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(El País, 23-02-2026) | Laboral

Cuerpo se propone reducir el paro por debajo del 8% para paliar la desigualdad

España ha sido históricamente uno de los países de la Unión Europea con mayores niveles de paro. La tasa llegó a rozar el 27% en 2013, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la Gran Recesión, y han sido necesarios 17 años para bajar del doble dígito. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que aún hay margen para reducirla más: en un acto sobre desigualdad celebrado este viernes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fijó como meta situarla por debajo del 8%, un nivel que no se alcanza desde 2007. A su juicio, ahora sería posible gracias a un crecimiento "más sostenible y equilibrado", sin depender del impulso artificial que en su día supuso el auge desmedido de la construcción. Durante el encuentro, titulado Desigualdad, es hora de actuar, el ministro expuso cómo, según el Ejecutivo, se está reduciendo la brecha social. Defendió que crecimiento económico y menor desigualdad van de la mano y recordó que España generó el 40% del empleo creado en la zona euro en 2024 y 2025, pese a representar solo alrededor del 10% de su economía. Además, señaló que la mitad de los nuevos puestos corresponde a sectores con salarios elevados, que el país ha logrado la tercera mayor reducción de pobreza de la UE y que la desigualdad se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas. También destacó que el porcentaje de familias con dificultades para llegar a fin de mes está en mínimos desde que hay registros (2005). En este contexto, subrayó la importancia de que por primera vez se hayan incorporado indicadores de pobreza y desigualdad al cuadro macroeconómico oficial. No obstante, Cuerpo reconoció que las sucesivas crisis recientes -pandemia e inflación- hacen que estos avances resulten insuficientes. Admitió que España aún está lejos de los objetivos deseados y mencionó dos problemas especialmente graves: el paro juvenil y el acceso a la vivienda asequible, al que calificó como el principal desafío de la legislatura. También apuntó que los indicadores tradicionales no reflejan completamente la situación actual, ya que fenómenos antes excepcionales, como guerras o pandemias, se producen ahora con mayor frecuencia, generando una sensación creciente de inseguridad económica entre los hogares. Por ello, defendió incorporar el concepto de "seguridad económica" a las políticas públicas. Entre los mecanismos que ayudan a amortiguar grandes crisis -los llamados "cisnes negros"-, destacó el papel del Consorcio de Seguros, que según sus datos ha pagado ya 4.200 millones de euros a los afectados por la dana de Valencia, cubriendo daños que no asumen las aseguradoras privadas. También mostró sensibilidad hacia las protestas del sector agrario por el acuerdo con Mercosur, afirmando que la diversificación comercial debe ir acompañada de compensaciones para los sectores perjudicados. Asimismo, consideró necesario impulsar una política industrial que beneficie a todo el territorio, incluida la llamada España vaciada. El acto contó con la participación de numerosos especialistas. Entre ellos, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien en un mensaje grabado advirtió de que desde el año 2000 el 1% más rico ha concentrado el 41% de la riqueza mundial generada, mientras que el 50% más pobre apenas ha captado un 1%. Los sociólogos Olga Salido y Raúl Flores coincidieron en que la forma más eficaz de reducir la desigualdad es invertir en la primera infancia, por ejemplo mediante ayudas universales a la crianza, ya implantadas en varios países europeos. Salido matizó la idea de que el ascensor social esté completamente averiado en España: a su juicio, funciona de manera selectiva, favoreciendo a quienes parten de posiciones económicas más ventajosas y penalizando a las clases medias y trabajadoras, además de estar condicionado por el género. Por su parte, el economista Luis Ayala advirtió de que, pese a los avances, España sigue figurando entre los países desarrollados con mayor desigualdad. Subrayó que el crecimiento por sí solo no basta para corregirla y alertó de que los jóvenes se incorporan al mercado laboral con salarios iniciales más bajos que generaciones anteriores. También señaló que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en el principal factor de estratificación social. El debate sobre si el crecimiento económico es suficiente para reducir la desigualdad estuvo presente durante toda la jornada. Para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ambas cosas no son incompatibles: crecer y proteger socialmente pueden avanzar de forma conjunta. La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, que inauguró el evento, subrayó que la desigualdad no solo tiene consecuencias económicas, sino que erosiona la cohesión social y el funcionamiento de las democracias.

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(El Confidencial, 23-02-2026) | Laboral

El Círculo de Empresarios, sobre el absentismo: "Es un atentado ético y moral" al resto de empleados

El presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha afirmado que los trabajadores que faltan al trabajo sin causa justificada cometen "una falta ética y moral" hacia sus compañeros. Durante un desayuno informativo organizado por Grupo Hotusa este viernes, Nin también subrayó el impacto que este "absentismo profesional" tiene tanto en el sistema sanitario como en la pérdida de productividad. Según el informe más reciente de la entidad, alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto cada día, lo que supone un coste anual estimado de entre 47.500 y 81.600 millones de euros. Nin lamentó que se haya deteriorado "la cultura del trabajo, el respeto al orden y a la dignidad humana", y criticó que, a su juicio, la Administración contribuya a justificar esta conducta. En la misma línea, el presidente de Hotusa, Amancio López, arremetió contra el absentismo injustificado, al considerar que se ve favorecido por "dogmas de superioridad moral" de quienes -según dijo- han vivido siempre sostenidos y perciben el trabajo como una carga. Asimismo, defendió la necesidad de una fiscalidad "equilibrada", propia de un Estado de Derecho, que permita sostener el modelo de bienestar sin renunciar a una mayor eficiencia. Ambos dirigentes también criticaron la falta de unos presupuestos generales del Estado y la proliferación de normativas y trámites administrativos, que -según señalaron- generan a las empresas un coste incluso superior al de las barreras comerciales para la economía de España. Por último, Nin señaló que, pese al crecimiento económico, el país arrastra déficits en productividad y competitividad, por lo que consideró imprescindible reforzar la inversión en capital.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

Los sindicatos quieren acortar a un año el proceso de selección de empleados públicos

Al finalizar 2025, un total de 975.500 empleados públicos se encontraban en una situación laboral precaria debido a los elevados niveles de temporalidad existentes en el sector público español. En el último cuatrimestre del año, la tasa de contratos temporales alcanzaba el 26,8%, más del doble que en el ámbito privado y casi 19 puntos por encima del límite del 8% fijado por la Comisión Europea. Ante el riesgo de sanciones si no se reduce esta situación, se considera urgente impulsar contrataciones indefinidas y acortar los procesos selectivos hasta un máximo de un año. En la actualidad, algunos procedimientos de acceso al empleo público pueden prolongarse hasta tres años desde la convocatoria de plazas hasta su adjudicación definitiva, lo que agrava aún más la temporalidad. Para revertir esta tendencia, los sindicatos colaboran con el Ministerio de Función Pública con el objetivo de agilizar los procesos, tal como recoge el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2026-2028. Una de las claves pasa por diseñar Ofertas de Empleo Público orientadas a estabilizar las plantillas, lo que implicaría eliminar la tasa de reposición -el mecanismo que limita nuevas contrataciones en función de las bajas producidas-. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que su eliminación forma parte de los objetivos del acuerdo, aunque advierte de que no puede aplicarse de manera inmediata por las consecuencias jurídicas que tendría. Como alternativa, se plantea un sistema complementario para determinar cada año las plazas a convocar. Araque también subraya que la Administración General del Estado presenta bajos niveles de temporalidad, situando el principal problema en comunidades autónomas y ayuntamientos. El acuerdo también pone el foco en la reorganización de los departamentos de recursos humanos, con medidas de planificación que contemplen las necesidades estructurales y las previsiones de jubilaciones, con el fin de renovar las plantillas y adaptarlas a las demandas actuales de las administraciones y la ciudadanía. Asimismo, incluye compromisos para acelerar los procesos selectivos. Tanto el Gobierno como los sindicatos firmantes -UGT, CSIF y CCOO- se proponen reducir los plazos máximos sin renunciar a la transparencia y la objetividad. Entre las medidas recomendadas figura la publicación de calendarios detallados de cada proceso para aportar mayor seguridad y previsión a los aspirantes. Por el alcance de las iniciativas contempladas, Araque califica el acuerdo como "virtuoso" y considera que su aplicación, si se materializa, tendrá efectos duraderos en las distintas administraciones públicas durante la próxima década.

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(El Economista, 23-02-2026) | Laboral

El 87% de los trabajadores defiende la jornada laboral de cuatro días

La jornada laboral de cuatro días se consolida como la opción con mayor aceptación entre los trabajadores en España. Según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral en España, elaborado por Edenred junto a Savia, el 87% de los empleados se muestra a favor de este modelo, un dato especialmente relevante tras el reciente rechazo en el Congreso de los Diputados a la propuesta de reducir la jornada a 37,5 horas semanales. El respaldo es amplio, aunque con matices: un 58,3% apoyaría la medida únicamente si no implica una reducción salarial, mientras que un 13,5% lo haría siempre que se ajuste la carga de trabajo para evitar que se intensifiquen las tareas. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores aceptaría incluso un recorte en sus ingresos, y un 15% estaría dispuesto a implementar la jornada de cuatro días aun con impacto salarial, lo que refleja una creciente prioridad del bienestar sobre la retribución. El apoyo supera el 80% en todas las comunidades autónomas, destacando la Comunidad Valenciana con un 91,4%, seguida de Madrid con un 89,8% y Cataluña con un 88%, donde la mayoría condiciona su respaldo a mantener el poder adquisitivo. Por generaciones, la Generación Z muestra un apoyo superior al 86%, mientras que los Millennials lo respaldan en un 87,4%, aunque priorizan conservar sus salarios. Entre los perfiles más sénior, la aceptación también es alta, pero más cauta ante posibles reducciones de ingresos. En cuanto al ámbito empresarial, son las medianas compañías las más favorables, con un 92,6%, seguidas por las multinacionales y las pymes. En las microempresas, el respaldo es algo menor, aunque sigue siendo significativo. Más de la mitad de los trabajadores considera la conciliación laboral como un factor decisivo, y el 64% reconoce que su salud mental se ve fuertemente afectada por el trabajo. La jornada de cuatro días se percibe como una oportunidad para mejorar tanto el bienestar como la productividad, bajo el principio de "trabajar mejor, no menos".

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(Expansión, 20-02-2026) | Laboral

El Círculo de Economía exige una "inmigración más moderada" y vinculada a la productividad

"La política migratoria vigente muestra fallos claros", afirma en un artículo de opinión en el que expresa dudas sobre la regularización anunciada por el Ejecutivo. La extrema derecha avanza en distintos países europeos y también en Catalunya. En la actualidad, Vox y Aliança Catalana suman 14 de los 135 escaños del Parlament. Sin embargo, el último sondeo del Generalitat de Catalunya publicado en noviembre indica que, si se celebraran elecciones autonómicas hoy, podrían alcanzar entre 32 y 34 diputados. En un contexto en el que la inmigración se ha convertido en un asunto central del debate público y el Gobierno ha pactado iniciar un proceso extraordinario de regularización, el Círculo de Economía presentó ayer su postura, proponiendo poner límites al volumen de llegadas. Considera que este flujo debería ser "más contenido" y vinculado a mejoras en la productividad económica. No obstante, este foro de reflexión no concretó qué criterios deberían aplicarse para fijar esos límites. Sí subraya la necesidad de reformar a fondo las políticas públicas con el fin de asegurar una acogida e integración eficaces. En el documento, la institución presidida desde el año pasado por Teresa Garcia-Milà advierte de que la rapidez del fenómeno migratorio está poniendo a prueba la capacidad de recepción. Señala que Catalunya ha incrementado su población inmigrante a un ritmo cinco veces superior al promedio europeo, lo que ha generado presión sobre la vivienda, los servicios públicos y los empleos menos cualificados. El texto concluye que existe una estrecha relación entre el modelo económico y la inmigración, y que el fuerte aumento de población extracomunitaria ha contribuido a mantener el crecimiento del PIB en los últimos años. Sin embargo, añade que ese crecimiento apenas se ha traducido en mejoras de la renta por habitante. Por ello, propone evolucionar hacia una economía más basada en la productividad, compatible con una inmigración menos numerosa pero con mayor cualificación. Respecto al proceso de regularización, el Círculo no lo cuestiona directamente, aunque lo interpreta como una muestra de la ausencia de una política migratoria sólida y coherente. "La gestión actual de la inmigración presenta fallos evidentes", concluye.

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(El Confidencial, 20-02-2026) | Laboral

España entra en el club de países con jornadas más reducidas para los funcionarios

Los sindicatos están a punto de suscribir con el Ministerio de Función Pública un acuerdo para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según el borrador que aún debe formalizarse en la mesa general de negociación. Desde UGT consideran que la firma será un simple trámite, por lo que calculan que la nueva jornada podría aplicarse a partir de marzo. Este compromiso ya figuraba en el último acuerdo marco firmado hace apenas dos meses, aunque su negociación se arrastra desde hace años. Con este pacto, unos 246.418 empleados públicos pasarán de la jornada máxima legal actual de 37,5 horas a 35 semanales, equiparándose así a la mayoría de trabajadores de las administraciones locales y a buena parte de los autonómicos, salvo excepciones como la Comunidad de Madrid. La medida culmina un proceso gradual de reducción de jornada en el sector público iniciado con los presupuestos de 2018, que reinterpretaron el Real Decreto-ley 20/2011, norma que había fijado las 37,5 horas en plena etapa de recortes para contener el gasto. Al sumarse ahora la AGE -la gran administración que faltaba-, la jornada media del empleo público en España se situará en torno a las 35 horas, colocando al país entre los que cuentan con horarios más reducidos en sus administraciones. En el ámbito europeo, solo Francia, Irlanda y Portugal tenían en 2024 jornadas públicas de 35 horas semanales. España ya se aproximaba a esa cifra, con 35,8 horas de media, debido principalmente a que la AGE mantenía horarios más largos. Aun así, incluso entonces la jornada pública española estaba claramente por debajo de la media comunitaria, situada en 37,7 horas, según datos recopilados por Eurofound. Actualmente, doce países de la Unión Europea mantienen jornadas de 40 horas en sus administraciones, y en siete casos el horario público coincide con el deliña general de la economía. Destacan Alemania y Austria, donde el sector público trabaja más horas que el conjunto del mercado laboral. En España ocurre lo contrario: la jornada media pactada en la economía ronda las 38,3 horas, casi tres más que en la administración. Además, las horas acordadas no siempre coinciden con las realmente trabajadas. Aunque no hay estadísticas directas que comparen sector público y privado, los datos de la EPA permiten aproximarlo: en 2024, los empleados a tiempo completo en España tenían jornadas habituales de 40,2 horas y efectivas de 38,9, frente a las 37,3 y 35,9 horas, respectivamente, en el ámbito de la administración pública y defensa. Estas condiciones convierten al empleo público en una opción especialmente atractiva, tanto por horarios como por salarios. Un estudio reciente de Eurostat, basado en la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, sitúa la brecha retributiva en España en un 9% a favor del sector público, solo por detrás de Chipre y Luxemburgo. El acuerdo en negociación contempla la implantación de las 35 horas y la adaptación organizativa necesaria para garantizar la prestación de los servicios, especialmente en áreas de atención al ciudadano y trabajos a turnos. En muchos puestos de oficina bastará con reducir media hora diaria de lunes a viernes, pero en aquellos que requieren atención continuada podrían ser necesarias nuevas contrataciones si la reorganización de la jornada anual no cubre todas las necesidades. Los sindicatos subrayan que el pacto establece únicamente el marco general y que su aplicación concreta dependerá de las 30 mesas de negociación delegadas -22 ministeriales y otras ocho de distintos organismos-, que evaluarán el impacto real y si es preciso incorporar más personal. En caso necesario, las vacantes podrían cubrirse mediante interinos o nuevas ofertas de empleo público.

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(Cinco Días, 19-02-2026) | Laboral

El sueldo en las aseguradoras y las mutuas subirá un 14% a lo largo de cinco años

La plantilla del sector asegurador -unas 75.000 personas entre compañías y mutuas- experimentará una subida salarial cercana al 14% a lo largo de cinco años. Así lo ha comunicado el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), mayoritario en este ámbito, tras alcanzar un preacuerdo con la patronal. El pacto incluye también una mejora significativa de los salarios mínimos del sector. Según los datos difundidos por el sindicato, las empresas aplicarán un incremento del 3,5% con carácter retroactivo sobre los sueldos de 2025. Para los años 2026, 2027 y 2028 se ha establecido un sistema de revisión vinculado a la evolución del PIB y del IPC, lo que supondría una subida adicional acumulada de entre el 10,5% y el 11,1%. CC OO y otros sindicatos habían convocado movilizaciones a finales del año pasado para presionar a Unespa, la organización empresarial del sector, con el objetivo de renovar el convenio colectivo. El preacuerdo también prevé un aumento notable del salario base y de las retribuciones de entrada. El sueldo mínimo anual se situará en 18.000 euros, un 13,4% por encima del actual, mientras que el siguiente nivel salarial alcanzará los 20.000 euros, lo que supone un incremento del 10,5%. Además, se han acordado mejoras en el sistema de previsión social de aportación definida, un aumento de la ayuda para comidas y avances en la regulación de los permisos retribuidos. Desde Unespa han evitado pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y han señalado que harán declaraciones cuando se firme oficialmente. Comisiones Obreras cuenta con el 52,33% de representación en la mesa negociadora del convenio, que regula las condiciones laborales de más de 52.000 empleados de aseguradoras y parte de las de otros 23.000 trabajadores de mutuas. El sector cerró el último ejercicio con cifras históricas, al alcanzar ingresos por primas de 85.879 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Su presidenta, Mirenchu del Valle, destacó que se trató de un año especialmente positivo con una recaudación récord. La industria aseguradora acumula varios ejercicios de crecimiento continuado en primas y beneficios, lo que ha favorecido un clima laboral estable, con mejoras progresivas en las condiciones de trabajo y muy pocas salidas obligadas de personal.

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(Expansión, 19-02-2026) | Laboral

El nuevo salario mínimo supera ya el 60% del sueldo medio en 46 provincias

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424 euros si se prorratean en 12), volverá a generar tensiones en las estructuras salariales de las empresas y en la negociación de los convenios colectivos. Este nuevo umbral retributivo supera ampliamente el 60% del salario medio en la mayoría de las provincias españolas (46 en concreto), el porcentaje que el Gobierno de España pretende garantizar para ajustarse a las recomendaciones de la Carta Social Europea. En 23 provincias, incluso, el SMI rebasa el 70% del sueldo medio. Estas cifras reflejan que el impacto del salario mínimo no es uniforme: afecta con más intensidad a determinados sectores, territorios y tamaños de empresa, especialmente a regiones con salarios más bajos, pequeñas compañías y actividades como la agricultura, la hostelería o el empleo doméstico, donde los sueldos mínimos se aproximan más a los ingresos medios. Por este motivo, organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA sostienen que la política impulsada por el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone en la práctica una intervención en la fijación salarial, tradicionalmente acordada entre empresarios y sindicatos en los convenios colectivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nuevo SMI equivaldrá aproximadamente al 83% del salario medio en microempresas de hasta diez trabajadores (1.713 euros mensuales) y al 66% en compañías con plantillas de entre 11 y 20 empleados, donde la remuneración media asciende a 2.161 euros. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que desde 2018 el salario mínimo ha subido más de un 66%, lo que -según afirma- ha reducido el empleo en sectores como el trabajo doméstico, el campo o entre autónomos con pocos empleados. También sostiene que la creación de puestos de trabajo en empresas muy pequeñas se ha estancado y que ha disminuido el número de autónomos con personal a cargo, especialmente en el comercio. A su juicio, nuevas subidas podrían frenar aún más la contratación e impulsar la economía informal. De acuerdo con las estadísticas salariales más recientes del INE (2024), el SMI de 2026 superaría con creces el sueldo medio del empleo doméstico (1.138 euros), situándose en torno al 125%. En hostelería alcanzaría el 93% del salario medio (1.520 euros), en agricultura el 87% (1.638 euros) y en actividades administrativas el 85% (1.674 euros). Son precisamente estos sectores, donde el salario mínimo está más próximo a la media, los que deberán ajustar un mayor número de nóminas. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, subraya que el impacto tampoco es igual en todas las zonas. Actividades como la agricultura o la hostelería -caracterizadas por pequeñas empresas y menor productividad- soportan una carga mayor, ya que deben asumir aumentos salariales sin que necesariamente crezcan sus ingresos. Además, recuerda que la situación varía según el territorio: en áreas con menor población, por ejemplo, la demanda puede ser insuficiente para compensar el incremento de costes laborales. Si se analizan las bases de cotización de la Seguridad Social, las mayores presiones se concentran en 23 provincias donde el SMI superará el 70% del salario medio. En Badajoz alcanzará aproximadamente el 76% (con una base media de 1.878 euros), mientras que en Toledo llegará al 70,2% (2.028 euros). En contraste, solo seis provincias presentan bases medias suficientemente altas para que el salario mínimo quede por debajo del 60%: Barcelona, Navarra, Madrid, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Ángela de Miguel también critica que fijar el SMI en torno al 60% del salario medio neto responde a una interpretación errónea, ya que no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas ni las diferencias entre territorios, y genera -según sostiene- una presión artificial en la negociación colectiva.

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(Expansión, 19-02-2026) | Laboral

Las empresas contratarán más, pero falta talento cualificado

Todo indica que el periodo de debilidad en el empleo podría estar quedando atrás. La mayoría de las empresas planea incorporar nuevos trabajadores: un 81% prevé aumentar la contratación y un 72% calcula subir los salarios este año. Sin embargo, persiste un problema habitual: la escasez de talento cualificado. El 93% de las compañías reconoce dificultades para encontrar perfiles adecuados, en un contexto marcado por el llamado quiet thriving (prosperar en silencio), tendencia según la cual siete de cada diez empleados prefieren replantearse su relación con la empresa, permanecer en su puesto y mejorar sus competencias, como alternativa al quiet quitting o "renuncia silenciosa". La Guía del Mercado Laboral 2026 elaborada por Hays pone de manifiesto una situación poco común: abundan las vacantes, pero muchos profesionales no desean cambiar de empleo. Christopher Dottie, director regional para el sur y oeste de Europa, señala que los trabajadores viven una etapa de mayor estabilidad y bienestar, lo que reduce su disposición a moverse. Según los encuestados, las áreas con más oportunidades laborales serán tecnologías de la información (45%), comercio electrónico y digital (24%) y energías renovables (23%). Para este informe se analizaron datos de más de 4.300 empresas y profesionales en España, además de más de 7.400 salarios en ciudades como Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. Un 72% de las compañías prevé subir los sueldos, especialmente en atención al cliente, administración y finanzas (7%), así como en el sector tecnológico (6%). Estas subidas podrían acortar la distancia entre lo que esperan los empleados y lo que realmente ocurre: en 2025, el 30% confiaba en un aumento del 10%, aunque el incremento real fue menor. Aun así, el 62% considera que su salario no se ajusta a su trabajo y el 64% percibe falta de claridad en la política retributiva de su empresa. La próxima aplicación obligatoria de la Directiva europea de transparencia salarial abre nuevas expectativas. Dottie subraya que dos de cada tres profesionales creen que sus compañías no son transparentes en materia de sueldos y que nueve de cada diez candidatos tienen más probabilidades de postularse a ofertas que incluyen información salarial. En su opinión, este cambio normativo será decisivo en un mercado tensionado por la escasez de talento. El salario vuelve a ser el principal reclamo para atraer profesionales cualificados. Las empresas están dispuestas a pagar más por competencias específicas, lo que permite a quienes poseen habilidades muy demandadas obtener remuneraciones superiores a las de otros empleados en puestos similares. Aun así, las expectativas de los trabajadores siguen siendo más altas que las previsiones empresariales: el 37% cree que su sueldo aumentará al menos un 10% este año, algo que solo anticipa un 5% de las compañías. La posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas también genera debate. Un 83% de los trabajadores la respalda, mientras que las empresas están divididas y solo un 18% la considera necesaria. Se asocia a una mejor conciliación, mayor eficiencia y bienestar psicológico, aunque el reto está en aplicarla de forma viable según cada sector. Respecto al modelo de trabajo, la presencialidad total ha crecido notablemente en el último año, mientras que el teletrabajo ha descendido ligeramente. La mitad de las organizaciones ya funciona completamente desde la oficina, frente al 38% del año anterior. Pese a ello, los empleados perciben una mejora en el equilibrio entre vida personal y laboral, cuyo nivel de satisfacción pasa del 65% al 72%. La mayoría de las empresas mantendrá su modelo actual, pocas apostarán por más flexibilidad y una minoría exigirá más días presenciales. Sin embargo, aún hay margen de mejora en conciliación: el 54% siente que debe estar disponible fuera de su horario, el 27% lo percibe ocasionalmente y solo el 18% afirma que nunca le ocurre. También aumenta el número de trabajadores satisfechos con su empleo, lo que explica la baja movilidad laboral: los empleados motivados pasan del 44% al 55%. El salario es el principal factor de satisfacción para el 67%, seguido del reconocimiento (42%), las oportunidades de promoción (26%) y la flexibilidad (18%). En cuanto a los ascensos, solo el 11% cree que se basan en criterios claros; un 16% piensa que dependen de la antigüedad o de normas internas, y un 29% considera que no existe un sistema definido. Por otro lado, el absentismo laboral preocupa cada vez más: el 44% de los trabajadores afirma que afecta de forma significativa a la productividad. Su impacto es especialmente notable en el comercio minorista, la logística, los bienes de consumo y las áreas comerciales. Según el informe, el 68% de los empleados percibe un aumento de estas ausencias, más acusado en grandes empresas que en pequeñas.

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(El País, 19-02-2026) | Laboral

Garamendi defiende su salario tras la crítica de Díaz: “La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo”

Aumenta la tensión en el intercambio de reproches entre el Ministerio de Trabajo y la patronal por la negativa empresarial a apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sus declaraciones llegan después de que ella cuestionara su postura contraria al aumento del SMI -aprobado en Consejo de Ministros hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas- señalando que él percibe un sueldo equivalente a 23 veces ese salario mínimo. En una entrevista en Radio Nacional de España, Garamendi respondió que de esa cifra "más de la mitad se destina a impuestos" y añadió irónicamente que será el Gobierno quien lo gestione. El dirigente empresarial defendió que su retribución, cercana a los 400.000 euros brutos anuales, es pública, aprobada por la asamblea de su organización y financiada por esta. También reprochó a Díaz que, cuando no obtiene respaldo a sus propuestas, recurra a cuestiones personales. Afirmó además que no modificará su postura en función de lo que opine la ministra y comparó ese tipo de críticas con prácticas políticas que, a su juicio, recuerdan a otros países latinoamericanos; al ser preguntado si aludía a Venezuela, respondió que sí, "por ejemplo". Garamendi también señaló que él nunca ha defendido cobrar tres veces el salario mínimo, en referencia a una norma interna que Podemos aplicó en sus inicios para limitar las retribuciones de sus cargos públicos, vigente hasta 2020. Desde el entorno de Díaz aclaran que ella nunca perteneció a ese partido -aunque fue diputada de Unidas Podemos y ministra en su representación- y que ni ella ni la plataforma Sumar han defendido ese tope salarial. El presidente de la patronal también mencionó la vivienda oficial que ocupa Díaz en Madrid durante su etapa en el cargo, subrayando que él paga su propio domicilio y evitando profundizar en el asunto. Según datos públicos, la ministra percibe unos 104.600 euros brutos anuales. Horas después de esa entrevista, Díaz intervino en La Sexta y reiteró sus críticas. Señaló que resulta preocupante que alguien con ingresos muy superiores al salario mínimo se oponga a una subida de 37 euros mensuales, que calificó de modesta para muchos trabajadores. También destacó que los beneficios empresariales son elevados y defendió que las compañías pueden permitirse repartir mejor la riqueza. Este enfrentamiento verbal agrava la distancia entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE, que acumulan más de año y medio sin alcanzar acuerdos relevantes desde que Díaz asumió el cargo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se sumó recientemente a las críticas hacia la patronal durante la firma del acuerdo con los sindicatos, instando a las empresas a elevar salarios ante el crecimiento de sus beneficios y a contribuir a una mejora general de las retribuciones donde aún no se ha producido.

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