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(El País, 22-04-2026) | Laboral

El Gobierno ultima el decreto que activará la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando un real decreto ley que permitirá reactivar la jubilación parcial de miles de trabajadores públicos con contrato laboral. Este tipo de retiro había quedado bloqueado desde abril de 2025, cuando un cambio normativo empezó a exigir que los empleados relevistas fueran contratados de forma indefinida y a jornada completa, algo que las administraciones no han podido aplicar hasta ahora. Como consecuencia, alrededor de 700.000 empleados públicos -especialmente en ayuntamientos y universidades- han visto paralizadas sus opciones de jubilación anticipada parcial. La aprobación de este decreto ha sido uno de los temas tratados en la reunión reciente de la mesa de diálogo social sobre pensiones y gestión de bajas laborales, en la que participan Gobierno, sindicatos y empresarios. Este foro llevaba dos meses sin avances debido a la negativa sindical a seguir negociando hasta resolver dos cuestiones: el bloqueo de estas jubilaciones parciales y la aplicación de los coeficientes reductores en pensiones anticipadas de cuantía elevada. Este último punto ya se ha solucionado mediante una instrucción del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que aclara cómo deben calcularse estas prestaciones y prevé revisar las concedidas desde principios de año. En cuanto a la jubilación parcial, el nuevo decreto recogerá previsiblemente un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y los ministerios implicados. Este contempla dos vías para cumplir la exigencia legal sobre los relevistas: contratar a personas que ya hayan superado procesos selectivos o incorporar interinos vinculados a futuras ofertas de empleo público. En principio, la norma se centrará únicamente en resolver la situación del personal laboral de las administraciones, que es el único colectivo que tiene regulada esta modalidad de jubilación anticipada, la cual permite reducir la jornada y el salario durante los últimos años de actividad mientras otro trabajador cubre la parte restante. No obstante, los sindicatos han pedido que también se extienda este derecho al resto de empleados públicos, como funcionarios o personal interino, algo que ya se acordó anteriormente pero que sigue pendiente en el Parlamento. Desde el ámbito sindical se insiste en que el decreto debe limitarse a medidas ampliamente consensuadas y sin controversia, para garantizar su aprobación en el Congreso. En este sentido, el Gobierno valora incluir también algunos cambios relacionados con la gestión de las bajas laborales, aunque los sindicatos prefieren que esos temas más complejos sigan negociándose aparte. Entre las propuestas con mayor consenso figuran el reconocimiento de pensiones de viudedad en parejas no formalizadas pero con convivencia acreditada e hijos en común, así como la posibilidad de aplicar coeficientes de jubilación anticipada sin penalización a los tripulantes de cabina en el sector aéreo. Por otro lado, los sindicatos han planteado reformas más ambiciosas en la gestión de las incapacidades temporales. Entre ellas, proponen que las mutuas colaboradoras pasen a tener un carácter plenamente público y que asuman el tratamiento completo de determinadas enfermedades laborales, especialmente musculoesqueléticas, incluso cuando exista duda sobre su origen. Posteriormente, si se determina que no están relacionadas con el trabajo, podrían reclamar los costes al sistema público de salud. El Ministerio se ha comprometido a presentar una nueva propuesta sobre estas cuestiones teniendo en cuenta las aportaciones recibidas. Sin embargo, desde el lado empresarial no se perciben avances significativos en la negociación, que continúa generando incertidumbre entre las partes.

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(El País, 22-04-2026) | Laboral

El Gobierno reactiva el nuevo examen a la sostenibilidad del sistema de pensiones que le reclamó Bruselas

El Consejo de Ministros ha atendido finalmente la solicitud de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y ha vuelto a encargarle un análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, esta vez utilizando el formato que el organismo consideraba adecuado. La fórmula elegida inicialmente por el Ejecutivo había generado un fuerte malestar en la institución, hasta el punto de que decidió paralizar el estudio exigido por Bruselas. Esta rectificación permite retomar una evaluación que ha estado rodeada de polémica, especialmente después de que su anterior presidenta, Cristina Herrero, denunciara un uso indebido de los recursos de la Airef y advirtiera de un posible deterioro de su independencia. El origen de esta situación se remonta a julio de 2025, cuando el Gobierno solicitó a la Airef un nuevo análisis sobre la viabilidad del sistema de pensiones con fecha de entrega en junio de 2026, apenas un año después del informe publicado en marzo de 2025. Aquel estudio, aunque aprobaba por poco la sostenibilidad del sistema, ya advertía de un empeoramiento en las cuentas. Pese a que la Airef no tenía previsto repetir esta evaluación hasta pasados tres años, el Ejecutivo impulsó un nuevo encargo debido a la presión de la Comisión Europea, que cuestionaba algunos aspectos metodológicos del análisis anterior, en particular el uso de transferencias del Estado a la Seguridad Social. Cristina Herrero mostró en varias ocasiones su rechazo a repetir el informe, no solo por razones de fondo, sino también por cuestiones formales. Según la ley orgánica de la Airef, el organismo puede emitir informes, opiniones o estudios, cada uno con características específicas. El Gobierno solicitó un "informe", pero la institución defendía que ese formato no era el adecuado para este caso. Apoyándose en el criterio de la Abogacía del Estado, la Airef sostuvo que debía tratarse de un "estudio", que además debería elaborarse conforme a sus propios tiempos y metodología, teniendo en cuenta sus limitaciones de recursos. En línea con esta postura, el Gobierno ha rectificado y ha optado por encargar un "estudio" en lugar de un informe. La actual presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, valoró positivamente este cambio, reconociendo que en el pasado hubo tensiones con el Ejecutivo por considerar que se comprometía la independencia del organismo. Según explicó, el Ministerio de Seguridad Social ha comprendido finalmente la necesidad de respetar ese principio, lo que ha permitido desbloquear la situación. Olóndriz adelantó que el estudio estará listo el 1 de junio, cumpliendo así con los plazos inicialmente previstos. Estas declaraciones se produjeron en su primera comparecencia pública al frente de la Airef, tras su nombramiento el 25 de marzo, que no ha estado exento de críticas por parte de la oposición. Se cuestiona su imparcialidad debido a su reciente etapa como secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero. Olóndriz sustituye a Herrero, quien había mantenido una postura muy crítica con la actuación del Gobierno. El anterior análisis del sistema de pensiones superó el examen por un margen muy ajustado: una décima del PIB. La Airef estimó un gasto neto del 13,2% del PIB entre 2022 y 2050, justo por debajo del umbral que habría obligado a adoptar medidas correctoras. Este resultado fue posible tras un controvertido cambio metodológico impulsado por el Gobierno, que incluyó transferencias estatales a la Seguridad Social en el cálculo, algo que inicialmente no estaba previsto. Aunque la Airef solo incorporó una parte de esas transferencias, la decisión generó críticas dentro del propio organismo. El debate sobre el gasto en pensiones sigue siendo central en el ámbito económico, especialmente por el impacto de factores como la jubilación de la generación del baby boom, el incremento de las prestaciones, su actualización conforme al IPC o la baja natalidad. En este contexto, la Airef volverá a evaluar la sostenibilidad del sistema y presentará sus conclusiones en junio, ya bajo la dirección de Olóndriz.

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(El País, 21-04-2026) | Laboral

UGT y CC OO argumentan que eligen Málaga para la manifestación central del Día del Trabajo por ser el “paradigma” de la crisis de la vivienda en España

Este lunes, UGT ha tenido como protagonista inesperado a Donald Trump. Durante la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo, el mandatario estadounidense fue citado en más ocasiones que los habituales actores económicos nacionales a los que suelen aludir los sindicatos. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo consideran que la estrategia militar y comercial de Estados Unidos, junto con sus "aliados" en Europa -en referencia a partidos como Vox-, representa una seria amenaza para los derechos laborales. Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia", los sindicatos han convocado cerca de un centenar de protestas conjuntas. La principal tendrá lugar en Málaga, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral andaluza, aunque aseguran que la elección de la ciudad responde a que simboliza los problemas de acceso a la vivienda en España. Álvarez explicó que el objetivo principal de la movilización es convertir el Primero de Mayo en una protesta contra la guerra y en defensa de la paz. Acusó a Trump de favorecer vulneraciones del derecho internacional y situaciones de gran gravedad en distintos conflictos internacionales. En la misma línea, Sordo advirtió de una creciente escalada bélica global y de una guerra comercial dirigida contra la Unión Europea. Ambos dirigentes subrayaron que estas tensiones internacionales tienen consecuencias directas sobre la clase trabajadora, como el encarecimiento de los precios -especialmente de la energía- y el debilitamiento de derechos laborales. Sordo llamó a evitar una subordinación a Estados Unidos y defendió reforzar la autonomía estratégica europea, incluso diversificando relaciones con países como China. Por su parte, Álvarez reclamó a los partidos españoles una posición clara ante este contexto internacional. Los líderes sindicales también valoraron positivamente la actuación del Gobierno español en este escenario, destacando su papel en el ámbito internacional. No obstante, criticaron la falta de rumbo de la derecha en esta materia, señalando que el contexto actual exige replantear las relaciones tradicionales con Estados Unidos. Ambos rechazaron que la elección de Málaga como sede central del Primero de Mayo tenga motivaciones electorales. Según explicaron, la decisión se tomó meses antes de que se concretara el calendario electoral andaluz. En el plano económico, advirtieron de que la subida de precios no solo reduce el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también perjudica a las empresas. En este sentido, insistieron en la necesidad de promover vivienda asequible para evitar tensiones en el mercado laboral, especialmente en zonas con mayor presión. Sordo puso el foco en la necesidad de repartir mejor la riqueza, señalando que no es coherente que España lidere el crecimiento económico en Europa mientras los salarios permanecen prácticamente estancados. Ambos coincidieron en que hay margen para incrementos salariales. Asimismo, señalaron que esperan avances en la negociación del acuerdo salarial con la patronal -CEOE y Cepyme-, aunque no descartan movilizaciones si no se logran resultados. También se mostraron abiertos a pedir una nueva subida del salario mínimo si la inflación continúa al alza. Por último, reclamaron al Ejecutivo mayor rapidez en la puesta en marcha de medidas pendientes, como el refuerzo del control horario o la actualización de la normativa en prevención de riesgos laborales. Además, valoraron positivamente el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, aunque pidieron más recursos para gestionarlo adecuadamente.

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(El Economista, 21-04-2026) | Laboral

El teletrabajo en España está más lejos de la UE que antes de la pandemia por el "pinchazo" de la jornada híbrida

El teletrabajo ha vuelto a situarse en el centro del debate laboral tras la propuesta de la Comisión Europea de hacerlo obligatorio un día a la semana para reducir el consumo energético durante la crisis derivada de Irán. Esta idea ha sido rechazada de forma tajante por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defiende que esta modalidad debe ser voluntaria. Además, sostiene que España ya avanzó en esta materia con la aprobación de la Ley de Trabajo a Distancia a finales de 2020. Sin embargo, los datos reflejan que el país se encuentra ahora más rezagado respecto a la media europea que antes de la pandemia, en gran medida por el escaso desarrollo del modelo híbrido que Bruselas quiere impulsar. A primera vista, el trabajo a distancia parece haber crecido con fuerza en España: el porcentaje de asalariados que trabajan desde casa ha pasado del 4,2% en 2019 al 12,8% en 2025, según Eurostat. Esto ha permitido que el país mejore su posición relativa, pasando de estar entre los ocho con menor implantación a ocupar el undécimo puesto. No obstante, esta mejora se explica más por el retroceso de otros países que por un avance destacado de España. De hecho, la distancia respecto a la media de la Unión Europea ha aumentado, pasando de 6,9 a 7,8 puntos porcentuales desde 2018. En el caso de la eurozona, la brecha es aún mayor, creciendo de 7,1 a 9 puntos en ese mismo periodo. Una comparación entre países muestra que, seis años después de la pandemia, Europa avanza a distintas velocidades en la adopción del teletrabajo, y España sigue formando parte del grupo más rezagado. Esta diferencia se ha acentuado con el tiempo: si en 2019 quince países tenían tasas inferiores al 10%, ahora solo cinco se mantienen en ese nivel, mientras otros han experimentado fuertes avances. Destaca el caso de Países Bajos, donde casi la mitad de los trabajadores teletrabaja. Un factor clave en esta evolución es el peso de la llamada jornada híbrida, en la que se combina el trabajo presencial con uno o dos días semanales desde casa. Este formato, distinto del teletrabajo habitual -donde predomina el trabajo remoto-, es precisamente el que la Comisión Europea pretende fomentar. Sin embargo, España presenta peores resultados en este ámbito que en el teletrabajo completo. A pesar de ser una opción más flexible y menos costosa para las empresas, el teletrabajo ocasional tiene un peso inferior al 50% en el país, muy por debajo de la media europea del 64%. En algunas economías, como Dinamarca o Países Bajos, alcanza hasta el 83%. Aunque un menor uso del modelo híbrido no implica necesariamente menos teletrabajo -como demuestran países como Alemania o Irlanda, con altas tasas globales pese a no superar ese 50%-, sí evidencia un margen de mejora y cierta rigidez empresarial a la hora de implantarlo. Y este aspecto resulta especialmente relevante cuando se trata de reducir el consumo energético.

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(El Economista, 20-04-2026) | Laboral

La regularización de más de medio millón de inmigrantes marcará la evolución del mercado laboral a lo largo de 2026

Estas personas extranjeras ya residen en España y muchas de ellas trabajan en la economía informal. Por ello, tanto el Gobierno como diversos centros de estudios se muestran optimistas sobre sus posibilidades de acceder a un empleo formal y aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, desde el ámbito del diálogo social surgen dudas, advirtiendo de que el primer impacto podría ser un incremento de inscritos en las oficinas del SEPE. Se calcula que hay alrededor de 550.000 trabajadores, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica, con una presencia destacada de mujeres que desempeñan labores en sectores como el servicio doméstico, la hostelería o la construcción. Esta estimación proviene de la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social y los ocupados reflejados en la EPA, que incluye parte de la economía sumergida. No obstante, el número real de beneficiarios en edad laboral podría ser mayor, ya que no existe un registro oficial detallado. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales alertan de que el paso del empleo irregular al trabajo formal podría no ser tan rápido como se prevé. Señalan que muchos empleadores podrían no estar dispuestos a regularizar a estos trabajadores pagando el salario mínimo o el establecido por convenio, además de asumir las cotizaciones sociales. Por otro lado, también es posible que algunos trabajadores opten por buscar otros empleos, lo que podría incrementar las cifras de desempleo. A diferencia del proceso de regularización de 2005, este nuevo modelo no está vinculado directamente a la obtención de un empleo, por lo que una solicitud aprobada no implica automáticamente el alta en la Seguridad Social. La normativa permite que estas personas puedan empezar a trabajar en cuanto se les notifique que su solicitud está en trámite, aunque muchos tendrán que iniciar entonces la búsqueda activa de empleo. Al haber estado en situación irregular, no tienen derecho a prestaciones por desempleo, pero sí pueden acudir a los servicios públicos de empleo para recibir formación o acceder a determinados sectores. En el marco del diálogo social se prevé que esta opción se utilice especialmente para incorporarse a trabajos en hostelería durante la temporada de verano. Por su parte, las empresas pueden beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones si contratan a personas desempleadas, como parados de larga duración, jóvenes sin formación o colectivos vulnerables. Para acceder a estos incentivos, suele ser necesario que el trabajador esté inscrito en los servicios públicos de empleo, lo que podría fomentar un aumento de registros en el SEPE, ya sea por iniciativa propia o por recomendación durante procesos de selección. El economista Florentino Felgueroso, vinculado a Fedea, matiza estas previsiones y considera que es pronto para evaluar el impacto, aunque no anticipa un aumento significativo del paro registrado, ya que normalmente quienes se inscriben son personas que ya han cotizado previamente. No obstante, sí contempla que puedan recurrir tanto a la formación reglada como a la ofrecida por los servicios de empleo. En este sentido, recuerda que cuando estas acciones formativas se prolongan durante meses, los participantes dejan de contabilizarse como parados y pasan a ser demandantes de empleo no ocupados (DENOS), un grupo que no se incluye en las cifras oficiales de desempleo. Felgueroso también apunta que la regularización amplía las oportunidades laborales de estos trabajadores, lo que podría favorecer su incorporación a empleos formales en sectores con falta de relevo generacional o escasez de mano de obra. A su juicio, los efectos podrían empezar a notarse en las afiliaciones durante el verano y meses posteriores, en función de la evolución de los trámites administrativos. Además, considera que el número de beneficiarios podría estar infravalorado y acercarse más al millón de personas. A medio plazo, el panorama sigue siendo incierto. La economista de Funcas, Mª Jesús Montero, señala que el impacto dependerá de hasta qué punto estas personas ya participan en el mercado laboral, ya sea trabajando, buscando empleo o en situación de desempleo, algo difícil de determinar. También destaca las limitaciones de la EPA para medir el trabajo informal, especialmente en el caso de personas en situación irregular, que pueden mostrar mayor movilidad geográfica o reticencia a participar en encuestas. Según explica, la regularización permitirá que más personas se inscriban en el SEPE, lo que se reflejará en parte en las estadísticas, aunque su impacto en la EPA dependerá de la representatividad de los datos. Además, advierte de que procesos como la reagrupación familiar podrían influir en los flujos migratorios y que el mercado laboral podría tener dificultades para absorber a esta nueva población activa en un contexto de desaceleración económica.

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(La Razón, 20-04-2026) | Laboral

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido 13.500 solicitudes online para el proceso extraordinario de regularización de migrantes durante su primer día. Además, según el departamento que dirige Elma Saiz, ya se han gestionado y confirmado 19.633 citas previas para quienes acudirán de forma presencial a partir del lunes 20 de abril a los puntos habilitados. Desde Migraciones señalan que todas las solicitudes se han presentado mediante certificado digital y que, en su mayoría, han sido tramitadas por profesionales autorizados -como abogados, graduados sociales o gestores administrativos-, aunque también hay peticiones realizadas directamente por los propios interesados. Las citas presenciales se atenderán en una red amplia de oficinas: más de 60 de la Seguridad Social, más de 370 de Correos y cinco sedes de Extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Asimismo, el Ministerio ha recalcado que no se atenderá a nadie sin cita previa y que se han establecido horarios específicos para este proceso, con el fin de no interferir en el funcionamiento habitual del resto de servicios.

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(El Periódico, 20-04-2026) | Laboral

El SEPE recuerda que los días cotizados de más no se pueden acumular para mejorar la prestación por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) insiste en la necesidad de conocer bien las normas que regulan el cálculo de la prestación por desempleo. Según este sistema, por cada año trabajado se puede llegar a percibir hasta cuatro meses de paro, aunque los días cotizados que excedan cada tramo no se acumulan. En la actualidad, es necesario haber cotizado al menos 360 días para tener derecho a la prestación, lo que da acceso a 120 días de paro (cuatro meses). A partir de ahí, la duración aumenta de manera gradual en función del tiempo cotizado, hasta un máximo de 720 días de prestación (dos años) para quienes acrediten 2.160 días o más. Un aspecto clave es que los días que superan los tramos establecidos no se guardan ni generan derechos adicionales en el futuro. Es decir, no se pueden acumular para otra prestación. Por ejemplo, una persona con 420 días cotizados percibirá lo mismo que otra con 360 o incluso 539 días: en todos los casos, la prestación será de 120 días. La normativa que regula este sistema es la Ley General de la Seguridad Social, que establece que solo se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas en los seis años anteriores a la situación de desempleo, no toda la vida laboral. Además, para poder acceder a la prestación, es imprescindible que la pérdida del empleo haya sido involuntaria, como ocurre en casos de despido o finalización de contrato.

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(Expansión, 20-04-2026) | Laboral

Oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería comienzan hoy a atender a migrantes para su regularización

A partir de este lunes 20 de abril, las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería empiezan a atender a personas migrantes interesadas en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. La atención presencial se ofrecerá en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan que es imprescindible contar con cita previa, ya que no se atenderá a nadie sin ella. Además, se han establecido franjas horarias específicas para este trámite, con el fin de no interferir en el funcionamiento habitual de las oficinas. Las solicitudes podrán presentarse de lunes a viernes en los siguientes horarios: en la Seguridad Social y en Extranjería, de 16:00 a 19:00 horas, y en Correos, de 8:30 a 17:30 horas. Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por el mismo canal utilizado para iniciar la solicitud. Por este motivo, se recomienda completar cuidadosamente los datos personales y de contacto (teléfono, correo electrónico y dirección postal). Si la solicitud se tramita mediante un representante, las notificaciones se enviarán a este. Podrán acogerse a esta regularización los extranjeros que se encuentren en una de estas dos situaciones: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026, o estar en situación administrativa irregular habiendo llegado al país antes de esa misma fecha. El plazo para presentar solicitudes se abrió el 16 de abril, coincidiendo con el inicio del sistema telemático y la posibilidad de pedir cita previa para la atención presencial. Este plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Para solicitar cita, se puede acceder a la web de Regularización del Ministerio mediante el sistema Cl@ve, donde es posible elegir oficina, fecha y hora. Quienes no dispongan de Cl@ve pueden informarse sobre cómo obtenerlo o pedir a otra persona que gestione la cita en su nombre. También existe la opción de solicitar cita a través de un formulario web, aunque en este caso no se puede seleccionar ni la oficina ni el día, ya que se asignará automáticamente en función de la ubicación indicada. Otra alternativa es llamar al teléfono 060, disponible en español, con horario de atención de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. Por último, se recuerda que las citas presenciales son completamente gratuitas, y que nadie puede cobrar por conseguir o facilitar una cita.

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(Expansión, 17-04-2026) | Laboral

El Tribunal Supremo obliga a compensar los festivos "perdidos" por el calendario laboral

Diversas sentencias recientes del Tribunal Supremo han establecido que, cuando un día festivo coincide con el descanso semanal de un trabajador, la empresa puede estar obligada a compensarlo con un día adicional. Esta situación afecta especialmente a muchos empleados en 2026, ya que algunas festividades, como el 15 de agosto (Asunción de la Virgen) o el 28 de febrero (Día de Andalucía), caen en sábado. La doctrina judicial refuerza la idea de que el calendario laboral no puede utilizarse como justificación para alterar los periodos de descanso reconocidos a los trabajadores. En este sentido, las resoluciones dictadas entre 2025 y 2026 unifican criterio al señalar que las empresas no pueden modificar lo establecido en el convenio colectivo en relación con los días de descanso o asuntos propios, aunque el calendario varíe cada año. No obstante, esto no implica que siempre haya derecho automático a recuperar un festivo que coincida con el descanso semanal. La compensación solo procede cuando, debido a esa coincidencia, el trabajador acaba superando la jornada máxima anual fijada en su convenio. Un ejemplo relevante es la sentencia del Supremo de abril de 2025 sobre un conflicto entre sindicatos y Zara España. En ella se determinó que, si un festivo cae en un día de descanso -como el sábado-, la empresa debe ofrecer un día alternativo únicamente si, como consecuencia, el empleado trabaja más horas de las permitidas por convenio y siempre que el calendario laboral no haya ajustado previamente la jornada para evitarlo. En ese caso concreto, se reconoció el derecho de los trabajadores con jornadas de lunes a domingo y descansos fijados entre semana a recibir un día compensatorio cuando un festivo coincidía con su descanso, garantizando así el cumplimiento de la jornada anual. Siguiendo esta línea, CCOO ha solicitado a las patronales del sector financiero que compensen los festivos que coincidan con sábados mediante días adicionales de descanso. El sindicato recuerda que los festivos forman parte del descanso laboral y subraya la importancia de garantizar el disfrute de los 14 días festivos anuales, además de los descansos semanales y las vacaciones. Tradicionalmente, cuando un festivo coincidía con un sábado -día habitual de descanso-, muchas empresas no lo compensaban, considerándolo un día "perdido". Sin embargo, la nueva doctrina del Supremo cambia este enfoque: en términos generales, si coinciden festivo y descanso semanal, debe existir una compensación. El tribunal insiste en que el derecho a los festivos es independiente del descanso semanal, por lo que la coincidencia de ambos reduce el tiempo total de descanso anual si no se compensa adecuadamente. Por ello, las empresas deben conceder un día adicional o aplicar lo previsto en el convenio colectivo, ya sea mediante ajustes en el calendario laboral o mecanismos de compensación. Eso sí, estos cambios pueden afectar a la distribución de la jornada, pero no al cómputo total anual de horas trabajadas. Este criterio cobra especial importancia en 2026 debido a los festivos que coinciden en sábado, lo que abre la puerta a que muchos trabajadores reclamen días adicionales de descanso. Además, otra sentencia del Supremo de febrero de 2026, relativa a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, refuerza esta línea al establecer que las empresas no pueden modificar las condiciones del convenio alegando la necesidad de ajustar el calendario laboral. En ese caso, la entidad pública alteró el cómputo anual de horas para adaptar los turnos, lo que terminó aumentando las horas de trabajo por encima de lo pactado. El Supremo consideró que se trataba de una modificación unilateral encubierta de la jornada, fuera de los procedimientos legales. En definitiva, si un convenio fija, por ejemplo, 1.750 horas anuales, la empresa no puede incrementarlas para cuadrar turnos. Solo puede distribuir las horas ya acordadas. Si se superan, el trabajador puede impugnar la situación. Finalmente, otra resolución anterior también confirmó que los días de asuntos propios deben disfrutarse según lo establecido en el convenio, es decir, en función de las necesidades del trabajador y no integrados obligatoriamente dentro de los descansos.

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(Expansión, 17-04-2026) | Laboral

Las "Big Four" elevan en 1.245 personas sus plantillas en España

Las empresas de servicios profesionales siguen ampliando sus equipos, a pesar del avance cada vez mayor de la inteligencia artificial en sus procesos. Estas compañías, centradas en áreas como auditoría, consultoría, asesoría legal y operaciones corporativas, cerraron 2025 con una plantilla media que supera los 45.000 empleados en España. En concreto, según el ranking elaborado con datos de 46 firmas representativas, el sector alcanzó los 45.146 trabajadores, lo que supone un crecimiento del 5,9% respecto al año anterior. Aunque este aumento es ligeramente inferior al de los tres ejercicios previos (6,2% en 2024, 8,8% en 2023 y 6,8% en 2022), se traduce en la creación de 2.534 nuevos puestos de trabajo en solo un año. En cuanto a las denominadas Big Four -Deloitte, PwC, EY y KPMG-, su plantilla conjunta superó los 29.000 empleados. En 2025, estos grandes grupos incrementaron sus equipos en un 4,5% de media, hasta alcanzar los 29.029 trabajadores, lo que supone 1.245 más que el año anterior. Deloitte se mantiene como la firma con mayor número de empleados en España, muy por delante de sus competidores. La compañía finalizó el ejercicio con 10.750 trabajadores, un 2,1% más, concentrando aproximadamente un tercio del total de empleados de las Big Four. En segunda posición se sitúa EY, que superó ampliamente los 6.000 profesionales. Tras inaugurar un nuevo edificio en Madrid dentro de su proyecto EY Campus, la firma cerró el año con 6.442 empleados, tras crecer un 8%. KPMG ocupa el tercer lugar, con una plantilla de 6.048 trabajadores, lo que representa un incremento del 4,5%. La firma destaca el esfuerzo realizado en los últimos años para incorporar tecnología, especialmente inteligencia artificial, tanto en sus procesos internos como en los servicios que ofrece. Este cambio ha modificado el perfil profesional demandado, reforzando la contratación de perfiles sénior y especializados, con más de un 20% de nuevas incorporaciones procedentes de áreas STEM. PwC cierra el grupo de las Big Four con 5.789 empleados en España, tras aumentar su plantilla un 5,3% durante 2025. Tras estos grandes actores se sitúa ETL Global, que supera los 2.700 trabajadores tras crecer un 4,4%. Por su parte, BDO alcanzó los 1.676 empleados, con un incremento del 2,8%. Destaca también Afianza Asesores, que ha entrado en el top ten tras integrar una quincena de compañías, elevando su plantilla hasta 1.123 trabajadores, un notable aumento del 73%. En conjunto, las firmas de tamaño medio cerraron el ejercicio con más de 16.000 empleados, lo que supone un crecimiento del 8,7%, duplicando el ritmo de expansión de las grandes consultoras. Según Emilio Álvarez, presidente del REA Auditores, la gestión del talento cobra cada vez más importancia en un contexto en el que la inteligencia artificial está automatizando numerosas tareas. En su opinión, es clave reforzar la visibilidad y el reconocimiento de la profesión, así como reducir la brecha entre la universidad y el mercado laboral, acercando a los jóvenes -incluso antes de iniciar sus estudios superiores- a las oportunidades que ofrece el sector. Asimismo, subraya la necesidad de definir los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado, en línea con las tendencias que están configurando el futuro del trabajo. Entender los cambios generacionales, añade, será fundamental para adaptar la profesión a las expectativas y valores de los más jóvenes.

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