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(Expansión, 29-01-2026) | Laboral

Caos en las empresas por las nóminas tras el bloqueo de la subida de cotizaciones de 2026

La anulación del decreto ómnibus que contemplaba la revalorización de las pensiones, el llamado escudo social y un amplio conjunto de medidas fiscales ha generado un clima de incertidumbre entre las empresas. Se trata de una situación ya vivida el año pasado, pero que vuelve a repetirse justo cuando comienza la elaboración de las nóminas de febrero. El problema principal radica en que, con la derogación del texto, también han quedado sin efecto las subidas de cotizaciones previstas para 2026, lo que ha sembrado dudas sobre qué parámetros deben aplicarse en las nóminas del próximo mes, algunas de las cuales se confeccionan a comienzos de febrero. Además del incremento del 2,7% de las pensiones contributivas, el decreto incluía tres aumentos en las cotizaciones: la elevación del mecanismo de equidad intergeneracional hasta el 0,9%, el incremento de la base máxima de cotización en un 3,9% -hasta los 5.101,2 euros mensuales (61.214 euros anuales)- y la subida de la denominada cuota de solidaridad, que pasaría a situarse entre el 1,15% y el 1,45% para los salarios que superan la base máxima. Expertos, juristas, empresarios y sindicatos consultados por EXPANSIÓN coinciden en señalar el escenario de inseguridad jurídica generado. Asimismo, instan al Gobierno a aprobar de forma urgente un nuevo decreto que incluya exclusivamente las medidas de Seguridad Social, con el fin de superar el trámite parlamentario y aclarar cuanto antes la situación, especialmente para los departamentos de recursos humanos y las gestorías. Así lo subraya el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien considera fundamental que el problema se resuelva antes del 15 de febrero, fecha en la que se comienzan a tramitar la mayoría de las nóminas. "Ya ocurrió el año pasado y se ha vuelto a crear un desorden. Las dificultades para aplicar las cotizaciones no las provoca la derogación del decreto por parte de la oposición, sino la actuación del Gobierno", afirma Amor. En la misma línea se expresa Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, quien señala que la no convalidación del real decreto "es un nuevo ejemplo de la debilidad del sistema normativo", y lamenta que, tratándose de cuestiones tan relevantes, se repita una situación similar por segundo año consecutivo. "La inseguridad jurídica que genera esta forma de legislar es máxima", advierte. Por su parte, Eva Hernández, socia responsable del área laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, destaca que las empresas quedan atrapadas en un escenario de incertidumbre que puede obligar a realizar ajustes posteriores, a la espera de que se aprueben definitivamente las medidas. Si la situación no se resuelve a tiempo, podría darse el caso de que, mientras las nóminas de enero se abonaron conforme a los nuevos criterios, las de febrero tuvieran que elaborarse con los parámetros de 2025: un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros mensuales y una cuota de solidaridad de entre el 0,92% y el 1,17%. Otra posibilidad es que las nuevas cotizaciones de 2026 se aprueben justo en el momento de confeccionar las nóminas, lo que obligaría a muchas gestorías y departamentos de recursos humanos a rehacer el trabajo. "Las empresas necesitan certidumbre, no improvisaciones. En materia de cotizaciones, cada día de retraso tiene un coste", advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Recuerda además que esta situación ya se produjo el año pasado. "Los gestores estamos preparados y volveremos a sacarlo adelante, pero supone un problema innecesario. Cambiar las reglas o dejarlas en el aire cuando las nóminas ya están en marcha genera confusión, inseguridad y costes que no deberían asumir ni empresas ni trabajadores", señala. En la misma línea, Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, apunta que "la derogación del decreto vuelve a generar inseguridad jurídica en un momento clave para la gestión de nóminas". A finales de enero, muchas empresas ya están cerrando las nóminas de febrero, y este cambio les obliga a revisar cálculos y volver a aplicar los criterios de 2025. Desde el punto de vista de la gestión laboral, añade, estos cambios normativos de última hora incrementan el riesgo de errores, obligan a posteriores regularizaciones y aumentan la carga administrativa. "La estabilidad y la previsibilidad normativa son esenciales para garantizar una gestión eficiente y segura tanto para las empresas como para los trabajadores", concluye.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

El Gobierno pone en marcha la jornada de 35 horas para los empleados públicos del Estado

El Ministerio de Función Pública ha informado este miércoles a los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI -CC OO y UGT- de que ha iniciado el proceso para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). Con esta medida se pretende dar cumplimiento a lo pactado en dicho acuerdo, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre, según han señalado fuentes del departamento que encabeza Óscar López. Algunas fuentes apuntan a que la aplicación de la nueva jornada podría concretarse durante el primer trimestre del año, aunque advierten de que la complejidad del proceso podría retrasar los plazos. Para avanzar en esta dirección, la Secretaría de Estado de Función Pública tiene previsto elaborar nuevas instrucciones sobre horarios y jornada laboral del personal de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes, en las que se recogerá la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales. De acuerdo con el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas, esta medida afectaría a cerca de 250.000 empleados públicos. Asimismo, Función Pública convocará los próximos 10 y 11 de febrero a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente, con el objetivo de informar a los subsecretarios y responsables de personal de los distintos ministerios sobre el cambio previsto. Posteriormente, la propuesta será elevada a la Mesa General de la Administración del Estado, donde deberá negociarse con las organizaciones sindicales, según han indicado fuentes gubernamentales. Desde UGT consideran posible que la nueva jornada esté en vigor en marzo, e incluso a finales de febrero, aunque recuerdan que antes debe celebrarse la correspondiente negociación en la Comisión Técnica Permanente de la AGE y en la Mesa General, tal y como se acordó el pasado mes de diciembre. La semana pasada, representantes del Gobierno mantuvieron una reunión con los responsables sindicales de función pública de CC OO y UGT para abordar los asuntos pendientes del Acuerdo Marco. Tras el encuentro, los sindicatos denunciaron que el Ejecutivo había planteado la posibilidad de supeditar la implantación de la jornada de 35 horas a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuya viabilidad es actualmente incierta. A su juicio, esta opción supondría un incumplimiento de lo pactado.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

Las comunidades abonan el alza salarial pendiente de 2025 a los funcionarios

La gran mayoría de las comunidades autónomas ya han abonado en las nóminas de enero los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025, que no se pagó en su momento al haberse acordado en diciembre con efectos retroactivos. Además, salvo en el caso de Cataluña, las autonomías también han aplicado ya el incremento retributivo del 1,5% previsto para 2026, según ha confirmado a EL PAÍS la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). De este modo, más de tres millones de empleados públicos han recibido ya las cantidades pendientes del pasado ejercicio. La combinación de ambos conceptos -los atrasos de 2025 y la subida correspondiente a 2026- ha supuesto que los trabajadores públicos inicien el año con un aumento acumulado del 4% en sus nóminas. Según cálculos de CSIF, este incremento se traduce en una mejora salarial que oscila entre 60 y 100 euros netos al mes en 14 pagas, en función de cada caso. Durante todo el año pasado, los empleados públicos no percibieron ningún aumento salarial, ya que el anterior acuerdo retributivo expiró el 31 de diciembre de 2024 y el nuevo pacto no se cerró hasta finales de 2025. Este acuerdo, denominado Acuerdo para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, fue firmado por CC OO, UGT y CSIF junto al Ministerio de Función Pública. En él se estableció una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, así como un incremento fijo del 1,5% para 2026 y otro variable del 0,5% condicionado a que la inflación de este año alcance o supere el 1,5%. De cumplirse esta última condición, se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos sobre todo 2026. Para los ejercicios siguientes, el acuerdo contempla una subida del 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. Tras cerrarse el acuerdo en noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en materia retributiva, que se publicó en el BOE el 3 de diciembre. En él se establecía que el sector público estatal debía abonar los atrasos correspondientes a 2025 en la nómina de diciembre, algo que comenzó a cumplirse a partir del día 18 de ese mes. Sin embargo, el decreto permitía a las comunidades autónomas y a las entidades locales distribuir estos pagos entre 2026, 2027 y 2028, o bien adelantarlos a diciembre de 2025. Aun así, la mayoría de las autonomías optaron por no demorar el abono. De hecho, ocho de ellas -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Murcia- pagaron los atrasos ya en las nóminas de diciembre. El resto de comunidades completaron el pago en enero: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Cataluña. Asimismo, todas han aplicado el incremento salarial fijo del 1,5% correspondiente a 2026, excepto Cataluña, donde este aumento se abonará a partir de febrero con carácter retroactivo. En el ámbito local, la situación es más desigual debido al elevado número de ayuntamientos. Según CSIF, la mayoría de los consistorios de capitales de provincia y diputaciones ya han abonado los atrasos. No obstante, existen excepciones: en Cataluña se pagarán en febrero; en algunas entidades de Castilla y León se prevé hacerlo entre febrero y marzo; y en otros casos, como algunos ayuntamientos de Cantabria, el pago se extenderá a lo largo del primer semestre del año. Incluso se ha detectado algún caso extremo, como el del Ayuntamiento de Chiva (Valencia), que no prevé abonar estas cantidades hasta 2028.

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(El País, 29-01-2026) | Laboral

España alcanza un nuevo récord de empleo extranjero con 3,58 millones de trabajadores, el 16% del total

En España trabajan actualmente 22,46 millones de personas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Dentro de ese total, el número de trabajadores extranjeros también ha alcanzado un máximo histórico. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes, hay 3,58 millones de ocupados de nacionalidad extranjera, lo que supone 258.000 más que un año antes. Este incremento representa un crecimiento del 7,8% interanual, muy superior al aumento del empleo entre los trabajadores españoles, que fue del 2% (342.000 personas más). Esta evolución ha ido elevando progresivamente el peso de los extranjeros en el mercado laboral español. Si hace dos décadas representaban el 10,4% del total, ahora suponen el 15,9%. Si se incluyen también quienes poseen doble nacionalidad, el porcentaje asciende al 21,4%, lo que significa que más de uno de cada cinco ocupados cuenta con al menos un pasaporte distinto al español. La publicación de estos datos coincidió con el anuncio del Consejo de Ministros del inicio del proceso para regularizar a miles de inmigrantes en situación irregular. Según Funcas, alrededor de 800.000 extranjeros viven sin documentación en España, mientras que las organizaciones que apoyan la medida calculan que beneficiará a cerca de medio millón de personas. Desde el Ministerio de Migraciones señalan que no disponen aún de una estimación concreta sobre cuántos trabajadores se verán afectados ni cuántos de ellos están ya empleados. Esa cifra de medio millón coincide aproximadamente con la diferencia entre el número de ocupados extranjeros que refleja la EPA y los afiliados a la Seguridad Social, que en diciembre eran 3,08 millones. La EPA incluye tanto el empleo formal como el informal, mientras que la Seguridad Social solo contabiliza a quienes cotizan legalmente. Por ello, muchos trabajadores en situación irregular aparecen en la encuesta del INE pero no en los registros administrativos. Según explica Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico Confederal de CC OO, la regularización apenas alterará los datos de la EPA. Los expertos recuerdan que estas estadísticas no son completamente comparables. La afiliación mide puestos de trabajo, no personas, por lo que alguien con dos empleos figura dos veces, mientras que en la EPA cuenta como un solo ocupado. Aun así, Zarapuz señala que la regularización podría provocar un aumento puntual de afiliaciones en los próximos meses. El volumen de trabajadores extranjeros registrado en el último trimestre de 2025 -3,58 millones- es el más elevado desde que existen datos, en 2002, cuando había 1,16 millones. Durante el auge inmobiliario la cifra creció hasta los 2,86 millones en 2008, para después caer con la crisis económica hasta 1,77 millones en 2014. A partir de entonces, el empleo extranjero volvió a crecer de forma sostenida: superó los dos millones en 2016, rozó los 2,5 millones antes de la pandemia y, tras un breve retroceso, retomó una senda ascendente muy marcada. Solo en 2025 se sumaron 258.000 trabajadores extranjeros, que representaron el 43% del empleo creado ese año. Paralelamente, también ha aumentado con fuerza el número de trabajadores con doble nacionalidad, en su mayoría latinoamericanos. En 2019 eran 713.000 y actualmente superan los 1,22 millones, aunque su crecimiento se ha moderado en el último año tras haber sido clave en ejercicios anteriores. La EPA muestra además diferencias claras en el perfil laboral. Entre los trabajadores extranjeros hay más hombres (1,97 millones) que mujeres (1,6 millones), y su edad media es menor: el 30% tiene 34 años o menos, frente al 24% de los españoles. En cuanto al nivel educativo, el 52% de los ocupados nacionales posee estudios superiores, porcentaje que desciende al 28% entre los extranjeros. Por procedencia, 1,48 millones de los trabajadores extranjeros vienen de América Latina, 987.000 de países de la Unión Europea, 257.000 del resto de Europa y 851.000 de otras regiones del mundo. Los datos de la Seguridad Social, que detallan la nacionalidad, sitúan a Marruecos como el principal país de origen, con 373.436 afiliados, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248) y Venezuela (215.735). Precisamente los venezolanos fueron el colectivo que más creció en 2025, con más de 40.000 nuevos afiliados.

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(El Economista, 29-01-2026) | Laboral

El tiempo efectivo de trabajo se desploma pese al récord de ocupados

En 2025, los trabajadores en España registraron una media semanal de 679,4 millones de horas trabajadas, el nivel más alto desde 2008. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela, ya que en ese mismo periodo el número de ocupados aumentó en cerca de dos millones de personas, hasta alcanzar un récord de 22 millones. Como consecuencia, la media de horas efectivas por trabajador descendió de 33,2 a 30,5 semanales, el registro más bajo de la serie histórica si se excluye el año 2020. Esta evolución plantea interrogantes relevantes sobre la productividad y el potencial de crecimiento de la economía española, en un contexto en el que el absentismo parece tener un peso mayor que los cambios en la organización del trabajo. La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cierre del año refleja máximos históricos de ocupación y una tasa de paro inferior al 10% por primera vez en 17 años. No obstante, el volumen de horas realmente trabajadas no ha crecido al mismo ritmo que el empleo. Conviene diferenciar este fenómeno del debate sobre la reducción de la jornada laboral, ya que el indicador de horas efectivas incluye tanto a asalariados como a autónomos, con independencia de que trabajen a tiempo completo o parcial. Aun así, los datos resultan llamativos. Durante 2020 y 2021, años marcados por la pandemia, se alcanzaron los mínimos de horas trabajadas y de tiempo efectivo por trabajador, con una media de 29 horas semanales. El impacto de los ERTE fue determinante, ya que muchos trabajadores computaban como ocupados aunque no prestaran servicios. Lo sorprendente es que, tras la recuperación económica y el fuerte crecimiento del empleo, esta tendencia no se haya revertido: el volumen total de horas aumentó por el mayor número de ocupados, pero el promedio por trabajador se mantuvo por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria y ha seguido descendiendo desde entonces. Cuando el empleo crece más rápido que las horas trabajadas, pueden darse varias explicaciones. Una de ellas es que el nuevo empleo se concentre en sectores de mayor valor añadido, donde la productividad no depende tanto del tiempo trabajado. Algunos análisis apuntan a un cambio de modelo en esta dirección, favorecido en parte por el aumento de la contratación indefinida tras la reforma laboral. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esta aparente mejora de la productividad sea engañosa y difícil de sostener a medio plazo. De hecho, gran parte del mercado laboral español sigue apoyándose en sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería, el comercio, la logística o la construcción. En ellos se observa una creciente desconexión entre oferta y demanda de trabajadores, con un aumento de las vacantes pese a contar con más de 2,4 millones de desempleados. Esto ha llevado a algunos analistas a sostener que en España no se está creando empleo neto, sino redistribuyéndolo. Las empresas señalan como uno de los principales problemas el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que se han convertido en la principal causa de ausencia laboral tras las vacaciones. Otros factores señalados son el empleo a tiempo parcial o el auge de figuras como los fijos discontinuos, aunque su impacto es más limitado. De hecho, el empleo a tiempo parcial representa actualmente el 13,75% del total, una proporción inferior a la existente antes de la reforma laboral, cuyo principal efecto ha sido el incremento de los contratos indefinidos a jornada completa. La caída de las horas trabajadas respecto a 2008 se observa en todos los colectivos, aunque con distinta intensidad tras la pandemia. Entre los autónomos se aprecia una ligera recuperación que parece haberse estabilizado en 2025, mientras que entre los asalariados del sector privado la debilidad es más acusada. El dato más negativo corresponde al empleo público, donde el tiempo efectivo de trabajo ha caído hasta las 27,8 horas semanales, el mínimo histórico, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia. Surge entonces la cuestión clave: ¿trabajan menos los españoles o ha caído la productividad? Para responder, es importante analizar cuántos ocupados trabajaron realmente durante la semana de referencia de la EPA. En 2025, solo el 88,2% del total de ocupados lo hizo, el segundo dato más bajo de la serie tras el 84,5% de 2020 y muy lejos del 91,4% registrado en 2009. Este matiz es fundamental, ya que si se calcula la media de horas solo entre quienes efectivamente trabajaron, el resultado es de 34,6 horas semanales, un nivel más estable y coherente con otras referencias, como los convenios colectivos. El problema, por tanto, no es tanto que se trabajen menos horas, sino que hay menos personas trabajando de forma efectiva. La ruptura se produce tras la pandemia, cuando la evolución de ocupados y horas trabajadas deja de ir en paralelo. Este fenómeno coincide con el aumento de las bajas médicas, que algunos expertos relacionan con el envejecimiento de la población activa. Aunque se trata de trabajadores cualificados, su encaje en sectores intensivos en mano de obra resulta más complejo. A ello se suma un sistema de gestión de las bajas médicas saturado, que prolonga innecesariamente los periodos de inactividad. Ante este escenario, organismos como el Banco de España han advertido ya en 2025 del riesgo que supone esta dinámica para el crecimiento económico, al generar una productividad laboral inferior a la que cabría esperar a la vista del aumento del empleo.

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(El Economista, 29-01-2026) | Laboral

Trabajo recuerda que los contratos vinculados al SMI están blindados a la última referencia pese a decaer la prórroga de 2025 con el decreto ómnibus

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recordó este miércoles que la anulación parlamentaria de la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 -derivada del rechazo al decreto ómnibus del Gobierno- no tiene efectos sobre los contratos ya en vigor. Estos no pueden ver reducida su retribución ni perder como referencia el salario actual, ni tampoco afecta a los nuevos contratos, que deberán regirse igualmente por el último SMI aprobado, fijado en 1.184 euros. Así lo recoge el criterio interpretativo publicado por el Ministerio, en el que se aclara el alcance de la derogación sobre los trabajadores que perciben el salario mínimo. El documento establece dos principios fundamentales: por un lado, que la desaparición de la prórroga no altera los salarios ya pactados, al considerarse "contractualizados"; y por otro, que las nuevas contrataciones no pueden fijarse por debajo del salario mínimo vigente en 2025. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz recuerdan además que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vela por el cumplimiento de la normativa laboral y por la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Paralelamente, el Ministerio continúa negociando la actualización del SMI para 2026, que contempla una subida del 3,1%, equivalente a 37 euros mensuales. La previsión es que este jueves, en lo que podría ser la última reunión de la mesa de diálogo social, se intente cerrar un acuerdo con sindicatos y organizaciones empresariales. Para facilitar el consenso, el Gobierno ha puesto sobre la mesa incentivos fiscales dirigidos a las empresas, aunque el apoyo de la patronal no se produce desde 2020. Trabajo también ha recordado que, una vez aprobado, el nuevo salario mínimo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta situación no es nueva. Hace justo un año se produjo un escenario similar, cuando la falta de apoyos parlamentarios impidió aprobar la prórroga del SMI de 2024. En aquel momento, el Ministerio publicó un criterio interpretativo para evitar que se aplicaran salarios inferiores al último SMI vigente, entonces fijado en 1.184 euros, siguiendo las mismas directrices que ahora se han vuelto a aplicar.

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(El País, 28-01-2026) | Laboral

CC OO y UGT plantean a la patronal que los sueldos suban como mínimo un 4% anual hasta 2028

CC OO y UGT trasladarán a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme su propuesta para que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva recomiende incrementos salariales de al menos el 4% anual durante los años 2026, 2027 y 2028. Este acuerdo marco sirve de referencia para los negociadores de convenios colectivos sectoriales y de empresa y suele renovarse cada tres años. El anterior expiró el pasado 31 de diciembre y este martes se abre oficialmente la negociación del nuevo texto, con la presentación de las propuestas sindicales, que ahora deberán contrastarse con las planteadas por la patronal para pactar un documento válido para el próximo trienio. La propuesta presentada por los secretarios generales de CC OO y UGT no se limita a la cuestión salarial, sino que incluye reivindicaciones en ámbitos como la organización del tiempo de trabajo, el empleo, la protección social o la conciliación. Sin embargo, como es habitual, el apartado retributivo ocupa un lugar central. En este punto, los sindicatos plantean que a la subida del 4% se sume una cláusula de garantía que añada un incremento adicional del 1,5% si la inflación interanual de diciembre supera el aumento salarial pactado para cada año, con efectos desde el 1 de enero del ejercicio siguiente. Como elemento novedoso, las centrales proponen negociar criterios para aplicar subidas adicionales, de entre el 1% y el 3%, en aquellos convenios donde el salario medio anual se sitúe por debajo del promedio estatal. En concreto, sugieren que cuando las tablas salariales estén un 10% por debajo de ese salario medio se aplique un aumento extra del 1% anual; si la diferencia alcanza el 20%, el incremento adicional sería del 2%; y si el desfase llega al 30%, la subida extra ascendería al 3%. En estos supuestos, los salarios podrían crecer entre un 5% y un 7% cada año, al margen de la cláusula vinculada al IPC. Desde UGT, Pepe Álvarez ha defendido esta propuesta señalando que las empresas están obteniendo elevados beneficios y que ha llegado el momento de repartirlos. En la misma línea, Unai Sordo, de CC OO, ha subrayado que los márgenes empresariales llevan años aumentando de forma generalizada y que hoy existen datos suficientes para constatarlo. Las orientaciones del AENC no son obligatorias, pero suelen servir de referencia en la negociación colectiva. El acuerdo anterior recomendaba subidas del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, con una cláusula de revisión del 1% adicional si la inflación superaba lo pactado. Según las estadísticas, los incrementos salariales acordados fueron del 3,7% en 2023, del 3,4% en 2024 y del 3,5% en 2025. En materia retributiva, los sindicatos también pedirán a la patronal un compromiso para promover complementos salariales que ayuden a mejorar el acceso a una vivienda, especialmente en territorios donde este problema es más acusado. Asimismo, plantean abrir espacios de diálogo social para buscar soluciones en las comunidades autónomas con mayor tensión residencial y en sectores especialmente afectados, como la construcción, la hostelería o el turismo. El documento aborda además otras cuestiones que forman parte de los más de 4.000 convenios colectivos vigentes o en negociación, que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de trabajadores. Entre ellas, los sindicatos avisan de que serán especialmente exigentes con la reducción de la jornada laboral en los convenios, después de que la iniciativa legislativa para acortar el tiempo de trabajo no prosperara en el Parlamento. En este contexto, reclaman que el Gobierno recupere las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que reduzcan jornada, planteadas durante la negociación de la ley de las 37,5 horas. El texto incorpora también un nuevo apartado centrado en la corresponsabilidad, en el que se propone que los convenios incluyan fórmulas como la jornada continuada, la jornada intensiva durante parte del año o determinados días de la semana, así como la adaptación de horarios sin merma salarial como alternativa a la reducción de jornada para el cuidado de familiares, que sí conlleva una disminución del sueldo.

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(El Economista, 28-01-2026) | Laboral

Las faltas al trabajo por enfermedad superan el umbral del millón

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que al cierre de 2025 España superó por primera vez el millón de trabajadores que no acudieron a su puesto por motivos de salud. En el cuarto trimestre se contabilizaron 1,04 millones de personas en esta situación, de las cuales 105.400 eran autónomos y 937.500 asalariados. Este récord no se explica únicamente por el aumento del empleo, sino porque la proporción de ausencias también ha crecido, especialmente entre los asalariados del sector privado, que alcanzaron los 753.200 trabajadores ausentes, el 4,9% del total de ocupados. Esta evolución apunta a un cambio profundo en el mercado laboral que empieza a preocupar seriamente a las empresas. La EPA mide a los ocupados que no trabajaron durante la denominada "semana de referencia" y clasifica las causas de esa ausencia. Aunque en esa categoría se incluyen también las vacaciones -lo que distorsiona los datos-, si se descuentan, destacan los permisos por nacimiento, las interrupciones de actividad, los expedientes de regulación y, sobre todo, las bajas por incapacidad temporal. Estas últimas representan el 48% del total de ausencias y llegan al 81% si se excluyen descansos y libranzas, el porcentaje más alto registrado en un cierre de año. El incremento más significativo se concentra en el sector privado. En 2019, los asalariados privados representaban el 66% de las ausencias por enfermedad; a finales de 2025 ya suponen el 72%, un nuevo máximo histórico. Aunque parte de este aumento se explica por el crecimiento del empleo, también implica un impacto económico cada vez mayor para las empresas, tanto por el coste salarial como por la pérdida de productividad. Algunas estimaciones sitúan este impacto en torno al 10% del PIB en determinadas comunidades autónomas. Cuando se habla de absentismo en el debate económico, en realidad se hace referencia sobre todo a las bajas por incapacidad temporal, que son las más frecuentes y las que generan mayores costes. Aunque este fenómeno no es nuevo y ha sido objeto de varias reformas en los últimos quince años, su intensidad actual es mayor que nunca. Y no se debe únicamente al número de trabajadores que faltan, sino al aumento de su incidencia. En el sector privado, la tasa de ausencias cerró 2025 en el 4,9%, frente al 2,8% registrado en el mismo periodo de 2019. En el sector público el aumento ha sido más moderado, del 3,7% al 5,1%, aunque este último dato no supone un récord, ya que en 2022, con el repunte de la covid por la variante ómicron, se alcanzó el 5,9%. A primera vista, una subida de algo más de dos puntos puede parecer limitada, pero refleja un cambio estructural que está alterando el funcionamiento de muchas empresas y desmonta uno de los tópicos más extendidos: que el absentismo es mayor en el sector público. Hoy esa diferencia ya no es tan clara. El análisis histórico muestra que las ausencias por enfermedad o accidente son más volátiles entre los empleados públicos que entre los privados, algo que suele atribuirse a la mayor temporalidad y estacionalidad. Sin embargo, también ha alimentado la percepción de que los trabajadores con mayor estabilidad laboral tienden no solo a cogerse más bajas, sino a prolongarlas, lo que obliga a recurrir a sustituciones temporales. En el sector privado ocurre lo contrario: la tasa de ausencias es menor y mucho más estable. Esto suele explicarse por la mayor inseguridad laboral, que disuade a muchos empleados de ausentarse salvo que sea estrictamente necesario. En los primeros años de la serie histórica, que comienza en 2008, se observa un descenso de las ausencias tanto en el sector público como en el privado, coincidiendo con la crisis financiera y los ajustes presupuestarios. En 2012, en pleno pico de la Gran Recesión, ambos sectores registraban una tasa similar, en torno al 1,8%. Es decir, cuando la economía se contrae, el absentismo por incapacidad temporal tiende a reducirse. Con la recuperación ocurrió lo contrario: las ausencias aumentaron en ambos ámbitos y la brecha entre ellos volvió a ampliarse. Sin embargo, resulta llamativo que, justo antes de la pandemia, el sector público había vuelto a niveles similares a los de 2008, mientras que el privado los superaba. La llegada del covid disparó todas las cifras. Lo más sorprendente es que, una vez superada la crisis sanitaria, los niveles no hayan regresado a los valores anteriores, ni en número absoluto ni en proporción. Las causas no están del todo claras. Se apuntan factores como el aumento del empleo indefinido, los cambios en la legislación laboral, el envejecimiento de la población activa o incluso cambios culturales entre los trabajadores más jóvenes. Lo que sí parece evidente es que el sistema de gestión de las bajas médicas tiene un papel relevante en el problema. Los retrasos en diagnósticos y tratamientos prolongan innecesariamente los procesos, perjudicando tanto a las empresas como a los propios trabajadores. Mientras tanto, el debate sigue abierto y las propuestas se acumulan, pero la falta de acuerdos políticos y sociales mantiene enquistado un problema que, lejos de remitir, sigue creciendo año tras año.

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(El Economista, 28-01-2026) | Laboral

El Gobierno aprueba una regularización urgente de inmigrantes que impone tres requisitos para acogerse a la medida

Los extranjeros en situación administrativa irregular que soliciten acogerse al proceso de regularización aprobado este martes por el Consejo de Ministros podrán incorporarse al mercado laboral en cuanto su solicitud sea admitida a trámite. Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras anunciar que el Ejecutivo ha aprobado por la vía de urgencia un real decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025. El nuevo reglamento establece una serie de requisitos. Los solicitantes de una autorización de residencia temporal deberán demostrar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses, haber entrado en territorio español antes de la fecha límite fijada y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público. En el caso de las personas que hayan pedido protección internacional, deberán acreditar que su solicitud fue presentada antes del 31 de diciembre de 2025. La estancia en España podrá justificarse mediante cualquier tipo de documento, ya sea público, privado o una combinación de ambos. En la práctica, la medida regulariza a quienes ya se encontraban en España antes de comenzar este año. Según explicó la ministra tras el Consejo de Ministros, el plazo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a comienzos de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, la autorización permitirá trabajar en cualquier punto del territorio nacional y en cualquier sector económico. Además, aunque el plazo máximo de resolución será de tres meses, bastará con que la solicitud sea admitida a trámite -un proceso que se resolverá en un máximo de 15 días- para que la persona pueda empezar a trabajar de inmediato. El permiso tendrá una validez de un año y, una vez finalizado ese periodo, los beneficiarios deberán acceder a otras vías de residencia previstas en el Reglamento de Extranjería. El real decreto es fruto de un acuerdo con Podemos, formación que calcula que la medida permitirá regularizar la situación de al menos 500.000 personas que actualmente residen en España sin autorización administrativa, una estimación que también comparte el Gobierno. No obstante, un informe publicado este mismo martes por Funcas eleva esa cifra. Según sus cálculos, en enero de 2025 el número de extranjeros en situación irregular podría haber alcanzado los 840.000, lo que representaría el 17,2% del total de población inmigrante procedente de países extracomunitarios. El estudio, titulado La población extranjera en situación irregular, subraya además que desde 2017 se ha producido un crecimiento constante de este colectivo. En aquel año, según sus estimaciones, el número de personas en situación irregular apenas superaba las 100.000.

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(El Periódico, 28-01-2026) | Laboral

El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025

La trayectoria del mercado laboral continúa ofreciendo señales positivas en España: por primera vez desde 2008, la tasa de desempleo baja ligeramente del 10%. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicada este martes, el paro se sitúa en el 9,93% de la población activa, siete décimas menos que un año antes. La última vez que el desempleo se mantuvo por debajo de ese umbral fue en el primer trimestre de 2008, cuando alcanzó el 9,6%, justo antes de que comenzara a dispararse con la crisis financiera. Este descenso coincide con un nuevo ejercicio de intensa creación de empleo: en 2025 se sumaron 605.400 ocupados, elevando el total hasta un máximo histórico de 22,46 millones de personas trabajando. Una vez más, España lidera la generación de empleo dentro de la Unión Europea. La mejora del empleo se enmarca en un contexto de sólido crecimiento económico. El producto interior bruto avanzó un 2,9% el año pasado y el Banco de España prevé un incremento adicional del 2,2% en 2026. El Fondo Monetario Internacional es incluso algo más optimista y eleva la previsión al 2,3%, situando a España entre las economías avanzadas con mayor dinamismo. En el tercer trimestre de 2025, y en comparación interanual, los datos desestacionalizados de Eurostat muestran que España creó alrededor de medio millón de puestos de trabajo, muy por encima de países como Francia (+223.000), Portugal (+160.000) o Grecia (+69.000), mientras que Alemania y Italia registraron pérdidas de empleo. El aumento de 605.400 ocupados en 2025 supera el ya notable crecimiento registrado en 2024, cuando el empleo avanzó en 468.200 personas, un 2,2%. En el último ejercicio, el incremento fue del 2,8%. El año de mayor impulso reciente fue 2023, con 749.000 nuevos empleos y un crecimiento del 3,6%, aunque conviene recordar que fue el primer año plenamente normalizado tras la pandemia. La evolución trimestral también respalda esta tendencia positiva. Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, el empleo creció en 76.200 personas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. De este modo, el número total de ocupados alcanza un nuevo récord histórico. Una parte muy relevante de esta creación de empleo vuelve a proceder de la población extranjera. En el último año, este colectivo aportó 258.000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 43% del total. Los trabajadores de nacionalidad española sumaron 342.000 empleos, mientras que las personas con doble nacionalidad añadieron 6.000. Estas cifras contrastan con las de 2024, cuando el crecimiento entre los nacionales fue mucho menor y el de los trabajadores con doble nacionalidad, significativamente mayor. Como resultado, el número de extranjeros ocupados se eleva a 3,58 millones y el de personas con doble nacionalidad alcanza los 1,2 millones. En conjunto, ambos grupos ya suponen el 21,4% del empleo total, el porcentaje más alto registrado en un cuarto trimestre. El desglose por sexo muestra que el empleo femenino vuelve a crecer ligeramente más que el masculino. En 2025, las mujeres ganaron 306.300 puestos de trabajo, frente a los 299.200 de los hombres. Esta evolución continúa estrechando la brecha entre ambos, aunque de forma gradual. Los hombres superan de nuevo los 12 millones de ocupados, una cifra que no se alcanzaba desde 2008, mientras que las mujeres marcan un máximo histórico con 10,46 millones. Actualmente, ellos representan el 53,4% del empleo y ellas el 46,6%, cuando hace veinte años la proporción era del 60% y el 40%, respectivamente. Por ramas de actividad, la industria manufacturera lidera la creación de empleo en 2025, con 96.500 nuevos puestos. También destacan el comercio (+83.700), las actividades administrativas (+79.800) y la construcción (+79.500). En sentido contrario, pierden ocupación el suministro de energía (-11.300), la hostelería (-24.300) y otros servicios (-31.000). Si se amplía la perspectiva desde 2019, se observa una reducción del empleo en sectores con salarios más bajos, como la agricultura y el empleo doméstico, mientras que los mayores avances se concentran en la sanidad, la construcción y las actividades científicas y técnicas. El análisis trimestral vuelve a poner de relieve la elevada estacionalidad del empleo en la educación. En el cuarto trimestre de 2025, este sector gana 189.700 ocupados respecto al tercero, tras los parones estivales, mientras que la hostelería pierde 92.300 empleos con la llegada del invierno. También destaca el aumento del transporte y almacenamiento (+41.000) y el ligero retroceso del comercio (-1.500) en un trimestre que incluye la campaña navideña. El descenso del número de parados, aunque positivo, es menos intenso que en ejercicios anteriores. A cierre de 2025 hay 118.400 desempleados menos que un año antes, frente a las caídas de 265.300 en 2024 y 220.800 en 2023. Aun así, la reducción relativa del 4,6% mejora la registrada en el periodo previo a la pandemia. En términos trimestrales, el paro baja en 136.100 personas, situando el total de desempleados en 2,48 millones, por primera vez desde 2008 por debajo de los 2,5 millones. Pese a la bajada de la tasa de paro hasta el 9,9%, la mejora pierde algo de intensidad, ya que en 2023 y 2024 el descenso anual fue de 1,2 puntos. España continúa figurando entre los países con mayor desempleo de la UE, muy por encima de la media comunitaria del 6%, aunque mantiene una evolución favorable en los últimos años. Por territorios, las mayores tasas de paro se registran en Andalucía (14,7%), Extremadura (13,4%) y Canarias (12,6%), mientras que las más bajas corresponden al País Vasco (7,5%), la Comunidad de Madrid (7%) y Cantabria (6,8%). En comparación interanual, el desempleo aumenta con fuerza en Navarra y también repunta en Canarias, mientras que desciende de forma destacada en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana.

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