El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comunicado este jueves la sexta y última reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde 2019, fijando el tipo impositivo en el 0,4%, que representa el suelo fijado por la legislación.
Esta disminución progresiva del tributo, cuyos primeros cinco tramos ya están vigentes, terminará de aplicarse en 2027 tras la aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales en la Junta de Gobierno. Con esta medida se da cumplimiento a una de las principales promesas del equipo de gobierno local para la presente legislatura, coincidiendo su aplicación con el año de los comicios municipales.
El regidor explicó que no es posible continuar reduciendo este impuesto debido a los límites fijados por la Ley reguladora de Haciendas Locales. Sumando todas las rebajas desde 2019, cuando la tasa se situaba en el 0,51%, el ahorro estimado para los contribuyentes alcanzará los 245 millones de euros, de los cuales algo más de 31 millones corresponden al ajuste actual desde el 0,414% previo. Gracias a esta decisión, Madrid alineará su gravamen con los mínimos de Zaragoza y Santander, colocándose muy por debajo del promedio estatal, que gira en torno al 0,66%, e inferior al de otras grandes urbes.
La rebaja beneficiará a 2,2 millones de recibos en la capital, concentrándose la mayor parte en inmuebles de uso residencial, además de miles de establecimientos comerciales, oficinas, espacios industriales, recintos de ocio y hostelería.
Por otra parte, la fiscalidad municipal incorporará modificaciones en la tasa de basuras obligada por la normativa estatal e inspirada en directivas comunitarias. A pesar de las dificultades operativas y judiciales sufridas durante su implantación, el consistorio mantendrá este cobro en 2027 ajustando su diseño normativo. El nuevo esquema integrará el coeficiente de calidad en la recogida selectiva junto al valor catastral, el volumen de residuos generados y los empadronados por vivienda, manteniendo una cuota media calculada en torno a los 143 euros.
La Fundación de las Cajas de Ahorros ha reclamado la adopción urgente de medidas para contener el diferencial de inflación de España frente a la zona euro y mitigar el encarecimiento de la deuda pública derivado del alza de los tipos de interés. En su informe de previsiones de otoño, la entidad anticipa que el IPC se situará en el 3,7% este año y en el 3,1% el próximo, una evolución que mermará la capacidad de compra de las familias y ralentizará el ritmo de avance de la actividad económica.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el director general del organismo, Carlos Ocaña, la economía española experimentará un suave desaceleramiento, pasando de un avance del 2,5% este año al 1,8% en 2027 y al 1,7% en 2028. Los responsables del análisis expresan especial preocupación por el componente diferencial de los precios españoles, precisando que cerca del noventa por ciento de la brecha respecto a Europa proviene del indicador subyacente y no únicamente de la energía. Para corregir este desequilibrio, la institución sugiere incentivar la inversión productiva como un ajuste de carácter positivo.
En el ámbito monetario, las previsiones contemplan dos incrementos adicionales de las tasas de interés hasta alcanzar el 3%, nivel en el que también se mantendría el euríbor, mientras que el rendimiento del bono público se situaría en torno al 4%. Esta coyuntura elevará el coste anual de financiación de la deuda pública desde los 43.000 millones de euros actuales hasta aproximadamente 64.000 millones en 2031. El director de Coyuntura, Raymond Torres, ha advertido de que este incremento de 20.000 millones anuales equivale al ochenta y tres por ciento del rendimiento de Impuesto sobre Sociedades o al sesenta y nueve por ciento del presupuesto educativo.
La ralentización económica responderá a un menor empuje de la demanda interna, cuya contribución al producto interior bruto pasará de tres puntos este año a dos puntos en 2028, unida a una aportación negativa del sector exterior y a la pérdida de dinamismo en el ámbito turístico. En sus proyecciones, la entidad asume como hipótesis la estabilización del conflicto en Oriente Próximo, la contención del gasto tras la prorroga presupuestaria y el ajuste de la recaudación mediante los estabilizadores automáticos del sistema. En este punto, se sugiere ajustar las tarifas del impuesto sobre la renta a la inflación para preservar la progresividad del tributo.
Respecto al mercado de trabajo, el escenario trazado prevé la creación de 770.000 empleos netos hasta finales de 2028, lo que permitiría reducir la tasa de desempleo hasta el 9%, si bien se señala el estancamiento de la población activa como un elemento condicionante. Para hacer frente a este panorama, el centro de estudios plantea tres actuaciones prioritarias: reconstruir un margen de reserva presupuestaria, prolongar la fase de crecimiento mediante inversiones como la edificación residencial y potenciar la productividad y los salarios a medio plazo.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este miércoles la importancia de los impuestos y de los servicios públicos frente a las posiciones que cuestionan la fiscalidad y proponen reducir la carga tributaria. Durante su participación en el Foro CREO, organizado por Cinco Días y Prisa Media, ha subrayado que el Estado debe funcionar como una red de protección para ciudadanos y empresas ante un escenario internacional cada vez más incierto. En este sentido, ha afirmado que, cuando se producen situaciones adversas, tanto la población como el tejido empresarial esperan que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y no permanezcan al margen.
El titular de Hacienda ha combinado la defensa del Estado del bienestar con una advertencia sobre las consecuencias de aprobar rebajas fiscales sin explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos. Sus críticas se han dirigido especialmente a Vox, cuya propuesta de reforma del IRPF supondría, según las estimaciones del Ministerio, una reducción de la recaudación de unos 85.000 millones de euros. También ha aludido a los planteamientos del Partido Popular favorables a reducir impuestos y ha reclamado que se detallen sus efectos sobre las cuentas públicas.
El IRPF ocupa un lugar central en esta discusión, ya que proporciona alrededor de 140.000 millones de euros anuales y constituye uno de los principales instrumentos de progresividad del sistema tributario. La propuesta de Vox contempla establecer un mínimo exento de 22.000 euros al año, aplicar un tipo del 15% a los ingresos de hasta 70.000 euros y fijar un gravamen del 25% para las rentas superiores. Según los cálculos del Ejecutivo, estos cambios reducirían en más de la mitad los ingresos actuales procedentes del impuesto.
España ya había cuestionado el martes esta iniciativa y había pedido a sus promotores que explicasen qué partidas del presupuesto recortarían para compensar la merma de recaudación. Los 85.000 millones de euros que Hacienda estima que dejaría de ingresar el Estado superarían el gasto público anual en educación y representarían cerca del 80% de los recursos destinados a sanidad.
El ministro ha insistido en que la discusión fiscal debe ir más allá de cuánto pagan los contribuyentes y abordar también qué servicios pueden financiarse con los ingresos públicos. A su juicio, es necesario explicar mejor el destino de los impuestos y su repercusión en la vida cotidiana, así como el papel que desempeñan en el mantenimiento de las prestaciones y servicios esenciales.
Como ejemplo, ha recordado el coste de la atención sanitaria durante la pandemia, cuando una noche en una unidad de cuidados intensivos podía alcanzar los 3.000 euros, sin que el paciente tuviera que abonar directamente esa cantidad. También ha mencionado las intervenciones quirúrgicas, los partos, las becas universitarias y el transporte público para ilustrar cómo la financiación colectiva permite acceder a determinados servicios sin que su coste recaiga íntegramente sobre cada hogar. En este contexto, ha defendido que una enfermedad grave no debería llevar a una familia a la ruina económica.
España también ha reivindicado la evolución de la economía española en los últimos años y ha señalado que el crecimiento es imprescindible para sostener las políticas sociales. Según ha resumido, la expansión económica permite disponer de recursos para proteger a la población, mientras que unas cuentas públicas saneadas resultan necesarias para afrontar futuras crisis.
Por último, el ministro ha ampliado su análisis a la situación internacional y al papel de la Unión Europea. Ha advertido de que el debilitamiento del orden multilateral y de las reglas que rigen las relaciones internacionales puede perjudicar especialmente a los países y colectivos más vulnerables. Ante este escenario, ha defendido una Unión Europea con mayor capacidad de respuesta y un presupuesto comunitario adecuado a los desafíos actuales, frente a las propuestas que buscan limitar su alcance. En su opinión, un mundo sin reglas genera consecuencias desiguales, por lo que ha reclamado proteger el proyecto europeo frente a quienes pretenden debilitarlo o acabar con él.
El Partido Popular considera que el Gobierno no ha aprovechado el incremento de los ingresos tributarios ni los recursos procedentes de los fondos europeos para impulsar la productividad de la economía española. Ante el encarecimiento del coste de la vida, la formación plantea distintas medidas fiscales, entre ellas adaptar los tramos del IRPF a la inflación para reducir la presión tributaria sobre las familias.
Tras conocerse los datos de inflación de septiembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la gestión económica del Ejecutivo y ha responsabilizado al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
Según ha señalado Bravo, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, los precios han aumentado más de un 28%, mientras que la carga fiscal también se ha incrementado. El dirigente popular sostiene que cada ciudadano paga actualmente 3.600 euros más en impuestos que en 2018 y que la recaudación del Estado superará este año en 200.000 millones de euros la registrada entonces.
Ante esta situación, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo propone poner en marcha un conjunto de medidas de aplicación automática para limitar los efectos de la subida de precios, especialmente los relacionados con la energía y los combustibles. La formación considera necesario evitar que estos incrementos, vinculados en los últimos meses al conflicto en Oriente Próximo, terminen repercutiendo en el precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Entre las principales propuestas figura la supresión total del IVA para los alimentos básicos, incluyendo productos como la carne, el pescado y las verduras. Asimismo, el PP defiende reducir al 10% el IVA aplicado a la energía.
A estas iniciativas se suma su propuesta de deflactar las tarifas del IRPF, una medida que la formación viene reclamando desde hace tiempo y que permitiría ajustar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Con ello, pretende evitar que las subidas salariales destinadas a compensar la inflación provoquen un aumento de la tributación sin que exista una mejora real de la capacidad adquisitiva.
Por su parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido de que el incremento del precio de los alimentos afecta especialmente a los hogares con hijos y a las familias con menores ingresos, debido al mayor peso que representa la cesta de la compra en sus presupuestos. Nadal también ha cuestionado los resultados de la política económica del Ejecutivo. A su juicio, el aumento de la presión fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la llegada de importantes recursos europeos no se han traducido en un avance suficiente de la inversión y la productividad.
El responsable económico del PP considera que la mejora del nivel de vida y de los salarios debe apoyarse en una economía más productiva, para lo que defiende impulsar las inversiones públicas y privadas que permitan fortalecer la actividad económica y favorecer un crecimiento sostenible. Según los datos definitivos del INE, la inflación interanual se situó en septiembre en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,1%. Estas cifras constituyen el contexto de las propuestas fiscales planteadas por el Partido Popular.
El dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma que las ayudas extraordinarias a la gasolina y el diésel continuarán vigentes. El encarecimiento de los carburantes ha superado el umbral del 15% establecido para mantener las rebajas fiscales máximas contempladas en el tercer paquete de medidas anticrisis, aprobado el pasado 29 de septiembre y cuya convalidación está prevista para este viernes en el Congreso. El INE también ha ratificado que la inflación interanual alcanzó el 4,9% el mes pasado, mientras que la tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la energía, subió hasta el 3,1%. Según los economistas, estos datos apuntan a que la economía española podría haber alcanzado el punto máximo de la actual escalada inflacionista, impulsada por el conflicto en Oriente Próximo, las tensiones en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
El último real decreto del escudo anticrisis incorpora un mecanismo que condiciona el nivel de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. Para conservar las ayudas en su cuantía máxima, los productos energéticos debían registrar un encarecimiento superior al 15% respecto a septiembre de 2025. Las previsiones anticipaban que los carburantes rebasarían ese límite, como finalmente ha sucedido. De acuerdo con el INE, los combustibles y lubricantes para vehículos se han encarecido más de un 30% en un año, con aumentos del 34% en el gasóleo y del 27% en la gasolina. En consecuencia, durante noviembre se mantendrá la rebaja máxima de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos para ambos combustibles. En diciembre, el descuento será de al menos 13 céntimos por litro, lo que evitará una reducción de las ayudas respecto al calendario inicialmente previsto. La convalidación del decreto corresponde esta semana a la Diputación Permanente del Congreso, al encontrarse las Cortes disueltas tras el adelanto electoral.
El paquete fiscal también contempla ayudas directas para los transportistas profesionales que pueden acogerse a la devolución parcial del impuesto sobre el gasóleo. Estos recibirán cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre. Los profesionales que no tienen acceso a este mecanismo, como determinados transportistas de mercancías con vehículos de menor tonelaje y los dedicados al transporte de viajeros, disponen de compensaciones directas cuya cuantía depende del tipo de vehículo. Además, las medidas prolongan hasta el 31 de diciembre las ayudas extraordinarias al combustible para los sectores agrícola y pesquero, con el propósito de aliviar el incremento de sus costes de explotación.
La evolución de la electricidad, en cambio, no ha alcanzado el nivel necesario para activar las rebajas fiscales previstas. El INE ha confirmado que el precio de la luz aumentó un 11,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, una cifra que coincide con las estimaciones de Funcas, BBVA Research y el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE). Aunque la subida supera el 10%, se mantiene más de tres puntos por debajo del umbral del 15% exigido para aplicar las medidas. Por este motivo, el IVA de la electricidad no volverá al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad no se reducirá al 0,5%, por lo que ambos seguirán sujetos a sus tipos generales.
Las previsiones sobre la electricidad eran menos claras que las relativas a los carburantes. Por una parte, existía presión al alza derivada de la revisión de los precios de comercialización. El ICAE había señalado que las ofertas de las compañías en el mercado libre podían ser un factor determinante en la evolución de la tasa. Por otra, la estructura del mercado eléctrico contribuye a moderar el traslado de las variaciones de los precios mayoristas a los consumidores. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, ha explicado que para superar el límite interanual del 15% habría sido necesario un incremento mensual del 5,6%. Una subida de esa magnitud resultaba poco probable, ya que los contratos a plazo amortiguan las oscilaciones del mercado mayorista y retrasan su repercusión en las facturas domésticas.
Aunque no se activarán nuevas rebajas fiscales en la factura eléctrica, el Gobierno mantiene otras medidas para contener los gastos de calefacción y proteger a los hogares más vulnerables al inicio del invierno. Entre ellas figura el límite aplicado a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, que restringe al 35% el incremento del coste de la materia prima en la revisión de octubre, frente a una subida cercana al 50% que habría resultado de aplicar directamente la evolución de las cotizaciones internacionales. También continúa el tope al precio de la bombona de butano y se mantiene la protección del bono social eléctrico, que ofrece descuentos de entre el 25% y el 40% a los hogares beneficiarios e impide interrumpir el suministro por impago a las familias en riesgo de exclusión social.
En los supermercados, los precios presentan una evolución más moderada. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 2,7% interanual, aunque los productos frescos continúan registrando aumentos superiores a la media. Las frutas, las hortalizas y otros productos de la huerta concentran buena parte de las subidas. Entre los mayores incrementos figuran los de las bayas, cuyos precios se aproximan a un 50% más que hace un año; los tomates, los pimientos y los pepinos, con aumentos cercanos al 17%; y los huevos, que han subido más de un 12%.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sostiene que las medidas anticrisis han amortiguado el efecto de la guerra en Irán sobre el coste de la vida. Según sus cálculos, las ayudas han contenido aproximadamente la mitad del impacto que el conflicto habría tenido sobre los precios y han reducido el IPC hasta un punto en algunos meses. Sin embargo, el Banco de España ha estimado recientemente que los tres paquetes de medidas tendrán un coste para las cuentas públicas equivalente a medio punto del PIB, alrededor de 12.000 millones de euros.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha señalado las medidas que deberían adoptar las principales economías mundiales para corregir los desequilibrios comerciales: China tendría que aumentar el gasto interno, Estados Unidos debería elevar el ahorro y Europa necesita impulsar la inversión. Según la responsable del organismo, estos desequilibrios continuaron ampliándose en 2025 y alcanzaron un volumen equivalente al 0,7% del producto interior bruto mundial, pese a las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump y las advertencias de la Unión Europea, que la semana pasada volvió a reclamar cambios a Pekín a través del comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
Georgieva considera que las medidas correctoras son especialmente necesarias en China, Estados Unidos y algunos países europeos. En el caso chino, aboga por reorientar el modelo económico, reduciendo su dependencia de las exportaciones y dando mayor protagonismo al consumo interno. Para Estados Unidos, que presenta un déficit comercial, recomienda aumentar el ahorro y reducir los desequilibrios presupuestarios. Europa, por su parte, debería reforzar su competitividad y elevar el volumen de inversión.
La directora gerente del FMI ha expuesto estas recomendaciones este miércoles ante los medios, durante la reunión anual del Fondo y del Banco Mundial, inaugurada el lunes en Bangkok. Georgieva ha destacado la capacidad de resistencia de la economía mundial frente a una sucesión de perturbaciones e incertidumbres, aunque ha advertido de que esa fortaleza empieza a mostrar sus límites. En particular, ha alertado de que los colchones energético y fiscal se están agotando, lo que reduce el margen de maniobra de los gobiernos ante nuevas crisis.
La inflación continúa en niveles elevados en numerosos países y está favoreciendo subidas de los tipos de interés, que encarecen a su vez el servicio de la deuda. En este contexto, Georgieva ha señalado que el impacto negativo de la crisis energética se está viendo parcialmente compensado por el impulso de la demanda asociado al desarrollo de la inteligencia artificial. La reducción del suministro energético provocada por la guerra en Oriente Próximo presiona a la baja la actividad económica, mientras que las inversiones y necesidades vinculadas a la IA aportan un efecto positivo.
No obstante, la responsable del FMI ha advertido de que las consecuencias de estas perturbaciones son muy desiguales entre países. Las economías más perjudicadas son aquellas que ya presentaban debilidades estructurales, tienen una participación limitada en el desarrollo de la inteligencia artificial y dependen en gran medida de las importaciones de hidrocarburos.
Georgieva también ha criticado a los gobiernos que no aprovecharon la recuperación posterior a la pandemia para reforzar sus cuentas públicas y prepararse ante futuras contingencias. Ha señalado que las economías avanzadas se encuentran entre las más expuestas y ha reclamado mejoras en la recaudación, una gestión más eficiente del gasto y ajustes presupuestarios que permitan corregir las vulnerabilidades antes de que se agraven. Para la directora gerente, esta es una de las principales prioridades que deben asumir los responsables políticos.
Junto a la consolidación fiscal, Georgieva ha defendido que los gobiernos concentren las ayudas en las personas más vulnerables, en lugar de priorizar medidas generales destinadas a contener los precios. El objetivo, según ha indicado, debe ser proteger a quienes tienen menos capacidad para afrontar el encarecimiento de la energía y otros bienes esenciales.
Por último, la directora gerente ha vuelto a advertir sobre los riesgos financieros asociados a las expectativas generadas por la inteligencia artificial. Ha señalado que una rentabilidad inferior a la prevista a corto plazo podría desencadenar una corrección desordenada en los mercados. La advertencia se produce después de que, la semana pasada, en Singapur, Georgieva afirmara que se aproximaba «el invierno», una expresión que, según ha reconocido, no utilizó como pronóstico meteorológico, sino como aviso sobre el escenario económico que podría avecinarse.
La Comunidad de Madrid vuelve a encabezar la clasificación de competitividad fiscal en España por séptimo año consecutivo, mientras que Cataluña permanece en la última posición. Entre las principales novedades del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2026 destaca el avance de Canarias, que recupera el quinto puesto y desplaza a La Rioja a la sexta posición.
El estudio, elaborado por la economista Cristina Enache y publicado por Tax Foundation en colaboración con la Fundación para el Avance de la Libertad, analiza los sistemas tributarios de las comunidades autónomas y de los tres territorios históricos del País Vasco. La clasificación tiene en cuenta aspectos como los tipos impositivos, las deducciones, las bonificaciones y la estructura de los principales impuestos.
Canarias mejora su posición respecto al ejercicio anterior gracias, principalmente, a la actualización de la tarifa autonómica del IRPF para compensar los efectos de la inflación. En diciembre de 2025, el archipiélago aprobó una deflactación del 2,1%, una decisión que ha contribuido a elevar su puntuación en el índice. No obstante, la autora del informe considera que todavía existen posibilidades de mejorar el sistema fiscal canario. Entre sus recomendaciones figura introducir una bonificación en el Impuesto sobre el Patrimonio que tenga en cuenta la diferencia entre la cuota autonómica y la correspondiente al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
En materia de IRPF, Enache plantea una reducción de tres puntos porcentuales en los tipos autonómicos para aproximar el tipo marginal máximo conjunto al 47,5%, un nivel comparable al de Alemania. También propone actualizar automáticamente cada año los tramos del impuesto y los mínimos personales y familiares según la evolución de los precios. Madrid mantiene su liderazgo en la clasificación y eleva su puntuación hasta los 7,12 puntos, frente a los 7,02 obtenidos en 2025. El informe atribuye esta posición a una estructura tributaria caracterizada por tipos relativamente reducidos en determinados impuestos, amplias bonificaciones y la ausencia de tributos propios.
En el ámbito del IRPF, la comunidad presenta uno de los tipos marginales máximos conjuntos más bajos de España, situado en el 45%. La región también ha aplicado sucesivas actualizaciones de la tarifa autonómica y de los mínimos personales y familiares para limitar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes. A estas características se añaden las bonificaciones fiscales en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, así como un tratamiento favorable en determinadas operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
De acuerdo con el análisis de Tax Foundation, esta combinación convierte a Madrid en uno de los territorios con una carga tributaria relativamente reducida para los contribuyentes con ingresos medios y elevados, dentro de los impuestos considerados en el estudio. Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado nuevas medidas fiscales para 2027, centradas especialmente en facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
Entre las propuestas figura reducir del 6% al 4% el tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales aplicable a la adquisición de viviendas habituales de segunda mano por menores de 40 años, siempre que el inmueble no supere los 450.000 euros. También se contempla rebajar del 0,75% al 0,4% el tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para determinadas adquisiciones de viviendas de nueva construcción. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, estas medidas permitirían generar un ahorro fiscal conjunto próximo a los 116 millones de euros anuales. La reducción del impuesto sobre transmisiones podría beneficiar a cerca de 40.000 jóvenes, mientras que la rebaja de Actos Jurídicos Documentados alcanzaría aproximadamente a otros 4.200 compradores.
A estas iniciativas se suma el anuncio de una nueva reducción de medio punto en la escala autonómica del IRPF, con tipos comprendidos entre el 8% y el 20%. Se trata de propuestas anunciadas para 2027, por lo que su aplicación dependerá de la correspondiente aprobación normativa. En el extremo opuesto de la clasificación, Cataluña vuelve a ocupar el último puesto, con una puntuación de 4,45 sobre 10. El informe señala que la comunidad ha perdido competitividad fiscal durante los últimos años debido, entre otros factores, a la estructura de su IRPF, la tributación patrimonial y la existencia de numerosos impuestos propios.
Según el estudio, Cataluña cuenta con un elevado número de figuras tributarias autonómicas y no ha introducido durante 2026 reformas suficientemente relevantes como para modificar su posición en el índice.
La autora destaca que algunas de las principales diferencias respecto a otras comunidades se encuentran en los impuestos que gravan la renta personal, el patrimonio y las herencias. En el caso del IRPF, el informe considera que determinados niveles de renta soportan tipos marginales elevados. También recuerda que las modificaciones introducidas en años anteriores, como el aumento de algunos tipos y la ampliación del número de tramos, han influido en su valoración.
Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, Cataluña mantiene un mínimo exento general de 500.000 euros y una escala progresiva que alcanza el 3,48% para los patrimonios más elevados. Esta configuración contribuye, según Tax Foundation, a que la comunidad presente una tributación patrimonial comparativamente alta. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el estudio también sitúa a Cataluña entre los territorios con menor competitividad. La reducción de determinadas bonificaciones y la recuperación de coeficientes multiplicadores en 2020 son algunos de los elementos que influyen en su posición. La peor valoración catalana se registra en el apartado correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El informe señala especialmente la reforma de la tarifa de transmisiones patrimoniales aprobada en marzo de 2025, que elevó el tipo máximo general del 11% al 13%. También destaca la introducción de un gravamen del 20% para determinadas adquisiciones de viviendas realizadas por grandes tenedores y operaciones de compra de edificios completos. Junto a Cataluña, las posiciones inferiores de la clasificación están ocupadas por Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, territorios que presentan distintas características fiscales que, de acuerdo con la metodología del índice, reducen su puntuación relativa.
El informe de 2026 muestra así diferencias importantes entre los sistemas tributarios autonómicos. Mientras Madrid conserva el liderazgo y Canarias mejora su posición, Cataluña continúa cerrando la clasificación, en un contexto en el que las decisiones sobre el IRPF, los impuestos patrimoniales y la fiscalidad inmobiliaria siguen siendo determinantes para los resultados del índice. No obstante, la competitividad fiscal que mide este estudio se refiere fundamentalmente al diseño y la estructura de los impuestos. Por tanto, sus resultados no constituyen por sí solos una valoración global de la situación económica de cada comunidad, de la calidad de sus servicios públicos o de la suficiencia de sus ingresos.
El Tribunal Supremo analizará por primera vez si los propietarios de inmuebles en España que residen fuera de la Unión Europea pueden deducirse los gastos vinculados al alquiler para calcular el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció este derecho a una contribuyente residente en Estados Unidos. El tribunal deberá determinar si impedir estas deducciones supone una discriminación contraria al principio de libre circulación de capitales establecido por el Derecho de la Unión Europea.
El litigio se originó por el alquiler de una vivienda situada en Barcelona propiedad de una contribuyente estadounidense. Hacienda le exigió 5.073,79 euros correspondientes al cuarto trimestre de 2016, además de 4.378,40 euros por 2017 y 3.959,20 euros por 2018. La propietaria solicitó que se revisaran las liquidaciones para poder descontar gastos relacionados con el inmueble, como el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), los intereses de financiación, la tasa de basuras y las cuotas de la comunidad de propietarios. Tanto la Agencia Tributaria como los órganos económico-administrativos rechazaron su petición, pero la Audiencia Nacional estimó su recurso en julio de 2023.
La normativa española permite a los residentes fiscales de otros países de la UE y a determinados Estados del Espacio Económico Europeo deducir los gastos directamente relacionados con los ingresos obtenidos en España, siempre que se cumplan los requisitos legales. En cambio, los contribuyentes residentes en terceros países deben tributar por el importe íntegro de los rendimientos del alquiler, sin descontar esos costes. La Audiencia Nacional consideró que esta diferencia de trato no podía justificarse únicamente por el lugar de residencia del propietario y que podía vulnerar la libre circulación de capitales.
El Supremo ha admitido el recurso para establecer jurisprudencia sobre una cuestión que afecta a numerosos contribuyentes. En un auto fechado el 15 de julio, los magistrados señalan que no existe doctrina consolidada sobre las normas aplicables y que el asunto podría requerir una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dado que la resolución de la Audiencia Nacional se apoyó en la interpretación del Derecho comunitario.
La fiscalidad de los propietarios no residentes ya está bajo el escrutinio de las instituciones europeas. En 2019, la Comisión Europea abrió un procedimiento contra España por el diferente tratamiento fiscal de los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles de contribuyentes no residentes, que continúa abierto. En junio de 2025, Bruselas inició otro procedimiento de infracción relacionado con la tributación de los ciudadanos extranjeros no residentes que poseen viviendas en España y las utilizan de forma ocasional.
Uno de los aspectos centrales que deberá resolver el Supremo es si la diferencia fiscal puede justificarse mediante la denominada cláusula standstill, prevista en el Derecho europeo. Esta disposición permite mantener determinadas restricciones a los movimientos de capitales con terceros países cuando ya estaban vigentes el 31 de diciembre de 1993.
El alto tribunal señala que la regulación actual del IRNR no existía en esa fecha, aunque los rendimientos inmobiliarios obtenidos por no residentes ya estaban sujetos a tributación mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre sociedades por obligación real, de acuerdo con normas aprobadas en 1983 y 1991.
Por tanto, el Supremo deberá determinar si gravar los ingresos íntegros del alquiler de inmuebles españoles propiedad de residentes en terceros países vulnera la libre circulación de capitales y, en caso afirmativo, si esa restricción puede quedar amparada por la cláusula europea. Hasta que se resuelva el recurso, la admisión a trámite no supone un reconocimiento general del derecho a deducir estos gastos para todos los propietarios extracomunitarios.
Más Madrid ha puesto en marcha este martes una nueva campaña contra la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, y ha instado a los ciudadanos a presentar recursos contra los recibos ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal. La formación ha vuelto a facilitar un modelo de reclamación y una guía para ayudar a los vecinos a completar el procedimiento.
Según la organización, la campaña de impugnación impulsada el año pasado se tradujo en la presentación de más de 130.000 recursos por parte de los ciudadanos y en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que estimó su demanda y anuló la tasa. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado la gestión municipal y ha acusado al alcalde de priorizar la recaudación frente a la limpieza de las calles, que considera cada vez más deficiente.
Para facilitar las reclamaciones, el partido ha habilitado la web noaltasazodebasuras.masmadrid.org, desde la que los madrileños pueden descargar el formulario necesario y consultar las instrucciones para presentar la impugnación. La formación sostiene que el tributo es injusto y denuncia que su importe vuelve a aumentar en 2026.
Maestre también ha reclamado la devolución de las cantidades abonadas el año pasado, después de la anulación judicial de la tasa. Según sus datos, el Ayuntamiento mantiene pendientes de devolución unos 300 millones de euros recaudados en 2025. La portavoz considera que esta situación resulta especialmente cuestionable mientras el Consistorio continúa cobrando el tributo.
Además de recurrir la tasa correspondiente a 2026, Más Madrid ha habilitado una recogida de firmas por internet para reclamar al alcalde que reintegre el dinero a los afectados. La formación calcula que los madrileños pagarán este año una media de 164 euros, siete más que en 2025, aunque el incremento varía según el barrio. En Santa Eugenia, en Villa de Vallecas, la subida ronda el 40%, mientras que en Los Jerónimos, en el distrito de Retiro, se sitúa en torno al 0,5%.
El Ministerio de Economía sostiene que los incentivos fiscales previstos para la cuenta Financia Europa no reducirán los ingresos públicos, sino que podrían aumentar la recaudación. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo argumenta que las ventajas fiscales compensarán su coste al favorecer el traslado de parte del ahorro depositado en cuentas bancarias hacia inversiones con mayor rentabilidad potencial, como acciones, fondos de inversión y ETF. Actualmente, los depósitos ofrecen una remuneración media inferior al 1,6% y los hogares españoles mantienen en ellos alrededor de 1,1 billones de euros.
Según Economía, aunque las plusvalías de estas inversiones disfruten de determinadas exenciones, el aumento de las ganancias patrimoniales y de los rendimientos distribuidos generaría una base imponible superior a la actual. Los últimos datos anuales disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024, sitúan la base imponible del ahorro cerca de los 60.000 millones de euros, frente a los poco más de 22.000 millones registrados en 2014. Ese año, Hacienda recaudó unos 13.300 millones de euros por la tributación del ahorro. El Ministerio considera que una mayor participación de los ciudadanos en los mercados financieros podría elevar estos ingresos.
El departamento también confía en que la iniciativa atraiga un volumen significativo de ahorradores, tomando como referencia la experiencia de otros países europeos. En el Reino Unido, las cuentas Individual Savings Accounts (ISA) alcanzaron 9,3 millones de usuarios durante su primer año y actualmente superan los 22 millones de titulares. En Suecia, las cuentas de inversión ISK sumaron 2,2 millones de usuarios en cuatro años y ya están extendidas entre el 36% de la población. En Francia, el Plan d'Épargne en Actions (PEA) superó los seis millones de cuentas durante sus seis primeros años.
La puesta en marcha del nuevo producto está pendiente de varios trámites. Las entidades financieras esperan que el Ministerio de Hacienda apruebe una orden ministerial que concrete las obligaciones de información a la Agencia Tributaria. Esta norma es imprescindible para iniciar la comercialización, que también requiere la convalidación del real decreto por parte de la Diputación Permanente del Congreso. Economía reconoce que todavía no hay una fecha definida, aunque prevé que la oferta pueda desplegarse con rapidez una vez aprobadas las disposiciones necesarias y adaptados los sistemas de las entidades.
La cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros en acciones, fondos de inversión y ETF, con un diferimiento de la tributación de las plusvalías hasta el momento en que se retire el dinero. Si la inversión se mantiene durante más de cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedarán exentos y el resto disfrutará de una reducción fiscal del 20%. Así, en una operación que genere 20.000 euros de plusvalías, solo tributarán 8.000 euros. Sin esta cuenta, las ganancias estarían sujetas a los tipos habituales del ahorro, del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el tramo siguiente de hasta 50.000 euros. Los dividendos, por su parte, seguirán tributando en el IRPF conforme a las reglas generales.
El producto estará sujeto a requisitos de inversión para favorecer la financiación de la economía europea. Los fondos deberán destinar al menos el 70% de sus activos al Espacio Económico Europeo, un mínimo del 50% a Bolsa y un 35% a acciones de ese ámbito. La cuenta no permitirá invertir directamente en bonos. Para Sara Gutiérrez Campiña, socia cofundadora de finReg360, esta limitación podría dificultar la incorporación de ahorradores con menos experiencia en los mercados financieros, precisamente uno de los colectivos a los que se dirige la iniciativa.
La propuesta se enmarca en la estrategia europea para movilizar el ahorro privado hacia la inversión productiva dentro de la Unión Europea. Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta ya habían advertido de la salida de capital europeo hacia Estados Unidos. Letta estima que unos 300.000 millones de euros abandonan cada año la UE con destino a Wall Street. Además, distintos estudios apuntan a que los europeos mantienen una proporción de su riqueza financiera en depósitos y efectivo superior a la de los estadounidenses: el 32%, frente al 13%. En este contexto, la Comisión Europea ha defendido el desarrollo de instrumentos que incentiven a los pequeños ahorradores a invertir en los mercados bursátiles europeos, con el objetivo de aumentar sus posibles rendimientos y reforzar la financiación de la economía comunitaria.
Al visitar este sitio web o mediante la utilización de la app móvil podemos utilizar y almacenar información en tu navegador en forma de cookies. Estas incluyen información que es estrictamente necesaria para el funcionamiento y la navegación por el sitio web y, por tanto, no pueden desactivarse.
Como respetamos tu privacidad, mediante el panel de configuración de cookies puedes aceptar o rechazar las cookies haciendo clic en la casilla correspondiente. Para más información o para consultar el listado completo de cookies consulta nuestra Política de Cookies.
Cookies técnicas necesarias
Estas cookies son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento y navegación del usuario por el sitio web, así como para recordar las preferencias de cookies y, por lo tanto, no es posible desactivarlas. No almacenan ninguna información de identificación personal de forma permanente.
Cookies de Rendimiento
Las cookies de rendimiento nos permiten conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización de nuestro servicio para poder mejorar su rendimiento. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima.
