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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

A partir del 1 de enero de 2026 se producirán novedades que tener en cuenta a la hora de afrontar el proceso de la jubilación

¿A qué edad puede jubilarse un trabajador en función de los años que haya cotizado? ¿Qué recortes se aplican sobre la pensión si se decide adelantar la jubilación? ¿Qué fórmulas existen actualmente para compatibilizar el empleo con el cobro de la pensión? La reforma de 2011 estableció un calendario gradual para retrasar la edad ordinaria de jubilación y aumentar los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Posteriormente, la reforma aprobada en dos etapas entre 2021 y 2023 introdujo nuevos criterios tanto para la jubilación anticipada -que siguen desplegándose en la actualidad- como para el cálculo de la pensión, cuyos cambios comienzan a aplicarse desde este año. Desde el 1 de enero de 2026, la edad legal de jubilación se situará en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización. En cambio, las personas que no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse. Además, a partir del próximo año entrarán en vigor los cambios relativos al periodo de cotización que se utiliza para calcular la pensión. Actualmente se toman como referencia los últimos 25 años cotizados. Sin embargo, entre enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2040, los trabajadores podrán optar entre el sistema actual o el nuevo modelo introducido por la reforma de marzo de 2023, que contempla los últimos 29 años cotizados, eliminando automáticamente los dos con peor cotización. El ligero ajuste en la edad legal de jubilación previsto para 2026 también afectará a la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Dado que esta modalidad permite adelantar el retiro hasta 24 meses respecto a la edad ordinaria, se podrá solicitar a partir de los 64 años y 10 meses si no se alcanzan los 38 años y 3 meses de cotización, o desde los 63 años si se supera dicho periodo. En estos supuestos de jubilación anticipada voluntaria se mantienen los coeficientes reductores vigentes en la actualidad. Así, las penalizaciones oscilarán entre el 3,26% y el 21% cuando la cotización sea inferior a 38 años y 6 meses; entre el 3,11% y el 19% si se han cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses; entre el 2,96% y el 17% con cotizaciones de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y entre el 2,81% y el 13% para carreras de cotización iguales o superiores a 44 años y 6 meses. Sí se introducen cambios en la jubilación anticipada de quienes tengan derecho a una pensión superior a la cuantía máxima establecida, fijada en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales). En 2026 se aplicará el tercer año del despliegue progresivo de los coeficientes reductores. En estos casos, las penalizaciones irán del 1,33% al 9,10% si se ha cotizado menos de 38 años y 6 meses; del 1,28% al 8,5% si la cotización está entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses; del 1,24% al 7,9% con entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y del 1,19% al 6,7% cuando se superan los 44 años y 6 meses cotizados. También se han introducido novedades en las modalidades que permiten compatibilizar el empleo con la pensión. En primer lugar, la jubilación parcial, que posibilita seguir trabajando antes de alcanzar la edad legal de jubilación mientras se percibe parte de la pensión. Tras la última reforma, esta opción puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria correspondiente, siempre que se acrediten al menos 33 años cotizados. Esto equivale a los 62 años si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, o a los 63 años y 10 meses si el periodo cotizado es inferior. Cuando la jubilación parcial se produce con más de dos años de antelación respecto a la edad legal, durante el primer año solo se permite una reducción de jornada de entre el 20% y el 33%, porcentaje que coincide con la parte de pensión percibida. El resto de los ingresos procede del salario. En los dos años previos a la jubilación ordinaria, la reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%. Se mantienen, además, los requisitos de contar con un mínimo de seis años de antigüedad en la empresa y tener un contrato indefinido a jornada completa. Estas condiciones se aplican a la jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, mediante el cual se contrata a otra persona para cubrir el puesto del trabajador que se jubila parcialmente hasta su retiro definitivo. El relevista debe ser una persona desempleada o un trabajador temporal o fijo discontinuo de la empresa, y su contrato debe ser indefinido y a tiempo completo. Asimismo, dicho contrato debe mantenerse al menos dos años después de la jubilación total del trabajador sustituido. Por su parte, la jubilación activa permite compatibilizar trabajo y pensión una vez superada la edad legal de jubilación. Para acceder a ella, debe haber transcurrido al menos un año desde la edad ordinaria que corresponda según los años cotizados. En 2026, esto implica poder acogerse a partir de los 66 años si se han cotizado 38 años y 3 meses, o desde los 67 años y 10 meses si no se alcanza ese periodo. Si se accede a la jubilación activa un año después de la edad legal, se percibe el 45% de la pensión; a los dos años, el 55%; a los tres años, el 65%; a los cuatro años, también el 65%; y se alcanza el 100% de la prestación si se accede cinco años después, es decir, a los 70 años o a los 71 años y 10 meses, según el caso. Además, una vez iniciada esta modalidad, el porcentaje de pensión aumenta un 5% por cada año adicional trabajado, con el límite del 100%. Por último, continúan vigentes los incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación más allá de la edad legal. Para beneficiarse de ellos es necesario haber cotizado al menos 15 años y posponer el retiro al menos un año. Cada año completo de demora conlleva un incremento del 4% en la pensión. A partir del segundo año, cuando ya se acumula un 8%, es posible añadir un 2% adicional por cada seis meses extra de actividad. De este modo, una demora de dos años y medio podría traducirse en un aumento del 6% sobre la pensión que correspondería al alcanzar la edad legal de jubilación.

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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

El gasto en pensiones subirá hasta los 230.000 millones en 2026

El próximo año las pensiones experimentarán un aumento medio del 3,44%, resultado de una subida del 2,7% en las contributivas y de incrementos más elevados en las pensiones mínimas y no contributivas, que oscilarán entre el 7% y el 11,4%. El impacto presupuestario de esta revalorización alcanzará los 7.300 millones de euros. Además, las pensiones de quienes acceden ahora al sistema son, de media, un 15% superiores a las de los beneficiarios que lo abandonan. El gasto anual en pensiones continúa una trayectoria claramente ascendente, con un impulso especialmente intenso desde que el Ejecutivo recuperó la actualización anual de las prestaciones en función de la inflación. Con la nómina de diciembre, el importe total de las catorce pagas correspondientes a las 10,4 millones de pensiones contributivas que reciben actualmente 9,4 millones de personas alcanzó en 2025 los 190.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,2% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa un 62% más que hace diez años, cuando el desembolso anual fue de 115.185 millones, y un 50% más que en 2018, justo antes de que se restableciera la revalorización ligada al IPC. No obstante, la vinculación de las pensiones al coste de la vida no es el único factor que explica el crecimiento del gasto. También influye de forma decisiva el relevo generacional dentro del sistema: las nuevas pensiones que se conceden son sensiblemente más elevadas que las que dejan de abonarse. Este efecto explica que en 2025 el aumento del gasto, del 6,2%, haya sido más del doble del incremento aprobado para las pensiones ese mismo año, que fue del 2,8%. Este mismo patrón se prevé para el próximo ejercicio. A partir del 1 de enero, las pensiones contributivas subirán un 2,7%, pero el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calcula que el gasto total crecerá en torno a un 5,8%, de nuevo más del doble de la revalorización aplicada. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Social, las nuevas altas en el sistema percibieron una pensión media de jubilación de 1.594 euros mensuales, considerando todos los regímenes. Esta cifra supera en un 5,4% la pensión media de jubilación actualmente en vigor, que se sitúa en 1.512 euros. En el régimen general, que concentra el mayor número de beneficiarios -4,96 millones de personas, el 47,5% del total-, las nuevas jubilaciones de noviembre alcanzaron los 1.700 euros al mes. Este importe es un 1,8% superior a la pensión media de jubilación ya existente en dicho régimen (1.670 euros), un 12,4% mayor que la media de jubilación del conjunto del sistema y un 29% más elevado que la pensión media total, que incluye todos los regímenes y tipos de prestación y se sitúa en 1.317 euros. Sin embargo, el principal impacto sobre el gasto procede del denominado efecto sustitución, es decir, la diferencia entre las cuantías de las pensiones que causan baja y las nuevas altas. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, indican que las pensiones medias de jubilación del régimen general que dejaron de abonarse eran de unos 1.500 euros mensuales, mientras que las nuevas altas equivalentes alcanzaron los 1.725 euros, lo que supone una diferencia del 15%. En conjunto, la revalorización de las pensiones, el aumento del número de beneficiarios -en 2025 se han abonado 153.379 pensiones más y se han incorporado al sistema 134.519 nuevos perceptores- y el efecto sustitución elevan el gasto total en pensiones hasta los 217.400 millones de euros este año, incluyendo las prestaciones contributivas, las mínimas y las no contributivas. Esta tendencia al alza se mantendrá en los próximos años, a medida que el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas incremente las obligaciones financieras de la Seguridad Social. En este contexto, la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, junto con los incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las mínimas y no contributivas, situará el coste de la revalorización en 7.311 millones de euros, según las estimaciones del Ivie. Tal como subrayan los expertos, el mayor peso de las pensiones mínimas y no contributivas hace que el aumento medio del conjunto de las prestaciones alcance el 3,44%. Conviene recordar que el incremento del 2,7% también se aplica a las pensiones de Clases Pasivas del Estado, que corresponden a los funcionarios de carrera. Este colectivo suma 735.663 beneficiarios, con una pensión media mensual de 2.332 euros. El resto del aumento del gasto previsto para el próximo año se debe al efecto sustitución, derivado de la diferencia entre las nuevas pensiones y las que se extinguen. Según los especialistas, este factor añadirá otros 5.299 millones de euros al gasto total. De este modo, el desembolso en pensiones crecerá en 12.610 millones y se acercará a los 230.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio. En términos comparativos, la financiación total del sistema de pensiones de la Seguridad Social será el próximo año un 64% superior a la de hace una década. Además, las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que esta tendencia ascendente continuará, hasta situar el gasto en pensiones en torno al 16,1% del PIB en 2050, lo que equivaldría, a precios actuales, a unos 250.000 millones de euros.

