Noticias

(Cinco Días, 17-06-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de vacantes de empleo pero sigue entre los países europeos con menos puestos sin cubrir

Las vacantes de empleo en España alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas dejaron sin cubrir 159.785 puestos de trabajo, la cifra más elevada desde que comenzó esta serie estadística en 2012. El nuevo registro supera ligeramente el anterior récord, alcanzado en el tercer trimestre de 2023, cuando se contabilizaron 155.797 vacantes. Aunque el crecimiento se había moderado en los últimos años tras el fuerte impulso posterior a la pandemia, el dato del inicio de 2026 refleja una nueva aceleración. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de puestos sin cubrir aumentó un 4,5%, por encima de los incrementos registrados en 2025 y 2024. La evolución de las vacantes ha estado estrechamente vinculada al dinamismo del mercado laboral español, caracterizado por una intensa creación de empleo y una reducción progresiva del desempleo. Sin embargo, la interpretación de estos datos continúa generando discrepancias entre organizaciones empresariales y sindicatos. Las patronales consideran que el aumento de vacantes evidencia las crecientes dificultades de las empresas para encontrar trabajadores adecuados en determinados sectores y ocupaciones. Además, subrayan la aparente contradicción que supone que uno de los países con mayores tasas de desempleo de Europa registre al mismo tiempo un volumen creciente de puestos sin cubrir. Por el contrario, los sindicatos sostienen que estas dificultades no son generalizadas y se concentran en actividades específicas. A su juicio, buena parte de las vacantes persistentes están relacionadas con condiciones laborales poco atractivas, salarios insuficientes o empleos especialmente exigentes, más que con una falta estructural de trabajadores disponibles. La comparación internacional aporta una perspectiva diferente. Los datos difundidos por Eurostat muestran que la tasa de vacantes en España se situó en el 0,9% durante el primer trimestre de 2026. Este indicador mide el peso de los puestos sin cubrir sobre el total del empleo existente y sitúa a España entre los países con menor proporción de vacantes de toda la Unión Europea. De hecho, únicamente Polonia, con una tasa del 0,8%, y Rumanía, con un 0,6%, presentan porcentajes inferiores. La media comunitaria alcanza el 2,1%, más del doble que la española. En el extremo opuesto aparecen economías donde las empresas encuentran mayores dificultades para cubrir sus necesidades de personal. Entre ellas destacan Chipre, Austria, Malta, Bélgica y especialmente los Países Bajos, que registran la tasa más elevada de la Unión Europea, con un 4%. Esta diferencia pone de manifiesto que, aunque el número absoluto de vacantes en España ha alcanzado niveles récord, su peso relativo dentro del conjunto del mercado laboral sigue siendo reducido en comparación con la mayoría de los países europeos. Por ello, el debate continúa abierto sobre si el fenómeno responde principalmente a una escasez de mano de obra o a problemas relacionados con las condiciones ofrecidas en determinadas actividades económicas.

LEER MÁS

(Expansión, 17-06-2026) | Laboral

CEOE reclama que la Seguridad Social asuma el coste de los primeros 15 días de baja

