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(El País, 18-02-2026) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo

El Gobierno ha aprobado este martes una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la remuneración mínima legal en España, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. Estas son las claves principales del incremento. ¿Cuál es la nueva cuantía del salario mínimo? Se fija en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025, es decir, 37 euros más. En términos anuales alcanza los 17.094 euros y equivale a 9,55 euros por hora. Si se prorratea en 12 pagas, la cantidad mensual asciende a 1.424,5 euros. ¿Tiene efectos retroactivos? Sí. La subida se aplica desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas deberán abonar en nóminas posteriores la diferencia correspondiente a enero. Incluso si un trabajador cobró el salario mínimo ese mes y dejó su empleo en febrero, puede reclamar la cantidad que le corresponde por ese periodo. ¿Por qué el incremento es del 3,1%? El Ministerio de Trabajo solicitó a un grupo de expertos dos estimaciones: una subida sin impacto fiscal y otra teniendo en cuenta la tributación, ambas con el objetivo de que el SMI mantuviera poder adquisitivo y se situara en torno al 60% del salario medio neto. La recomendación sin impuestos fue del 3,1%, similar a la inflación interanual disponible entonces, mientras que con tributación ascendía al 4,7%. Los sindicatos reclamaban un aumento del 7,5% con tributación incluida, y las organizaciones empresariales proponían un 1,5% condicionado a compensaciones en contratos públicos. Tras la decisión de Hacienda de mantener el SMI exento mediante la ampliación de la deducción fiscal, Trabajo planteó la subida del 3,1% a los interlocutores sociales. Los sindicatos la aceptaron, pero la patronal volvió a rechazarla, como viene haciendo desde 2020. ¿Cómo se aplicará la deducción en el IRPF? La deducción vigente, de 340 euros anuales, resulta insuficiente tras el incremento, por lo que se elevará hasta aproximadamente 600 euros. Durante 2026 los trabajadores soportarán retenciones en sus nóminas, pero al presentar la declaración de la renta al año siguiente recibirán una devolución equivalente. ¿Quiénes se benefician de la subida? Según cálculos del sindicato CC OO, la medida favorecerá a unos 1,66 millones de trabajadores, de los cuales 1,42 millones tienen jornada completa y alrededor de 230.000 trabajan a tiempo parcial. En total, representa cerca del 9% de los asalariados, aunque el impacto varía según el colectivo. Entre las mujeres, el aumento alcanzará al 12,4%, frente al 6,3% de los hombres, de modo que seis de cada diez beneficiarios serán trabajadoras.

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(El País, 18-02-2026) | Laboral

Díaz embiste contra Garamendi por rechazar la subida del salario mínimo: “Cobra 23 veces el SMI”

El Gobierno ha intensificado sus reproches a la patronal por oponerse al aumento del salario mínimo hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un 3,1% más que el año anterior. Tras el Consejo de Ministros que aprobó la medida, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, percibe "23 veces el salario mínimo". No es la primera vez que menciona su sueldo para criticar su postura: en septiembre pasado aseguró que ganaba 25 veces el SMI. Díaz pidió "prudencia y responsabilidad" a las organizaciones empresariales y sostuvo que existe margen para elevar los salarios, apoyándose en los elevados beneficios empresariales y en el crecimiento económico del país, que alcanzó el 2,8% en 2025. Señaló además que en los últimos años los sueldos más bajos han subido más que los medios y altos, por lo que instó a las patronales a generalizar las mejoras salariales. Estas declaraciones se suman a las críticas expresadas el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien reprochó a la patronal no respaldar el incremento. Aunque Díaz suele mantener un tono duro hacia Garamendi, no es habitual que Sánchez lo haga con tanta contundencia. El jefe del Ejecutivo defendió que, si en momentos difíciles el esfuerzo se reparte, también debe hacerse cuando aumentan los beneficios, y reclamó a las empresas que eleven los sueldos donde aún no lo han hecho. Garamendi respondió a estas acusaciones recordando que la fijación del salario mínimo corresponde al Gobierno, por lo que considera que el Ejecutivo ha aplicado la cifra que ha estimado conveniente. También cuestionó que se haya apoyado en un informe elaborado por expertos designados por el Ministerio de Trabajo, a quienes reprochó no tener experiencia directa pagando salarios. En una entrevista en la Cadena COPE, añadió que el incremento del 3,1% ni siquiera coincide con la inflación media del año pasado, situada en el 2,7%. El presidente de la CEOE acusó además al Ejecutivo de ignorar el diálogo social y de buscar confrontación con quienes, a su juicio, generan riqueza. Subrayó que no todas las empresas tienen la dimensión de las grandes compañías del Ibex y aseguró que los salarios ya están subiendo, aunque señaló que el margen es limitado por el aumento de impuestos y cotizaciones, que -según afirmó- terminan reduciendo lo que llega a los trabajadores. Desde el entorno de Díaz se interpreta que la oposición de la CEOE responde en parte a razones internas, vinculadas al proceso electoral que la organización empresarial celebrará este año, en el que Garamendi buscaría reforzar su imagen. Como antecedente, se recuerda que en las elecciones de Cepyme del año pasado el candidato alternativo, Gerardo Cuerva, estuvo cerca de imponerse a la aspirante apoyada por Garamendi, Ángela de Miguel. En la patronal, sin embargo, sostienen lo contrario: consideran que muchas de las propuestas impulsadas por Díaz, así como el tono crítico hacia las empresas, responden a intereses políticos propios, especialmente teniendo en cuenta las dificultades para aprobarlas en un Congreso con mayoría conservadora. De hecho, las organizaciones empresariales llevan más de un año y medio sin firmar acuerdos con el Ministerio de Trabajo, el periodo más largo desde que Díaz asumió la cartera.

