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(El País, 27-05-2026) | Laboral

La doble realidad del empleo en el turismo: récord de contrataciones, máximos de precariedad

El turismo, uno de los motores principales del mercado laboral en España, ha absorbido con intensidad el impacto de los tres últimos años de récord en el sector. El número de visitantes extranjeros ha pasado de 71,6 millones en 2022 a 96,7 millones en 2025, lo que supone un incremento de 25,1 millones de turistas en apenas tres ejercicios, a un ritmo medio de más de 8 millones anuales. Este fuerte crecimiento se ha trasladado directamente al empleo, con 2,8 millones de afiliados a la Seguridad Social vinculados al turismo entre asalariados y autónomos, lo que representa alrededor del 13% del total de ocupados en el país. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, el sector turístico ha generado 386.000 empleos netos asalariados. Este aumento se explica por la creación de 400.000 puestos de trabajo indefinidos, un 23% más en tres años, junto con la desaparición de unos 14.000 contratos temporales, un 6% menos. La reforma laboral, que introdujo mayores restricciones a la contratación temporal, ha tenido un efecto directo en la reducción de la temporalidad en el sector, históricamente una de las más elevadas. Así, la tasa ha pasado del 28,2% en el primer trimestre de 2022 al 13,7% en el mismo periodo de 2026. A pesar de este avance hacia el empleo indefinido y la caída del trabajo temporal, los sindicatos critican que parte del ajuste se haya producido mediante el aumento de los contratos fijos a tiempo parcial. En un informe presentado en la última edición de Fitur, Comisiones Obreras alertó de que esta modalidad se ha convertido en una vía alternativa para mantener fórmulas de empleo precario tras la reforma. Según el sindicato, las empresas habrían recurrido a la parcialidad para adaptar plantillas a sistemas de turnos más inestables, generando lo que describen como un modelo de trabajo "a demanda" encubierto. Los datos más recientes, correspondientes al primer trimestre, respaldan en parte esta preocupación. De los 2,14 millones de trabajadores con contrato indefinido en el turismo, 547.449 son a tiempo parcial, una cifra que ha crecido un 38% en cuatro años y que marca máximos históricos en términos absolutos. En términos relativos, representa el 25,5% del total de indefinidos del sector. Desde el sindicato, se denuncia que las empresas están aprovechando márgenes legales para expandir la parcialidad, lo que afectaría especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes, y que el contrato a jornada completa se ha convertido en una excepción en muchas actividades turísticas. Desde el ámbito empresarial, la visión es distinta. Emilio Gallego, presidente de Hostelería de España, defiende que la flexibilidad del empleo en el sector es compatible con la conciliación y con el dinamismo de la actividad. Argumenta que la distribución irregular de la jornada permite ajustar horarios a las temporadas altas y bajas, mientras que el empleo a tiempo parcial, en un contexto de elevado dinamismo laboral, facilita la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y su compatibilidad con otras ocupaciones. Las críticas sindicales son, sin embargo, rechazadas por Comisiones Obreras, que insiste en que estas fórmulas contribuyen a consolidar la precariedad y a aumentar la carga de trabajo efectiva. Uno de los colectivos más afectados, según los sindicatos, es el de las camareras de piso, conocidas como kellys. Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unión Baleares, denuncia que la mayoría de contratos en este colectivo son ahora fijos discontinuos. Explica que, antes de la reforma, predominaba la temporalidad, mientras que ahora esta se ha sustituido por el fijo discontinuo y por periodos de prueba más largos, lo que, según su testimonio, ha llevado en algunos casos a rescindir contratos justo antes de su consolidación. Aunque reconoce la mejora salarial derivada del último convenio -con incrementos del 13% en tres años-, sostiene que esa subida se ha visto neutralizada por el aumento del coste de la vida, especialmente la vivienda. Algunas empresas hoteleras ofrecen alojamiento como compensación, aunque desde el colectivo se denuncian condiciones inadecuadas en determinados casos en zonas turísticas como Magaluf o Ibiza. Desde otra perspectiva, Antonio Pérez, secretario general del sindicato Fetico, apunta a que el aumento de la parcialidad responde también a decisiones regulatorias. A su juicio, la reforma laboral priorizó la reducción de la temporalidad sin abordar suficientemente la parcialidad no deseada, y utilizó la figura del fijo discontinuo como sustituto estadístico del empleo temporal. También considera que la eliminación del contrato por obra y servicio ha reducido la capacidad de ajuste puntual de las empresas. En su opinión, el marco normativo actual es demasiado rígido para dar respuesta a las necesidades estructurales del mercado laboral.

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(El Economista, 27-05-2026) | Laboral

La duración real de los empleos en España sufre su primer retroceso desde la reforma laboral

Cuatro años y medio después de su entrada en vigor, la reforma laboral continúa siendo uno de los principales logros económicos del Gobierno de Pedro Sánchez. La norma, pactada con sindicatos y patronal, logró reducir de forma notable la contratación temporal y elevar el empleo indefinido hasta niveles históricos en España prácticamente desde su puesta en marcha. Sin embargo, una de las dudas recurrentes era hasta qué punto podían mantenerse esos efectos positivos y cuándo podrían empezar a agotarse. Los datos correspondientes a 2025 apuntan precisamente a que esa evolución favorable habría alcanzado ya su límite e incluso comenzado a revertirse en términos de duración real del empleo. El Anuario de estadísticas laborales publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social refleja que durante 2025 se registraron 23,1 millones de bajas de afiliación a la Seguridad Social, un 3,7% más que el año anterior y el dato más elevado desde 2019. Aunque esta evolución guarda relación con el aumento del número total de asalariados -a más trabajadores, mayor volumen de altas y bajas-, también pone de relieve la elevada rotación que sigue caracterizando al mercado laboral español. El dato más llamativo es que la duración media del último periodo de alta en la Seguridad Social cayó hasta los 236 días, cuatro menos que en 2024. Se trata del nivel más bajo desde 2022, cuando se situó en 233 días. Este descenso rompe la tendencia de mejora iniciada tras la reforma laboral y reabre el debate sobre la estabilidad efectiva del empleo. La reforma tuvo efectos contradictorios en algunos aspectos del mercado laboral. Por un lado, el fuerte crecimiento de los contratos indefinidos, especialmente los ordinarios a jornada completa -que siguen siendo la modalidad predominante-, junto al aumento de los contratos parciales y fijos discontinuos, permitió reducir la tasa de temporalidad desde el 27% hasta el 12% en términos de afiliación. Pero, al mismo tiempo, aumentó la volatilidad de las distintas modalidades contractuales. Es decir, se incrementó la rotación de trabajadores entrando y saliendo de la afiliación, aunque el mayor peso del empleo indefinido suavizó el impacto agregado de esa dinámica. Todo ello intensificó el análisis sobre la duración real de los empleos, entendida como el tiempo efectivo que un trabajador permanece dado de alta en un puesto de trabajo. Este indicador, que únicamente aparece recogido en el Anuario, mostraba hasta ahora una mejora clara respecto a los niveles previos a la reforma. Entre 2019 y 2024, la duración media de los empleos aumentó en 51 días, pasando de 189 a 240 días. Es cierto que en 2020 se alcanzó un máximo histórico de 259 días, aunque ese dato estuvo condicionado por circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia: la destrucción masiva de empleo temporal y la congelación de muchos contratos indefinidos gracias a los ERTE. Una vez eliminado ese efecto extraordinario, la evolución posterior a la reforma laboral había sido claramente positiva hasta el pasado año, cuando la duración media retrocedió de 240 a 236 días, marcando el peor dato de los dos últimos ejercicios. Otro aspecto relevante es el fuerte peso de los empleos de muy corta duración. Los registros de la Seguridad Social muestran que el 56,8% de las bajas se producen antes de que el contrato cumpla un mes. Aunque esta cifra sigue por debajo del 60% registrado en 2019, supone el porcentaje más alto desde entonces. Este comportamiento se mantiene pese a la penalización introducida por la reforma laboral para los contratos temporales de corta duración, que obliga a las empresas a asumir una cotización adicional de 32,6 euros. Aun así, los contratos temporales inferiores a un mes crecieron un 22% durante el último año, lo que ayuda a explicar el aumento de las bajas de afiliación. Los datos evidencian que, en un mercado laboral muy condicionado por actividades estacionales y necesidades puntuales de mano de obra, las sanciones económicas tienen una eficacia limitada a la hora de frenar este tipo de "microempleos".

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(El Periódico, 27-05-2026) | Laboral

