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(El Periódico, 20-03-2024) | Fiscal

Cataluña reclama al Estado un modelo de financiación "singular" y recaudar el 100% de los impuestos

La Generalitat propone pasar de manejar el 9% al control total de los impuestos generados en Cataluña. Con esta medida, busca obtener "un ingreso potencial de 52.000 millones de euros al año, el doble de lo obtenido con el actual modelo de financiación", que aportó 26.000 millones en 2021 (5.000 de los cuales fueron recogidos por la Generalitat). El objetivo es conceder a Cataluña una especie de autonomía financiera, para luego compensar al Estado por los servicios comunes -como defensa o política exterior- mediante un sistema similar al cupo vasco. Además, se contempla la inclusión de un fondo de reequilibrio para respaldar a las regiones menos favorecidas. Esta propuesta supondría un cambio radical en el modelo de solidaridad territorial actual. Cataluña es una de las tres únicas regiones del régimen común que realiza aportaciones netas a la caja común. Junto con Madrid y Baleares, lidera la lista de regiones con mayor renta per cápita del país, según los datos de liquidación de 2021 calculados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A esto se suma que, según los últimos datos de Hacienda, en Cataluña se generan el 22% de los ingresos tributarios del régimen autonómico común y uno de cada cuatro euros de impuestos cedidos: Patrimonio, Sucesiones y AJD. Sin embargo, esta propuesta genera preocupación en algunos sectores. Ángel de la Fuente, director de Fedea, advierte que aceptar algo así pondría en peligro la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones, incluida la cohesión social y territorial. Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) alerta sobre el impacto en los principios constitucionales de igualdad entre españoles y territorios, capacidad económica y justicia fiscal. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a ERC que el plan del Gobierno es revisar el sistema de financiación autonómica esta legislatura, respetando la Constitución y los estatutos de autonomía, aunque queda por ver si el actual Gobierno, que ha pospuesto la elaboración de Presupuestos debido a las elecciones anticipadas en Cataluña, será capaz de llevar a cabo esta reforma pendiente desde hace años. Esto implica conciliar las demandas de los socios secesionistas catalanes con las posiciones de las regiones gobernadas por el Partido Popular, incluyendo aquellas realmente infrafinanciadas en comparación con el resto, como Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, además de las demandas de la España rural.

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(El Economista, 20-03-2024) | Fiscal

Primer fallo del Supremo que obliga al Estado a indemnizar por el impuesto de la plusvalía

El Tribunal Supremo ha dictaminado por primera vez que el Estado debe asumir la responsabilidad patrimonial por una mala legislación en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como impuesto de la plusvalía, y pagar una compensación de 10.185 euros a una ciudadana. En una sentencia emitida el 4 de marzo, con el magistrado Wenceslao Olea Godoy como ponente, el tribunal ha fallado a favor de una mujer que fue obligada a pagar 5.451 euros por la venta de una vivienda en 2013 y 205 euros por el garaje, a pesar de haber realizado la transacción con pérdidas. La compradora adquirió los inmuebles en 2002 por 264.176 euros y los vendió once años después, durante una crisis económica, por 225.000 euros. Este nuevo fallo complementa a los dictados el 1 y 2 de febrero, en los que se rechazaba la responsabilidad patrimonial del Estado cuando efectivamente había un incremento de valor de los terrenos, pero se abría la posibilidad de indemnizar en casos de decremento mínimo o nulo, como en el litigio actual. El Supremo recuerda que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de mayo de 2017, anuló parte del impuesto de la plusvalía al gravar situaciones donde no había ganancia, vulnerando el principio de capacidad económica. Además, en 2021, la Corte de Garantías declaró inconstitucional el método de cálculo de la base imponible, al permitir una carga fiscal excesiva y utilizar un sistema de estimación objetiva exclusivo. Por tanto, para que el pago sea antijurídico, el contribuyente debe demostrar la falta de incremento de valor o una cantidad distinta a la establecida por la Administración. En este caso, la afectada ha demostrado la ausencia de incremento de valor mediante escrituras de compra y venta y un informe pericial. Por lo tanto, el Alto Tribunal concluye que se gravó una operación sin constatar el incremento de valor del terreno, lo que hace inconstitucional la tributación exigida. La afectada solicitaba una compensación de 10.536 euros, de los cuales 5.656 correspondían al impuesto pagado, 337 a intereses, 4.191 a sanciones y 351 a gastos. El Supremo le reconoce una indemnización de 10.185 euros, excluyendo los gastos de procurador de la cantidad total, ya que se consideran parte de las costas que el Estado debe asumir. Además, rechaza el pago de intereses al tratarse de una responsabilidad patrimonial, y sí incluye la indemnización por sanciones del impuesto, que no hubieran existido sin el pago indebido del mismo.