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(El Economista, 18-02-2026) | Laboral

Trabajo otorga 50 millones a los ayuntamientos afectados por el temporal para contratar a parados en las labores de reconstrucción

El Ministerio de Trabajo ha activado un programa extraordinario de empleo dotado con 50 millones de euros destinado a los ayuntamientos perjudicados por las inundaciones, dentro del Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para responder a los daños causados por las recientes borrascas. Entre las medidas incluidas también figura la reducción a cinco del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Según el departamento que dirige Yolanda Díaz, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concederá ayudas directas a las entidades locales afectadas para financiar la contratación de personas desempleadas. Estas contrataciones se realizarán en el marco de programas de inserción laboral vinculados a obras o servicios de utilidad pública y social, con el objetivo de apoyar las labores de reconstrucción tras los daños provocados por las borrascas Leonardo y Marta. Asimismo, el Ministerio rebaja de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas en el último año el requisito para acceder al subsidio por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales por cuenta ajena. Esta medida se aplicará a quienes estén incluidos en el sistema especial agrario y residan o trabajen en municipios andaluces afectados cuando entre en vigor la norma. Por otro lado, los empleados de empresas -incluidos los socios trabajadores de cooperativas- integrados en el Régimen General de la Seguridad Social y perjudicados por el temporal serán considerados como afectados por una situación de fuerza mayor. En el caso del servicio doméstico, si las tareas no pueden realizarse de forma total o parcial debido a las consecuencias del temporal, se permitirá suspender temporalmente el contrato o reducir la jornada laboral. Los trabajadores afectados podrán acceder a la prestación contributiva por desempleo sin necesidad de acreditar cotizaciones previas ni cumplir el periodo mínimo exigido habitualmente, según fuentes ministeriales. Esta iniciativa sigue la línea de actuaciones adoptadas anteriormente: en diciembre de 2024, el Ministerio aprobó una medida similar tras la DANA, destinando también 50 millones de euros -procedentes del presupuesto del SEPE- a contratar a desempleados para realizar trabajos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas.

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(Expansión, 17-02-2026) | Laboral

La afiliación a los sindicatos cae a mínimos con récord de subvenciones

Las ayudas públicas destinadas a las organizaciones sindicales se han multiplicado por más de tres durante el mandato de Pedro Sánchez, pese a la caída continuada de su peso entre los trabajadores: han pasado de 8,8 millones de euros en 2018 a 32 millones en 2025. En paralelo, la afiliación sindical lleva décadas descendiendo y alcanzó en 2024 un nuevo mínimo histórico, con solo alrededor del 12% de los asalariados inscritos en algún sindicato, una proporción aún menor entre los jóvenes. Aun así, las subvenciones estatales han aumentado con fuerza tras el periodo de restricción presupuestaria durante el gobierno de Mariano Rajoy. Desde comienzos de los años 2000, el porcentaje de trabajadores afiliados ha bajado de forma gradual desde cerca del 15% -ya considerado entonces reducido- hasta el entorno actual del 12%, según datos de la OCDE analizados en el informe Focus on Spanish Society de Funcas. A principios de siglo la afiliación llegó a situarse en torno al 17%, antes de la crisis financiera. Durante los primeros años de recesión incluso subió, debido a que muchos despedidos eran trabajadores con poca antigüedad y menor presencia sindical, ya que las estadísticas solo contabilizan a los asalariados en activo. Sin embargo, poco después comenzó un descenso sostenido, especialmente entre quienes se incorporaban al mercado laboral, algo que algunos expertos atribuyen a que los sindicatos priorizaron la defensa del empleo existente frente a la creación de nuevos puestos. Funcas señala que el nivel de afiliación refleja tanto el grado de identificación de los trabajadores con estas organizaciones como su capacidad para atraer y conservar miembros. La caída, común en muchas economías avanzadas -sobre todo entre jóvenes y trabajadores con trayectorias laborales inestables-, responde a cambios estructurales del mercado laboral, como el aumento de la temporalidad, la rotación en el empleo y la transformación de las relaciones laborales. Aunque el descenso es generalizado en los países desarrollados, la tasa española resulta especialmente baja en comparación con Europa. En los países nórdicos -Islandia, Dinamarca, Suecia o Finlandia- la afiliación oscila entre el 60% y el 90% de los trabajadores, mientras que en Italia ronda el 30% y en Alemania cerca del 14%. Otro indicador preocupante para los sindicatos es la escasa fidelidad de sus antiguos miembros: aproximadamente la mitad de quienes estuvieron afiliados en el pasado ya no lo están, lo que apunta a un distanciamiento creciente entre las organizaciones sindicales y las preocupaciones reales de los trabajadores. Las diferencias también se aprecian por edad y tipo de contrato. Entre los asalariados a tiempo completo de 25 a 44 años, la afiliación alcanza el 18,3%, pero desciende al 10,3% en el empleo a tiempo parcial. Entre los mayores de 45 años, en cambio, cerca de uno de cada cuatro trabajadores pertenece a un sindicato, con independencia de la jornada. Estos datos sugieren que las organizaciones tienen dificultades para integrar a quienes acceden al mercado laboral, especialmente a los más vulnerables, a diferencia de lo que ocurre en países como Finlandia, Francia, Eslovaquia o Hungría, donde los trabajadores más precarios presentan mayores niveles de afiliación. En este contexto de pérdida de base social resulta llamativo el fuerte incremento de las subvenciones públicas. Las ayudas estatales se redujeron notablemente durante el mandato de Rajoy, tanto por los escándalos relacionados con la gestión de fondos de formación como por la necesidad de controlar el déficit. Sin embargo, con Sánchez volvieron a aumentar de forma significativa, hasta alcanzar los 32 millones de euros en 2025, muy por encima de los niveles registrados al final de la anterior etapa.

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(Expansión, 17-02-2026) | Laboral

El Gobierno da luz verde a la subida del salario mínimo a 1.221 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asistieron al acto de firma de la actualización del salario mínimo junto a los sindicatos UGT y CCOO. Desde Palacio de la Moncloa se presentó esta octava subida del salario mínimo desde la llegada de Sánchez al poder como la escenificación más relevante realizada hasta ahora para un acuerdo de este tipo, en un contexto de tensiones dentro del Ejecutivo. La firma del pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para elevar el SMI un 3,1% en 2026 -hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas- contó con la presencia de Sánchez y Díaz, acompañados también por Montero, Saiz y Bustinduy, así como por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La subida, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. Además, el salario continuará exento del IRPF gracias a una bonificación de Hacienda. Paralelamente, se aprobará un decreto para regular la aplicación de los incrementos, con el objetivo de evitar que las empresas compensen la subida reduciendo pluses u otros complementos salariales. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, calificaron la evolución reciente del salario mínimo en España como una historia de "éxito", aunque subrayaron que sigue siendo un sueldo de mera subsistencia, insuficiente para afrontar gastos elevados como la vivienda. Álvarez insistió en que el aumento no es tan elevado como se suele afirmar y recordó que España aún está lejos de cumplir los objetivos de la Carta Social Europea, que situarían el SMI en torno a 1.444 euros. También comparó la situación con otros países europeos: en Francia el salario mínimo alcanza los 1.823 euros y afecta a alrededor del 10% de la población; en Bélgica llega a 2.112 euros y afecta al 3%; y en Alemania se sitúa en 2.343 euros, con incidencia en el 6% de los trabajadores. Por su parte, Sordo destacó que el incremento acumulado del 66% en los últimos años ha desmontado la idea de que subir los salarios mínimos destruye empleo. Además, afirmó que ha contribuido a reducir la pobreza y a estrechar la brecha salarial en torno a un 20%, aunque advirtió de que todavía es necesario actuar sobre la alta temporalidad a tiempo parcial y la falta de políticas de cuidados.

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(El Periódico, 17-02-2026) | Laboral

Sánchez pide a los empresarios de CEOE que "cumplan su parte" y "paguen más”

El Ejecutivo pretendía recuperar este año la imagen de consenso del diálogo social alcanzado en 2020, cuando las patronales CEOE y Cepyme respaldaron una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,6%, hasta 13.300 euros brutos anuales. Sin embargo, las organizaciones empresariales mantienen un rechazo frontal a negociar con el Gobierno durante esta legislatura, especialmente en las medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo también desincentiva a la patronal a ceder en acuerdos, ante la previsión de que muchas reformas no prosperen por falta de apoyos, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral. En medio de un clima de tensión permanente entre Trabajo y la patronal, varios ministerios intentaron durante meses persuadir a los empresarios para aceptar un incremento del SMI del 3,1% en 2026, hasta 17.094 euros anuales (1.221 euros en 14 pagas), pero sin éxito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó públicamente la ausencia de la CEOE en la firma del acuerdo con los sindicatos, señalando que esa ausencia refleja quién se beneficia del crecimiento económico. Sánchez sostuvo que la patronal sí celebra los máximos del Ibex y los récords de beneficios empresariales, pero se desmarca cuando se trata de elevar el salario mínimo. Por ello, instó a los empresarios a asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y avanzar hacia subidas salariales generalizadas, en línea con las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de las organizaciones sindicales. Además, diferenció entre los dirigentes de la CEOE y aquellos empresarios que sí consideran a sus trabajadores como su principal activo y mejoran sus sueldos. Para facilitar el acuerdo, el Gobierno ofreció a la patronal una rebaja en el Impuesto de Sociedades que compensara el alza del SMI, pero las condiciones no resultaron atractivas. Las organizaciones empresariales reclamaban modificar la ley que impide trasladar automáticamente estos aumentos a los contratos públicos en vigor, algo que el Ministerio de Hacienda rechazó por el elevado impacto presupuestario que supondría. Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO insisten en reformar las reglas de compensación y absorción para evitar que las empresas neutralicen las subidas del SMI reduciendo complementos salariales. Trabajo pretende incluir esta modificación en el decreto que adaptará la directiva europea sobre salarios mínimos, aunque su alcance podría verse limitado por su carácter reglamentario y por la doctrina del Tribunal Supremo. Al acto de firma acudieron numerosos miembros del Ejecutivo y figuras vinculadas al PSOE, pese a que la subida de este año es la más moderada desde 2021, cuando el incremento fue del 1,6% en plena salida de la pandemia y al inicio de la crisis inflacionaria. Entre los asistentes destacaron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 66%, pasando de 736 euros mensuales a los 1.221 euros previstos, lo que sitúa a España entre los países europeos con SMI más elevados en términos reales. Este incremento acumulado contrasta con el crecimiento del 14,7% registrado entre 2012 y 2018. En cuanto a la tributación, el Ministerio de Hacienda prevé aplicar nuevamente una bonificación para que quienes perciben el SMI recuperen en la declaración de la renta las retenciones practicadas por el IRPF durante el año. Hasta 2024 se optó por elevar el umbral exento de tributación para igualarlo al salario mínimo, pero esa medida reducía los ingresos fiscales de todos los salarios. La nueva fórmula, en cambio, beneficia únicamente a quienes cobran el SMI y evita que pierdan alrededor del 81% del aumento previsto para 2026.

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(El Economista, 17-02-2026) | Laboral

Las mutuas registran un déficit de casi 1.700 millones por el auge de las bajas laborales

El aumento sostenido de las bajas laborales por incapacidad temporal en los últimos años, junto con el coste que conllevan, ha provocado que los ingresos que perciben las mutuas por contingencias comunes resulten insuficientes para financiar las prestaciones. En 2024, según datos conocidos por elEconomista.es, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social registraron un déficit cercano a los 1.700 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha al sumar todas las comunidades autónomas. Fuentes del sector explican que desde 2015 el gasto en incapacidad temporal supera lo recaudado por las cotizaciones destinadas a contingencias comunes -las que cubren las bajas por enfermedad común o accidentes no laborales-. Desde entonces, el desfase no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 1.697 millones en 2024, último ejercicio con datos consolidados. Aunque las cifras de 2025 aún no están cerradas, ya se detecta un aumento interanual del déficit. La Ley General de la Seguridad Social establece que, cuando se producen pérdidas, cada mutua debe recurrir primero a su fondo de reserva específico para contingencias comunes. Si este se agota, puede utilizar una reserva complementaria y, en última instancia, el fondo destinado a contingencias profesionales. Según las fuentes consultadas, actualmente muchas mutuas ya están empleando este último recurso, de modo que los ingresos pensados para cubrir accidentes laborales están compensando el incremento del gasto por bajas médicas comunes. El pago de la prestación por incapacidad temporal se reparte entre empresa, mutua y sistema público. Durante los tres primeros días de baja el trabajador no percibe salario -salvo mejoras establecidas por convenio-; entre el cuarto y el decimoquinto día la empresa abona al menos el 60% del sueldo; y a partir del día 16 la prestación corre a cargo de la mutua o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según quién cubra a la empresa. En cualquier caso, los fondos proceden de las cotizaciones sociales. En 2024, las mutuas protegían a unos 15,85 millones de trabajadores, aproximadamente el 78% del total, según la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT). Ese año, junto con la Seguridad Social, destinaron unos 15.000 millones de euros a estas prestaciones, cifra que podría alcanzar los 16.787 millones al cierre de 2025. De ese total, las mutuas asumieron cerca de 9.942 millones, mientras que el INSS aportó 5.072 millones. La frecuencia de estos procesos también ha aumentado. A finales de 2024 se registraban 36,47 bajas por cada 1.000 trabajadores en el ámbito de las mutuas y 35,98 en el sistema general. Sin embargo, el incremento resulta mucho más acusado si se compara con la etapa previa a la pandemia: según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la incidencia ha crecido alrededor de un 60% desde 2017. Ante esta situación, la patronal reclama desde hace tiempo ampliar las competencias de las mutuas -entidades privadas de empresarios que colaboran con el sistema público y están vinculadas a la CEOE-. La directora de Empleo de la organización empresarial, Rosa Santos, insistió recientemente en permitir que estas entidades puedan emitir altas médicas para acortar los plazos de las bajas. Por ahora, el Ministerio de Seguridad Social dirigido por Elma Saiz solo contempla que las mutuas puedan dar el alta en casos de accidentes laborales cuando la incapacidad supere los 365 días, es decir, en procesos de contingencias profesionales de larga duración. Otra propuesta del Gobierno es reforzar su participación en la gestión de estas entidades, incorporando dos representantes de la Administración a sus órganos de gobierno.

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(El Economista, 17-02-2026) | Laboral

El Constitucional pone en jaque la nueva obligación de negociar antes de demandar

El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado estudiar una cuestión de inconstitucionalidad relativa a los medios adecuados de solución de controversias (MASC), una de las principales reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lleva menos de un año en vigor. La Ley de Eficiencia de la Justicia exige desde el 3 de abril intentar una negociación previa antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles -como disputas societarias, cláusulas bancarias, determinados casos de ocupación, conflictos de alquiler, incumplimientos contractuales o procesos de divorcio y custodia-. Sin ese intento acreditado, la demanda puede ser inadmitida. El tribunal deberá determinar si esta obligación constituye un obstáculo al derecho de acceso a la justicia, al exigir demostrar previamente que se ha intentado resolver el conflicto por vías alternativas. Según José Miguel Blasco, socio del área civil y procesal de Net-Craman, la admisión a trámite indica que existen dudas razonables sobre si este requisito vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Añade que la situación genera incertidumbre jurídica, ya que cuestiona un elemento procesal clave para planificar litigios. Si finalmente se declarara inconstitucional, desaparecería la exigencia de negociación previa, facilitando acudir directamente a los tribunales, aunque también podría frustrar la estrategia de reducir la judicialización de conflictos. Por su parte, Tomás Villatoro, especialista en derecho procesal y resolución alternativa de disputas en Ius + Aequitas Trial Lawyers, señala que el análisis del Constitucional girará previsiblemente en torno al artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva. El tribunal deberá valorar si imponer un mecanismo extrajudicial como condición para demandar es una carga proporcionada o si, en determinados casos, se convierte en una barrera excesiva. A su juicio, el debate no se centra en la utilidad de estos sistemas, sino en su compatibilidad con la Constitución. Desde la entrada en vigor de la ley, los MASC han generado una intensa controversia entre los profesionales del derecho. Se han cuestionado tanto su diseño técnico como sus efectos reales sobre el acceso a la justicia, lo que ha derivado en interpretaciones dispares por parte de los tribunales. Diferentes salas de los Tribunales Superiores de Justicia han fijado criterios propios sobre los aspectos más polémicos del requisito, sin que exista aún una doctrina unificada, lo que obliga a los abogados a desenvolverse en un contexto de inseguridad jurídica y diferencias territoriales. Ahora corresponde al Constitucional establecer un criterio claro que aporte coherencia y estabilidad al sistema. Para ello, el tribunal ha solicitado alegaciones al Congreso, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, que disponen de 15 días para pronunciarse. Este procedimiento sitúa en el foco público una de las reformas más relevantes del Ejecutivo y lo obliga a defender su legalidad.

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(Expansión, 16-02-2026) | Laboral

CEOE exige a la Seguridad Social que la inspección controle las bajas antes del año

La patronal está elaborando un conjunto de iniciativas para frenar el absentismo laboral. Entre sus demandas al Ejecutivo figura intervenir sobre los empleados que encadenan múltiples bajas por incapacidad temporal y reforzar los recursos del sistema sanitario. El Gobierno ha reactivado la mesa de diálogo social con empresas y sindicatos para analizar el incremento sostenido de las bajas laborales en España, disparado tras la pandemia. Estas ausencias suponen ya un coste cercano a 16.000 millones de euros para las compañías y unos 17.000 millones para las arcas públicas en prestaciones. En el primer encuentro celebrado el año pasado en el Ministerio de Seguridad Social se planteó la posibilidad de reincorporaciones graduales en bajas superiores a 180 días, compatibilizando trabajo y subsidio, una propuesta que no convenció a ninguna de las partes. La última reunión tripartita se había producido en octubre, antes de retomarse las conversaciones en febrero. Los interlocutores sociales confían ahora en que el Ejecutivo perfeccione esa fórmula de altas progresivas para que realmente reduzca los efectos del absentismo, que genera costes económicos y organizativos, gastos de sustitución, sobrecarga de las plantillas y pérdida de competitividad y productividad. El departamento que dirige la ministra Elma Saiz insiste en diseñar un sistema que reduzca especialmente las bajas de muy larga duración, a partir de los seis meses. Mientras tanto, según fuentes del diálogo social citadas por EXPANSIÓN, la CEOE planea presentar medidas orientadas a mejorar la gestión y el control de las bajas, con el objetivo de detectar posibles abusos en determinados colectivos. Entre sus propuestas figura que la Seguridad Social movilice antes de los 365 días a la inspección del INSS, organismo competente en esta materia. Según la legislación vigente, al cumplirse un año de baja la inspección médica del INSS asume en exclusiva el seguimiento del caso y puede decidir el alta por recuperación, la prórroga de la baja, el alta por incomparecencia o la propuesta de incapacidad permanente. También puede extender la situación de incapacidad temporal hasta 180 días más o determinar una incapacidad definitiva. Aunque la ley permite que el INSS intervenga también durante el primer año con las mismas competencias que los servicios de salud autonómicos, en la práctica -según fuentes de mutuas- estos controles suelen activarse solo después de los 12 meses. Por ello, la patronal pide intensificar las inspecciones desde etapas más tempranas y reforzar los recursos humanos en todos los niveles: sanidad pública, inspección médica del INSS y mutuas. Especial atención solicitan para los trabajadores que acumulan varias bajas. Un estudio de la AIReF indica que los procesos de incapacidad se concentran en un grupo reducido de personas y que esta concentración ha aumentado: el 25% de los trabajadores acumula más de la mitad de las bajas, mientras que la mitad de la población concentra el 77% de los episodios. Según el organismo, el sistema está siendo utilizado de forma intensiva por un segmento limitado de beneficiarios. La patronal también rechaza el modelo de reincorporación gradual propuesto por el Gobierno, al considerar que trasladaría parte del coste de la incapacidad temporal a las empresas. El plan prevé que quienes lleven más de 180 días de baja vuelvan de forma paulatina durante un máximo de 30 días, trabajando media jornada y cobrando la parte proporcional del salario más una prestación equivalente al 50% del subsidio por el tiempo no trabajado. Tanto empresas como sindicatos muestran reservas. Las compañías sostienen que, si un trabajador recibe el alta, debería reincorporarse plenamente, mientras que las organizaciones sindicales defienden que solo existen dos situaciones posibles: baja si no está recuperado o alta si lo está completamente. La complejidad del modelo pone en duda su viabilidad, en un contexto en el que las bajas superiores a un año casi se han triplicado entre 2017 y 2024.

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(Expansión, 16-02-2026) | Laboral

El salario mínimo se ha convertido en el mayor lastre para el campo

Agricultores y ganaderos aseguran que las elevadas cargas laborales derivadas de las políticas del Ejecutivo de PSOE y Sumar les impiden competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes del exterior. Entre las protestas del sector que bloquearon el centro de Madrid la pasada semana destacó la denuncia de que los costes laborales -impulsados por las sucesivas subidas del salario mínimo por encima de la inflación y por el aumento de las cotizaciones sociales- encarecen notablemente la contratación del personal necesario para mantener las explotaciones, cuya rentabilidad disminuye año tras año. Según el sector agrario, cuando entre en vigor el nuevo incremento del SMI de este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero -acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz junto a los sindicatos-, el coste total de un jornalero (salario, cotizaciones y seguros) será diez veces mayor que en Marruecos y alrededor de un 30% más alto que en Portugal. Aunque el salario mínimo también ha aumentado en otros países del euro, solo en Europa del Este lo ha hecho con una intensidad comparable. Entre los grandes productores agrícolas, únicamente Francia supera a España en salario mínimo, pero su crecimiento porcentual desde 2016 ha sido aproximadamente la mitad. Si bien esta situación no afecta únicamente al campo, su impacto es especialmente acusado en el sector primario. De hecho, cerca de un 31% de los trabajadores beneficiados por la subida del SMI en 2025 -del 4,4%, casi el doble de la inflación media- pertenecían a la agricultura, donde la mano de obra supone aproximadamente el 45% de los costes de producción. Esto ha provocado que los costes unitarios del sector crezcan más rápido que los de la industria, favoreciendo el abandono de tierras y el traslado de parte de la producción a países con menores gastos operativos, principalmente Marruecos. Las organizaciones agrarias han solicitado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Agricultura, Luis Planas ayudas o incentivos que compensen el impacto de estos costes, ya que la fuerte competencia internacional les impide repercutir plenamente el encarecimiento en los precios finales. Sin embargo, aseguran que sus peticiones no han sido atendidas. Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe vender por debajo de los costes de producción, en la práctica muchas explotaciones apenas obtienen beneficios. Esta situación genera especial inquietud ante la posible entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur -integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, que podría introducir en el mercado europeo productos a precios con los que los productores españoles difícilmente podrían competir. A las cargas laborales se suma el aumento de los costes de insumos, especialmente fertilizantes, piensos y semillas. Aunque estos precios se han moderado respecto al máximo alcanzado a finales de 2022, todavía se sitúan alrededor de un 20% por encima de los niveles previos a la guerra de Ucrania, lo que agrava la pérdida de competitividad. Ante la delicada situación del campo, agravada por los temporales recientes, el ministro Luis Planas ha mostrado su disposición a flexibilizar la aplicación de la PAC, revisar los módulos fiscales del IRPF agrario y asegurar contingentes de trabajadores temporales extranjeros para campañas estacionales. No obstante, con una estructura de costes fijos cada vez más condicionada por las decisiones gubernamentales, el sector considera complicado recuperar su competitividad.

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