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(El País, 14-01-2026) | Laboral

La ONU advierte de un estancamiento mundial de las condiciones laborales

"Retomar la senda del progreso resulta especialmente complejo ante los retos que se acumulan en el ámbito laboral", afirma Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, en la introducción del informe Tendencias sociales y del empleo en 2026. Esa reflexión resume el mensaje central de este estudio anual, considerado una referencia clave para evaluar la situación del empleo a escala global y publicado este miércoles: las condiciones laborales avanzan con dificultad y el escenario internacional ofrece pocas razones para el optimismo. La OIT, organismo de Naciones Unidas especializado en cuestiones laborales, alerta de un estancamiento en la mejora de la calidad del empleo, del aumento del trabajo informal, de una productividad que no se traduce en empleo digno, de riesgos cercanos de repunte del desempleo y de posibles obstáculos adicionales para la inserción laboral de los jóvenes derivados del avance de la inteligencia artificial. El informe señala que entre 2015 y 2025 la proporción de trabajadores en situación de pobreza extrema se redujo en 3,1 puntos porcentuales, hasta situarse en el 7,9%, una caída muy inferior a la registrada en la década anterior, cuando el descenso fue de 15 puntos. En términos absolutos, esto equivale a 284 millones de personas que trabajan con ingresos diarios inferiores a tres dólares. Paralelamente, en los últimos diez años ha aumentado el peso del empleo informal, caracterizado por la ausencia de contratos y protección laboral. La OIT subraya que este tipo de ocupación suele ir asociada a peores condiciones y estima que el número de trabajadores informales alcanzará los 2.100 millones en 2026. Los expertos del organismo también detectan una desaceleración en la transformación de las economías hacia sectores más productivos y con mejores estándares laborales, así como hacia actividades de mayor cualificación. Esta pérdida de dinamismo, advierten, supone un freno relevante para reducir los déficits de trabajo decente y limita tanto la mejora de la calidad del empleo como el crecimiento de la productividad a escala global. El avance de la productividad, que según el informe suele traducirse en salarios más altos y, con el tiempo, en mayor creación de empleo, se ve comprometido por el entorno internacional. Houngbo apunta que la incertidumbre en las políticas económicas y comerciales continúa desincentivando la inversión y el intercambio, lo que dificulta el aumento de la productividad y la generación de puestos de trabajo de calidad. A pesar de un contexto marcado por el auge de medidas proteccionistas -con especial protagonismo de los aranceles impulsados por Estados Unidos-, los mercados laborales han mostrado cierta capacidad de resistencia en términos de volumen de empleo. La OIT no observa una destrucción significativa de puestos de trabajo ni un aumento del desempleo en el último año, ni prevé que esto ocurra en 2026. No obstante, insiste en que esa estabilidad cuantitativa no implica una buena salud del mercado laboral. "Un mercado estable no es necesariamente un mercado sano", resume Caroline Fredrickson, directora de estudios del organismo. Aunque el empleo mundial crecerá alrededor de un 1% en 2026, ligeramente por debajo del promedio de la década pasada, la OIT identifica varios factores de riesgo que podrían deteriorar la situación. Entre ellos figuran el elevado endeudamiento de los Estados, la incertidumbre comercial y los cambios disruptivos asociados a la inteligencia artificial. El informe dedica un apartado específico a analizar cómo esta tecnología puede afectar a los jóvenes con mayor nivel educativo. Según los primeros datos de países de ingresos altos, la adopción de la IA podría dificultar la entrada al mercado laboral de este colectivo. El análisis por grado de exposición a la automatización revela que los jóvenes de entre 15 y 24 años con formación avanzada afrontan un riesgo mayor que aquellos con menor nivel educativo. Aunque el impacto total de la inteligencia artificial sobre el empleo juvenil aún no puede determinarse con precisión, la OIT considera que su posible alcance justifica un seguimiento estrecho. En cuanto al desempleo, el organismo estima una tasa mundial del 4,9%, frente al 10,5% registrado en España, lo que equivale a unos 186 millones de personas sin trabajo en todo el planeta. La OIT prevé además que la tasa de actividad continúe descendiendo debido al envejecimiento demográfico y alcance el 60,5% en 2027. En 2025, las mujeres representaban únicamente el 40% del empleo global, un dato que, según el informe, evidencia barreras persistentes para su acceso al mercado laboral. El estudio también analiza la evolución de los salarios y concluye que el poder adquisitivo aún no se ha recuperado del impacto inflacionario posterior a la invasión rusa de Ucrania. El crecimiento de los salarios reales y de los ingresos laborales sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas sufridas entre 2022 y 2024. Un indicador clave para medir este fenómeno es la proporción de la renta del trabajo sobre la renta total mundial, que en 2025 se situó en el 52,6%, todavía por debajo del nivel previo a la pandemia, que era del 53% en 2019.

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(El Economista, 14-01-2026) | Laboral

Las empresas españolas solo hicieron indefinidos al 4,5% de sus contratos temporales en 2025

A lo largo de 2025 se contabilizaron 412.548 transformaciones de contratos temporales en indefinidos. Aunque esta cifra supone un incremento del 9,6% respecto a 2024, queda muy lejos de los máximos alcanzados en otros momentos: apenas representa un tercio del récord de 1,34 millones registrado en 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral, y alrededor de la mitad de las 835.521 conversiones anotadas en 2019. Esta caída tiene una explicación clara: la reforma ha reducido de forma significativa el uso de contratos temporales y ha impulsado la contratación indefinida desde el inicio, pero apenas ha mejorado el paso de una modalidad a otra. En 2025, solo el 4,5% de los contratos temporales se transformaron en indefinidos, el porcentaje más bajo desde 2021 y apenas superior al 4,1% registrado en 2019. Durante años se ha sostenido que el elevado peso del empleo de corta duración en España respondía a que los contratos temporales servían como vía de acceso a puestos estables. Sin embargo, los datos de conversiones contradicen esa idea. De hecho, las prórrogas de contratos temporales casi triplican a las transformaciones: en 2025 se registraron 1,16 millones de ampliaciones, el 83% de ellas por periodos inferiores a tres meses. En ese mismo año se firmaron 9,2 millones de contratos temporales, un 2,9% más que en 2024, pero muy por debajo de los niveles previos a la reforma. En 2019 se alcanzó un máximo de 20,4 millones, cifra que superaba en un 59% la de 2012, año marcado tanto por el impacto de la Gran Recesión como por la aprobación de la reforma laboral del Gobierno del PP. Precisamente, uno de los principales reproches del actual Ejecutivo de PSOE y Sumar a la normativa de 2012 es que fomentó una recuperación basada en la temporalidad. Su reforma, en cambio, ha logrado máximos históricos de ocupación y un volumen inédito de contratos indefinidos: en 2025 estos representaron el 41,2% del total, con 6,4 millones de contratos, frente al 9,6% y los 2,2 millones de 2019. En aquel año, aunque solo el 4,1% de los temporales se convertían, estas transformaciones suponían el 38,7% de los contratos indefinidos. De forma paradójica, el cambio profundo en el modelo de contratación ha reducido el recurso a los contratos eventuales, pero no ha mejorado las opciones de quienes siguen en ellos para acceder a un empleo estable dentro de la misma empresa. Esto ocurre pese a que la normativa acortó la duración máxima de los contratos temporales y de sus prórrogas con el objetivo de forzar más conversiones. Aunque el efecto fue visible en el primer año de aplicación de la reforma, su impacto se ha ido diluyendo. No solo se realizan menos conversiones porque hay menos contratos temporales, sino que la tasa de transformación ha caído hasta el 4,5%, lo que indica que la mejora de oportunidades para los trabajadores temporales ha sido limitada y transitoria. El análisis de la serie histórica muestra que los resultados actuales son mejores que los observados entre 2009 y 2021, pero no superan los de etapas anteriores. La reforma de 2021 habría corregido, en parte, la tendencia iniciada con la crisis financiera, que desvió el empleo hacia sectores con una temporalidad aún más inestable, como el turismo, tras el colapso de la construcción. En contraste, la reforma laboral de 2012, que pretendía fomentar la contratación indefinida reduciendo los costes y riesgos del despido, no consiguió aumentar de forma significativa este tipo de contratos. En 2019 apenas alcanzaban el 10,6%, dos puntos más que en 2013, pero por debajo del 13% registrado en 2006 y 2007. En 2012 se produjo un repunte puntual hasta el 10,1%, debido en gran medida a la regularización de las empleadas de hogar. Las conversiones siguieron una evolución distinta y mantuvieron siempre un peso reducido dentro de la contratación temporal. Antes de la reforma de 2021, el mayor volumen se alcanzó en 2006, con 1,15 millones y una tasa del 7%, impulsada por medidas extraordinarias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar el empleo fijo. No obstante, su efecto fue pasajero, lo que confirma que la mayoría de las empresas no utilizan el contrato temporal como paso previo a la estabilidad, sino que reservan esa función al periodo de prueba. Esa misma lógica parece repetirse en 2025. Por otra parte, el peso de las conversiones dentro del total de contratos indefinidos fue muy elevado en el pasado, llegando al 52% en 2006. Durante los años de la crisis y la posterior recuperación descendió hasta alrededor del 30%, al aumentar la contratación indefinida inicial. En 2012 marcó un mínimo del 27%, influido nuevamente por el caso de las empleadas de hogar. Nada comparable con la situación tras la reforma de 2021. En 2025, la proporción de conversiones sobre el total de contratos indefinidos cayó al 6,4%, el nivel más bajo de toda la serie. Esto refleja una clara preferencia de las empresas por incorporar directamente a trabajadores con contratos estables, en lugar de transformar a quienes ya están en la plantilla como temporales. Aunque el periodo de prueba puede extenderse entre dos y seis meses, esta resistencia a convertir también puede interpretarse como una forma de evitar el reconocimiento de antigüedad. La mayoría de los contratos temporales corresponden a trabajos de muy corta duración, pero resulta llamativo que la tasa de conversiones no aumente -y la proporción sobre indefinidos se desplome- pese a la existencia de los contratos fijos discontinuos. No se conoce cuántas transformaciones se producen hacia esta modalidad, pero los datos sugieren que no han mejorado sustancialmente las posibilidades de pasar de un empleo temporal a uno estable en la misma empresa. En muchos casos, los contratos se repiten sobre las mismas personas, ajustándose al límite legal para evitar su conversión en indefinidos. Otro indicador significativo es el volumen de prórrogas. En 2025 se registraron 1,16 millones, casi el triple que las conversiones, y la mayoría fueron de menos de tres meses. Además, el 96% consistió en una única ampliación. En 2019 hubo 2,4 millones de prórrogas, también triplicando a las conversiones y con el mismo porcentaje de ampliaciones únicas. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección, ha intensificado el control sobre las empresas que incumplen la obligación de transformar contratos temporales, aunque los resultados se publican de forma irregular y se mezclan con los ajustes relacionados con los fijos discontinuos que deberían ser indefinidos ordinarios. En cualquier caso, a la vista de las cifras, el impacto de estas actuaciones parece limitado.

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(Expansión, 13-01-2026) | Laboral

Los autónomos reclaman a la Seguridad Social no pagar la cuota durante la baja por enfermedad

Según el Barómetro de ATA sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia, el 32,1% de los autónomos asegura que su actividad empeoró a lo largo de 2025. Desde la organización, su presidente, Lorenzo Amor, atribuye este deterioro al aumento de las cargas que afronta el colectivo, derivadas tanto de la nueva subida del salario mínimo como del endurecimiento de las obligaciones relacionadas con el control horario. Uno de los principales reclamos de los autónomos se dirige al Ministerio de Seguridad Social y se centra en reforzar la protección durante las bajas por enfermedad. Aunque desde 2018 están exentos de pagar cuotas a partir del segundo mes de incapacidad temporal, los 3,4 millones de trabajadores que integran el colectivo reclaman ahora que esa exención se aplique desde el primer día de baja. En un contexto marcado por el aumento de los costes laborales y una mayor presión fiscal, la mejora de la cobertura por incapacidad temporal se sitúa como la prioridad principal para más de la mitad de los autónomos. Así lo refleja el Barómetro de ATA sobre el cierre de 2025 y las perspectivas para 2026, que señala que el 53,8% considera esta medida la más urgente. A continuación, los encuestados reclaman la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, una simplificación de las obligaciones fiscales que reduzca el número de declaraciones, la compatibilidad entre el trabajo y el cobro íntegro de la pensión de jubilación, incentivos a la contratación del primer empleado, una revisión de las deducciones de gastos para ganar seguridad jurídica, mejoras en el acceso al cese de actividad y la creación de un subsidio para mayores de 52 años que hayan agotado sus prestaciones. Conviene recordar que la prestación por incapacidad temporal de los autónomos depende de su base de cotización y de la causa de la baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, no perciben prestación durante los cuatro primeros días; entre el cuarto y el vigésimo día reciben el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21, el 75%. Si la baja se debe a un accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la baja. Pese a estas reivindicaciones, las conversaciones entre ATA y el Gobierno para mejorar la protección del colectivo y avanzar en cuestiones como la regularización de cuotas o la reforma del cese de actividad se encuentran paralizadas. Amor denuncia la falta de interlocución con el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, y asegura que no se han retomado los contactos desde el pasado 20 de octubre. Fue en aquella fecha cuando el Ministerio dio marcha atrás en su propuesta inicial de actualización de las cuotas de autónomos para el periodo 2026-2028. Tras plantear subidas de entre el 4% y el 34%, el incremento se rebajó a una horquilla de entre el 1% y el 2,5%, hasta que finalmente el Ejecutivo optó por prorrogar en 2026 las cuotas vigentes en 2025, sin ningún aumento. Desde entonces, según ATA, no ha habido avances ni en la negociación futura de las cuotas ni en las medidas complementarias que la organización consideraba imprescindibles para alcanzar un acuerdo. Por el contrario, alertan de que las decisiones que se aprobarán próximamente en el Consejo de Ministros volverán a incrementar la carga sobre los autónomos. Entre ellas, destacan la subida del salario mínimo interprofesional, que será de al menos el 3,1%, y el refuerzo del registro horario, que obligará a muchos negocios a implantar sistemas digitales de control de jornada. Lorenzo Amor advierte de que este tipo de medidas están provocando una reducción del número de autónomos empleadores y de pequeñas empresas, mientras crece el empleo en grandes compañías con mayor capacidad de adaptación. En su opinión, el nuevo registro de jornada digital supondrá una carga adicional para el conjunto del tejido empresarial, pero tendrá un impacto especialmente negativo en los autónomos, a muchos de los cuales podría llevar al cierre. De cara a 2026, el Barómetro refleja un clima de moderado pesimismo. Solo el 16% de los autónomos confía en que su negocio crezca el próximo año, frente al 19% que lo pensaba a comienzos de 2025. Un 39,1% espera mantener su actividad y un 25,6% anticipa un empeoramiento. En cuanto al balance de 2025, el 30,8% de los autónomos afirma haber mejorado respecto al año anterior, mientras que un 32,1% reconoce un retroceso y un 34,9% señala que su situación se mantuvo sin cambios. Los datos de facturación siguen una línea similar: el 31,3% incrementó ingresos, el 30,4% los mantuvo y el 35% los redujo, lo que implica que para casi dos de cada tres autónomos 2025 fue un ejercicio sin crecimiento o con retrocesos. Para Amor, aunque el número total de autónomos haya aumentado, el balance del año es muy negativo. A su juicio, el incremento de la presión fiscal y la incertidumbre han generado un fuerte malestar en el colectivo. Además, señala que el crecimiento se concentra en solo cuatro comunidades autónomas, mientras se pierde empleo entre autónomos y pequeñas empresas y continúa el descenso en los sectores tradicionales.

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(El Confidencial, 13-01-2026) | Laboral

La organización mayoritaria de autónomos rechaza subir el SMI un 3,1% en 2026

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), integrada en la CEOE, ha manifestado su oposición al aumento del salario mínimo interprofesional planteado por el Ministerio de Trabajo para 2026, que contempla una subida del 3,1% con bonificación en el IRPF y situaría el SMI en 17.094 euros brutos al año. El presidente de la organización, Lorenzo Amor, afirmó este lunes que un incremento de ese calibre resulta "inviable" para muchos autónomos con trabajadores a su cargo, y reiteró la posición fijada previamente por el Comité Ejecutivo de la CEOE en diciembre. Amor señaló que una actualización más moderada, de entre el 1,5% y el 2%, habría sido aceptable, pero considera excesivo el porcentaje propuesto. Estas declaraciones, realizadas durante la presentación del barómetro de actividad de los autónomos de 2025, cierran en la práctica la puerta a una negociación efectiva entre Trabajo y las organizaciones empresariales para acordar una subida consensuada del SMI en 2026. El dirigente empresarial también cuestionó el informe de expertos utilizado para calcular el 60% del salario medio neto, al que calificó de "trilerismo estadístico", y defendió que el salario mínimo ya supera ese umbral. Desde el Gobierno y los sindicatos, en cambio, se considera insuficiente una subida por debajo de la inflación registrada en 2025, del 2,7%, y de la prevista para 2026, del 2,1%. Además, la alternativa planteada por el Ministerio de Trabajo el pasado 7 de enero, consistente en modificar la ley de desindexación, no ha prosperado y carece de apoyos para avanzar. La desindexación es una demanda recurrente tanto de CEOE y Cepyme como de UGT y CCOO. De hecho, en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se recogió la necesidad de que las empresas pudieran trasladar el coste de las subidas del SMI a los contratos con las administraciones públicas. No obstante, los ministerios implicados se oponen a esta posibilidad. Desde Hacienda se indicó la semana pasada que no se aceptará la desindexación por el impacto que tendría en las cuentas públicas en un contexto de mayores necesidades de gasto, mientras que desde Economía aseguran que esta opción ni siquiera se está abordando dentro del Gobierno. En este escenario, el Ministerio de Trabajo acabará previsiblemente cerrando un acuerdo únicamente con los sindicatos, como viene ocurriendo desde 2021, y UGT y CCOO no pondrán obstáculos a una subida del 3,1%. ATA, como principal organización representativa de los autónomos, fundamenta su rechazo a un mayor incremento de los costes laborales en la situación real del colectivo, que, según sostiene, no es tan favorable como podría sugerir el récord de afiliación al RETA, con 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia. De acuerdo con su barómetro, elaborado a partir de 1.200 encuestas, el 32,1% de los autónomos afirma haber reducido su actividad en 2025 respecto al año anterior, y un 25,6% prevé un descenso a lo largo de 2026.

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(El Economista, 13-01-2026) | Laboral

Histórico sorpasso en el mercado laboral europeo

Se trata de un hecho histórico, no solo por su carácter inédito, sino porque rompe definitivamente con el estereotipo que durante años ha pesado sobre los países del sur de Europa, a menudo señalados -de forma más o menos velada- como derrochadores y poco disciplinados. Por primera vez, el país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea no se encuentra en el sur, sino en el norte del continente. En concreto, es Finlandia la economía que hoy lidera el paro en Europa, un país cuyos dirigentes mostraron durante la crisis del euro una fuerte resistencia a ayudar a las economías meridionales y cuyos responsables económicos formaron parte del grupo de los denominados países frugales, defensores de la austeridad y la ortodoxia fiscal. Según los últimos datos oficiales de la Comisión Europea, Finlandia registra actualmente la tasa de paro más elevada de la UE. España ocupa la segunda posición, seguida muy de cerca por Suecia, otro país que tradicionalmente se asociaba con niveles muy bajos de desempleo. La tasa finlandesa, ajustada por estacionalidad, alcanza el 10,6%, ligeramente por encima del 10,4% de España, mientras que Suecia se sitúa en el 9,1%. El aumento respecto al dato de octubre, cuando el paro era del 10,4%, sitúa a Finlandia en su peor registro de los últimos 15 años. Estas cifras reflejan una tendencia más amplia: los países nórdicos, históricamente caracterizados por un mercado laboral sólido y bajos niveles de desempleo, están experimentando un deterioro en sus indicadores, mientras que las economías del sur de Europa muestran mejoras moderadas. La tasa de paro mide el porcentaje de personas desempleadas sobre la población activa de entre 15 y 74 años, y esta definición permite al Gobierno finlandés matizar el diagnóstico. Desde su punto de vista, el problema no reside en una destrucción masiva de empleo, sino en que el número de personas que buscan trabajo crece a un ritmo superior al de la creación de puestos. En otras palabras, la oferta de mano de obra está aumentando más rápido que la demanda. El Ministerio de Empleo de Finlandia ha señalado que en el último año el número de personas ocupadas ha crecido en torno a 25.000 y que determinados sectores están generando nuevos empleos. Sin embargo, este avance no logra absorber el incremento de la población activa, formada tanto por quienes ya trabajan como por quienes buscan empleo de manera activa. Desde esta perspectiva, el repunte del desempleo en Finlandia se explica en parte por el aumento de la inmigración registrado en los últimos años. La economía finlandesa no está siendo capaz de integrar a esta fuerza laboral procedente del exterior, lo que está generando tensiones sociales y políticas. La llegada de población migrante ha coincidido, además, con una fase de recesión económica y con mayores dificultades para encontrar trabajo. La situación contrasta con la de España, donde también se ha producido una intensa entrada de inmigrantes, pero en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. En este caso, la inmigración está contribuyendo al aumento del empleo. Según la última Encuesta de Población Activa, que utiliza la misma metodología que Eurostat, en 2025 los trabajadores extranjeros superaron los 3,5 millones, lo que equivale al 15% del total de ocupados, su máximo histórico, en un momento en el que España se acerca a los 22 millones de personas empleadas. No obstante, aún hay más de 635.400 parados extranjeros en España, sin contar a quienes tienen doble nacionalidad. Este colectivo representa el 24,3% del desempleo total, el porcentaje más elevado desde 2009, cuando llegó al 25% con más de un millón de personas. A pesar de ello, la presencia de inmigrantes no ha impedido reducir la tasa de paro, que ha descendido 3,5 puntos porcentuales desde 2019, mientras que en Finlandia ha aumentado en 3,7 puntos durante el mismo periodo. A diferencia de lo ocurrido hace 16 años, el mayor peso de los inmigrantes en el desempleo español coincide ahora con un volumen total de parados mucho menor. Además, la experiencia de la Gran Recesión mostró que, en épocas de crisis, muchos inmigrantes tienden a abandonar España en busca de mejores oportunidades en otros países europeos. En el trasfondo de estas diferencias se encuentra un distinto modelo de integración de la mano de obra extranjera. La estructura productiva española depende en mayor medida de sectores intensivos en trabajo, como la agricultura, la construcción y, especialmente, los servicios -hostelería, logística o turismo-, lo que facilita la incorporación de trabajadores con perfiles diversos en un contexto de envejecimiento demográfico que está generando tensiones crecientes en la oferta laboral. También influye el origen de la inmigración. Aunque Marruecos es el principal país de procedencia, una parte muy relevante de los inmigrantes que llegan a España procede de América Latina. La cercanía cultural y lingüística reduce fricciones que sí aparecen con mayor intensidad en los países nórdicos, como Finlandia y Suecia. Lo que en el caso español actúa como un factor de apoyo al mercado laboral, en estos países se ha convertido en un desafío. Tanto Finlandia como Suecia afrontan problemas derivados del envejecimiento de su población, incluso de forma más acusada que España, pero no están logrando aprovechar esta entrada de trabajadores extranjeros como un motor de productividad en un entorno geopolítico complejo, marcado por su proximidad a Rusia. Resulta especialmente llamativo en el caso de Finlandia, a menudo presentada como el país más feliz del mundo, mientras que Suecia ha llegado a superar a Grecia como el tercer país europeo con mayor tasa de paro. Con todo, hay un elemento menos tranquilizador para España que emerge al analizar la serie histórica de datos. Es la primera vez que Finlandia supera a España en tasa de desempleo, pero no es la primera vez que se aproxima a hacerlo. En julio de 2005, en pleno auge inmobiliario, la diferencia estuvo a solo cuatro décimas. Este patrón pone de relieve una debilidad estructural del mercado laboral español: su elevada volatilidad.

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(Onda Cero, 13-01-2026) | Laboral

La Tesorería General de la Seguridad Social avisa a los pensionistas por la posible recepción de una carta fraudulenta

La Tesorería General de la Seguridad Social ha alertado a través de sus redes sociales de la circulación de una carta falsa dirigida a algunos pensionistas. En su aviso advierte claramente de que se trata de un engaño y pide no caer en la trampa. Junto al comunicado, el organismo ha difundido una copia del escrito fraudulento. En él, los supuestos remitentes afirman contactar "desde la Seguridad Social" para solicitar documentación, alegando la entrada en vigor de una nueva ley y la pérdida de datos personales como consecuencia de un supuesto ataque informático a los sistemas de Hacienda y de la propia Seguridad Social. El texto, con un uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas, ya resulta sospechoso desde el primer momento. A lo largo de la carta se aprecian numerosos errores ortográficos y de puntuación. Además, se asegura que habrá un aumento de las prestaciones y de las pensiones de jubilación, y se pide al destinatario que remita diversa información personal: fotografías del DNI o NIE por ambas caras, una imagen de un extracto bancario en el que figure como titular o autorizado, así como el importe aproximado de la última pensión cobrada. El mensaje concluye prometiendo una subida de la pensión de entre 75 y 150 euros e incluye una dirección de correo electrónico a la que enviar toda esa documentación. El verdadero objetivo es obtener datos personales y bancarios para cometer un fraude. Ante este tipo de comunicaciones, lo más recomendable es no responder y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Tanto la Seguridad Social como la Guardia Civil recuerdan de forma reiterada que este organismo nunca solicita información personal o bancaria por este tipo de vías, por lo que cualquier mensaje de estas características debe ser ignorado.

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(Expansión, 12-01-2026) | Laboral

¿Cuánto subirá el salario mínimo interprofesional en 2026?

El Ejecutivo ha planteado a sindicatos y empresarios una subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% para 2026, lo que situaría su cuantía en 1.221 euros brutos mensuales, manteniendo la exención del IRPF. Esta propuesta se encuentra a medio camino entre la reivindicación sindical, que reclama un incremento del 7,5%, y la posición de la patronal, que defiende una subida más moderada del 1,5%. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha citado a los agentes sociales el viernes 16 de enero a las nueve de la mañana para continuar con las conversaciones sobre la actualización del SMI de 2026, según han trasladado fuentes sindicales. En la última reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme la propuesta de elevar el salario mínimo un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes en 14 pagas, sin que tribute en el IRPF. Esto supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a los 1.184 euros vigentes en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez se apruebe la medida. La oferta del Gobierno coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora sobre el SMI, que planteaba un incremento del 3,1% en caso de mantener la exención fiscal o del 4,7% si el salario mínimo pasaba a tributar. Para facilitar un posible acuerdo con la CEOE, Trabajo ha mostrado su disposición a analizar con mayor profundidad una flexibilización de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una demanda compartida por sindicatos y empresarios y que la patronal había fijado como condición en negociaciones anteriores sin que llegara a prosperar. El Ministerio también defiende estudiar fórmulas que permitan vincular la evolución del salario mínimo a los contratos públicos dentro del marco fiscal, laboral y tributario, aunque esta posibilidad ha chocado en el pasado con la oposición del Ministerio de Hacienda. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció recientemente la existencia de discrepancias con el PSOE en esta materia. Aun así, Trabajo se ha comprometido a explorar con los departamentos implicados un acuerdo que permita suavizar las reglas de desindexación en determinados supuestos, un debate que se enmarca en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. En este contexto, el diálogo social también aborda la reforma de los mecanismos de compensación y absorción para evitar que las subidas del SMI queden neutralizadas por complementos salariales. Tras el último encuentro, las organizaciones sindicales y empresariales acordaron analizar la propuesta en sus órganos internos. Todo apunta a que, si no se introducen cambios sustanciales, CCOO y UGT respaldarán el planteamiento del Gobierno. La patronal, por su parte, mantiene una posición prudente y no ha definido públicamente su postura, aunque tanto Trabajo como los sindicatos han valorado su actitud constructiva durante la negociación y confían en que finalmente se sume al acuerdo. Los sindicatos, que inicialmente plantearon una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, consideran que el incremento del 3,1% sin impuestos supera la inflación media de 2025, estimada en el 2,7%, y permite preservar el poder adquisitivo, además de avanzar hacia el objetivo del 60% del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea. Desde el ámbito empresarial, fuentes de la CEOE han señalado que la decisión final dependerá del desarrollo de la reunión del viernes y que la cuestión se abordará en su Junta Directiva del 19 de enero. Si la patronal acaba respaldando la propuesta gubernamental, el salario mínimo aumentaría en 2026 el doble de lo que propone la propia CEOE, que apuesta por un alza del 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos mensuales. En paralelo, Trabajo pretende aprobar de forma diferenciada, pero dentro de un acuerdo global, tanto la subida del SMI como la reforma de las reglas de absorción y compensación, incorporando así la directiva europea al ordenamiento español. No obstante, esta reforma genera un fuerte desacuerdo, ya que los sindicatos y el Ministerio la consideran prioritaria, mientras que la patronal se opone. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en que las organizaciones sindicales no renunciarán a esta reforma y ha defendido que se eleve al Consejo de Ministros el mismo día que se apruebe la cuantía del SMI para 2026, aunque su entrada en vigor se retrase por los trámites necesarios. Lo que sí está garantizado es que el salario mínimo seguirá sin tributar, ya que Trabajo y Hacienda han acordado mantener la exención fiscal. Hacienda había mostrado disposición a revisar la deducción del IRPF para adaptarla a la subida del SMI, una solución que UGT considera insuficiente y meramente provisional. Por ahora, el año ha comenzado con el SMI en la misma cuantía con la que terminó 2025, es decir, 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Esta cifra se fijó tras la subida del 4,4% aprobada en febrero de 2025 con efectos retroactivos desde enero, un aumento de 50 euros respecto a 2024. Aquella subida fue acordada únicamente entre el Gobierno y los sindicatos, sin el respaldo de la patronal, que no apoya un incremento del salario mínimo desde 2020, cuando se elevó de 900 a 950 euros mensuales.

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(Expansión, 12-01-2026) | Laboral

478.000 empresas despiden 2025 con alzas salariales próximas al 5%

El incremento salarial medio acordado en los convenios colectivos registrados hasta diciembre se situó en el 3,53%, aunque más de 4,43 millones de trabajadores han experimentado subidas sensiblemente superiores, cercanas al 4,71%. De forma gradual, los asalariados en España están logrando dejar atrás, o al menos amortiguar, el impacto de la fuerte inflación que golpeó con especial intensidad en 2021 y 2022, y que solo empezó a moderarse a partir de 2023. Aun así, el encarecimiento acumulado desde finales de 2020 supera el 22%. En este contexto, la desaceleración de los precios junto con una recuperación lenta pero sostenida de los salarios ha permitido que muchos hogares recuperen parte de su poder adquisitivo o, al menos, frenen su deterioro. El mercado laboral cerró 2025 con una mejora salarial media del 3,53%, según los datos del Ministerio de Trabajo, que reflejan las revisiones retributivas pactadas en los convenios colectivos inscritos hasta diciembre. Este avance apenas supera en cuatro centésimas el registrado en noviembre, pero representa medio punto más que al inicio del año. Este aumento, en el que han tenido un papel relevante las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional -para el que el Gobierno plantea un alza del 3,1% en 2026 manteniendo la exención fiscal-, se coloca seis décimas por encima del IPC de diciembre, situado en el 2,9%, y ocho décimas por encima de la inflación media de 2025, del 2,7%. Esto supone un alivio para el poder de compra de muchos trabajadores, aunque de forma desigual, ya que persisten diferencias significativas entre colectivos, con brechas cercanas a los cinco puntos entre quienes han visto crecer sus salarios y quienes han vuelto a sufrir congelaciones. A finales de diciembre, 478.339 empresas habían pactado con sus plantillas incrementos salariales medios del 4,71%, casi 1,2 puntos por encima del promedio general, 1,8 puntos más que la inflación de diciembre y dos puntos por encima de la media anual. Este avance beneficia a 4,43 millones de trabajadores, el 43,6% de los 10,15 millones de asalariados cubiertos por los convenios registrados en 2025, y les permitirá mejorar su capacidad de compra. A la espera de que sindicatos y empresarios inicien las negociaciones para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tras expirar el anterior a finales de 2025, los datos de los convenios más recientes apuntan a una tendencia al alza. En concreto, los convenios firmados durante 2025 recogen un aumento salarial medio del 4,18%, frente al 3,31% correspondiente a acuerdos de años anteriores que siguen vigentes. Pese a que los más de 4,4 millones de trabajadores con subidas cercanas al 5% representan una parte relevante del total, la mayoría de los asalariados no ha experimentado mejoras de ese calibre. De los 10,15 millones cubiertos por convenio, 5,72 millones se encuentran en situaciones muy diversas, que van desde la congelación salarial hasta incrementos que apenas compensan el aumento de los precios, pasando por alzas inferiores al IPC que implican pérdida de poder adquisitivo. En concreto, 3,74 millones de empleados han acordado subidas del 2,96%, en línea con la inflación de diciembre y solo ligeramente por encima de la media anual, mientras que 1,87 millones han pactado incrementos de entre el 1,35% y el 2,47%, con un valor intermedio del 1,94%. Para estos colectivos, la capacidad de compra vuelve a verse erosionada, una situación aún más acusada en el caso de más de 104.000 trabajadores que en 2025 han sufrido una congelación salarial o apenas han logrado aumentos de entre el 0,08% y el 0,55%.

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(El Economista, 12-01-2026) | Laboral

El Supremo facilita las devoluciones de la Seguridad Social por errores de cotización

El Tribunal Supremo ha allanado el camino para que la Seguridad Social devuelva con mayor facilidad las cantidades cobradas de más como consecuencia de errores en las cotizaciones. En una sentencia dictada el 19 de diciembre, el alto tribunal establece que empresas y profesionales pueden reclamar el importe total abonado en exceso, sin necesidad de hacerlo mes a mes por cada liquidación. Este criterio resulta especialmente relevante porque permite acceder a la segunda instancia judicial en reclamaciones que, de otro modo, quedarían excluidas al no superar individualmente el umbral de 30.000 euros exigido para recurrir. El caso analizado se origina a raíz de una empresa que, entre 2013 y 2017, ingresó indebidamente unos 50.700 euros debido a un error en el encuadramiento de sus trabajadores. La Seguridad Social rechazó la devolución y el juzgado de lo contencioso-administrativo de primera instancia respaldó la postura de la Administración al entender que no se había reconocido formalmente el error. No obstante, la compañía recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó su pretensión. Posteriormente, la Seguridad Social llevó el asunto ante el Supremo, defendiendo que la cuantía debía analizarse por cada liquidación mensual, ninguna de las cuales alcanzaba los 30.000 euros, lo que impediría el acceso a la apelación. La empresa sostuvo que este planteamiento supondría, en la práctica, bloquear cualquier posibilidad de recurrir en segunda instancia las devoluciones de ingresos indebidos derivadas de cotizaciones erróneas. El Tribunal Supremo ha dado la razón a este argumento y ha fijado doctrina al señalar que, cuando la reclamación se basa en un error de encuadramiento, la cuantía relevante es el importe económico global reclamado, sin fragmentarlo por periodos de cotización. El alto tribunal recuerda que en resoluciones anteriores, de mayo de 2021 y enero de 2023, había establecido que, al impugnar actas de liquidación de cuotas, la cuantía debía calcularse atendiendo a cada liquidación mensual. Sin embargo, aclara que este supuesto es distinto, ya que no se trata de discutir actas de liquidación, sino de solicitar la devolución de cantidades ingresadas indebidamente por un error común. En este sentido, el Supremo invoca su propia doctrina, así como la del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obligan a interpretar los requisitos de acceso a los recursos de manera razonable y proporcionada para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo este enfoque, concluye que debe facilitarse la admisión de los recursos. La sentencia, redactada por la magistrada María Pilar Cancer Minchot, subraya que la devolución solicitada tiene su origen en una única causa, el error en el encuadramiento de los trabajadores, por lo que no resulta justificado fragmentar la cuantía reclamada por periodos. A juicio del tribunal, debe atenderse al importe total de la reclamación, como consecuencia directa de un mismo presupuesto, con independencia de que las cantidades puedan desglosarse por cuotas mensuales. Además, precisa que no existe una acumulación artificial de importes, sino la consecuencia lógica de un único error.

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(El Economista, 12-01-2026) | Laboral

La desigualdad de las pensiones entre las CCAA crece un 20%, hasta 1.330 euros

En el último lustro, la brecha territorial entre la pensión media más alta, que corresponde a los jubilados del País Vasco, y la más baja, percibida en Extremadura, se ha ampliado en unos 100 euros mensuales, lo que equivale a 1.330 euros al año, un incremento cercano al 20%. Al cierre de 2024, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.512 euros al mes. Sin embargo, los pensionistas vascos recibían de media 1.841 euros mensuales, la cifra más elevada del país, mientras que los extremeños se situaban en el extremo opuesto, con 1.279 euros, es decir, 562 euros menos al mes. Esta diferencia supone actualmente una brecha del 44%, una desigualdad que se repite desde que existen datos, aunque con una tendencia clara al ensanchamiento. Estas disparidades regionales responden, en gran medida, a las trayectorias laborales de los actuales pensionistas. Así lo señala el informe Las pensiones de la Seguridad Social en las comunidades autónomas, elaborado por el Instituto BBVA, que destaca que el País Vasco es la región con mayor remuneración neta y Extremadura la que presenta los ingresos medios más bajos. Según el estudio, la distancia entre ambas asciende a 11.700 euros anuales, lo que representa un 26,6% más. Junto con la edad de jubilación y los años cotizados, estas diferencias salariales explican el importe final de las pensiones. Más allá del valor medio de las prestaciones, otros indicadores reflejan la magnitud de las desigualdades territoriales. Uno de ellos es la distribución de las pensiones en vigor por tramos de cuantía. En diciembre de 2025, el 58% de los pensionistas en España cobraba una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Esta proporción se elevaba notablemente en comunidades con pensiones más bajas: alcanzaba el 73% en Extremadura, el 68% en Galicia, el 67% en Andalucía y el 66% tanto en Murcia como en Canarias. Por el contrario, en regiones con pensiones superiores a la media nacional, la concentración de prestaciones por debajo del SMI es sensiblemente menor, como ocurre en el País Vasco, donde afecta al 40% de los pensionistas, Navarra con un 44%, Madrid y Asturias con un 47%, o Aragón con un 53%. Otro dato revelador es el uso del complemento a mínimos, un mecanismo que eleva la pensión contributiva cuando no alcanza el umbral legal, fijado en 2025 en 9.193 euros anuales para hogares unipersonales y en 10.723 euros para aquellos con cónyuge a cargo. En Extremadura, un 33% de las pensiones de jubilación necesitan este complemento, frente al 9,5% en el País Vasco. La media nacional se sitúa en el 18%, aunque en comunidades como Galicia y Castilla-La Mancha más de una cuarta parte de los jubilados requiere este apoyo adicional. El informe del Instituto BBVA subraya que estas diferencias no resultan sorprendentes en un sistema de pensiones de carácter contributivo. A menores cotizaciones a lo largo de la vida laboral, menores prestaciones en la jubilación. En este sentido, la cotización media anual por trabajador es claramente superior en el País Vasco, con 7.255 euros, frente a los 5.319 euros registrados en Extremadura. La dependencia de las pensiones como principal fuente de ingresos también varía según el territorio. Si se compara el número de jubilados con la población total, hay provincias donde más del 30% de los habitantes percibe una pensión contributiva, como Ourense, Lugo, León o Asturias. A nivel nacional, la media se sitúa en el 21% al cierre de 2024, lo que equivale a una de cada cinco personas. No obstante, en 19 provincias, entre ellas las tres vascas, buena parte de Castilla y León, Asturias o Cantabria, uno de cada cuatro ciudadanos vive de una pensión. Por comunidades autónomas, la proporción de pensionistas alcanza el 26% tanto en el País Vasco como en Castilla y León, un reflejo del acusado envejecimiento demográfico. Las diferencias en envejecimiento y dependencia también son notables. De acuerdo con el último Índice de Envejecimiento del INE, Asturias, Castilla y León y Galicia encabezan la lista de regiones con mayor peso de población de edad avanzada. Estas mismas comunidades destacan asimismo en la tasa de dependencia de mayores de 64 años y en el número de afiliados por pensionista. El informe del Instituto BBVA también vincula las desigualdades en las pensiones a las diferencias de productividad entre comunidades autónomas. Las regiones con mayores niveles de productividad tienden a registrar salarios más elevados y, en consecuencia, pensiones más altas. Lo que ocurre en el ámbito productivo y laboral resulta determinante para el sistema de pensiones, ya que existe una relación directa entre productividad, salarios y prestaciones de jubilación. En esta línea, el último Observatorio de la Productividad del Ivie pone de relieve que, tras la pandemia, la productividad total de los factores ha mejorado en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura, donde permaneció estancada entre 1995 y 2020 y ha mostrado un comportamiento negativo entre 2020 y 2023, con una caída del 0,87%. Se trata de la única región que ha perdido eficiencia en el periodo posterior a la crisis sanitaria. Por el contrario, Baleares, Canarias, el País Vasco y Cataluña figuran entre las comunidades que más han contribuido al aumento de la productividad en los últimos años. En conjunto, la productividad de España creció cerca de un 2% en 2024, frente al descenso del 0,7% registrado de media en la Unión Europea.

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