(Expansión, 15-05-2025) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda ha decidido dar un impulso definitivo a su propuesta de condonación de deuda para las comunidades autónomas. Ayer se lanzó a consulta pública el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que establece el marco legal para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Este paso inicial abre el camino para una tramitación legislativa que, si avanza como se espera, podría concluir a finales de este año. Una vez aprobada la ley, serán las comunidades interesadas quienes deberán solicitar su adhesión voluntaria.
Por el momento, el Ministerio de Hacienda -encabezado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero- ha fijado un plazo de 15 días, hasta el 30 de mayo, para que los interesados puedan presentar observaciones al texto. Luego, el Consejo de Ministros abordará la redacción definitiva del anteproyecto y su posterior aprobación como proyecto de ley para enviarlo a las Cortes Generales. En el documento sometido a consulta, el Ejecutivo justifica la medida "por razones de interés económico general", con el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas de régimen común mediante la reducción de su endeudamiento.
El texto argumenta que esta iniciativa busca mitigar el sobreendeudamiento que arrastran las comunidades desde la Gran Recesión. Entre 2010 y 2013, las autonomías acumularon un elevado volumen de deuda, tanto en los mercados como a través de mecanismos extraordinarios de liquidez puestos en marcha a partir de 2012, ante las dificultades para financiarse por cuenta propia. Con la asunción parcial de esa deuda por parte del Estado, se espera que las regiones reduzcan su carga en intereses, recuperen progresivamente su acceso a los mercados y refuercen su autonomía y sostenibilidad financiera, además de su compromiso fiscal. La propuesta deja claro que la medida es voluntaria, por lo que serán las propias comunidades quienes deberán decidir si se acogen o no a este plan.
El origen del acuerdo se remonta a noviembre de 2023, cuando PSOE y ERC pactaron esta medida como parte del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. El compromiso se reiteró en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre y fue detallado en febrero durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En esa ocasión, los consejeros autonómicos del PP protestaron en bloque, acusando al Gobierno de ceder ante las demandas del independentismo y exigiendo una reforma integral del modelo de financiación autonómica.
A pesar de la oposición del Partido Popular, el Ejecutivo confía en contar con el respaldo de Junts, lo que facilitaría la tramitación de esta normativa, que podría desarrollarse en paralelo al debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. No se descarta, no obstante, que para asegurar su aprobación se necesiten nuevas concesiones políticas. Las comunidades que más se beneficiarían de esta condonación serían Andalucía, que podría ver perdonados 18.791 millones de euros; Cataluña, con 17.104 millones; la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones; y la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones.