Noticias

(El País, 20-03-2026) | Laboral

El Gobierno baraja contratar temporales para desbloquear miles de jubilaciones parciales en ayuntamientos y comunidades

El Gobierno está negociando con los sindicatos de la función pública una modificación legal para recuperar la situación previa a la última reforma de pensiones. El objetivo es permitir que las administraciones vuelvan a contratar relevistas con contratos temporales en los procesos de jubilación parcial, en lugar de exigir que sean indefinidos, como establece actualmente la normativa. Con este cambio se pretende desbloquear miles de jubilaciones parciales de personal laboral en ayuntamientos y comunidades autónomas, que quedaron paralizadas desde abril de 2025 por la falta de trabajadores que cumplieran los nuevos requisitos. Según fuentes sindicales, las conversaciones con Seguridad Social y Función Pública están muy avanzadas y se abordarán en una reunión prevista para la próxima semana, con la intención de aprobar la medida lo antes posible, incluso dentro de este mes. Por ahora, la negociación se centra exclusivamente en el personal laboral de las administraciones, que es el único que tiene regulada esta modalidad de jubilación, que permite anticipar el retiro entre dos y tres años reduciendo jornada y salario, mientras otro trabajador cubre el resto mediante un contrato de relevo. El problema surgió tras la reforma que introdujo nuevas condiciones para la jubilación parcial, entre ellas la obligación de que el relevista tenga un contrato indefinido a tiempo completo y con una duración mínima de dos años posteriores a la jubilación total del titular. Estos requisitos, en vigor desde el 1 de abril de 2025, han bloqueado en la práctica esta modalidad en el sector público, ya que la contratación fija exige superar procesos de acceso al empleo público que suelen prolongarse durante largos periodos. Como consecuencia, miles de trabajadores llevan más de un año esperando poder acogerse a este sistema, que antes era habitual. Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Función Pública puso en marcha una tasa de reposición específica como medida urgente para facilitar la contratación de relevistas en la Administración General del Estado, aunque esta solución no ha sido inmediata ni ha beneficiado a empleados autonómicos y locales. Por ello, el Ejecutivo plantea ahora recuperar de forma provisional el marco anterior a abril de 2025 en el ámbito de las administraciones públicas, mediante un real decreto ley que permita contratar relevistas de manera temporal. Estas plazas se incluirían posteriormente en futuras ofertas de empleo público para su cobertura definitiva. En caso de que el contrato del relevista finalice antes de los dos años posteriores a la jubilación completa del trabajador sustituido, la Administración deberá contratar a otro, tal como ya ha establecido la Seguridad Social. La urgencia de esta medida también responde a las exigencias de los sindicatos en la mesa de diálogo social sobre la gestión de las bajas laborales, donde las organizaciones han condicionado la negociación a la resolución de este problema. Desde CC OO y UGT Servicios Públicos valoran positivamente que esta solución esté cerca de aprobarse, tras meses reclamándola, aunque recuerdan que sigue pendiente recuperar la jubilación parcial anticipada para funcionarios y personal estatutario -como el sanitario transferido a las comunidades-, que actualmente no pueden acceder a ella desde que fue suprimida en 2012. A pesar de que el ministro de Función Pública, Óscar López, acordó con los sindicatos en 2024 restablecer este derecho, aún no se ha materializado. En la misma línea, el sindicato CSIF critica que esta situación continúe bloqueada desde hace más de una década y señala que la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios sigue atascada en el Congreso dentro del proyecto de Ley de Función Pública. Además, otra de las demandas pendientes en este ámbito es permitir, con carácter general, que los empleados públicos puedan prolongar su vida laboral hasta los 72 años, una propuesta defendida especialmente por altos cargos de la Administración agrupados en Fedeca y que también forma parte del debate legislativo en curso.

