Noticias

(Expansión, 19-04-2024) | Fiscal

El debate de la armonización fiscal de IVA y Sociedades divide a los líderes europeos

Los líderes de los Veintisiete debatieron las propuestas del 'informe Letta', el cual aboga por abordar la "fragmentación fiscal" en la UE mediante la creación de una base imponible común para el Impuesto de Sociedades, así como la homogeneización del IVA y los Impuestos Especiales. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la armonización fiscal, a pesar de la oposición de países como Irlanda. Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de fortalecer el mercado único europeo para competir con las economías estadounidense y china, este objetivo se vio desafiado durante el Consejo Europeo extraordinario en Bruselas debido a diferencias en torno a propuestas como la supervisión bursátil centralizada y la armonización fiscal. El informe identifica la "fragmentación fiscal" como uno de los principales obstáculos y aboga por una mayor homogeneización en áreas clave como el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales. Estas propuestas fueron respaldadas por países como España pero cuestionadas por estados con menor presión fiscal, como Irlanda, lo que impidió llegar a un consenso en este punto. Pedro Sánchez expresó su decepción al afirmar que hubiera preferido unas conclusiones más ambiciosas en relación con la armonización fiscal. Destacó que España siempre ha abogado por la profundización del mercado único, y considera que la armonización fiscal es fundamental para este propósito. En contraste, algunos países, como Irlanda, Luxemburgo y Estonia, defendieron la importancia de mantener cierto margen de actuación en materia fiscal para ofrecer ventajas competitivas a las empresas frente a otros territorios. El informe Letta enfatiza que un marco fiscal armonizado en la UE es esencial para facilitar la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, así como para respaldar el crecimiento y la inversión privada. Insta a realizar reformas tributarias sistémicas que promuevan condiciones equitativas de competencia, evitando la competencia fiscal perjudicial y fomentando la productividad. El proyecto de establecer una base imponible común en el Impuesto de Sociedades para los Veintisiete se basa en la experiencia del tipo mínimo global societario del 15% adoptado por la Unión Europea en el marco de acuerdos internacionales. Además, el informe plantea la necesidad de eliminar barreras fiscales en inversiones transfronterizas, modernizar el IVA y abordar el fraude fiscal, entre otras medidas. El informe Letta aboga por una mayor integración fiscal en la UE para promover un mercado único más robusto y equitativo, aunque persisten diferencias entre los Estados miembros respecto a la dirección a seguir en este ámbito.

LEER MÁS

(El Economista, 19-04-2024) | Fiscal

Hacienda ya ha devuelto 1.170 millones a los contribuyentes por la Renta

Un total de 2,1 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según los datos de este lunes facilitados por la Agencia Tributaria, y a los que elEconomista.es ha tenido acceso, el importe total de estas devoluciones alcanza los 1.170 millones de euros. Según la información proporcionada por el fisco, un total de 4,7 millones de contribuyentes han cumplido con sus obligaciones y presentado sus respectivas declaraciones del IRPF. De ese total, se han emitido 3,7 millones de solicitudes de devolución, de las cuales aún quedan por ingresar en cuenta bancaria 1,6 millones de solicitudes. Las previsiones de Hacienda estiman que un total de 23,2 millones de personas presentarán la declaración de la Renta. La campaña comenzó el 3 de abril con la apertura del plazo para presentaciones telemáticas. Por otro lado, el 7 de mayo se abre el plazo para presentar las declaraciones de forma telefónica y el 3 de junio será el turno para aquellos que deseen solicitar cita para presentarla de manera presencial en una oficina de la Agencia Tributaria. El plazo límite para presentar las declaraciones con resultado a ingresar en cuenta bancaria es el 26 de junio. El 1 de julio será la fecha límite para todas las personas físicas que deseen o estén obligadas a presentar la declaración de la renta en cualquier modalidad. Por último, la Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de enero de 2024 para ingresar las cantidades a devolver en las cuentas de los contribuyentes. A partir de esa fecha, Hacienda está obligada a pagar intereses de demora por no haber realizado la devolución solicitada por parte del contribuyente a tiempo. En el ejercicio de 2022, estos intereses eran del 3,75%, mientras que para el ejercicio actual de 2023 han ascendido al 4,06%.

