El Tribunal Supremo ha establecido que la negociación con los sindicatos de los criterios utilizados para distribuir e individualizar un complemento de productividad no constituye una obligación automática para las empresas. Esta exigencia únicamente puede reclamarse cuando exista un acuerdo colectivo o una normativa específica que establezca expresamente la necesidad de negociar.
La decisión, dictada el pasado 7 de julio, ratifica el criterio adoptado anteriormente por la Audiencia Nacional y desestima la petición de los representantes sindicales, que pretendían convertir en obligatoria la negociación sobre el reparto de este componente variable del salario.
El litigio surgió por la distribución de las cantidades destinadas a productividad correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una empresa pública. La representación de los trabajadores reclamaba intervenir en la determinación de los criterios, tanto objetivos como subjetivos, que debían utilizarse para asignar las cantidades entre la plantilla.
Sin embargo, el Supremo concluye que ni el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores ni el artículo 24 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable al sector público permiten deducir, por sí solos, una obligación legal de negociar esos criterios de reparto e individualización. Para que dicha obligación exista debe estar prevista de manera expresa en un convenio o acuerdo colectivo o en una regulación específica.
El tribunal recuerda además que el complemento analizado había sido establecido mediante un acuerdo alcanzado en 2019, que no contemplaba la obligación de negociar posteriormente ni los criterios de distribución ni la determinación de los trabajadores beneficiarios. Por este motivo, considera que no puede introducirse esa exigencia mediante una interpretación posterior del acuerdo.
No obstante, la sentencia sí reconoce a los representantes de los trabajadores el derecho a acceder a la información utilizada por la empresa para efectuar el reparto. En concreto, podrán conocer los criterios aplicados y el detalle de las puntuaciones obtenidas por cada trabajador.
La industria española de los videojuegos atraviesa una etapa de reajuste tras el fuerte crecimiento experimentado durante la pandemia. El confinamiento de 2020 disparó el consumo de videojuegos y favoreció la aparición y expansión de estudios, especialmente en Madrid y Barcelona, que contrataron grandes equipos y utilizaron el teletrabajo y la flexibilidad laboral como herramientas para captar talento. Seis años después, aquella expansión ha perdido fuerza y varias compañías han comenzado a cerrar proyectos, reducir plantillas o modificar sus condiciones de trabajo. Entre los cambios más visibles está el progresivo retorno a las oficinas.
Los sindicatos consideran que ambos fenómenos están relacionados y sostienen que algunas empresas están utilizando el regreso a la presencialidad como una vía indirecta para provocar salidas voluntarias y reducir así el coste de los despidos. La situación se produce pese a que el sector mantiene una dimensión considerable. Según el último Anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la industria facturó 2.293 millones de euros en España durante 2025 y alcanzó los 22,8 millones de jugadores habituales. Sin embargo, los ingresos descendieron un 3,2%, prolongando una tendencia de ajuste que también se refleja en el empleo a escala internacional.
La sobredimensión de las plantillas durante los años de mayor crecimiento constituye uno de los principales motivos de los recortes. A ello se suma el impacto creciente de la inteligencia artificial, que ya permite automatizar o sustituir determinadas tareas relacionadas con el análisis de datos, el diseño y algunas funciones básicas de programación. En 2023 se contabilizaron unos 10.500 despidos en la industria mundial de los videojuegos y en 2024 la cifra ascendió a alrededor de 14.000. En este contexto, la discusión sobre el teletrabajo ha adquirido una nueva dimensión.
Uno de los conflictos más recientes se encuentra en Ubisoft Barcelona Mobile, donde la CGT ha convocado una huelga contra los planes de la compañía de recuperar la presencialidad total. El sindicato asegura que el paro está teniendo un seguimiento superior al 50% entre una plantilla de alrededor de un centenar de trabajadores. La medida de Ubisoft entrará en vigor en enero y ha generado un enfrentamiento con los empleados, que durante los últimos años habían desarrollado su actividad bajo un modelo de trabajo a distancia.
La situación coincide con un periodo complicado para Ubisoft. La compañía francesa ha registrado una caída de casi el 22% en sus ventas durante su último ejercicio fiscal respecto al anterior y su cotización bursátil se ha desplomado desde los más de 70 euros que llegó a superar al comienzo de la pandemia hasta situarse actualmente en torno a los 5 euros. En Barcelona cuenta con dos divisiones: una dedicada al desarrollo de títulos para ordenadores y consolas, entre ellos Assassin's Creed, y otra centrada en videojuegos para dispositivos móviles. La primera ya planteó un expediente de regulación de empleo en julio, mientras que la segunda afronta ahora el conflicto por el retorno a la oficina.
Ubisoft no es, sin embargo, la única compañía que ha reducido las posibilidades de trabajar a distancia. En Tripledot y Scopely se han recortado los días de teletrabajo, mientras que otras multinacionales del sector, como King, integrada en Blizzard, y Electronic Arts, también han estudiado cambios en sus modelos de trabajo. Para Ignacio Ory, integrante de la Coordinadora Sindical de Videojuegos (CSVI), se trata de una tendencia que comenzó en otros mercados, especialmente en Estados Unidos, y que ahora se está trasladando a España.
Ory sostiene que durante la pandemia el teletrabajo se convirtió en un importante reclamo para captar profesionales en una industria que continuó creciendo mientras buena parte de la economía estaba paralizada. A su juicio, eliminar ahora esa posibilidad de manera unilateral supone retirar una condición laboral que muchos empleados incorporaron a sus decisiones personales. El representante sindical cuestiona, además, que exista evidencia que demuestre que trabajar desde la oficina sea necesariamente más productivo.
Los trabajadores también advierten del impacto personal que puede tener el cambio de modelo. Una empleada de Ubisoft explica que organizó su vida en torno al teletrabajo después de incorporarse al sector hace seis años y que esa posibilidad fue uno de los factores que influyeron en su decisión de aceptar el puesto. Posteriormente se trasladó fuera de Barcelona debido al elevado precio de la vivienda y considera que regresar diariamente a la oficina supondría un problema difícil de asumir. Aunque defiende un sistema híbrido que permita mantener encuentros presenciales para facilitar la coordinación de los equipos, considera que eliminar por completo el trabajo remoto alteraría los planes de vida de numerosos trabajadores.
En Tripledot, otro empleado señala que también se han reducido los días de trabajo a distancia y aumentado las restricciones para determinados permisos. Asegura que existe malestar entre la plantilla, aunque considera que la presencia de numerosos trabajadores extranjeros puede limitar las protestas por el temor a poner en riesgo sus visados. La empresa, por otro lado, atraviesa una situación diferente a la de Ubisoft: recientemente anunció la adquisición de Supersonic por 40 millones de euros y actualmente cuenta con unos 3.000 empleados. Para este trabajador, limitar el teletrabajo puede facilitar un mayor control sobre la plantilla y favorecer salidas en un momento en el que existen solapamientos derivados del crecimiento de la compañía.
Desde la CGT de Ubisoft Barcelona, su portavoz David Cuesta destaca que el teletrabajo tiene un peso especialmente importante en un sector caracterizado por una elevada rotación y una menor estabilidad laboral. Además, permite mantener equipos distribuidos geográficamente, con profesionales que residen fuera de Barcelona, en Baleares o en el País Vasco. A su juicio, se trata de una ventaja para los trabajadores que apenas supone un coste adicional para las empresas.
La percepción entre los profesionales del sector es que la posibilidad de trabajar a distancia se ha convertido en uno de los principales elementos de atracción y retención de talento. Por ello, la vuelta obligatoria a la oficina está generando una resistencia que va más allá de la mera preferencia por un modelo de trabajo u otro. Para muchos empleados, supone replantearse dónde viven, cómo se desplazan y, en algunos casos, incluso si quieren continuar en la empresa. La industria que durante la pandemia utilizó la flexibilidad como reclamo para crecer afronta ahora el desafío de gestionar el ajuste sin convertir el regreso a las oficinas en un nuevo foco de conflicto laboral.
La idea de que un empleo estable y un salario medio eran suficientes para acceder a una vivienda digna y formar una familia ha quedado cada vez más lejos de la realidad. El fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario durante la última década, muy por encima de la evolución de los ingresos de los hogares, ha ampliado la brecha entre los precios de las casas y la capacidad económica de buena parte de la población.
Más del 70% de los europeos reside actualmente en regiones donde un salario medio no permite comprar una vivienda de más de 75 metros cuadrados, incluso recurriendo a una hipoteca a 30 años. Es una de las principales conclusiones de un estudio publicado por la revista científica *Journal of Maps* y elaborado por Franziska Sielker y Selim Banabak, investigadores de la Universidad Tecnológica de Viena, a partir del análisis de más de 22 millones de anuncios inmobiliarios en 31 países europeos.
La investigación ofrece una comparativa territorial a escala europea, sin establecer una clasificación detallada por países. España aparece, no obstante, entre los casos con mayores diferencias internas en materia de asequibilidad. Los investigadores identifican un "amplio rango de niveles de asequibilidad" y sitúan a Madrid como uno de los principales focos de presión, con un efecto que se extiende a buena parte de su entorno. Las zonas costeras constituyen el otro gran núcleo de dificultad, debido al impacto de la actividad turística y de las segundas residencias sobre los precios. Esta presión también se observa en otros países como Francia, Portugal, Grecia y Croacia.
El límite de los 75 metros cuadrados utilizado en el estudio responde al tamaño considerado de referencia para una vivienda familiar de dos habitaciones. Que el 72% de la población europea no pueda acceder a un inmueble que supere esa superficie con los ingresos medios de su región refleja el deterioro de la capacidad adquisitiva de las clases medias y la creciente dificultad para acceder a la propiedad.
La situación se vuelve todavía más complicada en las grandes ciudades. El 60% de la población urbana europea vive en áreas donde un salario medio tampoco permite comprar una vivienda de 50 metros cuadrados -el tamaño aproximado de un estudio o un piso de un dormitorio- mediante una hipoteca convencional. En conjunto, el 44% de los europeos reside en territorios donde se alcanza este nivel extremo de falta de asequibilidad.
En estos mercados, el coste de la vivienda obliga a numerosos hogares a superar el nivel de esfuerzo financiero considerado sostenible, que sitúa en torno a un tercio de los ingresos familiares el límite recomendable destinado al pago de la vivienda. En el extremo contrario, apenas el 5% de la población europea vive en las zonas consideradas más asequibles, donde los precios permiten acceder a viviendas de mayor superficie sin superar ese porcentaje de esfuerzo hipotecario.
El problema podría ser incluso mayor de lo que reflejan los cálculos. Los investigadores utilizan el salario medio regional como referencia para estimar la capacidad de compra, pero los ingresos no se distribuyen de manera uniforme. La existencia de una minoría con rentas muy elevadas puede elevar considerablemente el promedio y alejarlo de la situación de la mayoría. Por ello, los autores consideran que más de la mitad de la población puede tener ingresos inferiores a ese nivel de referencia. De ahí que reclamen no solo medidas destinadas a contener los precios inmobiliarios, sino también políticas capaces de mejorar los ingresos de los hogares.
Además, el estudio analiza los precios de las viviendas que se encuentran actualmente en el mercado, y no el coste que soportan quienes ya son propietarios o quienes llevan tiempo viviendo de alquiler. El análisis ofrece, por tanto, una fotografía de las condiciones que afronta una persona que intenta acceder a una vivienda en el momento actual.
La investigación aplica el mismo criterio para analizar la capacidad de los hogares para acceder a una vivienda en alquiler y el resultado tampoco es alentador. Cuatro de cada diez europeos viven en regiones donde alquilar un piso de un dormitorio o un estudio de unos 50 metros cuadrados exige dedicar más de un tercio de los ingresos familiares.
Se produce así una doble barrera de acceso a la vivienda. Por un lado, los precios de compra dificultan cada vez más el acceso a la propiedad y, por otro, los alquileres absorben una parte tan elevada de los ingresos que impiden a muchos hogares acumular el ahorro necesario para adquirir una vivienda. Para colectivos como los jóvenes y los migrantes, el alquiler corre así el riesgo de dejar de ser una solución temporal y convertirse en una situación permanente.
La relación entre compra y alquiler varía considerablemente según las regiones. En economías como Alemania, Francia o Austria, el salario medio permite generalmente alquilar una vivienda de mayor tamaño que la que se podría comprar con esos mismos ingresos. En países del sur de Europa ocurre en algunos casos lo contrario. Portugal e Italia han experimentado un incremento de las rentas que hace que, con un mismo salario, resulte posible adquirir una vivienda más grande que la que se puede alquilar. España presenta un comportamiento similar, especialmente en Madrid, el litoral mediterráneo y los archipiélagos.
En estas zonas, además, la vivienda destinada al uso residencial compite con los pisos turísticos y con las segundas residencias, reduciendo la oferta disponible para los residentes habituales y aumentando la presión sobre los precios.
El encarecimiento tampoco se limita a las grandes capitales. El estudio identifica un efecto de contagio hacia las áreas metropolitanas y los municipios próximos a ciudades como París, Berlín o Madrid. Las dificultades de acceso a la vivienda en estos grandes núcleos urbanos terminan trasladándose a las regiones limítrofes, que tradicionalmente funcionaban como alternativa para los hogares con menores ingresos. El aumento de los precios acaba reduciendo también las posibilidades de quienes buscan vivienda fuera de las grandes ciudades.
Las zonas rurales afrontan una problemática diferente. En este caso, el principal obstáculo no siempre es el precio, sino la escasez de una oferta de alquiler formal. El estudio calcula que el 28% de la población rural europea vive en municipios donde no existe un mercado de alquiler formal, bien por la falta de viviendas disponibles o porque las operaciones se realizan a través de canales informales que no quedan recogidos en los registros de ofertas.
Tampoco el medio rural constituye necesariamente el refugio frente al encarecimiento de la vivienda. Más de la mitad de la población que reside en estas zonas vive en territorios donde el salario medio tampoco permite comprar una vivienda de más de 75 metros cuadrados.
Los autores advierten de que esta situación genera "barreras de entrada formales e informales" que incrementan la precariedad, la inestabilidad y la insuficiencia residencial, especialmente entre los colectivos más vulnerables. El problema de la vivienda, por tanto, ya no se limita a las grandes capitales: afecta también a sus periferias, a las zonas turísticas y, de una manera distinta, a buena parte del territorio rural europeo.
España mantiene pendiente la transposición de varias directivas europeas en materia laboral, entre ellas la relativa a los salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo trasladó el borrador de esta norma a los agentes sociales hace casi un año, pero su aprobación por el Consejo de Ministros no se contempla a corto plazo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que el texto continúa a la espera de los informes de otros ministerios y de los órganos consultivos antes de ser remitido al Consejo de Estado. Todo apunta incluso a que la reforma podría retrasarse hasta 2027.
El proyecto genera una fuerte oposición por parte de la CEOE y, al mismo tiempo, constituye una de las condiciones planteadas por CCOO y UGT para respaldar la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% aprobada a comienzos de año, que situó el SMI en 1.221 euros. La reforma pretende modificar las reglas de absorción y compensación de determinados complementos salariales. Estas reglas, respaldadas actualmente por el Tribunal Supremo, permiten que las empresas compensen las subidas del SMI con determinados complementos que ya perciben los trabajadores, evitando así que el incremento del salario mínimo se traduzca necesariamente en un aumento equivalente de la remuneración total.
Los sindicatos consideran que esta situación perjudica especialmente a quienes cobran salarios ligeramente superiores al SMI y dejan de percibir una compensación específica por factores como la peligrosidad del puesto, el conocimiento de idiomas o una mayor disponibilidad. Sin embargo, empresarios y distintos especialistas en derecho laboral advierten de que modificar estas reglas podría alterar las estructuras salariales establecidas en convenios colectivos o contratos individuales. A su juicio, una modificación de este alcance debería realizarse mediante una ley y no a través de un real decreto.
La tramitación de una norma de estas características suele prolongarse entre cuatro y ocho meses, aunque los plazos dependen en gran medida del respaldo político y del grado de acuerdo dentro del Gobierno. El periodo de audiencia pública del proyecto terminó en marzo y, desde entonces, los distintos ministerios implicados están elaborando sus informes. Posteriormente, el Consejo de Estado dispondría de hasta dos meses para emitir su dictamen.
El calendario adquiere especial relevancia porque las negociaciones con sindicatos y empresarios para determinar la actualización del SMI de 2027 suelen comenzar antes de que termine el año. Si la reforma no avanza con rapidez, ambos procesos podrían coincidir. CCOO y UGT ya han advertido de que consideran imprescindible aprobar previamente este real decreto para volver a negociar una nueva subida del salario mínimo. Desde CCOO, Javier Pacheco ha señalado que el sindicato no respaldará otro acuerdo sobre el SMI si antes no se cumple el compromiso asumido para modificar estas reglas.
El retraso recuerda al que está sufriendo la reforma del registro de jornada. En ese caso, el Consejo de Estado emitió su dictamen a finales de marzo, pero el proyecto todavía no ha llegado al Consejo de Ministros debido a las diferencias existentes dentro del Gobierno, especialmente con el Ministerio de Economía. La patronal considera que el nuevo texto sobre el SMI podría generar un conflicto todavía mayor, al entender que pretende modificar aspectos del Estatuto de los Trabajadores que, en su opinión, deberían abordarse mediante una norma con rango de ley y someterse a votación en el Congreso.
El Gobierno no contempla una nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) durante 2026, pese a la petición de los sindicatos para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el repunte de la inflación. Aunque la normativa permite, en circunstancias excepcionales, revisar el SMI a mitad de año si se produce una subida brusca de los precios, el Ministerio de Trabajo no prevé activar este mecanismo durante los próximos meses.
El departamento que dirige Yolanda Díaz sí prepara, en cambio, el proceso para determinar el incremento del SMI correspondiente a 2027. Como en ejercicios anteriores, el Gobierno encargará primero un informe al comité de expertos y trasladará posteriormente su propuesta a los sindicatos y a las organizaciones empresariales dentro de la mesa de diálogo social. La decisión final corresponde al Ejecutivo, que debe aprobarla mediante real decreto.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido la preocupación del Ministerio por el impacto que está teniendo la inflación sobre los ingresos de los trabajadores, tanto entre quienes perciben el SMI como entre aquellos cuyos salarios están determinados por convenio colectivo. Por ello, considera necesario continuar elevando el salario mínimo y tener en cuenta la evolución de los precios registrada durante los últimos meses a la hora de fijar la nueva cuantía para 2027.
Esta posición supone cerrar, al menos por ahora, la posibilidad de una subida extraordinaria del SMI en 2026, una medida que reclaman los sindicatos después de que la inflación haya superado las previsiones utilizadas para establecer el incremento del 3,1% aplicado este año. UGT considera que esta desviación justifica revisar la cuantía del salario mínimo y reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social.
Las organizaciones sindicales también quieren aprovechar las próximas negociaciones con la patronal para establecer un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que permita recuperar poder adquisitivo y reducir las diferencias salariales entre sectores. Su propuesta pasa por fijar una referencia mínima de aumento salarial del 4% anual entre 2026 y 2028, junto con incrementos adicionales de entre el 1% y el 3% para los convenios cuyos salarios medios estén por debajo del promedio de la economía.
El SMI ha experimentado una fuerte revalorización desde 2018. En ese periodo ha pasado de 735,90 euros mensuales en 14 pagas a los 1.221 euros establecidos para 2026, lo que supone un aumento acumulado cercano al 66%. La evolución comenzó con el incremento del 22,3% aplicado en 2019, cuando el salario mínimo alcanzó los 900 euros, y continuó con sucesivas subidas hasta situarse en 950 euros en 2020, 965 en 2021, 1.000 en 2022, 1.080 en 2023, 1.134 en 2024 y 1.184 euros en 2025.
Esta política responde al objetivo del Ejecutivo de aproximar el salario mínimo al 60% del salario medio nacional, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, la CEOE cuestiona que este porcentaje constituya una obligación y sostiene que el objetivo ya se ha alcanzado con holgura. De hecho, el salario mínimo ya representa más del 70% del sueldo medio en cerca de la mitad de las provincias españolas.
Bill Gates plantea el concepto de «Human Reserved», una propuesta que aboga por mantener bajo control humano determinadas actividades cuyo valor social va más allá de la eficiencia económica o tecnológica. Durante años, la principal respuesta ante el temor de que la inteligencia artificial destruyera puestos de trabajo ha sido la formación y el reciclaje profesional. La idea parecía sencilla: si una máquina automatiza una tarea, el trabajador debe adquirir nuevas capacidades para desempeñar otra función. Sin embargo, cada vez existen más indicios de que esta estrategia, aunque necesaria, puede no ser suficiente.
Anthropic analizó en agosto 56 experimentos sobre programas de formación laboral desarrollados en Estados Unidos y los contrastó con datos del mercado de trabajo europeo. Sus conclusiones apuntan a que la formación incrementa entre dos y tres puntos porcentuales las posibilidades de encontrar empleo y eleva los ingresos en torno a 1.000 dólares anuales, con un coste aproximado de 13.000 dólares por participante. Algunos programas vinculados directamente a empresas y sectores concretos consiguen resultados considerablemente mejores, aunque trasladar esos modelos a gran escala resulta complicado. Si la IA termina provocando una sustitución masiva de trabajadores, los mecanismos de formación existentes podrían quedarse cortos.
En este contexto cobra relevancia la reflexión planteada por Bill Gates en su último ensayo. El fundador de Microsoft desplaza el debate hacia dos cuestiones de mayor calado: quién debe asumir el coste económico de la transición cuando las empresas sustituyen trabajadores por tecnología y si toda actividad susceptible de ser automatizada debería necesariamente dejar de realizarse por personas.
La primera cuestión afecta directamente al sistema fiscal. La sustitución de empleados, que aportan ingresos al Estado mediante el IRPF y las cotizaciones sociales, por máquinas o sistemas de inteligencia artificial puede reducir la recaudación precisamente en un momento en el que aumentan las necesidades de financiación para sostener el desempleo, la formación y las políticas de protección social. Gates plantea por ello revisar el equilibrio fiscal entre trabajo y capital e incluso recuperar ideas como establecer algún tipo de tributación sobre los robots o sobre el consumo de tokens de inteligencia artificial.
No es una propuesta nueva. Ya en 2017 Gates defendió que, si un robot sustituía a un trabajador con un salario de 50.000 dólares, debía plantearse por qué la actividad automatizada no debía asumir una carga fiscal equivalente. Aquella propuesta generó numerosas críticas porque un impuesto sobre los robots podría terminar penalizando la inversión y las mejoras de productividad. Ahora su planteamiento incorpora otro elemento: destinar parte de los ingresos obtenidos mediante esa fiscalidad a financiar la transición de los trabajadores afectados por la automatización.
El debate continúa abierto. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que algunos sistemas tributarios pueden incentivar en exceso las inversiones que sustituyen mano de obra, aunque también ha advertido de los inconvenientes de establecer un impuesto específico sobre la inteligencia artificial. La principal dificultad reside en distinguir entre una tecnología que elimina directamente un puesto de trabajo y otra que permite a un empleado realizar el doble de trabajo en el mismo periodo. Una fiscalidad que no diferenciara ambos escenarios podría acabar penalizando inversiones que aumentan la productividad sin reducir el empleo.
La segunda cuestión planteada por Gates tiene una dimensión diferente. Se refiere a la posibilidad de que determinadas actividades deban permanecer en manos humanas aunque una máquina llegue a realizarlas con la misma eficacia o incluso mejor. A esta idea la denomina «Human Reserved».
La propuesta no consiste en prohibir la tecnología en profesiones completas, sino en establecer distintos niveles de protección para determinadas funciones. Algunos trabajos relacionados con los cuidados podrían seguir requiriendo una intervención humana directa, mientras que en ámbitos como la sanidad o la educación la inteligencia artificial podría utilizarse para ampliar las capacidades de los profesionales en lugar de reemplazarlos. También plantea que determinados trabajadores próximos a la jubilación puedan disponer de una protección temporal cuando una reconversión profesional completa resulte poco viable.
El fondo de la cuestión es determinar qué actividades queremos conservar con una persona en el centro porque su valor no puede calcularse únicamente en términos de productividad, coste o tiempo. La atención médica, el cuidado de un menor, la decisión de un juez o el acompañamiento de una persona vulnerable incorporan dimensiones sociales y humanas que difícilmente pueden reducirse a una comparación de costes.
La eficiencia seguiría siendo un factor importante, pero dejaría de ser el único criterio para determinar qué tareas deben automatizarse. De hecho, las sociedades ya establecen límites a la automatización de determinadas decisiones. La normativa europea sobre inteligencia artificial contempla la supervisión humana en determinados sistemas de alto riesgo, mientras que numerosas profesiones reguladas exigen licencias, firmas o responsabilidades personales para garantizar que determinadas decisiones tengan detrás a una persona identificable.
El verdadero desafío será decidir hasta dónde deben ampliarse esas fronteras a medida que las máquinas sean capaces de asumir un número creciente de funciones. El riesgo es especialmente relevante si la transición laboral resulta más lenta o complicada de lo esperado. Los nuevos puestos pueden tardar en aparecer, localizarse en otros territorios o exigir conocimientos que los trabajadores desplazados no puedan adquirir rápidamente.
El Fondo Monetario Internacional también ha advertido de que la inteligencia artificial puede incrementar simultáneamente los ingresos de los profesionales que mejor complementan esta tecnología y los rendimientos del capital, favoreciendo un aumento de la desigualdad incluso en un escenario de mayor productividad global. Ante esta perspectiva, cuestiones como quién controla los sistemas de inteligencia artificial, cómo se grava el capital generado por ellos y cómo se distribuyen los beneficios derivados de una mayor productividad dejan de ser únicamente asuntos fiscales para convertirse también en cuestiones laborales y sociales.
Por tanto, el debate sobre la IA ya no se limita a determinar cómo preparar a los trabajadores para competir con las máquinas. También obliga a decidir cómo repartir la riqueza generada por la automatización, quién debe asumir los costes de la transformación y, sobre todo, qué actividades queremos preservar dentro de la esfera humana incluso cuando la tecnología permita realizarlas de forma más eficiente.
Agosto volvió a marcar un descenso de la afiliación a la Seguridad Social en España, aunque la caída fue menos intensa que la registrada en los últimos años. El número medio de cotizantes se situó en 22,34 millones, lo que supone 162.000 afiliados menos que en julio. La reducción, de 162.839 personas, fue inferior a la experimentada en agosto de 2025, cuando se perdieron 199.000 afiliados, y también a las registradas en 2024, 2023 y 2022. Solo el comportamiento excepcional de 2021, todavía condicionado por la recuperación tras la pandemia, presentó una caída menor.
Pese al retroceso mensual, el mercado laboral cerró agosto con 679.000 afiliados más que un año antes. Este incremento supera ampliamente los 476.800 empleos creados en los doce meses anteriores. Una de las principales particularidades de este ejercicio es el fuerte aumento de la afiliación de trabajadores extranjeros, directamente relacionado con los efectos de la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno.
De hecho, mientras que en agosto del año pasado la afiliación de extranjeros se redujo en unas 22.100 personas, este año aumentó en 39.500. Con ello, el número de trabajadores extranjeros afiliados superó por primera vez los 3,5 millones y la cifra de cotizantes extranjeros encuadrados en el Régimen General rebasó también los tres millones.
Los efectos de la regularización ya se reflejan de forma significativa en las estadísticas. Hasta el 31 de agosto, el proceso había permitido incorporar 337.900 afiliados extranjeros, de los que 203.400 eran hombres y 134.500 mujeres. Colombia fue el país de procedencia que concentró un mayor número de regularizaciones, con 97.400, seguida de Venezuela, con 66.700. Entre ambas nacionalidades reúnen prácticamente la mitad del total.
En términos interanuales, el empleo extranjero también marca un máximo, con 482.000 afiliados más que en agosto de 2025. Además, siete de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en lo que va de año corresponden a trabajadores extranjeros. Por actividades, agosto volvió a concentrar una parte importante de la destrucción de empleo en la educación. El sector perdió 78.000 afiliados respecto a julio, aproximadamente la mitad de toda la caída mensual de la afiliación. El retroceso afecta especialmente a la educación no reglada, como academias y centros de idiomas.
También descendió el empleo en las actividades administrativas, con 17.500 afiliados menos; las actividades científicas y técnicas, con una pérdida de 17.300; y la industria manufacturera, que redujo su afiliación en unos 17.000 trabajadores. En general, la mayoría de las ramas registraron descensos durante el mes. Entre las excepciones destacan la hostelería, que sumó 7.100 afiliados, y las actividades sanitarias, con 17.200 más.
La evolución cambia cuando se observa el último año. La construcción encabeza la creación de empleo, con 90.200 afiliados más, seguida de las actividades sanitarias, que incorporaron 89.700 trabajadores. La hostelería sumó alrededor de 67.000 empleos y las actividades administrativas aumentaron su afiliación en 57.600 personas.
Por territorios, Álava registró la mayor pérdida relativa de empleo, con una caída del 2%, seguida de Murcia, con un 1,9%, y Barcelona, con un 1,8%. En el lado contrario se situaron Badajoz, con un crecimiento del 0,8%; Asturias, con un 0,5%; y Segovia, con un 0,4%. Ceuta destacó especialmente, con un incremento de la afiliación del 1,5% en agosto, equivalente a 369 cotizantes más.
El Ministerio de Seguridad Social pone el acento en la mejora de la calidad del empleo y en el descenso de la temporalidad. Según sus datos, actualmente hay 4,8 millones de afiliados con contrato indefinido más que antes de la reforma laboral. También destaca el crecimiento del trabajo autónomo, con 63.700 trabajadores por cuenta propia más en el último año, hasta alcanzar los 3,47 millones.
En paralelo, el paro registrado aumentó en agosto en 44.419 personas, hasta situarse en torno a los 2,35 millones. El incremento fue más del doble del registrado en agosto de 2025 y 2024, cuando el desempleo aumentó en unas 21.900 personas en ambos ejercicios. No obstante, el número total de parados continúa siendo el más bajo para un mes de agosto desde 2007.
El comportamiento interanual también fue menos favorable que un año antes. El paro se redujo en unas 70.600 personas, frente a los 145.600 desempleados menos contabilizados en agosto del ejercicio anterior. Además, el desempleo entre los trabajadores extranjeros aumentó en agosto en casi 16.000 personas, cuando lo habitual en este mes es que descienda. En agosto de 2025, por ejemplo, había disminuido en unas 4.000 personas.
Este aumento del paro entre los extranjeros está relacionado con el proceso de regularización. La incorporación de nuevos trabajadores al sistema impulsa la afiliación, la recaudación y las cotizaciones, pero también puede provocar un incremento de las personas inscritas como demandantes de empleo mientras buscan un puesto de trabajo formal. Los expertos ya habían advertido de que ambos efectos podían producirse de forma simultánea.
Por último, el desempleo femenino aumentó en agosto en 22.700 mujeres, un 1,6% más que en julio, hasta situarse en alrededor de 1,42 millones. A pesar del repunte mensual, se trata de la cifra más baja registrada en un mes de agosto desde 2008. Entre los menores de 25 años, el paro aumentó en unas 8.200 personas, un 5,1%, aunque permaneció por debajo de los 170.000 desempleados, mínimo de la serie en lo que va de siglo.
La gestión de las citas previas, la recepción presencial de documentación o la atención de consultas de carácter general son actuaciones meramente instrumentales y organizativas que no requieren necesariamente la intervención de un empleado público. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una sentencia dictada el 28 de julio de 2026.
La resolución, con la magistrada Esteban Aruej como ponente, señala que no puede entenderse que cualquier actuación relacionada con el acceso de los ciudadanos a un servicio administrativo esté reservada por ley a los funcionarios. En particular, el tribunal considera que la gestión telefónica de las citas previas no implica realizar una valoración inicial de carácter social ni efectuar un triaje técnico, funciones que sí corresponden a los trabajadores sociales municipales. Se trata, por tanto, de tareas materiales destinadas simplemente a organizar y facilitar el primer contacto entre el ciudadano y la Administración.
La sentencia establece una clara diferencia entre la prestación efectiva de los servicios sociales y las tareas auxiliares vinculadas a su acceso. Mientras que la información técnica, la evaluación de situaciones de vulnerabilidad, el diagnóstico, la orientación profesional y la toma de decisiones están legalmente reservadas a los profesionales de los servicios sociales municipales, las funciones relacionadas exclusivamente con la organización del acceso al servicio no están sometidas a esa misma reserva.
Partiendo de esta distinción, la magistrada concluye que la posibilidad prevista en una ordenanza de recurrir de manera excepcional y debidamente justificada a medios externos cuando los recursos propios sean insuficientes no supone una vulneración del principio de gestión directa de los servicios sociales. Tampoco considera que esta opción reduzca las garantías que deben regir la prestación de la asistencia social.
De esta forma, el TSJA desestima el planteamiento del sindicato que presentó el recurso, que defendía que todas las actuaciones relacionadas con el acceso al servicio, incluida la atención a través de una centralita telefónica, debían ser realizadas exclusivamente por empleados públicos. El tribunal entiende, por el contrario, que aquellas tareas que tienen un carácter puramente organizativo o auxiliar pueden apoyarse excepcionalmente en medios externos sin que ello implique una privatización de las funciones sociales reservadas a los profesionales públicos.
El Gobierno ha decidido consolidar la figura del facilitador procesal mediante su regulación en el real decreto que desarrolla el Reglamento de la Ley 6/2022 de Accesibilidad Cognitiva, aprobado por el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027.
El facilitador procesal será un profesional de carácter técnico y auxiliar de la Administración de Justicia cuya función será facilitar la comunicación y la comprensión entre los distintos operadores jurídicos -jueces, fiscales, abogados o agentes policiales- y las personas con discapacidad o dificultades de comprensión que intervengan en un procedimiento judicial. No ejercerá funciones de abogado ni de procurador, ya que su cometido no consiste en representar o defender los intereses procesales de ninguna de las partes.
La regulación, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece las condiciones necesarias para que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, acceder a servicios esenciales y desarrollar su vida de forma autónoma. El desarrollo reglamentario responde a un mandato legal cuyo plazo expiró en 2025 y cuya aprobación había sido reclamada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Entre las funciones del facilitador estará la evaluación de las capacidades cognitivas, comunicativas y emocionales de la persona para determinar qué adaptaciones y ajustes resultan necesarios durante el procedimiento. A partir de esta valoración, podrá orientar al juez y a las partes sobre la manera de formular las preguntas, la necesidad de adaptar los tiempos, la conveniencia de evitar términos jurídicos o expresiones que puedan generar confusión y la organización de las comparecencias.
También deberá facilitar que las resoluciones judiciales, notificaciones y demás trámites sean comprensibles para la persona afectada, recurriendo cuando sea necesario a formatos como la lectura fácil. El objetivo es que pueda conocer qué está sucediendo durante el procedimiento, comprender el alcance de las actuaciones y conocer las consecuencias de sus declaraciones.
Además, el facilitador estará presente en declaraciones, vistas y otros actos procesales cuando sea necesario, con el fin de comprobar que la persona comprende las indicaciones que recibe y que sus respuestas son interpretadas correctamente por el órgano judicial. De este modo, su intervención busca eliminar las barreras de comunicación y garantizar una participación efectiva de las personas con dificultades de comprensión en los procedimientos judiciales.
Dieciocho años después de la caída de Lehman Brothers, que marcó el comienzo de la Gran Recesión, los jóvenes españoles continúan sufriendo las consecuencias de aquella crisis. Su presencia en el mercado laboral sigue siendo reducida y la tasa de actividad permanece por debajo del 40%, unos 15 puntos porcentuales menos que antes del estallido de la crisis. Aunque este descenso se ha relacionado habitualmente con el aumento de los años dedicados a la formación y la reducción del abandono educativo temprano, un reciente análisis del BCE apunta a un problema de mayor alcance: la menor participación de los jóvenes ha reducido la cantidad de trabajadores disponibles, ha ejercido presión sobre los salarios y puede limitar el potencial de crecimiento económico.
La crisis financiera tuvo un impacto especialmente intenso entre los jóvenes después de los años de expansión asociados a la entrada de España en el euro. El desempleo aumentó de manera significativa, aunque este fenómeno también afectó a otros grupos de edad. La diferencia fundamental estuvo en la evolución de la tasa de actividad de los menores de 25 años, que experimentó un desplome que no se produjo con semejante intensidad entre otros colectivos.
España ya mostraba señales de debilidad en el mercado inmobiliario antes de 2008, pero fue a partir de septiembre de aquel año cuando la situación cambió radicalmente. La incorporación de los jóvenes al mercado laboral es especialmente vulnerable durante las recesiones, pero el problema es que esa participación no suele recuperarse al mismo ritmo cuando la economía vuelve a crecer. Entre el tercer trimestre de 2008 y 2019, la tasa de actividad de los menores de 25 años cayó del 55,2% al entorno del 36%, aunque llegó a alcanzar el 39,9% antes del verano. En 2020, durante la pandemia, descendió hasta un mínimo del 30,1%. De esta forma, se acumularon doce años consecutivos de retrocesos.
Desde entonces se ha producido una recuperación parcial. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad juvenil alcanzó el 39,1%, frente al 36,5% registrado durante los tres primeros meses del año. Sin embargo, esta evolución todavía no permite hablar de un cambio de tendencia consolidado. Más que recuperar el terreno perdido, la participación de los jóvenes se ha estabilizado en torno a los niveles de 2019 y continúa muy alejada de los registros anteriores a la crisis financiera.
La evolución general de la tasa de actividad puede ocultar esta transformación. Si se suman las personas ocupadas y las desempleadas que buscan trabajo y se divide el resultado entre la población en edad laboral, el indicador apenas ha variado durante este periodo. Si se excluye a los mayores de 64 años, incluso ha aumentado del 73% al 76%. Incluyendo a este grupo de edad, ha pasado del 60,2% al 59,3%.
Esta aparente estabilidad responde, en buena medida, al desplazamiento de población activa entre generaciones. Mientras los menores de 25 años han reducido su participación, los mayores de 55 años han ganado peso dentro de la fuerza laboral. El cambio supone un reto para aquellas actividades que tradicionalmente han dependido de la incorporación de trabajadores jóvenes y que ahora encuentran mayores dificultades para disponer de este colectivo. Además, una menor participación juvenil puede generar un efecto paradójico sobre las estadísticas de desempleo: reduce el número de personas consideradas paradas sin que necesariamente aumente el número de ocupados. Así, la tasa de paro entre los menores de 25 años fue del 23,4% en el segundo trimestre de 2026, prácticamente en línea con el 23,6% registrado en el mismo periodo de 2008.
Sin embargo, ambos porcentajes esconden realidades diferentes. Actualmente, alrededor del 61% de los jóvenes queda fuera de la población activa que se utiliza para calcular esta tasa, frente a aproximadamente el 45% en 2008. Por ello, la reducción del desempleo juvenil debe interpretarse con cautela: la mejora no responde exclusivamente a la creación de puestos de trabajo, sino también al hecho de que una parte importante de los jóvenes permanece fuera del mercado laboral.
La comparación con otros países europeos refuerza esta preocupación. Los datos de Eurostat muestran que España es una de las economías donde más ha disminuido la tasa de actividad juvenil desde la crisis financiera, solo por detrás de Finlandia e Irlanda. Sin embargo, estos dos países mantienen actualmente tasas próximas al 49%, claramente por encima de la española.
El cambio también se aprecia frente a las principales economías europeas. España ha pasado de situarse por encima de la media comunitaria a quedar claramente por debajo. Alemania mantiene una tasa cercana al 52% y Dinamarca ronda el 70%, mientras que Países Bajos ha elevado la suya desde aproximadamente el 71% hasta el 82%. Estos países, además, presentan algunos de los niveles de desempleo más bajos de la Unión Europea, lo que apunta a que una mayor incorporación juvenil está relacionada con la existencia de mejores oportunidades laborales.
En este contexto cobra especial importancia el estudio elaborado por Corinne Petrakis y David Sondermann para el BCE, centrado en la evolución de la participación laboral en la Unión Europea durante los ciclos económicos. El análisis utiliza microdatos de la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat y demuestra que las distintas generaciones reaccionan de manera muy diferente ante las crisis, aunque la tasa de actividad agregada permanezca relativamente estable.
Los jóvenes aparecen como el grupo más perjudicado por las recesiones. El impacto no se limita al incremento inicial del desempleo, sino que la salida del mercado laboral puede prolongarse durante una media de ocho años, más del doble que entre otros grupos de trabajadores. En España, este proceso llegó a extenderse durante doce años y todavía no se ha producido una recuperación completa.
Las consecuencias van más allá de las estadísticas de empleo. Los economistas hablan de un efecto cicatriz que puede condicionar las perspectivas profesionales de toda una generación. Los periodos de inactividad o desempleo durante los primeros años de la vida laboral pueden reducir la acumulación de capital humano, dificultar la creación de redes profesionales y complicar el encaje entre trabajadores y empresas.
Esta situación también puede perjudicar a quienes finalmente consiguen incorporarse al mercado laboral. Al disponer de menos experiencia y de una red profesional más limitada, los jóvenes suelen encontrarse entre los primeros colectivos afectados cuando la demanda de trabajo vuelve a debilitarse. Además, quienes consiguen acceder a un empleo durante una recesión pueden sufrir efectos duraderos sobre sus ingresos. El estudio del BCE señala que las penalizaciones salariales pueden prolongarse durante hasta una década, con un impacto especialmente acusado entre los trabajadores con menor nivel educativo.
El problema, por tanto, no termina cuando los jóvenes dejan de ser jóvenes. Los primeros años de la trayectoria profesional son fundamentales para desarrollar capacidades, experiencia y conocimientos. Si durante esa etapa se acumulan largos periodos de desempleo o inactividad, la adquisición de nuevas competencias puede verse frenada y el potencial productivo de estos trabajadores puede deteriorarse durante buena parte de su carrera.
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