LEER MÁS

(El Economista, 20-03-2026) | Laboral

Más de dos millones de empleados empiezan o finiquitan un empleo cada trimestre en España

España terminó 2025 sin ocupar, por primera vez en cuatro años, el puesto de país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, un lugar que ahora corresponde a Finlandia. Sin embargo, el mercado laboral español continúa siendo el más inestable: un 5,8% de los trabajadores ha comenzado un empleo en los últimos tres meses, mientras que otro 4,8% lo ha dejado. En conjunto, esto supone unos 2,4 millones de personas, es decir, un 10,6% del total de ocupados, inmersos en una dinámica constante de rotación. Según la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, que mide las incorporaciones y salidas recientes del empleo, el número de afectados es ligeramente superior al de finales de 2019 (aunque el mínimo se registró en 2020 debido al parón provocado por la pandemia). No obstante, en términos porcentuales, la tasa actual es la más baja desde 2009, dejando al margen el impacto excepcional del COVID-19. Un aspecto clave es la composición de estos movimientos. En España hay más personas que acceden a un empleo (5,8%, unos 1,3 millones) que las que lo abandonan (4,8%, cerca de 1,1 millones), algo que ocurre en la mayoría de países europeos, salvo en casos como Suecia, Luxemburgo y Eslovenia. Aun así, el peso de quienes salen del empleo es elevado: representan el 45,3% de las rotaciones, por encima de la media europea (37%) y muy lejos de países como Alemania (25%) o Países Bajos (8%). Este porcentaje es similar al de Francia, aunque inferior al de Suecia, Luxemburgo, Eslovenia y también Grecia, donde alcanza el 50%. Interpretar estos datos no es sencillo, ya que Eurostat no detalla las causas de las entradas y salidas del empleo. Es decir, no distingue si los nuevos ocupados proceden del desempleo ni si quienes abandonan su trabajo lo hacen voluntariamente, por despido o por finalización de contrato. Sin embargo, cuando las incorporaciones superan claramente a las salidas, suele indicar que predominan los cambios de empleo entre trabajadores, algo habitual en países con bajo paro. Por el contrario, cuando las salidas tienen un peso elevado -como ocurre en economías con más desempleo, entre ellas España- sugiere que una parte importante de esa rotación es involuntaria. Estas estadísticas ofrecen una perspectiva distinta a otras que analizan los flujos del mercado laboral, aunque también presentan limitaciones. Al tratarse de datos trimestrales, no captan los cambios más inmediatos -semanales o diarios- que sí reflejan, por ejemplo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Esto explica en parte por qué no siempre coinciden con la evolución del paro. De hecho, la tasa de desempleo ha variado más intensamente que la rotación laboral, que se mantuvo prácticamente estable entre 2009 y 2021 en torno al 12% (salvo durante la pandemia). Tras la reforma laboral, apenas ha descendido en torno a punto y medio. Este ligero ajuste se ha producido en un contexto de fuerte caída del paro y de un cambio profundo en la contratación, con un notable aumento de los contratos indefinidos, que han pasado de representar el 10% al 40% del total. Pese a esta mejora, el volumen de trabajadores afectados por la rotación sigue siendo elevado en términos absolutos: unos 2,4 millones, una cifra similar a la anterior a la pandemia. La diferencia es que ahora hay más personas ocupadas, lo que explica que el porcentaje haya disminuido aunque el número total se mantenga. Además, la relación entre rotación y desempleo es más estrecha de lo que parece. Entre 2009 y 2014, las salidas del empleo superaban a las entradas. A partir de 2015, tras la Gran Recesión, la tendencia cambió: comenzaron a registrarse más incorporaciones que abandonos, coincidiendo con una fuerte reducción del paro. Este patrón se ha mantenido hasta ahora, salvo durante la pandemia, aunque en los últimos trimestres el descenso del desempleo ha sido más moderado. Esto sugiere que las nuevas incorporaciones ya no provienen tanto de personas en paro, sino de cambios de trabajo entre quienes ya están ocupados. En definitiva, aunque la rotación ha disminuido gracias al aumento de la contratación indefinida, la diferencia entre entradas y salidas se mantiene, lo que refleja un mercado laboral dinámico. El hecho de que esta brecha no se reduzca aleja, por ahora, el riesgo de enfriamiento, si bien estos datos no recogen todavía el posible impacto económico del conflicto en Irán iniciado a finales de febrero.

LEER MÁS

(Expansión, 19-03-2026) | Laboral

Los empleadores pagan 840 euros al mes por trabajador de media

El aumento de los salarios medios y la intensa subida del salario mínimo interprofesional (SMI), junto con los incrementos en las cotizaciones aplicados por el Gobierno en los últimos años, han encarecido de forma significativa el coste de contratar trabajadores para las empresas. Por este motivo, las organizaciones empresariales destacan la capacidad de resistencia del tejido productivo, que ha logrado seguir generando empleo pese al alza de los costes laborales, a lo que se añade también el encarecimiento de los costes de producción derivado de la inflación. En esta línea, los datos más recientes de la Encuesta de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un notable incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social asumidas por los empleadores. En los últimos siete años, coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez, estas cotizaciones han aumentado cerca de un 30% (un 29,2% en concreto), pasando de una media de 650,4 euros mensuales por trabajador en el cuarto trimestre de 2018 a 840,9 euros en el mismo periodo de 2025. Estas aportaciones cubren prestaciones como enfermedad, maternidad, accidentes laborales, invalidez, jubilación, desempleo, formación profesional o garantía salarial, entre otras. Por su parte, los costes salariales también han crecido de forma importante, aunque en menor proporción que las cotizaciones. En este mismo periodo, han pasado de 2.039 a 2.531 euros mensuales, lo que supone un incremento del 24%, es decir, seis puntos porcentuales menos que el aumento de las cuotas. Estos costes incluyen el salario base, los pagos extraordinarios y los atrasos. Si se compara con el periodo anterior, se aprecia un cambio significativo: entre 2011 y 2018, las cotizaciones sociales obligatorias solo subieron un 7,4%, al pasar de 605,5 a 650,4 euros. Por tanto, gran parte del incremento reciente se explica por medidas destinadas a reforzar los ingresos del sistema de Seguridad Social y afrontar el creciente gasto en prestaciones, especialmente en pensiones públicas, que rondan los 217.000 millones de euros anuales. Entre estas medidas destacan el mecanismo de equidad intergeneracional -en vigor desde 2023 y que en 2026 supone el 0,9% del salario bruto-, la cuota de solidaridad -aplicada desde 2025 a los sueldos que superan la base máxima y situada entre el 1,15% y el 1,46% en 2026-, así como el incremento progresivo de las bases máximas de cotización en línea con el IPC más 1,2 puntos adicionales. A ello se suma la subida del SMI, que ha aumentado un 66% respecto a 2018. Por sectores, como es lógico, aquellos con salarios más elevados son también los que soportan mayores cotizaciones. Encabeza la lista el suministro de energía, con una media de 1.374 euros mensuales por trabajador, seguido de las actividades financieras (1.247 euros), la industria extractiva (1.185 euros), el sector de información y comunicaciones (1.085 euros) y la Administración pública (954 euros). En un nivel intermedio se sitúan sectores como el suministro de agua (947 euros), la industria manufacturera (925 euros), las actividades profesionales, científicas y técnicas (906 euros), la construcción (877 euros) y el transporte (869 euros). Por debajo se encuentran las actividades sanitarias (776 euros), la educación (771 euros), el sector inmobiliario (755 euros), el comercio (699 euros), las actividades administrativas (597 euros) y, finalmente, las actividades artísticas, con 540 euros mensuales de media por trabajador.

LEER MÁS

(El País, 19-03-2026) | Laboral

España aportó el 41% del empleo creado en la Unión Europea en 2025

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento sólido, hasta el punto de liderar la creación de empleo en la Unión Europea durante 2025. En ese ejercicio se generaron 526.000 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a cuatro de cada diez empleos creados en toda la UE, según los datos de Eurostat. Este resultado resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que España es solo el cuarto país por población dentro del bloque comunitario. En contraste, Alemania -la economía más grande de la UE- registró una pérdida de 327.000 empleos en el mismo periodo. Este retroceso explica en gran medida el balance global del empleo en la Unión, que fue positivo en 790.000 puestos, aunque supone el crecimiento más débil desde la crisis financiera (excluyendo el impacto excepcional de 2020 por la pandemia). Aunque la cifra de empleo en España ya se conocía desde principios de año, la comparativa por países permite dimensionar su peso: de los 27 Estados miembros, 14 aumentaron su empleo en 2025, y España lideró con claridad con el 41% del total de los 1,3 millones de empleos creados por estos países. Francia aportó 300.000 nuevos puestos y Portugal 174.000, destacando este último por su mayor crecimiento relativo (+3,6% frente al 2,5% de España). Ese 41% de contribución española es el más elevado desde que Eurostat recoge esta serie (2008). Incluso en años de mayor creación de empleo en términos absolutos, como 2023 o 2021, el peso relativo de España fue inferior. Esto indica que, más allá del efecto rebote tras la pandemia, España está adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro del mercado laboral europeo. Este dinamismo se produce en un contexto de crecimiento económico sostenido. El PIB español aumentó un 2,8% en 2025, y las previsiones apuntan a que seguirá creciendo en torno al 2,2%-2,3% en 2026, situándose entre las economías avanzadas con mejor desempeño. No obstante, estas estimaciones se realizaron antes de nuevas tensiones geopolíticas que podrían afectar al escenario global. El contraste vuelve a evidenciarse en países como Alemania, afectada por la crisis de su modelo industrial, así como en otras economías como Hungría o Rumanía, que también destruyeron empleo. En total, los países que redujeron ocupación perdieron 504.000 empleos, lo que, combinado con las ganancias de otros Estados, explica el saldo neto europeo. Aun así, 2025 fue un año de creación de empleo moderada en la UE, con cifras inferiores a las registradas en 2024, 2023 o incluso antes de la pandemia. Se trata del avance más discreto desde 2013. Diversos analistas destacan que el buen comportamiento de España responde a fundamentos económicos más sólidos y sostenibles, sin los problemas de competitividad industrial que afectan a otros países ni desequilibrios como los vividos en el pasado. Además, el crecimiento reciente se apoya cada vez más en la demanda interna, con mayor peso del consumo y la inversión. Otro factor clave ha sido el incremento de la población inmigrante, que contribuye tanto a cubrir necesidades de mano de obra como a dinamizar la actividad económica. Sin embargo, pese a esta evolución positiva, España sigue presentando una de las tasas de paro más elevadas de la UE. En enero de 2026 se situó en el 9,8%, logrando bajar del 10% por primera vez desde 2008, aunque aún se mantiene entre los niveles más altos del entorno europeo.

LEER MÁS

(El Periódico, 19-03-2026) | Laboral

El Supremo avala que las empresas den más días de teletrabajo a los directivos que a sus empleados

El Tribunal Supremo ha respaldado la posibilidad de que las empresas concedan más días de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla. Los magistrados consideran que esta diferencia no supone discriminación ni vulnera el principio de igualdad, siempre que ampliar la flexibilidad de unos no implique reducir la de otros. En este sentido, admiten que puedan existir tratamientos distintos dentro de la empresa, justificándolo, entre otros motivos, por las mayores responsabilidades asociadas a los puestos directivos. Según la sentencia, el teletrabajo puede actuar como una compensación al mayor nivel de exigencia, disponibilidad y flexibilidad horaria de estos cargos. Desde 2021, en España está en vigor la Ley de trabajo a distancia, que permite que empresa y trabajador acuerden voluntariamente el teletrabajo, ya sea mediante acuerdos individuales, de empresa o a través de convenios colectivos. Esta normativa reconoce el teletrabajo como un derecho negociable, pero no obligatorio, de modo que ni el trabajador puede exigirlo si la empresa no lo acepta, ni la empresa puede imponerlo si el trabajador no está de acuerdo. La organización del teletrabajo -quién puede acceder a él y en qué condiciones- es una fuente habitual de conflictos laborales. Con esta resolución, el Supremo clarifica su criterio y ofrece pautas para aquellas empresas que aplican distintos niveles de teletrabajo según colectivos. El caso analizado tiene su origen en la empresa Exolum Corporation SA. En 2021, la compañía acordó con el comité de empresa que los empleados pudieran teletrabajar dos días a la semana, además de percibir una compensación por gastos, siempre que el puesto lo permitiera. Posteriormente, en 2022 y 2023, se amplió esta posibilidad permitiendo trabajar a distancia durante dos semanas en verano y una en Navidad, con el objetivo de facilitar la conciliación. Sin embargo, en 2024 la empresa limitó esta ampliación exclusivamente al personal fuera de convenio, dejando fuera a la mayoría de la plantilla. Esta decisión generó malestar y derivó en una demanda sindical por considerar que existía una discriminación injustificada. La empresa defendió que el personal fuera de convenio dispone de un régimen distinto, con mayor flexibilidad horaria y condiciones específicas pactadas individualmente, lo que justificaría un tratamiento diferenciado. El Tribunal Supremo reconoce que existe una diferencia de trato, pero considera que está objetivamente justificada, ya que estos empleados desempeñan funciones críticas, con mayor responsabilidad, dedicación plena y disponibilidad, además de regirse por contratos individuales y no por el convenio colectivo. Uno de los elementos clave para el Supremo es que la empresa no reduce los derechos del resto de trabajadores, sino que simplemente amplía los de un colectivo concreto, manteniendo los mínimos establecidos en convenio. Según los magistrados, en este tipo de decisiones empresariales, la desigualdad es admisible si responde a criterios objetivos, razonables y no discriminatorios. Cabe destacar que esta práctica contrasta con la tendencia de otras organizaciones, tanto en el sector privado como en el público, donde en ocasiones se limita el teletrabajo de los directivos, al considerarse que sus funciones requieren una mayor presencia física en la empresa.

LEER MÁS

(El Periódico, 19-03-2026) | Laboral

El empleo suma 28.000 ocupados más este marzo que hace un año pese a la guerra de Irán

Durante la primera quincena de marzo, el mercado laboral ha incorporado 83.502 nuevos afiliados, superando el ritmo de contratación registrado en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se produce a pesar del contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Irán, que por ahora no está teniendo un impacto generalizado en el empleo. De hecho, muchas empresas continúan reforzando sus plantillas ante la cercanía de Semana Santa. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fecha del 13 de marzo el número total de cotizantes en España alcanzaba los 21,86 millones, lo que supone un aumento del 0,4% respecto al inicio del mes. En comparación, en el mismo periodo de 2025 el incremento fue menor, con 55.284 afiliados adicionales (+0,3%). Estas cifras reflejan que, por el momento, la tensión geopolítica no está frenando la evolución positiva del empleo. No obstante, conviene interpretar los datos con cautela por varios factores. En primer lugar, el efecto calendario: este año la Semana Santa se celebra antes que en 2025, lo que ha llevado a muchas empresas -especialmente en sectores como el turismo o la logística- a adelantar sus contrataciones para cubrir el aumento de actividad. Además, existe un efecto composición que limita el análisis. Los datos adelantados a mitad de mes solo muestran el volumen total de afiliación, sin desglose por sectores. Esto impide evaluar con precisión si algunos ámbitos de actividad están siendo más afectados por factores como el encarecimiento de los carburantes, lo que podría estar moderando la contratación o incluso reduciendo plantillas en determinados sectores. Por tanto, aunque el balance general es positivo, será necesario esperar a los datos completos de final de mes -previstos para el 6 de abril- para disponer de una visión más detallada y sectorial del comportamiento del empleo.

LEER MÁS

(Expansión, 18-03-2026) | Laboral

El empleo resiste en Semana Santa al golpe de la guerra: se crearán 90.000 puestos de trabajo

Los especialistas prevén que el impulso del turismo siga sosteniendo la creación de empleo, especialmente en sectores como la hostelería y los servicios. Se espera además un aumento de visitantes internacionales, ya que España se percibe como un destino seguro en un entorno global marcado por la incertidumbre. En la actualidad, el número de afiliados vinculados a actividades turísticas se sitúa en torno a los 2,75 millones. Pese al impacto inicial del conflicto en Irán y su repercusión en el encarecimiento de los carburantes -con posible efecto arrastre sobre otros precios-, el mercado laboral español mantiene una evolución positiva de cara a la campaña de Semana Santa. La patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo, estima que se generarán unos 90.000 contratos durante la primera semana de abril, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior. Estas previsiones se apoyan, en gran medida, en el buen comportamiento del turismo. Lejos de registrar una caída en reservas o desplazamientos, tanto nacionales como internacionales, la situación geopolítica actual refuerza el atractivo de España como destino frente a otros países. Esta dinámica contribuye a mantener la actividad laboral, aunque también pone de manifiesto el carácter estacional del empleo, con picos concentrados en campañas como Semana Santa y el verano. Desde Asempleo se destaca que estas cifras reflejan tanto la solidez de esta campaña como la capacidad del mercado laboral para adaptarse a momentos de alta demanda, apoyándose en la flexibilidad. Además, el comportamiento observado en 2025, cuando se superaron las previsiones iniciales de contratación, refuerza las expectativas para este año. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, subraya que la Semana Santa sigue siendo uno de los momentos clave del calendario laboral, especialmente en un contexto de fuerte actividad turística. España continúa posicionándose como uno de los destinos internacionales más relevantes y, en el actual escenario geopolítico, se consolida como una opción preferente para quienes buscan estabilidad y una oferta turística consolidada. Esto se traduce en un aumento de la demanda y en mayores necesidades de contratación temporal en distintos territorios. La patronal recuerda también que la temporalidad forma parte estructural del modelo productivo español, muy vinculado al turismo, las campañas comerciales, la logística y los servicios. Más que una anomalía, se trata de una característica que requiere una gestión adecuada. En este sentido, las empresas de trabajo temporal juegan un papel clave, al permitir a las compañías ajustar sus plantillas con rapidez y ofrecer oportunidades laborales reguladas. En cuanto a los perfiles más demandados, la hostelería concentrará la mayor parte de las contrataciones, con puestos como camareros, cocineros, ayudantes de cocina, personal de limpieza de habitaciones, recepcionistas o guías turísticos. A estos se suman otros sectores como el comercio, el ocio, el transporte y la logística, donde se requerirán dependientes, promotores, monitores, operarios de almacén, carretilleros, preparadores de pedidos y personal administrativo. Por último, los datos de Turespaña reflejan que el empleo turístico continúa creciendo. En febrero se registraron cerca de 66.000 afiliados más en estas actividades respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando una cifra total superior a los 2,75 millones de trabajadores, lo que representa aproximadamente el 12,7% del total de afiliación.

LEER MÁS

(El País, 18-03-2026) | Laboral

Los costes en cotizaciones sociales crecieron en 2025 un 4,5%, un punto más que los salarios

En un momento en el que la economía española mantiene un fuerte crecimiento y los márgenes empresariales se sitúan en niveles muy elevados, las empresas afrontan un aumento del coste de remunerar a sus trabajadores. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral por empleado alcanzó en el último trimestre de 2025 los 3.382 euros mensuales, lo que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De esa cantidad, 2.531 euros corresponden al salario del trabajador (un 3,6% más que un año antes), 790 euros a cotizaciones sociales (un 4,5% más) y 62 euros a otros conceptos (un 2,7% más). Estas cifras confirman una tendencia que se viene observando desde hace varios trimestres. En medio de una crisis demográfica y de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar los ingresos del sistema de pensiones -al tiempo que se garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones mediante su actualización al menos con el IPC-, el coste de las cotizaciones sociales está creciendo con mayor intensidad que el de los salarios. Algo similar ya ocurrió en periodos anteriores. En el mismo trimestre de 2024, el coste salarial aumentó un 3,5%, mientras que las cotizaciones lo hicieron un 4%. Un año antes, el incremento fue del 4% en los salarios y del 7% en las cotizaciones. Desde 2023, cuando entró en vigor la última gran reforma del sistema de pensiones, el coste salarial ha aumentado un 7,3%, frente al 8,7% registrado por las cotizaciones. Si se amplía la perspectiva hasta 2019, antes de la pandemia, el coste de los salarios ha crecido un 22%, mientras que el de las cotizaciones se ha incrementado un 26,2%. La estadística del INE también permite analizar con mayor detalle estos componentes. Dentro de las cotizaciones sociales, el mayor gasto corresponde a las contingencias comunes, con 557 euros por trabajador (un 3,9% más que el año anterior). Le siguen las cotizaciones por desempleo, con 151 euros (+3,8%), y otras aportaciones obligatorias, que alcanzan 82 euros y registran el mayor incremento, con un 10,3% más. En cuanto al coste salarial, se divide en salario ordinario (2.081 euros, +3,5%), pagas extraordinarias (388 euros, +1,9%) y atrasos (62 euros, con un fuerte aumento del 20%). A estas partidas se suman otros costes que forman parte del gasto laboral total. Entre ellos destaca el asociado a la incapacidad temporal, que se sitúa en 24 euros por trabajador, un 6,6% más que un año antes. Los datos del INE también muestran que el número de horas dedicadas de media a bajas laborales ha aumentado en los últimos años: actualmente alcanza 8,4 horas mensuales por trabajador, cerca del máximo registrado en 2022 durante uno de los repuntes del coronavirus. Antes de la pandemia, esta cifra era de 5,7 horas. Por sectores, los mayores incrementos interanuales del coste laboral se registran en educación (+7,8%), transporte (+6,2%) y actividades científicas y técnicas (+6,1%). En cambio, disminuye en actividades artísticas (-5,9%) y en las industrias extractivas (-0,4%). En términos absolutos, el sector con el coste laboral más alto es el del suministro de energía, con 6.512 euros mensuales por trabajador, mientras que el más bajo corresponde a la hostelería, con 2.016 euros. Conviene señalar que esta estadística no incluye datos del sector agrario ni del empleo doméstico, ámbitos que en promedio presentan salarios aún más bajos que los del sector hostelero. Su exclusión eleva el promedio general del coste laboral, ya que quedan fuera actividades que, de media, pagan menos que el resto. Si se analizan las cifras por comunidades autónomas, el mayor coste laboral se registra en las regiones con economías más desarrolladas y menor peso de sectores precarios. Es el caso de la Comunidad de Madrid (4.059 euros por trabajador), Euskadi (3.849) y Navarra (3.748). En el extremo contrario se sitúan la Región de Murcia (2.969), Canarias (2.805) y Extremadura (2.756). El mayor aumento del coste laboral se observa en La Rioja, con un 7,4%, mientras que Asturias registra un ligero descenso del 1%. Este descenso no implica necesariamente una reducción de los salarios -algo que no se aprecia al analizar los datos de convenios colectivos-, sino que podría deberse a un efecto composición, es decir, a cambios en la estructura sectorial o en la distribución por edades del mercado laboral.

LEER MÁS

(El Periódico, 18-03-2026) | Laboral

La Justicia da la razón a un trabajador en su sentencia contra el SEPE y podrá recibir el paro en un pago único

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido a un trabajador el derecho a cobrar la prestación por desempleo en un pago único, lo que se conoce como capitalización del paro, con el fin de iniciar una actividad como autónomo dedicada a la comercialización y reparto de marisco. Inicialmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) había rechazado la solicitud al considerar que existían posibles vínculos familiares con su anterior empresa y ciertas irregularidades en su salario. La Administración argumentó que existían posibles indicios de fraude que justificaban la denegación de la capitalización. Según recoge la sentencia, el trabajador había desempeñado funciones de encargado en su empresa y fue despedido disciplinariamente en octubre de 2023 tras no reincorporarse al trabajo una vez finalizadas sus vacaciones. Posteriormente solicitó la prestación por desempleo, que le fue reconocida. Un mes más tarde, en noviembre, pidió recibirla de forma anticipada en un único pago para iniciar un negocio propio como autónomo dedicado a la venta de mariscos frescos y congelados. El SEPE rechazó esta solicitud alegando varios indicios que, a su juicio, apuntaban a un posible fraude: el hecho de haber trabajado en una empresa familiar, haber percibido supuestamente un salario elevado y no haber impugnado su despido tras más de 25 años de trabajo en ese puesto. Con estos argumentos, el organismo entendió que el objetivo real del trabajador era ampliar el negocio familiar y no crear una nueva actividad económica. Ante la negativa de la Administración, el trabajador recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente le dio la razón. El tribunal recordó que la existencia de fraude debe acreditarse mediante pruebas objetivas, ya sean directas o basadas en indicios sólidos respaldados por hechos demostrables. La sentencia destaca que varios de los argumentos del SEPE no estaban suficientemente sustentados. Por ejemplo, se mencionaba una antigüedad de 25 años en la empresa, cuando solo constaba actividad laboral documentada entre 2019 y 2022. Además, se dio por hecho que se trataba de una empresa familiar únicamente por la coincidencia de apellidos, sin pruebas que lo confirmaran. Tampoco quedó demostrado que el trabajador hubiera percibido un salario desproporcionado. Otro elemento relevante es que el propio SEPE no cuestionó ni revocó el derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo, que ya había sido concedida previamente. Por tanto, el único punto en discusión era la posibilidad de cobrarla mediante pago único. Los magistrados concluyen que no existe ninguna evidencia de que el trabajador pretendiera utilizar ese dinero para ampliar un negocio ya existente. Por el contrario, había presentado toda la documentación necesaria para poner en marcha una nueva actividad empresarial dedicada a la distribución de marisco. Asimismo, el hecho de haber trabajado previamente en una empresa del mismo sector no constituye por sí solo una prueba de fraude. En consecuencia, el tribunal ha determinado que el SEPE debe abonar al trabajador la prestación por desempleo en un pago único. No obstante, la resolución aún no es definitiva, ya que puede ser recurrida mediante un recurso de casación.

