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(Cinco Días, 16-10-2026) | Laboral

Yolanda Díaz defiende una subida de salarios: “Con 1.700 euros al mes no se puede vivir con dignidad”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido durante la segunda jornada del foro CREO, organizado por CincoDías, que los salarios deben continuar aumentando en España. A su juicio, las retribuciones actuales no permiten garantizar unas condiciones de vida dignas. "El salario más frecuente es de 1.700 euros al mes; no se puede vivir con dignidad", ha afirmado. En su intervención, también han participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La jornada contará asimismo con la presencia de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de representantes empresariales e institucionales como Fernando Campos, consejero delegado de DKV Seguros; Óscar Arce, director general de Economía del Banco Central Europeo; Sergio Vázquez Torrón, presidente de Ineco; María Jesús López Solás, directiva de Iberia; Nacho Moreno, consejero delegado de Grupo Cox; Jesús B. Serrano, CEO de GMV; Antonio Rubio, secretario general de Prosegur, e Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Díaz ha situado la reducción de la desigualdad entre las principales prioridades del país y ha reclamado una mayor integración social en la Unión Europea, así como la recuperación del diálogo y los acuerdos políticos para afrontar los retos económicos. Según ha advertido, la polarización no solo afecta a las instituciones, sino que también tiene consecuencias sobre la economía. "El ruido se convierte en un problema económico", ha señalado. La ministra ha criticado la oposición a medidas como la revalorización de las pensiones y la reducción de la jornada laboral, y ha insistido en que las instituciones deben responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. También ha identificado el acceso a la vivienda como uno de los principales factores de desigualdad y ha reclamado medidas urgentes para facilitar el acceso a inmuebles a precios asequibles. "La fábrica de la desigualdad se llama vivienda", ha afirmado. La vicepresidenta ha defendido, además, la necesidad de modernizar el país mediante una reforma fiscal, la reducción de la jornada laboral y una prestación universal por hijo a cargo. En su opinión, si el crecimiento económico no se traduce en mejoras perceptibles para los hogares, puede generar una profunda fractura democrática. En materia laboral, ha destacado el descenso de la brecha salarial entre hombres y mujeres, del 21% al 16,6%, y el aumento del número de trabajadores hasta cerca de los 23 millones, frente a los 18 millones que, según ha indicado, había cuando el actual Gobierno llegó al poder. También ha reivindicado la solidez del sistema público de pensiones y la necesidad de seguir mejorando las prestaciones. Díaz ha atribuido parte de estos avances a los cambios introducidos en la política laboral, especialmente a la reforma aprobada mediante un acuerdo tripartito, y ha defendido que el empleo ha adquirido un papel determinante en la orientación de la política económica. Por último, ha criticado el uso de los aranceles como instrumento de presión comercial por parte de Estados Unidos y ha advertido de las dificultades que atraviesa Europa, frente a las cuales ha destacado el crecimiento de la economía española.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

Cuerpo apunta a una subida de las pensiones después de las elecciones

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la actualización de las pensiones prevista para 2027 se aprobará previsiblemente después de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque el Ejecutivo mantiene su compromiso de aplicar una subida vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC). Durante una entrevista concedida este jueves a TVE, Cuerpo ha explicado que el calendario electoral dificulta la aprobación del incremento antes de los comicios. El motivo es que el dato adelantado de inflación de noviembre, necesario para calcular la revalorización, no se conocerá hasta el 27 de noviembre, apenas dos días antes de la cita electoral. Ante esta situación, el ministro considera viable que el Gobierno apruebe la correspondiente actualización mediante un real decreto-ley durante el mes de diciembre, cuando ya se encuentre en funciones. Posteriormente, la norma podría ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, sin necesidad de esperar a la constitución del nuevo Ejecutivo. Cuerpo ha insistido en que la subida de las pensiones está garantizada por la legislación vigente, que establece su revalorización conforme a la evolución de los precios. Por tanto, ha defendido que la decisión debe adoptarse tan pronto como se disponga de los datos necesarios, con el objetivo de que las nuevas cuantías puedan aplicarse desde el inicio de 2027. El titular de Economía considera que existen argumentos suficientes para justificar la aprobación urgente de esta medida en diciembre, incluso con el Gobierno en funciones, dado su interés general y la necesidad de actualizar las prestaciones antes de finalizar el ejercicio. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en términos similares y ha confirmado la intención del Ejecutivo de aprobar la revalorización de las pensiones antes de que termine el año, aunque sin comprometerse a hacerlo antes de las elecciones. Sánchez ha querido transmitir tranquilidad a los pensionistas y ha reiterado que las prestaciones se incrementarán de acuerdo con el IPC, tal como establece la normativa aprobada durante la actual etapa de gobierno. El presidente también ha defendido la situación financiera del sistema público de pensiones y ha destacado la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según sus previsiones, la denominada hucha de las pensiones alcanzará los 20.000 millones de euros al finalizar la legislatura, frente a los aproximadamente 5.000 millones que, según ha señalado, había cuando el actual Ejecutivo asumió sus responsabilidades. Asimismo, Sánchez ha vinculado la sostenibilidad del sistema con las políticas laborales desarrolladas en los últimos años, entre ellas las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones de contratación. A su juicio, el fortalecimiento del empleo y el incremento de los salarios contribuyen a elevar las cotizaciones sociales y, por tanto, a mejorar los recursos disponibles para financiar las pensiones. En este contexto, el presidente ha criticado las posiciones del Partido Popular y Vox sobre el futuro del sistema, al considerar que sus propuestas generan incertidumbre entre los pensionistas. También ha reclamado a ambas formaciones que impulsen, en sus relaciones con las organizaciones empresariales, una mejora de las retribuciones de los trabajadores durante las próximas negociaciones colectivas. Según Sánchez, el debate debería centrarse en aumentar los salarios y reforzar los ingresos de la Seguridad Social, en lugar de plantear posibles recortes de las prestaciones. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político previo a las elecciones generales. Mientras el PSOE defiende las reformas aprobadas y sostiene que las pensiones están garantizadas, el Partido Popular ha planteado la necesidad de estudiar cambios que aseguren la viabilidad del sistema a largo plazo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su compromiso con la actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque también considera necesario avanzar hacia un modelo que garantice las prestaciones de las generaciones más jóvenes. Por su parte, la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha advertido de los riesgos que afronta el sistema en el futuro y ha defendido la conveniencia de introducir reformas estructurales. Vox, a su vez, ha planteado la posibilidad de avanzar hacia un modelo de pensiones que combine elementos de financiación pública y privada. En cualquier caso, Cuerpo ha reiterado que el incremento previsto para 2027 responde a una obligación legal y que el Gobierno pretende garantizar su aplicación independientemente del resultado electoral. Además de las pensiones, el Ejecutivo tiene pendiente determinar la actualización del salario mínimo interprofesional para el próximo ejercicio. En este ámbito existen diferencias sobre el calendario de aprobación. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, pretende impulsar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre, mientras que Economía considera prioritario que la decisión se adopte antes de finalizar el año, sin concretar si será antes o después de los comicios. El departamento de Trabajo está pendiente de las conclusiones de la comisión de expertos encargada de analizar la evolución del salario mínimo y formular recomendaciones para su actualización. La intención del Ministerio es acelerar estos trabajos para disponer de una propuesta durante noviembre. Los sindicatos, por su parte, han reclamado un incremento del 7% para 2027, al considerar necesario seguir mejorando las retribuciones de los trabajadores con menores ingresos. A diferencia de la actualización de las pensiones, la modificación del salario mínimo puede aprobarse mediante un real decreto del Gobierno, sin necesidad de recurrir a un real decreto-ley. Cuerpo ha explicado que la convocatoria electoral y los plazos para constituir el nuevo Congreso y formar Gobierno aconsejan reducir cuanto antes la incertidumbre de las personas que perciben el salario mínimo. Las elecciones están previstas para el 29 de noviembre y la constitución del nuevo Congreso para el 23 de diciembre, por lo que la formación de un nuevo Ejecutivo podría prolongarse hasta 2027. En este escenario, el ministro considera conveniente que la actualización salarial quede definida antes de que termine 2026. Respecto a la cuantía del incremento, el responsable de Economía ha recordado que el salario mínimo ha aumentado aproximadamente un 66% durante los últimos años y sostiene que ya ha alcanzado la referencia del 60% del salario medio utilizada en el ámbito europeo. Las organizaciones sindicales discrepan de esta valoración y consideran que todavía existe margen para continuar elevando el salario mínimo, especialmente ante la evolución del coste de la vida. Pese a estas diferencias, Cuerpo ha subrayado que el principal objetivo debe ser preservar el poder adquisitivo de quienes perciben las remuneraciones más bajas. De esta manera, el Gobierno afronta las últimas semanas antes de las elecciones con dos decisiones relevantes pendientes en materia de protección social y laboral: concretar la revalorización de las pensiones para 2027 y determinar el nuevo salario mínimo, ambas con la intención anunciada de evitar que la inflación reduzca la capacidad económica de pensionistas y trabajadores.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

Trabajo prepara una subida del salario mínimo antes de las elecciones que rondará el 5%

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha activado los trámites para acometer un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. La pretensión del departamento laboral pasa por materializar esta medida antes de los comicios, garantizando que el suelo salarial no pierda capacidad adquisitiva frente al reciente repunte del índice de precios de consumo y mantenga la equivalencia con el 60% del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea. Aunque el Ministerio se encuentra a la espera del dictamen encargado a la comisión de especialistas, las proyecciones sugeridas por los precedentes y las declaraciones de la vicepresidenta segunda apuntan a una subida próxima al 5%. Este cálculo tomaría como referencia el dato interanual de la inflación de septiembre, situado en el 4,9%, en un contexto donde el ritmo de avance de las retribuciones pactadas en convenio y de los costes laborales permanece por debajo de ese margen. Díaz ha solicitado al comité técnico que entregue sus recomendaciones con margen suficiente a finales de este mes, agilizando de manera notable los plazos habituales de ejercicios anteriores. De confirmarse un repunte en el entorno del 5%, la cifra quedaría por debajo de la pretensión de las centrales sindicales CCOO y UGT, que defienden una elevación del 7%. Los representantes de los trabajadores Supeditan además futuros compromisos a la aprobación de reformas complementarias, como la prohibición de que las empresas neutralicen las subidas mediante la absorción de complementos salariales o el refuerzo en el control del registro horario. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado un rechazo frontal tanto a las dinámicas del proceso como a la oportunidad temporal de la iniciativa en vísperas electorales. Las organizaciones empresariales se han opuesto a la mayoría de las revisiones del SMI aplicadas durante los últimos años, periodo en el cual la cuantía mínima ha pasado de los 736 euros mensuales fijados en 2018 a los 1.221 euros brutos en 14 pagas vigentes en la actualidad. Desde el área económica del Ejecutivo, el ministro Carlos Cuerpo ha abogado por reducir la incertidumbre de los perceptores confirmando el ajuste salarial antes de que concluya el año, sin explicitar si el acuerdo definitivo verá la luz antes o después de la cita con las urnas. A diferencia de las reformas con rango de ley, la actualización del salario mínimo se instrumenta mediante real decreto, por lo que su convalidación no requiere la fiscalización de la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

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(El País, 16-10-2026) | Laboral

CC OO y UGT concretan los motivos de la huelga ante la patronal: acceso a la vivienda, salarios y pacto de convenios

La reunión mantenida este jueves en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) entre las centrales sindicales CCOO y UGT y las organizaciones patronales CEOE y Cepyme concluyó sin entendimiento, constatando la imposibilidad de evitar la convocatoria de huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre. Tras el encuentro de mediación, el organismo levantó un acta de desacuerdo en la que se formalizan los motivos del conflicto y se acredita el intento fallido de negociación entre las partes. En el documento remitido al SIMA, las organizaciones sindicales señalan directamente a las patronales como destinatarias de la protesta. Entres sus demandas principales figuran la exigencia de un mayor poder adquisitivo mediante incrementos salariales, el desbloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y la articulación de medidas de calado que garanticen el derecho de acceso a la vivienda para los trabajadores. El trámite ante el órgano arbitral constituye un requisito formal imprescindible antes del registro del preaviso definitivo ante el Ministerio de Trabajo. La legislación vigente en materia de huelga exige dejar constancia de las gestiones previas realizadas para resolver la controversia, un precepto que queda cubierto formalmente tras la certificación emitida por el SIMA. Con este paso completado, los sindicatos formalizarán de manera inminente la comunicación oficial ante las autoridades laborales. En dicho registro deberán concretarse los objetivos del paro, el calendario previsto, el ámbito territorial y sectorial, así como la constitución del comité de huelga. La cita de protesta programada para el 11 de noviembre presentará una naturaleza singular al rebasar el marco de las reivindicaciones estrictamente laborales o salariales. Además del anclaje relativo a la negociación colectiva y las condiciones de empleo, la jornada de paro integrará en su plataforma social demandas estructurales orientadas a favorecer el acceso a la vivienda.

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(El Economista, 16-10-2026) | Laboral

El gasto en pensiones se cuadruplicará en 2050

La viabilidad financiera del sistema público de pensiones se ha consolidado como uno de los principales ejes de debate económico ante la cita electoral del 29 de noviembre. Los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiman que la factura anual de las prestaciones por jubilación aumentará desde los 112.861 millones de euros registrados en 2024 hasta alcanzar los 422.315 millones en 2050, multiplicando casi por cuatro el volumen de gasto actual. Pese a que las distintas formaciones políticas han garantizado la protección de las retribuciones de los jubilados, los programas electorales carecen por el momento de concreción sobre la vía para sufragar este incremento estructural. El incremento proyectado tendrá un impacto significativo sobre la contabilidad nacional. Según las previsiones del departamento encabezado por Elma Saiz, la partida de pensiones elevará su peso sobre la riqueza nacional del 12,7% del PIB en 2024 al 15,3% en 2050, punto en el que el gasto tocaría su techo dentro del esquema de ingresos diseñado en la última reforma legislativa. Por su parte, los análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dibujan un escenario de mayor presión fiscal, situando el impacto del sistema en el 13% del PIB en 2025 y proyectando que alcanzará el 16,4% en el horizonte de mediados de siglo. La trayectoria alcista responderá a factores demográficos y laborales clave, encabezados por la jubilación de la generación del baby boom, que representa aproximadamente a un tercio de la población española. La salida progresiva del mercado de trabajo de esta cohorte elevará la cifra total de pensionistas desde los 6,65 millones computados en agosto de 2026 hacia cotas próximas a los 17,7 millones de beneficiarios en las próximas décadas. A esta dinámica se suman la mayor longevidad, la incorporación de la mujer al empleo, el incremento de las bases de cotización acumuladas por las nuevas promociones de jubilados y la revalorización automática de las prestaciones ligada al IPC, que tras incrementarse un 2,7% en 2026 prevé un repunte cercano al 3,5% para 2027. Ante estas magnitudes, los mensajes de los partidos alternan el compromiso con las prestaciones y el diagnóstico de vulnerabilidad del modelo actual. Por un lado, la ministra Elma Saiz defiende la solidez, equidad y sostenibilidad del esquema vigente, recordando que las reformas impulsadas blindaron la actualización con la inflación y reforzaron los ingresos del sistema, al tiempo que reprocha a la oposición su rechazo a dichas medidas. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el mantenimiento y actualización de las pensiones conforma un compromiso innegociable, mientras que desde la portavocía parlamentaria de su formación se advierte de las tensiones estructurales que amenazan la viabilidad del modelo. Finalmente, desde Vox califican la estructura actual de insostenible a largo plazo y plantean analizar alternativas de financiación, como esquemas mixtos de capitalización, si bien subordinan la concreción de medidas al conocimiento actualizado del estado de las finanzas públicas.

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(El País, 15-10-2026) | Laboral

Las pensiones vuelven al corazón de la precampaña de las elecciones

Las pensiones se han situado de nuevo en el centro de la precampaña electoral tras las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del Partido Popular, que ha apuntado a la posibilidad de una reforma de calado del sistema, aunque sin detallar sus medidas. En una entrevista publicada el martes, Muñoz advirtió de que el modelo actual acabará colapsando y defendió la necesidad de adoptar decisiones valientes para modificarlo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de matizar sus palabras y aseguró que mantendrá la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. No obstante, también defendió la necesidad de garantizar un sistema viable para las generaciones más jóvenes, dejando abierta la puerta a cambios futuros. La última gran reforma impulsada por el PP se aprobó en 2013 y limitó la subida anual de las pensiones al 0,25%, un mecanismo que el Ejecutivo de Sánchez derogó posteriormente para recuperar la actualización vinculada al IPC. Las declaraciones de Muñoz han dado al PSOE y al Gobierno la oportunidad de convertir esta cuestión en uno de los ejes de la precampaña. A ello se suman las propuestas de Vox, que ha planteado un modelo mixto, público y privado, y también ha cuestionado la sostenibilidad del sistema. La controversia ha provocado una respuesta coordinada de varios ministros y la difusión de vídeos en redes sociales, en un debate especialmente sensible por afectar a cerca de nueve millones de pensionistas, un colectivo con una elevada participación electoral. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha preguntado directamente al PP si pretende recortar las prestaciones. Por su parte, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha criticado las contradicciones que, a su juicio, existen entre las declaraciones de Feijóo sobre el mantenimiento del sistema y los mensajes que alertan de su posible quiebra. También ha reclamado explicaciones a quienes defienden un modelo mixto. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que un futuro Gobierno formado por el PP y Vox acometa una reforma de las pensiones. El PSOE, además, ha difundido varios vídeos con mensajes como «Con tu pensión no se juega, se defiende» y advertencias sobre un posible recorte de las prestaciones. En la entrevista concedida al pódcast del canal de YouTube Quorvm, Muñoz consideró justo que los trabajadores próximos a la jubilación, a los que identificó con la generación del baby boom y entre los que se encuentran sus propios padres, mantengan las pensiones que les corresponden. Sin embargo, cuestionó la sostenibilidad del modelo actual y defendió su modificación. Como ejemplo de lo que considera un uso inadecuado de los recursos públicos, puso en duda que el Estado subvencione entradas de cine a dos euros a personas que cobran la pensión máxima. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha respondido también a los argumentos de Muñoz sobre la relación entre cotizantes y pensionistas. Frente a la afirmación de la portavoz popular de que los trabajadores actuales no cubren las prestaciones de quienes ya están jubilados, Saiz señaló este miércoles que hay 2,51 cotizantes por cada pensionista, la proporción más elevada desde 2011. La sostenibilidad del sistema ocupa un lugar destacado en el debate económico por la presión que ejercerá la jubilación de la numerosa generación del baby boom, el aumento de las prestaciones asociado a las mayores bases de cotización de quienes acceden ahora a la jubilación y la actualización de las pensiones conforme al IPC. El Gobierno calcula que el gasto alcanzará su máximo en 2050, cuando representará el 15,3% del producto interior bruto. Según los datos de la Seguridad Social, el desembolso en pensiones contributivas ascendió a 189.598 millones de euros en 2025, un 6,2% más que en 2024, cuando se destinaron 178.500 millones, y un 13,1% por encima de los 168.000 millones de 2023. No es la primera vez que el PP afronta una polémica por sus declaraciones sobre las pensiones. Durante la campaña electoral de 2023, Feijóo aseguró en una entrevista en Televisión Española que su partido siempre había revalorizado las prestaciones conforme al IPC. La periodista Silvia Intxaurrondo cuestionó esa afirmación al recordar que durante varios ejercicios del Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicó esa actualización. El líder popular terminó rectificando sus declaraciones días después.

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(El País, 15-10-2026) | Laboral

Los sindicatos corporativos dan la espalda a la huelga general por la vivienda

CC OO y UGT mantienen su posición como las dos principales organizaciones sindicales de España, con una representación ampliamente extendida entre los distintos sectores de actividad. Entre ambas reúnen alrededor de 228.000 delegados sindicales, lo que representa más de dos tercios del total. El resto se distribuye entre numerosas organizaciones, algunas con vocación de representar al conjunto de los trabajadores y otras especializadas en determinadas profesiones o actividades económicas. Esta diferencia en los modelos de representación sindical se ha puesto de manifiesto ante la convocatoria de huelga general por el acceso a la vivienda, prevista para el próximo 11 de noviembre bajo el lema «Salarios, vivienda, precios». Mientras CC OO y UGT han expresado su apoyo a la movilización promovida por el Sindicato de Inquilinas, buena parte de las organizaciones profesionales y sectoriales han optado por mantenerse al margen. Entre los sindicatos que rechazan participar figura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que cuenta con aproximadamente 13.000 delegados y una importante presencia en las administraciones públicas. La organización reconoce la gravedad de las dificultades para acceder a una vivienda y advierte de sus consecuencias entre los empleados públicos. Según CSIF, el elevado coste residencial en territorios como Madrid, Barcelona o Baleares está provocando que algunos funcionarios renuncien a destinos recién obtenidos o soliciten excedencias ante la imposibilidad de establecerse en esas zonas. Pese a compartir la preocupación por este problema, el sindicato ha decidido no secundar el paro por considerar que su celebración, pocas semanas antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, introduce un componente político que no encaja con su carácter independiente y profesional. Una postura similar mantiene la Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico), que dispone de unos 9.400 delegados y cuenta con una presencia destacada en grandes superficies comerciales, aunque también está ampliando su representación a otras actividades. Fetico defiende que sus decisiones deben responder exclusivamente a los intereses laborales de las personas a las que representa, sin quedar condicionadas por los calendarios electorales ni por las estrategias de los partidos políticos. Las discrepancias entre los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones independientes también se reflejan en sus relaciones habituales. CC OO ha criticado duramente a Fetico por su actuación en determinadas empresas subcontratistas vinculadas al reparto a domicilio para plataformas como Uber Eats y Glovo. En este contexto, Comisiones Obreras ha acusado a Fetico de actuar como un sindicato favorable a los intereses empresariales. También ha denunciado presuntas irregularidades en procesos de elecciones sindicales en los que participa el Sindicato Libre de Transporte (SLT), organización que cuenta con aproximadamente 1.000 delegados y que rechaza las acusaciones. Más allá de estos enfrentamientos, las diferencias responden a dos maneras de entender la actividad sindical. Los sindicatos de clase, como CC OO y UGT, plantean su actuación desde una perspectiva general de los derechos laborales y consideran que cuestiones como la vivienda, las pensiones, la fiscalidad o las políticas económicas afectan directamente a las condiciones de vida de los trabajadores. Desde este planteamiento, ambas organizaciones intervienen habitualmente en debates políticos y sociales y expresan su oposición a aquellas iniciativas que consideran perjudiciales para los intereses de la población trabajadora. Así, han cuestionado propuestas del Partido Popular relacionadas con una mayor intervención de las mutuas en la gestión de las bajas laborales, han criticado determinadas posiciones de Vox sobre el sistema público de pensiones y se han enfrentado a Junts por su rechazo a la reducción de la jornada laboral. Aunque mantienen una proximidad ideológica con algunas propuestas de la izquierda, ambas centrales sindicales están formalmente desvinculadas de los partidos políticos con los que compartieron vínculos históricos, como el Partido Comunista de España en el caso de CC OO y el PSOE en el de UGT. Frente a esta orientación, los sindicatos profesionales o corporativos suelen concentrar sus esfuerzos en las reivindicaciones específicas de los colectivos a los que representan y procuran mantener una mayor distancia respecto a los posicionamientos políticos generales. Uno de los ámbitos donde estas diferencias se hacen especialmente visibles es el sanitario. Los sindicatos médicos llevan meses reclamando una regulación profesional propia, al considerar insuficiente el nuevo Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varias organizaciones representativas del personal sanitario. El texto cuenta con el respaldo de CC OO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse, pero no ha conseguido el apoyo de las principales organizaciones médicas, que continúan reivindicando unas condiciones laborales específicas para los facultativos. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha optado por no pronunciarse sobre la huelga general relacionada con la vivienda. En cambio, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que dispone de unos 150 delegados y no está integrada en CESM, ha manifestado su rechazo a esta convocatoria. Su secretaria general, Ángela Hernández, considera que la huelga debe utilizarse como un instrumento para conseguir objetivos concretos y que resulta necesario disponer de un interlocutor con capacidad para negociar las reivindicaciones planteadas. No obstante, Amyts sí ha anunciado movilizaciones y paros durante noviembre y diciembre para reclamar mejoras laborales a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta posición refleja la distinción que establece la organización entre los conflictos propios del sector sanitario y las convocatorias de carácter general. En el caso de Satse, el sindicato de enfermería todavía no ha fijado una postura definitiva sobre la movilización del 11 de noviembre, mientras que la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios ha comunicado que no tomará partido. También ha descartado sumarse a la huelga el sindicato educativo Anpe, que cuenta con unos 600 delegados. Aunque reconoce que las dificultades de acceso a la vivienda constituyen un problema social importante, considera que esta reivindicación excede su ámbito específico de representación profesional. Una posición semejante mantiene el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), que reivindica su independencia política y limita su actividad a las cuestiones relacionadas con el ferrocarril y las condiciones laborales de los maquinistas. A estas organizaciones se añaden el sindicato del sector financiero FINE, con cerca de 950 delegados, y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), con 83, que tampoco tienen previsto participar en la convocatoria. De esta manera, la huelga general por la vivienda ha vuelto a poner de relieve las distintas sensibilidades existentes dentro del sindicalismo español. Mientras las centrales mayoritarias defienden la necesidad de abordar conjuntamente las condiciones laborales y los problemas sociales que afectan a los trabajadores, buena parte de los sindicatos profesionales prefieren centrar su actuación en las reivindicaciones directamente vinculadas a sus respectivos sectores. El debate refleja dos modelos de representación que conviven en el panorama sindical: uno que entiende la defensa de los trabajadores desde una perspectiva económica y social amplia y otro que prioriza las necesidades específicas de cada profesión o colectivo.

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(El Economista, 15-10-2026) | Laboral

El Supremo prohíbe que las empresas pongan un límite anual al permiso de cinco días por familiar enfermo

El Tribunal Supremo ha establecido que el permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares no puede quedar sujeto a un límite máximo anual fijado por las empresas. En una sentencia de 25 de septiembre de 2026, la Sala de lo Social aclara que este derecho debe reconocerse cada vez que se produzca una nueva circunstancia que reúna los requisitos establecidos en la legislación laboral. La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado López Parada, se fundamenta en la normativa vigente y en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo sobre la protección de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. El pronunciamiento analiza el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a ausentarse del trabajo durante cinco días retribuidos ante determinadas situaciones médicas graves que afecten al cónyuge, pareja de hecho, familiares incluidos en la norma o personas convivientes que precisen cuidados. El Alto Tribunal considera que cada situación que origine el derecho al permiso debe examinarse de manera independiente. Por tanto, las empresas no pueden establecer una bolsa única de cinco días para todo el año ni denegar nuevas solicitudes por el hecho de que la persona trabajadora haya disfrutado anteriormente de esta licencia. La sentencia recuerda que la modificación del Estatuto de los Trabajadores introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 amplió la duración del permiso de dos a cinco días, pero no estableció ninguna limitación respecto al número de ocasiones en las que puede solicitarse durante un mismo ejercicio. Los magistrados también destacan que la Directiva europea 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional, establece unas garantías mínimas de protección. En consecuencia, su aplicación no puede justificar una reducción de los derechos laborales más favorables que ya reconoce la legislación española. Otro de los aspectos relevantes de la resolución se refiere a la duración del permiso cuando la persona hospitalizada recibe el alta antes de que hayan transcurrido los cinco días. El Supremo recuerda que el alta hospitalaria no supone necesariamente la desaparición de la causa que justifica la ausencia laboral. Cuando el paciente necesita continuar su recuperación en el domicilio y persiste la necesidad de cuidados, el trabajador puede mantener el disfrute del permiso dentro del periodo legalmente reconocido. El litigio tiene su origen en una demanda de conflicto colectivo presentada por varias organizaciones sindicales frente a las prácticas aplicadas por empresas del Grupo RACE. La dirección empresarial había establecido un máximo de cinco días de permiso retribuido por año, independientemente del número de situaciones familiares que pudieran producirse. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y confirma que el permiso está vinculado a cada hecho causante, no a un cómputo anual acumulado. De esta manera, una persona trabajadora podrá solicitar nuevamente los cinco días cuando se produzca otro accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que cumpla las condiciones legales, siempre que se respeten los requisitos de preaviso y justificación. La sentencia refuerza así la protección de las personas trabajadoras ante situaciones familiares que requieren atención y cuidados, al tiempo que delimita la capacidad de las empresas para introducir restricciones no contempladas en el Estatuto de los Trabajadores.

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(Expansión, 14-10-2026) | Laboral

Foment lleva ante la UE su batalla contra el absentismo laboral

Foment del Treball ha llevado a las instituciones europeas su preocupación por el aumento del absentismo laboral en España. Una delegación de la patronal catalana, encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, se reunió este martes con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para plantear distintas propuestas destinadas a contener el incremento de las bajas laborales. A finales de septiembre, la organización empresarial presentó un libro blanco sobre esta problemática, que considera una carga cada vez más difícil de asumir para la economía. Entre sus principales reivindicaciones figura recuperar la posibilidad de extinguir contratos mediante despidos objetivos en casos de bajas médicas prolongadas o encadenadas, una opción que estuvo contemplada en la legislación durante décadas y que fue suprimida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020. Según los datos expuestos por la patronal, el coste de las incapacidades temporales por contingencias comunes prácticamente se ha duplicado en seis años y superó los 33.000 millones de euros en 2025. De esta cantidad, las empresas asumieron 16.115 millones, mientras que el resto correspondió a la Seguridad Social. Otra de las propuestas de Foment consiste en ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de modo que puedan participar en la gestión y el reconocimiento de las altas y bajas médicas. La organización también defiende que estas entidades, en lugar de las empresas, asuman el coste de las prestaciones por incapacidad temporal entre el cuarto y el decimoquinto día de baja. Asimismo, la patronal plantea revisar las obligaciones de cotización durante los periodos de incapacidad temporal, suprimir el sistema de pago delegado, eliminar los complementos empresariales de las prestaciones y reducir las cuotas a la Seguridad Social mientras se prolongue la baja. Además, reclama que la sanidad pública priorice los diagnósticos y tratamientos para evitar que las listas de espera alarguen innecesariamente los procesos de recuperación y las ausencias laborales.

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(El País, 14-10-2026) | Laboral

CC OO y UGT reclaman que el salario mínimo suba un 7% en 2027

Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado este martes que reclamarán al Gobierno un incremento del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, lo que situaría la cuantía en torno a los 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas, por encima de los 1.500 euros si se distribuye en 12 mensualidades. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, tras aumentar un 3,1% en 2026, lo que supuso una mejora de 37 euros al mes. La subida fue acordada por el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, pero contó con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el SMI ha aumentado un 66%, al pasar de 736 a 1.221 euros, mientras que los precios acumularon hasta 2025 un incremento del 23%. Esta evolución se ha traducido en una mejora considerable del poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo. Los sindicatos justifican su petición del 7% por dos motivos. Por una parte, pretenden que el SMI mantenga una evolución acorde con el aumento de los salarios medios, que estiman próximo al 5%, y alcance el objetivo de representar el 60% de la remuneración media. Por otra, consideran necesario compensar el impacto del repunte de la inflación registrado desde el verano, que ha generado un desfase de aproximadamente dos puntos porcentuales y amenaza con reducir el poder de compra de los trabajadores. Sordo y Álvarez han reconocido que todavía no han trasladado formalmente esta propuesta al Ejecutivo. «Por una vez que sean ellos los que se enteran por los medios de comunicación, no pasa nada», ha señalado el secretario general de UGT. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido que el Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos encargado de determinar cuánto debe subir el salario mínimo. Según ha explicado, el procedimiento seguirá la línea de los últimos años, con el objetivo de mantener el SMI alineado con la evolución de los salarios medios y evitar que pierda poder adquisitivo. La inflación interanual se sitúa actualmente en el 4,9%, mientras que la media de los últimos doce meses alcanza el 3,3%. La reivindicación salarial también estará presente en la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada por CC OO y UGT junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sindicales, con el objetivo de reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda. El paro, cuyo lema será Salarios, vivienda, precios, pretende facilitar la movilización de más de 22 millones de trabajadores y combinar las demandas laborales con las relacionadas con el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida. Los responsables sindicales han defendido que la convocatoria tendrá una justificación estrictamente laboral, centrada en la necesidad de garantizar salarios suficientes para afrontar los gastos cotidianos y acceder a una vivienda. Sordo ha asegurado que no existirá «el más mínimo resquicio de ilegalidad» y ha rechazado las dudas sobre el posible carácter político de la huelga. La convocatoria señalará como destinatarios de las reivindicaciones a las organizaciones empresariales y a las administraciones públicas, con especial atención a las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de vivienda, así como a los ayuntamientos y al Gobierno central. Entre las principales propuestas de CC OO y UGT figura la creación de un parque público de vivienda asequible. Para financiarlo, reclaman destinar anualmente el 1% del PIB durante una década, con el objetivo de construir 100.000 viviendas protegidas y asequibles cada año. También plantean movilizar las viviendas vacías, especialmente las situadas en las capitales de provincia. Con estas medidas, aspiran a disponer de 1,5 millones de viviendas a precios accesibles al cabo de diez años. En materia de alquiler, los sindicatos defienden las medidas sobre arrendamientos y desahucios recogidas en el real decreto recuperado por el Gobierno y proponen revisar la Ley de Vivienda. Sordo considera necesario modificar la normativa para que, cuando las comunidades autónomas no apliquen los límites a los alquileres en las zonas tensionadas, los ayuntamientos o el Estado puedan intervenir y adoptar medidas alternativas. Para ello, sostiene que habría que revisar el reparto legal de competencias. Otra de las demandas sindicales consiste en endurecer la regulación de los alquileres turísticos, hasta el punto de prohibirlos directamente en las zonas tensionadas y restringirlos a las áreas donde la presión sobre el mercado residencial sea menor. CC OO y UGT han explicado que registrarán su propia convocatoria de huelga, aunque sin excluir la participación de otras organizaciones. Sindicatos minoritarios como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, así como colectivos territoriales y el Sindicato de Inquilinas, también preparan sus respectivas iniciativas. No obstante, las centrales mayoritarias han señalado que no todas las organizaciones comparten las mismas propuestas para afrontar la crisis habitacional. Sordo ha apuntado que las diferencias afectan, entre otras cuestiones, a la necesidad de construir más viviendas. El secretario general de CC OO ha insistido en que la movilización debe tener un componente salarial claro, aunque ha descartado que las dificultades para acceder a una vivienda sean consecuencia de una evolución desastrosa de los sueldos. A su juicio, el aumento anual del precio de la vivienda, que ronda el 12%, y los sucesivos episodios inflacionistas registrados desde finales de 2021 han superado la capacidad de respuesta de la negociación colectiva. Aunque ha reivindicado la evolución de los salarios durante los últimos años, ha advertido de que esta mejora podría frenarse por la falta de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya negociación la patronal lleva un año sin aceptar. En este marco, los sindicatos exigirán incrementos salariales anuales de entre el 4% para las remuneraciones más elevadas y el 7% para los sueldos medios y bajos durante los próximos tres años. La plataforma reivindicativa de la jornada del 11 de noviembre incluirá también la defensa del sistema público de pensiones. Ante las propuestas de Vox para privatizar una parte del sistema y las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de asumir sacrificios, Sordo y Álvarez han reclamado a los partidos que expliquen sus planteamientos de cara a la campaña electoral y aclaren si responden a una mejora de las prestaciones o a los intereses del sector financiero. Por último, los sindicatos han pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la revalorización de las pensiones en 2027 conforme a la inflación media de 2026, tal y como establece la legislación vigente. Esta actualización supondría un incremento cercano al 3,5% de las prestaciones a partir del próximo mes de enero.

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