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(El Confidencial, 20-03-2024) | Fiscal

Hacienda elevará el mínimo exento del IRPF aunque no haya presupuestos

El Ministerio de Hacienda prevé elevar el mínimo exento del IRPF para garantizar que quienes cobren el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.134 euros mensuales, no tengan que pagar el impuesto de la renta a pesar de que no se aprobarán los presupuestos en 2024. Según han confirmado fuentes de Hacienda, tanto la subida del mínimo exento como el incremento de las deducciones para rentas bajas se van a implementar tal y como estaba previsto, aunque todavía no han desvelado a través de qué vía normativa se hará. Estos ajustes en el IRPF se anunciaron cuando subió el salario mínimo y estaba previsto incorporarlos a los presupuestos de 2024, pero ante la decisión de no presentar cuentas Hacienda los implementará a través de otra ley. De hecho, ya cuando se subió el salario mínimo Hacienda aprobó un ajuste en las retenciones, que no se practican para rentas inferiores a 15.876 euros y que se ven reducidas para las rentas por debajo de 22.000 euros brutos. Estos ajustes, según se apuntó entonces, benefician a 5,2 millones de contribuyentes, que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024.

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(Cinco Días, 19-03-2024) | Fiscal

La inflación de la eurozona se modera en febrero al 2,6% y al 2,8% en la UE

La tasa de inflación en la zona euro se ubicó en febrero en el 2,6% interanual, descendiendo dos décimas con respecto al incremento del 2,8% en el primer mes de 2024. Mientras tanto, en el conjunto de la Unión Europea, disminuyó al 2,8% desde el 3,1%, según confirmó este lunes Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE. Durante el segundo mes de 2024, el descenso interanual de los precios de la energía en la eurozona fue del 3,7%, en comparación con la caída del 6,1% en enero, mientras que los alimentos frescos aumentaron un 2,1%, considerablemente menos que el aumento del 6,9% del mes anterior. Por otro lado, el aumento anual en el costo de los servicios se mantuvo en el 4%, mientras que el incremento en el precio de los bienes industriales no energéticos se moderó al 1,6%, cuatro décimas menos que en enero. Así, la tasa de inflación en la zona euro, excluyendo el impacto de la energía, fue del 3,3%, en contraste con el 3,8% de enero de 2024. Al excluir también los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa subyacente descendió al 3,1% desde el 3,3%, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2022 (3%). Entre los veintisiete países de la UE, las tasas anuales más bajas se registraron en Letonia y Dinamarca (ambos con un 0,6%) e Italia (0,8%), mientras que los niveles más altos de inflación correspondieron a Rumanía (7,1%), Croacia (4,8%) y Estonia (4,4%). En el caso de España, la tasa de inflación armonizada se situó en febrero en el 2,9%, en comparación con el 3,5% de enero, reduciendo en tres décimas la brecha de precios desfavorable para el país en comparación con el promedio de la zona euro. En las principales economías de la zona euro, la tasa de inflación en febrero fue del 2,7% en Alemania y del 3,2% en Francia, por debajo de los aumentos de precios del 3,1% y del 3,4%, respectivamente, en enero. Respecto a Italia, los precios subieron un 0,8% en febrero, tras el 0,9% interanual del mes anterior. En su última reunión, el Banco Central Europeo (BCE) ajustó sus proyecciones de inflación, mejorando las de 2024 y 2025 debido, principalmente, a una menor contribución de los precios de la energía, y ahora prevé que la tasa general se sitúe en promedio en el 2,3% este año y descienda hasta alcanzar el ansiado 2% en 2025, para ubicarse en el 1,9% en 2026. Excluyendo el impacto de la energía y los alimentos, se espera que la variable subyacente se sitúe en el 2,6% en 2024, el 2,1% en 2025 y el 2% en 2026.

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(Expansión, 19-03-2024) | Fiscal

La renuncia a Presupuestos deja en el aire una rebaja de IRPF de 1.400 millones

En el contexto generado por la decisión del Gobierno de no impulsar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, debido al terremoto político ocasionado por el adelanto electoral en Cataluña, se destaca especialmente la suspensión de una importante rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este ajuste estaba vinculado al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que Hacienda había ligado a la aprobación de los presupuestos, ejerciendo así presión sobre el Parlamento para su aprobación. Sin embargo, la prórroga presupuestaria obliga ahora al Gobierno a buscar la aprobación de esta rebaja mediante un proyecto de ley para evitar la posible reversión de una reducción de retenciones por cerca de 1.400 millones de euros. La rebaja fiscal que está en suspenso con la renuncia a nuevos Presupuestos es aquella anunciada por el Gobierno a principios de febrero, cuando se aprobó un aumento del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI), llevándolo a los 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida se acompañaría tradicionalmente de un cambio legal para eximir del pago del IRPF a quienes ganan hasta ese umbral de renta. Tras aumentar el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros en 2023, este año se elevaría a los 15.876 euros anuales, el nuevo SMI. En esa misma línea, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 6 de febrero "la modificación del reglamento del IRPF para que estos contribuyentes no soporten la retención del impuesto" sobre sus salarios mensuales. Sin embargo, la modificación legal requerida no se contempló entonces, quedando pendiente para el proyecto de Presupuestos de 2024. El problema radica ahora en la ausencia de ese proyecto de Presupuestos, que impediría la efectiva rebaja del impuesto en sí misma. La reducción anticipada de retenciones corre el riesgo de ser revertida una vez que los contribuyentes hagan su declaración del IRPF de 2024, durante la próxima Campaña de la Renta en primavera del próximo año. El plan original del Gobierno incluía una modificación en la reducción de rendimientos del trabajo para permitir la exención fiscal completa de los salarios de hasta 15.876 euros anuales, una rebaja efectiva para quienes ganan hasta 19.500 euros y una reducción de retenciones para ingresos de hasta 22.000 euros, con el fin de suavizar el llamado efecto escalón del IRPF, que eleva considerablemente el tipo impositivo para las rentas bajas. Por el momento, la rebaja de retenciones aprobada por Hacienda como adelanto a la rebaja fiscal pendiente supone un ahorro de 1.385 millones de euros para 5,2 millones de contribuyentes. En cuanto a la importancia relativa de esta reducción tributaria en espera, cabe destacar que para un trabajador que gane el SMI, la diferencia implica estar completamente exento del IRPF durante el año o acabar pagando al Fisco 325 euros. Para un asalariado con el salario medio de 18.502 euros anuales, el ahorro es de 200 euros en retenciones, y para un pensionista con 17.000 euros de ingresos, la rebaja es de 378 euros, según estimaciones del Ministerio. A partir de ahí, desde Gestha calcularon que, aunque centrada en las rentas bajas, esta rebaja fiscal podría suponer ahorros tributarios de hasta cien euros para algunos contribuyentes con ingresos de hasta 26.500 euros anuales. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que, pese a la falta de nuevos Presupuestos, el Gobierno impulsará la rebaja fiscal comprometida mediante un proyecto de ley específico o incluso como enmienda a otro en tramitación. Sin embargo, este proceso estará sujeto a una compleja aritmética parlamentaria, lo que podría dificultar su aprobación, y en la que los socios de coalición del Gobierno podrían exigir nuevas concesiones a cambio, mientras que el Partido Popular podría oponerse por considerar que la rebaja es insuficiente.

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(El Economista, 19-03-2024) | Fiscal

Los funcionarios deberán declarar su alza del 0,5% en la campaña de 2025

Hacienda emitió ayer una suerte de manual de instrucciones fiscal para aclarar a los funcionarios el tratamiento tributario que dar a las últimas subidas salariales que les han sido concedidas. En concreto, la Agencia Tributaria emitió una nota informativa en la que advertía que los empleados públicos tendrán que declarar su reciente alza salarial del 0,5% en la Campaña de Renta del próximo año y no en la que está a punto de comenzar. Conviene recordar que Función Pública acordó incrementar el salario de los empleados públicos un 2,5% en el ejercicio 2023, que podría verse incrementado hasta en un punto adicional en función de la evolución económica. En concreto, se comprometió un alza de 0,5 puntos adicionales en función del comportamiento de la inflación y una más, de otro medio punto, si la economía española crecía por encima del 2,4% previsto por el Gobierno. Finalmente, de hecho, tres millones de trabajadores públicos de las Administraciones han acabado disfrutando de un alza retributiva del 3,5% en 2023. Del conjunto, sin embargo, el incremento del 0,5% ligado al avance del PIB fue constatado ya entrado 2024 y aprobado, de hecho, en el Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero. Así, "los perceptores de estos incrementos retributivos los declararán, en su caso, en su declaración de IRPF del ejercicio 2024 (a presentar en 2025)", aclara en su nota la Agencia Tributaria, subrayando que "en ningún caso deberán incluirse en la declaración de IRPF del ejercicio 2023, cuyo plazo de presentación se inicia el día 3 de abril de 2024".

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(El Periódico, 19-03-2024) | Fiscal

Economía insiste en que la prórroga de los Presupuestos no afectará al compromiso del 3% de déficit

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reafirmado que el compromiso de reducir el déficit público al 3% para el año 2024 no se verá afectado "bajo ninguna circunstancia" por la extensión de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023. Estas declaraciones las hizo durante la conferencia titulada 'Situación y perspectivas de la economía española', organizada por la Cátedra Fundación 'la Caixa' Economía y Sociedad, donde fue el principal ponente. Cuerpo ha reiterado lo que ya había mencionado en ocasiones anteriores, y tras conocerse la semana pasada que el Gobierno ha decidido trabajar en los presupuestos públicos del 2025, manteniendo la prórroga de los Presupuestos del 2023, ha asegurado que el Ejecutivo no descuidará el aspecto de la responsabilidad fiscal, que es "fundamental" para el crecimiento económico de España. En este sentido, ha enfatizado que el compromiso del 3% de déficit público en 2024 "no se verá afectado" en absoluto por esta decisión, ya que constituye uno de los tres principales desafíos actuales de España en materia económica. "Mi evaluación inicial es que el impacto de la prórroga presupuestaria en nuestras previsiones es mínimo. No modificaremos ni las previsiones de déficit ni de crecimiento debido al proceso de prórroga", ha subrayado. Otro desafío importante al que se ha referido el ministro está relacionado con la seguridad económica en el contexto de la redefinición de la situación geopolítica, lo que exige una acción decidida en materia de empleo. Según ha señalado, aún queda "mucho camino por recorrer" para alcanzar el objetivo de pleno empleo, ya que la tasa de desempleo estructural de la economía española sigue siendo "inaceptable" y demasiado alta en comparación con otras economías avanzadas. Por lo tanto, ha instado a seguir trabajando para reducirla, al mismo tiempo que se aborda la cualificación de los trabajadores, lo que implica identificar la cadena de valor del talento con un diagnóstico claro de las carencias y los desequilibrios en términos de habilidades y de emparejamiento entre oferta y demanda en el mercado laboral. El tercer desafío es la modernización y competitividad de las empresas y del tejido productivo. Ha destacado la necesidad de una mentalidad reformista que incluya la productividad de las empresas españolas, y ha elogiado el plan de recuperación que permite el acceso a proyectos tanto para grandes como para pequeñas empresas. Al ser preguntado sobre la influencia de la situación política en el desempeño económico de España, el ministro ha defendido que tanto a nivel nacional como en Europa, prevalece el modelo de gobiernos en minoría o de coalición. Por lo tanto, ha señalado que los inversores están familiarizados con "un entorno de diálogo y negociación", lo que no impide atraer su capital. "Creo que este diálogo y esta negociación deben aprovecharse para impulsar proyectos legislativos", ha afirmado. En consecuencia, ha reiterado que los inversores están mostrando un interés cada vez mayor por España debido a que las cuentas les cuadran. La cualificación de la mano de obra, las previsiones de crecimiento macroeconómico, la rentabilidad esperada o el diferencial energético son algunos de los aspectos que ha destacado el ministro para demostrar que la situación de España sigue siendo "favorable" para atraer mucha inversión.

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(Expansión, 18-03-2024) | Fiscal

Los grandes grupos del Ibex ganan 1.500 millones con la sentencia "anti-Montoro"

Las empresas españolas han comenzado a señalar el impacto positivo que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional podría tener en sus ganancias netas. Esta sentencia, emitida en enero y que anuló un decreto de 2016, ha despertado el interés de las grandes sociedades, ya que limitaba los créditos fiscales que podían utilizar para compensar las pérdidas de años anteriores. De acuerdo con un análisis realizado por EXPANSIÓN, las principales compañías del Ibex estiman que esta decisión judicial podría disminuir su carga fiscal en aproximadamente 1.500 millones de euros. Algunas empresas, como Telefónica, Indra, Amadeus, Cellnex, FCC, Inmobiliaria Colonial o Meliá, ya están considerando estos posibles créditos fiscales en sus balances de cierre del año 2023. Esto les permitirá aprovecharlos para reducir sus impuestos en futuros ejercicios, gracias a la resolución del Tribunal Constitucional. Otras entidades, como IAG, Ferrovial, Sabadell, Mapfre o BBVA, han estimado los posibles ahorros fiscales, pero aún no los han incluido en sus cuentas, ya que existen incertidumbres sobre el monto final que podrán recuperar. Repsol y Naturgy también esperan beneficiarse de esta sentencia, aunque aún no han detallado el impacto con precisión. "Actualmente se está evaluando", señala el operador gasista. Un caso destacado es el de Merlín Properties, que ha anunciado haber obtenido en febrero la aprobación de la Agencia Tributaria para una devolución de 14 millones de euros por impuestos pagados en exceso entre 2016 y 2019, en parte debido al mencionado decreto de Montoro. La empresa explica en su informe anual que el acuerdo alcanzado reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló ciertos aspectos del real decreto ley 3/2016, que influyeron en la base imponible del impuesto sobre sociedades en los ejercicios 2016 a 2019. Este precedente abre la posibilidad de que otras empresas del Ibex también recuperen impuestos pagados en exceso en los últimos siete años. Durante la gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se implementó un decreto ley que limitaba los créditos fiscales por pérdidas contables y las deducciones por deterioro del valor de las participaciones que las grandes empresas podían utilizar. En enero, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la forma en que se tomó esa decisión, aunque inicialmente solo permite la devolución del dinero a las empresas que habían impugnado sus declaraciones debido a los efectos de esa normativa. Casi todas las empresas del Ibex afirman haber iniciado procedimientos contra sus impuestos, lo que refleja su confianza en recuperar el dinero pagado en exceso, como ha sucedido con Merlin. Ante el potencial impacto significativo en las finanzas públicas que podría tener la decisión del Tribunal Constitucional de anular las subidas en el Impuesto de Sociedades del Real Decreto-ley 3/2016, María Jesús Montero, actual Ministra de Hacienda, ha puesto en marcha una estrategia para controlar los posibles daños en varios frentes. La anulación de la subida fiscal ya ha restringido la posibilidad de reclamar devoluciones para aquellas empresas que tenían recursos en curso en el momento del fallo. Además, Hacienda ha utilizado jurisprudencia del Tribunal Supremo para exigir que estas reclamaciones mencionen expresamente la "inconstitucionalidad" de la norma, con el objetivo de limitar las solicitudes de devolución de los últimos años. Paralelamente, el PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, ha reintroducido a través de una enmienda en el proyecto de ley del último paquete de medidas anticrisis las tres subidas tributarias anuladas, las cuales fueron aprobadas mediante decreto. Este plan implica reinstaurar el límite a la compensación de bases imponibles negativas, lo que podría reducir la capacidad anual de las empresas para aprovechar los créditos fiscales recuperados; la limitación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de revertir aquellas deducciones por deterioro de participadas. Esta decisión promete abrir un nuevo conflicto judicial.

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(El Economista, 18-03-2024) | Fiscal

El Banco de España alerta del impacto en el PIB y el déficit si el consumo público no se modera

El Banco de España ha advertido que si el ritmo de crecimiento del consumo público no se desacelera en 2024, podría poner en riesgo tanto la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) como la del déficit público. Según el último informe trimestral del Banco de España, se espera una moderación en el avance del consumo público para este año, en línea con la recomendación europea de contener el gasto. La prórroga de los Presupuestos de 2023 para este año contribuirá a contener el gasto público, ya que habrá partidas presupuestarias que no se podrán ejecutar sin cuentas públicas vigentes. Las estimaciones del Banco de España sugieren que, después de crecer un 3,8% en 2023, el consumo público se ralentizará al 1,2% en 2024, situándose en el 1,7% y 1,5% en 2025 y 2026, respectivamente. Sin embargo, se advierte que un mayor consumo público del esperado implicaría una presión adicional sobre las cuentas públicas, lo que reafirmaría la necesidad de llevar a cabo una consolidación fiscal rigurosa en España. El comportamiento del consumo público durante el cuarto trimestre de 2023 ha sido sorprendentemente positivo, con un aumento del 3,8% en términos reales en comparación con el 2,2% previsto en las proyecciones de diciembre. Este incremento, que también se observa en términos nominales, se atribuye tanto a la remuneración de los asalariados como a otras partidas del consumo público. Por lo tanto, el consumo público se acerca a su máximo histórico alcanzado en 2009 como porcentaje del PIB potencial. Respecto al consumo privado, se espera que siga siendo uno de los principales impulsores de la actividad económica en los próximos años, junto con la inversión. A pesar de una ligera moderación a finales de 2023, se espera que el consumo privado mantenga un crecimiento similar al del último trimestre del año pasado en el inicio de 2024. Este crecimiento se sustenta en la fortaleza del mercado laboral, los altos niveles de ahorro y la recuperación de la confianza del consumidor. Sin embargo, se observa una disminución en el impulso del consumo de bienes duraderos, como sugieren los datos recientes sobre crédito al consumo y ventas de automóviles. En resumen, se espera que el gasto de las familias continúe creciendo en los próximos trimestres, impulsado por condiciones financieras favorables, una inflación moderada y un mercado laboral estable, superando ligeramente el ritmo de avance registrado en 2023.

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(La Vanguardia, 18-03-2024) | Fiscal

El Banco de España no ve evidencias de que la banca trasladara a sus clientes el coste del impuesto

Según el Banco de España, no hay suficientes pruebas para afirmar que los bancos españoles trasladaron el costo adicional que implicó el pago del impuesto extraordinario al sector a sus clientes. Esto se basa en una comparación entre el comportamiento de los bancos sujetos al impuesto y aquellos exentos, así como con entidades de otros países donde no existía este tributo, como se indica en las conclusiones del informe publicado recientemente titulado "Un análisis de la evolución de la actividad bancaria en España tras la introducción del impuesto temporal". El análisis se realizó para verificar que, tal como lo establecía la normativa, el impuesto "no tendría repercusiones económicas, directas o indirectas" en los clientes de las entidades financieras. El objetivo del Gobierno era evitar que el costo adicional para el sector bancario se trasladara en última instancia a los depositantes. Según el informe del Banco de España, "tras la implementación del impuesto, el análisis empírico no revela diferencias significativas entre las entidades sujetas al impuesto y las demás entidades". El informe examinó "la evolución del margen unitario y el margen de interés asociados a los préstamos y depósitos de los hogares y las empresas no financieras, así como las comisiones". Solo se observó un efecto negativo "en los volúmenes y tasas de las operaciones de depósito a plazo de los hogares". Sin embargo, el supervisor bancario español señala las dificultades para "identificar" los posibles efectos negativos de la implementación del impuesto. La dificultad principal "radica en la casi simultaneidad del anuncio de la medida con el inicio del ciclo de aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en julio de 2022". Por lo tanto, en los casos donde se detectaron aumentos en el costo de los préstamos, por ejemplo, no se puede determinar si se deben al costo adicional del impuesto o simplemente a la subida de los tipos de interés. El año pasado, la recaudación por el impuesto a la banca que afecta a entidades como Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell, entre otras, alcanzó los 637,1 millones de euros. Cuando se implementó este impuesto, surgió un debate en el sector sobre si los bancos debían trasladar o no el costo a los clientes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con el Banco de España, eran responsables de supervisar que no se trasladara el costo. En el informe, el Banco de España aclara que "el análisis comparativo de las diferencias entre los sectores bancarios de distintos países europeos arroja conclusiones similares" a las del análisis español. Por lo tanto, descarta la posibilidad de trasladar los costos a los precios. A pesar del impuesto a la banca, los cinco mayores bancos cotizados en España, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, obtuvieron el año pasado beneficios récord agregados de 26.093 millones, un 27% más que el año anterior. Esta mejora de los resultados se debe, una vez más, a las subidas de los tipos de interés, que han aumentado el costo de los préstamos a una velocidad superior a la de la revalorización de los depósitos.

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