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(El País, 03-12-2025) | Laboral

España pierde 14.000 empleos en noviembre, la mitad que el año pasado, y el paro baja en 19.000 personas

El mercado laboral español suele mostrar debilidad en noviembre, cuando ya ha terminado la temporada turística y aún no arranca la campaña navideña. Este año ha seguido el mismo patrón, con la pérdida de más de 14.000 empleos. Sin embargo, hay un aspecto positivo: es un descenso menor que el del año anterior, cuando se destruyó el doble de puestos. Así, el número total de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 21,82 millones, el nivel más alto registrado en un mes de noviembre. Paralelamente, el paro registrado baja en casi 19.000 personas -algo mejor que en el mismo mes del año pasado- y se sitúa en 2,42 millones, la cifra más reducida para un noviembre desde 2007. Combinando ambas tendencias, en los últimos doce meses se han creado 523.000 empleos y el número de personas desempleadas ha descendido en 161.000. En noviembre se contabilizaron 14.359 afiliados menos que en octubre, lo que deja la media mensual en 21.825.233 trabajadores. Esto representa una caída mensual del 0,07%, más moderada que la de hace un año, cuando la afiliación retrocedió un 0,14% y se destruyeron unos 30.000 empleos. En 2023 se dio un descenso parecido al de este año: 11.600 afiliaciones menos (-0,06%). Antes de los años atípicos marcados por la pandemia -en los que noviembre incluso registró aumentos de empleo- las caídas eran más pronunciadas: en 2019 se perdieron 53.000 afiliaciones (-0,27%). Aun con un peor dato en noviembre de 2024, aquel año cerró con un comportamiento muy positivo del empleo (+496.000 puestos). Y 2025 apunta mejor todavía: los 523.000 nuevos empleos suponen un crecimiento del 2,45%, un ritmo ligeramente superior al del año previo (+2,39%). Por sectores, el comportamiento sigue siendo el habitual de noviembre: la hostelería se desploma (-119.000 afiliados, -6,2%), mientras que la educación recupera efectivos tras el parón estival (+30.700, +2,2%). La caída en bares y restaurantes es similar a la de años anteriores, coincidiendo con el descenso de actividad propio del frío. Otro sector con descensos significativos es el de los marineros, que pierde 1.700 empleos (-2,73%). El peso de la hostelería también se observa por territorios. Baleares, muy dependiente del turismo, sufre la mayor caída, con una reducción del 15% de sus afiliados en solo un mes. También retroceden Castilla y León (-0,63%) y Cantabria (-0,49%). En cambio, la afiliación avanza en Murcia (+0,88%), Madrid (+0,92%) y la Comunidad Valenciana (+1%). Mientras tanto, el sector educativo suma casi 31.000 nuevos afiliados, alcanzando 1,44 millones de trabajadores, un nivel superior al registrado en mayo. También repuntan el comercio (+21.700, impulsado por el Black Friday), la construcción (+11.000) y el sistema agrario especial (+10.000). Destaca además el buen comportamiento de actividades de mayor valor añadido, como las científicas y técnicas (+6.600) y las vinculadas a la información y comunicaciones (+6.300). Aunque estas variaciones responden en buena parte a factores estacionales, la visión anual permite identificar tendencias más estructurales. Los sectores que más empleo han generado en el último año son: sanidad y servicios sociales (+73.000), reflejo del envejecimiento poblacional; transporte y almacenamiento (+66.000), impulsado por el auge del comercio electrónico y el papel logístico de España; y la construcción (+59.000), en plena crisis de acceso a la vivienda. En términos relativos, transporte (+6%) e inmobiliarias (+5,4%) son los sectores que más crecen. Los únicos ámbitos donde el empleo disminuye son el sistema agrario especial (-18.000), el empleo doméstico (-15.000) y la minería del carbón (-46 afiliados). Según el Ministerio de Seguridad Social, "tanto la ocupación juvenil como la de mayores de 55 años han crecido un 23% desde la reforma laboral, más del doble del 10,5% que ha avanzado el conjunto del mercado laboral". La ministra Elma Saiz destaca además que "el empleo sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas y lo hace especialmente en sectores de alto valor añadido". Los datos de afiliación se publican junto con las cifras de paro registrado del Ministerio de Trabajo, que muestran una reducción de 18.800 desempleados en noviembre (-0,77%). Es un mejor resultado que el de 2024 (-16.000; -0,62%), aunque peor que el de 2023 (-25.000; -0,89%). Antes de la pandemia era habitual que el paro aumentara en noviembre, incluso en años de expansión. Por sectores, el paro cae en los servicios (-13.000; -0,73%), la industria (-1.550; -0,82%), la agricultura (-1.330; -1,74%), la construcción (-880; -0,51%) y entre quienes buscan su primer empleo (-2.000; -0,88%). Con ello, el paro registrado alcanza su nivel más bajo en un noviembre desde 2007. En el último año, el descenso acumulado es de 161.000 personas, un 6,23% menos. Para encontrar una caída mayor hay que remontarse a 2022, en pleno rebote tras la pandemia. Trabajo destaca, además, que el paro juvenil baja en 5.476 personas -por debajo ya de los 190.000- y que se trata del nivel más bajo en un noviembre de toda la serie histórica. También subraya que el desempleo femenino continúa en mínimos desde 2007, con 1.466.095 mujeres registradas sin empleo.

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(El País, 03-12-2025) | Laboral

Díaz acelera la ley para proteger a los denunciantes de corrupción en las empresas

El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante en la elaboración de una normativa que aborda este tipo de situaciones. El departamento dirigido por Yolanda Díaz sometió este martes a audiencia pública un anteproyecto de ley que busca garantizar la protección de los empleados de estas compañías, de modo que quienes denuncien prácticas corruptas queden a salvo de represalias y no puedan ser despedidos por ello. Los ceses motivados por estas denuncias pasarían a considerarse nulos. La iniciativa de Díaz implicaría modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, la norma fundamental que regula las relaciones laborales en España. En esencia, en distintos apartados que ya contemplan escenarios de protección para el empleado, se añade que dicha cobertura debe extenderse a "las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción". Entre los cambios propuestos figura una reforma del artículo 4, que recoge los derechos básicos de los trabajadores. Si el proyecto prospera, el Estatuto incorporaría expresamente que el empleado no podrá ser discriminado -además de por las causas ya previstas, como estado civil, edad, origen, creencias, ideas políticas o identidad sexual- tampoco por "una revelación o comunicación de información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción". La referencia a esta ley de 2023 es constante en el texto impulsado por Trabajo. Dicha norma incorporó al ordenamiento español la directiva europea en la materia y ya obliga a las empresas, entre otras medidas, a habilitar canales de denuncia anónimos. El anteproyecto ahora presentado profundizaría en estas garantías y ampliaría su alcance, dado que afectaría a todas las empresas, sin limitarse a las que cuenten con más de 50 trabajadores como ocurre en la ley vigente. La propuesta estrella del Ministerio consiste en que la extinción del contrato o el despido del trabajador sea declarado nulo cuando esté relacionado con la revelación de irregularidades internas. Esto se aplicaría también a los periodos de prueba: la ruptura del contrato en ese tiempo sería "nula" si responde a la comunicación de prácticas corruptas en la empresa. En coherencia con este enfoque, el borrador también prohíbe expresamente "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o represalias" como respuesta a reclamaciones internas o acciones administrativas o judiciales destinadas a exigir igualdad de trato, así como a la presentación de información relevante sobre infracciones. El preámbulo del anteproyecto subraya que es necesario "reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral", y sostiene que el sistema perdería eficacia si la única consecuencia ante un despido injustificado fuera la indemnización por improcedencia. Es decir, Trabajo entiende que esta reforma serviría para proteger realmente a quienes denuncien irregularidades y evitar que la reacción automática ante un aviso de corrupción sea la expulsión del denunciante con la indemnización máxima. Díaz ya había adelantado en octubre su intención de acelerar esta reforma. "Vamos a hacer una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción. Espero contar con el apoyo del PP, que está tan preocupado por la corrupción", afirmó en el Senado en respuesta a una pregunta del principal partido de la oposición. Al tratarse de un anteproyecto de ley, su aprobación requiere el respaldo de la mayoría parlamentaria. El último intento de Trabajo por modificar el Estatuto -la reducción de la jornada semanal de 40 horas a 37,5- no salió adelante por el rechazo de PP, Vox y Junts. Aunque el grupo catalán apoyó la investidura de Pedro Sánchez, rompió el acuerdo hace un mes tras consultar a su militancia alegando varios "incumplimientos". Este martes, el presidente intentó acercar posiciones mediante algunas de las medidas comprometidas, pero Junts mantuvo su escepticismo.

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(El Economista, 03-12-2025) | Laboral

El Gobierno traspasa a Cataluña la convocatoria de empleo público

Tal como adelantó este martes el presidente del Gobierno en varias entrevistas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que incorpora tres de las medidas reclamadas por Junts y que aún estaban pendientes de cumplimiento: la cesión a Cataluña de la competencia para gestionar las ofertas de empleo público, la autorización para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit y el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos. Una cuarta medida, destinada a agilizar los procedimientos contra la okupación y a compensar a los propietarios ante posibles impagos, "se aprobará más adelante", según ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El Ejecutivo transferirá a la Generalitat la competencia sobre las convocatorias de Oferta de Empleo Público, tal y como se pactó en la comisión bilateral del pasado febrero, un modelo que ya ha aplicado también el País Vasco. Según explicó Óscar López, este traspaso incluye los procesos de selección de los habilitados nacionales o funcionarios de la administración local, una competencia que Cataluña ya ejerció entre 2007 y 2013. En este cuerpo -integrado por secretarios, interventores y tesoreros municipales- existe actualmente un elevado número de vacantes, alrededor del 40%, y Cataluña es la comunidad con más plazas sin cubrir. De ahí que se trate de una de las principales demandas de Junts. La segunda medida dirigida a satisfacer al partido independentista es la autorización para que comunidades autónomas y ayuntamientos empleen su superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles. Estas actuaciones pueden incluir mejoras en el suministro de agua, alumbrado público, vivienda y programas de asistencia social. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha celebrado la decisión del presidente Pedro Sánchez de aprobar este decreto que "facilita y flexibiliza" las inversiones de las corporaciones locales, recordando que se trata de una reivindicación histórica del municipalismo. "Pedro Sánchez acierta al rectificar tras escuchar a los ayuntamientos", ha afirmado la también alcaldesa de Jerez de la Frontera en un vídeo difundido por la FEMP en reacción al anuncio y a la aprobación del Real Decreto que flexibiliza las finanzas locales, una medida acordada con Junts.

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(La Vanguardia, 03-12-2025) | Laboral

El Consejo de Ministros da luz verde a la subida de sueldo de los funcionarios

El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley que incorpora la subida salarial pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF para los empleados públicos. Tal y como ha explicado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma autoriza el incremento retributivo del 2,5% correspondiente a 2025 -que algunos trabajadores cobrarán con efectos retroactivos antes de final de año- y también activa ya la subida fija del 1,5% prevista para 2026. En conjunto, supone un aumento del 4% aplicado en apenas dos meses. Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron las negociaciones para que una parte del personal pudiera recibir en diciembre el pago retroactivo vinculado a 2025. Dado que las nóminas se cierran alrededor del 10 de diciembre, el Ejecutivo ha garantizado que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida correspondiente a 2025 a finales de este mes, junto con la paga extra. Además, un mes después recibirán la actualización salarial de 2026, evitando así los retrasos que ocurrieron en años anteriores. Un ejemplo: el 0,5% variable de 2024 se aprobó en julio de 2025. Según López, el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF -al que, por ahora, CCOO no se ha adherido- es extensible a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, que deberán determinar cómo aplican el pago. Esto significa que el calendario real de cobro para los casi 3,5 millones de empleados públicos variará en función de cada territorio. "Hay administraciones que harán un único abono en diciembre, como la AGE, y otras pactarán con los sindicatos la forma de pago, pero el acuerdo es vinculante para todas", ha señalado el ministro. El pacto salarial contempla un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, que podría llegar al 11,4% si se incluye el efecto de arrastre. La subida se reparte en un 2,5% para 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028. En el caso de 2026, el alza será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, que se aplicará si la inflación supera ese 1,5%. Este componente variable se abonaría en 2027 para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto. El propósito de esta senda salarial hasta 2028 es evitar que los empleados públicos continúen perdiendo poder adquisitivo. Con esta fórmula, sus remuneraciones crecerán algo menos de tres puntos por encima de los precios en el periodo, aunque todavía no compensarán totalmente lo erosionado por la inflación en los últimos años. El acuerdo marco de 2022 fijaba una subida acumulada del 9,5% (9,8% con efecto de arrastre), claramente insuficiente frente al aumento del 15,3% registrado por la inflación entre 2021 y 2024. Según cálculos de UGT, sumando el salario base y los complementos de destino -sin incluir complementos específicos ni trienios-, la subida de 2025 supondrá un aumento anual de entre 767,6 euros para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el grupo E. Si se añade la subida completa prevista para 2026, en 2027 las mejoras acumuladas ascenderían a entre 2.841,7 euros y 1.233,4 euros anuales, según el grupo profesional. El acuerdo de diálogo social incorpora también otras mejoras, como el compromiso del Gobierno de revisar en 2026 los complementos de residencia e insularidad en Canarias y Baleares. Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, los sindicatos aseguran que incluye además refuerzos de plantilla -especialmente en los puestos de atención al público-, la eliminación progresiva de la tasa de reposición y una agilización de los procesos de selección y promoción interna.

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(El País, 02-12-2025) | Laboral

Fedeca ve “fraude de ley” en que el pacto salarial de los funcionarios llegue a 2028 porque excede la legislatura

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera que el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -que establece una subida del 11% entre 2025 y 2028- constituye un "fraude de ley". Así lo afirmó este lunes la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, quien sostiene que el pacto excede el periodo de la legislatura actual. "El compromiso abarca de 2025 a 2028, lo que implica un fraude de ley porque se proyecta más allá del mandato vigente", señaló también en su condición de presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Según Ercoreca, el Ejecutivo solo debería comprometerse hasta 2027, año en que finaliza la legislatura. "Plantear medidas para 2028 cuando desconocemos cuál será el escenario político nos parece un fraude de ley. Debería contar con el aval del Congreso", añadió. El último acuerdo retributivo, firmado en 2022, se extendía hasta 2024, y también sobrepasaba el límite previsto para la legislatura que, en principio, concluía a finales de 2023. Pese a esta discrepancia sobre la duración del pacto, Fedeca valora de forma "positiva" las mejoras salariales, pero mantiene una crítica de fondo: lamenta que el acuerdo no se base en la inflación real, sino en una estimación futura de la evolución de los precios. El pacto contempla un incremento total del 11% (o del 11,4% considerando el impacto en los complementos, según los cálculos sindicales). Para 2025 se aplicará una subida del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En enero de 2026, los sueldos aumentarán otro 1,5%, por lo que al comienzo del próximo año la subida acumulada alcanzará el 4% fijo. A ello se añade un 0,5% variable, condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, ese medio punto se abonará previsiblemente en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y se descontará del incremento previsto para 2027, que será del 4,5% (o del 5% si no se adelanta ese 0,5% al año anterior). En 2028 se aplicará el 2% restante. Para Ercoreca, esta subida "se diluirá" si no se calcula en función del IPC real. Es decir, Fedeca considera que los incrementos vinculados a la evolución prevista de los precios no compensarán posibles repuntes inesperados de la inflación. "Los aumentos anuales no tienen en cuenta el IPC real", criticó. Por ello, la federación propone un mecanismo similar al de la revalorización de las pensiones, basado en la inflación efectiva de cada ejercicio y no en proyecciones, como establece el acuerdo actual. "Si las subidas no siguen el ritmo del IPC, no serán reales. Implicarán pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener presente la volatilidad de los precios energéticos y el alto coste de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes", subrayó Ercoreca. También remarcó las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios cuando se trasladan a ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios inmobiliarios son más elevados. "Valoramos que haya una senda de incrementos, pero pedimos que estén vinculados a la inflación real", concluyó. Por último, Ercoreca celebró que "se acorten los plazos de resolución de las ofertas de empleo público", ya que los retrasos prolongados generan, a su juicio, "ineficiencias" en la Administración.

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(El Periódico, 02-12-2025) | Laboral

Después de 18 meses de baja, el puesto queda suspendido y se deja de cotizar

Cuando una persona atraviesa un problema de salud que le impide desempeñar su trabajo con normalidad, lo más adecuado es solicitar a la Seguridad Social una incapacidad temporal. Tras la concesión de la baja médica, el trabajador puede permanecer fuera de su puesto hasta un máximo de 545 días. Una vez cumplido este periodo de 18 meses, el afectado debe optar entre tres alternativas: pedir una incapacidad permanente, aceptar el alta médica o solicitar una prórroga de su baja. Si no toma una decisión, la Seguridad Social le enviará una propuesta de incapacidad permanente. Es importante actuar con rapidez, ya que cuando se agota el plazo máximo el trabajador deja de cotizar. Eso sí, no pierde su empleo, sino que su contrato queda en situación de suspensión. ¿Qué resoluciones puede dictar la Seguridad Social? El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contempla tres posibles resultados cuando se trata de una incapacidad temporal prolongada. La primera consiste en reconocer al trabajador una incapacidad permanente. La segunda opción es la finalización de la incapacidad temporal, lo que implica el alta médica. En este caso, el trabajador recibirá una notificación por SMS y por carta, informándole de que debe reincorporarse de inmediato a su puesto, pudiendo ser despedido si no lo hace. La tercera posibilidad es la concesión de una demora en la calificación, comunicada previamente. Esta prórroga permite ampliar la baja otros seis meses, pudiendo llegar hasta un máximo de 730 días naturales (dos años). Conviene recordar que, según la Ley General de la Seguridad Social, existen dos grandes tipos de incapacidad laboral: la temporal y la permanente. Dentro de esta última, se distinguen cuatro grados, cada uno con su correspondiente prestación económica: Incapacidad Permanente Parcial: El trabajador ve disminuido su rendimiento habitual, aunque puede seguir realizando sus tareas. Recibe un pago único equivalente a 24 mensualidades de su base, con las retenciones e IRPF correspondientes. Incapacidad Permanente Total: La persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí puede trabajar en otra distinta. La prestación equivale al 55% de la base reguladora, sujeta a IRPF, y aumenta al 75% para mayores de 55 años. Incapacidad Permanente Absoluta: El trabajador no puede dedicarse a ningún tipo de actividad profesional. En este caso, percibe una pensión vitalicia por el 100% de su salario bruto, exenta de IRPF. Gran Invalidez: Además de no poder trabajar, el afectado necesita ayuda para realizar las tareas básicas de la vida diaria. La prestación consiste en una pensión del 100% de la base reguladora más un complemento que puede alcanzar el 45% del salario mínimo, también sin retención de IRPF.

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(El Economista, 02-12-2025) | Laboral

La Seguridad Social denegará la incapacidad permanente a las personas que cumplen la edad de jubilación aunque pasen el tribunal médico

Las pensiones por incapacidad permanente se conceden cuando una lesión, enfermedad o dolencia impide a una persona desarrollar con normalidad su actividad diaria o su trabajo. Sin embargo, no basta con que el tribunal médico y la Seguridad Social reconozcan ese perjuicio: el solicitante debe cumplir determinados requisitos legales sin los cuales, por evidente que sea la incapacidad, no podrá acceder a la prestación. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un trabajador al que tuvieron que amputarle las dos piernas debido al agravamiento de una enfermedad común. A pesar de que su situación era compatible con el grado de gran invalidez -y así lo había confirmado el tribunal médico-, la Seguridad Social le ha denegado la pensión porque ya reúne los requisitos para percibir una pensión de jubilación. Por tanto, debe cobrar esta última y no la de incapacidad. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica el caso en su perfil de TikTok. Según detalla, el problema surge porque el afectado supera los 67 años y, aunque seguía de baja, cumplía plenamente las condiciones para solicitar la jubilación, trámite que no había realizado aún. La denegación se basa en el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que no se podrá reconocer la incapacidad permanente derivada de enfermedad común si, en la fecha del hecho causante, la persona ya tiene la edad y los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Dicho de otro modo, si el trabajador alcanza la edad legal antes de que se resuelva su expediente, pierde el derecho a solicitar la incapacidad. "Si esperas demasiado y ya has cumplido la edad de jubilación, no puedes acceder a la incapacidad permanente y tienes que pedir la jubilación", resume el abogado. Esto puede suponer una pérdida económica para el afectado, ya que las pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez suelen ser más elevadas -entre el 100% y el 150% de la base reguladora-, mientras que la jubilación puede resultar menos beneficiosa. En el caso concreto relatado por De la Calzada, al trabajador le corresponde una jubilación de unos 1.600 euros, mientras que, de habérsele reconocido la gran invalidez, habría percibido unos 900 euros más cada mes.

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(La Vanguardia, 02-12-2025) | Laboral

El paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%). Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas (-6,23%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007. En términos desestacionalizados el paro registrado se reduce en 11.881 personas. El paro se reduce en noviembre en todos los sectores económicos y también entre el Colectivo Sin Empleo Anterior.  De esta manera, cae en Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%). La caída del desempleo femenino triplica en términos absolutos a la del desempleo masculino en el mes de noviembre. De esta manera hay 14.370 (-0,97%) mujeres desempleadas menos en relación al mes de octubre. Se trata de una caída de 90.705 paradas (-5,83%) respecto a noviembre del año anterior. El total se sitúa en los niveles más bajos para este mes desde 2008. Por su parte, el desempleo masculino desciende en 4.435 personas (-0,46%) y se sitúa en un total de 958.866 parados. Si lo comparamos con noviembre de 2024, el paro masculino baja en 70.352 personas (-6,84%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 5.476 personas (-2,83%) respecto al mes anterior. La caída porcentual triplica la de los mayores de esa edad. El total se sitúa en 188.322, el menor para ese mes de la serie histórica. El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once Comunidades Autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119); se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis comunidades restantes, encabezadas por Illes Balears (2.534) y Castilla y León (1.035). El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.296.203. En noviembre de 2025 se han registrado 534.997 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 41,27% de todos los contratos. Los beneficiarios y las beneficiarias existentes a final del mes fueron 1.773.677, un 0,9% más que el mismo mes del año anterior. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2025 ha sido del 77,71%. Aumenta un 7,7% respecto al mes de octubre del año anterior. Es la cobertura más alta del sistema para un mes de octubre de la serie histórica. El gasto medio mensual por beneficiario o beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de octubre ha sido de 1.465,3 euros lo que supone un aumento de 347,8 euros (31,1%) sobre el mismo mes del año anterior. Los gastos totales de octubre de 2025 ascendieron a 2.006,45 millones de euros.

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(Expansión, 01-12-2025) | Laboral

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026: los jubilados cobrarán 630 euros más el próximo año

Con el dato adelantado del IPC de noviembre, situado en el 3%, la media interanual de los últimos doce meses queda en el 2,7%. Ese porcentaje será el que se utilice para actualizar las pensiones contributivas a partir de enero de 2026. Esta revalorización llevará aparejado un aumento del gasto cercano a los 5.700 millones de euros. La Seguridad Social aplicará por tanto una subida del 2,7% a todas las pensiones contributivas en 2026. En el caso de los jubilados del régimen general -el grupo más numeroso, con 4,95 millones de beneficiarios y una pensión media de 1.669 euros mensuales-, esto se traduce en un incremento de unos 45 euros al mes, lo que supone unos 630 euros más en el conjunto del año, sumando las catorce pagas. Desde 2021, tras la reforma del sistema, la revalorización anual de las pensiones se calcula en función de la media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Con la evolución conocida hasta ahora, la media resultante es del 2,66%, que la Seguridad Social redondea al 2,7% para aplicar la subida del próximo ejercicio. Cada punto porcentual de aumento en las pensiones implica un coste adicional de unos 2.100 millones. Por ello, el ajuste previsto para 2026 supondrá un desembolso extra de al menos 5.670 millones, cifra que crecerá con la entrada de nuevos pensionistas, cuyas prestaciones son de media un 17% superiores a las de quienes causan baja. Si se toma como referencia la última nómina de noviembre, la pensión media de jubilación del sistema, actualmente en 1.511 euros, aumentará unos 40,7 euros al mes, es decir, unos 571 euros al año. La pensión media total, que incluye todas las modalidades y regímenes, situada en 1.316 euros, subirá unos 35,5 euros mensuales, lo que representa 497 euros en todo 2026. La normativa que vincula las pensiones al IPC también establece incrementos automáticos para las bases máximas de cotización y para la pensión máxima. Las bases máximas aumentarán en la misma medida que el IPC más 1,2 puntos, de modo que en 2026 crecerán alrededor de un 3,9%, hasta situarse cerca de 5.101 euros al mes. La pensión máxima, por su parte, se revalorizará con el IPC más un 0,115%, alcanzando en 2026 los 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas. En cuanto a los autónomos, sus pensiones también subirán, aunque en menor cantidad. La pensión media de este colectivo ronda los 912 euros mensuales, lo que se traducirá en un incremento de unos 24,6 euros al mes, unos 344 euros a lo largo del año. La mayoría de estas prestaciones son de jubilación -más de 1,2 millones- y la pensión media de este grupo, situada en 1.012 euros, aumentará en torno a 27,3 euros mensuales, unos 382,5 euros en el total del ejercicio.

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(El Economista, 01-12-2025) | Laboral

CEOE se cierra a reconocer la ansiedad y la depresión como enfermedades laborales

"La salud mental no es responsabilidad de las empresas ni guarda relación con los riesgos psicosociales", afirmó de manera tajante la representante de la CEOE, Rosa Santos, apenas dos días después de que el Ministerio de Trabajo diera por concluida la negociación para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y pactara los últimos aspectos del texto únicamente con los sindicatos. Tras un largo periodo de silencio, la patronal toma distancia públicamente del Gobierno y de las organizaciones sindicales, que vinculan las condiciones laborales con el incremento de las bajas por motivos de salud mental. En 2024 se contabilizaron 416.239 procesos de incapacidad temporal asociados a trastornos como la ansiedad o la depresión. Esto supone un aumento del 13,02% respecto a 2023 y del 86,72% en comparación con 2018, antes de la pandemia, según datos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En términos relativos, la incidencia mensual por cada 1.000 trabajadores creció un 9,9% en el último año, hasta situarse en el 2,29, y se ha disparado un 67% en seis años, reflejando también un creciente impacto económico. Las empresas afrontan el coste de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de la baja -de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social-, además de los complementos salariales pactados en convenio desde el primer día y las cotizaciones sociales durante todo el periodo de ausencia. Sumando estos componentes, las mutuas calculan que en 2024 las bajas por trastornos de salud mental costaron a las empresas 3.177 millones de euros, un 22,8% más que en 2023 y un 132% más que en 2018. Estudios publicados por la Universidad de Valencia a comienzos del otoño ya alertaban del repunte de las incapacidades temporales derivadas de estas patologías. Actualmente, constituyen la segunda causa de absentismo laboral, solo por detrás de las algias (dolores lumbares, dorsales o cervicales). Tanto la universidad como la mutua Umivale advirtieron en septiembre del "grave problema" que representa la salud mental, subrayando el aumento tanto en el número de casos como en la incidencia, con cifras que coinciden con las difundidas posteriormente por las mutuas. La representante de la CEOE expuso esta postura en un coloquio celebrado el viernes con motivo del décimo aniversario de ADiReLab. Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, lamentó que no se hubiera alcanzado un acuerdo en materia de prevención que permitiera centrar la atención en la salud mental, los riesgos derivados del cambio climático o el impacto de los avances tecnológicos. Ruiz recordó que la encuesta europea OSH Pulse 2025 señalaba que el 29% de los trabajadores identificaba el estrés, la ansiedad o la depresión como los problemas de salud laboral más habituales. La sindicalista reprochó a CEOE y Cepyme haber cambiado su postura respecto a 2023, cuando todas las partes firmaron la Estrategia de Prevención de Riesgos a cinco años, y criticó que ahora sostengan que los riesgos psicosociales no están vinculados a las condiciones de trabajo. La portavoz de la patronal respondió matizando que, en su opinión, no existe una relación directa entre el empleo y los trastornos de salud mental. El Ministerio de Seguridad Social también aborda esta cuestión desde principios de año en la mesa de diálogo social, con el propósito de pactar medidas ante el aumento de bajas. Sin embargo, hasta la fecha ninguna propuesta ha logrado consenso. El borrador más reciente, remitido por Elma Saiz y al que tuvo acceso elEconomista.es, planteaba una reincorporación progresiva para bajas de larga duración, devolver a las mutuas la capacidad de emitir el alta en procesos que superen los doce meses y exigir a los médicos que detallen qué tareas no puede realizar una persona con pluriempleo. Pese al interés de todas las partes, esta mesa no se reúne desde hace meses. El consenso en torno a la necesidad de abordar el problema se remonta al AENC de 2022 y cristalizó parcialmente en el acuerdo de pensiones de 2023, cuando se amplió el papel de las mutuas en la gestión de pruebas y tratamientos de bajas por lesiones físicas no laborales. La CEOE buscaba extender esta competencia a todas las contingencias comunes -incluidas las de salud mental-, pero los sindicatos rechazaron firmemente esta propuesta, una discrepancia que aún persiste. Paralelamente, el Gobierno ha iniciado los trámites para que trastornos como la ansiedad o la depresión puedan reconocerse como enfermedades de origen laboral. El Congreso instó al Ejecutivo a actualizar el catálogo de enfermedades profesionales tras una iniciativa del PSOE que salió adelante pese al voto en contra de PP y Vox. Seguridad Social se comprometió a llevar esta revisión al Pacto de Toledo y al diálogo social. Incorporar trastornos como la ansiedad o la depresión a este listado establecería su vinculación directa con el trabajo y facilitaría que las mutuas asumieran más procesos relacionados con la salud mental.

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