(Expansión, 01-07-2025) | Fiscal
La contribución fiscal de las empresas en España alcanza el 17,8% del Producto Interior Bruto (PIB), superando ampliamente la media europea del 14,8%. Esta cifra no incluye los impuestos que las compañías recaudan y transfieren en nombre de terceros. España se posiciona así entre los países de la OCDE y de la Unión Europea con mayor dependencia de la recaudación empresarial. Según el informe Competitividad fiscal empresarial 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, el 48,8% de toda la recaudación tributaria del país se canaliza a través del tejido empresarial.
Este nivel de dependencia, tres puntos por encima de la media de la UE, es considerado por los autores del informe como un obstáculo estructural en un contexto global en el que los países compiten fiscalmente para atraer capital, talento y actividad económica. Además, en España la presión fiscal sobre el Excedente Bruto de Explotación se sitúa en un elevado 41,6%, frente al 31% promedio entre los países de la OCDE. España se convierte así en el cuarto país tanto de la Unión Europea como de la OCDE que más carga fiscal impone sobre sus empresas. Junto con los Países Bajos, es además uno de los países en los que más ha aumentado esta presión entre 2013 y 2023. A esto se suma el hecho de que las empresas no solo soportan impuestos directamente, sino que también actúan como intermediarias recaudadoras de tributos como el IVA o las retenciones del IRPF sobre las nóminas de sus empleados.
El informe también incluye en el cálculo las cotizaciones sociales que corresponden al trabajador pero que la empresa ingresa a la Seguridad Social. Aunque estas no son estrictamente impuestos, las compañías asumen la responsabilidad de su gestión, como si lo fueran. Al sumar estos conceptos -impuestos recaudados y transferidos en nombre de terceros más dichas cotizaciones-, el 39,75% de los ingresos fiscales del Estado pasan por las empresas, sin ser ellas necesariamente las pagadoras finales.
Tal como señala el estudio, aunque la carga de muchos impuestos recae en los trabajadores o consumidores, son las empresas quienes soportan los costes de gestión y cumplimiento, una carga que a menudo no se refleja en los análisis tradicionales sobre la fiscalidad empresarial.
Sumando este porcentaje al 48,8% correspondiente a los tributos que abonan directamente -como el Impuesto sobre Sociedades, IRPF empresarial, impuestos patrimoniales o gravámenes especiales sobre determinadas actividades-, el informe concluye que el 88,5% del total de la recaudación pública por impuestos y cotizaciones es canalizada a través de las empresas.
Solo tres países de la UE presentan una mayor dependencia fiscal de sus empresas: República Checa (54,65%), Polonia (52,98%) y Eslovaquia (50,43%). Por detrás de España se sitúan Noruega, Bulgaria y Estonia. Esto sitúa a España como uno de los países con mayor presión tributaria sobre el sector empresarial dentro del mundo desarrollado, una situación que, según el IEE, se ha intensificado en la última década.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, España también ocupa una posición destacada, con un tipo medio efectivo ajustado por inflación del 23,3%, por encima del 21,9% de la OCDE y del 19,9% de la UE. Todo esto se produce en un contexto en el que el Gobierno sigue rechazando la posibilidad de deflactar los tramos del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades para ajustarlos a la inflación. Esta negativa, según los expertos, representa una subida impositiva encubierta, provocada por lo que denominan "progresividad en frío".
El IEE advierte que esta elevada carga fiscal empresarial está afectando a la competitividad de las compañías españolas, cuyos beneficios son más bajos que los de sus homólogas europeas. Este diagnóstico es compartido por organismos como el Banco Mundial, que en un informe reciente señala que tanto la carga fiscal como el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones tributarias están actuando como frenos para la innovación en el país.