Los contribuyentes que se hayan acogido al convenio especial de la Seguridad Social para recuperar cotizaciones correspondientes a antiguos periodos de prácticas como becarios pueden incluir estos pagos como gasto deducible en la declaración del IRPF, siempre que durante esas prácticas la empresa o entidad donde realizaron la formación no hubiera cotizado por ellos.
La Dirección General de Tributos recuerda que la normativa del Impuesto sobre la Renta permite deducir las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social. En consecuencia, los importes abonados deberán reflejarse en la declaración correspondiente al ejercicio en que se hayan efectuado los pagos. Así, quienes hayan realizado un único desembolso podrán deducir la totalidad de la cantidad en ese año, mientras que quienes hayan optado por el pago aplazado podrán descontar las cuotas efectivamente satisfechas durante cada ejercicio fiscal.
Este convenio especial fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de permitir que antiguos becarios sumen periodos de cotización de cara a su futura jubilación. La adhesión estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2028 y permite abonar el coste tanto en un único pago como de forma fraccionada, con un máximo de 84 mensualidades.
La medida beneficia a quienes realizaron prácticas formativas, remuneradas o no, antes de 2011, así como a quienes las efectuaron con posterioridad a esa fecha cuando dichas prácticas no fueron retribuidas y, por tanto, no generaron cotizaciones a la Seguridad Social.
La Dirección General de Tributos ha confirmado, mediante una consulta vinculante emitida el 6 de mayo, que las sociedades patrimoniales también pueden acogerse a la nueva deducción en el Impuesto sobre Sociedades destinada a incentivar el refuerzo de los fondos propios. El organismo aclara que la normativa no excluye expresamente a este tipo de entidades, por lo que podrán beneficiarse del incentivo siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley.
Las sociedades patrimoniales son aquellas cuya actividad principal consiste en la gestión de bienes o patrimonios, en lugar del desarrollo de una actividad económica o productiva. Según el criterio de Tributos, esta naturaleza no impide el acceso a la deducción prevista para las empresas que incrementen su capital.
La medida fue incorporada a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada en diciembre de 2024 junto con la implantación del impuesto mínimo global para grandes empresas y grupos multinacionales. Desde 2025, la deducción por el aumento de los fondos propios pasó del 15% al 20% del importe del incremento realizado.
El incentivo fiscal está sujeto a determinados límites. Con carácter general, la deducción no podrá superar el 20% de la base imponible del ejercicio, porcentaje que se eleva al 25% para las empresas cuya cifra de negocios del ejercicio anterior sea inferior al millón de euros. Si la entidad no dispone de base imponible suficiente para aplicar la totalidad del beneficio fiscal, podrá trasladar el importe pendiente a los dos ejercicios siguientes.
Para acceder a esta ventaja tributaria, las empresas deberán mantener el incremento de los fondos propios durante un periodo mínimo de tres años y constituir una reserva indisponible por el mismo importe, que también deberá permanecer durante ese plazo. Además, la deducción puede incrementarse en función de la evolución del empleo: asciende al 23% cuando la plantilla aumenta entre un 2% y un 5%, al 26,5% si el incremento se sitúa entre el 5% y el 10%, y alcanza el 30% cuando la creación de empleo supera el 10%.
La consulta analizada por la Dirección General de Tributos fue planteada por una sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de locales comerciales, sin empleados y con una facturación inferior al millón de euros. El organismo concluye que esta entidad puede aplicar la deducción por el incremento de sus fondos propios, siempre que respete el límite del 25% de su base imponible y reúna el resto de los requisitos previstos en la normativa.
La reducción del consumo de bebidas alcohólicas en España está teniendo un reflejo directo en la recaudación tributaria. Durante 2025, la Agencia Tributaria ingresó 1.129 millones de euros por los impuestos especiales aplicados a las bebidas espirituosas y a la cerveza, una cifra que supone un descenso cercano al 10% respecto a la obtenida cuatro años antes y que constituye el nivel más bajo desde 2016, si se excluyen los ejercicios marcados por las restricciones derivadas de la pandemia.
La mayor caída se concentra en las bebidas espirituosas, como whisky, ron, vodka o ginebra. La recaudación por este concepto ascendió el pasado año a 793 millones de euros, un 12,4% menos que en 2022. Este retroceso coincide con una disminución continuada del consumo, que ha pasado de 94 millones de litros en 2022 a 85 millones en 2025, tras registrar 89 millones en 2023 y 87 millones en 2024.
