocio y se den de baja en el censo de empresarios. También plantea flexibilizar los requisitos para acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que impidan continuar con la actividad. Por ejemplo, propone reducir del 60% al 50% el recorte de jornada exigido a los trabajadores o bajar del 75% al 65% la caída de ingresos necesaria para justificar la solicitud. En el ámbito de la protección social, Junts defiende que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda actualmente reservada a trabajadores asalariados que han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente. Esta reivindicación cuenta con el respaldo de organizaciones como ATA, UPTA y UATAE. De hecho, ya fue planteada por la CEOE durante la negociación de la reforma del subsidio por desempleo en 2023, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó nuevamente esta posibilidad en noviembre de 2025. Desde el Gobierno se insiste en que los autónomos no tienen acceso a este tipo de subsidios porque su situación laboral es distinta a la de los asalariados. Mientras tanto, las asociaciones del sector siguen vinculando esta demanda a la mejora del sistema de cese de actividad en sus conversaciones con la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo recuerda que esta prestación depende del Ministerio de Trabajo. La iniciativa de Junts también aborda las dificultades en la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, cuyo desarrollo se ha paralizado en 2026 por desacuerdos en la mesa de negociación. Como alternativa, el partido propone que sean los Presupuestos Generales del Estado los que establezcan cada año las bases de cotización, tanto en su modalidad general como reducida, dentro del RETA. Asimismo, plantea aumentar del 7% al 9% la deducción aplicable a los rendimientos por gastos generales. En el caso de autónomos con funciones de dirección o que posean más de la mitad del negocio junto a familiares, propone elevar esta deducción del 3% al 5%.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz pide la creación de un fondo que financie bajas de autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este martes la necesidad de abordar la "reforma pendiente" del trabajo autónomo, que incluiría ajustes fiscales como la aplicación del régimen de IVA franquiciado. Este sistema permitiría eximir de este impuesto a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros al año. Durante la clausura del VII Foro ATA de Emprendedores y Autónomos, Díaz también planteó sustituir el actual modelo trimestral por una declaración anual del IRPF para los autónomos, con el objetivo de reducir tanto las cargas administrativas como el malestar que genera el sistema vigente. Según explicó, no se trata de un cambio profundo en la fiscalidad, pero sí supondría una mejora en las condiciones de trabajo del colectivo. En el ámbito de su ministerio, anunció que en la próxima conferencia sectorial de empleo propondrá a las comunidades autónomas medidas para fomentar el relevo generacional en negocios de autónomos que se jubilen. Para ello, se destinarán 15 millones de euros en el primer año, en un contexto en el que cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia se aproximan a la jubilación. Además, el Ministerio estudia incrementar en un 30% los fondos destinados a políticas activas de empleo para aquellas comunidades que impulsen este relevo, porcentaje que podría elevarse al 40% si la persona que toma el relevo es mujer. A esto se añadiría un 10% adicional en el caso de actuaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, con el fin de mantener la actividad económica en zonas despobladas. Díaz también apuntó la posibilidad de crear un fondo mixto, público-privado, similar a los existentes en países nórdicos, para financiar situaciones como bajas laborales, permisos, conciliación o cuidados en el caso de los autónomos. Asimismo, mencionó la futura puesta en marcha de una agencia pública de inversión específica para este colectivo, con líneas de financiación adaptadas, así como medidas para garantizar costes energéticos más competitivos, ayudas para renovar equipos o vehículos, acciones contra la morosidad y una reforma de la ley de segunda oportunidad que contemple un procedimiento propio para autónomos, similar al concurso de acreedores.

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(La Vanguardia, 06-05-2026) | Laboral

El empleo supera por primera vez los 22,1 millones de afiliados

La campaña de Semana Santa ha vuelto a impulsar el empleo esta primavera, pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo. Al celebrarse este año entre el 29 de marzo y el 5 de abril, el grueso de la actividad se concentró en abril, lo que favoreció un aumento de 223.685 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de 62.668 personas en paro registradas en el SEPE, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio. Gracias a este empuje, el número total de cotizantes ha superado por primera vez los 22 millones, situándose en 22,1 millones, mientras que el desempleo ha bajado hasta 2.357.044 personas, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. Este buen comportamiento llega tras un mes de marzo que ya marcó un récord en creación de empleo, con 211.510 nuevos afiliados respecto a febrero, impulsado en parte por las contrataciones previas a Semana Santa. Todo ello ocurrió en un contexto en el que ya comenzaban a notarse los efectos de la guerra en Irán, tanto en los precios como en la incertidumbre económica. Sin embargo, estos datos positivos contrastan con los resultados del primer trimestre recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), que mostraron un inicio de año débil para el empleo: la tasa de paro subió hasta el 10,83% y se destruyeron el doble de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año anterior. Aun así, se trata de indicadores distintos, ya que uno se basa en registros administrativos y el otro en una encuesta. Tras esos datos negativos, los analistas apuntaban a la necesidad de esperar a los siguientes meses para determinar si se trataba de un deterioro estructural o de un efecto estacional, habitual en los primeros trimestres y agravado este año por la situación internacional. Los datos conocidos ahora indican que el mercado laboral ha resistido en abril, aunque con cierta moderación respecto a años anteriores. En términos desestacionalizados, el aumento fue de 41.753 afiliados y el paro bajó en 11.256 personas. Además, la Seguridad Social acumula ya 63 meses consecutivos de crecimiento, y el desempleo descendió en todos los sectores y comunidades autónomas. Durante algunos días del mes, entre el 27 y el 29 de abril, se superaron incluso los 22,2 millones de afiliados. No obstante, al cierre del mes se registró un repunte de bajas: más de 170.000 afiliaciones se dieron de baja el último día, lo que refleja una elevada rotación en el empleo. En cuanto a la participación de trabajadores extranjeros, no se han destacado aún efectos del reciente proceso de regularización iniciado el 16 de abril, aunque la contratación de este colectivo sigue siendo elevada: en abril se sumaron 96.684 afiliados extranjeros, lo que supone que cuatro de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por ellos. El peso de la Semana Santa se aprecia claramente en la distribución sectorial del empleo: más de la mitad de las nuevas afiliaciones se concentraron en la hostelería (115.284 más) y el comercio (casi 15.000). También destacaron las actividades administrativas (más de 16.000 empleos), la construcción (11.353) y la sanidad (8.701). En cambio, el sector educativo registró una ligera caída de unos 1.200 trabajadores, algo poco habitual. Por su parte, el número de autónomos alcanzó un máximo histórico de 3.444.973, con un incremento de 15.439 respecto a marzo y de 42.775 en el último año. Sin embargo, se observaron descensos en el transporte (1.611 menos) y en las actividades científicas y técnicas (2.710 menos), posiblemente relacionados con el encarecimiento del combustible. En cuanto a la contratación, el número total de contratos cayó un 4% respecto a marzo. Los contratos indefinidos descendieron un 6%, mientras que los temporales lo hicieron un 3%. En términos interanuales, ambos tipos aumentaron: un 7% los indefinidos y un 13% los temporales. El peso de los contratos fijos bajó ligeramente, hasta el 43% del total. Dentro de estos, predominaron los indefinidos a tiempo completo, aunque disminuyeron respecto al mes anterior. La única modalidad que creció fue la de los fijos discontinuos, que aumentaron un 4%.

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