LEER MÁS

(El Economista, 18-03-2026) | Laboral

La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España

La distancia entre los salarios y las pensiones continúa ampliándose. En la actualidad, la pensión media supera en más de un 40% al salario más habitual en España. En febrero de 2026, la pensión media se situó en 1.566,81 euros mensuales, lo que equivale a unos 21.935,34 euros anuales en 14 pagas. En contraste, el sueldo más frecuente, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE correspondiente a 2023, alcanza los 15.574,85 euros al año, es decir, unos 1.112,48 euros al mes. Este incremento de la brecha no es casual. Responde, en buena medida, a los cambios introducidos en el sistema de pensiones en los últimos años, especialmente tras la eliminación de los mecanismos que limitaban su revalorización. Desde finales de la etapa de Mariano Rajoy, las pensiones volvieron a vincularse al IPC, y con la reforma de 2021 esta actualización quedó consolidada sin elementos correctores. En 2026, las pensiones han aumentado un 2,7%. Además, se han fijado importes de referencia como una pensión mínima de 12.441,80 euros anuales y una máxima de 47.000 euros. En ejercicios anteriores, las subidas fueron incluso más elevadas: un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024 y un 8,5% en 2023, en un contexto marcado por la inflación derivada de la guerra en Ucrania. A este efecto se suma otro factor relevante: el incremento de la pensión media de los nuevos jubilados. En el último año ha crecido alrededor de un 6%, y un 15% respecto a 2023. Esto se explica por la entrada en jubilación de la generación del baby boom, cuyos integrantes cuentan con trayectorias laborales más largas y mejores niveles salariales. De hecho, cerca del 80% de quienes acceden ahora a la jubilación proceden del trabajo por cuenta ajena y lo hacen con pensiones medias cercanas a los 1.674,81 euros mensuales. En paralelo, el salario más común muestra una evolución distinta. Según el INE, ha descendido desde el máximo que superaba los 18.500 euros brutos anuales registrado tras 2021. En 2023, este salario modal se sitúa prácticamente al nivel del Salario Mínimo Interprofesional de ese año, fijado en 15.120 euros anuales tras una subida del 8%. Conviene recordar que el SMI experimentó en 2019 el mayor incremento de la serie, con una subida del 22,3%, pasando de 735 euros mensuales en 2018 a 900 euros en el año previo a la pandemia. Desde entonces, los incrementos han sido continuados hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales en 14 pagas en 2026, lo que supone un aumento acumulado superior al 66% desde 2018. De hecho, desde 2022 el salario mínimo se ha convertido en la referencia más habitual para muchos trabajadores. Ese mismo año se produjo una fuerte caída del salario modal, que pasó de 18.503 euros en 2021 a 14.586 euros en 2022, lo que acentuó la diferencia con la pensión media, que ya entonces superaba en casi un 20% al salario más frecuente.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF