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(Expansión, 01-04-2026) | Laboral

La subida de las pensiones con el IPC dispara el gasto hasta los 240.000 millones al año

La Seguridad Social recaudó 176.918 millones de euros en cotizaciones sociales procedentes de empresas y trabajadores, lo que supone 11.341 millones más que el año anterior. Sin embargo, el déficit contributivo del sistema se aproxima a los 60.000 millones de euros. La actualización constante de las pensiones conforme al IPC -e incluso por encima en el caso de las mínimas y no contributivas- representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas a medio y largo plazo. El aumento del gasto supera con creces los ingresos por cotizaciones, lo que obliga cada vez más a recurrir a transferencias financiadas con impuestos para cubrir todas las prestaciones. Así lo refleja el cierre presupuestario de la Seguridad Social en 2025. Sumando pensiones contributivas, ingreso mínimo vital y prestaciones por incapacidad temporal, el gasto alcanzó los 240.169 millones de euros, un 6,46% más que el año anterior, con un incremento de 14.582 millones. Para afrontar este nivel de gasto, los ingresos totales ascendieron a 232.782 millones de euros, un 7,77% más que en 2024, lo que equivale a 16.791 millones adicionales. De este modo, el saldo final arroja un déficit de 7.387 millones, equivalente al 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011 según el Ministerio de Seguridad Social liderado por Elma Saiz. No obstante, si se analiza únicamente el sistema contributivo, el desequilibrio es mucho mayor. De los ingresos totales, 176.918 millones corresponden a cotizaciones sociales, que representan el 76% del total y crecieron un 6,85% respecto al año anterior. La diferencia se cubre gracias a las transferencias del Estado, es decir, fondos procedentes de los Presupuestos Generales financiados vía impuestos. En 2025, estas transferencias alcanzaron un máximo histórico de 52.990 millones de euros, un 10,1% más que el año previo. Sin esta aportación, los ingresos ordinarios se quedarían en 179.792 millones, lo que implicaría un desfase cercano a los 60.377 millones, equivalente al déficit contributivo del sistema. Dentro de los ingresos también destaca el papel del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque se contabiliza como ingreso corriente, su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones". Estas aportaciones tienen carácter finalista y no podrán utilizarse hasta 2033, cuando se prevé un mayor tensionamiento del sistema debido a la jubilación de la generación del baby boom. En 2025, este mecanismo recaudó 4.934 millones de euros, lo que supone 1.223 millones más que el año anterior, con un incremento del 32%. Además, desde el 1 de enero de 2026, la cotización asociada a este instrumento se elevó hasta el 0,9% del salario bruto.

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(El Economista, 01-04-2026) | Laboral

Los servicios públicos de empleo ya solo generan el 1,7% de los puestos de trabajo

El año 2025 no resultó especialmente positivo para los servicios públicos de empleo, al menos en términos de resultados. Solo 319.700 trabajadores asalariados encontraron su empleo actual a través de estas oficinas, lo que supone un descenso del 9,8% respecto al año anterior y menos de la mitad de los 726.100 contratos gestionados por empresas de trabajo temporal (ETT). Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el peso de las políticas activas de empleo -destinadas a facilitar la inserción laboral de los desempleados y gestionadas por las comunidades autónomas junto con el SEPE- sigue siendo muy reducido. Tres años después de la aprobación de la Ley de Empleo, que aspiraba a acercar el modelo español al de países como Alemania o Francia, estos servicios apenas generan el 1,7% del empleo asalariado, el nivel más bajo desde 2015. Este retroceso no se explica por una disminución del paro. De hecho, en 2007, cuando España registraba una tasa de desempleo históricamente baja, los servicios públicos de empleo lograban insertar a 543.200 personas, lo que representaba el 3,2% del total. Además, el dato de 2025 rompe la tendencia de mejora observada tras la pandemia, ya que en 2024 se alcanzaron 354.500 colocaciones, el mejor registro desde 2011. Estos resultados evidencian que la eficacia de los servicios públicos de empleo sigue siendo una asignatura pendiente. Desde las administraciones se insiste en que su labor no se limita a la intermediación directa, es decir, a gestionar ofertas de trabajo, sino que también incluye formación, orientación y recualificación profesional para mejorar la empleabilidad de los desempleados. Sin embargo, la percepción de los trabajadores no parece reflejar este enfoque. La EPA mide únicamente si una oficina pública participó en la obtención del empleo actual, sin detallar de qué forma, mientras que en el caso de las ETT sí se contabiliza directamente la contratación a través de ellas, centrada en la intermediación. En contraste, las ETT registraron 726.100 empleos, lo que equivale al 3,9% del total de asalariados. Aunque tampoco fue su mejor año -con una caída del 1,1% tras el descenso del 4,4% en 2024-, mantienen cifras superiores a las de ejercicios anteriores, si bien su peso relativo aún no alcanza niveles previos a 2019. Cabe destacar que estas empresas operan en un entorno normativo que, en principio, limita su actividad, especialmente tras la reforma laboral que prioriza la contratación indefinida. No obstante, la introducción de la figura del fijo discontinuo les ha permitido adaptarse y seguir cubriendo necesidades temporales de las empresas. Gracias a ello, las ETT mantienen una ventaja notable frente a los servicios públicos de empleo, con una diferencia del 127,2% en generación de empleo, la más elevada de la serie histórica, pese a contar con menos recursos y mayores restricciones que las administraciones. No obstante, ambos sistemas no son completamente comparables. Las ETT se dedican a proporcionar mano de obra temporal a empresas, mientras que los servicios públicos tienen un enfoque más amplio, orientado a atender a todo tipo de demandantes de empleo, especialmente a los colectivos con mayores dificultades, como jóvenes menores de 25 años y mayores de 52, en su mayoría mujeres. Los datos también reflejan cambios en el perfil de los beneficiarios. En 2007, el 28% de quienes encontraban empleo a través de los servicios públicos tenía más de 45 años; en 2025, este porcentaje alcanza el 57,3%, el máximo histórico. Una evolución similar, aunque menos intensa, se observa en las ETT, donde este grupo ha pasado del 13% al 41%. En cuanto al empleo juvenil, ambos modelos presentan cifras similares en proporción: el 8% de los contratos de las ETT corresponde a menores de 25 años, frente al 7,7% en el caso de los servicios públicos, su mejor dato desde 2010. Sin embargo, en términos absolutos, las ETT siguen muy por delante, con 64.500 jóvenes contratados frente a los 24.500 colocados por los servicios públicos. Solo en el grupo de mayores de 55 años los resultados de estos últimos se acercan a los de las ETT, aunque sin llegar a superarlos.

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(El Economista, 01-04-2026) | Laboral

Trabajo deja abierta la entrada en vigor del nuevo registro de jornada en las empresas

El Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante en el Consejo de Ministros la reforma del registro de jornada laboral lo antes posible, a pesar de las dudas planteadas por varios ministerios del PSOE. Esta medida forma parte de la fallida propuesta para reducir la jornada semanal a 37,5 horas, con la que Yolanda Díaz pretende limitar las horas extra. No obstante, su aplicación queda supeditada a la aprobación de unos requisitos técnicos que aún no se han definido y que se concretarán mediante una orden posterior. El real decreto analizado por el Consejo de Estado establece que la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, las obligaciones vinculadas a los aspectos técnicos no serán exigibles hasta seis meses después. Este plazo es considerado suficiente por Trabajo, aunque desde el Ministerio de Economía se apuesta por ampliarlo hasta un año, especialmente para facilitar la adaptación de las pymes. A principios de mes, Trabajo lanzó una consulta pública sobre la futura orden que fijará los requisitos técnicos, con la intención de avanzar en su desarrollo. Sin embargo, aún no ha concretado cuándo aprobará definitivamente este texto, en parte porque no tiene asegurado el respaldo del Consejo de Ministros tras el informe del Consejo de Estado. Esta situación prolonga la incertidumbre entre las empresas, que deberán asumir esta nueva obligación. Las organizaciones empresariales, como CEOE o Pimec, ya advirtieron en sus alegaciones del escaso plazo inicial de adaptación, limitado a esos 20 días. El propio Consejo de Estado también cuestionó la redacción de la entrada en vigor, señalando que se pretende implantar un sistema digital que todavía no existe y basado en requisitos técnicos aún sin definir. Además, criticó que se dejen para una futura orden cuestiones clave como el control y acceso a los datos por parte de la Inspección de Trabajo o los representantes de los trabajadores. Algunas comunidades autónomas también mostraron su desacuerdo. Por ejemplo, Galicia recordó que las normas que imponen nuevas obligaciones deberían aplicarse en fechas concretas, como el 1 de enero o el 1 de julio, en lugar de conceder plazos tan breves para su adaptación. Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria, por lo que el texto que adopte el Consejo de Ministros será el que se publique directamente en el BOE. Aunque Trabajo ha mostrado cierta disposición a introducir ajustes menores, descarta modificar los plazos de entrada en vigor. Desde el inicio, la patronal ha rechazado esta reforma por su impacto económico y por los posibles riesgos en materia de protección de datos. De hecho, la CEOE ya ha anunciado que recurrirá la norma si finalmente se aprueba, y ha valorado positivamente las críticas del Consejo de Estado. Los argumentos recogidos en el informe del órgano consultivo, que en algunos casos coinciden con los planteados por las organizaciones empresariales, refuerzan la posibilidad de una futura batalla judicial. En particular, el Consejo de Estado cuestiona que el contenido del decreto incluya aspectos que deberían regularse mediante una ley de mayor rango, una crítica que los empresarios llevan tiempo señalando.

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(Cinco Días, 31-03-2026) | Laboral

Las azafatas de vuelo acarician el sueño de la jubilación anticipada que las igualaría a los pilotos

La reivindicación histórica del sector aéreo para que los tripulantes de cabina de pasajeros puedan acceder a la jubilación anticipada ha ganado impulso recientemente. Esta demanda, impulsada por los sindicatos debido a la dureza de la profesión -muy feminizada- y que hasta ahora no contaba con el respaldo de la patronal CEOE, se ve ahora reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo del 18 de febrero. A ello se suman una resolución favorable de un juzgado madrileño y una proposición no de ley presentada por el grupo Sumar para equiparar sus condiciones a las de los pilotos. Los sindicatos consideran que se trata de una cuestión de desigualdad de género. Tras una denuncia presentada por CGT contra el Real Decreto 402/2025, que regula la posibilidad de adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, el Supremo ha señalado que la norma permite que las solicitudes sean presentadas de forma independiente por sindicatos o asociaciones empresariales. Aunque el fallo no va más allá, abre la puerta a que el colectivo avance en su reconocimiento sin necesidad de contar con el respaldo de la patronal. Hasta ahora, organizaciones sindicales como UGT, USO, Stavla y Sitcpla no han logrado el apoyo de la Asociación de Líneas Aéreas ni de la CEOE. Por este motivo, Sitcpla ha presentado alegaciones para evitar que se paralice el expediente iniciado en julio de 2025 ante el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz es consciente de la falta de acuerdo entre trabajadores y empresas, y deberá decidir si continúa con la tramitación pese a que el decreto prioriza el consenso entre ambas partes. Desde ALA, que agrupa a la mayoría de aerolíneas en España, se limitan a señalar que no tienen una postura definida, lo que refleja la falta de unanimidad entre las compañías. En este contexto, UGT ha propuesto modificar el Real Decreto 1995/1986 para incluir expresamente a los tripulantes de cabina dentro de los trabajos aéreos, lo que permitiría reconocer su derecho sin necesidad de procedimientos específicos. El sindicato confía en que tanto la CEOE como Comisiones Obreras se sumen a esta iniciativa, apoyándose en distintas resoluciones judiciales que avalan que estos profesionales deberían tener los mismos derechos que otros colectivos de vuelo. Insisten en que lo contrario supondría una discriminación evidente, especialmente teniendo en cuenta el alto porcentaje de mujeres en el sector. Las organizaciones empresariales deberán posicionarse nuevamente, aunque su principal reticencia está en el aumento de costes derivados de las cotizaciones. Algunas fuentes apuntan a que Iberia estaría ahora más dispuesta a respaldar esta medida, considerándola positiva para mejorar las condiciones del colectivo. Los tripulantes de cabina, que en España superan los 8.000 profesionales y en su mayoría son mujeres, cuentan con informes que alertan sobre los efectos de su trabajo en la salud, como la exposición a radiación, la presión de cabina o la alteración constante de los horarios, factores vinculados al envejecimiento y a determinados riesgos de enfermedad. Algunos de estos estudios han sido trasladados a las instituciones europeas por el sindicato Sitcpla. En 2023, este sindicato denunció a España ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por discriminación, lo que dio lugar a un proceso de diálogo para abordar el problema. Desde Sitcpla defienden que, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la patronal, la Administración no debería bloquear su solicitud. La propuesta presentada por Sumar también pone el foco en la desigualdad de género, al señalar que muchas profesiones con acceso a jubilación anticipada -como mineros, maquinistas, bomberos o policías- están mayoritariamente ocupadas por hombres. Aunque la legislación considera a los tripulantes de cabina como personal de vuelo, estos profesionales denuncian que, pese a estar expuestos a riesgos similares a los de los pilotos, no cuentan con las mismas condiciones de jubilación anticipada. En cambio, otros perfiles del sector sí disfrutan de este derecho. Tras años de reivindicaciones y con el respaldo creciente de decisiones judiciales y propuestas políticas, el colectivo ve ahora más cerca la posibilidad de lograr una solución a una demanda que lleva décadas sin resolverse.

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(El País, 31-03-2026) | Laboral

Cuerpo propone dar un año a las pymes para implantar el registro horario digital, pero Díaz plantea seis meses

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuesta por una implantación "equilibrada" del nuevo sistema de registro horario digital. En una entrevista en la Cadena SER, explicó que esto implicaría conceder más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse. En concreto, planteó ampliar el plazo hasta un año desde la aprobación del real decreto, en lugar de los 20 días que contempla actualmente el texto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo considera excesivo ese margen y propone limitarlo a seis meses. Según detalló Cuerpo, la norma elaborada por Trabajo establece su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, sin diferenciar plazos según el tamaño de las empresas o el sector. Aunque ese periodo no figura expresamente en el texto, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz han defendido dar a las pymes un plazo de adaptación de medio año, postura que mantienen tras las declaraciones del ministro. La vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar con Economía a raíz del dictamen crítico del Consejo de Estado, que incluye observaciones negativas de varios organismos, entre ellos Función Pública y Protección de Datos. No obstante, Trabajo centra sus críticas en los informes del Ministerio de Economía, donde se aboga por un periodo transitorio más amplio y por medidas que reduzcan el impacto en las pymes. Además, se advierte de que una aplicación uniforme podría no ajustarse a las particularidades de algunos sectores. Cuerpo ha defendido que el refuerzo del control horario -que obligará a que sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo- es una medida necesaria para avanzar en la reducción de la jornada laboral, un compromiso del Gobierno. No obstante, ha subrayado que el desacuerdo no está en el objetivo, sino en la forma de aplicarlo, insistiendo en la importancia de adaptar la medida a la realidad empresarial para facilitar su cumplimiento. Por su parte, Díaz ha acusado a Economía de alinearse con la patronal tras el dictamen desfavorable, y ha reafirmado su intención de sacar adelante la reforma. Ha asegurado que el registro horario se implantará, introduciendo únicamente ajustes técnicos, pero sin modificar el fondo de la norma. Además, ha defendido la medida como una herramienta para combatir el impago de horas extra y garantizar los derechos laborales. Los sindicatos respaldan el refuerzo del registro y han manifestado su preocupación por el dictamen del Consejo de Estado, mientras que las organizaciones empresariales lo han valorado positivamente, ya que podría facilitar la presentación de recursos judiciales contra la medida.

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(El Economista, 31-03-2026) | Laboral

La justicia europea libra a la Comisión de indemnizar a los interinos por ignorar su situación de abuso en España

El Tribunal General de la Unión Europea ha descartado que la Comisión Europea deba compensar económicamente a los interinos españoles por no haber obligado a España a cumplir la Directiva comunitaria destinada a evitar y sancionar el abuso de la contratación temporal. En dos resoluciones dictadas el 19 de marzo, el tribunal europeo analizó las reclamaciones de dos trabajadores interinos que solicitaban indemnizaciones de 50.229 y 160.900 euros, respectivamente. Ambos alegaban que, durante los 27 años de vigencia de la Directiva, la Comisión no actuó para exigir a España su cumplimiento. Los demandantes sostenían que la Comisión había incumplido el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé que, si detecta que un Estado no respeta el derecho comunitario, debe instarle a corregir la situación e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si persiste el incumplimiento. Asimismo, denunciaban la inacción de las instituciones europeas pese al uso prolongado de contratos temporales en el sector público español, lo que, a su juicio, mantenía a los interinos en una situación de precariedad e inseguridad. Sin embargo, el Tribunal General concluye que la Comisión no está obligada a iniciar procedimientos de infracción ni a adoptar medidas concretas, ya que dispone de margen de discrecionalidad para decidir cuándo actuar. Además, recuerda que para que exista responsabilidad por parte de la Unión Europea deben concurrir tres condiciones: una actuación ilegal, un daño efectivo y una relación directa entre ambos. En este caso, considera que no se cumple el primero de estos requisitos, ya que la Comisión no tiene la obligación de intervenir. Añade, en todo caso, que la responsabilidad del incumplimiento recae en España. Por ello, el tribunal desestima las reclamaciones y obliga a los demandantes a asumir sus propios costes judiciales. Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictó en febrero y junio de 2024 que la Administración española debería convertir en fijos a los interinos que hubieran encadenado contratos temporales de forma abusiva, siempre que no existan medidas efectivas para prevenir estos abusos ni compensaciones adecuadas. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, el Tribunal Supremo planteó una nueva cuestión al TJUE, señalando que la Constitución española exige respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público, lo que dificultaría esa conversión automática en fijos. Se espera que el TJUE se pronuncie el próximo 14 de abril para aclarar si la normativa española y su interpretación son compatibles con el derecho europeo y si, ante la falta de medidas eficaces, procede convertir en fijos a estos trabajadores. Esta decisión será clave para el futuro de miles de interinos en España, donde aproximadamente un tercio de los 3,6 millones de empleados públicos tienen contratos temporales.

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(El Economista, 31-03-2026) | Laboral

Seguridad Social prevé sumar los años de cotización previa a 2003 para aumentar la cuantía de la pensión de jubilación de los deportistas profesionales

A día de hoy todavía existen colectivos que trabajaron más tiempo del que figura en sus cotizaciones, como ocurre con los deportistas profesionales, muchos de los cuales no se incorporaron de forma plena al Régimen de la Seguridad Social hasta el año 2003. Con el objetivo de reconocer su trayectoria y las importantes satisfacciones que han aportado a la sociedad, la Seguridad Social ha anunciado su intención de tener en cuenta los periodos de actividad de estos deportistas entre 1980 y 2003 a efectos de la jubilación. La medida se dio a conocer tras una reunión en la que participaron el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez, así como representantes de Comisiones Obreras y UGT. También asistieron figuras del deporte como la exgimnasta Almudena Cid, la exesquiadora Lola Fernández Ochoa y los exbaloncestistas Fernando Romay, José Luis Llorente y José Antonio Montero, entre otros. Según explica la Seguridad Social, esta iniciativa beneficiará a quienes desarrollaron una actividad deportiva profesional bajo la relación laboral específica de deportistas, siempre que lo hicieran entre el 15 de marzo de 1980 y su integración en el Régimen General tras la aprobación del Real Decreto 287/2003. El reconocimiento de estos periodos permitirá que se tengan en cuenta como cotizados, lo que influirá tanto en el acceso a la pensión de jubilación como en el incremento de su cuantía. Es decir, servirá para completar los años necesarios para jubilarse y, además, para mejorar la prestación económica. Para acogerse a esta medida, los interesados deberán acreditar su actividad mediante certificados del club o entidad deportiva en la que trabajaron, o en su defecto, de la federación correspondiente. El coste económico derivado de esta iniciativa será asumido por el Consejo Superior de Deportes. El propósito es garantizar a estos profesionales la protección que corresponde a cualquier trabajador por su actividad laboral. Por ahora, el proyecto de Real Decreto que permitirá aplicar esta medida se encuentra pendiente de iniciar el trámite de audiencia pública.

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(El Periódico, 31-03-2026) | Laboral

Hasta 18.000 euros por contratar, ya es una realidad

En los últimos días ha cobrado protagonismo una línea de ayudas destinada a autónomos que contraten a su primer trabajador, aunque no está disponible para todo el mundo ni en cualquier situación, ya que su acceso depende de condiciones específicas y de convocatorias concretas que activa cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, estos incentivos forman parte de programas de impulso al empleo promovidos por la Junta, que contemplan subvenciones para la contratación indefinida, especialmente en pequeñas empresas y entre trabajadores por cuenta propia. Las cantidades pueden ser elevadas, incluso alcanzar o superar los 18.000 euros, pero varían según las características del contrato y del trabajador contratado. No se trata de un pago generalizado, sino de un sistema pensado para favorecer el empleo estable. Por ello, se priorizan los contratos indefinidos y se presta especial atención a colectivos con más dificultades para acceder al mercado laboral. De forma general, estas ayudas incluyen mayores cuantías cuando se contrata a jóvenes, personas mayores de 45 años o desempleados de larga duración, exigen mantener el empleo durante un periodo mínimo, suelen requerir una jornada de al menos el 50 por ciento y obligan a cumplir con todas las obligaciones fiscales y laborales. Además, no existe una única ayuda, sino varias líneas dentro del mismo programa, lo que explica que las cuantías puedan variar. Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier autónomo puede acceder automáticamente a estas ayudas. En realidad, es necesario presentar la solicitud dentro de una convocatoria abierta, cumplir todos los requisitos administrativos y que exista presupuesto disponible. Por tanto, no es una ayuda garantizada, sino una subvención sujeta a un proceso y a control por parte de la administración Este programa se complementa con otras medidas vigentes en Andalucía, como ayudas para nuevos autónomos con importes iniciales, bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social conocidas como cuota cero y subvenciones adicionales para fomentar la contratación estable en pequeñas y medianas empresas. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el tejido empresarial y promover el empleo de calidad en la comunidad. En definitiva, estas ayudas existen y ya se están aplicando, pero no son universales ni automáticas, sino instrumentos diseñados para incentivar la contratación estable bajo condiciones concretas

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(Expansión, 30-03-2026) | Laboral

Las reformas laborales y la burocracia, los principales obstáculos para la contratación

Entre las iniciativas con mayor repercusión destacan la ampliación de los permisos para el cuidado de menores, la propuesta de reducir la jornada laboral y la modificación del sistema de registro horario digital. Las numerosas reformas laborales impulsadas por el Gobierno en los últimos años, junto con el aumento de trámites administrativos necesarios para cumplirlas, se han convertido en el principal escollo para las empresas a la hora de gestionar la contratación. Aunque el tejido empresarial ha demostrado solidez en la creación de empleo -alcanzando cifras récord como los 24,5 millones de ocupados en el cuarto trimestre de 2025, según el INE-, muchos empresarios consideran que las medidas del Ejecutivo están dificultando este proceso. De acuerdo con el International Business Report (IBR) de Grant Thornton, basado en una encuesta a más de 400 empresas españolas de tamaño medio (entre 50 y 3.000 empleados), la regulación y la burocracia se consolidan como uno de los principales problemas estructurales. Un 57% de los encuestados cree que las últimas reformas han perjudicado la contratación, mientras que un 36% opina que no han tenido impacto. Las empresas no señalan una única medida como responsable, sino el efecto conjunto de varias reformas que elevan la complejidad operativa y los costes laborales. Entre ellas destacan la ampliación de los permisos por cuidado de hijos, la reducción de jornada planteada y la reforma del control horario digital. Esta última se encuentra en la fase final de aprobación, y el Ministerio de Trabajo prevé implantarla próximamente, pese a las reticencias de las organizaciones empresariales, del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía. Este último aboga por una aplicación más gradual que permita a las pymes adaptarse con mayor facilidad. En cuanto a la inversión, el 64,3% de las medianas empresas españolas planea aumentar su gasto en tecnología, una cifra superior a la media de la Unión Europea (62,4%), aunque aún por debajo del promedio global (67%). La inteligencia artificial destaca como el principal foco de inversión: seis de cada diez empresas prevén destinar más recursos a este ámbito. Además, un 43% invertirá en software y ciberseguridad, y un 37% en tecnología avanzada, lo que refleja el papel clave de la digitalización en la competitividad empresarial. En otras áreas, la inversión en instalaciones y maquinaria crece hasta el 43,9%, acercándose a la media europea (44%), lo que apunta a una expansión productiva. En cambio, otras partidas muestran un comportamiento más moderado: la inversión en I+D cae al 50,6% (6,6 puntos menos que el año anterior) y queda ligeramente por debajo de la media europea. Por su parte, la inversión en sostenibilidad también desciende hasta el 46,3%, situándose por debajo tanto de la UE como del promedio global.

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(Expansión, 30-03-2026) | Laboral

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo

La Seguridad Social ha dedicado en marzo un total histórico de 14.307,7 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo mes de 2025, según ha comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra ya incorpora la actualización de las pensiones aprobada para 2026, que con carácter general se sitúa en el 2,7%, en línea con la evolución media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Durante este mes se han abonado 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de beneficiarios. De ellas, 6,7 millones corresponden a jubilación; 2,3 millones a viudedad; más de un millón a incapacidad permanente; más de 335.000 a orfandad; y cerca de 46.700 a prestaciones en favor de familiares. En cuanto a las cuantías, la pensión media del sistema alcanzó en marzo los 1.367,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este promedio incluye todas las modalidades de pensión. Por su parte, la pensión media de jubilación -que perciben más de dos tercios de los pensionistas- se situó en 1.568,5 euros al inicio de marzo, con un crecimiento interanual del 4,4% respecto a 2025.

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