Los autónomos también podrán trabajar y cobrar pensión

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que modifica las condiciones de acceso a la jubilación flexible e introduce tres cambios relevantes que entrarán en vigor dentro de tres meses. Esta modalidad permite compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral parcial y forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para incentivar que los trabajadores prolonguen su vida laboral. La principal novedad es que la jubilación flexible se extenderá también a los trabajadores autónomos. Hasta ahora esta posibilidad estaba reservada a los asalariados, pero a partir de la nueva regulación podrán acogerse igualmente quienes trabajen por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación. Además, desaparece la obligación de esperar un periodo mínimo tras retirarse para solicitar esta modalidad, de manera que podrá pedirse en cualquier momento. La reforma también amplía los incentivos económicos para quienes compatibilicen pensión y trabajo parcial. En el caso de los autónomos, el porcentaje de jornada compatible se amplía y pasará a situarse entre el 33% y el 80%, frente al margen actual, fijado entre el 25% y el 75%. Al mismo tiempo, la pensión se ajustará de forma proporcional a la reducción de jornada. Sin embargo, el nuevo sistema incorpora incentivos adicionales para fomentar el regreso al mercado laboral tras la jubilación. Así, quienes accedan a la jubilación flexible al menos seis meses después de retirarse recibirán un complemento extra en su pensión: las jornadas parciales comprendidas entre el 55% y el 80% supondrán un aumento adicional del 25% sobre la prestación, mientras que las jornadas situadas entre el 33% y el 55% tendrán un incremento del 15%. En el caso concreto de los autónomos, podrán compatibilizar su actividad con el cobro de hasta el 25% de la pensión mientras mantengan ese trabajo compatible. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, defendió la reforma asegurando que el objetivo es ofrecer a los trabajadores más alternativas para adaptar la transición entre empleo y jubilación, reforzando una modalidad de jubilación flexible "mejorada". La norma también introduce ventajas para quienes se jubilaron anticipadamente de manera involuntaria. Si posteriormente se incorporan a la jubilación flexible, cuando vuelvan a la jubilación ordinaria podrán mejorar la cuantía de su prestación, ya que se recalcularán tanto la base reguladora como el porcentaje aplicable en función de las nuevas cotizaciones acumuladas durante ese periodo de actividad. Esta modificación se suma al conjunto de reformas iniciadas en 2021 para flexibilizar el tránsito entre trabajo y jubilación y acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal. Según los últimos datos correspondientes a mayo, la edad media de acceso a la jubilación ya alcanza los 65,5 años, un año más que en 2018. Además, las jubilaciones anticipadas han reducido su peso hasta situarse en torno al 30%, mientras que el porcentaje de trabajadores que prolongan su actividad más allá de la edad ordinaria supera ya el 12%.

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(La Vanguardia, 27-05-2026) | Laboral

Un jubilado del régimen general cobra 9.400 euros más al año que un exautónomo

La pensión media de jubilación de los trabajadores del régimen general alcanzó en mayo los 1.731,70 euros mensuales, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras la revalorización aplicada este año conforme a la inflación, la cuantía se mantiene por encima de los 1.700 euros desde comienzos de 2026. La diferencia respecto a las prestaciones de los autónomos continúa siendo notable. Los jubilados procedentes del régimen especial de trabajadores autónomos perciben una pensión media de 1.060 euros al mes, lo que supone una distancia de unos 672 euros mensuales respecto al régimen general. En términos anuales, teniendo en cuenta las catorce pagas, la brecha supera los 9.400 euros. Si se contabilizan conjuntamente todos los regímenes -general, autónomos, trabajadores del mar y minería del carbón- la pensión media de jubilación en España se sitúa en 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que hace un año. La prestación más elevada corresponde al régimen de la minería del carbón, donde la media alcanza los 3.004 euros mensuales. Las nuevas altas en el sistema procedentes del régimen general se incorporan con una pensión media de 1.754,92 euros, en niveles similares a los del ejercicio anterior. La entrada de trabajadores con trayectorias laborales más largas y salarios más elevados continúa impulsando al alza la cuantía media de las pensiones, lo que incrementa al mismo tiempo la presión financiera sobre el sistema público. Tomando en consideración el conjunto de prestaciones -jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y pensiones en favor de familiares- la pensión media del sistema alcanza los 1.370,7 euros al mes, un 4,6% más que en mayo del año pasado. El gasto destinado al pago de pensiones volvió además a marcar un máximo histórico en mayo. La Seguridad Social desembolsó 14.365,8 millones de euros, un 6% más que un año antes, para abonar un total de 10,48 millones de pensiones correspondientes a 9,47 millones de beneficiarios.

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(La Razón, 27-05-2026) | Laboral

El Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 mutualistas que ya cumplen requisitos para jubilarse

El Gobierno ha bloqueado en el Congreso la tramitación de una modificación legal impulsada por el PP y Junts que pretendía ampliar los derechos de determinados mutualistas para que pudieran trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sus derechos económicos incluso cuando ya hubieran alcanzado el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social. La medida habría beneficiado a unas 47.000 personas. La propuesta formaba parte de una enmienda incluida en la tramitación de una proposición de ley destinada a crear una pasarela para que los mutualistas colegiados puedan transferir sus derechos acumulados al RETA. El objetivo general de esta norma es facilitar que estos profesionales se integren en el régimen de autónomos a partir de 2028, con el fin de corregir las desventajas que, según sus impulsores, ha generado su permanencia en sistemas de mutualidad. Sin embargo, la enmienda no llegará a debatirse después de que el Ejecutivo haya hecho uso de la prerrogativa recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite vetar iniciativas legislativas con impacto en las cuentas públicas. En este caso, según el informe remitido por el Gobierno, la medida suponía un coste estimado de 5.204 millones de euros. La iniciativa de PP y Junts planteaba eliminar el requisito que impide acceder a esta pasarela a quienes ya disponen del periodo mínimo de cotización para la jubilación en el sistema público. Junto a esta propuesta, el Ejecutivo también ha rechazado otra enmienda presentada por Vox, que pretendía extender el acceso a la pasarela al RETA a cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento, incluidos jubilados y beneficiarios de prestaciones. Asimismo, han quedado bloqueadas otras modificaciones acordadas entre PP y Junts dentro de la misma ley, como la fijación de un plazo máximo de tres meses para aprobar el desarrollo reglamentario necesario para la transferencia de derechos desde las mutualidades al RETA. El Gobierno argumenta que ese plazo resulta demasiado restrictivo por la complejidad técnica del proceso y los recursos disponibles. También ha sido vetada la propuesta que buscaba prolongar el sistema de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA. En este caso, el Ejecutivo sostiene que dicha medida entra en contradicción con el objetivo central de la norma, que es precisamente poner fin a la alternatividad entre ambos sistemas debido a las disfunciones detectadas en los últimos años. Además, el Gobierno calcula que mantener el sistema actual supondría una pérdida media de ingresos de unos 105.000 euros por cada profesional colegiado a lo largo de una carrera contributiva de treinta años, en caso de no integrarse en el RETA.

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(Expansión, 26-05-2026) | Laboral

Más de 1,6 millones de empleados trabajan solo 21 horas semanales pese a querer una jornada completa

Según un informe elaborado por Asempleo, el sector servicios reúne el 86,6% de los casos de subempleo en España, especialmente en actividades como la hostelería, el comercio y los servicios administrativos. Por detrás se sitúan la industria y la construcción. En un contexto marcado por cifras históricas de ocupación y por el debate impulsado por el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral, persiste una realidad: 1,62 millones de trabajadores tienen empleos con menos horas de las que querrían. Así lo pone de manifiesto un estudio de la patronal de las empresas de trabajo temporal, que, aunque detecta una disminución gradual del subempleo, alerta de que este problema sigue muy presente y se concentra en determinados sectores y perfiles. El análisis, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026, señala que esta situación afecta especialmente a mujeres y jóvenes, además de ser más frecuente en actividades con fuerte componente estacional, como la hostelería, el comercio o algunos servicios. Aunque el volumen de subempleados ha bajado respecto al máximo alcanzado en 2013, cuando superaban los dos millones, Asempleo considera que el fenómeno continúa siendo una muestra de ineficiencia del mercado laboral, ya que limita la productividad y agrava las desigualdades. La definición de subempleado incluye a quienes trabajan menos horas de las que desean, están disponibles para ampliar su jornada en un corto plazo y buscan activamente más empleo o la posibilidad de incrementar sus horas laborales. Según el informe, estos trabajadores realizan de media 21,7 horas semanales, pese a que desearían alcanzar las 40,1 horas. La diferencia, de 18,4 horas a la semana, evidencia el importante desfase existente. Por nivel educativo, el subempleo tampoco se limita a personas con baja cualificación: 576.000 afectados cuentan con estudios superiores y otros 498.100 tienen educación secundaria, lo que revela un desajuste entre la formación y las oportunidades laborales disponibles. El estudio también detecta diferencias relevantes por género, edad y sector económico. Las mujeres representan el 58,4% del total de subempleados, frente al 41,6% de hombres, una brecha que la patronal relaciona con la parcialidad involuntaria, las responsabilidades de cuidados y la elevada rotación en determinados sectores. Por franjas de edad, los jóvenes de entre 20 y 24 años continúan registrando niveles similares a los de 2014, con cerca de 177.000 afectados, lo que refleja las dificultades de acceso a empleos con jornadas amplias y mayor estabilidad. En cambio, entre las personas de 25 a 34 años el subempleo ha caído un 41,4% desde 2014, situándose en 409.300 personas, lo que apunta a una mejora gradual en el acceso a trabajos más estables. Por sectores, los servicios concentran la inmensa mayoría del subempleo, especialmente en hostelería, comercio y servicios administrativos. Mientras tanto, la industria ha reducido progresivamente esta situación y la construcción muestra un ligero incremento ligado a la recuperación de la actividad inmobiliaria. El informe insiste en que el subempleo supone un desaprovechamiento de talento y capacidad productiva. La amplia diferencia entre las horas trabajadas y las deseadas confirma, según Asempleo, que no se trata de un fenómeno puntual, sino estructural, con consecuencias económicas y sociales para los trabajadores. La patronal también advierte de algunos riesgos futuros. La expansión de la inteligencia artificial y la automatización en el sector servicios podría reducir la demanda de determinados perfiles laborales y aumentar el número de personas con jornadas insuficientes. Al mismo tiempo, considera que el crecimiento del turismo y la hostelería podría ayudar a absorber parte del subempleo si se implantan modelos laborales más flexibles. Además, la digitalización de los sistemas de intermediación laboral podría facilitar un mejor ajuste entre empresas y trabajadores, reduciendo el tiempo que una persona permanece en situación de subempleo involuntario. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, advierte de que la infrautilización continuada de la fuerza laboral supone una pérdida de potencial económico para el país, especialmente en un momento en el que el aumento de la productividad resulta esencial para sostener el Estado del bienestar y mejorar la competitividad internacional.

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(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

España pierde el tren europeo del empleo de alto valor añadido

Los conocidos como "empleos de alto valor añadido" se han presentado tradicionalmente como una de las principales palancas para mejorar la economía y el mercado laboral en España. Se trata de actividades asociadas a los contratos más estables y mejor remunerados, además de ser las que más contribuyen al PIB en términos de innovación y generación de riqueza. Desde la Gran Recesión, su evolución ha sido muy significativa: todo el empleo neto creado desde 2008 se concentra en estas ramas. Sin embargo, el país continúa sin converger con Europa, ya que la diferencia respecto a la zona euro apenas se ha reducido y sigue en niveles similares a los previos a la pandemia. Uno de los principales factores explicativos es el peso de la educación y la sanidad, donde persisten elevados niveles de precariedad. La categoría de empleo de alto valor añadido no es cerrada, pero suele agrupar cinco grandes ramas del sector servicios: informática y telecomunicaciones (programación, servicios informáticos y telecomunicaciones), actividades profesionales, científicas y técnicas (ingenierías, arquitectura, abogacía, consultoría e I+D), actividades financieras y de seguros, educación y actividades sanitarias y de servicios sociales. Estos sectores se contraponen a los denominados de "bajo valor añadido", caracterizados por un uso intensivo de mano de obra, mayor rotación, temporalidad elevada, menor cualificación y salarios más reducidos. En este grupo se incluyen principalmente la hostelería, el comercio y la construcción, actividades con una marcada estacionalidad en muchos casos. A comienzos de 2026, los sectores de alto valor añadido sumaban 6,4 millones de ocupados, equivalentes al 28,1% del empleo total, el máximo de toda la serie histórica del INE desde 2008. En ese año, antes de la crisis financiera, había 4,3 millones de trabajadores en estas actividades, que representaban el 20,3% del total. Desde entonces, todo el empleo neto creado (1,67 millones) se ha concentrado en estas ramas, que han sumado en conjunto 2,1 millones de ocupados, mientras que el resto de sectores ha perdido unos 418.600 empleos. Este crecimiento se concentra sobre todo en sanidad, educación, actividades científicas y técnicas y programación informática, mientras que los servicios financieros y algunas actividades TIC han mostrado ligeros retrocesos. No obstante, la foto cambia si se toma como referencia el periodo posterior a 2020. Desde entonces se han creado 2,6 millones de empleos en la economía española, de los cuales 1,2 millones corresponden a sectores de alto valor añadido y 1,4 millones al resto. Esto muestra que la aportación de estos sectores a la creación de empleo ha sido variable en el tiempo, con un único año de aportación negativa (2013) y varios ejercicios de caída en el conjunto del empleo. Aunque en el acumulado desde 2008 el empleo de alto valor añadido compensa las pérdidas del resto de sectores, esto no ocurre en ningún año concreto, ya que su peso medio apenas ronda el 25% del empleo total. Por ello, el efecto positivo solo se aprecia en el largo plazo, lo que sugiere que la transformación del modelo productivo sigue sin materializarse con la intensidad esperada. Los resultados son más modestos si se adopta una definición más estricta de este tipo de empleo, limitada a TIC y servicios profesionales vinculados a la tecnología. En este caso, el crecimiento es más intenso en términos relativos, pero el volumen total se reduce a 1,9 millones de trabajadores, muy por debajo de sanidad y educación, aunque con mayor dinamismo proporcional. Esta situación ayuda a explicar algunas de las paradojas en la comparación con Europa. España ha creado empleo de alto valor añadido a un ritmo relativamente elevado, pero ha mostrado un peor comportamiento en otros sectores, que aún no han recuperado los niveles de 2008. De este modo, aunque el Gobierno sostiene que la economía española avanza hacia actividades de mayor calidad y valor, esta evolución no se ha traducido en una reducción de la brecha con la zona euro. El peso de estos sectores en España se mantiene en el 28,1%, frente al 32,1% de la media europea, una diferencia de 4,4 puntos porcentuales que apenas ha variado en las últimas dos décadas. Si se amplía la perspectiva a 2008, la distancia llegó a ser de cinco puntos, se redujo ligeramente durante la crisis financiera y desde entonces se ha mantenido prácticamente estable. En consecuencia, España sigue claramente por debajo del promedio europeo en este indicador. La principal causa de esta brecha se encuentra en el menor peso relativo de la sanidad y la educación, sectores altamente dependientes del sector público y con mayores niveles de temporalidad. Además, son también áreas donde se registra una elevada incidencia del pluriempleo.

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(El Economista, 26-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social "aflora" 312.000 pluriempleados

Responder con exactitud cuántas personas tienen más de un empleo en España no es sencillo, ya que las dos principales fuentes estadísticas -la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y los registros de la Seguridad Social- ofrecen cifras significativamente distintas. Según la EPA, en 2025 la media de ocupados en situación de pluriempleo se sitúa en 577.825 personas. Sin embargo, los datos de afiliación a la Seguridad Social elevan esa cifra hasta 889.526 trabajadores, lo que supone una diferencia de 311.701 personas, la más elevada desde que existen registros comparables, en 2002. Esta divergencia se explica en gran medida por la propia naturaleza de ambas fuentes. La EPA se basa en encuestas a hogares y solo contabiliza a quienes declaran en ese momento tener más de un empleo, por lo que puede dejar fuera trabajos secundarios muy esporádicos o de corta duración, como los realizados en fines de semana, festivos o en campañas puntuales. En cambio, la Seguridad Social registra todas las altas laborales, lo que hace que su recuento incluya cada relación de trabajo activa. Aunque posteriormente se promedia para el cálculo anual, esta metodología provoca que las cifras sean sistemáticamente más altas, algo que ocurre desde 2004, pero nunca con una brecha tan amplia como la actual. El propio análisis estadístico añade otra capa de complejidad. Mientras que la EPA muestra una estabilidad del pluriempleo en 2025 e incluso un ligero descenso, la afiliación refleja un aumento cercano al 5% y marca un nuevo máximo histórico. Esta evolución opuesta sugiere cambios en la forma en que se generan y registran los empleos secundarios, posiblemente ligados a mayor fragmentación de los trabajos o a su vinculación con sustituciones y coberturas temporales. Por sectores, la mayor concentración de situaciones de pluriactividad se da en educación (12%), seguida de sanidad (10,8%), servicios auxiliares (10,7%) y, con el 9,4% cada uno, hostelería y comercio. Estas cinco ramas concentran más de la mitad del pluriempleo en España. El contraste entre ambas estadísticas resulta aún más llamativo si se compara con el comportamiento general del empleo. En términos globales, la EPA suele registrar más ocupados que la Seguridad Social, lo que habitualmente se interpreta como un indicio de economía sumergida. Estudios como el de Fedea han señalado que una parte importante de esa diferencia corresponde a trabajadores extranjeros en situación irregular. Sin embargo, en el caso del pluriempleo este patrón se invierte desde hace más de dos décadas, lo que podría estar relacionado con un mayor control administrativo y fiscal de los empleos secundarios, así como con una mejor detección por parte de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no se descarta que parte de estos trabajos no se declaren en las encuestas del INE si se desarrollan en la economía informal. Otro elemento relevante es la forma en que se contabiliza esta realidad. Los datos de la Seguridad Social no miden personas, sino "situaciones de cotización", por lo que un mismo trabajador puede aparecer varias veces si tiene más de un empleo. Esto implica que los cerca de 900.000 registros no equivalen exactamente a 900.000 personas. La propia metodología reconoce este desfase, estimando que la diferencia entre afiliaciones y personas reales ronda el 4% del total, aunque en los últimos años este porcentaje ha alcanzado sus niveles más altos de la serie, superando ese umbral en 2024 y 2025.

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(El País, 26-05-2026) | Laboral

“Los datos muestran que, desde la reforma laboral, los contratos duran más: la estabilidad real ha mejorado, no solo la contractual”

Un análisis del centro de estudios Iseak, publicado este martes, concluye que la reforma laboral de 2021 ha modificado de forma significativa el funcionamiento del mercado de trabajo en España, aunque reabre el debate sobre su efecto real en la estabilidad del empleo. El informe, titulado Reforma laboral 2021: ¿más contratos indefinidos o estabilidad real?, sostiene que desde su entrada en vigor "los contratos iniciados en España tienen una menor probabilidad de finalizarse", un cambio que los autores también relacionan con el buen ciclo económico, sin poder aislar el impacto de cada factor. Según el estudio, la mejora de la estabilidad ha beneficiado especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores extranjeros. La reforma, fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, eliminó el contrato de obra y servicio y restringió el uso de la contratación temporal. Aprobada en diciembre de 2021, ha transformado la estructura del empleo: la temporalidad ha pasado del 25% antes de la reforma al 15% en 2025. El informe recuerda que esta situación de precariedad tiene efectos sociales relevantes, como el aumento de la pobreza laboral, la exclusión social o el menor incentivo a la formación. Iseak subraya que la reforma fue la intervención más ambiciosa en décadas en este ámbito, al limitar la temporalidad, impulsar los contratos fijos discontinuos -que pasan del 2,1% al 3,6%- y reforzar la contratación indefinida, que sube del 72,7% al 81,1%. También destaca el cambio en la composición de las nuevas contrataciones: los contratos temporales han pasado de representar el 88% de las altas al 49%, mientras que en el último trimestre de 2025 los fijos discontinuos suponen el 31% de los episodios laborales y los indefinidos el 19%, lo que el estudio describe como una reconfiguración sin precedentes. A partir de ahí, el informe plantea la cuestión central: si ha aumentado la estabilidad real del empleo o si solo ha cambiado la denominación de los contratos. Los investigadores citan trabajos previos, como uno de Fedea liderado por Ignacio Conde-Ruiz, que concluía que la reforma reducía la temporalidad formal pero no necesariamente la efectiva. Con datos actualizados hasta 2025, Iseak llega a una interpretación distinta. El estudio se basa en registros administrativos de la Seguridad Social entre 2018 y 2025 (excluyendo 2020 y 2021 por la pandemia) y aplica un análisis de supervivencia mediante el estimador Kaplan-Meier, una técnica estadística que mide la probabilidad de que un contrato siga activo con el paso del tiempo, hasta un máximo de 270 días. Los resultados apuntan a una mayor duración de los contratos tras la reforma. Por ejemplo, al mes de iniciarse un contrato, la tasa de supervivencia pasa del 49,1% en 2019 al 56,3% en 2022. A los seis meses, la mejora se mantiene, con un aumento del 44% al 50,6%. Esta tendencia positiva se consolida en cohortes posteriores, como las de 2023, 2024 y 2025, según el informe. Sin embargo, el análisis por tipo de contrato introduce matices. Los contratos indefinidos muestran una menor duración media tras la reforma: al mes, su supervivencia baja del 91,5% al 87,8%, y a los seis meses del 86,4% al 80,4%. Los autores lo atribuyen a un cambio en el perfil de los trabajadores que acceden a esta modalidad, que ahora incluye a personas que antes habrían firmado contratos temporales, lo que habría hecho más heterogéneo el colectivo. También se observa una reducción de la estabilidad en los fijos discontinuos, lo que algunos estudios anteriores ya habían vinculado a un desplazamiento de parte de la temporalidad hacia esta figura. En cambio, la estabilidad de los contratos temporales apenas presenta variaciones. El informe analiza además las diferencias por sexo, edad y nacionalidad. Los grupos que más mejoran su estabilidad son aquellos que partían de situaciones más precarias: mujeres, menores de 30 años y trabajadores extranjeros. En el caso de las mujeres, la tasa de supervivencia pasa del 47,8% en 2019 al 55,4% en 2022, aunque la brecha con los hombres se mantiene. Por sectores, las mejoras son más visibles en actividades como la hostelería, tradicionalmente asociadas a mayor inestabilidad laboral. En sus conclusiones, Iseak señala que las curvas de supervivencia muestran de forma consistente una mayor duración de los contratos tras la reforma, un efecto generalizado en la mayoría de colectivos y sectores. No obstante, los autores advierten de que este resultado puede explicarse tanto por el impacto de la reforma como por el ciclo económico expansivo, lo que impide separar con precisión el peso de cada factor sin un análisis contrafactual más complejo.

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(Expansión, 22-05-2026) | Laboral

Queremos que haya fontaneros, pero no queremos serlo bajo las condiciones actuales

Los oficios técnicos atraviesan un momento de fuerte demanda gracias al impulso de la transición energética y a la necesidad de nuevas infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, estas profesiones siguen arrastrando viejos prejuicios y condiciones laborales poco atractivas. En un contexto en el que algunos sectores con falta de mano de obra ya ofrecen salarios de hasta 54.000 euros anuales, el gran desafío para la economía española no consiste únicamente en formar trabajadores, sino en convencer a una generación saturada del trabajo frente a pantallas de que también existe un futuro estable y bien remunerado fuera de la oficina. El caso del fontanero simboliza bien esta nueva realidad del mercado laboral. Se trata de una ocupación imprescindible, difícil de sustituir por automatización y prácticamente imposible de deslocalizar. Aun así, continúa sin resultar especialmente atractiva como salida profesional si no va acompañada de mejores sueldos, estabilidad y condiciones laborales dignas. Un estudio reciente de LinkedIn refleja que casi siete de cada diez españoles se plantearían cambiar a un oficio manual si este ofreciera mayores garantías y ventajas laborales. La investigación también apunta a que este cambio de mentalidad coincide con un aumento de la demanda de trabajadores especializados en sectores esenciales para la economía española, como el comercio minorista, el transporte y la logística, la agricultura, la construcción o la industria manufacturera. A pesar de ello, el empleo de oficina sigue siendo la opción preferida para el 43% de los encuestados. Frente a ello, únicamente un 31% se decanta por un oficio técnico y apenas un 20% opta por trabajos ligados al sector servicios. En realidad, el mercado laboral está mostrando que los oficios han recuperado peso económico y social porque son fundamentales para sostener áreas clave como la vivienda, la energía, la industria, la logística o la infraestructura física que necesita la economía digital. Pero también deja claro que la elevada demanda no basta, por sí sola, para hacer atractivas estas profesiones. Para que jóvenes, mujeres, trabajadores agotados del entorno corporativo o desempleados de larga duración apuesten por estos empleos, el mercado tendrá que ofrecer algo más que vacantes. Será necesario garantizar salarios competitivos, estabilidad, formación remunerada, posibilidades de promoción, certificaciones profesionales, reconocimiento social, conciliación y empresas que traten estos trabajos como carreras técnicas especializadas y no como mano de obra fácilmente reemplazable. Paradójicamente, la propia expansión de la inteligencia artificial está impulsando la necesidad de más trabajadores manuales. Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, señaló recientemente en una intervención en Carnegie Mellon University que el desarrollo de la IA requerirá nuevas fábricas, centros de datos, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración, estructuras metálicas, fontanería y trabajos eléctricos. Según informó Reuters, el auge de los centros de datos y de las energías renovables está agravando en Estados Unidos la escasez de profesionales de construcción, energía y redes eléctricas. El país necesitará alrededor de 507.000 trabajadores adicionales en infraestructuras energéticas y de transmisión antes de 2030. Los salarios internacionales ayudan también a entender por qué muchos trabajadores vuelven a mirar hacia estos sectores. En Estados Unidos, los electricistas alcanzaron en 2024 un salario mediano anual de 62.350 dólares y las previsiones oficiales apuntan a un crecimiento del empleo del 9% en la próxima década. Los fontaneros y especialistas en tuberías y vapor registraron salarios cercanos a 63.000 dólares anuales, mientras que el 10% mejor pagado superó los 105.000 dólares. Los técnicos de climatización y refrigeración, por su parte, alcanzaron una mediana próxima a los 60.000 dólares. En España, la necesidad de mano de obra técnica se concentra especialmente en varios ámbitos. El primero es la construcción, sobre todo en actividades ligadas a la rehabilitación, la eficiencia energética y la vivienda. La Fundación Laboral de la Construcción destacó que en 2024 el sector superó los 1,4 millones de afiliados, con cifras récord en el Régimen General desde 2010. Al mismo tiempo, BBVA Research advierte de que la escasez de trabajadores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la actividad constructora, agravado además por el envejecimiento de la plantilla. El segundo foco es la industria manufacturera. El SEPE identifica dificultades crecientes para cubrir puestos de soldadores, ajustadores industriales, mecánicos, operadores de maquinaria, carpinteros metálicos, instaladores o técnicos de reparación eléctrica. La falta de profesionales afecta así a buena parte de la base técnica industrial relacionada con el metal, el mantenimiento, la electricidad y la maquinaria. El tercer ámbito es el energético. La expansión de las energías renovables, la electrificación y la rehabilitación energética requieren instaladores eléctricos, técnicos de mantenimiento, frigoristas, especialistas en climatización y perfiles capaces de combinar conocimientos eléctricos, digitales y normativos. Las guías salariales de Adecco destacan precisamente la elevada demanda de perfiles vinculados a mantenimiento industrial, coordinación técnica y ejecución de proyectos energéticos. La logística y el transporte constituyen otro frente clave. El informe europeo de EURES alerta de la escasez de conductores y operadores de maquinaria móvil, mientras que estudios salariales de Randstad muestran cómo sectores como logística, transporte, ingeniería o industria siguen aumentando la competencia por captar talento técnico. A ello se suma la falta de profesionales en determinados oficios vinculados al sector naval y a ocupaciones de difícil cobertura. El catálogo del SEPE incluye perfiles como frigoristas navales, maquinistas, mecánicos navales, instaladores eléctricos, carpinteros metálicos o conductores de grúa. A escala internacional, entre los oficios más demandados destacan electricistas, instaladores solares, técnicos de climatización, soldadores, mecánicos industriales, operadores de maquinaria y especialistas en mantenimiento. En España, esa demanda se concentra especialmente en soldadores, electricistas, frigoristas, fontaneros, carpinteros metálicos, técnicos de mantenimiento, instaladores energéticos y perfiles relacionados con construcción, energía, logística, industria o el sector naval. En cuanto a los salarios más elevados, suelen concentrarse en aquellos empleos donde coinciden escasez de profesionales, alta cualificación técnica, certificaciones específicas, riesgo laboral y fuertes barreras de entrada. Es el caso de actividades relacionadas con ascensores, redes eléctricas, electricidad industrial, soldadura homologada, climatización avanzada o mantenimiento industrial. En España, las estadísticas no permiten afirmar que ser fontanero garantice automáticamente un salario elevado, aunque sí muestran que los sectores industriales y energéticos ofrecen remuneraciones significativamente superiores a las actividades menos cualificadas. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el sueldo medio anual en España se situó en 28.049 euros en 2023, mientras que el sector de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado alcanzó una media de 54.447 euros. En el extremo contrario, la hostelería registró salarios cercanos a los 17.000 euros anuales.

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