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(Expansión, 09-06-2026) | Laboral

La actividad emprendedora en España suma cinco años en positivo

El ecosistema emprendedor español continúa mostrando una notable vitalidad y una cultura empresarial cada vez más arraigada. Este dinamismo se refleja en el creciente interés por poner en marcha nuevas empresas y proyectos innovadores, una tendencia que se extiende tanto entre los jóvenes como entre profesionales con una larga trayectoria laboral, incluidos directivos procedentes de grandes compañías y emprendedores con experiencias previas que mantienen intacta su vocación empresarial. La intención de crear un negocio durante los próximos tres años alcanzó en 2025 el 13,8% de la población, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y encadena ya cinco ejercicios consecutivos de crecimiento. También aumentó la actividad emprendedora en fases más avanzadas. Las iniciativas de reciente creación, con menos de tres años y medio de vida, pasaron del 7,2% al 7,8%, mientras que los negocios ya consolidados crecieron del 6,8% al 7,4%. Paralelamente, la tasa de abandono de proyectos por cierre o traspaso también ha experimentado una tendencia al alza desde 2020. Aunque partía de niveles muy reducidos, con un 1,3% hace cinco años, en 2025 alcanzó el 3,7%. Lejos de interpretarse exclusivamente como una señal negativa, este fenómeno refleja en parte el elevado movimiento que caracteriza al ecosistema emprendedor. De hecho, cerca de la mitad de los empresarios que abandonan sus iniciativas aseguran que la actividad continúa funcionando bajo una nueva dirección. Además, alrededor del 7% de los negocios sigue operando tras una reconversión de su actividad, mientras que el 40,4% cesa definitivamente. Entre las principales razones que explican la salida de los emprendedores destacan la posibilidad de vender el negocio en condiciones favorables y la falta de rentabilidad de la actividad. A ello se suman otros factores como la aparición de nuevas oportunidades profesionales o las dificultades para acceder a financiación que permita sostener el crecimiento del proyecto. Estas conclusiones forman parte del informe GEM España 2025-2026, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). El estudio confirma el avance del emprendimiento en todas las etapas del proceso, desde la intención inicial de emprender hasta la consolidación de empresas con mayor recorrido. La consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, destaca que la cultura emprendedora continúa ganando peso en la sociedad y atribuye parte de esta evolución al desarrollo de políticas públicas orientadas al impulso del talento empresarial, así como a la colaboración entre administraciones y agentes privados en todo el territorio nacional. En su opinión, España se consolida como un entorno atractivo para emprender, favoreciendo la creación, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas iniciativas. El informe también pone de manifiesto una creciente igualdad entre hombres y mujeres en materia de emprendimiento. Las diferencias son ya muy reducidas, con tasas del 8% y del 7%, respectivamente, lo que confirma una tendencia sostenida hacia el equilibrio de género en la actividad empresarial. La formación aparece igualmente como un factor determinante. A medida que aumenta el nivel educativo, crece la predisposición a emprender. Cerca del 10% de las personas con estudios universitarios manifiestan intención de crear una empresa, porcentaje que se eleva hasta el 12% entre quienes cuentan con un doctorado. En contraste, las cifras se sitúan entre el 6% y el 7% para quienes poseen niveles educativos más básicos. Asimismo, el nivel formativo de los emprendedores que lideran negocios consolidados sigue aumentando progresivamente. Uno de cada diez cuenta con estudios universitarios, lo que evidencia el elevado grado de cualificación que caracteriza al tejido innovador español. Otro aspecto destacado es la contribución de la población extranjera al emprendimiento. Durante los últimos años, la intención de crear empresas entre los inmigrantes ha llegado a multiplicar por tres la registrada entre los ciudadanos españoles, aunque esa diferencia se redujo ligeramente en 2025. El 26% de los extranjeros manifestó su intención de iniciar un negocio, frente al 12,3% de la población española. Aunque la cifra de emprendedores inmigrantes descendió respecto a ejercicios anteriores, continúa situándose claramente por encima de la media nacional. En las iniciativas empresariales más recientes, los emprendedores extranjeros alcanzaron una tasa del 13,7%, mientras que en los proyectos consolidados representaron el 5,6%. Los mayores niveles de actividad se concentran en ambos casos entre los 25 y los 44 años, si bien los porcentajes son significativamente más elevados entre la población inmigrante. Junto a estos indicadores, el estudio analiza los factores psicológicos que condicionan la decisión de emprender. El principal obstáculo continúa siendo el miedo al fracaso, una preocupación ampliamente extendida entre quienes se plantean poner en marcha un proyecto empresarial. Este temor puede adoptar múltiples formas, desde la incertidumbre sobre la capacidad para gestionar una empresa hasta las dudas sobre la aceptación del producto en el mercado o las dificultades para escalar un negocio. Pese a ello, el creciente número de iniciativas demuestra que cada vez más personas están dispuestas a asumir ese riesgo y apostar por la creación de nuevas empresas.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Cómo afecta a los trabajadores el retraso de la transparencia salarial

Muchos trabajadores esperaban que la entrada en vigor de la Directiva europea 2023/970 sobre transparencia retributiva les permitiera conocer si su salario se ajusta al de otros empleados con funciones y responsabilidades equivalentes dentro de su empresa. Sin embargo, tendrán que seguir esperando. La norma debía haber sido incorporada a la legislación nacional antes del 7 de junio, pero ni España ni buena parte de los países de la Unión Europea han completado todavía ese proceso. Aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reiterado que la transposición de la directiva constituye una prioridad para combatir la brecha salarial de género, el Gobierno aún no dispone de un proyecto normativo definitivo. La intención es tramitarlo por la vía de urgencia y someterlo próximamente a consulta con los agentes sociales. Pese al retraso, España parte de una posición relativamente avanzada en materia de igualdad salarial gracias a los reales decretos 901 y 902, vigentes desde 2021, que introdujeron la obligación de disponer de registros retributivos y auditorías salariales con perspectiva de género. No obstante, la directiva europea incorpora elementos adicionales que todavía deben desarrollarse, como una definición más precisa del concepto de trabajo de igual valor, mecanismos de compensación ante diferencias salariales injustificadas y la obligación de informar sobre las bandas salariales en las ofertas de empleo. Los especialistas consideran que la demora normativa no ha frenado los esfuerzos de muchas grandes compañías por prepararse para el nuevo escenario. Algunas organizaciones ya están revisando sus políticas salariales, los criterios de promoción y los sistemas de evaluación para garantizar que las diferencias retributivas puedan justificarse mediante parámetros objetivos y transparentes. En el caso de Naturgy, la empresa lleva varios años adaptando sus procedimientos internos para reforzar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la selección, la promoción profesional, la formación y la evaluación del desempeño. También ha impulsado programas de formación para directivos y herramientas específicas de gestión retributiva. Según la compañía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Por su parte, ING asegura que ya facilita a sus empleados información detallada sobre su política salarial y comunica anualmente la evolución de las retribuciones fijas y variables. Además, los responsables de equipo informan a los trabajadores de su posición dentro de las bandas salariales establecidas por la entidad. La futura normativa europea supone un cambio relevante en la cultura laboral española. Tradicionalmente, hablar de salarios ha sido un asunto poco habitual dentro de las empresas, lo que ha dificultado detectar posibles desigualdades. La nueva regulación pretende favorecer una mayor transparencia y facilitar que los empleados puedan conocer y cuestionar diferencias salariales que consideren injustificadas. Los expertos señalan que las mayores dificultades suelen aparecer en los componentes variables de la remuneración y en los procesos utilizados para decidir incrementos salariales. Con la nueva normativa, las empresas deberán proporcionar más información a la representación de los trabajadores y justificar con mayor claridad los criterios aplicados. Además, se espera que aumenten las reclamaciones judiciales relacionadas con posibles discriminaciones salariales. Una de las novedades más relevantes es que, en determinados supuestos, corresponderá a la empresa demostrar que las diferencias retributivas responden a criterios objetivos y no discriminatorios. La directiva también introduce cambios en los procesos de contratación. Las empresas deberán ofrecer mayor transparencia sobre los salarios asociados a los puestos vacantes, una medida destinada a reducir las desigualdades que pueden surgir desde el momento de la incorporación al mercado laboral. Aunque esta práctica aún no está plenamente extendida, cada vez más ofertas de empleo incluyen información salarial. Los datos de InfoJobs muestran que el porcentaje de anuncios con remuneración visible ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Además, las ofertas que detallan el salario suelen recibir un mayor número de candidaturas, lo que evidencia el interés de los trabajadores por contar con esta información desde el inicio del proceso de selección.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

Los sindicatos piden equiparar las condiciones laborales de los bomberos forestales que se enfrentan a los incendios en España

La creciente frecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos ha llevado a UGT y CCOO a reclamar la aprobación de una ley estatal de bomberos que establezca un marco común para todo el territorio nacional. Ambas organizaciones sindicales defendieron este lunes la necesidad de una normativa básica que permita armonizar la organización, las condiciones laborales y la capacidad operativa de los servicios de emergencias, respetando al mismo tiempo las competencias autonómicas. Los sindicatos consideran que la actual regulación, vigente desde 1985, ha quedado desfasada ante los nuevos retos que plantean las emergencias asociadas al cambio climático, como los incendios de gran intensidad, las danas o las situaciones que requieren una mayor coordinación entre administraciones. En este sentido, recordaron episodios recientes como las inundaciones registradas en la Comunidad Valenciana en 2024 o los grandes incendios que afectaron al noroeste peninsular el pasado verano. Según denuncian, España dispone actualmente de más de 130 servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento con importantes diferencias en aspectos como la organización, la formación, los recursos disponibles, las condiciones laborales o los tiempos de respuesta. Por ello, reclaman a los partidos políticos y al Gobierno que alcancen un acuerdo para impulsar una regulación común que permita mejorar la eficacia de estos servicios. La reivindicación cobra especial relevancia con el inicio de la campaña de verano, en un contexto en el que las previsiones apuntan a una temporada de alto riesgo. Los sindicatos recuerdan además que en diversas comunidades autónomas continúan existiendo conflictos laborales relacionados con las condiciones de trabajo de los bomberos forestales. Aunque a finales de 2024 se aprobó el denominado Estatuto del Bombero, que introdujo mejoras profesionales relacionadas con salarios, enfermedades profesionales y complementos de peligrosidad, su aplicación ha sido desigual debido al reparto competencial entre administraciones. Por ello, UGT y CCOO consideran necesario dar un paso más mediante una ley básica de ámbito estatal. Entre las propuestas planteadas figura la creación de cuerpos autonómicos de bomberos y la integración progresiva y voluntaria de los servicios locales de menor tamaño dentro de esas estructuras regionales. El objetivo sería reducir la fragmentación actual y garantizar una prestación más homogénea y eficiente de los servicios de emergencia. Los sindicatos también reclaman que la futura norma refuerce la coordinación entre administraciones, impulse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector, regule la formación y la carrera profesional, y adapte los servicios a los nuevos riesgos derivados del cambio climático y de la evolución tecnológica. Durante la presentación de la propuesta, representantes de ambas organizaciones insistieron en la necesidad de profesionalizar y reforzar los equipos de intervención. En este sentido, mostraron su preocupación por la creciente dependencia de personal voluntario en determinadas emergencias y defendieron que la respuesta ante incendios y rescates debe descansar fundamentalmente en servicios públicos dotados de profesionales cualificados y recursos suficientes. A juicio de UGT y CCOO, la aprobación de una ley estatal permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones cada vez más complejas, garantizar estándares mínimos comunes en todo el territorio y ofrecer una mayor protección tanto a los profesionales de emergencias como a la ciudadanía.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

CC OO exige un salario mínimo de 1.500 euros netos para todos los trabajadores de la Administración del Estado

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO ha convocado para este martes una concentración frente al Ministerio de Hacienda en Madrid con una demanda central: establecer un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales para todos los trabajadores de la Administración General del Estado. Se trata de una reivindicación inédita en el ámbito de la función pública estatal, aunque habitual en otros sectores a través de la negociación colectiva. Según ha explicado la secretaria general del área de la Administración General del Estado en FSC-CC OO, Montserrat Gómez, esta medida estaría dirigida principalmente a las categorías inferiores, especialmente al grupo C2, e incluiría tanto a funcionarios de carrera como a personal laboral. El sindicato estima que alrededor del 15% de los empleados públicos percibe actualmente salarios próximos al salario mínimo interprofesional previsto para 2026, situado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Gómez ha vinculado esta propuesta con las dificultades de cobertura de vacantes en la Administración, señalando que cerca de un 30% de las plazas quedan sin cubrir porque muchos aspirantes que aprueban los procesos selectivos renuncian a incorporarse debido a la insuficiencia salarial, especialmente en grandes ciudades donde el coste de la vida y de la vivienda es más elevado, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao. El sindicato no ha concretado el impacto exacto en términos brutos de esta subida, ya que dependería de los distintos complementos salariales, pero plantea que la financiación podría articularse mediante partidas destinadas al personal laboral o a través de complementos específicos en el caso del personal funcionario. Esta reivindicación salarial se plantea de forma independiente a otras demandas sindicales ya en negociación, como el desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño o la regulación del teletrabajo, compromisos que el Gobierno aún no ha implementado de forma efectiva. La protesta de CC OO no será la única movilización de la semana en el ámbito de la función pública. Este lunes, el sindicato CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria, con un seguimiento que, según la organización, ha sido mayoritario pese al establecimiento de servicios mínimos del 100% durante la campaña de la renta. El paro habría tenido especial incidencia entre los cuerpos generales, los servicios de inspección, la vigilancia aduanera y el personal de recaudación. A estas acciones se sumarán nuevas movilizaciones por parte de UGT y CSIF esta semana, en protesta por el estancamiento de las negociaciones del V Convenio Único del personal laboral de la Administración del Estado, que afecta a más de 38.000 trabajadores de la administración central.

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(El País, 09-06-2026) | Laboral

El Ministerio de Seguridad Social da un paso clave en el proceso para anticipar la jubilación de los empleados del transporte de mercancías

La UGT ha informado en una nota de prensa de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ha concluido ya el informe de morbilidad y mortalidad del sector, un documento clave dentro del procedimiento para permitir el anticipo de la jubilación en actividades con alta siniestralidad. Este informe llega más tarde de lo previsto en la normativa que regula este mecanismo, lo que había generado malestar en el sindicato, hasta el punto de que había convocado una huelga como medida de presión. Tras confirmarse su finalización y recibir el compromiso de que el proceso continuará, UGT ha decidido desconvocar el paro. Según explica la organización sindical, el Ministerio de Seguridad Social ha remitido una comunicación oficial en la que certifica que la DGOSS ya ha terminado el informe relativo al transporte de mercancías por carretera. Además, prevé que el documento correspondiente al transporte de viajeros quede listo en los próximos días. Este avance no implica todavía la concesión de coeficientes reductores -el mecanismo que permite que cada año trabajado compute como más tiempo a efectos de jubilación-, pero sí supone un paso importante dentro del procedimiento administrativo. La medida forma parte del acuerdo alcanzado en 2024 entre Gobierno, sindicatos y patronal para habilitar la jubilación anticipada en sectores con elevada siniestralidad, a cambio de un aumento de cotizaciones. Aunque el decreto que regula este sistema se aprobó en mayo de 2025, el desarrollo del procedimiento ha acumulado retrasos, tanto en la constitución de la comisión encargada de evaluarlo como en la elaboración de los informes técnicos necesarios. Las organizaciones del transporte, tanto patronales como sindicales, presentaron sus solicitudes hace más de siete meses, pese a que el plazo previsto era de seis. El Ministerio ha trasladado que los expedientes seguirán su tramitación aunque se hayan superado los tiempos inicialmente fijados y que se espera que todo el proceso pueda cerrarse en otoño. El procedimiento contempla, tras el informe de la DGOSS, la elaboración de nuevos dictámenes por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros organismos, aunque estos informes no son vinculantes. A partir de ahí, la comisión de evaluación dispone de un mes para emitir una recomendación, que posteriormente será elevada al Ministerio de Seguridad Social, responsable de la decisión final. Desde el departamento ministerial se insiste en que se trata de un procedimiento nuevo, fruto del diálogo social, y que el expediente del transporte de mercancías es el más avanzado de todos los abiertos. Según los datos disponibles, en 2025 fallecieron 93 trabajadores en el sector del transporte, lo que lo sitúa como el segundo con mayor siniestralidad laboral en España, solo por detrás de la construcción, que registró 164 fallecimientos. Ambos sectores han reclamado la aplicación de este sistema de jubilación anticipada, aunque en el caso de la construcción la patronal no respalda la petición. La Seguridad Social sostiene que la complejidad del primer informe ha contribuido a los retrasos, pero asegura que los plazos se agilizarán en futuras tramitaciones. Mientras tanto, el proceso continúa su curso a la espera de los siguientes informes técnicos y de la decisión final del ministerio.

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(El Economista, 09-06-2026) | Laboral

El Supremo revisará si los interinos contratados antes de 2021 tienen derecho a una indemnización por cese

El Tribunal Supremo ha decidido reabrir el debate sobre los derechos de los empleados públicos interinos afectados por situaciones de temporalidad abusiva. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudiará si aquellos trabajadores contratados antes de la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en 2021, pueden acceder a una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de doce mensualidades. La decisión llega después de que el alto tribunal haya admitido a trámite un nuevo recurso relacionado con esta cuestión, que se suma a otro ya aceptado en septiembre del año pasado. Hasta ahora, la doctrina del Supremo había sido clara: los interinos que sufrieron una utilización abusiva de contratos temporales y cuya relación laboral se inició antes del 30 de diciembre de 2021 no tenían derecho a percibir una indemnización al finalizar su vínculo laboral, incluso cuando el cese se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. La legislación aprobada en 2021 introdujo una compensación económica para determinados empleados temporales del sector público cuando sus plazas sean ocupadas por funcionarios que hayan superado los correspondientes procesos selectivos. Sin embargo, la aplicación práctica de este derecho y su alcance continúan generando controversia jurídica. La cuestión adquiere especial relevancia porque afecta a miles de trabajadores que han permanecido durante años en situación de interinidad mediante sucesivos nombramientos temporales. Además, el debate se ha intensificado tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 14 de abril, en el que consideró insuficiente el sistema español de compensaciones para estos empleados. Según el tribunal europeo, las medidas previstas actualmente no garantizan una reparación efectiva, ya que no alcanzan a todos los afectados ni contemplan adecuadamente los daños ocasionados por el abuso de la temporalidad. Por otro lado, la Sala de lo Social del propio Tribunal Supremo ya abordó una cuestión similar en una sentencia dictada el 12 de mayo, aunque referida a empleados públicos sujetos al Estatuto de los Trabajadores. En esa resolución estableció que únicamente podrán adquirir la condición de indefinidos aquellos trabajadores que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, mientras que el resto tendrá derecho a ser compensado económicamente por los perjuicios sufridos y, en su caso, también por el despido. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, competente para resolver los asuntos relativos a los funcionarios e interinos regulados por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todavía no ha fijado un criterio definitivo sobre las indemnizaciones que corresponden en los supuestos de abuso de la contratación temporal. La futura resolución será especialmente relevante para determinar si la normativa española se ajusta plenamente a las exigencias del derecho europeo y para aclarar el alcance de las compensaciones económicas que podrían reclamar miles de interinos afectados por años de temporalidad continuada en las administraciones públicas.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El Papa León XIV aboga por el "diálogo social" ante patronal y sindicatos

El papa León XIV ha reclamado que las empresas sitúen a las personas en el centro de su actividad y no consideren a los trabajadores como un elemento más dentro de sus objetivos económicos. Además, ha defendido que el empleo siga siendo una fuente de oportunidades y esperanza para la sociedad. Sus palabras coincidieron con una intervención conjunta de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, que apostaron por impulsar un nuevo contrato social capaz de responder a los desafíos planteados por la inteligencia artificial. En una imagen que evocó algunos de los principios recogidos en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, el Pontífice participó este domingo en un encuentro con representantes de los ámbitos social, económico, cultural y deportivo de España. Durante el acto, celebrado en el Movistar Arena de Madrid bajo el título "Tejer Redes", insistió en la importancia de que la Iglesia mantenga un diálogo abierto con la sociedad contemporánea. Ante representantes empresariales y sindicales, León XIV destacó el valor del diálogo social en el contexto actual, marcado por la rápida expansión de la inteligencia artificial. Según señaló, este diálogo debe basarse en el encuentro, la escucha mutua, el respeto y la cooperación entre las distintas partes implicadas. El Papa sostuvo que las compañías deben reconocer la dignidad de cada persona y evitar que los empleados sean percibidos únicamente como recursos al servicio de intereses económicos. También subrayó que el trabajo debe conservar su papel como herramienta de progreso y esperanza. Dirigiéndose al ámbito académico, defendió una universidad conectada con la realidad laboral y comprometida con la búsqueda de la verdad. Asimismo, reivindicó una cultura accesible para toda la sociedad, un deporte que vaya más allá del espectáculo y del negocio, y un desarrollo tecnológico que tenga presentes las necesidades de los países más desfavorecidos. Estas reflexiones respondían a las intervenciones previas de los principales representantes de los agentes sociales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el líder de CCOO, Unai Sordo, compartieron escenario para lanzar un mensaje común sobre la necesidad de construir un nuevo marco de convivencia social adaptado al siglo XXI y a la revolución tecnológica. Garamendi defendió la importancia de preservar el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos de estabilidad, consenso y cooperación. A su juicio, las sociedades más sólidas son aquellas que logran alcanzar acuerdos duraderos. Por su parte, Unai Sordo planteó la necesidad de renovar el contrato social para construir sociedades más equitativas y con mayores niveles de bienestar y dignidad. Pepe Álvarez destacó que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad inédita y advirtió de que la cuestión fundamental es decidir si esa transformación se produce al margen de los trabajadores o contando con su participación. Ángela de Miguel, en representación de las pequeñas y medianas empresas, señaló que el avance tecnológico hace aún más necesaria la dimensión humana en las relaciones económicas y laborales. El encuentro reunió también a representantes de otros sectores de la sociedad. El actor Antonio Banderas intervino en nombre del mundo de la cultura; el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, representó al ámbito académico; mientras que las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales participaron como referentes del deporte. Además, la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén aportaron la representación del sector musical. Miles de personas asistieron al evento, entre ellas empresarios, personalidades de distintos ámbitos y responsables políticos como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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(Cinco Días, 08-06-2026) | Laboral

La justicia avala la legalidad de las indemnizaciones por edad en ERE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Telefónica de España en enero de 2024. El tribunal considera que el sistema de compensaciones por tramos de edad no vulnera el principio de igualdad ni constituye una forma de discriminación, según la sentencia fechada el 5 de marzo y difundida por EL PAÍS/Cinco Días. La resolución desestima el recurso presentado por un ex trabajador de 57 años, que reclamaba una indemnización por daños morales tras considerar que había sufrido un trato desigual. El fallo ratifica una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que ya había dado la razón a la empresa. El caso se enmarca en el despido colectivo acordado entre Telefónica y la representación sindical en enero de 2024. El demandante, con una antigüedad en la compañía desde 1989 y un salario de referencia cercano a los 93.400 euros anuales, se acogió voluntariamente al plan y causó baja en febrero de ese año. El diseño del ERE establecía distintas condiciones económicas en función del año de nacimiento de los empleados. Se definieron tres tramos de edad con diferentes porcentajes del salario regulador para las rentas de prejubilación. El grupo más joven percibía un 68% hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; el tramo intermedio, donde se encontraba el demandante, recibía un 62% y un 34%; y el grupo de mayor edad, un 52% y un 34%. Además, el acuerdo incluía una prima de adhesión de 10.000 euros. El trabajador alegaba que la diferencia respecto al tramo superior suponía una reducción económica equivalente a unos 467 euros mensuales en el primer periodo de prejubilación, lo que a su juicio constituía una discriminación por razón de edad contraria a la Constitución y a la legislación vigente. También sostenía que podía tratarse de una represalia por no haberse adherido a anteriores planes de bajas incentivadas. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar que las condiciones del ERE derivan de un acuerdo colectivo negociado con la representación sindical, y no de una decisión unilateral de la empresa. El tribunal entiende que la diferenciación por edad responde a criterios objetivos vinculados a la proximidad de la jubilación y al acceso al sistema público de pensiones. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una resolución de enero de 2023 avaló que las diferencias indemnizatorias en despidos colectivos pueden ser legítimas si están justificadas dentro de la negociación colectiva. Según este criterio, la posición de los trabajadores varía en función de su edad y del tiempo que les resta hasta la jubilación, lo que permite establecer mecanismos diferenciados de compensación. En el caso concreto, los magistrados concluyen que no existe un perjuicio desproporcionado para el demandante, ya que las rentas pactadas garantizan un nivel de ingresos acorde con su trayectoria profesional. Asimismo, descartan que existiera represalia empresarial, al constatar que el trabajador no se acogió voluntariamente a planes anteriores y mantuvo su salario hasta el ERE de 2024. La resolución refuerza la validez jurídica de los esquemas de prejubilación por tramos de edad en procesos de reestructuración empresarial, al considerar que pueden ajustarse a derecho cuando se negocian colectivamente. El ERE de 2024 afectó finalmente a 3.393 empleados, dentro de un plan inicial ligeramente superior. Las condiciones incluyeron rentas mensuales y una prima de salida voluntaria. Posteriormente, en 2025, la compañía acordó un nuevo proceso de ajuste que afecta a más de 4.500 trabajadores, con un esquema similar de salidas incentivadas por edad.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

El pluriempleo se dispara un 35% tras la reforma laboral y afecta a 611.000 trabajadores

El número de trabajadores que necesitan compaginar dos empleos para alcanzar unos ingresos suficientes continúa aumentando en España. Aunque el Gobierno destaca la transformación del mercado laboral tras la reforma laboral de 2021, diversos expertos y estadísticas oficiales reflejan que persisten algunas situaciones asociadas a la precariedad, entre ellas el crecimiento del pluriempleo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026, 611.600 personas tenían una segunda ocupación. Aunque esta cifra es ligeramente inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, cuando se alcanzaron los 632.600 trabajadores, sigue situándose en niveles históricamente elevados. De hecho, supone un aumento del 35% respecto al periodo previo a la reforma laboral, ya que en el primer trimestre de 2021 había 452.400 personas en situación de pluriempleo. La comparación con hace una década también refleja una tendencia ascendente. Frente a los 423.000 trabajadores que desempeñaban dos empleos entonces, actualmente hay cerca de 189.000 más, lo que representa un incremento del 44,6%. La mayor parte de quienes tienen más de un trabajo desarrollan su actividad principal como asalariados. En concreto, de los 611.600 pluriempleados contabilizados en el primer trimestre de 2026, casi el 77% trabajan por cuenta ajena como ocupación principal, mientras que algo más de 114.000 son autónomos. No obstante, la evolución más significativa se observa en la naturaleza del segundo empleo. Aunque la mayoría continúa desempeñando esa actividad adicional como asalariado, cada vez son más quienes recurren al trabajo autónomo para complementar sus ingresos. Actualmente, más de 208.000 personas tienen una segunda ocupación como trabajadores por cuenta propia, lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al periodo anterior a la reforma laboral. Dentro de este grupo, dos de cada tres proceden de un empleo principal como asalariados, mientras que el resto ya desarrollaban una actividad autónoma como ocupación principal. El fenómeno presenta además una clara concentración sectorial. Cerca del 87% de los trabajadores con más de un empleo pertenecen al sector servicios, que reúne a más de 530.000 personas en esta situación. A considerable distancia se sitúan la industria, la construcción y la agricultura. El aumento del pluriempleo refleja las dificultades de numerosos trabajadores para cubrir sus necesidades únicamente con su salario principal. Factores como el encarecimiento de la vivienda, la inflación y el incremento general del coste de la vida han elevado la presión sobre los hogares. Un estudio reciente de InfoJobs señala que, durante 2025, el alquiler absorbió de media el 50% del salario bruto de los trabajadores en España. Este porcentaje se elevó hasta el 71% en la Comunidad de Madrid y el 70% en Cataluña. La plataforma advierte de que, pese a la mejora de la estabilidad laboral derivada de una mayor contratación indefinida, siguen existiendo elementos de temporalidad y estacionalidad que afectan a la seguridad económica de muchos trabajadores. Además, la evolución de los salarios continúa siendo insuficiente para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido por el efecto de la inflación. Otro de los aspectos que genera debate sobre la calidad del empleo tras la reforma laboral es el fuerte crecimiento de los contratos fijos discontinuos. Esta modalidad, impulsada como alternativa a la contratación temporal, ha experimentado una expansión muy significativa en los últimos cinco años. En mayo de 2026 había más de 1,1 millones de afiliados a la Seguridad Social con contratos fijos discontinuos, frente a los 376.000 registrados en mayo de 2021. Esto supone un aumento de casi el 193%, es decir, prácticamente una triplicación de esta fórmula contractual. Diversos especialistas reclaman una mayor transparencia sobre la situación real de estos trabajadores. Cuando no están llamados a prestar servicios, mantienen su contrato en vigor, pero desaparecen de las estadísticas de afiliación activa y tampoco figuran como desempleados registrados. Sin embargo, sí pueden solicitar prestaciones por desempleo durante esos periodos de inactividad. Esta circunstancia ha llevado a distintos centros de análisis a elaborar indicadores alternativos al paro registrado. Uno de ellos es el denominado "paro efectivo", que suma a los desempleados oficiales los trabajadores fijos discontinuos inactivos que pueden percibir prestaciones. Según los cálculos más recientes de Randstad Research, esta cifra alcanzó los 3,07 millones de personas en mayo, alrededor de 718.000 más que los 2,32 millones contabilizados en el paro registrado oficial.

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(Expansión, 08-06-2026) | Laboral

Seguridad Social recaudará 1.550 millones al año por la subida de cuotas a autónomos societarios y familiares

El Gobierno ha elevado en 2026 la base mínima de cotización de los autónomos societarios, los familiares colaboradores y aquellos trabajadores por cuenta propia que no declaran rendimientos, situándola en 1.424 euros mensuales frente a los 1.000 euros anteriores. Este incremento del 42% supone que los afectados deberán abonar una cuota mínima de 485 euros al mes, unos 135 euros más que en 2025, lo que representa un sobrecoste anual de aproximadamente 1.620 euros. La medida fue aprobada a finales de marzo mediante la orden de cotización correspondiente a 2026 y afecta especialmente a algo más de medio millón de autónomos cuyos ingresos se encuentran en torno a los 1.000 euros mensuales o por debajo de esa cifra. Dentro de este colectivo se incluyen tanto autónomos societarios como familiares colaboradores. Además de su impacto sobre los trabajadores afectados, la decisión tendrá una repercusión significativa en la recaudación pública. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el aumento de las cotizaciones aportará alrededor de 1.550 millones de euros adicionales al año, una cantidad equivalente a una décima del PIB. La Airef considera que esta mejora de ingresos tendrá un efecto permanente sobre las cuentas de la Seguridad Social. Sus cálculos se basan en los datos de afiliación y en las bases medias de cotización de los distintos tipos de autónomos facilitados por la propia Seguridad Social. El origen de esta subida se encuentra en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales aprobada en 2022 y puesta en marcha en 2023. Aquella normativa estableció un calendario para que todos los autónomos, independientemente de su forma jurídica, ajustaran progresivamente sus cotizaciones a sus rendimientos reales antes de 2032. En ese marco se fijó que, a partir de 2026, la base mínima de los autónomos societarios y colaboradores no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General. Sin embargo, la ley contemplaba una adaptación gradual mediante incrementos sucesivos vinculados a los Presupuestos Generales del Estado. La ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023 provocó que la base mínima permaneciera congelada en 1.000 euros durante los últimos años. Como consecuencia, el ajuste se ha concentrado ahora en un único ejercicio, generando un incremento mucho más acusado. La medida ha suscitado críticas entre las organizaciones de autónomos y diversos grupos políticos, que han intentado frenar su aplicación. Las objeciones se centran en que la subida afecta exclusivamente a un segmento concreto del colectivo, mientras que el resto de autónomos mantiene congeladas sus cuotas debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas tablas de cotización para el periodo 2026-2028. Pese a ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido la medida argumentando que responde al cumplimiento de los compromisos recogidos en la reforma pactada en 2022 con asociaciones de autónomos, sindicatos y organizaciones empresariales. La recaudación adicional derivada de esta subida forma parte de las medidas destinadas a reforzar la financiación del sistema público de pensiones. El objetivo es compensar el incremento del gasto generado por las reformas recientes, entre ellas la revalorización automática de las pensiones conforme a la evolución del IPC. En su último informe sobre sostenibilidad del sistema, la Airef concluye que la denominada regla de gasto en pensiones se cumple formalmente. Según sus estimaciones, el gasto neto en pensiones se situará de media en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% fijado en la normativa vigente. El organismo atribuye esta mejora respecto a evaluaciones anteriores principalmente al mayor impacto esperado de las medidas de ingresos. Mientras que el gasto bruto en pensiones se mantiene estable en torno al 14,6% del PIB para el periodo analizado, la aportación de los nuevos ingresos se eleva hasta el 1,6% del PIB de media, reforzando así la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.

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