Noticias

(Expansión, 21-11-2025) | Laboral

Las pensiones subirán previsiblemente un 2,7% en 2026 en la que será su quinto alza anual consecutiva

Una vez se confirme el IPC de noviembre, las pensiones y jubilaciones se actualizarán conforme a la variación media de la inflación registrada en los últimos 12 meses hasta ese mes. La próxima semana ya será posible calcular con bastante precisión el incremento que recibirán los pensionistas, dato que se ratificará a mediados de diciembre. En 2026 volverá a aplicarse una subida, lo que supondrá el quinto año consecutivo en el que las pensiones se ajustan al ritmo de la inflación correspondiente a 2025. Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán un aumento superior al fijado por esta referencia. Este incremento se determina mediante la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones, que utiliza como base el IPC interanual promedio de 12 meses -de diciembre del ejercicio anterior a noviembre del año en curso-. Es decir, para el ajuste del próximo año se empleará la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aplicando este mecanismo, el 1 de enero las pensiones contributivas se elevaron un 2,8% en comparación con el año previo; en 2024 ya habían aumentado un 3,8%; en 2023 lo hicieron un 8,5%; y en 2022 crecieron un 2,5%. Aunque todavía no existe una cifra definitiva, las previsiones apuntan a un incremento medio del IPC del 2,6% para el año que viene. No obstante, la media utilizada para calcular la revalorización de las pensiones se situaría en torno al 2,7%, porcentaje que se aplicaría desde el 1 de enero, siempre que estos valores se confirmen en diciembre, cuando se publica el dato oficial de inflación media anual. El último dato cerrado del IPC, publicado por el INE el pasado viernes, corresponde a octubre y se situó en el 3,1%. El avance del IPC de noviembre se comunicará este viernes 28, aunque la cifra definitiva no se conocerá hasta el 12 de diciembre. Aun así, con el dato adelantado de noviembre ya podrá hacerse una estimación muy precisa de la subida de las pensiones. Por lo general, salvo cambios inesperados en los precios energéticos -como el del petróleo-, las diferencias entre el dato adelantado y el definitivo del IPC suelen ser mínimas, de apenas unas décimas. Asimismo, las previsiones macroeconómicas suelen resultar bastante fiables. Así, si se produjera algún ajuste en el dato final, lo habitual es que sea de una décima arriba o abajo. Según las proyecciones de organismos como Funcas, el IPC medio de 2025 se situará en torno al 2,6%, mientras que la media del periodo diciembre 2024-noviembre 2025 -la referencia para actualizar las pensiones- se aproximará al 2,7%. El incremento beneficiará a los casi 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las más de 720.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice. En 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050. Esto supone que, para 2026, la base máxima de cotización subirá en torno un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), y al igual que aumenta la base máxima de cotización, también subirá la pensión máxima con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones.

LEER MÁS

(Expansión, 21-11-2025) | Laboral

Inflación y escasez de mano de obra empujarán al alza los salarios un 5% en 2026

La escasez de personal disponible para cubrir los puestos vacantes y el impacto persistente de la inflación están impulsando al alza las políticas salariales, en un momento en el que los sindicatos advierten que podrían intensificar la negociación colectiva. A lo largo de 2024 y en los primeros meses de 2025, los sueldos han mantenido una tendencia ascendente, generalmente en línea -o ligeramente por encima- de lo fijado en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que expira a finales de este año. En los convenios registrados hasta octubre, el incremento salarial medio pactado ha sido del 3,5%, medio punto más de lo establecido inicialmente para 2025 por sindicatos y patronal, un aumento influido en parte por las sucesivas subidas del SMI impulsadas por el Gobierno. En este contexto, la patronal ARTE -que agrupa a grandes cadenas textiles como Inditex, Mango, Tendam, H&M o Primark- presentó esta semana su propuesta para el primer convenio estatal del sector, con incrementos del 3% para los años 2026, 2027 y 2028. Por ahora, las remuneraciones han crecido de forma moderada, y organismos como el Banco de España prevén que esta evolución contenida continúe. No obstante, existen elementos que podrían cambiar la trayectoria y llevar a que los salarios aumenten a ritmos cercanos al 5% en 2026, muy por encima de los niveles actuales. Así lo apunta el informe Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, que analiza datos de múltiples regiones, sectores y perfiles profesionales. El estudio atribuye esta posible aceleración de los salarios principalmente a dos factores: la creciente dificultad para encontrar trabajadores -más acusada en ciertas actividades- y la presión inflacionista. "Los cambios que están afectando en 2025 a la economía y al mercado laboral, especialmente la falta de talento y la inflación, están dinamizando las tendencias retributivas; para 2026 prevemos incrementos medios en torno al 5%", explicó ayer Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professional. Aunque la fase más intensa de la inflación parece haber quedado atrás, el informe recuerda que "los efectos acumulados de las tensiones geopolíticas, el aumento del coste de la vida y la ralentización del crecimiento europeo siguen condicionando el ritmo de la economía". Además, pese a la moderación reciente, la inflación en España se sitúa en el 3,2%, 1,1 puntos por encima de la media de la eurozona, lo que vuelve a poner presión sobre los salarios y sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Este no es el único análisis que alerta de un posible repunte salarial más fuerte de lo previsto. El Banco de España, aunque sostiene que debería producirse "una moderación de los salarios pactados y un control de la deriva salarial" en el medio plazo, advertía en su informe macroeconómico de septiembre sobre "el riesgo de que se materialicen escenarios menos favorables que dañen la competitividad de la economía española y, en consecuencia, su crecimiento". Entre los factores de riesgo, señalaba claramente "los signos de tensión en el mercado laboral -especialmente en lo relativo a la disponibilidad de mano de obra-, la fortaleza de la demanda interna y la evolución contenida de los márgenes empresariales en lo que va de año". El organismo subrayaba también que los convenios firmados durante 2025 ya recogen incrementos superiores al 4%, y que "los salarios negociados han repuntado", mientras que la incertidumbre sobre su evolución futura es elevada, al no haberse alcanzado todavía un nuevo pacto salarial para los próximos años. Con el actual acuerdo salarial a punto de caducar -quedan poco más de cuatro semanas-, la renegociación entre patronal y sindicatos podría añadir más presión sobre las remuneraciones. CCOO ya ha adelantado su intención de "tensionar" la negociación colectiva en 2026 y en los años posteriores para garantizar que los salarios aumenten por encima de la inflación.

LEER MÁS

(El País, 21-11-2025) | Laboral

Bruselas pide que los trabajadores accedan por defecto a un plan de pensiones en las empresas

La Comisión Europea aprobó este jueves un conjunto de iniciativas destinadas a ayudar a los ciudadanos a asegurar ingresos suficientes durante su jubilación. Entre las recomendaciones enviadas a los Estados miembros, figura la propuesta de que todos los trabajadores sean inscritos automáticamente en un plan de pensiones privado dentro de sus empresas. En cualquier caso, si el empleado no quiere participar, puede comunicarlo y quedar fuera. Se trata de implantar el sistema conocido como auto enrolment, impulsado por el sector financiero y rechazado hasta ahora en España por considerarse contrario a la Constitución. La sugerencia de Bruselas forma parte de su estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU). La Comisión anima a los países a "implantar, según las condiciones nacionales y respetando plenamente el papel de los agentes sociales y la negociación colectiva, la inscripción automática, que consiste en incorporar por defecto a los trabajadores a planes de pensiones complementarios, dejando libertad a cada persona para decidir si desea salir del sistema". En la práctica, esto implicaría que una empresa incluiría de forma inmediata a un nuevo empleado en un plan de pensiones de empleo y solo quedaría fuera si el trabajador expresa su oposición. Bruselas señala que la implementación de estos mecanismos debe apoyarse en la experiencia acumulada en otros países de la UE. Aunque no hay un modelo único europeo de inscripción automática, sí funciona en países como Italia -donde desde 2007 parte de la indemnización por fin de contrato se dirige automáticamente a un fondo de pensiones si el empleado lo acepta-, Lituania, Polonia o Irlanda. En Alemania también existe un cierto grado de automatismo en algunos planes sectoriales, especialmente en la industria. No obstante, el sistema más consolidado de este tipo en Europa es el del Reino Unido. La iniciativa de la Comisión para reforzar el segundo pilar del sistema de protección social -las pensiones públicas son el primero; los planes colectivos de empresa, el segundo; y los planes individuales, el tercero- llama la atención porque Bruselas suele defender con fuerza los sistemas públicos. En España, esta propuesta podría generar controversia, ya que los legisladores la han descartado repetidamente en las reformas de pensiones de los últimos veinte años. La principal razón ha sido la duda sobre su encaje constitucional, pese a que el sector financiero sostiene que la posibilidad de que el trabajador se excluya libremente eliminaría ese problema. En la última reforma, el entonces ministro José Luis Escrivá puso en marcha el Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) para impulsar los planes colectivos, especialmente en pequeñas empresas, autónomos y administraciones públicas. Sin embargo, el llamado "macrofondo" arrancado en 2022 no ha logrado atraer ni un euro. La industria financiera atribuye en parte este fracaso a la ausencia de un sistema de inscripción automática. Por ahora, solo el sector de la construcción ha acordado mediante convenio colectivo que todos los empleados del ramo se integren en un plan de pensiones de empleo, constituido al margen del fondo público diseñado por Escrivá. Según la Comisión, esta recomendación busca "incrementar la participación en los planes de pensiones complementarios y desarrollar más ampliamente este mercado", subrayando que estas medidas pretenden "reforzar, no sustituir", las pensiones públicas, que continúan siendo la base de los sistemas de jubilación en la UE. Bruselas afirma que los cambios demográficos y las nuevas condiciones laborales obligan a adaptar los sistemas de pensiones. En este contexto, los planes complementarios -tanto laborales como personales- pueden servir para diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación, aumentando la estabilidad financiera de los ciudadanos. La Comisión señala que presta especial atención a los colectivos más vulnerables, en particular a las mujeres, cuyas pensiones suelen ser insuficientes. Recuerda que la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres alcanza el 24,5%. Para facilitar la aplicación de estas decisiones, la Comisión propone modificar la directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo y actualizar el Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales (PEPP).

LEER MÁS

(El Economista, 21-11-2025) | Laboral

¿Cuánto dinero tiene que caer de repente en nuestra cuenta corriente para dejar de trabajar?

Un reciente documento de trabajo del Banco Central Europeo (BCE) analiza cómo influyen las ganancias inesperadas -como herencias, premios de lotería o indemnizaciones- en el comportamiento laboral de quienes están empleados o buscan empleo. La principal conclusión es que estos ingresos extraordinarios tienen efectos reales, pero relativamente moderados. El impacto es más evidente entre personas en paro que entre quienes ya trabajan: cada 10.000 euros recibidos reducen su intensidad de búsqueda de empleo en torno a un 1%. El estudio, publicado el 18 de noviembre y elaborado a partir de datos de la Encuesta de Expectativas del Consumidor (CES) en Alemania, Italia, Francia, España, Bélgica y Países Bajos, plantea diversos escenarios de ingresos inesperados -incluidas devoluciones fiscales, bonus salariales o subsidios- que van de 5.000 a 100.000 euros. A partir de respuestas de 9.438 trabajadores y 1.860 desempleados, concluye que sólo las cuantías elevadas provocan cambios significativos en el comportamiento laboral, ya que los importes pequeños se perciben más como dinero para consumo o ocio que como auténtica mejora patrimonial. En el caso de los trabajadores, el análisis muestra que los efectos aparecen únicamente con ingresos superiores a 25.000 euros. Para montos de entre 50.000 y 100.000 euros (después de impuestos), la probabilidad de continuar empleado se reduce entre un 1,5% y un 3,5%, y quienes siguen en activo apenas recortan una hora semanal de trabajo. Esto indica que la mayoría de empleados tienen poco margen -o poca intención- de modificar su jornada, ya sea por contratos rígidos o limitaciones organizativas. En términos globales, el 81% de los encuestados mantendría su empleo; solo un 5% afirma que dejaría de trabajar (más frecuente entre mujeres, personas mayores, asalariados a tiempo parcial y hogares con baja deuda); un 8,1% reduciría horas, y un 6,1% las aumentaría. En definitiva, solo una minoría ajusta su situación laboral tras recibir un ingreso inesperado, por lo que no se aprecia un riesgo de abandono masivo del mercado de trabajo ni un impacto relevante en el desempeño macroeconómico. Entre los desempleados, el efecto es notablemente mayor debido a su mayor flexibilidad para modificar su conducta. Por cada 10.000 euros recibidos, la intensidad de búsqueda cae un 1%; así, un ingreso de 50.000 euros reduciría la búsqueda aproximadamente un 5%. Más en detalle: un 31% seguiría buscando empleo; un 36,2% ni trabajaría ni buscaría; un 7,2% intensificaría la búsqueda; un 9,6% comenzaría a buscar; casi un 11% la reduciría y un 5,1% dejaría de buscar completamente. Las reacciones son más marcadas entre mujeres y personas próximas a la jubilación. En el caso de las mujeres, el estudio detecta mayor sensibilidad ante estas ganancias extraordinarias tanto para reducir horas como para abandonar el trabajo. Los autores lo atribuyen a las cargas familiares y a una mayor presencia de empleo a tiempo parcial, que muestra hasta 10 puntos más de sensibilidad que los empleos a tiempo completo. Por su parte, los trabajadores de mayor edad interpretan estas ganancias como una vía para adelantar su salida del mercado laboral, ya que la riqueza recibida tiene un mayor valor relativo cuanto más cerca se está del retiro. En este contexto, los autores -Dimitris Georgarakos, Tullio Jappelli, Geoff Kenny y Luigi Pistaferri- cuestionan la idea de que ayudas públicas puntuales, bonificaciones o cheques compensatorios desincentiven de forma generalizada el trabajo. La evidencia indica que solo los incrementos patrimoniales realmente elevados influyen de manera apreciable en las decisiones laborales, y aun así de forma limitada, mientras que las ayudas más modestas tienen efectos desincentivadores prácticamente nulos.

LEER MÁS

(El Periódico, 21-11-2025) | Laboral

El Gobierno eleva al 11% la oferta de subida salarial para los funcionarios hasta 2028

El Ministerio de Función Pública ha incrementado este jueves en un punto su propuesta de subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos, elevándola hasta un 11% repartido entre 2025 y 2028, ambos inclusive, según han informado fuentes presentes en la negociación. A pesar de esta mejora -que supone añadir unos 2.000 millones de euros anuales de media respecto a la oferta presentada el miércoles- el Gobierno ha insistido en que el incremento no podrá superar el 4% acumulado en los dos primeros años, condición que ya llevó a CC OO, UGT y CSIF a rechazar la propuesta inicial. Esta limitación ha provocado reacciones distintas entre los sindicatos, dificultando por ahora un acuerdo. De hecho, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha trasladado a los representantes sindicales que "no existe un plan B" y que esta es la oferta final del Ejecutivo. Por ello, ha pedido a las organizaciones que consulten internamente y decidan si aceptan o rechazan la propuesta. El Ministerio ha vuelto a citar a los sindicatos el próximo lunes para recibir su respuesta. Según han explicado los propios sindicatos, la principal oposición a la nueva oferta procede del CSIF. Esta organización reconoce la mejora de un punto, pero sigue calificando la propuesta como "insuficiente", al considerar que continúa dejando a los empleados públicos perdiendo poder adquisitivo, una merma que, según sus cálculos, asciende al 20% desde los recortes de 2010. Aunque aseguran que "todavía hay margen para negociar" y que lo harán "hasta el último minuto", también advierten que si se mantiene el tope del 4% para 2025 y 2026, se verán "obligados a volver a la calle" para protestar. Por su parte, la secretaria general del sector de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, ha señalado que su sindicato podría aceptar la propuesta si, manteniéndose el límite del 4% acumulado en 2025 y 2026, se aplica un incremento fijo del 5% en enero de 2027, sin depender de ninguna variable. Esto supondría, ha dicho, que en unos 13 meses los empleados públicos recibirían un aumento salarial del 9%. La dirección de esta federación se reúne este mismo jueves para analizar las cifras y tomar una decisión. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo comenzaron a principios de noviembre, después de que los responsables de función pública de CC OO, UGT y CSIF advirtieran al ministro Óscar López de que convocarían movilizaciones y una huelga en diciembre si no se iniciaban de inmediato las conversaciones sobre la subida salarial del personal público.

LEER MÁS

(El País, 20-11-2025) | Laboral

El Gobierno ofrece a los empleados públicos una subida salarial acumulada del 10% en cuatro años

El Ministerio de Función Pública ha planteado este miércoles a los sindicatos una propuesta de incremento salarial para los 3,5 millones de empleados públicos que rondaría el 10% acumulado entre 2025 y 2028, según han señalado fuentes presentes en la negociación tras la reunión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CSIF. Los pagos correspondientes a 2025 se aplicarían con carácter retroactivo. El ministro Óscar López ya había adelantado que su intención era evitar que los trabajadores públicos perdieran capacidad adquisitiva. Sin embargo, la propuesta fija que en los dos primeros años la subida no podrá superar el 4% en total, lo que podría implicar una ligera pérdida en comparación con las previsiones de inflación (2,5% en 2025 y 1,7% en 2026, según el Banco de España). No obstante, la subida estimada para 2027 y 2028 -cercana al 6% acumulado- podría compensar ese desfase, ya que se espera que la inflación sea más baja en esos ejercicios. La cifra ofertada podría incrementarse si Función Pública logra que el Ministerio de Hacienda otorgue una mayor dotación presupuestaria, algo que se abordará en una reunión prevista para esta misma tarde. El encuentro de este miércoles, el tercero dentro de esta nueva ronda de conversaciones para alcanzar un acuerdo plurianual sobre salarios y empleo público, se centró en las retribuciones. Tras la oferta del Gobierno, las organizaciones sindicales deberán decidir si la aceptan o no, y comunicar su postura en una reunión convocada para este jueves, 20 de noviembre, según ha explicado el Ministerio. En CSIF han rechazado esta primera propuesta porque, según sostienen, "no compensa el incremento de los precios previstos para 2025 y 2026". El sindicato asegura que continuará negociando para garantizar la recuperación del poder adquisitivo y argumenta que "el Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, hay margen para aumentar la oferta". Además de los incrementos salariales, la negociación aborda otros aspectos vinculados a las ofertas de empleo público. Entre ellos, la elaboración de planes de recursos humanos que determinen las necesidades de personal, la eliminación progresiva de la tasa de reposición -que habitualmente limita las convocatorias a las vacantes generadas por jubilaciones- y medidas para fomentar la estabilidad (actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato temporal). También se discuten mejoras en los sistemas de acceso, para que valoren capacidades más allá de los contenidos memorísticos, y un impulso a las carreras profesionales en la Administración, con mayores opciones de promoción interna diferenciadas del turno libre. El anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno con CC OO y UGT -sin el respaldo de CSIF-, estableció una senda salarial y diversas medidas laborales para modernizar el empleo público. Prevé incrementos acumulados de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024, condicionados parcialmente a la evolución del IPC y del PIB. Este pacto también incluyó pagos retroactivos (con parte de 2022 abonada en nómina) y cláusulas de revisión que permitían activar subidas adicionales. Esta lógica se repetirá en 2025, ya que los sueldos públicos permanecen congelados este año, salvo un aumento del 0,5% abonado en verano correspondiente al acuerdo de 2024. A estas mejoras salariales se sumaron compromisos del Gobierno en materia de jornada laboral (avances hacia las 35 horas), clasificación profesional, jubilación parcial, estabilización del empleo, teletrabajo, modernización digital y políticas para captar y retener talento en las administraciones.

LEER MÁS

(El País, 20-11-2025) | Laboral

La Airef paraliza el nuevo examen del sistema de pensiones que le encargó el Gobierno porque cree que no cumple la ley

El Gobierno solicitó el pasado julio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que elaborase un nuevo análisis sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que lo entregase en junio de 2026, apenas un año después del informe que el organismo publicó en marzo. Aquel informe aprobaba por poco la situación del sistema, aunque advertía de un deterioro progresivo de las cuentas. Según el calendario legal, la Airef no tendría que repetir esta evaluación hasta dentro de tres años, pero el Ejecutivo pidió adelantarla debido a la presión de la Comisión Europea, que criticó que el examen incluyera las transferencias fiscales destinadas a la Seguridad Social. La Airef, sin embargo, ha manifestado su desacuerdo con este nuevo encargo, alegando que no tiene sentido repetir tan pronto la evaluación y que ello compromete su independencia, como explicó su presidenta, Cristina Herrero, ante la Comisión del Pacto de Toledo. Este martes, fuentes del organismo confirmaron que paralizan el trabajo porque consideran que la petición gubernamental no se ajusta a la normativa que regula sus funciones. Herrero señaló en el Congreso que la capacidad de supervisión de la Airef ya estaba limitada por las condiciones impuestas para el primer informe. Según explicó, esta limitación se agrava tras la reciente reforma del decreto que exige un nuevo informe en un solo año. Aunque el decreto justifica esta repetición por la necesidad de incorporar las revisiones al alza del PIB de 2022 y 2023 y de disponer de más información para evaluar las reformas, fuentes implicadas en su elaboración apuntan que la verdadera razón fue la presión de Bruselas. Herrero cuestionó además la justificación técnica: "Si solo se trata de añadir el crecimiento del PIB, eso puede hacerlo el propio Gobierno o la Comisión Europea; no es necesario encargarlo a la Airef". Subrayó también que el encargo excede el papel de un supervisor fiscal encargado de evaluar al conjunto de Administraciones Públicas. Según la presidenta, esta solicitud supone un uso "privativo" de los recursos de la Airef y corre el riesgo de convertir al organismo en una "agencia del Estado". La discrepancia no se limita al contenido del encargo, sino también a su forma. El decreto pide un "informe de evaluación de las medidas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones", pero la Ley Orgánica de la Airef solo permite tres tipos de documentos: informes, opiniones y estudios. Y, según Herrero, este encargo no puede calificarse como "informe" legalmente. Señaló que la Abogacía del Estado respalda esta interpretación, aunque su dictamen no es vinculante. Por ello, la Airef sostiene que la petición debería reformularse como un estudio, que se realizaría en función de los recursos disponibles y con la metodología que el organismo considere adecuada. En consecuencia, no garantiza que esté listo en junio de 2026 y confirma que el trabajo está paralizado hasta que se modifique el encargo. El Ministerio de Seguridad Social, consultado sobre esta polémica, defiende la independencia de la Airef y afirma que la Abogacía del Estado ha ratificado que esta queda "asegurada". El Ministerio sostiene que el nuevo análisis solicitado está previsto en la cláusula de cierre del sistema -que activa subidas automáticas de ingresos si el gasto en pensiones se descontrola- y que, por tanto, debe interpretarse como un estudio contemplado por la ley. El anterior examen sobre las pensiones fue aprobado por un margen mínimo. La Airef estimó en marzo un gasto neto del 13,2% del PIB para el periodo 2022-2050, apenas una décima por debajo del umbral que obligaría a activar ajustes. Ese aprobado ajustado se consiguió tras un polémico cambio metodológico promovido por el Gobierno, que decidió incluir en el análisis las transferencias del Estado a la Seguridad Social, aunque originalmente estaban excluidas. La Airef solo aceptó parte de esas transferencias -tres décimas del 1,3% del PIB total- y criticó con dureza el cambio, crítica que se ha intensificado tras el nuevo encargo. En cualquier caso, Herrero reiteró su preocupación por la evolución del sistema de pensiones. Aunque actualmente se cumplen las reglas fijadas por el Gobierno, la presión sobre el gasto aumentará debido a factores como la llegada masiva del baby boom a la jubilación, el incremento de la cuantía de las prestaciones, la indexación al IPC o la baja natalidad. La Airef calcula que el gasto podría aumentar unos 3,4 puntos de PIB hasta 2050, alcanzando el 16,1%, lo que exigirá un incremento de las transferencias estatales en unos 2,4 puntos. También criticó la presidenta las "debilidades metodológicas" y la "inconsistencia temporal" de las reglas de evaluación actuales. Y volvió a su idea habitual: "El sistema es tan sostenible como otros grandes gastos públicos, como defensa, sanidad o educación. No necesitamos una regla específica para las pensiones". Para Herrero, la cuestión de fondo es que el reparto de recursos debe ser una decisión política global. El Ministerio de Seguridad Social, por su parte, destacó aspectos positivos que reconoce la Airef, como el efecto de los incentivos a la jubilación demorada -que han pasado del 5% en 2021 a más del 11% en 2025- y la mayor entrada de población migrante: la previsión para 2025 se eleva ahora a cerca de 600.000 personas, frente a las 400.000 previstas inicialmente.

LEER MÁS

(El Periódico, 20-11-2025) | Laboral

Las empleadas de hogar consiguen el derecho a la prestación de desempleo por periodos trabajados antes de 2022

Las trabajadoras del hogar tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo desde el 1 de octubre de 2022, un derecho que ya tenía el resto de asalariados pero que a ellas se les había negado hasta esa fecha. No obstante, hasta ahora solo se contabilizaban como cotizados los periodos posteriores a ese día, algo que los sindicatos denunciaban como una forma de discriminación, tal como han reconocido tanto el Tribunal de Justicia de la UE como varias resoluciones judiciales españolas. Para corregir esta situación, el Ministerio de Trabajo anunció este miércoles que el SEPE ha emitido una instrucción para que también se tengan en cuenta como cotizados los periodos de alta anteriores al 1 de octubre de 2022. El ministerio aclara que la instrucción permite computar no solo "los periodos que consten como cotizados al desempleo a partir del 1 de octubre de 2022", lo que ya estaba vigente, sino también "los registrados dentro de los seis años previos a la situación legal de desempleo en los que la persona solicitante estuviera dada de alta en el sistema especial de empleadas de hogar sin cotizar al desempleo". El límite de seis años responde al requisito necesario para poder acceder a la prestación contributiva durante dos años, que es el máximo establecido antes de pasar al sistema asistencial. Estos periodos anteriores también se tendrán en cuenta para solicitar el subsidio para mayores de 52 años, una prestación asistencial muy extendida y que se mantiene hasta la jubilación. Sin embargo, Trabajo aclara que este nuevo criterio no se aplicará si la empleada de hogar acumuló simultáneamente cotizaciones en otros trabajos por cuenta ajena. Trabajo defiende este cambio, que no se había concretado hasta que las trabajadoras empezaron a ganar sus demandas en los tribunales: "Continuamos avanzando hacia una equiparación real de este colectivo con el resto de trabajadores asalariados, dejando atrás una discriminación histórica", señala el ministerio. El sindicato CC OO adelantó este cambio antes de que lo anunciara el Gobierno. Explica que el SEPE había solicitado un informe a la Abogacía General del Estado, dada la dificultad técnica que supone reconocer como cotizados periodos en los que no se hicieron aportaciones. Según el sindicato, ante el creciente número de sentencias favorables, se ha establecido "como criterio administrativo que el derecho a las prestaciones por desempleo de las empleadas de hogar se reconozca teniendo en cuenta la fecha de alta en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar". CC OO valora positivamente la medida, ya que impedirá que "las trabajadoras del hogar tengan que seguir acudiendo a los tribunales". También recuerda la sentencia del TJUE de 2022 que concluyó que el sistema español era discriminatorio al no contemplar la protección por desempleo para estas trabajadoras. No obstante, el sindicato reclama que esta ampliación de derechos no se quede solo en una instrucción administrativa del SEPE. "Esta decisión debe tener respaldo legal y no limitarse a un criterio administrativo. Por ello hemos pedido al Ministerio de Trabajo que convoque a los agentes sociales para abordar los cambios normativos necesarios", añade CC OO. En España hay actualmente 341.000 personas inscritas en el sistema especial de empleadas de hogar, un colectivo que también ha sido noticia estos días por un nuevo derecho: desde el pasado viernes, los empleadores deben haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus hogares. A pesar de que Trabajo puso a disposición una herramienta gratuita hace más de seis meses, muchas personas esperaron hasta el último momento, coincidiendo con problemas técnicos en la web, que según el ministerio se debieron a un ataque informático. Aun así, Inspección ha indicado que no sancionará los incumplimientos de los primeros días debido a estas incidencias. Este sector es el peor remunerado del mercado laboral español (1.138 euros brutos mensuales en 2024 frente a los 2.386 de media), concentra el mayor porcentaje de personas extranjeras o con doble nacionalidad (66% frente al 20% general, según la EPA) y está formado mayoritariamente por mujeres (93%). Mientras el empleo total ha aumentado un 9% desde 2008, el trabajo en el hogar ha caído un 27%.

LEER MÁS

(El Economista, 20-11-2025) | Laboral

El SEPE ha multado a 108 empresas con 1.117 millones por despedir a 32.200 mayores de 50 años

Entre 2013 y 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha exigido a 108 empresas la devolución de 1.117 millones de euros por realizar despidos colectivos que afectaron a 32.241 empleados mayores de 50 años, a pesar de obtener beneficios. De esa cantidad, ya se han recuperado 1.077 millones. Esta obligación deriva de la conocida como enmienda Telefónica, que impone a las compañías el deber de compensar al Estado por el gasto en prestaciones y subsidios asociados a estos procesos, considerados en muchos casos como prejubilaciones encubiertas financiadas con fondos públicos. En comparación con 2023, las reclamaciones han aumentado en 77 millones, los ingresos en 80 millones y se han contabilizado 988 trabajadores sénior despedidos adicionales. El número de empresas implicadas ha pasado de 102 a 108. No obstante, conviene recordar que estos expedientes avanzan con extrema lentitud: en 2023 había 19 compañías con procesos abiertos y en 2024 la cifra ha subido a 27. Además, los ERE de grandes empresas suelen prolongarse durante años, lo que retrasa aún más la sanción económica respecto al momento en que se producen las salidas. De acuerdo con los datos recién difundidos por el SEPE, el 28 % del total recuperado -305 millones- procede del ERE presentado por Telefónica en 2011. Es el único caso en el que se especifica cuántos trabajadores fueron afectados. Sin embargo, estas cifras no incluyen el último ajuste de plantilla de la operadora, acordado a finales de 2023 y que empezó a ejecutarse en 2024. Precisamente ese ERE fue el detonante que llevó al Gobierno del PSOE a reformar la ley mediante la enmienda Telefónica, que obliga a las empresas a compensar al Tesoro por el coste de las prestaciones derivadas de despidos centrados en trabajadores de más edad. No obstante, el procedimiento para calcular y exigir dichas cantidades no fue desarrollado por el SEPE hasta 2013, ya bajo el mandato del PP. Los datos no recogen despidos en compañías con pérdidas ni despidos individuales, pero sí ofrecen una imagen clara de los mecanismos utilizados por las empresas para reducir plantilla. Telefónica no es la única compañía con aportaciones importantes. También destacan CaixaBank (186 millones), Bankia (78 millones), Iberia (65 millones), Ibercaja (43 millones), Unicaja Banco (26 millones), Santander (23 millones) y Barclays (21 millones). Todas estas cifras se mantienen exactamente igual que hace un año, ya que se trata de procesos ya cerrados. El SEPE no detalla cuántos trabajadores fueron afectados en cada caso. El resto de las empresas -un centenar- permanecen en el anonimato, ya que no se facilita información sobre las cantidades reclamadas, ingresadas o los despidos sancionados. Esto resulta paradójico, dado que la medida tenía como objetivo disuadir a las compañías de recurrir a estas prácticas, habituales antes de las prejubilaciones financiadas indirectamente por el Estado. Esta falta de transparencia es aún más destacable porque los datos se concentran sobre todo en un único ERE cuyo pago al Tesoro se completó en 2020, tras un complejo proceso que duró siete años y en el que su peso sobre el total pasó del 87 % al 28 %. Aunque los diferentes Gobiernos han evitado divulgar más información que la estrictamente obligatoria por vía parlamentaria, el análisis de los informes del SEPE muestra que la aplicación de la enmienda Telefónica estuvo plagada de dificultades. De hecho, la recaudación estuvo paralizada entre 2016 y 2017 por "falta de medios materiales y humanos en el SEPE". A partir de 2019 se observa el mayor aumento, aunque no está claro si se debe solo a más casos o también a una mejora del sistema, que podría haber detectado despidos no reclamados de años anteriores. En cualquier caso, los datos muestran que la tendencia al alza no se ha frenado en los años posteriores.

LEER MÁS

(El Economista, 20-11-2025) | Laboral

La Audiencia Nacional valida la exclusión de un ERE a los mayores de 55 años como medida de protección

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda presentada por un sindicato y ha confirmado la validez del acuerdo mayoritario alcanzado durante un despido colectivo, frente a las acusaciones de discriminación por edad y de irregularidades en la negociación. En su Sentencia 140/2025, el tribunal concluye que las medidas adoptadas por la empresa -y respaldadas por la mayoría sindical- fueron adecuadas, proporcionales y conformes a la normativa, destacando la importancia de los consensos obtenidos en el periodo de consultas. El conflicto judicial enfrentaba al sindicato demandante, que solicitaba declarar nulo el despido colectivo, con la empresa y las organizaciones firmantes del acuerdo, que defendían su legalidad. El sindicato recurrente basaba su impugnación en cinco argumentos: la supuesta discriminación por excluir del despido a los trabajadores mayores de 55 años; una presunta discriminación indirecta hacia colectivos vulnerables por ofrecerles indemnizaciones más altas; la falta de auténticas razones productivas en algunos proyectos del grupo (como los vinculados a Wallapop, Mango o Inditex); la ausencia de un plan de recolocación y de información completa sobre la estructura societaria; y la falta de neutralidad del informe técnico utilizado para justificar el expediente. Según Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, "esta resolución refuerza la doctrina que avala la legalidad de los despidos colectivos cuando derivan de una negociación efectiva y cuentan con un respaldo mayoritario, incluso si existen sindicatos que discrepan. La sentencia se alinea con la jurisprudencia que busca equilibrar la capacidad negociadora de las partes con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, consolidando un criterio interpretativo relevante en los procesos de reestructuración empresarial". El sindicato sostenía que la cláusula del acuerdo que impedía incluir en el despido a los trabajadores de más de 55 años constituía un criterio discriminatorio. También interpretaba que elevar la indemnización para colectivos especialmente protegidos (como mujeres embarazadas o familias monoparentales) podía actuar como un incentivo inapropiado para facilitar su salida, constituyendo una discriminación indirecta y un uso abusivo del derecho para eludir las garantías legales de estos colectivos. La Audiencia Nacional descarta por completo estas alegaciones. El tribunal afirma que dejar fuera del despido a los mayores de 55 años no es discriminatorio, sino una medida objetiva y razonable destinada a proteger a un grupo con mayor riesgo de desempleo de larga duración. Asimismo, la Sala ve legítimo ofrecer mejores condiciones a colectivos vulnerables, ya que ello no supone un perjuicio para el resto de la plantilla. En cuanto a las causas productivas, el tribunal aprecia razones acreditadas de reorganización y recuerda que la externalización o traslado de servicios a otras filiales no implica necesariamente la continuidad de los contratos laborales previos. Uno de los puntos clave de la sentencia es la reafirmación del peso jurídico del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas. La Audiencia Nacional subraya que la firma mayoritaria de la representación de los trabajadores otorga una presunción de legalidad al procedimiento, que solo puede ser anulada mediante pruebas claras y específicas de irregularidades de fondo. En consecuencia, la sentencia advierte que las impugnaciones de sindicatos minoritarios deben sustentarse en pruebas contundentes, y no en simples desacuerdos con el contenido del acuerdo ni en alegaciones genéricas sobre una supuesta falta de información.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF