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(Expansión, 16-02-2026) | Laboral

CEOE exige a la Seguridad Social que la inspección controle las bajas antes del año

La patronal está elaborando un conjunto de iniciativas para frenar el absentismo laboral. Entre sus demandas al Ejecutivo figura intervenir sobre los empleados que encadenan múltiples bajas por incapacidad temporal y reforzar los recursos del sistema sanitario. El Gobierno ha reactivado la mesa de diálogo social con empresas y sindicatos para analizar el incremento sostenido de las bajas laborales en España, disparado tras la pandemia. Estas ausencias suponen ya un coste cercano a 16.000 millones de euros para las compañías y unos 17.000 millones para las arcas públicas en prestaciones. En el primer encuentro celebrado el año pasado en el Ministerio de Seguridad Social se planteó la posibilidad de reincorporaciones graduales en bajas superiores a 180 días, compatibilizando trabajo y subsidio, una propuesta que no convenció a ninguna de las partes. La última reunión tripartita se había producido en octubre, antes de retomarse las conversaciones en febrero. Los interlocutores sociales confían ahora en que el Ejecutivo perfeccione esa fórmula de altas progresivas para que realmente reduzca los efectos del absentismo, que genera costes económicos y organizativos, gastos de sustitución, sobrecarga de las plantillas y pérdida de competitividad y productividad. El departamento que dirige la ministra Elma Saiz insiste en diseñar un sistema que reduzca especialmente las bajas de muy larga duración, a partir de los seis meses. Mientras tanto, según fuentes del diálogo social citadas por EXPANSIÓN, la CEOE planea presentar medidas orientadas a mejorar la gestión y el control de las bajas, con el objetivo de detectar posibles abusos en determinados colectivos. Entre sus propuestas figura que la Seguridad Social movilice antes de los 365 días a la inspección del INSS, organismo competente en esta materia. Según la legislación vigente, al cumplirse un año de baja la inspección médica del INSS asume en exclusiva el seguimiento del caso y puede decidir el alta por recuperación, la prórroga de la baja, el alta por incomparecencia o la propuesta de incapacidad permanente. También puede extender la situación de incapacidad temporal hasta 180 días más o determinar una incapacidad definitiva. Aunque la ley permite que el INSS intervenga también durante el primer año con las mismas competencias que los servicios de salud autonómicos, en la práctica -según fuentes de mutuas- estos controles suelen activarse solo después de los 12 meses. Por ello, la patronal pide intensificar las inspecciones desde etapas más tempranas y reforzar los recursos humanos en todos los niveles: sanidad pública, inspección médica del INSS y mutuas. Especial atención solicitan para los trabajadores que acumulan varias bajas. Un estudio de la AIReF indica que los procesos de incapacidad se concentran en un grupo reducido de personas y que esta concentración ha aumentado: el 25% de los trabajadores acumula más de la mitad de las bajas, mientras que la mitad de la población concentra el 77% de los episodios. Según el organismo, el sistema está siendo utilizado de forma intensiva por un segmento limitado de beneficiarios. La patronal también rechaza el modelo de reincorporación gradual propuesto por el Gobierno, al considerar que trasladaría parte del coste de la incapacidad temporal a las empresas. El plan prevé que quienes lleven más de 180 días de baja vuelvan de forma paulatina durante un máximo de 30 días, trabajando media jornada y cobrando la parte proporcional del salario más una prestación equivalente al 50% del subsidio por el tiempo no trabajado. Tanto empresas como sindicatos muestran reservas. Las compañías sostienen que, si un trabajador recibe el alta, debería reincorporarse plenamente, mientras que las organizaciones sindicales defienden que solo existen dos situaciones posibles: baja si no está recuperado o alta si lo está completamente. La complejidad del modelo pone en duda su viabilidad, en un contexto en el que las bajas superiores a un año casi se han triplicado entre 2017 y 2024.

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(Expansión, 16-02-2026) | Laboral

El salario mínimo se ha convertido en el mayor lastre para el campo

Agricultores y ganaderos aseguran que las elevadas cargas laborales derivadas de las políticas del Ejecutivo de PSOE y Sumar les impiden competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes del exterior. Entre las protestas del sector que bloquearon el centro de Madrid la pasada semana destacó la denuncia de que los costes laborales -impulsados por las sucesivas subidas del salario mínimo por encima de la inflación y por el aumento de las cotizaciones sociales- encarecen notablemente la contratación del personal necesario para mantener las explotaciones, cuya rentabilidad disminuye año tras año. Según el sector agrario, cuando entre en vigor el nuevo incremento del SMI de este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero -acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz junto a los sindicatos-, el coste total de un jornalero (salario, cotizaciones y seguros) será diez veces mayor que en Marruecos y alrededor de un 30% más alto que en Portugal. Aunque el salario mínimo también ha aumentado en otros países del euro, solo en Europa del Este lo ha hecho con una intensidad comparable. Entre los grandes productores agrícolas, únicamente Francia supera a España en salario mínimo, pero su crecimiento porcentual desde 2016 ha sido aproximadamente la mitad. Si bien esta situación no afecta únicamente al campo, su impacto es especialmente acusado en el sector primario. De hecho, cerca de un 31% de los trabajadores beneficiados por la subida del SMI en 2025 -del 4,4%, casi el doble de la inflación media- pertenecían a la agricultura, donde la mano de obra supone aproximadamente el 45% de los costes de producción. Esto ha provocado que los costes unitarios del sector crezcan más rápido que los de la industria, favoreciendo el abandono de tierras y el traslado de parte de la producción a países con menores gastos operativos, principalmente Marruecos. Las organizaciones agrarias han solicitado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Agricultura, Luis Planas ayudas o incentivos que compensen el impacto de estos costes, ya que la fuerte competencia internacional les impide repercutir plenamente el encarecimiento en los precios finales. Sin embargo, aseguran que sus peticiones no han sido atendidas. Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe vender por debajo de los costes de producción, en la práctica muchas explotaciones apenas obtienen beneficios. Esta situación genera especial inquietud ante la posible entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur -integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, que podría introducir en el mercado europeo productos a precios con los que los productores españoles difícilmente podrían competir. A las cargas laborales se suma el aumento de los costes de insumos, especialmente fertilizantes, piensos y semillas. Aunque estos precios se han moderado respecto al máximo alcanzado a finales de 2022, todavía se sitúan alrededor de un 20% por encima de los niveles previos a la guerra de Ucrania, lo que agrava la pérdida de competitividad. Ante la delicada situación del campo, agravada por los temporales recientes, el ministro Luis Planas ha mostrado su disposición a flexibilizar la aplicación de la PAC, revisar los módulos fiscales del IRPF agrario y asegurar contingentes de trabajadores temporales extranjeros para campañas estacionales. No obstante, con una estructura de costes fijos cada vez más condicionada por las decisiones gubernamentales, el sector considera complicado recuperar su competitividad.

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(El País, 16-02-2026) | Laboral

El índice de accidentados por cada 100.000 ocupados expuestos cae por tercer año consecutivo y se sitúa en 2.547 afectados con baja

En 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja médica, lo que supone una caída del 1,3% respecto al año anterior, es decir, cerca de 8.000 casos menos, según el avance provisional publicado por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esta ligera mejora global no impidió un notable incremento de los fallecimientos en el sector de la construcción, donde murieron 29 trabajadores, un 22% más que en 2024. En el conjunto de la economía, las muertes en el trabajo sí descendieron: se contabilizaron 735 en 2025 frente a las 796 del año previo, lo que representa una reducción cercana al 8%. Aun así, el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC OO), Mariano Sanz, calificó estas cifras de "inaceptables" y señaló que el país no debería asumir ese nivel de tragedia humana. Habitualmente, cuando el empleo crece con fuerza también lo hace la siniestralidad, pero en España esta relación no siempre se cumple. Pese al fuerte aumento de la ocupación en los últimos tres años -superior al 2% anual-, el número de accidentes ha descendido de forma continuada. Por ello, los expertos consideran más adecuado analizar el índice de incidencia, que mide los accidentes o fallecimientos por cada 100.000 trabajadores expuestos. Este indicador se situó en 2.547 accidentes con baja en 2024, un 4% menos que el año anterior, y en 2,8 muertes por cada 100.000 trabajadores, un descenso del 11,6%. No obstante, estos índices también reflejan el deterioro en la construcción, donde la mortalidad alcanzó 11,3 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, un 18% más. En cambio, en el resto de sectores se redujo: en agricultura cayó un 31% (6,7 muertes por cada 100.000), en servicios -donde es más baja- descendió un 21,6% (1,6 fallecidos), y en la industria se situó en 4,5 muertes, un 6,7% menos. El sindicato UGT advierte, no obstante, que la cifra final de fallecidos podría aumentar cuando se disponga de datos definitivos. La organización subraya que cada año mueren de media unas 700 personas en accidentes laborales y que en el último lustro la cifra acumulada ronda los 4.000 fallecidos. Por ello, reclama actualizar la normativa y reforzar los medios de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. El descenso de los accidentes con baja se concentró principalmente en los ocurridos durante la jornada laboral -540.314 del total-, que se redujeron casi un 2%. En cambio, los accidentes "in itinere", producidos en los desplazamientos hacia o desde el trabajo, aumentaron en 2.562 casos, un 3% más que el año anterior. Los hombres siguieron concentrando la mayoría de los siniestros (372.117) frente a las mujeres (157.712), en gran medida por su mayor presencia en sectores de riesgo como la construcción o la industria. Además, la reducción de accidentes fue más intensa entre los varones (unos 9.000 menos, un 2,4% de descenso) que entre las mujeres (1.474 menos, un 1%). En cuanto a las causas, los sobreesfuerzos físicos y los golpes contra objetos fijos provocaron cerca de la mitad de los accidentes con baja, con descensos del 8% y del 0,5%, respectivamente. Por su parte, los infartos -que causaron 251 muertes- fueron el motivo más frecuente de fallecimiento durante la jornada laboral.

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(El Economista, 16-02-2026) | Laboral

Los despidos considerados "ejecutivos", los disciplinarios que no conllevan indemnización, se han frenado en seco

Las decisiones judiciales y pequeños cambios normativos, aparentemente secundarios, se han convertido en una especie de reforma laboral encubierta que ya ha tenido un efecto claro en las estadísticas: los despidos disciplinarios sin indemnización -los llamados "ejecutivos"- se han reducido con fuerza, registrando una caída interanual del 7,5%. Mientras sigue abierto el debate político y sindical sobre una posible modificación de los límites del despido improcedente -con recursos ante el Tribunal Constitucional y la intención del Ministerio de Trabajo de impulsar cambios pese a la falta de apoyos parlamentarios-, las empresas se han enfrentado a un escenario distinto en la práctica. Los datos muestran que, tras la reforma laboral, el número total de despidos ha aumentado, especialmente entre trabajadores con contrato indefinido, algo que el Gobierno atribuye al mayor peso de este tipo de empleo. Sin embargo, hay una anomalía destacada: las bajas en la Seguridad Social por despido disciplinario han descendido un 7,5% en el último año. En 2020 y 2021 también se redujeron, pero entonces se debía al uso de los ERTE, que favorecieron la conservación del empleo fijo. En 2025 esa explicación ya no vale, porque hay más trabajadores indefinidos que nunca y, aun así, es la única modalidad de despido que disminuye. En contraste, los despidos por causas objetivas -principalmente económicas, técnicas u organizativas- aumentaron un 5,4%. Este fenómeno resulta llamativo en un contexto de crecimiento económico y niveles récord de empleo, donde cabría esperar menos ceses por motivos económicos. La razón parece estar en el endurecimiento práctico de las condiciones para despedir, que no ha reducido el número total de salidas, pero sí ha obligado a las empresas a cambiar de estrategia. El despido disciplinario, utilizado durante años como vía rápida para prescindir de un trabajador, pierde atractivo. Tradicionalmente, esta modalidad se asociaba al llamado despido "exprés": la empresa comunicaba un despido disciplinario -sin indemnización- y posteriormente pactaba con el trabajador una compensación equivalente a la del despido improcedente. Así se evitaban los trámites y la dificultad de justificar causas objetivas. Por ello, sindicatos y Ministerio de Trabajo han planteado revisar los límites indemnizatorios para desincentivar esta práctica. No obstante, el verdadero punto de inflexión ha llegado por vía judicial. Según expertos laboralistas, una sentencia reciente ha introducido la obligación de conceder al trabajador una audiencia previa antes de ejecutar un despido disciplinario por conducta o rendimiento. Si no se cumple este trámite, el despido puede ser declarado nulo -no solo improcedente-, lo que implica la readmisión obligatoria. Este requisito, incorporado a finales de 2024, ha reducido notablemente los llamados despidos disciplinarios "ejecutivos". Los abogados recomiendan ahora documentar exhaustivamente estos ceses, con informes detallados sobre conductas o rendimiento, y desaconsejan utilizar esta vía como atajo para evitar los procedimientos del despido objetivo, especialmente habitual en pequeñas empresas. La alternativa más segura, señalan, es recurrir a un despido objetivo bien fundamentado. Este cambio explica por qué los despidos disciplinarios retroceden mientras crecen los objetivos. Aunque muchas compañías siguen utilizándolos, ya no resultan tan sencillos ni seguros como antes. Además, los trabajadores despedidos han modificado su propia estrategia legal. El aumento de demandas por nulidad y por daños morales es cada vez más frecuente. Aunque el Tribunal Supremo mantiene el límite de indemnización por despido improcedente en 33 días por año trabajado (con un máximo de 24 mensualidades), se observa un incremento de los casos en los que se solicita la nulidad por vulneración de derechos fundamentales, discriminación o represalias -lo que se conoce como garantía de indemnidad-. En estos supuestos, los trabajadores no buscan solo la indemnización legal máxima, sino la readmisión obligatoria y el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia. Además, suelen reclamar compensaciones adicionales por perjuicios morales, lo que puede elevar considerablemente el coste para la empresa. En definitiva, sin una reforma legislativa formal, la combinación de jurisprudencia y cambios procesales está transformando de hecho el sistema de despido en España, encareciendo y complicando especialmente el uso del despido disciplinario como vía rápida de extinción del contrato.

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(El Economista, 16-02-2026) | Laboral

Díaz firma con los sindicatos el alza del SMI para 2026

La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rubricará este lunes junto a los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) el incremento del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, pactado sin el respaldo de la CEOE, que acumula seis años sin avalar estas subidas. Este trámite formal previsiblemente antecederá al envío del decreto al Consejo de Ministros de este martes, aunque desde Trabajo no dan por cerrada la agenda. La firma tendrá lugar a las 11:30 en el Ministerio de Trabajo y contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El alza, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y exenta de IRPF, implicará 37 euros más al mes (518 al año), situando el salario bruto en 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Salvo contratiempos, el Real Decreto que recoge la medida podría aprobarse ese mismo martes en el Consejo de Ministros; de lo contrario, se tramitaría como muy tarde en la reunión interministerial del día 24, ya que el objetivo de Trabajo es dejarla ratificada entre mediados y finales de mes. La actualización, basada en la recomendación del comité de expertos, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, que pasarán a percibir en general 17.094 euros brutos anuales (40,70 euros al día). Para eventuales y temporeros, el mínimo por jornada legal será de 57,82 euros, mientras que las empleadas del hogar deberán cobrar al menos 9,55 euros por hora. Como en años anteriores, la subida no modifica los salarios profesionales que ya superen el SMI en cómputo anual. En cambio, sí deberán ajustarse los sueldos fijados en contratos o acuerdos privados por debajo del nuevo mínimo, aplicando las normas vigentes de absorción y compensación. Además, el Gobierno y los sindicatos han pactado revisar dichas reglas para evitar que el aumento se neutralice reduciendo complementos como los de peligrosidad o nocturnidad. Esta reforma se aprobará en un decreto distinto, vinculado a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, con el fin de no retrasar la entrada en vigor de la subida, que en todo caso tendrá efectos desde el 1 de enero.

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(El País, 13-02-2026) | Laboral

La mitad del crecimiento económico de España en los últimos tres años se explica por los trabajadores extranjeros

Cerca de la mitad del avance de la economía española en los tres últimos años se debe a la aportación de trabajadores extranjeros. Entre 2022 y 2025, el PIB creció un 8,9%, y 4,2 puntos de ese incremento se explican directamente por la incorporación de personas nacidas fuera de España al mercado laboral. En términos acumulados, la inmigración habría sido responsable del 47% del crecimiento, según el informe La inmigración en España: retos, impacto y políticas, publicado por Funcas. El estudio señala que la actual expansión económica descansa menos en mejoras de productividad y más en el aumento de la población activa, en un contexto en el que España pierde cada año población nacional en edad de trabajar. En solo tres años, la población nacida en el extranjero se ha incrementado en alrededor de 1,9 millones de personas, mientras que la nacida en España se ha reducido en unas 320.000. Actualmente, casi el 20% de los residentes ha nacido fuera del país. Este fenómeno no solo tiene implicaciones demográficas, sino también laborales: desde 2019, prácticamente todo el aumento de la población activa corresponde a inmigrantes. Sin su contribución, el mercado de trabajo se habría contraído debido a la jubilación de la generación del baby boom. La llegada de trabajadores extranjeros ha permitido sostener la actividad en sectores con fuerte demanda. Hostelería, construcción, comercio y agricultura concentran buena parte del nuevo empleo ocupado por inmigrantes. En estas ramas, entre el 60% y el 70% de los puestos creados desde la pandemia han sido cubiertos por personas de origen extranjero, proporción que es aún mayor en la construcción en los últimos años. Los autores del informe, Raymond Torres y María Jesús Fernández, destacan que estos sectores, que presentan más dificultades para cubrir vacantes, son los que más han recurrido a mano de obra foránea. Este aumento de trabajadores también ha contribuido a moderar la presión sobre los precios en actividades con alta demanda, como la hostelería. Sin esa oferta adicional de empleo, empresas de la construcción o la agricultura habrían tenido que reducir su producción o trasladar la escasez de personal a los precios finales. El informe señala que entre 2019 y 2024 el deflactor de los sectores vinculados al turismo en España subió un 17,9%, frente al 21,3% de media en la eurozona. Esto sugiere que la disponibilidad de trabajadores permitió responder al aumento de la demanda ampliando la producción en mayor medida que los precios. No obstante, el incremento de la inmigración no ha supuesto un impulso para la productividad media. Según el estudio, la variación en la composición de la población ocupada por nacionalidades ha restado ocho décimas al crecimiento de la productividad en el último trienio. Este efecto se debe a que la mayoría del empleo extranjero se concentra en sectores de menor valor añadido y salarios más bajos, lo que reduce la productividad agregada por un efecto estadístico. Los autores consideran que se trata de una consecuencia mecánica vinculada al mayor peso de estas actividades menos productivas. El informe también señala desequilibrios persistentes en el mercado laboral. La tasa de desempleo entre los inmigrantes es superior a la de los trabajadores nacionales, sus salarios medios son más bajos y su presencia es elevada en sectores de escasa productividad. Además, la integración laboral varía según el origen: las personas procedentes de América Latina suelen percibir salarios más cercanos a los de los españoles que las originarias de países africanos. Mientras los inmigrantes se concentran en ocupaciones elementales o de cualificación media-baja, el empleo entre los españoles se ha desplazado hacia puestos de mayor cualificación y remuneración. Desde 2019, el crecimiento del empleo nacional se ha concentrado casi exclusivamente en categorías técnicas, profesionales y directivas. El estudio también examina el impacto de distintas políticas de incorporación de trabajadores migrantes. Analiza, por un lado, los procesos de regularización de personas en situación irregular -como el aprobado recientemente en España para más de medio millón de trabajadores- y, por otro, los programas de empleo temporal para tareas estacionales o de baja cualificación. La evidencia empírica de España, Estados Unidos y América Latina indica que las regularizaciones ofrecen mejores resultados que los programas circulares en los que el trabajador regresa a su país tras finalizar su contrato. Regularizar suele mejorar las tasas de empleo y los ingresos de los inmigrantes y tiene efectos muy limitados sobre los trabajadores nacionales. Además, un estudio académico próximo a publicarse no encuentra pruebas de que la regularización de 600.000 personas en España en 2005 generara un efecto llamada. En cambio, los resultados de los programas de trabajadores temporales son menos concluyentes, tanto para los migrantes como para las empresas, especialmente en España, debido a la escasez de datos y al acceso limitado a registros administrativos. No obstante, investigaciones realizadas en Estados Unidos apuntan a que estos programas, en empleos de baja cualificación, pueden reducir la dependencia de mano de obra irregular y evitar efectos adversos sobre el empleo y los salarios de los trabajadores nacionales. En el caso de profesionales altamente cualificados, tampoco se ha demostrado que desplacen a los trabajadores locales; algunos estudios incluso sugieren que su presencia puede aumentar el empleo entre la población nativa.

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(El Economista, 13-02-2026) | Laboral

Los parados mayores de 52 años pasarán a cotizar como si cobrasen 1.780 euros cuando suba el SMI

El Ejecutivo prevé aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales. Este incremento no solo repercute en quienes perciben el sueldo mínimo, sino también en los desempleados mayores de 52 años que cobran el subsidio específico para este colectivo. Cuando la medida entre en vigor, aumentarán las cotizaciones a la Seguridad Social que el Estado realiza en su nombre de cara a la jubilación, lo que refuerza el desincentivo ya existente para reincorporarse al mercado laboral. El subsidio para mayores de 52 años está dirigido a quienes han agotado la prestación contributiva o no han cotizado lo suficiente para acceder a ella y se encuentran próximos a la edad de retiro. Su objetivo es ofrecer protección en la recta final de la vida laboral, aunque distintos centros de estudios y el propio Ministerio de Economía han advertido de que puede reducir el incentivo a buscar empleo. La cuantía mensual de la ayuda es de 480 euros, una cifra inferior al salario mínimo. Sin embargo, el atractivo del subsidio reside en las cotizaciones que lleva asociadas: el Estado cotiza por el beneficiario sobre el 125% de la base mínima de cotización, que está vinculada al SMI. En la práctica, esto significa que una persona en paro con esta ayuda cotiza un 25% más que si trabajara cobrando el salario mínimo. Aunque el ingreso directo sea reducido, la cotización se calcula como si el beneficiario percibiera un salario considerablemente superior. Esto resulta especialmente ventajoso para quienes necesitan completar años de cotización para acceder a una pensión contributiva o mejorar su futura prestación. En función de su situación personal y sus ahorros, puede resultar más beneficioso mantener el subsidio que aceptar un empleo remunerado con el SMI. Cada aumento del salario mínimo amplía esta diferencia. Actualmente, los perceptores cotizan como si tuvieran un sueldo de 1.726 euros. Con la próxima subida prevista, la base de cotización se aproximaría a la correspondiente a un salario de 1.780 euros. Esto no solo incrementa el posible desincentivo a trabajar, sino que también eleva el gasto del Servicio Público de Empleo Estatal. Según la memoria económica del Ministerio de Trabajo que acompaña al borrador del decreto de subida del SMI -del 3,1%-, el gasto en subsidios por desempleo aumentará en torno a 26 millones de euros, considerando a todos los beneficiarios. De esa cantidad, unos 22 millones se explican por el incremento de las cotizaciones sociales. La subida del SMI también eleva el umbral de ingresos para acceder a la ayuda, fijado en el 75% del salario mínimo, ya que es compatible con empleos a tiempo parcial. El límite actual de 880 euros pasará a 896 euros. No obstante, el Gobierno estima que esta variación tendrá un impacto reducido en el número de nuevos beneficiarios. La reforma de este mecanismo ya fue objeto de debate en la anterior legislatura, cuando se modificó el subsidio en el marco de los compromisos ligados a los fondos europeos. El Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño, defendía eliminar esta cotización reforzada al considerar que no estaba diseñada para un SMI tan elevado. Sin embargo, tras la caída inicial de la norma en el Congreso y nuevas negociaciones impulsadas por los sindicatos, se mantuvo la cotización del 125% de la base mínima, vigente desde 2011. En su último informe sobre España, la OCDE analizó este subsidio y advirtió de que puede reducir los incentivos económicos para que los mayores de 52 años acepten un empleo. Según su enfoque, al sumar la pérdida de la ayuda y el pago de impuestos y cotizaciones al volver a trabajar, puede no resultar rentable aceptar un puesto con salario mínimo, especialmente porque se pierde la cotización adicional para la jubilación. La organización utiliza el concepto de tipo impositivo de participación para medir este efecto. En el caso de los trabajadores de más edad en España, la carga implícita al incorporarse al empleo puede ser muy elevada. En algunos supuestos, el coste supera el 100%, lo que implica que por cada euro adicional de salario bruto que obtendrían al trabajar, perderían más de un euro entre la desaparición de la ayuda y las obligaciones fiscales y de cotización. Esta situación actúa como un claro desincentivo para regresar al mercado laboral.

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(El Economista, 13-02-2026) | Laboral

El Congreso pide al Gobierno una cuota cero para los autónomos que sufran enfermedades graves

El Congreso de los Diputados ha respaldado una iniciativa para instar al Gobierno a implantar una cuota cero para los trabajadores autónomos que padezcan una enfermedad grave. La propuesta salió adelante con el único voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. La iniciativa partió de ERC, a través de una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el objetivo de analizar la situación de los profesionales integrados en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). El texto incluía 13 propuestas. Entre ellas figuraba un incremento de las cotizaciones para aquellos autónomos con ingresos superiores a 6.000 euros mensuales, pero esta medida fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Vox y la abstención del PP. Tampoco prosperaron otras iniciativas, como la financiación en los Presupuestos Generales del Estado de una cuota reducida para autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, ni la regulación de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) mediante la creación de un registro obligatorio de contratos, el reconocimiento del derecho a indemnización y una prestación por desempleo efectiva. En total, ocho de las trece medidas recibieron el visto bueno de la Cámara, algunas de ellas sin el apoyo del PSOE. Es el caso de la cuota cero en situaciones de enfermedad grave, que además contempla bonificaciones para facilitar la contratación de sustitutos, según informó Europa Press. Los socialistas también votaron en contra de la propuesta de evitar la doble cotización en supuestos de pluriactividad, simplificar los trámites administrativos y establecer una cuota reducida cuando la actividad por cuenta propia tenga carácter secundario. Con la abstención del PSOE y de Vox, el Congreso aprobó asimismo solicitar la equiparación de las prestaciones de los autónomos con las de los asalariados en casos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, lactancia y cuidado de menores con enfermedades graves. Por el contrario, sí contaron con el respaldo del PSOE otras medidas como la incorporación de las principales organizaciones representativas de autónomos -tanto estatales como autonómicas- al Consejo Económico y Social; el refuerzo de la lucha contra el fraude de los falsos autónomos; la creación de un subsidio para mayores de 52 años similar al existente para trabajadores por cuenta ajena; la mejora del cese de actividad para convertirlo en una prestación por desempleo efectiva; y la implantación de un sistema de cotización más ajustado y progresivo en función de los ingresos reales.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

La ineptitud sobrevenida no justifica el despido sin ofrecer alternativas

Una empresa no puede extinguir el contrato de un trabajador por ineptitud sobrevenida sin haber intentado previamente adaptar su puesto o buscar una recolocación adecuada. Así lo ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en diciembre estimó el recurso de casación presentado por un empleado y declaró improcedente su despido al no haberse demostrado que la empresa intentara antes una readaptación o la asignación a un puesto compatible con su situación. El caso parte del despido de un teleoperador con contrato indefinido a tiempo parcial. Tras permanecer dos años en situación de incapacidad temporal, el servicio de prevención de la empresa lo declaró "no apto" para su puesto. Con base en ese informe, la compañía justificó la extinción del contrato por ineptitud sobrevenida. En un primer momento, el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid consideró el despido improcedente y condenó a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir o indemnizarlo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa sentencia y declaró procedente el despido, al entender que el informe del servicio de prevención era suficiente para acreditarlo. El Tribunal Supremo corrige ahora ese criterio y precisa que no basta con acreditar la ineptitud sobrevenida. La empresa debe probar también que trató de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo, ofrecer una recolocación acorde con las limitaciones del trabajador o, en su caso, justificar que tales medidas suponían una carga excesiva. Esta interpretación se fundamenta en el Estatuto de los Trabajadores y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que refuerzan la protección de las personas con discapacidad y exigen evitar la extinción automática del contrato sin explorar alternativas. Con esta resolución, el alto tribunal consolida la obligación empresarial de priorizar la adaptación laboral antes de acudir al despido por ineptitud sobrevenida, en coherencia con los principios de igualdad y no discriminación.

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(Expansión, 12-02-2026) | Laboral

El empleo de EEUU crece con fuerza y rebaja las previsiones de recortes de tipos

La economía de Estados Unidos generó 130.000 puestos de trabajo en enero, una cifra que superó ampliamente las previsiones y que apunta a una recuperación del mercado laboral tras varios informes poco alentadores. El dato, difundido el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), casi duplicó los 68.000 empleos que esperaban los economistas consultados por Bloomberg y también quedó muy por encima de los 48.000 creados el mes anterior, cifra que además fue revisada a la baja. Tras conocerse el informe, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, ya que los inversores redujeron sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año. El interés del bono a dos años -especialmente sensible a la política monetaria- avanzó 0,08 puntos porcentuales hasta el 3,55%, su nivel más alto en una semana. En el mercado de futuros, los operadores pasaron de prever entre dos y tres bajadas de tipos antes de diciembre a descontar únicamente dos. Por su parte, la tasa de desempleo descendió levemente hasta el 4,3%. El sólido arranque del año sorprendió a los mercados, dado que informes recientes apuntaban a un debilitamiento del empleo, con más despidos, menos vacantes y un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo. Stephen Brown, de Capital Economics, calificó el informe como "claramente sólido" y señaló que la amplia dispersión de previsiones previas demuestra que prácticamente nadie anticipó el resultado final. Durante 2025, la creación de empleo se había moderado con fuerza tras años de crecimiento intenso. De hecho, datos publicados la semana anterior sugerían un mayor deterioro, con más recortes de plantilla y menos ofertas laborales. Sin embargo, las cifras de enero refuerzan la postura del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, quien recientemente sostuvo que el mercado laboral mostraba señales de "estabilización" cuando el banco central decidió pausar los recortes de tipos el mes pasado. El incremento del empleo en enero se concentró en los sectores sanitario, de asistencia social y de la construcción, mientras que se registraron descensos en finanzas y en la administración federal. Desde la Casa Blanca se había anticipado un posible resultado más débil. Peter Navarro, principal asesor comercial de Donald Trump, afirmó el martes que era necesario rebajar de forma significativa las expectativas sobre la cifra mensual. No obstante, tras conocerse los datos, el Consejo de Asesores Económicos destacó en redes sociales que el informe superó con creces lo previsto. Las cifras oficiales contrastan con algunos indicadores privados recientes. Challenger Gray & Christmas informó que los recortes de empleo en enero fueron los más elevados para ese mes desde 2009. Asimismo, la empresa de nóminas ADP estimó que solo se habían creado 22.000 puestos de trabajo. Según Ian Lyngen, de BMO Capital Markets, los datos privados ofrecían una imagen distinta a la publicada finalmente por el Gobierno. La BLS también revisó a la baja la creación de empleo del año anterior, que pasó de 584.000 a 181.000 puestos en términos desestacionalizados, lo que confirma la fuerte desaceleración experimentada en 2025. Además, el nivel de empleo correspondiente a marzo de 2025 se redujo en 898.000 puestos dentro del proceso anual de revisión estadística. Algunos analistas advierten de que persisten riesgos para el mercado laboral y de que los efectos estacionales podrían estar distorsionando la tendencia real. Thomas Simons, de Jefferies, señaló que no es especialmente optimista respecto a las perspectivas a corto plazo y apuntó que los datos recientes de solicitudes de subsidio sugieren que el impulso estacional podría estar agotándose. La publicación del informe, prevista inicialmente para la semana anterior, se retrasó debido al reciente cierre parcial del Gobierno federal.

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