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(Expansión, 04-03-2026) | Laboral

Febrero se salda con casi 3.600 parados más y suma 97.000 cotizantes al sistema

El desempleo aumentó en febrero en 3.584 personas respecto a enero (+0,1%), lo que supone el mayor repunte en este mes desde 2021. El incremento se explica principalmente por el comportamiento del sector servicios y del colectivo sin empleo anterior, integrado en su mayoría por jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. A pesar de esta subida, la Seguridad Social registró un crecimiento de 97.004 afiliados de media, alcanzando los 21.670.636 ocupados, la cifra más alta para un mes de febrero. Los datos han sido difundidos por los Ministerios de Trabajo e Inclusión. En contraste con lo ocurrido este año, en febrero de 2025 y 2024 el paro descendió en 5.994 y 7.452 personas, respectivamente; en 2023 aumentó en 2.618 desempleados y en 2022 cayó en 11.394. Con todo, el total de personas inscritas en las oficinas del SEPE se situó en 2.442.646, el nivel más bajo para un mes de febrero en los últimos 18 años. Desde 1996, el paro ha subido en febrero en 14 ocasiones y ha bajado en 17. El mayor incremento se produjo en 2009, con 154.000 desempleados más, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 1998, con 23.843 parados menos. Si se eliminan los efectos estacionales, el desempleo descendió en 3.718 personas. En términos interanuales, el paro se redujo en 150.803 personas, un 5,8% menos que hace un año. Por sectores, además del colectivo sin empleo anterior -que sumó 6.263 desempleados más (+2,8%)-, también aumentó el paro en los servicios, con 1.158 personas más (+0,06%). En cambio, descendió en la construcción (-2.140, un 1,2% menos), en la industria (-1.122, un 0,6% menos) y en la agricultura (-575, un 0,8% menos). Territorialmente, el desempleo bajó en seis comunidades autónomas y subió en once. Los mayores incrementos se registraron en Madrid (+3.694), Cataluña (+2.039) y Castilla-La Mancha (+1.070). Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Andalucía (-2.629), País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102). A nivel provincial, el paro descendió en 21 provincias -con Cádiz, Vizcaya y Baleares a la cabeza- y aumentó en 31, destacando Madrid, Barcelona y Zaragoza. Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, atribuyeron el ligero repunte a la incorporación de nuevos demandantes al mercado laboral. En su valoración, subrayaron que las cifras siguen siendo "claramente positivas", con 150.000 parados menos que hace un año, un peso de la contratación indefinida superior al 44% y una tasa de cobertura cercana al 82%. En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social creció en febrero en 97.004 personas de media, recuperando parte del retroceso habitual de comienzos de año. Es el tercer mayor aumento en este mes desde 2007, aunque el más moderado desde 2023. En el último año, el sistema ha sumado 474.482 cotizantes, lo que supone un crecimiento del 2,2%. En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en 45.220 personas (+0,2%), hasta un máximo histórico de 21.930.359 cotizantes. El Régimen General, que concentra la mayoría de los trabajadores, incorporó 88.529 afiliados medios (+0,5%), hasta los 18,19 millones. Destacaron educación, con 30.142 nuevos ocupados (+2,3%); hostelería, con 22.932 (+1,6%); y construcción, con 17.478 (+1,7%). El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), hasta 3.414.614. Entre las actividades con descensos figuraron el comercio mayorista (-13.500 afiliados), las actividades sanitarias (-9.500), el Sistema Especial Agrario (-3.692) y el Sistema del Hogar (-2.761). Por comunidades autónomas, el empleo aumentó en 15 regiones, con Cataluña (+23.564), Baleares (+13.539) y Madrid (+12.806) a la cabeza. Solo se registraron retrocesos en Castilla-La Mancha (-1.657) y Extremadura (-775). Desde febrero de 2021, el mercado laboral ha ganado 4.716.953 ocupados con contrato indefinido y ha reducido en 1.900.668 los afiliados con contrato temporal, consolidando el peso del empleo estable.

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(El País, 04-03-2026) | Laboral

El Consejo de Ministros envía al Parlamento el estatuto del becario

Cubrir los gastos de transporte y manutención de los estudiantes sin salario, acotar las prácticas que no formen parte del plan de estudios y endurecer las sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Esos son los ejes centrales del llamado estatuto del becario, cuyo anteproyecto de ley ha recibido este martes la segunda aprobación del Consejo de Ministros, después de una primera lectura en noviembre. El texto deberá ahora afrontar su tramitación en el Congreso, donde sus posibilidades de prosperar son reducidas. A la oposición previsible de PP, Vox y Junts -que ya rechazaron la reducción de jornada- se suman las reservas de algunos aliados habituales del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido la iniciativa como "la reforma laboral para la juventud" y ha subrayado que busca erradicar la figura del falso becario, a la que considera una anomalía que precariza el mercado laboral. El objetivo, según ha explicado, es proteger a los jóvenes y poner fin a situaciones abusivas. El estatuto fue pactado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO, poco antes de las elecciones generales. Sin embargo, además del rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, el texto también encontró resistencias dentro del propio Gobierno. Desde Moncloa y el área económica se calificó entonces de inmaduro y necesitado de mayor desarrollo técnico. Aquella discrepancia pública supuso un hecho inédito en el seno del Ejecutivo. La falta de consenso interno, el calendario electoral y la prioridad de otras reformas, como la reducción de la jornada laboral, ralentizaron la tramitación, lo que generó malestar sindical. Finalmente, en noviembre del año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto en primera vuelta, prácticamente sin modificaciones respecto al texto inicial. El PSOE nunca detalló públicamente qué motivó su cambio de postura. La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido la oportunidad de la norma al destacar que ya son más de dos millones los jóvenes que han cotizado por prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024. Entre ambas lecturas del anteproyecto se conoció el informe del Consejo Económico y Social, que cuestionó la falta de datos para evaluar el impacto económico de la medida y advirtió de que no contempla apoyos específicos para pequeñas y medianas empresas. El texto fija un máximo de 480 horas para las prácticas extracurriculares -la mitad de lo permitido actualmente-, modalidad en la que se concentran más irregularidades al no estar directamente vinculada a la formación académica. También establece sanciones que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves y obliga a las empresas a asumir determinados gastos del estudiante, como el transporte. Esta compensación no se aplicará a quienes perciban una nómina, ya que se entiende que la retribución cubre esos costes. No obstante, la norma no impone la obligación de pagar un salario a todos los becarios, una demanda reiterada por sectores de la izquierda política y sindical que finalmente no se incorporó al acuerdo. El futuro parlamentario del estatuto es incierto. PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta y previsiblemente votarán en contra. Yolanda Díaz ha apelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instándole a posicionarse del lado de los jóvenes. Desde la dirección popular se mantiene que solo respaldarán reformas laborales que cuenten con el aval de todos los agentes sociales, no únicamente de los sindicatos, como ocurre en este caso. Además, formaciones que habitualmente apoyan al Ejecutivo, como ERC, EH Bildu o el PNV, han expresado reparos. ERC insiste en la necesidad de que las prácticas sean obligatoriamente remuneradas, aspecto ausente en el texto actual. El BNG, por su parte, considera positiva la regulación de la figura del becario como herramienta contra la precariedad, aunque prefiere esperar al resultado definitivo del trámite parlamentario.

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(El Economista, 04-03-2026) | Laboral

Trabajo pisa el acelerador para aplicar la directiva que acabará con el secreto salarial en las empresas españolas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha manifestado su intención de incorporar "lo antes posible" la directiva europea sobre transparencia salarial, cuyo objetivo es eliminar el secretismo en torno a los sueldos para combatir la discriminación retributiva. El plazo fijado por la Unión Europea para que los Estados adapten esta norma concluye el próximo 7 de junio, aunque no está garantizado que España llegue a tiempo. Aun así, el departamento prevé abrir de inmediato el diálogo con sindicatos y organizaciones empresariales para consensuar un texto que pueda publicarse sin demora en el Boletín Oficial del Estado. Así lo señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de los datos de paro y afiliación, en vísperas del 8 de marzo. Subrayó que se trata de una regulación clave en cuya negociación el Ejecutivo español ha participado activamente en el ámbito europeo. La directiva 2023/970 establece que las empresas deberán facilitar a cualquier trabajador que lo solicite información sobre cómo se sitúa su salario en comparación con el de sus compañeros y corregir las diferencias que no estén sustentadas en criterios objetivos y neutros, los cuales deberán constar por escrito. Además, será obligatorio incluir la horquilla salarial en las ofertas de empleo, algo que actualmente solo aparece en alrededor del 18% de las vacantes publicadas en España. La normativa también suprime las cláusulas contractuales que impiden a los empleados divulgar su sueldo y prohíbe preguntar a los candidatos por sus retribuciones anteriores. Con ello, Bruselas pretende reforzar la posición negociadora de los trabajadores, especialmente de las mujeres, a quienes considera más perjudicadas por prácticas salariales opacas. Asimismo, las compañías deberán publicar periódicamente datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. La frecuencia dependerá del tamaño de la plantilla: anualmente en empresas con más de 250 empleados y cada tres años en aquellas con entre 100 y 249 trabajadores. Según Pérez Rey, esta directiva completa el marco normativo ya existente en España en materia de planes de igualdad y transparencia retributiva, y constituye un paso decisivo para cerrar la brecha salarial de género. Aunque destacó que la diferencia se ha reducido en los últimos años, insistió en que cualquier desigualdad resulta inaceptable. La norma no modifica directamente los convenios colectivos, pero sí limita la discrecionalidad de las empresas a la hora de ofrecer salarios distintos fuera de las referencias establecidas, obligándolas a justificar adecuadamente cualquier mejora individual. Esto podría reducir su margen para competir por talento si no fundamentan bien sus propuestas, un aspecto que podría generar reticencias en el ámbito empresarial. No obstante, el secretario de Estado no adelantó detalles concretos sobre el contenido final de la transposición. Si la adaptación española reproduce fielmente el texto europeo, las empresas que incumplan estas obligaciones no podrán contratar con las administraciones públicas. Aunque la legislación nacional ya excluye de la contratación pública a compañías que carecen de planes de igualdad, la nueva regulación amplía el alcance a todas las medidas vinculadas al principio de "igual salario por igual trabajo", más allá de la cuestión estrictamente de género. Además, al tratarse de una directiva comunitaria, contará con respaldo europeo y será de aplicación en todos los Estados miembros.

