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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

El 75% de las empresas no consigue el talento que necesita

Los perfiles técnicos y altamente especializados siguen atravesando un momento especialmente favorable en el mercado laboral. El informe Future of Jobs 2025 del World Economic Forum revela que cerca del 75% de las empresas en el mundo reconoce tener problemas para encontrar profesionales adecuados para determinados puestos. En España, el escenario no es distinto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que existen alrededor de 150.000 vacantes sin cubrir, muchas de ellas vinculadas a sectores técnicos, industriales y servicios especializados. Sin embargo, empresas de selección y organizaciones empresariales consideran que esta cifra se queda corta, ya que únicamente contabiliza las ofertas activas en el momento de la encuesta. Entidades como CEOE, Adecco o Randstad elevan el déficit real por encima de las 200.000 e incluso 250.000 plazas que permanecen vacías o que terminan ocupadas por candidatos que no reúnen las competencias requeridas. El último estudio de ManpowerGroup sobre escasez de talento apunta además que el 78% de las compañías españolas tiene dificultades para encontrar profesionales adecuados, el porcentaje más alto registrado en los últimos quince años. Esta falta de trabajadores especializados convive, paradójicamente, con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, situada en el 10,83% de la población activa al cierre del primer trimestre de 2026. El ámbito tecnológico es uno de los ejemplos más claros de este desajuste. Datos de Catenon y Hays estiman en unas 120.000 las vacantes sin cubrir en el sector digital, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y servicios cloud. El avance de la tecnología supera la capacidad de las universidades para formar nuevos profesionales al ritmo que exige el mercado. Un caso especialmente significativo es el de los especialistas SAP. Un estudio de Experis, elaborado junto a SAP y la Asociación de Usuarios SAP España (Ausape), calcula que el próximo año harán falta unos 45.000 profesionales vinculados a esta tecnología, una demanda imposible de satisfacer con la oferta actual de candidatos. En apenas dos años, la necesidad de estos perfiles ha crecido un 23%. Además, se estima que España requerirá cerca de 26.000 consultores SAP certificados hasta 2027, lo que obligaría a formar unos 8.000 profesionales anuales para reducir el déficit. La expansión de la inteligencia artificial también está acelerando la demanda de trabajadores especializados. Según Randstad, España se sitúa entre los países con mayor peso de ofertas laborales que requieren conocimientos de IA. Durante el primer trimestre de este año, los empleos relacionados con esta tecnología representaron el 0,27% de todas las ofertas publicadas, un porcentaje muy superior al de Alemania (0,09%) o Francia (0,04%) y nueve veces mayor que el registrado hace cinco años. España sobresale especialmente en dos sectores. En atención al cliente, las ofertas vinculadas a inteligencia artificial alcanzan el 3,9%, triplicando la media global del 1,2%. En marketing, la demanda de habilidades relacionadas con IA creció hasta el 6% en 2025, el mayor incremento registrado a escala mundial. No obstante, el auge de la inteligencia artificial está ampliando aún más la distancia entre las vacantes disponibles y el talento existente. Randstad advierte de las dificultades que afronta España para implantar tecnologías de IA por la escasez de especialistas. Un ejemplo son los entrenadores de inteligencia artificial, cuyas vacantes tardan ya una media de 64 días en cubrirse, frente a los 30 días del año pasado. Otros perfiles especialmente complicados de encontrar son los gerentes de IA, con 54 días de espera media, y los arquitectos de IA, con 53 días. La escasez también se refleja en la tasa de vacantes sin cubrir. En el caso de los arquitectos de IA, el 17,9% de los puestos sigue desierto, mientras que en los ingenieros de machine learning el porcentaje alcanza el 10,7%. El informe de ManpowerGroup sitúa entre los perfiles más difíciles de encontrar a los profesionales con conocimientos prácticos en inteligencia artificial y manejo de herramientas basadas en esta tecnología (34%), así como a expertos en desarrollo de aplicaciones y modelos de IA (33%). También persiste la falta de ingenieros y especialistas en tecnologías de la información y análisis de datos tradicionales, excluyendo la inteligencia artificial. Pese al protagonismo creciente de la tecnología, las empresas también buscan cada vez más habilidades humanas difíciles de automatizar. Randstad destaca que, a medida que la digitalización asume tareas repetitivas, gana valor el talento capaz de aportar criterio, supervisión y capacidad de análisis. A nivel global, la demanda de inteligencia emocional ha crecido un 173%, la creatividad un 168% y la capacidad de resolución de problemas un 35%. Otro de los grandes desafíos pendientes afecta a la Formación Profesional. Adecco señala que el 40% de las ofertas de empleo ya se dirige a titulados de FP, aunque el número de graduados sigue siendo insuficiente. Existe una importante falta de especialistas en mantenimiento industrial, soldadura, electromecánica o refrigeración. Además, persiste un cierto estigma social hacia estos trabajos, pese a que en muchos casos ofrecen salarios superiores a los de numerosos titulados universitarios. A esta situación se suma el problema del relevo generacional. Un estudio de la Fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad advierte de que España tendrá dificultades para cubrir alrededor de un millón y medio de empleos hasta 2035. Por cada diez trabajadores que se jubilen en la industria, sólo habrá siete jóvenes preparados para sustituirlos. El envejecimiento de la población agrava aún más el problema, ya que abandonan el mercado más profesionales cualificados de los que se incorporan, especialmente en sectores como la sanidad y la educación, según Randstad. Además, Catenon alerta de que España está perdiendo talento cualificado hacia otros países europeos. Ingenieros, enfermeros y otros especialistas emigran atraídos por salarios en Alemania o Países Bajos que superan entre un 30% y un 40% los ofrecidos en España, lo que intensifica todavía más la escasez de profesionales.

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(Expansión, 21-05-2026) | Laboral

La Audiencia Nacional fija que los festivos que caigan en sábado deben ser recuperados

La Audiencia Nacional ha determinado que los festivos que coincidan con el descanso semanal fijado en sábado deben compensarse con un día adicional de descanso. La decisión responde al conflicto colectivo planteado en relación con el convenio del sector de los centros de atención al cliente o "contact center". Con esta resolución, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO, que presentaron distintas demandas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX). A estas acciones judiciales también se sumaron CIG, CSIF y STC. La sentencia, emitida por la sala de lo social de la Audiencia Nacional el pasado 19 de mayo, considera contraria a derecho la práctica habitual de muchas empresas del sector, que no compensaban los festivos nacionales, autonómicos o locales cuando coincidían con un sábado y éste ya figuraba como día de descanso semanal en jornadas de lunes a viernes o de lunes a sábado. El fallo reconoce además que los días festivos no pueden quedar anulados o absorbidos por el descanso semanal. Por ello, establece la obligación de las empresas de conceder un día extra de descanso efectivo cuando ambos coincidan. El sindicato USO ha destacado en un comunicado que esta decisión judicial, que considera aplicable más allá del sector de "contact center", consolida la doctrina que impide a las empresas hacer desaparecer festivos mediante la organización de los cuadrantes laborales. La secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García, ha defendido que los catorce festivos anuales deben disfrutarse íntegramente por todos los trabajadores, independientemente de su horario habitual. Según ha señalado, la nueva resolución aclara definitivamente las dudas generadas por sentencias anteriores y extiende este derecho a toda la plantilla, evitando solapamientos o recortes en los días festivos. El Tribunal Supremo ya había abordado esta cuestión en una sentencia del 30 de abril de 2025, en la que fijó criterios sobre la coincidencia entre descanso semanal y festivos laborales, aunque sin pronunciarse expresamente sobre los sábados. En aquella resolución, el Supremo estableció que los trabajadores con jornadas distribuidas de lunes a domingo y con descanso semanal fijo entre lunes y viernes tienen derecho a una compensación cuando ese descanso coincide con un festivo, pudiendo disfrutar de otro día libre en sustitución de la fiesta perdida.

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(El Economista, 21-05-2026) | Laboral

La Comisión Europea avala el uso que hizo el Gobierno de los fondos Next Gent para pagar las pensiones y zanja las dudas del Tribunal de Cuentas

La Comisión Europea ha respaldado la gestión realizada por España de los fondos NextGenerationEU y ha defendido que las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas no ponen en duda la legalidad del uso de los recursos europeos. Según fuentes comunitarias, Bruselas ha remitido una carta a los eurodiputados Andreas Schwab y Daniel Freund en la que aclara que las cuestiones señaladas afectan, en todo caso, al cumplimiento de procedimientos recogidos en la normativa presupuestaria española, pero no al marco regulador europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La respuesta cuenta con el respaldo de los comisarios Raffaele Fitto, Valdis Dombrovskis y Piotr Serafin y llega después de que ambos parlamentarios solicitaran explicaciones sobre determinadas operaciones presupuestarias relacionadas con los fondos europeos desplegados tras la pandemia. La Comisión admite que el Tribunal de Cuentas apuntó que algunas transferencias deberían haber contado con una justificación jurídica más detallada, aunque insiste en que se trata de un asunto vinculado al control y la rendición de cuentas internos de España. La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, ya avanzó que estos recursos podían emplearse de manera temporal para atender otras necesidades presupuestarias. Desde Bruselas recuerdan además que el sistema de pagos del fondo europeo de recuperación no funciona mediante la financiación directa de gastos concretos, sino a través del cumplimiento de hitos y objetivos acordados previamente con cada Estado miembro. En este contexto, la Comisión asegura que todas las solicitudes de desembolso presentadas por España fueron examinadas de forma exhaustiva y transparente, verificando previamente el cumplimiento de los compromisos pactados antes de autorizar cada pago. Fuentes comunitarias destacan también que la carta incorpora una precisión con relevancia política: el plan español de recuperación no contempla ningún objetivo ni condición que permita utilizar fondos europeos para financiar el gasto en pensiones. Bruselas recuerda que este tipo de desembolsos no puede cubrirse con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, rechazando así que el dinero europeo se haya destinado a esa finalidad. Pese a ello, la Comisión reconoce que persisten inquietudes sobre la transparencia en torno a los beneficiarios finales de los fondos europeos. En este sentido, asegura haber tomado nota de las preocupaciones planteadas y explica que sus propuestas para el próximo marco financiero plurianual obligarán a los Estados miembros a recopilar y publicar información detallada sobre beneficiarios, adjudicatarios, contratistas y subcontratistas mediante un portal único de acceso presupuestario. El Ejecutivo comunitario concluye señalando que seguirá promoviendo mayores niveles de transparencia en sus relaciones con los Estados miembros y se muestra dispuesto a ofrecer nuevas aclaraciones dentro de los diálogos habituales sobre recuperación y resiliencia. Además, deja abierta la posibilidad de celebrar una reunión técnica con los eurodiputados si éstos lo consideran oportuno.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Claves de la próxima pasarela al RETA para mutualistas

El Congreso de los Diputados afrontará este miércoles 20 de mayo una votación decisiva para miles de abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros que han cotizado para su jubilación a través de mutualidades profesionales en lugar de hacerlo mediante la Seguridad Social. Tras varios años de protestas y negociaciones, el Gobierno pretende impulsar una pasarela que permita transformar los fondos acumulados en esas mutualidades privadas, como la Mutualidad de la Abogacía, en años cotizados dentro del sistema público de pensiones. El origen de las reclamaciones está en las bajas prestaciones que reciben numerosos mutualistas al jubilarse. Muchos abogados denuncian que las cantidades ahorradas durante décadas apenas les garantizan pensiones inferiores a 500 euros mensuales en doce pagas, muy por debajo de los más de 1.300 euros de media que perciben los autónomos jubilados integrados en el RETA. Entre los procuradores, algunos casos se sitúan incluso por debajo de los 300 euros al mes. Esta situación ha llevado a los afectados a movilizarse y a intensificar la presión política sobre todos los grupos parlamentarios. Después de años de conversaciones, el Ministerio de Seguridad Social anunció en abril de 2024 el inicio de los trámites para crear esta pasarela. El objetivo también pasa por acabar progresivamente con el sistema de alternatividad que permitía a determinados profesionales cotizar exclusivamente mediante mutualidades en vez de hacerlo en el sistema público, una fórmula que incluso fue obligatoria hasta 1996 en algunos colectivos. El avance más importante llegó recientemente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde prosperó una enmienda transaccional impulsada por el PSOE dentro de una proposición de ley. Aunque el resto de grupos optaron por abstenerse, la propuesta salió adelante. No obstante, fuentes de la negociación aclaran que esa abstención no implica un apoyo definitivo, sino la voluntad de facilitar que algún tipo de solución termine aprobándose. Este miércoles la Comisión de Seguridad Social estudiará las enmiendas de los grupos parlamentarios antes de que el texto pase al Pleno del Congreso. Si la tramitación avanza según lo previsto, el Gobierno confía en que la ley pueda quedar aprobada antes del verano. Más de 100.000 profesionales vinculados al derecho, la arquitectura o las ingenierías siguen pendientes de una norma que regule esta conversión de cotizaciones. Personas implicadas en la negociación aseguran que existe una amplia voluntad política para resolver un problema que lleva años enquistado y que afecta a miles de jubilados y futuros pensionistas. La principal discusión gira en torno a cómo se calculará la equivalencia entre el dinero acumulado en las mutualidades y los años reconocidos en la Seguridad Social. Desde el inicio de las protestas han surgido distintas plataformas con posiciones diferentes. Algunas, como J2, defendían que cada año cotizado en una mutualidad equivaliera directamente a un año completo en el RETA. Otras asociaciones, como Anama, Anamarq o AMCO, aceptan aplicar factores de conversión para ajustar las diferencias entre ambos sistemas. Este aspecto es clave porque el número de años cotizados determina tanto el acceso a la pensión mínima -que exige al menos 15 años- como el importe final de la prestación. Algunos expertos consideran que los mutualistas más jóvenes, especialmente los menores de 50 años, podrían optar por mantener sus ahorros en la mutualidad y empezar a cotizar directamente en la Seguridad Social para alcanzar el mínimo exigido. En cambio, quienes superan esa edad probablemente recurrirán mayoritariamente a la pasarela. El proyecto también contempla un tratamiento específico para los mayores de 55 años, que disponen de menos margen para acumular nuevas cotizaciones. En estos casos, cada año aportado a la mutualidad sería reconocido como un año cotizado en la Seguridad Social, facilitando así el acceso a la pensión mínima del RETA. La base del sistema consistirá en trasladar voluntariamente los fondos acumulados en las mutualidades hacia la Seguridad Social. El cálculo tiene en cuenta que las cotizaciones al RETA no se destinan íntegramente a la jubilación, sino también a cubrir otras contingencias como incapacidad permanente, viudedad u orfandad. El economista José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, elaboró un informe para la asociación Anama en el que explica que parte de las cuotas del RETA funcionan como seguros destinados a cubrir riesgos concretos y cuyo dinero no puede recuperarse posteriormente. Por ejemplo, si un autónomo paga 270 euros mensuales, solo una parte se destina realmente a la futura pensión de jubilación. Uno de los puntos más controvertidos es precisamente el denominado factor de conversión. La propuesta que se debatirá inicialmente en el Congreso fija un coeficiente del 0,77, mientras que el informe de Devesa planteaba uno inferior, del 0,57. Cuanto menor es ese coeficiente, más favorable resulta para los mutualistas, ya que permite reconocer más años cotizados por el mismo capital acumulado. Con el factor del 0,57, un mutualista con 5.700 euros acumulados podría obtener el equivalente a diez años de cotización en el RETA. En cambio, con el coeficiente del 0,77, esa misma cantidad solo serviría para computar algo más de siete años. Por ello, la mayoría de asociaciones de afectados rechazan la propuesta inicial del Gobierno. Otro de los problemas detectados afecta a quienes abandonaron las mutualidades y se dieron de alta en el RETA durante los últimos años. La redacción actual deja fuera de la pasarela a estos profesionales, aunque el texto contempla estudiar específicamente la situación de quienes se incorporaron al RETA a partir del 1 de enero de 2023. Diversos expertos consideran que excluirlos generaría una clara desigualdad respecto al resto de mutualistas. Tampoco se contempla por ahora una solución para los llamados mutualistas pasivos, es decir, aquellos abogados o procuradores que ya cobran una pensión procedente de su mutualidad. Las asociaciones consideran injusto que el colectivo más afectado quede excluido de la reforma y reclaman que también puedan beneficiarse de algún mecanismo corrector. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación reconocen que resulta poco probable que esta situación se modifique durante la tramitación parlamentaria.

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(El País, 20-05-2026) | Laboral

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan son menos que nunca y España ya roza la media de la UE

Cada vez hay menos jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, la proporción de personas de entre 15 y 29 años que no están empleadas ni cursan estudios se situó en 2025 en el 11,5%, medio punto menos que en 2024. Se trata del nivel más bajo desde que existen registros comparables (2002) y se sitúa incluso por debajo del registrado durante el auge de la burbuja inmobiliaria. Los especialistas atribuyen esta evolución a dos factores principales: la reducción del desempleo juvenil y el descenso del abandono escolar. Ambos elementos han contribuido a que España se acerque progresivamente a la media de la Unión Europea, situada en el 11%, reduciendo a la mitad la brecha existente respecto al año anterior y alejándose de los niveles mucho más altos observados durante la Gran Recesión. En 2013, la tasa de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban llegó a alcanzar el 22,5%, el doble que en la actualidad. Aquel incremento estuvo vinculado al fuerte impacto del paro juvenil tras el estallido de la crisis financiera, especialmente entre trabajadores procedentes del sector de la construcción. Con la recuperación económica, el indicador fue descendiendo de forma gradual hasta situarse en el 14,9% en 2019. La pandemia provocó un repunte hasta el 17,3%, pero desde entonces la tendencia ha vuelto a ser descendente hasta el actual 11,5%. Este comportamiento acerca a España al promedio europeo, aunque aún persisten diferencias con algunos países. En 2025, la tasa más elevada de la UE corresponde a Rumanía (19,2%), seguida de Bulgaria, Grecia e Italia. Francia registra un 12,7%, algo superior al dato español, mientras que los mejores registros se observan en países como Portugal, Eslovenia, Suecia o Países Bajos, donde las cifras se mantienen claramente por debajo del promedio comunitario. Diversos expertos y representantes institucionales coinciden en que la mejora española se explica también por el aumento de la ocupación juvenil tras la recuperación pospandemia y por una mayor continuidad en la formación educativa. El abandono escolar, que se sitúa en el 12,8% en 2025, se ha reducido de forma muy significativa respecto a los niveles de la Gran Recesión, cuando superaba el 30%. Desde el ámbito sindical se destaca además el impacto de las políticas educativas y laborales aplicadas en los últimos años, como el impulso a la Formación Profesional o la reforma laboral, que ha contribuido a reducir la temporalidad entre los jóvenes. Actualmente, alrededor del 33,7% de los trabajadores de entre 16 y 29 años tiene un contrato temporal, frente al 55,4% registrado antes de la reforma. A pesar de esta mejora, se advierte de que la precariedad sigue siendo elevada. La tasa de paro juvenil continúa muy por encima de la media del conjunto de la población, y persisten problemas como la inestabilidad laboral o situaciones de abuso en el ámbito de las prácticas formativas. También se señala la falta de avances en medidas destinadas a regular mejor estas prácticas, como el llamado estatuto del becario. Otro de los elementos destacados es la desigualdad de género en el acceso al empleo y la carga de los cuidados, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes, con mayores tasas de desempleo y más interrupciones en su trayectoria profesional. Por otro lado, se cuestiona el propio término "nini", que organizaciones juveniles y sindicales consideran estigmatizante, ya que agrupa realidades muy distintas, desde el desempleo hasta situaciones de vulnerabilidad o cuidado no remunerado. En paralelo, crece el fenómeno de los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo, conocidos como "sisis". Según la Encuesta de Población Activa, más de un millón de jóvenes compatibilizan ambas actividades, lo que supone en torno a un tercio de los ocupados de este grupo de edad, una proporción que ha aumentado de forma notable en los últimos años. Este incremento se vincula a factores como el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la formación.

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(El Economista, 20-05-2026) | Laboral

La Seguridad Social obliga a las empresas a pagar sanciones por los accidentes laborales de los becarios

La Seguridad Social ha fijado un nuevo criterio por el que las empresas deberán asumir sanciones económicas cuando los becarios sufran accidentes laborales o enfermedades profesionales durante sus prácticas. Las compañías tendrán que afrontar un recargo de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones por incapacidad temporal o permanente reconocidas al alumno afectado. La cuantía del recargo dependerá del grado de responsabilidad de la empresa y de la gravedad del incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social ya contemplaba esta obligación para los trabajadores asalariados cuando el accidente se producía por deficiencias en las medidas de seguridad, por instalaciones en mal estado o por la ausencia de protección adecuada. La principal novedad es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mediante un criterio comunicado el pasado 11 de mayo, amplía ahora esta responsabilidad también a los estudiantes en prácticas, tanto universitarios como de Formación Profesional. Blanca Liñán, socia del área laboral de Ceca Magán, explica que el aspecto más relevante de esta interpretación es que no excluye a los alumnos en prácticas de la aplicación de estos recargos. Según señala, el INSS considera que, al estar integrados en la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, también les resulta aplicable la protección derivada de accidentes laborales y enfermedades profesionales sufridas durante las prácticas. La experta destaca además que la responsabilidad recaerá sobre la entidad en la que se produzca el incumplimiento de las medidas preventivas, situando así el foco directamente sobre la empresa donde el estudiante desarrolla su actividad formativa. A su juicio, este criterio obliga a las compañías a integrar plenamente a los becarios en sus sistemas de prevención de riesgos laborales, equiparando sus condiciones de protección a las del resto de empleados de la plantilla. El Ejecutivo ya obligaba desde noviembre de 2011 a cotizar por los estudiantes en prácticas remuneradas. Posteriormente, desde el 1 de enero de 2024, esa obligación se amplió también a las prácticas no remuneradas. Pese a ello, tanto los becarios remunerados como los no remunerados continúan excluidos de determinadas coberturas, como la prestación por desempleo o la protección del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Además, quienes realizan prácticas sin remuneración no tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, como enfermedades ordinarias o accidentes ocurridos fuera del entorno laboral. No obstante, Blanca Liñán aclara que esta limitación no afecta a las contingencias profesionales. Por ello, considera que el recargo también podría aplicarse en el caso de becarios no remunerados siempre que exista una prestación económica vinculada a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

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(Expansión, 19-05-2026) | Laboral

El Supremo obliga al SEPE a conceder el pago único del paro a los autónomos familiares

El Tribunal Supremo ha reforzado el derecho de los autónomos colaboradores a capitalizar la prestación por desempleo para incorporarse a un negocio familiar y darse de alta en la Seguridad Social. En una sentencia fechada el 11 de marzo de 2026, la Sala de lo Social corrige el criterio restrictivo que venía manteniendo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y reconoce que estos trabajadores pueden acceder plenamente al pago único del paro cuando deciden integrarse en la actividad de un familiar. El caso parte de una trabajadora de Barcelona que, tras quedarse en paro, solicitó cobrar de forma anticipada su prestación para darse de alta como autónoma colaboradora en el negocio de su marido. Aunque inicialmente el SEPE autorizó la ayuda, posteriormente revocó la decisión y reclamó la devolución del dinero. El organismo entendía que la capitalización del desempleo está pensada para financiar inversiones necesarias para iniciar una actividad económica y defendía que, al tratarse de una empresa ya en marcha, no existía una inversión que justificara la concesión. La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, rechaza de forma tajante ese planteamiento. Los magistrados recuerdan que la finalidad de la norma es favorecer el autoempleo y subrayan que ninguna disposición legal excluye expresamente a los autónomos colaboradores del acceso a esta modalidad de cobro de la prestación. El tribunal destaca además que estos trabajadores, aunque se incorporen a un negocio ya existente, deben asumir personalmente el pago de sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Precisamente, la legislación contempla que el pago único pueda destinarse a cubrir esas cuotas mensuales a la Seguridad Social, un gasto que el Supremo considera suficiente para justificar el acceso a la ayuda. Hasta ahora existían resoluciones contradictorias sobre esta cuestión. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respaldó la posición de la trabajadora, otros órganos judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, habían avalado la interpretación del SEPE. Con esta resolución, el Supremo unifica doctrina y deja claro que el objetivo de la norma es facilitar la reincorporación al mercado laboral, sin que el vínculo familiar con el titular del negocio suponga un impedimento. La sentencia insiste en que el autónomo colaborador afronta con su propio patrimonio el coste de las cotizaciones sociales, lo que justifica la necesidad de apoyo económico mediante la capitalización del paro. Por ello, los magistrados concluyen que debe reconocerse "el derecho a percibir la prestación por desempleo en pago único en la modalidad de subvención para el abono de las cotizaciones de Seguridad Social". El fallo supone además un respaldo importante para los pequeños negocios familiares, ya que permitirá que cónyuges e hijos de autónomos utilicen las prestaciones acumuladas por desempleo para incorporarse a la actividad y aliviar el impacto económico que supone asumir desde el primer día la cuota mensual de autónomos.

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(Expansión, 19-05-2026) | Laboral

El sueldo medio en el tercer sector subirá un 23% con la equiparación

"Europa se dirige hacia un modelo de prestaciones sociales que alcance también a las clases medias y trabajadoras", sostiene la consellera de Afers Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo. "No podíamos permitir que hubiera profesionales de primera y de segunda dentro del tercer sector", explica Martínez Bravo, doctora en Economía y responsable del departamento desde el verano de 2024. La consellera atiende a EXPANSIÓN tras cerrar un acuerdo con sindicatos y patronales para elevar los salarios y aproximar gradualmente las condiciones laborales del sector a las de los empleados públicos. La medida beneficiará a unas 120.000 personas, que verán incrementados sus salarios un 23% cuando el acuerdo se complete en 2030. "Desde el primer momento el Govern consideró esta cuestión una prioridad, porque el ámbito social es donde se concentran los salarios más bajos y donde existía más margen de mejora", afirma. Martínez Bravo admite que la equiparación no era sencilla debido a la gran cantidad de convenios existentes en el sector. Por ello, el Ejecutivo catalán impulsará un nuevo sistema para fijar tarifas que premie a las entidades que mejoren las condiciones salariales de sus trabajadores. "Queremos implantar un modelo basado en incentivos: entre dos proveedores, recibirá una mayor retribución quien pague mejor a sus profesionales", explica. Para hacer viable esta equiparación, la Generalitat destinará 150 millones de euros adicionales al año durante los próximos cuatro ejercicios. El tercer sector engloba áreas como la dependencia, la atención a la infancia y juventud, la salud mental o la asistencia a personas mayores. Precisamente en este último ámbito se registraban las mayores diferencias salariales respecto al sector público, con brechas de hasta el 42%. El salario medio pasará de 18.402 euros brutos anuales a 26.019 euros. Otro de los grandes desafíos de la consellera es la gestión de las ayudas económicas. Su departamento administra directamente 33 prestaciones, a las que se suman las destinadas a hogares con menores acogidos y el ingreso mínimo vital (IMV), cuya gestión asumirá la Generalitat "después del verano". Según detalla Martínez Bravo, será el Govern quien tramite las solicitudes, las valide y remita posteriormente la información al Instituto Nacional de la Seguridad Social, encargado de efectuar los pagos. La intención es avanzar hacia una ventanilla única junto a la renta garantizada de ciudadanía (RGC) para facilitar el acceso a más beneficiarios. La consellera recuerda que, de acuerdo con un estudio de Ivàlua, más del 65% de las familias que podrían recibir el IMV no lo solicitan, mientras que en el caso de la RGC el porcentaje asciende al 89,2%. Esta ayuda autonómica complementa el ingreso mínimo vital estatal. "Con una gestión centralizada será mucho más sencillo llegar a quienes tienen derecho a estas prestaciones, y ya hemos aprobado la creación de 115 plazas de empleo público para asumir esta tarea", señala. Martínez Bravo considera que las prestaciones sociales sí cumplen una función redistributiva, especialmente en el caso de las pensiones. "El sistema de pensiones redistribuye riqueza de forma muy significativa entre las personas mayores, pero en otros segmentos de edad el estado del bienestar tiene más dificultades para reducir desigualdades", apunta. A su juicio, existen estudios que evidencian que el sistema fiscal ha perdido capacidad redistributiva, lo que hace necesario reforzar las ayudas públicas más allá de la lucha contra la pobreza extrema. "Los países europeos avanzan hacia modelos de prestaciones dirigidos también a las clases medias y trabajadoras", insiste. En materia fiscal, critica los discursos que prometen rebajas de impuestos sin recortes de gasto público. "Resulta sorprendente que partidos de tradición centrista sostengan que bajar impuestos aumentará automáticamente la recaudación y evitará ajustes. Es una teoría ampliamente desacreditada por la ciencia económica", afirma. Respecto al debate migratorio y el auge de la ultraderecha, Martínez Bravo defiende el papel de la inmigración en Cataluña. "El Govern de Salvador Illa mantiene una posición firme frente a los discursos que criminalizan a la población migrante", asegura. La consellera recuerda que cada día unas 700.000 personas extranjeras trabajan en Cataluña y contribuyen de manera decisiva a la economía. "Sin ellas, estaríamos ante una crisis económica y también demográfica", sostiene. Según añade, sin inmigración el crecimiento vegetativo habría sido negativo desde 2018. Cataluña acaba de superar los ocho millones de habitantes y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los diez millones en la década de 2040. Para Martínez Bravo, el debate no debe centrarse tanto en la cifra de población como en la capacidad de reforzar el estado del bienestar. "Si se fortalecen adecuadamente los servicios públicos y las políticas sociales, hay margen de crecimiento para todos", concluye.

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(El Economista, 19-05-2026) | Laboral

Las empresas que renuncian a contratar por el coste salarial tocan máximos

El desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores en España atraviesa una fase llamativa. Aunque el país todavía registra 2,6 millones de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de vacantes sin cubrir alcanzó máximos históricos al cierre de 2025, con cerca de 156.000 puestos pendientes de ocupar. A este escenario se suma un fenómeno adicional: compañías que no buscan empleados no porque no los necesiten, sino porque consideran demasiado elevado el coste de incorporarlos a la plantilla. En 2025, este motivo alcanzó cifras récord, reflejando cómo las tensiones del mercado laboral ya afectan de lleno a las nóminas. El debate sobre las dificultades para encontrar trabajadores suele centrarse precisamente en los salarios y en el coste de contratación. Mientras sindicatos y Gobierno defienden que la escasez de mano de obra se resuelve mejorando las retribuciones, las patronales sostienen que el aumento de los costes laborales, derivado de mayores cotizaciones, impuestos y subidas del salario mínimo impulsadas por razones políticas, limita la capacidad de muchas empresas para contratar más personal. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) pregunta a las empresas por el número de vacantes disponibles y, cuando no tienen ninguna, indaga en los motivos. La mayoría, un 91%, asegura que simplemente no necesita trabajadores. Sin embargo, este porcentaje se situó a finales de 2025 en el nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2013. En cambio, las compañías que atribuyen la ausencia de contrataciones al elevado coste laboral alcanzaron el 5,3%, el porcentaje más alto registrado hasta ahora. Como ya ha señalado elEconomista.es, las cifras de vacantes en España siguen siendo reducidas en comparación con otros países europeos. De hecho, el INE refleja que existen alrededor de 16 desempleados por cada puesto vacante. Aun así, muchos analistas consideran que la evolución de esta encuesta evidencia un mercado laboral dinámico, coherente con el crecimiento del empleo y del PIB, aunque todavía marcado por un elevado desempleo estructural. Organismos como la AiRef ya advierten, además, de que este impulso económico podría estar perdiendo fuerza. Dentro de este contexto, el aumento de empresas que renuncian a contratar debido a los costes laborales dibuja una tendencia singular. Durante los años de recuperación posteriores a la crisis financiera, entre 2013 y 2018, el peso de este factor disminuyó progresivamente. Sin embargo, tras la pandemia volvió a repuntar con intensidad, pese a que el empleo continuó creciendo con fuerza. Una de las explicaciones apunta al fuerte incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que subió un 22,3% en 2019. No obstante, el impacto de esta medida quedó parcialmente oculto por la irrupción de la pandemia, que paralizó gran parte de la actividad económica y redujo temporalmente las necesidades de contratación de muchas empresas. Con la recuperación económica, el coste salarial no actuó inicialmente como un gran freno a la creación de empleo, aunque la preocupación empresarial comenzó a intensificarse a partir de 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral. Aunque la norma no encareció directamente las contrataciones -salvo en los contratos de muy corta duración-, las restricciones al uso de contratos temporales, más baratos de extinguir que los indefinidos, llevaron a muchas compañías a replantearse sus costes laborales. A ello se sumó el aumento de las cotizaciones derivado de la reforma de las pensiones aprobada también en 2022. Todo ello coincidió con un fuerte episodio inflacionista agravado por la guerra en Ucrania y posteriormente alimentado por nuevas tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente tras las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump en Estados Unidos. La combinación de todos estos factores ha llevado a máximos la proporción de empresas que descartan contratar por el coste que supone incorporar trabajadores. Lo más llamativo, además, es que este impacto afecta tanto a los empleos con salarios más elevados como a aquellos con remuneraciones más bajas.

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(La Vanguardia,19-05-2026) | Laboral

Sánchez Llibre renueva como presidente de Foment del Treball hasta 2030

La asamblea general de Foment del Treball ha reelegido este lunes a Josep Sánchez Llibre como presidente de la organización, cargo que mantendrá hasta 2030. El dirigente afrontaba el proceso electoral sin oposición, ya que no se presentó ninguna candidatura alternativa, por lo que la renovación se desarrolló sin sorpresas. Será su tercer mandato al frente de la patronal catalana, lo que supondrá acumular doce años en la presidencia al finalizar este nuevo periodo. Sánchez Llibre logró el respaldo de 290 avales de la junta directiva y fue recibido entre aplausos en el auditorio de la sede de la organización, acompañado por la música de la película Carros de fuego. Durante su intervención ante la asamblea, el presidente aseguró que su proclamación sin rival supone una muestra de confianza hacia el proyecto de la entidad y afirmó que ello le obliga a mantener el máximo nivel de exigencia. "No celebramos un simple trámite, sino la renovación de un compromiso", señaló. El dirigente explicó que este nuevo mandato estará marcado por la continuidad y fijó tres grandes prioridades: la defensa de la libertad de empresa, la protección de la propiedad privada y la garantía de la seguridad jurídica. En relación con las negociaciones entre el PSC y ERC para sacar adelante los próximos presupuestos de Cataluña, Sánchez Llibre expresó su deseo de que ambas formaciones alcancen un acuerdo, al considerar que un territorio no puede funcionar adecuadamente sin cuentas públicas aprobadas. No obstante, advirtió de que ese eventual pacto no debería traducirse en un aumento de la presión fiscal sobre empresas y familias, denunciando lo que calificó como un "ahogo fiscal" en Cataluña. Asimismo, anunció que durante esta nueva etapa pretende reforzar la relación entre Foment y la Generalitat con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo permanente. En su discurso reivindicó el papel de la patronal como principal interlocutor económico de Cataluña y aseguró que la organización seguirá defendiendo a las empresas frente a discursos que, a su juicio, las sitúan bajo sospecha permanente o las criminalizan. En el acto participaron también el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi; el presidente de Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor; y la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Ángela de Miguel. Durante su intervención, Garamendi reivindicó la responsabilidad que representan las organizaciones empresariales en un contexto que definió como marcado por el sectarismo y la radicalización, y afirmó que muchos empresarios no se sienten cómodos en el actual clima político y social. La renovación de Sánchez Llibre llega después de que la junta directiva de Foment aprobara a mediados de abril adelantar dos meses el calendario electoral y convocar las elecciones para este 18 de mayo. Además, hace dos años la patronal modificó sus estatutos para eliminar el límite de mandatos consecutivos en la presidencia. Hasta entonces, el reglamento impedía ocupar el cargo durante más de dos periodos seguidos de cuatro años. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ya había adoptado previamente una reforma similar.

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