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(El Economista, 15-04-2024) | Fiscal

Los ricos incrementan la inversión en capital riesgo para esquivar el Impuesto de Patrimonio

Las grandes fortunas están viendo en las entidades de capital riesgo un refugio para proteger su riqueza, al menos parcialmente, del Impuesto de Patrimonio, especialmente después de que varias comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia hayan eliminado las bonificaciones del 100% para este impuesto en el ejercicio fiscal 2023 en respuesta al Impuesto de las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno en diciembre de 2022. Los asesores fiscales están recomendando a sus clientes invertir en estas sociedades o transformar sus family offices en entidades de capital riesgo para evitar tanto el Impuesto de Patrimonio como el de Grandes Fortunas. Siro Barro, socio responsable del Departamento de Derecho Fiscal de Escalona & de Fuentes, explica que invertir de esta manera puede implicar que al menos el 60% de la participación esté afectado y, por tanto, exento de ambos impuestos, a diferencia de otras entidades donde esta presunción no existe y se debe analizar cada activo para determinar si está afectado o no por una actividad económica. "Lo recomendable es tener una participación mínima del 5% en una sociedad de capital riesgo", explica, para asegurar la exención en el impuesto. El capital mínimo requerido para constituir una entidad de capital riesgo es de 1,2 millones de euros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que establecer una sociedad de este tipo implica cumplir con todas las exigencias de reporte de información requeridas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el 60% de la inversión realizada a través de esta sociedad se considera afecta a una actividad y, por tanto, exenta de Patrimonio y Grandes Fortunas. El Impuesto de Patrimonio se aplica generalmente a partir de una fortuna de 2 millones de euros, aunque las exenciones y bonificaciones varían según cada comunidad autónoma. La campaña para pagar este impuesto comenzó el 3 de abril y termina el 1 de julio. Por otro lado, el Impuesto a las Grandes Fortunas afecta a la riqueza superior a los 3,5 millones de euros y recauda lo que no grava el Impuesto de Patrimonio. Para la campaña de 2023, se espera una recaudación muy limitada debido a la recuperación del Impuesto de Patrimonio por parte de las comunidades autónomas, que buscan mantener los ingresos dentro de la región en lugar de que vayan a las arcas estatales. La creación de entidades de capital riesgo ha aumentado un 38% desde que el Gobierno anunció en septiembre de 2022 el Impuesto a las Grandes Fortunas. Desde octubre de ese año hasta ahora, según la CNMV, se han creado 175 entidades de capital riesgo, alcanzando un total de 450 en la actualidad. Los expertos fiscales anticipan que la tendencia de inversión de las grandes fortunas en entidades de capital riesgo seguirá en aumento mientras exista el Impuesto a las Grandes Fortunas, lo que obligará a las comunidades autónomas a mantener sin bonificaciones el Impuesto de Patrimonio. Hasta ahora, solo parte de la inversión realizada en entidades de capital riesgo garantiza la exención en el impuesto, ya que la Dirección General de Tributos aún no ha confirmado si la inversión en fondos de capital riesgo también está exenta.

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(Expansión, 12-04-2024) | Fiscal

El Supremo avala que la Inspección precinte cajas de seguridad de personas físicas en bancos sin autorización judicial

Hacienda ahora tiene la capacidad de acceder a las cajas de seguridad de particulares en los bancos sin necesidad de autorización judicial. El Tribunal Supremo ha emitido una nueva sentencia que amplía su doctrina recientemente establecida para las empresas, ahora habilitando también a la Inspección para precintar cajas de seguridad de personas físicas. Los jueces consideran que esta acción no infringe el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ya que una caja de seguridad en un banco no puede ser considerada como domicilio. Aunque afecta al derecho a la intimidad, la Administración está facultada por la Ley General Tributaria para realizar el precinto, siempre que justifique la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida, la cual será temporal y modificable. El Supremo ha desestimado el recurso de una pareja contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que respaldó el acuerdo de medidas cautelares de la Inspección de Hacienda. En enero de 2023, se precintó la caja de seguridad de la pareja en un banco, como parte de un procedimiento de inspección relacionado con el IRPF de dos años. Argumentaban que esto vulneraba su derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, sosteniendo que solo podía realizarse con su consentimiento o autorización judicial, salvo en casos de delito flagrante. El Tribunal Supremo ha explicado que una caja de seguridad no es un espacio físico donde una persona vive o desarrolla su vida privada, por lo que no se equipara al domicilio protegido constitucionalmente. Aunque reconoce que puede contener aspectos de la intimidad personal, considera que el precinto de una caja de seguridad supone una afectación menos intensa que otras medidas que sí requerirían autorización judicial. La sentencia destaca que, al tratarse de un derecho fundamental como la intimidad, no se requiere un control previo, pero sí se puede realizar un control posterior. Se establecen dos requisitos para garantizar este derecho: la habilitación legal, que según el tribunal ofrece el artículo 146.1 de la Ley General Tributaria, y la aplicación correcta, asegurando que el precinto sea una medida proporcional, idónea y necesaria. No obstante, la sentencia aclara que la situación sería diferente si las cajas de seguridad estuvieran ubicadas en el domicilio protegido constitucionalmente del inspeccionado o si implicaran dispositivos u objetos relacionados con el entorno digital, lo cual plantea cuestiones vinculadas a los derechos fundamentales. El Supremo amplía de esta manera el criterio que ya fijó la semana pasada respecto a las empresas. Entonces, argumentó que el precinto de la caja de seguridad bancaria de una empresa por parte de Hacienda no vulnera su derecho a la intimidad. Ampara de este modo las actuaciones de la Agencia Tributaria durante las inspecciones.

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(Expansión, 12-04-2024) | Fiscal

La AIReF mejora su previsión y estima que la economía crecerá un 2% este año, con un déficit en el 3% del PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) proyecta que la economía española mantendrá un crecimiento sólido del 2% en 2024, impulsado por el dinamismo del consumo privado y la expansión de la inversión, esta última condicionada al despliegue de las inversiones asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como resultado, la AIReF ha revisado ligeramente al alza, hasta el 5,2%, el crecimiento nominal del PIB, según el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024, publicado hoy en Madrid. Para los años siguientes, la AIReF prevé una convergencia gradual hacia el crecimiento potencial de largo plazo, estimando un crecimiento del 1,5% en 2028. El organismo también anticipa un ajuste anual de alrededor de 9.000 millones de euros durante cuatro años para cumplir con la regla de gasto europea. A medio plazo, la AIReF advierte que el crecimiento convergerá hacia la cifra potencial de alrededor del 1,3%, con el déficit estabilizándose en torno al 3,2% y la deuda pública permaneciendo por encima del 100%. Ante este escenario, serán necesarios ajustes para cumplir con el nuevo marco fiscal europeo, que se reactiva este mismo año, según ha recordado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. La AIReF estima que España incumplirá este año la recomendación europea que limita el gasto del conjunto de Administraciones Públicas, con un incremento del gasto primario neto del 4%, superior al 2,6% exigido por Bruselas. Además, advierte del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto a nivel nacional por parte de la Administración Central, las comunidades autónomas y diez ayuntamientos. El organismo ha señalado que un elevado crecimiento del gasto en 2024 implicaría un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo, en un contexto de elevada deuda, lo que requeriría un mayor ajuste según el nuevo marco fiscal europeo. En este sentido, Herrero ha indicado que España necesitará un ajuste anual de alrededor del 0,63% en cuatro años o del 0,43% anual en siete años, equivalente a unos 6.000-9.000 millones de euros por año. La AIReF prevé una disminución de la deuda pública en 2024 del 1,8 puntos, situándola en el 105,8% del PIB, una mejora respecto a las previsiones anteriores del Gobierno y en línea con las estimaciones del FMI y la Comisión Europea. Sin embargo, proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la ratio de deuda más allá de 2024, estabilizándose en torno al 105% del PIB. En cuanto al déficit, las estimaciones de la AIReF indican que las Administraciones Públicas cerrarán 2024 con un déficit del 3%, que mejorará ligeramente en 2025 (2,9%), pero empeorará tras la retirada de las medidas temporales anticrisis, estabilizándose alrededor del 3,2%. La AIReF calcula el impacto de las medidas anticrisis en 2024 en 4.286 millones de euros, distribuidos entre una minoración de ingresos y un aumento de gasto. En relación a la inflación, la AIReF ha revisado a la baja sus estimaciones para 2024, esperando una tasa del 3,1% en el IPC, mientras que el deflactor del PIB se mantendría en el 3,2%. Se espera una convergencia gradual de este indicador al 2% en los años siguientes, que es la tasa de referencia de la política monetaria.

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(El Periódico, 12-04-2024) | Fiscal

La Airef recomienda reunir la Conferencia de Presidentes autonómicos para debatir los próximos ajustes presupuestarios

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha instado al Ministerio de Hacienda a iniciar de manera decidida los trabajos previos y el diálogo con todas las administraciones públicas de cara al Plan Estructural para el periodo 2025-2028, que todos los Gobiernos deben presentar en Bruselas antes del próximo 20 de septiembre, conforme a las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. El organismo recomienda incluso convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos debido a la envergadura del ajuste presupuestario anticipado para los próximos años, estimado en alrededor de 40.000 millones de euros. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha afirmado este jueves durante la presentación del informe anual sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024, que se necesita realizar un ajuste sobre el escenario inercial. Herrero ha llamado a establecer diálogos bilaterales con cada comunidad autónoma y a organizar reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). Considera oportuno convocar una Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas debido al peso significativo del gasto autonómico en el total del Estado y a la magnitud del ajuste que España tendrá que llevar a cabo en los próximos cuatro años bajo el marco de las nuevas normativas fiscales de la Unión Europea. La AIReF estima que las nuevas reglas fiscales obligarán a las administraciones públicas a realizar un ajuste del 0,63% del PIB anual durante los próximos cuatro años, equivalente a unos 9.900 millones de euros por año con base en el PIB de 2024. El nuevo marco europeo permite extender este ajuste a siete años, sujeto a ciertos compromisos de inversión, lo que requeriría un ajuste anual del 0,43% del PIB, unos 5.600 millones de euros por año durante siete ejercicios, también basado en el PIB de 2024. En total, se prevé un ajuste aproximado de unos 40.000 millones de euros distribuidos en cuatro o siete años. Además, la AIReF ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2024, pasando del 1,7% al 2%, y continúa previendo una reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas, del 3,6% del PIB en 2023 al 3% en 2024. Sin nuevas medidas, se espera un déficit del 2,9% para 2025, y se proyecta que esta cifra se estabilice alrededor del 3,2% del PIB en los años siguientes, por encima del límite del 3% marcado por las normativas fiscales europeas. Respecto a la deuda pública, se anticipa una disminución de su peso en relación al PIB hasta alcanzar el 105,8% en 2024, aunque se prevé que aún se mantendrá en un nivel elevado del 104,3% en 2028, muy por encima del límite del 60% establecido por las normas europeas. La AIReF considera razonable asumir que será necesario realizar ajustes con base en el pronunciamiento de marzo de la Comisión Europea, aunque la cuantía exacta dependerá de la metodología final adoptada. Los cálculos de la Autoridad Fiscal sugieren un ajuste anual del 0,63% del PIB durante los próximos cuatro años (0,43 puntos de PIB si se distribuye en siete años), necesario para cumplir con las especificaciones sobre deuda pública establecidas por el nuevo marco europeo.

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(Cinco Días, 11-04-2024) | Fiscal

Si Hacienda embarga una cuenta bancaria, el ciudadano debe demostrar que el dinero no se puede confiscar

El Tribunal Supremo ha emitido un fallo sobre los embargos realizados por la Agencia Tributaria sobre el saldo de cuentas bancarias de los contribuyentes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona y ha establecido que, en los casos en que Hacienda embargue el saldo de una cuenta, es responsabilidad del ciudadano demostrar que el dinero incautado no es embargable. La sentencia, que puede consultarse aquí, revoca una decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona que, sin realizar una investigación suficiente, asumió que el dinero ingresado en una cuenta bancaria provenía exclusivamente de una pensión, cuyas cantidades no pueden ser embargadas por ley. Según los hechos recogidos en la sentencia, la contribuyente recibía únicamente una pensión no contributiva por invalidez de 402 euros al mes. Transfería periódicamente estas cantidades desde la cuenta donde se ingresaba la pensión a otra cuenta para uso personal. La Diputación de Barcelona emitió una orden de embargo de 350 euros por infracciones relacionadas con el uso del transporte público en 2019. Después de revisar los movimientos bancarios de la cuenta embargada, la Administración observó abonos que no correspondían a los ingresos de la pensión y procedió al embargo. Según la ley tributaria, todo saldo que no provenga de un salario o una prestación de la Seguridad Social puede ser objeto de embargo. Para anular el embargo, la mujer afectada argumentó que el saldo era inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). El juzgado de Barcelona falló a favor de la mujer, dictaminando que la cuenta no podía ser embargada porque el saldo estaba por debajo del mínimo necesario para subsistir. Sin embargo, el Tribunal Supremo sostiene en su resolución que antes de determinar la legalidad de un embargo, es necesario investigar a fondo el origen del dinero. Los magistrados del Tribunal Supremo reprochan al juez de Barcelona por no investigar si en la cuenta de la contribuyente había cantidades embargables de otros ingresos, como dinero ingresado en efectivo. Según el alto tribunal, la resolución del juez mostró indiferencia hacia el origen del saldo embargado, esencial para determinar si provenía exclusivamente de la pensión o incluía otros ingresos embargables. Por lo tanto, el Supremo ha estimado el recurso del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona y ha ordenado el embargo de la cuenta de la contribuyente, al quedar demostrado que el saldo no proviene exclusivamente de la pensión, sino que incluye otros ingresos considerados ahorros y, por lo tanto, embargables.

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(Expansión, 11-04-2024) | Fiscal

Hacienda evita acometer la actualización del gravamen a la Renta pedida por el Congreso

El Gobierno no accederá a la petición mayoritaria del Congreso de los Diputados de ajustar el IRPF con la inflación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desestimó ayer la solicitud respaldada por la mayoría parlamentaria el martes, incluida la del líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, para implementar esta medida. El Ejecutivo defiende su propia reducción fiscal para las rentas bajas en lugar de seguir las vías de deflactación que han aplicado la mayoría de las comunidades autónomas, a pesar de que estas estiman que la recaudación del Impuesto sobre la Renta aumentará este año más de un 10% y alcanzará un nuevo récord. Feijóo instó a Sánchez a cumplir el mandato del Congreso para reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, haciendo referencia a la proposición no de ley del PP para ajustar el IRPF y compensar el efecto de la inflación acumulada desde febrero de 2021. Esta proposición fue aprobada con 169 votos a favor de PP y Vox, frente a 160 en contra, con 14 abstenciones, incluidas las de socios habituales del Ejecutivo de coalición como el PNV, partidario de la deflactación, BNG o Junts. Sánchez respondió a Feijóo destacando que su Gobierno ya ha aplicado la mayor rebaja del IRPF para las rentas bajas y medias. Hizo referencia a la reducción de la presión fiscal aprobada el año pasado para rentas de hasta 21.000 euros anuales y a la exención total para los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional proyectado para este año. El Gobierno ha optado por esta estrategia en lugar de la deflactación para evitar una subida fiscal encubierta debido a la falta de actualización del impuesto con el avance de precios y salarios. A pesar de las demandas, Hacienda se ha negado a la deflactación argumentando que beneficia a todas las rentas, incluidas las más altas, y que es preferible realizar rebajas específicas que no afecten significativamente a los recursos públicos. Aunque la recaudación fiscal ha alcanzado niveles históricos, el Gobierno sigue manteniendo su postura. Solo el IRPF generó 120.280 millones en 2023, 11.000 millones más que el año anterior, y se espera que 2024 marque otro récord. Las comunidades autónomas prevén un aumento del 10,4% en su recaudación conjunta por IRPF este año, lo que apunta a una sobrerrecaudación potencial significativa.

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(Expansión, 11-04-2024) | Fiscal

Montero prevé ahorrar 5.200 millones a rentas bajas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que este Gobierno ha implementado la mayor reducción de impuestos en la historia de España en beneficio de la mayoría social. En sus declaraciones, Montero criticó al PP por haber aprobado la mayor subida tributaria del país durante el Gobierno de Mariano Rajoy, incluyendo una "amnistía fiscal para defraudadores y políticos". Según Montero, las rebajas del IVA en alimentos, luz, gas y otros productos energéticos han representado un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias, a los que se suman otros 5.000 millones de euros en la reducción del IRPF para las rentas bajas. Oficialmente, el Gobierno calculó que la rebaja del IRPF en 2023 (reduciendo los rendimientos del trabajo para salarios de hasta 21.000 euros e incrementando el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros) ahorraría 1.881 millones a las rentas bajas, y eximir del IRPF a los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional de este año (1.134 euros en 14 pagas) reduciría las retenciones en cerca de 1.400 millones. Los cálculos oficiales del Gobierno, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, detallan estas cifras y su proyección. Se estima que la rebaja para rentas de hasta 21.000 euros redujo el volumen de retenciones de IRPF en 1.726 millones en 2023, y se prevé que este impacto aumente a 2.380 millones en 2024. Por otro lado, el nuevo mínimo exento reducirá otras 1.067 millones este año, resultando en un ahorro total de 5.213 millones en los dos ejercicios, cifra mencionada por Montero. Además, las proyecciones del Ejecutivo indican que el nuevo marco fiscal reducirá las retenciones en otros 3.000 millones durante el ejercicio 2025, debido al efecto de elevar el mínimo exento a 15.876 euros al año.

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(Expansión, 10-04-2024) | Fiscal

Hacienda podrá embargar a los empresarios pese a estar incapacitados legalmente

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado el derecho de la Agencia Tributaria (AEAT) para embargar activos de contribuyentes cuando estos están registrados a nombre de una sociedad, incluso si el contribuyente está incapacitado legalmente por motivos de salud. El Supremo fortalece la capacidad de la Administración para actuar contra el patrimonio de una empresa perteneciente a un contribuyente, sin que el procedimiento de cobro se dirija directamente contra la sociedad, a pesar de la incapacidad legal del afectado. El tribunal superior examinó la legalidad de un embargo llevado a cabo por la Agencia Tributaria sobre los bienes inmuebles de una sociedad debido a deudas de uno de sus propietarios. Este contribuyente afectado, quien controlaba la sociedad junto con su esposa e hijos, fue declarado legalmente incapaz por un deterioro cognitivo severo que afectaba su vida diaria y patrimonio. Su hijo fue nombrado tutor legal. Los familiares argumentaron que el embargo representaba una "disolución del velo corporativo", insinuando que el padre incapacitado aún controlaba la sociedad y tenía deudas con Hacienda, lo cual consideraban imposible debido a su incapacidad. Afirmaban que la restricción de la capacidad de la sociedad para disponer de sus activos había afectado negativamente su funcionamiento comercial normal. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó estos argumentos y destacó las relaciones familiares que unían al afectado con los demás accionistas que controlaban la sociedad. Los magistrados afirmaron que la incapacidad del recurrente no excluía su capacidad de control efectivo a través de sus participaciones y las de sus familiares directos. El Tribunal señaló que "no se niega la incapacidad del afectado, sino que se evalúa el control efectivo que ejerce a través de sus participaciones, junto con las de sus familiares directos (cónyuge e hijos, uno de los cuales es su representante legal), sobre la sociedad". Según el Tribunal, es irrelevante que este control sea ejercido por su representante legal, quien también forma parte del círculo familiar que controla la sociedad. Este fallo establece una doctrina que permite a la Administración tributaria prohibir la disposición de bienes inmuebles de una sociedad, incluso si el procedimiento de cobro se dirige inicialmente contra la persona física del contribuyente, siempre que este tenga la capacidad de ejercer control sobre la sociedad, conforme al artículo 42 del Código de Comercio.

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(Expansión, 10-04-2024) | Fiscal

600.000 jubilados ingleses comenzarán a pagar IRPF

El monto de la pensión pública para los jubilados británicos aumentó el pasado lunes un 8,5%, pero muchos se preguntan si, descontando la inflación, terminarán recibiendo más o menos dinero. La respuesta es negativa para unos 600.000 pensionistas británicos, quienes comenzarán a pagar impuestos este año fiscal porque han superado el umbral a partir del cual deben empezar a abonar el impuesto sobre la renta (income tax), equivalente al IRPF en España. No es que las pensiones británicas sean muy generosas. Si se recibe el 100% de la pensión pública, el monto ascenderá a 11.502 libras (13.412 euros) al año, frente a los 17.521 euros de media en España. De hecho, muchos británicos complementan estos ingresos con alguna forma de pensión privada. El problema radica en la congelación del umbral a partir del cual se debe rendir cuentas a Hacienda, situado en 12.570 libras. Si alguien recibe únicamente la pensión pública, seguirá sin pagar impuestos por esta vía. Pero más de medio millón de personas reciben otros ingresos y darán el salto en el nuevo ejercicio fiscal que ha comenzado en el Reino Unido en abril, y deberán pagar un impuesto marginal del 20%. Como resumía recientemente un columnista, "lo que se da por una parte, se quita por otra". Las pensiones en el Reino Unido se revalorizan con el mejor de los siguientes factores: la subida de los salarios, la inflación o el 2,5%. Primero el IPC, que llegó a superar el 11% a principios de 2023, y ahora los salarios, con aumentos en torno al 6%, han contribuido a elevar el monto de las pensiones y a encender las alarmas por el gasto que suponen. El aumento de jubilados que pagarán impuestos también se explica, en parte, por la reducción de los beneficios fiscales para parejas casadas, donde uno de los cónyuges puede compensar ingresos si el otro está por debajo del umbral mínimo. Este problema no es nuevo y no terminará a corto plazo. En los próximos cuatro años, 1.6 millones de jubilados británicos deberán empezar a pagar impuestos, de un total de 9.3 millones de personas mayores de 66 años que en 2028 pagarán el IRPF en un país donde se analizan diariamente datos económicos para prever si el Gobierno podrá reducir impuestos o no. Además, bajo el gobierno conservador, la cantidad de pensionistas que han tenido que empezar a pagar IRPF ha aumentado de 4,9 millones en 2010 a 8,5 millones en la actualidad. El político que congeló los tramos de los impuestos marginales fue Rishi Sunak, en su etapa como ministro de Economía, quien confía en su reelección en las próximas elecciones a un "milagro". Sin embargo, no todo es negativo si se observa a largo plazo, como ha hecho la Resolution Foundation, un think tank. Si bien las diferentes medidas anunciadas desde 2019 -especialmente la congelación de los tramos impositivos durante seis años- han significado una pérdida o menor ingreso promedio de 900 libras por pensionista, si se analiza la evolución desde 2010, este grupo ha mejorado su poder adquisitivo en mil libras, gracias principalmente al blindaje del sistema de revalorización.

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(El País, 10-04-2024) | Fiscal

La Cámara Baja apoya la propuesta no vinculante del PP para deflactar "al menos" los tres primeros tramos de Renta

El Parlamento aumentó significativamente la presión sobre Hacienda para ajustar el IRPF a la inflación. La mayoría del Congreso de los Diputados respaldó una proposición no de ley del PP que solicita la deflactación de "al menos" los tres primeros tramos de la escala estatal del impuesto, para compensar las rebajas de 2.340 millones de euros ya aplicadas por las comunidades autónomas para contrarrestar el aumento de los precios. Aunque la iniciativa no tiene carácter vinculante, refleja que incluso socios habituales del Gobierno de coalición apoyan una medida a la que Hacienda se opone frontalmente, argumentando que también beneficia a rentas altas, y que contrapone su propia rebaja de 1.880 millones dirigida a contribuyentes de menor poder adquisitivo. La proposición no de ley presentada por el PP insta específicamente a "deflactar el IRPF, modificando al menos los tres primeros tramos, así como los mínimos personales y otras deducciones, para compensar en este impuesto el efecto de una inflación acumulada desde febrero de 2021 que ya alcanza el 17%". También hace un llamado a "ajustar las retenciones para que el alivio fiscal a las familias sea inmediato". De los 343 votos emitidos, la iniciativa recibió 169 votos a favor del PP y Vox, 160 en contra y 14 abstenciones, con el apoyo de PNV, BNG y Junts al no oponerse. El texto fue aprobado sin la enmienda de Vox que pedía una deflactación generalizada y la simplificación del impuesto a solo dos tramos (con tasas del 15% a partir de 22.000 euros y del 25% a partir de 70.000 euros, con una reducción de cuatro puntos por hijo). El PP fundamentó su solicitud en la necesidad de combatir la denominada "progresividad en frío", que se produce cuando el impuesto no se actualiza en función del avance de precios y salarios, lo que puede llevar a que un trabajador cuyo salario aumente vea agravada la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y a un aumento en su factura tributaria. El texto también destaca que "casi todas" las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, han realizado ajustes en el tramo autonómico del IRPF para compensar esta "subida invisible de impuestos" causada por la inflación, que afecta el poder adquisitivo de las familias. Según datos proporcionados por el propio Gobierno central en el último Plan Presupuestario enviado a Bruselas, estas reducciones en el IRPF a nivel autonómico supondrán un ahorro de impuestos de 2.342 millones de euros para los hogares españoles: 613,4 millones en 2023 y 1.728,6 millones en 2024. La propuesta del PP defiende que este alivio fiscal proporcionado por las comunidades autónomas debe complementarse con un ajuste equivalente a nivel estatal, considerando que el Gobierno central ha sido el principal beneficiario de la elevada inflación, alcanzando una recaudación récord en 2022, superada después por los 271.935 millones de 2023. En el año pasado, el aumento de la recaudación del IRPF fue de 10.800 millones, y en solo los dos primeros meses de 2024 se han recaudado cerca de 1.700 millones más que en el inicio de 2023. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, denunció que "los contribuyentes no están ganando más, pero están pagando mucho más en impuestos", al defender la iniciativa y recordar que Hacienda ha recaudado 37.000 millones más en IRPF que en 2019. Bravo instó al PSOE, principal partido del Gobierno de coalición, a aplicar la deflactación del impuesto en todo el territorio nacional, siguiendo la medida que el PNV ha implementado en el País Vasco.

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