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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

El hachazo fiscal a los planes de pensiones hunde su peso en el ahorro a mínimos de 24 años

El ahorro que las familias españolas destinan a productos financieros ha aumentado de manera sostenida en los últimos años. Al cierre de 2025, el volumen total de ahorro financiero alcanzó los 3,44 billones de euros, un 9,3% más que el año anterior, según datos del Banco de España recopilados por Inverco. Se trata del mayor incremento anual registrado en toda la serie histórica. Este crecimiento se explica tanto por la buena evolución de los mercados como por los 95.000 millones de euros que los hogares españoles destinaron a este tipo de activos. La mayor parte de ese nuevo ahorro se dirigió hacia fondos de inversión, depósitos bancarios y efectivo. En cambio, los planes de pensiones privados apenas captaron recursos en un momento especialmente delicado para el sistema público, que afronta crecientes tensiones por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones. El peso de los planes privados dentro del conjunto del ahorro financiero de las familias continúa disminuyendo y ya se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 24 años. Mientras los españoles destinaron 95.000 millones a productos financieros durante el pasado ejercicio, los planes de pensiones privados registraron más retiradas que aportaciones. El resultado fue un saldo neto negativo de 369 millones de euros por quinto año consecutivo en el conjunto del sistema, integrado por planes individuales, de empleo y asociados. De estas tres modalidades, solo los planes de empleo lograron captar dinero nuevo, especialmente a través de los planes simplificados. Los planes individuales, contratados voluntariamente por particulares para complementar su futura pensión pública, siguen siendo el segmento más debilitado. La situación cambió notablemente desde que el Gobierno redujo de forma drástica el límite de aportación a estos productos en 2021. Primero pasó de 8.000 a 2.000 euros anuales y posteriormente se rebajó hasta 1.500 euros. Desde entonces, las salidas de dinero superan cada año a las nuevas aportaciones. Según estimaciones de Inverco, el endurecimiento de los límites y el empeoramiento de la fiscalidad de los planes individuales han provocado que más de 12.500 millones de euros dejaran de destinarse al ahorro a largo plazo entre 2021 y 2025. La combinación de retiradas constantes y el crecimiento de otros activos financieros ha reducido progresivamente la relevancia de los planes de pensiones privados dentro del patrimonio financiero de las familias. A finales del pasado año, estos productos representaban únicamente el 4,02% del total de activos financieros, el porcentaje más bajo registrado al cierre de un ejercicio desde 2001. Antes de estos cambios fiscales, los planes de pensiones mantenían durante años un peso superior al 4,5% del ahorro financiero familiar. El máximo desde el año 2000 se alcanzó en 2009, cuando llegaron a representar el 4,74% del total, en un contexto en el que el ahorro financiero de los hogares todavía no alcanzaba los dos billones de euros. Que ahora estén cerca de caer por debajo del 4% resulta especialmente significativo debido al limitado desarrollo del ahorro privado para la jubilación en España. Según un estudio de Cobas Pensiones, el 78% de los ciudadanos depende exclusivamente de la pensión pública durante la jubilación. Además, solo el 12% de los trabajadores cuenta con un plan de empleo y apenas el 18% dispone de un plan individual. Estos datos evidencian la fuerte dependencia del sistema público de pensiones. La posibilidad de que los planes privados representen menos del 4% del ahorro financiero ya no parece lejana. Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan esa tendencia: el sistema volvió a registrar prestaciones netas negativas, impulsadas principalmente por las retiradas en los planes individuales, que ascendieron a 568 millones de euros. Como consecuencia, el patrimonio total de los planes de pensiones se redujo hasta los 135.851 millones de euros al cierre de marzo, un 1,5% menos que en diciembre. Todo ello en un periodo marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones derivadas de la guerra en Irán. Aun así, otros productos de ahorro, especialmente los fondos de inversión, continúan captando nuevas aportaciones, lo que les permite seguir aumentando el volumen de activos gestionados.

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(El Economista, 05-06-2026) | Fiscal

Las gasolineras alertan de que el diésel subirá 22 céntimos por litro si no se prorroga la rebaja del IVA

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado al Gobierno que prolongue, al menos hasta después del verano, la rebaja fiscal aplicada a los carburantes desde el pasado 22 de marzo. La organización advierte de que su retirada en plena campaña de desplazamientos estivales tendría un efecto inmediato sobre la economía de las familias, el transporte por carretera y la competitividad del sector turístico. La patronal ha trasladado esta petición al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en relación con las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado como respuesta al encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio y de las tensiones en el estrecho de Ormuz. Dicho paquete incluye una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea. Según CEEES, estas medidas han tenido un impacto directo en los precios desde su aplicación. La organización estima que la gasolina se ha abaratado un 15,7% y el gasóleo un 17,3% desde el 22 de marzo. Con datos a 4 de junio, sitúa el precio medio en 1,532 euros por litro para la gasolina y 1,627 euros para el diésel, frente a los 1,823 y 1,849 euros que, según sus cálculos, se registrarían sin la reducción fiscal. La patronal advierte de que, si no se prorrogan las medidas, estas decaerán el 30 de junio. En ese caso, calcula que a partir del 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la operación salida del verano, los precios subirían alrededor de 29 céntimos por litro en el caso de la gasolina y 22 céntimos en el del gasóleo. A juicio de la organización, un incremento de esa magnitud afectaría de forma directa al consumo de los hogares durante las vacaciones, perjudicaría al turismo y supondría una carga adicional para transportistas y trabajadores autónomos. Además, sostiene que el encarecimiento se trasladaría rápidamente al conjunto de la cadena de suministro y podría contribuir a presiones inflacionistas en un contexto internacional aún incierto. La solicitud llega tras el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha analizado el comportamiento de los precios tras la aplicación de la rebaja. Según recuerda CEEES, el organismo concluye que las estaciones de servicio han trasladado la reducción fiscal al consumidor de forma generalizada y que sus márgenes han sido incluso inferiores a lo previsto, con descensos de casi un céntimo en gasolina y 4,40 céntimos en gasóleo.

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(El País, 05-06-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria gestionará el Punto Neutro de Embargos, una herramienta que comparte información entre Administración central, CCAA y ayuntamientos

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo centralizado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recaudación ejecutiva del sector público y evitar que los deudores de una administración cobren pagos de otra sin que se actúe sobre sus obligaciones pendientes. El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el portal de audiencia e información pública el borrador de un real decreto que regula el denominado Punto Neutro de Embargos, una herramienta que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que permitirá a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos compartir información sobre deudas y pagos. El sistema busca detectar si una persona o empresa que vaya a recibir un pago público tiene deudas con cualquier otra administración. Para ello, se establecerá un cruce diario de datos entre los listados de deudores y las propuestas de pago previstas por las distintas entidades públicas. Cada madrugada, entre las 00:00 y las 03:59, la plataforma consolidará la información recibida y la comparará con los pagos previstos. A partir de las 04:00 y hasta las 23:59, esa base de datos permanecerá fija durante el día. Cuando se produzca una coincidencia entre deudor y perceptor de un pago, el sistema activará un procedimiento automático de retención. En ese caso, la administración que deba efectuar el pago lo retendrá de forma provisional durante un máximo de tres días hábiles. En ese plazo, la administración acreedora deberá emitir y remitir la correspondiente diligencia de embargo a través de la plataforma. Si no se formaliza la orden dentro de ese periodo, el pago se liberará automáticamente. El diseño del sistema incluye el uso de procesos automatizados basados en algoritmos desarrollados por el Ministerio de Hacienda. Según el borrador, estos algoritmos se limitan a aplicar reglas matemáticas para seleccionar la forma más adecuada de ejecutar el embargo, procurando minimizar el impacto sobre el contribuyente y cubrir la deuda de la manera menos gravosa posible. En todo caso, se excluye el uso de inteligencia artificial o sistemas de análisis predictivo, y se establece que las decisiones finales y la firma de los embargos corresponderán siempre a las autoridades competentes de cada administración. No obstante, la norma contempla varias excepciones para proteger ingresos considerados esenciales. Quedan fuera del sistema los salarios de empleados públicos, las pensiones de clases pasivas y las prestaciones de la Seguridad Social. Tampoco se incluirán devoluciones de impuestos ni otros ingresos indebidos, entre otros supuestos, de modo que el mecanismo se centrará en pagos públicos que no tengan carácter de sustento básico inmediato. La implantación del Punto Neutro de Embargos no será inmediata. El real decreto prevé un periodo de adaptación de 12 meses desde su publicación en el BOE y una incorporación progresiva de las administraciones. En una primera fase se integrarán la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los municipios de más de 75.000 habitantes. El resto de entidades locales y organismos dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema.

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(Expansión, 04-06-2026) | Fiscal

Sánchez intenta blindar la legislatura con el inicio de la tramitación de los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su intención de continuar al frente del Ejecutivo a pesar de la complicada situación política derivada de las últimas investigaciones que afectan tanto a miembros de su gabinete como al PSOE. Lo afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía, el foro barcelonés que reúne a empresarios, directivos y académicos. En su intervención, Sánchez anunció además que el Ministerio de Hacienda dará esta misma semana la orden para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, al tiempo que apeló al apoyo de sus socios parlamentarios, especialmente Junts y ERC, a los que mencionó en varias ocasiones. El jefe del Ejecutivo señaló que las nuevas cuentas públicas contemplarán un aumento de la inversión destinada a vivienda y defendió que, al término de la legislatura, la deuda pública quedará por debajo del 100% del PIB. Los presupuestos también incorporarán recursos para las comunidades autónomas de régimen común conforme al nuevo sistema de financiación pactado a comienzos de año entre el Gobierno central, la Generalitat presidida por Salvador Illa y ERC. La intención es que el acuerdo sea convalidado en el Congreso tras el verano, aunque el respaldo de Junts resulta clave y, de momento, el partido no muestra predisposición favorable. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su intención de cumplir los acuerdos alcanzados con ERC y Junts al inicio de la legislatura, pactos que hicieron posible su continuidad en La Moncloa tras las últimas elecciones generales. "Defiendo los acuerdos y la estabilidad que han generado", afirmó durante la clausura de la reunión del Círculo de Economía celebrada en Barcelona. Sánchez hizo una referencia expresa a "los acuerdos de Bruselas", denominación utilizada por PSOE y Junts para el pacto de investidura sellado en otoño de 2023. Con este mensaje, el jefe del Ejecutivo quiso trasladar a Junts su voluntad de recomponer una relación marcada por las tensiones desde el arranque de la legislatura. El apoyo de la formación resulta imprescindible para sacar adelante iniciativas legislativas clave, entre ellas el nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado también por la presidenta del Círculo de Economía, Teresa Garcia-Milà. El presidente sostuvo que los acuerdos con partidos nacionalistas e independentistas "están beneficiando al conjunto del Estado", algo que, según indicó, reflejan los actuales datos económicos. Además, mostró su confianza en que la justicia europea avale antes del final de la legislatura la ley de amnistía aprobada hace dos años, lo que abriría la puerta al regreso del expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se trasladó a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament en 2017. Sánchez defendió también que se ha logrado superar la etapa del procés y aseguró que el acercamiento institucional con Cataluña continuará siendo una prioridad para su Gobierno. En esa línea, agradeció al Ejecutivo de Salvador Illa los recientes acuerdos alcanzados en materias como financiación, inversiones y autogobierno.

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(El País, 04-06-2026) | Fiscal

En España hay cada vez más grandes patrimonios

A finales de 2025, 259.700 personas en España disponían de activos invertibles superiores al millón de dólares (unos 860.000 euros al cambio actual), un umbral internacional de referencia que excluye la vivienda habitual, colecciones, bienes de consumo y bienes duraderos. En total, se registraron 13.100 nuevos grandes patrimonios, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Además de crecer en número, estas fortunas también incrementaron su volumen de riqueza, hasta alcanzar aproximadamente 672.000 millones de euros, un 6,7% más, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por el Instituto de Investigaciones de Capgemini y publicado este jueves. España se sitúa en el puesto 14 entre los 25 países con mayor población de alto patrimonio neto, mejorando una posición respecto a 2024. El informe atribuye este incremento principalmente al buen comportamiento de los mercados financieros, el sector bancario y el inmobiliario. El Ibex 35 cerró 2025 con una subida del 49,27%, su mejor resultado desde 1993. En paralelo, la banca cotizada -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankinter- obtuvo un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior. El mercado inmobiliario también contribuyó a esta evolución, con un encarecimiento de la vivienda del 12,7%, el mayor incremento de la serie histórica del INE, que arranca en 2007, y el duodécimo ejercicio consecutivo de subida. A estos factores se suma la evolución general de la economía española, que el estudio califica como la más sólida entre las principales economías europeas, impulsada sobre todo por la demanda interna. Además, el déficit público se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025, frente al 3,2% del año anterior, encadenando cinco ejercicios consecutivos de mejora. Según el informe, estos indicadores refuerzan las expectativas positivas entre los grandes patrimonios. En este contexto, Kartik Ramakrishnan, vice consejero delegado de la Unidad Estratégica de Servicios Financieros de Capgemini, destaca que 2025 ha sido un año excepcional por el volumen global de individuos con alto patrimonio y por los activos que gestionan. Añade que estas grandes fortunas cuentan cada vez con un mayor acceso a diferentes clases de activos en múltiples mercados, así como a una oferta más amplia de asesores y servicios especializados que favorecen la optimización de sus inversiones. A nivel global, la tendencia también ha sido de crecimiento. El número de personas con activos superiores al millón de dólares alcanzó los 25,3 millones, dos millones más que en 2024, lo que representa el mayor incremento desde 2018, con un 8,7% de aumento. La riqueza total de este colectivo se situó en 98,3 billones de dólares (84,6 billones de euros). El informe vuelve a señalar el impulso de los mercados bursátiles, especialmente por el auge de la inversión en inteligencia artificial, junto con la moderación de la inflación como factores clave del crecimiento, aunque advierte de que la concentración de la riqueza sigue siendo muy elevada. Por países, Estados Unidos y China lideraron el aumento de grandes fortunas, con 736.000 y 436.000 nuevos individuos respectivamente. En Asia, el crecimiento se atribuye en parte al dinamismo de la demanda de semiconductores en los mercados bursátiles. En Europa, el incremento fue del 6,5%, con Luxemburgo a la cabeza (13,5%), seguido de Alemania (11,1%). En África, el aumento se situó en el 4,3%, impulsado por la subida de los metales preciosos y el buen comportamiento de Marruecos, que registró el mayor crecimiento regional con un 16,8%. En América Latina, el número de grandes patrimonios creció de forma más moderada, mientras que Oriente Próximo fue la única región donde se produjo un descenso del 1,4%, atribuido a la caída de los precios del petróleo.

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(El Economista, 04-06-2026) | Fiscal

El Supremo cierra la puerta a que las parejas de hecho que no están inscritas cobren la pensión de viudedad

El Tribunal Supremo ha confirmado que las parejas de hecho que no hayan formalizado su relación mediante inscripción registral o documento público no podrán acceder a la pensión de viudedad tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. En una sentencia dictada el pasado 7 de mayo, el alto tribunal respalda la postura de la Seguridad Social y rechaza conceder la prestación a una mujer que convivió con su pareja entre 2004 y 2022 y con la que tuvo un hijo en común en 2005. La resolución recuerda que la Ley General de la Seguridad Social establece dos condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que un miembro de una pareja de hecho tenga derecho a percibir la pensión. La primera es acreditar una convivencia continuada durante al menos cinco años y la segunda consiste en haber inscrito oficialmente la unión en el registro correspondiente de comunidades autónomas o ayuntamientos, o haberla formalizado mediante documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento. El Supremo explica que la convivencia puede demostrarse a través de diferentes medios, como el empadronamiento u otras pruebas válidas. Sin embargo, subraya que la existencia legal de la pareja de hecho únicamente puede acreditarse mediante su inscripción oficial o mediante documento público, lo que evidencia, según la sentencia, la intención del legislador de limitar el acceso a esta pensión a las uniones formalmente regularizadas. Además, el tribunal recuerda que en 2021 se modificó la Ley General de la Seguridad Social para eliminar el requisito de los cinco años de convivencia cuando la pareja tiene hijos en común. No obstante, se mantuvo intacta la obligación de registrar oficialmente la pareja de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad, incluso en esos casos. Por ello, la sentencia concluye que la legislación vigente no permite otra interpretación distinta, ya que hacerlo supondría apartarse de lo que establece expresamente la ley.

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(La Vanguardia, 04-06-2026) | Fiscal

Bruselas alienta a España a revisar el IVA reducido a hoteles y restaurantes

La Comisión Europea señala que España es el país de la Unión Europea que más utiliza las exenciones y tipos reducidos del IVA como herramienta de política fiscal. Así lo recoge el informe semestral sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas de los Estados miembros presentado este miércoles en Bruselas. El documento también advierte de que la pobreza infantil sigue siendo "un desafío importante" en un contexto marcado por elevados niveles de desigualdad. Por ello, entre sus recomendaciones para los próximos Presupuestos -si finalmente llegan a aprobarse-, Bruselas insta al Gobierno a reducir parte de los incentivos y beneficios fiscales actuales para reforzar la sostenibilidad financiera, al tiempo que reclama una redistribución del gasto social entre generaciones para combatir la pobreza infantil. La Comisión ha dado luz verde a que España disponga de mayor margen presupuestario para incrementar el gasto en seguridad, defensa y medidas destinadas a paliar la crisis energética. Tras semanas de negociaciones, Bruselas ha aceptado una flexibilización parcial de las reglas fiscales. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que persisten desafíos relevantes para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas españolas, especialmente en el ámbito tributario. Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es el IVA. Según la Comisión, España es el Estado miembro que más recurre a los tipos reducidos y exenciones de este impuesto para desarrollar políticas públicas. Fuentes comunitarias explican que alrededor del 60% de los beneficios fiscales aplicados por la Agencia Tributaria están relacionados con tratamientos preferenciales del IVA. Como ejemplo, Bruselas destaca los tipos reducidos aplicados a la hostelería y al alojamiento turístico, que generan un importante coste presupuestario pese a tener, según el análisis comunitario, un efecto redistributivo limitado. La lógica que sustenta esta valoración es que las rentas más elevadas son también las que realizan un mayor gasto en este tipo de servicios y, por tanto, serían las más afectadas por una eventual subida impositiva. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que mantener el IVA reducido del 10% en la hostelería, en lugar del tipo general del 21%, supone dejar de ingresar alrededor de 7.000 millones de euros anuales. España mantiene ese tipo reducido como parte de una estrategia histórica de apoyo al turismo, aunque no es el único caso en el que se utiliza el IVA como herramienta coyuntural. Durante la crisis energética, el Gobierno aprobó rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y carburantes, medidas que Bruselas cuestionó al considerar que no estaban contempladas en la normativa comunitaria. En contraste con el tratamiento del IVA, la Comisión subraya que la carga fiscal sobre las rentas del trabajo ha aumentado en España en los primeros años de esta década debido a que el IRPF no ha compensado plenamente el efecto de la inflación. Según los datos del informe, los impuestos sobre el trabajo representaban el 48,7% de la recaudación tributaria total en la segunda mitad de la pasada década y ahora alcanzan el 51,8%, ligeramente por encima de la media europea. Además de pedir una revisión de las exenciones fiscales para fortalecer la sostenibilidad presupuestaria, Bruselas recomienda aumentar la oferta de vivienda, continuar aplicando las reformas vinculadas al plan europeo de recuperación, reducir cargas administrativas y afrontar de forma más decidida el problema de la pobreza infantil. En este último punto, la Comisión plantea la necesidad de "reequilibrar el gasto social entre generaciones". Aunque el informe no menciona recortes concretos en partidas como las pensiones o los descuentos al transporte para jubilados, sí deja entrever que reforzar determinadas políticas sociales requerirá redistribuir recursos desde otras áreas del gasto público. El análisis técnico realizado por Bruselas concluye que España cumple actualmente con la senda fiscal pactada gracias a la excepción concedida para incrementar el gasto en defensa, aprobada recientemente por la propia Comisión. Sin esa flexibilidad, el aumento del desembolso en seguridad y armamento habría provocado un incumplimiento de las reglas fiscales en 2025 equivalente a una décima del PIB, unos 1.600 millones de euros. Aun así, la Comisión mantiene que España podría volver a desviarse de los objetivos de ajuste este año, pese a que continúen reduciéndose tanto el déficit como la deuda pública. Con las nuevas reglas fiscales europeas, el indicador clave pasa a ser el gasto público neto, que excluye partidas extraordinarias como prestaciones por desempleo o gastos derivados de catástrofes naturales, como las reparaciones por la dana en Valencia. En cualquier caso, Bruselas prevé ampliar próximamente el margen fiscal de los Estados miembros gracias a la nueva flexibilidad anunciada para financiar durante los próximos tres años inversiones destinadas a acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esa posibilidad permitiría movilizar un gasto acumulado equivalente al 0,6% del PIB.

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(El Confidencial, 04-06-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional para los pies a la inspección de Hacienda por las deducciones tecnológicas

Hacienda ha sufrido un nuevo revés judicial en torno a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a limitar la capacidad de la Agencia Tributaria para impedir la aplicación de estos incentivos fiscales cuando los proyectos ya habían sido previamente validados por el Ministerio de Ciencia. El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, sigue la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y deja claro que la Agencia Tributaria no puede cuestionar inversiones que ya cuentan con la calificación técnica favorable del Ministerio de Ciencia. Con esta interpretación, la Audiencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas que han aplicado estas deducciones desde 2015, al impedir que la inspección tributaria revise posteriormente la naturaleza innovadora de los proyectos. No obstante, la sentencia sí reconoce que Hacienda mantiene competencias para comprobar los aspectos económicos vinculados a la deducción. Entre ellos figuran la correcta justificación de los gastos, la trazabilidad de los pagos, su adecuada imputación contable y la relación efectiva de esos costes con el proyecto declarado. En los últimos años, la Agencia Tributaria había intensificado el control sobre este tipo de beneficios fiscales, cuestionando especialmente si determinados proyectos podían considerarse realmente actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Una parte relevante de esas inspecciones se ha centrado en proyectos relacionados con el desarrollo de software, cuya consideración como actividad susceptible de deducción ha sido objeto de frecuentes discrepancias. La Audiencia Nacional sostiene ahora que esa valoración técnica no corresponde a la inspección tributaria cuando existe un informe motivado vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia. La resolución aplica el principio de "respeto a los actos propios" de la Administración, según el cual un órgano administrativo no puede contradecir el criterio previamente adoptado por otro órgano competente de la propia Administración. En este sentido, el tribunal considera que Hacienda no puede revisar libremente la naturaleza de proyectos que ya han sido reconocidos oficialmente como actividades con derecho a deducción por innovación tecnológica. Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida en casación, la Audiencia determina inicialmente que la Agencia Tributaria deberá devolver a la empresa afectada las cantidades correspondientes a la deducción que le había sido rechazada. La resolución supone un nuevo límite a la intención de Hacienda de revisar los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y delimita con mayor claridad el papel de la Agencia Tributaria, que queda circunscrito al control económico y documental de las deducciones aplicadas. Desde Fi Group by EPSA, consultora que ha participado en el procedimiento judicial, destacan que el fallo contribuye a consolidar un marco más claro para la aplicación de los incentivos fiscales vinculados a la I+D+i. Según apuntan, la sentencia refuerza la seguridad jurídica de las empresas respecto a la calificación técnica de sus proyectos y delimita el alcance de las facultades de comprobación de la Administración tributaria. En los últimos meses, la actividad inspectora de Hacienda ya había comenzado a centrarse principalmente en la revisión económica de los proyectos tecnológicos. El foco se sitúa ahora en la justificación de los gastos asociados, incluyendo costes de personal, recursos empleados y otros desembolsos vinculados al desarrollo de las actividades declaradas. La sentencia de la Audiencia Nacional refuerza además la importancia de que las compañías obtengan el correspondiente informe motivado vinculante para sus proyectos de innovación. Contar con este documento reduce considerablemente la capacidad de Hacienda para cuestionar el contenido técnico del proyecto y limita la inspección a la verificación de los gastos deducidos.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Bruselas cede a las presiones de España e Italia y flexibiliza las reglas fiscales por la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido dar un paso atrás y flexibilizar las reglas fiscales comunitarias para permitir que los Estados miembros destinen hasta un 0,3% anual de su PIB a medidas dirigidas a amortiguar la crisis energética sin que ese gasto compute en el cálculo del déficit público, según adelantó Bloomberg y confirmó EXPANSIÓN. Con esta decisión, España e Italia logran que Bruselas modifique la postura que había mantenido desde el inicio de la crisis energética, cuando rechazaba introducir excepciones fiscales extraordinarias. La Comisión defendía entonces que alterar unas reglas todavía recientes podía dañar su credibilidad y, además, aumentar el riesgo de tensiones fiscales en el intento de contener el impacto económico de la crisis energética. La nueva flexibilidad tendrá límites concretos tanto en duración como en alcance. Por un lado, estará vigente únicamente hasta 2028, lo que obliga a concentrar el incremento del gasto en los próximos años. Por otro, solo podrán acogerse a esta excepción las ayudas destinadas a hogares y empresas vinculadas a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o electrificación. Quedarán fuera, por tanto, las iniciativas relacionadas con combustibles fósiles. En este punto, Bruselas se aproxima más a las tesis defendidas por España, que apostaba por impulsar nuevas inversiones destinadas a acelerar la electrificación europea. Italia, en cambio, había insistido más en la necesidad de reducir el impacto de la factura energética sobre familias y empresas sin diferenciar la tecnología utilizada. El margen adicional del 0,3% del PIB para gasto energético no supone una nueva cláusula de escape fiscal independiente, sino que se integrará dentro del aumento del 1,5% del PIB en gasto de defensa autorizado hasta 2028 para los países que activen esta flexibilidad nacional. Por ello, el límite máximo de desviación permitido no variará. España ya comunicó de forma retroactiva la activación de esa cláusula tras registrar en 2025 un gasto en defensa superior al previsto. La Comisión también impondrá restricciones al volumen total de gasto acumulado que podrá utilizarse mediante esta vía. Aunque el margen anual se sitúa en el 0,3% del PIB, el gasto total autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB durante los tres años de vigencia de esta flexibilidad fiscal. De este modo, algunos países podrán optar por concentrar el gasto en los ejercicios de 2026 y 2027 aprovechando el máximo anual permitido, mientras que otros podrían distribuirlo de forma más gradual hasta 2028, utilizando alrededor de un 0,2% del PIB en cada ejercicio.

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(Expansión, 03-06-2026) | Fiscal

Hacienda ha incorporado a sus recursos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital

El sistema supone uno de los desarrollos más avanzados en inteligencia de datos aplicada a la lucha contra el fraude. La Agencia Tributaria española ya dispone de licencias para utilizar cuatro aplicaciones integradas en esta plataforma tecnológica. Las herramientas diseñadas inicialmente para ámbitos militares y de inteligencia han encontrado ahora un nuevo uso dentro de la administración tributaria española. El Ministerio de Hacienda ha incorporado a sus métodos de investigación Pathfinder, un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Más que un programa convencional, se trata de una tecnología de última generación orientada al análisis masivo de información y a la detección de conexiones ocultas que podrían pasar inadvertidas mediante métodos tradicionales. Cellebrite, la compañía responsable del desarrollo de este sistema, cuenta entre sus especialistas con antiguos integrantes de la Unidad 8200, el conocido servicio de inteligencia militar israelí centrado en espionaje de señales. Esta unidad ganó notoriedad tras una operación de ciberinteligencia vinculada al ataque a la red de semáforos de Teherán, utilizado para localizar a dirigentes iraníes antes de una ofensiva aérea que acabó con la vida de decenas de responsables del régimen. En sus orígenes, Pathfinder no estaba orientado a la persecución del fraude económico, sino a entornos de seguridad y operaciones especiales. Sus primeros usuarios fueron organismos como Lahav 433 -la unidad policial israelí especializada en crimen organizado y delitos tecnológicos-, el servicio de inteligencia interior Shin Bet y fuerzas especiales israelíes. En esos escenarios, el programa destacó por su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos obtenidos previamente mediante UFED, otra herramienta de Cellebrite diseñada para extraer información de teléfonos móviles y cuyo uso llegó a generar polémica en Israel por posibles vulneraciones de la privacidad. El analista especializado en inteligencia Eric Frattini explica que Pathfinder funciona principalmente como una potente plataforma de análisis más que como un sistema de intrusión directa. Según señala, su función principal no consiste en acceder remotamente a dispositivos, sino en examinar y cruzar la enorme cantidad de datos ya obtenidos mediante técnicas forenses. Una vez recopilada la información, los algoritmos de inteligencia artificial del sistema analizan mensajes, ubicaciones, contactos, fotografías y eventos almacenados en los dispositivos. A partir de esos datos, el software identifica patrones de comportamiento, detecta anomalías y reconstruye relaciones personales y desplazamientos geográficos en cuestión de segundos. La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para utilizar las cuatro principales aplicaciones de esta plataforma. Entre ellas figuran herramientas de análisis de vínculos para detectar relaciones societarias o personales, sistemas de identificación temática capaces de localizar expresiones o códigos específicos y programas de clasificación automática de archivos multimedia mediante inteligencia artificial. La función considerada más avanzada es el rastreo cruzado de investigaciones, que permite comparar datos entre expedientes distintos para localizar conexiones ocultas, como números de teléfono coincidentes o patrones repetidos de geolocalización. El potencial de esta tecnología resulta especialmente relevante en el análisis de redes sociales. Pathfinder puede examinar de forma masiva publicaciones en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Fotografías en yates, restaurantes exclusivos o compras de lujo pueden ser procesadas junto con sus metadatos para contrastar ese nivel de vida con los ingresos oficialmente declarados por el contribuyente investigado. La utilización de esta tecnología por parte de Hacienda ha abierto también un debate jurídico. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte de que este tipo de herramientas pueden desdibujar la línea entre una comprobación administrativa y una investigación de carácter casi penal. A su juicio, la posibilidad de analizar enormes volúmenes de información privada para reconstruir hábitos y relaciones personales plantea interrogantes sobre el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el principio de proporcionalidad. Pese a estas preocupaciones, los especialistas subrayan que la Agencia Tributaria no puede acceder indiscriminadamente a los mensajes de los ciudadanos, ya que la herramienta solo se emplea en investigaciones ya abiertas y bajo supervisión de unidades especializadas. Aun así, Pathfinder dota al Fisco de una capacidad de análisis sin precedentes y acelera la transformación de la inspección tributaria hacia modelos de auditoría plenamente digitales.

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