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(Expansión, 22-10-2025) | Laboral

Presión para que Trabajo eleve el coste del despido y recupere el salario de tramitación

Los sindicatos reclaman al Ministerio de Trabajo que se restablezca el sistema de compensaciones por despidos improcedentes vigente antes de la reforma laboral de 2012 y que se introduzca una indemnización mínima. Con la mesa de diálogo sobre la reforma del despido ya en marcha, el Ministerio ha instado a los agentes sociales a presentar propuestas que contribuyan al objetivo del departamento de Yolanda Díaz: establecer indemnizaciones que disuadan a las empresas de realizar despidos injustificados y que compensen adecuadamente los daños sufridos por los trabajadores. Esta revisión se fundamenta en los recientes pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha considerado que la legislación española incumple la Carta Social Europea, cuyo artículo 24 reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa válida a recibir una compensación adecuada o una reparación justa. En las negociaciones, tendrá un papel clave la propuesta conjunta que elaboren los sindicatos UGT y CCOO. Según fuentes empresariales citadas por Expansión, ni la CEOE ni Cepyme han sido convocadas para preparar un documento previo sobre la reforma del despido, que previsiblemente endurecerá el régimen actual. Los sindicatos prevén presentar en los próximos días una propuesta ambiciosa, que será recogida por el Ministerio de Trabajo, estructurada en cinco ejes principales. Esta iniciativa supondría no solo un endurecimiento del despido improcedente, sino también un aumento significativo de su coste. Según información a la que ha tenido acceso Expansión, UGT y CCOO plantean volver a la normativa anterior a la reforma de 2012. En concreto, proponen recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, frente a los actuales 33 días con un tope de 24 mensualidades, así como reimplantar los salarios de tramitación, es decir, las cantidades que el trabajador deja de percibir entre el despido y la sentencia que declara su improcedencia. Ambos aspectos fueron modificados en la reforma impulsada por el PP, que, según los sindicatos, se llevó a cabo sin consultar a los agentes sociales. Estas medidas aumentarían de forma notable el coste de los despidos improcedentes. La propuesta sindical también incluiría otras modificaciones en la legislación laboral. Cabe recordar que los cambios en esta materia implican reformar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente sus artículos 55 y 56, por lo que la medida debería pasar por el Congreso de los Diputados. Entre las nuevas medidas se contempla la creación de una indemnización mínima por despido, que garantice una cuantía fija aunque el cálculo ordinario arroje un importe menor. Por ejemplo, si se estableciera un mínimo de tres meses de salario, el trabajador lo percibiría aunque el sistema de cálculo resultara en una cantidad inferior. Los sindicatos apuntan que este modelo ya existe en países como Italia (donde el mínimo es de seis meses) o Francia (tres meses). Asimismo, proponen incorporar baremos adicionales que permitan aumentar la compensación en casos excepcionales reconocidos judicialmente, cuando se considere que la indemnización ordinaria no cubre los daños sufridos. En esos supuestos, el trabajador podría acreditar perjuicios mayores y recibir una compensación adicional, siempre con validación judicial. Finalmente, UGT y CCOO plantean revisar una prerrogativa que actualmente corresponde únicamente al empresario: decidir entre readmitir al trabajador o pagarle la indemnización en caso de despido improcedente. Los sindicatos quieren que esta decisión pueda también ser tomada por el trabajador, quien podría optar entre reincorporarse a su puesto o recibir la compensación económica establecida.

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(Expansión, 22-10-2025) | Laboral

Sólo el 21% de los empleados en el mundo se declara comprometido con su trabajo

Pasión. Durante años fue la palabra favorita de los discursos motivacionales, el lema que adornaba las paredes de las oficinas y el mantra de los líderes inspiradores. Se convirtió en consigna, en promesa, en tendencia. Pero el exceso de uso terminó por vaciarla de contenido. "Hazlo con pasión o no lo hagas" se repitió tanto que perdió fuerza. Hoy, el tono ha cambiado: ya no se habla tanto de entusiasmo, sino de cansancio, agotamiento y límites. Y no es una simple percepción: el informe El estado del lugar de trabajo global, elaborado por Gallup, lo evidencia. Solo el 21% de los empleados en el mundo se siente realmente comprometido con su trabajo; más de la mitad termina la jornada emocionalmente exhausto y uno de cada cinco se declara solo. Gallup calcula que esta falta de conexión cuesta a la economía mundial 8,9 billones de dólares. Y entre los líderes, la implicación apenas llega al 27%. Muchos directivos ya no quieren ser los héroes inagotables de los relatos empresariales; están agotados de fingir un entusiasmo constante. Cada vez más se identifican con la llamada quiet ambition (ambición tranquila): personas que no renuncian a su talento, pero tampoco desean vivir atrapadas en la exigencia permanente. Quieren crecer, sí, pero a su propio ritmo, con equilibrio y propósito. Mientras tanto, las redes sociales amplifican la contradicción: nos conectan más que nunca, pero rara vez nos acompañan. Promueven imágenes de éxito sin pausa, aunque no alivian la soledad de la vida cotidiana. Hace unos días, en un vuelo, escuché a dos chicas jóvenes -de la Generación Z- conversar. Entre risas, una comentó: "Tía, mi jefe insiste en que vayamos todos a correr para hacer equipo, pero no tiene pasión por lo que hace". Me sorprendió la frase. No sonaba a reproche, sino a una observación sincera. Era la constatación de algo evidente: cuesta hacer equipo cuando quien lidera ha olvidado lo esencial. Esta generación, formada, conectada y con vocación global, busca sentido en lo que hace. Valora las empresas por sus valores, no por sus logos. Y lo que más aprecia es la autenticidad. Sin embargo, hemos confundido pasión con espectáculo. Creemos que quien no sonríe todo el día no ama su trabajo o que quien no publica frases inspiradoras no está comprometido. Pero la pasión verdadera no se mide en gestos ni en palabras; se percibe en los detalles, en el cuidado, en la precisión, en la atención silenciosa. Recordé algo personal. Este verano me fracturé un dedo del pie -nada grave- y en urgencias pensé: "Ojalá me atienda alguien que sienta pasión por su trabajo". Buscaba en la mirada de quien me ayudaba ese brillo tranquilo de quien disfruta haciendo las cosas bien, con curiosidad y respeto. Porque cuando alguien cree en lo que hace, todo mejora. No hace falta una gran causa: basta con hacerlo bien, con intención. No es romanticismo, es eficacia. Los datos lo confirman: según Harvard Business Review, los equipos que trabajan con propósito son tres veces más productivos y presentan menor rotación. Pero más allá de los números, hay una cuestión más profunda. El filósofo Byung-Chul Han, autor de La sociedad del cansancio y Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, describe cómo vivimos en una cultura del rendimiento, donde ya no hay un amo externo que oprime, sino que nos autoexplotamos. La obsesión por ser productivos, exitosos y positivos nos está agotando. Vivimos, dice, en una sociedad dominada por el narcisismo y el vacío del deseo, donde cuesta cada vez más relacionarse con los demás. Ese es el dilema. Hemos confundido pasión con hiperactividad, entusiasmo con obediencia emocional, conexión digital con compañía real. Aunque los estudios demuestran que el multitasking reduce la calidad del trabajo, seguimos atrapados en el ciclo. La verdadera pasión, sin embargo, no tiene que ver con la euforia, sino con la coherencia, con la calma de quien sabe por qué hace lo que hace. Por eso, hoy hablar de pasión no es pedir que trabajemos más, sino reconectar. Preguntarnos qué parte de nuestro trabajo nos motiva, nos reta o nos hace sentir útiles. Recordar que el trabajo puede ser un espacio de sentido, no solo de rendimiento. Tal vez la palabra "pasión" haya pasado de moda, pero en un mundo cansado, recuperarla es un acto de resistencia. Se trata de volver a lo esencial: disfrutar de lo que hacemos, valorar el trabajo bien hecho, el propio y el de los demás.

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(El Economista, 22-10-2025) | Laboral

Díaz plantea hacer nulos los despidos por denunciar irregularidades o corrupción en las empresas

El Ministerio de Trabajo está preparando una nueva reforma del Estatuto de los Trabajadores que requerirá el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados. El objetivo de esta modificación, impulsada por el equipo de Yolanda Díaz, es declarar nulos los despidos que se produzcan como represalia contra empleados que denuncien irregularidades o posibles casos de corrupción dentro de sus empresas. Para ello, el Ministerio ha abierto un proceso de consulta pública y se ha comprometido a remitir un borrador del anteproyecto a los agentes sociales. Durante una intervención en el Senado, la vicepresidenta segunda del Gobierno anunció que el Ejecutivo impulsará "una reforma integral del despido" con el fin de "evitar las represalias ante denuncias de corrupción" y criticó la actuación del Partido Popular en esta materia. Díaz pidió además el apoyo del PP a la iniciativa, apelando a su declarada preocupación por la corrupción. Aunque la Ley de Protección del Informante de 2023 ya prohíbe las represalias laborales -como la suspensión del contrato o el despido- contra quienes denuncien conductas ilícitas, el Ministerio de Trabajo considera que existe una laguna legal. En concreto, la norma no establece expresamente que esos despidos sean nulos, lo que permitiría que algunos jueces los consideren simplemente improcedentes. Por ello, el Ejecutivo plantea modificar tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley de Jurisdicción Social. Con la regulación actual, si un juez califica un despido como improcedente, la empresa puede optar entre reincorporar al trabajador o pagarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de dos años. Trabajo considera que esta opción debilita la protección de los empleados frente a posibles represalias y genera una situación de desigualdad respecto al sector público, donde la nulidad del despido sí está claramente establecida. El documento de consulta del Ministerio argumenta que declarar nulos estos despidos evitará interpretaciones contradictorias y reforzará la eficacia del sistema de protección, ya que limitarse a una indemnización por improcedencia no disuade a las empresas ni garantiza la defensa efectiva de los derechos fundamentales. El Gobierno ha fijado el 30 de octubre como plazo para que los interesados presenten sus aportaciones antes de redactar el borrador del anteproyecto. Por su parte, CCOO ha propuesto ampliar la protección también a los trabajadores que sufran represalias por denunciar infracciones ante la Inspección de Trabajo, y no solo a quienes se acojan a la ley del whistleblowing. Según Javier Pacheco, responsable de Acción Sindical del sindicato, aunque las denuncias relacionadas con la corrupción son relevantes, son más frecuentes las represalias contra quienes acuden a la Inspección de Trabajo por prácticas ilícitas. Pacheco señala que estos casos son difíciles de probar, ya que las empresas suelen alegar otros motivos para justificar el despido, y por ello pidió al secretario de Estado Joaquín Pérez Rey que incluya esta protección en el texto legislativo. La declaración de nulidad de un despido implica que la empresa debe readmitir al trabajador y pagarle los salarios de tramitación, es decir, el dinero que habría cobrado desde el despido hasta la resolución judicial o la obtención de un nuevo empleo. Esta calificación se reserva a casos de vulneración de derechos fundamentales, aunque en los últimos años se ha ampliado a otros supuestos. Por otro lado, la Ley de Protección del Informante obliga desde 2023 a todas las empresas con más de 50 empleados, así como a partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, a implantar canales internos de denuncia. El plazo para designar un responsable del canal finaliza el 1 de noviembre, y las empresas que no cumplan podrán ser sancionadas con hasta un millón de euros. Además del canal interno, la normativa europea prevé un canal externo gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que comenzó a operar el 1 de septiembre, complementando así las agencias autonómicas que ya funcionan en varias comunidades.

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(El País, 22-10-2025) | Laboral

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la obra, el campo y la hostelería

Los flujos migratorios contribuyen al aumento de la productividad laboral en España, especialmente en aquellas comunidades autónomas con estructuras económicas más flexibles y una mayor capacidad de integración de población extranjera. Así lo señala un estudio elaborado por Belén González, investigadora en formación y estudiante del máster en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Alicante (UA). El informe también destaca que los sectores más dinámicos -como la construcción, la agricultura y los servicios- son los que más se benefician de la mano de obra migrante. En medio del debate político impulsado por el Partido Popular sobre endurecer el acceso al permiso de residencia permanente, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hizo referencia a este estudio en una entrevista con RNE. "La inmigración tiene un efecto muy positivo sobre el crecimiento, incluso en términos per cápita", afirmó el ministro. Recordó además un análisis del Banco de España que calcula que la migración ha aportado entre cuatro y siete décimas al PIB per cápita desde 2022, de un total de tres puntos. Cuerpo añadió que el trabajo de González "demuestra el impacto favorable de la inmigración sobre la productividad en sectores clave" y subrayó la necesidad de "reforzar esa aportación positiva, adecuando las capacidades de los trabajadores migrantes a las necesidades de la economía española". Según la investigación, la inmigración actúa como motor de productividad, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal, por lo que las políticas migratorias deberían coordinarse con las de empleo y formación. El estudio analiza el período 2004-2022 y examina cómo los flujos migratorios afectan la productividad regional y sectorial. González realizó este trabajo bajo la dirección de Gabriel Pérez Quirós, economista del Servicio de Estudios del Banco de España, y de Carmen Beviá, catedrática de la UA. Los resultados revelan que un incremento de un punto porcentual en los flujos migratorios eleva la productividad regional en un 0,6% de media. Sin embargo, el efecto varía según la comunidad autónoma. Las regiones con mayor capacidad de integración -como Baleares (1,8%), Murcia (1,3%), Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (entre 0,6% y 1,2%)- presentan los mayores beneficios. En cambio, Asturias (-2,5%) y Castilla y León (-1%) registran impactos negativos debido a su menor capacidad de absorción y a la debilidad de sectores como los servicios o la construcción. Por sectores, los mayores incrementos de productividad se observan en aquellos de alta demanda laboral o estacionales. La agricultura lidera con un aumento del 5% al 6% en las comunidades receptoras (y un 1,5% de media nacional), seguida de la construcción (en torno al 1%) y los servicios, ambos con gran peso en el empleo. González, que trabajó durante dos años como investigadora analista en el Banco Central Europeo (BCE), defiende la necesidad de reforzar una política migratoria eficiente, orientando la mano de obra hacia sectores de mayor productividad y regiones con mejor capacidad de integración. No obstante, advierte que también es necesario corregir los efectos adversos, impulsando la inclusión y la ampliación del mercado laboral en las zonas menos beneficiadas. Por último, la autora recuerda que España enfrenta un grave problema demográfico, marcado por bajas tasas de natalidad y envejecimiento poblacional. En este contexto, la inmigración "ayuda a mantener la población activa y refuerza la sostenibilidad del sistema fiscal y de pensiones". Por ello, González considera imprescindible coordinar las políticas migratorias y laborales, fomentando la empleabilidad, los contratos estables, la formación continua y la movilidad laboral, tanto de trabajadores nacionales como extranjeros.

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(El Periódico, 22-10-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una partida de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un conjunto de nuevas medidas dirigidas a reforzar el sistema de atención a la dependencia, destinando una inversión de 500 millones de euros. El objetivo es garantizar una atención especializada, intensiva y continua -las 24 horas del día, los siete días de la semana- para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En los casos más avanzados, se contempla una ayuda económica que podría alcanzar hasta los 10.000 euros mensuales gracias a la creación de un nuevo nivel de dependencia denominado "Grado III+", orientado a situaciones de extrema complejidad. Esta atención se prestará a través de servicios de asistencia personal y ayuda a domicilio, con un enfoque centrado en las necesidades individuales de cada paciente. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha detallado cómo funcionará este nuevo grado de dependencia extrema, que forma parte del despliegue de la Ley ELA. Según ha explicado, busca facilitar el acceso a las ayudas, agilizar los trámites y mejorar la atención de pacientes con enfermedades neurológicas de carácter irreversible y gran complejidad. "Es un avance muy significativo", ha afirmado. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha subrayado que el objetivo de esta reforma es adaptar el sistema a las necesidades reales de los pacientes en estados muy avanzados de dependencia, y no al contrario. El ministro también ha destacado la importancia estructural de este cambio, asegurando que la creación del nuevo grado supone un paso decisivo hacia una red de protección social más específica y adaptada. "Este avance es fruto de un año de trabajo conjunto entre varios ministerios, comunidades autónomas y organizaciones de la sociedad civil", ha indicado, en referencia al desarrollo normativo de la Ley ELA, aprobada hace casi un año. Actualmente, en España, unas 4.200 personas conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. Antes de la comparecencia del ministro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado la medida a través de un mensaje en X (antes Twitter), en el que destacó que "frente a los recortes del PP, que dejaron fuera del sistema a más de 175.000 personas, el Gobierno progresista refuerza tanto la financiación como la calidad del sistema de dependencia". Según ha indicado Bustinduy, la prestación de hasta 10.000 euros mensuales para pacientes en fases avanzadas será financiada a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas. La aprobación de este nuevo decreto supone completar el marco legal de la Ley ELA dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la inversión estatal en el sistema de dependencia alcanza ahora una cifra récord de 3.729 millones de euros. El ministro ha destacado que con estas medidas se responde a una demanda histórica de atención integral y permanente para los pacientes. El nuevo Grado III+ reconoce el derecho a cuidados intensivos para personas que padecen enfermedades sin cura, con esperanza de vida reducida, rápida evolución hacia la discapacidad y que requieren atención sanitaria y social compleja. Se establece un nuevo derecho subjetivo que garantiza soporte respiratorio, asistencia en la deglución y otros cuidados esenciales. Además, este modelo prevé una ratio de cinco profesionales por paciente beneficiario, reforzando el carácter intensivo de la atención. Bustinduy también ha valorado el refuerzo económico de la Ley de Dependencia, asegurando que este modelo responde a los cambios demográficos y en la estructura familiar, que harán que este tipo de necesidades aumenten en el futuro. Ha criticado además los recortes aplicados durante gobiernos anteriores del Partido Popular, que, según ha cifrado, supusieron un estancamiento de más de 5.000 millones de euros. Desde las asociaciones de pacientes, la medida ha sido recibida con satisfacción. Los afectados por ELA han valorado positivamente el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la Ley, afirmando que se comienza a "apostar por proyectos de vida, no de muerte". Fernando Martín, presidente de la organización ConELA -que agrupa a 23 de las 25 asociaciones de pacientes existentes en España-, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro Bustinduy para revisar los detalles del decreto. Aunque ha confirmado que el nuevo grado de dependencia y los cuidados 24 horas "están bien recogidos", ha recordado que esta ayuda llega tarde para los 1.150 pacientes que han fallecido este año sin haber podido beneficiarse de ella. Aun así, ha señalado que la medida sí podrá beneficiar a las personas que actualmente están siendo diagnosticadas, y ha asegurado que seguirán atentos para que su aplicación sea efectiva.

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(El País, 21-10-2025) | Laboral

El Gobierno rectifica y propone subir las cuotas de autónomos entre 2,5 y 14,75 euros a quienes ganen más de 1.167

El Gobierno presentó este lunes a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos una nueva propuesta para modificar las cotizaciones del colectivo a partir de 2026. Tras el amplio rechazo que generó su planteamiento inicial la semana pasada, el Ministerio de Seguridad Social ha dado marcha atrás y propone ahora mantener sin cambios las cuotas de los tres primeros tramos -los que agrupan a los trabajadores con rendimientos netos de hasta 1.166 euros mensuales-, mientras que para el resto plantea subidas moderadas, de entre 2,5 y 14,75 euros al mes, dependiendo del nivel de ingresos. Así lo confirmó el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, quien detalló que estos ajustes equivalen a un incremento de las bases de cotización de entre el 1% y el 2,5% para el próximo ejercicio. Con este nuevo planteamiento, el Ejecutivo corrige su propuesta anterior, que preveía aumentos de entre 11 y 206 euros mensuales, e incluso un alza de unos 17 euros para los autónomos con menores ingresos (aquellos con rendimientos de hasta 670 euros mensuales). Otra diferencia clave es que la nueva propuesta solo contempla subidas para 2026, mientras que la anterior establecía incrementos progresivos hasta 2031, tal como figuraba en el acuerdo firmado con las principales asociaciones de autónomos y aprobado por el Congreso de los Diputados con 260 votos a favor, incluidos los del Partido Popular. Las reacciones del colectivo no se han hecho esperar. Desde UPTA, consideran que el Gobierno ha "perdido una oportunidad para mejorar las pensiones de los autónomos". En la misma línea, CC OO y UGT han manifestado su descontento con la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Aunque los representantes sindicales Carlos Bravo (CC OO) y Cristina Estévez (UGT) reconocieron que la congelación de las cuotas para los tramos más bajos es positiva, rechazaron los limitados aumentos para el resto. Bravo calificó el cambio como un "pendulazo", mientras que Estévez denunció que la iniciativa "desvirtúa el acuerdo" alcanzado en 2022 entre el Gobierno, los agentes sociales y el Parlamento. Ambos sindicalistas atribuyen esta rectificación a motivos políticos, en respuesta al malestar generado por la propuesta inicial, que fue duramente criticada no solo por el Partido Popular, sino también por los ministros de Sumar, encabezados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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(El Economista, 21-10-2025) | Laboral

La Audiencia Nacional rechaza que las empresas deban remunerar el permiso parental de ocho semanas

La Audiencia Nacional (AN) se ha desmarcado de la interpretación que venían aplicando otros tribunales sobre el permiso parental de ocho semanas y ha dictaminado que ni las empresas ni la Seguridad Social están obligadas a pagar ese tiempo destinado al cuidado de hijos menores de ocho años. En una sentencia del 30 de septiembre, la Sala de lo Social del Juzgado Central sostiene que la Directiva europea sobre conciliación familiar "no exige que el permiso parental sea necesariamente retribuido en todos los casos". En palabras del tribunal, "no cuenta con cobertura económica, ni mediante salario ni mediante prestación". El permiso parental fue incorporado en España en junio de 2023 y permite a los progenitores disfrutar de ocho semanas para cuidar a sus hijos hasta que estos cumplan ocho años. El legislador lo estableció como un permiso no remunerado. Sin embargo, numerosos juzgados habían interpretado que, conforme a la normativa europea, las empresas debían abonar esas ocho semanas al considerar que la Directiva imponía su retribución. La Audiencia Nacional, tras un análisis detallado de la Directiva, concluye que España la ha incorporado correctamente, cumpliendo con la obligación de garantizar la remuneración de ocho semanas para el cuidado de los hijos, aunque no a través del permiso parental, sino mediante otros permisos ya existentes: la baja por maternidad o paternidad y el permiso de lactancia. El tribunal recuerda que, actualmente, los progenitores disponen de 19 semanas de baja por nacimiento o adopción (tras su ampliación este verano). La normativa europea solo exige un mínimo de 14 semanas. Por tanto, España ofrece cinco semanas adicionales, financiadas por la Seguridad Social. A esto se suman tres semanas de permiso de lactancia remuneradas, costeadas por las empresas. En conjunto, explica la sentencia, se cumplen así las ocho semanas retribuidas que exige Bruselas. La Directiva europea de 2019 -que inspiró la creación del permiso parental español- dispone que los Estados deben garantizar una compensación económica durante el permiso, pero también aclara, en su artículo 20.6, que puede tenerse en cuenta cualquier otro periodo de ausencia por motivos familiares ya remunerado o cubierto económicamente. Por ello, la Audiencia considera que en España existen dos tipos de permisos: el parental de ocho semanas, sin compensación económica, durante el cual las empresas deben suspender el contrato de trabajo sin pagar salario, y el de nacimiento, con 19 semanas retribuidas -cinco más de lo exigido por la UE-, además del permiso de lactancia. "En definitiva -señala el fallo-, existen ocho semanas de permiso parental no retribuidas y ocho semanas adicionales cubiertas económicamente, lo que demuestra que la Directiva está correctamente transpuesta". El tribunal también aclara que la normativa europea no obliga a permitir el disfrute del permiso hasta los ocho años del menor. La Directiva fija esa edad como límite máximo, dejando a cada Estado la libertad de establecer su propio tope. Actualmente, las 19 semanas de permiso por maternidad o paternidad se distribuyen así: seis deben tomarse inmediatamente después del nacimiento o la adopción; once pueden disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo cumpla un año; y las dos restantes, hasta los ocho años. El permiso de lactancia puede utilizarse hasta que el menor tenga doce meses. En el caso de las familias monoparentales, el permiso total asciende a 32 semanas: seis tras el nacimiento o adopción, 22 hasta que el niño cumpla un año y cuatro adicionales hasta los ocho años.

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(El Economista, 21-10-2025) | Laboral

El extraño caso de los despidos en España: ¿por qué el récord de ceses no eleva el paro?