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(Expansión, 03-03-2026) | Laboral

Los sindicatos exigen reactivar la jubilación parcial de los empleados públicos

UGT condiciona la negociación con el Ministerio de Seguridad Social y la patronal sobre el creciente coste de las bajas laborales a que antes se desbloquee la jubilación parcial del personal laboral en las administraciones públicas. Por ahora, no se vislumbra un acuerdo en la mesa tripartita destinada a frenar el aumento de la incapacidad temporal. La última reunión ha evidenciado el estancamiento del diálogo. Mientras el Gobierno y las organizaciones empresariales quieren concretar medidas para reducir el impacto económico del alza de las bajas -que ya supone un desembolso de 33.000 millones de euros para empresas y sector público-, UGT y CCOO exigen que, antes de avanzar en ese debate, el departamento que dirige la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, active soluciones que permitan al personal laboral de las administraciones acceder a la jubilación parcial. Este choque de prioridades ha paralizado, en la práctica, el principal objetivo de la mesa: contener el gasto derivado del incremento de las incapacidades temporales. El Ejecutivo ha redoblado esfuerzos para plantear alternativas, entre ellas las llamadas "altas progresivas", que buscan facilitar la reincorporación paulatina de trabajadores que lleven más de 180 días de baja. La propuesta contempla que, durante un periodo de 30 días, puedan volver a su puesto con jornada reducida mientras siguen percibiendo parte de la prestación. Sin embargo, esta fórmula no convence ni a empresarios ni a sindicatos. Desde el ámbito empresarial advierten de que implicaría trasladar parte del coste de las bajas a las compañías y defienden que el regreso al trabajo solo debe producirse cuando exista alta médica y plena capacidad para desempeñar las funciones. Los sindicatos comparten ese planteamiento: sostienen que durante una baja solo caben dos escenarios, o bien el trabajador está incapacitado y no puede trabajar, o bien recibe el alta y puede reincorporarse en condiciones normales. Ante este bloqueo, las centrales sindicales han advertido al Ministerio de Seguridad Social de que podrían abandonar la mesa si no se resuelven antes los compromisos pendientes, acusando al departamento de incumplir su palabra. Entre las reivindicaciones prioritarias que señala UGT figuran, además de la jubilación parcial del personal laboral público, la revisión de los coeficientes aplicables a las pensiones máximas en casos de despidos colectivos (ERE) y los coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos o peligrosos. La situación se agravó tras la entrada en vigor, en abril de 2025, de los nuevos requisitos para acceder a la jubilación parcial. La reforma tuvo un efecto colateral en la Administración Pública, afectando al personal laboral de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Aunque son los únicos empleados públicos con derecho reconocido a la jubilación parcial anticipada con contrato de relevo, desde el endurecimiento de las condiciones -especialmente las exigencias sobre el trabajador relevista- no están pudiendo ejercerlo. Las particularidades de la contratación indefinida y a tiempo completo en el sector público han frenado en seco las solicitudes, pese a que muchos empleados cumplen los requisitos para esta retirada gradual. Fuentes del diálogo social señalan que el Ministerio de Seguridad Social planteó como posible salida la apertura de un periodo transitorio que permitiera a las administraciones recurrir a personal interino para cubrir los contratos de relevo, sorteando temporalmente la obligación de contratación indefinida que no pueden asumir de inmediato. La propuesta del equipo de Elma Saiz no busca instaurar una excepción permanente para el sector público, sino prorrogar temporalmente la normativa anterior. Con esta medida, alrededor de 250.000 trabajadores laborales podrían acceder a la jubilación parcial. Los interinos ocuparían esos puestos de forma provisional hasta que las amplias ofertas de empleo público aprobadas en los últimos años se traduzcan en plazas fijas.

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(El Economista, 03-03-2026) | Laboral

En 10 provincias hay más personas cobrando el paro que parados

El año 2026 arrancó con un máximo histórico en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que en enero se situó en el 81,9%. Más llamativo aún es que, por primera vez desde que existen registros, diez provincias superan el 100%. Esto significa que hay más personas cobrando una prestación que parados inscritos con derecho teórico a percibirla. El Ejecutivo suele destacar el aumento de la cobertura como prueba de la recuperación de la protección social tras los ajustes aplicados en 2012 por los gobiernos del PP. Hasta ahora, el récord en un mes de enero se había alcanzado en 2010, en plena crisis financiera, con un 80,9%, ligeramente por debajo del dato actual. Sin embargo, este nuevo máximo no responde a una oleada de despidos como la de hace más de una década. El contexto laboral ha cambiado de forma notable. El crecimiento de la contratación indefinida ha incrementado las altas en prestaciones contributivas, ya que los trabajadores con empleos estables acumulan más cotizaciones y, por tanto, más derecho a cobrar el paro. También influye el aumento de perceptores del subsidio para mayores de 52 años, que tras la pandemia tienen más facilidades para acceder a una ayuda que pueden mantener hasta la jubilación. A ello se suma la caída del desempleo: pese al mayor gasto, el número total de beneficiarios se redujo un 4% en el último año. Es decir, el incremento de la cobertura puede interpretarse como una asignación más eficaz de los recursos, sin que necesariamente desincentive la búsqueda de empleo. No obstante, el hecho de que en algunas provincias la cobertura supere el 100% genera dudas. A primera vista, parece indicar que hay más personas percibiendo el paro que desempleados con derecho a hacerlo. La explicación es sencilla y aparece en una nota metodológica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): en territorios con un elevado número de trabajadores fijos discontinuos, la tasa puede rebasar el 100% en temporada baja. Estos empleados no pierden su contrato, sino que este se interrumpe y pasan a un periodo de inactividad hasta que la empresa vuelve a llamarlos. Durante ese tiempo pueden cobrar la prestación, pero no figuran como parados registrados. Desde la reforma laboral, las altas en prestaciones por este motivo superan a las derivadas de despidos. Eso sí, como alternan periodos de actividad e inactividad, las prestaciones suelen ser más breves, lo que explica las fuertes oscilaciones mensuales. Las provincias donde este fenómeno es más acusado son Baleares (332,3%, más del triple de beneficiarios que parados), Girona (123,8%), Huelva (117,3%), Huesca (114,5%), Teruel (107,4%), Soria (104,5%), Jaén (103,6%), Cáceres (102,7%), Segovia (101,8%) y Tarragona (101,7%). Otras diez provincias superan el 90%. Por comunidades autónomas, solo Baleares -de carácter uniprovincial- rebasa el 100%, aunque Extremadura alcanza esa cota de media por primera vez. Hace un año solo cinco provincias superaban el 100%, y si se retrocede a enero de 2021, únicamente Baleares registraba más beneficiarios que parados con derecho a prestación. En el archipiélago, muy dependiente del turismo y la hostelería, el uso del contrato fijo discontinuo ha sido tradicionalmente elevado, aunque entonces la tasa era muy inferior a la actual. La fórmula de cálculo de la tasa de cobertura -sin cambios en la última década- divide el total de beneficiarios entre el número de parados con experiencia laboral, descontando a quienes cobran el antiguo subsidio agrario (PER), que no computan como desempleados registrados. Este ajuste se introdujo para evitar distorsiones en Andalucía y Extremadura. Sin embargo, no se previó excluir del denominador a los fijos discontinuos inactivos que perciben prestación sin figurar como parados. Aunque ya se conocía su impacto en Baleares, la reforma laboral de 2021 extendió esta modalidad a todos los sectores, incluidas las empresas de trabajo temporal. Además, muchos trabajadores eventuales agrarios pasaron a esta fórmula contractual y, en sus periodos de inactividad, cobran prestación contributiva en lugar de subsidios específicos, lo que eleva la tasa. En definitiva, el peso de los fijos discontinuos en el aumento de la cobertura y del gasto en prestaciones es una de las grandes incógnitas del nuevo mercado laboral surgido tras la reforma de 2021. El debate enlaza con la controversia sobre si el impulso a esta figura está maquillando las estadísticas de empleo. Pero, sobre todo, pone el foco en la realidad de miles de trabajadores que encadenan fases de actividad e inactividad, dependen durante semanas o meses de la prestación y, sin embargo, no aparecen como desempleados en las cifras oficiales.

