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(Expansión, 21-10-2025) | Fiscal

Bruselas refuerza su pacto fiscal con Suiza y lo amplía a las criptomonedas

La Comisión Europea ha revisado y fortalecido su acuerdo de cooperación fiscal con Suiza dentro de su estrategia contra el fraude y la evasión tributaria, incorporando por primera vez controles sobre el dinero digital. Los tiempos han cambiado, y aquellos territorios europeos que antaño eran vistos como paraísos fiscales hoy se consideran, en el mejor de los casos, refugios financieros. Ya no destacan por su opacidad, sino por las ventajas competitivas de sus sistemas impositivos y su respeto por la privacidad, que ha dejado de ser sinónimo de secretismo bancario. De hecho, estos países han incrementado progresivamente su colaboración con Bruselas para mejorar la transparencia y combatir el fraude fiscal, en el marco de acuerdos que se revisan y refuerzan de manera periódica. En este contexto, el pasado 13 de octubre la Comisión Europea actualizó y amplió sus acuerdos fiscales con los microestados de Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino. Ayer fue el turno de Suiza, un país con cerca de nueve millones de habitantes que, aunque no es un microestado, mantiene una relación especial y prioritaria con la Unión Europea. Bruselas firmó así un nuevo protocolo que "refuerza el acuerdo de cooperación fiscal con Suiza", según explicó la Comisión, calificándolo como "un avance significativo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales". En un escenario marcado por la rápida evolución tecnológica, el acuerdo amplía el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, endurece las normas de diligencia debida y de presentación de informes, y extiende la supervisión a los activos digitales, como el dinero electrónico y las criptomonedas. La medida llega en un momento en el que, como afirmó recientemente la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, "el futuro de las finanzas será, sin duda, digital", y las criptodivisas continuarán ganando influencia. Cabe recordar que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está promoviendo una legislación favorable al desarrollo de las stablecoins y otros criptoactivos -con la aprobación en mayo de la llamada Genius Act-, lo que ha incrementado la presión sobre la eurozona. De hecho, los ministros de Economía y Finanzas europeos reconocieron el 10 de octubre que "los acontecimientos en otras regiones del mundo han acelerado la necesidad del euro digital", según resumió el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. Además del componente vinculado a los activos digitales, el nuevo protocolo entre la UE y Suiza establece un marco renovado de colaboración en la gestión y cobro de créditos relacionados con el IVA, y compromete a ambas partes a explorar mecanismos de asistencia mutua para el cobro de otros impuestos, según informó Bruselas. Con las modificaciones introducidas tanto en el acuerdo con Suiza como en los firmados la semana anterior con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, la Comisión busca acercar la normativa de estos territorios a la Directiva comunitaria sobre cooperación administrativa y a los estándares de la OCDE. Esta última aprobó en 2014 un Estándar Común de Información fiscal que la UE adoptó al año siguiente. El giro de Suiza hacia una mayor transparencia fiscal se produjo tras la presión internacional derivada de la crisis financiera de 2008. En 2014, una ley estadounidense obligó a los bancos suizos a comunicar a la Hacienda de EE. UU. las cuentas de ciudadanos norteamericanos, bajo amenaza de fuertes sanciones. Fue el principio del fin del legendario secreto bancario suizo. En Europa, la adaptación llegó algo después, pero fue inevitable. Suiza aceptó las nuevas reglas internacionales sobre el intercambio automático de información y firmó con la UE su adhesión al estándar de la OCDE. Desde enero de 2017 comenzó a recopilar datos de los residentes fiscales de los países socios, y en enero de 2018 tuvo lugar el primer gran intercambio de información. Continuando en esa línea, en junio de 2023 la población suiza aprobó por amplia mayoría -más del 78%- una reforma constitucional para aplicar el impuesto mínimo global de sociedades del 15% propuesto por la OCDE y el G20, destinado a grandes corporaciones con presencia internacional y facturación superior a 750 millones de euros anuales. No obstante, este proyecto se ha visto debilitado por la postura del Gobierno de Donald Trump, que logró en el marco del G7 que dicha tasa no se aplicara a las multinacionales estadounidenses. Según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida pretendía "revertir los compromisos imprudentes de la Administración Biden" y "proteger la capacidad de Estados Unidos para definir políticas fiscales que favorezcan a sus empresas y trabajadores".

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(El País, 21-10-2025) | Fiscal

Hacienda presentará el techo de gasto “en unos días” y pide apoyo para los Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno está ultimando los detalles finales para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, y se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de conseguir los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Montero ha explicado que en los próximos días presentará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la senda de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a su debate en el Congreso de los Diputados, donde comenzará la tramitación formal de las nuevas cuentas públicas. Según ha indicado, ya se han realizado las primeras conversaciones con los grupos parlamentarios, aunque el papel de Junts per Cataluña será decisivo, ya que los siete diputados del partido liderado por Carles Puigdemont pueden resultar clave para aprobar o bloquear los Presupuestos. Durante su intervención en el foro World In Progress, organizado por el Grupo PRISA, Montero reconoció que la relación con Junts es cambiante: "Hay momentos en los que el diálogo es fluido y otros en los que se requiere un mayor esfuerzo. Ahora estamos en ese mayor diálogo", señaló. La ministra, que vivió un tiempo en Barcelona, aprovechó su visita a la ciudad para destacar la "buena gestión" del alcalde Jaume Collboni, y relacionó la negociación de los Presupuestos con el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y la condonación de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas por parte del Ejecutivo central. "Espero que las comunidades sepan valorar el esfuerzo que estamos realizando", afirmó, enviando un mensaje directo a Junts y ERC. Montero insistió en que "cuando a Cataluña le va bien, le va bien a España", y subrayó que el Gobierno mantiene una vía de colaboración abierta con ERC para avanzar en el nuevo sistema de financiación, que, según aseguró, respetará el autogobierno y la solidaridad entre territorios. Durante su intervención, la vicepresidenta también reivindicó el liderazgo internacional de España y destacó el papel de Pedro Sánchez en el reconocimiento del Estado de Palestina, al que calificó como un gesto pionero en Europa. Miembro del círculo más cercano al presidente, Montero combina sus funciones como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía. En este último ámbito, su estrategia electoral se centrará en denunciar la crisis de la sanidad pública andaluza, marcada por el retraso en los diagnósticos de los cribados de cáncer de mama, un escándalo que ha puesto en aprietos al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), quien atraviesa su mayor crisis política desde que asumió el cargo en 2019.

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(Expansión, 20-10-2025) | Fiscal

El PP promete rebajar IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros

Mientras perfila sus propuestas en ámbitos como la vivienda, las infraestructuras, la energía, el medio rural, la inmigración o el trabajo autónomo, el Partido Popular comienza a concretar su programa en un terreno especialmente sensible: el fiscal. Desde la sede de Génova, el partido anuncia su intención de eliminar lo que denomina el "sablazo" tributario del actual Gobierno y aplicar una rebaja del IRPF para las rentas de hasta 40.000 euros anuales. Según explicó ayer el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, "la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un gran perjudicado: las familias y las clases medias españolas". Recordó que desde la llegada del presidente socialista a la Moncloa, "la cesta de la compra se ha encarecido más de un 38% y se han aprobado más de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones", lo que, según sus cálculos, "ha supuesto que cada español pague 3.500 euros más en tributos". Bravo añadió, con tono optimista, que "queda un día menos de Sánchez como presidente" y aseguró que la prioridad del PP son las familias, para las que ya tienen "soluciones listas para aplicar desde el primer día que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno". Entre las primeras medidas, anunció una bajada del IRPF para las rentas medias y bajas -inferiores a 40.000 euros- con el objetivo de "aliviar el impacto de la inflación", criticando que el Ejecutivo actual se haya negado a ajustar el impuesto a la evolución de precios y salarios, lo que -según el PP- provoca una "subida fiscal encubierta" conocida como progresividad en frío. En materia tributaria, Bravo también cargó contra el nuevo "tasazo de basuras" que los ayuntamientos están obligados a aplicar, calificándolo de otro "golpe fiscal" para comerciantes, autónomos y propietarios. Aunque esta tasa responde a una exigencia de la Unión Europea para financiar el tratamiento de residuos, el dirigente popular advirtió que su coste podría trasladarse a los inquilinos, "encareciendo todavía más los alquileres". "No es justo que todo este afán recaudatorio recaiga sobre las familias", subrayó. Además, el responsable económico del PP aseguró que el partido dispone de planes concretos para afrontar los principales retos del país, entre ellos la crisis del mercado de la vivienda, la revitalización del medio rural, el impulso del sector energético y la mejora de las infraestructuras. Por último, Bravo insistió en que el PP está "preparado para dar respuesta a los españoles", recordando que "tres de cada cuatro familias reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes". A su juicio, el Gobierno actual "está desbordado y marcado por la corrupción", en alusión al caso Koldo, que continúa bajo investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

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(Expansión, 20-10-2025) | Fiscal

La fragmentación y la baja productividad frenan la oportunidad de España de liderar Europa

Un informe liderado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta resalta el potencial de las economías mediterráneas para situarse al frente del desarrollo europeo, aunque advierte que las debilidades estructurales de España podrían limitar su capacidad para asumir ese liderazgo. El documento señala que el papel de España como motor económico del Mediterráneo, consolidado en la última década, podría verse comprometido si no se acometen reformas profundas en ámbitos como la fragmentación territorial, la elevada presión fiscal o la ineficiencia del sistema judicial, especialmente en lo relativo a los largos plazos de tramitación y la complejidad de los procedimientos administrativos. El estudio, titulado Invertir en el Mediterráneo: dinámicas en Italia y España -elaborado por The European House Ambrosetti (TEHA) y Amazon, y presentado en la sede de IE University en Madrid- destaca el papel de España como referente económico e imán para la inversión extranjera en la región. En la última década, el país ha atraído 300.000 millones de euros en inversión exterior, muy por encima de los 191.000 millones captados por Italia. Sin embargo, el informe advierte que este liderazgo podría verse amenazado por la falta de coordinación normativa entre comunidades autónomas, lo que genera "dificultades para ofrecer un entorno adecuado a los inversores". Según el texto, el alto grado de descentralización del sistema español provoca un "solapamiento de competencias" entre comunidades autónomas, municipios y organismos estatales, con límites difusos de autoridad y jerarquía normativa. Por el contrario, aunque las administraciones italianas son percibidas como menos eficientes por sus ciudadanos, Italia cuenta con una estructura más centralizada y coherente. Esta "mayor homogeneidad normativa", apunta el informe, reduce las fricciones institucionales y proporciona a las empresas un marco más predecible y estable, lo que facilita la ejecución de proyectos de inversión a escala nacional. Esa diferencia ya se refleja en los costes operativos: las pymes españolas dedican una media de 27,7 horas mensuales a trámites burocráticos, frente a las 26,2 horas en Italia, una brecha que impacta directamente en la productividad. La comparación con Polonia, el país de la UE con menor carga administrativa, resulta aún más desfavorable, ya que allí las pymes solo destinan 12,3 horas mensuales a estas gestiones, un 55,6% menos que en España. Para revertir esta situación, el estudio propone medidas como implantar ventanillas únicas para inversores o armonizar los procedimientos administrativos entre comunidades autónomas. Además, las demoras en la tramitación de permisos suponen otro obstáculo relevante para la inversión extranjera: una empresa tarda de media 2,18 años en abrir una planta de producción en España, mientras que en Italia el proceso se completa en menos de 22 meses (1,81 años). El informe también cuestiona la eficiencia del sistema judicial español, al vincular su lentitud con la falta de atractivo para los inversores. Aunque actualmente los plazos en España son algo más cortos que en Italia, esta ventaja podría desaparecer pronto, ya que el país transalpino ha logrado reducir en un 8,5% los tiempos de los procesos judiciales de primera instancia, mientras que en España estos han aumentado un 36% desde 2015.

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(Expansión, 17-10-2025) | Fiscal

Hacienda salva la tramitación contrarreloj del embargo de "criptos"

El Congreso ha rechazado el veto presentado por Vox y ha dado luz verde a la tramitación de la directiva europea DAC8, que el Gobierno debe incorporar al ordenamiento español antes de que finalice el año para evitar una sanción. Esta normativa permitirá, entre otras cosas, el embargo de criptomonedas por deudas con Hacienda. Con esta decisión, el Ministerio de Hacienda avanza en su objetivo de regular los embargos de criptoactivos y, al mismo tiempo, se aleja de la posibilidad de que España reciba una nueva multa de la Unión Europea. El Ejecutivo logró el respaldo de la mayoría del Congreso para bloquear la propuesta de Vox y continuar con la transposición de la directiva DAC8, que contempla la posibilidad de incautar criptomonedas a los contribuyentes morosos. Evitar que la iniciativa fuera devuelta al Gobierno era fundamental, ya que el plazo para adaptarse a la normativa europea expira el 31 de diciembre. El texto legislativo reforma la Ley General Tributaria y otras leyes fiscales -como las que regulan el IRPF o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones- para incorporar la octava modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8) de la UE. Aunque Bruselas ha dado hasta 2026 para aplicar la directiva, el Ejecutivo español ha acelerado su tramitación. El anteproyecto fue aprobado en primera instancia en septiembre de 2024, pero no se remitió al Congreso hasta junio de 2025. Ayer, la Cámara Baja decidió continuar con su tramitación tras rechazar la enmienda a la totalidad de Vox, que fue derrotada con 176 votos del bloque gubernamental, 136 abstenciones del PP y 32 votos favorables del partido de Abascal. Vox presentó su enmienda como una medida "preventiva", alegando que no querían ser "cómplices de un Gobierno corrupto" que podría aprovechar la ley para introducir "enmiendas espurias" destinadas a mantenerse en el poder ante la falta de Presupuestos. El PP expresó también sus recelos, temiendo que el Ejecutivo utilice el proyecto como vía para incluir nuevas medidas fiscales de cara a 2026. Por su parte, Sumar, socio minoritario del Gobierno, ya ha anunciado su intención de utilizar la norma para proponer un aumento de la tributación sobre los criptoactivos. Aun así, el PP reconoció que el texto es "relativamente inocuo" en términos de carga fiscal, aunque sí supone un paso importante para reforzar la capacidad de control de la Agencia Tributaria sobre los activos digitales. Entre las novedades, la ley sustituye el término "moneda virtual" por "criptoactivo", una definición más amplia que además los declara expresamente embargables. También incluye otros bienes y derechos depositados en entidades de pago o de dinero electrónico, con el fin de evitar que los deudores utilicen estos instrumentos para eludir embargos. Asimismo, se establecen nuevas obligaciones de información para los proveedores de servicios de criptoactivos, intermediarios, custodios y titulares, tanto residentes como no residentes en España. El propósito general es unificar el tratamiento fiscal y el intercambio de información sobre criptoactivos entre los Estados miembros, en línea con el nuevo marco de transparencia impulsado por la OCDE. Según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta ley permitirá "cumplir los compromisos internacionales en materia de transparencia fiscal" y dotará a la Agencia Tributaria de "mejores herramientas para obtener información relevante sobre criptoactivos", reforzando así la lucha contra el fraude mediante la modernización del sistema tributario y el control de activos hasta ahora difíciles de rastrear. El texto también incorpora la doctrina del Tribunal Supremo de 2023 sobre la prescripción tributaria, que distingue entre la declaración de una responsabilidad fiscal y la exigencia efectiva de su pago.

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(Expansión, 16-10-2025) | Fiscal

El FMI prevé que la presión fiscal suba en 6.500 millones en España en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la proporción de los ingresos públicos sobre el PIB en España aumente del 42,2% al 42,6% en 2026, alcanzando así su nivel más alto desde el repunte recaudatorio que siguió a la pandemia en 2021. Según su último informe sobre las finanzas públicas, el Monitor Fiscal, publicado ayer, el FMI anticipa un nuevo incremento de la presión fiscal en el país, con un aumento estimado de unos 6.500 millones de euros en los ingresos del próximo año. De acuerdo con estas proyecciones, el conjunto de los ingresos públicos se elevaría desde el equivalente al 42,2% del PIB este año hasta el 42,6% en el siguiente ejercicio. Esta cifra supone la mayor registrada desde el 42,8% de 2021, cuando la economía española experimentó una fuerte recuperación tras el desplome provocado por la crisis del Covid-19. El aumento implica que la recaudación crecerá a un ritmo superior al de la economía, incluso después de que el FMI haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB español para 2025, del 2,5% al 2,9%. Cabe recordar que los ingresos tributarios han marcado récords consecutivos desde la pandemia. Tras caer un 8,81% en 2020, la recaudación ha ido en ascenso, con aumentos interanuales de hasta el 15%. En 2024 cerró con 294.734 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior, y en los primeros ocho meses de 2025 ya se habían recaudado 20.000 millones adicionales, lo que apunta a un nuevo máximo histórico por encima de los 300.000 millones. Aunque el crecimiento económico y del empleo son los principales impulsores de la recaudación, también ha influido la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, es decir, a ajustar el impuesto a la inflación y a la evolución de los salarios. Esto provoca el llamado efecto de "progresividad en frío", por el que los contribuyentes pagan más impuestos aunque su poder adquisitivo no mejore. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también prevé un aumento de la presión fiscal en 2026, aunque algo menor: tres décimas, del 41,7% al 42% del PIB. Este incremento se explicaría por el mayor rendimiento del IRPF y de las cotizaciones sociales, además del impacto de las subidas fiscales introducidas en la última reforma, que han generado ya 3.500 millones de euros adicionales en los primeros meses del año. A medio plazo, tanto el FMI como la Airef prevén que la presión fiscal disminuya a partir de 2027, una vez desaparezcan medidas temporales como el impuesto a la banca y la limitación de la compensación de pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Según las proyecciones del FMI, los ingresos públicos caerían cerca de un punto porcentual ese año, hasta el 41,7% del PIB. Conviene destacar que estas previsiones se basan en políticas constantes, es decir, no incluyen posibles cambios fiscales que el Gobierno pudiera aprobar para 2026. Por ejemplo, no contemplan el aumento de las cuotas de autónomos ni la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, medidas que el Ejecutivo mantiene sobre la mesa pese a la oposición de sus socios. Todo dependerá de las nuevas iniciativas tributarias que se incluyan en el plan presupuestario para 2026, aún pendiente de presentación. En paralelo, la cuestión fiscal centró ayer un nuevo enfrentamiento en el Congreso entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo. Este último acusó al Gobierno de "exprimir" a los ciudadanos con más impuestos y calificó a Montero como "la ministra del infierno fiscal". Ella, por su parte, rechazó las críticas asegurando que ha impulsado "la mayor rebaja fiscal de la historia" y que solo se han incrementado los tipos del IRPF sobre las rentas superiores a 300.000 euros.

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(Expansión, 16-10-2025) | Fiscal

Hacienda aclara la tributación en IRPF de las ayudas a los afectados por la DANA de 2024

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que las ayudas no deben declararse en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) siempre que no superen el importe total de las reparaciones realizadas. Según una consulta vinculante emitida el pasado 7 de julio, la DGT establece que las subvenciones municipales concedidas por los daños provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024 estarán exentas de tributación, salvo en los casos en que el importe recibido exceda el coste real de las reparaciones. La aclaración responde a una consulta relacionada con las ayudas otorgadas a los afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo. En concreto, el organismo precisa que mientras la ayuda no sobrepase el coste total de los trabajos de reparación, el beneficiario no debe incluirla en la base imponible del IRPF. En cambio, si la cantidad percibida es superior a lo presupuestado, únicamente deberá declararse la diferencia. Por ejemplo, si una reparación tiene un coste de 10.000 euros y la ayuda municipal asciende a 7.000, esta no deberá incluirse en la declaración de la renta. Sin embargo, si la subvención otorgada fuera de 12.000 euros, el contribuyente tendría que tributar únicamente por los 2.000 euros que exceden el gasto real. A la vista de este criterio, los expertos fiscales aconsejan a los damnificados por la DANA conservar toda la documentación relacionada con las ayudas: la resolución municipal que las aprueba, los presupuestos, facturas y recibos de las reparaciones, así como la acreditación de que la vivienda estaba registrada como habitual en el momento del siniestro. En caso de haber tenido que abandonar el inmueble, también recomiendan guardar las pruebas del desalojo, como órdenes o informes técnicos.

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(El Economista, 16-10-2025) | Fiscal

El alza fiscal y el fin de la "Golden Visa" echan a 500 ricos de España

Más de 500 millonarios abandonarán España este año, llevándose consigo unos 2.700 millones de euros, debido al aumento de la presión fiscal y a la ausencia de incentivos atractivos para atraer inversión extranjera. El endurecimiento de la tributación a los grandes patrimonios -tras la aprobación del impuesto a las grandes fortunas en 2022, la reactivación del impuesto de Patrimonio en comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, la eliminación del programa Golden Visa y el mayor control de Hacienda sobre los beneficiarios de la Ley Beckham- ha provocado un efecto desalentador para quienes poseen un alto nivel de riqueza o buscan establecerse en el país. Así lo señala un informe elaborado por la consultora británica Henley & Partners, especializada en movilidad de inversiones, junto con la firma de análisis patrimonial New World Wealth. El estudio advierte que España, junto con Alemania y Francia, será una de las grandes economías europeas que registrará por primera vez en 2025 una salida neta de individuos con elevado poder adquisitivo. La fuga prevista de 500 grandes patrimonios representa el 0,25% de los 192.300 contribuyentes que actualmente pagan el impuesto de Patrimonio (aplicable a fortunas superiores a dos millones de euros) y equivale al 0,28% de la riqueza declarada por estos, que alcanzó los 934.000 millones de euros en 2023. Se espera que el impacto de esta salida se refleje en las declaraciones del impuesto correspondientes al ejercicio 2025, que se presentarán en 2026. "El éxodo de estos millonarios no es solo una cuestión estadística: implica la pérdida de talento emprendedor, capital de inversión y conexiones internacionales de alto valor", advierte el informe. En relación con España, subraya que el fin del programa de visa dorada en abril de 2025 llega en un momento especialmente inoportuno, "eliminando un instrumento de atracción de inversión extranjera justo cuando la riqueza existente comienza a marcharse del país". La llamada Golden Visa, vigente desde 2013 hasta abril de 2025, permitía a ciudadanos de fuera de la Unión Europea obtener la residencia española a cambio de invertir al menos 500.000 euros en vivienda, un millón en activos financieros o depósitos bancarios, dos millones en deuda pública o capital en proyectos innovadores o generadores de empleo. Durante su existencia, España concedió más de 10.000 visados bajo este sistema. Además, en diciembre de 2022 el Gobierno implantó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) con el fin de gravar a los contribuyentes más ricos residentes en comunidades donde el impuesto de Patrimonio estaba bonificado. Este tributo estatal aplica tipos progresivos a partir de los tres millones de euros: 1,7% entre tres y 5,3 millones; 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones; y 3,5% por encima de ese umbral. La creación de este impuesto llevó a comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia -que antes aplicaban bonificaciones del 100%, 100% y 50%, respectivamente- a reactivar el tributo propio en 2023 para recaudar ellas mismas lo que de otro modo ingresaría el Estado. Como resultado, el número de contribuyentes sujetos al impuesto aumentó en 7.190 personas. Por otro lado, la Ley Beckham también ha generado polémica en los últimos meses. Mientras asesores y expertos denuncian un aumento de la vigilancia de la Agencia Tributaria sobre los extranjeros acogidos a este régimen, Hacienda sostiene que solo realiza comprobaciones rutinarias y que los controles afectan a menos del 0,5% de los beneficiarios. Este régimen fiscal especial, que lleva el nombre del futbolista David Beckham, permite a los trabajadores extranjeros tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en lugar del IRPF, con un tipo fijo del 24% sobre los ingresos generados en España hasta 600.000 euros y del 47% sobre el exceso, sin gravar el patrimonio que posean fuera del país.

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(Expansión, 15-10-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria lanza la solución gratuita de facturación para cumplir con Verifactu

Los empresarios y autónomos ya tienen disponible la nueva aplicación de facturación de la Agencia Tributaria, una herramienta que les permitirá adaptar sus sistemas a las exigencias que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Además, esta misma aplicación servirá en el futuro para cumplir con la obligación de emitir facturas electrónicas. A falta de poco más de dos meses para que empiecen a aplicarse las nuevas obligaciones de la Ley Antifraude a las primeras empresas, la Agencia Tributaria (AEAT) lanzó este lunes su aplicación gratuita de facturación, que ya incorpora los requisitos del sistema de verificación de facturas, conocido como Verifactu. Según explicó la propia AEAT, esta herramienta permitirá a autónomos, profesionales y pequeñas empresas "con un volumen reducido de facturas" emitirlas de forma electrónica y enviar sus registros directamente a la Agencia Tributaria, cumpliendo con las exigencias de los nuevos Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). De esta manera, las microempresas, pymes y trabajadores por cuenta propia que utilicen esta solución pública y gratuita no necesitarán contratar a proveedores privados de software, aunque estos ya estaban obligados desde el 29 de julio a adaptar sus programas a la normativa antifraude. Fuentes de la Inspección de Hacienda señalan que esta primera versión de la aplicación es "una herramienta básica, presentada como un formulario dentro de la sede electrónica, de manejo muy sencillo y dirigida principalmente a microempresas y autónomos". Además, la plataforma también permitirá cumplir con las futuras obligaciones de facturación electrónica entre empresas, generando documentos en formato UBL adaptado a los estándares de la Unión Europea. No obstante, esta obligación aún podría tardar más de un año en aplicarse, ya que el Ministerio de Hacienda todavía no ha publicado el reglamento definitivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ahora, y en lo relativo a Verifactu, la herramienta de la Agencia Tributaria permite emitir facturas que cumplen con todos los nuevos requisitos, incluyendo un código QR que enlaza con los datos de verificación para los clientes, y registra automáticamente la operación en la sede electrónica de la AEAT. Para acceder al sistema, los empresarios y autónomos deberán identificarse mediante firma digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve PIN. Es importante destacar que el programa solo admite facturas que incluyan la identificación completa del cliente, por lo que será necesario introducir sus datos manualmente. Desde la entrada en vigor de la obligación para los fabricantes de software de cumplir con la Ley Antifraude -que prohíbe, entre otras cosas, los programas que faciliten la contabilidad paralela-, todas las empresas, sin importar su tamaño, deberán adaptar sus sistemas antes del 1 de enero de 2026. En el caso de los trabajadores autónomos, el plazo se amplía hasta el 1 de julio del mismo año. A partir de esa fecha, todos los contribuyentes que emitan facturas deberán enviar los datos correspondientes a la Agencia Tributaria y permitir que sus clientes comprueben si cumplen con sus obligaciones fiscales. Por su parte, la implantación obligatoria de la factura electrónica se retrasará uno o dos años desde la publicación del reglamento pendiente, dependiendo del volumen de facturación anual de cada empresa: si supera o no los ocho millones de euros.

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(Expansión, 15-10-2025) | Fiscal

Los asesores fiscales reclaman una revisión integral de las consultas tributarias a Hacienda

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado un amplio informe en el que denuncia que el sistema español de consultas tributarias, sin modificaciones en más de veinte años, se ha quedado desfasado y necesita una profunda reforma que lo modernice y lo acerque a los modelos de las principales economías europeas. Según la Aedaf, el actual mecanismo de consultas tributarias está "completamente obsoleto" y requiere una revisión integral que garantice el verdadero carácter vinculante de las respuestas emitidas por la Dirección General de Tributos (DGT). Así lo manifestaron durante la presentación de un documento remitido al Ministerio de Hacienda, en el que proponen una serie de cambios estructurales para actualizar el sistema. Los asesores fiscales advierten de la "grave inseguridad jurídica" que provoca la falta de evolución del modelo español, cuyo marco legal permanece inalterado desde hace más de dos décadas. En contraste, países como Italia o Francia han desarrollado sistemas más avanzados: el primero dispone de más de seis tipos diferentes de consultas, y el segundo ofrece mayores garantías sobre su carácter vinculante. El informe, elaborado por el Consejo Asesor Institucional de Aedaf y César García Novoa -coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la asociación-, identifica cinco grandes deficiencias en el actual sistema. La primera es que la DGT resuelve consultas basadas en hechos "descritos de forma abstracta", lo que, según los asesores, provoca que las respuestas sean "meramente orientativas" y dependan de circunstancias que luego pueden ser verificadas por la Inspección. Esto genera incoherencias, ya que los criterios aplicados por la Inspección a menudo difieren de los establecidos por la DGT. El segundo problema señalado es que las consultas tributarias no resultan vinculantes para los tribunales, pese a que la ley establece lo contrario. De hecho, el Tribunal Supremo ha determinado que, aunque la Administración no siga el criterio de la DGT, no procede anular una liquidación si el juez respalda otra interpretación. Por ello, Aedaf considera urgente "actualizar el régimen normativo" y reforzar la seguridad jurídica. Asimismo, los asesores critican que el plazo legal de seis meses para responder una consulta resulta poco útil para ofrecer certeza a los contribuyentes, especialmente en un contexto de cambios de criterio de la Administración. Este retraso puede obligar a los contribuyentes a aceptar interpretaciones más gravosas durante los procesos de regularización. Entre las reformas propuestas, destaca la introducción del llamado "silencio positivo": si la DGT no contesta en el plazo de seis meses, se entendería aceptado el criterio planteado por el consultante. Esta medida ya existe en países como Francia e Italia y, según la Aedaf, contribuiría a reforzar la confianza de los contribuyentes. La asociación también plantea reforzar el carácter vinculante de las consultas, especialmente respecto a los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, que a menudo no siguen el criterio de la DGT. Además, propone la creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y la puesta en marcha de un órgano especializado que atienda específicamente la realidad empresarial. En definitiva, los asesores fiscales reclaman una modernización profunda del sistema español de consultas tributarias para dotarlo de mayor seguridad jurídica, coherencia y eficacia, alineándolo con los estándares europeos.

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