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(Cinco Días, 16-04-2026) | Laboral

Bruselas plantea un día de teletrabajo para ahorrar energía

El conflicto en Irán se está prolongando y amenaza con transformar el encarecimiento del gas natural y el petróleo en una verdadera crisis energética. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea está elaborando un plan con distintas medidas destinadas a reducir el impacto económico en hogares y empresas. El Ejecutivo comunitario prevé presentar esta propuesta el 22 de abril a los Estados miembros, con la intención de debatirla y, en su caso, aprobarla durante la reunión informal de líderes de la Unión Europea que tendrá lugar en Chipre en los días posteriores. Entre las iniciativas que han trascendido tras la filtración del borrador, destaca la posibilidad de establecer un día obligatorio de teletrabajo a la semana siempre que sea viable, el cierre de edificios públicos cuando no estén en uso y el impulso del transporte público mediante rebajas en las tarifas o incluso su gratuidad para determinados colectivos. Estas medidas aún no son definitivas y podrían modificarse, aunque siguen la línea de las recomendaciones recientes de la Agencia Internacional de la Energía. Por ahora, el abastecimiento energético en la Unión Europea está asegurado, y el principal impacto se refleja en el aumento de precios debido a la incertidumbre en los mercados. No obstante, si el conflicto se prolonga o continúan los daños en infraestructuras clave, la situación podría agravarse, motivo por el cual Bruselas apuesta por la prudencia. En un acto organizado por el Real Instituto Elcano, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, señaló que los datos de la Agencia Internacional de la Energía evidencian una pérdida significativa de capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y ciertos productos químicos esenciales para la industria. En este contexto, Ribera subrayó la importancia de medidas orientadas a la moderación del consumo, el ahorro energético y la eficiencia, recordando que en crisis anteriores las acciones más sencillas lograron reducir notablemente el uso de combustibles fósiles. Respecto al paquete en preparación, que también contempla una mayor flexibilidad en las ayudas estatales para sectores especialmente afectados, la vicepresidenta destacó que busca equilibrar reformas estructurales -ya previstas- con actuaciones excepcionales ante situaciones de emergencia. Asimismo, la Comisión propone a los países miembros iniciativas como la distribución de ayudas directas para hogares vulnerables o la aplicación temporal de tarifas reguladas para consumidores con menor capacidad económica. En cualquier caso, estas medidas se plantean como provisionales, con la intención de mantenerlas, como máximo, hasta finales de este año para evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

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(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Entra en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado

La nueva resolución entra en vigor este jueves, al día siguiente de su publicación, y establece un plazo de un mes para que la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos ajusten tanto los calendarios laborales como los sistemas de control horario a la nueva jornada anual de 1.533 horas, lo que fija la jornada ordinaria en un máximo de siete horas diarias. El Ejecutivo estima que esta medida, cuya aplicación se ha demorado durante años y estaba pendiente desde 2022, favorecerá a unos 220.000 empleados públicos. Entre ellos se incluyen trabajadores de la AGE, de la Seguridad Social, así como de organismos autónomos, agencias y otras entidades dependientes. También se aplicará al personal destinado en prisiones, centros sanitarios, educativos o en aquellos puestos con características específicas que lo requieran. Quedan excluidos de esta normativa los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, se contempla su posible adaptación en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Sanidad o Educación, siempre conforme a las regulaciones específicas y a los procesos de negociación previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. La implantación de la jornada de 35 horas deberá ajustarse a las particularidades de cada ámbito y comunicarse a la Secretaría de Estado de Función Pública. Además, según indicó el ministro Óscar López, se garantizará en todo momento la correcta prestación de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones. Para ello, se adoptarán las medidas organizativas necesarias que permitan compatibilizar la reducción de jornada con el mantenimiento e incluso la mejora de la calidad del servicio. En el caso de los puestos que requieren especial dedicación, la jornada semanal se reducirá de 40 a 37,5 horas, aunque podrá ampliarse de forma excepcional si lo exigen las necesidades del servicio. Las jornadas especiales en determinados sectores o centros de trabajo se adaptarán, previa negociación, para hacerlas compatibles con la nueva duración de 35 horas. Cada ministerio u organismo determinará qué puestos requieren ese régimen de especial dedicación. La organización del tiempo de trabajo podrá estructurarse en tres modalidades: Jornada de mañana: horario fijo de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, completándose el resto con horario flexible entre las 7:00 y las 9:00, y entre las 14:00 y las 18:00 (hasta las 15:30 los viernes). Jornada partida (mañana y tarde): presencia obligatoria de 9:00 a 16:30 de lunes a jueves, con pausa mínima para la comida, y de 9:00 a 14:30 los viernes. El resto se cubre con horario flexible en franjas similares a las anteriores. Jornada de tarde: horario fijo de 15:00 a 20:00, de lunes a viernes, completándose con tramos flexibles entre las 13:00 y las 15:00, y entre las 20:00 y las 22:00. Los calendarios laborales podrán establecer otros márgenes horarios según las necesidades de cada servicio, especialmente en función de los horarios de atención al público. Asimismo, se contempla una pausa de 30 minutos durante la jornada, considerada tiempo efectivo de trabajo, que deberá organizarse sin perjudicar el servicio. Generalmente, se situará entre las 10:00 y las 12:30 en turnos de mañana, y entre las 16:30 y las 19:00 en turnos de tarde. Por último, las Subsecretarías ministeriales y otros órganos competentes podrán fijar horarios distintos de apertura y cierre de edificios públicos, siempre que se comuniquen adecuadamente para su conocimiento general.

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(Expansión, 16-04-2026) | Laboral

Pendientes medio millón de funcionarios de ayuntamientos

CSIF, uno de los sindicatos que suscribieron el acuerdo marco para implantar la jornada laboral de 35 horas, reclama que esta medida se aplique de forma inmediata en todos los departamentos de la Administración del Estado y que se extienda también al conjunto del sector público, incluyendo ayuntamientos y empresas públicas. En caso contrario, advierte de que podría emprender acciones legales. Sin embargo, la resolución establece claramente que esta jornada general no se aplicará directamente a las entidades locales ni a otras administraciones, que seguirán rigiéndose, de manera supletoria, por lo dispuesto en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) considera que esta resolución puede servir como base para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas en más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales. El sindicato ha iniciado acciones para coordinar a sus delegaciones con el objetivo de extender esta medida en ayuntamientos y organismos locales donde aún no se aplica o, en su caso, para que quede recogida formalmente en los convenios colectivos allí donde ya esté en funcionamiento. CCOO recuerda que más de 500.000 trabajadores públicos podrían beneficiarse de esta reducción, que hasta ahora solo se ha implantado en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras. Dado que el acuerdo alcanzado en marzo en el ámbito de la Administración General del Estado contemplaba la extensión de las 35 horas a todo el sector público, el sindicato considera que ya no existen obstáculos legales para su aplicación en ayuntamientos y otras entidades locales. En este sentido, CCOO señala que la Ley de Bases de Régimen Local establece que la jornada anual de los funcionarios locales debe ser equivalente a la de los empleados de la Administración del Estado, incluyendo las mismas condiciones de reducción de jornada. Por ello, ha propuesto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la creación de una mesa de negociación con los principales sindicatos para implantar de forma coordinada esta medida en las administraciones locales. Además, cada sección sindical de CCOO presentará solicitudes formales en sus respectivos ayuntamientos para iniciar la negociación e implantación de la jornada de 35 horas, utilizando un modelo facilitado por la organización. También subraya que esta jornada, así como los horarios en servicios con turnos -como policía local, bomberos o instalaciones públicas-, deben negociarse e incorporarse a los convenios colectivos, incluso en aquellos casos en los que ya se estuviera aplicando sin reflejo formal. Por su parte, el Ministerio de Función Pública recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 ha quedado superada en este ámbito por la Ley de Presupuestos de 2018, que fijó una jornada general de 37,5 horas semanales para el sector público, aunque permite establecer otras jornadas mediante negociación colectiva. Esta normativa ya contemplaba que cada administración puede fijar una jornada distinta en sus calendarios laborales, siempre previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. En el caso de las entidades locales, la regulación estatal actúa como marco supletorio hasta que cada una apruebe su propia normativa, lo que implica que la implantación de una jornada diferente puede negociarse sin depender necesariamente de la resolución aprobada para la Administración General del Estado.

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(El País, 16-04-2026) | Laboral

España ganó 74.700 puestos de foráneos en el último mes y 230.400 en el año

El empleo entre trabajadores extranjeros en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico, según los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo. El número de cotizantes de origen extranjero se sitúa en torno a los 3,15 millones, superando el récord anterior registrado meses atrás. Tras un ligero descenso durante los meses de invierno, la afiliación ha repuntado con fuerza al inicio de la primavera, coincidiendo con el arranque de la actividad turística. Este registro se produce justo antes de la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que podría beneficiar a cientos de miles de personas, aunque sus efectos tardarán en reflejarse en las estadísticas, ya que la resolución de las solicitudes llevará varios meses. En comparación con febrero, el número de afiliados extranjeros aumentó en unos 74.700, lo que supone un crecimiento del 2,4% en un solo mes, el mayor incremento registrado en marzo desde que existen datos. También en términos anuales el avance es notable, con más de 230.000 nuevos afiliados, lo que equivale a una subida cercana al 8%. Por nacionalidades, los mayores incrementos recientes corresponden a trabajadores procedentes de Marruecos y Colombia, seguidos de rumanos, venezolanos, italianos y peruanos. En el conjunto del sistema, la comunidad marroquí sigue siendo la más numerosa, por delante de la rumana y la colombiana. Desde la Seguridad Social destacan que el empleo extranjero ha crecido con gran intensidad en los últimos años, con más de 850.000 nuevos ocupados desde 2022. De hecho, cerca del 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países. Además, estos ya representan alrededor del 14,4% del total de cotizantes, lo que refleja su papel clave en el funcionamiento del mercado laboral español.

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(El Economista, 16-04-2026) | Laboral

El auge del contrato indefinido incentiva a las empresas a invertir más en la formación de sus plantillas

La formación continua en las empresas ha sido tradicionalmente una de las grandes debilidades del mercado laboral español, con niveles muy inferiores a los de otros países europeos. Además, cuando los trabajadores compaginaban empleo y estudios, en la mayoría de los casos eran ellos mismos quienes asumían el coste. Sin embargo, esta situación está empezando a cambiar: cada vez más ofertas de empleo incluyen el compromiso de facilitar la actualización profesional de los candidatos. Este giro no responde tanto a nuevos incentivos o al impacto de la inteligencia artificial, sino a un efecto inesperado de la reforma laboral de 2021, que podría contribuir a corregir una de las principales carencias de la fuerza laboral en España. Un estudio realizado por Pawel Adrjan (Indeed y Universidad de Oxford), Carlos Victoria Lanzón (Universidad Complutense) y Jonas Jessen (WZB Berlín) señala que el aumento de los contratos indefinidos y la limitación de los temporales tras la reforma han llevado a muchas empresas a replantear su estrategia. Como resultado, están ofreciendo a sus empleados oportunidades de formación dentro del propio puesto de trabajo. Esto implica que, más allá de los contratos en prácticas, las compañías están apostando por proporcionar formación continua durante toda la trayectoria profesional del trabajador dentro de la empresa, lo que también se convierte en un elemento clave para atraer talento. Los autores destacan que estudios anteriores se centraban en los trabajadores temporales, pero lo hacían a través de indicadores indirectos como la productividad o los salarios, sin analizar de forma directa la oferta de formación por parte de las empresas. Además, no se había prestado suficiente atención a las políticas destinadas a reducir la temporalidad. El análisis revela que los sectores más afectados por la reforma laboral son los que más han incrementado la publicación de ofertas que incluyen formación financiada por la empresa. A partir del estudio de más de tres millones de anuncios de empleo en Indeed entre 2018 y 2024, se observa que las ocupaciones donde más cayó la temporalidad han llegado a triplicar la oferta de formación. En concreto, esta ha aumentado en 4,3 puntos porcentuales (un 53% más en términos relativos) respecto a los sectores menos impactados, que ya partían de una mayor proporción de contratos indefinidos antes de 2022. De hecho, en los últimos años se ha producido una inversión en esta tendencia. El incremento de la formación responde tanto a un cambio en el comportamiento de las empresas ya existentes como a una mayor presencia de compañías que tradicionalmente apuestan por formar a sus empleados. Según Adrjan, ofrecer contratos indefinidos incentiva a las empresas a invertir más en capital humano, algo especialmente relevante en España, donde la formación continua sigue siendo baja en comparación con otras economías avanzadas, lo que supone un reto para la productividad en un contexto de rápida transformación tecnológica. En este sentido, la reforma laboral impulsada en 2021 por Yolanda Díaz ha conseguido de forma indirecta un objetivo que no lograron iniciativas anteriores: aumentar la formación proporcionada por las empresas a sus trabajadores. A diferencia de medidas previas -como incentivos, bonificaciones o herramientas como la cuenta formación, que buscaban fomentar el aprendizaje individual-, el modelo actual se basa cada vez más en la implicación directa de las empresas en la capacitación de sus empleados.

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(El Periódico, 16-04-2026) | Laboral

Los sindicatos trasladan su acto central del Primero de Mayo fuera de Madrid: van a Málaga

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, no acudirán este año a la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, rompiendo así con la tradición habitual. En su lugar, ambos participarán en la movilización que se celebrará en Málaga, según han confirmado los sindicatos. Esta decisión coincide con el inicio de la campaña electoral andaluza, que arranca esa misma medianoche de cara a los comicios del 17 de mayo. Aunque en un primer momento Sordo evitó confirmar la información en una rueda de prensa, poco después ambas organizaciones sindicales ratificaron su participación en la marcha andaluza. Desde los sindicatos recuerdan que no es la primera vez que el acto principal del Día del Trabajo se celebra fuera de Madrid, como ocurrió en 2011 en Valencia, en plena crisis económica. El Primero de Mayo es la principal jornada reivindicativa del año para los sindicatos, en la que fijan sus prioridades. En la edición anterior, el foco estuvo en la reducción de la jornada laboral, una propuesta que finalmente no salió adelante en el Congreso. Este año, los líderes sindicales detallarán sus reivindicaciones en una comparecencia prevista para el lunes, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional tras el conflicto en Oriente Próximo. La subida de los precios energéticos ha impulsado la inflación, que en marzo alcanzó el 3,4%, superando el crecimiento de los salarios pactados en convenio, que se situaron en el 2,92%. Esta situación ha llevado a los sindicatos a mostrarse prudentes en la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que debe sustituir al vigente hasta el año pasado. Sordo ha señalado que es preferible esperar a que se aclare el contexto económico antes de cerrar cifras con la patronal, y ha advertido de que la preocupación empresarial por el absentismo será uno de los puntos de mayor fricción. Por otro lado, CC OO ha presentado un informe sobre siniestralidad laboral en el que advierte de que la reducción del número de fallecidos el último año -735, 61 menos que el anterior- no debe interpretarse como una mejora en la prevención. Según el sindicato, este descenso se explica más por cambios en la estructura productiva y por una mayor estabilidad en el empleo que por avances reales en seguridad laboral. El informe destaca que en un 35% de los accidentes con baja no se había realizado una evaluación de riesgos, pese a ser una obligación legal desde hace décadas, lo que evidencia, a juicio del sindicato, importantes carencias en el sistema preventivo. Para abordar esta situación, los sindicatos han acordado con el Ministerio de Trabajo una reforma en materia de prevención de riesgos laborales. No obstante, critican la lentitud en su aprobación, aunque confían en que algunas medidas puedan salir adelante mediante decreto. Finalmente, el estudio señala que el único ámbito donde han aumentado los fallecimientos es el sector de la construcción, donde esta tendencia lleva dos años al alza. Los sindicatos lo vinculan al incremento de la actividad y del empleo en este sector y reclaman medidas como adelantar la jubilación de los trabajadores de mayor edad mediante coeficientes reductores.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba la resolución que oficializa las 35 horas para los 250.000 trabajadores de la Administración General del Estado

Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) verán reducida su jornada laboral en dos horas y media semanales. Así lo establece una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, aprobada por el Ministerio de Función Pública, que fija la jornada en 35 horas semanales, cumpliendo el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF el pasado 27 de marzo. Esta medida afecta a unos 250.000 trabajadores del ámbito estatal. La nueva normativa entra en vigor mañana, aunque se concede un plazo de un mes a los organismos públicos para adaptar sus calendarios laborales a este cambio. Hasta ahora, la mayoría de empleados de administraciones autonómicas y locales ya disfrutaban de jornadas de 35 horas -alrededor del 60%-, lo que, según los sindicatos, suponía una desigualdad respecto a los trabajadores de la Administración central. Este compromiso ya figuraba en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022, aunque su aplicación se retrasó hasta retomarse en noviembre dentro de un acuerdo salarial más amplio. La resolución aclara que esta reducción de jornada se limita a la Administración General del Estado y no afecta a otras administraciones, como las locales, pese a que los sindicatos consideran que podría tener cierto impacto indirecto en ellas. El acuerdo establece una jornada media anual de 35 horas semanales, equivalente a 1.533 horas al año, aplicable a todo el personal de la AGE. Aunque inicialmente algunos colectivos quedaban fuera -como trabajadores de prisiones o de sanidad y educación en Ceuta y Melilla-, finalmente se han incluido, si bien su aplicación concreta deberá negociarse de forma específica. Asimismo, los distintos departamentos deberán reorganizar su funcionamiento para garantizar que la reducción de jornada no afecte a la calidad ni a la continuidad de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o con trabajo por turnos. El Gobierno también se compromete a reforzar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para asegurar que esta medida sea compatible con un buen funcionamiento de los servicios. La norma se aplica a la AGE, a la Seguridad Social y a organismos públicos dependientes, pero excluye al personal militar y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esencia, actualiza la regulación vigente desde 2019, introduciendo ajustes para adaptarla a la nueva jornada. En cuanto a los horarios, la franja fija de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00, en lugar de hasta las 14:30, completándose el resto de la jornada con horario flexible entre las 7:00 y las 18:00 (de lunes a jueves) y hasta las 15:30 los viernes. También se reducen los horarios fijos de jornada partida y de tarde. La jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios: seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. Por su parte, los empleados con régimen de especial dedicación pasarán de trabajar 40 horas a 37 horas y media semanales. Finalmente, se amplían las medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los trabajadores con responsabilidades familiares -como cuidado de menores, personas mayores, dependientes o familiares enfermos- podrán ajustar su horario fijo en una hora diaria. Además, se incorpora la posibilidad de flexibilizarlo también para quienes convivan con personas dependientes, aunque no exista vínculo familiar.

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(El País, 15-04-2026) | Laboral

Los expertos plantean soluciones alternativas a convertir en fijos a los empleados públicos en abuso de temporalidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respondió este martes a las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre si la normativa española compensa adecuadamente a los empleados públicos víctimas de abuso de la temporalidad. Como en ocasiones anteriores, la corte europea concluyó que España no ofrece una reparación suficiente. Según su criterio, las medidas adoptadas hasta ahora no son adecuadas: ni la figura del indefinido no fijo, ni las indemnizaciones previstas, ni los procesos de estabilización cumplen con los estándares comunitarios. Sin embargo, el TJUE no concreta qué solución debe aplicarse, dejando en manos del Tribunal Supremo la decisión final. Incluso resulta menos específico que en una sentencia de junio de 2024, en la que sugería que convertir a estos trabajadores en fijos podría ser una opción válida. El Gobierno, por su parte, rechaza esta posibilidad, al considerar que vulneraría la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Desde el Ejecutivo insisten en que ni esta sentencia ni el derecho europeo obligan a modificar la ley para hacer fijos a estos empleados. Mientras tanto, las cifras sobre los afectados varían: el sindicato CSIF calcula unos 125.000, mientras que el abogado Javier Arauz eleva el número a más de 900.000. Tras el fallo, el Ministerio de Función Pública descarta cambios legislativos en este sentido, aunque ha convocado a los sindicatos para analizar la situación. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba dictar sentencia y, eventualmente, orientar una solución. Algunos expertos plantean alternativas. Arauz propone una figura similar a la fijeza, como el "fijo a extinguir", una categoría creada por los tribunales que permitiría mantener al trabajador en su puesto hasta su salida definitiva, aunque sin opciones de promoción o movilidad. Esta figura ya fue utilizada en otros contextos administrativos, según recuerda el catedrático Cristóbal Molina. No obstante, otros especialistas, como Adrián Todolí, rechazan esta opción, al considerar que no es adecuada para un caso de abuso de temporalidad, ya que se diseñó para situaciones distintas y no ilícitas. Donde sí ven novedades algunos expertos es en la valoración del TJUE sobre las indemnizaciones. El tribunal europeo considera insuficiente la compensación actual de 20 días por año trabajado, ya que solo se aplica en casos concretos. En este sentido, se plantea que podría establecerse una indemnización por el mero hecho de haber sufrido abuso de temporalidad, independientemente de si el trabajador pierde su puesto. Según Molina, el Supremo tiene varias vías abiertas: proponer una fórmula de fijeza limitada o condicionada, aumentar las indemnizaciones más allá de los límites actuales o incluso introducir sanciones para los responsables de personal que permitan estos abusos, como ocurre en otros países como Italia. Desde el ámbito jurídico, se considera que la postura del Gobierno -al afirmar que no existe obligación de convertir en fijos a los interinos- es coherente con la sentencia. No obstante, también se advierte de que el fallo cuestiona las medidas actuales y deja poco margen para diseñar alternativas que cumplan con el derecho europeo. Además, el pronunciamiento del TJUE podría tener efectos inmediatos, como un incremento de litigios contra la Administración. Podrían multiplicarse las reclamaciones individuales por abuso de temporalidad o las impugnaciones relacionadas con la gestión de plazas estructurales. Entre las posibles vías legales, se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque los expertos advierten de que se trata de un procedimiento complejo y difícil de prosperar.

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(El Economista, 15-04-2026) | Laboral

El TJUE cree que España abusa de encadenar contratos temporales en el sector público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que España debe adoptar medidas más eficaces frente al abuso de la temporalidad en el sector público, abriendo la posibilidad de convertir en fijos a los empleados interinos de larga duración o, en su defecto, compensarlos con indemnizaciones superiores a las actualmente previstas, cuyo máximo es de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. La sentencia indica que la normativa europea no obliga directamente a transformar estos contratos en indefinidos, pero sí exige a los Estados establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de abusos, algo que, según el tribunal, no ocurre en el caso español. En este sentido, el TJUE descarta las soluciones que se aplican actualmente, como la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones vigentes o los procesos de estabilización, al considerar que no corrigen adecuadamente la situación. Así, reduce las alternativas a dos posibles vías: regularizar a los trabajadores afectados o compensarlos de forma suficiente. El abogado Javier Arauz, que ha impulsado este caso, considera que la resolución apunta claramente hacia la conversión en fijos como solución principal. Sin embargo, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sostiene una interpretación distinta y afirma que la sentencia no obliga a modificar la legislación ni a convertir automáticamente en fijos a estos empleados. El fallo responde a varias cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo en 2024, que buscaba aclarar si la normativa española -basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública- es compatible con el derecho europeo. También preguntaba si las medidas actuales, como declarar a estos trabajadores indefinidos no fijos o aplicar las indemnizaciones existentes, eran suficientes. El TJUE no entra a interpretar la legislación nacional, pero insta al Supremo a evaluar si el sistema español cumple con la normativa europea. En este contexto, recuerda que ninguna de las medidas actuales resulta adecuada. Considera, por ejemplo, que la figura del indefinido no fijo perpetúa la precariedad, ya que el trabajador pierde su puesto cuando se cubre la plaza mediante un proceso selectivo. Respecto a las indemnizaciones, el tribunal las considera insuficientes. La compensación de 20 días por año trabajado -prevista en la ley de 2021- y la de 33 días con tope de 24 mensualidades no garantizan una reparación completa ni proporcional al daño sufrido. Además, solo se aplican en determinados supuestos, lo que deja fuera a muchos trabajadores afectados. También cuestiona los procesos de estabilización, al entender que no están diseñados específicamente para reparar el abuso, ya que pueden participar aspirantes sin esa situación y los afectados pueden no superarlos. Ahora será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse nuevamente sobre cómo resolver este problema, con una sentencia que podría conocerse en las próximas semanas. Mientras tanto, miles de casos siguen en los tribunales, con trabajadores que reclaman una solución definitiva a su situación.

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(Expansión, 14-04-2026) | Laboral

La IA comprime los sueldos de los perfiles tecnológicos de élite

La automatización, que en el pasado sustituyó tareas administrativas y trabajos manuales, empieza ahora a poner en riesgo empleos mejor remunerados, especialmente en áreas como la ingeniería y la informática. Según estimaciones, la inteligencia artificial podría llegar a asumir cerca del 29% de las tareas propias de estos perfiles. Entre el 20% y el 25% de las funciones que desempeña el 10% de los trabajadores con mayores ingresos están expuestas a ser automatizadas. Durante años, estos profesionales han disfrutado de salarios elevados gracias a la alta demanda de sus conocimientos tecnológicos, pero ese escenario podría cambiar. Si antes la IA afectaba principalmente a empleos de nivel medio, generando una brecha entre trabajos poco cualificados y altamente especializados, ahora también amenaza a los mejor pagados, reduciendo las diferencias salariales desde la parte alta. Ante este contexto, los profesionales más cualificados deberán adaptarse si quieren mantener su posición. Así lo señala un estudio que analiza el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y qué ocupaciones están más expuestas. El informe concluye que incluso los perfiles tecnológicos más avanzados, que se beneficiaron del auge digital, podrían verse desplazados por las mismas herramientas que ayudaron a desarrollar. Se está produciendo un cambio profundo respecto a lo ocurrido en los años noventa. A diferencia de la automatización basada en robótica, que afectaba sobre todo a tareas repetitivas, la inteligencia artificial actual incide en actividades cognitivas complejas, muchas de ellas realizadas por trabajadores con alta formación y salarios elevados. El estudio distingue varias fases en esta evolución. En la primera, la IA actúa como apoyo puntual, tal y como ocurre hoy con herramientas conversacionales. En una segunda etapa, los sistemas evolucionan hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos de forma autónoma, lo que pone en peligro empleos de oficina más complejos. Posteriormente, la IA adquiere memoria y capacidad de aprendizaje acumulativo, permitiéndole mejorar con la experiencia. Finalmente, se plantean dos posibles escenarios: uno en el que la IA es muy eficiente pero limitada en comprensión profunda, y otro en el que alcanza un nivel superior al humano en prácticamente todas las capacidades cognitivas, extendiendo la automatización a casi cualquier profesión, incluso aquellas vinculadas a la creatividad o la estrategia. Aunque actualmente nos encontramos en una fase inicial, el avance hacia etapas más avanzadas se considera cuestión de tiempo. Esto podría transformar el papel de los profesionales técnicos, que pasarían de crear sistemas a supervisar lo que la IA ya produce. En cuanto a la formación, las titulaciones en ingeniería y computación son de las más expuestas, con un alto porcentaje de tareas susceptibles de automatización. También se ven afectados sectores como el legal y el financiero. El cambio es significativo porque no afecta a tareas simples, sino al núcleo del trabajo, como programar, modelizar o analizar datos. Esto cuestiona la idea de que estudiar carreras técnicas garantiza estabilidad laboral. A medida que la IA es capaz de acceder a información y ejecutar tareas complejas, el valor diferencial de estos títulos podría disminuir. En su lugar, el mercado tenderá a valorar más la capacidad de adaptación, el criterio y la toma de decisiones. Ni siquiera los perfiles más experimentados que han evolucionado hacia funciones de gestión están completamente protegidos. A medida que la IA mejora su capacidad de planificación y coordinación, podría asumir tareas que hasta ahora eran propias de los directivos y responsables de proyectos. Por otro lado, la expansión de la inteligencia artificial no solo afecta al empleo, sino también a la distribución de la riqueza. Aunque facilita el trabajo, también puede concentrar los beneficios en las empresas que desarrollan estas tecnologías. Gracias a su escalabilidad, estas compañías pueden aumentar ingresos sin necesidad de contratar más personal ni elevar salarios. Si no se generan nuevos empleos que compensen esta tendencia, una parte creciente de las ganancias derivadas de la productividad quedará en manos de las empresas, en lugar de los trabajadores. Esto también tiene implicaciones a nivel global, ya que muchos países que utilizan estas tecnologías dependen de servicios y plataformas desarrollados en el extranjero, lo que provoca una salida de capital hacia grandes compañías tecnológicas, especialmente estadounidenses. Como consecuencia, los ingresos laborales permanecen en los países donde trabajan los profesionales, pero los beneficios del capital se trasladan a las empresas que controlan la tecnología. Esto podría afectar al modelo económico europeo, ya que una reducción de los salarios impactaría directamente en la recaudación fiscal, dificultando la financiación de servicios públicos como la sanidad o las pensiones. Además, gravar más al capital resulta complejo cuando este pertenece a grandes corporaciones que operan fuera de las jurisdicciones nacionales.

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