Noticias

(Expansión, 02-04-2026) | Laboral

El Estado inyecta 63.000 millones de los impuestos a la Seguridad Social para pagar pensiones

El sistema requiere 52.990 millones de euros en transferencias, lo que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones destinado a cubrir los pagos de pensiones y otras prestaciones contributivas. Actualmente, una cuarta parte del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, sino con aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos. En concreto, estas transferencias representan el 24% de los ingresos de la Seguridad Social destinados a afrontar pensiones y prestaciones contributivas. En 2025, el sistema de pensiones recibió transferencias por un total de 52.990 millones de euros, lo que implica un incremento de 4.870 millones respecto al año anterior. A esta cantidad se añade un préstamo de 10.003 millones -establecido inicialmente en los Presupuestos de 2023 y prorrogado posteriormente- que se utilizó íntegramente para financiar pensiones y prestaciones, cuyo coste total alcanzó los 240.169 millones de euros. Así, además de los ingresos habituales por cotizaciones, que ascendieron a 176.918 millones (un 6,8% más, con un aumento de 11.41 millones), la aportación procedente de impuestos llegó a 62.993 millones de euros. Conviene señalar que tanto la reforma de las pensiones como las recomendaciones del Pacto de Toledo han consolidado estas transferencias como un elemento clave para equilibrar las cuentas del sistema. De hecho, sin estas aportaciones externas, el déficit de la Seguridad Social superaría los 60.000 millones de euros, una cifra muy superior a los 7.387 millones comunicados oficialmente, que incluyen todas las fuentes de financiación. Ese desfase se conoce como déficit contributivo. Aunque el recurso a esta financiación adicional no es nuevo, en épocas de mayor equilibrio del sistema apenas alcanzaba los 8.000 millones (7.827 millones en 2005). Sin embargo, estas aportaciones han crecido de forma notable desde 2019, cuando el actual Gobierno retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Entre 2005 y 2018, las transferencias aumentaron en 10.254 millones (un 131%), mientras que entre 2018 y 2025 el incremento ha sido de 34.909 millones (un 193%). Como consecuencia del aumento de estos compromisos financieros, la deuda de la Seguridad Social -derivada en gran parte de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General- alcanzó los 135.000 millones de euros el pasado año, lo que supone un 7,9% más que en 2024, según el Banco de España. Desde el Gobierno se defiende que la financiación mediante ingresos tributarios es una práctica común en otros países europeos, ante la insuficiencia de las cotizaciones para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. No obstante, algunos expertos advierten de que el gasto en pensiones podría aumentar al menos 3,5 puntos del PIB (desde el 13% actual), lo que obligaría a que la aportación estatal supere los 7 puntos del PIB anual, con el consiguiente impacto en la renta disponible de las futuras generaciones.

LEER MÁS

(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las horas "extra" no pagadas caen a su nivel mínimo en quince años a la espera del registro de jornada

Mientras dentro del Gobierno continúa el debate sobre la implantación de un nuevo sistema de control horario, el mercado laboral muestra una realidad distinta. La reforma pretende reducir las horas extra no pagadas, pero estas ya están en mínimos históricos desde 2011, y además las remuneradas representan alrededor del 60% del total, un nivel récord. En 2025 se realizaron menos horas extraordinarias que el año anterior, destacando una caída más acusada en las no pagadas, que alcanzan su nivel más bajo en años. La tendencia general refleja un aumento de las horas extra retribuidas y un descenso de las no remuneradas, ampliando la diferencia entre ambas. Desde 2011 se observan tres etapas: primero, una caída de las horas pagadas; después, entre 2012 y 2016, un predominio de las no pagadas; y, desde 2017, un cambio de tendencia con aumento de las retribuidas y reducción de las no pagadas. Este cambio coincide con la mejora económica, lo que sugiere que una mayor fortaleza empresarial reduce los abusos. No está claro si esta evolución responde solo al ciclo económico o también a la implantación del registro horario en 2019. Antes incluso de esa medida, ya se observaba un aumento de las horas pagadas y una reducción de las no pagadas. Sin embargo, la situación varía según el sector. En algunos ámbitos como inmobiliario, energía, tecnología, finanzas, consultoría y educación predominan las horas no remuneradas, mientras que en sectores como sanidad, industria, hostelería o construcción ocurre lo contrario. Resulta llamativo que los sectores de mayor cualificación concentren más horas extra sin pagar. Este contexto genera dudas sobre el nuevo sistema que plantea el Gobierno, especialmente por su posible impacto en las pymes. Además, los datos sugieren que incluso con sistemas más avanzados de control, algunos sectores podrían seguir concentrando un mayor volumen de horas extraordinarias no retribuidas.

LEER MÁS

(El Economista, 02-04-2026) | Laboral

Las empresas pagan un 33% más en la cuota para llenar la "hucha de pensiones"

En 2025, la Seguridad Social alcanzó un máximo histórico en ingresos por cotizaciones, con un aumento del 6,85% hasta los 176.918 millones de euros. Este crecimiento se explica tanto por el aumento del empleo como por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el fondo de reserva de las pensiones. En concreto, la recaudación por este mecanismo creció casi un 33% respecto al año anterior, superando los 4.900 millones. El MEI se diseñó para fortalecer el sistema público y garantizar las pensiones futuras, permitiendo recurrir a ese fondo cuando aumente la presión sobre el sistema, algo que se prevé para la próxima década, con un fuerte incremento del número de jubilados. No obstante, hasta 2033 no se podrá utilizar este fondo, y será entonces cuando los Presupuestos determinen cuánto se puede retirar cada año. Desde su puesta en marcha en 2023, los ingresos generados por el MEI han crecido con fuerza, pasando de unos 2.700 millones iniciales a casi 5.000 millones en 2025. Para 2026 se espera superar los 5.200 millones, una cifra que podría ser aún mayor tras la subida del salario mínimo, que incrementa las bases de cotización. Este mecanismo forma parte de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos, aunque no contó con el respaldo de la patronal. Además, su tipo de cotización aumenta progresivamente cada año, desde el 0,6% inicial hasta el 1,2% previsto en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. La normativa también contempla ajustes si el gasto en pensiones se desvía de lo previsto, lo que podría implicar nuevas subidas de cotizaciones. En cuanto al fondo de reserva, se estima que cerró 2025 en torno a los 14.000 millones de euros, su nivel más alto en años, aunque todavía insuficiente para cubrir más de un mes de gasto en pensiones.

LEER MÁS

(La Razón, 02-04-2026) | Laboral

El mercado laboral arranca el mes de abril con un notable volumen de oportunidades para quienes buscan empleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa ofreciendo miles de oportunidades laborales a través de su portal "Empléate", que reúne ofertas tanto de administraciones públicas como de empresas privadas. Existe una gran variedad de puestos, aunque sobresalen aquellos con mejores salarios, especialmente en los sectores sanitario y tecnológico. Entre los empleos mejor pagados se encuentran los de médicos especialistas, con sueldos que pueden alcanzar los 4.000 euros al mes, y los de profesionales informáticos, que rondan los 3.900 euros. Aun así, también hay numerosas vacantes con remuneraciones cercanas al salario mínimo, ya que el sueldo depende del nivel de cualificación y del tipo de puesto. Los perfiles mejor retribuidos incluyen médicos de atención primaria, ingenieros y especialistas en informática, con unas 5.000 ofertas disponibles. En su mayoría, se trata de empleos a jornada completa con contratos temporales que pueden renovarse, algo habitual en sectores donde falta personal. Andalucía destaca como la comunidad con más oportunidades, sobre todo en el ámbito sanitario. El área tecnológica también tiene un peso importante, con cerca de 4.000 ofertas en abril relacionadas con programación, desarrollo de software o análisis de datos. Los salarios en este sector varían bastante, desde unos 2.000 euros mensuales en puestos iniciales hasta unos 56.000 euros anuales en posiciones más avanzadas. Madrid, Málaga y Barcelona concentran gran parte de estas vacantes, impulsadas por empresas que buscan perfiles con experiencia y disponibilidad para trabajar de forma presencial o híbrida. Aunque hay empleos cualificados y bien pagados, el portal también incluye muchas ofertas con sueldos próximos al mínimo en sectores como comercio, servicios, logística o atención al cliente. Esto permite que personas con distintos niveles de formación puedan encontrar opciones acordes a su perfil. Para optar a estas ofertas, es necesario acceder al portal "Empléate" y utilizar sus filtros de búsqueda, que permiten seleccionar por ubicación, sector, tipo de contrato, jornada o formación requerida. Cada anuncio detalla las condiciones del puesto, los requisitos y la experiencia necesaria, facilitando así la elección de las oportunidades más adecuadas para cada candidato.

LEER MÁS

(La Razón, 02-04-2026) | Laboral

España sigue liderando el paro juvenil en Europa

España continúa encabezando el paro juvenil en Europa durante el mes de febrero, a pesar de que, desde octubre, Finlandia es el país con la tasa general de desempleo más elevada de la Unión Europea. En términos globales, el paro se mantuvo en el 5,9% en el conjunto de la UE, mientras que en la eurozona aumentó una décima, situándose en el 6,2% respecto a enero, según los datos publicados por Eurostat. El número de desempleados creció en 137.000 personas en la UE, de las cuales 93.000 corresponden a países del euro, alcanzando un total de 13,1 millones y 10,9 millones de parados, respectivamente. España se mantiene como el segundo país con mayor tasa de desempleo, con un 9,8%, tras bajar ligeramente en comparación con el mes anterior. Solo Finlandia presenta una cifra superior, con un 10,6% tras un aumento notable. A continuación se sitúan Grecia, Suecia, Francia y Dinamarca, con tasas también elevadas. Otros países como Luxemburgo, Letonia, Lituania, Bélgica, Estonia y Rumanía registran niveles por encima de la media europea. En cambio, Austria, Portugal, Eslovaquia, Italia, Irlanda, Hungría, Croacia, Chipre, Países Bajos y Alemania se sitúan por debajo. Las cifras más bajas de desempleo se observan en Eslovenia, Malta y en países como Bulgaria, Chequia y Polonia. El paro sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, con tasas del 6,1% frente al 5,7% en la UE, y del 6,4% frente al 6% en la eurozona. En febrero, el desempleo femenino subió ligeramente, mientras que el masculino se mantuvo sin cambios. No obstante, la diferencia entre ambos se ha reducido respecto al año anterior. En el caso de los jóvenes, el desempleo continúa siendo más del doble que el de la población general. En la UE subió hasta el 15,2%, mientras que en la eurozona se mantuvo en el 14,9%. Esto supone que unos 2,9 millones de menores de 25 años están en paro, lo que representa más de una quinta parte del total de desempleados. España vuelve a situarse a la cabeza en paro juvenil, con una tasa del 23,8%, ligeramente superior a la del mes anterior. Le siguen de cerca Finlandia, Suecia y Francia. En el lado opuesto, los países con menor desempleo juvenil son Alemania, Países Bajos, República Checa, Austria y Polonia.

LEER MÁS

(Expansión, 01-04-2026) | Laboral

La subida de las pensiones con el IPC dispara el gasto hasta los 240.000 millones al año

La Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de empresas y trabajadores, lo que supone 11.341 millones más que el año anterior. Sin embargo, el déficit contributivo del sistema se aproxima a los 60.000 millones de euros. La actualización constante de las pensiones conforme al IPC -e incluso por encima en el caso de las mínimas y no contributivas- representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas a medio y largo plazo. El aumento del gasto supera con creces los ingresos por cotizaciones, lo que obliga cada vez más a recurrir a transferencias financiadas con impuestos para cubrir todas las prestaciones. Así lo refleja el cierre presupuestario de la Seguridad Social en 2025. Sumando pensiones contributivas, ingreso mínimo vital y prestaciones por incapacidad temporal, el gasto alcanzó los 240.169 millones de euros, un 6,46% más que el año anterior, con un incremento de 14.582 millones. Para afrontar este nivel de gasto, los ingresos totales ascendieron a 232.782 millones de euros, un 7,77% más que en 2024, lo que equivale a 16.791 millones adicionales. De este modo, el saldo final arroja un déficit de 7.387 millones, equivalente al 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011 según el Ministerio de Seguridad Social liderado por Elma Saiz. No obstante, si se analiza únicamente el sistema contributivo, el desequilibrio es mucho mayor. De los ingresos totales, 176.918 millones corresponden a cotizaciones sociales, que representan el 76% del total y crecieron un 6,85% respecto al año anterior. La diferencia se cubre gracias a las transferencias del Estado, es decir, fondos procedentes de los Presupuestos Generales financiados vía impuestos. En 2025, estas transferencias alcanzaron un máximo histórico de 52.990 millones de euros, un 10,1% más que el año previo. Sin esta aportación, los ingresos ordinarios se quedarían en 179.792 millones, lo que implicaría un desfase cercano a los 60.377 millones, equivalente al déficit contributivo del sistema. Dentro de los ingresos también destaca el papel del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque se contabiliza como ingreso corriente, su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Estas aportaciones tienen carácter finalista y no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé un mayor tensionamiento del sistema debido a la jubilación de la generación del baby boom. En 2025, este mecanismo recaudó 4.934 millones de euros, lo que supone 1.223 millones más que el año anterior, con un incremento del 32%. Además, desde el 1 de enero de 2026, la cotización asociada a este instrumento se elevó hasta el 0,9% del salario bruto.