La dificultad para encontrar trabajadores, especialmente aquellos con formación y cualificación específicas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español. Junto al creciente absentismo laboral, este desajuste entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de profesionales figura entre los desafíos más relevantes para la competitividad de la economía. Las organizaciones empresariales insisten en que ambos fenómenos requieren una respuesta coordinada que implique tanto a los agentes sociales como a las administraciones públicas. Pese a que España continúa registrando más de 2,4 millones de personas desempleadas, la falta de candidatos adecuados para determinados puestos sigue aumentando. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el mercado laboral contabilizó 159.785 vacantes al cierre del primer trimestre de 2026, lo que supone 6.900 más que un año antes y el volumen más elevado desde que comenzó la serie estadística en 2013. La mayor parte de estos puestos sin cubrir se concentra en el sector servicios, que acumula 138.379 vacantes, equivalentes a casi el 87% del total. El resto se reparte entre la industria, con 12.261 puestos disponibles, y la construcción, que registra 9.145. Territorialmente, el problema tiene una especial incidencia en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía, las tres regiones con mayor peso económico del país. Las empresas atribuyen esta situación a diversos factores que convergen simultáneamente. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población activa, la insuficiencia del relevo generacional y la transformación de las expectativas laborales de los trabajadores más jóvenes. Además, numerosos expertos consideran que las cifras oficiales podrían estar infravalorando la verdadera dimensión del problema, ya que las estadísticas únicamente reflejan las vacantes existentes en un momento concreto. Diversas organizaciones empresariales y compañías especializadas en recursos humanos estiman que el número real de puestos sin cubrir podría situarse entre los 200.000 y los 250.000. En muchos casos, las necesidades de contratación terminan resolviéndose mediante la incorporación de profesionales que no reúnen plenamente los requisitos inicialmente demandados. Algunos sectores presentan una situación especialmente delicada. En la construcción, la escasez de mano de obra cualificada y los obstáculos administrativos están generando retrasos en numerosos proyectos. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que serían necesarios alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para ejecutar todas las actuaciones comprometidas actualmente. Por su parte, el sector hostelero afronta dificultades similares. Hostelería de España ha impulsado recientemente una plataforma digital de empleo con la intención de facilitar la cobertura de unas 50.000 vacantes durante la campaña de verano. A esta problemática se añade el incremento continuado del absentismo laboral. La CEOE volvió a alertar este jueves de que se trata de una cuestión que afecta de forma estructural a la economía española y que está erosionando la productividad empresarial. Según los cálculos de la patronal, el coste asociado a las ausencias laborales se ha multiplicado por tres durante la última década y alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cantidad, más de 17.000 millones fueron asumidos directamente por las empresas. La magnitud de este fenómeno ha llevado a la organización empresarial a solicitar cambios en el sistema de cobertura de las bajas temporales. En concreto, reclama que la Seguridad Social asuma desde el primer momento el pago de las prestaciones y cotizaciones correspondientes a los trabajadores en situación de incapacidad temporal durante los primeros quince días de ausencia, una carga que actualmente recae sobre las compañías. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que el absentismo constituye uno de los mayores costes que soporta el sistema productivo, únicamente superado por el gasto destinado al pago de las pensiones. A su juicio, esta situación perjudica tanto la competitividad empresarial como el funcionamiento general del mercado laboral. Junto a la falta de trabajadores y al absentismo, las empresas también afrontan una presión creciente derivada del aumento de los costes laborales. Según los datos del INE, el coste medio por trabajador y mes, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, alcanzó los 3.278 euros durante el primer trimestre del año, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025 y el nivel más elevado registrado para un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica. Del total, 2.403,8 euros correspondieron a salarios y remuneraciones directas, mientras que los 874,2 euros restantes se destinaron a otros costes laborales, principalmente cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. Ambos componentes experimentaron incrementos cercanos al 5% respecto al año anterior. Además, el coste por hora efectivamente trabajada registró un crecimiento aún más intenso, con un avance interanual del 5,4%, reflejando el encarecimiento progresivo de la mano de obra para las empresas españolas.

LEER MÁS

(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

La patronal anima a las empresas a hacer controles médicos a trabajadores de baja para evitar fraudes

La CEOE ha intensificado la búsqueda de medidas para contener el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que suponen un impacto económico superior a los 17.000 millones de euros para las empresas. Ante la falta de avances concretos en la mesa de negociación con la Seguridad Social, las organizaciones empresariales están explorando distintas herramientas previstas en la normativa laboral, entre ellas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a trabajadores en situación de baja para verificar su incapacidad para desempeñar su puesto. Durante una jornada celebrada este martes centrada en el absentismo laboral -término con el que la patronal engloba el incremento de las bajas por contingencias comunes-, varios representantes empresariales defendieron un mayor uso de los mecanismos de control ya recogidos en la legislación vigente. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, subrayó que el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las empresas para verificar el estado de salud de sus empleados cuando alegan una incapacidad para acudir al trabajo. Este precepto permite que las compañías puedan someter a los trabajadores a reconocimientos médicos para comprobar su situación, y establece además que la negativa a someterse a dichos controles puede conllevar la suspensión de los complementos salariales asociados a la baja, habituales en muchos convenios colectivos. Según Fernández Alén, el contexto actual exige "perder complejos" y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar la productividad. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2021 sobre esta cuestión, avalando la posibilidad de que las empresas realicen estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el trabajador está o no en condiciones de desempeñar su actividad, sin detallar diagnósticos ni información médica sensible, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad del empleado. Esta vía se contempla como un posible instrumento para detectar posibles casos de fraude en las bajas laborales. En la misma línea, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, defendió el uso de este mecanismo como una herramienta clave para el control del absentismo, señalando que aunque no es una práctica generalizada, ya hay grandes empresas que recurren a servicios médicos externos para realizar este tipo de evaluaciones. A su juicio, en determinados supuestos incluso podría justificarse la eliminación de los complementos salariales asociados a la incapacidad temporal. Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), su portavoz, Laly Escudero, insistió en la necesidad de mejorar la información disponible sobre las causas de las bajas laborales. En las negociaciones con el Gobierno se ha planteado que los partes médicos especifiquen las limitaciones funcionales del trabajador, especialmente en los casos en los que una misma persona desempeña más de un empleo, de forma que la incapacidad no se extienda automáticamente a todas sus actividades laborales. Escudero añadió que también se está abordando la reducción de los complementos por incapacidad temporal en el marco de la negociación colectiva, ya que muchos convenios, firmados hace décadas, establecen el abono del 100% del salario desde el primer día de baja hasta el decimoquinto. En esta línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apuntó que en distintos convenios provinciales ya se han introducido ajustes para reducir estos pagos en los primeros días de ausencia o en casos de reincidencia. En conjunto, las organizaciones empresariales coinciden en que el incremento de las bajas laborales requiere una revisión del marco actual, tanto en lo relativo al control médico como a la estructura de los complementos salariales, con el objetivo de contener el impacto económico sobre las empresas y mejorar la eficiencia del sistema.

LEER MÁS

(El Economista, 17-06-2026) | Laboral

El salario medio avanza un 4,9% en el primer trimestre y se sitúa en 2.403 euros

El coste laboral en España registró un incremento del 4,9% durante el primer trimestre del año, el mayor avance interanual desde finales de 2023. Este aumento sitúa el coste medio por trabajador en 3.278,01 euros mensuales, el nivel más elevado para un inicio de ejercicio desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó la serie en el año 2000. La tendencia alcista, que se prolonga ya durante cinco años consecutivos, también se refleja en el componente salarial, que incluye todas las remuneraciones en metálico y en especie. En este caso, el coste salarial creció igualmente un 4,9% hasta alcanzar los 2.403,80 euros brutos por empleado y mes, lo que supone también un máximo histórico para un primer trimestre en más de dos décadas. Tanto el coste laboral como el salarial han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, con avances superiores en más de un punto porcentual, lo que confirma una reactivación de las presiones salariales tras la etapa de moderación posterior a la pandemia. Este comportamiento se ve influido, en parte, por la subida del salario mínimo interprofesional. En términos generales, ambos indicadores evolucionan por encima de la inflación media del primer trimestre, situada en el 2,6%, aunque las previsiones apuntan a que el conjunto del año podría cerrar con una inflación superior al 3,5%, lo que será determinante para evaluar la evolución real del poder adquisitivo. El comportamiento del coste laboral varía notablemente según los sectores de actividad. Los mayores incrementos interanuales se registran en el suministro de energía, con un alza del 15,1% hasta los 9.043,7 euros mensuales por trabajador, y en educación, donde el aumento es del 10,8% hasta los 3.130,99 euros. En el extremo opuesto, el único descenso se produce en el suministro de agua, con una caída del 0,9% hasta los 3.499,52 euros. Entre los sectores con aumentos más moderados destacan la hostelería, que registra un incremento del 1,4% hasta los 1.883 euros mensuales -el nivel más bajo del conjunto de actividades-, y las actividades artísticas, con un avance del 2,3% hasta los 2.127,8 euros. Por comunidades autónomas, los salarios experimentan incrementos en todas las regiones, aunque destacan especialmente el País Vasco, con una subida del 8,7%, Cantabria con un 8,4%, y Madrid y Castilla y León, ambas con un aumento del 5,8%. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE refleja también un aumento del 4,8% en los llamados otros costes laborales, hasta situarse en 874,21 euros por trabajador y mes. Dentro de este apartado, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que constituyen su principal componente, crecen un 4,5%. En este trimestre, el incremento salarial ha superado al de los costes no salariales, en contraste con lo ocurrido a finales de 2025. El coste laboral por hora efectiva trabajada sube un 5,4%, hasta los 24,88 euros, mientras que el coste por hora pagada aumenta un 4,8%, alcanzando los 21,62 euros. La estadística incorpora además el dato de vacantes de empleo, que ascienden a 159.785 entre enero y marzo, lo que supone 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior y el registro más elevado desde 2013. Se considera vacante el puesto de trabajo creado recientemente, no cubierto o próximo a quedar libre, para el que la empresa realiza gestiones activas de contratación. Según el INE, la gran mayoría de las empresas (91,6%) declara no disponer de vacantes porque no necesita más personal, mientras que un 4,8% señala el elevado coste de contratación como el principal motivo para no ampliar plantilla.

LEER MÁS

(El País, 17-06-2026) | Laboral

Los sindicatos inician movilizaciones en la Seguridad Social este miércoles en demanda de más personal y mejoras laborales

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y CIG han decidido elevar la presión sobre el Gobierno y han convocado una serie de movilizaciones entre los trabajadores de la Seguridad Social para reclamar refuerzos de plantilla y mejoras laborales. Las protestas arrancarán este miércoles y podrían prolongarse en el tiempo si, según advierten las organizaciones sindicales, no se producen avances en las reivindicaciones planteadas. Las primeras concentraciones tendrán lugar entre las 11:00 y las 11:30 horas frente a las direcciones provinciales de la Seguridad Social en ciudades como A Coruña, Valencia, Logroño, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. También habrá movilizaciones en los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Madrid. Los representantes de los trabajadores justifican esta convocatoria por lo que consideran un incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por la Administración en los últimos años. Según denuncian, la falta de soluciones está agravando los problemas estructurales que arrastra el organismo y comprometiendo la calidad de la atención prestada a los ciudadanos. Entre las principales preocupaciones figura el déficit de personal. De acuerdo con los datos aportados por CSIF, alrededor de un tercio de los puestos de trabajo de la Seguridad Social permanece sin cubrir, lo que equivale a unas 10.000 vacantes. Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de las plantillas, ya que aproximadamente la mitad de los trabajadores alcanzará la edad de jubilación en los próximos cinco años. Los sindicatos alertan de que la falta de efectivos está teniendo un impacto directo en el funcionamiento diario del organismo. Entre los ejemplos que citan se encuentran los retrasos para conseguir una cita presencial, que en algunas provincias pueden superar el mes y medio de espera, o la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, cuyos expedientes pueden tardar cerca de un año en resolverse. Asimismo, advierten de que determinadas oficinas cuentan con plantillas tan reducidas que resulta imposible atender adecuadamente a los ciudadanos. Además de las demandas relacionadas con el empleo, las organizaciones sindicales reclaman mejoras en las condiciones laborales del personal. Una de sus exigencias es la actualización del complemento de productividad, cuya revisión continúa pendiente en la Seguridad Social, al igual que ocurre en otros ámbitos de la Administración General del Estado. También reclaman avances en el desarrollo de la carrera profesional y en los mecanismos de movilidad interna, cuestiones recogidas en acuerdos anteriores que, según denuncian, todavía no se han materializado. Por su parte, UGT añade a estas reivindicaciones la necesidad de aplicar de forma efectiva la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para los empleados públicos de la Administración General del Estado. Esta normativa establece una jornada semanal de 35 horas, una medida que, según el sindicato, aún no se está implementando plenamente en la Seguridad Social. Las organizaciones convocantes han dejado claro que las movilizaciones no se limitarán a esta primera jornada de protesta. Su intención es mantener la presión sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta que se adopten medidas concretas para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y garantizar la sostenibilidad futura de uno de los organismos clave del Estado del bienestar.

LEER MÁS

(El Confidencial, 17-06-2026) | Laboral

Los abogados temen que el Gobierno recorte la pasarela al RETA salida del Congreso

La futura pasarela que permitirá a los mutualistas trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para mejorar su pensión ha superado un importante trámite parlamentario, pero todavía genera incertidumbre entre los colectivos afectados debido a que aspectos clave de su aplicación quedan pendientes del desarrollo reglamentario que deberá aprobar el Gobierno. La proposición de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio incorpora cambios relevantes respecto al planteamiento inicial del Ejecutivo gracias a una enmienda impulsada por el Partido Popular. Entre las principales novedades destaca la eliminación de las restricciones que impedían acogerse a la pasarela a los mutualistas ya jubilados y a quienes acumulan más de 15 años de cotización en la Seguridad Social. Además, el texto aprobado elimina la referencia expresa al coeficiente de conversión del 0,77 que figuraba en versiones anteriores y deja la definición de este parámetro en manos del futuro reglamento. Este aspecto es especialmente sensible porque el coeficiente determinará cuántos años o qué volumen de cotización se reconocerá a quienes decidan incorporarse al sistema público. Las asociaciones de mutualistas valoran positivamente los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria, ya que consideran que amplían considerablemente el alcance de la medida. Sin embargo, también muestran preocupación porque la ley delega en el Gobierno la regulación de cuestiones fundamentales para determinar quién podrá acogerse finalmente al sistema y en qué condiciones. Una de las principales inquietudes radica en que la norma no establece ningún plazo concreto para aprobar el reglamento de desarrollo. Esto implica que, aunque la ley entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la pasarela no podrá aplicarse de forma efectiva hasta que se apruebe esa regulación complementaria. Desde las organizaciones representativas de abogados y procuradores se teme que el Ejecutivo pueda introducir criterios técnicos o financieros que reduzcan el alcance práctico de la reforma. Entre las dudas planteadas figura la posibilidad de que se establezcan fórmulas de cálculo menos favorables para los mutualistas o que se limiten los periodos computables para determinar las futuras prestaciones. El origen de esta preocupación se encuentra en la posición mantenida previamente por el Gobierno durante la tramitación parlamentaria. El Ejecutivo vetó inicialmente varias propuestas que ampliaban el acceso a la pasarela argumentando su elevado coste para las cuentas públicas. Según sus estimaciones, permitir el acceso a mutualistas con más de 15 años cotizados en la Seguridad Social supondría incorporar a unos 47.000 nuevos beneficiarios y tendría un impacto económico superior a los 5.200 millones de euros. Las asociaciones profesionales sostienen, por el contrario, que la medida no debe interpretarse como un privilegio para determinados colectivos, sino como una solución destinada a corregir situaciones en las que las prestaciones obtenidas a través de las mutualidades resultan insuficientes para garantizar una protección adecuada durante la jubilación. El texto legal aprobado presenta una redacción amplia al referirse a los profesionales colegiados que estén o hayan estado integrados en una mutualidad alternativa, lo que, según la interpretación de los representantes de los mutualistas, permitiría incluir a colectivos que inicialmente habían quedado excluidos. No obstante, la falta de concreción sobre aspectos esenciales mantiene abierto el debate. La tramitación parlamentaria aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por el Senado antes de regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Durante esta fase, las asociaciones intentarán reforzar las garantías legales para evitar que el futuro reglamento limite el alcance de una reforma que consideran fundamental para mejorar las pensiones de miles de profesionales adscritos históricamente a mutualidades alternativas.

LEER MÁS

(El País, 16-06-2026) | Laboral

Trabajo envía más de 100.000 avisos a empresas para que garanticen la protección de los empleados frente al calor

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevé enviar esta semana más de cien mil comunicaciones, en concreto 113.916, a empresas de los sectores agrario y de la construcción para recordarles su obligación de proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, además de informar sobre la normativa vigente. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que estas notificaciones forman parte del denominado plan del calor, que se activa cada año. Según ha señalado, no se trata de un mecanismo sancionador, sino informativo, orientado a facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Estas cartas se enmarcan en el plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio, cuyo objetivo es intensificar la vigilancia en aquellos sectores en los que los trabajadores están más expuestos a episodios de calor extremo. La ministra ha detallado que solo en el verano de 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones relacionadas con condiciones ambientales adversas, que dieron lugar a 291 infracciones y sanciones que sumaron en torno a 1,6 millones de euros. Durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales celebrado en Barcelona, Díaz ha subrayado que trabajar no debería implicar riesgos para la salud o la vida, y ha recordado que en 2025 más de 700 personas fallecieron en accidentes laborales en España. El Ejecutivo ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este contexto, el Gobierno ha pactado con los sindicatos la actualización de la norma, aunque su tramitación parlamentaria se prevé compleja al no contar con una mayoría garantizada en el Congreso. El plan del Gobierno pretende reforzar la prevención de riesgos laborales incorporando nuevos desafíos, como el impacto de la digitalización y de los sistemas algorítmicos en la organización del trabajo, los cambios demográficos, el efecto del cambio climático, la reducción de la siniestralidad laboral y la mejora en la protección de colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes, trabajadores migrantes, personal sociosanitario y empleadas del hogar. También busca integrar de forma más efectiva la perspectiva de género en las políticas de salud laboral.

LEER MÁS

(El Economista, 16-06-2026) | Laboral

El complemento por hijo en la pensión de los funcionarios llega al TJUE para que resuelva en los casos de jubilación anticipada

El complemento a la pensión por haber tenido hijos vuelve a situarse bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque en esta ocasión el análisis no se centra en la posible discriminación por razón de sexo, cuestión que el tribunal ya resolvió anteriormente al concluir que el diseño inicial del plus perjudicaba a los hombres. Ahora, la cuestión planteada se refiere a si este complemento puede ser discriminatorio en función de la edad, tras la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El órgano judicial español ha solicitado al TJUE que determine si la exclusión del complemento para determinados funcionarios que se jubilan de forma anticipada vulnera el derecho europeo. El caso afecta a los empleados incluidos en el régimen de Clases Pasivas, un sistema que gestiona las pensiones de determinados colectivos del sector público como personal de la Administración de Justicia, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Policía Nacional. Aunque este régimen se encuentra en proceso de extinción desde 2011, todavía da cobertura a unos 700.000 trabajadores en activo y a un número similar de pensionistas. En este sistema, los funcionarios que acceden a la jubilación anticipada a los 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de servicio, no tienen derecho a percibir el complemento por hijos. Sin embargo, esta limitación no se aplica de la misma forma a quienes están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha generado diferencias de trato entre colectivos. El complemento fue creado en 2016 como una medida de compensación dirigida inicialmente a las mujeres por el impacto de la maternidad en sus carreras profesionales. No obstante, el TJUE ya declaró en 2019 que excluir a los hombres resultaba discriminatorio, lo que llevó a su reforma en 2021 para extenderlo también a ellos, aunque con ciertos requisitos adicionales que no se exigían a las mujeres. En 2025, el tribunal europeo volvió a cuestionar algunos aspectos de su aplicación, al considerar que persistían elementos discriminatorios. A día de hoy, la normativa permite el acceso al complemento en el régimen general tanto en casos de jubilación ordinaria como anticipada, mientras que en Clases Pasivas se limita a supuestos de jubilación forzosa, lo que ha reabierto el debate sobre la coherencia del sistema. El TSJCV argumenta que, si el objetivo del complemento es reconocer la aportación demográfica, no parece justificado excluir a quienes se jubilan anticipadamente una vez cumplidos los requisitos de edad y cotización. A su juicio, esta diferencia podría vulnerar la directiva europea sobre igualdad de trato en el empleo. En este contexto, el TJUE deberá determinar si la normativa española es compatible con el derecho de la Unión Europea o si, por el contrario, introduce una discriminación indirecta basada en la edad entre distintos colectivos de pensionistas.

LEER MÁS

(El Economista, 16-06-2026) | Laboral

España envió al desempleo el doble de trabajadores que la Unión Europea al inicio de 2026

Un 2,7% de los trabajadores que estaban ocupados a finales de 2025 pasaron al desempleo al inicio de 2026. Aunque se trata de una proporción relativamente baja, duplica la media registrada en la Unión Europea, situada en el 1,2%. En términos absolutos, y teniendo en cuenta que el mercado laboral español supera ya los 22 millones de ocupados, este porcentaje equivale a más de 623.000 personas que perdieron su empleo entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. Este volumen sitúa a España entre los países con mayores flujos de salida del empleo hacia el paro dentro de la UE, hasta el punto de concentrar cerca de una cuarta parte de estos movimientos en el conjunto comunitario. Los datos proceden de Eurostat, a través de la estadística de flujos del mercado laboral europeo, actualizada recientemente. En el conjunto de la Unión Europea, 2,5 millones de personas realizaron la transición del empleo al desempleo en ese periodo, mientras que tres millones siguieron el recorrido inverso, pasando del paro a un empleo. En el caso español, el comportamiento es menos favorable: 566.800 personas encontraron trabajo, lo que genera un saldo negativo de 56.800 personas en comparación entre entradas y salidas del desempleo, según los datos de la EPA. Las diferencias con el resto de Europa son menos marcadas en lo relativo al paso del empleo a la inactividad, es decir, personas que dejan de trabajar sin incorporarse al desempleo, ya sea por jubilación, estudios u otras razones personales o familiares. En la UE, este flujo afectó al 2,1% de los ocupados (unos 4,4 millones de personas), mientras que en España alcanzó el 2,61% (587.400 personas). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analizó recientemente estos movimientos y detectó que, desde 2022, ha aumentado la salida del empleo tanto en contratos indefinidos como en fijos discontinuos, especialmente en los primeros meses de vigencia del contrato. Este comportamiento sugiere una mayor rotación en estas modalidades laborales tras la reforma del mercado de trabajo. Por el contrario, los contratos temporales siguen mostrando una alta probabilidad de finalización, con picos vinculados a la expiración habitual de contratos de 6, 12 o 24 meses. Otros estudios, como los realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, coinciden en que gran parte de las salidas hacia el desempleo o la inactividad se deben a la finalización de contratos temporales, siendo los trabajadores extranjeros el colectivo con mayor tasa de salida. Investigaciones académicas previas ya apuntaban que el problema del mercado laboral español no se centraba solo en la destrucción de empleo, sino también en la dificultad para reincorporar a los desempleados. Además, las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido con el tiempo, especialmente tras la reforma laboral, aunque los efectos a largo plazo aún no muestran cambios estructurales significativos.

LEER MÁS

(Expansión, 15-06-2026) | Laboral

Oleada de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Cataluña en lo que va de año

Las empresas catalanas y diversas multinacionales con una larga trayectoria en Cataluña han impulsado durante 2026 importantes procesos de reestructuración laboral para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Estos ajustes contrastan con la evolución positiva del empleo en la comunidad, que alcanzó en mayo un máximo histórico cercano a los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Entre los expedientes de regulación de empleo más destacados figura el de Glovo. La compañía de reparto a domicilio, con sede en Barcelona, llevó a cabo el mayor ajuste de plantilla de una empresa catalana este año. Tras modificar su modelo de negocio y formalizar la contratación de todos sus repartidores, la empresa prescindió finalmente de 436 trabajadores en el conjunto de España. También sobresale el caso de Mediapro, que acordó un ERE para 189 empleados de sus oficinas de Barcelona y Madrid como parte de un plan destinado a reforzar su estabilidad financiera. En el ámbito exclusivamente catalán, la constructora Limak protagonizó el expediente más relevante de 2026. La compañía pactó la salida de 399 trabajadores debido a la próxima finalización de las obras del Espai Barça, uno de los proyectos de infraestructura más importantes actualmente en ejecución en la comunidad. La industria de la automoción continúa siendo uno de los sectores más afectados por la transformación hacia la movilidad eléctrica. En este contexto, Nissan y Ficosa han aplicado despidos colectivos que afectan a 195 y 105 empleados, respectivamente, en sus instalaciones catalanas. A estos ajustes se suma el ERE planteado por Adient, proveedor de asientos de Seat, que contempla la salida de alrededor de un centenar de trabajadores de su planta de Abrera, en el Baix Llobregat. La industria alimentaria tampoco ha escapado a los procesos de reorganización empresarial impulsados por grandes grupos multinacionales. Nestlé ha anunciado un expediente que supondrá la salida de 119 empleados en Cataluña, mientras que PepsiCo ha pactado la desvinculación de 414 trabajadores repartidos entre sus once centros de trabajo en España, incluidos varios ubicados en territorio catalán. Por su parte, el sector tecnológico también está experimentando importantes ajustes en plena expansión de la inteligencia artificial y la automatización de procesos. La empresa de moderación de contenidos digitales Majorel ha despedido a 347 trabajadores en Barcelona, mientras que la consultora tecnológica Capgemini ha culminado un expediente que afecta a 124 empleados en la capital catalana. En conjunto, los despidos colectivos muestran una tendencia claramente al alza. Entre enero y abril se registraron 95 expedientes de regulación de empleo de extinción, un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de trabajadores afectados se acerca ya a las 3.000 personas, lo que representa un incremento del 36%, según los datos más recientes del Observatori del Treball i Model Productiu.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF