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(Expansión, 29-05-2026) | Laboral

El sueldo medio en España roza los 30.000 euros al año tras crecer casi el doble que el IPC

Las diferencias salariales en España siguen siendo muy marcadas tanto entre comunidades autónomas como entre sectores de actividad. Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, con datos de 2024, la distancia entre los sueldos medios anuales alcanza el 40% según la región y llega hasta el 228% dependiendo del trabajo desempeñado. Además, la diferencia entre un directivo y un trabajador no cualificado del sector servicios puede alcanzar el 297%, casi cuatro veces más. El salario bruto medio anual, repartido en doce pagas, se situó en 29.540,26 euros en 2024, un 5,3% más que el año anterior. Esta subida prácticamente duplicó la inflación media del ejercicio, que fue del 2,8%, y superó ampliamente la recomendación salarial cercana al 3% pactada por patronal y sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pese a ello, los datos reflejan una gran desigualdad según el territorio, el sector económico y el puesto ocupado dentro de las empresas. El salario más habitual, que concentró al 3,8% de los asalariados, fue de 16.520 euros anuales. Además, el tramo salarial de entre 16.000 y 17.000 euros se convirtió en el más frecuente en 2024 debido al aumento de trabajadores con bajos ingresos en esa franja. En total, el 29,5% de los asalariados ganó entre 16.000 y 23.000 euros al año, mientras que el 41% percibió menos de 21.000 euros. Por comunidades autónomas, la diferencia salarial alcanza el 40% entre el País Vasco, donde el sueldo medio anual asciende a 35.170 euros, y Extremadura, que registra el más bajo con 24.979 euros. Entre las regiones con salarios superiores a 30.000 euros destacan País Vasco, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. En un nivel intermedio, con remuneraciones de entre 27.000 y 30.000 euros anuales, figuran Baleares, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria. Por debajo de los 27.000 euros se sitúan Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. Las mayores diferencias aparecen al analizar los sectores de actividad. Los trabajadores del suministro energético son los mejor remunerados, con un salario medio de 57.931 euros anuales, frente a los empleados de la hostelería, que apenas alcanzan los 17.653 euros. La diferencia entre ambos supera el 228%. Por encima de los 40.000 euros anuales también se encuentran las actividades financieras, el sector de la información y las comunicaciones y las industrias extractivas. Entre los sectores con salarios de entre 30.000 y 40.000 euros figuran la Administración Pública, las actividades profesionales y científicas, la industria manufacturera, el suministro de agua, la sanidad y la educación. En la parte baja de la clasificación aparecen transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias, construcción y comercio. Los salarios más reducidos corresponden a actividades administrativas, otros servicios, actividades artísticas y, especialmente, la hostelería.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

El Estado inyecta 9.815 millones hasta marzo para pagar pensiones, un 12% más

Durante el primer trimestre del año, la Seguridad Social recibió del Estado una transferencia de 9.815 millones de euros, un 11,85% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad representa el 25,7% del total previsto para todo 2026. De acuerdo con los datos de Ejecución Presupuestaria, que continúan prorrogados ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno contempla transferir este año un total de 38.688,51 millones de euros al sistema. Además de estas aportaciones estatales, la Seguridad Social ingresó otros recursos procedentes de fondos propios, comunidades autónomas y empresas privadas, que elevaron el total recibido en los tres primeros meses hasta los 11.037,91 millones de euros, un 10,51% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Estas transferencias extraordinarias responden a la Recomendación Primera del Pacto de Toledo, que plantea financiar parte del gasto en pensiones mediante impuestos y no únicamente con cotizaciones sociales. La necesidad de estas aportaciones se explica por el continuo aumento del gasto en pensiones. En el primer trimestre de 2026, las pensiones contributivas de jubilación supusieron un desembolso de 30.139,85 millones de euros, un 5,77% más que un año antes. Por su parte, las pensiones no contributivas de jubilación alcanzaron los 530,40 millones, tras incrementarse un 14,61%. El incremento del gasto responde tanto al envejecimiento progresivo de la población como a la revalorización anual de las pensiones ligada al IPC. Así, el departamento dirigido por Elma Saiz destinó más de 30.139 millones de euros al pago de las prestaciones contributivas en los tres primeros meses del año. Aunque los ingresos por cotizaciones sociales continúan siendo la principal fuente de financiación del sistema, no bastan para cubrir todo el gasto previsto en pensiones contributivas. Estas cotizaciones incluyen las aportaciones del régimen general, autónomos, regímenes especiales, accidentes de trabajo, desempleo, cese de actividad y también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Entre enero y marzo, la Seguridad Social recaudó 46.049,27 millones de euros por cotizaciones sociales, es decir, unos 15.909 millones más de lo destinado en ese periodo al pago de pensiones contributivas. Sin embargo, las previsiones para el conjunto del año reflejan un importante desequilibrio. El gasto total en pensiones contributivas se estima en 159.526,47 millones de euros, incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, prestaciones familiares y las derivadas de la DANA. A ello se suman otros 10.056,18 millones correspondientes a pensiones no contributivas. Frente a ello, los ingresos previstos por cotizaciones sociales ascenderán a 152.075,01 millones. Para reforzar la sostenibilidad del sistema se pusieron en marcha mecanismos adicionales como la cuota de solidaridad y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La cotización extra aplicada a los salarios más altos se destina al pago de las pensiones actuales, mientras que el MEI tiene como objetivo alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". La finalidad es que el sistema pueda disponer de esos recursos en los años de mayor tensión financiera. No obstante, el uso del Fondo de Reserva dependerá de lo que establezcan los Presupuestos Generales del Estado y de los límites fijados en la normativa vigente. En el primer trimestre del año, el MEI permitió recaudar 1.417 millones de euros. Por otro lado, los últimos datos consolidados de la cuota de solidaridad corresponden a 2025, ejercicio en el que la Seguridad Social obtuvo 422,41 millones de euros gracias a las aportaciones adicionales de los salarios más elevados.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

La inspección de Trabajo dejará de entrar a oficinas de directivos y zonas con archivos sin aurotización judicial

La Inspección de Trabajo dejará de acceder sin autorización judicial a despachos de directivos, salas del consejo de administración y espacios que contengan documentación confidencial. La Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una nueva instrucción interna, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, para orientar la actuación de los inspectores tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de abril, que modificó de forma significativa los criterios sobre entradas y registros en las empresas. El Alto Tribunal determinó que la Inspección no puede acceder al domicilio social de una empresa sin autorización judicial. En consecuencia, cuando el domicilio social y el centro de trabajo compartan ubicación será necesario contar previamente con el permiso de un juez. El Supremo únicamente contempla una posible excepción cuando exista una separación física claramente diferenciada entre las oficinas del domicilio social y las zonas destinadas al trabajo, y siempre que los inspectores indiquen expresamente que solo pretenden acceder a estas últimas. A partir de esta precisión, la Inspección de Trabajo interpreta que no será necesaria autorización judicial cuando exista una diferenciación entre el domicilio social y el centro de trabajo. Según la instrucción, la coincidencia de ambos espacios no impide realizar la visita inspectora, aunque establece límites concretos. En los establecimientos abiertos al público, como tiendas o comercios, los inspectores podrán acceder libremente salvo a las zonas reservadas a la dirección. En los centros no abiertos al público también podrán entrar en cualquier área, independientemente de su distribución, excepto en aquellas vinculadas al ejercicio de funciones directivas, como despachos de administradores o altos cargos, salas del consejo de administración o áreas de archivo. La nueva directriz va más allá de lo señalado por el Supremo, que únicamente hablaba de una "separación física apreciable", y concreta de forma unilateral qué espacios pueden ser inspeccionados y cuáles quedan protegidos y requieren autorización judicial. Además, la instrucción obliga a los inspectores a comunicar expresamente al empresario o a su representante que la visita se limitará exclusivamente a las zonas correspondientes al centro de trabajo. Si el responsable de la empresa se opone alegando que se trata del domicilio social, deberá delimitar las áreas donde se desarrolla la actividad directiva para que la inspección continúe en el resto de dependencias. El documento advierte de que impedir el acceso a zonas no protegidas constitucionalmente puede considerarse una obstrucción a la labor inspectora y derivar en una sanción. No obstante, si el responsable mantiene su negativa, los inspectores deberán evitar el acceso incluso aunque puedan existir indicios de infracción. Trabajo también aclara que, ante cualquier duda sobre si un espacio pertenece al centro de trabajo o al domicilio protegido, los inspectores no deberán entrar. El acceso al domicilio social solo podrá producirse con autorización judicial o con el consentimiento del propietario o representante de la empresa. El socio del área laboral de Augusta Abogados, Omar Molina García, considera que esta nueva situación obliga a las compañías a diseñar protocolos internos de actuación ante una inspección. Entre otras medidas, recomienda identificar previamente las zonas protegidas y las de libre acceso, así como designar a una persona encargada de acompañar al inspector durante la visita. Entre los espacios protegidos deberían figurar los despachos de dirección, las salas del consejo de administración y los lugares donde se almacene documentación confidencial. Por el contrario, las áreas de producción, montaje o espacios comunes podrían considerarse accesibles. El abogado también aconseja elaborar planos internos diferenciando las zonas restringidas y las abiertas al acceso inspector. Asimismo, recuerda que impedir el acceso al centro de trabajo puede dar lugar a sanciones por obstrucción, por lo que considera más adecuado delimitar claramente los espacios protegidos e informar de ello a los inspectores. Por su parte, la Inspección de Trabajo ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Supremo al considerar que limitar las visitas inspectoras puede afectar a la protección de los derechos laborales. El organismo recuerda que el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo permite acceder libremente y sin previo aviso a cualquier establecimiento sujeto a inspección. Además, el Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que estudia solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional.

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(El Economista, 29-05-2026) | Laboral

Trabajo confirma un permiso retribuido de hasta cuatro días en episodios de calor si no se puede proteger al trabajador

Las altas temperaturas continúan afectando a buena parte de España y, durante los próximos días, varias comunidades autónomas permanecerán bajo aviso por calor extremo. Esta situación vuelve a poner el foco en las condiciones laborales de quienes desempeñan trabajos al aire libre. El aumento de episodios meteorológicos extremos asociado al cambio climático está provocando situaciones cada vez más frecuentes de riesgo para los trabajadores durante su jornada laboral. Ante este escenario, la legislación laboral ha incorporado nuevas medidas de protección y, desde hace algo más de un año, contempla incluso permisos retribuidos en casos especialmente graves. El Real Decreto-ley 8/2024, aprobado el 28 de noviembre y publicado en el BOE tras la DANA que dejó 238 fallecidos, modificó el Estatuto de los Trabajadores para incluir un permiso remunerado de hasta cuatro días cuando exista una situación de riesgo grave e inminente derivada de catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos. La normativa también permite a las empresas suspender temporalmente el contrato de trabajo mientras dure la emergencia o aplicar reducciones de jornada hasta que desaparezcan las circunstancias extraordinarias. A ello se suma lo recogido en el Real Decreto 486/1997, relativo a las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Su disposición adicional primera establece que, en aquellos trabajos desarrollados al aire libre o en espacios que no puedan cerrarse por las características de la actividad, las empresas deberán adoptar medidas específicas para proteger a los trabajadores frente a riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas. La legislación insta a las compañías a implantar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la plantilla. Entre ellas, contempla incluso la prohibición de realizar determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo cuando no sea posible asegurar adecuadamente la protección de los trabajadores. Además, la norma establece que, cuando la Agencia Estatal de Meteorología o el organismo autonómico competente emitan avisos naranjas o rojos por fenómenos meteorológicos adversos, las empresas estarán obligadas a adaptar las condiciones laborales. Esto puede incluir la modificación o reducción de la jornada si no pueden garantizarse las medidas necesarias para preservar la salud de los empleados.

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(La Vanguardia, 29-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social mantiene su cálculo de un 14% de gasto en pensiones

Hoy se vive una jornada clave para evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. La Airef publicará su esperado informe sobre el cumplimiento de la denominada regla de gasto y sobre la necesidad, o no, de adoptar nuevas medidas. Este examen está ligado a la cláusula de cierre pactada con Bruselas, un mecanismo automático que la Comisión Europea exigió como condición para avalar la última reforma de las pensiones. Aunque el informe de la Airef verá la luz mañana, el Ministerio de Seguridad Social ha querido adelantar y reforzar hoy su visión favorable sobre la viabilidad futura del sistema. Lo ha hecho mediante la publicación del primer informe completo elaborado con su nueva herramienta de análisis, INTegraSS, presentada el pasado mes de abril y de la que entonces ya se avanzaron las principales conclusiones. Las estimaciones del ministerio sitúan el gasto medio en pensiones entre 2022 y 2050 en el 14% del PIB, una previsión sensiblemente más moderada que la de otros organismos. La Airef calculó en 2025 que esa media alcanzaría el 14,4%, mientras que la Comisión Europea, en su informe sobre envejecimiento de 2024, elevó la cifra hasta el 15,4%. Desde Seguridad Social atribuyen esta diferencia a la mejora reciente de los indicadores económicos y laborales. El análisis que la Airef presentará mañana será determinante para verificar si se cumple la cláusula de cierre de la reforma. En su evaluación del año pasado, el organismo fiscal concluyó que el sistema superaba el examen, aunque únicamente por una décima, al situar el gasto medio neto en el 13,2% del PIB una vez incorporados los nuevos ingresos derivados de las reformas. No obstante, aquel aprobado llegó acompañado de fuertes críticas por parte de la propia Airef, que cuestionó la fiabilidad de la metodología utilizada y advirtió de que, en realidad, la sostenibilidad del sistema estaba deteriorándose. La controversia derivó en presiones desde Bruselas y en la petición por parte de Seguridad Social de un nuevo informe, que es precisamente el que verá la luz mañana. Aunque esta revisión no tendrá el mismo carácter decisivo que la realizada en 2025 -y que volverá a repetirse cada tres años-, sí tendrá un importante impacto político y económico. En este contexto, Seguridad Social ha difundido hoy su informe para defender sus previsiones y preparar el terreno ante la publicación del dictamen de la Airef. El documento sostiene que el gasto en pensiones alcanzará su punto máximo en 2049, con un peso equivalente al 15,3% del PIB, mientras que la media entre 2022 y 2050 se mantendrá en el 14%.

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(El Periódico, 29-05-2026) | Laboral

El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la convalidación del real decreto ley que reforma el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica. La medida ha salido adelante con 164 votos favorables, 33 votos en contra de Vox y 164 abstenciones correspondientes al PP, ERC y Junts. Posteriormente, la Cámara ha acordado por unanimidad tramitar la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Durante su intervención en defensa de la reforma, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la iniciativa permitirá reducir el gasto tanto para los pacientes como para el Sistema Nacional de Salud. La titular de Sanidad calificó la propuesta como beneficiosa para todas las partes al considerar que mejora la protección de los ciudadanos sin generar perjuicios. La reforma, aprobada por el Gobierno el pasado 12 de mayo, busca reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos mediante una modificación del actual sistema de copago farmacéutico. Entre las principales novedades destaca la ampliación de tres a seis tramos de aportación para la población activa, así como la introducción de límites máximos mensuales vinculados al nivel de renta. En el caso de los pensionistas, el sistema pasará de tres a cuatro tramos. Según explicó García, el modelo actual penaliza especialmente a trabajadores con ingresos medios y bajos que padecen enfermedades crónicas y necesitan tratamientos continuados. La ministra señaló que en estos casos coinciden la vulnerabilidad económica y la necesidad sanitaria, lo que incrementa la carga financiera de los medicamentos. Por este motivo, el Ejecutivo pretende implantar un sistema más progresivo y adaptado a la situación económica de los hogares, reforzando especialmente la protección de los pacientes crónicos con menores ingresos. La ministra detalló que las personas activas con rentas inferiores a 35.000 euros contarán con límites máximos mensuales de aportación similares a los ya existentes para los jubilados. Según indicó, el objetivo es evitar que quienes perciben salarios modestos tengan que destinar cantidades excesivas al pago de tratamientos farmacológicos. Como ejemplo, explicó que un trabajador con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales y con necesidad de varios tratamientos simultáneos podría ahorrar alrededor de 500 euros al año gracias a la nueva regulación. En el caso de los pensionistas, la reforma incorpora un nuevo tramo intermedio para rentas comprendidas entre 18.000 y 60.000 euros, con un límite de gasto mensual de 13 euros. Para quienes tengan ingresos de entre 60.000 y 100.000 euros, el máximo mensual se fijará en 18 euros. Mónica García defendió que esta modificación responde a la necesidad de adaptar el sistema de copago farmacéutico al contexto económico y social actual. En este sentido, subrayó que el aumento del coste de la vida, la inflación y las dificultades económicas de muchas familias hacen necesario reforzar la protección también en el acceso a los medicamentos.

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(Expansión, 28-05-2026) | Laboral

La productividad crece la mitad que el empleo y las horas de trabajo

En un contexto de crecimiento económico sólido y de aumento continuado del empleo, el escaso avance de la productividad sigue siendo uno de los grandes desafíos de la economía española. No obstante, en los últimos años se aprecia un cambio de tendencia que ha permitido compatibilizar el crecimiento del PIB con la creación de puestos de trabajo y cierta mejora de la eficiencia productiva, aunque esta evolución continúa siendo moderada. España registró en el primer trimestre un crecimiento interanual del 3,1%, acompañado de un incremento de la ocupación del 2,4% y de las horas trabajadas del 2,05%. Según el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, el buen comportamiento del mercado laboral explica el 46,7% del crecimiento económico, mientras que la inversión, que avanzó un 5,4% entre enero y marzo, aportó el 25,4% de la expansión del PIB. Los expertos destacan especialmente que el 28% del crecimiento provenga de la mejora de la productividad total de los factores, que aumentó un 0,9% en los tres primeros meses del año. Una cifra muy similar a la productividad por hora trabajada, que creció un 1,04% en ese mismo periodo. Aunque ambos indicadores evolucionan en positivo, su ritmo de crecimiento sigue siendo claramente inferior al registrado por el empleo, las horas trabajadas o el propio PIB. En paralelo, la productividad del capital avanzó un 0,7%, ligeramente por encima del trimestre anterior. Pese a ello, los tres últimos trimestres muestran una cierta desaceleración respecto a la dinámica más favorable observada durante 2024 y en los dos primeros trimestres de 2025, cuando la principal fuente de crecimiento económico fue precisamente la mejora de la eficiencia, que llegó a aportar más del 40% del avance del PIB. Esta moderación en la productividad total de los factores presenta aspectos positivos y otros menos favorables. Por un lado, la economía mantiene una combinación equilibrada entre inversión, creación de empleo -algo especialmente relevante dada la elevada tasa de paro en España- y mejoras graduales de la eficiencia productiva. Sin embargo, el avance de la productividad continúa siendo limitado y existen importantes incertidumbres de cara a los próximos años. Entre ellas destacan la posible subida de los precios energéticos, el riesgo de un repunte de la inflación, una eventual desaceleración de la actividad económica, futuras subidas de tipos de interés o el agotamiento del impulso asociado a los fondos europeos Next Generation. El comportamiento de la productividad también muestra diferencias significativas entre sectores. Las mayores mejoras se registran en las actividades orientadas al mercado y dominadas por empresas privadas. En el primer trimestre de 2026 destacó especialmente la construcción, cuya productividad total aumentó cerca de un 3,1% interanual. El crecimiento fue más moderado en los servicios, con un 1,3%, y en el sector energético, con un 0,6%. Por el contrario, la aportación fue negativa tanto en el sector primario como en la industria manufacturera, con descensos del 4,5% y del 2,1%, respectivamente. Dentro de los servicios persiste además una evolución desigual. La productividad crece con fuerza en actividades como comercio, transporte y hostelería, donde aumenta un 4,3%, y también en información y comunicaciones, con un avance del 5,9%. En cambio, otros ámbitos presentan retrocesos, como las actividades financieras y de seguros, las inmobiliarias o los servicios vinculados a la Administración Pública, educación y sanidad. Los autores del informe subrayan que el crecimiento económico español combina actualmente creación de empleo, acumulación de capital y aumento de la productividad, lo que refleja un cambio respecto al modelo tradicional de crecimiento. Esta transformación comenzó tras la Gran Recesión y se ha mantenido también durante la recuperación posterior a la pandemia. La Fundación BBVA y el Ivie recuerdan además que, desde el año 2000, la productividad laboral por hora trabajada ha aumentado un 22,6%. La evolución de la productividad del capital ha sido distinta y todavía se sitúa un 20% por debajo de los niveles del año 2000. No obstante, tras la Gran Recesión se frenó la tendencia descendente que había predominado hasta entonces. La pandemia interrumpió temporalmente esa recuperación, aunque posteriormente volvió a retomarse hasta recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria. De hecho, a comienzos de 2026 la productividad del capital se sitúa en niveles similares a los registrados en 2011 y 2019. La mejora de la productividad resulta además esencial para reforzar la competitividad de la economía española en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y por las dudas crecientes sobre las reglas que han regido tradicionalmente el comercio global. Cuando la productividad aumenta, los costes unitarios de producción -es decir, el coste salarial necesario para fabricar cada unidad de producto- tienden a reducirse o a mantenerse estables. Esto permite que los bienes y servicios españoles ganen atractivo frente a los de economías menos eficientes, favoreciendo así el crecimiento de las exportaciones y una mejora de la balanza comercial.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

Los sindicatos quieren revisar el SMI

El Ministerio de Trabajo considera igualmente imprescindible aprobar un nuevo real decreto-ley que incorpore medidas relacionadas con la vivienda, entre ellas la ampliación extraordinaria de los contratos de alquiler. Con esta propuesta, Yolanda Díaz vuelve a poner sobre la mesa una de las iniciativas que había defendido en los últimos meses y que decayó a finales de abril tras el rechazo de la mayoría conservadora del Congreso. Al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda reclama un incremento de los recursos destinados a la creación de vivienda pública en régimen de alquiler asequible. Además, Díaz ha entrado de lleno en el ámbito de la negociación entre sindicatos y patronales al pedir a los empresarios un mayor esfuerzo en materia salarial. Desde el Ministerio de Trabajo señalan que existe preocupación por el efecto que la actual crisis internacional puede tener sobre la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y, por ello, se ha instado a los agentes sociales a avanzar en mejoras salariales dentro del marco de la negociación colectiva. Este debate se enmarca en la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que expiró a comienzos de este año. Este pacto sirve como referencia para orientar las negociaciones de los convenios laborales entre empresas y trabajadores. Tanto Comisiones Obreras como UGT han criticado en los últimos meses la falta de disposición de las organizaciones empresariales para alcanzar un nuevo acuerdo tras el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. Una de las patronales implicadas en esa negociación es Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas. Desde esta asociación consideran que, incluso aunque Estados Unidos e Irán lograran un acuerdo de paz en los próximos días, la normalización de los precios energéticos requerirá tiempo y la incertidumbre en Oriente Próximo continuará presente. Por ello, defienden la continuidad de las medidas anticrisis. Cepyme también reclama que estas ayudas no sean rígidas, sino adaptables a la evolución de las circunstancias económicas para maximizar su efectividad, y pide que cualquier retirada futura de las medidas se haga de forma gradual para evitar efectos bruscos sobre empresas y consumidores. Por su parte, los sindicatos han difundido un comunicado conjunto en el que vuelven a exigir actuaciones específicas frente al encarecimiento de la vivienda. Entre sus demandas figura nuevamente la recuperación de la prórroga extraordinaria de los alquileres que dejó de aplicarse en abril. Asimismo, dado que el salario mínimo interprofesional subió un 3,1% a principios de año mientras que la inflación más reciente se sitúa en el 3,2%, CC OO y UGT solicitan al Ejecutivo abrir una nueva negociación para incrementar de nuevo el SMI. Los sindicatos también reclaman la aprobación urgente del real decreto que debe establecer las nuevas normas sobre compensación y absorción salarial.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

El Gobierno sostiene que el pico del gasto en pensiones rondará el 15% del PIB en 2050

El gasto en pensiones ha adquirido un peso central en el debate público en España. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de reforzar la idea de la sostenibilidad del sistema con la presentación, el pasado mes de abril, de la herramienta INTegraSS, diseñada para proyectar la evolución futura del gasto en pensiones mediante una metodología que el Ministerio de Seguridad Social considera más completa que las utilizadas hasta ahora. El primer informe elaborado con este modelo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, reduce parcialmente el impacto del aumento del gasto que anticipan otros organismos y estima que el punto máximo se situará en el 15,3% del PIB. El documento se publica en vísperas del nuevo análisis de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que prevé un impacto superior y presentará este viernes su evaluación en cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea. El estudio del Gobierno se apoya en una serie de hipótesis que incluyen una reducción significativa del desempleo en los próximos años, un aumento de la participación laboral de los mayores de 65 años y un crecimiento demográfico inferior al proyectado por el INE, con una población estimada de 53,7 millones en 2050. Estas previsiones se producen en un momento en el que distintos analistas advierten del creciente peso del sistema de pensiones dentro del gasto público y plantean la posibilidad de destinar parte de esos recursos a otras políticas como vivienda o educación. Dentro del debate económico existen posiciones divergentes. Algunos expertos alertan del elevado coste del sistema, que absorbe alrededor de 200.000 millones de euros anuales y crece a un ritmo cercano al 6%, mientras que otros destacan su papel redistributivo y de protección social, defendiendo que el Estado puede asumir el incremento del gasto derivado del envejecimiento poblacional. El Gobierno se alinea con esta segunda visión. El informe de INTegraSS estima que el gasto en pensiones alcanzará su punto máximo en 2050, con un 15,3% del PIB, frente al 16,1% previsto por la Airef. Además, calcula que la media del periodo 2022-2050 será del 14%, también por debajo del 14,6% que proyecta el supervisor fiscal. En sus estimaciones, la Airef cuantifica además en un 1,4% del PIB el efecto de las reformas recientes en materia de ingresos. Estos datos son relevantes en el marco de la llamada cláusula de cierre de la última reforma de pensiones, que vincula la sostenibilidad del sistema a la evaluación de la Airef. En su anterior informe, el organismo situó el gasto neto del sistema en el 13,2% del PIB tras incorporar medidas de ingresos, quedando a una décima del umbral que habría obligado a activar correcciones adicionales. Aunque el Gobierno considera cumplidos los requisitos, la Airef ha expresado reservas sobre la metodología utilizada. Una de las principales críticas del organismo supervisor se refiere al tratamiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, destinadas a cubrir parte del gasto en pensiones no financiado por cotizaciones. La Comisión Europea también ha cuestionado parcialmente este enfoque, lo que llevó al Gobierno a solicitar una nueva evaluación a la Airef antes de lo previsto inicialmente, generando tensión institucional entre el Ejecutivo y la entonces presidenta del organismo, Cristina Herrero. El proceso quedó paralizado durante meses hasta su reactivación en marzo mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. El nuevo informe será presentado este viernes por la Airef, ahora bajo la dirección de Inés Olóndriz, nombramiento que ha suscitado críticas por su anterior vinculación con el Ministerio de Hacienda. De forma paralela, la Seguridad Social ha publicado su propio informe, que define como un avance metodológico significativo por su mayor nivel de detalle y capacidad de análisis. Este estudio proyecta un gasto máximo en pensiones del 15,3% del PIB en 2050, similar al estimado en la herramienta INTegraSS, aunque con diferencias respecto a otros supuestos. Según el ministerio, las nuevas estimaciones incorporan un escenario demográfico basado en proyecciones del INE, pero con ajustes que anticipan una población ligeramente menor y más envejecida, debido a un menor flujo migratorio y una mayor esperanza de vida. En paralelo, el cuadro macroeconómico prevé un crecimiento medio del PIB del 2,8% entre 2022 y 2030, del 1,4% entre 2030 y 2050 y del 1,5% hasta 2070. A diferencia de la Airef, el informe de la Seguridad Social no incluye el impacto de las medidas de ingresos en sus proyecciones, lo que dificulta una comparación directa sobre la necesidad o no de activar mecanismos adicionales de ajuste. El debate sobre la sostenibilidad del sistema, por tanto, continúa abierto entre distintos enfoques metodológicos y previsiones divergentes.

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(El País, 28-05-2026) | Laboral

Los españoles trabajan media hora más a la semana que la media europea y cuatro más que los holandeses

Los trabajadores en España realizan una media de 36,3 horas semanales, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2025. Esta cifra sitúa al país por encima del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en 35,9 horas, aunque lejos de los Estados miembros donde menos horas se trabajan, en su mayoría economías del norte y centro de Europa con estructuras productivas más avanzadas. Entre los países con jornadas laborales más reducidas destacan Bélgica (34,3 horas), Austria (34), Dinamarca (33,9), Alemania (33,9) y Países Bajos (31,9). En el extremo opuesto se encuentran países como Eslovenia (38,3 horas), Lituania (38,4), Bulgaria y Polonia (38,7 en ambos casos) y Grecia, que encabeza la clasificación con 39,6 horas semanales. Esta diferencia entre países está estrechamente relacionada con el peso del trabajo a tiempo parcial. Las economías con jornadas más cortas suelen registrar mayores tasas de empleo parcial, como ocurre en Países Bajos, donde el 38,6% de los trabajadores tiene este tipo de jornada, o en Austria y Alemania, con tasas del 30,2% y el 29,2% respectivamente. En el lado contrario se sitúan Bulgaria (1,7%), Rumanía (2,3%) y Croacia (2,9%). España se encuentra en una posición intermedia, con un 13,1% de empleo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial presenta, además, una doble lectura. Puede responder a decisiones voluntarias vinculadas a la conciliación o a preferencias personales, pero también puede reflejar situaciones de subempleo cuando los trabajadores desean aumentar sus horas de trabajo. En este sentido, España muestra un comportamiento menos favorable: el 45,7% de los empleados a tiempo parcial querrían trabajar más horas, el tercer porcentaje más alto de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía (62,3%) e Italia (51%). En países como Países Bajos o Alemania, este indicador se reduce al 2,2% y al 5,3% respectivamente. En cuanto a la duración media del trabajo a tiempo parcial, España se sitúa por debajo de la media comunitaria. Los trabajadores en esta situación realizan 20,2 horas semanales, frente a las 21,8 horas de la UE. En países como Portugal la media baja a 18,3 horas, mientras que en Rumanía asciende a 25,3 horas. Si se analiza únicamente la jornada a tiempo completo, España se alinea con la media europea, con 38,7 horas semanales. Este indicador muestra las diferencias en la regulación y negociación laboral entre países, especialmente en aquellos donde la jornada pactada es más reducida. Entre los países con jornadas completas más cortas figuran Bélgica (37,9 horas), Dinamarca y Suecia (37,8), Países Bajos (37,4) y Finlandia (37,1). En el extremo contrario se sitúan Grecia (40,6 horas), Polonia (39,9), Eslovenia (39,8), Lituania (39,4) y Chipre (39,1). La evolución a lo largo del tiempo refleja una ligera reducción de la jornada media en Europa. En España, las 36,3 horas actuales son inferiores a las registradas antes de la pandemia (36,9 en 2019), en 2015 (37,1) y en 2008 (38,4). En paralelo, la media de la UE ha descendido de 37,9 horas en 2008 a 35,9 en la actualidad, manteniéndose una brecha relativamente estable entre España y el conjunto europeo. Estos datos de Eurostat recogen el promedio real de horas trabajadas por los ocupados, un indicador distinto al de la jornada laboral pactada. Este último ha centrado buena parte del debate político en España en los últimos años, a raíz de la propuesta del Gobierno de reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, una iniciativa que no prosperó en el Congreso tras la oposición de varios grupos parlamentarios.

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