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(Expansión, 03-09-2026) | Laboral

El Gobierno confirma una nueva subida del salario mínimo en 2027 para compensar el alza del IPC

El Gobierno no contempla una nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) durante 2026, pese a la petición de los sindicatos para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el repunte de la inflación. Aunque la normativa permite, en circunstancias excepcionales, revisar el SMI a mitad de año si se produce una subida brusca de los precios, el Ministerio de Trabajo no prevé activar este mecanismo durante los próximos meses. El departamento que dirige Yolanda Díaz sí prepara, en cambio, el proceso para determinar el incremento del SMI correspondiente a 2027. Como en ejercicios anteriores, el Gobierno encargará primero un informe al comité de expertos y trasladará posteriormente su propuesta a los sindicatos y a las organizaciones empresariales dentro de la mesa de diálogo social. La decisión final corresponde al Ejecutivo, que debe aprobarla mediante real decreto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido la preocupación del Ministerio por el impacto que está teniendo la inflación sobre los ingresos de los trabajadores, tanto entre quienes perciben el SMI como entre aquellos cuyos salarios están determinados por convenio colectivo. Por ello, considera necesario continuar elevando el salario mínimo y tener en cuenta la evolución de los precios registrada durante los últimos meses a la hora de fijar la nueva cuantía para 2027. Esta posición supone cerrar, al menos por ahora, la posibilidad de una subida extraordinaria del SMI en 2026, una medida que reclaman los sindicatos después de que la inflación haya superado las previsiones utilizadas para establecer el incremento del 3,1% aplicado este año. UGT considera que esta desviación justifica revisar la cuantía del salario mínimo y reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social. Las organizaciones sindicales también quieren aprovechar las próximas negociaciones con la patronal para establecer un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que permita recuperar poder adquisitivo y reducir las diferencias salariales entre sectores. Su propuesta pasa por fijar una referencia mínima de aumento salarial del 4% anual entre 2026 y 2028, junto con incrementos adicionales de entre el 1% y el 3% para los convenios cuyos salarios medios estén por debajo del promedio de la economía. El SMI ha experimentado una fuerte revalorización desde 2018. En ese periodo ha pasado de 735,90 euros mensuales en 14 pagas a los 1.221 euros establecidos para 2026, lo que supone un aumento acumulado cercano al 66%. La evolución comenzó con el incremento del 22,3% aplicado en 2019, cuando el salario mínimo alcanzó los 900 euros, y continuó con sucesivas subidas hasta situarse en 950 euros en 2020, 965 en 2021, 1.000 en 2022, 1.080 en 2023, 1.134 en 2024 y 1.184 euros en 2025. Esta política responde al objetivo del Ejecutivo de aproximar el salario mínimo al 60% del salario medio nacional, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, la CEOE cuestiona que este porcentaje constituya una obligación y sostiene que el objetivo ya se ha alcanzado con holgura. De hecho, el salario mínimo ya representa más del 70% del sueldo medio en cerca de la mitad de las provincias españolas.

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(Expansión, 03-09-2026) | Laboral

El dilema de la IA: qué empleos deben ser sólo para las personas

Bill Gates plantea el concepto de «Human Reserved», una propuesta que aboga por mantener bajo control humano determinadas actividades cuyo valor social va más allá de la eficiencia económica o tecnológica. Durante años, la principal respuesta ante el temor de que la inteligencia artificial destruyera puestos de trabajo ha sido la formación y el reciclaje profesional. La idea parecía sencilla: si una máquina automatiza una tarea, el trabajador debe adquirir nuevas capacidades para desempeñar otra función. Sin embargo, cada vez existen más indicios de que esta estrategia, aunque necesaria, puede no ser suficiente. Anthropic analizó en agosto 56 experimentos sobre programas de formación laboral desarrollados en Estados Unidos y los contrastó con datos del mercado de trabajo europeo. Sus conclusiones apuntan a que la formación incrementa entre dos y tres puntos porcentuales las posibilidades de encontrar empleo y eleva los ingresos en torno a 1.000 dólares anuales, con un coste aproximado de 13.000 dólares por participante. Algunos programas vinculados directamente a empresas y sectores concretos consiguen resultados considerablemente mejores, aunque trasladar esos modelos a gran escala resulta complicado. Si la IA termina provocando una sustitución masiva de trabajadores, los mecanismos de formación existentes podrían quedarse cortos. En este contexto cobra relevancia la reflexión planteada por Bill Gates en su último ensayo. El fundador de Microsoft desplaza el debate hacia dos cuestiones de mayor calado: quién debe asumir el coste económico de la transición cuando las empresas sustituyen trabajadores por tecnología y si toda actividad susceptible de ser automatizada debería necesariamente dejar de realizarse por personas. La primera cuestión afecta directamente al sistema fiscal. La sustitución de empleados, que aportan ingresos al Estado mediante el IRPF y las cotizaciones sociales, por máquinas o sistemas de inteligencia artificial puede reducir la recaudación precisamente en un momento en el que aumentan las necesidades de financiación para sostener el desempleo, la formación y las políticas de protección social. Gates plantea por ello revisar el equilibrio fiscal entre trabajo y capital e incluso recuperar ideas como establecer algún tipo de tributación sobre los robots o sobre el consumo de tokens de inteligencia artificial. No es una propuesta nueva. Ya en 2017 Gates defendió que, si un robot sustituía a un trabajador con un salario de 50.000 dólares, debía plantearse por qué la actividad automatizada no debía asumir una carga fiscal equivalente. Aquella propuesta generó numerosas críticas porque un impuesto sobre los robots podría terminar penalizando la inversión y las mejoras de productividad. Ahora su planteamiento incorpora otro elemento: destinar parte de los ingresos obtenidos mediante esa fiscalidad a financiar la transición de los trabajadores afectados por la automatización. El debate continúa abierto. El Fondo Monetario Internacional ha señalado que algunos sistemas tributarios pueden incentivar en exceso las inversiones que sustituyen mano de obra, aunque también ha advertido de los inconvenientes de establecer un impuesto específico sobre la inteligencia artificial. La principal dificultad reside en distinguir entre una tecnología que elimina directamente un puesto de trabajo y otra que permite a un empleado realizar el doble de trabajo en el mismo periodo. Una fiscalidad que no diferenciara ambos escenarios podría acabar penalizando inversiones que aumentan la productividad sin reducir el empleo. La segunda cuestión planteada por Gates tiene una dimensión diferente. Se refiere a la posibilidad de que determinadas actividades deban permanecer en manos humanas aunque una máquina llegue a realizarlas con la misma eficacia o incluso mejor. A esta idea la denomina «Human Reserved». La propuesta no consiste en prohibir la tecnología en profesiones completas, sino en establecer distintos niveles de protección para determinadas funciones. Algunos trabajos relacionados con los cuidados podrían seguir requiriendo una intervención humana directa, mientras que en ámbitos como la sanidad o la educación la inteligencia artificial podría utilizarse para ampliar las capacidades de los profesionales en lugar de reemplazarlos. También plantea que determinados trabajadores próximos a la jubilación puedan disponer de una protección temporal cuando una reconversión profesional completa resulte poco viable. El fondo de la cuestión es determinar qué actividades queremos conservar con una persona en el centro porque su valor no puede calcularse únicamente en términos de productividad, coste o tiempo. La atención médica, el cuidado de un menor, la decisión de un juez o el acompañamiento de una persona vulnerable incorporan dimensiones sociales y humanas que difícilmente pueden reducirse a una comparación de costes. La eficiencia seguiría siendo un factor importante, pero dejaría de ser el único criterio para determinar qué tareas deben automatizarse. De hecho, las sociedades ya establecen límites a la automatización de determinadas decisiones. La normativa europea sobre inteligencia artificial contempla la supervisión humana en determinados sistemas de alto riesgo, mientras que numerosas profesiones reguladas exigen licencias, firmas o responsabilidades personales para garantizar que determinadas decisiones tengan detrás a una persona identificable. El verdadero desafío será decidir hasta dónde deben ampliarse esas fronteras a medida que las máquinas sean capaces de asumir un número creciente de funciones. El riesgo es especialmente relevante si la transición laboral resulta más lenta o complicada de lo esperado. Los nuevos puestos pueden tardar en aparecer, localizarse en otros territorios o exigir conocimientos que los trabajadores desplazados no puedan adquirir rápidamente. El Fondo Monetario Internacional también ha advertido de que la inteligencia artificial puede incrementar simultáneamente los ingresos de los profesionales que mejor complementan esta tecnología y los rendimientos del capital, favoreciendo un aumento de la desigualdad incluso en un escenario de mayor productividad global. Ante esta perspectiva, cuestiones como quién controla los sistemas de inteligencia artificial, cómo se grava el capital generado por ellos y cómo se distribuyen los beneficios derivados de una mayor productividad dejan de ser únicamente asuntos fiscales para convertirse también en cuestiones laborales y sociales. Por tanto, el debate sobre la IA ya no se limita a determinar cómo preparar a los trabajadores para competir con las máquinas. También obliga a decidir cómo repartir la riqueza generada por la automatización, quién debe asumir los costes de la transformación y, sobre todo, qué actividades queremos preservar dentro de la esfera humana incluso cuando la tecnología permita realizarlas de forma más eficiente.

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(La Vanguardia, 03-09-2026) | Laboral

La regularización de extranjeros reduce la destrucción de empleo en agosto, con casi 163.000 ocupados menos en el mes

Agosto volvió a marcar un descenso de la afiliación a la Seguridad Social en España, aunque la caída fue menos intensa que la registrada en los últimos años. El número medio de cotizantes se situó en 22,34 millones, lo que supone 162.000 afiliados menos que en julio. La reducción, de 162.839 personas, fue inferior a la experimentada en agosto de 2025, cuando se perdieron 199.000 afiliados, y también a las registradas en 2024, 2023 y 2022. Solo el comportamiento excepcional de 2021, todavía condicionado por la recuperación tras la pandemia, presentó una caída menor. Pese al retroceso mensual, el mercado laboral cerró agosto con 679.000 afiliados más que un año antes. Este incremento supera ampliamente los 476.800 empleos creados en los doce meses anteriores. Una de las principales particularidades de este ejercicio es el fuerte aumento de la afiliación de trabajadores extranjeros, directamente relacionado con los efectos de la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno. De hecho, mientras que en agosto del año pasado la afiliación de extranjeros se redujo en unas 22.100 personas, este año aumentó en 39.500. Con ello, el número de trabajadores extranjeros afiliados superó por primera vez los 3,5 millones y la cifra de cotizantes extranjeros encuadrados en el Régimen General rebasó también los tres millones. Los efectos de la regularización ya se reflejan de forma significativa en las estadísticas. Hasta el 31 de agosto, el proceso había permitido incorporar 337.900 afiliados extranjeros, de los que 203.400 eran hombres y 134.500 mujeres. Colombia fue el país de procedencia que concentró un mayor número de regularizaciones, con 97.400, seguida de Venezuela, con 66.700. Entre ambas nacionalidades reúnen prácticamente la mitad del total. En términos interanuales, el empleo extranjero también marca un máximo, con 482.000 afiliados más que en agosto de 2025. Además, siete de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en lo que va de año corresponden a trabajadores extranjeros. Por actividades, agosto volvió a concentrar una parte importante de la destrucción de empleo en la educación. El sector perdió 78.000 afiliados respecto a julio, aproximadamente la mitad de toda la caída mensual de la afiliación. El retroceso afecta especialmente a la educación no reglada, como academias y centros de idiomas. También descendió el empleo en las actividades administrativas, con 17.500 afiliados menos; las actividades científicas y técnicas, con una pérdida de 17.300; y la industria manufacturera, que redujo su afiliación en unos 17.000 trabajadores. En general, la mayoría de las ramas registraron descensos durante el mes. Entre las excepciones destacan la hostelería, que sumó 7.100 afiliados, y las actividades sanitarias, con 17.200 más. La evolución cambia cuando se observa el último año. La construcción encabeza la creación de empleo, con 90.200 afiliados más, seguida de las actividades sanitarias, que incorporaron 89.700 trabajadores. La hostelería sumó alrededor de 67.000 empleos y las actividades administrativas aumentaron su afiliación en 57.600 personas. Por territorios, Álava registró la mayor pérdida relativa de empleo, con una caída del 2%, seguida de Murcia, con un 1,9%, y Barcelona, con un 1,8%. En el lado contrario se situaron Badajoz, con un crecimiento del 0,8%; Asturias, con un 0,5%; y Segovia, con un 0,4%. Ceuta destacó especialmente, con un incremento de la afiliación del 1,5% en agosto, equivalente a 369 cotizantes más. El Ministerio de Seguridad Social pone el acento en la mejora de la calidad del empleo y en el descenso de la temporalidad. Según sus datos, actualmente hay 4,8 millones de afiliados con contrato indefinido más que antes de la reforma laboral. También destaca el crecimiento del trabajo autónomo, con 63.700 trabajadores por cuenta propia más en el último año, hasta alcanzar los 3,47 millones. En paralelo, el paro registrado aumentó en agosto en 44.419 personas, hasta situarse en torno a los 2,35 millones. El incremento fue más del doble del registrado en agosto de 2025 y 2024, cuando el desempleo aumentó en unas 21.900 personas en ambos ejercicios. No obstante, el número total de parados continúa siendo el más bajo para un mes de agosto desde 2007. El comportamiento interanual también fue menos favorable que un año antes. El paro se redujo en unas 70.600 personas, frente a los 145.600 desempleados menos contabilizados en agosto del ejercicio anterior. Además, el desempleo entre los trabajadores extranjeros aumentó en agosto en casi 16.000 personas, cuando lo habitual en este mes es que descienda. En agosto de 2025, por ejemplo, había disminuido en unas 4.000 personas. Este aumento del paro entre los extranjeros está relacionado con el proceso de regularización. La incorporación de nuevos trabajadores al sistema impulsa la afiliación, la recaudación y las cotizaciones, pero también puede provocar un incremento de las personas inscritas como demandantes de empleo mientras buscan un puesto de trabajo formal. Los expertos ya habían advertido de que ambos efectos podían producirse de forma simultánea. Por último, el desempleo femenino aumentó en agosto en 22.700 mujeres, un 1,6% más que en julio, hasta situarse en alrededor de 1,42 millones. A pesar del repunte mensual, se trata de la cifra más baja registrada en un mes de agosto desde 2008. Entre los menores de 25 años, el paro aumentó en unas 8.200 personas, un 5,1%, aunque permaneció por debajo de los 170.000 desempleados, mínimo de la serie en lo que va de siglo.

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(El Economista, 03-09-2026) | Laboral

La gestión de la cita previa en las Administraciones no es una tarea exclusiva de los funcionarios

La gestión de las citas previas, la recepción presencial de documentación o la atención de consultas de carácter general son actuaciones meramente instrumentales y organizativas que no requieren necesariamente la intervención de un empleado público. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una sentencia dictada el 28 de julio de 2026. La resolución, con la magistrada Esteban Aruej como ponente, señala que no puede entenderse que cualquier actuación relacionada con el acceso de los ciudadanos a un servicio administrativo esté reservada por ley a los funcionarios. En particular, el tribunal considera que la gestión telefónica de las citas previas no implica realizar una valoración inicial de carácter social ni efectuar un triaje técnico, funciones que sí corresponden a los trabajadores sociales municipales. Se trata, por tanto, de tareas materiales destinadas simplemente a organizar y facilitar el primer contacto entre el ciudadano y la Administración. La sentencia establece una clara diferencia entre la prestación efectiva de los servicios sociales y las tareas auxiliares vinculadas a su acceso. Mientras que la información técnica, la evaluación de situaciones de vulnerabilidad, el diagnóstico, la orientación profesional y la toma de decisiones están legalmente reservadas a los profesionales de los servicios sociales municipales, las funciones relacionadas exclusivamente con la organización del acceso al servicio no están sometidas a esa misma reserva. Partiendo de esta distinción, la magistrada concluye que la posibilidad prevista en una ordenanza de recurrir de manera excepcional y debidamente justificada a medios externos cuando los recursos propios sean insuficientes no supone una vulneración del principio de gestión directa de los servicios sociales. Tampoco considera que esta opción reduzca las garantías que deben regir la prestación de la asistencia social. De esta forma, el TSJA desestima el planteamiento del sindicato que presentó el recurso, que defendía que todas las actuaciones relacionadas con el acceso al servicio, incluida la atención a través de una centralita telefónica, debían ser realizadas exclusivamente por empleados públicos. El tribunal entiende, por el contrario, que aquellas tareas que tienen un carácter puramente organizativo o auxiliar pueden apoyarse excepcionalmente en medios externos sin que ello implique una privatización de las funciones sociales reservadas a los profesionales públicos.

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(El Economista, 03-09-2026) | Laboral

El Gobierno regula una nueva profesión en la Justicia: el facilitador procesal para personas con discapacidad

El Gobierno ha decidido consolidar la figura del facilitador procesal mediante su regulación en el real decreto que desarrolla el Reglamento de la Ley 6/2022 de Accesibilidad Cognitiva, aprobado por el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de enero de 2027. El facilitador procesal será un profesional de carácter técnico y auxiliar de la Administración de Justicia cuya función será facilitar la comunicación y la comprensión entre los distintos operadores jurídicos -jueces, fiscales, abogados o agentes policiales- y las personas con discapacidad o dificultades de comprensión que intervengan en un procedimiento judicial. No ejercerá funciones de abogado ni de procurador, ya que su cometido no consiste en representar o defender los intereses procesales de ninguna de las partes. La regulación, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece las condiciones necesarias para que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, acceder a servicios esenciales y desarrollar su vida de forma autónoma. El desarrollo reglamentario responde a un mandato legal cuyo plazo expiró en 2025 y cuya aprobación había sido reclamada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Entre las funciones del facilitador estará la evaluación de las capacidades cognitivas, comunicativas y emocionales de la persona para determinar qué adaptaciones y ajustes resultan necesarios durante el procedimiento. A partir de esta valoración, podrá orientar al juez y a las partes sobre la manera de formular las preguntas, la necesidad de adaptar los tiempos, la conveniencia de evitar términos jurídicos o expresiones que puedan generar confusión y la organización de las comparecencias. También deberá facilitar que las resoluciones judiciales, notificaciones y demás trámites sean comprensibles para la persona afectada, recurriendo cuando sea necesario a formatos como la lectura fácil. El objetivo es que pueda conocer qué está sucediendo durante el procedimiento, comprender el alcance de las actuaciones y conocer las consecuencias de sus declaraciones. Además, el facilitador estará presente en declaraciones, vistas y otros actos procesales cuando sea necesario, con el fin de comprobar que la persona comprende las indicaciones que recibe y que sus respuestas son interpretadas correctamente por el órgano judicial. De este modo, su intervención busca eliminar las barreras de comunicación y garantizar una participación efectiva de las personas con dificultades de comprensión en los procedimientos judiciales.

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(El Economista, 02-09-2026) | Laboral

Dos décadas de "sangría" de talento joven pasan una factura de bajos sueldos y falta de mano de obra

Dieciocho años después de la caída de Lehman Brothers, que marcó el comienzo de la Gran Recesión, los jóvenes españoles continúan sufriendo las consecuencias de aquella crisis. Su presencia en el mercado laboral sigue siendo reducida y la tasa de actividad permanece por debajo del 40%, unos 15 puntos porcentuales menos que antes del estallido de la crisis. Aunque este descenso se ha relacionado habitualmente con el aumento de los años dedicados a la formación y la reducción del abandono educativo temprano, un reciente análisis del BCE apunta a un problema de mayor alcance: la menor participación de los jóvenes ha reducido la cantidad de trabajadores disponibles, ha ejercido presión sobre los salarios y puede limitar el potencial de crecimiento económico. La crisis financiera tuvo un impacto especialmente intenso entre los jóvenes después de los años de expansión asociados a la entrada de España en el euro. El desempleo aumentó de manera significativa, aunque este fenómeno también afectó a otros grupos de edad. La diferencia fundamental estuvo en la evolución de la tasa de actividad de los menores de 25 años, que experimentó un desplome que no se produjo con semejante intensidad entre otros colectivos. España ya mostraba señales de debilidad en el mercado inmobiliario antes de 2008, pero fue a partir de septiembre de aquel año cuando la situación cambió radicalmente. La incorporación de los jóvenes al mercado laboral es especialmente vulnerable durante las recesiones, pero el problema es que esa participación no suele recuperarse al mismo ritmo cuando la economía vuelve a crecer. Entre el tercer trimestre de 2008 y 2019, la tasa de actividad de los menores de 25 años cayó del 55,2% al entorno del 36%, aunque llegó a alcanzar el 39,9% antes del verano. En 2020, durante la pandemia, descendió hasta un mínimo del 30,1%. De esta forma, se acumularon doce años consecutivos de retrocesos. Desde entonces se ha producido una recuperación parcial. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad juvenil alcanzó el 39,1%, frente al 36,5% registrado durante los tres primeros meses del año. Sin embargo, esta evolución todavía no permite hablar de un cambio de tendencia consolidado. Más que recuperar el terreno perdido, la participación de los jóvenes se ha estabilizado en torno a los niveles de 2019 y continúa muy alejada de los registros anteriores a la crisis financiera. La evolución general de la tasa de actividad puede ocultar esta transformación. Si se suman las personas ocupadas y las desempleadas que buscan trabajo y se divide el resultado entre la población en edad laboral, el indicador apenas ha variado durante este periodo. Si se excluye a los mayores de 64 años, incluso ha aumentado del 73% al 76%. Incluyendo a este grupo de edad, ha pasado del 60,2% al 59,3%. Esta aparente estabilidad responde, en buena medida, al desplazamiento de población activa entre generaciones. Mientras los menores de 25 años han reducido su participación, los mayores de 55 años han ganado peso dentro de la fuerza laboral. El cambio supone un reto para aquellas actividades que tradicionalmente han dependido de la incorporación de trabajadores jóvenes y que ahora encuentran mayores dificultades para disponer de este colectivo. Además, una menor participación juvenil puede generar un efecto paradójico sobre las estadísticas de desempleo: reduce el número de personas consideradas paradas sin que necesariamente aumente el número de ocupados. Así, la tasa de paro entre los menores de 25 años fue del 23,4% en el segundo trimestre de 2026, prácticamente en línea con el 23,6% registrado en el mismo periodo de 2008. Sin embargo, ambos porcentajes esconden realidades diferentes. Actualmente, alrededor del 61% de los jóvenes queda fuera de la población activa que se utiliza para calcular esta tasa, frente a aproximadamente el 45% en 2008. Por ello, la reducción del desempleo juvenil debe interpretarse con cautela: la mejora no responde exclusivamente a la creación de puestos de trabajo, sino también al hecho de que una parte importante de los jóvenes permanece fuera del mercado laboral. La comparación con otros países europeos refuerza esta preocupación. Los datos de Eurostat muestran que España es una de las economías donde más ha disminuido la tasa de actividad juvenil desde la crisis financiera, solo por detrás de Finlandia e Irlanda. Sin embargo, estos dos países mantienen actualmente tasas próximas al 49%, claramente por encima de la española. El cambio también se aprecia frente a las principales economías europeas. España ha pasado de situarse por encima de la media comunitaria a quedar claramente por debajo. Alemania mantiene una tasa cercana al 52% y Dinamarca ronda el 70%, mientras que Países Bajos ha elevado la suya desde aproximadamente el 71% hasta el 82%. Estos países, además, presentan algunos de los niveles de desempleo más bajos de la Unión Europea, lo que apunta a que una mayor incorporación juvenil está relacionada con la existencia de mejores oportunidades laborales. En este contexto cobra especial importancia el estudio elaborado por Corinne Petrakis y David Sondermann para el BCE, centrado en la evolución de la participación laboral en la Unión Europea durante los ciclos económicos. El análisis utiliza microdatos de la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat y demuestra que las distintas generaciones reaccionan de manera muy diferente ante las crisis, aunque la tasa de actividad agregada permanezca relativamente estable. Los jóvenes aparecen como el grupo más perjudicado por las recesiones. El impacto no se limita al incremento inicial del desempleo, sino que la salida del mercado laboral puede prolongarse durante una media de ocho años, más del doble que entre otros grupos de trabajadores. En España, este proceso llegó a extenderse durante doce años y todavía no se ha producido una recuperación completa. Las consecuencias van más allá de las estadísticas de empleo. Los economistas hablan de un efecto cicatriz que puede condicionar las perspectivas profesionales de toda una generación. Los periodos de inactividad o desempleo durante los primeros años de la vida laboral pueden reducir la acumulación de capital humano, dificultar la creación de redes profesionales y complicar el encaje entre trabajadores y empresas. Esta situación también puede perjudicar a quienes finalmente consiguen incorporarse al mercado laboral. Al disponer de menos experiencia y de una red profesional más limitada, los jóvenes suelen encontrarse entre los primeros colectivos afectados cuando la demanda de trabajo vuelve a debilitarse. Además, quienes consiguen acceder a un empleo durante una recesión pueden sufrir efectos duraderos sobre sus ingresos. El estudio del BCE señala que las penalizaciones salariales pueden prolongarse durante hasta una década, con un impacto especialmente acusado entre los trabajadores con menor nivel educativo. El problema, por tanto, no termina cuando los jóvenes dejan de ser jóvenes. Los primeros años de la trayectoria profesional son fundamentales para desarrollar capacidades, experiencia y conocimientos. Si durante esa etapa se acumulan largos periodos de desempleo o inactividad, la adquisición de nuevas competencias puede verse frenada y el potencial productivo de estos trabajadores puede deteriorarse durante buena parte de su carrera.

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(El Periódico, 02-09-2026) | Laboral

El Gobierno moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

El Gobierno ha celebrado este martes un Consejo de Ministros centrado prácticamente por completo en la respuesta a la crisis migratoria que se desencadenó a finales de julio en Ceuta. El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que permitirá movilizar 309 millones de euros durante los cuatro meses que quedan de 2026, además de otros 50 millones mediante líneas de avales del ICO. El volumen de recursos supone una inyección extraordinaria equivalente a alrededor del 16% del PIB de la ciudad autónoma y tiene como objetivo amortiguar el impacto económico y social de la crisis, proteger a las empresas y garantizar la estabilidad de los servicios públicos. El paquete también extiende con carácter permanente a Melilla algunas de las ventajas fiscales y laborales aplicadas en Ceuta, en un intento de anticiparse a posibles efectos similares. La medida concreta el compromiso anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y amplía de forma considerable las primeras estimaciones sobre las necesidades de la economía ceutí, que ya calculaba unas pérdidas empresariales cercanas a los 28 millones de euros. El Ejecutivo ha reservado 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores y reducir el impacto sobre la actividad económica. Dentro de esta partida destacan los 36,6 millones destinados a ayudas directas para 2.600 autónomos, que recibirán 5.000 euros cada uno, y para 1.400 empresas, con subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de negocio. La Agencia Tributaria comenzará a gestionar estas ayudas el 14 de septiembre y los primeros pagos están previstos para octubre. El plan incorpora además 14 millones para bonos de consumo y promoción turística, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y ayudas del SEPE destinadas a formación. En materia laboral y fiscal, el decreto introduce cambios de carácter permanente tanto para Ceuta como para Melilla. La bonificación empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social por los contratos indefinidos aumentará del 50% al 75%, siempre que los trabajadores participen en acciones formativas. También se eleva del 50% al 60% la bonificación aplicable en el Impuesto sobre Sociedades y se introducen mejoras fiscales para los autónomos en el IRPF. En conjunto, estas medidas supondrán una reducción de la carga tributaria estimada en 12 millones de euros. De manera temporal, las empresas cuya actividad se haya visto afectada podrán acogerse a un régimen de ERTE por fuerza mayor con una exoneración del 100% de las cuotas, mientras que los trabajadores tendrán acceso a la prestación por desempleo sin consumir el periodo que tuvieran acumulado. Una parte importante de los fondos se destinará a hacer frente a las necesidades generadas por la emergencia migratoria y al refuerzo de la logística, la seguridad y los servicios públicos. La mayor partida corresponde a la acogida humanitaria, con 118 millones de euros. De esta cantidad, 63,6 millones se dedicarán a la atención de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta y otros 53,4 millones financiarán el alojamiento y las necesidades básicas de los migrantes. El refuerzo de la seguridad y la defensa contará con otros 90 millones de euros. De ellos, 74 millones se destinarán al despliegue del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El paquete contempla además incentivos extraordinarios vinculados al rendimiento para los agentes de la Policía Nacional, con 7,1 millones de euros, y para la Guardia Civil, con otros 8 millones. El resto de los recursos se orientará a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En total, se han previsto 21 millones de euros para reforzar la atención sanitaria, la Administración de Justicia, la asistencia jurídica gratuita y el apoyo psicológico en los centros educativos. También se incluyen fondos para impulsar la promoción internacional de Ceuta a través del ICEX y transferencias directas a la ciudad autónoma, entre ellas más de 7 millones destinados a la planta desalinizadora. El despliegue de todas estas medidas se produce después de que el Gobierno declarara la situación de interés para la seguridad nacional y estableciera una coordinación bajo el mando único de Ángel Víctor Torres. Con este paquete, el Ejecutivo pretende superar la fase más urgente de la crisis en esta frontera exterior de la Unión Europea, contener sus efectos sobre la economía local y favorecer la recuperación de la actividad antes de la visita prevista del Rey Felipe VI a Ceuta.

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(La Vanguardia, 02-09-2026) | Laboral

El paro registrado sube en agosto en 44.419 personas y se sitúa en 2.355.918

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en agosto en 44.419 personas respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 1,92%. Con este repunte, habitual en este periodo del año, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de los 2,4 millones. A pesar del incremento mensual, el dato supone el nivel más bajo de desempleo registrado en un mes de agosto desde 2007, antes de que se desencadenara la crisis financiera. En comparación con agosto de 2025, el paro se redujo en 70.593 personas, un 2,91% menos. Por sectores de actividad, Agricultura fue el único que registró un descenso mensual del desempleo, con 912 parados menos, un 1,30%. En cambio, el número de desempleados aumentó en Servicios en 28.563 personas, un 1,71%; en Construcción, en 4.669, un 2,89%; y en Industria, en 3.731, un 2,10%. También creció en 8.368 personas el colectivo de quienes no habían tenido un empleo anterior, un 3,56%. El desempleo femenino aumentó en agosto en 22.741 mujeres respecto a julio, un 1,63%, hasta alcanzar las 1.418.757 desempleadas. Pese al repunte mensual, se trata de la cifra más baja registrada en un mes de agosto desde 2008. En términos interanuales, el paro entre las mujeres disminuyó en 52.974 personas, un 3,60%. Entre los hombres, el número de desempleados ascendió a 937.161, tras aumentar en 21.678 personas durante el mes, un 2,37%. Si se compara con agosto del año pasado, el paro masculino se redujo en 17.619 personas, un 1,85%. El desempleo entre los menores de 25 años también aumentó en agosto. En concreto, se incrementó en 8.168 personas respecto a julio, un 5,12%, aunque se mantuvo por debajo de la barrera de los 170.000 desempleados. Por comunidades autónomas, el paro únicamente descendió en agosto en la ciudad autónoma de Ceuta, con 148 desempleados menos. En el resto de territorios aumentó, con Catalunya a la cabeza, con 14.594 parados más, seguida de la Comunidad de Madrid, con 6.881, y la Comunitat Valenciana, con 5.847. En cuanto a la contratación, durante agosto se registraron 1.144.827 nuevos contratos. De ellos, 440.274 fueron indefinidos, lo que representa el 38,46% del total de contratos formalizados durante el mes. Los últimos datos disponibles sobre protección por desempleo corresponden a julio. A finales de ese mes había 1.857.263 personas beneficiarias de prestaciones. La cobertura del sistema alcanzó el 86,75%, uno de los niveles más elevados de la serie histórica y el máximo registrado, salvo durante el periodo excepcional de la pandemia. La inversión media mensual por beneficiario se situó en julio en 1.159 euros, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura. Esta cantidad supone un incremento de 36,8 euros respecto al mismo mes de 2025, equivalente a un 3,3%. En total, el gasto destinado a prestaciones por desempleo alcanzó en julio los 2.115,76 millones de euros.

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(Expansión, 01-09-2026) | Laboral

Desde hoy la Seguridad Social notifica las bajas médicas o la incapacidad permanente solo por internet: hay 10 días de plazo para no perder la prestación

La Seguridad Social modifica el sistema de comunicación de determinadas resoluciones y citaciones y deja de utilizar el correo postal para enviar cartas a los domicilios. En su lugar, estas comunicaciones pasarán a realizarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo. El cambio afecta a las personas que se encuentren en situación de incapacidad temporal, a quienes tengan abierto un expediente o sean beneficiarios de una incapacidad permanente, así como a determinados procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. De esta forma, las resoluciones, las convocatorias para revisiones médicas y los requerimientos para presentar documentación ya no se recibirán mediante carta en el domicilio. Estos trámites estarán disponibles únicamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Cuando exista una nueva notificación, el ciudadano recibirá un aviso mediante correo electrónico o SMS. Sin embargo, estos mensajes tienen carácter meramente informativo, por lo que será necesario acceder directamente a la Sede Electrónica para consultar el contenido de la comunicación. Para hacerlo será necesario disponer de un sistema de identificación digital, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Uno de los aspectos más importantes del nuevo sistema es el plazo para acceder a las notificaciones. Una vez que la comunicación esté disponible, el interesado tendrá 10 días naturales para entrar en la Sede Electrónica y consultar su contenido. Si transcurre ese periodo sin acceder a ella, la notificación se considerará legalmente realizada. Esto puede tener consecuencias importantes, ya que el transcurso del plazo puede provocar la pérdida de oportunidades para presentar alegaciones, aportar documentación o interponer recursos. En determinados casos, además, podría afectar al mantenimiento o reconocimiento de prestaciones económicas. La medida afecta, entre otros, a los trabajadores que se encuentren de baja médica por incapacidad temporal, a las personas que estén tramitando o perciban una incapacidad permanente y a quienes tengan procedimientos relacionados con lesiones permanentes no incapacitantes, nacimiento y cuidado de menor o riesgo durante el embarazo. Los sindicatos han advertido de la importancia de familiarizarse con este nuevo sistema para evitar que una notificación pase inadvertida. CSIF recuerda que, una vez transcurridos los 10 días naturales sin acceder al contenido, la comunicación se considera efectuada legalmente, lo que puede hacer que comiencen a correr los plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, incluso afectar a una prestación por incapacidad temporal. UGT Servicios Públicos pone como ejemplo las revisiones médicas obligatorias. Si el trabajador no consulta la citación y no acude a la revisión, podría producirse el alta médica y dejar de percibir la prestación correspondiente. El sindicato subraya que, con el nuevo sistema, no será posible justificar el desconocimiento de la citación alegando que la carta no llegó al domicilio. Por este motivo, se recomienda mantener actualizados el número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico registrados en Importass, la plataforma de la Tesorería General de la Seguridad Social. También es conveniente comprobar que se dispone de un sistema de identificación digital operativo y acceder periódicamente a la Sede Electrónica para comprobar si existe alguna comunicación pendiente. Los avisos que lleguen por SMS o correo electrónico servirán únicamente para informar de que existe una nueva notificación. La responsabilidad de acceder a ella y consultar su contenido corresponderá al interesado, por lo que revisar con frecuencia la Sede Electrónica será especialmente importante para no perder plazos ni derechos.

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(El País, 01-09-2026) | Laboral

Garamendi niega que el Gobierno le apoyase en su reelección en la CEOE y prevé choques con Trabajo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, negó este lunes que existan acuerdos o apoyos políticos destinados a facilitar su continuidad al frente de la patronal, después de que no se haya presentado ninguna candidatura alternativa para disputar la presidencia de la organización. El dirigente empresarial rechazó así las informaciones sobre un posible respaldo del Gobierno a su permanencia y defendió que la CEOE seguirá manteniendo su independencia respecto a los poderes políticos durante el próximo mandato. "No sé quién dirá o no dirá, pero no es cierto", afirmó Garamendi durante su intervención en Santander. El presidente de la patronal insistió en que la organización no depende ni dependerá de ninguna formación política y subrayó su carácter independiente. El representante empresarial aseguró además que, a lo largo de su trayectoria al frente de la CEOE, ha mantenido discrepancias con todo tipo de partidos. Según explicó, su posición ha generado conflictos con distintas formaciones porque, a su juicio, su obligación es defender en cada momento aquello que considera necesario para las empresas y la economía. Garamendi afrontará la renovación de su mandato como único candidato, después de que el plazo para presentar aspirantes concluyera el pasado 24 de agosto sin que nadie formalizara una candidatura. Al no existir ningún rival que haya reunido los avales necesarios, los estatutos de la organización establecen que será proclamado directamente, sin necesidad de celebrar una votación, durante la Asamblea General Electoral prevista para el próximo 1 de octubre de 2026. De esta manera, el empresario vasco iniciará su tercer mandato consecutivo al frente de la patronal. El presidente de la CEOE situó la actuación de la organización en los principios de lealtad institucional y sentido de Estado, al tiempo que expresó su rechazo al actual clima de polarización política. Garamendi consideró que España necesita rebajar la tensión y alejarse de posiciones radicalizadas, insistiendo en que la patronal no pretende alinearse con ninguno de los extremos del debate político. De cara al próximo curso político y parlamentario, el dirigente empresarial anticipó nuevos desacuerdos con el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Entre las cuestiones que previsiblemente generarán fricción citó la regulación del registro horario y las nuevas obligaciones relacionadas con la transparencia salarial. Garamendi reconoció que alcanzar acuerdos con el departamento de Trabajo ha resultado complicado y sugirió que algunas de las iniciativas que se plantearán durante los próximos meses responden más a una estrategia política y electoral que a criterios estrictamente económicos o empresariales. Según señaló, el escenario de negociación seguirá siendo difícil y estará marcado por la presentación de distintas propuestas en un contexto en el que, a su juicio, debería atenderse con mayor atención a la realidad de las empresas. El presidente de la patronal reiteró que la prioridad de la CEOE continuará siendo la defensa de la actividad económica y del tejido empresarial, sin desvincular esta posición de los intereses de los trabajadores. Según afirmó, la organización mantendrá su actuación centrada en aquellas medidas que considere positivas para España, sus empresas y sus empleados. Estas declaraciones se produjeron antes de la participación de Garamendi en el Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por la patronal tecnológica Ametic dentro de las actividades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En relación con la situación de Ceuta, el presidente de la CEOE calificó de grave el impacto económico derivado del aumento de los flujos migratorios registrado a finales de julio. Garamendi reclamó una respuesta directa de la Administración central para hacer frente a las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la actividad comercial y empresarial de la ciudad autónoma, donde residen alrededor de 80.000 personas. El dirigente empresarial insistió en que su intervención no pretende entrar en el terreno partidista, sino reclamar soluciones para los ciudadanos y las empresas afectadas. En este sentido, defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan responder a la situación y garantizar el apoyo de las instituciones. Garamendi también reivindicó el estatus constitucional de Ceuta y calificó la crisis migratoria como una amenaza directa a la soberanía española y al territorio de la Unión Europea. Asimismo, expresó su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad, denunciando las situaciones de violencia y los ataques sufridos por algunos de sus efectivos. El presidente de la patronal hizo además un llamamiento a los ciudadanos de la Península para que visiten Ceuta y contribuyan a impulsar su economía mediante el consumo de productos y servicios locales. A su juicio, esta podría ser una forma de apoyar directamente a los empresarios y a la población de la ciudad autónoma en un momento especialmente complicado. Finalmente, Garamendi reclamó al Gobierno un compromiso firme y un liderazgo claro para garantizar que los ciudadanos de Ceuta disfruten de las mismas condiciones y derechos que el resto de los españoles. El presidente de la CEOE defendió que existe una responsabilidad permanente de apoyo hacia la ciudad autónoma y que ese compromiso debe mantenerse más allá de las respuestas puntuales ante situaciones de crisis.

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