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(El Economista, 03-03-2026) | Laboral

Trabajo admite que las cotizaciones sociales subirán 370 euros al año al sumar los pluses al SMI

El Ejecutivo prepara una reforma legal destinada a evitar que las empresas reduzcan o eliminen complementos salariales para absorber la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El borrador, acordado únicamente con los sindicatos, se ha sometido a audiencia pública acompañado de una memoria económica que apunta a un incremento relevante de las cotizaciones empresariales, que podría alcanzar hasta 370 euros más por trabajador al año. El Ministerio de Trabajo pretende aprovechar el reglamento que adaptará al ordenamiento español la directiva europea sobre salarios mínimos para modificar las reglas de compensación y absorción que permiten a las compañías ajustar los pluses ante incrementos del SMI. Este cambio tendría un impacto económico significativo, ya que elevaría tanto los sueldos como las bases de cotización de empresas y empleados. Según los cálculos oficiales, los trabajadores que actualmente perciben el SMI anual de 17.094 euros experimentarían aumentos salariales de entre el 3,5% y el 8,5%. La vicepresidenta Yolanda Díaz cifró la mejora media en 234 euros. Este incremento salarial implica también una subida de la base sobre la que se calculan las cotizaciones sociales. Trabajo estima que el coste adicional para las empresas oscilaría entre 1.500 y 3.800 millones de euros, de los cuales entre 420 y 1.000 millones corresponderían al aumento de las cuotas sociales, mientras que el resto derivaría directamente del alza de los salarios. El Gobierno calcula que 2,47 millones de personas cobran el SMI. En términos medios, las cotizaciones empresariales por trabajador aumentarían entre 170 y 370,3 euros anuales, dependiendo de los complementos reconocidos y del incremento final de cada salario. Como referencia, la última subida del SMI ya supuso un encarecimiento de unos 173 euros anuales en cotizaciones por empleado. Por tanto, la nueva regulación sobre los complementos podría tener un efecto incluso superior al propio aumento hasta los 1.221 euros mensuales. Estas cifras son aproximadas, ya que dentro del tipo del 32% que abonan las empresas se incluyen conceptos como contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA, el MEI y las cotizaciones por accidentes laborales, estas últimas variables según el sector. Además, el Ministerio advierte de que se trata de un impacto máximo estimado, que podría verse modulado por la negociación colectiva o por cambios en la estructura salarial. La norma prevé que empresas y representantes de los trabajadores puedan pactar en cada convenio colectivo cómo se aplicarán las reglas de compensación y absorción a cada complemento. El texto establece que se aplicará el régimen general salvo que la negociación colectiva determine otro sistema específico para cada plus. Desde el ámbito empresarial se señala que alcanzar estos acuerdos podría resultar más complejo bajo un marco normativo más favorable a los trabajadores. La propuesta consensuada por el Gobierno, CCOO y UGT contempla impedir que se modifiquen complementos vinculados a la actividad (como el de nocturnidad), a cualidades personales (por ejemplo, idiomas), a incentivos por rendimiento (bonus) o aquellos que el convenio colectivo declare intocables. En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha ampliado la deducción para que quienes perciben el SMI no tributen por IRPF. Sin embargo, la subida salarial derivada de la nueva regulación podría provocar que algunos trabajadores comiencen a pagar este impuesto. Según las estimaciones oficiales, tributarían aquellos cuyos ingresos aumenten más de un 5,5% al sumar los complementos. La memoria económica indica que el impacto recaudatorio adicional por IRPF podría situarse entre cero euros -si los salarios suben hasta un 5,5%- y 560 millones de euros en el escenario máximo de incremento del 8,5%. No se detallan los supuestos concretos empleados para estas proyecciones, ya que la retención depende de la situación personal y familiar de cada contribuyente. De confirmarse estos ingresos, compensarían con creces la merma recaudatoria derivada de la ampliación de la deducción prevista para la campaña de la Renta de 2026, que los técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman en 200 millones de euros. El Gobierno ha incrementado esta deducción de 340 a 590,89 euros, el doble del importe máximo que los perceptores del SMI tendrían que asumir por la cuota estatal, de modo que también cubra la parte autonómica. Además, el beneficio fiscal se extiende a salarios inferiores a 20.000 euros, aplicándose de forma progresivamente decreciente. Esta ampliación permitirá que cerca de dos millones de trabajadores con ingresos superiores al SMI se beneficien de la medida. En concreto, 668.058 empleados ganan entre el actual salario mínimo y 18.376 euros anuales, mientras que 1.228.317 perciben entre esa cantidad y los 20.048,45 euros, umbral en el que finaliza la aplicación progresiva de la nueva deducción.

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(El País, 03-03-2026) | Laboral

España ganó 97.000 empleos en febrero y el paro creció en 3.600 personas

Como suele ocurrir, febrero marca normalmente el inicio de una etapa de crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social que se prolonga hasta el verano. Este año se mantiene esa pauta: se sumaron 97.000 ocupados respecto a enero, según los datos difundidos por el Gobierno. Se trata del tercer mayor incremento en un mes de febrero desde 2007, aunque algo más moderado que en los dos ejercicios anteriores. Más negativo resulta el dato del desempleo: el paro registrado aumentó en 3.600 personas, rompiendo la tendencia descendente de los dos últimos años en este mismo mes. Para encontrar un febrero peor hay que remontarse a 2021, en plena pandemia. No obstante, el repunte se explica sobre todo por la entrada de jóvenes que buscan su primer empleo, y no por una destrucción generalizada de puestos de trabajo. El crecimiento de afiliados es ligeramente inferior al de febrero de 2025 (+100.300) y 2024 (+103.600). En términos porcentuales, el avance pasa del 0,48% del año pasado al 0,45% actual. También se aprecia cierta desaceleración en el ritmo anual: frente a febrero de 2025 hay 474.500 empleos más (+2,24%), por debajo de los 487.800 del ejercicio previo (+2,36%). Aun así, España continúa liderando la creación de empleo en el contexto europeo. Con este aumento, el total de afiliados alcanza los 21,67 millones, el registro más alto en un mes de febrero y muy próximo al máximo histórico de julio pasado (21,87 millones). Si la incertidumbre internacional -acentuada por el conflicto en Irán- no afecta de forma significativa a la economía, es probable que ese récord se supere antes del verano. Por sectores, educación (+31.200) y hostelería (+23.000) encabezan la creación de empleo. El ámbito educativo se recupera tras el parón navideño, mientras que la hostelería comienza a activarse ante la cercanía de la Semana Santa. También destacan construcción (+19.200), industria manufacturera (+12.700) y actividades científicas (+10.600). En cambio, retrocede la afiliación en transporte y almacenamiento (-2.600), sanidad y servicios sociales (-7.600) y, especialmente, comercio (-14.000). Desde una perspectiva interanual, el mayor dinamismo se observa en sanidad y servicios sociales (+79.800), impulsados por el envejecimiento demográfico, así como en educación (+51.100), pese a su elevada estacionalidad. También sobresalen construcción (+49.200) y actividades científicas (+44.200). Por el contrario, el empleo doméstico continúa descendiendo (-1.200), una tendencia que los expertos vinculan al encarecimiento del salario mínimo y al traslado de trabajadoras hacia empresas especializadas. En el plano territorial, Baleares lidera el crecimiento mensual (+2,8%), favorecida por la actividad turística. También avanzan Murcia (+1,1%) y Cataluña (+0,6%), mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha registran descensos del 0,2%. En términos anuales, la Comunidad Valenciana encabeza el aumento (+3,5%) y Extremadura presenta el menor crecimiento (+0,5%). La Seguridad Social resalta asimismo que hay 37.500 autónomos más que hace un año, de los cuales cerca de 23.000 pertenecen a sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y tecnológicas. Además, el empleo femenino acumula un crecimiento del 16,8% desde antes de la reforma laboral, superando en 3,4 puntos al masculino. En cuanto al paro, el aumento mensual de 3.600 personas contrasta con los descensos registrados en febrero de 2025 (-6.000) y 2024 (-7.500). En el conjunto del año, el desempleo baja en 150.800 personas (-5,8%), situando el total en 2,42 millones, el nivel más bajo en un mes de febrero desde 2008. El incremento del paro se concentra en quienes buscan su primer empleo: 6.300 personas más (+2,9%). Mientras tanto, disminuye en construcción (-2.140), industria (-1.120) y agricultura (-575), y apenas crece en servicios (+1.158). El Ministerio de Trabajo subraya que el número total de jóvenes desempleados (189.408) es el más reducido en un febrero de toda la serie histórica. También destaca que el 44,2% de los nuevos contratos son indefinidos y que la tasa de cobertura de las prestaciones alcanza el 81,9%, el nivel más alto registrado en un mes de enero.

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(Expansión, 02-03-2026) | Laboral

El Gobierno blinda la subida del SMI: prohíbe a las empresas absorber la antigüedad y los incentivos

El Ministerio de Trabajo no descarta que, mediante la negociación colectiva, empresas y sindicatos puedan pactar en los convenios qué complementos salariales sí podrían compensar las subidas del salario mínimo. El Gobierno ha iniciado el trámite de un real decreto para adaptar al ordenamiento español la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados aprobada en 2022. En este texto, el departamento que dirige Yolanda Díaz pretende desarrollar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de restringir que los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) se neutralicen mediante pluses o complementos salariales, práctica que permite a algunas empresas evitar parte del aumento real del sueldo. Esta iniciativa ya se había adelantado en el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para elevar el SMI un 3,1% en 2026, hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Ambas organizaciones condicionaron su respaldo a que se impidiera compensar la subida con complementos, de forma que el salario mínimo funcionara como una base fija sobre la que se sumaran obligatoriamente los demás conceptos retributivos. La publicación del decreto ha suscitado críticas de las organizaciones empresariales, que consideran que prohibir esa compensación supondrá un aumento significativo de costes laborales. El borrador establece que, si el salario total anual de un trabajador a jornada completa iguala o supera el SMI, se entenderá que este queda cubierto. No obstante, para calcularlo se excluirán numerosos complementos, entre ellos los vinculados a las condiciones del puesto (nocturnidad, peligrosidad, turnos o disponibilidad), los asociados a características personales del trabajador (antigüedad, formación o residencia), los ligados al rendimiento (incentivos, primas o comisiones) y aquellos que los convenios declaren expresamente no compensables. En la práctica, esto deja fuera de la compensación a la mayoría de los pluses habituales en los convenios. Sin embargo, el texto introduce una excepción importante: sí podrían absorber la subida aquellos complementos que así se acuerden expresamente en la negociación colectiva entre empresa y representación de los trabajadores. El decreto señala que se aplicarán las reglas generales de compensación y absorción salvo que los convenios establezcan otras distintas, especificando cómo se aplicaría cada complemento. De este modo, se refuerza el papel de la negociación colectiva para decidir qué conceptos pueden neutralizar las subidas del SMI. El objetivo principal es blindar el salario mínimo como una retribución base garantizada, a la que deban añadirse todos los demás complementos sin que estos sirvan para diluir los incrementos aprobados por el Gobierno. Asimismo, se dota a los representantes de los trabajadores de mayor capacidad para negociar mejoras en los salarios más bajos. Por otro lado, la norma consolida el comité de expertos que asesora sobre el SMI, convirtiéndolo en un órgano consultivo permanente. Para fijar o revisar el salario mínimo, el Gobierno deberá solicitar un informe a esta comisión asesora, que se remitirá a sindicatos y empresarios al menos 15 días antes de la consulta oficial. El real decreto también define la composición de dicha comisión, cuyos miembros serán designados por el Ministerio de Trabajo. Estará presidida por la Secretaría de Estado de Trabajo e incluirá representantes de varios ministerios, de los sindicatos más representativos -UGT y CCOO-, de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, así como expertos independientes en materia salarial.

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(Expansión, 02-03-2026) | Laboral

La economía social alcanza el 11,1% de PIB y el 5,8% del empleo

El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por la economía social en España ascendió a 54.424 millones de euros en 2023, lo que representa el 4,0% del total nacional y el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a precios corrientes, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que evalúa el peso actual de este sector en la economía española. De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Economía Social -publicada por primera vez por el INE-, el volumen de negocio de estas entidades se ha mantenido estable entre 2019 y 2023 en torno al 11,1% del PIB nominal. El informe analiza la actividad económica y laboral de organizaciones como cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones o cofradías que desarrollan actividad económica, e incluye datos para valorar el impacto de la pandemia de Covid-19. En 2020, primer año de la crisis sanitaria, este peso llegó al 11,9%, reflejando un comportamiento relativamente mejor que el del conjunto de la economía. Posteriormente, la participación volvió a situarse en el 11,1% en 2023. El VAB directo generado por la economía social -calculado a partir de la producción de empresas financieras y no financieras, así como de entidades sin ánimo de lucro- alcanzó esos 54.424 millones de euros, equivalentes al 4,0% del VAB total del país. En materia laboral, el empleo directo superó los 1,2 millones de trabajadores en 2023, es decir, el 5,8% del empleo total. Durante 2020 este porcentaje se elevó al 6,5%, lo que evidencia que la destrucción de empleo en este sector fue menor que en el conjunto de España durante la pandemia. Desde el punto de vista productivo, la economía social aportó 120.701 millones de euros al total nacional en 2023, mientras que los consumos intermedios sumaron 66.277 millones. En términos de ocupación, estas entidades emplearon directamente a cerca de 1,28 millones de personas. Por sectores institucionales, el VAB generado por las sociedades no financieras y los hogares vinculados a la economía social representó el 3,9% del total de su agrupación en 2023. Ese mismo porcentaje se registró en las sociedades financieras, mientras que en las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares -donde se concentra gran parte del llamado tercer sector- alcanzó el 81,6%. En cuanto a las ramas de actividad, la mayor presencia de la economía social se dio en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde explicó el 24,9% del VAB del sector. Le siguieron las actividades de servicios, con un 18,2%. El informe también cuantifica el impacto económico del voluntariado entre la población mayor de 16 años. En 2023, el voluntariado formal alcanzó al 10,3% de este grupo y, si ese trabajo hubiera sido remunerado, su valor equivaldría al 1,0% de la masa salarial total y al 0,5% del VAB de la economía española.

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(El País, 02-03-2026) | Laboral

Juventud activa un buzón para que los becarios denuncien de forma anónima si sufren explotación laboral

Para muchos jóvenes, las prácticas en empresas se asocian a condiciones precarias: horarios excesivos, poca supervisión, tareas mal definidas y gastos que no se compensan. Con el fin de corregir parte de estas situaciones, el Ministerio de Trabajo impulsó el llamado estatuto del becario, un anteproyecto con escasas opciones de aprobarse en el Congreso de los Diputados debido a la mayoría conservadora. Paralelamente, y sin necesidad de tramitación parlamentaria, el Ministerio de Juventud e Infancia pone en marcha una medida adicional: el "Buzón de las Becarias", un canal para que estudiantes en prácticas denuncien de forma anónima posibles abusos laborales. Según el departamento dirigido por Sira Rego, este sistema permitirá comunicar irregularidades como prácticas sin relación con los estudios, sustitución encubierta de trabajadores, realización de funciones propias de la plantilla, ausencia de tutoría o encargos ajenos al carácter formativo. Aunque ya es posible acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la iniciativa busca sacar a la luz casos que de otro modo no se denunciarían. El Instituto de la Juventud recopilará las comunicaciones y las trasladará a la Inspección para su investigación. El buzón, disponible online desde este lunes, será presentado por Rego junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Datos de la Encuesta de Juventud de 2023 indican que el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de explotación laboral, aunque estas situaciones rara vez llegan a denuncias formales. En 2024, la Inspección realizó 802 actuaciones para detectar falsos becarios, lo que permitió regularizar 187 puestos de trabajo -132 correspondientes a estudiantes- y reclamar 457.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. La presentación coincide con la inminente aprobación en segunda lectura del estatuto del becario por el Consejo de Ministros, paso previo a su debate parlamentario, donde se prevé un fuerte rechazo de partidos como Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, además de dudas entre otros aliados del Ejecutivo. Aunque cuenta con el apoyo sindical, las organizaciones empresariales no lo respaldan. El texto plantea reducir a un máximo de 480 horas las prácticas extracurriculares -la mitad que actualmente-, introducir sanciones de hasta 225.000 euros por infracciones graves y obligar a las empresas a cubrir gastos como el transporte. Esta compensación no se aplicaría a quienes ya perciben una remuneración. Sin embargo, no se establece la obligación general de pagar a los becarios, una demanda habitual de sectores políticos y sindicales de izquierda que finalmente quedó fuera del acuerdo. La CRUE valoró positivamente la compensación de gastos, pero advirtió sobre el riesgo de que empresas y entidades públicas no asuman esos costes. Su presidenta, Eva Alcón, expresó preocupación por la viabilidad económica de las medidas si no existe corresponsabilidad entre todos los actores implicados, motivo por el cual la organización mantiene su rechazo al estatuto.

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