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(Expansión, 22-05-2026) | Laboral

Queremos que haya fontaneros, pero no queremos serlo bajo las condiciones actuales

Los oficios técnicos atraviesan un momento de fuerte demanda gracias al impulso de la transición energética y a la necesidad de nuevas infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial. Sin embargo, estas profesiones siguen arrastrando viejos prejuicios y condiciones laborales poco atractivas. En un contexto en el que algunos sectores con falta de mano de obra ya ofrecen salarios de hasta 54.000 euros anuales, el gran desafío para la economía española no consiste únicamente en formar trabajadores, sino en convencer a una generación saturada del trabajo frente a pantallas de que también existe un futuro estable y bien remunerado fuera de la oficina. El caso del fontanero simboliza bien esta nueva realidad del mercado laboral. Se trata de una ocupación imprescindible, difícil de sustituir por automatización y prácticamente imposible de deslocalizar. Aun así, continúa sin resultar especialmente atractiva como salida profesional si no va acompañada de mejores sueldos, estabilidad y condiciones laborales dignas. Un estudio reciente de LinkedIn refleja que casi siete de cada diez españoles se plantearían cambiar a un oficio manual si este ofreciera mayores garantías y ventajas laborales. La investigación también apunta a que este cambio de mentalidad coincide con un aumento de la demanda de trabajadores especializados en sectores esenciales para la economía española, como el comercio minorista, el transporte y la logística, la agricultura, la construcción o la industria manufacturera. A pesar de ello, el empleo de oficina sigue siendo la opción preferida para el 43% de los encuestados. Frente a ello, únicamente un 31% se decanta por un oficio técnico y apenas un 20% opta por trabajos ligados al sector servicios. En realidad, el mercado laboral está mostrando que los oficios han recuperado peso económico y social porque son fundamentales para sostener áreas clave como la vivienda, la energía, la industria, la logística o la infraestructura física que necesita la economía digital. Pero también deja claro que la elevada demanda no basta, por sí sola, para hacer atractivas estas profesiones. Para que jóvenes, mujeres, trabajadores agotados del entorno corporativo o desempleados de larga duración apuesten por estos empleos, el mercado tendrá que ofrecer algo más que vacantes. Será necesario garantizar salarios competitivos, estabilidad, formación remunerada, posibilidades de promoción, certificaciones profesionales, reconocimiento social, conciliación y empresas que traten estos trabajos como carreras técnicas especializadas y no como mano de obra fácilmente reemplazable. Paradójicamente, la propia expansión de la inteligencia artificial está impulsando la necesidad de más trabajadores manuales. Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, señaló recientemente en una intervención en Carnegie Mellon University que el desarrollo de la IA requerirá nuevas fábricas, centros de datos, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración, estructuras metálicas, fontanería y trabajos eléctricos. Según informó Reuters, el auge de los centros de datos y de las energías renovables está agravando en Estados Unidos la escasez de profesionales de construcción, energía y redes eléctricas. El país necesitará alrededor de 507.000 trabajadores adicionales en infraestructuras energéticas y de transmisión antes de 2030. Los salarios internacionales ayudan también a entender por qué muchos trabajadores vuelven a mirar hacia estos sectores. En Estados Unidos, los electricistas alcanzaron en 2024 un salario mediano anual de 62.350 dólares y las previsiones oficiales apuntan a un crecimiento del empleo del 9% en la próxima década. Los fontaneros y especialistas en tuberías y vapor registraron salarios cercanos a 63.000 dólares anuales, mientras que el 10% mejor pagado superó los 105.000 dólares. Los técnicos de climatización y refrigeración, por su parte, alcanzaron una mediana próxima a los 60.000 dólares. En España, la necesidad de mano de obra técnica se concentra especialmente en varios ámbitos. El primero es la construcción, sobre todo en actividades ligadas a la rehabilitación, la eficiencia energética y la vivienda. La Fundación Laboral de la Construcción destacó que en 2024 el sector superó los 1,4 millones de afiliados, con cifras récord en el Régimen General desde 2010. Al mismo tiempo, BBVA Research advierte de que la escasez de trabajadores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la actividad constructora, agravado además por el envejecimiento de la plantilla. El segundo foco es la industria manufacturera. El SEPE identifica dificultades crecientes para cubrir puestos de soldadores, ajustadores industriales, mecánicos, operadores de maquinaria, carpinteros metálicos, instaladores o técnicos de reparación eléctrica. La falta de profesionales afecta así a buena parte de la base técnica industrial relacionada con el metal, el mantenimiento, la electricidad y la maquinaria. El tercer ámbito es el energético. La expansión de las energías renovables, la electrificación y la rehabilitación energética requieren instaladores eléctricos, técnicos de mantenimiento, frigoristas, especialistas en climatización y perfiles capaces de combinar conocimientos eléctricos, digitales y normativos. Las guías salariales de Adecco destacan precisamente la elevada demanda de perfiles vinculados a mantenimiento industrial, coordinación técnica y ejecución de proyectos energéticos. La logística y el transporte constituyen otro frente clave. El informe europeo de EURES alerta de la escasez de conductores y operadores de maquinaria móvil, mientras que estudios salariales de Randstad muestran cómo sectores como logística, transporte, ingeniería o industria siguen aumentando la competencia por captar talento técnico. A ello se suma la falta de profesionales en determinados oficios vinculados al sector naval y a ocupaciones de difícil cobertura. El catálogo del SEPE incluye perfiles como frigoristas navales, maquinistas, mecánicos navales, instaladores eléctricos, carpinteros metálicos o conductores de grúa. A escala internacional, entre los oficios más demandados destacan electricistas, instaladores solares, técnicos de climatización, soldadores, mecánicos industriales, operadores de maquinaria y especialistas en mantenimiento. En España, esa demanda se concentra especialmente en soldadores, electricistas, frigoristas, fontaneros, carpinteros metálicos, técnicos de mantenimiento, instaladores energéticos y perfiles relacionados con construcción, energía, logística, industria o el sector naval. En cuanto a los salarios más elevados, suelen concentrarse en aquellos empleos donde coinciden escasez de profesionales, alta cualificación técnica, certificaciones específicas, riesgo laboral y fuertes barreras de entrada. Es el caso de actividades relacionadas con ascensores, redes eléctricas, electricidad industrial, soldadura homologada, climatización avanzada o mantenimiento industrial. En España, las estadísticas no permiten afirmar que ser fontanero garantice automáticamente un salario elevado, aunque sí muestran que los sectores industriales y energéticos ofrecen remuneraciones significativamente superiores a las actividades menos cualificadas. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, el sueldo medio anual en España se situó en 28.049 euros en 2023, mientras que el sector de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado alcanzó una media de 54.447 euros. En el extremo contrario, la hostelería registró salarios cercanos a los 17.000 euros anuales.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

El sueldo medio es 3.500 euros inferior al de la eurozona tras restar impuestos y cotizaciones

Durante 2025, los salarios en España aumentaron por encima del 3,5%, un ritmo superior al crecimiento de los precios. Sin embargo, pese a esta mejora, la distancia entre los ingresos netos de los trabajadores españoles y la media de los países del entorno europeo siguió ampliándose. Así se desprende de los últimos datos publicados por Eurostat, que sitúan en unos 3.500 euros anuales la diferencia entre el sueldo neto de un trabajador español y el promedio de la eurozona, una vez descontados impuestos y cotizaciones sociales. La estadística difundida por el organismo europeo toma como referencia a un trabajador soltero, sin hijos y con un salario equivalente a la media nacional. Según esos cálculos, este perfil percibe en España unos ingresos netos de 25.262 euros anuales, frente a los 28.770 euros de media en los países del euro. La brecha creció en 114 euros respecto al año anterior, lo que supone un aumento del 3,3%. Si se compara con la media de toda la Unión Europea, situada en 26.928 euros, la distancia es algo menor, aunque también aumentó más de un 15% en relación con 2024. Las subidas salariales pactadas en convenios colectivos y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que avanzó un 4,4%, no lograron reducir la diferencia con trabajadores de países como Francia, Alemania o Países Bajos. El motivo es que también aumentó la parte del salario bruto destinada al pago del IRPF y de las cotizaciones sociales, especialmente en el caso de estos trabajadores. El análisis de Eurostat pone además el foco en las diferencias existentes según la situación familiar. Para calcular los ingresos netos medios, el organismo no solo resta impuestos y cotizaciones, sino que añade las prestaciones familiares recibidas por quienes tienen hijos a cargo. Como resultado, una pareja con dos hijos en la que solo uno de los miembros trabaja alcanza unos ingresos netos de 28.567 euros anuales. Esta cifra prácticamente iguala la media de la eurozona para un trabajador soltero sin hijos y supera en más de 3.300 euros la renta neta de un asalariado español que viva solo y sin descendencia. También se observan diferencias cercanas a los 700 euros entre hogares con dos trabajadores dependiendo de si tienen hijos o no. Aunque Eurostat no profundiza específicamente en el caso español, parte de estas diferencias se explican tanto por las ayudas familiares como por el propio diseño del IRPF. El sistema contempla un mínimo personal y familiar exento de tributación, es decir, una parte del salario que no paga impuestos al considerarse necesaria para cubrir gastos básicos. Esta cuantía aumenta en función del número de hijos menores de 25 años que conviven en el hogar. Todos los contribuyentes disponen de un mínimo personal de 5.500 euros. A ello se añaden cantidades adicionales por hijos, que van desde 2.400 euros por el primero hasta 4.500 euros a partir del cuarto. Esto provoca que dos trabajadores con el mismo salario bruto puedan recibir cantidades netas muy distintas según su situación familiar. En años anteriores, el Ministerio de Hacienda había optado por elevar el mínimo exento para evitar que quienes cobran el salario mínimo tuvieran que pagar IRPF, de manera que la subida del SMI se trasladara íntegramente a su renta disponible. Sin embargo, en 2025 el Gobierno eligió otra vía y creó una deducción específica en lugar de modificar ese umbral. En cualquier caso, esta medida apenas afecta a la comparación realizada por Eurostat, ya que el estudio se centra en trabajadores con salario medio y no en aquellos con rentas más bajas. Aunque el salario mínimo y el sueldo medio se han aproximado en los últimos años, todavía existe una diferencia cercana a los 10.000 euros brutos entre ambos. Otro de los factores que influye en el aumento de la brecha es la llamada "progresividad en frío". Este fenómeno se produce cuando los tramos del IRPF no se actualizan conforme a la inflación, lo que provoca que parte de las subidas salariales terminen tributando más sin que exista una mejora real del poder adquisitivo. El propio Gobierno reconoció en el Informe Anual de Progreso remitido a Bruselas que en 2025 recaudó 2.300 millones de euros adicionales por no ajustar el impuesto a la inflación. Según el Consejo General de Economistas, esta situación habría supuesto un coste medio adicional de unos 800 euros por trabajador. A ello se añadió el incremento progresivo de las cotizaciones sociales previsto en la reforma de las pensiones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentará una décima cada año hasta 2029, cuando representará el 1,2% del salario. No obstante, el impacto directo sobre el trabajador es reducido, ya que actualmente solo asume un 0,13% de esa cotización, mientras el resto recae sobre las empresas. Todo ello apunta a que el ensanchamiento de la diferencia salarial con Europa responde principalmente a que los ingresos medios crecieron más rápidamente en otros países. Mientras que en España un trabajador soltero sin hijos ganó de media 721 euros netos más al año, países como Países Bajos registraron aumentos superiores a 1.600 euros y Croacia rondó los 1.400 euros adicionales. En términos porcentuales, eso sí, la evolución española se mantuvo muy próxima a la media de la eurozona, con un incremento cercano al 3%.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

La meritocracia "pincha" en España: solo 2 de cada 10 directivos decide con datos objetivos los ascensos de sus empleados

El actual contexto de creciente digitalización empresarial está permitiendo a las compañías recopilar cada vez más información precisa y objetiva sobre el rendimiento y la productividad de sus empleados. Sin embargo, este avance tecnológico no siempre se traduce en una mejora para los trabajadores con mejor desempeño. Según un estudio de Adecco, únicamente el 20% de los directivos en España utiliza los llamados "datos de talento" para decidir promociones internas, lo que sitúa al país en posiciones rezagadas en términos de meritocracia profesional. El informe, basado en una encuesta a 2.000 altos directivos de empresas de 13 países, muestra que solo Italia presenta un porcentaje inferior (19%). España queda así muy por detrás de países como Suiza (42%), Canadá (41%) o Bélgica (40%), que lideran el uso de estos criterios basados en datos. Adecco define los "datos de talento" como la información que las empresas ya poseen o pueden medir sobre sus equipos para identificar competencias, detectar potencial de crecimiento, planificar necesidades formativas y abrir oportunidades de promoción interna. El estudio pone de manifiesto una paradoja: aunque los datos son uno de los pilares de la transformación digital de las empresas -un proceso que la inteligencia artificial está acelerando-, gran parte de esa información se genera a partir del trabajo de los propios empleados y se utiliza para organizar tareas, pero no siempre para reconocer o recompensar su desempeño. Esta "algoritmización" del empleo, que según la OCDE afecta al 78% de las empresas españolas, no se traduce necesariamente en mejoras en la gestión del talento. Esta falta de aprovechamiento de los datos ayuda a explicar la distancia entre empresas y trabajadores. Solo el 26% de las compañías en España considera que sus empleados entienden cómo su trabajo contribuye a los resultados del negocio, una cifra 18 puntos inferior a la media global y la más baja entre los países analizados. En contraste, Canadá alcanza el 64%, mientras que Australia y Estados Unidos se sitúan en el 54%. Para la consultora, estos resultados evidencian la necesidad de reforzar la comunicación interna en las empresas españolas. Sin una base sólida de transparencia, advierte el informe, la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de las plantillas, lo que puede convertirse en un obstáculo en la adopción de la inteligencia artificial. En esta línea, solo el 26% de los directivos españoles prevé que estas herramientas se integren en los procesos de trabajo en el corto plazo, frente al 30% de los empleados que lo espera. En ambos casos, España se sitúa entre los países con peores registros, lejos de economías como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá. Además, únicamente el 24% de las empresas explica con claridad a sus trabajadores cómo les afectará la inteligencia artificial, una cifra 12 puntos inferior a la media mundial. España se sitúa en este indicador junto a países como Países Bajos, Suecia o Italia, mientras que Australia (52%), Suiza (46%) y Estados Unidos lideran la clasificación. Por último, solo el 18% de los directivos considera que su organización está preparando adecuadamente a sus empleados para convivir con la inteligencia artificial, cuatro puntos por debajo del promedio global. España se mantiene en la parte baja del ranking, solo por delante de Suiza e Italia, y lejos de países como Bélgica, Australia o Japón. En conjunto, el estudio refleja que las empresas españolas aún no están aprovechando plenamente el potencial de las nuevas tecnologías en la gestión de personas. La falta de comunicación y transparencia interna limita el uso efectivo de herramientas como los algoritmos o la inteligencia artificial, lo que no solo amplía la distancia entre dirección y plantilla, sino que también reduce la competitividad en un entorno global cada vez más marcado por la digitalización.

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(El Economista, 22-05-2026) | Laboral

TJUE obliga a computar para la pensión trabajos penosos realizados en otro país de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido este jueves que los Estados miembros deben incluir, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación, los beneficios asociados a trabajos especialmente duros realizados en otro país de la Unión Europea. La resolución, que fija doctrina en toda la UE, resuelve el caso de un ciudadano eslovaco que trabajó como minero en Karviná -actual territorio de la República Checa- entre 1976 y 1995, tanto antes como después de la disolución de Checoslovaquia. La normativa de la antigua Checoslovaquia contemplaba condiciones especiales para los mineros, que podían jubilarse de forma anticipada a partir de los 55 años si acreditaban al menos quince años de actividad en minería subterránea. No obstante, en 2013 Eslovaquia denegó el reconocimiento de esa pensión al no computar parte del periodo trabajado en territorio checo tras 1992, cuando ambos países se separaron y la República Checa fue eliminando progresivamente ese régimen específico para trabajadores del sector. El TJUE subraya que la normativa europea de coordinación de los sistemas de Seguridad Social tiene como finalidad evitar que los trabajadores pierdan derechos vinculados a condiciones laborales especiales por el mero hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación dentro de la UE. En este sentido, el tribunal considera que los periodos trabajados en la actual República Checa deben ser tenidos en cuenta por Eslovaquia a la hora de calcular la pensión, ya que forman parte de la misma actividad profesional en condiciones subterráneas. La corte europea añade que esta protección se mantiene incluso si el régimen especial no está separado del sistema general de Seguridad Social o si los periodos de cotización son anteriores a la adhesión de los países a la Unión Europea. La resolución no cierra el caso, ya que será ahora el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Eslovaquia el encargado de dictar sentencia definitiva, aplicando los criterios establecidos por el TJUE con sede en Luxemburgo.

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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

El 75% de las empresas no consigue el talento que necesita

Los perfiles técnicos y altamente especializados siguen atravesando un momento especialmente favorable en el mercado laboral. El informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum revela que cerca del 75% de las empresas en el mundo reconoce tener problemas para encontrar profesionales adecuados para determinados puestos. En España, el escenario no es distinto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que existen alrededor de 150.000 vacantes sin cubrir, muchas de ellas vinculadas a sectores técnicos, industriales y servicios especializados. Sin embargo, empresas de selección y organizaciones empresariales consideran que esta cifra se queda corta, ya que únicamente contabiliza las ofertas activas en el momento de la encuesta. Entidades como CEOE, Adecco o Randstad elevan el déficit real por encima de las 200.000 e incluso 250.000 plazas que permanecen vacías o que terminan ocupadas por candidatos que no reúnen las competencias requeridas. El último estudio de ManpowerGroup sobre escasez de talento apunta además que el 78% de las compañías españolas tiene dificultades para encontrar profesionales adecuados, el porcentaje más alto registrado en los últimos quince años. Esta falta de trabajadores especializados convive, paradójicamente, con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, situada en el 10,83% de la población activa al cierre del primer trimestre de 2026. El ámbito tecnológico es uno de los ejemplos más claros de este desajuste. Datos de Catenon y Hays estiman en unas 120.000 las vacantes sin cubrir en el sector digital, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud. El avance de la tecnología supera la capacidad de las universidades para formar nuevos profesionales al ritmo que exige el mercado. Un caso especialmente significativo es el de los especialistas SAP. Un estudio de Experis, elaborado junto a SAP y la Asociación de Usuarios SAP España (Ausape), calcula que el próximo año harán falta unos 45.000 profesionales vinculados a esta tecnología, una demanda imposible de satisfacer con la oferta actual de candidatos. En apenas dos años, la necesidad de estos perfiles ha crecido un 23%. Además, se estima que España requerirá cerca de 26.000 consultores SAP certificados hasta 2027, lo que obligaría a formar unos 8.000 profesionales anuales para reducir el déficit. La expansión de la inteligencia artificial también está acelerando la demanda de trabajadores especializados. Según Randstad, España se sitúa entre los países con mayor peso de ofertas laborales que requieren conocimientos de IA. Durante el primer trimestre de este año, los empleos relacionados con esta tecnología representaron el 0,27% de todas las ofertas publicadas, un porcentaje muy superior al de Alemania (0,09%) o Francia (0,04%) y nueve veces mayor que el registrado hace cinco años. España sobresale especialmente en dos sectores. En atención al cliente, las ofertas vinculadas a inteligencia artificial alcanzan el 3,9%, triplicando la media global del 1,2%. En marketing, la demanda de habilidades relacionadas con IA creció hasta el 6% en 2025, el mayor incremento registrado a escala mundial. No obstante, el auge de la inteligencia artificial está ampliando aún más la distancia entre las vacantes disponibles y el talento existente. Randstad advierte de las dificultades que afronta España para implantar tecnologías de IA por la escasez de especialistas. Un ejemplo son los entrenadores de inteligencia artificial, cuyas vacantes tardan ya una media de 64 días en cubrirse, frente a los 30 días del año pasado. Otros perfiles especialmente complicados de encontrar son los gerentes de IA, con 54 días de espera media, y los arquitectos de IA, con 53 días. La escasez también se refleja en la tasa de vacantes sin cubrir. En el caso de los arquitectos de IA, el 17,9% de los puestos sigue desierto, mientras que en los ingenieros de machine learning el porcentaje alcanza el 10,7%. El informe de ManpowerGroup sitúa entre los perfiles más difíciles de encontrar a los profesionales con conocimientos prácticos en inteligencia artificial y manejo de herramientas basadas en esta tecnología (34%), así como a expertos en desarrollo de aplicaciones y modelos de IA (33%). También persiste la falta de ingenieros y especialistas en tecnologías de la información y análisis de datos tradicionales, excluyendo la inteligencia artificial. Pese al protagonismo creciente de la tecnología, las empresas también buscan cada vez más habilidades humanas difíciles de automatizar. Randstad destaca que, a medida que la digitalización asume tareas repetitivas, gana valor el talento capaz de aportar criterio, supervisión y capacidad de análisis. A nivel global, la demanda de inteligencia emocional ha crecido un 173%, la creatividad un 168% y la capacidad de resolución de problemas un 35%. Otro de los grandes desafíos pendientes afecta a la Formación Profesional. Adecco señala que el 40% de las ofertas de empleo ya se dirige a titulados de FP, aunque el número de graduados sigue siendo insuficiente. Existe una importante falta de especialistas en mantenimiento industrial, soldadura, electromecánica o refrigeración. Además, persiste un cierto estigma social hacia estos trabajos, pese a que en muchos casos ofrecen salarios superiores a los de numerosos titulados universitarios. A esta situación se suma el problema del relevo generacional. Un estudio de la Fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad advierte de que España tendrá dificultades para cubrir alrededor de un millón y medio de empleos hasta 2035. Por cada diez trabajadores que se jubilen en la industria, sólo habrá siete jóvenes preparados para sustituirlos. El envejecimiento de la población agrava aún más el problema, ya que abandonan el mercado más profesionales cualificados de los que se incorporan, especialmente en sectores como la sanidad y la educación, según Randstad. Además, Catenon alerta de que España está perdiendo talento cualificado hacia otros países europeos. Ingenieros, enfermeros y otros especialistas emigran atraídos por salarios en Alemania o Países Bajos que superan entre un 30% y un 40% los ofrecidos en España, lo que intensifica todavía más la escasez de profesionales.

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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

La Audiencia Nacional fija que los festivos que caigan en sábado deben ser recuperados

La Audiencia Nacional ha determinado que los festivos que coincidan con el descanso semanal fijado en sábado deben compensarse con un día adicional de descanso. La decisión responde al conflicto colectivo planteado en relación con el convenio del sector de los centros de atención al cliente o "contact center". Con esta resolución, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO, que presentaron distintas demandas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX). A estas acciones judiciales también se sumaron CIG, CSIF y STC. La sentencia, emitida por la sala de lo social de la Audiencia Nacional el pasado 19 de mayo, considera contraria a derecho la práctica habitual de muchas empresas del sector, que no compensaban los festivos nacionales, autonómicos o locales cuando coincidían con un sábado y éste ya figuraba como día de descanso semanal en jornadas de lunes a viernes o de lunes a sábado. El fallo reconoce además que los días festivos no pueden quedar anulados o absorbidos por el descanso semanal. Por ello, establece la obligación de las empresas de conceder un día extra de descanso efectivo cuando ambos coincidan. El sindicato USO ha destacado en un comunicado que esta decisión judicial, que considera aplicable más allá del sector de "contact center", consolida la doctrina que impide a las empresas hacer desaparecer festivos mediante la organización de los cuadrantes laborales. La secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García, ha defendido que los catorce festivos anuales deben disfrutarse íntegramente por todos los trabajadores, independientemente de su horario habitual. Según ha señalado, la nueva resolución aclara definitivamente las dudas generadas por sentencias anteriores y extiende este derecho a toda la plantilla, evitando solapamientos o recortes en los días festivos. El Tribunal Supremo ya había abordado esta cuestión en una sentencia del 30 de abril de 2025, en la que fijó criterios sobre la coincidencia entre descanso semanal y festivos laborales, aunque sin pronunciarse expresamente sobre los sábados. En aquella resolución, el Supremo estableció que los trabajadores con jornadas distribuidas de lunes a domingo y con descanso semanal fijo entre lunes y viernes tienen derecho a una compensación cuando ese descanso coincide con un festivo, pudiendo disfrutar de otro día libre en sustitución de la fiesta perdida.

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(El Economista, 21-05-2026) | Laboral

La Comisión Europea avala el uso que hizo el Gobierno de los fondos Next Gent para pagar las pensiones y zanja las dudas del Tribunal de Cuentas

La Comisión Europea ha respaldado la gestión realizada por España de los fondos NextGenerationEU y ha defendido que las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas no ponen en duda la legalidad del uso de los recursos europeos. Según fuentes comunitarias, Bruselas ha remitido una carta a los eurodiputados Andreas Schwab y Daniel Freund en la que aclara que las cuestiones señaladas afectan, en todo caso, al cumplimiento de procedimientos recogidos en la normativa presupuestaria española, pero no al marco regulador europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La respuesta cuenta con el respaldo de los comisarios Raffaele Fitto, Valdis Dombrovskis y Piotr Serafin y llega después de que ambos parlamentarios solicitaran explicaciones sobre determinadas operaciones presupuestarias relacionadas con los fondos europeos desplegados tras la pandemia. La Comisión admite que el Tribunal de Cuentas apuntó que algunas transferencias deberían haber contado con una justificación jurídica más detallada, aunque insiste en que se trata de un asunto vinculado al control y la rendición de cuentas internos de España. La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, ya avanzó que estos recursos podían emplearse de manera temporal para atender otras necesidades presupuestarias. Desde Bruselas recuerdan además que el sistema de pagos del fondo europeo de recuperación no funciona mediante la financiación directa de gastos concretos, sino a través del cumplimiento de hitos y objetivos acordados previamente con cada Estado miembro. En este contexto, la Comisión asegura que todas las solicitudes de desembolso presentadas por España fueron examinadas de forma exhaustiva y transparente, verificando previamente el cumplimiento de los compromisos pactados antes de autorizar cada pago. Fuentes comunitarias destacan también que la carta incorpora una precisión con relevancia política: el plan español de recuperación no contempla ningún objetivo ni condición que permita utilizar fondos europeos para financiar el gasto en pensiones. Bruselas recuerda que este tipo de desembolsos no puede cubrirse con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, rechazando así que el dinero europeo se haya destinado a esa finalidad. Pese a ello, la Comisión reconoce que persisten inquietudes sobre la transparencia en torno a los beneficiarios finales de los fondos europeos. En este sentido, asegura haber tomado nota de las preocupaciones planteadas y explica que sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual obligarán a los Estados miembros a recopilar y publicar información detallada sobre beneficiarios, adjudicatarios, contratistas y subcontratistas mediante un portal único de acceso presupuestario. El Ejecutivo comunitario concluye señalando que seguirá promoviendo mayores niveles de transparencia en sus relaciones con los Estados miembros y se muestra dispuesto a ofrecer nuevas aclaraciones dentro de los diálogos habituales sobre recuperación y resiliencia. Además, deja abierta la posibilidad de celebrar una reunión técnica con los eurodiputados si éstos lo consideran oportuno.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Claves de la próxima pasarela al RETA para mutualistas

El Congreso de los Diputados afrontará este miércoles 20 de mayo una votación decisiva para miles de abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros que han cotizado para su jubilación a través de mutualidades profesionales en lugar de hacerlo mediante la Seguridad Social. Tras varios años de protestas y negociaciones, el Gobierno pretende impulsar una pasarela que permita transformar los fondos acumulados en esas mutualidades privadas, como la Mutualidad de la Abogacía, en años cotizados dentro del sistema público de pensiones. El origen de las reclamaciones está en las bajas prestaciones que reciben numerosos mutualistas al jubilarse. Muchos abogados denuncian que las cantidades ahorradas durante décadas apenas les garantizan pensiones inferiores a 500 euros mensuales en doce pagas, muy por debajo de los más de 1.300 euros de media que perciben los autónomos jubilados integrados en el RETA. Entre los procuradores, algunos casos se sitúan incluso por debajo de los 300 euros al mes. Esta situación ha llevado a los afectados a movilizarse y a intensificar la presión política sobre todos los grupos parlamentarios. Después de años de conversaciones, el Ministerio de Seguridad Social anunció en abril de 2024 el inicio de los trámites para crear esta pasarela. El objetivo también pasa por acabar progresivamente con el sistema de alternatividad que permitía a determinados profesionales cotizar exclusivamente mediante mutualidades en vez de hacerlo en el sistema público, una fórmula que incluso fue obligatoria hasta 1996 en algunos colectivos. El avance más importante llegó recientemente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde prosperó una enmienda transaccional impulsada por el PSOE dentro de una proposición de ley. Aunque el resto de grupos optaron por abstenerse, la propuesta salió adelante. No obstante, fuentes de la negociación aclaran que esa abstención no implica un apoyo definitivo, sino la voluntad de facilitar que algún tipo de solución termine aprobándose. Este miércoles la Comisión de Seguridad Social estudiará las enmiendas de los grupos parlamentarios antes de que el texto pase al Pleno del Congreso. Si la tramitación avanza según lo previsto, el Gobierno confía en que la ley pueda quedar aprobada antes del verano. Más de 100.000 profesionales vinculados al derecho, la arquitectura o las ingenierías siguen pendientes de una norma que regule esta conversión de cotizaciones. Personas implicadas en la negociación aseguran que existe una amplia voluntad política para resolver un problema que lleva años enquistado y que afecta a miles de jubilados y futuros pensionistas. La principal discusión gira en torno a cómo se calculará la equivalencia entre el dinero acumulado en las mutualidades y los años reconocidos en la Seguridad Social. Desde el inicio de las protestas han surgido distintas plataformas con posiciones diferentes. Algunas, como J2, defendían que cada año cotizado en una mutualidad equivaliera directamente a un año completo en el RETA. Otras asociaciones, como Anama, Anamarq o AMCO, aceptan aplicar factores de conversión para ajustar las diferencias entre ambos sistemas. Este aspecto es clave porque el número de años cotizados determina tanto el acceso a la pensión mínima -que exige al menos 15 años- como el importe final de la prestación. Algunos expertos consideran que los mutualistas más jóvenes, especialmente los menores de 50 años, podrían optar por mantener sus ahorros en la mutualidad y empezar a cotizar directamente en la Seguridad Social para alcanzar el mínimo exigido. En cambio, quienes superan esa edad probablemente recurrirán mayoritariamente a la pasarela. El proyecto también contempla un tratamiento específico para los mayores de 55 años, que disponen de menos margen para acumular nuevas cotizaciones. En estos casos, cada año aportado a la mutualidad sería reconocido como un año cotizado en la Seguridad Social, facilitando así el acceso a la pensión mínima del RETA. La base del sistema consistirá en trasladar voluntariamente los fondos acumulados en las mutualidades hacia la Seguridad Social. El cálculo tiene en cuenta que las cotizaciones al RETA no se destinan íntegramente a la jubilación, sino también a cubrir otras contingencias como incapacidad permanente, viudedad u orfandad. El economista José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, elaboró un informe para la asociación Anama en el que explica que parte de las cuotas del RETA funcionan como seguros destinados a cubrir riesgos concretos y cuyo dinero no puede recuperarse posteriormente. Por ejemplo, si un autónomo paga 270 euros mensuales, solo una parte se destina realmente a la futura pensión de jubilación. Uno de los puntos más controvertidos es precisamente el denominado factor de conversión. La propuesta que se debatirá inicialmente en el Congreso fija un coeficiente del 0,77, mientras que el informe de Devesa planteaba uno inferior, del 0,57. Cuanto menor es ese coeficiente, más favorable resulta para los mutualistas, ya que permite reconocer más años cotizados por el mismo capital acumulado. Con el factor del 0,57, un mutualista con 5.700 euros acumulados podría obtener el equivalente a diez años de cotización en el RETA. En cambio, con el coeficiente del 0,77, esa misma cantidad solo serviría para computar algo más de siete años. Por ello, la mayoría de asociaciones de afectados rechazan la propuesta inicial del Gobierno. Otro de los problemas detectados afecta a quienes abandonaron las mutualidades y se dieron de alta en el RETA durante los últimos años. La redacción actual deja fuera de la pasarela a estos profesionales, aunque el texto contempla estudiar específicamente la situación de quienes se incorporaron al RETA a partir del 1 de enero de 2023. Diversos expertos consideran que excluirlos generaría una clara desigualdad respecto al resto de mutualistas. Tampoco se contempla por ahora una solución para los llamados mutualistas pasivos, es decir, aquellos abogados o procuradores que ya cobran una pensión procedente de su mutualidad. Las asociaciones consideran injusto que el colectivo más afectado quede excluido de la reforma y reclaman que también puedan beneficiarse de algún mecanismo corrector. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reconocen que resulta poco probable que esta situación se modifique durante la tramitación parlamentaria.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son menos que nunca y España ya roza la media de la UE

Cada vez hay menos jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, la proporción de personas de entre 15 y 29 años que no están empleadas ni cursan estudios se situó en 2025 en el 11,5%, medio punto menos que en 2024. Se trata del nivel más bajo desde que existen registros comparables (2002) y se sitúa incluso por debajo del registrado durante el auge de la burbuja inmobiliaria. Los especialistas atribuyen esta evolución a dos factores principales: la reducción del desempleo juvenil y el descenso del abandono escolar. Ambos elementos han contribuido a que España se acerque progresivamente a la media de la Unión Europea, situada en el 11%, reduciendo a la mitad la brecha existente respecto al año anterior y alejándose de los niveles mucho más altos observados durante la Gran Recesión. En 2013, la tasa de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban llegó a alcanzar el 22,5%, el doble que en la actualidad. Aquel incremento estuvo vinculado al fuerte impacto del paro juvenil tras el estallido de la crisis financiera, especialmente entre trabajadores procedentes del sector de la construcción. Con la recuperación económica, el indicador fue descendiendo de forma gradual hasta situarse en el 14,9% en 2019. La pandemia provocó un repunte hasta el 17,3%, pero desde entonces la tendencia ha vuelto a ser descendente hasta el actual 11,5%. Este comportamiento acerca a España al promedio europeo, aunque aún persisten diferencias con algunos países. En 2025, la tasa más elevada de la UE corresponde a Rumanía (19,2%), seguida de Bulgaria, Grecia e Italia. Francia registra un 12,7%, algo superior al dato español, mientras que los mejores registros se observan en países como Portugal, Eslovenia, Suecia o Países Bajos, donde las cifras se mantienen claramente por debajo del promedio comunitario. Diversos expertos y representantes institucionales coinciden en que la mejora española se explica también por el aumento de la ocupación juvenil tras la recuperación pospandemia y por una mayor continuidad en la formación educativa. El abandono escolar, que se sitúa en el 12,8% en 2025, se ha reducido de forma muy significativa respecto a los niveles de la Gran Recesión, cuando superaba el 30%. Desde el ámbito sindical se destaca además el impacto de las políticas educativas y laborales aplicadas en los últimos años, como el impulso a la Formación Profesional o la reforma laboral, que ha contribuido a reducir la temporalidad entre los jóvenes. Actualmente, alrededor del 33,7% de los trabajadores de entre 16 y 29 años tiene un contrato temporal, frente al 55,4% registrado antes de la reforma. A pesar de esta mejora, se advierte de que la precariedad sigue siendo elevada. La tasa de paro juvenil continúa muy por encima de la media del conjunto de la población, y persisten problemas como la inestabilidad laboral o situaciones de abuso en el ámbito de las prácticas formativas. También se señala la falta de avances en medidas destinadas a regular mejor estas prácticas, como el llamado estatuto del becario. Otro de los elementos destacados es la desigualdad de género en el acceso al empleo y la carga de los cuidados, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes, con mayores tasas de desempleo y más interrupciones en su trayectoria profesional. Por otro lado, se cuestiona el propio término "nini", que organizaciones juveniles y sindicales consideran estigmatizante, ya que agrupa realidades muy distintas, desde el desempleo hasta situaciones de vulnerabilidad o cuidado no remunerado. En paralelo, crece el fenómeno de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo, conocidos como "sisis". Según la Encuesta de Población Activa, más de un millón de jóvenes compatibilizan ambas actividades, lo que supone en torno a un tercio de los ocupados de este grupo de edad, una proporción que ha aumentado de forma notable en los últimos años. Este incremento se vincula a factores como el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la formación.

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(El Economista, 20-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social obliga a las empresas a pagar sanciones por los accidentes laborales de los becarios

La Seguridad Social ha fijado un nuevo criterio por el que las empresas deberán asumir sanciones económicas cuando los becarios sufran accidentes laborales o enfermedades profesionales durante sus prácticas. Las compañías tendrán que afrontar un recargo de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones por incapacidad temporal o permanente reconocidas al alumno afectado. La cuantía del recargo dependerá del grado de responsabilidad de la empresa y de la gravedad del incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social ya contemplaba esta obligación para los trabajadores asalariados cuando el accidente se producía por deficiencias en las medidas de seguridad, por instalaciones en mal estado o por la ausencia de protección adecuada. La principal novedad es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante un criterio comunicado el pasado 11 de mayo, amplía ahora esta responsabilidad también a los estudiantes en prácticas, tanto universitarios como de Formación Profesional. Blanca Liñán, socia del área laboral de Ceca Magán, explica que el aspecto más relevante de esta interpretación es que no excluye a los alumnos en prácticas de la aplicación de estos recargos. Según señala, el INSS considera que, al estar integrados en la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, también les resulta aplicable la protección derivada de accidentes laborales y enfermedades profesionales sufridas durante las prácticas. La experta destaca además que la responsabilidad recaerá sobre la entidad en la que se produzca el incumplimiento de las medidas preventivas, situando así el foco directamente sobre la empresa donde el estudiante desarrolla su actividad formativa. A su juicio, este criterio obliga a las compañías a integrar plenamente a los becarios en sus sistemas de prevención de riesgos laborales, equiparando sus condiciones de protección a las del resto de empleados de la plantilla. El Ejecutivo ya obligaba desde noviembre de 2011 a cotizar por los estudiantes en prácticas remuneradas. Posteriormente, desde el 1 de enero de 2024, esa obligación se amplió también a las prácticas no remuneradas. Pese a ello, tanto los becarios remunerados como los no remunerados continúan excluidos de determinadas coberturas, como la prestación por desempleo o la protección del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, quienes realizan prácticas sin remuneración no tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, como enfermedades ordinarias o accidentes ocurridos fuera del entorno laboral. No obstante, Blanca Liñán aclara que esta limitación no afecta a las contingencias profesionales. Por ello, considera que el recargo también podría aplicarse en el caso de becarios no remunerados siempre que exista una prestación económica vinculada a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

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