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(El Economista, 05-12-2025) | Laboral

La población activa se acerca a los 25 millones y la tasa de paro se sitúa en torno al 10,5%, la menor de la serie histórica desde 2008

A esto se suma una población extranjera que continúa creciendo y que asegura el relevo generacional, además de sostener la actividad de numerosos sectores productivos donde también trabajan ciudadanos nacionales. No obstante, estos datos tienen matices importantes. Así lo ha señalado Carlos de la Torre, socio laboral de Andersen y vicepresidente de ADiReLab, durante la conferencia inaugural de la jornada RRHH: La hoja de ruta del empleo de calidad, organizada por elEconomista.es. "Hay cifras que merece la pena analizar con detalle. Estamos observando una rotación y una inestabilidad muy elevadas en los contratos, así como un aumento significativo de los fijos discontinuos, que según algunas estimaciones podrían alcanzar el millón, y que además no se contabilizan como desempleo registrado", ha explicado De la Torre. En este contexto, el especialista ha expuesto los diez desafíos que, a su juicio, enfrenta actualmente el mercado laboral: el nuevo reglamento de extranjería, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos, el registro digital de jornada, la normativa sobre despido, el impacto laboral de la ley de industria, el edadismo, la salud laboral y el absentismo, la conciliación, la negociación colectiva y la eficiencia procesal. Para el socio laboral de Andersen, uno de los retos fundamentales depende de las decisiones que adopten el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. "Parece existir una intención implícita de abandonar la negociación colectiva y recurrir a decretos para legislar. Creo que eso sería un paso atrás y nos conduciría a un mercado laboral peor", ha advertido. Según De la Torre, imponer normas sin acordarlas con los agentes sociales generará desconfianza en las empresas, los inversores y los accionistas, debilitando la credibilidad del sistema. Otro aspecto delicado es el registro horario, que puede acarrear sanciones de hasta 7.500 euros para las compañías que no cumplan. "El Congreso rechazó la reducción de jornada, pero ha aprobado el reglamento del registro horario. Esto supone una intromisión en la libertad empresarial y añade rigidez innecesaria", ha criticado. También ha destacado el papel creciente de la inteligencia artificial, que está transformando los modelos de negocio y los planes estratégicos, así como los propios puestos de trabajo. "Será necesario formar a los trabajadores para que aprovechen la IA y mejoren su productividad. Además, la IA ofrece grandes oportunidades en los procesos de Recursos Humanos", ha apuntado. Sin embargo, ha recordado que su uso en este ámbito está sometido a una estricta regulación europea, dado que se considera de alto riesgo. Está prohibido, por ejemplo, en sistemas biométricos. "Es imprescindible cumplir con el reglamento europeo de protección de datos y con la normativa comunitaria sobre inteligencia artificial. Esa 'caja negra' que hay detrás de la IA debe comunicarse tanto a la representación legal de los trabajadores como a los empleados afectados si se utiliza en selección, contratación o remuneración", ha aclarado. Otro reto importante tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza laboral. El edadismo sigue siendo un problema estructural: este grupo afronta un paro de larga duración, escasez de incentivos para su contratación, dificultades para compaginar empleo y pensión y numerosos procesos de desvinculación anticipada. "Es un asunto muy complicado. Las empresas están prescindiendo de trabajadores mediante despidos colectivos; ahora mismo, hay compañías del Ibex con media docena de ERE abiertos. Esto es legal, pero existen dos palancas que permiten evitar la discriminación por edad: la voluntad de las empresas y la negociación durante los periodos de consultas. Desde Andersen participamos en programas de prejubilaciones, pero, pese a nuestras recomendaciones y a las herramientas legales, las salidas siguen concentrándose en empleados de 50 años o más", ha advertido.

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(El Economista, 05-12-2025) | Laboral

El 56% de los trabajadores de pymes se abre a ser su propio jefe ante el auge de la IA

El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral no solo está transformando los puestos de trabajo, sino también la manera en que los empleados afrontan su propio futuro profesional. Un informe reciente de LinkedIn revela que el 56% de los trabajadores de pequeñas empresas admite que "el auge de la IA" les ha llevado a replantearse caminos profesionales que antes no contemplaban, incluido el emprendimiento. En este sentido, la automatización de tareas se percibe más como una oportunidad que como una amenaza, convirtiendo a la IA en un "gran igualador" tanto entre compañías como entre profesionales. Según el estudio, el 67% de los empleados de pymes cree que esta tecnología mejorará su día a día laboral. Un 40% ya la utiliza para actividades rutinarias -como redactar correos, sintetizar notas o buscar información- y un 27% la emplea en funciones más avanzadas, desde el diseño de estrategias hasta el análisis de datos o el manejo de agentes de IA. Además, seis de cada diez afirman estar formándose en su uso a través de programas ofrecidos por sus propios empleadores. Estos datos muestran con claridad cómo la inteligencia artificial está influyendo en los trabajadores de un ecosistema empresarial compuesto en un 98% por pymes. LinkedIn apunta, de hecho, que la IA está impulsando aún más la inclinación de los españoles hacia el emprendimiento: casi un 30% manifiesta querer trabajar por cuenta propia "en un futuro cercano", y los perfiles que incluyen el cargo de "fundador" se han duplicado desde 2022. El informe subraya que la inteligencia artificial actúa como un "gran nivelador", lo que explica su rápida implantación en pequeñas empresas. La IA permite automatizar tareas de atención al cliente, generar contenidos de marketing, agilizar procesos de selección y apoyar decisiones estratégicas mediante datos que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones. Por eso, un 73% de las pymes cree que esta tecnología permitirá a los negocios pequeños competir por encima de su tamaño real. Las competencias en alfabetización en IA -es decir, la capacidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial con fines empresariales- están en pleno crecimiento. En España, las compañías de entre 11 y 50 empleados han incrementado estas habilidades un 69% respecto al año anterior, mientras que en las empresas de 51 a 200 empleados el aumento es del 56%. No obstante, tanto pymes como emprendedores son conscientes de que la visibilidad empresarial no puede depender exclusivamente de la automatización y necesita del componente humano. Según LinkedIn, el 72% de los profesionales de ventas considera que las personas contrastan la información con fuentes en las que confían: un 65% lo hace con clientes y socios, un 56% con expertos del sector y un 52% con creadores de contenido e influencers. Otro factor clave es la creación de redes de contactos sólidas, un ámbito en el que España aún avanza más lentamente que otros países. Los profesionales de empresas de hasta 50 empleados aumentan sus conexiones en LinkedIn a un ritmo del 14%, frente al 16% registrado por los trabajadores de grandes compañías. Por ello, la recomendación de LinkedIn es contundente: "Cuanto más fuertes son las redes, mayor es el crecimiento".

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(ABC, 05-12-2025) | Laboral

Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad

Los sindicatos incluidos en la negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han llamado a los profesionales del Sistema Nacional de Salud a participar en una huelga indefinida a partir del 27 de enero, que se repetirá cada martes "el tiempo que haga falta". Así lo ha anunciado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, durante una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no muestra voluntad de alcanzar un acuerdo "equitativo, útil y favorable para todos los trabajadores sin distinciones ni privilegios entre categorías profesionales". Estos sindicatos critican que el Ministerio haya mantenido "negociaciones paralelas" con las organizaciones médicas, y reprochan a Sanidad que sea el único departamento capaz de unir a todo el ámbito sindical en un frente común que se ve obligado a convocar una huelga. "La inacción del Ministerio y la falta de respuesta están llevando a la sanidad pública a una situación límite", ha lamentado Ballell. Esta protesta se suma a los cuatro días de huelga convocados por los sindicatos médicos CESM y SMA -a los que se han añadido otros-, que reclaman un convenio específico para médicos y facultativos al margen del estatuto marco. Las organizaciones del ámbito -en el que los médicos solo están representados a través de FSES- afirman que la ministra actúa con "deslealtad" al negociar por su cuenta con CESM y SMA. Según Ballell, lejos de avanzar, el Ministerio "ha entorpecido y retrasado" el proceso, alimentando una negociación paralela con entidades ajenas al ámbito oficial e ignorando a quienes representan "al 100% del personal estatutario del SNS". A su juicio, Sanidad ha renunciado a liderar la reforma legal, mostrando "falta de firmeza dentro del Gobierno de coalición, que cuando quiere, impulsa y aprueba cualquier norma". Desde la última reunión celebrada el 6 de noviembre, tras casi tres años desde que se reabrió el proceso, los sindicatos aseguran no haber recibido información más allá de lo publicado en la prensa. "Una ley no puede tardar tanto en negociarse; la actitud del Ministerio es poco leal con el ámbito negociador", ha señalado la presidenta de Satse, Laura Villaseñor. La mesa busca mejorar las condiciones laborales de todo el personal del SNS, sanitario y no sanitario, "sin excepciones ni privilegios", pero Sanidad sigue sin aclarar aspectos clave como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas. Villaseñor reconoce que una huelga "nunca es deseable", pero afirma que "las circunstancias y la deriva de la negociación" han obligado a dar este paso. Para Lucía García, de CCOO, el estatuto marco es "un traje que se ha quedado pequeño para nuestra sanidad". "Las excusas se han agotado y la paciencia de los profesionales también. No podemos seguir posponiendo la negociación; necesitamos compromisos claros y un plan definido para aplicar medidas que son de sentido común y de justicia", ha añadido. Desde CSIF, Fernando Hontagas ha lamentado que la ciudadanía siempre acabe siendo la principal perjudicada. "Estos días vemos cómo faltan refuerzos frente a la epidemia de gripe, lo que provoca urgencias saturadas y cirugías aplazadas". Manuel Moreira, de CIG-Saúde, insiste en que "la sanidad pública está en crisis" y que aprobar un estatuto que dignifique las condiciones laborales del personal es esencial para ofrecer a la población la atención que merece.

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(El País, 03-12-2025) | Laboral

España pierde 14.000 empleos en noviembre, la mitad que el año pasado, y el paro baja en 19.000 personas

El mercado laboral español suele mostrar debilidad en noviembre, cuando ya ha terminado la temporada turística y aún no arranca la campaña navideña. Este año ha seguido el mismo patrón, con la pérdida de más de 14.000 empleos. Sin embargo, hay un aspecto positivo: es un descenso menor que el del año anterior, cuando se destruyó el doble de puestos. Así, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 21,82 millones, el nivel más alto registrado en un mes de noviembre. Paralelamente, el paro registrado baja en casi 19.000 personas -algo mejor que en el mismo mes del año pasado- y se sitúa en 2,42 millones, la cifra más reducida para un noviembre desde 2007. Combinando ambas tendencias, en los últimos doce meses se han creado 523.000 empleos y el número de personas desempleadas ha descendido en 161.000. En noviembre se contabilizaron 14.359 afiliados menos que en octubre, lo que deja la media mensual en 21.825.233 trabajadores. Esto representa una caída mensual del 0,07%, más moderada que la de hace un año, cuando la afiliación retrocedió un 0,14% y se destruyeron unos 30.000 empleos. En 2023 se dio un descenso parecido al de este año: 11.600 afiliaciones menos (-0,06%). Antes de los años atípicos marcados por la pandemia -en los que noviembre incluso registró aumentos de empleo- las caídas eran más pronunciadas: en 2019 se perdieron 53.000 afiliaciones (-0,27%). Aun con un peor dato en noviembre de 2024, aquel año cerró con un comportamiento muy positivo del empleo (+496.000 puestos). Y 2025 apunta mejor todavía: los 523.000 nuevos empleos suponen un crecimiento del 2,45%, un ritmo ligeramente superior al del año previo (+2,39%). Por sectores, el comportamiento sigue siendo el habitual de noviembre: la hostelería se desploma (-119.000 afiliados, -6,2%), mientras que la educación recupera efectivos tras el parón estival (+30.700, +2,2%). La caída en bares y restaurantes es similar a la de años anteriores, coincidiendo con el descenso de actividad propio del frío. Otro sector con descensos significativos es el de los marineros, que pierde 1.700 empleos (-2,73%). El peso de la hostelería también se observa por territorios. Baleares, muy dependiente del turismo, sufre la mayor caída, con una reducción del 15% de sus afiliados en solo un mes. También retroceden Castilla y León (-0,63%) y Cantabria (-0,49%). En cambio, la afiliación avanza en Murcia (+0,88%), Madrid (+0,92%) y la Comunidad Valenciana (+1%). Mientras tanto, el sector educativo suma casi 31.000 nuevos afiliados, alcanzando 1,44 millones de trabajadores, un nivel superior al registrado en mayo. También repuntan el comercio (+21.700, impulsado por el Black Friday), la construcción (+11.000) y el sistema agrario especial (+10.000). Destaca además el buen comportamiento de actividades de mayor valor añadido, como las científicas y técnicas (+6.600) y las vinculadas a la información y comunicaciones (+6.300). Aunque estas variaciones responden en buena parte a factores estacionales, la visión anual permite identificar tendencias más estructurales. Los sectores que más empleo han generado en el último año son: sanidad y servicios sociales (+73.000), reflejo del envejecimiento poblacional; transporte y almacenamiento (+66.000), impulsado por el auge del comercio electrónico y el papel logístico de España; y la construcción (+59.000), en plena crisis de acceso a la vivienda. En términos relativos, transporte (+6%) e inmobiliarias (+5,4%) son los sectores que más crecen. Los únicos ámbitos donde el empleo disminuye son el sistema agrario especial (-18.000), el empleo doméstico (-15.000) y la minería del carbón (-46 afiliados). Según el Ministerio de Seguridad Social, "tanto la ocupación juvenil como la de mayores de 55 años han crecido un 23% desde la reforma laboral, más del doble del 10,5% que ha avanzado el conjunto del mercado laboral". La ministra Elma Saiz destaca además que "el empleo sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas y lo hace especialmente en sectores de alto valor añadido". Los datos de afiliación se publican junto con las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo, que muestran una reducción de 18.800 desempleados en noviembre (-0,77%). Es un mejor resultado que el de 2024 (-16.000; -0,62%), aunque peor que el de 2023 (-25.000; -0,89%). Antes de la pandemia era habitual que el paro aumentara en noviembre, incluso en años de expansión. Por sectores, el paro cae en los servicios (-13.000; -0,73%), la industria (-1.550; -0,82%), la agricultura (-1.330; -1,74%), la construcción (-880; -0,51%) y entre quienes buscan su primer empleo (-2.000; -0,88%). Con ello, el paro registrado alcanza su nivel más bajo en un noviembre desde 2007. En el último año, el descenso acumulado es de 161.000 personas, un 6,23% menos. Para encontrar una caída mayor hay que remontarse a 2022, en pleno rebote tras la pandemia. Trabajo destaca, además, que el paro juvenil baja en 5.476 personas -por debajo ya de los 190.000- y que se trata del nivel más bajo en un noviembre de toda la serie histórica. También subraya que el desempleo femenino continúa en mínimos desde 2007, con 1.466.095 mujeres registradas sin empleo.

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(El País, 03-12-2025) | Laboral

Díaz acelera la ley para proteger a los denunciantes de corrupción en las empresas

El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante en la elaboración de una normativa que aborda este tipo de situaciones. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sometió este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que busca garantizar la protección de los empleados de estas compañías, de modo que quienes denuncien prácticas corruptas queden a salvo de represalias y no puedan ser despedidos por ello. Los ceses motivados por estas denuncias pasarían a considerarse nulos. La iniciativa de Díaz implicaría modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental que regula las relaciones laborales en España. En esencia, en distintos apartados que ya contemplan escenarios de protección para el empleado, se añade que dicha cobertura debe extenderse a "las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción". Entre los cambios propuestos figura una reforma del artículo 4, que recoge los derechos básicos de los trabajadores. Si el proyecto prospera, el Estatuto incorporaría expresamente que el empleado no podrá ser discriminado -además de por las causas ya previstas, como estado civil, edad, origen, creencias, ideas políticas o identidad sexual- tampoco por "una revelación o comunicación de información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción". La referencia a esta ley de 2023 es constante en el texto impulsado por Trabajo. Dicha norma incorporó al ordenamiento español la directiva europea en la materia y ya obliga a las empresas, entre otras medidas, a habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ahora presentado profundizaría en estas garantías y ampliaría su alcance, dado que afectaría a todas las empresas, sin limitarse a las que cuenten con más de 50 trabajadores como ocurre en la ley vigente. La propuesta estrella del Ministerio consiste en que la extinción del contrato o el despido del trabajador sea declarado nulo cuando esté relacionado con la revelación de irregularidades internas. Esto se aplicaría también a los periodos de prueba: la ruptura del contrato en ese tiempo sería "nula" si responde a la comunicación de prácticas corruptas en la empresa. En coherencia con este enfoque, el borrador también prohíbe expresamente "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalias" como respuesta a reclamaciones internas o acciones administrativas o judiciales destinadas a exigir igualdad de trato, así como a la presentación de información relevante sobre infracciones. El preámbulo del anteproyecto subraya que es necesario "reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral", y sostiene que el sistema perdería eficacia si la única consecuencia ante un despido injustificado fuera la indemnización por improcedencia. Es decir, Trabajo entiende que esta reforma serviría para proteger realmente a quienes denuncien irregularidades y evitar que la reacción automática ante un aviso de corrupción sea la expulsión del denunciante con la indemnización máxima. Díaz ya había adelantado en octubre su intención de acelerar esta reforma. "Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el apoyo del PP, que está tan preocupado por la corrupción", afirmó en el Senado en respuesta a una pregunta del principal partido de la oposición. Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. El último intento de Trabajo por modificar el Estatuto -la reducción de la jornada semanal de 40 horas a 37,5- no salió adelante por el rechazo de PP, Vox y Junts. Aunque el grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras consultar a su militancia alegando varios "incumplimientos". Este martes, el presidente intentó acercar posiciones mediante algunas de las medidas comprometidas, pero Junts mantuvo su escepticismo.

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(El Economista, 03-12-2025) | Laboral

El Gobierno traspasa a Cataluña la convocatoria de empleo público

Tal como adelantó este martes el presidente del Gobierno en varias entrevistas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que incorpora tres de las medidas reclamadas por Junts y que aún estaban pendientes de cumplimiento: la cesión a Cataluña de la competencia para gestionar las ofertas de empleo público, la autorización para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit y el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos. Una cuarta medida, destinada a agilizar los procedimientos contra la okupación y a compensar a los propietarios ante posibles impagos, "se aprobará más adelante", según ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El Ejecutivo transferirá a la Generalitat la competencia sobre las convocatorias de Oferta de Empleo Público, tal y como se pactó en la comisión bilateral del pasado febrero, un modelo que ya ha aplicado también el País Vasco. Según explicó Óscar López, este traspaso incluye los procesos de selección de los habilitados nacionales o funcionarios de la administración local, una competencia que Cataluña ya ejerció entre 2007 y 2013. En este cuerpo -integrado por secretarios, interventores y tesoreros municipales- existe actualmente un elevado número de vacantes, alrededor del 40%, y Cataluña es la comunidad con más plazas sin cubrir. De ahí que se trate de una de las principales demandas de Junts. La segunda medida dirigida a satisfacer al partido independentista es la autorización para que comunidades autónomas y ayuntamientos empleen su superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles. Estas actuaciones pueden incluir mejoras en el suministro de agua, alumbrado público, vivienda y programas de asistencia social. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha celebrado la decisión del presidente Pedro Sánchez de aprobar este decreto que "facilita y flexibiliza" las inversiones de las corporaciones locales, recordando que se trata de una reivindicación histórica del municipalismo. "Pedro Sánchez acierta al rectificar tras escuchar a los ayuntamientos", ha afirmado la también alcaldesa de Jerez de la Frontera en un vídeo difundido por la FEMP en reacción al anuncio y a la aprobación del Real Decreto que flexibiliza las finanzas locales, una medida acordada con Junts.

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(La Vanguardia, 03-12-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros da luz verde a la subida de sueldo de los funcionarios

El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley que incorpora la subida salarial pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF para los empleados públicos. Tal y como ha explicado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma autoriza el incremento retributivo del 2,5% correspondiente a 2025 -que algunos trabajadores cobrarán con efectos retroactivos antes de final de año- y también activa ya la subida fija del 1,5% prevista para 2026. En conjunto, supone un aumento del 4% aplicado en apenas dos meses. Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron las negociaciones para que una parte del personal pudiera recibir en diciembre el pago retroactivo vinculado a 2025. Dado que las nóminas se cierran alrededor del 10 de diciembre, el Ejecutivo ha garantizado que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida correspondiente a 2025 a finales de este mes, junto con la paga extra. Además, un mes después recibirán la actualización salarial de 2026, evitando así los retrasos que ocurrieron en años anteriores. Un ejemplo: el 0,5% variable de 2024 se aprobó en julio de 2025. Según López, el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF -al que, por ahora, CCOO no se ha adherido- es extensible a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, que deberán determinar cómo aplican el pago. Esto significa que el calendario real de cobro para los casi 3,5 millones de empleados públicos variará en función de cada territorio. "Hay administraciones que harán un único abono en diciembre, como la AGE, y otras pactarán con los sindicatos la forma de pago, pero el acuerdo es vinculante para todas", ha señalado el ministro. El pacto salarial contempla un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, que podría llegar al 11,4% si se incluye el efecto de arrastre. La subida se reparte en un 2,5% para 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. En el caso de 2026, el alza será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, que se aplicará si la inflación supera ese 1,5%. Este componente variable se abonaría en 2027 para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto. El propósito de esta senda salarial hasta 2028 es evitar que los empleados públicos continúen perdiendo poder adquisitivo. Con esta fórmula, sus remuneraciones crecerán algo menos de tres puntos por encima de los precios en el periodo, aunque todavía no compensarán totalmente lo erosionado por la inflación en los últimos años. El acuerdo marco de 2022 fijaba una subida acumulada del 9,5% (9,8% con efecto de arrastre), claramente insuficiente frente al aumento del 15,3% registrado por la inflación entre 2021 y 2024. Según cálculos de UGT, sumando el salario base y los complementos de destino -sin incluir complementos específicos ni trienios-, la subida de 2025 supondrá un aumento anual de entre 767,6 euros para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el grupo E. Si se añade la subida completa prevista para 2026, en 2027 las mejoras acumuladas ascenderían a entre 2.841,7 euros y 1.233,4 euros anuales, según el grupo profesional. El acuerdo de diálogo social incorpora también otras mejoras, como el compromiso del Gobierno de revisar en 2026 los complementos de residencia e insularidad en Canarias y Baleares. Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, los sindicatos aseguran que incluye además refuerzos de plantilla -especialmente en los puestos de atención al público-, la eliminación progresiva de la tasa de reposición y una agilización de los procesos de selección y promoción interna.

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(El País, 02-12-2025) | Laboral

Fedeca ve “fraude de ley” en que el pacto salarial de los funcionarios llegue a 2028 porque excede la legislatura

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera que el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -que establece una subida del 11% entre 2025 y 2028- constituye un "fraude de ley". Así lo afirmó este lunes la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, quien sostiene que el pacto excede el periodo de la legislatura actual. "El compromiso abarca de 2025 a 2028, lo que implica un fraude de ley porque se proyecta más allá del mandato vigente", señaló también en su condición de presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Según Ercoreca, el Ejecutivo solo debería comprometerse hasta 2027, año en que finaliza la legislatura. "Plantear medidas para 2028 cuando desconocemos cuál será el escenario político nos parece un fraude de ley. Debería contar con el aval del Congreso", añadió. El último acuerdo retributivo, firmado en 2022, se extendía hasta 2024, y también sobrepasaba el límite previsto para la legislatura que, en principio, concluía a finales de 2023. Pese a esta discrepancia sobre la duración del pacto, Fedeca valora de forma "positiva" las mejoras salariales, pero mantiene una crítica de fondo: lamenta que el acuerdo no se base en la inflación real, sino en una estimación futura de la evolución de los precios. El pacto contempla un incremento total del 11% (o del 11,4% considerando el impacto en los complementos, según los cálculos sindicales). Para 2025 se aplicará una subida del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En enero de 2026, los sueldos aumentarán otro 1,5%, por lo que al comienzo del próximo año la subida acumulada alcanzará el 4% fijo. A ello se añade un 0,5% variable, condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, ese medio punto se abonará previsiblemente en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y se descontará del incremento previsto para 2027, que será del 4,5% (o del 5% si no se adelanta ese 0,5% al año anterior). En 2028 se aplicará el 2% restante. Para Ercoreca, esta subida "se diluirá" si no se calcula en función del IPC real. Es decir, Fedeca considera que los incrementos vinculados a la evolución prevista de los precios no compensarán posibles repuntes inesperados de la inflación. "Los aumentos anuales no tienen en cuenta el IPC real", criticó. Por ello, la federación propone un mecanismo similar al de la revalorización de las pensiones, basado en la inflación efectiva de cada ejercicio y no en proyecciones, como establece el acuerdo actual. "Si las subidas no siguen el ritmo del IPC, no serán reales. Implicarán pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener presente la volatilidad de los precios energéticos y el alto coste de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes", subrayó Ercoreca. También remarcó las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios cuando se trasladan a ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios inmobiliarios son más elevados. "Valoramos que haya una senda de incrementos, pero pedimos que estén vinculados a la inflación real", concluyó. Por último, Ercoreca celebró que "se acorten los plazos de resolución de las ofertas de empleo público", ya que los retrasos prolongados generan, a su juicio, "ineficiencias" en la Administración.

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(El Periódico, 02-12-2025) | Laboral

Después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Cuando una persona atraviesa un problema de salud que le impide desempeñar su trabajo con normalidad, lo más adecuado es solicitar a la Seguridad Social una incapacidad temporal. Tras la concesión de la baja médica, el trabajador puede permanecer fuera de su puesto hasta un máximo de 545 días. Una vez cumplido este periodo de 18 meses, el afectado debe optar entre tres alternativas: pedir una incapacidad permanente, aceptar el alta médica o solicitar una prórroga de su baja. Si no toma una decisión, la Seguridad Social le enviará una propuesta de incapacidad permanente. Es importante actuar con rapidez, ya que cuando se agota el plazo máximo el trabajador deja de cotizar. Eso sí, no pierde su empleo, sino que su contrato queda en situación de suspensión. ¿Qué resoluciones puede dictar la Seguridad Social? El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contempla tres posibles resultados cuando se trata de una incapacidad temporal prolongada. La primera consiste en reconocer al trabajador una incapacidad permanente. La segunda opción es la finalización de la incapacidad temporal, lo que implica el alta médica. En este caso, el trabajador recibirá una notificación por SMS y por carta, informándole de que debe reincorporarse de inmediato a su puesto, pudiendo ser despedido si no lo hace. La tercera posibilidad es la concesión de una demora en la calificación, comunicada previamente. Esta prórroga permite ampliar la baja otros seis meses, pudiendo llegar hasta un máximo de 730 días naturales (dos años). Conviene recordar que, según la Ley General de la Seguridad Social, existen dos grandes tipos de incapacidad laboral: la temporal y la permanente. Dentro de esta última, se distinguen cuatro grados, cada uno con su correspondiente prestación económica: Incapacidad Permanente Parcial: El trabajador ve disminuido su rendimiento habitual, aunque puede seguir realizando sus tareas. Recibe un pago único equivalente a 24 mensualidades de su base, con las retenciones e IRPF correspondientes. Incapacidad Permanente Total: La persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí puede trabajar en otra distinta. La prestación equivale al 55% de la base reguladora, sujeta a IRPF, y aumenta al 75% para mayores de 55 años. Incapacidad Permanente Absoluta: El trabajador no puede dedicarse a ningún tipo de actividad profesional. En este caso, percibe una pensión vitalicia por el 100% de su salario bruto, exenta de IRPF. Gran Invalidez: Además de no poder trabajar, el afectado necesita ayuda para realizar las tareas básicas de la vida diaria. La prestación consiste en una pensión del 100% de la base reguladora más un complemento que puede alcanzar el 45% del salario mínimo, también sin retención de IRPF.

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(El Economista, 02-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social denegará la incapacidad permanente a las personas que cumplen la edad de jubilación aunque pasen el tribunal médico

Las pensiones por incapacidad permanente se conceden cuando una lesión, enfermedad o dolencia impide a una persona desarrollar con normalidad su actividad diaria o su trabajo. Sin embargo, no basta con que el tribunal médico y la Seguridad Social reconozcan ese perjuicio: el solicitante debe cumplir determinados requisitos legales sin los cuales, por evidente que sea la incapacidad, no podrá acceder a la prestación. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un trabajador al que tuvieron que amputarle las dos piernas debido al agravamiento de una enfermedad común. A pesar de que su situación era compatible con el grado de gran invalidez -y así lo había confirmado el tribunal médico-, la Seguridad Social le ha denegado la pensión porque ya reúne los requisitos para percibir una pensión de jubilación. Por tanto, debe cobrar esta última y no la de incapacidad. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica el caso en su perfil de TikTok. Según detalla, el problema surge porque el afectado supera los 67 años y, aunque seguía de baja, cumplía plenamente las condiciones para solicitar la jubilación, trámite que no había realizado aún. La denegación se basa en el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que no se podrá reconocer la incapacidad permanente derivada de enfermedad común si, en la fecha del hecho causante, la persona ya tiene la edad y los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Dicho de otro modo, si el trabajador alcanza la edad legal antes de que se resuelva su expediente, pierde el derecho a solicitar la incapacidad. "Si esperas demasiado y ya has cumplido la edad de jubilación, no puedes acceder a la incapacidad permanente y tienes que pedir la jubilación", resume el abogado. Esto puede suponer una pérdida económica para el afectado, ya que las pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez suelen ser más elevadas -entre el 100% y el 150% de la base reguladora-, mientras que la jubilación puede resultar menos beneficiosa. En el caso concreto relatado por De la Calzada, al trabajador le corresponde una jubilación de unos 1.600 euros, mientras que, de habérsele reconocido la gran invalidez, habría percibido unos 900 euros más cada mes.

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