(El País, 18-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba subir el salario mínimo un 5,3% y el sueldo de los funcionarios un 4,5%

A doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha concentrado en un mismo Consejo de Ministros la aprobación de varias medidas económicas y laborales. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que subirá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la actualización de las retribuciones de los empleados públicos, que crecerán un 4,5% el próximo año, con otro medio punto adicional durante el primer trimestre, de acuerdo con el pacto plurianual alcanzado anteriormente. La subida del SMI no necesita convalidación parlamentaria, pero sí deberán someterse a la Diputación Permanente el incremento salarial de los funcionarios y otras dos iniciativas aprobadas por el Ejecutivo: la modificación del IRPF para evitar que los perceptores del salario mínimo tengan que tributar y un decreto ley destinado a reforzar la transparencia retributiva en las empresas y endurecer las sanciones por incumplimiento. El incremento del salario mínimo supera la inflación interanual registrada en octubre, que fue del 4,9%, aunque se queda por debajo del 7% reclamado por las organizaciones sindicales. La rapidez con la que se ha tramitado la medida, la celebración de una única reunión con los agentes sociales y su coincidencia con el contexto de la huelga general por la vivienda han impedido que CC OO y UGT respalden formalmente esta nueva subida. Se trata de la primera ocasión en que ambas centrales sindicales no apoyan un aumento del SMI desde que Yolanda Díaz asumió el Ministerio de Trabajo. En un comunicado conjunto difundido este martes, UGT y CC OO reconocen el importante avance experimentado por el salario mínimo en los últimos años, pero reclaman al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos con los sindicatos en relación con el registro horario y la compensación y absorción de las subidas del SMI. Según fuentes del Ejecutivo, la segunda iniciativa no saldrá adelante durante lo que resta de legislatura, mientras que Trabajo mantiene su apuesta por sacar adelante la primera. El lunes, Díaz volvió a criticar al PSOE por no impulsar la regulación del control horario. La patronal tampoco ha respaldado este incremento ni la mayoría de las subidas anteriores. De hecho, únicamente apoyó la primera de las promovidas por Díaz. En esta ocasión, CEOE y Cepyme cuestionan que el aumento se apruebe antes de las elecciones y sin esperar a conocer su resultado. En ejercicios anteriores, las actualizaciones del salario mínimo solían aprobarse en torno al mes de febrero y con efectos retroactivos. Trabajo justifica el adelanto por su intención de evitar que la medida quede pendiente de un Gobierno en funciones. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reprochado al Ejecutivo que celebre «dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral». La nueva cuantía supone un aumento de 65 euros mensuales, hasta los 1.286 euros. Desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura, el SMI ha aumentado un 74%, pasando de 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Durante el mismo periodo, los precios han subido alrededor de un 28%, lo que representa una mejora del poder adquisitivo del salario mínimo superior a 40 puntos porcentuales. Este suelo salarial tiene una incidencia especialmente elevada entre las mujeres, los jóvenes y la población inmigrante, así como en actividades como la agricultura, el trabajo doméstico y la hostelería. Las estimaciones oficiales sitúan en unos 2,5 millones el número de personas que perciben el SMI. Tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha defendido que los incrementos continuados del salario mínimo constituyen un éxito y han demostrado que no se han cumplido los pronósticos económicos que advertían de un posible deterioro de la economía española. El Gobierno también ha adelantado la aprobación del incremento salarial de los empleados públicos, que habitualmente se concretaba más adelante en el año. El Ejecutivo justifica esta decisión por la necesidad de evitar que la actualización de las nóminas quede en manos de un futuro Gobierno en funciones. Aunque el aumento coincide con la campaña electoral, su cuantía ya estaba recogida en el acuerdo plurianual firmado hace un año. El incremento inicial será del 4,5% y, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a más de tres millones de empleados públicos. El ministro ha destacado que se trata de la mayor subida salarial desde 1992 y ha avanzado que el aumento efectivo será superior. A ese porcentaje se añadirá otro 0,5% correspondiente a 2026, condicionado a que la inflación interanual de ese ejercicio supere el 1,5%. Este compromiso forma parte del acuerdo suscrito con los sindicatos para elevar las retribuciones de los empleados públicos más de un 11% entre 2025 y 2028. La evolución definitiva del IPC se conocerá durante el primer trimestre del próximo año y, dado que se espera que supere ampliamente el umbral establecido, el incremento acumulado alcanzará previsiblemente el 5%. No obstante, desde el 1 de enero se aplicará inicialmente la subida del 4,5%. Función Pública calcula que el aumento supondrá 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo, más de 1.900 euros para un policía nacional, más de 2.700 euros para un maestro, unos 3.700 euros para un médico y más de 4.000 euros para un juez. Por último, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley impulsado por el Ministerio de Trabajo que refuerza las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones contractuales y salariales y aumenta las sanciones para las compañías que no faciliten los datos exigidos. Yolanda Díaz ha asegurado que con esta regulación se pone fin al secreto salarial en España. La iniciativa pretende avanzar en la aplicación de la directiva europea sobre igualdad retributiva, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio, y amplía el derecho de los trabajadores a conocer las remuneraciones medias correspondientes a puestos de trabajo equivalentes, además de reforzar la información contenida en los registros salariales. La reforma incorpora también nuevas garantías para quienes realizan horas complementarias, es decir, las que se añaden a las pactadas en los contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán comunicar su realización con al menos tres días de antelación. Si no respetan este plazo, el trabajador podrá rechazar las tareas asignadas sin sufrir consecuencias desfavorables. Asimismo, se endurecen los requisitos para establecer periodos de prueba superiores a seis meses, entre otras modificaciones. En materia de transparencia salarial, la norma reconoce a cada empleado un derecho individual a recibir información sobre las retribuciones, en lugar de limitar este acceso a través de la representación legal de los trabajadores. También declara nulas las cláusulas contractuales que impidan divulgar el propio salario. A ello se suma la incorporación expresa al Estatuto de los Trabajadores de una garantía de indemnidad que protege frente a cualquier trato desfavorable, perjuicio o represalia derivada del ejercicio o la reclamación de derechos laborales.

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(El Economista, 18-11-2026) | Laboral

Las oficinas de empleo solo encuentran trabajo a 7 de cada 1.000 demandantes al mes

La capacidad de los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral continúa perdiendo eficacia. En octubre de 2026, solo 7,28 de cada 1.000 demandantes inscritos consiguieron un puesto de trabajo a través de una oferta gestionada por estas oficinas. La cifra supone un retroceso del 16,2% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel registrado en 2007, antes de la crisis financiera. La intermediación directa no es el único instrumento para evaluar el funcionamiento de las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla. También forman parte de ellas los programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, el número de colocaciones conseguidas mediante ofertas tramitadas por las oficinas constituye uno de los indicadores más visibles de su eficacia, tanto para los trabajadores como para las empresas. La evolución histórica de los datos del SEPE muestra un deterioro prolongado. En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes encontraban empleo a través de esta vía. La crisis económica redujo la proporción hasta 4,32 en 2012, mientras que la posterior recuperación permitió elevarla a 8,36 en 2019 y a 8,62 en 2022, una vez aprobada la reforma laboral. En febrero de 2023 entró en vigor una nueva Ley de Empleo, concebida para mejorar la eficacia de las políticas activas y ampliar los servicios garantizados a las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la tasa de colocación descendió hasta 7,87 en octubre de ese año. El pasado ejercicio se alcanzaron 8,69 colocaciones por cada 1.000 demandantes, el mejor resultado para ese mes desde 2009. No obstante, en octubre de 2026 el indicador ha vuelto a retroceder hasta 7,28, con 30.635 personas contratadas a través de las oficinas frente a 4,21 millones de inscritos. Aunque el deterioro se concentra especialmente en septiembre y octubre, la tasa media de los últimos doce meses apenas ha disminuido un 1,2%. Una de las circunstancias que condicionan estos resultados es el cambio en la contratación provocado por la reforma laboral, que restringió el uso de los contratos temporales y favoreció su sustitución por fijos discontinuos. Esta modalidad ha pasado de registrar una media de 21.903 contratos mensuales en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, lo que supone multiplicar su volumen por 8,4. La diferencia radica en que los trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a sus puestos mediante un llamamiento de la empresa, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato ni tramitar una oferta a través de los servicios públicos de empleo. Por este motivo, desde mayo de 2022 el SEPE contabiliza más colocaciones que contratos registrados, con una diferencia media de 388.437 al mes durante el último año. Estas reincorporaciones no pasan por las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilizan como intermediación directa. Este fenómeno influye en las estadísticas por dos motivos. El primero es el aumento de las personas inscritas que mantienen una relación laboral. Se trata de demandantes que tienen un contrato vigente y, por tanto, no figuran como desempleados. En 2007 eran 102.631 y en 2019 alcanzaban los 239.701, el 5,4% del registro. En septiembre de 2026 sumaban ya 802.580, el 19,1% del total. Este colectivo explica casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos adicionales respecto a antes de la crisis financiera, frente a un incremento de 362.142 personas desempleadas. Entre ellos figuran numerosos trabajadores fijos discontinuos que permanecen inscritos mientras esperan ser llamados para reincorporarse, aunque las estadísticas del SEPE no permiten identificar cuántos pertenecen a esta modalidad ni cuántos buscan simultáneamente otro empleo. Su presencia distorsiona a la baja la tasa general de colocación, puesto que el indicador se calcula sobre el conjunto de demandantes inscritos, incluidos quienes ya tienen una relación laboral, mientras que las colocaciones se contabilizan por separado. Si se excluye a estas personas, la evolución resulta diferente. En octubre de 2025, las oficinas consiguieron 36.227 colocaciones, prácticamente las mismas que en 2019, cuando fueron 36.848. Sin embargo, el número de inscritos sin relación laboral había descendido de 4,17 a 3,43 millones. Al calcular las colocaciones únicamente sobre este último grupo, la tasa alcanzó 10,57 por cada 1.000 demandantes en octubre de 2025 y se sitúa ahora en 8,99. Este resultado es un 1,7% superior al de 2019. No obstante, no significa que las oficinas estén encontrando trabajo a más personas, ya que las estadísticas no permiten determinar si quienes consiguen una colocación tenían previamente otro empleo. En cualquier caso, el descenso registrado en octubre de 2026 también se mantiene cuando se excluye a los inscritos con relación laboral: la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes del año anterior. El segundo efecto de la reforma laboral se aprecia en la reducción de las ofertas que llegan a los servicios públicos de empleo. Algunas campañas agrícolas que anteriormente recurrían a la contratación de temporeros a través de estas oficinas se cubren ahora mediante llamamientos a trabajadores fijos discontinuos. En el conjunto del país, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha pasado del 98% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses. En Andalucía, los puestos del campo cubiertos mediante esta intermediación han descendido de 750 a 254 mensuales, una caída del 66,1%. A estas dificultades se añade la falta de desarrollo reglamentario de una de las principales obligaciones recogidas en la Ley de Empleo de 2023. La norma estableció que las empresas debían comunicar sus vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba desde 2019, cuando ya calificaba de marginal el papel de estas oficinas en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento necesario para aplicar esta obligación y la legislación tampoco contempla sanciones por incumplirla. En la práctica, informar de las vacantes continúa siendo voluntario, por lo que las empresas recurren a las oficinas cuando consideran que pueden resultarles útiles y prescinden de ellas cuando encuentran otros canales de contratación más eficaces. El resultado es que el volumen de ofertas comunicadas se ha reducido considerablemente. En octubre se registraron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, pese a que el número de demandantes inscritos ha aumentado un 39,5%. Actualmente se ofrecen 11,1 puestos por cada 1.000 inscritos, frente a los 30,5 de hace casi dos décadas. Si el cálculo se realiza únicamente sobre las personas desempleadas, la proporción también ha disminuido, desde las 45,6 vacantes por cada 1.000 parados en 2007 hasta las 19,7 actuales. La caída de las ofertas también explica parte del retroceso de los dos últimos meses. Las vacantes comunicadas disminuyeron un 11% en septiembre y un 12,9% en octubre respecto a los mismos meses de 2025, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta reducción. Las ofertas procedentes de los programas públicos de empleo constituyen una excepción, ya que las administraciones están obligadas a utilizar los servicios públicos para seleccionar a sus trabajadores. En los últimos doce meses, el sector público cubrió el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras que en el resto de actividades la proporción se situó en el 61,5%, frente al promedio del 71% registrado en 2019. Por último, la Ley de Empleo contempla la creación de una tasa oficial de intermediación que permita medir cuántas personas encuentran trabajo gracias a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario está previsto para el primer trimestre de 2027. Hasta que se apruebe, España seguirá sin disponer de un indicador oficial que permita evaluar con precisión la eficacia de las oficinas en la búsqueda de empleo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

Las pensiones: un "rescate" de 350.000 millones en diez años

La falta de ingresos procedentes de las cotizaciones sociales para cubrir el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social obliga al Estado a recurrir cada año a los recursos de los impuestos para financiar el sistema. La sostenibilidad de las pensiones constituye uno de los principales desafíos económicos, tanto por su dimensión financiera como por la ausencia de propuestas concretas de los partidos políticos para corregir el desequilibrio. Las cifras de las transferencias estatales a la Seguridad Social reflejan la magnitud del problema. Entre 2016 y 2025, el Estado ha aportado un total de 351.331 millones de euros para evitar que el déficit del sistema siga aumentando. El Gobierno defiende que la financiación de las pensiones mediante ingresos tributarios es habitual en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en España, el volumen de estas aportaciones ha crecido de manera muy significativa. Las previsiones de la Airef apuntan a que en 2050 podrían alcanzar cerca de 85.000 millones de euros anuales. El incremento de las transferencias presupuestarias responde al crecimiento de los gastos, que avanzan a un ritmo superior al de los ingresos ordinarios por cotizaciones sociales. En 2025, las aportaciones del Estado sumaron 52.924 millones de euros, un 192% más que en 2018, cuando ascendieron a 18.081 millones, antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Tres factores explican principalmente esta evolución. El primero fue la pandemia, que obligó a reforzar los recursos de la Seguridad Social para financiar prestaciones extraordinarias y bonificaciones de cotizaciones vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El segundo está relacionado con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que comenzó a aplicarse en 2019 y quedó consolidada legalmente con la reforma de la Seguridad Social de 2021. A estos elementos se suma el aumento del gasto en prestaciones por incapacidad temporal, derivadas de las bajas laborales, cuya factura superó los 18.000 millones de euros en 2025. Una nota publicada por Fedea, basada en un estudio del investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, cuestiona que la situación financiera del sistema pueda considerarse sostenible, pese a que la Seguridad Social continúe abonando con normalidad las prestaciones. El análisis sitúa el déficit contributivo en torno al 4% del PIB. El investigador considera que los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la solidez del sistema de pensiones no son necesariamente incorrectos, pero que, considerados en su conjunto, ofrecen una visión parcial de su situación financiera. Entre ellos figuran el Fondo de Reserva, que el Ministerio de Seguridad Social cifra en unos 20.000 millones de euros, las evaluaciones favorables de la Airef sobre el cumplimiento de la regla de gasto y los máximos históricos de afiliación, con 22,4 millones de cotizantes y una relación de 2,51 trabajadores por pensionista. Calvo matiza que estos datos no permiten afirmar que el sistema esté al borde de la quiebra. Un modelo de reparto respaldado por el Estado puede seguir haciendo frente a sus obligaciones mientras las administraciones públicas estén en condiciones de cubrir sus desequilibrios y los mercados mantengan la financiación de la deuda necesaria para ello. A esta situación se añade el aumento de la deuda de la Seguridad Social con el Estado, que pasó de 18.500 millones de euros en 2016 a 116.000 millones en 2025, equivalentes a unos 136.000 millones en euros corrientes. Este endeudamiento está relacionado con los préstamos presupuestarios que el Estado concede al sistema, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros, y que se utilizan en los últimos años para financiar, entre otros compromisos, alguna de las pagas extraordinarias de las pensiones. A diferencia de las transferencias, estos préstamos sí quedan registrados como pasivo.

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(Expansión, 17-11-2026) | Laboral

La baja por ansiedad de un trabajador agredido por un compañero es accidente laboral

El Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial en el que la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL intentaba evitar que se reconociera como accidente laboral la baja médica de un trabajador que desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad después de sufrir una agresión física por parte de un compañero. La Sala de lo Social ha inadmitido el recurso presentado por la compañía, por lo que queda confirmado el criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que reconoció el origen profesional de la patología. El TSJPV consideró probado que el trastorno psicológico que provocó la incapacidad temporal del empleado tuvo su origen directo en la agresión sufrida en el lugar de trabajo. La decisión del Supremo supone así un nuevo revés para la empresa, que pretendía modificar la calificación de la contingencia y desvincular la baja médica de la actividad profesional. La consideración de una incapacidad temporal como accidente de trabajo, en lugar de enfermedad común, tiene consecuencias económicas para la empresa, aunque no implica que deba hacerse cargo de todo el coste de la prestación. La compañía asume el abono del primer día de baja, mientras que, desde el día siguiente, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora. En las bajas por enfermedad común, la prestación es del 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día. Tras conocerse la resolución, el responsable de Salud Laboral de CCOO de País Vasco, Alfonso Ríos, criticó la actuación de Goki Erreformak SL. El representante sindical reprochó a la compañía que, según el TSJPV, no hubiera dedicado los recursos necesarios para implantar las medidas preventivas que requería la situación del trabajador agredido, mientras que sí había destinado medios a recurrir ante el Supremo para intentar evitar que el episodio fuera calificado como accidente laboral. Según explican los especialistas de PayFit, para que una baja médica tenga la consideración de accidente de trabajo debe existir una relación causal entre la lesión y el desempeño profesional. Esta vinculación puede derivarse de un suceso ocurrido en el centro de trabajo, durante el ejercicio de las funciones laborales, en desplazamientos por motivos profesionales o en los trayectos de ida y vuelta al puesto de trabajo, conocidos como accidentes in itinere. En las incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes no se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Por otra parte, cuando un accidente laboral se produce por la falta de medidas de protección reglamentarias, las prestaciones económicas pueden incrementarse entre un 30% y un 50%, en concepto de recargo de prestaciones, siempre que se acrediten los requisitos legales para su aplicación.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

Los salarios de la banca multiplican hasta por cuatro los del sector servicios, la hostelería y el comercio

Las diferencias salariales entre sectores económicos son muy acusadas en España. Los trabajadores de las entidades financieras y aseguradoras cobran, de media, más del doble que los empleados del comercio y el transporte y hasta cuatro veces más que los ocupados en algunas ramas de los servicios. En 2025, los cerca de 390.000 asalariados del sector financiero y asegurador percibieron una remuneración media anual de 53.251 euros. En cambio, los 4,6 millones de trabajadores del comercio y el transporte cobraron 24.111 euros, mientras que los casi 2,8 millones de empleados de otros servicios y actividades de ocio registraron una media de 14.867 euros. Estas diferencias figuran en la estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, que la Agencia Tributaria ha actualizado con los datos correspondientes a 2025. La información recoge los resultados de todas las provincias españolas, salvo las del País Vasco y Navarra, que disponen de sistemas tributarios propios. Por detrás de las actividades financieras y aseguradoras, que encabezan la clasificación salarial, se sitúan los sectores de información y comunicaciones, con una media de 40.036 euros anuales, y las industrias extractivas, la energía y el agua, con 34.839 euros. Los servicios sociales alcanzaron los 31.009 euros y la industria, los 30.427. En el extremo inferior aparecen la construcción y las actividades inmobiliarias, con 24.379 euros; los servicios a empresas, con 23.551; otros servicios y ocio, con 14.867, y la agricultura y la pesca, con 12.073 euros. Las diferencias no solo se producen entre actividades, sino también dentro de cada sector en función de la provincia. En el ámbito financiero, Madrid registra la remuneración media más elevada, con 70.482 euros anuales, prácticamente el doble que Badajoz, que ocupa la última posición en esta actividad. La capital también lidera los salarios del comercio y el transporte, con una media de 31.000 euros, mientras que Huelva se sitúa en el extremo opuesto, con cerca de 16.000 euros. También se observan contrastes importantes en las distintas ramas de los servicios. En las actividades personales y de ocio, los salarios medios de Baleares casi duplican los de Jaén. En los servicios a empresas, Madrid vuelve a encabezar la clasificación provincial y Jaén registra las remuneraciones más bajas. Por su parte, en los servicios sociales, los salarios medios de Ceuta y Melilla superan en más de 15.000 euros anuales a los de las dos provincias extremeñas. La comparación entre territorios y actividades permite apreciar la amplitud de estas diferencias. Madrid, que presenta el salario medio general más alto entre las provincias incluidas en la estadística, también registra la mayor remuneración del sector financiero. En el otro extremo, Jaén, que ocupa la última posición en el promedio general, concentra los salarios más bajos de toda la tabla en los servicios personales y de ocio. La distancia entre ambos registros supera los 59.000 euros anuales. En otras actividades también aparecen diferencias territoriales destacadas. Las industrias extractivas, la energía y el agua alcanzan sus salarios más elevados en Madrid, mientras que Cuenca presenta las remuneraciones más bajas. En la construcción y las actividades inmobiliarias, las diferencias son menos pronunciadas, aunque siguen siendo relevantes. La agricultura muestra uno de los contrastes más acusados: Cantabria supera los 23.000 euros de salario medio anual, frente a los poco más de 5.000 euros de Jaén. Para interpretar correctamente estos datos es necesario tener en cuenta el alcance de la estadística de la Agencia Tributaria. Las cifras reflejan la remuneración media anual percibida por cada asalariado, pero no el salario por hora ni el equivalente a una jornada completa. El cálculo incluye, por tanto, a trabajadores a tiempo parcial y a personas que solo han estado ocupadas durante una parte del ejercicio. Este factor tiene especial incidencia en actividades caracterizadas por la temporalidad y el empleo estacional. La agricultura constituye un ejemplo significativo. La estadística contabiliza una media nacional de 2,39 percepciones salariales por persona durante el año, lo que evidencia la fragmentación de los ingresos a lo largo del ejercicio. En Jaén, el salario medio anual de esta actividad se sitúa en 5.263 euros, con 4,2 percepciones por trabajador. Esta cantidad no equivale necesariamente al sueldo de una persona que haya trabajado a jornada completa durante los doce meses, sino que refleja en buena medida la concentración del empleo en campañas y periodos determinados. En cambio, las entidades financieras y aseguradoras y la industria registran cerca de 1,2 percepciones por asalariado a escala nacional, un dato que apunta a una mayor continuidad en el empleo. La composición de las plantillas y las características de los puestos de trabajo también ayudan a explicar las diferencias salariales. Las actividades financieras y aseguradoras concentran ocupaciones que suelen exigir una mayor cualificación y especialización, mientras que el comercio y buena parte de los servicios personales agrupan empleos más diversos, con una presencia superior de salarios reducidos, jornadas parciales y trabajo estacional. Las diferencias de productividad entre sectores constituyen otro factor relevante, aunque la estadística no permite determinar el peso concreto de cada elemento. En términos generales, los datos de 2025 sitúan la remuneración media anual en 28.685 euros para un colectivo cercano a los 17 millones de asalariados. Por su parte, los aproximadamente 9,2 millones de pensionistas incluidos en la estadística recibieron una prestación media de 20.752 euros anuales.

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(El País, 17-11-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará la subida del sueldo de los funcionarios para 2027 y eleva las sanciones a las empresas que oculten información contractual o salarial a sus empleados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un incremento de las retribuciones de los empleados públicos para el próximo año del 4,5%. Durante una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo también ha confirmado que el Gobierno dará luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había avanzado horas antes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo frente a lo que considera un retroceso en las políticas sociales y económicas que podría producirse con un Gobierno del PP y Vox. Como ejemplo, ha destacado el aumento del salario mínimo registrado durante los últimos ocho años. La subida del SMI aprobada por el Gobierno será del 5,3%, hasta situarlo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales. A este incremento se sumará la mejora salarial de los empleados públicos, por lo que, según ha señalado Sánchez, alrededor de cinco millones de trabajadores se beneficiarán de ambas decisiones. Si se añade la actualización de las pensiones conforme a la evolución del IPC, el número de ciudadanos que verán aumentar su poder adquisitivo ascenderá a unos 15 millones. A esta mejora se sumará, durante el primer trimestre de 2027, otro 0,5% correspondiente a la desviación de la inflación del año pasado, una compensación que ya estaba prevista en el acuerdo con los sindicatos y que dejaría la revisión en el 5% anunciado en octubre de este año. El Consejo de Ministros de este martes aprobará, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, un conjunto de medidas laborales promovidas por el Ministerio de Trabajo mediante un decreto-ley. El Ejecutivo confía en que estas disposiciones obtengan posteriormente el respaldo de la Diputación Permanente. Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplan sus obligaciones de información sobre las condiciones contractuales y salariales de sus trabajadores. La reforma también pretende reforzar la transparencia retributiva y avanzar en la adaptación de la legislación española a una directiva europea sobre igualdad salarial que debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 7 de junio. La nueva regulación reconocerá a todos los trabajadores el derecho a conocer los salarios medios de otros empleados que desempeñen puestos equivalentes, así como a acceder a información más detallada sobre los registros retributivos. Este derecho se aplicará a todas las relaciones laborales, con independencia de su duración, y dejará de estar limitado a los contratos de más de cuatro semanas. El proyecto también introduce nuevas obligaciones en los procesos de selección. Las ofertas de empleo deberán especificar la retribución inicial correspondiente al puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos por su historial salarial y tanto los anuncios de vacantes como las denominaciones de los puestos deberán utilizar un lenguaje neutro en materia de género. El objetivo de Trabajo es evitar diferencias salariales injustificadas por la realización de trabajos de igual valor. Uno de los cambios más relevantes afecta al régimen sancionador. La falta de información sobre aspectos esenciales del contrato dejará de considerarse una infracción leve y pasará a calificarse como grave. De esta manera, las multas podrán elevarse desde los actuales 750 euros hasta un máximo de 7.500 euros. También tendrán la consideración de infracciones graves los incumplimientos de las obligaciones relacionadas con los planes de igualdad. Por su parte, determinadas conductas empresariales pasarán a considerarse infracciones muy graves. Entre ellas se encuentra solicitar a los candidatos información personal o datos cuyo requerimiento esté prohibido durante los procesos de contratación o de promoción y cambio de puesto dentro de la empresa. El paquete normativo incluye asimismo un decreto específico para reforzar la transparencia salarial. La norma permitirá que cualquier empleado pueda conocer las retribuciones medias de los puestos equivalentes y obligará a las empresas a ofrecer información más amplia sobre los criterios utilizados para determinar los salarios y los ascensos. También se reforzarán las auditorías retributivas y los mecanismos de seguimiento de la brecha salarial. La iniciativa modifica distintos aspectos del real decreto de 2020 que ya había ampliado las obligaciones empresariales en esta materia. La reforma pretende reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. Según los datos del INE correspondientes a 2024, el salario bruto mensual medio de las mujeres se situó en 2.163 euros, frente a los 2.593 euros de los hombres. Esto significa que las trabajadoras percibieron, de media, el 83% de la remuneración masculina. Trabajo considera que facilitar el acceso a la información salarial puede mejorar la capacidad de negociación de las empleadas y contribuir a corregir estas desigualdades. La iniciativa responde a la obligación de incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición expiró el pasado 7 de junio. Aunque el Ministerio de Trabajo mantuvo conversaciones con los interlocutores sociales, no logró cerrar un acuerdo formal. No obstante, las organizaciones sindicales consideran que el planteamiento del departamento dirigido por Yolanda Díaz se aproxima a algunas de sus reivindicaciones. El Gobierno aprovechará también para aprobar una parte de la transposición pendiente de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La mayor parte de esta normativa se incorporó a la legislación española a principios de septiembre, mediante el correspondiente real decreto, que introdujo, entre otras medidas, mayores restricciones a los periodos de prueba superiores a seis meses.

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(El Economista, 17-11-2026) | Laboral

La Inspección de Trabajo podrá elevar las multas al acumular todas las infracciones de una misma investigación

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede contabilizar conjuntamente a los trabajadores afectados por distintas actas de infracción cuando estas procedan de una misma investigación sobre una empresa. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de unificación de doctrina de 6 de octubre de 2026, que avala la aplicación de incrementos porcentuales en las sanciones en función del número total de personas perjudicadas. El pronunciamiento confirma que no es necesario que todas las infracciones queden recogidas en una única acta administrativa para acumular el número de trabajadores afectados. Basta con que las distintas actuaciones sancionadoras formen parte de una misma investigación inspectora y respondan a una unidad material de actuación. La resolución, cuyo ponente es el magistrado Martínez Moya, examina el caso de una empresa a la que se levantaron dos actas de infracción tras las comprobaciones realizadas por la Inspección. En la primera se detectaron 28 trabajadores que prestaban servicios sin estar dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en la segunda se identificó a tres perceptores de prestaciones por desempleo que realizaban actividades incompatibles con su situación. La Administración sumó los afectados de ambos expedientes, hasta alcanzar un total de 31 personas, y aplicó en la segunda sanción un incremento del 50%. La empresa impugnó esta decisión al considerar que cada acta debía valorarse de manera independiente, sin acumular los trabajadores identificados en procedimientos distintos. El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y señala que la normativa permite aplicar el incremento cuando las infracciones se detectan en el marco de una misma actuación inspectora. La Sala aclara, además, que no se contabiliza dos veces a una misma persona, sino que se agregan los distintos trabajadores afectados por irregularidades diferentes dentro de una misma investigación. El artículo 40.1.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece una escala de incrementos de las sanciones vinculada al número de personas afectadas. Los porcentajes previstos son del 20% cuando hay dos trabajadores, del 30% para tres, del 40% para cuatro y del 50% cuando el número alcanza cinco o más personas. La sentencia considera que este criterio de acumulación es compatible con el principio de legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución, y con el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3. Según el tribunal, se trata de una circunstancia agravante expresamente contemplada y delimitada por la ley, por lo que su aplicación no vulnera las garantías del procedimiento sancionador. Asimismo, descarta que deban prevalecer argumentos como el principio in dubio pro reo o la interpretación restrictiva de las normas sancionadoras, al entender que la regla legal de graduación establece de forma suficientemente clara cómo debe calcularse el número de afectados en estos supuestos.

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(Cinco Días, 16-11-2026) | Laboral

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

46 sectores crean empleo en España

El mercado laboral español mantiene un ritmo de crecimiento significativo, aunque su evolución muestra síntomas de desaceleración en los últimos trimestres. Dos indicadores ponen de manifiesto esta pérdida de impulso. En el tercer trimestre del año se contabilizaron 465.500 ocupados más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento notable, pero inferior a los más de 600.000 empleos creados al cierre del año pasado. Asimismo, el número de ramas de actividad que aumentaron sus plantillas se redujo a 46, frente a las 60 que registraban avances en trimestres anteriores. Pese a esta moderación, el empleo continúa creciendo en un contexto marcado por las dificultades de la economía europea y mantiene una evolución positiva en buena parte de los sectores. La educación y otras actividades relacionadas con el sector público, junto con la hostelería, la consultoría, la arquitectura y los servicios financieros, concentraron buena parte de los nuevos puestos de trabajo, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La educación encabezó la creación de empleo, con 107.600 nuevos ocupados en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al aumento de las necesidades formativas en las distintas etapas educativas. En la enseñanza obligatoria, la atención a las necesidades específicas derivadas de la inmigración ha impulsado las contrataciones. En las etapas posteriores, el crecimiento de la formación profesional y universitaria, la diversificación de la oferta académica y la expansión de la formación continua han contribuido también a ampliar las plantillas. A ello se suma la prolongación de las carreras profesionales y la rápida transformación tecnológica, que exigen una actualización constante de las competencias. En conjunto, el empleo educativo aumentó un 7,5% durante el último año. Junto a la educación, otras actividades estrechamente vinculadas a la financiación pública también han contribuido de forma importante al avance de la ocupación. La Administración Pública, incluida la defensa y la Seguridad Social, incorporó 51.600 trabajadores; la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 41.500 y las actividades sanitarias, otros 25.900. De este modo, el sector público, tanto de manera directa como indirecta, concentró aproximadamente la mitad de los nuevos empleos generados en los últimos doce meses. La hostelería fue otro de los principales motores del mercado laboral. Los servicios de comidas y bebidas incorporaron 65.600 trabajadores, hasta alcanzar una plantilla de 1.423.600 personas. Este comportamiento se apoya en la fortaleza de la actividad turística que, pese a la incertidumbre internacional, la debilidad de la demanda europea y el aumento de los costes consiguió crecer un 3,5% interanual durante la temporada de verano, según Exceltur. Asimismo, los ingresos procedentes de los visitantes extranjeros aumentaron un 8,1% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. El dinamismo turístico también se trasladó a otras actividades relacionadas con el sector. El comercio al por mayor y los servicios de intermediación sumaron 34.800 ocupados; los alojamientos, 26.700; el transporte aéreo, 24.800; y el almacenamiento y las actividades auxiliares del transporte, 20.100. También aumentó el empleo en las actividades deportivas y recreativas, con 12.500 nuevos trabajadores, las agencias de viajes y operadores turísticos, con 5.900, las actividades artísticas y de espectáculos, con 5.200, y el comercio minorista, con 3.200. En el ámbito de los servicios privados, las actividades de las sedes centrales y la consultoría lideraron la creación de empleo, con 42.500 nuevos puestos de trabajo. A continuación se situaron la arquitectura, la ingeniería y los análisis técnicos, con 37.800 ocupados más; los servicios financieros, con 35.300; y la programación y consultoría informática, con 31.200. También registraron avances los servicios a edificios y jardinería, con 20.500 nuevos empleos; la venta y reparación de vehículos de motor, con 18.900; los seguros, reaseguros y fondos de pensiones, con 18.100; y la investigación y el desarrollo, con 17.000. La evolución positiva de los servicios relacionados con la construcción coincide con el incremento de la actividad en el propio sector. La construcción especializada, que engloba trabajos como pintura, fontanería, electricidad y acabados, generó 21.200 empleos adicionales, mientras que la construcción de edificios incorporó otros 10.000 trabajadores. No obstante, las empresas del sector siguen advirtiendo de las dificultades para encontrar profesionales con la cualificación necesaria. La industria manufacturera también presenta un balance favorable en distintas ramas de actividad, aunque el crecimiento está repartido de manera desigual. Entre los subsectores que aumentaron sus plantillas destacan la fabricación de otro material de transporte, con 17.900 nuevos ocupados; la industria textil, con 14.900; la fabricación de productos minerales no metálicos, con 14.600; y la industria química, con 9.900. También registraron incrementos la metalurgia, con 8.000 trabajadores; la industria alimentaria, con 7.300; la fabricación de productos de caucho y plástico, con 6.500; y las coquerías y el refino de petróleo, con 5.100. A estas actividades se suma la recogida y el tratamiento de residuos, que incorporó 11.600 personas y mantiene una estrecha relación con el tejido industrial y los servicios urbanos. Sin embargo, la industria afronta importantes dificultades por el encarecimiento de la energía, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz. Los costes energéticos aumentaron un 21,7% interanual en septiembre, lo que supone un factor adicional de presión sobre la competitividad de las empresas y sus niveles de facturación. La pérdida de dinamismo también se refleja en el elevado número de actividades que destruyen empleo. Aunque las ramas que crean puestos de trabajo lo hacen con mayor intensidad, 38 sectores registraron descensos de ocupación durante el último año. La mayor caída correspondió a la agricultura y la ganadería, que perdieron 31.000 trabajadores. A continuación se situaron los servicios sociales sin alojamiento, con 25.100 empleos menos; la fabricación de maquinaria, con una reducción de 21.100; y otros servicios personales, que retrocedieron en 20.800 ocupados. También disminuyó el empleo en las actividades administrativas, con 19.700 puestos menos, y en las profesionales, científicas y técnicas, con 19.400. La fabricación de muebles perdió 18.900 trabajadores, mientras que la programación y emisión de radio y televisión registró un descenso de 14.800. Las artes gráficas y los servicios de grabado redujeron sus plantillas en 13.500 personas, y las bibliotecas, archivos y museos, en 13.100. Asimismo, la fabricación de productos metálicos perdió 12.800 ocupados y el transporte terrestre, 12.100. Por último, las actividades relacionadas con la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la publicidad y los estudios de mercado registraron 11.100 empleos menos cada una, mientras que el empleo doméstico retrocedió en 10.800 trabajadores.

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(Expansión, 16-11-2026) | Laboral

Parón del transporte de mercancías por carretera en plena Nochebuena

CCOO estudia convocar una huelga en el transporte de mercancías por carretera los próximos 23 y 24 de diciembre para protestar por la demora del Gobierno en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los conductores profesionales acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Las organizaciones sindicales parecen dispuestas a mantener un papel destacado en el escenario político y social, tanto antes como después de las elecciones. Después de la huelga general del pasado 11 de noviembre, que la oposición y las organizaciones empresariales interpretaron como una movilización de marcado carácter político y electoral y que no consiguió paralizar el país, los sindicatos preparan nuevas protestas para diciembre. En esta ocasión, se trataría de un conflicto sectorial que afecta a una actividad estratégica y que podría tener importantes consecuencias al coincidir con las celebraciones navideñas. En concreto, CCOO está preparando un paro en el transporte de mercancías por carretera para los días 23 y 24 de diciembre, coincidiendo con los preparativos y la celebración de Nochebuena. La protesta responde al retraso del Ejecutivo en aprobar los coeficientes reductores que permitirían a los profesionales del transporte jubilarse anticipadamente sin que ello suponga una reducción de su pensión. La reivindicación no es nueva. Ya se produjeron protestas y movilizaciones por este motivo en otoño de 2024, mientras que los sindicatos han advertido durante todo este año de la posibilidad de convocar una huelga para desbloquear la situación. Sin embargo, el paro se celebraría después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Gobierno ya estaría en funciones. CCOO dará a conocer este lunes los detalles de las movilizaciones y justifica la convocatoria por los continuos retrasos en la tramitación de los informes necesarios para aprobar los coeficientes reductores. El sindicato sostiene que lleva meses denunciando esta situación y asegura que, tras anunciarse la convocatoria electoral, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social interrumpió injustificadamente la emisión de dichos informes. Las principales patronales del transporte han recibido la noticia con sorpresa y preocupación, especialmente por las fechas escogidas para la movilización. Tanto la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la organización mayoritaria del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han expresado su rechazo a una convocatoria que califican de injustificada y desproporcionada. Ambas organizaciones consideran que la huelga perjudicará principalmente a las empresas transportistas, en lugar de ejercer presión efectiva sobre el Gobierno. Además, recuerdan que las patronales han respaldado las reivindicaciones sindicales para que los conductores profesionales puedan beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Fenadismer ha cuestionado especialmente la elección de las fechas y considera difícil de justificar que el paro se programe después de las elecciones generales, cuando el Ejecutivo estará en funciones y la capacidad de presión política sobre él será limitada. La federación también advierte de las consecuencias de hacer coincidir la protesta con Nochebuena, una jornada especialmente sensible para la actividad económica y social. A su juicio, la movilización podría ocasionar perjuicios importantes e innecesarios tanto a las empresas de transporte como a los ciudadanos y al conjunto de la cadena de suministro, precisamente en uno de los periodos de mayor actividad logística del año.

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