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(El Periódico, 05-06-2026) | Laboral

Los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar

Los jóvenes españoles muestran una visión mucho menos idealizada de la meritocracia que la que tuvieron generaciones anteriores. Aunque siguen valorando el esfuerzo personal, lo hacen con más escepticismo. El 67% considera que el éxito está ligado a la perseverancia y el 63,4% cree que, incluso sin aptitudes iniciales, es posible alcanzar objetivos mediante el trabajo y la dedicación. Sin embargo, seis de cada diez jóvenes opinan que existen factores externos que pueden frenar el progreso de una persona pese a su esfuerzo. Entre las percepciones más extendidas destaca la idea de que los contactos y el apoyo económico familiar tienen más peso que el mérito individual, lo que genera desigualdades de origen: quienes cuentan con redes familiares o sociales parten con ventaja frente a quienes carecen de ellas. Estas son algunas de las conclusiones del barómetro "Retos y aprendizajes, posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales", elaborado por FAD Juventud con el respaldo de Banco Santander y Telefónica. El informe, presentado este jueves en Madrid, se basa en una encuesta realizada a 1.200 jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en España. El estudio refleja también que el concepto de éxito ha cambiado para las nuevas generaciones. Más allá del salario o la promoción profesional, los jóvenes valoran especialmente trabajar en algo que les motive, poder compatibilizar la vida personal y laboral y alcanzar cierta estabilidad. En plena celebración de las pruebas de acceso a la universidad -que en Catalunya tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de junio-, el informe cobra especial relevancia al evidenciar hasta qué punto la situación económica condiciona las decisiones académicas. El principal factor a la hora de elegir estudios o trayectoria profesional es la necesidad de obtener ingresos a corto plazo, una preocupación señalada por el 64,7% de los encuestados. Esto implica que muchos jóvenes se ven obligados a incorporarse pronto al mercado laboral o a optar por itinerarios que ofrezcan una salida económica más rápida, aunque no respondan a sus intereses personales. El informe señala que una parte importante de la juventud prioriza las opciones más viables frente a las que realmente desearían seguir. Muchos asumen que deben adaptarse a las demandas del mercado laboral y escoger profesiones con más oportunidades, aunque no coincidan con sus vocaciones. De este modo, se detecta una cierta resignación: asegurar estabilidad primero y dejar para más adelante aquello que realmente les gustaría hacer. La percepción sobre el riesgo también varía según la edad. Los jóvenes de 18 y 19 años son quienes muestran una mayor disposición a asumir riesgos para avanzar profesionalmente. En cambio, entre los 20 y los 24 años gana peso la búsqueda de seguridad y estabilidad, mientras aumenta la preocupación por disponer de ingresos inmediatos. Muchos de los estudiantes que afrontan actualmente la selectividad reconocen además no tener claro qué quieren estudiar. Según el informe de FAD Juventud, los jóvenes sienten que deben tomar decisiones importantes demasiado pronto y sin disponer de la información o madurez suficientes. Esta presión se intensifica cuando perciben que equivocarse puede tener consecuencias importantes o que desconocen las alternativas disponibles. En ese proceso de decisión, la familia aparece como uno de los apoyos más constantes, aunque también como una fuente de presión. Los autores del estudio destacan que los jóvenes comprenden la intención protectora de padres y madres, pero al mismo tiempo sienten la exigencia de responder a sus expectativas y de aprovechar la inversión realizada en su educación. La encuesta también confirma que la Formación Profesional goza cada vez de mejor consideración por sus posibilidades de inserción laboral. Aun así, muchos jóvenes creen que sigue existiendo el estigma de considerarla una vía destinada a quienes no acceden a la universidad. Por su parte, la universidad continúa asociándose a una fuerte presión social, aunque los encuestados consideran que obtener un título universitario ya no garantiza encontrar empleo ni trabajar en aquello que realmente desean.

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(El Economista, 05-06-2026) | Laboral

El Gobierno obliga a los trabajadores de baja a comunicarse con la Seguridad Social vía online

El Gobierno obligará a las personas que se encuentren de baja por incapacidad temporal o permanente a comunicarse de manera electrónica con la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha aprobado una nueva orden publicada el pasado 1 de junio en el BOE que establece que, a partir del próximo 1 de septiembre, estos ciudadanos deberán recibir notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos. La norma argumenta que las personas afectadas, al formar parte del ámbito laboral o profesional donde el uso de dispositivos digitales está ampliamente extendido, disponen de los conocimientos y herramientas necesarios para relacionarse con la Administración por esta vía telemática. El texto recuerda además que en 2020 ya se impuso esta obligación a determinados beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social. En aquel momento, la medida afectó a quienes solicitaban o percibían ayudas por nacimiento y cuidado de menores, así como prestaciones por riesgo durante el embarazo o la lactancia. Entonces, la Administración justificó la decisión señalando que se trataba de un colectivo de entre 25 y 40 años habituado al uso de herramientas digitales. Pese a ello, la nueva regulación contempla algunas excepciones. La Seguridad Social podrá seguir utilizando medios no electrónicos en determinados casos, como cuando la persona acuda presencialmente a un centro de atención; cuando sea necesario realizar la comunicación mediante entrega directa de un empleado público para garantizar su eficacia; cuando la urgencia del trámite no sea compatible con los procedimientos electrónicos; o cuando la Administración no disponga de datos de contacto digitales del ciudadano. Además, los centros de atención de la Seguridad Social podrán ofrecer asistencia y orientación a quienes necesiten ayuda para utilizar los canales electrónicos.

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(El Economista, 05-06-2026) | Laboral

El SMI supera el salario más bajo del 45% de los convenios sectoriales publicados en 2026

Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en una de las señas más reconocibles de la política económica del Gobierno. El incremento desde los 735 euros mensuales de 2018 hasta los actuales 1.221 euros ha mejorado la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores, aunque también ha alterado las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronal, ya que algunos convenios quedan desfasados pocos días después de firmarse cuando el salario mínimo fijado por el Ministerio de Trabajo supera las cantidades pactadas para las categorías más bajas. Según un análisis elaborado por UGT y consultado por elEconomista.es, el SMI ya supera el salario base establecido para los puestos de menor categoría en el 45% de los convenios sectoriales publicados entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. En total, 43 de los 84 convenios publicados en el BOE durante ese periodo se ven afectados por esta situación, siempre que no se tengan en cuenta los complementos salariales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las empresas deben garantizar al menos el importe del SMI a los trabajadores con jornada completa, aunque esa cantidad puede alcanzarse sumando salario base y complementos. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta interpretación y pactaron con el Ministerio de Trabajo, en la última subida del SMI, introducir cambios para impedir que las empresas compensen o absorban determinados pluses salariales con el objetivo de evitar incrementos reales de sueldo. Con este estudio, UGT pretende evidenciar que existe un número significativo de convenios cuyos salarios base se sitúan por debajo del mínimo legal vigente. Además, el sindicato insiste en la necesidad de retomar las negociaciones con CEOE y Cepyme para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el objetivo de establecer criterios salariales que eviten el "solapamiento" de categorías, una situación en la que trabajadores con distintos niveles de responsabilidad terminan percibiendo el mismo salario final: el SMI. El Gobierno cerró el acuerdo con CCOO y UGT para elevar el salario mínimo el pasado 16 de febrero y lo publicó en el BOE dos días después. La subida, del 3,1%, dejó obsoletos algunos convenios recientemente firmados, como el de jardinería, publicado el 20 de enero, que fijaba un salario de 1.184 euros mensuales -el SMI de 2025- para categorías como peón y aprendiz sin antigüedad. Tras la actualización, las empresas del sector tuvieron que elevar esas nóminas hasta los 1.221 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En la mayoría de los convenios, los complementos salariales por productividad, puesto de trabajo o pluses de convenio ya permitían alcanzar el salario mínimo, por lo que la subida no supuso un coste adicional inmediato para muchas empresas. Aun así, más de 45 sectores han experimentado un "aplanamiento" de las tablas salariales, un fenómeno que puede desincentivar que los trabajadores acepten puestos con mayores responsabilidades o exigencias si la diferencia retributiva acaba siendo mínima. Las organizaciones empresariales, especialmente Cepyme, llevan años alertando de este efecto. Argumentan que el SMI fijado a nivel estatal ha llegado a representar más del 70% del salario medio en regiones como Extremadura o Canarias, así como del salario medio abonado por muchas pequeñas y medianas empresas. Desde el ámbito empresarial, las fuertes subidas impulsadas por el Ministerio de Yolanda Díaz se han interpretado como una interferencia en la negociación colectiva, al dejar sin efecto parte de los acuerdos alcanzados entre empresas y sindicatos. Esta situación también afecta a los convenios de empresa. De los 25 acuerdos colectivos de este tipo publicados durante los cuatro primeros meses del año, nueve incluían salarios base inferiores al SMI en sus categorías más bajas, lo que representa un 36% del total. Como ocurre en los convenios sectoriales, no siempre implica un mayor coste para la empresa si el salario final ya alcanzaba los 1.221 euros gracias a los complementos, aunque sí obliga a revisar las tablas salariales cuando no es así. Fuentes sindicales señalan que el porcentaje de convenios afectados ha aumentado progresivamente a medida que lo ha hecho el salario mínimo. Explican que muchos acuerdos salariales suelen pactarse en línea con el IPC, mientras que las subidas aprobadas por el Gobierno suelen situarse por encima de esa referencia, haciendo que el SMI termine imponiéndose sobre parte de los salarios pactados. Algunos convenios ya incluyen cláusulas de actualización automática en caso de que el salario mínimo supere las cantidades fijadas en las tablas, como sucede con el VII Convenio colectivo estatal del sector de aparcamientos y garajes, publicado recientemente en el BOE. El acuerdo alcanzado en febrero entre el Gobierno y los sindicatos también contemplaba modificar la regulación del SMI para evitar que ciertos complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados. Los sindicatos consideran injusto que trabajadores que reciben pluses por peligrosidad u otras condiciones especiales dejen de percibirlos de forma diferenciada. El Ejecutivo tenía previsto introducir esta reforma a través de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, pero los sindicatos aseguran que no han recibido novedades sobre el texto desde hace meses. Mientras tanto, CEOE ya ha advertido de que recurrirá la medida ante los tribunales si finalmente sale adelante. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa tratando de sacar adelante el real decreto para reformar el registro horario, después de que el Consejo de Estado emitiera observaciones negativas apoyadas en informes del Ministerio de Economía.

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(Cinco Días, 04-06-2026) | Laboral

La industria militar española busca talento a golpe de talonario: el sueldo medio supera ya los 80.000 euros

La invasión rusa de Ucrania y el posterior repliegue estratégico de Estados Unidos, que ha instado a Europa a asumir un mayor peso en su propia defensa, han impulsado un fuerte crecimiento de la industria militar en el continente. Ante la previsión de importantes contratos públicos en los próximos años -algunos ya en marcha-, las empresas del sector han visto revalorizarse su actividad en bolsa y están ampliando su capacidad para responder a la creciente demanda de los Estados. En el caso de España, el Gobierno elevó el gasto en defensa hasta el 2% del PIB durante el último año, acompañado de grandes adjudicaciones como los nuevos sistemas de artillería sobre ruedas y cadenas, asignados a Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros; el desarrollo de un sistema de formación para pilotos de cazas y un nuevo avión de entrenamiento, encargado a Airbus y Turkish Aerospace por 2.600 millones; o la modernización de las fragatas F-100 de Navantia, con un presupuesto de 3.200 millones. Este incremento de la inversión pública ha reforzado las expectativas de contratación en un sector que ya registra una retribución media bruta superior a los 80.000 euros, según el informe "Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España", elaborado por UGT y CC OO con el apoyo de Confemetal. Esta cifra más que duplica el salario medio del sector servicios. El estudio también señala como debilidad la baja presencia de mujeres, que representan solo el 20,6% del empleo, casi ocho puntos por debajo de la media industrial nacional. El informe estima que la industria de defensa emplea actualmente a 36.000 trabajadores directos, 37.000 indirectos y alrededor de 15.000 empleos inducidos, es decir, los generados por el consumo de estos trabajadores en la economía. Sin embargo, advierte de la falta de perfiles cualificados, lo que podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento del sector. La elevada complejidad tecnológica en áreas como defensa, espacio, electrónica o simulación está incrementando la demanda de ingenieros, especialistas digitales y perfiles STEM, en un contexto de fuerte competencia con grandes grupos industriales europeos. A este desafío se suma la necesidad de afrontar un relevo generacional significativo. Según el informe, el conjunto de la industria del metal deberá cubrir alrededor de 350.000 puestos en los próximos años, en parte debido a la jubilación de unas 240.000 personas en la próxima década, muchas de ellas vinculadas también al sector de defensa. Desde UGT se subraya que se trata de una industria que no solo genera empleo cualificado y de calidad, sino que también puede ejercer un efecto tractor sobre la innovación tecnológica y el conjunto del tejido industrial español. El sindicato advierte, no obstante, de que el principal reto será formar, atraer y retener el talento necesario, en un mercado donde la competencia internacional por estos perfiles ya es elevada y seguirá intensificándose.

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(El País, 04-06-2026) | Laboral

Las medidas para contener el alza de bajas laborales encallan: el Gobierno intenta sumar a la patronal a un pacto de mínimos

El aumento de las bajas laborales desde la pandemia y el elevado coste que generan tanto para las empresas como para el sistema público se ha convertido en una preocupación creciente para el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Con el objetivo de intentar contener esta situación -que afecta cada año a entre el 30% y el 50% de los trabajadores y supone un gasto superior a los 30.000 millones de euros para la Seguridad Social y las compañías- el Ejecutivo abrió hace meses una mesa de diálogo social para negociar medidas orientadas a mejorar la gestión de las incapacidades temporales y reducir su impacto. Sin embargo, tras numerosas reuniones durante el último año, las conversaciones se encuentran prácticamente bloqueadas. Los sindicatos mantienen la expectativa de que el Gobierno impulse algunas de las mejoras mediante un real decreto. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de atraer a la patronal a un posible acuerdo, aunque las organizaciones empresariales consideran que las propuestas planteadas hasta ahora son insuficientes y no están dispuestas a respaldar un pacto que califican de poco ambicioso. Según sostienen, las iniciativas actualmente sobre la mesa no servirán para resolver un problema que consideran estructural. Desde que el Gobierno presentó en octubre un primer borrador articulado, la negociación ha ido perdiendo intensidad. Con el paso de los meses, además, se han ido descartando las medidas que podían tener un mayor alcance, especialmente aquellas relacionadas con el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el refuerzo del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El primer gran frenazo llegó en marzo, cuando los sindicatos decidieron suspender temporalmente las conversaciones hasta que el Ejecutivo resolviera dos cuestiones pendientes derivadas del anterior acuerdo sobre pensiones. Ante esta situación, la Seguridad Social se comprometió a elaborar un real decreto que incluyera una de esas demandas -la regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas- junto con algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas. Sin embargo, el texto aún no ha sido aprobado. Según distintas fuentes, una de las razones es que el Gobierno busca el respaldo de la patronal para facilitar su posterior tramitación parlamentaria, especialmente después de que el PP anunciara en otras ocasiones su rechazo a iniciativas laborales sin consenso social. Entre las medidas que previsiblemente incorporará el futuro decreto figura la creación de una prestación específica para pacientes oncológicos, con mejores condiciones desde el inicio del proceso y la posibilidad de reincorporación parcial al trabajo tras el alta médica, siempre que exista acuerdo entre el médico y el paciente. Otra de las novedades permitiría que los médicos de atención primaria pudieran conceder la baja únicamente para una actividad concreta en casos de trabajadores con varios empleos o actividades profesionales. Además, se prevé ampliar el acceso a la pensión de viudedad para parejas no registradas oficialmente como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y acrediten convivencia. La exclusión de las reformas más controvertidas relacionadas con las mutuas o con el control de las incapacidades temporales facilita el apoyo sindical al decreto, pero provoca el rechazo de la patronal. Los empresarios consideran que las medidas planteadas son demasiado limitadas y que no ayudarán a reducir el aumento de las bajas laborales si no se incorporan cambios más profundos. Desde CEOE sostienen además que el respaldo empresarial no debería ser imprescindible, ya que buena parte de las medidas relativas a la gestión de las bajas podrían aprobarse por otras vías normativas sin necesidad de recurrir a un decreto ley sometido a votación parlamentaria. Por ello, han pedido al Gobierno que saque adelante estas iniciativas mediante otros mecanismos para evitar verse obligados a respaldar públicamente un paquete que consideran insuficiente. Mientras tanto, las negociaciones continúan aunque con una actividad mucho menor. La mesa tripartita, que llegó a reunirse semanalmente, lleva cerca de un mes sin convocarse. Pese a ello, desde la Seguridad Social aseguran que el decreto terminará aprobándose, aunque sin precisar plazos. Paralelamente, el Gobierno está impulsando algunas actuaciones que no requieren cambios legislativos ni acuerdos con los agentes sociales. Entre ellas destaca la reciente instrucción enviada por el INSS a través de CEOE para recordar a las empresas que deben completar obligatoriamente la información relativa al puesto de trabajo y las funciones del empleado cada vez que reciben un parte de baja médica. El objetivo es facilitar a los médicos una mejor valoración sobre la capacidad real del trabajador para desempeñar sus tareas. La Seguridad Social también trabaja en un convenio con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para que los médicos de la sanidad pública puedan consultar datos laborales relevantes de los trabajadores en situación de incapacidad temporal. El acuerdo ya ha sido firmado por varias comunidades y continúa tramitándose en el resto. Además, el INSS ha iniciado la revisión del Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal, una guía técnica utilizada por los médicos de atención primaria para orientar el seguimiento y control de las bajas médicas y cuya última actualización se realizó en 2017. En este contexto, los interlocutores sociales asumen que a corto plazo no habrá una reforma profunda de la gestión de las bajas laborales debido a la complejidad política y social del momento. Sin embargo, ninguna de las partes descarta retomar las negociaciones más adelante. La patronal lamenta especialmente que hayan quedado fuera de la negociación algunas de sus principales demandas, como que el INSS asuma el control de los trabajadores que acumulan varias bajas en un mismo año. Esta propuesta también fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calculó que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal. Tampoco prosperarán por ahora otras reivindicaciones históricas de los empresarios, como permitir que los médicos de las mutuas concedan altas médicas, que la Seguridad Social asuma el coste salarial y de cotizaciones de los trabajadores durante parte de la baja o que el sistema público cubra las cotizaciones sociales de los procesos de larga duración. Por su parte, los sindicatos también han renunciado temporalmente a algunas de sus principales reclamaciones, entre ellas la de convertir completamente en pública la gestión y dirección de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que actualmente mantienen una estructura privada aunque desempeñan funciones públicas.

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(El Economista, 04-06-2026) | Laboral

El Gobierno divulgará la brecha salarial de género de las empresas de más de 100 empleados

La Comisión Europea aprobó hace tres años una nueva normativa destinada a reforzar las obligaciones empresariales en materia de igualdad salarial y reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Se trata de la directiva de transparencia salarial, cuya transposición al ordenamiento español acaba de iniciar el Gobierno y que obligará a las empresas con más de 100 empleados a remitir información sobre sus diferencias salariales por género a un organismo público. Estos datos serán publicados posteriormente en una plataforma accesible para facilitar comparaciones entre compañías del mismo sector y territorio. La norma europea, que España debe incorporar cuanto antes para evitar posibles sanciones similares a las que ya afronta por el retraso en la aplicación de la directiva de condiciones laborales, establece que las empresas con plantillas superiores a las 100 personas tendrán que informar periódicamente sobre hasta seis indicadores relacionados con la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres. Entre ellos figuran la brecha salarial general, las diferencias en complementos y retribuciones variables, la mediana de esas diferencias, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que perciben pagos adicionales y la distribución de hombres y mujeres dentro de cada tramo salarial de la empresa. No obstante, el texto comunitario permite que cada Estado miembro rebaje el umbral de empleados a partir del cual se aplica esta obligación. En España, las medidas implantadas en 2020 sobre igualdad salarial ya afectan a empresas de más de 50 trabajadores, por lo que expertos en recursos humanos consideran posible que el Ministerio de Trabajo adopte ese mismo criterio en la nueva regulación. Toda la información será recopilada por un "organismo de seguimiento", que previsiblemente dependerá de los ministerios de Igualdad o Trabajo, y deberá publicarse en un formato sencillo y accesible que permita comparar datos entre empresas, sectores y regiones. Además, la normativa obliga a conservar visibles los datos correspondientes a los cuatro años anteriores. Las compañías con más de 250 empleados deberán remitir esta información anualmente, mientras que las de menor tamaño lo harán cada tres años. Luis Rodríguez Sacristán, director de Innovación y Transformación Digital de Compensa Capital Humano, considera que esta medida tendrá un importante impacto reputacional para las empresas, ya que quedarán expuestas públicamente a través de datos agregados que permitirán detectar posibles desigualdades internas. A su juicio, esta información podría influir tanto en las decisiones de candidatos como en las de trabajadores que estén valorando abandonar una compañía con peores indicadores que otras del mismo sector. Por su parte, Verónica Lande, responsable de Organization and Strategy de Michael Page, cree que la repercusión será mayor sobre las propias empresas que sobre empleados o aspirantes. Según explica, las compañías estarán obligadas a desarrollar planes para corregir las diferencias salariales injustificadas, ya que la directiva rebaja del 25% al 5% el margen permitido para justificar brechas salariales mediante criterios objetivos. Los expertos consultados coinciden en que la aplicación de esta normativa transformará la cultura organizativa de las empresas, que tendrán que justificar con mayor claridad las diferencias salariales, definir criterios objetivos para asignar complementos y retribuciones variables y establecer políticas transparentes sobre revisiones salariales y bandas retributivas. Además, quedará prohibido preguntar a los candidatos por el sueldo que percibían en su empleo anterior. Estas cuestiones también fueron abordadas en la jornada "Negociación colectiva y salarios: absentismo, transparencia retributiva y extranjería", organizada recientemente por la Asociación de Dirección de Relaciones Laborales (ADiReLab). Durante el encuentro, Rodríguez Sacristán defendió que ordenar y clarificar las políticas salariales podría contribuir a reducir el absentismo laboral al generar mayor confianza entre los trabajadores y disminuir situaciones de malestar interno. España volverá previsiblemente a incumplir el plazo fijado por Bruselas para adaptar esta directiva a su legislación nacional. Aunque el país parte de una situación más avanzada que otros socios europeos, el Ministerio de Trabajo apenas ha iniciado el proceso mediante una consulta pública dirigida a los agentes interesados. Esta misma semana, el departamento anunció que espera disponer de un borrador en las próximas semanas para negociarlo con sindicatos y patronal, aunque todavía no se conocen los detalles concretos de la futura norma. La Comisión Europea aún no ha publicado un informe sobre el grado de cumplimiento de los distintos países, ya que el plazo de transposición todavía no ha expirado oficialmente. Sin embargo, un análisis elaborado por la consultora Trusaic señala que solo Lituania, Eslovaquia e Italia habrían completado ya el proceso. Otros países, como Francia, Irlanda o Polonia, han presentado borradores iniciales, mientras que Alemania se encuentra en una fase similar a la española. En contraste, Portugal o Hungría ni siquiera habrían iniciado formalmente los trabajos. A pocas horas de que concluya el plazo concedido por Bruselas, la mayoría de los Estados miembros sigue lejos de culminar la adaptación de esta directiva. No obstante, la normativa fija que en 2031 todos los países deberán informar a la Comisión Europea sobre el grado de cumplimiento y los efectos de la medida. Dos años después, Bruselas elaborará un informe para el Parlamento Europeo y el Consejo basado en los datos aportados por las empresas y la evolución de la brecha salarial.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

EEUU plantea aranceles del 10% o 12,5% para 60 socios por fallos sobre el trabajo forzoso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha planteado imponer aranceles adicionales del 10% o del 12,5% a productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido y China, al considerar insuficientes sus medidas contra el comercio de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. "El hecho de que nuestros principales socios comerciales no frenen la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable. Esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en desventaja en los mercados internacionales", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El pasado 12 de marzo, la USTR abrió 60 investigaciones amparadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para analizar si distintas economías estaban aplicando de forma efectiva prohibiciones a la importación de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso. Tras concluir esas pesquisas, el organismo estadounidense determinó que los países investigados no están actuando de manera adecuada ni eficaz para impedir la entrada de este tipo de bienes, una situación que, según Washington, perjudica al comercio de Estados Unidos y permite adoptar represalias comerciales bajo la citada normativa. En concreto, Estados Unidos considera que Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán no están aplicando correctamente las restricciones a la importación de productos vinculados al trabajo forzoso. Además, sostiene que otras 54 economías -entre ellas China, India, Japón, Brasil, Australia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Arabia Saudí, Sudáfrica o Vietnam- ni siquiera cuentan con mecanismos eficaces para prohibir o controlar estas importaciones. Como consecuencia, la USTR propone aplicar nuevos gravámenes a todos los productos procedentes de las 60 economías investigadas. La propuesta distingue entre dos niveles de recargo. Los países que ya disponen de alguna normativa contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, o que se han comprometido a implantarla mediante acuerdos comerciales recíprocos, afrontarían un arancel adicional del 10%. En cambio, para el resto de economías la subida sería del 12,5%. Greer defendió que Washington no seguirá tolerando lo que considera una situación de competencia desleal. Aunque reconoció que algunos socios han empezado a tomar medidas, insistió en que todos deben reforzar sus controles para evitar que el comercio internacional siga favoreciendo prácticas laborales abusivas.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Laboral

Una de cada cuatro pymes busca trabajadores en el extranjero porque no encuentra en España

España es, junto con Finlandia, el único país de la Unión Europea con una tasa de paro de dos dígitos, superior al 10%. Aunque el mercado laboral español atraviesa un periodo de creación de empleo, la reducción del desempleo se ha ralentizado en los últimos meses. Además, el país mantiene cerca de un millón de parados de larga duración que no consigue reinsertar en el mercado laboral. En paralelo, muchas empresas están recurriendo a la contratación en el extranjero ante las dificultades para cubrir vacantes en territorio nacional. De acuerdo con el Eurobarómetro de la Comisión Europea, un 26% de las pymes españolas ha intentado recientemente contratar trabajadores fuera de España. Este dato refleja claramente el desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en el mercado laboral. El problema se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que un 38% de las pequeñas y medianas empresas reconoce tener dificultades para encontrar perfiles adecuados a sus necesidades. Esta situación generalizada muestra que el desajuste afecta a múltiples sectores de la economía. Una parte relevante de los desempleados de larga duración no encaja con los perfiles que demandan las empresas, lo que pone de manifiesto que el problema no es únicamente cuantitativo, sino también de cualificación y condiciones laborales. En algunos sectores de menor valor añadido, las ofertas de empleo no alcanzan las expectativas mínimas de los candidatos, lo que contribuye a que muchas vacantes queden sin cubrir. De hecho, más de la mitad de las empresas que buscan personal en el extranjero lo hacen fuera de la Unión Europea. En concreto, el 58% recurre a mercados extracomunitarios, mientras que el 42% busca dentro de la UE. Esta estrategia permite cubrir puestos sin tener que elevar las condiciones laborales en el mercado interno, especialmente en empleos menos cualificados, mientras que para perfiles técnicos o especializados se recurre con mayor frecuencia a países europeos. El perfil más demandado por las pymes españolas en el exterior es el de trabajadores del sector de la construcción con formación o experiencia, que representan el 28% de las contrataciones internacionales. Este sector es precisamente uno de los más afectados por la falta de mano de obra, lo que también impacta en la capacidad de desarrollar vivienda en España. A ello se suman otros perfiles como fontaneros, instaladores de sistemas térmicos y de climatización, así como ingenieros civiles y otros profesionales técnicos necesarios para sostener la actividad constructora. La contratación en el extranjero también está impulsando el fenómeno migratorio vinculado al empleo, es decir, la llegada de trabajadores con contrato previo, un modelo ampliamente respaldado en el debate político. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro entre extranjeros continúa descendiendo a pesar del aumento de la inmigración, ya que una parte significativa encuentra empleo rápidamente tras su llegada. En 2025, el desempleo entre la población extranjera se redujo hasta el 15,4%, su nivel más bajo desde 2007.

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(El País, 03-06-2026) | Laboral

La economía gana 232.000 empleos en mayo, el mayor impulso en ocho años, pero la caída del paro se resiente

El mercado laboral acostumbra a mejorar en mayo con un aumento del empleo y una reducción del paro, y este año la tendencia se ha repetido gracias al impulso estacional del turismo. Sin embargo, los datos dejan una lectura desigual: mientras la afiliación a la Seguridad Social muestra una evolución muy positiva, el descenso del desempleo resulta mucho más débil de lo habitual para esta época. La Seguridad Social sumó 232.000 afiliados más respecto a abril, el segundo mejor dato histórico para un mes de mayo. Además, destaca especialmente el peso de los trabajadores extranjeros, que aportaron cerca de la mitad del empleo creado, con 111.000 nuevos afiliados, la cifra más alta registrada para este colectivo en un mayo. En contraste, el paro registrado se redujo únicamente en 36.300 personas. Sin tener en cuenta el año excepcional de la pandemia, se trata del peor descenso en un mes de mayo desde 2012, en plena crisis económica. El incremento de afiliados supera ampliamente los registros de los últimos años: en 2025 fueron 195.700; en 2024, 220.300; y en 2023, 200.400. Solo 2018 registró un comportamiento mejor, con 237.200 nuevos ocupados. Gracias a este avance, el número total de afiliados alcanza los 22,33 millones, un nuevo máximo histórico que previsiblemente volverá a superarse en junio si se mantiene la tendencia habitual. El crecimiento del empleo extranjero sobresale de forma especial. España incorporó en mayo 111.300 afiliados de origen extranjero, un incremento del 3,4% en apenas un mes y casi 40.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Desde que existen registros comparables, en 2012, nunca se había producido un aumento tan intenso en un mes de mayo. Este fuerte crecimiento coincide con los primeros meses de aplicación del proceso extraordinario de regularización de extranjeros. Preguntado sobre la posible relación entre ambas circunstancias, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señaló que todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas, aunque recordó que el empleo extranjero ya mostró una evolución especialmente intensa en marzo y abril. En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 553.400 personas durante los últimos doce meses, casi 100.000 más que el año anterior, que ya había sido especialmente favorable para el empleo. Este avance sitúa el crecimiento anual del empleo en el 2,5%, tres décimas más que en el ejercicio precedente. Los sectores que más empleo han generado en el último año son la sanidad y los servicios sociales, con 84.300 nuevos puestos; la construcción, con 70.100; la educación, con 54.600; las actividades administrativas, con 47.700; y la industria manufacturera, con 37.700 empleos adicionales. Sin embargo, si se analiza únicamente la evolución de mayo, la hostelería lidera claramente la creación de empleo gracias al inicio de la temporada turística. El sector sumó 67.300 trabajadores, más del doble que las actividades administrativas, que añadieron 28.800, y más del triple que el sistema agrario, con 20.700 afiliados más. Esta dinámica se refleja especialmente en Baleares, la comunidad con el mayor crecimiento mensual del empleo. El archipiélago incrementó un 8% el número de afiliados en apenas un mes, impulsado por el turismo. En el extremo opuesto se sitúa Canarias, donde el empleo apenas avanzó un 0,1%. Más allá del efecto estacional, la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento interanual del empleo con un avance del 3,7%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 3,4%, y Aragón, con un 3%. Los aumentos más moderados corresponden a Galicia, con un 1,6%; País Vasco, con un 1,3%; y Cantabria, con un 1,2%. El paro registrado se contrae con menos vigor del habitual en el quinto mes del año. España registra una contracción del paro de 36.300 personas, una bajada muy inferior a la de 2025 (-57.800), 2024 (-58.600) o 2023 (-49.300). Sin contar el atípico 2020 de la crisis del coronavirus -cuando el desempleo creció en 26.600 personas-, hay que viajar hasta 2012 para encontrar una reducción del paro inferior a la de este último mes. Entonces, en uno de los años más duros para el mercado laboral español en lo que llevamos de siglo, el paro se redujo en 30.113 personas.

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(El País, 03-06-2026) | Laboral

El empleo de extranjeros acelera más que nunca con 289.000 nuevos puestos en el último año

Uno de los principales desafíos para los analistas económicos es separar lo que es causal de lo que es mera coincidencia y, dentro de los factores realmente causales, determinar su peso relativo en la explicación de un fenómeno. Este debate se refleja claramente en los datos de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que en los últimos meses muestran una aceleración sin precedentes. En el último año se han creado 289.000 empleos ocupados por extranjeros, la cifra más alta registrada hasta ahora y unas 100.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Este impulso coincide en el tiempo con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, aunque el Ejecutivo considera prematuro establecer una relación directa. Esta cautela es compartida, con matices, por distintos expertos consultados. Algunos solicitantes de este proceso de regularización ya han obtenido la aprobación, por lo que pueden aparecer como afiliados, aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos desagregados sobre expedientes concedidos. Pese a ello, parte de los analistas admite que podría existir cierta conexión entre ambos fenómenos, aunque resulta difícil cuantificar su impacto exacto en el crecimiento del empleo extranjero. Los datos de afiliación correspondientes a mayo, publicados este martes, reflejan un aumento récord de 111.300 cotizantes extranjeros respecto a abril, una cifra muy superior a la del mismo mes de años anteriores (73.500 en 2025 y 77.900 en 2024). Con ello, el total alcanza los 3,36 millones, el máximo histórico. Además, el incremento mensual del 3,4% es el más elevado de los últimos años, aunque en términos relativos aún queda por debajo del 3,8% registrado en 2018, cuando la base de afiliados era mucho menor. Esta tendencia alcista ya se había observado en abril, aunque con menor intensidad, con un aumento de 96.700 afiliados, también récord para ese mes. Si el repunte se hubiera iniciado entonces, coincidiendo con el arranque del proceso de regularización, algunos expertos consideran que sería más clara la relación entre ambos fenómenos. Sin embargo, el representante del gabinete económico de CC OO, Luis Zarapuz, recuerda que ya en marzo, antes de la puesta en marcha efectiva del proceso, se registró también un fuerte crecimiento de 74.700 afiliaciones, frente a las 46.800 del mismo mes del año anterior. A su juicio, parte de ese incremento podría explicarse por la aceleración de trámites de regularizaciones ordinarias ya en curso. La evolución interanual muestra con más claridad el cambio de ritmo, al eliminar efectos estacionales. El crecimiento se mantenía en torno al 7% en los últimos meses, pero se acelera al 7,9% en marzo (230.300 afiliados más), sube al 8,4% en abril (250.000) y alcanza el 9,4% en mayo (288.700). Este último dato supone unas 100.000 afiliaciones más que en mayo del año anterior y marca el mayor incremento absoluto registrado hasta ahora. Zarapuz señala que existe una mayor tracción del empleo extranjero, que ya venía de antes del proceso de regularización, aunque admite que este podría estar empezando a influir en los datos. En su opinión, es probable que la política migratoria explique parte de la diferencia entre los ritmos de crecimiento recientes, aunque con cautela a la hora de aislar su impacto del ciclo económico general. Recuerda además que en 2022 y 2023, en pleno rebote postpandemia, ya se registraron crecimientos interanuales superiores al 11%, aunque con aumentos absolutos menores. En los últimos meses, la afiliación de extranjeros ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido, con oscilaciones estacionales. El análisis del conjunto de la serie muestra avances especialmente intensos en primavera, con picos mensuales superiores a los 70.000 afiliados en varios ejercicios, y un comportamiento más irregular en los meses de verano. Desde BBVA Research se apunta que, una vez descontada la estacionalidad, el avance de mayo se sitúa en torno a 36.300 afiliados (1,1% mensual), en línea con los meses anteriores y algo por encima de lo previsto. En este sentido, el centro de estudios considera que, por el momento, la regularización extraordinaria no ha tenido un impacto significativo claramente visible en las cifras de afiliación. En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social se insiste en la prudencia. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, señala que se trata de un proceso complejo, aún en marcha, y que es pronto para extraer conclusiones. También el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, subraya que cualquier valoración sería prematura mientras el plazo de solicitudes siga abierto. El Gobierno, por ahora, no ha ofrecido datos detallados sobre el volumen de solicitudes ni sobre el número de expedientes resueltos. Las últimas cifras conocidas, difundidas a través de la Abogacía del Estado en un procedimiento judicial, apuntaban a 549.546 solicitudes y 91.905 admisiones a trámite, aunque el proceso sigue abierto y pendiente de resolución en los próximos meses.

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