El comportamiento de los despidos en España es extraño. En los ocho primeros meses del año se produjeron 1,35 millones de bajas de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por cese (de los que 678.965 fueron despidos propiamente dichos y otras 677.136 extinciones de contrato por no superar el periodo de prueba). Suponen un 99,9% más que entre enero y agosto de 2021. Sin embargo, este récord no ha tenido traslación a las cifras del paro, todo lo contrario: en estos casi cuatro años el número de personas que perdido su empleo tras sufrir un cese ha caído un 43%. En el segundo trimestre de 2025, las personas que habían pasado al paro o la inactividad por esta causa sumaban un total de 583.100, frente a los 1,03 millones del mismo periodo de 2021, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa. Una evolución que parece contradecirse con la que revelan los registros de asalariados. Un auge de los despidos no tiene por qué traducirse en incremento del paro. En el caso de España, la contradicción se puede explicar por el buen momento del ciclo económico, que eleva las oportunidades laborales o el hecho de que el descenso de los empleos temporales haya reducido la temporalidad, con lo que la mayor estabilidad (y menor rotación) de los empleos compensa el impacto del aumento de los ceses. Sin embargo, sí debería afectar a la composición del desempleo. Es decir, más despidos se traducirían en un mayor número de parados que ha perdido su empleo por esta causa. Además esta suele ser más inesperada para el afectado que la caducidad de puesto de trabajo al cumplir la fecha prevista, lo que se traduce en que tardan más en encontrar otro empleo. Sin embargo, el cotejo entre los datos de afiliación y los de la Encuesta de Población Activa revela que esto tampoco afecta a las cifras de desempleo. De esta forma, la evolución de las personas en paro y la de los ceses registran una notable brecha desde la pandemia. En el siguiente gráfico se aprecia con claridad cómo a finales de 2021, según la pandemia va quedando atrás, el número de parados por causa de un despido se estabiliza pese a que las bajas de afiliación por un cese (incluyendo por no superar el periodo de prueba) repuntan con mayor intensidad. Este comportamiento es muy difícil explicar sin pensar en el efecto de la reforma laboral en la calidad efectiva de los nuevos empleos indefinidos. Si hay más despidos pero no se destruye más empleo (y de hecho la ocupación crece) implica que hay una mayor volatilidad entre los fijos que antes. Así, lo que es buena noticia para la economía y el mercado laboral, puede no serlo tanto para los trabajadores. ¿Cómo se obtienen estos datos? Nuestro país tiene varias estadísticas que analizan las causas (y las consecuencias) de la extinción de empleo. La más antigua (y la única que se actualiza mensualmente) la implementó en 2012 la Tesorería General de Seguridad Social, a partir de los códigos que usan las empresas para clasificar las bajas de afiliación. Entre ellas se recogen cinco tipologías consideradas explícitamente como despido (disciplinario individual, colectivo, declarado improcedente y objetivo por causas atribuible a la empresa o al trabajador). Sobre las bajas por no superar el periodo de prueba, solo se consideran como tales aquellas a iniciativa de la empresa, ya que cuando el que decide es el trabajador entran en otra categoría, las de las dimisiones. La idea tras estos cambios era medir mejor el impacto de la reforma laboral de 2012 en las extinciones de empleos, aunque los datos han pasado desapercibidos prácticamente hasta casi una década después. La segunda métrica la pone en marcha el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2020, coincidiendo con la pandemia. El objetivo era entender los motivos de destrucción de empleo en un momento de intenso 'shock' sobre el mercado laboral, clasificando los motivos por las que las personas perdían su empleo y pasaban al paro o a la inactividad. En este caso, los despidos sí incluyen las bajas no voluntarias por no superar el periodo de prueba, lo que eleva la cifra de afectados por cese a una media trimestral de 316.200 parados y 266.900 inactivos. Aunque las cifras absolutas de bajas por despido o periodo de prueba no implican una correspondencia con el 'stock' de desempleo (ya que muchos afectados pueden encontrar rápidamente un empleo y no quedan recogidos por la EPA como desempleados), al compararlas se aprecia es un fenómeno extraño: antes de la reforma, con muchos menos despidos registrados, el número de parados era mayor que el de los ceses. Aunque hay que tener en cuenta que 2021 es un momento aún marcado por la pandemia.

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(El Periódico, 21-10-2025) | Laboral

La empresa familiar clama contra el absentismo laboral

Los cien grandes grupos empresariales que integran el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) -entre ellos Mercadona, Inditex, Puig, Acciona, Gestamp o Barceló-, cuya facturación conjunta equivale al 16% del PIB español, han alzado la voz este lunes contra el absentismo laboral y la parálisis legislativa, a los que consideran las principales amenazas para la competitividad de sus negocios. Este fue el mensaje central que surgió de la encuesta interactiva realizada entre los 500 empresarios presentes en la inauguración del XXVIII Congreso del Instituto de la Empresa Familiar, celebrado en Burgos. En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y la tensión comercial global heredada de la era Trump, los empresarios centraron su atención en tres problemas internos que, a su juicio, frenan el progreso económico de España. El absentismo laboral fue identificado como el mayor riesgo por el 55% de los participantes, seguido muy de cerca por la dificultad para encontrar trabajadores cualificados (52%). El presidente del IEF, Ignacio Rivera, advirtió que el absentismo "ya alcanza al 7,4% de los trabajadores, el doble que la media europea", y subrayó la necesidad de "analizar y actuar" para reducirlo, ya que "es clave para mantener la competitividad frente a otros países". El tercer factor de preocupación, señalado por el 51% de los encuestados, fue la excesiva regulación. Según explicó uno de los empresarios consultados, los problemas regulatorios derivan tanto de la sobrerregulación europea -especialmente en materia de transición verde- como del bloqueo político interno que ha dificultado en los últimos años la aprobación de Presupuestos Generales del Estado y de nuevas leyes por la falta de consensos parlamentarios. Estas inquietudes surgen en un momento de cambio de ciclo económico, tras tres años de fuerte crecimiento del PIB, período en el que España se ha consolidado como una de las economías más dinámicas entre las desarrolladas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, las expectativas empresariales son más prudentes. El 48% de los encuestados prevé para el próximo año un crecimiento moderado con escasa creación de empleo, mientras que el 47% anticipa una ligera expansión sin aumento neto del empleo. Solo un 5% confía en un crecimiento sólido tanto en actividad como en ocupación. Este clima de cautela contrasta con el optimismo del Gobierno, que basa su previsión en la buena evolución del empleo -con más de 22 millones de cotizantes registrados-. En la encuesta, los empresarios valoraron la situación económica actual de España con una puntuación media de 5,66 sobre 9, una ligera mejora respecto al 5,55 del año pasado y el nivel más alto desde 2018. Pese a la incertidumbre macroeconómica, las empresas familiares mantienen perspectivas positivas para sus propios negocios: el 61% espera aumentar sus ventas en 2026, el 32% prevé mantenerlas estables y solo un 7% anticipa una caída. En cuanto al empleo, el 39% planea ampliar su plantilla, el 52% mantenerla igual y únicamente un 9% contempla reducciones de personal.

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(El Periódico, 21-10-2025) | Laboral

El permiso por fallecimiento de diez días se podrá repartir a lo largo de cuatro semanas desde el día de la muerte del familiar

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los agentes sociales su propuesta para modificar el Estatuto de los Trabajadores con el fin de ampliar el permiso por fallecimiento, una medida que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había adelantado hace dos semanas. En concreto, el plan del Gobierno es extender este permiso a diez días, en lugar de los dos actuales -que pueden ser cuatro si se requiere desplazamiento- cuando fallece el cónyuge, pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Según el borrador del decreto, adelantado por la SER y confirmado por EL PAÍS, los trabajadores podrán repartir esos diez días a lo largo de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento del familiar. Además, el texto introduce nuevos permisos laborales, como un día para acompañar a una persona que reciba la eutanasia, 15 días para cuidar a un allegado en cuidados paliativos y la posibilidad de reducir la jornada laboral en ese mismo contexto. La propuesta implica modificar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los descansos y permisos. El nuevo apartado establece "diez días hábiles por duelo" en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad -padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos-. Para los familiares por afinidad (suegros, cuñados o yernos), se mantienen los dos días actuales, ampliables en caso de desplazamiento. En cuanto a la forma de disfrutar el permiso, el texto precisa que el trabajador podrá distribuir los diez días de forma continua o discontinua, dentro de un plazo de cuatro semanas desde la fecha del fallecimiento o desde la entrega de los restos mortales. Por otro lado, el decreto propone conceder hasta 15 días hábiles para el cuidado del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que requieran cuidados paliativos. Este permiso podrá dividirse en dos periodos dentro de un plazo de tres meses, y solo podrá solicitarse una vez por cada persona atendida. Además, será compatible con otros permisos, como los concedidos por hospitalización o intervención quirúrgica. El Ministerio también plantea un nuevo permiso laboral de un día para acompañar a una persona que haya solicitado la eutanasia, si el trabajador ha sido designado expresamente para estar presente en ese momento. Asimismo, se amplían los supuestos de reducción de jornada por cuidados. Actualmente, esta posibilidad se limita a quienes atienden a menores de 12 años, familiares hasta segundo grado o personas con discapacidad. Con la reforma, también podrían acogerse quienes cuiden a su cónyuge, pareja o familiar en situación de cuidados paliativos, ya sea en hospital o en el domicilio. La propuesta se presenta como un documento inicial sujeto a negociación, aunque ya ha despertado reticencias por parte de la CEOE y del Ministerio de Economía, que piden valorar el impacto en las empresas. Cualquier cambio de este tipo requerirá modificar la ley, lo que supone su votación en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que la Cámara rechazó recientemente la reducción de jornada laboral, una de las iniciativas estrella de Díaz, aunque sí aprobó la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de hijos a 19 semanas. Otros proyectos impulsados por Trabajo -como la reforma de la indemnización por despido o el estatuto del becario- también necesitan el visto bueno del Parlamento, mientras que otras medidas, como la reforma del registro horario o la prohibición de que el salario mínimo absorba complementos salariales, podrían aprobarse por decreto.

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