(El País, 15-05-2025) | Fiscal
La decisión del Gobierno de no actualizar el impuesto sobre la renta conforme a la inflación jugará un papel clave en su estrategia fiscal hasta al menos el año 2031. Así lo señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su más reciente informe sobre el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028, presentado este miércoles. Según el organismo que dirige Cristina Herrero, esta medida permitirá incrementar los ingresos públicos en unos 1.800 millones de euros anuales de media.
Para la AIReF, no aplicar la deflactación del IRPF equivale a una medida fiscal activa que refuerza el proceso de consolidación presupuestaria al que se ha comprometido España ante la Unión Europea. De hecho, si Bruselas no aceptara esta práctica como un mecanismo legítimo de aumento de ingresos, el país habría tenido que presentar medidas adicionales o reducir su previsión de gasto.
El hecho de no adaptar los tramos del IRPF a la evolución del IPC provoca que las subidas salariales generadas por la inflación eleven la recaudación de Hacienda, aunque el poder adquisitivo real del contribuyente no haya mejorado. La AIReF calcula que esta vía generó 1.900 millones en 2024, y prevé que en 2025 aporte 1.800 millones y en 2026, unos 1.700 millones. Entre 2027 y 2031, se estima que se mantendrá en torno a los 1.800 millones anuales, acumulando más de 14.000 millones en ese período. A eso se suman otros 10.000 millones recaudados entre 2021 y 2024, según datos de Funcas.
Este fenómeno, conocido como "progresividad en frío", aparece de forma indirecta en el último Informe de progreso enviado a Bruselas el pasado 30 de abril, donde se menciona que los ingresos proceden de una estructura impositiva "no modificada". La AIReF lo define como una herramienta que ajusta el perfil de crecimiento del gasto neto.
La negativa a deflactar el tramo estatal del IRPF ha generado fricciones entre el Gobierno, la oposición y las comunidades autónomas gobernadas por el PP. También ha sido objeto de debate entre expertos y economistas, que en su mayoría abogan por actualizar los tramos del impuesto conforme al IPC.
El Ministerio de Hacienda ha rechazado hasta ahora esta opción, argumentando que beneficiaría sobre todo a los contribuyentes con rentas más altas, ya que estos obtendrían ventaja no solo en su tramo, sino también en los inferiores. Por eso, el Ejecutivo ha optado por medidas dirigidas a las rentas más bajas, como la ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo. Según el Gobierno, esto permite que una persona con un salario bruto de 20.000 euros pague actualmente un 24% menos en IRPF que en 2018.
Además, la AIReF identifica otras actuaciones fiscales con impacto relevante en 2025. Entre ellas destaca el aumento de recaudación por el impuesto de sociedades, con un efecto estimado de 0,11 puntos del PIB, gracias a reformas recientes destinadas, entre otras cosas, a contrarrestar el efecto de sentencias judiciales contrarias al Estado. El IVA también experimenta un repunte, con una aportación de 0,14 puntos del PIB, mientras que los impuestos especiales muestran un impacto más limitado o incluso negativo. En 2026, por ejemplo, se contempla el traspaso a las comunidades autónomas de la recaudación por el impuesto a los márgenes bancarios, que supone unos 1.600 millones de euros.
El informe también recoge el crecimiento de las cotizaciones sociales, con un aporte de 0,17 puntos del PIB en 2025, impulsado por la buena evolución del empleo y medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la Cotización Adicional de Solidaridad, vinculadas a la reforma del sistema de pensiones.
El plan fiscal se basa en contener el aumento del gasto primario neto, limitándolo a un 3,4% anual, para mejorar progresivamente las finanzas públicas. Las medidas de ingresos buscan respaldar esta estrategia sin necesidad de hacer recortes adicionales. En conjunto, la AIReF calcula que las medidas fiscales tendrán en 2025 un impacto del 0,6% del PIB, lo que permitiría cerrar el ejercicio con un déficit del 2,5%, siempre que se cumplan las previsiones de gasto y no se produzcan desviaciones importantes. En este sentido, la Autoridad Fiscal advierte que el fuerte aumento de la inversión en defensa previsto por el Gobierno tendrá un efecto directo sobre el déficit, el gasto público y la deuda.