LEER MÁS

(El Economista, 01-04-2026) | Laboral

Los servicios públicos de empleo ya solo generan el 1,7% de los puestos de trabajo

El año 2025 no resultó especialmente positivo para los servicios públicos de empleo, al menos en términos de resultados. Solo 319.700 trabajadores asalariados encontraron su empleo actual a través de estas oficinas, lo que supone un descenso del 9,8% respecto al año anterior y menos de la mitad de los 726.100 contratos gestionados por empresas de trabajo temporal (ETT). Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el peso de las políticas activas de empleo -destinadas a facilitar la inserción laboral de los desempleados y gestionadas por las comunidades autónomas junto con el SEPE- sigue siendo muy reducido. Tres años después de la aprobación de la Ley de Empleo, que aspiraba a acercar el modelo español al de países como Alemania o Francia, estos servicios apenas generan el 1,7% del empleo asalariado, el nivel más bajo desde 2015. Este retroceso no se explica por una disminución del paro. De hecho, en 2007, cuando España registraba una tasa de desempleo históricamente baja, los servicios públicos de empleo lograban insertar a 543.200 personas, lo que representaba el 3,2% del total. Además, el dato de 2025 rompe la tendencia de mejora observada tras la pandemia, ya que en 2024 se alcanzaron 354.500 colocaciones, el mejor registro desde 2011. Estos resultados evidencian que la eficacia de los servicios públicos de empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Desde las administraciones se insiste en que su labor no se limita a la intermediación directa, es decir, a gestionar ofertas de trabajo, sino que también incluye formación, orientación y recualificación profesional para mejorar la empleabilidad de los desempleados. Sin embargo, la percepción de los trabajadores no parece reflejar este enfoque. La EPA mide únicamente si una oficina pública participó en la obtención del empleo actual, sin detallar de qué forma, mientras que en el caso de las ETT sí se contabiliza directamente la contratación a través de ellas, centrada en la intermediación. En contraste, las ETT registraron 726.100 empleos, lo que equivale al 3,9% del total de asalariados. Aunque tampoco fue su mejor año -con una caída del 1,1% tras el descenso del 4,4% en 2024-, mantienen cifras superiores a las de ejercicios anteriores, si bien su peso relativo aún no alcanza niveles previos a 2019. Cabe destacar que estas empresas operan en un entorno normativo que, en principio, limita su actividad, especialmente tras la reforma laboral que prioriza la contratación indefinida. No obstante, la introducción de la figura del fijo discontinuo les ha permitido adaptarse y seguir cubriendo necesidades temporales de las empresas. Gracias a ello, las ETT mantienen una ventaja notable frente a los servicios públicos de empleo, con una diferencia del 127,2% en generación de empleo, la más elevada de la serie histórica, pese a contar con menos recursos y mayores restricciones que las administraciones. No obstante, ambos sistemas no son completamente comparables. Las ETT se dedican a proporcionar mano de obra temporal a empresas, mientras que los servicios públicos tienen un enfoque más amplio, orientado a atender a todo tipo de demandantes de empleo, especialmente a los colectivos con mayores dificultades, como jóvenes menores de 25 años y mayores de 52, en su mayoría mujeres. Los datos también reflejan cambios en el perfil de los beneficiarios. En 2007, el 28% de quienes encontraban empleo a través de los servicios públicos tenía más de 45 años; en 2025, este porcentaje alcanza el 57,3%, el máximo histórico. Una evolución similar, aunque menos intensa, se observa en las ETT, donde este grupo ha pasado del 13% al 41%. En cuanto al empleo juvenil, ambos modelos presentan cifras similares en proporción: el 8% de los contratos de las ETT corresponde a menores de 25 años, frente al 7,7% en el caso de los servicios públicos, su mejor dato desde 2010. Sin embargo, en términos absolutos, las ETT siguen muy por delante, con 64.500 jóvenes contratados frente a los 24.500 colocados por los servicios públicos. Solo en el grupo de mayores de 55 años los resultados de estos últimos se acercan a los de las ETT, aunque sin llegar a superarlos.

LEER MÁS

(El Economista, 01-04-2026) | Laboral

Trabajo deja abierta la entrada en vigor del nuevo registro de jornada en las empresas

El Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante en el Consejo de Ministros la reforma del registro de jornada laboral lo antes posible, a pesar de las dudas planteadas por varios ministerios del PSOE. Esta medida forma parte de la fallida propuesta para reducir la jornada semanal a 37,5 horas, con la que Yolanda Díaz pretende limitar las horas extra. No obstante, su aplicación queda supeditada a la aprobación de unos requisitos técnicos que aún no se han definido y que se concretarán mediante una orden posterior. El real decreto analizado por el Consejo de Estado establece que la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, las obligaciones vinculadas a los aspectos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después. Este plazo es considerado suficiente por Trabajo, aunque desde el Ministerio de Economía se apuesta por ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes. A principios de mes, Trabajo lanzó una consulta pública sobre la futura orden que fijará los requisitos técnicos, con la intención de avanzar en su desarrollo. Sin embargo, aún no ha concretado cuándo aprobará definitivamente este texto, en parte porque no tiene asegurado el respaldo del Consejo de Ministros tras el informe del Consejo de Estado. Esta situación prolonga la incertidumbre entre las empresas, que deberán asumir esta nueva obligación. Las organizaciones empresariales, como CEOE o Pimec, ya advirtieron en sus alegaciones del escaso plazo inicial de adaptación, limitado a esos 20 días. El propio Consejo de Estado también cuestionó la redacción de la entrada en vigor, señalando que se pretende implantar un sistema digital que todavía no existe y basado en requisitos técnicos aún sin definir. Además, criticó que se dejen para una futura orden cuestiones clave como el control y acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo o los representantes de los trabajadores. Algunas comunidades autónomas también mostraron su desacuerdo. Por ejemplo, Galicia recordó que las normas que imponen nuevas obligaciones deberían aplicarse en fechas concretas, como el 1 de enero o el 1 de julio, en lugar de conceder plazos tan breves para su adaptación. Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria, por lo que el texto que adopte el Consejo de Ministros será el que se publique directamente en el BOE. Aunque Trabajo ha mostrado cierta disposición a introducir ajustes menores, descarta modificar los plazos de entrada en vigor. Desde el inicio, la patronal ha rechazado esta reforma por su impacto económico y por los posibles riesgos en materia de protección de datos. De hecho, la CEOE ya ha anunciado que recurrirá la norma si finalmente se aprueba, y ha valorado positivamente las críticas del Consejo de Estado. Los argumentos recogidos en el informe del órgano consultivo, que en algunos casos coinciden con los planteados por las organizaciones empresariales, refuerzan la posibilidad de una futura batalla judicial. En particular, el Consejo de Estado cuestiona que el contenido del decreto incluya aspectos que deberían regularse mediante una ley de mayor rango, una crítica que los empresarios llevan tiempo señalando.

LEER MÁS

(Cinco Días, 31-03-2026) | Laboral

Las azafatas de vuelo acarician el sueño de la jubilación anticipada que las igualaría a los pilotos

La reivindicación histórica del sector aéreo para que los tripulantes de cabina de pasajeros puedan acceder a la jubilación anticipada ha ganado impulso recientemente. Esta demanda, impulsada por los sindicatos debido a la dureza de la profesión -muy feminizada- y que hasta ahora no contaba con el respaldo de la patronal CEOE, se ve ahora reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de febrero. A ello se suman una resolución favorable de un juzgado madrileño y una proposición no de ley presentada por el grupo Sumar para equiparar sus condiciones a las de los pilotos. Los sindicatos consideran que se trata de una cuestión de desigualdad de género. Tras una denuncia presentada por CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula la posibilidad de adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, el Supremo ha señalado que la norma permite que las solicitudes sean presentadas de forma independiente por sindicatos o asociaciones empresariales. Aunque el fallo no va más allá, abre la puerta a que el colectivo avance en su reconocimiento sin necesidad de contar con el respaldo de la patronal. Hasta ahora, organizaciones sindicales como UGT, USO, Stavla y Sitcpla no han logrado el apoyo de la Asociación de Líneas Aéreas ni de la CEOE. Por este motivo, Sitcpla ha presentado alegaciones para evitar que se paralice el expediente iniciado en julio de 2025 ante el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz es consciente de la falta de acuerdo entre trabajadores y empresas, y deberá decidir si continúa con la tramitación pese a que el decreto prioriza el consenso entre ambas partes. Desde ALA, que agrupa a la mayoría de aerolíneas en España, se limitan a señalar que no tienen una postura definida, lo que refleja la falta de unanimidad entre las compañías. En este contexto, UGT ha propuesto modificar el Real Decreto 1995/1986 para incluir expresamente a los tripulantes de cabina dentro de los trabajos aéreos, lo que permitiría reconocer su derecho sin necesidad de procedimientos específicos. El sindicato confía en que tanto la CEOE como Comisiones Obreras se sumen a esta iniciativa, apoyándose en distintas resoluciones judiciales que avalan que estos profesionales deberían tener los mismos derechos que otros colectivos de vuelo. Insisten en que lo contrario supondría una discriminación evidente, especialmente teniendo en cuenta el alto porcentaje de mujeres en el sector. Las organizaciones empresariales deberán posicionarse nuevamente, aunque su principal reticencia está en el aumento de costes derivados de las cotizaciones. Algunas fuentes apuntan a que Iberia estaría ahora más dispuesta a respaldar esta medida, considerándola positiva para mejorar las condiciones del colectivo. Los tripulantes de cabina, que en España superan los 8.000 profesionales y en su mayoría son mujeres, cuentan con informes que alertan sobre los efectos de su trabajo en la salud, como la exposición a radiación, la presión de cabina o la alteración constante de los horarios, factores vinculados al envejecimiento y a determinados riesgos de enfermedad. Algunos de estos estudios han sido trasladados a las instituciones europeas por el sindicato Sitcpla. En 2023, este sindicato denunció a España ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por discriminación, lo que dio lugar a un proceso de diálogo para abordar el problema. Desde Sitcpla defienden que, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la patronal, la Administración no debería bloquear su solicitud. La propuesta presentada por Sumar también pone el foco en la desigualdad de género, al señalar que muchas profesiones con acceso a jubilación anticipada -como mineros, maquinistas, bomberos o policías- están mayoritariamente ocupadas por hombres. Aunque la legislación considera a los tripulantes de cabina como personal de vuelo, estos profesionales denuncian que, pese a estar expuestos a riesgos similares a los de los pilotos, no cuentan con las mismas condiciones de jubilación anticipada. En cambio, otros perfiles del sector sí disfrutan de este derecho. Tras años de reivindicaciones y con el respaldo creciente de decisiones judiciales y propuestas políticas, el colectivo ve ahora más cerca la posibilidad de lograr una solución a una demanda que lleva décadas sin resolverse.

LEER MÁS

(El País, 31-03-2026) | Laboral

Cuerpo propone dar un año a las pymes para implantar el registro horario digital, pero Díaz plantea seis meses

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una implantación "equilibrada" del nuevo sistema de registro horario digital. En una entrevista en la Cadena SER, explicó que esto implicaría conceder más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse. En concreto, planteó ampliar el plazo hasta un año desde la aprobación del real decreto, en lugar de los 20 días que contempla actualmente el texto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera excesivo ese margen y propone limitarlo a seis meses. Según detalló Cuerpo, la norma elaborada por Trabajo establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sin diferenciar plazos según el tamaño de las empresas o el sector. Aunque ese periodo no figura expresamente en el texto, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han defendido dar a las pymes un plazo de adaptación de medio año, postura que mantienen tras las declaraciones del ministro. La vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar con Economía a raíz del dictamen crítico del Consejo de Estado, que incluye observaciones negativas de varios organismos, entre ellos Función Pública y Protección de Datos. No obstante, Trabajo centra sus críticas en los informes del Ministerio de Economía, donde se aboga por un periodo transitorio más amplio y por medidas que reduzcan el impacto en las pymes. Además, se advierte de que una aplicación uniforme podría no ajustarse a las particularidades de algunos sectores. Cuerpo ha defendido que el refuerzo del control horario -que obligará a que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo- es una medida necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral, un compromiso del Gobierno. No obstante, ha subrayado que el desacuerdo no está en el objetivo, sino en la forma de aplicarlo, insistiendo en la importancia de adaptar la medida a la realidad empresarial para facilitar su cumplimiento. Por su parte, Díaz ha acusado a Economía de alinearse con la patronal tras el dictamen desfavorable, y ha reafirmado su intención de sacar adelante la reforma. Ha asegurado que el registro horario se implantará, introduciendo únicamente ajustes técnicos, pero sin modificar el fondo de la norma. Además, ha defendido la medida como una herramienta para combatir el impago de horas extra y garantizar los derechos laborales. Los sindicatos respaldan el refuerzo del registro y han manifestado su preocupación por el dictamen del Consejo de Estado, mientras que las organizaciones empresariales lo han valorado positivamente, ya que podría facilitar la presentación de recursos judiciales contra la medida.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF