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(Cinco Días, 06-05-2026) | Laboral

El seguro pacta un nuevo convenio colectivo para sus 75.000 trabajadores hasta 2028

El sector asegurador ha alcanzado un acuerdo para renovar su marco laboral durante los próximos años. Las organizaciones empresariales -Unespa (aseguradoras y reaseguradoras), AMAT (mutuas de accidentes de trabajo), Asecore (corredurías de reaseguro) y CEM (mutualidades de previsión social, como las de abogados o procuradores)- han firmado junto a los sindicatos CC OO y UGT un nuevo convenio colectivo que afectará a unos 75.000 trabajadores. Este incluye una subida salarial del 3,5% para 2025, con efectos retroactivos. El acuerdo establece las bases de las relaciones laborales en el sector para un periodo de cuatro años. Para los ejercicios comprendidos entre 2026 y 2028, las revisiones salariales se regirán por el sistema habitual, vinculado a la evolución del PIB y ajustado por el IPC. Ya en febrero, CC OO adelantó un preacuerdo que estimaba un incremento total cercano al 14% en ese periodo. Como novedad, se han afinado los criterios de cálculo de estas subidas, incorporando más tramos en los indicadores para lograr que el resultado sea más flexible y refleje mejor las variaciones económicas durante la vigencia del convenio. En materia salarial, se fija una retribución mínima global para los próximos años de entre 18.000 y 20.000 euros. Además, desaparece el nivel profesional más bajo -el nivel 9- al haber quedado desfasado por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. El complemento de comida también se incrementará de forma progresiva, pasando de 11,30 euros diarios en 2025 a 13 euros en 2027 y 2028. En cuanto a la previsión social, las empresas deberán aumentar su aportación al seguro de aportación definida, similar a un plan de pensiones, que crecerá desde el 1,9% del salario en 2025 hasta el 2,5% en 2027. El convenio introduce además nuevas medidas de conciliación. Se crea un permiso específico para trabajadores con hijos con una discapacidad superior al 33%, que les permitirá asistir a tres reuniones escolares o tutorías durante el curso. Asimismo, dentro del permiso anual de 24 horas para asuntos propios, se habilita la posibilidad de utilizar 16 horas como tiempo retribuido y no recuperable para acudir a consultas médicas propias. También se contempla que las personas en tratamiento oncológico que puedan seguir trabajando tengan la opción de hacerlo en modalidad de teletrabajo, facilitando así la compatibilidad con sus cuidados médicos. Por último, el texto incorpora otras novedades relevantes, como la adaptación a la normativa europea sobre inteligencia artificial y la inclusión de medidas orientadas a garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, junto con un protocolo específico de actuación.

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(El País, 06-05-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba 27.232 nuevas plazas de empleo público para la Administración central, una oferta similar a la de 2025

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el Consejo de Ministros, a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla 27.232 nuevas plazas para la Administración General del Estado (AGE). De ellas, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna. Si se añaden las 9.785 plazas ya previstas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, el total supera ligeramente las 37.000, según explicó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión del Ejecutivo. En conjunto, la cifra es algo superior a la de 2025 (36.588 plazas), aunque se queda unos 3.000 puestos por debajo del máximo alcanzado en 2024, cuando se superaron las 40.000. Los sindicatos del ámbito público -CCOO, UGT y CSIF- ya han mostrado su rechazo a esta oferta y prevén no apoyarla por segundo año consecutivo. Por un lado, critican no haber conocido los detalles hasta el mismo día de su aprobación, lo que consideran una falta de transparencia y de diálogo. Por otro, consideran insuficiente el volumen de plazas, ya que el Gobierno ya había anticipado que sería similar al del año anterior, algo que, a su juicio, no permite generar el empleo neto necesario en la Administración. Según indicó López, una de las principales novedades de la OEP de 2026 es su enfoque en la digitalización de los servicios públicos. En este sentido, se incluyen 1.700 plazas para especialistas en tecnologías de la información, un 42% más que en la convocatoria anterior. Además, por primera vez se organizarán procesos selectivos por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de incorporar perfiles en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. El ministro destacó que el uso de servicios digitales públicos en España supera la media europea (83% frente a 75%) y que el país se sitúa siete puntos por encima en digitalización de la Administración, según datos de la Comisión Europea. Aun así, el Ejecutivo pretende incrementar en un 25% los trámites digitales. "Queremos trasladar al sector privado que la digitalización servirá para transformar el empleo, no para destruirlo", afirmó. Como ejemplo, López subrayó que esta oferta permitirá crear unos 6.200 empleos netos en la Administración central, es decir, más incorporaciones que salidas. No obstante, esta cifra apenas mejora en unos 800 puestos la del año anterior (5.400), lo que también ha contribuido al rechazo sindical, que reclama un mayor refuerzo de las plantillas. Otra de las novedades es la inclusión de 346 plazas dentro de una oferta extraordinaria destinada a afrontar retos relacionados con la emergencia climática, con perfiles como meteorólogos, ingenieros de montes o especialistas forestales. Desde Función Pública se ha señalado que la planificación de esta oferta responde a tres grandes prioridades: avanzar en la digitalización, mejorar los servicios esenciales y reforzar áreas estratégicas. Según el ministerio, se busca dar respuesta inmediata a necesidades urgentes derivadas del contexto político, económico y medioambiental. Sin embargo, los sindicatos han criticado que no se haya contemplado una oferta extraordinaria para reforzar los servicios encargados de la regularización de inmigrantes, un ámbito en el que, según denuncian, ya se están produciendo retrasos y problemas por falta de personal suficiente.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Junts propone que los autónomos accedan al "paro" automáticamente al cerrar su negocio

Junts ha optado por liderar en el Congreso las reivindicaciones de los trabajadores autónomos. Así lo ha evidenciado en las últimas semanas su portavoz, Míriam Nogueras, al supeditar el respaldo de su grupo a las iniciativas del Gobierno a que se atiendan las demandas de este colectivo. Además, la formación ha presentado una proposición de ley en la Cámara Baja para reformar el RETA y corregir algunos de los problemas más señalados, especialmente los relacionados con el cese de actividad. Existe un consenso general entre el Gobierno, los agentes sociales y los partidos políticos sobre la necesidad de reformar el llamado "paro de los autónomos", ya que más del 60% de las solicitudes son denegadas. Aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció su intención de abordar esta cuestión al asumir el cargo, todavía no se ha materializado ninguna reforma, lo que ha llevado a Junts a impulsar cambios desde el Parlamento. Entre sus propuestas, destaca la concesión automática de la prestación por cese de actividad a aquellos autónomos que cierren definitivamente su negocio y se den de baja en el censo de empresarios. También plantea flexibilizar los requisitos para acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que impidan continuar con la actividad. Por ejemplo, propone reducir del 60% al 50% el recorte de jornada exigido a los trabajadores o bajar del 75% al 65% la caída de ingresos necesaria para justificar la solicitud. En el ámbito de la protección social, Junts defiende que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda actualmente reservada a trabajadores asalariados que han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente. Esta reivindicación cuenta con el respaldo de organizaciones como ATA, UPTA y UATAE. De hecho, ya fue planteada por la CEOE durante la negociación de la reforma del subsidio por desempleo en 2023, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó nuevamente esta posibilidad en noviembre de 2025. Desde el Gobierno se insiste en que los autónomos no tienen acceso a este tipo de subsidios porque su situación laboral es distinta a la de los asalariados. Mientras tanto, las asociaciones del sector siguen vinculando esta demanda a la mejora del sistema de cese de actividad en sus conversaciones con la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo recuerda que esta prestación depende del Ministerio de Trabajo. La iniciativa de Junts también aborda las dificultades en la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, cuyo desarrollo se ha paralizado en 2026 por desacuerdos en la mesa de negociación. Como alternativa, el partido propone que sean los Presupuestos Generales del Estado los que establezcan cada año las bases de cotización, tanto en su modalidad general como reducida, dentro del RETA. Asimismo, plantea aumentar del 7% al 9% la deducción aplicable a los rendimientos por gastos generales. En el caso de autónomos con funciones de dirección o que posean más de la mitad del negocio junto a familiares, propone elevar esta deducción del 3% al 5%.

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(El Economista, 06-05-2026) | Laboral

Yolanda Díaz pide la creación de un fondo que financie bajas de autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este martes la necesidad de abordar la "reforma pendiente" del trabajo autónomo, que incluiría ajustes fiscales como la aplicación del régimen de IVA franquiciado. Este sistema permitiría eximir de este impuesto a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros al año. Durante la clausura del VII Foro ATA de Emprendedores y Autónomos, Díaz también planteó sustituir el actual modelo trimestral por una declaración anual del IRPF para los autónomos, con el objetivo de reducir tanto las cargas administrativas como el malestar que genera el sistema vigente. Según explicó, no se trata de un cambio profundo en la fiscalidad, pero sí supondría una mejora en las condiciones de trabajo del colectivo. En el ámbito de su ministerio, anunció que en la próxima conferencia sectorial de empleo propondrá a las comunidades autónomas medidas para fomentar el relevo generacional en negocios de autónomos que se jubilen. Para ello, se destinarán 15 millones de euros en el primer año, en un contexto en el que cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia se aproximan a la jubilación. Además, el Ministerio estudia incrementar en un 30% los fondos destinados a políticas activas de empleo para aquellas comunidades que impulsen este relevo, porcentaje que podría elevarse al 40% si la persona que toma el relevo es mujer. A esto se añadiría un 10% adicional en el caso de actuaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, con el fin de mantener la actividad económica en zonas despobladas. Díaz también apuntó la posibilidad de crear un fondo mixto, público-privado, similar a los existentes en países nórdicos, para financiar situaciones como bajas laborales, permisos, conciliación o cuidados en el caso de los autónomos. Asimismo, mencionó la futura puesta en marcha de una agencia pública de inversión específica para este colectivo, con líneas de financiación adaptadas, así como medidas para garantizar costes energéticos más competitivos, ayudas para renovar equipos o vehículos, acciones contra la morosidad y una reforma de la ley de segunda oportunidad que contemple un procedimiento propio para autónomos, similar al concurso de acreedores.

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(La Vanguardia, 06-05-2026) | Laboral

El empleo supera por primera vez los 22,1 millones de afiliados

La campaña de Semana Santa ha vuelto a impulsar el empleo esta primavera, pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo. Al celebrarse este año entre el 29 de marzo y el 5 de abril, el grueso de la actividad se concentró en abril, lo que favoreció un aumento de 223.685 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de 62.668 personas en paro registradas en el SEPE, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio. Gracias a este empuje, el número total de cotizantes ha superado por primera vez los 22 millones, situándose en 22,1 millones, mientras que el desempleo ha bajado hasta 2.357.044 personas, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. Este buen comportamiento llega tras un mes de marzo que ya marcó un récord en creación de empleo, con 211.510 nuevos afiliados respecto a febrero, impulsado en parte por las contrataciones previas a Semana Santa. Todo ello ocurrió en un contexto en el que ya comenzaban a notarse los efectos de la guerra en Irán, tanto en los precios como en la incertidumbre económica. Sin embargo, estos datos positivos contrastan con los resultados del primer trimestre recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), que mostraron un inicio de año débil para el empleo: la tasa de paro subió hasta el 10,83% y se destruyeron el doble de puestos de trabajo que en el mismo periodo del año anterior. Aun así, se trata de indicadores distintos, ya que uno se basa en registros administrativos y el otro en una encuesta. Tras esos datos negativos, los analistas apuntaban a la necesidad de esperar a los siguientes meses para determinar si se trataba de un deterioro estructural o de un efecto estacional, habitual en los primeros trimestres y agravado este año por la situación internacional. Los datos conocidos ahora indican que el mercado laboral ha resistido en abril, aunque con cierta moderación respecto a años anteriores. En términos desestacionalizados, el aumento fue de 41.753 afiliados y el paro bajó en 11.256 personas. Además, la Seguridad Social acumula ya 63 meses consecutivos de crecimiento, y el desempleo descendió en todos los sectores y comunidades autónomas. Durante algunos días del mes, entre el 27 y el 29 de abril, se superaron incluso los 22,2 millones de afiliados. No obstante, al cierre del mes se registró un repunte de bajas: más de 170.000 afiliaciones se dieron de baja el último día, lo que refleja una elevada rotación en el empleo. En cuanto a la participación de trabajadores extranjeros, no se han destacado aún efectos del reciente proceso de regularización iniciado el 16 de abril, aunque la contratación de este colectivo sigue siendo elevada: en abril se sumaron 96.684 afiliados extranjeros, lo que supone que cuatro de cada diez nuevos empleos fueron ocupados por ellos. El peso de la Semana Santa se aprecia claramente en la distribución sectorial del empleo: más de la mitad de las nuevas afiliaciones se concentraron en la hostelería (115.284 más) y el comercio (casi 15.000). También destacaron las actividades administrativas (más de 16.000 empleos), la construcción (11.353) y la sanidad (8.701). En cambio, el sector educativo registró una ligera caída de unos 1.200 trabajadores, algo poco habitual. Por su parte, el número de autónomos alcanzó un máximo histórico de 3.444.973, con un incremento de 15.439 respecto a marzo y de 42.775 en el último año. Sin embargo, se observaron descensos en el transporte (1.611 menos) y en las actividades científicas y técnicas (2.710 menos), posiblemente relacionados con el encarecimiento del combustible. En cuanto a la contratación, el número total de contratos cayó un 4% respecto a marzo. Los contratos indefinidos descendieron un 6%, mientras que los temporales lo hicieron un 3%. En términos interanuales, ambos tipos aumentaron: un 7% los indefinidos y un 13% los temporales. El peso de los contratos fijos bajó ligeramente, hasta el 43% del total. Dentro de estos, predominaron los indefinidos a tiempo completo, aunque disminuyeron respecto al mes anterior. La única modalidad que creció fue la de los fijos discontinuos, que aumentaron un 4%.

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(El Periódico, 06-05-2026) | Laboral

El Tribunal de Cuentas detecta 2.389 millones de fondos europeos destinados a pagar pensiones

El Tribunal de Cuentas ha dado su visto bueno a la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, aunque ha señalado algunas irregularidades. Entre ellas, destaca el uso de fondos europeos no utilizados para cubrir gastos como pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, por un total de 2.389,4 millones de euros. Estos recursos se destinaron a ese fin al considerar que no ponían en riesgo ni el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos del mecanismo europeo. No obstante, el Tribunal entiende que esta decisión debería haberse sustentado en una justificación jurídica más sólida. Según el organismo, esta situación es en parte consecuencia de la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, lo que obligó a realizar ajustes presupuestarios para hacer frente a un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros. De no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos, este incremento se habría financiado principalmente mediante deuda pública. El informe también subraya que la Seguridad Social acumula por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo, que a finales de 2024 alcanzaba los 106.138,7 millones de euros. Este desequilibrio se sostiene fundamentalmente gracias a préstamos del Estado, cuyo volumen total ascendía ese año a 126.170,2 millones, equivalentes al 7,91% del PIB. El Tribunal viene alertando de esta situación desde hace tiempo y considera necesario adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Por último, el órgano fiscalizador pone de relieve la existencia de un déficit estructural significativo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes -las bajas por enfermedad común- en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.

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(El Confidencial, 06-05-2026) | Laboral

Solo el 2,3% de los parados de marzo usaron el complemento de apoyo al empleo para compaginar el desempleo con un salario

España arrastra un problema estructural de desempleo incluso en fases de crecimiento económico. En el primer trimestre de 2026, el número de parados se situó en 2,7 millones, de los cuales un 35% llevaba en esa situación durante largos periodos. Además, la tasa de paro apenas desciende del 10% incluso en los momentos más favorables del ciclo, pese al dinamismo del mercado laboral tras la pandemia. La última reforma impulsada en 2024 para abordar esta situación -y vinculada a la recepción de fondos europeos- no ha dado los resultados esperados, según reconocen fuentes internas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La medida principal de esta reforma, el complemento de apoyo al empleo (CAE), no ha conseguido aumentar de forma significativa el número de desempleados que compatibilizan el cobro de prestaciones con la incorporación a un trabajo. Ante esta situación, el SEPE ha solicitado asesoramiento a la OCDE y a la Comisión Europea para analizar posibles mejoras. Tras varios encuentros en los que han participado el Ministerio de Trabajo, el propio SEPE y los agentes sociales, la OCDE prevé publicar un informe con recomendaciones entre octubre y noviembre, momento en el que el Gobierno valorará si introduce cambios. La aprobación de una nueva reforma no será sencilla, dado el complicado equilibrio político necesario en el Congreso y dentro del propio Ejecutivo. El acuerdo alcanzado en 2024, tras tensiones entre los ministerios de Economía y Trabajo, incluyó la puesta en marcha del CAE, el aumento de las cuantías del subsidio -aunque de forma decreciente- y la ampliación de la cobertura a colectivos antes excluidos. El CAE permite compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con un empleo, tanto a tiempo completo como parcial, con el objetivo de evitar que los beneficiarios rechacen ofertas laborales. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones. Solo puede aplicarse a partir del décimo mes de prestación contributiva -si esta supera el año-, cuando precisamente la reincorporación al mercado laboral ya resulta más difícil. Antes de la reforma, esta compatibilidad solo existía para quienes cobraban subsidios y trabajaban a tiempo parcial. Además, la cuantía del complemento -calculada en función del IPREM, congelado desde 2023- es decreciente y tiene una duración máxima de 180 días. A esto se suma que cada día en el que se utiliza el complemento resta un día de derecho a prestación, lo que reduce su atractivo. Estas condiciones generan varios problemas. Por un lado, el retraso en su aplicación limita su eficacia. Por otro, en muchos casos la suma del salario y el complemento resulta inferior a la prestación, lo que, unido a la pérdida de días de derecho, desincentiva la aceptación de empleo. La OCDE ya había advertido en un informe de noviembre de 2025 de la necesidad de reformar el sistema de subsidios, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, que pueden percibir ayudas de forma indefinida hasta la jubilación y cotizan por encima de lo que lo harían en empleos de bajos salarios. Entre sus recomendaciones figuraban restringir estas condiciones, endurecer los requisitos de acceso, acortar la duración de las ayudas y reforzar la obligación de búsqueda activa de empleo. A la espera del informe definitivo, se manejan algunas propuestas preliminares, como reducir la duración de los subsidios pero aumentar su cuantía mensual para facilitar la transición al empleo. También se estudian modelos aplicados en países como Francia, Países Bajos o Noruega. No obstante, los sindicatos rechazan medidas que penalicen a quienes no acepten ofertas laborales mientras las políticas activas de empleo sigan siendo poco eficaces, ya que los servicios públicos apenas logran insertar a los desempleados. Los datos más recientes reflejan el escaso impacto del CAE. En marzo de 2026, solo el 2,3% de los beneficiarios de prestaciones compatibilizaban el cobro con un empleo, frente al máximo del 5% alcanzado en noviembre de 2025. Desde su puesta en marcha a finales de 2024, apenas 40.857 personas han utilizado este complemento, frente a una media de 1,65 millones de perceptores de prestaciones. La mayoría de quienes lo utilizan pertenecen al nivel asistencial, donde las ayudas mensuales -entre 480 y 570 euros- hacen más necesario complementar ingresos.

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(Expansión, 05-05-2026) | Laboral

Las constantes subidas del salario mínimo sí estarían teniendo un impacto negativo en las actividades más sensibles a los incrementos

Entre 2019 y 2025, el salario mínimo interprofesional aumentó más de un 60% gracias a las subidas anuales aprobadas por el Gobierno. A pesar de ello, el empleo continuó creciendo con fuerza: las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron en más de 2,3 millones de personas en ese periodo (un 12% más), hasta alcanzar los 21,6 millones de cotizantes al cierre del año pasado. Esta cifra incluso ha sido superada recientemente, situándose en 21,8 millones de afiliados al finalizar el mes de marzo. No obstante, la evolución del mercado laboral no ha sido uniforme. Según el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz, en su análisis sobre la evolución de la afiliación entre 2019 y 2025, las sucesivas subidas del salario mínimo sí habrían perjudicado a ciertos sectores más vulnerables a estos incrementos. Se trata de actividades con mayor concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos, donde las empresas deben ajustarse cada vez que se eleva el salario mínimo. En estos ámbitos, el estudio detecta una caída del empleo que contrasta con el crecimiento general. En concreto, durante esos seis años, tanto el sector agrario (con 107.967 afiliados menos) como el de empleados del hogar (con una reducción de 57.290) han sufrido una notable destrucción de empleo, sumando en conjunto una pérdida de 165.257 cotizantes. A estos descensos se añaden pequeñas caídas en otros regímenes, como el del mar (-1.120) y el del carbón (-565), aunque en estos casos influyen factores distintos. Según el informe, el fuerte incremento del salario mínimo podría explicar, al menos en parte, la evolución negativa del empleo en el sector agrario y en el doméstico, ambos con caídas cercanas al 14%. Conviene recordar que un estudio de la Fundación ISEAK sobre la subida del salario mínimo en 2019 concluyó que su impacto negativo fue limitado, pero estimó una destrucción o menor creación de entre 27.000 y 30.000 empleos a tiempo completo. Además, señaló que los efectos fueron graduales y afectaron en mayor medida a mujeres, jóvenes e inmigrantes. El informe, encargado por el Ministerio de Trabajo, recomendaba evaluar con mayor profundidad futuras subidas del salario mínimo, considerando factores como el sector, el tamaño de las empresas o las diferencias territoriales. Por su parte, el Banco de España también analizó la subida del 22% aplicada en 2019, que situó el salario mínimo en 900 euros mensuales en catorce pagas. Sus conclusiones apuntaban a una pérdida de entre 98.000 y 180.000 empleos, especialmente en sectores con salarios más bajos, donde se observó una reducción en la contratación. Asimismo, advertía de que elevar el salario mínimo puede dificultar el acceso al empleo para determinados colectivos, como los parados de larga duración, y aumentar el riesgo de pérdida de empleo entre trabajadores con sueldos más reducidos. En línea con estos análisis, el informe reciente de Fedea insiste en el impacto significativo del aumento de los costes laborales en los sectores más expuestos a las subidas del salario mínimo. Precisamente, tener en cuenta la situación de sectores como el agrario o el empleo doméstico ha sido una de las principales demandas de las organizaciones empresariales en las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Estas organizaciones han solicitado medidas de apoyo, como bonificaciones, para compensar el aumento de costes en sectores que llevan años perdiendo afiliados. En este contexto, un estudio de Cepyme publicado a finales de 2022 estimó que las subidas del salario mínimo desde 2018 habrían provocado la pérdida de unos 217.000 empleos en España: alrededor de 71.600 puestos destruidos y otros 145.900 que no llegaron a crearse. El aumento del salario mínimo también ha tenido un efecto directo en los costes laborales, al elevar las bases mínimas de cotización que deben asumir las empresas. Según datos del INE, en los últimos siete años el coste de las cotizaciones sociales ha aumentado cerca de un 30% (un 29,2% en concreto), pasando de una media de 650,4 euros mensuales por trabajador en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025.

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(La Vanguardia, 05-05-2026) | Laboral

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros la oferta de empleo público de 2026

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno presentará este martes en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) correspondiente a 2026. En una entrevista en TVE, explicó que esta convocatoria pretende ser un ejemplo de modernización, orientada a impulsar la digitalización de la Administración y a incorporar perfiles especializados, como expertos en inteligencia artificial, sin que ello suponga pérdida de empleo, sino más bien su creación. López también destacó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado revertir los recortes aplicados durante años anteriores en el ámbito de la función pública. No obstante, matizó que el crecimiento no puede mantenerse de forma indefinida, por lo que el objetivo ahora es consolidar el nivel alcanzado, combinando la creación neta de puestos con el proceso de digitalización. La propuesta llegará al Consejo de Ministros tras varias reuniones con los sindicatos en la Mesa General de la Administración del Estado, sin que se hayan producido avances significativos en la negociación. Las organizaciones sindicales han criticado la falta de información por parte del Ministerio, ya que aseguran no conocer los detalles ni las cifras concretas de la oferta, motivo por el que aún no han dado su respaldo. En 2025, el Gobierno aprobó un total de 36.588 plazas, incluyendo las destinadas a fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, lo que supuso una reducción cercana al 9% respecto al año anterior, cuando se alcanzó un máximo histórico de más de 40.000 plazas. De ese total, 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado, con un 70% para nuevo ingreso y un 30% para promoción interna. Aunque desde el Gobierno se ha trasladado que la nueva oferta será similar a la del año pasado, las declaraciones del ministro apuntan a que no se prevé un incremento significativo del número de plazas. Desde el sindicato CSIF ya han expresado su preocupación, recordando que la oferta anterior fue insuficiente para cubrir necesidades estructurales en organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias. Por su parte, CC.OO. considera que el Ejecutivo debería garantizar un volumen de plazas acorde al número de bajas, que en 2025 superaron las 12.000, con el fin de asegurar una verdadera creación de empleo neto y mantener la calidad de los servicios públicos, cuya demanda sigue aumentando.

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(El Economista, 05-05-2026) | Laboral

Solo cinco autonomías ceden la gestión de bajas a las mutuas pese al pacto firmado en 2024

En los últimos años, las bajas laborales por motivos médicos se han convertido en una de las principales inquietudes para las empresas. A pesar de que se han planteado distintas medidas en el marco de la negociación colectiva para reducir su impacto, el problema del absentismo sigue sin resolverse y las ausencias continúan aumentando. Uno de los acuerdos más relevantes para mejorar la gestión de la incapacidad temporal se alcanzó en 2024. Su propósito era permitir que las comunidades autónomas, junto con las mutuas y bajo el impulso del Gobierno central, firmaran convenios para que estas entidades asumieran parte de los diagnósticos y tratamientos, especialmente en el ámbito de la traumatología. Sin embargo, la iniciativa avanza con lentitud: hasta ahora solo cinco comunidades -Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria- se han adherido, además de Ceuta y Melilla, que comparten protocolo. Los primeros acuerdos se firmaron en el verano de 2025: Baleares en junio, Cataluña en julio y Asturias en agosto. Después, no hubo avances hasta marzo de este año, cuando se sumaron Castilla-La Mancha y Cantabria. Galicia, por su parte, está estudiando la posibilidad de incorporarse, lo que elevaría el número de regiones participantes. Aun así, la firma de los acuerdos no implica una aplicación inmediata. Antes de que las mutuas puedan gestionar estos procesos, es necesario que los sistemas sanitarios autonómicos y las propias entidades desarrollen plataformas informáticas compatibles que permitan compartir la información clínica de los pacientes. Por ahora, ninguna comunidad ha puesto en marcha este modelo, aunque desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) confían en que Cataluña y Baleares puedan ser las primeras en hacerlo a lo largo de este año, dado que llevan más tiempo trabajando en la adaptación de sus sistemas. La urgencia de estas medidas responde al aumento sostenido de las bajas médicas, una preocupación creciente para la patronal. Cataluña, por ejemplo, encabeza las listas de espera en traumatología tras un incremento del 8,4% en un año, alcanzando más de 47.000 pacientes en junio de 2025. Andalucía, aunque ha reducido sus listas en un 12,5%, aún mantiene más de 42.700 personas esperando consulta. Entre las regiones con acuerdos firmados, solo Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria han logrado reducir las listas, mientras que en Cataluña, Baleares y Melilla han aumentado de forma significativa. La colaboración entre el sistema público y las mutuas se materializará, previsiblemente, más de tres años después de que se planteara por primera vez. Este enfoque ya se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de 2023 por patronal y sindicatos, donde se proponía aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar la atención sanitaria y reducir los tiempos de espera en procesos traumatológicos, siempre con el consentimiento del trabajador. Posteriormente, en septiembre de 2024, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales formalizaron un acuerdo para mejorar la gestión de las bajas laborales, apostando por reforzar el papel asistencial de las mutuas para agilizar diagnósticos y tratamientos. Más recientemente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha retomado el diálogo social sobre esta materia. El Ejecutivo planea introducir cambios legales relacionados con la incapacidad temporal, como facilitar la reincorporación progresiva al trabajo en casos de enfermedades oncológicas o permitir que trabajadores con varios empleos puedan estar de baja solo en uno de ellos. También se está estudiando la posibilidad de que las mutuas propongan altas médicas en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, aunque la decisión final seguiría correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la evolución de las bajas, los datos muestran un aumento especialmente significativo entre los trabajadores más jóvenes (de 16 a 24 años), donde los procesos de más de 15 días han crecido un 59,4% entre 2018 y 2024. En los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años), destacan las recaídas, que han aumentado un 31,9%. Por duración, los procesos de más de 15 días han crecido un 24,8%, impulsados sobre todo por los casos de entre 16 y 90 días (+11,6%). También han aumentado los procesos más largos: un 8,9% los de entre 91 y 365 días y un 5,4% los que superan el año.

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