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(Expansión, 29-12-2025) | Laboral

El SMI pasa a ser el sueldo más común

El aumento del 60,9% del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos siete años apenas ha tenido un efecto arrastre sobre el resto de los salarios, lo que ha provocado que el SMI se sitúe en el tramo retributivo más habitual y haya dejado de ser una referencia exclusiva para trabajadores sin cualificación o sin experiencia previa. Así lo advierte la comisión asesora encargada del análisis del SMI en su cuarto informe, publicado este mes, en el que señala que este crecimiento tan intenso ha generado una concentración de asalariados "en una franja salarial muy estrecha en torno al salario mínimo", con el riesgo de que trabajadores con experiencia o con un nivel medio de cualificación queden también encuadrados en ese mismo rango. Este fenómeno se explica por la escasa transmisión del incremento del SMI al conjunto de la estructura salarial. El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros brutos mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, pero, aunque existen indicios de un cierto empuje al alza del resto de sueldos, dicho efecto ha sido limitado. La Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2023, la última disponible y utilizada por la comisión como base para proyectar la subida recomendada para 2026, refleja que el desplazamiento de trabajadores con salarios bajos hacia el tramo de 15.000 a 16.000 euros brutos anuales ha convertido a este intervalo en el más frecuente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese año, el SMI se situaba en 15.120 euros brutos anuales, equivalentes a 1.080 euros mensuales en catorce pagas, y uno de cada cuatro asalariados obtuvo unos ingresos anuales de entre 14.000 y 20.000 euros. El Ministerio de Trabajo mantiene abiertas las conversaciones con los agentes sociales antes de fijar el importe del SMI para 2026, que previsiblemente pasará de 1.184 a 1.221 euros brutos al mes, es decir, 37 euros más, de acuerdo con el incremento del 3,1% propuesto por los expertos, siempre que el salario mínimo continúe exento de tributación en el IRPF. Tras las vacaciones de Navidad, el Ministerio de Trabajo presentará su propuesta, alineada con la recomendación de la comisión asesora en el escenario de que el SMI no tribute. Esta posibilidad cuenta con la apertura del Ministerio de Hacienda, que, según fuentes gubernamentales, estaría dispuesto a mantener la deducción aprobada el año pasado para que, en la práctica, la mayoría de los perceptores del SMI no tengan que tributar. La intención del Gobierno es aprobar la subida a finales de enero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El incremento se materializa mediante un real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria y cuya aprobación corresponde al Ejecutivo tras consultar a los agentes sociales, aunque desde Trabajo se apuesta por alcanzar un acuerdo, según informa la agencia Efe. No obstante, el consenso se antoja complicado, especialmente con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, en un contexto en el que también está sobre la mesa la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. Con esta norma, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende garantizar legalmente que las subidas del SMI sean reales y efectivas. Actualmente, la legislación permite a las empresas compensar el incremento del salario mínimo mediante la absorción de determinados pluses y complementos, si bien la jurisprudencia limita esta posibilidad a aquellos vinculados a las condiciones laborales. Se trata de una reclamación histórica de los sindicatos, que denuncian que esta práctica se aplica de forma discrecional y con escasa transparencia, lo que impide conocer cuántos trabajadores que cobran el SMI no perciben realmente la subida, sino únicamente una redistribución de los distintos conceptos salariales. El Ministerio de Trabajo considera que la transposición de la directiva europea puede ser un elemento clave en la negociación del nuevo SMI, en el caso de que la patronal acepte una limitación parcial de la absorción de complementos a cambio de respaldar la subida del 3,1%.

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(El País, 29-12-2025) | Laboral

Los trabajadores mayores de 55 años se quedan atrás en la mejora del mercado laboral

El mercado laboral español atraviesa un periodo prolongado de evolución favorable y todo apunta a que la tasa de paro podría caer por debajo del 10% en un futuro cercano -la última Encuesta de Población Activa (EPA) la situó en el 10,4%- si se cumplen las previsiones de instituciones como el Banco de España. Sin embargo, este contexto positivo no beneficia por igual a todos los colectivos. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), los trabajadores mayores de 55 años presentan actualmente una tasa de desempleo superior a la del grupo inmediatamente más joven, el de entre 25 y 54 años. Este hecho resulta especialmente llamativo, ya que tradicionalmente la etapa final de la vida laboral antes de la jubilación se asociaba a una mayor estabilidad en el empleo. El informe, elaborado por el banco español y publicado este lunes -al que ha tenido acceso EL PAÍS-, recuerda que en 1994 los mayores de 55 años registraban una tasa de paro 9,2 puntos inferior a la de las personas de entre 25 y 54 años. No obstante, esa diferencia se ha ido reduciendo desde 2023 hasta invertirse por completo: en 2025, el desempleo entre los mayores alcanzó el 9,8%, frente al 9,4% del grupo de 25 a 54 años. Aunque esta tasa sigue siendo inferior a la media nacional, su deterioro ha despertado la preocupación de los analistas de la Fundación BBVA. Es cierto que quienes permanecen ocupados a edades avanzadas suelen disfrutar de empleos de mayor calidad, pero el informe subraya que existen grandes diferencias entre quienes han logrado mantenerse en activo de forma continuada y quienes, a partir de los 55 años, se ven obligados a buscar trabajo tras perder el suyo, incorporarse por primera vez o regresar al mercado laboral después de un periodo de inactividad. "El nivel de precariedad que sufren estos últimos es más elevado, y tanto sus posibilidades de reincorporación al empleo como las condiciones de los puestos que consiguen son peores que las de los trabajadores más jóvenes", señala el estudio. La antigüedad en la empresa se convierte así en un factor clave, ya que suele ir acompañada de mejores salarios y condiciones laborales. Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial más reciente, correspondiente a 2022, reflejan esta realidad. El salario medio anual de los trabajadores mayores de 55 años es superior al del resto de asalariados (30.038 euros frente a 26.855 euros en el grupo de 25 a 54 años). Sin embargo, entre los mayores que llevan menos de un año en su puesto, la retribución cae de forma notable hasta los 19.558 euros anuales, incluso por debajo de la percibida por los trabajadores de 25 a 54 años con la misma antigüedad (19.837 euros). En el extremo opuesto se sitúan los mayores con trayectorias laborales ininterrumpidas y más de 30 años de antigüedad, cuyo salario medio alcanza los 40.520 euros. A esta situación se suma el elevado peso del paro de larga duración entre los mayores de 55 años. Más de la mitad de los desempleados de este grupo -el 57,9%- lleva más de un año buscando trabajo sin éxito, un porcentaje muy superior al registrado entre los parados de 25 a 54 años (36,1%) y entre los jóvenes de 16 a 24 años (17,8%). Esto implica que, además de acceder a empleos de menor calidad, los mayores tienen más dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Incluso cuando logran encontrar trabajo, las condiciones suelen ser más inestables. El 52,6% de los mayores que acceden a un nuevo empleo lo hacen con contratos temporales, un 10% mediante contratos de muy corta duración (hasta tres meses) y un 4,5% como fijos discontinuos. En contraste, entre los trabajadores mayores con más de 25 años de antigüedad, la temporalidad se reduce al 2%, el empleo precario es prácticamente inexistente y la proporción de fijos discontinuos baja hasta el 2,4%. Para Lorenzo Serrano, investigador del IVIE y catedrático de la Universitat de València, "las dificultades de empleabilidad de los trabajadores de mayor edad constituyen un problema preocupante, especialmente en un contexto marcado por un fuerte envejecimiento demográfico". Serrano reconoce que se están impulsando políticas para prolongar la vida laboral con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y del Estado del bienestar, pero subraya la necesidad de "romper con los prejuicios y estereotipos asociados a la edad y reforzar la formación". Las cifras respaldan esta afirmación. Entre los trabajadores mayores con más de 25 años de antigüedad, el 45,6% ocupa puestos altamente cualificados -como directivos, profesionales científicos e intelectuales o técnicos especializados-, mientras que solo el 7% desempeña ocupaciones elementales. En cambio, entre los mayores que acceden a un nuevo empleo, la proporción de puestos de alta cualificación cae hasta el 15,6% y las ocupaciones elementales aumentan hasta el 29,4%. Esta situación es incluso peor que la de otros grupos de edad que acaban de incorporarse al empleo. En el caso de los trabajadores de 25 a 54 años, los puestos de mayor calidad representan el 29,1% y los elementales el 20%. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, estas cifras se sitúan en el 27% y el 15,5%, respectivamente, lo que evidencia que la cualificación de los nuevos empleos obtenidos por los mayores de 55 años es inferior a la de otros colectivos que también se incorporan recientemente al mercado laboral.

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(El Economista, 29-12-2025) | Laboral

La reforma para mejorar el "paro de los autónomos" vuelve a quedar en el aire

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el Gobierno dio a conocer su decisión de prorrogar en 2026 las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vigentes en 2025, ante la falta de acuerdo con las organizaciones representativas del colectivo. Esta medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, deja nuevamente en suspenso la reforma destinada a mejorar la prestación por cese de actividad, conocida popularmente como el "paro de los autónomos". Cuando el Ministerio de Seguridad Social presentó inicialmente su propuesta para incrementar las cotizaciones, todas las asociaciones de autónomos la rechazaron de forma unánime, ya que contemplaba subidas mensuales de entre 10 y 200 euros a partir de 2026. En ese momento, las organizaciones empresariales dejaron claro que cualquier aumento de las cuotas debía ir acompañado de mejoras en la protección social, especialmente en lo relativo al cese de actividad. Posteriormente, el departamento que dirige Elma Saiz -actual portavoz del Gobierno- planteó una segunda propuesta con incrementos más moderados, de entre 3 y 15 euros al mes, lo que suponía un aumento máximo del 2,5%, frente al 30% previsto inicialmente. No obstante, las asociaciones mantuvieron su postura y condicionaron su apoyo a avances concretos en las prestaciones. La falta de consenso limitó las negociaciones a dos reuniones, ambas sin éxito, en las que se rechazaron las propuestas ministeriales. Finalmente, el Ejecutivo optó por mantener las cuotas actuales durante 2026, sin aclarar el futuro de la reforma del cese de actividad, una prestación con escasa cobertura pese a que los autónomos cotizan por ella desde 2019. Uno de los principales problemas radica en los estrictos requisitos exigidos para acceder al paro de los autónomos. Entre las distintas modalidades existentes destaca el cese por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas que hagan inviable continuar con la actividad. Para que sea concedido, es necesario acreditar, entre otros supuestos, pérdidas superiores al 10% de los ingresos en un ejercicio completo, una reducción del 60% de la jornada de los trabajadores o la suspensión temporal de contratos de al menos el 60% de la plantilla, una caída de ingresos o ventas por debajo del 75% respecto a ejercicios anteriores, o que los rendimientos netos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a la base de cotización del autónomo. También existe el cese por fuerza mayor, que se aplica cuando una autoridad competente declara una situación de emergencia, como ocurrió durante la pandemia, o cuando la actividad se ve gravemente afectada, ya sea por una reducción de ingresos del 75% respecto al año anterior o porque los ingresos mensuales del autónomo se sitúan por debajo del SMI o de su base de cotización. Debido a la dificultad para cumplir estos requisitos -especialmente para quienes acumulan varios meses de pérdidas y no desean prolongar una situación económica insostenible-, las organizaciones de autónomos reclaman una reforma profunda del sistema. Señalan que, aunque cotizan por esta prestación desde hace seis años, alrededor del 60% de las solicitudes son rechazadas. Entre las mejoras que proponen figuran el reconocimiento de una "no voluntariedad" en el cierre cuando la continuidad del negocio resulta inviable y la unificación de criterios entre las mutuas encargadas de conceder la prestación. La propuesta de aumento de cuotas se enmarca en la reforma del RETA pactada en su día con el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. El objetivo es que, de aquí a 2030, los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, tal como establece la cuarta recomendación del Pacto de Toledo, con el fin de mejorar sus futuras pensiones. La prestación por cese de actividad pasó a ser obligatoria en 2019, con el respaldo de la patronal ATA, aunque no estuvo exenta de críticas por parte de algunos autónomos debido al incremento de las cotizaciones. Seis años después, organizaciones como ATA, UPTA y UATAE denuncian su baja efectividad. Los últimos datos, correspondientes a octubre, muestran que el 49,8% de las solicitudes de cese de actividad son rechazadas. De las 14.135 solicitudes registradas por el Ministerio de Seguridad Social en ese mes, se aprobaron 7.084, siendo los motivos económicos y de fuerza mayor los más habituales entre las concesiones, con 4.947 casos que acreditaron estas circunstancias. Entre las principales razones de denegación figuran la falta de acreditación ante la Agencia Tributaria, motivo de rechazo en 4.989 solicitudes, y no haber completado el periodo mínimo de cotización, que exige al menos 12 meses previos, lo que afectó a 783 peticiones. Asimismo, 249 solicitudes fueron denegadas por no estar al corriente del pago de las cuotas. Por último, las organizaciones de autónomos también reclaman al Gobierno la creación de un subsidio específico para los trabajadores por cuenta propia mayores de 52 años. Consideran que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, ya que muchos agotan las prestaciones disponibles a lo largo de su vida laboral y, al alcanzar esa edad, quedan sin una red de protección adecuada, en un tramo de edad donde la reincorporación al mercado laboral resulta especialmente difícil.

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(Expansión, 24-12-2025) | Laboral

7.000 millones de euros en cotizaciones a empresas y trabajadores para pagar las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 3,9% en las bases máximas de cotización, una subida de la cuota de solidaridad que oscilará entre el 1,15% y el 1,45%, y el aumento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) hasta el 0,9% a partir del 1 de enero. Este conjunto de medidas supondrá un fuerte aumento de las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores, que se traducirá en unos ingresos adicionales de alrededor de 7.000 millones de euros en 2026 con el objetivo de reforzar la financiación de la Seguridad Social y afrontar el creciente gasto en pensiones. Estos ingresos procederán del aumento del tope máximo de cotización -que se eleva un 3,9%-, de la cuota de solidaridad aplicada sobre los salarios que superan ese límite y del recargo correspondiente al MEI, que alcanzará el 0,9% desde comienzos de año. Las tres figuras de cotización fueron introducidas en la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023, con la finalidad de fortalecer los recursos del sistema ante el continuo aumento del gasto en pensiones y otras prestaciones contributivas. Para el próximo ejercicio, se prevé que este desembolso se acerque a los 230.000 millones de euros. En primer lugar, el mecanismo de equidad intergeneracional se situará en el 0,9% del salario bruto en 2026. Se trata de una cotización finalista destinada a reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, y se aplica por igual a trabajadores por cuenta ajena y autónomos, con independencia de su nivel de ingresos. El Ejecutivo calcula que esta vía de financiación aportará 5.298 millones de euros el próximo año, un 20% más que en 2025. No obstante, el reparto de la carga no será equilibrado: de los 0,9 puntos porcentuales del MEI, las empresas asumirán 0,75 puntos y los trabajadores 0,15. De este modo, los empleadores soportarán aproximadamente el 83% de esta cotización, lo que equivale a unos 4.397 millones de euros. Conviene recordar que los fondos acumulados no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé que comiencen las disposiciones para hacer frente a las tensiones financieras derivadas de la jubilación de la generación del baby boom. Además, aunque estas cotizaciones se destinan formalmente a las pensiones, no computan para el cálculo de la pensión futura al no formar parte de la base reguladora. En segundo lugar, el incremento del tope máximo de cotización, aunque no constituye un tipo específico, también aumentará los ingresos al gravar una mayor parte de los salarios. El límite mensual se elevará un 3,9%, hasta los 5.101,2 euros (61.214,4 euros anuales). Este tope sigue una senda de crecimiento vinculada al IPC medio más 1,2 puntos adicionales, un ritmo superior al de la pensión máxima, que solo se actualiza con el IPC más un 0,115% extra. Aunque la memoria económica de la orden de cotización no concreta el impacto recaudatorio exacto, se espera que sea ligeramente superior al del año anterior, cuando alcanzó los 1.000 millones de euros. Con los tipos actuales, más del 82% de este importe -unos 820 millones- recaerá sobre las empresas. La tercera fuente de ingresos será la cuota de solidaridad, una cotización adicional aplicada a los salarios que superan la base máxima y que entró en vigor en 2025. En 2026, los tipos aumentarán: el 1,15% para el tramo salarial hasta un 10% por encima del tope, el 1,25% para el tramo entre el 10% y el 50%, y el 1,46% para las retribuciones que superen en más de un 50% la base máxima. En concreto, se aplicará un 1,15% a la parte del salario comprendida entre 5.101,21 y 5.611,32 euros, con un reparto del 0,96% para la empresa y el 0,19% para el trabajador. El tramo entre 5.611,33 y 7.651,80 euros tributará al 1,25%, de los cuales el 1,04% corresponderá al empleador y el 0,21% al empleado. Por encima de 7.651,80 euros, el tipo será del 1,46%, repartido en un 1,22% para la empresa y un 0,24% para el trabajador. En todos los casos, los empleadores asumirán en torno al 83% de la cuota de solidaridad. Dado que la Seguridad Social prevé recaudar 567 millones de euros por este concepto -un 41,7% más que el año anterior-, las empresas aportarán aproximadamente 470 millones. En conjunto, estas tres medidas aportarán cerca de 7.000 millones de euros adicionales al sistema, de los que unos 5.810 millones saldrán de las empresas. De forma global, el Ministerio que dirige Elma Saiz estima que las aportaciones de empresas y trabajadores incrementarán la recaudación por cotizaciones en casi 12.500 millones de euros en 2026. Así, los ingresos totales por cuotas alcanzarían los 189.800 millones, un 7% más que en el ejercicio actual. Aun así, estos recursos seguirán siendo insuficientes para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el Estado deberá aportar más de 50.000 millones de euros en transferencias para compensar el déficit de la Seguridad Social.

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(El País, 24-12-2025) | Laboral

Las pensiones mínimas subirán al menos un 7% en 2026 y las no contributivas lo harán un 11,4%

El Ejecutivo ya había avanzado que las pensiones se revalorizarán un 2,7% el próximo año, aunque hasta ahora no había concretado el aumento previsto para las pensiones mínimas y las no contributivas, que son las que perciben los colectivos más vulnerables. Estas prestaciones volverán a incrementarse por encima de la subida general del sistema: en 2026, las pensiones mínimas con responsabilidades familiares crecerán un 11,4%, el mismo porcentaje que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), mientras que las mínimas sin cargas familiares aumentarán un 7%. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló estas cifras este martes, en su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. En esa misma reunión, el Ejecutivo aprobó también la prohibición de desahucios sin una alternativa habitacional para hogares vulnerables, la prohibición de suspender suministros básicos como luz, agua y gas, y la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas forman parte de un acuerdo alcanzado con EH Bildu, anunciado por la formación vasca el día anterior. El conjunto de estas iniciativas, junto con la revalorización de las pensiones, se integra en lo que el Gobierno denomina el "escudo social". Todas ellas se tramitarán de forma conjunta en un único decreto que deberá ser convalidado por el Parlamento en el plazo máximo de un mes. El Partido Popular había adelantado su disposición a apoyar la subida de las pensiones siempre que se presentara de manera independiente, por lo que, al incluirse junto a otras medidas, fuentes del PP no aseguran su respaldo a la propuesta del Ejecutivo. Las pensiones mínimas representan las cuantías más bajas dentro de las prestaciones contributivas, es decir, aquellas generadas a partir de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Su importe varía en función de la edad del pensionista, de si tiene o no familiares a su cargo y de que no supere determinados límites de ingresos. Estas cuantías actúan como un suelo del sistema contributivo, mientras que las pensiones máximas marcan el techo. Cuando la prestación calculada no alcanza ese mínimo, se aplican los denominados complementos a mínimos, que también dependen de la situación personal del beneficiario. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en España existen 2,12 millones de pensiones que reciben este tipo de complemento. Tal y como explicó Saiz, las pensiones mínimas con cargas familiares subirán un 11,4% y las que no tienen cargas lo harán un 7%. En España hay actualmente 10,42 millones de pensiones contributivas, percibidas por 9,42 millones de personas, ya que algunos beneficiarios reciben más de una prestación. Por sexo, 4,74 millones de hombres y 4,68 millones de mujeres cobran al menos una pensión. Por tipo, las pensiones de jubilación son las más elevadas y las más numerosas: alcanzan una media de 1.511 euros mensuales y suman 6,63 millones de prestaciones. Estas pensiones reflejan además una marcada brecha de género, ya que los hombres perciben una media de 1.728 euros, frente a los 1.209 euros que reciben las mujeres, cuyas trayectorias laborales han sido más discontinuas. A ellas se suman 2,35 millones de pensiones de viudedad, con una media de 926 euros al mes, y cerca de un millón de prestaciones contributivas por incapacidad permanente, que rondan los 1.211 euros mensuales. Para las personas mayores que no han cotizado lo suficiente y carecen de recursos económicos, el sistema cuenta con las pensiones no contributivas, que también se incrementarán un 11,4%. La Seguridad Social abona actualmente unas 471.000 prestaciones de este tipo, de las cuales el 63% corresponde a mujeres. Asimismo, el Gobierno ha confirmado una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables. En noviembre, esta prestación llegó a 785.722 hogares, en los que residen cerca de 2,4 millones de personas, según los últimos datos oficiales. La revalorización general del sistema, del 2,7%, responde a la media interanual de la inflación registrada en los últimos 12 meses. Este mecanismo quedó consolidado en la reforma aprobada en 2021, que vincula por ley el aumento de las pensiones a la evolución de los precios para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas.

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(El País, 24-12-2025) | Laboral

El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral

La ratificación en el Congreso del nuevo decreto aprobado por el Gobierno, que prorroga varias medidas incluidas en el denominado escudo social, está lejos de estar garantizada. Los grupos de la derecha parlamentaria -PP, PNV y Junts-, a los que previsiblemente se sumará Vox, no han confirmado su apoyo y vuelven a criticar que el Ejecutivo agrupe en un mismo texto asuntos como la revalorización de las pensiones junto a otras medidas que, a su juicio, deberían negociarse de forma separada. El decreto deberá someterse a votación en el Parlamento en el plazo de un mes. Por el contrario, los socios de izquierda sí respaldan el acuerdo alcanzado entre los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, con EH Bildu. El escenario recuerda mucho al de hace un año, cuando el Gobierno presentó en el Congreso un decreto similar que incluía la actualización de las pensiones junto a distintas medidas de protección social y ayudas al transporte público. En aquella ocasión, Junts lo rechazó inicialmente junto al PP y Vox, para acabar apoyándolo días después tras introducirse algunos cambios. El nuevo decreto mantiene medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- y la prórroga del bono social eléctrico. El Ejecutivo debe remitir este macrodecreto, que combina el escudo social con la subida de las pensiones aprobada este martes en el último Consejo de Ministros del año, al Congreso en el plazo de un mes hábil. Por ello, deberá cerrar apoyos antes de que finalice enero, con la intención de que pueda ser convalidado al retomarse la actividad parlamentaria ordinaria. De momento, esos respaldos no están asegurados. Las conversaciones con los distintos grupos las vuelve a liderar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde el Gobierno insisten en que su intención es incluir todas las medidas en un único decreto y aseguran estar encontrando una "buena disposición" entre sus socios. El primer acuerdo en este sentido se cerró el lunes con EH Bildu, lo que ha provocado críticas del PP, que cuestiona que el Ejecutivo exhiba acuerdos con esa formación mientras solicita el apoyo de otros grupos. Así lo expresó la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. Al PNV tampoco le ha sentado bien, una vez más, que el Gobierno priorice el entendimiento con Bildu, con quien compite electoralmente en el País Vasco. El PNV ya señaló el lunes, tras conocerse el pacto entre el Ejecutivo y Bildu, que además de medidas para frenar los desahucios de personas vulnerables reclamaba otras destinadas a proteger a los pequeños propietarios que solo disponen de una vivienda en alquiler. Fuentes del partido subrayan también su rechazo a que se mezcle la subida de las pensiones con el escudo social y defienden que el paquete de ayudas incluya mayores garantías para los arrendadores. En esta línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, recordó que "la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables corresponde al Estado". En definitiva, los nacionalistas vascos esperan conocer la respuesta del Gobierno antes de confirmar lo que, a priori, podría ser un voto favorable. El PP, por su parte, lleva tiempo advirtiendo de su desconfianza hacia los macrodecretos que agrupan múltiples materias. Aunque en principio estaría dispuesto a respaldar la revalorización de las pensiones -que podría suponer subidas de entre el 7% y el 11% en las mínimas-, mantiene su voto en suspenso hasta analizar el contenido completo del texto. Muñoz insinuó este martes, vinculándolo al mal resultado electoral del PSOE en Extremadura, que el Ejecutivo debería reflexionar sobre con qué socios saca adelante determinadas iniciativas, en alusión a Bildu. Con este panorama, y dado que los socios de izquierda vienen reclamando desde hace tiempo medidas "ambiciosas y progresistas" en favor de las familias más vulnerables como condición para sostener la legislatura, la convalidación del decreto vuelve a depender de los siete escaños de Junts. La formación catalana mantiene por ahora su posición abierta, a la espera de más información. Fuentes del partido se limitan a señalar que su postura se decidirá durante el debate parlamentario y cuando el decreto llegue a votación. Hace un año, el Gobierno afrontó una situación muy similar con un decreto ómnibus comparable. Tras una negociación intensa, Junts llegó incluso a forzar un retraso de varias horas en el Consejo de Ministros, mientras los miembros del Ejecutivo aguardaban en una sala contigua. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez accedió a tramitar inicialmente la iniciativa sobre la cuestión de confianza que reclamaban los independentistas -que después fue retirada- y aceptó dividir el macrodecreto en dos: uno centrado en las medidas sociales, incluida la subida de las pensiones, y otro con disposiciones económicas. Ahora, todo apunta a que el Ejecutivo podría verse abocado a recorrer un camino similar.

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(Expansión, 23-12-2025) | Laboral

El Estado inyecta más de 50.000 millones extra de los impuestos para pagar pensiones

El Estado ha tenido que destinar más de 50.000 millones de euros en aportaciones presupuestarias a la Seguridad Social para poder afrontar el pago de las pensiones a lo largo de 2025. Hasta el mes de noviembre, estas transferencias alcanzaron los 50.890 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,9% en comparación con el año anterior. Este volumen implica que casi una cuarta parte de la financiación de las pensiones contributivas -el 23,4%- ya procede de los impuestos y no de las cotizaciones sociales ordinarias. Si a estas transferencias se suman los ingresos por cotizaciones, que ascendieron a 162.031 millones de euros tras crecer un 6,8% interanual (10.426 millones más), junto con el resto de operaciones corrientes y no financieras, los recursos totales disponibles para atender los compromisos del sistema se situaron en 215.400 millones de euros. Sin embargo, si se excluyen tanto las transferencias del Estado, cercanas a los 51.000 millones, como los 4.505 millones recaudados a través del mecanismo de equidad intergeneracional -cuyas aportaciones son finalistas y se destinan a reforzar el Fondo de Reserva-, los ingresos ordinarios quedarían reducidos a 159.895 millones de euros, una cifra muy inferior al gasto total, que alcanza los 207.530 millones. El Ministerio que encabeza Elma Saiz prevé que la denominada hucha de las pensiones cierre el ejercicio con un saldo próximo a los 14.000 millones de euros. Este año, gracias a la aplicación de la cuota del 0,8% correspondiente al mecanismo de equidad intergeneracional, los recursos acumulados por esta vía están aumentando a un ritmo del 32,7%. La diferencia entre los ingresos ordinarios y el nivel de gasto refleja el denominado déficit contributivo del sistema, que ronda los 50.000 millones de euros y que se cubre con recursos procedentes de la recaudación general de impuestos, lo que equivale a 3,2 puntos del PIB. En cambio, si se tienen en cuenta todas las fuentes de financiación, la Seguridad Social presenta un superávit de 7.870 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB. Desde el Ministerio destacan que, si se comparan los datos actuales con los del último ejercicio previo a la pandemia, en 2019, las cotizaciones sociales han aumentado en 48.404 millones de euros, lo que supone un incremento del 42,6%. Además, en el análisis mensual se observa que en noviembre los ingresos por cuotas alcanzaron los 14.919 millones de euros, 4.494 millones más que en el mismo mes de 2019. Más allá del coste de las pensiones contributivas, uno de los factores que está impulsando con mayor intensidad el aumento del gasto es la prestación por incapacidad temporal. Hasta noviembre, el desembolso asociado a las bajas laborales ascendió a 16.642 millones de euros, un 13,7% más que en el ejercicio anterior. Este fuerte incremento ha obligado a realizar ajustes presupuestarios para cubrir la partida, lo que ha llevado a la Seguridad Social a aportar 6.149 millones de euros adicionales, elevando el presupuesto inicial en un 52%. La estimación para el cierre del año apunta a un gasto cercano a los 18.000 millones de euros en esta prestación.

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(El País, 23-12-2025) | Laboral

El BOE publica la convocatoria de 17.986 plazas en la Administración General del Estado

El Boletín Oficial del Estado publicado este lunes recoge la convocatoria de 17.986 plazas para la Administración General del Estado (AGE). Tal y como señala la resolución firmada por la Secretaría de Estado de Función Pública, se trata de puestos ya contemplados en las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. La novedad radica en que ahora se activan de manera formal casi 18.000 plazas para su provisión. Según informa el Ministerio de Función Pública en un comunicado, las vacantes se distribuyen en cinco cuerpos distintos y se ofertan tanto por el sistema de turno libre como por promoción interna. En concreto, afectan a los cuerpos de Auxiliares y Administrativos, Técnicos Auxiliares de Informática (subgrupo C1), Auxiliares de la Administración (C2), así como a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática (A2). Desde el departamento que encabeza Óscar López subrayan que esta convocatoria forma parte de la estrategia acordada para avanzar hacia una Administración Abierta, con el objetivo de fomentar un empleo público moderno, innovador e inclusivo. En este sentido, destacan que se busca captar y retener talento mediante procesos selectivos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. En cuanto a los requisitos académicos, el Gobierno aclara que para optar a las plazas del subgrupo C2 será suficiente contar con la educación secundaria obligatoria; para el C1 se exigirá el título de bachiller o de técnico; y para el A2 será necesario disponer de una titulación universitaria de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica. La distribución de las cerca de 18.000 plazas es la siguiente: - En el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado se ofertan 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 se reservan para personas con discapacidad, además de 720 plazas por promoción interna. - Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre (230 para el cupo de discapacidad) y 6.178 por promoción interna. - El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática contará con 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas para discapacidad, y 340 para promoción interna. - En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se ofrecen 1.356 plazas de turno libre (266 con reserva para discapacidad) y 2.950 para promoción interna. - Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispondrá de 680 plazas de acceso libre y 520 de promoción interna. Función Pública recuerda que la inscripción en los procesos selectivos deberá realizarse de forma electrónica mediante la presentación de la solicitud de admisión. El plazo para hacerlo es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, es decir, desde este martes. La última oferta de empleo público fue aprobada por el Gobierno el pasado verano y supuso un cambio de tendencia respecto a ejercicios anteriores. Con 36.588 plazas, registró un descenso del 8,8% frente a las 40.121 de 2024, después de cuatro años consecutivos de incrementos. No obstante, la oferta de 2024 había marcado un máximo histórico y, pese a la reducción, la de 2025 sigue situándose por encima de las cifras registradas desde 2018, cuando comenzó el actual mandato. El Ejecutivo estimó que esta convocatoria permitirá crear unos 5.400 nuevos empleos en la AGE. Además, la semana pasada el Congreso dio luz verde a la actualización salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026. El acuerdo contempla una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y un incremento adicional del 1,5% a partir del inicio de 2026. En conjunto, la revalorización alcanzará el 4%, a la que podría añadirse un 0,5% extra en función de la evolución del IPC, dentro de un pacto que prevé aumentos acumulados de hasta el 11% en cuatro años.

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