LEER MÁS

(El Confidencial, 19-04-2024) | Fiscal

Cómo deben tributar su patrimonio los ricos de Madrid para evitar problemas con Hacienda

Los patrimonios con más de tres millones de euros que residen en la Comunidad de Madrid estarán sujetos este año, por primera vez en mucho tiempo, al Impuesto sobre el Patrimonio. De esta manera, evitarán tener que pagar la cuota del Impuesto sobre las Grandes Fortunas establecido por el Gobierno de Sánchez. No obstante, deben realizar la declaración con precaución para evitar problemas con la Agencia Tributaria. El borrador no contempla los últimos cambios en la normativa madrileña, por lo que es responsabilidad del contribuyente incorporarlos, tras la activación del Impuesto sobre el Patrimonio por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para suplantar la tributación que Hacienda recaudaría de otro modo sobre los patrimonios superiores a tres millones mediante el Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF). El plazo para presentar la declaración de Patrimonio ante la Agencia Tributaria (AEAT), aunque sea cedida a las comunidades autónomas, coincide con el de la Renta. Es decir, inició el 1 de abril y finaliza el 30 de junio. Sin embargo, el borrador sugiere una bonificación del 100% para los contribuyentes de Madrid, lo cual es incorrecto. De hacerlo así, podrían enfrentarse a reclamaciones tanto de la Hacienda madrileña como de la estatal a través del IGF. El formulario que se debe completar es el 714, el cual este año ha incorporado nuevos apartados para deducciones y bonificaciones específicas de Galicia, Andalucía y Madrid. Estas se visualizan al hacer clic en las casillas 48 y 50 del apartado "deducciones y bonificaciones autonómicas". En el caso de Madrid, el Gobierno de Ayuso estableció que los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones deben tributar por su patrimonio para eliminar el IGF, tras el fallo del Constitucional que validó el nuevo impuesto. El diseño renovado del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid incluye una bonificación que representa la diferencia entre la cuota íntegra de Patrimonio y la del IGF. De esta forma, el Gobierno madrileño ha evitado aumentar la carga fiscal a los contribuyentes beneficiados debido a un error de Hacienda al crear el IGF, mediante el cual los grandes patrimonios podían ahorrar hasta un 80% en tributación al aplicar la cuota de Patrimonio, incluso si estaba bonificada al 100%, como parte del escudo fiscal. Esto implica que las cuotas de Patrimonio, IGF e IRPF no pueden superar el 60% de la base imponible de la Renta, con una reducción máxima del 80%. Por ello, Hacienda ha tenido dificultades con la recaudación al ingresar 623 millones, un 58% menos de lo previsto. El Gobierno estableció que los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones deben tributar por su patrimonio para eliminar el IGF. Sin embargo, el borrador de Patrimonio no incluye la cuota del IGF. Este borrador solicita al contribuyente datos para calcular deducciones y bonificaciones, pero es el contribuyente quien debe incorporar manualmente el IGF en la casilla 200 para luego sumar las casillas 48 y 50. Si no se realiza este ajuste, según fuentes de la Agencia Tributaria, el programa emitirá una advertencia. Además, el manual de presentación del impuesto señala que los grandes contribuyentes suelen delegar esta tarea en asesores fiscales. La declaración del IGF se realiza en julio, por lo que hasta entonces no se puede calcular mediante el borrador la cuota a abonar, ya que se presenta fuera del plazo de presentación de Patrimonio. Una alternativa que algunos asesores fiscales están considerando es simular la cuota con el modelo 718, correspondiente al Impuesto sobre Grandes Fortunas del año anterior. No obstante, fuentes de la AEAT informan que la agencia está trabajando para ofrecer a los contribuyentes, antes de lo previsto, un borrador del IGF. El objetivo es permitir que los grandes patrimonios o sus asesores puedan simular la cuota a efectos informativos y presentar correctamente la declaración de Patrimonio. Es importante tener en cuenta que el IGF, al superponer la tributación sobre Patrimonio y reflejar la base imponible de este último, permite deducir lo pagado por riqueza a nivel autonómico para evitar la doble imposición. Por lo tanto, si la tributación por Patrimonio no se realiza correctamente, los grandes contribuyentes podrían tener que presentar el IGF o enfrentarse a inspecciones por parte de las haciendas autonómicas o estatales. Una vez realizado el cálculo, al incluir la cuota de IGF, el programa transferirá el importe de la deducción o bonificación (una única casilla) a la casilla del Impuesto sobre el Patrimonio. El programa Patrimonio Web asiste en este proceso. En la Comunidad de Madrid, por lo tanto, la cuota de IGF se incluye en la casilla 200. En Galicia, donde existía una bonificación del 50% en Patrimonio que ha sido eliminada para recaudar completamente, se requiere la cuota del IGF en la casilla 210. Mientras que en Andalucía, donde el contribuyente puede optar entre tributar por Patrimonio o por IGF, si elige la primera opción debe incluir la cuota del segundo en la casilla 200.

LEER MÁS

(El Periódico, 10-04-2024) | Fiscal

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) afloró el año pasado 286 millones de euros

Los datos del plan de prevención contra el fraude 2023-2026 muestran que la cantidad aflorada es casi idéntica a la del año 2022 (294 millones de euros). En el primer año de implementación de este plan, se llevaron a cabo 54.544 actuaciones, lo que representa un aumento del 7% con respecto a 2022, según explicó Marta Espasa, secretaria de Hacienda de la Generalitat. La detección de cambios ficticios de domicilio fiscal alcanzó los 12 millones, considerablemente menor que los 50 millones del año 2022, luego de realizar un total de 200 requerimientos. De esta cantidad total, 2,1 millones corresponden a la simulación de residencia en otras comunidades autónomas, principalmente en Madrid; y 9,9 millones a otros países, sobre todo en Andorra; que involucraron a un total de 27 contribuyentes. De estos, 15 corresponden a deslocalizaciones a otras autonomías y 12 a países extranjeros. Además, se identificaron bienes no declarados en el extranjero por un total de 1,6 millones en 18 liquidaciones. Natàlia Mas, consellera de Economía, ha recordado que algunos estudios estiman un nivel de fraude entre el 15% y el 20%, afectando de manera significativa al estado del bienestar y a la función redistributiva que debe cumplir la administración. Mas también aprovechó para señalar que la presión fiscal en Catalunya está por debajo de la media europea, en respuesta implícita a las afirmaciones recientes de Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment del Treball, sobre la elevada carga fiscal en la comunidad. En el año anterior, la hacienda catalana realizó 24 liquidaciones por deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, la mitad que en 2021, pero por un importe casi duplicado, llegando a casi 50 millones. En total, hubo 10 liquidaciones generadas por simular cambios de residencia a otras autonomías, principalmente a Madrid, que sumaron 4,5 millones de euros; y 14 hacia el extranjero, generando 45 millones. En 2021, se llevaron a cabo 45 liquidaciones que totalizaron 28,7 millones, de las cuales 20 fueron por cambios ficticios a otras comunidades autónomas (1.289 millones) y 25 al extranjero (27,5 millones). El 42% del fraude se concentró en el impuesto de sucesiones y donaciones, alcanzando los 121 millones, seguido por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que gravan, entre otros, la compraventa de viviendas de segunda mano, con 84 millones. Finalmente, el impuesto sobre el patrimonio sumó 76 millones. El área de inspección fue la más efectiva en la detección de fraude, concentrando el 48% del total, seguida por gestión con el 39% y recaudación con el 13%. El plan de acción de la ATC incluye 68 medidas relacionadas con la concienciación fiscal, transparencia y la detección y corrección del fraude fiscal, entre otras áreas.

LEER MÁS

(El País, 19-04-2024) | Fiscal

Movilizaciones en Hacienda en plena campaña de la renta

El personal de la Agencia Tributaria ha convocado su primera movilización para exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales el próximo 8 de mayo frente a la Dirección General de la Agencia Tributaria en Madrid, tal como habían anunciado el pasado 3 de abril al iniciar la campaña de la Renta. Los sindicatos convocantes, CCOO, SIAT, UGT, CSIF y CIG, han comunicado este jueves a través de un comunicado que si la Agencia Tributaria no responde a sus demandas, ampliarán las movilizaciones y no descartan iniciar una huelga durante la campaña de la Renta, la cual comenzó el 3 de abril y concluirá el 1 de julio. Los empleados solicitan poner fin al bloqueo para reactivar el acuerdo sobre la carrera profesional, pendiente desde 2007. "Estamos en conflicto para demandar justicia salarial en la Agencia Tributaria. En los últimos seis años, la dirección se ha centrado en congelar la negociación colectiva mientras aumentaba discrecionalmente las retribuciones de los que más ganan. En 2023, la Agencia Tributaria contaba con 1.265 empleados del grupo A1, que reciben los complementos específicos más altos de toda la Administración General del Estado", denuncian los sindicatos. "Exigimos retribuciones justas y equitativas para todos los trabajadores de la Agencia Tributaria. Queremos renegociar todos los complementos específicos del personal funcionario para lograr un equilibrio entre el complemento más alto (69.497,26 euros) y el más bajo (4.568,90 euros), estableciendo un escalonamiento proporcional dentro de cada subgrupo y entre subgrupos, así como unas retribuciones equivalentes para el personal laboral", señalan. Además, también reclaman el desarrollo del teletrabajo; la negociación del servicio de atención telefónica anunciado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero; y mejoras en las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, aumentando los recursos materiales y humanos y catalogando este destino como profesión de riesgo tras los trágicos sucesos en Cádiz.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 19-04-2024) | Fiscal

El PP propone deducir el 100% del IRPF a los propietarios que alquilen viviendas vacías con contratos de larga duración

El Partido Popular presentó el jueves una serie de 16 medidas destinadas a fomentar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado. Entre ellas se incluye una deducción del 100% en el IRPF para todos los propietarios que alquilen viviendas vacías que hayan estado desocupadas durante más de dos años, siempre y cuando se arrienden como residencia habitual a personas menores de 35 años durante un período mínimo de tres años. Estas propuestas están contempladas en el 'Plan + Vivienda', que fue anunciado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Además de estas medidas, la estrategia del PP, que será presentada en el parlamento, busca ampliar la disponibilidad de suelo para construcción de viviendas, promover la creación de pisos de alquiler a precios asequibles, facilitar ayudas a los jóvenes para fianzas de alquiler, mejorar el acceso a hipotecas y aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas. En primer lugar, el documento del PP hace hincapié en los jóvenes, quienes "se ven especialmente afectados por la escasez de viviendas asequibles". Los populares destacan que, debido a esta situación, la edad media de emancipación de los jóvenes se ha elevado hasta los 30,3 años, cifra que es cuatro años superior al promedio europeo. Ante esta problemática, el PP propone utilizar "fórmulas de colaboración público-privada" similares a las implementadas por sus comunidades autónomas para "generar viviendas en alquiler a precios asequibles". Asimismo, aboga por respaldar las fianzas de alquiler para jóvenes con ingresos medios y bajos, y facilitar el acceso a préstamos hipotecarios mediante avales u otras garantías que faciliten la concesión de créditos. Por otro lado, el PP plantea la posibilidad de bonificar el 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las cantidades transferidas entre familiares destinadas a la compra de la primera vivienda. Además, desde la perspectiva del propietario, proponen la aprobación de seguros contra impagos de alquiler para mitigar los riesgos asociados a posibles incumplimientos de pago. El plan del PP también denuncia que los precios de alquiler son "prohibitivos" bajo la legislación actual y sostiene que la producción de viviendas ha disminuido en un 86% desde su máximo histórico en 2006. El partido indica que se necesitarían aproximadamente 761,000 nuevas viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años para satisfacer la demanda actual. Además, señala que España se sitúa en el quinto puesto más bajo de la Unión Europea en cuanto a vivienda social, representando solo el 2,5% del total de viviendas principales, en comparación con el 9,3% de promedio en la UE. Por lo tanto, el PP busca "aprovechar al máximo todo el suelo disponible", simplificar los trámites burocráticos relacionados con la planificación y gestión urbanística, proporcionar seguridad jurídica en materia de ordenación urbanística y alquiler, promover una industria de rehabilitación que modernice y haga más habitables las viviendas, y aprobar incentivos fiscales como la bonificación en el IRPF para convencer a los propietarios de poner sus viviendas en el mercado de alquiler en lugar de imponerles obligaciones.

LEER MÁS

(Cinco Días, 18-04-2024) | Fiscal

El FMI empeora una décima su previsión de déficit para España y pide más esfuerzo fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado ligeramente sus estimaciones sobre el déficit de España para el presente año y proyecta que cerrará en el 3,1 %, una décima más de lo previsto en octubre pasado. En su nuevo informe de vigilancia fiscal (Monitor Fiscal) publicado este miércoles, el FMI ha revisado al alza las previsiones de déficit de España para los próximos años. Para 2025, estima un déficit del 3 %, cuatro décimas menos que su proyección anterior. Para el año 2026, el FMI ahora prevé un déficit del 3,2 % (dos décimas menos), mientras que para 2027 lo sitúa en el 3,3 % (una décima menos), y para 2028 y 2029 lo estima en el 3 %. En términos globales, el informe del FMI advierte que, a pesar de un ajuste fiscal mundial gradual en 2024, existen riesgos de desviaciones fiscales especialmente agudos durante este "gran año electoral", con elecciones en numerosos países. También señala que las economías avanzadas con poblaciones envejecidas deben concentrarse en contener las presiones del gasto en salud y pensiones mediante reformas. El informe, presentado en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, eleva las proyecciones de deuda para España este año, hasta el 106,3 % del PIB (frente al 104,7 % calculado en octubre), y exhorta al gobierno de Pedro Sánchez a realizar mayores esfuerzos para reducir la deuda pública. "Reducir de forma significativa la elevada deuda pública requeriría esfuerzos fiscales más ambiciosos", señaló Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Presupuestarios del FMI, en una entrevista con EFE. Gaspar indicó que aunque la deuda en España sigue siendo alta, ha mostrado una tendencia a la baja desde 2021 debido a los sólidos ingresos fiscales y una inflación persistente que ha contribuido a una reducción constante. Aunque se espera una disminución continua, el FMI ha aumentado también las proyecciones de deuda para 2025, año en el que alcanzará el 104,9 % del PIB (frente al 103,9 % anteriormente estimado). "A pesar de la mejora en las finanzas públicas, la deuda pública sigue siendo alta y se prevé que se mantenga estable en torno al 104 % del PIB para 2029", destacó Gaspar. El FMI considera que, dado que España está operando "cerca de su capacidad máxima" y está beneficiándose de las subvenciones de los fondos Next Generation de la Unión Europea, la expectativa del Fondo de una reducción anual de 0,6 puntos porcentuales del PIB es manejable. En su informe de perspectivas de crecimiento mundial publicado recientemente, el FMI indicó que España será la economía que más crecerá entre las cuatro mayores de la zona euro, con un 1,9 % en 2024, cuatro décimas más de lo estimado en sus previsiones anteriores.

LEER MÁS

(Expansión, 18-04-2024) | Fiscal

La Justicia lleva al Constitucional el golpe fiscal a las empresas por los pagos fraccionados

Los jueces han remitido al Tribunal Constitucional (TC) la controversia fiscal relacionada con los pagos fraccionados de las empresas en el Impuesto sobre Sociedades (IS). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre estos pagos a cuenta por considerar que vulneran el principio de capacidad económica. Los magistrados observan una "desconexión" con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Esta es la información confirmada por el TSJ en dos decisiones notificadas recientemente en dos casos diferentes bajo la representación legal del equipo de litigios tributarios de Cuatrecasas. El Tribunal Superior de Justicia ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la Disposición adicional 14ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Según su criterio, el TSJ considera que esta disposición podría entrar en conflicto con el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española. "Antes de la implementación de la Disposición adicional 14ª de la Ley del IS, existía una coherencia total entre los pagos fraccionados y el importe final del impuesto, dado que ambos se calculaban sobre la misma base, es decir, la base imponible del IS, definida como el resultado contable ajustado por las diferencias temporales y permanentes, y la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores", destacan Salvador José Llopis Nadal, socio del equipo de litigios tributarios de Cuatrecasas, y Rubén Díez Esclapez, abogado del mismo departamento. "Esta armonía se rompió con la introducción de esta Disposición Adicional", añaden. Los dos abogados especializados explican que además de elevar el tipo de gravamen de los pagos fraccionados para las grandes empresas, pasando de manera general del 17% al 24%, acercando así la carga tributaria al importe final, esta normativa también estableció un pago fraccionado mínimo del 23% sobre el resultado contable y no sobre la base imponible. "En la práctica, aunque estos pagos fraccionados se descuenten de la cuota a pagar del IS, el nuevo método de cálculo implica un significativo anticipo de recaudación para el Estado, actuando como un préstamo sin intereses a expensas de la tesorería de las empresas, y lo que es más grave, sin tener en cuenta la verdadera capacidad económica de las empresas, que, recordemos, se determina según la base imponible y no según el resultado contable", señalan los dos abogados. "El volumen de facturación no necesariamente refleja el beneficio obtenido", concluyen. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana expresa dudas sobre la constitucionalidad de esta disposición. "La capacidad económica debe medirse según la base imponible, por lo que no puede haber una desconexión excesiva entre esta base y la magnitud utilizada para calcular los pagos a cuenta", indica el auto del TSJ. Respecto al aumento de los tipos de gravamen, afirma que se trata de una medida que "carece de una justificación y motivación adecuadas". Es la segunda vez que esta disposición llega al Tribunal Constitucional. La medida se introdujo por primera vez en el ordenamiento fiscal español a través del Real Decreto-ley 2/2016. En julio de 2020, el TC declaró inconstitucional este decreto-ley por regular los pagos fraccionados de esta manera. El Tribunal Constitucional concluyó que los preceptos cuestionados tuvieron un impacto significativo en elementos estructurales fundamentales del sistema tributario, como el Impuesto sobre Sociedades. Los magistrados del TC consideraron que afectaba a la esencia del deber de contribuir al tributo por parte de los obligados. El Tribunal Constitucional reiteró su doctrina establecida de que el decreto-ley no puede modificar ni el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos que afecten a la determinación de la carga tributaria, lo cual debe evaluarse en función del tributo en cuestión, los elementos afectados por la modificación y el alcance de esta. Sin embargo, tras esta sentencia, el Gobierno aprovechó la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para modificar la Disposición Adicional 14ª de la LIS, aplicable a los pagos fraccionados de los períodos impositivos a partir del 1 de enero de 2018. "Según la Administración, la inconstitucionalidad del régimen de pagos fraccionados para grandes empresas se limitaba a los ejercicios 2016 y 2017", indican Salvador José Llopis Nadal y Rubén Díez Esclapez. En su opinión, "esta situación podría cambiar pronto, ya que, según el TSJ de la Comunidad Valenciana, la disposición introducida por la LPGE 2018 también es inconstitucional, pero esta vez no por un defecto formal, como fue argumentado por el Tribunal Constitucional, sino por una cuestión sustancial: la violación del principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución". La cuestión de inconstitucionalidad aún está pendiente de ser admitida o no a trámite por el Constitucional.

LEER MÁS

(Expansión, 18-04-2024) | Fiscal

El IRPF ha sido el tributo en el que más ha crecido la presión desde 2010

Los ingresos tributarios en España se fundamentan en cuatro pilares principales: el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales, junto con las cotizaciones sociales, que constituyen las principales fuentes de recaudación para el Estado, representando conjuntamente el 80% de los ingresos no financieros. Durante la burbuja inmobiliaria, estos cuatro impuestos experimentaron una alta presión fiscal, alcanzando el 18% del PIB en 2007 debido al auge económico impulsado por el sector inmobiliario. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja, la recaudación se desplomó hasta el 12,8% del PIB en 2009. Desde entonces, la presión fiscal ha ido en aumento, especialmente durante los gobiernos de Pedro Sánchez, alcanzando su punto máximo del 18,2% del PIB entre 2019 y 2022, aunque se moderó ligeramente al 17,8% en 2023. Este análisis fue publicado por Funcas y elaborado por el catedrático Desiderio Romero Jordán utilizando datos recientes de la Agencia Tributaria. Según el informe, el principal responsable de este incremento en la presión fiscal es el IRPF, debido a los constantes aumentos tanto en la base gravable como en los tipos impositivos. Esto se debe en parte a la falta de ajuste generalizado de la progresividad para compensar el efecto de la inflación en los contribuyentes. Esta actitud ha sido objeto de críticas por parte de varios partidos políticos. Recientemente, el Congreso apoyó una propuesta del PP para actualizar el Impuesto de la Renta con el IPC, lo que ha permitido al Gobierno aumentar la recaudación durante la crisis inflacionaria. Según estimaciones de la Airef, esto ha supuesto un incremento de 6.200 millones de euros en la recaudación en 2021 y 2022 debido al aumento de precios. A pesar de las fluctuaciones coyunturales, la presión fiscal sobre los cuatro principales tributos ha aumentado en promedio 0,36 puntos de PIB por año desde 2010, acelerándose significativamente durante la era Sánchez, llegando a 0,61 puntos anuales entre 2020 y 2022. En conjunto, estos impuestos han crecido en 1,4 puntos de PIB entre 2019 y 2023, coincidiendo con la pandemia de Covid y las tensiones geopolíticas tras la invasión rusa de Ucrania. El informe también destaca el aumento de la presión fiscal sobre el IVA, con un incremento del 1,2 puntos de PIB entre 2010 y 2023, especialmente durante los primeros años del gobierno de Sánchez debido al impacto inflacionario. Por otro lado, la presión fiscal sobre el Impuesto de Sociedades ha mostrado una tendencia descendente desde su máximo en 2007 (4,2% del PIB), situándose actualmente en torno al 2% del PIB o al 2,6% si se incluyen los impuestos temporales a bancos y energéticas. Los Impuestos Especiales también han experimentado un descenso, principalmente debido a la falta de actualización de los tipos de gravamen a la inflación, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de revisar estos impuestos para mantener su efectividad a lo largo del tiempo.

LEER MÁS

(Expansión, 18-04-2024) | Fiscal

La Comisión Europea actúa contra varios "tax rulings"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir un dictamen sobre la capacidad de los Estados miembros para establecer ciertos beneficios fiscales a través de los denominados "tax rulings", que son acuerdos fiscales entre países y empresas diseñados para atraer inversiones y multinacionales. La Abogada General de la Unión Europea, Laila Medina, ha respaldado firmemente este sistema y ha rechazado la postura de la Comisión Europea y del Tribunal General de la UE. Las conclusiones de la Abogada General, que suelen coincidir con la sentencia final del Tribunal en más del 90% de los casos, respaldan la exención de ciertos ingresos por financiación, específicamente los pagos de intereses por préstamos, de grupos multinacionales con actividad en el Reino Unido entre 2013 y 2018. La Justicia europea profundiza en su llamado a las autoridades europeas para que, en primer lugar, examinen el marco fiscal de referencia antes de pronunciarse en contra de estos "tax rulings". "De la jurisprudencia se puede deducir que el Tribunal europeo ha confirmado un enfoque que busca identificar el conjunto completo de normas que influyen en la carga fiscal que recae sobre las empresas", señala la Abogada General. "Esto garantiza que la selectividad de una medida fiscal se evalúe dentro de un marco que incluye todas las disposiciones pertinentes, y no dentro de un conjunto de disposiciones que han sido extraídas artificialmente de un marco normativo más amplio", añade.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF