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(Expansión, 12-12-2025) | Laboral

Luz verde a la "paguilla" de Navidad de los funcionarios: recibirán 970 euros de media

Con la aprobación definitiva en el Congreso del marco plurianual para el incremento salarial de los funcionarios y empleados públicos, quedan autorizados los pagos inmediatos que comenzarán a recibir en los próximos días los 3,5 millones de trabajadores de la Administración y de las empresas públicas. Así se materializa el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que establece una subida total del 11% entre 2025 y 2028. Este aumento incluye un 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y de carácter consolidable. En la Administración Central, este importe se abonará en un pago separado durante diciembre. A esto se suma un incremento del 1,5% previsto para 2026, junto con un 0,5% variable que se aplicaría en el primer trimestre de 2027 si la inflación de 2026 supera el 1,5%. Para 2027 se contempla una subida del 4,5%, y para 2028, otro 2%. En conjunto, y teniendo en cuenta los efectos de consolidación, los salarios habrán aumentado un 11,4% al final del periodo. De esta forma, además de la nómina de diciembre y la paga extraordinaria, los empleados públicos recibirán un ingreso adicional a modo de "paguilla" navideña, correspondiente a los atrasos generados desde enero por el 2,5% pendiente. Para un salario público medio de 3.232 euros mensuales en doce pagas -según la EPA del INE-, este incremento supone 80,8 euros más al mes, lo que eleva el pago de atrasos a unos 970 euros. Sin embargo, esta cuantía varía según el nivel salarial. En el tramo más bajo, con sueldos de 806 euros mensuales, el pago extraordinario sería de 241 euros por todos los atrasos del año. En el extremo contrario, quienes perciben hasta 5.514 euros al mes recibirán alrededor de 1.654 euros. El decreto ley establece que los 540.000 empleados de la Administración Central cobrarán este complemento en diciembre. No obstante, se contemplan excepciones para el resto de administraciones y para las empresas públicas, que fijarán su propio calendario de pagos y atrasos dentro de la negociación sindical correspondiente. Dichos abonos podrán repartirse entre 2026, 2027 y 2028. El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto ley que actualiza el salario del personal público con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de grupos parlamentarios.

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(El Economista, 12-12-2025) | Laboral

Los sindicatos discrepan del informe de los expertos y presionan para subir el SMI más de un 4,7%

Los sindicatos planean lanzar una "ofensiva salarial" en 2026, estrategia que también trasladarán a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El comité de expertos que asesora al Gobierno hará público este viernes su informe, en el que propone aumentar el SMI un 4,7% si empieza a tributar o un 3,1% si queda exento del IRPF, según avanzó El País. CCOO y UGT, sin embargo, no comparten estas cifras y defenderán ante Yolanda Díaz una subida más elevada que no afecte negativamente a los pluses salariales. Aunque los responsables económicos de ambos sindicatos forman parte del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, fuentes conocedoras del proceso explican a elEconomista.es que esta vez el documento no se ha aprobado por unanimidad. La discrepancia sindical ha llevado a que el informe salga adelante solo por mayoría, mientras que CCOO y UGT apoyarán ante el Gobierno la propuesta que ya presentaron y que planteaba una subida del 7,5%. A falta de conocer el informe completo y las reacciones oficiales de Economía, Hacienda y Trabajo, las fuentes sindicales consultadas rechazan el criterio técnico elegido para calcular la recomendación. El método utilizado genera dos resultados muy diferentes cuando se contempla la opción de que el SMI tribute, especialmente en términos brutos -la variable que utiliza el Gobierno-, pues el salario neto depende de la situación personal de cada trabajador. En el informe anterior, el comité ofreció dos porcentajes y Trabajo escogió el más alto, del 4,4%. Sin embargo, el encargo de presentar dos escenarios (con y sin tributar) ha llevado a los expertos a optar por una única metodología para evitar multiplicar las cifras. Ya hace dos semanas, los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT denunciaron que se estaba cambiando el criterio, anticipando así la discrepancia. Según fuentes próximas al debate, el comité se ha inclinado por la fórmula que el año pasado arrojaba un porcentaje menor. De este modo, la recomendación más alta se queda en un 4,7% (1.240 euros), lejos del 7,5% (1.273 euros) que reclaman los sindicatos. El cálculo se basa en la tasa interanual de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) aplicada sobre la Encuesta de Estructura Salarial (EES), en lugar de usar el promedio del último año, que elevaría el resultado. Por ello, aunque respetan el análisis del comité, los sindicatos insisten en que defenderán una subida mayor ante el Gobierno, conforme a su propuesta técnica. No pretenden entrar en discusiones sobre si la subida debe ser del 5% o del 6%, sino respaldar la fórmula aplicada para el incremento de 2025, que supondría 33 euros brutos más, de los que una parte significativa acabaría en IRPF. CCOO y UGT ya se habían mostrado favorables a que el SMI tribute a partir de 2026, y es este el escenario que manejan, al igual que las organizaciones empresariales, que plantearon una subida del 1,5%. De hecho, los expertos recomiendan un aumento incluso mayor que el de los sindicatos si el SMI no paga IRPF: 3,1% (1.221 euros) frente al 2,7% (1.216 euros). Este incremento solo reflejaría la evolución de la inflación, dado que se considera cumplido el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio neto. Aun así, más allá de la cifra, la principal preocupación sindical este año es limitar los complementos salariales que las empresas pueden compensar o absorber al aplicar la subida del SMI. El Gobierno se comprometió a regular esta cuestión durante la negociación del año pasado y, por ello, los sindicatos creen que no tendría sentido aprobar un decreto separado. Están incluso dispuestos a retrasar la subida si con ello se garantiza que esta restricción quede reflejada.

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(El Confidencial, 12-12-2025) | Laboral

España es el gran país europeo con la regulación laboral más lesiva para las empresas

España lleva décadas arrastrando un déficit estructural de inversión empresarial que no logra corregir, especialmente en el ámbito de la innovación. En 2024, el gasto privado en I+D representó únicamente el 0,84% del PIB, una cifra que apenas alcanza la mitad de la media europea, situada en el 1,52%. Estos datos alejan al país de su objetivo histórico de converger con los niveles de riqueza y productividad de los grandes socios del euro. Ese mismo año, las compañías alemanas destinaron un 2,14% del PIB a investigación y desarrollo, mientras que las suecas lideraron Europa con un 2,61%. Las raíces de este problema de inversión productiva se encuentran, en gran parte, en el marco regulatorio. Así lo revela la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigida al tejido empresarial europeo. Una gran mayoría de compañías españolas -independientemente de su tamaño o sector- considera que la regulación supone un freno para invertir. Además, esta percepción ha aumentado con fuerza en los últimos años, reflejando el creciente malestar empresarial ante las políticas del actual Gobierno de coalición. El 79% de las empresas españolas afirma que la normativa laboral obstaculiza su inversión, ocho puntos más que el año anterior. En este periodo, el Ejecutivo ha protagonizado múltiples choques con las organizaciones empresariales: desde las sucesivas subidas del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones sociales hasta la propuesta de reducir la jornada laboral o ampliar los permisos retribuidos. España se sitúa así como el tercer país de la UE donde las empresas critican más la regulación del mercado laboral, solo por detrás de Grecia y Chipre. La brecha respecto a la media europea es notable: 79% frente al 65%. En Estados Unidos, el porcentaje desciende al 54%, lo que evidencia que el entorno normativo europeo -y especialmente el español- resulta menos favorable para atraer inversión frente a potencias como EE. UU. o China. La situación ha empeorado claramente respecto a 2017, el último año previo al actual ciclo político. Entonces, un 60% de las empresas detectaba trabas regulatorias en el ámbito laboral; hoy la cifra se eleva al 76%. El deterioro es especialmente acusado entre las grandes corporaciones, que son precisamente las que más aportan en inversión tecnológica e innovadora. A las dificultades laborales se suman las restricciones derivadas del conjunto de regulaciones empresariales vigentes. El 81% de las compañías afirma que estas normas constituyen un obstáculo para invertir. La superposición normativa de administraciones locales, autonómicas y estatales dificulta la unidad de mercado y limita el crecimiento empresarial dentro del país. Este impacto negativo también es mayor en España que en la media de la UE. Nuestro país es el cuarto con peor resultado -solo superado por Grecia, Alemania y Portugal-, frente a una media comunitaria del 69% de empresas que consideran que la regulación empresarial frena la inversión, frente al 81% registrado en España. Existen otros factores donde España obtiene peores cifras que el promedio europeo, aunque las diferencias no son tan acusadas. Por ejemplo, el acceso a la financiación presenta una brecha de siete puntos, debido en parte al escaso desarrollo del mercado de deuda. También se detectan carencias en infraestructuras de transporte, un aspecto que afecta especialmente a las pymes. Solo en dos ámbitos España presenta mejores resultados que el entorno comunitario: los costes energéticos -beneficiados por la expansión de las energías renovables- y la demanda interna, favorecida por el dinamismo del consumo privado en los últimos años.

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(Expansión, 11-12-2025) | Laboral

La hucha de las pensiones alcanza 14.000 millones de euros en 2025

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha de las pensiones', cerrará este ejercicio con más de 14.000 millones de euros, su cifra más elevada desde diciembre de 2017. En lo que va de año ha recibido aportaciones por 4.307,16 millones de euros: 3.970,31 millones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y 319,1 millones derivados de los rendimientos del propio Fondo, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los 17,75 millones restantes provienen de las contribuciones realizadas por las mutuas colaboradoras. A fecha de 30 de noviembre, el Fondo alcanzaba un valor de 13.683,81 millones de euros, gracias principalmente al MEI, una cotización adicional por contingencias comunes aplicada a empresas y trabajadores que se refleja en las nóminas. Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, las aportaciones acumuladas por esta vía suman 9.764,57 millones de euros. El Fondo de Reserva está invertido casi íntegramente en Deuda Pública española. El Comité de Gestión es el encargado de decidir la estrategia de inversión, considerando la evolución de los mercados financieros, los criterios establecidos y la normativa aplicable. El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha destacado que "el Fondo de Reserva, que vuelve a recibir aportaciones desde 2023, representa la prueba más evidente del fortalecimiento del sistema de la Seguridad Social y constituye un respaldo adicional para afrontar los desafíos demográficos del futuro".

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(El País, 11-12-2025) | Laboral

Los salarios de convenio crecen un promedio del 3,5%, por encima de la inflación

Los salarios fijados en los convenios colectivos hasta noviembre han aumentado un 3,49% respecto al año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. Este repunte es significativo y supera en casi un punto la inflación media acumulada hasta ese mes (2,7%). La mejora del poder adquisitivo es aún más notable si se observan solo los convenios firmados durante 2025, cuyo incremento medio alcanza el 4,15%. Esta subida supera ampliamente la recomendación del 3% fijada para este año en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) pactado por sindicatos y patronales en 2023. Todas estas cifras aparecen en un momento clave, cuando el Ministerio de Trabajo está a punto de reunir de nuevo a empresarios y sindicatos para negociar el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). La estadística de convenios es un registro administrativo que refleja la evolución de las tablas salariales pactadas, no el salario real percibido por los trabajadores. Según la información publicada, los 3.130 convenios con efectos económicos en 2025 presentan un incremento del 3,49%. Este dato se refiere únicamente a los 9,65 millones de asalariados cubiertos por estos acuerdos, lejos de los cerca de 19 millones de empleados por cuenta ajena registrados en España. Dentro de este colectivo, 3,97 millones de trabajadores cuentan con aumentos superiores al 3%, mientras que otros 3,69 millones tienen subidas de entre el 2,5% y el 3%. Cerca de 1,5 millones se sitúan entre el 1,5% y el 2,5%, rozando la pérdida de poder adquisitivo. Además, unos 400.000 empleados apenas ven variación en sus tablas salariales, con incrementos inferiores al 1,5%. Por sectores, los mayores avances salariales para 2025 se concentran en las actividades científicas y técnicas (4,87%) y en los servicios sanitarios y sociales (4,8%). En el extremo contrario se encuentra el suministro de energía (1,56%) y la agricultura (2,04%), ambos por debajo del ritmo de los precios. En el plano territorial, los Baleares encabezan las subidas (6,04%), mientras que la Región de Murcia registra los menores incrementos (2,73%). Si se analizan solo los 683 convenios suscritos en 2025, que afectan a 2,28 millones de personas, la subida media alcanza el 4,15%. Este avance supera claramente las pautas fijadas en el AENC de 2023, que proponía incrementos del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025. Aunque estas referencias no son obligatorias, sirven de orientación en la negociación colectiva. A pocas semanas de que expire el AENC vigente, el otro debate salarial relevante es el relacionado con el SMI. El Ministerio de Trabajo publicará en breve el informe solicitado a expertos sindicales, académicos y del propio Gobierno, en el que deberán proponer cuánto debe aumentar el salario mínimo para alcanzar el 60% del salario medio, tal como acordaron PSOE y Sumar. Las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, sostienen que el SMI ya se sitúa en ese nivel según los últimos datos de la EPA, y por ello plantean un aumento moderado del 1,5%, igual al previsto para los empleados públicos. Su apoyo, no obstante, está condicionado a que el Ministerio no modifique la regulación sobre absorción de complementos salariales. Trabajo, sin embargo, ha asegurado a los sindicatos que eliminará por decreto la posibilidad de que las empresas compensen la subida del SMI suprimiendo pluses. Los sindicatos, por su parte, ya han advertido que no respaldarán ninguna propuesta que no incluya esa garantía. Además, reclaman una subida del 7,5% para que el SMI empiece a contribuir al IRPF y el salario neto resultante permita mantener el poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

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(El Confidencial, 11-12-2025) | Laboral

Los salarios en España pierden poder adquisitivo por primera vez en dos años y medio

Las personas trabajadoras aún no han logrado recuperar completamente el poder adquisitivo perdido durante la reciente etapa de fuerte inflación, cuando la situación económica vuelve a complicarse. El repunte de los precios, unido a una moderación en el crecimiento de los salarios, está generando una nueva merma en la capacidad de compra a lo largo de 2025. Según los datos publicados por el INE correspondientes al tercer trimestre, el salario por hora trabajada ha aumentado un 2,3% en los últimos doce meses, mientras que los precios han avanzado hasta un 2,8%. Esta diferencia se traduce en una caída del poder adquisitivo de medio punto, el primer retroceso desde comienzos de 2023, aunque entonces la inflación superaba el 5%. La pérdida de capacidad de compra tampoco afecta por igual a todas las actividades económicas. El sector público, la sanidad y la educación son los más perjudicados debido a la congelación salarial vigente hasta ahora. También se observa un deterioro en sectores vinculados a la energía y al suministro de agua. Incluso ramas como la hostelería y el comercio han experimentado una reducción cercana al 1%, pese a su elevada demanda de personal. Por el contrario, transporte y logística, construcción y servicios administrativos figuran entre los sectores que más han mejorado su poder adquisitivo, con incrementos superiores al 2%. Todo indica que esta tendencia continuará en los últimos meses del año. Por un lado, la desaceleración en el crecimiento de los salarios parece consolidada. Por otro, los precios han mantenido su trayectoria al alza. En cuanto a las remuneraciones, la subida interanual del verano se situó en el 2,3%, el registro más bajo desde finales de 2021, cuando España dejaba atrás el impacto de la pandemia. Estos datos generales contrastan con los incrementos recogidos en los convenios colectivos, que alcanzan el 3,3%. Esto significa que, aunque por poco margen, las personas amparadas por convenio aún mantienen su poder adquisitivo. Dos elementos explican la contención salarial actual. El primero es la falta de actualización de las retribuciones en el sector público, pendiente todavía de aprobación definitiva. Esta congelación afecta a ámbitos como la Administración, la sanidad y la educación, con un impacto significativo en el conjunto de la economía. El segundo factor es la creación intensa de empleo en sectores caracterizados por salarios más reducidos, como el comercio, el transporte, la logística y la construcción. En algunos de ellos -como el comercio-, el salario real por hora incluso ha disminuido a lo largo del último año.

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(El País, 11-12-2025) | Laboral

Trabajo denunciará a la Generalitat Valenciana ante la Fiscalía por anular una sanción por la muerte de un trabajador en la dana

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles que su departamento remitirá a la Fiscalía la actuación de la Generalitat Valenciana por haber revocado una sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a una Unión Temporal de Empresas (UTE). La sanción estaba relacionada con la tragedia ocurrida durante la dana del 29 de octubre del año pasado, cuando un trabajador murió después de ser obligado a trabajar en esas condiciones, según explicó la vicepresidenta segunda. Díaz comenzó su intervención leyendo declaraciones de la madre del fallecido publicadas en Las Provincias. "El trabajo de mi hijo consistía en revisar puentes para detectar deficiencias y que otros las repararan. No tenía por qué estar en la carretera ese día; lo mandaron a la muerte", afirma la madre de Luis Ángel Sáiz Rodríguez, fallecido el 29 de octubre. El medio señala que ha presentado una querella criminal para exigir responsabilidades penales a la UTE empleadora. Tras estas palabras, Díaz recalcó que "la empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, poniendo en riesgo su vida". "Falleció de camino a casa porque alguien decidió que la productividad valía más que su integridad, que su vida", añadió. "La Inspección de Trabajo actuó. ¿Y qué hicieron el señor Mazón y el PP en Valencia? A pesar de que la Inspección levantó acta, la anularon", denunció Díaz, antes de anunciar la reacción de su ministerio: "Vamos a acudir a la Fiscalía, aunque hayan revocado el acta de infracción. ¿Piensan, señorías del PP, que cuando actúa la Inspección de Trabajo un cargo político puede llegar después y dejar sin efecto un acta tras la muerte de un trabajador? Eso no es respetar las instituciones. Es corrupción política y moral". El Ministerio de Trabajo precisa que la anulación de la sanción fue decidida por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que argumenta que no puede atribuirse responsabilidad al empresario cuando el accidente deriva de una fuerza mayor. El Ministerio rebate este planteamiento, al sostener que una catástrofe como la dana no exime del cumplimiento de las obligaciones preventivas. La tormenta dejó 229 víctimas mortales en Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. El anuncio de Díaz se produjo como parte de su réplica en el Congreso a la portavoz del PP, Ester Muñoz, durante la sesión de control al Gobierno. La ministra presentó este caso como ejemplo de "deterioro institucional", después de que Muñoz la acusara de lo mismo por continuar en el Ejecutivo pese a los supuestos casos de corrupción y acoso sexual vinculados al PSOE. "Señora vicepresidenta, ¿cómo puede soportar el hedor nauseabundo que la rodea? ¿Qué más tiene que ocurrir para que abandone el Gobierno?", le espetó Muñoz, acusándola de "priorizar el cálculo político sobre las víctimas". Añadió además que "la hipocresía es el precio que paga por su piso oficial", aludiendo a unas declaraciones de José Luis Ábalos antes de ingresar en prisión, donde cuestionaba el uso de dicho inmueble. Díaz negó tales acusaciones y defendió la total legalidad de su situación. Antes de anticipar su denuncia ante la Fiscalía, la titular de Trabajo respondió a Muñoz asegurando que condena el machismo "venga de donde venga" y reprochó al PP que no respalde las iniciativas del Gobierno destinadas a combatir la corrupción.

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(El Periódico, 11-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social podría suspender tu jubilación o invalidez en 2026 si no cumples con este requisito

Las personas que reciben una pensión no contributiva (PNC) de jubilación o invalidez en España deben estar especialmente atentas a un trámite que se repite cada año y cuya omisión puede provocar consecuencias importantes sobre el cobro de la prestación. Se trata de la declaración anual de ingresos, un documento esencial para que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en colaboración con las Comunidades Autónomas, pueda comprobar que la persona beneficiaria continúa cumpliendo el requisito básico de carencia de rentas. Aunque ahora se haga referencia al año 2026, se trata de una obligación que se renueva cada ejercicio. De cara al próximo año, quienes perciben la PNC deberán presentar los ingresos correspondientes al año anterior y una estimación para el año en curso. Habitualmente, el plazo máximo para evitar la suspensión del pago se sitúa antes del 1 de abril, por lo que la declaración debe presentarse dentro del primer trimestre de 2026. ¿Para qué sirve esta declaración? Las pensiones no contributivas -que tendrán un aumento aproximado del 5 % en 2026- están dirigidas a personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva, y cuyos recursos económicos son insuficientes. En 2025, el límite de ingresos individual se fija en 7.905,80 euros anuales, si bien esta cifra es mayor cuando la persona beneficiaria convive con familiares. La declaración anual es el instrumento con el que la Administración comprueba que el pensionista, o la unidad económica en la que vive, continúa dentro de los límites de renta establecidos legalmente. En el formulario deben reflejarse todos los ingresos brutos del ejercicio anterior -ya provengan del trabajo, prestaciones, capital u otras fuentes- junto con una previsión de los ingresos del año en curso. La normativa es contundente: si la declaración no se presenta dentro del plazo marcado, el Imserso interrumpirá el pago de la pensión hasta que se regularice la situación. Una vez entregada y verificado que se cumplen los requisitos, se reanudarán los pagos; sin embargo, la suspensión genera una situación evitable de inseguridad y dificultades económicas. El trámite puede realizarse tanto de forma presencial ante el organismo autonómico correspondiente como por vía telemática, dependiendo de cada Comunidad Autónoma. Es importante insistir en que la obligación de presentarla recae directamente sobre la persona que recibe la pensión. Asimismo, además de esta declaración anual, los beneficiarios deben comunicar a la Administración -en un plazo de 30 días- cualquier cambio en la composición familiar, estado civil, domicilio o situación económica que pueda influir en la prestación. La mejor forma de evitar problemas en 2026 es recordar esta obligación periódica y asegurarse de que la documentación esté presentada antes del 1 de abril.

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(El Economista, 11-12-2025) | Laboral

Casi la mitad de los empleados del sector público ya tiene más de 50 años

El envejecimiento de los trabajadores es un desafío especialmente acuciante en las Administraciones públicas españolas. Según los últimos datos del INE -correspondientes al tercer trimestre del año- casi la mitad de los empleados públicos, un 45,9%, supera los 50 años, lo que obligará a planificar su sustitución durante los próximos 15 años. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital ya ha iniciado conversaciones con los sindicatos, aún no existe una solución definida. Un tercio del personal del sector público tiene más de 55 años: el 16,1% está entre los 55 y los 59 años; el 12,5% entre 60 y 64; el 1,8% tiene entre 65 y 69; y solo el 0,1% llega a los 70 o más. Además, esta situación se ha agravado desde la pandemia. En seis años, el peso de los mayores de 60 ha aumentado 3,9 puntos, pasando de representar el 0,8% del total a finales de 2019 al 1,8% en el tercer trimestre de 2025, último con datos disponibles. El informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, titulado Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, sitúa la edad media de los funcionarios este año en 49,89 años. El 57% del personal tiene más de 50 años -en 2024 era el 60%-. El colectivo más envejecido es el de los empleados laborales fijos, cuya media es de 51,94 años; los más jóvenes, los temporales, que rondan los 40,5 años, y los interinos, con 45,15. Con este panorama, se calcula que dentro de una década casi la mitad de la plantilla actual (un 49,53%) ya estará jubilada, lo que supone 89.690 personas -menos que las 95.640 previstas el año pasado-. Para compensar estas salidas, el ministerio estima que deberá incorporar a 107.754 nuevos trabajadores en diez años: 84.533 funcionarios de carrera y 23.221 empleados laborales fijos. Para ello, la AGE se apoya en la Oferta de Empleo Público como principal mecanismo de renovación, que este año incluye 36.588 plazas. Dado que es un reto estructural para todo el sector público, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2026-2028, firmado hace dos semanas con UGT, CSIF y CCOO, incorpora medidas específicas para mejorar la planificación del personal. Entre ellas, el compromiso de prever las jubilaciones parciales para favorecer la entrada de nuevos profesionales. Además, se implantará un modelo alternativo al actual para diseñar las Ofertas de Empleo Público -lo que apunta a eliminar la tasa de reposición- y se reforzarán los programas de becas y ayudas para facilitar el acceso de los jóvenes a los procesos selectivos. Otra medida relevante es la reactivación de la jubilación parcial para el personal laboral, en vigor desde abril -como en el sector privado-. En junio se convocaron 1.000 plazas para atender las solicitudes recibidas, y el Ministerio se comprometió a tramitarlas mediante un sistema centralizado en un máximo de seis meses. Por otro lado, la tramitación de la Ley de Función Pública sigue estancada en el Congreso desde hace tres meses. La ponencia se constituyó en septiembre y debe elaborar una versión que incorpore la propuesta inicial junto a las enmiendas acordadas, entre ellas la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios y personal sanitario. Esta modalidad desapareció en 2012, durante los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, y aún no ha sido restituida. El compromiso de recuperarla se recogió por primera vez en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2022-2024, firmado en octubre de 2022. Su desarrollo avanzó en diciembre del año pasado, cuando el ministro Óscar López formalizó la intención de restablecer este derecho. El proceso se reactivó en febrero, cuando el PSOE registró 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública, que afectan también al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley General de la Seguridad Social -para definir requisitos como la edad, cotización o reducción de jornada- y a la Ley de Clases Pasivas, que igualmente tendrá que modificarse para contemplar esta posibilidad de retiro.

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(Cinco Días, 10-12-2025) | Laboral

CEOE propone una subida del salario mínimo del 1,5%, hasta los 1.202 euros mensuales en 2026

Las organizaciones empresariales plantean que el salario mínimo quede sujeto al IRPF, sostienen que ya supera el sueldo medio en España y vinculan cualquier incremento a la subida prevista para los empleados públicos. La CEOE y Cepyme proponen elevar en 2026 el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas (16.824 euros al año). Además, consideran que esta remuneración debería tributar en el IRPF. Esta es la propuesta oficial que la patronal llevará a la mesa de negociación con el Gobierno y los sindicatos una vez que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, convoque el diálogo con los agentes sociales. La reunión tripartita, que es consultiva ya que la decisión final sobre el SMI corresponde al Ejecutivo, se celebrará después de que la Comisión Asesora del Ministerio emita su recomendación con una horquilla de incremento. Según las patronales, su propuesta va en línea con la subida prevista para los funcionarios en 2026 y, dado que el SMI ya alcanzaría el 60% del salario medio -el criterio que defiende el Ministerio-, no habría motivo para un aumento adicional. "Si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, tomando como válida la referencia del Ministerio de Trabajo, no correspondería aplicar ninguna subida en 2026", afirman las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel. La subida de 18 euros mensuales frente a los 1.184 actuales aleja a los empresarios de las posiciones sindicales. Tanto UGT como CCOO reclaman un incremento mucho mayor: un 7,5%, hasta 1.273 euros brutos mensuales en catorce pagas, también sujeto a IRPF. En cualquier caso, la propuesta empresarial, que afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, quedará previsiblemente por debajo del planteamiento que adopte el Gobierno tras recibir la recomendación de los expertos. Uno de los principios de esta Comisión es que el SMI debe, como mínimo, igualar la inflación, que cerrará el año en torno al 2,7%. Así, la propuesta de CEOE y Cepyme queda 1,2 puntos por debajo del IPC. El Ministerio de Trabajo recuerda, tras conocer la postura sindical -que acepta aplicar IRPF pero exige una subida fuerte-, que la Comisión Asesora debe elaborar una horquilla que contemple ambos escenarios: tanto si el salario está sujeto a tributación como si no. En cualquiera de los casos, se tomará como referencia el objetivo del 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea. Entre los argumentos empresariales para justificar el alza del 1,5%, la patronal subraya que, según la EPA, el SMI ya sobrepasa ese 60% del salario medio neto utilizado como guía por Trabajo. La CEOE y Cepyme defienden la EPA frente a la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que usa el grupo de expertos del Ministerio, porque esta última excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o trabajo doméstico, lo que "distorsiona al alza" el cálculo del salario medio. "Precisamente estos sectores, que emplean mucha mano de obra y donde el SMI tiene mayor incidencia, quedan fuera de la EES, provocando que el salario medio que se obtiene sea más alto de lo real y que el SMI resultante quede inflado", explican las organizaciones. Por el contrario, sostienen que la EPA incluye estos sectores y constituye una estadística "más precisa y representativa" para efectuar estos cálculos. Además, sus datos son más recientes: los últimos corresponden a 2024, mientras que la EES toma como referencia cifras de 2023. Según los datos de la EPA para 2025, el SMI debería situarse en 15.760 euros brutos anuales, es decir, 816 euros menos que los 16.576 fijados este año. "En otras palabras, el SMI actual es un 4,9% más alto de lo que debería ser", advierte la patronal.

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