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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

Nace el Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente para "vigilar a quienes nos vigilan"

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto en marcha un nuevo organismo que integrará a expertos del ámbito académico, jurídico y fiscal con el objetivo de denunciar lo que consideran una actuación desproporcionada de la Agencia Tributaria en su relación con los contribuyentes. Según la asociación, el aumento de la presión fiscal, mediante mecanismos que en su opinión resultan difíciles de compatibilizar con los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática, ha motivado la creación del denominado Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente. Este órgano nace con la finalidad de supervisar la actuación de la Administración tributaria, en palabras de la propia organización, "vigilar a quienes ejercen la vigilancia". Durante su presentación, Aedaf explicó que el Observatorio no estará formado únicamente por asesores fiscales, sino que también contará con profesionales procedentes del mundo universitario, del ámbito judicial y del sector privado. Su labor consistirá en analizar situaciones que consideren especialmente sensibles y elaborar, al cierre de cada ejercicio, un informe con conclusiones y propuestas concretas. Aunque se define como una iniciativa de carácter independiente y ajena a posicionamientos políticos, gran parte de las intervenciones giraron en torno a críticas a la actuación de la Administración tributaria. Como primer paso, el nuevo organismo ha presentado una propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente, que recoge un total de 82 derechos estructurados en cinco grandes bloques: principios básicos en materia tributaria, derechos vinculados a la elaboración de normas fiscales, garantías en la relación jurídica con la Administración, derechos en los procedimientos tributarios y, finalmente, derechos relacionados con la tutela judicial y el control de la Administración por parte de los tribunales. Desde la coordinación del Observatorio se subraya que esta iniciativa responde a la existencia de un problema relevante en materia de garantías que afecta al conjunto de los ciudadanos. Uno de los ámbitos en los que el organismo pondrá especial atención es el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Administración tributaria. En este sentido, propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si en la toma de decisiones se han empleado sistemas avanzados o inteligencia artificial. Además, considera que, en esos casos, debería garantizarse la transparencia -incluida la posibilidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos- y la intervención final de una persona en el proceso. Asimismo, los asesores fiscales advierten sobre determinadas prácticas de control, como el análisis de redes sociales, que, según sostienen, podrían no ajustarse plenamente a la normativa europea de protección de datos. Incluso señalan la existencia de casos en los que la Administración habría utilizado perfiles ficticios para monitorizar la actividad digital de los contribuyentes. Aunque reconocen que Hacienda puede acceder a información pública, recuerdan que su uso debe estar justificado, ser proporcional y responder a una base legal adecuada. Por último, la asociación insistió en la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas, incorporándola al sistema educativo, con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y obligaciones en materia tributaria.

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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

El PP reclama deflactar el IRPF para los afectados por la subida de las hipotecas

El Partido Popular no tiene asegurado su respaldo a la primera fase del plan anticrisis -separada de las medidas relativas a vivienda- que se debatirá este jueves en el Congreso. Desde la dirección del partido consideran que las propuestas del Gobierno se quedan cortas, especialmente en el ámbito fiscal, al no contemplar medidas como la deflactación de los tramos del IRPF. A nivel estatal, esta medida no se ha aplicado ni siquiera en los momentos más duros de la inflación provocada por la guerra en Ucrania. En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló recientemente que un contribuyente medio soporta unos 3.000 euros adicionales en el IRPF debido al efecto de la inflación. Fuentes del partido apuntan a que esta actualización de los tramos debería centrarse, sobre todo, en quienes están más afectados por la subida del euríbor, una de las consecuencias indirectas del conflicto en Oriente Próximo, que encarece las hipotecas. Según sus análisis, gran parte de la clase media española se encuentra en esta situación. Asimismo, el PP defiende que el plan del Ejecutivo debería ampliar las rebajas fiscales más allá de las ayudas vinculadas a carburantes, electricidad, gas o transición energética. Como ya propuso en años anteriores, el partido insiste en la necesidad de actuar también sobre la fiscalidad de los productos básicos de la cesta de la compra. Feijóo subrayó que el precio de los alimentos ha aumentado más de un 40% y recordó que su formación ya ha planteado reducir el IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido del 4%, frente al 10% actual, así como aplicar un tipo del 0% a los productos frescos. Ante lo que consideran margen de mejora en el decreto aprobado recientemente por el Gobierno, los populares animan al Ejecutivo a reconsiderar su propuesta y abrir un periodo de negociación, señalando que aún hay tiempo antes de su votación. No obstante, si finalmente el texto se somete a votación este jueves, el partido decidirá su posición en ese momento, sin haberla adelantado por ahora. El líder del PP ha explicado que su propuesta de rebajar el IRPF -incluida en el paquete presentado el pasado 9 de marzo- tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y facilitar que puedan afrontar mejor sus gastos mensuales.

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(El Periódico, 25-03-2026) | Fiscal

Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

Míriam Nogueras ha confirmado que su grupo respaldará el real decreto destinado a hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, aunque ese apoyo no es incondicional. La portavoz de Junts per Catalunya ha señalado que su voto favorable dependerá de que el PSOE respalde también una proposición no de ley presentada por su formación. En ella se plantea eliminar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, en línea con la directiva europea 2020/285. La formación independentista tuvo un papel clave en la configuración del decreto anticrisis aprobado recientemente por el Gobierno, al lograr incorporar buena parte de sus propuestas fiscales. Estas medidas proceden de un documento con 22 iniciativas que el partido liderado por Carles Puigdemont registró semanas atrás en el Congreso. Entre ellas figuran la reducción del IVA en carburantes, electricidad y gas, rebajas en impuestos energéticos, la suspensión temporal de determinados gravámenes o ayudas a sectores con alto consumo eléctrico. Según fuentes del partido, estos compromisos se cerraron tras una conversación entre la portavoz parlamentaria y el ministro Félix Bolaños antes del Consejo de Ministros extraordinario. En ese contacto, Nogueras habría dejado claro que el apoyo de su grupo dependía de la inclusión de estas medidas, que previamente el Ejecutivo había rechazado. Además, la dirigente de Junts se mostró contraria a aceptar iniciativas intervencionistas en materia de vivienda, como limitaciones a los precios del alquiler o prórrogas obligatorias de contratos. Este desacuerdo contribuyó a tensiones dentro del Gobierno de coalición, especialmente entre el PSOE y los ministros de Sumar, lo que acabó provocando ajustes en el contenido del decreto para lograr su aprobación. A pesar de ello, el respaldo definitivo de Junts aún no está garantizado. El partido condiciona su voto a que el Ejecutivo apoye su propuesta sobre el IVA de los autónomos. Desde la formación advierten de que, si no obtienen ese apoyo, será complicado que respalden otras iniciativas. La propuesta se debatirá previamente, lo que permitirá anticipar la postura del Gobierno antes de la votación clave en el Congreso. Con esta estrategia, Junts busca aliviar la presión fiscal sobre autónomos y clases medias, vinculando su apoyo al decreto a medidas que reduzcan la carga tributaria de estos colectivos.

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(El Confidencial, 25-03-2026) | Fiscal

ICAM pide a Ayuso blindar al abogado en la ley contra los excesos de Hacienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace casi tres años una iniciativa legislativa orientada a frenar lo que consideraba excesos de la Hacienda autonómica. Desde entonces, el proyecto ha seguido desarrollándose dentro del Ejecutivo regional hasta que, a comienzos de 2025, inició su recorrido parlamentario. El anteproyecto de la Ley de Defensa del Contribuyente, impulsado por el Gobierno madrileño a través de su área económica, pretende reforzar las garantías fiscales de los ciudadanos. Entre sus medidas se incluyen la simplificación de trámites, la creación de una carpeta fiscal digital para gestiones en línea y la posibilidad de que la Administración pida disculpas de forma oficial cuando un contribuyente gane un litigio frente a la Hacienda regional. Sin embargo, durante el periodo de información pública, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado que el concepto de "contribuyente" resulta demasiado limitado. En sus alegaciones, el organismo presidido por Eugenio Ribón propone sustituirlo por una noción más amplia, como la de "obligados tributarios", con el fin de que la protección legal se extienda también a profesionales que representan a los ciudadanos ante la Administración. La intención es que abogados y asesores fiscales queden igualmente amparados cuando actúan en defensa de terceros. Según el Colegio, centrarse únicamente en el contribuyente supone una restricción injustificada, ya que en la relación jurídico-tributaria intervienen otros actores que también necesitan garantías. Por ello, sugiere emplear fórmulas más inclusivas que abarquen a todos los implicados en este tipo de relaciones. Más allá de esta cuestión, el ICAM también cuestiona el enfoque general del anteproyecto. Considera que se da demasiada importancia a los servicios de información y asistencia, dejando en segundo plano los procedimientos tributarios, que es donde se originan la mayoría de conflictos, como inspecciones, comprobaciones o sanciones. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las consultas tributarias, asegurando su carácter vinculante y evitando cambios de criterio que puedan perjudicar a los ciudadanos. El Colegio advierte de que permitir a la Administración apartarse de sus propias interpretaciones alegando diferencias en los hechos podría vaciar de contenido estas garantías. Asimismo, subraya la importancia de mejorar la respuesta administrativa cuando no se contestan consultas en plazo, ya que esto genera incertidumbre, especialmente si posteriormente se derivan sanciones. Otro de los aspectos novedosos que introduce el ICAM es la incorporación de mecanismos de mediación para resolver discrepancias técnicas antes de que lleguen a los tribunales. En este sentido, plantea que la futura Oficina de Defensa del Contribuyente asuma un papel activo como intermediaria, promoviendo soluciones consensuadas entre la Administración y los ciudadanos. El Colegio también aboga por reforzar la independencia de este organismo, proponiendo que su dirección recaiga en una persona externa a la Administración tributaria y con experiencia acreditada. Además, sugiere que esta oficina pueda formular recomendaciones ante quejas ciudadanas y que las autoridades estén obligadas a justificar sus decisiones cuando no las sigan. Estas propuestas han sido elaboradas por especialistas en derecho tributario del ICAM y su centro de mediación, bajo la coordinación de Roberta Poza. Según explican, el objetivo es contribuir a que la futura ley establezca un equilibrio real entre la actuación de la Administración y la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la lucha contra el fraude y el respeto a las garantías jurídicas.

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(Expansión, 24-03-2026) | Fiscal

Hacienda avisa a las multinacionales por carta: se aproxima el pago del tipo mínimo

La Agencia Tributaria ha empezado a avisar a los grandes grupos empresariales de que dispondrán del periodo comprendido entre abril y junio para presentar las nuevas declaraciones fiscales exigidas, mientras que en julio deberán efectuar el pago correspondiente. El proceso ya está en marcha. En los últimos días, grandes compañías y multinacionales que operan en España han comenzado a recibir comunicaciones en las que se les informa de la inminente obligación de abonar, por primera vez, un nuevo impuesto adicional al de Sociedades. Este tributo busca asegurar la aplicación de un tipo mínimo global del 15%, acordado en el ámbito de la OCDE. Según indica Hacienda, las empresas afectadas tendrán desde el 30 de abril hasta el 30 de junio para remitir la información fiscal requerida, antes de proceder a la primera liquidación del impuesto durante el verano. En la notificación, la Agencia Tributaria señala que se dirige a aquellas entidades que podrían formar parte de grandes grupos, tanto nacionales como multinacionales, sujetos a este "Impuesto Complementario" vinculado al tipo mínimo global. En caso de estar incluidas, deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales que establece esta normativa. Este nuevo gravamen en España deriva de la adaptación de una directiva europea, que a su vez responde al acuerdo internacional alcanzado en 2021 por cerca de 140 países en el seno de la OCDE. El objetivo es garantizar que las multinacionales tributen al menos un 15% sobre sus beneficios, independientemente del país donde operen. Esta medida forma parte del llamado Pilar 2 del proyecto BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos de este compromiso ha debilitado su alcance y ha complicado la puesta en marcha del Pilar 1, destinado a repartir la recaudación entre los países donde operan estas empresas. A pesar de ello, en España, el resto de Europa y la mayoría de economías avanzadas, el impuesto mínimo global comenzará a aplicarse a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros anuales (durante al menos dos de los últimos cuatro años). En el caso español, alrededor de 140 grupos empresariales se verán afectados, y todos ellos deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, hayan recibido o no la comunicación de Hacienda. Desde la consultora BDO aclaran que la carta tiene carácter informativo y no exige respuesta, aunque advierte de la posible sujeción de la empresa a este impuesto. Entre las obligaciones, las empresas deberán presentar nuevas declaraciones informativas. En primer lugar, las entidades en España pertenecientes a un grupo afectado deberán cumplimentar el Modelo 240, que identifica a la entidad encargada de presentar la declaración informativa. Esta obligación puede cumplirse mediante una única comunicación que incluya a todas las entidades del grupo en el país. Además, deberán presentar el Modelo 241, correspondiente a la declaración informativa del impuesto. No obstante, si la empresa matriz u otra entidad designada presenta una declaración conjunta desde España o desde un país con acuerdos de intercambio automático de información, esta obligación podría quedar cubierta. El plazo para presentar ambos modelos será del 30 de abril al 30 de junio. Posteriormente, si una empresa es la única representante del grupo en España, deberá presentar el Modelo 242 para autoliquidar el impuesto y efectuar el pago. En caso de que existan varias entidades del grupo en el país, una de ellas actuará en representación del resto, presentando tantas autoliquidaciones como contribuyentes represente. Finalmente, la Agencia Tributaria recuerda que la autoliquidación debe presentarse incluso si el resultado es cero. Asimismo, desde BDO advierten que el hecho de no haber recibido la notificación no exime a las empresas de cumplir con esta obligación fiscal.

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(Expansión, 24-03-2026) | Fiscal

Cataluña prueba "ayudas directas, exenciones fiscales y financiación"

La Generalitat ha dado luz verde a un paquete de medidas que incluye subvenciones directas, beneficios fiscales y líneas de financiación, con posibilidad de ampliarse, para apoyar tanto a familias como a empresas ante el impacto de la crisis en Oriente Próximo, un conflicto que el Govern califica de "grave e injustificado". Cataluña se convierte así en la primera comunidad autónoma en poner en marcha un plan específico para hacer frente a esta situación. Este programa complementará el aprobado recientemente por el Gobierno central y será ratificado en la reunión del Ejecutivo catalán prevista para este martes. El plan contará con una dotación de hasta 400 millones de euros e incorporará unas 40 iniciativas dirigidas al tejido empresarial y a los hogares. Entre ellas destacan ayudas económicas, incentivos fiscales, acceso a financiación y medidas para impulsar la transición energética, tal como explicó el president de la Generalitat, Salvador Illa. El anuncio se realizó durante la clausura del Gran Encuentro EXPANSIÓN Catalunya, celebrado en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ante un público formado por empresarios y directivos. En su intervención, Illa apeló a la colaboración y a priorizar el interés general en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. Calificó la guerra como un error grave con importantes repercusiones económicas, tanto a nivel global como en Cataluña. El objetivo de estas medidas, que podrían ampliarse según evolucione el conflicto, es ayudar especialmente a los sectores más afectados -como el transporte, la agricultura o la pesca- a hacer frente al encarecimiento de la energía y de las materias primas. El president subrayó que estas ayudas estarán ligadas al mantenimiento del empleo y advirtió de que la situación también repercute en los ciudadanos, en particular en los colectivos más vulnerables. A pesar del contexto internacional, Illa destacó el buen comportamiento de la economía catalana, que en 2025 creció un 2,7%, superando ampliamente la media europea. No obstante, insistió en la necesidad de garantizar que este crecimiento beneficie a toda la sociedad. Durante su discurso, también recordó el 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la entonces Comunidad Económica Europea, así como el nacimiento del diario EXPANSIÓN ese mismo año, al que calificó como un referente en información económica. De cara al futuro, Illa señaló que uno de los principales retos será la evolución del conflicto en Oriente Próximo, para lo que reclamó unidad política y responsabilidad por parte de grandes empresas y entidades financieras, insistiendo en que no es momento de buscar beneficios extraordinarios. Asimismo, defendió un papel activo del sector público para impulsar la inversión junto al sector privado. En materia de vivienda, el president justificó la necesidad de intervención pública al considerar que el mercado por sí solo no garantiza el acceso. En este sentido, recordó medidas recientes como la ampliación del control de precios del alquiler -incluyendo habitaciones y contratos temporales- y el incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grandes propietarios. Además, avanzó que se prevén nuevas limitaciones para estos en la compraventa de inmuebles en zonas tensionadas, a través de una reforma legislativa que el Parlament espera aprobar el próximo verano.

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(El Economista, 24-03-2026) | Fiscal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la tasa de basuras de Madrid por defectos sustanciales en su tramitación

Nuevo revés judicial para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a varias entidades que recurrieron la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento y ha declarado nula de pleno derecho la tasa de basuras. El Consistorio ya analiza la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo. La sentencia podría implicar la devolución de los 350 millones de euros recaudados en 2025, más los intereses, aunque únicamente a aquellos contribuyentes que presentaron reclamación. Según ha informado el Poder Judicial, el tribunal ha examinado el proceso de aprobación de la ordenanza y concluye que el Ayuntamiento incurrió en una "infracción sustancial" de las normas al no incluir, durante el periodo de información pública, una parte clave del informe técnico-económico que sustentaba el cálculo del tributo. En concreto, no se publicaron los anexos relativos al análisis de generación de residuos por actividades económicas. Para el tribunal, estos documentos eran imprescindibles para entender cómo se fijaba la cuantía de la tasa y para poder fiscalizarla adecuadamente. La sentencia reconoce que la ordenanza se aprobó en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a aplicar el principio de "quien contamina, paga". No obstante, subraya que esta exigencia no justifica el incumplimiento de las garantías legales ni la falta de una motivación suficiente de los elementos esenciales del impuesto. El TSJM recalca que el informe técnico-económico es una pieza fundamental en la creación de tasas municipales, ya que debe justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para fijar las cuotas. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, este informe no puede limitarse a ofrecer cifras finales, sino que debe explicar de forma detallada la metodología empleada. Tras analizar la documentación publicada, los magistrados concluyen que, aunque incluía algunos datos, no permitía comprender cómo se habían obtenido, especialmente en aspectos como la asignación de residuos a cada actividad económica o la definición de las llamadas zonas homogéneas. Esa información clave solo aparecía en los anexos que no se hicieron públicos. Por ello, el tribunal rechaza el argumento del Ayuntamiento de que dichos anexos eran meramente complementarios, al considerar que contenían el núcleo del sistema de cálculo, incluyendo estudios estadísticos y criterios técnicos fundamentales. Además, la sentencia advierte de que la falta de esta información impidió conocer la relación entre la actividad económica y la carga fiscal, lo que afecta a la transparencia y limita la capacidad de control por parte de los ciudadanos. El TSJM también insiste en que el trámite de información pública no puede ser un simple formalismo, sino una garantía efectiva de participación. Para ello, la Administración debe facilitar toda la documentación relevante sin restricciones, permitiendo a los ciudadanos analizar el expediente completo y presentar alegaciones con fundamento. En este caso, la ausencia de los anexos privó a los interesados de conocer los fundamentos técnicos de la tasa y de cuestionarlos, generando una situación de indefensión que, según la jurisprudencia, conlleva la nulidad total de la norma. El tribunal añade que no basta con permitir el acceso a la información mediante solicitudes individuales, ya que la ley exige su publicación íntegra durante el periodo de exposición pública. Tampoco considera válido sustituir la explicación metodológica por simples resultados numéricos. Tras conocerse el fallo, desde el Ayuntamiento de Madrid han señalado que la anulación responde a cuestiones "meramente formales". Según explican, el anexo omitido -elaborado por una empresa externa- contenía datos sobre la generación de residuos en usos no residenciales, que los servicios técnicos consideraban información auxiliar, al entender que la metodología ya estaba suficientemente justificada en el estudio económico.

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(Cinco Días, 23-03-2026) | Fiscal

