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(Cinco Días, 06-05-2024) | Laboral

El Supremo solo ve compatible cobrar la pensión de gran invalidez con un trabajo si es puntual

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que solo es posible recibir la prestación de gran invalidez y trabajar simultáneamente cuando la actividad laboral es esporádica o puntual, y no requiere la inclusión del trabajador en la Seguridad Social. El Tribunal unifica criterios a través de un caso en el que un trabajador, que anteriormente desempeñaba labores como peón agrícola en Andalucía, perdió la visión en 2017 y le fue otorgada la pensión de gran invalidez. Posteriormente, comenzó a trabajar en la ONCE. Ante esto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le informó que no podía continuar recibiendo la pensión debido a sus ingresos por la venta de cupones. El trabajador recurrió a los tribunales para reclamar el derecho a percibir la pensión mientras trabajaba en la ONCE. Aunque inicialmente un juzgado de Córdoba estimó su petición, el Estado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, que decidió en contra del trabajador. Esta disputa llegó al Tribunal Supremo, que finalmente respaldó la decisión del TSJ. La Ley General de la Seguridad Social establece que recibir la pensión de gran invalidez no excluye la posibilidad de trabajar, siempre y cuando la actividad laboral sea compatible con la incapacidad del trabajador. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo aclaran que esta norma se refiere solo a trabajos "residuales, mínimos y de poca importancia, que no requieran alta ni cotización a la Seguridad Social". En otras palabras, los trabajos permanentes que generen ingresos regulares no son compatibles con la pensión de gran invalidez. El Tribunal Supremo señala que la pensión por incapacidad está diseñada para reemplazar los ingresos perdidos debido a la incapacidad para trabajar, y no como un complemento adicional. Por lo tanto, si un trabajador puede obtener ingresos periódicos del trabajo a pesar de su discapacidad, no tiene derecho a recibir la pensión de gran invalidez. En el caso en cuestión, el trabajador de la ONCE no cumple los requisitos establecidos por el Supremo y, por lo tanto, no tiene derecho a percibir la pensión de gran invalidez. Los jueces destacan que no existe una situación específica que justifique la acumulación de ingresos para atender una necesidad particular.

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(Expansión, 06-05-2024) | Laboral

Trabajo se reúne mañana con los agentes sociales para avanzar en la reforma del subsidio por desempleo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social celebrará una reunión el lunes por la tarde con los representantes de los agentes sociales para discutir la reforma del nivel de asistencia al desempleo. Esta mesa de diálogo se convoca después de más de dos meses desde la última reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. La reunión del lunes, programada para las 16:00 horas, tiene como objetivo avanzar en la reforma del subsidio por desempleo, un aspecto vinculado al cuarto desembolso de los fondos de la 'Next Generation UE', al cual el Gobierno debe dar respuesta antes del 20 de mayo. Este desembolso asciende a 10.021 millones de euros y la prórroga de su evaluación concluye en esa fecha. Aproximándose el plazo límite y con la posibilidad de solicitar una nueva prórroga, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá con los agentes sociales para intentar progresar en el tema. La reforma del subsidio por desempleo ya se intentó a principios del año, pero no prosperó debido a los votos en contra de Podemos, PP y Vox en el Congreso de los Diputados. El principal punto de conflicto para que Podemos apruebe la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo son los cambios relacionados con la cotización para los mayores de 52 años. Esta reforma establece que para aquellos que reciban el subsidio para mayores de 52 años a partir del 1 de junio de 2024, la Seguridad Social cotizará por la contingencia de jubilación de manera progresiva, disminuyendo del 125% al 105% hasta 2027. Podemos considera que estos cambios representan un recorte en las futuras pensiones de los jubilados, mientras que Trabajo argumenta que son necesarios debido al incremento del salario mínimo interprofesional para evitar una sobrecotización en las personas mayores de 52 años que reciben el subsidio. En cuanto a las propuestas, Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), mencionó que Trabajo ha planteado verbalmente una medida para mantener la base de cotización de los mayores de 52 años vinculada a la tasa de desempleo, aunque esta propuesta no está formalizada por escrito. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado en diversas ocasiones que alcanzar un acuerdo sobre la reforma del subsidio por desempleo es complicado, pero que desde el Ministerio están comprometidos en buscar un consenso en la mesa de diálogo, ya que esta opción siempre es preferible a una imposición.

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(El Economista, 06-05-2024) | Laboral

España se muestra incapaz de reducir su tasa de paro por debajo del 12%

España sigue sin poder reducir su tasa de desempleo por debajo del 12%, a pesar de los esfuerzos realizados desde la implementación de la reforma laboral. El Banco de España advierte que el desempleo estructural no podrá bajar de esa cifra si el Gobierno no adopta medidas de modernización en las políticas de empleo. Aunque el desempleo alcanzó su punto más bajo a finales de 2023, con una tasa del 11,8%, volvió a subir al 12,29% en el primer trimestre de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta persistencia en los niveles de desempleo se remonta a la crisis financiera de 2008, y aunque representa la cifra más baja en décadas, sigue siendo el doble que el promedio de la Unión Europea. El Banco de España señala que esta diferencia es especialmente notable en el desempleo juvenil, el desempleo de larga duración y la situación laboral de los trabajadores cercanos a la jubilación. Estos factores impiden que la renta per cápita de España converja con la de otros países europeos en las últimas décadas. Consciente de estas disparidades, el Gobierno ha comenzado a implementar medidas para abordar el desempleo de larga duración. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un plan que incluye la creación de perfiles individualizados y itinerarios para la reincorporación laboral de los desempleados, con plazos estrictos para su implementación por parte del SEPE. La preocupación por el desempleo también se extiende al sector juvenil, con una tasa de desempleo del 28% en 2023, casi tres veces más alta que el promedio de la OCDE y el doble que el promedio europeo. Además, el desempleo de larga duración afecta al 39% de los desempleados en España, en comparación con el 25,4% en países desarrollados. Según el Banco de España, estos indicadores sugieren que gran parte del desempleo en España es de naturaleza estructural, incluso en períodos de recuperación económica intensa. El Banco de España atribuye esta brecha en el desempleo entre España y otros países europeos a las instituciones y políticas que afectan al mercado laboral. Insta a un rediseño de las políticas activas y pasivas de empleo para aumentar la empleabilidad de los desempleados y proporcionar protección adecuada, así como incentivos para el retorno al empleo. Además, sugiere reformas en los costos de despido y en la negociación colectiva. La escasez de mano de obra es percibida por las empresas, con un aumento significativo en el porcentaje de empresas que declaran que limita su actividad empresarial. La escasez de oferta de trabajo en sectores como la hostelería y el comercio también es evidente. El Banco de España propone aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad a través de las oficinas públicas de empleo, el sistema educativo y la formación ocupacional.

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(El Español, 06-05-2024) | Laboral

La tasa de paro de la eurozona se mantiene en mínimos del 6,5% pero España es líder y duplica la media

El paro de la eurozona se mantuvo en marzo en mínimos históricos del 6,5%, aunque España repite de nuevo como líder en desempleo de la UE con una tasa del 11,7%, cifra que prácticamente duplica la media comunitaria. En el conjunto de la UE, la tasa de paro bajó del 6,1% en febrero al 6% en marzo, según los datos publicados este viernes por Eurostat. El mercado de trabajo de la eurozona vuelve a exhibir un nivel de resiliencia sin precedentes en un entorno hostil marcado por la elevada incertidumbre geopolítica, la vuelta a un crecimiento anémico tras la recesión técnica de la segunda mitad del año pasado y los tipos de interés en máximos históricos del 4,5%. Sin embargo, España continúa otro mes más como farolillo rojo de la UE, pese a que la tasa de desempleo bajó ligeramente desde el 11,8% en febrero al 11,7% en marzo. En el último año, el nivel de paro ha bajado 0,9 puntos, hasta situarse en 2,8 millones de personas.

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(El País, 05-05-2024) | Laboral

El paro baja en 60.503 personas en abril y se sitúa en 2.666.500

El número de personas en paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de abril se redujo en 60.503 personas (-2,22%) con respecto al mes anterior. El número de parados se sitúa en 2.666.500. Se trata de la cifra más baja desde septiembre de 2008. Respecto al mes de abril de 2023, el desempleo se redujo en 121.870 personas (-4,37%). En términos desestacionalizados el paro se ha reducido en 27.748 personas. Por sectores económicos con respecto a marzo, el paro registrado desciende en los Servicios en 42.067 personas (-2,15%), Construcción 4.902 personas (-2,34%), en la Industria 4.433 personas (-2,08%) y Agricultura 3.451 personas (-3,55%). También se reduce entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.650 personas (-2,24%). El desempleo femenino disminuye en abril en 29.719 mujeres (-1,82%) en relación al mes de marzo y se sitúa en 1.602.838, su nivel más bajo desde diciembre de 2008. Si lo comparamos con abril de 2023, la caída es de 76.729 mujeres (-4,57%). El desempleo masculino se sitúa en 1.063.662 al descender en 30.784 hombres (-2,81%). Si lo comparamos con abril de 2023, el paro masculino baja en 45.141 hombres (-4,07%). Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril en 16.925 personas (-8,26%) respecto al mes anterior, un ritmo que multiplica en más de tres veces el de la caída general del desempleo. El paro registrado en abril de 2024 baja en 16 Comunidades Autónomas. Las caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-20.954 personas), Comunidad de Madrid (-8.044 personas) y Cataluña (-7.359 personas). Sube en la comunidad de Canarias (2.424 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.267.440. De ellos, 559.254 son contratos de trabajo de carácter indefinido, representan el 44,12% de todos los contratos. El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo existentes al finalizar el mes de marzo fueron 1.794.934. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de marzo ha sido, por tanto, del 70,37%. Es la más alta en un mes de marzo desde 2011. Los gastos totales de marzo de 2024 ascendieron a 1.943,3 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de marzo ha sido de 1.104,9 € lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 15,8 € (1,5%).

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(El Economista, 03-05-2024) | Laboral

La inversión por trabajador se hunde 7 puntos desde 2019

La recuperación económica posterior a la pandemia ha sido desigual entre los diferentes motores del Producto Interior Bruto (PIB). La inversión ha sido particularmente afectada y, de hecho, es el único componente de la demanda interna que aún no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, a pesar del impulso registrado en el primer trimestre de 2024. Sumado al notable aumento del empleo durante la reapertura económica, la inversión por persona ocupada ha experimentado una caída de siete puntos desde los niveles de 2019. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España es la principal economía de la eurozona con el peor desempeño en este indicador. El stock de capital fijo por empleado mide el valor de los activos fijos disponibles para la producción, y muestra un deterioro evidente no solo después de la pandemia, sino que también se sitúa más de 25 puntos por debajo del nivel de inversión por ocupado observado antes de la crisis financiera. La importancia de la inversión repercute en áreas como el mercado de viviendas, la capacidad productiva y la innovación. "Desde una perspectiva macroeconómica, hay un amplio consenso de que un menor stock de capital humano reduce el crecimiento", señala el Banco de España en su informe anual publicado esta semana. "Este impacto no solo se debe al efecto directo del nivel educativo en la productividad individual, sino también a través de otros canales como la complementariedad del capital humano con la inversión en capital físico o tecnológico". El banco destaca que los países de la OCDE con mayores niveles de capital humano en áreas como las matemáticas también tienen una inversión media en I+D+i mayor que España. "Estamos viendo una recuperación sin inversión. A pesar del aumento del empleo y de otros factores importantes como los fondos europeos, la inversión no sigue una tendencia consistente con el comportamiento del PIB. Es el único componente de la demanda interna que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia", explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. "En algunos sectores, la situación es dramática y no se espera una recuperación a largo plazo", comenta Cardoso en relación al sector inmobiliario. "Se están construyendo apenas entre 100.000 y 120.000 viviendas al año, lo cual no es coherente con el aumento en el número de hogares, que ha estado en la franja de 200.000 a 300.000 en los últimos años", explica. Es decir, la inversión en el sector inmobiliario apenas satisface la mitad de la demanda de nuevas viviendas. "Existe una necesidad, pero el entorno regulatorio limita el desarrollo de suelo urbanizable y viviendas", aclara. A pesar de la destacada recuperación económica, España lidera las tasas de crecimiento en Europa, especialmente en comparación con países como Francia o Alemania. Sin embargo, la comparativa internacional muestra que el motor de la inversión no está impulsando la actividad económica: solo Malta y Luxemburgo tienen un desempeño peor en este aspecto. Por otro lado, el promedio de los países de la eurozona (excluyendo a Irlanda, cuya fiscalidad favorece la atracción de inversión extranjera) ha mejorado ligeramente. Grecia y Chipre han sido los países que más han impulsado la inversión por trabajador, mientras que en Italia han influido programas como el 'Superbonus 110%' para la reforma y rehabilitación de viviendas.

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(El Economista, 03-05-2024) | Laboral

El déficit real de las pensiones se sitúa en el 3,8% del PIB

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publicó un informe este jueves acerca de la salud financiera del componente contributivo de las pensiones públicas en el año 2023. Según los hallazgos del estudio, estas pensiones exhibieron un déficit de aproximadamente 56.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Concretamente, el informe estima que el componente contributivo del sistema de pensiones públicas, que abarca las pensiones de la Seguridad Social y las clases pasivas, presentó en 2023 un déficit equivalente al 3,8% del PIB, es decir, 55.919 millones de euros, si solo se consideran los ingresos netos ordinarios por cotizaciones sociales. Para cubrir esta brecha entre ingresos y gastos, el sistema público de pensiones recibió transferencias del Estado por un valor de 3,1 puntos porcentuales del PIB, aproximadamente 44.148,12 millones de euros. Esto representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales del PIB desde 2018. Además, el sistema recibió un préstamo del Estado por un valor de 0,7 puntos porcentuales del PIB, es decir, 10.003 millones de euros. FEDEA señala que estas transferencias han reducido los recursos disponibles para atender otras necesidades públicas importantes. Además, destaca que la situación financiera de este componente del sistema de pensiones, que representa el 13,1% del PIB y casi el 30% del gasto público total, está constantemente sujeta a debate en la sociedad. El Sistema de Seguridad Social, responsable de la gestión de las pensiones, cerró 2023 con un déficit muy similar al del año anterior, equivalente al 0,6% del PIB. Este porcentaje aumenta en dos décimas, llegando al 0,8% del PIB, si se excluyen las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de los ingresos corrientes, ya que este dinero se destina a un fondo de reserva que no estará disponible hasta 2032. Además, la Seguridad Social recibió dos transferencias específicas del Estado por un total de 27.231 millones de euros, lo que equivale al 1,9% del PIB. Una de estas transferencias fue para pagar los complementos por mínimos de pensiones, con un monto de 7.345 millones de euros, mientras que la segunda, de mayor cuantía, fue destinada a cubrir los llamados gastos impropios, con un total de 19.886 millones de euros. Si excluimos estas transferencias y nos centramos únicamente en el saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social, este se situaría en aproximadamente el 2,7% del PIB. Además, habría que sumar otros 1,2 puntos porcentuales del PIB en transferencias del Estado para pagar las pensiones de clases pasivas, lo que daría como resultado un déficit contributivo de 3,8 puntos porcentuales del PIB, que debe financiarse mediante deuda e impuestos generales. "El esfuerzo para sostener el actual sistema público de pensiones se distribuye entre las aportaciones de los trabajadores ocupados mediante el pago de cotizaciones, y de los impuestos pagados por la sociedad, necesarios para financiar las cada vez más elevadas transferencias del Estado al sistema", concluye FEDEA.

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(Cinco Días, 03-05-2024) | Laboral

La retribución de los consejeros crece un 10% en 2023, por encima de los salarios y las pensiones

Los integrantes de los consejos directivos de las empresas en España obtuvieron en 2023 unas compensaciones sin precedentes. Acumularon más de 4.800 millones de euros brutos en total, representando un aumento del 10,1% respecto al año anterior. Este incremento constituye el mayor registrado en todas las categorías de ingresos analizadas en el más reciente informe de la Agencia Tributaria, recientemente publicado. En comparación, los salarios y las pensiones experimentaron aumentos anuales del 7,6% y 9%, respectivamente. En promedio, los ingresos de todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta, incluyendo trabajadores, jubilados, autónomos, empresarios y directivos, entre otros, crecieron un 7,2% anualmente. Un análisis más detallado revela que los ingresos totales de los consejeros, alcanzando su punto máximo histórico en 2023, aumentaron a un ritmo mayor que el total de salarios del sector público (5,6%) y del sector privado (8,3%). Entre estos últimos, los altos ejecutivos superaron tanto los sueldos de las grandes empresas (9,6%) como los de las pymes (6,6%). También sobrepasaron las pensiones del sector público (9,4%), los ingresos brutos de los profesionales (4,1%) y las prestaciones por desempleo (3,2%). Por otro lado, los ingresos de los autónomos (-0,9%) y las pensiones privadas (-1,1%) experimentaron descensos. Las cifras de la agencia reflejan la sólida evolución de los ingresos de quienes ocupan los más altos cargos directivos en las compañías. De hecho, si se observa los años previos a las sucesivas crisis causadas por la pandemia y la escalada de precios, estos perfiles destacan por ser el colectivo con mayores aumentos porcentuales. Entre 2019 y 2023, los salarios brutos aumentaron un 22% y las pensiones casi un 24%. Sin embargo, en el mismo período, las remuneraciones de los altos directivos aumentaron un 39%, siendo la tasa más alta de todas. Los datos muestran el total de ingresos que recibe cada tipo de contribuyente, así como los ingresos medios de cada uno, excepto los consejeros. Es decir, se sabe que los asalariados recibieron un promedio de 28.903 euros brutos, y los pensionistas alcanzaron los 18.503 euros, con aumentos anuales del 5% y 7,9% respectivamente, explicados por el aumento del empleo, las actualizaciones salariales y la indexación de las pensiones según la inflación. Sin embargo, debido a cuestiones metodológicas, no se dispone de datos sobre la remuneración media de los altos ejecutivos. No obstante, según fuentes tributarias, se presume que los pagos por persona a los consejeros hayan aumentado en un año marcado por el repunte de los beneficios empresariales en las grandes empresas del Ibex, muchas de las cuales alcanzaron récords. En consecuencia, los consejeros son los que más impuestos pagaron sobre sus ingresos en 2023, con una tasa efectiva de retención del 33,64%, muy por encima del 16,79% de los salarios y del 9,64% de las pensiones. Sin embargo, los tipos medios de gravamen registrados en la estadística se aplican únicamente a los ingresos del trabajo, excluyendo otros tipos de ingresos como los bonos o las remuneraciones en especie. Esto sugiere, según las mismas fuentes, que gran parte de los ingresos obtenidos por los altos directivos se gravan a tasas considerablemente más bajas. Estas cifras han llevado a organizaciones como Oxfam Intermón a denunciar que las compensaciones en España están mejorando considerablemente para unos pocos, mientras que las diferencias respecto a la mayoría de los trabajadores continúan aumentando. En su último informe sobre desigualdad, publicado en enero durante el Foro de Davos, la ONG señaló que el salario promedio de los miembros de los consejos de dirección de las grandes empresas aumentó un 19% entre 2021 y 2022, y un 45% desde 2020. Al mismo tiempo, el salario promedio aumentó solo un 8% en 2022 y un 9% desde 2020. En términos más concretos, el 70% de las 50 mayores empresas del país pagaba a su primer ejecutivo más de un millón de euros, con casos como Iberdrola y Banco Santander que pagaron más de 10 millones a sus máximos responsables. En promedio, el primer ejecutivo ganaba 91 veces el salario medio de sus empleados. "Es difícil justificar que, en promedio, a un trabajador le llevaría 91 años ganar lo que el primer ejecutivo percibe en un solo año", enfatizó Oxfam. En la misma línea, otros datos presentados por la organización indican que el pago de dividendos creció 3,5 veces más que los salarios en España desde 2020 hasta 2023.

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(Expansión, 02-05-2024) | Laboral

España necesitaría 24,6 millones de inmigrantes de aquí a 2053 para trabajar y sostener las pensiones

El envejecimiento acelerado de la población, un fenómeno que se está observando tanto en España como en toda Europa, representa el principal desafío al que se enfrenta el país. Este desafío no solo afecta al gasto en pensiones, sino también a la sanidad, los cuidados de larga duración y las necesidades del mercado laboral. A pesar de que en la última década han llegado a España alrededor de 10 millones de inmigrantes, el Banco de España estima que se necesitarían aproximadamente 24,6 millones de inmigrantes adicionales para el año 2053 con el fin de mantener la tasa de dependencia en su nivel actual del 26,6%. Esto significa que el número de personas nacidas en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser significativamente mayor que el estimado por el Instituto Nacional de Estadística en sus proyecciones más recientes, que rondan los 10 millones adicionales. Sin embargo, el Banco de España considera poco probable que la población inmigrante pueda resolver los desequilibrios entre la oferta y la demanda de empleo que podrían surgir en los próximos años, y mucho menos revertir el proceso de envejecimiento poblacional. En un contexto donde el gasto en pensiones aumentará desde el 13,1% del PIB en 2023 hasta el 17,3% en 2050 según estimaciones de Bruselas, el Banco de España opina que las reformas realizadas hasta ahora son insuficientes y se requerirán medidas adicionales. Respecto a los incentivos para retrasar la jubilación, el banco central menciona la importancia de tener un horizonte temporal amplio para evaluar su efectividad, aunque advierte que su impacto en la reducción del gasto sería limitado en una primera aproximación. Por ejemplo, si la mitad de los trabajadores retrasara su jubilación tres años, el ahorro sería de 0,5 puntos del PIB si se optara por un aumento del 4% en la pensión al momento de jubilarse, y de 0,7 puntos si se eligiera un pago único por los años de retraso. En general, el Banco de España estima que por cada año de aumento en la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones podría disminuir entre dos y seis décimas del PIB. El Banco de España reiteró su advertencia contra la tentación de aumentar las cotizaciones sociales para hacer frente al creciente gasto en pensiones, ya que esto podría perjudicar el empleo. Calcula que un aumento de 1 punto en las cotizaciones reduciría en 0,25 puntos el número de ocupados en cuatro años, es decir, destruiría alrededor de 53.000 empleos.

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(El Economista, 02-05-2024) | Laboral

La "Ley rider" se ampliará: el Gobierno vigilará el uso de falsos autónomos más allá del reparto a domicilio

El Gobierno se verá obligado a reformar la Ley Rider para supervisar el uso indebido de falsos autónomos por parte de plataformas digitales, no limitándose solo al ámbito del reparto. La Unión Europea ya ha aprobado el Proyecto de Directiva de Trabajadores de Plataformas, que será ratificado en breve y requerirá que todos los países miembros monitoreen el empleo de falsos autónomos por estas plataformas, independientemente de su actividad, ya sea en el ámbito de conductores, cuidadores, traductores o limpieza. España fue líder en la UE al aprobar la Ley Rider para regularizar el empleo de falsos autónomos en el sector de reparto, como los que trabajan para Glovo o Amazon, obligando a estas empresas a contratarlos. Ahora, esta supervisión deberá ampliarse a todos los trabajadores de plataformas digitales. María Eugenia Guzmán, socia responsable de Laboral en PwC Tax & Legal, señala que la Ley Rider es concisa, ya que reformó el Estatuto de los Trabajadores en dos aspectos: estableció una presunción de laboralidad a favor de los trabajadores de las plataformas de reparto y obligó a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores sobre los parámetros de los algoritmos que afectan a las condiciones laborales. Sin embargo, la futura Directiva es más amplia y aborda una gama más amplia de trabajadores de plataformas, no solo los de reparto, y también incluye la protección de datos de estos trabajadores. Además, la Directiva introduce la humanización de la plataforma, exigiendo que las empresas cuenten con personal responsable que revise las decisiones automáticas tomadas por sistemas informáticos en la gestión de Recursos Humanos y que puedan ser revocadas por criterios humanos. La normativa europea permite a cada país decidir cómo regularizará la relación laboral en casos de uso de falsos autónomos, así como imponer sanciones adecuadas a estas empresas en caso de infracciones.

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