En el caso de la cerveza, el descenso ha sido mucho más moderado. El consumo alcanzó los 3.970 millones de litros en 2025, alrededor de un 2% menos que cuatro años antes, mientras que la recaudación procedente de este impuesto se situó en 336 millones de euros, lo que representa una reducción del 1,5%.
En un informe sobre los impuestos aplicados al alcohol, la Agencia Tributaria destaca que España mantiene una de las fiscalidades más reducidas de la Unión Europea para este tipo de productos y recuerda que los tipos impositivos apenas han variado en las últimas décadas. Como ejemplo, señala que el gravamen sobre la cerveza permanece inalterado desde 2006, fijado en 0,09 euros por litro.
Según los datos de Hacienda, cada ciudadano español soporta una carga fiscal media de unos 25 euros anuales por el consumo de bebidas alcohólicas, muy por debajo de la media comunitaria, que ronda los 80 euros por persona. España figura entre los países de la Unión Europea con menor tributación sobre el alcohol, junto a Italia y Rumanía, mientras que Finlandia, Irlanda, Estonia y Lituania presentan los niveles de imposición más elevados. El organismo considera que esta menor presión fiscal explica, en parte, la reducida recaudación obtenida, incluso teniendo en cuenta el peso del turismo en el consumo nacional, lo que deja abierta la posibilidad de futuras revisiones al alza de estos impuestos.
El descenso del consumo responde también a un cambio progresivo en los hábitos sociales, especialmente entre la población joven. De acuerdo con la Encuesta de Salud de España difundida por el Ministerio de Sanidad, en 2023 el 31% de la población consumía alcohol al menos una vez por semana, frente al 48,4% registrado en 2006. La reducción resulta especialmente significativa entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el consumo semanal ha pasado del 43,8% al 17,9% en ese mismo periodo.
La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por el impacto que determinados impuestos pueden tener sobre el relevo generacional de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Bruselas teme que la falta de sucesores y las cargas fiscales asociadas a la transmisión de negocios provoquen el cierre de empresas viables, con las consiguientes consecuencias económicas y laborales.
Aunque la fiscalidad sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, la Comisión ha instado a los gobiernos nacionales a introducir incentivos que faciliten la transmisión de las pymes. Entre las medidas sugeridas figuran exenciones, reducciones o aplazamientos de impuestos aplicables a herencias, donaciones o compraventas de empresas, tanto cuando el relevo se produce dentro de la familia como cuando el negocio pasa a manos de terceros.
El Ejecutivo comunitario considera que los cambios de propiedad no siempre implican una disponibilidad inmediata de recursos económicos para afrontar las obligaciones tributarias. En muchos casos, los nuevos propietarios necesitan un periodo de adaptación antes de que la empresa recupere plenamente su capacidad de generar beneficios, por lo que una elevada carga fiscal inicial puede poner en riesgo la continuidad del negocio.
La preocupación de Bruselas se basa también en las previsiones demográficas. Según sus estimaciones, cientos de miles de empresas europeas afrontarán procesos de sucesión en los próximos años. Solo en Alemania, más de 220.000 propietarios de pequeñas empresas tenían previsto transferir sus negocios en un plazo de dos años, mientras que en Francia se calcula que unas 700.000 compañías deberán afrontar un relevo de propiedad durante la próxima década.
La Comisión propone que las ventajas fiscales estén condicionadas al mantenimiento de la actividad empresarial durante un periodo determinado y, en algunos casos, a la conservación de los puestos de trabajo. Asimismo, recomienda revisar o reducir otros costes asociados a las transmisiones empresariales, como los derechos de registro, timbres o tasas administrativas que encarecen estas operaciones.
Uno de los aspectos que más preocupa a Bruselas es la tributación que soportan algunos empresarios cuando donan o ceden su negocio sin recibir una contraprestación económica. En determinados casos, la normativa fiscal considera que existe una ganancia patrimonial calculada sobre la revalorización acumulada de la empresa, generando una obligación tributaria aunque el propietario no haya percibido ingresos por la transmisión. Esta situación puede llevar a algunos dueños a optar por el cierre ordenado de la empresa en lugar de transferirla.
Por ello, la Comisión plantea que los Estados estudien mecanismos que permitan adaptar la tributación a la realidad económica de estas operaciones, evitando que los impuestos se conviertan en un obstáculo para la continuidad empresarial. El objetivo no es reducir la recaudación, sino evitar que la presión fiscal desincentive la sucesión de negocios que siguen siendo viables.
Además de las recomendaciones fiscales, Bruselas propone introducir mejoras jurídicas que faciliten la transformación de las empresas sin necesidad de liquidarlas y que refuercen la estabilidad de los procesos sucesorios. También apuesta por favorecer fórmulas que permitan a los trabajadores asumir la propiedad de una empresa cuando la familia propietaria no desea continuar con ella.
Aunque la Comisión Europea carece de capacidad para imponer estos cambios, confía en que los Estados miembros adopten medidas que faciliten la continuidad de las pymes y reduzcan el riesgo de desaparición de empresas provocado por las dificultades asociadas al relevo generacional.
El Gobierno tiene previsto dar un nuevo paso en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 con la posible aprobación de un techo de gasto que volvería a marcar un máximo histórico. La decisión llegaría después de que el Ejecutivo revisara al alza sus previsiones económicas, situando el crecimiento del PIB en el 2,2% para 2027 y en el 2,6% para 2026, unas estimaciones que servirán de base para diseñar las próximas cuentas públicas.
Como paso previo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, preside este lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que se informará a las comunidades autónomas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto correspondientes a 2025. Además, el Ministerio presentará su propuesta de objetivos de déficit para las autonomías durante el periodo 2027-2029, un elemento clave para la preparación de los futuros presupuestos regionales y estatales.
La reunión se celebra en un clima de tensión política, ya que varias comunidades autónomas han mostrado su desacuerdo con el orden del día planteado por el Ejecutivo. Entre ellas, la Comunidad de Madrid ha criticado que el encuentro no incluya el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras que la Comunidad Valenciana reclamará la creación de un fondo transitorio de nivelación que compense las diferencias de financiación hasta que se apruebe un nuevo modelo.
Según fuentes próximas al proceso, el Ministerio de Hacienda se habría comprometido a convocar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas para abordar específicamente la reforma del sistema de financiación autonómica. En los últimos días, el departamento dirigido por Arcadi España ha mantenido contactos con distintas comunidades, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de avanzar en este debate.
Tras la reunión con las autonomías, el siguiente paso será la aprobación del límite de gasto no financiero en el Consejo de Ministros. Todo apunta a que este techo de gasto volverá a alcanzar un nivel récord, impulsado tanto por las mejores previsiones de crecimiento económico como por el incremento del gasto previsto para atender los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con sus socios parlamentarios.
Entre las partidas que previsiblemente absorberá este mayor margen presupuestario figuran diversas iniciativas de carácter social ya anunciadas por el Gobierno. Destacan una inversión de 7.200 millones de euros destinada al sistema de dependencia en 2027 y la puesta en marcha de un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con 500 millones de euros, además de otras medidas que el Ejecutivo espera incorporar a las próximas cuentas públicas.
Los propietarios de viviendas desocupadas declararon en 2024 un total de 4.457 millones de euros en concepto de rentas imputadas en el IRPF, un 1,18% más que el año anterior, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Se trata del importe sobre el que se calcula la tributación correspondiente a los inmuebles que permanecen vacíos durante todo o parte del año, una figura fiscal que grava el potencial rendimiento de estas viviendas aunque no generen ingresos por alquiler.
La Administración tributaria ha intensificado en los últimos años el control sobre el mercado inmobiliario, tanto para verificar que los propietarios declaran correctamente los ingresos procedentes del alquiler como para comprobar que incluyen en su declaración la renta imputada de las viviendas desocupadas.
Las estadísticas correspondientes a 2024 reflejan que en España existen 18,37 millones de viviendas declaradas en el IRPF. De ellas, 10,69 millones constituyen la residencia habitual de sus propietarios, mientras que 2,65 millones están destinadas al alquiler. Además, cerca de 4,91 millones de inmuebles permanecieron vacíos durante todo el año o durante parte del ejercicio, una cifra que supera en más de 50.000 viviendas la registrada un año antes.
La normativa del IRPF obliga a tributar por los inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual ni generan rendimientos por alquiler. La base de este gravamen se calcula aplicando un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble, que es del 1,1% cuando dicho valor ha sido revisado en los últimos años y del 2% cuando no ha sido actualizado.
No obstante, el importe total declarado como renta imputada no coincide con la recaudación efectiva de Hacienda, ya que el resultado final del impuesto depende de la situación fiscal de cada contribuyente. Aunque esta renta no admite deducciones específicas, la cuota total del IRPF puede reducirse mediante otras deducciones o compensarse con devoluciones derivadas de retenciones soportadas durante el año.
Por comunidades autónomas, Madrid concentra el mayor número de viviendas vacías, con 839.747 inmuebles, seguida de Andalucía, con 833.183; Cataluña, con 685.134; y la Comunidad Valenciana, con 635.915. En conjunto, estas cuatro autonomías reúnen alrededor del 61% de todas las viviendas desocupadas declaradas en España.
En cuanto al coste medio de esta tributación, los propietarios de las Islas Baleares son quienes soportan la mayor carga fiscal, con una media de 1.082 euros por contribuyente. Les siguen los residentes en la Comunidad de Madrid, con 1.077 euros; Cantabria, con 1.042 euros; y Cataluña, con 997 euros. En el conjunto del país, la tributación media por vivienda vacía asciende a 858,8 euros, un 3% más que en 2023, debido principalmente a la actualización de los valores catastrales.
Respecto al mercado del alquiler, los propietarios declararon en 2024 unos ingresos brutos de 22.609 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, impulsado por la subida de las rentas. Una vez descontados los gastos deducibles, como intereses hipotecarios, seguros, reparaciones o gastos de comunidad, y aplicadas las reducciones fiscales previstas para el alquiler de vivienda habitual, los rendimientos netos declarados alcanzaron los 7.215 millones de euros.
Cataluña encabeza el número de viviendas arrendadas, con 538.661 inmuebles, seguida de Madrid, con 503.389. A continuación figuran la Comunidad Valenciana, con 279.995 viviendas en alquiler, y Andalucía, con 279.447.
En términos de ingresos, los propietarios madrileños obtienen las rentas medias más elevadas, con 931 euros mensuales por vivienda. Les siguen los propietarios de Baleares, con 869 euros, y los de Cataluña, con 770 euros al mes. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura, con una media de 434 euros mensuales; Galicia, con 485 euros; Murcia, con 490 euros; y Castilla y León, con 495 euros.
Si se analiza la rentabilidad obtenida por el alquiler en relación con el valor de la vivienda, Castilla-La Mancha lidera el ranking nacional con un rendimiento medio del 6,5%, por encima de la media española, situada en el 5,4%. Tras ella se encuentran la Comunidad Valenciana y Asturias, ambas con un 6,4%; Murcia, con un 6,3%; y Castilla y León, con un 6,1%. En cambio, las menores rentabilidades se registran en Baleares, con un 4,8%; la Comunidad de Madrid, con un 5%; y Cataluña, con un 5,2%, territorios que coinciden con algunos de los mercados donde el precio de compra de la vivienda es más elevado.
Irlanda afronta durante este semestre una de las negociaciones más complejas de la Unión Europea. Como país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, el primer ministro, Micheál Martin, tiene el encargo de intentar alcanzar un acuerdo político sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto comunitario que regirá entre 2028 y 2034, antes de que finalice el año.
La negociación parte de posiciones muy alejadas. Por un lado, los denominados países frugales, entre ellos Suecia y Países Bajos, reclaman una reducción significativa del gasto comunitario. En el extremo opuesto, Estados como España, Portugal o Italia defienden el mantenimiento de las grandes partidas tradicionales, como los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), ante el temor de que las nuevas prioridades en materia de defensa y competitividad reduzcan su financiación. Alemania ha planteado incluso la posibilidad de recortar hasta 400.000 millones de euros respecto a la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea.
Con el objetivo de facilitar un acuerdo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha encargado a la presidencia irlandesa estudiar nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario que permitan limitar el incremento de las aportaciones nacionales sin renunciar a las nuevas inversiones que demanda la Unión.
Entre las alternativas que se analizan figura la creación de nuevos recursos propios de la UE, siendo una de las propuestas más relevantes la implantación de un impuesto europeo sobre las grandes empresas tecnológicas. La iniciativa resulta especialmente delicada para Irlanda, cuya economía mantiene una estrecha relación con multinacionales estadounidenses del sector digital gracias a su favorable régimen fiscal. Solo en 2023, Alphabet, Apple y Microsoft aportaron alrededor del 38% de toda la recaudación del impuesto de sociedades del país.
Pese a ello, Micheál Martin ha asegurado que la presidencia irlandesa actuará con neutralidad durante las negociaciones. Según explicó, sobre la mesa existen entre seis y siete posibles mecanismos para generar nuevos ingresos comunitarios, con distintos niveles de respaldo entre los Estados miembros y las instituciones europeas, por lo que el objetivo será analizar todas las opciones durante los próximos meses.
Además del gravamen a las grandes plataformas digitales, también se estudian otras fuentes de financiación, como impuestos relacionados con el juego en línea o con las criptomonedas. Sin embargo, la propuesta que mayor capacidad recaudatoria presenta es la vinculada al sector digital. Un análisis preliminar de la Comisión Europea estima que un impuesto inspirado en los ya existentes en España, Francia e Italia podría aportar alrededor de 5.000 millones de euros anuales. El Parlamento Europeo plantea una fórmula mucho más ambiciosa que extendería el gravamen al conjunto del comercio digital, con una recaudación potencial cercana a los 42.900 millones de euros al año.
La presidencia irlandesa pretende cerrar un acuerdo sobre las líneas generales del presupuesto antes de finalizar el semestre, aunque reconoce la dificultad del proceso. El viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Simon Harris, ha insistido en que cualquier nuevo impuesto europeo deberá cumplir dos condiciones fundamentales: contar con el respaldo político unánime de los Estados miembros y poder entrar en funcionamiento en 2028, coincidiendo con el inicio del nuevo marco presupuestario.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la Unión necesita incorporar alrededor de 66.000 millones de euros anuales en nuevos recursos para financiar las prioridades del próximo presupuesto. En caso contrario, las alternativas pasarían por incrementar las contribuciones nacionales o aplicar importantes recortes al gasto comunitario, que podrían alcanzar hasta el 40% de algunas partidas. Según la Comisión, este escenario pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas fuentes estables de financiación para sostener las políticas europeas de los próximos años.
La Agencia Tributaria ha reforzado su ofensiva contra el fraude fiscal, logrando incrementar en un 20% la recaudación derivada de actuaciones de prevención y control. Durante el último ejercicio, Hacienda obtuvo 22.742 millones de euros vinculados a estas actuaciones -18.928 millones si se excluyen los pagos fraccionados-, consolidando la lucha contra el fraude como uno de los ejes centrales de su estrategia. De esa cifra, 11.101 millones proceden directamente de actuaciones de control sobre contribuyentes, 10.041 millones corresponden a devoluciones minoradas y otros 1.600 millones derivan de declaraciones presentadas fuera de plazo.
El balance de control tributario publicado por la Agencia Tributaria refleja un endurecimiento de la vigilancia sobre multinacionales, grandes patrimonios y economía sumergida. Las investigaciones relacionadas con movimientos financieros sospechosos aumentaron un 27,7%, mientras que también se intensificó el seguimiento sobre propietarios de viviendas en alquiler y sobre deducciones aplicadas de forma incorrecta en impuestos como Sociedades, IVA o IRPF.
En total, la Agencia Tributaria llevó a cabo 1,9 millones de actuaciones de comprobación, un 2,9% más que el año anterior. El crecimiento fue especialmente notable en las inspecciones dirigidas a la ocultación de actividad económica y al uso abusivo de estructuras societarias, que subieron un 21,6%, así como en el control sobre grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales, donde el incremento alcanzó el 11,8%.
Pese al volumen de regularizaciones realizadas -más de 22.000 millones de euros detectados-, la deuda pendiente de cobro con Hacienda todavía asciende a 46.607 millones de euros, aunque esta cifra supone una reducción del 7,2% respecto al ejercicio anterior. La mejora se explica principalmente por la caída del 21,3% en la deuda en periodo voluntario de pago. No obstante, de los cerca de 18.000 millones incluidos en esta categoría, Hacienda solo puede gestionar de forma efectiva alrededor del 12%, unos 2.225 millones, ya que el resto permanece bloqueado por recursos, concursos de acreedores, aplazamientos o compensaciones.
En el ámbito de las actividades económicas, una de las áreas prioritarias de control, la recaudación derivada de inspecciones sobre el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el IRPF alcanzó 1.515 millones de euros, un 6,4% más. Destacan especialmente las actuaciones dirigidas a detectar ventas ocultas, que crecieron un 25,2% y permitieron aflorar 439 millones de euros.
El control sobre grandes patrimonios también se ha intensificado, especialmente en relación con rentas ocultas en el extranjero. Hacienda liquidó más de 68 millones de euros sobre 145 contribuyentes que figuraban formalmente como residentes en otros países, pero cuya residencia efectiva se encontraba en España. Además, continuó profundizando en el análisis de estructuras familiares y societarias complejas para detectar sociedades instrumentales utilizadas con fines de ocultación patrimonial.
Otro foco relevante ha sido la detección de facturación falsa o irregular. La Agencia Tributaria reforzó la identificación tanto de emisores como de receptores de facturas fraudulentas, así como de redes organizadas de facturación ficticia. En 2025, estas actuaciones dieron lugar a 1.369 expedientes por un importe de 296 millones de euros, lo que representa un incremento del 35,7% respecto al ejercicio anterior.
Dentro de la economía sumergida, Hacienda también ha endurecido el control sobre el uso de programas de doble uso, herramientas de facturación que permiten ocultar ingresos o manipular ventas. Esta vigilancia cobra especial relevancia ante la implantación de nuevas obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, como el sistema Verifactu para la verificación de facturas en tiempo real. En este ámbito, se regularizaron 218 millones de euros, incluyendo sanciones, lo que supone un aumento del 56%.
El mercado del alquiler continúa siendo otra de las prioridades de inspección. Los planes de asistencia y control dirigidos a propietarios que no declaran correctamente los ingresos por arrendamiento han permitido aflorar rentas por valor de 9.956 millones de euros en la última década, con una recaudación asociada de 1.220 millones. Hacienda ha intensificado progresivamente los avisos a posibles arrendadores incumplidores para mejorar el nivel de declaración voluntaria. La transformación digital del sistema financiero también ha llevado a ampliar el control sobre nuevos canales de inversión y pago. En el ámbito de las criptomonedas, la Agencia Tributaria recabó información de 34 entidades dedicadas a monedas virtuales, obteniendo datos de más de 43.000 titulares.
En paralelo, el organismo amplió su vigilancia sobre los denominados neobancos, recabando información de 53 entidades sobre unas 40.000 cuentas bancarias con más de 28.000 titulares y autorizados identificados. Además, recopiló datos sobre 8.000 contratos de terminales de pago y alrededor de 900.000 tarjetas emitidas, reforzando así su capacidad para rastrear movimientos financieros y detectar posibles bolsas de fraude en el ecosistema digital.
La Agencia Tributaria ha cuantificado por primera vez el impacto fiscal de las devoluciones del IRPF a pensionistas que realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales. Según los datos publicados, 3,08 millones de mutualistas -o sus herederos- se beneficiaron durante 2024 de esta corrección tributaria, aplicada en la campaña de la Renta finalizada recientemente. El importe total de las deducciones aplicadas alcanzó los 6.400 millones de euros, lo que supone una rebaja media de aproximadamente 2.072 euros por beneficiario. En la mayoría de los casos, esta reducción del impuesto se tradujo en devoluciones directas por parte de Hacienda.
Por niveles de renta, el grupo más numeroso de beneficiarios corresponde a pensionistas con ingresos anuales de entre 30.000 y 60.000 euros, con 981.507 personas acogidas a esta deducción. A continuación se sitúan quienes perciben entre 21.000 y 30.000 euros al año, con 701.480 beneficiarios. También se beneficiaron 475.963 pensionistas con rentas comprendidas entre 12.000 y 21.000 euros anuales, mientras que alrededor de 808.000 personas tenían ingresos inferiores a 12.000 euros al año.
En los tramos de renta más elevados, 101.517 pensionistas con ingresos superiores a 60.000 euros pudieron aplicar esta ventaja fiscal. Entre ellos, incluso 1.504 beneficiarios declararon rentas superiores a 600.000 euros anuales. El origen de estas devoluciones se encuentra en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. En una sentencia dictada en febrero de 2023, el Alto Tribunal reconoció el derecho de quienes realizaron aportaciones a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 a reducir en el IRPF el 25% de la parte de su pensión generada con esas cotizaciones.
Posteriormente, en abril de 2024, el Supremo amplió este criterio y estableció que las aportaciones realizadas antes de 1967 podían beneficiarse de una exención aún mayor, permitiendo deducir hasta el 100% de la pensión correspondiente a ese periodo. Estas resoluciones judiciales abrieron la puerta a devoluciones masivas por parte de Hacienda, al reconocer que parte de esas aportaciones históricas ya tributaron en su momento y no debían volver a someterse plenamente al impuesto sobre la renta.
Según la Agencia Tributaria, el grueso del proceso de regularización y devolución ya está prácticamente concluido. Solo permanecen pendientes aquellos expedientes vinculados a procedimientos judiciales aún sin resolver o casos en los que persisten dificultades para verificar la documentación y los datos históricos necesarios para calcular correctamente las devoluciones.
Tras la salida de Soledad Fernández al frente de la Agencia Tributaria, está previsto que en los próximos días se produzca una renovación en la cúpula del organismo. Desde el Ministerio de Hacienda rechazan que exista una crisis interna o que se trate de un cese, y sostienen que el cambio responde a un relevo pactado desde hace meses. Mientras tanto, el Partido Popular mantiene su intención de que Fernández comparezca en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI.
Una vez concluida la campaña de la Renta, cuyo plazo terminó el 30 de junio, se abre paso a esta reestructuración en la dirección de la Agencia Tributaria. La marcha de Fernández, directora general desde 2022, se produce junto a informaciones que apuntan también a la salida de otros dos altos cargos del organismo.
Fuentes de Hacienda señalan que Fernández había solicitado dejar el cargo hace varios meses, incluso antes del inicio de la campaña de la Renta. Según explican, se acordó aplazar cualquier modificación hasta la finalización de este proceso, momento en el que finalmente se ha materializado el relevo.
De este modo, el Ministerio intenta desmentir las informaciones que vinculan su salida a discrepancias con el departamento encabezado por Arcadi España. Insisten en que no existe ningún conflicto interno y que la transición estaba prevista con antelación.
La salida de Fernández coincide además con la inminente publicación de los primeros datos de la campaña de la Renta de 2025, en la que se anticipa una recaudación récord. Durante los dos primeros meses, Hacienda ingresó un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de ajustar las tarifas del IRPF a la inflación.
Pese a la versión oficial, algunas interpretaciones relacionan su marcha con las polémicas recientes que afectan al Gobierno, entre ellas la gestión de la SEPI. En este contexto, el PP ha confirmado que mantiene su citación para que Fernández comparezca el 13 de julio en la comisión de investigación del Senado. Desde el Partido Popular sostienen que su salida busca evitar explicaciones sobre la razón por la que Hacienda no se ha personado en la investigación judicial relativa a las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con su marcha, la Agencia Tributaria pierde a una dirigente estrechamente vinculada a la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien la designó en 2022. También deja atrás una etapa marcada por un notable incremento de la recaudación y una fuerte presencia técnica dentro del organismo.
Antes de asumir la dirección general, Fernández desempeñó diversas responsabilidades dentro de la Administración tributaria, entre ellas la presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central, la dirección del Departamento de Gestión Tributaria, la Escuela de Hacienda Pública y la delegación adjunta de la Agencia Tributaria en Madrid.
Aunque todavía no se ha anunciado quién ocupará su puesto, todo apunta a que el relevo recaerá en un perfil técnico que permita dar continuidad al Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia Tributaria. Ese plan incluye medidas orientadas a simplificar la documentación que reciben los contribuyentes y a reforzar un modelo preventivo basado en el cumplimiento voluntario. El objetivo es ofrecer más información y alertas para reducir errores en las declaraciones y, en consecuencia, minimizar sanciones.
En línea con esa estrategia, durante la última campaña de la Renta la Agencia Tributaria remitió alrededor de 130.000 cartas de aviso a contribuyentes para advertir de posibles errores y facilitar su corrección dentro del periodo voluntario de presentación.
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