El Gobierno bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas

El Gobierno ha dado luz verde este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para abordar las primeras consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, a un conjunto de medidas fiscales que afectan a los carburantes, la electricidad y el gas. Entre las principales decisiones destaca la bajada del IVA de los combustibles del 21% al 10%, junto con la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, la rebaja del IVA de la luz y el gas y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, según fuentes cercanas al plan que deberá ser aprobado en el Congreso. Más allá de la fiscalidad, el paquete incluye la prohibición de despedir por motivos económicos a los trabajadores en aquellas empresas que reciban ayudas públicas durante esta crisis. También contempla el control de los márgenes empresariales y una congelación de los alquileres, aunque esta última medida se aprobará mediante un decreto independiente ante la previsión de dificultades para sacarla adelante en el Parlamento. Con estas iniciativas, el Ejecutivo pretende reducir el coste de la gasolina, el diésel y el consumo energético en los hogares, además de proteger el empleo en un contexto de fuerte tensión en los mercados. La reducción del IVA de los carburantes busca trasladarse directamente al precio final que pagan los consumidores al repostar, ya que este impuesto se aplica sobre el importe total, que incluye tanto la base imponible como el impuesto especial. A falta de concretar los detalles, la medida debería abaratar el precio de la gasolina y el gasóleo. Esta decisión se complementa con un recorte en el impuesto de hidrocarburos, que afecta a una amplia gama de productos utilizados como combustible o para calefacción, como gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gas natural, gases licuados del petróleo y biocarburantes, entre otros. En el ámbito energético, el plan también prevé reducir el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre la electricidad. A ello se suma la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, con el objetivo de disminuir los costes del sistema y evitar que se trasladen a la factura de los consumidores. El impuesto eléctrico grava el consumo con un tipo del 5% y lo abonan los usuarios a través de la factura, aunque son las compañías las encargadas de ingresarlo en Hacienda. Por su parte, el impuesto sobre la producción eléctrica, del 7%, recae sobre las empresas generadoras y se calcula en función de sus ingresos por la energía producida. En el plano laboral, se incorpora una medida impulsada por Sumar que impide a las empresas beneficiarias de ayudas públicas despedir trabajadores en este contexto. Además, se adelantará la aplicación de los planes de movilidad sostenible, que fomentan el transporte colectivo de empleados para reducir el gasto en combustible. El paquete también incluye la prórroga de incentivos fiscales para la rehabilitación de viviendas y la compra de vehículos eléctricos. En total, se articula en dos decretos: uno principal, que reúne las medidas fiscales, laborales y de control de márgenes, junto con cambios estructurales en el sector energético; y otro centrado en vivienda, que contempla, entre otras cuestiones, la extensión de contratos de alquiler próximos a vencer. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca mitigar el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional, contener la inflación y proteger tanto a familias como a empresas en un entorno de incertidumbre creciente. En las últimas semanas, el encarecimiento del petróleo ha elevado el precio medio de la gasolina hasta 1,709 euros por litro y el del diésel hasta 1,837 euros en España. El presidente, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete menos amplio que el aprobado al inicio de la guerra en Ucrania. Esto responde, por un lado, a que el impacto económico actual se considera menor y se opta por medidas más ajustadas al margen fiscal disponible. Por otro, la fragilidad parlamentaria del Gobierno y las dificultades recientes en el Congreso han llevado a diseñar una propuesta más moderada para facilitar su aprobación.

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(El País, 23-03-2026) | Fiscal

El Ejecutivo ha concentrado en dos reales decretos 80 medidas para contener los efectos económicos de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado de la ofensiva militar que desde hace un mes llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el objetivo de asegurar la aprobación de iniciativas orientadas a frenar el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha optado por agruparlas en un único real decreto que incluye diversas actuaciones fiscales. Las medidas relacionadas con la vivienda se tramitarán por separado en otro decreto, después de que Sumar presionara para incorporar una prórroga de los alquileres. En total, ambos textos reúnen 80 iniciativas y movilizarán 5.000 millones de euros. La mayoría estarán vigentes hasta el 30 de junio, aunque su duración podría ampliarse en función de la evolución del conflicto. Entre las decisiones adoptadas figura la reducción de impuestos sobre la electricidad para abaratar la factura energética de hogares y empresas. El IVA pasa del 21% al 10%, y el impuesto especial sobre la electricidad se rebaja hasta el 0,5%. También se suspende de forma temporal el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que grava con un 7% a las compañías generadoras. Aunque no lo abonan directamente los consumidores, suele repercutir en el precio final, por lo que se busca reducir el coste de generación. En cuanto a los combustibles, el IVA del diésel y la gasolina se reduce igualmente al 10%, con la intención de compensar el encarecimiento registrado desde el inicio de la guerra. Esta rebaja se aplica también al gas natural, los pellets y la leña, combustibles habituales en numerosos hogares, especialmente en entornos rurales. Se establece además una ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores especialmente afectados por el aumento del gasóleo. A estas medidas se suma una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, con el fin de contener aún más los precios. El Gobierno también fija un límite al precio de la bombona de butano, que no podrá superar los 16,35 euros, y establece un tope aproximado para el propano cercano a los 12 euros. En el ámbito social, se refuerza el bono eléctrico hasta diciembre de 2026, manteniendo descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más afectados. Además, se prohíbe cortar suministros básicos en estos hogares. Las industrias con un alto consumo eléctrico recibirán una bonificación del 80% en determinados costes, lo que permitirá reducir significativamente sus gastos y mejorar su competitividad internacional. También se introducen medidas para flexibilizar los contratos energéticos de empresas y autónomos, facilitando su modificación según las necesidades. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con mayores competencias para supervisar el cumplimiento de estas medidas y sancionar posibles abusos. El plan incluye además incentivos fiscales en el IRPF para fomentar la instalación de energías renovables, como placas solares o sistemas de climatización eficientes. En el ámbito laboral, no se activan por ahora mecanismos amplios como los ERTE, aunque sí se incorporan dos medidas específicas. Por un lado, se prohíbe el despido por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas. Por otro, se adelanta la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en empresas de cierto tamaño, fijando como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. Asimismo, se plantea limitar los márgenes empresariales para evitar subidas injustificadas de precios en el contexto de la crisis. Por último, en un decreto independiente centrado en la vivienda, se aprueba la congelación durante dos años de los alquileres que finalicen en 2026. En estos casos, al renovar el contrato, el precio deberá mantenerse sin incrementos más allá de la actualización anual vinculada al IPC.

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(El Economista, 23-03-2026) | Fiscal

El Supremo rechaza que las nuevas empresas tributen solo al 15% si pertenecen a un grupo

El Tribunal Supremo ha establecido que las empresas de reciente creación no pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% en el Impuesto sobre Sociedades si forman parte de un grupo empresarial, aunque desarrollen una actividad diferente. En una sentencia fechada el 9 de marzo, con ponencia de la magistrada María Dolores Rivera Frade, el alto tribunal explica que este incentivo fiscal se diseñó para fomentar la creación de compañías verdaderamente independientes. Por ello, busca evitar que los grupos empresariales dividan sus actividades -sean iguales o distintas- mediante la constitución de nuevas sociedades con el objetivo de tributar a un tipo más bajo. La normativa permite que las nuevas empresas que desarrollen una actividad económica apliquen un gravamen del 15% durante sus dos primeros años con beneficios. No obstante, establece varias exclusiones: cuando una persona o entidad vinculada ya realizaba esa actividad con anterioridad, cuando un particular la ejercía previamente y después pasa a controlar más del 50% de la nueva sociedad, o cuando la empresa está integrada en un grupo. En el caso analizado, la Agencia Tributaria negó este beneficio a una compañía que alegaba que la restricción solo debía aplicarse si la empresa matriz desarrollaba la misma actividad. En concreto, la sociedad afectada se dedicaba a la gestión de espacios comerciales y de ocio, mientras que la empresa que poseía el 70% de su capital operaba en el sector inmobiliario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había dado la razón a la empresa, al considerar que ambas actividades eran distintas. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrige este criterio y señala que la ley es clara al excluir a todas las sociedades integradas en un grupo, sin tener en cuenta si su actividad coincide o no con la de la empresa dominante. Según el fallo, el legislador quiso dejar expresamente fuera de este incentivo a las entidades que formen parte de un grupo, independientemente del tipo de actividad que desarrollen. Además, el tribunal subraya que el objetivo de la norma es evitar que la creación de nuevas sociedades se utilice como una vía para aprovechar un beneficio fiscal pensado para empresas que realmente inician una actividad sin continuidad con otras ya existentes vinculadas. Por último, recuerda que, a diferencia de la Ley de apoyo a los emprendedores de 2013 -que sí contempla incentivos fiscales específicos para fomentar la creación de empresas y reducir el desempleo juvenil-, la Ley del Impuesto sobre Sociedades no detalla en su exposición de motivos este tipo de ventajas, aunque fue en este marco donde se introdujo el tipo reducido del 15%.

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