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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

El programa del PP premiará a las empresas que mejor gestionen las bajas laborales y perseguirá a quienes “se aprovechan del sistema para no trabajar”

Ante el aumento del absentismo laboral, cuyo impacto económico se calcula en unos 92.000 millones de euros al año, una de las principales propuestas del programa electoral del Partido Popular para las elecciones del próximo 29 de noviembre será intensificar la lucha contra el fraude en las bajas laborales. Se trata de una de las medidas con las que Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a la presidencia del Gobierno. El programa de los populares también contempla reforzar el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la gestión de la incapacidad temporal, una iniciativa que se desarrollaría en el marco del diálogo social. El objetivo, según recoge el documento, es agilizar la tramitación de las bajas mediante la mejora de los procedimientos, una mayor fundamentación de los criterios médicos y un intercambio más eficaz de información. Además, el PP plantea crear un mecanismo que incentive a las empresas que gestionen de manera más eficiente los procesos de incapacidad temporal de sus trabajadores. En paralelo, la formación se compromete a perseguir los casos de fraude de quienes recurren indebidamente a las bajas para dejar de trabajar y percibir prestaciones a las que no tienen derecho. Feijóo ha insistido en esta cuestión durante los últimos meses y ha llegado a calificar el absentismo injustificado como un «cáncer». A principios de octubre, el líder popular aseguró que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez a la presidencia del Gobierno, una media de 450.000 personas faltaba diariamente a su puesto de trabajo. En 2025, según sus datos, la cifra habría alcanzado los 1,2 millones, mientras que el gasto asociado habría pasado de 13.000 a 31.000 millones de euros durante los años de gobierno socialista. Las estimaciones sobre el impacto económico del absentismo varían según los conceptos incluidos. El último Observatorio de Absentismo Laboral de Aecoc calcula que su coste directo alcanzará los 36.000 millones de euros este año. Sin embargo, si se incorporan las pérdidas de productividad ocasionadas por las ausencias, el importe total podría elevarse hasta los 92.000 millones. Frente a las medidas de control del fraude, Feijóo también propone mejorar la protección de quienes padecen enfermedades graves o de larga duración, con bajas que se prolonguen entre seis y 24 meses. En estos supuestos, el programa contempla elevar la prestación hasta el 100% de la base reguladora. Otra de las líneas de actuación del programa popular se dirige a facilitar la actividad empresarial mediante una mayor armonización de los requisitos administrativos en todo el territorio nacional. Para ello, el PP propone establecer por ley unas condiciones comunes, adaptadas a cada sector, para desarrollar actividades económicas en España. De este modo, las licencias, autorizaciones o inscripciones concedidas por una comunidad autónoma serían válidas en aquellas otras que compartan los mismos requisitos. Cualquier exigencia adicional de una Administración autonómica tendría que estar justificada y resultar proporcionada. Con el propósito de evitar diferencias injustificadas entre territorios a la hora de conceder permisos y licencias, Feijóo plantea otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) capacidad para acudir a los tribunales cuando las comunidades autónomas mantengan obstáculos que dificulten innecesariamente el ejercicio de actividades empresariales. El programa también incluye medidas para favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, principalmente mediante la reducción de cargas administrativas. El PP se compromete a que las nuevas obligaciones para las pymes no sean aplicables hasta que hayan acumulado cuatro años de crecimiento y a establecer incentivos que permitan aumentar el tamaño medio de las empresas españolas. Los populares consideran que las compañías que empiezan a crecer se encuentran con mayores exigencias, controles y costes administrativos, lo que puede desincentivar su expansión. Esta situación, conocida como la «maldición del empleado 50», lleva a algunas empresas a renunciar a aumentar sus plantillas para evitar las nuevas obligaciones que implica superar determinados umbrales de trabajadores. Para corregir este problema, el PP propone revisar los límites nacionales que determinan la aplicación de estas exigencias, simplificar los trámites de las empresas con hasta 250 empleados y establecer incentivos fiscales, laborales, administrativos y relacionados con la contratación para las sociedades que incrementen su dimensión. Los trabajadores autónomos también tendrán un apartado específico en el programa electoral. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de presentar las declaraciones tributarias cada seis meses, en lugar de hacerlo trimestralmente. Asimismo, el PP propone eximirles del pago de cotizaciones y de la obligación de presentar declaraciones durante el primer año de actividad. A estas iniciativas se suma la implantación del régimen de IVA franquiciado, que permitiría a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros optar por no repercutir IVA a sus clientes ni ingresar el impuesto en Hacienda. A cambio, tampoco podrían deducirse el IVA soportado en sus compras y gastos. Por último, en materia tributaria, el Partido Popular plantea reformar el Impuesto sobre Sociedades para estimular la inversión empresarial mediante mecanismos como la libertad de amortización y las deducciones fiscales. También pretende impulsar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), al considerar que el aumento de la capacidad innovadora resulta fundamental para mejorar la productividad y favorecer el crecimiento de los salarios.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

La media del IPC que marcará la subida de las pensiones en enero de 2027 se sitúa ya en el 3,47% tras el dato de octubre

La cifra todavía es provisional, ya que queda por conocer el IPC de noviembre. La revalorización de las pensiones se calcula tomando como referencia la inflación media de los doce meses comprendidos entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Por tanto, el porcentaje definitivo de incremento no se determinará hasta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el avance del IPC de noviembre, previsto para el próximo día 27, y confirme el dato el 15 de diciembre. Será entonces cuando se conozca la tasa de inflación que establecerá la subida exacta de todas las prestaciones del sistema público. Con los datos de evolución de los precios disponibles hasta ahora, las pensiones podrían aumentar alrededor de un 4,5% en 2027. De confirmarse esta previsión, la pensión media, que en octubre alcanzó los 1.577,6 euros al mes, se incrementaría en 70,9 euros, hasta situarse en 1.648,6 euros mensuales el próximo año. El repunte de la inflación tendrá un impacto directo en la actualización de las prestaciones, que pasarán de subir un 2,7% en 2026 a hacerlo aproximadamente un 4,5% en 2027, lo que representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló recientemente que considera posible que el Gobierno apruebe en diciembre el decreto de revalorización de las pensiones conforme al IPC, incluso si permanece en funciones después de las elecciones del 29 de noviembre. De este modo, los pensionistas comenzarían a percibir las prestaciones actualizadas en enero.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

Cuánto subirá su sueldo en 2027: Se prevé un aumento salarial medio de hasta el 3,5%

La mejora salarial prevista para la mayoría de los trabajadores será insuficiente para compensar el encarecimiento de los precios, que este año alcanza el 4,9%. Solo los profesionales con mayor demanda, como los ingenieros especializados en inteligencia artificial o los analistas financieros, podrán optar a incrementos específicos de entre el 5% y el 7%, suficientes para recuperar capacidad de compra. ¿Cuánto habrá que esperar para que los salarios experimenten una subida real? Es una pregunta recurrente entre los trabajadores españoles, que ven cómo el coste de la vida aumenta a un ritmo muy superior al de sus retribuciones. Actualmente, el IPC interanual se sitúa en el 4,9%, mientras que los salarios avanzan apenas un 1,2%. Las perspectivas para el próximo año tampoco apuntan a una mejora significativa. Las previsiones del Banco de España y Funcas sitúan el aumento nominal de los salarios en 2027 entre el 2,2% y el 2,7%, frente a una inflación estimada en torno al 2%. Esto dejaría el crecimiento salarial real en una horquilla de entre el 0,3% y el 0,6%. Los estudios de tres de las principales consultoras de retribución ofrecen estimaciones algo más favorables, aunque también reflejan una mejora limitada una vez descontado el efecto de los precios. WTW calcula un incremento medio del 3,2%, mientras que Marsh y Michael Page lo sitúan en el 3,5%. El análisis de esta última consultora señala que únicamente los perfiles profesionales más difíciles de encontrar, con subidas de entre el 5% y el 7%, conseguirán mejorar su poder adquisitivo. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) identifican tres elementos estructurales que condicionarán la evolución de los salarios en España: el escaso avance de la productividad, las tensiones demográficas y la falta de profesionales cualificados, y la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Entre 2013 y 2024, la productividad media por hora trabajada en España creció menos del 0,4% anual, por debajo del 0,8% registrado de media en la eurozona y lejos del 1,4% de Estados Unidos. A esta situación se suma el relevo generacional. Entre 2026 y 2028 comenzará a jubilarse una de las generaciones más numerosas de España, nacida entre finales de los años cincuenta y la década de 1960. Marsh advierte de que el país perderá dos millones de personas en edad de trabajar hasta 2040, cuando habrá dos ocupados por cada pensionista. La reducción de la oferta de profesionales cualificados a un ritmo superior al de la demanda de puestos vacantes encarecerá la contratación de determinados perfiles. Esta situación tendrá consecuencias desiguales según la profesión. Ante un déficit del 73% de especialistas en inteligencia artificial y ciencia de datos, y las dificultades de más del 60% de las empresas para contratar personal en los ámbitos financiero y tecnológico, según Michael Page, los profesionales más cotizados podrán negociar primas salariales superiores al 50% y revisiones individuales de entre el 5% y el 7%. Estos incrementos, reservados al talento considerado estratégico, quedarán al margen de las subidas generales pactadas en convenio. La eventual reducción de la jornada laboral será otro elemento determinante en las políticas salariales. Pasar de 40 a 37,5 horas semanales sin modificar la retribución mensual o anual supone trabajar un 6,25% menos de tiempo por el mismo salario. En las empresas donde la actividad se organiza por objetivos, el impacto directo sobre los costes puede ser limitado, ya que las compañías pueden adaptarse mediante una reorganización de tareas, la eliminación de tiempos improductivos o la incorporación de herramientas digitales. Michael Page recuerda que el 65% de los trabajadores ya utiliza inteligencia artificial generativa. La situación es distinta en las actividades que requieren turnos, presencia continuada o cobertura permanente. En estos casos, reducir 2,5 horas semanales por empleado puede obligar a recurrir a horas extraordinarias o incorporar nuevos trabajadores para cubrir los horarios, con el consiguiente aumento de los costes laborales. Es previsible que las organizaciones empresariales y las direcciones de recursos humanos utilicen este encarecimiento del coste por hora como argumento en las negociaciones con los sindicatos. De este modo, la reducción de jornada podría limitar el margen para aprobar nuevas subidas salariales. Las empresas que deban asumir mayores gastos de cobertura podrían moderar los incrementos fijos pactados en convenio, situándolos entre el 2% y el 2,5%, y compensarlos mediante fórmulas de retribución flexible o beneficios en especie. Las previsiones de las consultoras sitúan, una vez más, los incrementos salariales en España en una horquilla general de entre el 3% y el 3,5%. Esta tendencia confirma una etapa de estabilización, en la que pierden peso las subidas generalizadas y sigue pesando el deterioro acumulado del poder adquisitivo. Jorge Estefanía, responsable de la solución de retribuciones de Korn Ferry España, calcula que el aumento medio será del 3,2%, aunque considera que esta mejora no bastará para compensar por sí sola la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los años de inflación elevada. En términos similares se expresa Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de Aon, que sitúa el incremento mediano en el 3,5% y destaca que las empresas ya no aplican subidas generalizadas con el objetivo de cubrir íntegramente el aumento del coste de la vida. Por su parte, Belén Martínez, directora de información de mercado de Marsh Workforce & Rewards, estima un incremento del 3,3% y advierte de que en 2026 se consolidó una nueva pérdida de capacidad de compra debido al persistente encarecimiento de los precios. Guillermo Rademakers, sénior mánager de Peoplematters, eleva ligeramente la previsión hasta el 3,75%, impulsada por las presiones inflacionistas y el efecto de las subidas del salario mínimo interprofesional entre los trabajadores sujetos a convenio. Ana Arnau, directora de Rewards & Data Intelligence de WTW España, mantiene una estimación central del 3%, que supondría recuperar solo una parte del poder adquisitivo perdido. La directiva advierte de que la diferencia acumulada entre la evolución de los salarios y la inflación supera los siete puntos porcentuales. Si en 2027 los precios aumentan en línea con las previsiones actuales, en torno al 2,5%, y los salarios crecen un 3%, se produciría una mejora, aunque insuficiente para cerrar la brecha de los últimos años. Entre 2021 y 2027, teniendo en cuenta los datos reales hasta septiembre de 2026 y las estimaciones para el periodo posterior, las retribuciones habrían aumentado un 25,6%, frente al 32,9% de la inflación, lo que arrojaría una diferencia acumulada de 7,3 puntos. Estefanía añade que, entre 2022 y 2026, los salarios fijos acumularon incrementos nominales de entre el 11% y el 14%, dependiendo del nivel profesional, mientras que la inflación se aproximó al 24%. En consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo real de los trabajadores en su salario fijo se situaría entre el 9,5% y el 12,5%.

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(Expansión, 09-11-2026) | Laboral

La subida del salario mínimo a 1.286 euros para 2027 costará 3.000 millones a las empresas

El salario mínimo interprofesional (SMI) aumentará un 5,3% en 2027, por encima de la inflación prevista, lo que supondrá una subida de 65 euros al mes. La medida afectará a unos 2,5 millones de trabajadores y superará la recomendación del 4,9% formulada por el comité de expertos. El Gobierno plantea la tercera mayor subida del salario mínimo de los últimos ocho años a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el proyecto de real decreto publicado por el Ministerio de Trabajo para someterlo a audiencia pública, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz prevé elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. El incremento representa 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, por lo que el salario mínimo alcanzaría los 18.004 euros anuales. Si la propuesta sale adelante, el SMI habrá acumulado desde 2018 un crecimiento del 74,8%, equivalente a 550 euros mensuales. La cuantía actual prácticamente duplica la de hace una década, cuando en 2017 se situaba en 707,6 euros al mes, y también duplica la registrada en 2015, de 648,6 euros. El incremento previsto será el tercero más elevado aplicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por detrás del 8% aprobado en 2023, en un contexto marcado por el impacto inflacionista de la guerra de Ucrania, y del 22,3% de 2019, cuando el salario mínimo pasó de 735,9 a 900 euros mensuales. La revalorización beneficiará a unos 2,5 millones de asalariados, pero también supondrá un nuevo aumento de los costes laborales para las empresas. Según las estimaciones de la CEOE, cada punto porcentual de subida del SMI representa un coste de 575 millones de euros para los empleadores. Aplicando este cálculo al incremento del 5,3% planteado por el Gobierno, el desembolso empresarial ascendería a unos 3.045 millones de euros. Este aumento se sumará a otros costes asociados a las cotizaciones sociales. Entre ellos figura la nueva subida del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), cuya aportación alcanzará el 1% en 2027, del que las empresas asumirán 0,83 puntos. También aumentarán las bases máximas de cotización, en función de la inflación media de 2026 más 1,2 puntos porcentuales, y se elevará la cuota de solidaridad que grava los salarios superiores a la base máxima, con tipos de entre el 1,38% y el 1,75%, según el tramo de ingresos. La publicación del proyecto normativo para audiencia pública refleja la intención de Trabajo de aprobar la subida antes de las elecciones generales. En ejercicios anteriores, la actualización del SMI se ha formalizado habitualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros durante el mes de febrero, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En esta ocasión, el objetivo es que la norma aparezca en el Boletín Oficial del Estado aproximadamente un mes antes de su entrada en vigor. Al tratarse de un real decreto sin rango de ley, no necesita pasar por la Diputación Permanente del Congreso. La rapidez con la que se ha tramitado la propuesta también ha suscitado críticas por parte de la patronal. Yolanda Díaz se reunió el miércoles con los agentes sociales para presentar las conclusiones del comité de expertos y, pocas horas después, publicó la propuesta definitiva para someterla a consulta pública. La CEOE denuncia que en ese encuentro no se comunicó la cifra del 5,3%. Según la organización empresarial, la reunión se centró en el informe elaborado en apenas tres semanas por el grupo de expertos, que aconsejaba una subida del 4,9% para 2027, hasta los 1.281 euros mensuales. De este modo, el incremento planteado por el Gobierno supera en cuatro décimas la recomendación de los expertos del Ministerio de Trabajo. Además, se sitúa por encima de los registros recientes de inflación, impulsados por el encarecimiento de los combustibles. El IPC alcanzó el 4,9% en septiembre y octubre, mientras que la inflación media acumulada hasta finales de octubre se situó en el 3,5%.

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(El Economista, 09-11-2026) | Laboral

La banca española recorta más de 1.100 oficinas y más de 13.400 empleos en un año

Los ajustes de plantilla han cobrado protagonismo durante la actual temporada de presentación de resultados del sector bancario, especialmente entre las entidades extranjeras. El caso más destacado es el de Barclays, que ha anunciado la eliminación de 5.000 puestos de trabajo, equivalentes al 5% de su plantilla. A esta iniciativa se han sumado otros bancos europeos, como ING, NatWest y DNB, que también han comunicado planes de reducción de personal. La banca española tampoco ha quedado al margen de esta tendencia en sus negocios internacionales, aunque los ajustes han sido menos ambiciosos. En los últimos doce meses, las seis principales entidades financieras han reducido sus plantillas en 13.400 trabajadores y han clausurado 1.180 sucursales. Estas cifras no incluyen el efecto de las operaciones corporativas de Banco Santander. La adquisición de Webster Financial en Estados Unidos incorporó alrededor de 4.500 empleados, mientras que la compra de TSB durante el primer trimestre de 2026 supuso la incorporación de otros 4.700 trabajadores. Si se tiene en cuenta la integración de Webster, los bancos del Ibex 35 han reducido sus plantillas en 8.900 personas durante el último año y en cerca de 3.300 durante el trimestre más reciente. Santander figura entre las entidades que están acometiendo un mayor ajuste de su estructura internacional. Este proceso se enmarca en su estrategia One Transformation, orientada a simplificar la organización, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia. Sin considerar el efecto de las adquisiciones, la reducción real de personal del banco durante el último año se sitúa en 4.495 trabajadores. La entidad se ha fijado como objetivo alcanzar una ratio de eficiencia del 36%, frente al 42,6% actual. Para avanzar hacia esa meta, este verano alcanzó un acuerdo con los sindicatos para poner en marcha un programa de prejubilaciones. Asimismo, ha iniciado conversaciones con los representantes de los trabajadores para negociar un expediente de regulación de empleo (ERE) en sus filiales tecnológicas Gravity y Santander Digital Services (SDS), que reúnen aproximadamente a 6.000 empleados. La negociación de este ajuste se ha pospuesto hasta diciembre, una vez celebradas las elecciones y la huelga general, con la intención de evitar que circunstancias externas condicionen el proceso. Paralelamente, Santander está ampliando su red de agentes financieros. Si al cierre de 2025 contaba con 1.022 oficinas de este tipo, en septiembre la cifra se había elevado hasta aproximadamente 1.142. Entre las entidades españolas, Sabadell es la única, además de Santander, que ha registrado una reducción significativa de plantilla durante el periodo analizado. La entidad ha perdido 5.148 trabajadores como consecuencia de la venta de su filial. Si se excluye el efecto de esta operación, el descenso se limita a unos 450 empleados. El banco catalán también ha llevado a cabo este año un programa de prejubilaciones dirigido a trabajadores mayores de 58 años, que ha registrado alrededor de 400 adhesiones. Esta iniciativa se recuperó en 2026 después de quedar suspendida durante el proceso de oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA. La evolución del empleo ha sido más favorable en el resto de las entidades, donde las plantillas se han mantenido relativamente estables o han aumentado como consecuencia del crecimiento de la actividad. CaixaBank ha incorporado cerca de 600 trabajadores y BBVA alrededor de 200, mientras que Bankinter apenas ha experimentado variaciones. Unicaja, por su parte, ha reducido su plantilla en aproximadamente un centenar de empleados. En la evolución del último trimestre, prácticamente todos los bancos, salvo Sabadell, han registrado incrementos de personal, aunque de escasa magnitud. La entidad catalana ha perdido cerca de un centenar de trabajadores. Santander destaca con 872 incorporaciones, aunque esta cifra incluye a los empleados de Webster, cuya integración se ha completado durante el verano. En cuanto a la red comercial, el ajuste ha sido especialmente intenso. Las grandes entidades financieras han reducido un 10,8% sus sucursales en términos interanuales, lo que equivale a unas 990 oficinas menos si se incluye la adquisición de Webster. Sin contabilizar esta operación, el cierre alcanza las 1.184 sucursales. Santander vuelve a situarse entre los bancos que más han contribuido a este ajuste, con 481 oficinas clausuradas durante el último año. En el trimestre más reciente ha registrado un incremento neto de 52 sucursales, aunque este resultado incorpora las 190 oficinas procedentes de Webster. La estrategia de la entidad pasa por reorganizar su red, concentrando la actividad en establecimientos de mayor tamaño, como los Work Café, que permiten atender las necesidades de varias oficinas tradicionales. La tendencia de reducción de sucursales también se observa en el resto del sector. No obstante, buena parte del ajuste ya se había ejecutado en los trimestres anteriores, por lo que durante el último periodo apenas se ha cerrado un 0,23% de la red total. CaixaBank y Bankinter han mantenido prácticamente estable su número de oficinas, mientras que BBVA ha intensificado los cierres, con 140 sucursales menos. Unicaja ha protagonizado la reestructuración más profunda en términos relativos, al clausurar el 10,79% de su red. En el caso de la entidad andaluza, esta reorganización ya estaba prevista en su Plan Estratégico 2025-2027. La hoja de ruta contempla principalmente agrupar oficinas próximas entre sí para mejorar la eficiencia, en lugar de limitarse a cerrar establecimientos. También incluye la conversión de algunas sucursales en agencias financieras. Todos estos movimientos se producen en un escenario de profunda transformación del negocio bancario, marcado por la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, las entidades financieras españolas no consideran, por el momento, que estas tecnologías vayan a provocar una reducción generalizada del empleo. Las principales compañías del sector atribuyen esta posición al crecimiento de su actividad, que está compensando las ganancias de productividad derivadas de los avances tecnológicos. De hecho, durante los nueve primeros meses del año, los seis grandes bancos han aumentado sus beneficios un 15,09%, hasta alcanzar los 29.253 millones de euros. Los máximos responsables de las entidades han coincidido en descartar que la inteligencia artificial vaya a traducirse necesariamente en menos puestos de trabajo. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha defendido que la IA y la tecnología no tienen por qué destruir empleo. En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, con el crecimiento actual de la actividad bancaria, no tendría sentido reducir las plantillas. Por su parte, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha explicado que la inteligencia artificial permite aumentar la productividad con los equipos actuales y que hacer más eficiente el trabajo no implica necesariamente prescindir de empleados. El banco prevé obtener ahorros de 194 millones de euros gracias a esta tecnología, aunque los atribuye fundamentalmente a la optimización de procesos y no a una reducción de personal.

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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Trabajo fuerza una revisión extraordinaria del SMI para elevarlo a 18.000 euros al año en 2027

El Ministerio de Trabajo puso en marcha este miércoles el procedimiento para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las próximas elecciones generales, con la publicación del proyecto de real decreto para someterlo a audiencia pública. Sin embargo, la propuesta del departamento se aparta de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, que había presentado su informe anual apenas dos días antes. Según recoge la memoria económica del proyecto, Trabajo ha elevado en cuatro décimas el incremento aconsejado, pasando del 4,9% al 5,3%, con el objetivo de compensar nuevamente la subida de los precios. De aprobarse la medida, el SMI alcanzaría los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondría unos ingresos anuales de 18.000 euros. La memoria justifica esta decisión tomando como referencia la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (CAASMI), que recomendó actualizar el SMI conforme al indicador adelantado del IPC interanual de octubre de 2026, situado en el 4,9%. A esa subida, el Ministerio añade otros 0,4 puntos porcentuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante 2026. Según sus cálculos, la inflación media entre enero y octubre fue del 3,5%, mientras que el incremento aplicado al salario mínimo en enero se limitó al 3,1%. Con este ajuste adicional, Trabajo atiende la petición de revisión extraordinaria que venían planteando los sindicatos, especialmente UGT, ante el repunte de los precios asociado al conflicto bélico en Irán. El departamento sostiene que la corrección se ajusta al artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la posibilidad de revisar el SMI cuando las previsiones sobre la evolución de los precios no se cumplen. De este modo, la propuesta incorpora tanto la variación interanual del IPC en octubre, del 4,9%, como la diferencia entre la inflación media acumulada y la subida salarial aplicada durante el ejercicio. La decisión supone que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa por primera vez una actualización del salario mínimo sin contar previamente con el acuerdo de los agentes sociales. Además, el Ministerio ha optado por combinar en una misma revisión la actualización ordinaria del SMI y la compensación por la pérdida de poder adquisitivo. El informe de los expertos planteaba que una subida del 2,7% habría sido suficiente para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, de acuerdo con el objetivo recomendado por la Carta Social Europea. No obstante, el grupo elevó su propuesta al 4,9% para evitar que los perceptores del SMI perdieran capacidad de compra. También contempló un incremento del 11% en el supuesto de que el Gobierno decidiera que estos trabajadores debían empezar a tributar por el IRPF, una posibilidad que, por el momento, parece descartada. Estas cifras no constituían una horquilla de posibles aumentos, sino recomendaciones concretas elaboradas a partir de las estadísticas salariales, que el Ministerio ha decidido no seguir íntegramente. El Gobierno prevé aprobar la subida antes de las elecciones generales. Para ello, el Consejo de Ministros dispone de tres reuniones antes de que el Ejecutivo entre en funciones. No obstante, Trabajo ha abierto un plazo de audiencia pública hasta el próximo 16 de noviembre para que las partes interesadas puedan presentar sus observaciones al borrador. Las organizaciones empresariales y sindicales no habían podido pronunciarse previamente sobre esta propuesta en la mesa de diálogo social, ya que el Ministerio no les comunicó su intención durante la reunión celebrada este miércoles, una circunstancia que ha sido criticada por la CEOE. El calendario apunta a que la aprobación podría producirse durante la campaña electoral. Las primeras fechas disponibles para llevar la medida al Consejo de Ministros serían el 17 de noviembre o, en su defecto, el día 24. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado la iniciativa y han reclamado que la decisión no se adopte con criterios electoralistas, sino que quede en manos del próximo Gobierno, independientemente de su orientación política. Por su parte, CCOO y UGT han valorado favorablemente el porcentaje planteado, al superar ampliamente el incremento necesario para alcanzar el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, una meta que la comisión de expertos considera cumplida desde 2023. No obstante, los sindicatos también han reclamado que la subida vaya acompañada de un decreto que impida a las empresas absorber o eliminar los complementos salariales que perciben los trabajadores para compensar el coste que supone el aumento del salario mínimo. Esta reforma, destinada a evitar que los pluses puedan computarse para alcanzar la cuantía del SMI, ha sido aplazada por el Gobierno hasta 2027.

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(El Economista, 06-11-2026) | Laboral

Fedea avisa de que el "cheque en blanco" de las pensiones acelera el deterioro de las infraestructuras

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta en un informe publicado este jueves de que la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 está generando una presión creciente sobre las cuentas públicas. Según sus conclusiones, el sistema funciona como un «cheque en blanco» que absorbe recursos que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias, entre ellas la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro atribuye, en parte, a la falta de financiación. Los autores del estudio, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez Martín, cuestionan la estrategia del Gobierno de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias procedentes del presupuesto del Estado. A su juicio, este mecanismo ofrece una imagen contable que no refleja el verdadero desequilibrio del sistema. De hecho, calculan que el déficit básico de la Seguridad Social Ampliada (SSA), antes de contabilizar esas aportaciones estatales, se situó en 2025 cerca de los 64.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del PIB. Las previsiones de Fedea también difieren de las estimaciones del Ejecutivo sobre la evolución del gasto en pensiones a largo plazo. Mientras el Gobierno calcula que el incremento del gasto neto será inferior a un punto del PIB hasta 2050, los modelos macroeconómicos de la fundación apuntan a que el déficit básico del sistema contributivo podría aumentar otros 2,3 puntos porcentuales. Esto obligaría al Estado a aportar recursos equivalentes a más de seis puntos del PIB anuales a mediados de siglo para garantizar la sostenibilidad del sistema. El informe advierte de que estas transferencias absorben una parte cada vez mayor de los ingresos públicos y reducen el margen presupuestario disponible para otras políticas. Según sus cálculos, los recursos destinados a financiar las pensiones ya representan más de un tercio de la recaudación tributaria total del Estado. Esta situación, sostienen los economistas, compromete la capacidad de las administraciones para financiar inversiones productivas y atender otras necesidades de los servicios públicos. Los autores relacionan este desequilibrio con la elevada generosidad del sistema español. La primera pensión equivale aproximadamente al 77% del último salario percibido por el trabajador, frente a una media del 45% en la Unión Europea. A su entender, mantener este nivel de prestaciones sin introducir ajustes puede obligar a reducir otras partidas presupuestarias, como las destinadas a conservar y renovar las infraestructuras públicas. En este sentido, De la Fuente, García Díaz y Sánchez Martín consideran que la reforma acordada por los principales partidos políticos entraña riesgos importantes porque no establece límites claros al coste futuro de las pensiones. En su opinión, garantizar su financiación mediante aportaciones crecientes del Estado puede terminar dejando sin recursos suficientes a otras áreas también esenciales del Estado del bienestar. Como ejemplo, señalan el deterioro de las infraestructuras por la insuficiencia de las inversiones en mantenimiento, una situación que, advierten, puede tener consecuencias especialmente graves. Para corregir esta evolución, los economistas plantean una revisión de la política de pensiones que permita hacer más transparente su coste y reforzar su sostenibilidad financiera. Entre sus propuestas figura sustituir el actual Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un recargo proporcional sobre la parte estatal del IRPF. De esta manera, consideran que los contribuyentes podrían identificar con mayor claridad el esfuerzo fiscal destinado a financiar el sistema. El estudio también propone ampliar el periodo utilizado para calcular la pensión hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador y diseñar una transición gradual, a lo largo de varias décadas, hacia un modelo de cuentas nocionales individuales. Este sistema vincularía de forma más directa las prestaciones a las cotizaciones realizadas durante la trayectoria profesional, con el objetivo de favorecer el equilibrio actuarial y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El paro sube en 43.128 personas en octubre y la Seguridad Social gana 186.612 afiliados

El paro registrado aumentó en octubre en 43.128 personas, un 1,81% más que en septiembre, y elevó el número total de desempleados inscritos en las oficinas de empleo hasta los 2.422.633. Este incremento devuelve el desempleo por encima de los 2,4 millones de personas, una cifra que se había logrado rebajar hace seis meses. El repunte se explica principalmente por el sector servicios, que concentró cerca de 27.000 nuevos parados como consecuencia del final de la temporada turística de verano. Al mismo tiempo, la Seguridad Social incorporó 186.612 afiliados, un 0,83% más, y alcanzó un nuevo máximo histórico de 22.624.165 ocupados. Pese al incremento mensual, el volumen de desempleados se mantiene en su nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre del año pasado, el paro ha descendido en 21.133 personas. No obstante, la subida registrada en el último mes es la más elevada para un octubre desde 2020, cuando se contabilizaron 49.558 desempleados más. Desde 1996, el paro únicamente ha disminuido en este mes en dos ocasiones, en 2021 y 2022, mientras que ha aumentado en los otros 29 ejercicios. En octubre de 2025, el incremento fue de 22.101 personas. El desempleo aumentó en las 17 comunidades autónomas. Los mayores repuntes correspondieron a Cataluña, con 8.174 parados más; la Comunidad Valenciana, con 6.716, y Castilla y León, con 4.404. Por actividades económicas, los servicios registraron el mayor incremento, con 26.853 desempleados adicionales (1,58%). También aumentó el paro en la industria, con 1.911 personas (1,06%), y en la agricultura, con 1.547 (2,21%). La construcción apenas experimentó variaciones, al sumar 102 desempleados (0,06%). Por su parte, el colectivo de personas sin empleo anterior incorporó 12.715 nuevos inscritos, un 4,87% más. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas respecto a septiembre, un 8,37%, hasta alcanzar los 204.973 jóvenes. En el mercado laboral, la afiliación media a la Seguridad Social avanzó en 186.612 cotizantes durante octubre, lo que supone un crecimiento mensual del 0,83% y sitúa el total en 22.624.165 trabajadores, un nuevo récord. Este comportamiento responde principalmente al impulso de la educación, coincidiendo con el desarrollo completo del curso académico, y al aumento del empleo entre la población extranjera, relacionado con el proceso extraordinario de regularización. Los trabajadores extranjeros representan ya el 16,4% del conjunto de afiliados y el sistema se aproxima por primera vez a los 3,7 millones de cotizantes de otros países. Según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 490.586 afiliados extranjeros en situación de alta están vinculados al procedimiento extraordinario de regularización. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor porcentaje de trabajadores incorporados a través de este proceso, con un 27,6%, seguida de Venezuela, con un 15,7%. El Régimen General sumó 170.852 afiliados en octubre, un 0,9% más que el mes anterior, y alcanzó los 19.059.332 ocupados de media. En términos interanuales, este régimen registra 704.996 cotizantes adicionales, lo que representa un avance del 3,84%. La mayor contribución al crecimiento mensual procedió de la educación, que incorporó 165.994 trabajadores con el inicio pleno del curso escolar. A continuación se situaron la construcción, con 18.597 afiliados más, y las actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento, que añadieron 17.705 cotizantes. Por el contrario, algunas ramas de actividad experimentaron retrocesos en el empleo. La hostelería perdió 44.974 afiliados, mientras que las actividades sanitarias registraron 28.639 bajas y las administrativas, 12.324. También disminuyó la ocupación en el suministro de agua y la gestión de residuos, con 4.964 cotizantes menos; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 4.080; el comercio, con 2.955, y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con 1.071 afiliados menos. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró octubre con 3.501.598 cotizantes, después de incorporar 17.952 trabajadores por cuenta propia durante el mes. En comparación con octubre de 2025, el incremento alcanza los 79.163 autónomos. La evolución fue positiva en la mayoría de las actividades, especialmente en educación, que sumó 5.013 trabajadores; construcción, con 3.970 más, y actividades profesionales y científicas, con otros 3.222 cotizantes. Por comunidades autónomas, la afiliación media aumentó en once territorios y disminuyó en los seis restantes. Madrid encabezó los avances, con 58.128 ocupados adicionales, seguida de Andalucía, con 46.405, y la Comunidad Valenciana, con 40.873. En el lado contrario, Baleares registró el mayor descenso, con 31.610 afiliados menos, seguida de La Rioja, con 2.112, y Castilla-La Mancha, con 1.207. En cuanto a los mecanismos de regulación temporal del empleo, al cierre de octubre había 10.392 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 2.180 estaban incluidos en procedimientos por fuerza mayor, 7.178 en expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) y 1.034 en el Mecanismo RED específico para el sector de la automoción. Los últimos datos disponibles sobre protección por desempleo, correspondientes a septiembre, reflejan que 1.763.649 personas percibían alguna prestación, lo que supone una tasa de cobertura del 80,82%, la más elevada para ese mes desde que existen registros. La cuantía media mensual por beneficiario se situó en 1.233,9 euros, 13,6 euros más que en septiembre de 2025, equivalente a un incremento interanual del 1,1%. Por último, durante octubre se formalizaron 1.491.069 contratos, un 1,3% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior. De ese total, 645.173 fueron indefinidos, el 43,27% del conjunto, con un aumento interanual del 0,3%. Dentro de esta modalidad se contabilizaron 257.400 contratos a jornada completa, un 1,4% más; 178.962 a tiempo parcial, con un crecimiento del 6,2%, y 208.811 fijos discontinuos, un 2,2% menos. Los contratos temporales ascendieron a 845.896, lo que representa el 56,73% de la contratación registrada en octubre.

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(Expansión, 05-11-2026) | Laboral

El Supremo refuerza la exención de cotización en el pago de las dietas

El Tribunal Supremo ha extendido a todas las empresas, independientemente del sector en el que desarrollen su actividad, el criterio que permite excluir de la base de cotización a la Seguridad Social las dietas por manutención sin necesidad de presentar facturas o justificantes de los gastos. Para ello, es necesario acreditar que se ha producido un desplazamiento por motivos laborales y que las cantidades abonadas no superan los límites establecidos por la normativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido esta doctrina al estimar el recurso de casación interpuesto por Auren Legal, bajo la dirección del socio Alberto Gilarranz y con la participación de Noelia Ayala y Juan Chozas, ambos of counsels de la firma. La sentencia deja sin efecto las liquidaciones exigidas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como las resoluciones administrativas y los pronunciamientos judiciales anteriores que las habían ratificado. Asimismo, ordena devolver a la empresa los importes satisfechos, junto con los intereses de demora correspondientes. La importancia de este pronunciamiento radica en que extiende a una compañía dedicada a instalaciones y mantenimiento una interpretación que hasta ahora se había aplicado a empresas del sector del transporte. El Supremo se apoya en resoluciones anteriores en las que ya había establecido que no era necesario presentar justificantes individuales de los gastos de manutención cuando las dietas se encontraban dentro de los límites legales. El tribunal precisa que la aplicación de este criterio no está vinculada a la actividad económica de la empresa. Basta con demostrar que el trabajador ha realizado un desplazamiento por razones laborales, sin que sea obligatorio acreditar documentalmente cada gasto concreto de manutención, siempre que las cantidades percibidas respeten los máximos fijados en el reglamento del IRPF. La resolución también señala que el derecho a recibir estas compensaciones no está condicionado por el tipo de contrato del trabajador, sino por la existencia de un desplazamiento temporal efectivo que implique gastos adicionales. Aunque el fallo aborda específicamente las dietas de manutención, los argumentos utilizados por el Supremo podrían tener consecuencias en la interpretación de otros conceptos asociados a los desplazamientos profesionales, como los gastos de alojamiento y estancia. En este sentido, Gilarranz considera que el alcance de la sentencia podría ir incluso más allá de lo establecido expresamente en ella.

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(El País, 05-11-2026) | Laboral

Los expertos de Trabajo expresan su inquietud porque las subidas del salario mínimo no impulsen más el resto de sueldos

El grupo de expertos, integrado por académicos, representantes sindicales y miembros del Gobierno y encargado de analizar cada año la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), ya ha remitido sus conclusiones al Ministerio de Trabajo. El informe propone incrementar esta retribución un 4,9% en 2027, en línea con la evolución de los precios. Sin embargo, el documento, de 45 páginas, aborda también otras cuestiones relacionadas con los efectos de las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre el conjunto de las retribuciones, especialmente la limitada repercusión que están teniendo en los salarios situados por encima de ese umbral. El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales para presentarles el contenido del informe y conocer sus valoraciones. Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro se ha celebrado antes de hacer públicas las conclusiones de los especialistas, a diferencia de lo ocurrido en ejercicios anteriores. La decisión responde, entre otros motivos, a la necesidad de agilizar el proceso ante el reciente repunte de la inflación y el encarecimiento de los precios. Una de las principales advertencias del informe se refiere a la escasa capacidad de las subidas del SMI para trasladarse al resto de la estructura salarial. Los expertos alertan del riesgo de que trabajadores con experiencia o una cualificación media terminen percibiendo únicamente el salario mínimo, mientras que las categorías salariales inferiores de numerosos convenios colectivos quedan superadas por el mínimo legal. Este fenómeno, conocido como bunching, refleja una concentración creciente de trabajadores en una franja retributiva muy próxima al SMI, como consecuencia de los fuertes incrementos acumulados desde 2019. Los especialistas consideran que el salario mínimo debería funcionar principalmente como referencia para los trabajadores sin cualificación o experiencia, por lo que muestran su preocupación ante la posibilidad de que empleados con mayor formación o trayectoria profesional permanezcan dentro de esa misma banda salarial. Se trata de una advertencia que ya figuraba en el informe elaborado para la revisión correspondiente a 2026 y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten trasladar los incrementos salariales a los distintos niveles profesionales. El documento recoge investigaciones que han analizado los efectos de las subidas del SMI aprobadas en 2017 y 2019, esta última especialmente significativa por su incremento del 21,5% en términos reales. Los resultados muestran que las mejoras retributivas no beneficiaron exclusivamente a quienes percibían directamente el salario mínimo, sino que también alcanzaron a trabajadores situados en otros tramos de la distribución salarial, incluso por encima de la mediana. No obstante, el efecto fue perdiendo intensidad a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Los expertos atribuyen parte de este efecto de arrastre a la negociación colectiva, ya que los convenios afectados por las subidas del SMI tienden a revisar sus tablas salariales y, con ello, pueden generar incrementos en categorías superiores. Sin embargo, consideran que esta transmisión sigue siendo limitada y plantean la necesidad de analizar por qué las mejoras del salario mínimo no se extienden con mayor intensidad al conjunto de las retribuciones. Otra de las preocupaciones recogidas en el informe es que los incrementos del SMI hayan dejado obsoletos numerosos salarios mínimos establecidos en los convenios colectivos, al quedar por debajo del umbral legal. Esta evolución está provocando diferencias cada vez mayores entre los trabajadores con menores ingresos y el resto de los asalariados, cuyos sueldos dependen en mayor medida de la negociación colectiva. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan esta tendencia: entre 2021 y 2024, el salario medio del 10% de los trabajadores con menores remuneraciones aumentó un 25,4%, frente al 14,9% de incremento registrado en el conjunto de los asalariados. En los tramos superiores, las subidas fueron más moderadas y oscilaron entre el 13,5% y el 12,9%. Ante esta situación, los especialistas insisten en que el SMI no puede convertirse en el único instrumento para mejorar las condiciones laborales y salariales. Consideran necesario reforzar otras vías, especialmente el diálogo social, la negociación colectiva y la formación, para conseguir que las mejoras retributivas alcancen también a los trabajadores con mayor experiencia y cualificación. Esta recomendación llega en un momento en el que sindicatos y patronales no cuentan con un acuerdo estatal para orientar la negociación colectiva, como el que estuvo vigente entre 2023 y 2025. La ausencia de un pacto de estas características es uno de los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales para convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Además, los salarios pactados en convenio, que crecen un 3,1%, mantienen un ritmo inferior a la inflación interanual, situada en el 4,6%, aunque la media anual se encuentra en torno al 3,2%. Pese a estas advertencias, el informe también destaca los efectos favorables que han tenido las sucesivas revisiones del salario mínimo sobre la distribución de la renta. Los expertos consideran que los incrementos aplicados en España han contribuido a reducir la desigualdad salarial y a mejorar la situación económica relativa de los hogares con menores ingresos. Asimismo, señalan que la evolución positiva del empleo durante los últimos años demuestra que las subidas del SMI no han impedido la creación de puestos de trabajo, en línea con las conclusiones de diferentes investigaciones. Por último, los especialistas entienden que las perspectivas económicas permiten mantener la senda de incrementos del salario mínimo. Aunque prevén que el crecimiento de la economía española será menos intenso que en ejercicios anteriores y reconocen la elevada incertidumbre internacional, consideran que las previsiones de expansión económica siguen siendo compatibles con una nueva actualización al alza del SMI en 2027.

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