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(Expansión, 01-09-2026) | Laboral

Desde hoy la Seguridad Social notifica las bajas médicas o la incapacidad permanente solo por internet: hay 10 días de plazo para no perder la prestación

La Seguridad Social modifica el sistema de comunicación de determinadas resoluciones y citaciones y deja de utilizar el correo postal para enviar cartas a los domicilios. En su lugar, estas comunicaciones pasarán a realizarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo. El cambio afecta a las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal, a quienes tengan abierto un expediente o sean beneficiarios de una incapacidad permanente, así como a determinados procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. De esta forma, las resoluciones, las convocatorias para revisiones médicas y los requerimientos para presentar documentación ya no se recibirán mediante carta en el domicilio. Estos trámites estarán disponibles únicamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando exista una nueva notificación, el ciudadano recibirá un aviso mediante correo electrónico o SMS. Sin embargo, estos mensajes tienen carácter meramente informativo, por lo que será necesario acceder directamente a la Sede Electrónica para consultar el contenido de la comunicación. Para hacerlo será necesario disponer de un sistema de identificación digital, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema es el plazo para acceder a las notificaciones. Una vez que la comunicación esté disponible, el interesado tendrá 10 días naturales para entrar en la Sede Electrónica y consultar su contenido. Si transcurre ese periodo sin acceder a ella, la notificación se considerará legalmente realizada. Esto puede tener consecuencias importantes, ya que el transcurso del plazo puede provocar la pérdida de oportunidades para presentar alegaciones, aportar documentación o interponer recursos. En determinados casos, además, podría afectar al mantenimiento o reconocimiento de prestaciones económicas. La medida afecta, entre otros, a los trabajadores que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal, a las personas que estén tramitando o perciban una incapacidad permanente y a quienes tengan procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. Los sindicatos han advertido de la importancia de familiarizarse con este nuevo sistema para evitar que una notificación pase inadvertida. CSIF recuerda que, una vez transcurridos los 10 días naturales sin acceder al contenido, la comunicación se considera efectuada legalmente, lo que puede hacer que comiencen a correr los plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, incluso afectar a una prestación por incapacidad temporal. UGT Servicios Públicos pone como ejemplo las revisiones médicas obligatorias. Si el trabajador no consulta la citación y no acude a la revisión, podría producirse el alta médica y dejar de percibir la prestación correspondiente. El sindicato subraya que, con el nuevo sistema, no será posible justificar el desconocimiento de la citación alegando que la carta no llegó al domicilio. Por este motivo, se recomienda mantener actualizados el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico registrados en Importass, la plataforma de la Tesorería General de la Seguridad Social. También es conveniente comprobar que se dispone de un sistema de identificación digital operativo y acceder periódicamente a la Sede Electrónica para comprobar si existe alguna comunicación pendiente. Los avisos que lleguen por SMS o correo electrónico servirán únicamente para informar de que existe una nueva notificación. La responsabilidad de acceder a ella y consultar su contenido corresponderá al interesado, por lo que revisar con frecuencia la Sede Electrónica será especialmente importante para no perder plazos ni derechos.

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(El País, 01-09-2026) | Laboral

Garamendi niega que el Gobierno le apoyase en su reelección en la CEOE y prevé choques con Trabajo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, negó este lunes que existan acuerdos o apoyos políticos destinados a facilitar su continuidad al frente de la patronal, después de que no se haya presentado ninguna candidatura alternativa para disputar la presidencia de la organización. El dirigente empresarial rechazó así las informaciones sobre un posible respaldo del Gobierno a su permanencia y defendió que la CEOE seguirá manteniendo su independencia respecto a los poderes políticos durante el próximo mandato. "No sé quién dirá o no dirá, pero no es cierto", afirmó Garamendi durante su intervención en Santander. El presidente de la patronal insistió en que la organización no depende ni dependerá de ninguna formación política y subrayó su carácter independiente. El representante empresarial aseguró además que, a lo largo de su trayectoria al frente de la CEOE, ha mantenido discrepancias con todo tipo de partidos. Según explicó, su posición ha generado conflictos con distintas formaciones porque, a su juicio, su obligación es defender en cada momento aquello que considera necesario para las empresas y la economía. Garamendi afrontará la renovación de su mandato como único candidato, después de que el plazo para presentar aspirantes concluyera el pasado 24 de agosto sin que nadie formalizara una candidatura. Al no existir ningún rival que haya reunido los avales necesarios, los estatutos de la organización establecen que será proclamado directamente, sin necesidad de celebrar una votación, durante la Asamblea General Electoral prevista para el próximo 1 de octubre de 2026. De esta manera, el empresario vasco iniciará su tercer mandato consecutivo al frente de la patronal. El presidente de la CEOE situó la actuación de la organización en los principios de lealtad institucional y sentido de Estado, al tiempo que expresó su rechazo al actual clima de polarización política. Garamendi consideró que España necesita rebajar la tensión y alejarse de posiciones radicalizadas, insistiendo en que la patronal no pretende alinearse con ninguno de los extremos del debate político. De cara al próximo curso político y parlamentario, el dirigente empresarial anticipó nuevos desacuerdos con el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entre las cuestiones que previsiblemente generarán fricción citó la regulación del registro horario y las nuevas obligaciones relacionadas con la transparencia salarial. Garamendi reconoció que alcanzar acuerdos con el departamento de Trabajo ha resultado complicado y sugirió que algunas de las iniciativas que se plantearán durante los próximos meses responden más a una estrategia política y electoral que a criterios estrictamente económicos o empresariales. Según señaló, el escenario de negociación seguirá siendo difícil y estará marcado por la presentación de distintas propuestas en un contexto en el que, a su juicio, debería atenderse con mayor atención a la realidad de las empresas. El presidente de la patronal reiteró que la prioridad de la CEOE continuará siendo la defensa de la actividad económica y del tejido empresarial, sin desvincular esta posición de los intereses de los trabajadores. Según afirmó, la organización mantendrá su actuación centrada en aquellas medidas que considere positivas para España, sus empresas y sus empleados. Estas declaraciones se produjeron antes de la participación de Garamendi en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic dentro de las actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En relación con la situación de Ceuta, el presidente de la CEOE calificó de grave el impacto económico derivado del aumento de los flujos migratorios registrado a finales de julio. Garamendi reclamó una respuesta directa de la Administración central para hacer frente a las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la actividad comercial y empresarial de la ciudad autónoma, donde residen alrededor de 80.000 personas. El dirigente empresarial insistió en que su intervención no pretende entrar en el terreno partidista, sino reclamar soluciones para los ciudadanos y las empresas afectadas. En este sentido, defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan responder a la situación y garantizar el apoyo de las instituciones. Garamendi también reivindicó el estatus constitucional de Ceuta y calificó la crisis migratoria como una amenaza directa a la soberanía española y al territorio de la Unión Europea. Asimismo, expresó su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad, denunciando las situaciones de violencia y los ataques sufridos por algunos de sus efectivos. El presidente de la patronal hizo además un llamamiento a los ciudadanos de la Península para que visiten Ceuta y contribuyan a impulsar su economía mediante el consumo de productos y servicios locales. A su juicio, esta podría ser una forma de apoyar directamente a los empresarios y a la población de la ciudad autónoma en un momento especialmente complicado. Finalmente, Garamendi reclamó al Gobierno un compromiso firme y un liderazgo claro para garantizar que los ciudadanos de Ceuta disfruten de las mismas condiciones y derechos que el resto de los españoles. El presidente de la CEOE defendió que existe una responsabilidad permanente de apoyo hacia la ciudad autónoma y que ese compromiso debe mantenerse más allá de las respuestas puntuales ante situaciones de crisis.

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(El Economista, 01-09-2026) | Laboral

Los autónomos inician septiembre con incertidumbre sobre sus cuotas de 2027

El sistema de cotización de los trabajadores autónomos afronta un nuevo escenario de incertidumbre después de que su despliegue haya quedado paralizado este año por la congelación de las cuotas. La reforma, aprobada durante la pasada legislatura e impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba que los autónomos fueran ajustando progresivamente sus aportaciones para cotizar en función de sus ingresos reales. La normativa estableció un periodo máximo de nueve años para completar la implantación del nuevo modelo, con revisiones cada tres años, aunque también permitía al Gobierno adelantar el calendario. La primera revisión estaba prevista para finales de 2025, pero las diferencias surgidas en la mesa de diálogo social impidieron alcanzar un acuerdo sobre las nuevas cuotas. Desde entonces, las negociaciones no se han reactivado. Así, los autónomos afrontan el último tramo de 2026 sin conocer todavía cuál será la cuantía de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el próximo año. El Ministerio que dirige Elma Saiz ha manifestado en varias ocasiones su intención de retomar las conversaciones y continuar con el proceso previsto en la reforma, mediante incrementos graduales que eviten concentrar un ajuste mayor en los primeros años de la próxima década. El principal obstáculo es que estas pretensiones cuentan con oposición tanto entre los agentes sociales como en el Congreso. ATA, organización integrada en CEOE, mantiene desde hace meses su negativa a revisar las cuotas mientras no se solucionen varias disfunciones detectadas en el sistema y que afectan a determinados colectivos de autónomos. Junts ha asumido también estas reivindicaciones y ha condicionado su respaldo a algunas iniciativas del Gobierno a que se dé respuesta a estos problemas. La primera propuesta del Ejecutivo sobre la actualización de las cuotas llegó a la mesa de negociación a comienzos de octubre de 2025, con la participación de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT. Las conversaciones se rompieron apenas unas semanas después. Ante la falta de acuerdo, Seguridad Social decidió en diciembre prorrogar las cuotas vigentes y planteó la posibilidad de aplicar posteriormente una subida durante 2026, algo que finalmente tampoco se ha producido. La ruptura de la dinámica de negociación que permitió alcanzar el acuerdo de 2022 genera ahora dudas sobre el siguiente paso. Los interlocutores sociales no tienen claro si las conversaciones se limitarán a establecer las bases y cuotas correspondientes a 2027 o si se intentará alcanzar un acuerdo plurianual, siguiendo el modelo pactado hace cuatro años. Mientras ATA apuesta por retrasar la convocatoria de la mesa, UPTA, vinculada a UGT, considera necesario reabrir cuanto antes las negociaciones y abordar las cuestiones pendientes. Su presidente, Eduardo Abad, defiende además que las cuotas deberían incrementarse varios puntos por encima de la inflación para reducir la diferencia existente entre las pensiones de los autónomos y las de los trabajadores asalariados. Entre las reivindicaciones que comparten las principales organizaciones del colectivo se encuentra la reforma de la prestación por cese de actividad. El actual sistema exige numerosos requisitos y, según las asociaciones, alrededor de la mitad de las solicitudes terminan siendo rechazadas. El Gobierno se comprometió a modificar este mecanismo, aunque todavía no ha materializado la reforma. ATA, UPTA y UATAE también reclaman que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una posibilidad que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social han descartado. Otra de las demandas se refiere a las bajas por incapacidad temporal: las organizaciones plantean una modificación legal que permita exonerar al autónomo del pago de sus cuotas mientras permanezca de baja. Pese a la congelación de las cuotas, las cotizaciones de los autónomos han aportado 6.275 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social hasta junio, según los últimos datos de ejecución presupuestaria. Esta cantidad supone casi un 10% más que en el mismo periodo del año anterior y se explica, entre otros factores, por el máximo histórico de trabajadores por cuenta propia, que alcanza los 3,4 millones. El crecimiento ha estado especialmente impulsado por la incorporación de trabajadores extranjeros y, dentro de este grupo, por el aumento de las mujeres autónomas. Otra posible causa del incremento de la recaudación es la modificación de las bases aplicables a los autónomos societarios y colaboradores. En abril se estableció que su base de cotización de referencia debía equipararse a la correspondiente al grupo VII del Régimen General, lo que suponía elevarla técnicamente un 42%, desde los 1.000 euros de 2025 hasta los 1.424 euros. No obstante, Seguridad Social aclaró que esta subida no implicaba que los afectados tuvieran que modificar automáticamente su base durante 2026. Los autónomos de este colectivo podían mantener una base inferior durante el ejercicio, aunque en la regularización correspondiente a 2026 deberán haber abonado la cuota que corresponda a la base establecida o asumir entonces la diferencia pendiente. El Ejecutivo justificó esta modificación en el acuerdo alcanzado en 2022, que contemplaba incrementos progresivos de las bases durante 2024 y 2025 y establecía que, desde 2026, la base de estos autónomos no podría situarse por debajo de la correspondiente al Régimen General. Seguridad Social argumentó que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado había impedido realizar las actualizaciones progresivas inicialmente previstas, pero que ese obstáculo ya no afectaba a 2026 y que el acuerdo obligaba a avanzar hacia la equiparación con los asalariados. La decisión provocó el rechazo de las principales asociaciones de autónomos y también de varios grupos parlamentarios. Junts llegó a advertir al Gobierno de que sus siete diputados respaldarían las iniciativas relacionadas con los intereses de los autónomos, dejando así en el aire el apoyo parlamentario a otras medidas del Ejecutivo.

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(El Periódico, 01-09-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará bonificaciones del 75% en las cotizaciones para la contratación de trabajadores en Ceuta y Melilla

El Gobierno incorporará al plan de apoyo a Ceuta una bonificación del 75% de las cotizaciones por la contratación de trabajadores, una medida que también se aplicará en Melilla. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la Cadena SER. La iniciativa forma parte del paquete extraordinario de ayudas que el Consejo de Ministros aprobará este martes y que contará con una dotación total de 168 millones de euros. El programa contempla además medidas para facilitar que las empresas que atraviesen dificultades puedan acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En estos casos, las compañías tendrán una exoneración del 100% de las cotizaciones empresariales, mientras que los trabajadores podrán acceder a la prestación por desempleo en condiciones especialmente favorables, sin consumir el periodo de prestación que tengan acumulado. Según ha explicado Sánchez, el plan moviliza recursos equivalentes aproximadamente al 8% del PIB de Ceuta y pretende contribuir a la recuperación de la actividad económica de la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio, parte de los cuales todavía permanece en el territorio. Entre las actuaciones previstas figuran también ayudas directas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos para impulsar la economía local. Los 168 millones suponen una ampliación extraordinaria del programa especial de apoyo económico destinado a Ceuta, que entre 2023 y 2026 ya ha movilizado alrededor de 180 millones de euros. Del nuevo paquete, 80 millones se destinarán directamente a medidas económicas durante los próximos cuatro meses, mientras que otros 15 millones servirán para reforzar servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la justicia. En su primera entrevista tras el inicio del nuevo curso político, Sánchez también ha negado que existan indicios que permitan atribuir a Marruecos la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El presidente ha asegurado que actualmente no dispone de información que apunte en esa dirección. Las explicaciones sobre lo ocurrido las ofrecerá este jueves en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá una semana antes de la fecha inicialmente prevista. La comparecencia se ha adelantado después de que diferentes grupos parlamentarios reclamaran que Sánchez acudiera antes a la Cámara Baja. En el ámbito económico nacional, el presidente ha vuelto a confirmar que el Gobierno presentará durante 2026 el proyecto de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a 2027. Sánchez no ha concretado si el texto llegará al Congreso durante septiembre, pero ha reiterado su compromiso de que las cuentas sean presentadas y debatidas este año, con la previsión de que las próximas elecciones generales se celebren en 2027. La vivienda será otro de los asuntos prioritarios del inicio del curso político. El Ejecutivo continúa negociando con los grupos parlamentarios el Real Decreto-ley de vivienda, cuya aprobación estaba prevista antes del verano pero tuvo que aplazarse hasta septiembre debido a la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Sánchez ha defendido que la futura norma pretende contribuir a reducir los precios de la vivienda y ofrecer mayor seguridad tanto a propietarios como a inquilinos. Entre las medidas previstas se encuentran incentivos fiscales para los propietarios con el objetivo de estimular la incorporación de viviendas al mercado y aumentar la oferta disponible. El decreto contempla asimismo la posibilidad de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler hasta 2028 y elevar al 21% el IVA aplicable a las viviendas destinadas al alquiler turístico.

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(El Economista, 31-07-2026) | Laboral

Los ministerios de Ciencia y Trabajo dejan en el cajón hasta un 34% de su presupuesto

Los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo y Economía Social finalizaron 2025 sin ejecutar una parte importante de los recursos presupuestarios que tenían asignados. De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento encabezado por Diana Morant dejó sin utilizar el 33,94% de su presupuesto, mientras que el dirigido por Yolanda Díaz no ejecutó el 25,8% de los fondos disponibles. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dispuso en 2025 de un presupuesto de 7.090 millones de euros, lo que representó un incremento del 11,3% respecto a los 6.367 millones consignados en 2024. Del total asignado, ejecutó 4.684 millones, frente a los 3.934 millones gastados el año anterior. La mayor parte de los recursos de este ministerio se destina a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación mediante la financiación de proyectos científicos, la contratación de personal investigador, el desarrollo de infraestructuras de I+D y programas orientados a facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido empresarial. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social contó con un presupuesto de 858 millones de euros en 2025, un 23% inferior al del ejercicio anterior, cuando ascendía a 1.120 millones. La ejecución alcanzó los 636,4 millones, por debajo de los 787,3 millones utilizados en 2024. Los fondos gestionados por este departamento financian algunas de las principales políticas laborales del Estado, entre ellas la protección por desempleo, las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, los mecanismos de mediación y arbitraje en conflictos laborales, las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, el impulso de la economía social y el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En conjunto, los 22 ministerios que integran el Gobierno ejecutaron el 84% de sus presupuestos durante 2025, un porcentaje inferior al 88,2% registrado en 2024. Esto supone que el 16% de los créditos disponibles quedó sin utilizar. Los recursos presupuestarios ascendieron a 199.396 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron 167.486 millones. Si se analiza el grado de ejecución por departamentos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue el que presentó el menor nivel de utilización de sus recursos. De un presupuesto de 15.964 millones de euros, únicamente ejecutó el 31,5%. Le siguió el Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía María Jesús Montero y actualmente encabeza Arcadi España García, con una ejecución del 51,9% sobre una dotación de 17.768 millones. Tras ambos se situaron el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el de Juventud, que dejó sin ejecutar el 27,8% de su presupuesto, y el de Trabajo y Economía Social. En el extremo opuesto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue el departamento con mayor grado de ejecución presupuestaria al utilizar el 99,5% de los 55.100 millones de euros de los que disponía. La práctica totalidad de estos recursos se destinó al pago de pensiones contributivas, especialmente las de jubilación. También destacaron por su elevado nivel de ejecución el Ministerio de Defensa, que dejó sin utilizar únicamente el 1,7% de un presupuesto de 19.131 millones de euros; el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una ejecución del 98,3%; el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, que alcanzó el 97,1%; y el Ministerio de Igualdad, que ejecutó el 96% de sus créditos. Otros departamentos también registraron elevados niveles de utilización de sus recursos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejecutó el 95,8% de un presupuesto de 4.781 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad alcanzó una ejecución del 84,6% sobre una dotación de 1.460 millones, inferior a los 1.717 millones con los que contó el año anterior. Los datos reflejan que la menor ejecución presupuestaria no puede atribuirse exclusivamente a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En ejercicios anteriores también se trabajó con cuentas prorrogadas y, sin embargo, el grado de ejecución fue superior. La prórroga presupuestaria implica que cada ministerio mantiene la dotación correspondiente a las últimas cuentas aprobadas, en este caso las de 2023, que fueron las últimas respaldadas por las Cortes Generales. Por tanto, que una parte de los créditos presupuestarios quede sin utilizar responde a la capacidad de gestión y al ritmo de ejecución de cada departamento, y no al hecho de operar con unos presupuestos prorrogados. Asimismo, una menor ejecución del gasto no supone automáticamente una reducción del déficit público. Los créditos que no llegan a utilizarse no constituyen un ahorro efectivo por sí mismos, ya que el déficit se determina por la diferencia entre los ingresos obtenidos y el gasto realmente ejecutado durante el ejercicio.

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(El Periódico, 31-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social permitirá cobrar hasta un 25% más de pensión desde el 28 de agosto

A partir del próximo 28 de agosto entrará en vigor una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de jubilación flexible. La nueva regulación permitirá que determinados pensionistas que decidan reincorporarse al mercado laboral mediante un empleo a tiempo parcial puedan percibir un complemento de hasta el 25% sobre la parte de la pensión compatible con su actividad profesional. La medida se recoge en el Real Decreto 416/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla el nuevo marco normativo de la jubilación flexible y modifica las condiciones de compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño de una actividad laboral. El objetivo de la reforma es favorecer el retorno voluntario al empleo de las personas jubiladas mediante incentivos económicos. El complemento no estará disponible para todos los pensionistas. Solo podrán beneficiarse quienes accedan a la modalidad de jubilación flexible e inicien una actividad laboral por primera vez una vez transcurridos, al menos, seis meses desde el reconocimiento de la pensión de jubilación. La cuantía del incentivo dependerá del porcentaje de jornada que se realice. Quienes trabajen entre el 55% y el 80% de la jornada equivalente a tiempo completo podrán incrementar en un 25% la parte de la pensión compatible con el empleo. En cambio, cuando la jornada parcial se sitúe entre el 33% y menos del 55%, el complemento será del 15%. Hasta ahora, la jubilación flexible suponía únicamente una reducción proporcional de la pensión en función del tiempo trabajado. Con la nueva normativa, el Gobierno incorpora un incentivo adicional con el propósito de hacer más atractiva esta modalidad para quienes deseen regresar al mercado laboral sin renunciar completamente a su prestación. La reforma también amplía el margen de jornada compatible con esta modalidad de jubilación. A partir de su entrada en vigor, será posible trabajar entre el 33% y el 80% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, ofreciendo una mayor flexibilidad para planificar una reincorporación progresiva a la actividad laboral. Otra de las novedades es que, por primera vez, determinados trabajadores autónomos podrán acceder a la jubilación flexible, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma. Entre ellos figura la obligación de no haber estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los tres años anteriores al hecho causante de la jubilación. Esta modificación forma parte de la estrategia del Gobierno para fomentar el empleo sénior y favorecer la permanencia voluntaria de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y la necesidad de adaptar el sistema público de pensiones a esta realidad demográfica. En los últimos años, el Ejecutivo ha impulsado distintas medidas destinadas a incentivar el retraso de la jubilación y a facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo. El Real Decreto 416/2026 da un paso más en esa dirección al incorporar un complemento económico específico para quienes opten por volver a trabajar a tiempo parcial una vez jubilados. Con la entrada en vigor de la norma el próximo 28 de agosto, los pensionistas que reúnan todos los requisitos podrán acogerse al nuevo régimen. No obstante, el incremento del 15% o del 25% no se aplicará de forma generalizada, sino que dependerá de la modalidad de jubilación elegida, del tiempo transcurrido desde el acceso a la pensión y del porcentaje de jornada desarrollado durante la compatibilidad entre trabajo y prestación.

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(Expansión, 30-07-2026) | Laboral

Casi 500 autónomos con empleados a cargo echan el cierre cada día asfixiados por los costes

La fortaleza del mercado laboral español comienza a dejar al margen a los autónomos, especialmente a aquellos que tienen trabajadores a su cargo. El incremento de los costes laborales, el aumento de las cargas administrativas y el estrechamiento de los márgenes empresariales están dificultando la continuidad de muchos pequeños negocios. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante el segundo trimestre del año desaparecieron 42.500 autónomos empleadores, lo que equivale a cerca de 500 cierres diarios y reduce este colectivo hasta los 933.100. Se trata del segundo nivel más bajo desde la pandemia y, excluyendo los años marcados por la crisis sanitaria, de una de las cifras más reducidas de la última década. Este retroceso contrasta con la evolución general del empleo, que alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 22,77 millones de ocupados. En total, entre abril y junio se perdieron 42.900 trabajadores por cuenta propia, de modo que prácticamente toda la caída corresponde a autónomos con empleados. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el número total de autónomos disminuyó en 99.700 personas, mientras que los empleadores descendieron en 27.700. La evolución resulta especialmente llamativa porque el segundo trimestre suele coincidir con el inicio de la temporada turística, un periodo en el que tradicionalmente aumentan tanto las contrataciones como la apertura o expansión de pequeños negocios. De hecho, en el mismo periodo del año anterior se incorporaron 33.100 autónomos con asalariados. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que el empleo sigue creciendo, pero la destrucción se concentra en las empresas más pequeñas, especialmente aquellas con uno o dos trabajadores, una situación que afecta con mayor intensidad al medio rural. Los datos de la Seguridad Social reflejan esta misma tendencia. En junio, las empresas con uno o dos empleados contabilizaban 919.427 asalariados, lo que supone 18.244 menos que hace cinco años y 37.840 menos que en 2018. Entre las causas de este deterioro destacan el incremento acumulado del salario mínimo, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, el coste del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el destope de las bases máximas de cotización y la implantación de la cuota de solidaridad. Aunque la actualización de las cuotas de autónomos quedó congelada en 2026 por falta de apoyo parlamentario, el conjunto de estas medidas ha elevado de forma significativa los costes laborales. Según Cepyme, desde 2021 estos costes han aumentado un 28,7% en las pequeñas empresas, un 29% en las microempresas y un 23,4% en las medianas. A ello se suma el encarecimiento de los costes operativos, impulsado por el repunte de la inflación derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Con un IPC situado en el 3,2%, la patronal de las pymes estima que los costes de funcionamiento de las empresas se han incrementado un 25% desde 2019. El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que muchos pequeños empresarios renuncian a mantener empleados no porque su actividad mejore, sino porque el riesgo económico y normativo asociado a la contratación resulta cada vez mayor. A su juicio, la creciente complejidad regulatoria y la incertidumbre dificultan la toma de decisiones, por lo que reclama un marco jurídico más estable y medidas que favorezcan la contratación. Por su parte, Lorenzo Amor sostiene que la presión sobre los márgenes empresariales ha llegado a un punto en el que, según datos de la Seguridad Social, el 68% de los autónomos obtiene unos ingresos inferiores al salario mínimo. Esta situación provoca que, en muchos casos, los trabajadores perciban un salario superior al de los propios empresarios que los emplean.

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(El País, 30-07-2026) | Laboral

La empresa privada tira del empleo en el segundo trimestre mientras el sector público flojea

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre reflejan que el crecimiento del empleo entre abril y junio se apoyó exclusivamente en el sector privado. Mientras las empresas incorporaron más de medio millón de trabajadores, el empleo público registró un descenso de 15.600 ocupados, la primera caída en un segundo trimestre desde hace cuatro años. Dentro de las administraciones públicas, el ajuste se concentró principalmente en las comunidades autónomas, que redujeron sus plantillas en 42.400 trabajadores, lo que supone un descenso del 2% respecto al trimestre anterior. También la Seguridad Social disminuyó su personal en 2.400 empleados, equivalente a una reducción del 7,4%. Estas pérdidas solo pudieron compensarse parcialmente con la creación de cerca de 17.000 puestos de trabajo en las administraciones locales y otros 5.000 en empresas públicas. En el ámbito privado, la hostelería volvió a convertirse en el principal motor del empleo. El sector sumó 193.100 nuevos ocupados entre abril y junio, un incremento del 11% que representa alrededor del 40% de todo el empleo generado durante el trimestre. La campaña de Semana Santa y el adelanto de las contrataciones de verano impulsaron esta evolución, situando el número de trabajadores de la hostelería cerca de los dos millones. Solo el comercio, con casi tres millones de ocupados, la industria manufacturera, con 2,7 millones, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 2,1 millones, emplean actualmente a más personas. Tras la hostelería, los mayores aumentos de empleo se registraron en la construcción, con 57.000 nuevos ocupados; el comercio, con 53.000; las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la programación informática, la consultoría y otros servicios de información, con 40.000; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 39.000; y la industria manufacturera, que incorporó otros 38.000 trabajadores. Durante la presentación del balance político previo al verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que estos datos evidencian una transformación estructural del modelo productivo español, destacando que parte del empleo se concentra en actividades de mayor valor añadido. En este sentido, las ramas vinculadas a las tecnologías de la información y la consultoría incrementaron su ocupación un 6,2% respecto al trimestre anterior. No obstante, el crecimiento del empleo también fue significativo en sectores con menor aportación al valor añadido de la economía. Es el caso del trabajo doméstico, que incorporó 35.000 nuevos trabajadores, en su mayoría mujeres, lo que supone un incremento superior al 6% durante el trimestre. En contraste con esta evolución positiva, el transporte y el almacenamiento registraron un comportamiento negativo. El sector perdió 7.000 ocupados entre abril y junio, lo que representa una caída del 0,5% respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, el empleo en las actividades logísticas descendió un 1,9%, debido principalmente al fuerte ajuste en los servicios postales y de mensajería, donde desaparecieron cerca de 25.000 puestos de trabajo en apenas tres meses, equivalente a un descenso del 16%. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, atribuyó esta evolución a un contexto marcado por el aumento de los costes empresariales, la incertidumbre regulatoria, la falta de avances en el diálogo social, la adopción de medidas desvinculadas de la productividad y el deterioro del escenario internacional. A su juicio, estos factores están condicionando las decisiones de inversión y contratación de las empresas, que operan con márgenes más reducidos y en un entorno económico y geopolítico cada vez más complejo.

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(El Economista, 30-07-2026) | Laboral

La automoción europea acelera los recortes: más de 10.000 empleos menos antes de 2028 y decenas de miles más en la próxima década

La industria europea del automóvil afronta uno de los mayores procesos de transformación de su historia. La combinación de una demanda que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, la creciente competencia de los fabricantes chinos, la transición hacia el vehículo eléctrico y el endurecimiento de las barreras comerciales está obligando a los grandes grupos del sector a replantear sus estructuras productivas. Como consecuencia, el sector ya está inmerso en una profunda reestructuración que supondrá miles de empleos menos y que podría intensificarse durante la próxima década. Los anuncios realizados en los últimos meses anticipan la desaparición de más de 10.000 puestos de trabajo en Europa antes de que finalice 2027. A ello se suman los planes estratégicos de varios fabricantes, que contemplan nuevas reducciones de plantilla de gran envergadura en los próximos años. El ajuste más relevante corresponde a BMW. El fabricante alemán alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poner en marcha un plan de bajas voluntarias que podría afectar a hasta 8.000 empleados, principalmente en Alemania. La medida se centrará en las áreas de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, mientras que las plantas de producción quedarán fuera del proceso. Además, la compañía pretende simplificar su estructura directiva para mejorar su rentabilidad. BMW no es el único grupo inmerso en una reorganización. Nissan anunció el pasado mes de mayo la supresión de 900 empleos en Europa dentro de su plan global Re:Nissan, con el que prevé eliminar 20.000 puestos de trabajo y cerrar siete fábricas en todo el mundo. En España, el ajuste afectará a tres centros de trabajo, especialmente al almacén logístico de recambios situado en El Prat de Llobregat (Barcelona). Renault también ha iniciado medidas para reducir costes. La compañía francesa comunicó en junio su intención de eliminar 800 puestos de ingeniería en Francia antes de finales de 2027 con el objetivo de mejorar su eficiencia y reforzar su posición frente a la creciente competencia asiática. Por su parte, Stellantis continúa desarrollando su estrategia FaSTLane 2030, que contempla reducir su capacidad potencial de producción en Europa en unas 800.000 unidades anuales, pasando de 4,65 millones de vehículos previstos para 2025 a 3,85 millones en 2030. Dentro de este proceso, el grupo anunció la eliminación de 650 puestos de ingeniería en el centro tecnológico de Opel, en Rüsselsheim (Alemania), además de cerca de un millar de empleos que ya suprimió en Italia durante el pasado ejercicio. Detrás de esta oleada de ajustes existe un problema estructural: la capacidad productiva instalada en Europa supera la demanda actual. El mercado europeo continúa vendiendo alrededor de dos millones de vehículos menos al año que antes de la pandemia, mientras que China, uno de los principales mercados para los fabricantes occidentales, ha pasado a estar dominado por las marcas nacionales, inmersas en una intensa competencia de precios. A este escenario se suman otros factores como el incremento de los costes energéticos, las exigencias regulatorias asociadas a la electrificación y las nuevas barreras comerciales impuestas por mercados estratégicos como Estados Unidos. Todo ello está acelerando los programas de eficiencia y reducción de costes de los principales fabricantes europeos. El caso más significativo es el de Volkswagen Group. El consorcio alemán estudia un plan que podría implicar la eliminación de hasta 100.000 puestos de trabajo y el cierre de cuatro fábricas en Alemania antes de 2035. Según las informaciones conocidas recientemente, su consejero delegado, Oliver Blume, habría planteado la salida de otros 50.000 trabajadores adicionales a los ya incluidos en el plan de reestructuración presentado en marzo. El objetivo es alcanzar un ahorro superior a los 6.000 millones de euros anuales al final de la década. Dentro del grupo, Audi anunció en marzo la eliminación de hasta 7.500 empleos en Alemania hasta 2029, principalmente en departamentos administrativos y de desarrollo, con el propósito de reducir costes en aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Además, la planta de Neckarsulm figura entre las instalaciones cuya continuidad está siendo evaluada. Porsche también ha puesto en marcha un nuevo programa de reorganización. La marca prevé eliminar otros 5.000 puestos de trabajo hasta 2035 mediante su plan Future Package, lo que elevaría a cerca de 9.000 el número total de empleos afectados durante la próxima década. Este nuevo ajuste se suma a los 3.900 puestos cuya supresión ya había sido anunciada este año y a otros 500 vinculados a la reorganización de varias filiales. Mercedes-Benz tampoco permanece ajena a esta tendencia. Según diversos medios alemanes, la compañía prepara el inicio de negociaciones con los representantes de los trabajadores para estudiar nuevas medidas de reducción de costes. El fabricante, presidido por Ola Källenius, afronta un entorno especialmente complejo por el impacto de los aranceles estadounidenses y la prolongada caída de las ventas en China, dos factores que están reduciendo la rentabilidad de las marcas premium europeas. Hasta ahora, la empresa había limitado los ajustes a bajas voluntarias y a la no sustitución de empleados que abandonaban la compañía, aunque el deterioro del mercado podría obligarla a adoptar medidas más profundas en los próximos años.

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(El País, 29-07-2026) | Laboral

La nueva prestación para los afectados por los incendios: quiénes podrán solicitarla y cuánto cobrarán

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que establece un paquete extraordinario de medidas laborales para proteger a las personas afectadas por los incendios forestales. La principal novedad es la creación de una prestación extraordinaria por "emergencia extrema", gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinada a los trabajadores que deban suspender temporalmente su actividad laboral como consecuencia de esta situación. La ayuda tendrá carácter contributivo, aunque no exigirá un periodo mínimo de cotización. Para acceder a ella será suficiente con estar dado de alta en la Seguridad Social y que la empresa comunique al SEPE la suspensión temporal del contrato motivada por los incendios. La prestación ascenderá al 70% de la base reguladora y podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses. Durante ese periodo, el trabajador podrá reincorporarse voluntariamente a su puesto cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión. Mientras dure la prestación, el Estado asumirá íntegramente las cotizaciones sociales, por lo que la empresa no tendrá que abonar ni el salario ni las cuotas a la Seguridad Social. Además, el tiempo de percepción de esta ayuda no reducirá el derecho a futuras prestaciones por desempleo. Las medidas tendrán efectos retroactivos desde el 23 de julio, por lo que podrán acogerse a ellas quienes se hayan visto afectados por incendios declarados desde esa fecha. Entre los supuestos contemplados figuran las personas que no puedan acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones de las autoridades, quienes necesiten realizar labores de limpieza, recuperación de enseres o reconstrucción del domicilio, los que deban efectuar trámites administrativos derivados de la emergencia y quienes tengan que atender a familiares afectados. El decreto también incorpora una protección reforzada frente a posibles represalias empresariales. Cualquier medida adoptada por la empresa contra un trabajador por ejercer los derechos reconocidos en esta norma podrá ser declarada nula por los tribunales. Asimismo, el Gobierno amplía el permiso por fallecimiento cuando la muerte esté relacionada con los incendios. En estos casos, tanto los trabajadores por cuenta ajena como los socios de cooperativas dispondrán de cinco días hábiles adicionales tras el sepelio. Las medidas permanecerán vigentes mientras subsistan las circunstancias excepcionales que las justifican y podrán aplicarse también a futuros incendios de especial gravedad que se produzcan durante el resto del año, conforme a la clasificación de Protección Civil. El Ministerio de Trabajo recuerda además que continúa vigente el permiso retribuido de cuatro días por emergencia climática para aquellos trabajadores cuya relación laboral no haya sido suspendida.

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