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(El País, 24-02-2026) | Laboral

Cuatro de cada 10 horas extra se quedan sin pago ni compensación y ahorran a las empresas 3.243 millones al año

En 2025, unas 945.000 personas asalariadas afirmaron haber realizado horas extraordinarias, lo que representa el 5% del total de trabajadores por cuenta ajena, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje apenas varía respecto al año anterior (5,1%). Asimismo, el 2,3% de los asalariados hizo horas extra sin recibir compensación ni económica ni en descanso, la misma proporción que en 2024, de acuerdo con el análisis del gabinete económico de Comisiones Obreras (CC OO). Estas horas no remuneradas representan cerca del 40% del total de horas extraordinarias. El sindicato denuncia que este fenómeno constituye una forma persistente de explotación laboral que afecta cada año a cientos de miles de empleados y que no ha disminuido de forma significativa, pese a medidas como la obligación de registrar la jornada laboral. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, espera los informes necesarios para reforzar el sistema de control horario. Una vez obtenga el visto bueno de organismos como el Consejo de Estado o la Agencia Española de Protección de Datos, prevé aprobar un nuevo modelo obligatorio de registro digital e interoperable que detalle, entre otros aspectos, la compensación de cada hora extra. Durante el pasado año se realizaron de media 6,38 millones de horas extraordinarias semanales. De ellas, el 39% no se pagó, no cotizó ni se compensó con descanso. En términos absolutos, esto equivale a unos 2,49 millones de horas semanales trabajadas sin remuneración, de las que se beneficiaron las empresas. Cada trabajador que hizo horas extra no pagadas dedicó, de media, 5,6 horas semanales sin cobrar, lo que supone unos 141 euros semanales en costes laborales no abonados, es decir, unos 7.355 euros al año por persona entre salarios y cotizaciones. En conjunto, estas horas no remuneradas representaron un ahorro empresarial estimado en 3.243 millones de euros anuales. El sindicato calcula además que, si ese tiempo adicional se hubiera traducido en contratación, se habrían generado unos 160.000 empleos a jornada completa, de los cuales 62.000 corresponderían a las horas extra no pagadas. Por sectores, el mayor porcentaje de asalariados que realizaron horas extra sin compensación se registró en finanzas y seguros (5,6%), seguido de educación (4,9%), actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%) e información y comunicaciones (4%). En cuanto a la intensidad -más horas extra no pagadas por trabajador- destacan transporte y almacenamiento, con una media de 8,3 horas semanales; agricultura y ganadería, con 7,1 horas; y construcción, con 6,5 horas. Si se observan los datos en cifras absolutas, de los 441.000 asalariados que cada semana trabajaron horas extra sin cobrar, 72.000 pertenecían al sector educativo, 49.000 a la industria manufacturera, 46.000 al comercio, 41.000 a actividades profesionales y técnicas, y 33.000 a la Administración pública y defensa.

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(El País, 24-02-2026) | Laboral

No solo se acuda más al médico, sino que, desde la covid, las visitas terminan con más frecuencia en baja

La irrupción del covid en 2020 ayuda a entender parte del cambio en la relación de los trabajadores con la salud, pero no explica por completo lo que ocurre en España. Aunque la pandemia fue global, las bajas laborales han aumentado aquí con mucha más intensidad que en el resto de Europa. Desde 2019 se han incrementado entre un 40% y un 80% según el sector, frente a alzas medias de entre el 10% y el 25% en la UE, de acuerdo con datos del Banco de España, la Airef y la OCDE. Encontrar una causa única resulta complejo. La Airef apunta a un problema "estructural": quien concede la baja no es quien asume su coste. Los médicos de atención primaria, dependientes de las comunidades autónomas, determinan el inicio y el alta, mientras que el gasto recae sobre la Seguridad Social y las empresas. Sin embargo, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón recuerda que esta separación de funciones no es nueva, por lo que podría influir en la duración de los procesos, pero no justificar por sí sola el fuerte repunte reciente. A su juicio, falta un diagnóstico más profundo y señala como factor clave el deterioro de la sanidad pública. La saturación del sistema sanitario tiene múltiples orígenes, entre ellos la desigual inversión entre territorios. La Airef observa una relación clara entre el aumento de las listas de espera y la prolongación de las bajas, cuya duración media ha pasado de 40 días en 2017 a 46 en 2024. Las personas pendientes de cirugía han crecido de 13 a 18 por cada 1.000 habitantes, y las que esperan consulta con especialista o pruebas diagnósticas han pasado de 62 a 100. Cuando la atención se retrasa, también lo hace la recuperación y el alta médica. Aun así, este impacto afecta sobre todo a las bajas de más de 15 días, que representan aproximadamente un tercio del total. También ha aumentado la demanda asistencial. Según el médico de atención primaria José Antonio Lull, en los últimos años la población está más preocupada por su salud, pero al mismo tiempo delega más su cuidado en los profesionales sanitarios. Se acude con mayor frecuencia al médico y, tras la pandemia, esas visitas derivan más a menudo en una baja laboral. Han crecido las infecciones respiratorias, los síntomas persistentes como fatiga o ansiedad y el uso de la baja como medida preventiva. Esto ha llevado a muchas empresas, especialmente grandes compañías, a exigir con más rigor los partes médicos. De hecho, estas registran hasta un 81% más de probabilidad de tener bajas que las microempresas. Aunque tras la pandemia se permitió tramitar en un solo acto el alta y la baja en procesos muy cortos, la carga administrativa sigue siendo elevada. Lull denuncia que gran parte de su trabajo se consume en trámites burocráticos. A ello se suma la intervención de varios profesionales en un mismo proceso: médico de atención primaria, facultativos de las mutuas -que gestionan la incapacidad temporal de más del 70% de asalariados y casi todos los autónomos-, especialistas y, en casos prolongados, médicos del INSS. Esta multiplicidad genera tensiones en un contexto de escasez de facultativos. El envejecimiento de la población activa es otro elemento a considerar. La edad media de los ocupados ha pasado de 41 a 43 años en una década. Los trabajadores de 55 a 65 años inician menos procesos que los jóvenes, pero sus bajas duran mucho más (79 días frente a 46), lo que incrementa el gasto por duración más que por número. En cualquier caso, la duración media general también ha aumentado. Además, entre el 7% y el 25% de las bajas se concentran en la mitad de los trabajadores, según distintas fuentes. Destaca especialmente el incremento de las bajas por trastornos mentales, cuya incidencia ha crecido un 80% desde 2017. Son ya la tercera causa en términos generales y la primera entre los menores de 30 años. Estos procesos pueden prolongarse cerca de 100 días de media y afectan con mayor intensidad a los trabajadores de entre 25 y 35 años. Los expertos también señalan factores culturales y organizativos. Un estudio de las Cámaras de Comercio concluye que la desmotivación juvenil influye más en el absentismo que el envejecimiento de las plantillas. El lunes concentra el mayor número de inicios de baja -casi el 27% en 2025-, descendiendo progresivamente a lo largo de la semana. Por último, existen elementos menos tangibles relacionados con las condiciones laborales. La Airef estima que los trabajadores con contrato indefinido tienen un 30% más de probabilidad de iniciar una baja que los temporales, lo que podría estar vinculado al impulso de la contratación indefinida tras la reforma laboral de 2022. Asimismo, las mujeres presentan un 21% más de probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad, en parte por las dificultades para conciliar y asumir responsabilidades de cuidado sin apoyos suficientes. En conjunto, el aumento de las bajas laborales responde a una combinación de factores sanitarios, demográficos, organizativos y culturales que, sumados, explican la singular intensidad del fenómeno en España.

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(El Economista, 24-02-2026) | Laboral

El trabajador no podrá coger la jubilación parcial anticipada si la empresa lo rechaza

El Tribunal Supremo ha precisado que las empresas no están obligadas a conceder la jubilación parcial anticipada aunque el trabajador cumpla todos los requisitos exigidos por la Seguridad Social. Para que esta modalidad pueda llevarse a cabo es imprescindible el consentimiento de ambas partes. La sentencia introduce, no obstante, una excepción: cuando el convenio colectivo establezca de forma expresa que la empresa debe aceptar la solicitud o formalizar el correspondiente contrato de relevo, el trabajador podrá ejercer ese derecho sin necesidad de acuerdo adicional. El alto tribunal resuelve así la demanda de un empleado a quien su empresa negó la jubilación parcial anticipada. El convenio aplicable señalaba que quienes quisieran acogerse a esta opción debían presentar con un mes de antelación el informe de vida laboral y la solicitud formal, a fin de que la compañía pudiera reorganizar la plantilla y suscribir un contrato de relevo. El trabajador alegaba que una medida pactada en negociación colectiva no podía quedar al arbitrio de la empresa. En su resolución, dictada el 27 de enero, el Supremo examina hasta nueve pronunciamientos anteriores para fijar criterio. Recuerda que el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores contempla que la negociación colectiva pueda promover los contratos de relevo, pero eso no implica que se pueda imponer la jubilación parcial ni al empleado ni a la empresa. Del mismo modo, tampoco puede obligarse a la compañía a transformar un contrato a jornada completa en uno a tiempo parcial con el único fin de facilitar esta modalidad de retiro, si bien deberá valorar la solicitud y justificar adecuadamente una eventual negativa. El tribunal subraya que cuando la ley habla de "impulsar" los contratos de relevo se refiere a fomentarlos o facilitarlos, no a imponerlos. De la normativa laboral y de Seguridad Social se desprende que la empresa no tiene la obligación legal de aceptar la propuesta de jubilación parcial ni de formalizar el contrato de relevo, igual que tampoco puede forzar al trabajador a acogerse a esa fórmula. Ahora bien, si el convenio colectivo establece de manera clara la obligación empresarial de acceder a la solicitud, entonces sí se configurará un derecho exigible por parte del trabajador. En el caso concreto analizado, el Supremo concluye que el convenio se limitaba a exigir la presentación de la documentación necesaria, sin establecer expresamente la obligación de la empresa de aceptar la petición. Por ello, no puede considerarse que exista un derecho automático a la jubilación parcial anticipada, siendo imprescindible el acuerdo entre empresa y trabajador. En consecuencia, para que no sea necesario ese pacto, los convenios colectivos deberán recoger de forma expresa la obligación de la empresa de concederla.

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(El Economista, 24-02-2026) | Laboral

El sector público acapara el 36% de las vacantes en España y agrava la crisis de falta de mano de obra

España afronta una paradoja en su mercado laboral: pese a contar con 2,4 millones de personas desempleadas, casi la mitad de las empresas (48%) afirma tener dificultades para cubrir puestos. Una de las posibles explicaciones es el fuerte peso del sector público, que estaría concentrando más de un tercio de la demanda de empleo y, además, sin ajustarse plenamente a las pautas de la reforma laboral. Según Eurostat, cerca del 36% de las vacantes corresponden a la Administración, una proporción solo superada en la UE por Eslovaquia. El número de puestos sin cubrir ha crecido con fuerza en los últimos años y se mantiene alrededor de un 50% por encima de los niveles anteriores a la pandemia, tal como reflejan tanto los portales de empleo como los datos del INE y del propio Eurostat, que contabiliza 145.571 vacantes a finales de 2025. Sin embargo, la tasa de vacantes -es decir, el peso de esos puestos sobre el total del empleo- apenas alcanza el 0,8%, la más baja de la eurozona. Esta aparente contradicción se entiende mejor si se considera el elevado peso de las administraciones públicas en ese total. Aproximadamente 54.000 vacantes corresponden al sector público (sin incluir sanidad ni educación, pero sí cuerpos policiales y militares). Solo Eslovaquia (37%) e Irlanda (30%) presentan porcentajes superiores al 30%. En este ámbito, la tasa de vacantes asciende al 3,6%, más de cuatro veces la media general. Ese volumen de puestos sin cubrir no guarda proporción con el peso real del empleo público, que representa el 6,4% de los ocupados, por debajo de la media de la UE (7%) o de países como Alemania (7,5%) y Bélgica (9,5%). Aun así, estos países registran tasas de vacantes públicas más bajas; solo Eslovaquia (8,2%) e Irlanda (5,3%) superan claramente a España. Las estadísticas de Eurostat -basadas en la Encuesta Trimestral de Costes Laborales- han generado debate porque parecen discordantes con la evolución del empleo. Una media de unas 150.000 vacantes resulta baja frente a los datos de portales de empleo u otras fuentes, especialmente si se tiene en cuenta que en España se firman alrededor de 1,5 millones de contratos cada mes. Asimismo, la tasa del 0,8% contrasta con el fuerte crecimiento del empleo, superior a 600.000 ocupados anuales, muy por encima de economías como la alemana, donde, pese a la desaceleración, la tasa de vacantes es del 2,4% (más de un millón de puestos). Aun así, este indicador refleja la creciente tensión entre oferta y demanda en un mercado laboral caracterizado por una elevada rotación, todavía mayor que en el resto de la UE, pese al aumento de los contratos indefinidos tras la última reforma. Uno de los factores que contribuye a esa inestabilidad es el propio sector público, que quedó fuera de algunos aspectos de la reforma laboral pactada entre Gobierno y agentes sociales. A finales de 2025 presentaba una temporalidad del 26,8%, más del doble que el 12,4% del sector privado, lo que genera una elevada rotación y explica que muchas de sus vacantes correspondan a empleos temporales. Los datos comparables de Eurostat se remontan a 2010, en plena crisis financiera, cuando España registró un máximo histórico de vacantes y más de la mitad pertenecían al sector público. Resulta llamativo porque entonces el Gobierno central reducía la oferta de empleo estatal tras el fallido plan E, mientras que comunidades autónomas y administraciones locales ampliaban sus plantillas, asumiendo el protagonismo en la contratación.

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(El Periódico, 24-02-2026) | Laboral

Un jubilado tendrá que devolver 7.630,19 euros a la Seguridad Social tras incluir cotizaciones falsas en su pensión de incapacidad permanente

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha exigido a un pensionista la devolución de 7.630,19 euros tras comprobar que la cuantía de su prestación se calculó a partir de cotizaciones que no eran reales. De acuerdo con los especialistas, la base reguladora empleada para fijar su pensión de incapacidad permanente no se ajustaba a su historial laboral verdadero. Aunque el afectado trató de evitar el reintegro alegando que la deuda había prescrito por el tiempo transcurrido, los tribunales respaldaron la actuación de la Seguridad Social. La Justicia determinó que el organismo actuó dentro del plazo legal establecido, confirmando así la obligación de devolver el dinero. La resolución judicial detalla que en 2012 se le concedió una pensión por incapacidad permanente total. Para calcularla, como es habitual, se tuvieron en cuenta las cotizaciones previas. Sin embargo, tras revisar su expediente, se detectó que figuraban aportaciones a dos asociaciones en las que en realidad nunca trabajó. Al eliminar esos periodos ficticios de su vida laboral, se recalculó la prestación y se le reclamó el importe cobrado indebidamente, que asciende a 7.630,19 euros. Asimismo, su pensión mensual se redujo de 1.662,54 euros a 1.458,40 euros. El pensionista sostuvo que, conforme al artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación de reintegrar prestaciones prescribe a los cuatro años y que dicho plazo ya había expirado, puesto que la incapacidad le fue reconocida en 2012. No obstante, los jueces aclararon que el cómputo de ese plazo no comienza con la concesión de la pensión, sino desde que la Administración notifica formalmente la irregularidad. En este caso, el 9 de agosto de 2018 la Seguridad Social le comunicó la anulación de los periodos de alta indebidos y, posteriormente, el 6 de junio de 2019, reclamó la cantidad dentro del margen legal. Con esta decisión, el Tribunal Supremo subraya la necesidad de cumplir la normativa vigente y advierte de que las irregularidades pueden conllevar sanciones económicas destinadas a resarcir el perjuicio causado al sistema de la Seguridad Social.

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(El País, 23-02-2026) | Laboral

Cuerpo se propone reducir el paro por debajo del 8% para paliar la desigualdad

España ha sido históricamente uno de los países de la Unión Europea con mayores niveles de paro. La tasa llegó a rozar el 27% en 2013, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la Gran Recesión, y han sido necesarios 17 años para bajar del doble dígito. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que aún hay margen para reducirla más: en un acto sobre desigualdad celebrado este viernes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fijó como meta situarla por debajo del 8%, un nivel que no se alcanza desde 2007. A su juicio, ahora sería posible gracias a un crecimiento "más sostenible y equilibrado", sin depender del impulso artificial que en su día supuso el auge desmedido de la construcción. Durante el encuentro, titulado Desigualdad, es hora de actuar, el ministro expuso cómo, según el Ejecutivo, se está reduciendo la brecha social. Defendió que crecimiento económico y menor desigualdad van de la mano y recordó que España generó el 40% del empleo creado en la zona euro en 2024 y 2025, pese a representar solo alrededor del 10% de su economía. Además, señaló que la mitad de los nuevos puestos corresponde a sectores con salarios elevados, que el país ha logrado la tercera mayor reducción de pobreza de la UE y que la desigualdad se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas. También destacó que el porcentaje de familias con dificultades para llegar a fin de mes está en mínimos desde que hay registros (2005). En este contexto, subrayó la importancia de que por primera vez se hayan incorporado indicadores de pobreza y desigualdad al cuadro macroeconómico oficial. No obstante, Cuerpo reconoció que las sucesivas crisis recientes -pandemia e inflación- hacen que estos avances resulten insuficientes. Admitió que España aún está lejos de los objetivos deseados y mencionó dos problemas especialmente graves: el paro juvenil y el acceso a la vivienda asequible, al que calificó como el principal desafío de la legislatura. También apuntó que los indicadores tradicionales no reflejan completamente la situación actual, ya que fenómenos antes excepcionales, como guerras o pandemias, se producen ahora con mayor frecuencia, generando una sensación creciente de inseguridad económica entre los hogares. Por ello, defendió incorporar el concepto de "seguridad económica" a las políticas públicas. Entre los mecanismos que ayudan a amortiguar grandes crisis -los llamados "cisnes negros"-, destacó el papel del Consorcio de Seguros, que según sus datos ha pagado ya 4.200 millones de euros a los afectados por la dana de Valencia, cubriendo daños que no asumen las aseguradoras privadas. También mostró sensibilidad hacia las protestas del sector agrario por el acuerdo con Mercosur, afirmando que la diversificación comercial debe ir acompañada de compensaciones para los sectores perjudicados. Asimismo, consideró necesario impulsar una política industrial que beneficie a todo el territorio, incluida la llamada España vaciada. El acto contó con la participación de numerosos especialistas. Entre ellos, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien en un mensaje grabado advirtió de que desde el año 2000 el 1% más rico ha concentrado el 41% de la riqueza mundial generada, mientras que el 50% más pobre apenas ha captado un 1%. Los sociólogos Olga Salido y Raúl Flores coincidieron en que la forma más eficaz de reducir la desigualdad es invertir en la primera infancia, por ejemplo mediante ayudas universales a la crianza, ya implantadas en varios países europeos. Salido matizó la idea de que el ascensor social esté completamente averiado en España: a su juicio, funciona de manera selectiva, favoreciendo a quienes parten de posiciones económicas más ventajosas y penalizando a las clases medias y trabajadoras, además de estar condicionado por el género. Por su parte, el economista Luis Ayala advirtió de que, pese a los avances, España sigue figurando entre los países desarrollados con mayor desigualdad. Subrayó que el crecimiento por sí solo no basta para corregirla y alertó de que los jóvenes se incorporan al mercado laboral con salarios iniciales más bajos que generaciones anteriores. También señaló que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en el principal factor de estratificación social. El debate sobre si el crecimiento económico es suficiente para reducir la desigualdad estuvo presente durante toda la jornada. Para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ambas cosas no son incompatibles: crecer y proteger socialmente pueden avanzar de forma conjunta. La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, que inauguró el evento, subrayó que la desigualdad no solo tiene consecuencias económicas, sino que erosiona la cohesión social y el funcionamiento de las democracias.

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(El Confidencial, 23-02-2026) | Laboral

El Círculo de Empresarios, sobre el absentismo: "Es un atentado ético y moral" al resto de empleados

El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha afirmado que los trabajadores que faltan al trabajo sin causa justificada cometen "una falta ética y moral" hacia sus compañeros. Durante un desayuno informativo organizado por Grupo Hotusa este viernes, Nin también subrayó el impacto que este "absentismo profesional" tiene tanto en el sistema sanitario como en la pérdida de productividad. Según el informe más reciente de la entidad, alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto cada día, lo que supone un coste anual estimado de entre 47.500 y 81.600 millones de euros. Nin lamentó que se haya deteriorado "la cultura del trabajo, el respeto al orden y a la dignidad humana", y criticó que, a su juicio, la Administración contribuya a justificar esta conducta. En la misma línea, el presidente de Hotusa, Amancio López, arremetió contra el absentismo injustificado, al considerar que se ve favorecido por "dogmas de superioridad moral" de quienes -según dijo- han vivido siempre sostenidos y perciben el trabajo como una carga. Asimismo, defendió la necesidad de una fiscalidad "equilibrada", propia de un Estado de Derecho, que permita sostener el modelo de bienestar sin renunciar a una mayor eficiencia. Ambos dirigentes también criticaron la falta de unos presupuestos generales del Estado y la proliferación de normativas y trámites administrativos, que -según señalaron- generan a las empresas un coste incluso superior al de las barreras comerciales para la economía de España. Por último, Nin señaló que, pese al crecimiento económico, el país arrastra déficits en productividad y competitividad, por lo que consideró imprescindible reforzar la inversión en capital.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

Los sindicatos quieren acortar a un año el proceso de selección de empleados públicos

Al finalizar 2025, un total de 975.500 empleados públicos se encontraban en una situación laboral precaria debido a los elevados niveles de temporalidad existentes en el sector público español. En el último cuatrimestre del año, la tasa de contratos temporales alcanzaba el 26,8%, más del doble que en el ámbito privado y casi 19 puntos por encima del límite del 8% fijado por la Comisión Europea. Ante el riesgo de sanciones si no se reduce esta situación, se considera urgente impulsar contrataciones indefinidas y acortar los procesos selectivos hasta un máximo de un año. En la actualidad, algunos procedimientos de acceso al empleo público pueden prolongarse hasta tres años desde la convocatoria de plazas hasta su adjudicación definitiva, lo que agrava aún más la temporalidad. Para revertir esta tendencia, los sindicatos colaboran con el Ministerio de Función Pública con el objetivo de agilizar los procesos, tal como recoge el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2026-2028. Una de las claves pasa por diseñar Ofertas de Empleo Público orientadas a estabilizar las plantillas, lo que implicaría eliminar la tasa de reposición -el mecanismo que limita nuevas contrataciones en función de las bajas producidas-. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que su eliminación forma parte de los objetivos del acuerdo, aunque advierte de que no puede aplicarse de manera inmediata por las consecuencias jurídicas que tendría. Como alternativa, se plantea un sistema complementario para determinar cada año las plazas a convocar. Araque también subraya que la Administración General del Estado presenta bajos niveles de temporalidad, situando el principal problema en comunidades autónomas y ayuntamientos. El acuerdo también pone el foco en la reorganización de los departamentos de recursos humanos, con medidas de planificación que contemplen las necesidades estructurales y las previsiones de jubilaciones, con el fin de renovar las plantillas y adaptarlas a las demandas actuales de las administraciones y la ciudadanía. Asimismo, incluye compromisos para acelerar los procesos selectivos. Tanto el Gobierno como los sindicatos firmantes -UGT, CSIF y CCOO- se proponen reducir los plazos máximos sin renunciar a la transparencia y la objetividad. Entre las medidas recomendadas figura la publicación de calendarios detallados de cada proceso para aportar mayor seguridad y previsión a los aspirantes. Por el alcance de las iniciativas contempladas, Araque califica el acuerdo como "virtuoso" y considera que su aplicación, si se materializa, tendrá efectos duraderos en las distintas administraciones públicas durante la próxima década.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

El 87% de los trabajadores defiende la jornada laboral de cuatro días

La jornada laboral de cuatro días se consolida como la opción con mayor aceptación entre los trabajadores en España. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España, elaborado por Edenred junto a Savia, el 87% de los empleados se muestra a favor de este modelo, un dato especialmente relevante tras el reciente rechazo en el Congreso de los Diputados a la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales. El respaldo es amplio, aunque con matices: un 58,3% apoyaría la medida únicamente si no implica una reducción salarial, mientras que un 13,5% lo haría siempre que se ajuste la carga de trabajo para evitar que se intensifiquen las tareas. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores aceptaría incluso un recorte en sus ingresos, y un 15% estaría dispuesto a implementar la jornada de cuatro días aun con impacto salarial, lo que refleja una creciente prioridad del bienestar sobre la retribución. El apoyo supera el 80% en todas las comunidades autónomas, destacando la Comunidad Valenciana con un 91,4%, seguida de Madrid con un 89,8% y Cataluña con un 88%, donde la mayoría condiciona su respaldo a mantener el poder adquisitivo. Por generaciones, la Generación Z muestra un apoyo superior al 86%, mientras que los Millennials lo respaldan en un 87,4%, aunque priorizan conservar sus salarios. Entre los perfiles más sénior, la aceptación también es alta, pero más cauta ante posibles reducciones de ingresos. En cuanto al ámbito empresarial, son las medianas compañías las más favorables, con un 92,6%, seguidas por las multinacionales y las pymes. En las microempresas, el respaldo es algo menor, aunque sigue siendo significativo. Más de la mitad de los trabajadores considera la conciliación laboral como un factor decisivo, y el 64% reconoce que su salud mental se ve fuertemente afectada por el trabajo. La jornada de cuatro días se percibe como una oportunidad para mejorar tanto el bienestar como la productividad, bajo el principio de "trabajar mejor, no menos".

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(Expansión, 20-02-2026) | Laboral

El Círculo de Economía exige una "inmigración más moderada" y vinculada a la productividad

"La política migratoria vigente muestra fallos claros", afirma en un artículo de opinión en el que expresa dudas sobre la regularización anunciada por el Ejecutivo. La extrema derecha avanza en distintos países europeos y también en Catalunya. En la actualidad, Vox y Aliança Catalana suman 14 de los 135 escaños del Parlament. Sin embargo, el último sondeo del Generalitat de Catalunya publicado en noviembre indica que, si se celebraran elecciones autonómicas hoy, podrían alcanzar entre 32 y 34 diputados. En un contexto en el que la inmigración se ha convertido en un asunto central del debate público y el Gobierno ha pactado iniciar un proceso extraordinario de regularización, el Círculo de Economía presentó ayer su postura, proponiendo poner límites al volumen de llegadas. Considera que este flujo debería ser "más contenido" y vinculado a mejoras en la productividad económica. No obstante, este foro de reflexión no concretó qué criterios deberían aplicarse para fijar esos límites. Sí subraya la necesidad de reformar a fondo las políticas públicas con el fin de asegurar una acogida e integración eficaces. En el documento, la institución presidida desde el año pasado por Teresa Garcia-Milà advierte de que la rapidez del fenómeno migratorio está poniendo a prueba la capacidad de recepción. Señala que Catalunya ha incrementado su población inmigrante a un ritmo cinco veces superior al promedio europeo, lo que ha generado presión sobre la vivienda, los servicios públicos y los empleos menos cualificados. El texto concluye que existe una estrecha relación entre el modelo económico y la inmigración, y que el fuerte aumento de población extracomunitaria ha contribuido a mantener el crecimiento del PIB en los últimos años. Sin embargo, añade que ese crecimiento apenas se ha traducido en mejoras de la renta por habitante. Por ello, propone evolucionar hacia una economía más basada en la productividad, compatible con una inmigración menos numerosa pero con mayor cualificación. Respecto al proceso de regularización, el Círculo no lo cuestiona directamente, aunque lo interpreta como una muestra de la ausencia de una política migratoria sólida y coherente. "La gestión actual de la inmigración presenta fallos evidentes", concluye.

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