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(Expansión, 20-10-2026) | Laboral

Subida salarial del 5% para los funcionarios

El Gobierno mantiene contactos con los sindicatos que representan a los empleados públicos para estudiar la posibilidad de aprobar la subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El calendario contempla que a comienzos de 2027 se haga efectivo el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, vinculado a la evolución del IPC, así como la subida del 4,5% prevista para el próximo ejercicio. Después de confirmar que elevará el salario mínimo interprofesional para beneficiar a 2,5 millones de trabajadores antes de las elecciones y que actualizará las pensiones de los 9,5 millones de perceptores antes de finalizar el año, el Ejecutivo también estudia adelantar la subida salarial de los funcionarios y del resto del personal público. Este colectivo agrupa a unos 3,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió recientemente a hacer todo lo posible para aplicar el incremento salarial acordado con los sindicatos a finales de noviembre de 2025. A raíz de estas declaraciones, CSIF, la principal organización sindical entre los empleados públicos, ha trasladado su intención de acelerar la aplicación de los dos aumentos previstos para los primeros meses de 2027. El primero de ellos corresponde al incremento adicional del 0,5% sobre la subida del 1,5% aplicada en 2026. Según el acuerdo alcanzado, esta revisión debe aprobarse durante el primer trimestre del próximo año y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, siempre que la inflación media anual supere el 1,5%. Las previsiones de los principales servicios de estudios sitúan el IPC medio de este ejercicio entre el 3,6% y el 3,7%, por lo que se cumplirían las condiciones para activar este aumento complementario. No obstante, la principal reivindicación de los representantes de los funcionarios se centra en la subida del 4,5% prevista para 2027. Este porcentaje representa casi la mitad del incremento salarial acumulado del 11% acordado para el periodo 2026-2028, que incluye también una subida pendiente del 2% para 2028. Su aplicación permitiría compensar, al menos parcialmente, el impacto del encarecimiento de los precios y contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Fuentes del Gobierno señalan que la senda retributiva ya fue pactada con los sindicatos y suscrita por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que no sería necesario volver a negociar sus términos. Las organizaciones sindicales, por su parte, insisten en la conveniencia de agilizar los trámites para que los incrementos puedan aplicarse dentro de los plazos establecidos. Tradicionalmente, las subidas salariales de los funcionarios se incorporaban a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo ha tramitado las últimas actualizaciones al margen de las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023. Ante la ausencia de nuevos presupuestos, la subida tendría que aprobarse mediante un instrumento normativo específico, ya fuera por el Gobierno actual en funciones después del 29 de noviembre o por el Ejecutivo que se constituya tras las elecciones. El objetivo es que el incremento previsto para 2027 entre en vigor en enero. CSIF ha reclamado que el Gobierno apruebe mediante real decreto, a través de la Diputación Permanente, antes de los comicios generales del 29 de noviembre, tanto el aumento del 4,5% para 2027 como el 0,5% adicional correspondiente a 2026. CCOO también respalda esta petición de cara a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio de Función Pública. Las reivindicaciones sindicales incluyen, además, la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación de las retribuciones entre las distintas administraciones, el refuerzo de los servicios públicos y la recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes aplicados desde 2010. La aplicación de ambos incrementos supondría un desembolso conjunto de unos 10.000 millones de euros para las administraciones públicas. El pago del 0,5% adicional de 2026, con carácter retroactivo, tendría un coste aproximado de 1.000 millones de euros para las nóminas de los empleados públicos. A esta cantidad se sumarían otros 9.000 millones derivados de la subida del 4,5% prevista para 2027, lo que elevaría la factura total de las dos medidas hasta los 10.000 millones de euros.

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(El País, 20-10-2026) | Laboral

Las parejas con hijos tendrán derecho a la pensión de viudedad si acreditan dos años de convivencia

Las personas que convivan y tengan hijos en común podrán acceder a la pensión de viudedad sin necesidad de estar casadas ni de haber inscrito su relación como pareja de hecho, siempre que acrediten que han convivido de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud. Esta es una de las medidas que recoge el decreto ley que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, según la última versión del documento que el Gobierno manejaba este lunes. La reforma equipara a estos convivientes con los matrimonios y las parejas de hecho, los dos grupos que hasta ahora podían solicitar esta prestación. El Ejecutivo recupera así una propuesta que ya trasladó a sindicatos y organizaciones empresariales durante las negociaciones para modificar la regulación de la incapacidad temporal y que desarrolló en un borrador el pasado julio. La medida se incorporará ahora a una norma que entrará en vigor tras su aprobación, aunque deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de un mes para mantenerse vigente. Este trámite resulta más sencillo para el Gobierno tras la disolución de las Cortes, ya que en la Diputación Permanente no necesita el apoyo de Junts. El cambio modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Cuando existan hijos en común, bastará con demostrar que la pareja ha mantenido una convivencia estable y pública durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Por tanto, si la relación no se formalizó legalmente, la persona superviviente podrá solicitar la pensión siempre que haya tenido descendencia con la fallecida y ambos hayan residido en el mismo domicilio durante ese periodo. Para acreditar este requisito será suficiente presentar el certificado de empadronamiento. De esta forma, los convivientes que tengan hijos quedarán equiparados a las parejas de hecho con descendencia. Hasta ahora, estas últimas debían demostrar que habían transcurrido al menos dos años desde la formalización de la relación para tener derecho a la prestación, una condición que se mantiene en la normativa vigente. En cambio, para las parejas de hecho sin hijos seguirá siendo obligatorio acreditar cinco años de convivencia ininterrumpida y haber inscrito la unión, como máximo, dos años antes del fallecimiento. El Gobierno justifica la reforma por la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso a la pensión de viudedad para las parejas con hijos en común y suprimir trámites formales que, según el Ejecutivo, han provocado situaciones de desprotección y numerosos litigios. El objetivo, añade, es adaptar la normativa a la realidad social y garantizar una protección efectiva a quienes mantienen una convivencia estable que pueda acreditarse. La norma contempla también un plazo de un año para que las personas que pudieran beneficiarse de este cambio por fallecimientos ocurridos con anterioridad puedan solicitar la prestación. El Ejecutivo no ha calculado cuántos ciudadanos podrían acogerse a la medida. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente la mitad de los niños nacen de parejas que no están casadas. Esta iniciativa formaba parte del borrador que la Seguridad Social presentó en julio a CC OO, UGT, CEOE y Cepyme durante las conversaciones para reformar las bajas laborales. El departamento dirigido por Elma Saiz buscaba entonces un acuerdo para frenar el incremento de la incapacidad temporal, cuyas cifras habían alcanzado máximos históricos, aunque los últimos datos oficiales apuntaban a una moderación del ritmo de crecimiento. Tras meses de negociación, no fue posible cerrar un pacto con sindicatos y patronales sobre esta y otras medidas. La convocatoria electoral ha reducido las posibilidades de alcanzar un acuerdo global en el marco del diálogo social, por lo que el Gobierno pretende recuperar algunas de las propuestas antes de los comicios. El decreto incluye, además, otra modificación relativa a las pensiones de viudedad de personas divorciadas o separadas antes de 2008. Hasta ahora, quienes ya percibían otra pensión pública no podían acceder a esta prestación. Con el cambio planteado por el Ejecutivo, podrán cobrar la pensión de viudedad y compatibilizarla con otras prestaciones, como las de jubilación o incapacidad. Otra de las novedades afecta a las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de catástrofes naturales. El borrador establece que las normas aprobadas para ofrecer una cobertura extraordinaria tras una emergencia podrán asimilar determinadas prestaciones, como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o las de muerte y supervivencia, a contingencias profesionales. Esto permitiría mejorar la protección de los afectados respecto a la que recibirían si la situación se reconociera como una contingencia común. El Ejecutivo considera que las catástrofes naturales y las emergencias registradas en los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de establecer un mecanismo permanente que permita ofrecer una respuesta homogénea, rápida y previsible. La nueva regulación pretende facilitar que las prestaciones vinculadas a estos acontecimientos dispongan de una cobertura más favorable. El Gobierno prevé impulsar más cambios laborales y en materia de Seguridad Social durante las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre. Entre las medidas pendientes figura la subida del salario mínimo interprofesional para 2027, actualmente fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. A falta de conocer la recomendación del grupo de expertos, la evolución de los precios y los incrementos aplicados en años anteriores apuntan a un posible aumento cercano al 5%, inferior al 7% que reclaman los sindicatos. Las organizaciones empresariales todavía no han concretado qué incremento consideran adecuado, aunque han manifestado su sorpresa ante la posibilidad de que la subida se apruebe antes de las elecciones. En los últimos años, el Ministerio de Trabajo ha tramitado habitualmente la actualización del salario mínimo durante los primeros meses del año, en lugar de hacerlo antes de que finalice el ejercicio anterior.

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(El País, 20-10-2026) | Laboral

Los sindicatos registran el paro por la vivienda del 11-N: “Esta huelga general es de la calle”

CC OO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han registrado este lunes por la mañana en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general prevista para el 11 de noviembre. Las organizaciones sindicales han unido sus fuerzas para animar a la ciudadanía a secundar el paro y no acudir a sus puestos de trabajo durante esa jornada, sin que se hayan producido los habituales enfrentamientos entre las centrales mayoritarias y las de menor tamaño. La última intervención ha correspondido a Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, organización que ha impulsado las movilizaciones por el acceso a la vivienda, especialmente tras el desahucio de Maricarmen. El movimiento ha conseguido reunir primero el apoyo de los sindicatos alternativos y, posteriormente, el de CC OO y UGT. Racu ha calificado la convocatoria de «hito histórico» y ha defendido que la organización de los inquilinos puede poner en dificultades a quienes se benefician del negocio del alquiler. También ha destacado que la colaboración con los sindicatos laborales permite aumentar la capacidad de movilización. En este sentido, ha insistido en que la huelga no pertenece a ninguna organización concreta, sino que es una iniciativa de la ciudadanía. La portavoz ha animado a los trabajadores a organizarse para participar en el paro y ha remitido a la página web habilitada por el Sindicato de Inquilinas, que ofrece información práctica sobre la convocatoria. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha pedido a la población que se sume libremente a la jornada de protesta, cuyo propósito es impulsar una nueva forma de abordar el problema de la vivienda en España. Sordo ha denunciado que numerosas familias destinan la mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca y ha advertido de que el encarecimiento de la vivienda constituye una importante fractura social. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que las subidas de los precios inmobiliarios dificultan que los convenios colectivos puedan garantizar mejoras suficientes en el poder adquisitivo de los trabajadores. Por ello, considera que la movilización del 11 de noviembre debe marcar un punto de inflexión y contribuir a modificar la evolución de esta situación. Álvarez ha dirigido sus críticas a quienes, pese a tener responsabilidad o capacidad de actuación, no han mostrado suficiente interés en solucionar el problema. Desde CGT, su secretario general, Miguel Fadrique, ha afirmado que la protesta se dirige contra el conjunto de la clase política, tanto a nivel autonómico como estatal. A su juicio, ningún partido ha conseguido dar una respuesta eficaz a la crisis de la vivienda. Fadrique ha defendido que la movilización debe ser multitudinaria para obligar a los responsables políticos a reaccionar y ha llamado a participar de forma masiva. Nieves Román, representante de CNT, ha reclamado una paralización de la actividad del país en defensa del derecho a la vivienda. Andrea Zayas, de CO.BAS, ha atribuido a la clase trabajadora el mérito de haber hecho posible la unidad sindical en esta convocatoria. Almudena Villar, de Intersindical, ha defendido que la huelga contribuya a cambiar las prioridades sociales, mientras que Ángel González, de Solidaridad Obrera, ha reivindicado la acción directa de los trabajadores como vía para proteger sus derechos. La Unión de Actores y Actrices es la única organización participante en la comparecencia que no tiene una orientación sindical de clase. Su portavoz, el actor Juanjo Artero, ha presentado la huelga como un instrumento para defender los derechos laborales y construir el futuro del sector, al tiempo que ha animado a actores y actrices a sumarse al paro. Artero también ha denunciado que la expansión de las plataformas audiovisuales no se ha traducido en una mejora de las retribuciones y ha señalado la inestabilidad laboral que caracteriza a buena parte de la profesión, marcada por la discontinuidad de los contratos. La convocatoria cuenta asimismo con el respaldo de los sindicatos vascos ELA y LAB, los gallegos CIG y CU, el andaluz SAT, el aragonés SOA, Alternativa Sindical de Clase, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, el sindicato de guionistas Alma y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Sin embargo, otras organizaciones sindicales han decidido no apoyar la huelga al considerar que existen motivaciones políticas detrás de la convocatoria. Entre ellas figuran USO, Fetico, CSIF, ANPE, Amyts, Semaf y SLT, además de otras centrales sectoriales que también han expresado su rechazo a participar en la movilización.

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(El Economista, 20-10-2026) | Laboral

CEOE impugnará la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación entre empresas, administraciones públicas y agentes sociales para abordar los principales desafíos económicos y sociales. Durante su intervención en los XXV Premios ATA: Autónomo del Año, expresó su preocupación por la situación política española y advirtió de que el país parece alejarse del espíritu de consenso que permitió alcanzar la Constitución. Garamendi también cuestionó la convocatoria de la huelga general y anunció que la patronal tiene intención de impugnarla por considerar que podría ser ilegal. «Ese no es el camino», afirmó, al tiempo que criticó lo que considera una creciente confrontación con las empresas. En este sentido, planteó si los autónomos son responsables de los problemas de acceso a la vivienda o de la inflación y pidió que las tensiones no se trasladen a las calles. El dirigente empresarial reclamó, asimismo, respeto por las reglas democráticas y rechazó que determinadas decisiones institucionales se utilicen con fines electorales. También mostró su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Trabajo en relación con el Consejo Económico y Social (CES), en particular con la iniciativa para facilitar la incorporación de la patronal catalana Pimec a este órgano, una decisión impulsada por Yolanda Díaz sin el consenso previo de las organizaciones empresariales. Durante su intervención, el presidente de la CEOE insistió en que cuestiones como el acceso a la vivienda y el aumento de los costes empresariales requieren soluciones negociadas entre las partes implicadas. En este sentido, reclamó mayor lealtad institucional y coordinación entre las distintas administraciones, además de una mayor atención a las demandas ciudadanas. «A las soluciones complejas, como la vivienda, solo vamos a llegar si nos sentamos en una mesa con espacios de escucha», defendió. La convocatoria de la huelga general por parte de CCOO y UGT, bajo la reivindicación del derecho a la vivienda y de unos salarios suficientes para poder pagarla, ya había suscitado dudas entre CEOE y Cepyme sobre su legalidad. Ambas organizaciones empresariales consideraban que la protesta podía tener un componente político, al estar relacionada con la crisis de acceso a la vivienda. No obstante, habían evitado pronunciarse de forma definitiva hasta conocer el contenido de la convocatoria, registrada oficialmente este lunes ante el Ministerio de Trabajo. Junto a la iniciativa de los dos sindicatos mayoritarios, otras organizaciones de trabajadores, como CGT y CNT, han promovido una convocatoria propia. Pese a las diferencias entre las distintas organizaciones sindicales, el Sindicato de Inquilinas ha destacado la unidad mostrada por estos colectivos en torno a la movilización. El documento presentado por CCOO y UGT sitúa el derecho a la vivienda como principal motivo de la huelga, pero incorpora también reivindicaciones relacionadas con los salarios y la negociación colectiva. Entre ellas figuran la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y las críticas a CEOE y Cepyme por no haber retomado las conversaciones para renovar el acuerdo marco estatal sobre negociación colectiva. Esta combinación de demandas sociales y laborales constituye uno de los puntos centrales de la controversia entre sindicatos y patronal. Mientras las organizaciones convocantes defienden que sus reivindicaciones están vinculadas a los intereses económicos y profesionales de los trabajadores, la CEOE cuestiona la legalidad de la protesta por entender que puede perseguir objetivos ajenos al ámbito estrictamente laboral. El marco jurídico de referencia es el Real Decreto-ley 17/1977, que considera ilegales las huelgas iniciadas o mantenidas por motivos políticos o con finalidades distintas de los intereses profesionales de los trabajadores afectados. La interpretación de este precepto resulta determinante para valorar la convocatoria. Los sindicatos, por su parte, confían en que los precedentes judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional respalden su posición, al considerar que las reivindicaciones socioeconómicas también pueden quedar amparadas por el derecho de huelga.

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(El Economista, 20-10-2026) | Laboral

Los parados séniors logran un contrato por cada cuatro de un menor de 45 años

España continúa alcanzando máximos de afiliación a la Seguridad Social y registra la cifra de desempleo más baja de los últimos 18 años. Sin embargo, esta evolución favorable del mercado laboral no beneficia por igual a todos los grupos de edad. Un estudio de la Fundación Más Sénior advierte de las dificultades que afrontan los desempleados mayores de 45 años para reincorporarse al mercado de trabajo. El análisis de las últimas dos décadas revela que este colectivo consigue muchos menos contratos que los trabajadores más jóvenes, una brecha que no se ha reducido pese a la recuperación económica. Entre enero y septiembre de 2026 se formalizaron 12,15 millones de contratos en España. De ellos, 3,20 millones correspondieron a personas mayores de 45 años, el 26,3% del total. Sin embargo, este grupo representa 1.354.570 desempleados registrados, el 56,9% del conjunto de personas inscritas en las oficinas de empleo, frente a los 1.024.935 parados menores de esa edad. La diferencia resulta todavía más evidente al comparar el número de contratos con el volumen de desempleados de cada grupo. Durante los nueve primeros meses del año se firmaron 8,7 contratos por cada parado menor de 45 años, mientras que entre los mayores de esa edad la proporción se redujo a 2,4. En otras palabras, las oportunidades de contratación de los trabajadores sénior apenas alcanzaron una cuarta parte de las que tuvieron los más jóvenes en relación con el número de desempleados. La recuperación de la contratación tampoco ha servido para corregir esta desigualdad. En comparación con el mismo periodo de 2025, los contratos suscritos por mayores de 45 años aumentaron un 2,3%, frente al crecimiento del 5,6% registrado entre los menores de esa edad. La situación empeora especialmente a partir de los 55 años. Entre los desempleados de 45 a 54 años se contabilizaron 3,8 contratos por cada persona en paro, mientras que entre los mayores de 55 la proporción cayó hasta 1,4, aproximadamente un contrato por cada seis desempleados. La distribución de las contrataciones confirma esta diferencia. Las personas de entre 45 y 54 años representan el 23,5% del paro registrado, pero concentran el 17,2% de los contratos. En el caso de los mayores de 55 años, suponen el 33,5% de los desempleados, aunque únicamente reciben el 9,1% de las nuevas contrataciones. La Fundación Más Sénior sostiene que esta brecha generacional se mantiene incluso durante los periodos de expansión económica. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestran que en 2006, durante el auge de la construcción, se formalizaban una media de 9,3 contratos por cada desempleado menor de 45 años. La proporción descendía a 3,9 entre los trabajadores de 45 a 54 años y a 1,4 entre los mayores de 55. Las ratios actuales reflejan una situación muy similar. Las diferencias se redujeron temporalmente durante la Gran Recesión y la pandemia, cuando la contratación cayó en todos los grupos de edad, aunque con mayor intensidad entre los más jóvenes. Entre 2007 y 2009, los contratos por desempleado menor de 45 años descendieron de 9,3 a 3,4, mientras que en el grupo de 45 a 54 años pasaron de cuatro a 1,9. En 2020 volvió a producirse una evolución parecida: la ratio de los menores de 45 años bajó de 8,4 a 4,3, y la de los trabajadores de 45 a 54 años, de 3,9 a 2,4. Con la recuperación del empleo, la distancia volvió a ampliarse. A esta persistencia de las dificultades se suma el envejecimiento de la población desempleada. Aunque el número de parados de entre 45 y 54 años ha disminuido considerablemente desde los máximos registrados en 2013, cuando alcanzó los 1.178.780, actualmente se sitúa en 558.232. En cambio, el desempleo entre los mayores de 55 años siguió aumentando hasta llegar a 902.993 personas en 2020 y apenas ha retrocedido desde entonces, hasta los 796.338 actuales. Desde 2021, los desempleados mayores de 55 años superan en número a los del tramo de 45 a 54 años, y la diferencia continúa creciendo. De este modo, una proporción cada vez mayor del paro se concentra en el grupo que encuentra más obstáculos para acceder a un empleo. La fundación describe esta dinámica como un círculo vicioso en el que la escasez de oportunidades laborales incrementa el desempleo y, a su vez, contribuye a perpetuar los prejuicios asociados a la edad. Aunque las ratios de contratación muestran que el problema viene de lejos, el aumento del peso de los trabajadores sénior entre los desempleados agrava sus consecuencias. Para explicar esta situación, la Fundación Más Sénior identifica cuatro factores que contribuyen a mantener las barreras de acceso al empleo. El primero son los prejuicios de los responsables de selección, que pueden asociar una mayor edad con una menor capacidad de adaptación, dificultades para utilizar nuevas tecnologías o resistencia al cambio. La organización también señala la tendencia de algunos responsables de contratación a elegir candidatos con perfiles y características similares a los propios. El segundo factor es el coste salarial. La antigüedad y la progresión retributiva pueden hacer que los trabajadores con más experiencia sean percibidos como candidatos más caros. No obstante, la fundación considera que este elemento no basta para explicar la magnitud de la brecha. El tercer obstáculo se encuentra en las políticas activas de empleo. Según el análisis, las bonificaciones a la contratación de mayores de 45 años no han tenido suficiente capacidad para revertir la situación, mientras que buena parte de la formación dirigida a los desempleados resulta demasiado general y no responde adecuadamente a las necesidades de las empresas. Por último, la organización apunta a la brecha digital como otro elemento que dificulta la reincorporación laboral. La falta de determinadas competencias tecnológicas puede utilizarse como motivo para descartar candidaturas, una barrera que podría intensificarse con los filtros automatizados y los algoritmos empleados en los procesos de selección. Sin embargo, la persistencia de diferencias similares desde hace dos décadas indica que la digitalización no constituye el origen del problema, aunque puede contribuir a reforzar prejuicios que ya existían. Para reducir estas desigualdades, la Fundación Más Sénior propone establecer incentivos fiscales de mayor alcance para las empresas que mantengan plantillas con una composición equilibrada por edades y contraten a desempleados de larga duración mayores de 50 años. También plantea desarrollar programas intensivos de recualificación en ámbitos como la inteligencia artificial y el análisis de datos, con el objetivo de mejorar la adaptación de los trabajadores sénior a las nuevas demandas del mercado laboral. Asimismo, defiende vincular el subsidio para mayores de 52 años a programas obligatorios de recolocación, de manera que esta prestación no termine convirtiéndose en una vía de salida anticipada del mercado de trabajo. El propósito de estas medidas sería aumentar las oportunidades de contratación y evitar que la edad siga condicionando de forma tan determinante el acceso al empleo.

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(La Vanguardia, 20-10-2026) | Laboral

Las provincias con mayores ingresos por habitante fueron Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid, y las más bajas Almería, Jaén y Huelva

La distribución de los ingresos de los hogares españoles en 2024 refleja un aumento de las desigualdades territoriales. Los datos dibujan una división cada vez más marcada entre las comunidades del norte, donde las rentas son más elevadas y continúan creciendo, y las zonas del sur, que presentan ingresos inferiores y una evolución más moderada. Esta es una de las principales conclusiones del Atlas de Distribución de Rentas de los Hogares publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por provincias, Gipuzkoa encabezó la clasificación de ingresos anuales medios por habitante, con 20.790 euros, seguida de Bizkaia, con 19.858 euros, y Madrid, con 19.277 euros. En el extremo opuesto se situaron Almería, con 12.244 euros por persona, Huelva, con 12.765 euros, y Jaén, con 12.835 euros. En Catalunya, la renta media por habitante alcanzó los 17.884 euros en Barcelona, los 15.986 euros en Girona, los 15.608 euros en Lleida y los 15.296 euros en Tarragona. En las cuatro provincias, el crecimiento de los ingresos quedó por debajo del promedio nacional. Madrid, por el contrario, registró un incremento superior a los 1.100 euros por persona, lo que amplió la diferencia de renta entre la capital y Catalunya. El atlas del INE constituye la principal fuente estadística para analizar los ingresos de los hogares en España, gracias a la amplitud y al nivel de detalle de sus datos. La información permite examinar la situación económica de la población en cada municipio e incluso descender hasta las secciones censales y las calles, lo que facilita la identificación de las diferencias de renta dentro de un mismo territorio. En el conjunto de España, la renta neta media anual por persona se situó en 15.948 euros durante 2024, un 6,1% más que el año anterior. Por hogar, el ingreso neto medio ascendió a 40.605 euros, lo que representa un aumento del 5,9% respecto a 2023. La clasificación de los municipios de más de 2.000 habitantes volvió a estar encabezada por localidades con elevados niveles de renta. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ocupó la primera posición, con 32.612 euros anuales por habitante. Le siguieron Matadepera, en Barcelona, con 28.607 euros, y Boadilla del Monte, también en Madrid, con 28.382 euros. En los tres municipios, los ingresos medios aumentaron alrededor de 2.000 euros. La evolución fue menos favorable en las localidades con menores rentas, donde los incrementos rondaron los 800 euros, por debajo del promedio estatal. Iznalloz, en Granada, registró la renta neta media anual más baja entre los municipios de más de 2.000 habitantes, con 9.153 euros por persona. A continuación figuraron El Palmar de Troya, en Sevilla, con 9.321 euros, y Albuñol, también en Granada, con 9.343 euros. Los datos también permiten clasificar los municipios según la posición de sus habitantes en la distribución nacional de la renta. En Euskadi, el 90% de las localidades se encontraba entre el 25% de la población española con mayores ingresos, correspondiente a rentas superiores a 17.157 euros por persona. Navarra ocupó el segundo lugar, con el 71% de sus municipios en esta categoría, seguida de Baleares, con el 46%, y Catalunya, con el 44%. En el otro extremo, Murcia concentró el 91% de sus municipios en los niveles de renta más bajos. La proporción alcanzó el 84% en Andalucía y el 82% en Extremadura, lo que pone de manifiesto las diferencias económicas entre las distintas zonas del país. Las desigualdades también se aprecian al analizar el grupo de población con rentas muy altas, aquellas que superan los 21.652 euros anuales por persona. Donostia destacó especialmente, con el 60% de sus habitantes en este segmento. A continuación se situaron Madrid, con el 39%; Bilbao, con el 34%, y Barcelona, con el 32%. En cambio, en Soria y Cuenca no había población incluida en esta categoría de renta, mientras que en Guadalajara el porcentaje apenas alcanzaba el 1,7%. En el extremo inferior de la distribución, Melilla registró el mayor porcentaje de habitantes con rentas muy bajas, con un 32%, seguida de Ceuta, con un 30%, y Alicante, con un 29%.

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(El País, 19-10-2026) | Laboral

El Gobierno arranca los “martes sociales” para mejorar las prestaciones por viudedad, incapacidad, víctimas del terrorismo y violencia de género

El Gobierno prepara una nueva batería de medidas sociales que pretende aprobar en los Consejos de Ministros de las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ejecutivo quiere mantener la actividad legislativa hasta los comicios, siguiendo la intención expresada por Pedro Sánchez el día en que anunció el adelanto electoral. La estrategia, denominada internamente «martes sociales», contempla sacar adelante iniciativas de distintos ministerios que habían quedado pendientes. El Consejo de Ministros de esta semana incluirá un paquete relevante de medidas impulsadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las propuestas se tramitarán mediante un real decreto-ley, por lo que deberán ser convalidadas en el plazo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso. Esta vía permite al Ejecutivo someter las medidas a votación sin necesidad de reunir al pleno de la Cámara. Según el planteamiento descrito, el Gobierno confía en contar con los apoyos necesarios de las formaciones de izquierda y del PNV, sin depender de los votos de Junts. Entre las iniciativas previstas figura la ampliación de la incapacidad temporal para las mujeres que padezcan patologías asociadas a la menopausia. También se reforzará la protección económica de las víctimas de violencia de género durante las bajas médicas. En estos casos, la prestación será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará la retribución correspondiente al primer día de baja, mientras que la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación desde ese momento. El decreto también mejorará las ayudas destinadas a madres y padres que deban cuidar de hijos menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves. Ambos progenitores podrán percibir la prestación de forma simultánea o alterna. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad, el derecho podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga reconocida una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada. Otra de las novedades afectará a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho. La existencia de hijos en común pasará a ser suficiente para acreditar la relación a efectos del acceso a esta prestación, con el objetivo de evitar los problemas que se estaban produciendo con los requisitos de acreditación. Asimismo, las solicitudes que hayan sido denegadas podrán revisarse durante los 12 meses siguientes. El paquete incluirá también una mejora de las pensiones extraordinarias concedidas a las víctimas de actos terroristas. La cuantía mínima se elevará hasta el equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.442 euros, lo que representa un incremento del 36% respecto al umbral anterior. La protección de los huérfanos por violencia de género será otro de los ámbitos reforzados. Las prestaciones contributivas contarán con una cuantía mínima equivalente a dos veces el SMI, mientras que las ayudas no contributivas también podrán alcanzar ese límite, con el propósito de mejorar la cobertura económica de estos menores. Por último, el Ejecutivo prevé ampliar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a los menores cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones económicas. La cuantía máxima de los anticipos por beneficiario se triplicará, pasando de 100 a 300 euros. También se ampliará el periodo durante el que podrán percibirse estas ayudas. Con estas iniciativas, el Gobierno pretende reforzar la protección social de distintos colectivos antes de la convocatoria electoral, mediante cambios que afectan a las bajas médicas, las pensiones, las prestaciones por cuidados y las ayudas destinadas a menores en situaciones de vulnerabilidad.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

El Ejecutivo gasta ya más de 1.000 millones al mes en complementos de las pensiones

El gasto de la Seguridad Social en complementos de las pensiones continúa creciendo y ha superado por primera vez los 1.000 millones de euros mensuales en el periodo analizado. En septiembre de 2026, el sistema destinó 1.012,7 millones de euros a financiar los distintos complementos vinculados a las prestaciones contributivas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayor parte de esta cantidad correspondió a los complementos a mínimos, que concentraron 710,5 millones de euros. Los 302,2 millones restantes se destinaron a otros conceptos, entre ellos los complementos dirigidos a reducir la brecha de género en las pensiones. La evolución de estas partidas muestra un incremento sostenido durante los últimos años. En septiembre de 2020, el gasto mensual en complementos se situaba en 587,3 millones de euros, frente a los más de 1.012 millones actuales. De este modo, el desembolso ha aumentado cerca de un 72% en seis años. Además, solo en el último ejercicio se ha incrementado en aproximadamente 145 millones, al pasar de 867,5 millones a la cifra registrada en septiembre de 2026. Por modalidades, las pensiones de jubilación concentraron el mayor volumen de recursos destinados a complementos, con 603,4 millones de euros en septiembre. De esta cantidad, 437,3 millones correspondieron a complementos a mínimos y 166,1 millones a otras partidas. A continuación se situaron las pensiones de viudedad, con un gasto de 274,8 millones de euros. De ellos, 202 millones se destinaron a complementos a mínimos y 72,7 millones a otros conceptos. Los complementos asociados a las pensiones de incapacidad permanente supusieron otros 99 millones de euros, distribuidos entre 38 millones para mínimos y 61 millones para otras modalidades. Por su parte, las prestaciones de orfandad recibieron 31,4 millones, de los que 29,2 millones correspondieron a complementos a mínimos y 2,2 millones a otros conceptos. La partida de menor importe fue la correspondiente a las pensiones en favor de familiares, con 3,84 millones de euros. Prácticamente la totalidad, 3,83 millones, se destinó a complementos a mínimos, mientras que los 10.854 euros restantes correspondieron a otras modalidades. El aumento del gasto en complementos se enmarca en el crecimiento general de los recursos destinados al sistema público de pensiones. Entre 2020 y 2025, el desembolso anual en pensiones aumentó un 37,3%, desde los 138.052 millones hasta los 189.598 millones de euros. Las prestaciones de jubilación concentraron la mayor parte de esta factura, con 138.816 millones de euros en 2025, un 40,2% más que cinco años antes. Las pensiones de viudedad supusieron 30.631 millones, mientras que las de incapacidad permanente alcanzaron los 17.165 millones. Detrás de esta evolución confluyen varios factores. Uno de los principales es la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom, un proceso que ya empieza a reflejarse en las cuentas de la Seguridad Social y cuyo impacto máximo sobre el gasto se prevé para 2050. Para entonces, las proyecciones apuntan a que el desembolso en pensiones podría alcanzar el 14,7% del producto interior bruto (PIB). También contribuyen al aumento del gasto el incremento de la esperanza de vida, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y el hecho de que las nuevas generaciones de jubilados llegan al retiro con carreras de cotización más prolongadas y bases salariales más elevadas. A estos factores se suma la revalorización anual de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC), establecida tras la reforma impulsada por el entonces ministro José Luis Escrivá. En 2026, las prestaciones se han incrementado un 2,7%, mientras que los principales centros de estudios prevén una subida del 3,5% para 2027, condicionada por la evolución de los precios y el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. La cuantía definitiva todavía está pendiente de confirmación oficial. El crecimiento del gasto también está relacionado con el aumento del número de beneficiarios. Entre 2020 y 2025, la cifra de pensionistas pasó de 9,78 millones a 10,35 millones de personas, lo que representa un incremento del 5,8%. En septiembre de 2026, último dato disponible, España contabilizaba alrededor de 10,5 millones de pensionistas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellos, el 63,8% percibía una pensión de jubilación y el 21,9% recibía una prestación de viudedad, mientras que el resto se distribuía entre otras modalidades del sistema.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

Solo el 15,6% de las pymes contempla crear nuevos puestos de trabajo en 2026

La evolución del empleo constituye uno de los indicadores clave para medir la situación económica de un país. En España, donde las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 99,8% del tejido empresarial, con cerca de tres millones de negocios, sus perspectivas de contratación permiten tomar el pulso al mercado laboral. Sin embargo, las previsiones de las pymes apuntan a una actitud de cautela en materia de empleo. Según el III Informe de Pymes y Autónomos de España, elaborado por Hiscox, solo el 15,6% de las empresas con entre uno y 249 trabajadores espera ampliar sus plantillas. De este porcentaje, un 1,5% confía en que la evolución del empleo mejorará considerablemente, mientras que un 14,1% prevé una mejora más moderada. La mayoría de los pequeños negocios, un 66,7%, espera mantener estable el número de trabajadores. En cambio, un 7,1% anticipa un deterioro moderado del empleo y un 6,1% prevé una caída más pronunciada. Otro 4,5% de las empresas todavía no tiene claro cómo evolucionará su plantilla. Esta prudencia contrasta con las expectativas de crecimiento de la actividad. El 40,9% de las pymes prevé aumentar su facturación durante 2026. Aunque el porcentaje es inferior al 42,8% registrado en 2025, supera los niveles de 2022, cuando se situó en el 34,7%; de 2023, con un 31,7%, y de 2024, con un 32,5%. Las previsiones sobre los resultados económicos también muestran una evolución positiva. El 36,5% de las pequeñas y medianas empresas espera mejorar sus beneficios y márgenes comerciales durante este año, el porcentaje más elevado de la serie analizada. La cifra supera los registros de 2022, cuando alcanzó el 27,6%; de 2023, con un 27,9%; de 2024, con un 25,7%, y de 2025, con un 34,3%. Por otro lado, el 36,3% de las empresas calcula que sus márgenes permanecerán estables. Frente a estas perspectivas, un 15,5% anticipa un empeoramiento moderado y un 9,4% prevé una reducción más intensa de su rentabilidad. Pese a estas expectativas de crecimiento, las pymes siguen afrontando importantes dificultades derivadas del encarecimiento de su actividad y de la incertidumbre económica. El informe de Hiscox señala que el 76% de las empresas ha experimentado un incremento de sus costes operativos durante los doce meses anteriores a la encuesta. La inestabilidad económica constituye, además, el principal riesgo para el tejido empresarial: afecta mucho o bastante al 59,2% de las compañías consultadas. Esta situación condiciona especialmente a los negocios de menor tamaño, que disponen de menos recursos para absorber aumentos de costes, afrontar imprevistos financieros o adaptar rápidamente sus operaciones a los cambios del mercado. En este contexto, el informe advierte de que la incertidumbre geopolítica no debe considerarse únicamente un riesgo puntual, sino un factor que influye directamente en las decisiones empresariales y en las posibilidades de crecimiento. La evolución de los costes, la demanda y las condiciones económicas seguirá siendo determinante para que las pymes conviertan sus expectativas de mayor facturación en nuevas contrataciones. A estas dificultades se suman los cambios en las políticas arancelarias, que representan una fuente adicional de incertidumbre, especialmente para las pequeñas empresas con actividad internacional. Las modificaciones en las condiciones del comercio exterior pueden afectar a sus costes, a sus ventas y a su capacidad para competir en otros mercados.

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(El Economista, 19-10-2026) | Laboral

Los autónomos piden al próximo Gobierno que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no bloquee el acceso a la pensión

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) propone que las deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social no impidan a los trabajadores por cuenta propia acceder a la pensión de jubilación. La organización plantea que las cantidades adeudadas puedan devolverse de forma progresiva mediante descuentos en la propia prestación, a través de un sistema de fraccionamiento pactado con la Administración. La iniciativa forma parte del conjunto de medidas que ATA ha trasladado a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo es que los autónomos puedan empezar a cobrar la pensión que les corresponde al alcanzar la jubilación, sin que las obligaciones económicas pendientes bloqueen el acceso a esta prestación, al tiempo que regularizan su situación mediante pagos periódicos y previamente acordados. La asociación también reclama cambios en las condiciones de acceso a la jubilación activa. En concreto, propone suprimir el periodo de espera de un año que deben cumplir los autónomos para acogerse a esta modalidad y aumentar progresivamente el porcentaje de pensión compatible con la continuidad de la actividad profesional. Su propuesta contempla cobrar el 35% de la prestación durante el primer año, el 50% en el segundo, el 75% en el tercero y el 100% a partir del cuarto. Además, ATA defiende que los autónomos que tengan al menos un empleado, socio o colaborador, sea familiar o no, puedan percibir desde el primer día el 100% de la pensión compatible con el trabajo si acceden a la jubilación activa. En materia de previsión social, la organización propone eliminar los límites de aportación a los planes de pensiones y desvincularlos de los topes establecidos para las deducciones en el IRPF. Entre sus reivindicaciones para la próxima legislatura, ATA incluye también medidas dirigidas a facilitar el inicio de la actividad por cuenta propia. La organización solicita establecer una cuota cero durante dos años, ampliable a tres, para los nuevos autónomos menores de 30 años, las mujeres que retomen su actividad tras la maternidad y quienes obtengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

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