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(El Economista, 31-07-2026) | Laboral

Los ministerios de Ciencia y Trabajo dejan en el cajón hasta un 34% de su presupuesto

Los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo y Economía Social finalizaron 2025 sin ejecutar una parte importante de los recursos presupuestarios que tenían asignados. De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el departamento encabezado por Diana Morant dejó sin utilizar el 33,94% de su presupuesto, mientras que el dirigido por Yolanda Díaz no ejecutó el 25,8% de los fondos disponibles. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dispuso en 2025 de un presupuesto de 7.090 millones de euros, lo que representó un incremento del 11,3% respecto a los 6.367 millones consignados en 2024. Del total asignado, ejecutó 4.684 millones, frente a los 3.934 millones gastados el año anterior. La mayor parte de los recursos de este ministerio se destina a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación mediante la financiación de proyectos científicos, la contratación de personal investigador, el desarrollo de infraestructuras de I+D y programas orientados a facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido empresarial. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social contó con un presupuesto de 858 millones de euros en 2025, un 23% inferior al del ejercicio anterior, cuando ascendía a 1.120 millones. La ejecución alcanzó los 636,4 millones, por debajo de los 787,3 millones utilizados en 2024. Los fondos gestionados por este departamento financian algunas de las principales políticas laborales del Estado, entre ellas la protección por desempleo, las políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la prevención de riesgos laborales, la negociación colectiva, los mecanismos de mediación y arbitraje en conflictos laborales, las actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, el impulso de la economía social y el funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En conjunto, los 22 ministerios que integran el Gobierno ejecutaron el 84% de sus presupuestos durante 2025, un porcentaje inferior al 88,2% registrado en 2024. Esto supone que el 16% de los créditos disponibles quedó sin utilizar. Los recursos presupuestarios ascendieron a 199.396 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron 167.486 millones. Si se analiza el grado de ejecución por departamentos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa fue el que presentó el menor nivel de utilización de sus recursos. De un presupuesto de 15.964 millones de euros, únicamente ejecutó el 31,5%. Le siguió el Ministerio de Hacienda, que entonces dirigía María Jesús Montero y actualmente encabeza Arcadi España García, con una ejecución del 51,9% sobre una dotación de 17.768 millones. Tras ambos se situaron el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el de Juventud, que dejó sin ejecutar el 27,8% de su presupuesto, y el de Trabajo y Economía Social. En el extremo opuesto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue el departamento con mayor grado de ejecución presupuestaria al utilizar el 99,5% de los 55.100 millones de euros de los que disponía. La práctica totalidad de estos recursos se destinó al pago de pensiones contributivas, especialmente las de jubilación. También destacaron por su elevado nivel de ejecución el Ministerio de Defensa, que dejó sin utilizar únicamente el 1,7% de un presupuesto de 19.131 millones de euros; el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una ejecución del 98,3%; el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones Institucionales, que alcanzó el 97,1%; y el Ministerio de Igualdad, que ejecutó el 96% de sus créditos. Otros departamentos también registraron elevados niveles de utilización de sus recursos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejecutó el 95,8% de un presupuesto de 4.781 millones de euros, mientras que el Ministerio de Sanidad alcanzó una ejecución del 84,6% sobre una dotación de 1.460 millones, inferior a los 1.717 millones con los que contó el año anterior. Los datos reflejan que la menor ejecución presupuestaria no puede atribuirse exclusivamente a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En ejercicios anteriores también se trabajó con cuentas prorrogadas y, sin embargo, el grado de ejecución fue superior. La prórroga presupuestaria implica que cada ministerio mantiene la dotación correspondiente a las últimas cuentas aprobadas, en este caso las de 2023, que fueron las últimas respaldadas por las Cortes Generales. Por tanto, que una parte de los créditos presupuestarios quede sin utilizar responde a la capacidad de gestión y al ritmo de ejecución de cada departamento, y no al hecho de operar con unos presupuestos prorrogados. Asimismo, una menor ejecución del gasto no supone automáticamente una reducción del déficit público. Los créditos que no llegan a utilizarse no constituyen un ahorro efectivo por sí mismos, ya que el déficit se determina por la diferencia entre los ingresos obtenidos y el gasto realmente ejecutado durante el ejercicio.

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(El Periódico, 31-07-2026) | Laboral

La Seguridad Social permitirá cobrar hasta un 25% más de pensión desde el 28 de agosto

A partir del próximo 28 de agosto entrará en vigor una de las reformas más relevantes de los últimos años en materia de jubilación flexible. La nueva regulación permitirá que determinados pensionistas que decidan reincorporarse al mercado laboral mediante un empleo a tiempo parcial puedan percibir un complemento de hasta el 25% sobre la parte de la pensión compatible con su actividad profesional. La medida se recoge en el Real Decreto 416/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla el nuevo marco normativo de la jubilación flexible y modifica las condiciones de compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño de una actividad laboral. El objetivo de la reforma es favorecer el retorno voluntario al empleo de las personas jubiladas mediante incentivos económicos. El complemento no estará disponible para todos los pensionistas. Solo podrán beneficiarse quienes accedan a la modalidad de jubilación flexible e inicien una actividad laboral por primera vez una vez transcurridos, al menos, seis meses desde el reconocimiento de la pensión de jubilación. La cuantía del incentivo dependerá del porcentaje de jornada que se realice. Quienes trabajen entre el 55% y el 80% de la jornada equivalente a tiempo completo podrán incrementar en un 25% la parte de la pensión compatible con el empleo. En cambio, cuando la jornada parcial se sitúe entre el 33% y menos del 55%, el complemento será del 15%. Hasta ahora, la jubilación flexible suponía únicamente una reducción proporcional de la pensión en función del tiempo trabajado. Con la nueva normativa, el Gobierno incorpora un incentivo adicional con el propósito de hacer más atractiva esta modalidad para quienes deseen regresar al mercado laboral sin renunciar completamente a su prestación. La reforma también amplía el margen de jornada compatible con esta modalidad de jubilación. A partir de su entrada en vigor, será posible trabajar entre el 33% y el 80% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, ofreciendo una mayor flexibilidad para planificar una reincorporación progresiva a la actividad laboral. Otra de las novedades es que, por primera vez, determinados trabajadores autónomos podrán acceder a la jubilación flexible, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma. Entre ellos figura la obligación de no haber estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los tres años anteriores al hecho causante de la jubilación. Esta modificación forma parte de la estrategia del Gobierno para fomentar el empleo sénior y favorecer la permanencia voluntaria de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y la necesidad de adaptar el sistema público de pensiones a esta realidad demográfica. En los últimos años, el Ejecutivo ha impulsado distintas medidas destinadas a incentivar el retraso de la jubilación y a facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo. El Real Decreto 416/2026 da un paso más en esa dirección al incorporar un complemento económico específico para quienes opten por volver a trabajar a tiempo parcial una vez jubilados. Con la entrada en vigor de la norma el próximo 28 de agosto, los pensionistas que reúnan todos los requisitos podrán acogerse al nuevo régimen. No obstante, el incremento del 15% o del 25% no se aplicará de forma generalizada, sino que dependerá de la modalidad de jubilación elegida, del tiempo transcurrido desde el acceso a la pensión y del porcentaje de jornada desarrollado durante la compatibilidad entre trabajo y prestación.

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(Expansión, 30-07-2026) | Laboral

Casi 500 autónomos con empleados a cargo echan el cierre cada día asfixiados por los costes

La fortaleza del mercado laboral español comienza a dejar al margen a los autónomos, especialmente a aquellos que tienen trabajadores a su cargo. El incremento de los costes laborales, el aumento de las cargas administrativas y el estrechamiento de los márgenes empresariales están dificultando la continuidad de muchos pequeños negocios. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante el segundo trimestre del año desaparecieron 42.500 autónomos empleadores, lo que equivale a cerca de 500 cierres diarios y reduce este colectivo hasta los 933.100. Se trata del segundo nivel más bajo desde la pandemia y, excluyendo los años marcados por la crisis sanitaria, de una de las cifras más reducidas de la última década. Este retroceso contrasta con la evolución general del empleo, que alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 22,77 millones de ocupados. En total, entre abril y junio se perdieron 42.900 trabajadores por cuenta propia, de modo que prácticamente toda la caída corresponde a autónomos con empleados. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el número total de autónomos disminuyó en 99.700 personas, mientras que los empleadores descendieron en 27.700. La evolución resulta especialmente llamativa porque el segundo trimestre suele coincidir con el inicio de la temporada turística, un periodo en el que tradicionalmente aumentan tanto las contrataciones como la apertura o expansión de pequeños negocios. De hecho, en el mismo periodo del año anterior se incorporaron 33.100 autónomos con asalariados. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que el empleo sigue creciendo, pero la destrucción se concentra en las empresas más pequeñas, especialmente aquellas con uno o dos trabajadores, una situación que afecta con mayor intensidad al medio rural. Los datos de la Seguridad Social reflejan esta misma tendencia. En junio, las empresas con uno o dos empleados contabilizaban 919.427 asalariados, lo que supone 18.244 menos que hace cinco años y 37.840 menos que en 2018. Entre las causas de este deterioro destacan el incremento acumulado del salario mínimo, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, el coste del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el destope de las bases máximas de cotización y la implantación de la cuota de solidaridad. Aunque la actualización de las cuotas de autónomos quedó congelada en 2026 por falta de apoyo parlamentario, el conjunto de estas medidas ha elevado de forma significativa los costes laborales. Según Cepyme, desde 2021 estos costes han aumentado un 28,7% en las pequeñas empresas, un 29% en las microempresas y un 23,4% en las medianas. A ello se suma el encarecimiento de los costes operativos, impulsado por el repunte de la inflación derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Con un IPC situado en el 3,2%, la patronal de las pymes estima que los costes de funcionamiento de las empresas se han incrementado un 25% desde 2019. El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que muchos pequeños empresarios renuncian a mantener empleados no porque su actividad mejore, sino porque el riesgo económico y normativo asociado a la contratación resulta cada vez mayor. A su juicio, la creciente complejidad regulatoria y la incertidumbre dificultan la toma de decisiones, por lo que reclama un marco jurídico más estable y medidas que favorezcan la contratación. Por su parte, Lorenzo Amor sostiene que la presión sobre los márgenes empresariales ha llegado a un punto en el que, según datos de la Seguridad Social, el 68% de los autónomos obtiene unos ingresos inferiores al salario mínimo. Esta situación provoca que, en muchos casos, los trabajadores perciban un salario superior al de los propios empresarios que los emplean.

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(El País, 30-07-2026) | Laboral

La empresa privada tira del empleo en el segundo trimestre mientras el sector público flojea

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre reflejan que el crecimiento del empleo entre abril y junio se apoyó exclusivamente en el sector privado. Mientras las empresas incorporaron más de medio millón de trabajadores, el empleo público registró un descenso de 15.600 ocupados, la primera caída en un segundo trimestre desde hace cuatro años. Dentro de las administraciones públicas, el ajuste se concentró principalmente en las comunidades autónomas, que redujeron sus plantillas en 42.400 trabajadores, lo que supone un descenso del 2% respecto al trimestre anterior. También la Seguridad Social disminuyó su personal en 2.400 empleados, equivalente a una reducción del 7,4%. Estas pérdidas solo pudieron compensarse parcialmente con la creación de cerca de 17.000 puestos de trabajo en las administraciones locales y otros 5.000 en empresas públicas. En el ámbito privado, la hostelería volvió a convertirse en el principal motor del empleo. El sector sumó 193.100 nuevos ocupados entre abril y junio, un incremento del 11% que representa alrededor del 40% de todo el empleo generado durante el trimestre. La campaña de Semana Santa y el adelanto de las contrataciones de verano impulsaron esta evolución, situando el número de trabajadores de la hostelería cerca de los dos millones. Solo el comercio, con casi tres millones de ocupados, la industria manufacturera, con 2,7 millones, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 2,1 millones, emplean actualmente a más personas. Tras la hostelería, los mayores aumentos de empleo se registraron en la construcción, con 57.000 nuevos ocupados; el comercio, con 53.000; las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la programación informática, la consultoría y otros servicios de información, con 40.000; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 39.000; y la industria manufacturera, que incorporó otros 38.000 trabajadores. Durante la presentación del balance político previo al verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que estos datos evidencian una transformación estructural del modelo productivo español, destacando que parte del empleo se concentra en actividades de mayor valor añadido. En este sentido, las ramas vinculadas a las tecnologías de la información y la consultoría incrementaron su ocupación un 6,2% respecto al trimestre anterior. No obstante, el crecimiento del empleo también fue significativo en sectores con menor aportación al valor añadido de la economía. Es el caso del trabajo doméstico, que incorporó 35.000 nuevos trabajadores, en su mayoría mujeres, lo que supone un incremento superior al 6% durante el trimestre. En contraste con esta evolución positiva, el transporte y el almacenamiento registraron un comportamiento negativo. El sector perdió 7.000 ocupados entre abril y junio, lo que representa una caída del 0,5% respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, el empleo en las actividades logísticas descendió un 1,9%, debido principalmente al fuerte ajuste en los servicios postales y de mensajería, donde desaparecieron cerca de 25.000 puestos de trabajo en apenas tres meses, equivalente a un descenso del 16%. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, atribuyó esta evolución a un contexto marcado por el aumento de los costes empresariales, la incertidumbre regulatoria, la falta de avances en el diálogo social, la adopción de medidas desvinculadas de la productividad y el deterioro del escenario internacional. A su juicio, estos factores están condicionando las decisiones de inversión y contratación de las empresas, que operan con márgenes más reducidos y en un entorno económico y geopolítico cada vez más complejo.

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(El Economista, 30-07-2026) | Laboral

La automoción europea acelera los recortes: más de 10.000 empleos menos antes de 2028 y decenas de miles más en la próxima década

La industria europea del automóvil afronta uno de los mayores procesos de transformación de su historia. La combinación de una demanda que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, la creciente competencia de los fabricantes chinos, la transición hacia el vehículo eléctrico y el endurecimiento de las barreras comerciales está obligando a los grandes grupos del sector a replantear sus estructuras productivas. Como consecuencia, el sector ya está inmerso en una profunda reestructuración que supondrá miles de empleos menos y que podría intensificarse durante la próxima década. Los anuncios realizados en los últimos meses anticipan la desaparición de más de 10.000 puestos de trabajo en Europa antes de que finalice 2027. A ello se suman los planes estratégicos de varios fabricantes, que contemplan nuevas reducciones de plantilla de gran envergadura en los próximos años. El ajuste más relevante corresponde a BMW. El fabricante alemán alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poner en marcha un plan de bajas voluntarias que podría afectar a hasta 8.000 empleados, principalmente en Alemania. La medida se centrará en las áreas de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, mientras que las plantas de producción quedarán fuera del proceso. Además, la compañía pretende simplificar su estructura directiva para mejorar su rentabilidad. BMW no es el único grupo inmerso en una reorganización. Nissan anunció el pasado mes de mayo la supresión de 900 empleos en Europa dentro de su plan global Re:Nissan, con el que prevé eliminar 20.000 puestos de trabajo y cerrar siete fábricas en todo el mundo. En España, el ajuste afectará a tres centros de trabajo, especialmente al almacén logístico de recambios situado en El Prat de Llobregat (Barcelona). Renault también ha iniciado medidas para reducir costes. La compañía francesa comunicó en junio su intención de eliminar 800 puestos de ingeniería en Francia antes de finales de 2027 con el objetivo de mejorar su eficiencia y reforzar su posición frente a la creciente competencia asiática. Por su parte, Stellantis continúa desarrollando su estrategia FaSTLane 2030, que contempla reducir su capacidad potencial de producción en Europa en unas 800.000 unidades anuales, pasando de 4,65 millones de vehículos previstos para 2025 a 3,85 millones en 2030. Dentro de este proceso, el grupo anunció la eliminación de 650 puestos de ingeniería en el centro tecnológico de Opel, en Rüsselsheim (Alemania), además de cerca de un millar de empleos que ya suprimió en Italia durante el pasado ejercicio. Detrás de esta oleada de ajustes existe un problema estructural: la capacidad productiva instalada en Europa supera la demanda actual. El mercado europeo continúa vendiendo alrededor de dos millones de vehículos menos al año que antes de la pandemia, mientras que China, uno de los principales mercados para los fabricantes occidentales, ha pasado a estar dominado por las marcas nacionales, inmersas en una intensa competencia de precios. A este escenario se suman otros factores como el incremento de los costes energéticos, las exigencias regulatorias asociadas a la electrificación y las nuevas barreras comerciales impuestas por mercados estratégicos como Estados Unidos. Todo ello está acelerando los programas de eficiencia y reducción de costes de los principales fabricantes europeos. El caso más significativo es el de Volkswagen Group. El consorcio alemán estudia un plan que podría implicar la eliminación de hasta 100.000 puestos de trabajo y el cierre de cuatro fábricas en Alemania antes de 2035. Según las informaciones conocidas recientemente, su consejero delegado, Oliver Blume, habría planteado la salida de otros 50.000 trabajadores adicionales a los ya incluidos en el plan de reestructuración presentado en marzo. El objetivo es alcanzar un ahorro superior a los 6.000 millones de euros anuales al final de la década. Dentro del grupo, Audi anunció en marzo la eliminación de hasta 7.500 empleos en Alemania hasta 2029, principalmente en departamentos administrativos y de desarrollo, con el propósito de reducir costes en aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Además, la planta de Neckarsulm figura entre las instalaciones cuya continuidad está siendo evaluada. Porsche también ha puesto en marcha un nuevo programa de reorganización. La marca prevé eliminar otros 5.000 puestos de trabajo hasta 2035 mediante su plan Future Package, lo que elevaría a cerca de 9.000 el número total de empleos afectados durante la próxima década. Este nuevo ajuste se suma a los 3.900 puestos cuya supresión ya había sido anunciada este año y a otros 500 vinculados a la reorganización de varias filiales. Mercedes-Benz tampoco permanece ajena a esta tendencia. Según diversos medios alemanes, la compañía prepara el inicio de negociaciones con los representantes de los trabajadores para estudiar nuevas medidas de reducción de costes. El fabricante, presidido por Ola Källenius, afronta un entorno especialmente complejo por el impacto de los aranceles estadounidenses y la prolongada caída de las ventas en China, dos factores que están reduciendo la rentabilidad de las marcas premium europeas. Hasta ahora, la empresa había limitado los ajustes a bajas voluntarias y a la no sustitución de empleados que abandonaban la compañía, aunque el deterioro del mercado podría obligarla a adoptar medidas más profundas en los próximos años.

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(El País, 29-07-2026) | Laboral

La nueva prestación para los afectados por los incendios: quiénes podrán solicitarla y cuánto cobrarán

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que establece un paquete extraordinario de medidas laborales para proteger a las personas afectadas por los incendios forestales. La principal novedad es la creación de una prestación extraordinaria por "emergencia extrema", gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinada a los trabajadores que deban suspender temporalmente su actividad laboral como consecuencia de esta situación. La ayuda tendrá carácter contributivo, aunque no exigirá un periodo mínimo de cotización. Para acceder a ella será suficiente con estar dado de alta en la Seguridad Social y que la empresa comunique al SEPE la suspensión temporal del contrato motivada por los incendios. La prestación ascenderá al 70% de la base reguladora y podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses. Durante ese periodo, el trabajador podrá reincorporarse voluntariamente a su puesto cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión. Mientras dure la prestación, el Estado asumirá íntegramente las cotizaciones sociales, por lo que la empresa no tendrá que abonar ni el salario ni las cuotas a la Seguridad Social. Además, el tiempo de percepción de esta ayuda no reducirá el derecho a futuras prestaciones por desempleo. Las medidas tendrán efectos retroactivos desde el 23 de julio, por lo que podrán acogerse a ellas quienes se hayan visto afectados por incendios declarados desde esa fecha. Entre los supuestos contemplados figuran las personas que no puedan acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones de las autoridades, quienes necesiten realizar labores de limpieza, recuperación de enseres o reconstrucción del domicilio, los que deban efectuar trámites administrativos derivados de la emergencia y quienes tengan que atender a familiares afectados. El decreto también incorpora una protección reforzada frente a posibles represalias empresariales. Cualquier medida adoptada por la empresa contra un trabajador por ejercer los derechos reconocidos en esta norma podrá ser declarada nula por los tribunales. Asimismo, el Gobierno amplía el permiso por fallecimiento cuando la muerte esté relacionada con los incendios. En estos casos, tanto los trabajadores por cuenta ajena como los socios de cooperativas dispondrán de cinco días hábiles adicionales tras el sepelio. Las medidas permanecerán vigentes mientras subsistan las circunstancias excepcionales que las justifican y podrán aplicarse también a futuros incendios de especial gravedad que se produzcan durante el resto del año, conforme a la clasificación de Protección Civil. El Ministerio de Trabajo recuerda además que continúa vigente el permiso retribuido de cuatro días por emergencia climática para aquellos trabajadores cuya relación laboral no haya sido suspendida.

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(La Vanguardia, 29-07-2026) | Laboral

El paro cae de nuevo por debajo del 10% y queda en su nivel más bajo desde 2008

El mercado laboral español volvió a mostrar una evolución muy positiva durante el segundo trimestre de 2026. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre abril y junio se crearon 486.000 empleos, lo que elevó el número de ocupados hasta un máximo histórico de 22.779.000 personas. Paralelamente, el desempleo se redujo en 213.000 personas, situándose en 2.495.300 parados, mientras que la tasa de paro descendió al 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. La mejora del empleo se produjo, además, en un contexto de fuerte crecimiento de la población activa, que alcanzó otro récord con 25.274.300 personas, tras aumentar en 272.700 durante el trimestre y en 452.500 respecto al año anterior. Este incremento refleja una mayor incorporación de personas al mercado laboral y hace más significativa la reducción del desempleo. El dinamismo del mercado laboral se apoyó principalmente en el sector servicios, impulsado por la campaña turística y el adelanto de las contrataciones estivales. Esta actividad concentró cerca de 400.000 nuevos empleos, mientras que la construcción sumó 56.600 ocupados y la industria otros 38.200. La agricultura fue el único sector que registró un descenso, con 6.200 empleos menos. Por comunidades autónomas, Baleares lideró la creación de empleo con un incremento del 18%, equivalente a 108.000 nuevos ocupados, seguida de Cataluña, con 130.800 empleos más (+3,4%), y la Región de Murcia, que incorporó 25.100 trabajadores (+3,5%). Todas las comunidades autónomas registraron un aumento de la ocupación durante el trimestre. Los datos también reflejan una mejora en la calidad del empleo. La totalidad del crecimiento neto correspondió a trabajadores asalariados, con 529.200 empleos más, mientras que el colectivo de autónomos perdió 42.900 efectivos. Además, el 73% de los nuevos asalariados obtuvo un contrato indefinido, lo que supone 386.900 nuevos empleos fijos en el trimestre, y la mayor parte de los puestos creados fueron a jornada completa, con 405.400 nuevos trabajadores, frente a 80.600 empleos a tiempo parcial. El sector privado concentró prácticamente toda la creación de empleo, con más de medio millón de nuevos ocupados, mientras que el sector público redujo su plantilla en 15.600 trabajadores entre abril y junio. No obstante, en términos interanuales el empleo público continúa creciendo a un ritmo superior al del sector privado. El Gobierno valoró positivamente los resultados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que España se acerca ya a los 23 millones de ocupados, mientras que el Ministerio de Economía subrayó la fortaleza del mercado laboral incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica. Pese a estos resultados, distintas organizaciones han señalado algunos aspectos de preocupación. La asociación Uatae advierte de la divergencia entre los datos de la EPA y los registros de afiliación a la Seguridad Social respecto al número de trabajadores autónomos, una diferencia que atribuye al aumento de los llamados falsos autónomos. Por su parte, la CEOE mostró su inquietud por la pérdida de empleo entre este colectivo, mientras que el sindicato CSIF alertó de que la temporalidad en el empleo público continúa situada en torno al 27%, muy por encima del 12,3% registrado en el sector privado, además de denunciar la reducción de plantillas en sanidad, educación y servicios de extinción de incendios durante el inicio del verano.

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(ABC, 29-07-2026) | Laboral

El gasto en pensiones aumenta un 6,2% en julio con la nómina media de jubilación en 1.573 euros

La Seguridad Social destinó en julio 14.431,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayor parte de este gasto correspondió a las pensiones de jubilación, que concentraron el 73,4% de la nómina mensual. En total, se abonaron 10.589,3 millones de euros por este concepto, lo que supone un incremento interanual del 6,6%. Las pensiones de viudedad representaron un desembolso de 2.287,7 millones de euros, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente ascendieron a 1.330,6 millones. Por su parte, las pensiones de orfandad sumaron 185,7 millones y las prestaciones en favor de familiares alcanzaron los 38,7 millones de euros. Durante el mes de julio se pagaron 10.517.634 pensiones a más de 9,5 millones de beneficiarios. Del total, 6,73 millones correspondieron a pensiones de jubilación, más de 2,3 millones a prestaciones de viudedad, 1,06 millones a incapacidad permanente, 336.294 a orfandad y 46.895 a favor de familiares. La pensión media del conjunto del sistema se situó en 1.372,2 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,6% respecto a julio del año pasado. En el caso de las pensiones de jubilación, la cuantía media alcanzó los 1.573,7 euros al mes, un 4,5% más que un año antes. Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General ascendió a 1.732,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se situó en 1.061,2 euros. En la minería del carbón, la prestación media alcanzó los 3.003,9 euros y, en el Régimen del Mar, los 1.738,1 euros. Las nuevas pensiones de jubilación reconocidas, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de junio, registraron una cuantía media de 1.666,4 euros mensuales. La pensión media de viudedad, por su parte, se situó en julio en 975,7 euros al mes. Entre enero y julio se contabilizaron 184.196 nuevas altas de jubilación. De ellas, el 11,9% correspondieron a jubilaciones demoradas de carácter voluntario, un punto porcentual más que al cierre de 2025. Además, la edad media de acceso a la jubilación alcanzó los 65,4 años, un año por encima de la registrada en 2019, como consecuencia de los incentivos introducidos para retrasar el retiro laboral. En este periodo, el 68,2% de los nuevos pensionistas accedieron a la jubilación al alcanzar la edad ordinaria. En relación con el complemento para reducir la brecha de género, 1.619.109 pensiones incorporaban esta ayuda en julio. El 71% de los beneficiarios eran mujeres, con 1.149.739 prestaciones reconocidas. La cuantía media mensual del complemento fue de 76,8 euros. Del total de perceptores, el 23,5% tenía un hijo, el 50,7% dos, el 17,6% tres y el 8,1% cuatro o más. Por último, la nómina de las pensiones de clases pasivas, correspondiente al mes de junio -último dato disponible-, alcanzó los 3.514,7 millones de euros, impulsada por el abono de la paga extraordinaria. Esta cifra supone un incremento del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de pensiones en vigor se elevó a 739.646, lo que representa un aumento de 14.741 prestaciones, equivalente a un crecimiento interanual del 2%.

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(Expansión, 28-07-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará una nueva prestación para cubrir el sueldo de los trabajadores afectados por incendios

El Ministerio de Trabajo ultima un real decreto ley con el objetivo de reforzar la protección de las personas afectadas por los incendios, ampliando la cobertura más allá de los trabajadores cuyas empresas hayan sufrido daños. La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende aprobarse en el último Consejo de Ministros antes del parón estival. La principal novedad será la creación de una prestación temporal destinada a los trabajadores que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia directa de los incendios, incluso cuando su empresa no haya resultado afectada. La ayuda también cubrirá situaciones derivadas de evacuaciones obligatorias o de la pérdida de la vivienda habitual a causa del fuego. La nueva prestación será financiada por el Ministerio de Trabajo y consistirá en el abono de un porcentaje de la base reguladora del trabajador, porcentaje que todavía está pendiente de concretarse en el texto definitivo. Además, el decreto contemplará bonificaciones en las cotizaciones sociales para las empresas afectadas. Con esta medida, el Ejecutivo pretende ampliar la protección ya existente, que actualmente incluye el permiso retribuido de cuatro días por causas climáticas previsto en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, desde el Ministerio precisan que la nueva prestación tendrá carácter temporal y estará vinculada a la actual campaña de incendios. El decreto deberá concretar tanto el periodo durante el que podrá solicitarse como la duración máxima de la ayuda, teniendo en cuenta que las consecuencias de este tipo de emergencias pueden prolongarse durante un tiempo variable. Según diversas fuentes, la propuesta ha sido negociada con carácter urgente durante los últimos días con organizaciones empresariales, sindicatos y representantes de las comunidades autónomas afectadas por los incendios. Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de aprobar la medida, todavía permanecen abiertos algunos aspectos técnicos del texto. La financiación correrá a cargo del Ministerio de Trabajo, sin necesidad de modificar la Ley General de la Seguridad Social. El Gobierno considera que esta vía es viable gracias a la situación financiera del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que acumulaba un superávit de 1.129 millones de euros a marzo de 2026. Aunque el Ejecutivo reconoce que la medida supondrá un importante esfuerzo presupuestario, todavía no ha concretado el coste previsto. Asimismo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz no descarta estudiar en el futuro la posibilidad de convertir esta prestación en un mecanismo permanente, aunque esa opción no forma parte del decreto que se encuentra en preparación. Junto a esta ayuda económica, el Ministerio de Trabajo estudia ampliar el permiso por fallecimiento para quienes pierdan a un familiar como consecuencia de los incendios. La propuesta consistiría en añadir cinco días más al permiso actualmente previsto por la legislación laboral, que es de dos días, ampliables a cuatro cuando resulte necesario realizar un desplazamiento, y aplicable a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. No obstante, esta ampliación todavía genera dudas dentro del propio Ministerio, ya que la iniciativa toma como referencia las medidas aprobadas tras la DANA, una situación con características diferentes, especialmente por las dificultades que existieron entonces para localizar a las personas fallecidas. El texto definitivo aún no ha sido distribuido a todos los departamentos del Gobierno, aunque existe una predisposición favorable para su aprobación en el Consejo de Ministros. Si finalmente recibe el visto bueno, las medidas entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y podrían aplicarse a las personas afectadas por los incendios registrados en las últimas semanas. El Ejecutivo confía también en obtener el respaldo de las organizaciones empresariales, pese a que aún deben concretarse las bonificaciones en las cotizaciones sociales. Desde el Gobierno se enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia destinada a reforzar la protección laboral frente a las consecuencias derivadas de fenómenos climáticos extremos.

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(El País, 28-07-2026) | Laboral

Trabajo ultima una ley que declarará nulo el despido de los trabajadores que denuncien a sus empresas por corrupción

El Ministerio de Trabajo someterá al Consejo de Ministros una reforma del Estatuto de los Trabajadores que reforzará la protección de quienes denuncien casos de corrupción o infracciones legales dentro de sus empresas. La principal novedad será que cualquier despido motivado por este tipo de denuncias será considerado nulo, equiparándose así a los supuestos de vulneración de derechos fundamentales. Para ello, la iniciativa modificará los artículos 4, 12.2, 27, 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores. La reforma reconocerá expresamente el derecho de los trabajadores a comunicar posibles delitos o incumplimientos normativos. Cuando se demuestre que el despido constituye una represalia por haber realizado una denuncia, la empresa estará obligada a readmitir al empleado y a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su reincorporación. A diferencia del despido improcedente, la declaración de nulidad impide sustituir la readmisión por una indemnización. La protección no se limitará a los despidos disciplinarios. También alcanzará otras decisiones empresariales que puedan utilizarse como medida de represalia, como los despidos por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, traslados, reducciones salariales, cambios de puesto e incluso la extinción del contrato durante el período de prueba, siempre que se acredite su relación con la denuncia realizada por el trabajador. Con esta modificación, informar sobre posibles conductas ilícitas dejará de poder interpretarse como un incumplimiento del deber de confidencialidad o de la relación de confianza entre empresa y empleado. En consecuencia, comunicar hechos presuntamente irregulares no podrá constituir, por sí solo, una causa válida para justificar un despido. La futura norma también flexibiliza los mecanismos para acceder a esta protección. El trabajador podrá comunicar los hechos a través de los canales internos de la empresa, ante las autoridades competentes, los tribunales o incluso mediante su difusión pública, incluidos los medios de comunicación. En todos los casos será necesario demostrar la existencia de un vínculo entre la denuncia y la decisión empresarial adoptada para que pueda apreciarse una represalia. Además, la protección se extenderá a determinadas personas del entorno familiar o cercano del denunciante cuando puedan verse afectadas por medidas de presión relacionadas con la comunicación de los hechos. El objetivo es evitar represalias indirectas dirigidas contra personas vinculadas al trabajador. La reforma establece igualmente que bastará con que el empleado actúe de buena fe y disponga de una sospecha razonable sobre la existencia de una infracción. No será necesario acreditar previamente que se ha cometido un delito. Solo quedarán excluidos de esta protección los supuestos en los que se demuestre una actuación fraudulenta o dolosa, como podría ocurrir si la denuncia se presenta con la única finalidad de impedir un despido previamente comunicado. Esta modificación formará parte del paquete legislativo contra la corrupción que el Gobierno pretende aprobar y que posteriormente continuará su tramitación parlamentaria. La iniciativa amplía la protección prevista en la ley de 2023 que incorporó al ordenamiento español la directiva europea sobre protección de los informantes. Aunque esa norma ya prohibía las represalias y contemplaba sanciones de hasta un millón de euros, el Ejecutivo considera que la cobertura específica frente al despido seguía siendo insuficiente. Desde el Ministerio de Trabajo explican que, hasta ahora, la legislación no establecía de forma expresa la nulidad del despido por este motivo, lo que obligaba a los tribunales a valorar cada caso de forma individual y permitía que algunas represalias se justificaran formalmente mediante otras causas. Con la reforma se pretende eliminar esa inseguridad jurídica y garantizar una protección más efectiva para quienes denuncien posibles irregularidades. El Ministerio reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el número de trabajadores que sufren represalias por informar de conductas ilícitas, ya que este tipo de actuaciones rara vez son reconocidas por las empresas. No obstante, sostiene que se trata de una problemática recurrente y recuerda que la Autoridad Independiente de Protección del Informante ya había señalado la necesidad de reforzar las garantías laborales frente a este tipo de represalias.

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