La Comunidad de Madrid refuerza sus políticas de apoyo a la natalidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un incremento de 5,3 millones de euros en la partida destinada a ayudas por gestación, nacimiento y adopción. Con este aumento, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales prevé destinar en 2026 más de 121 millones de euros a estas prestaciones.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó tras la reunión del Ejecutivo que esta iniciativa forma parte de las 80 medidas incluidas en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de impulso a la natalidad y la conciliación 2022-2026 impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según detalló, este plan cuenta con un presupuesto global de 4.800 millones de euros, de los cuales ya se ha ejecutado el 90%, mientras que el resto de actuaciones continúa en marcha.
Cabe recordar que desde 2022 el Ejecutivo regional concede una ayuda de 500 euros mensuales por hijo a madres menores de 30 años, desde la semana 21 de embarazo hasta que el menor cumple dos años. En total, estas beneficiarias reciben 14.500 euros por cada hijo a lo largo de 29 meses. Estas ayudas también se aplican en casos de adopción.
Desde la puesta en marcha de este programa, se han otorgado cerca de 28.000 ayudas, con una inversión superior a los 324 millones de euros destinada a incentivar la natalidad. Según destacó García Martín, estas medidas han contribuido a que Madrid liderara el número de nacimientos en España en 2025, con un incremento del 3,3%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, se registraron 52.450 nacimientos, de los cuales 25.408 fueron niñas y 27.042 niños.
Asimismo, los datos del INE reflejan un aumento del 2,11% en los nacimientos durante el mes de enero, con un total de 4.316. En cuanto al perfil de las madres, el grupo de edad entre 30 y 39 años sigue concentrando la mayor parte de los nacimientos en lo que va de 2025, con 2.828 casos, seguido del tramo de 20 a 29 años, con 927. Por detrás se sitúan las mujeres de entre 40 y 49 años, con 492 nacimientos, y las de 15 a 19 años, con 65. Por último, las estadísticas registran cuatro partos en mujeres mayores de 50 años y ninguno en menores de 15 años.
La Agencia Tributaria ya ha activado el servicio necesario para llevar a cabo uno de los trámites esenciales de cara a la próxima campaña de la Renta: la obtención del número de referencia, clave para acceder y gestionar el borrador del IRPF a partir del 8 de abril. La Campaña de la Renta 2026 está a punto de comenzar. En ella deberán declararse los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2025 sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Desde hace unos días, ya es posible solicitar este número de referencia, que permite acceder a los distintos servicios de la campaña actual y también a gestiones relacionadas con ejercicios anteriores, como modificaciones o rectificaciones. Como principal novedad, la Agencia Tributaria advierte de que los números de referencia obtenidos en años anteriores dejan de ser válidos, por lo que será imprescindible generar uno nuevo para esta campaña.
Para obtenerlo, es necesario acceder a la web de la Agencia Tributaria e identificarse mediante Cl@ve Móvil, certificado digital o DNI electrónico. También existe la opción de introducir el DNI junto con el importe de la casilla 505 de la declaración de la Renta 2024.
La AEAT recomienda utilizar su aplicación móvil, ya que facilita el acceso durante toda la campaña y simplifica el uso de los servicios más habituales. No obstante, quienes estén registrados en el sistema Cl@ve podrán realizar todas las gestiones sin necesidad de solicitar este número de referencia.
La campaña comenzará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. Sin embargo, los plazos varían según el método elegido para presentar la declaración: Presentación por internet: desde el 8 de abril. Presentación telefónica: disponible a partir del 6 de mayo, con cita previa desde el 29 de abril. Atención presencial en oficinas: desde el 1 de junio. Conviene tener en cuenta estos plazos para planificar con antelación la presentación de la declaración y evitar incidencias de última hora.
La Comisión Europea presenta hoy su ambicioso proyecto normativo dirigido al ámbito empresarial: el nuevo régimen corporativo EU Inc. Este modelo pretende establecer un marco jurídico y administrativo común que permita a las empresas operar con reglas homogéneas en toda la Unión, eliminando la actual fragmentación de los 27 sistemas nacionales mediante procesos íntegramente digitalizados.
Más allá de simplificar trámites, la iniciativa busca reforzar la competitividad de las empresas innovadoras, especialmente en lo relativo a la captación y fidelización del talento. La intención es revertir la tendencia de muchas compañías a trasladarse a mercados como Estados Unidos, atraídas por entornos regulatorios y fiscales más favorables.
De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el nuevo régimen introduce un incentivo fiscal relevante: las start up y scale up consideradas innovadoras podrán ofrecer retribuciones en acciones a sus empleados sin que estas tributen en el momento de su concesión. La tributación se diferirá hasta que los títulos se vendan, lo que incrementa notablemente el atractivo de este tipo de compensación.
En concreto, la Comisión establece que no se generará renta imponible en el momento de concesión, adquisición o ejercicio de derechos sobre acciones. Este tratamiento se asemeja al de los dividendos en acciones, donde la carga fiscal también se pospone hasta la transmisión de los títulos.
Este enfoque no solo retrasa el pago de impuestos, sino que permite ajustar la tributación al valor real de las acciones en el momento de su venta, algo especialmente relevante en empresas jóvenes, donde la valoración puede fluctuar significativamente. De este modo, se evita que los profesionales soporten una carga fiscal sobre un valor que posteriormente puede no materializarse.
Desde Bruselas se subraya que este tipo de remuneración resulta clave para empresas en fases iniciales o de crecimiento, que no siempre pueden ofrecer salarios elevados y recurren a planes de opciones sobre acciones para competir por talento cualificado.
Aunque varios Estados miembros ya cuentan con regímenes fiscales favorables para estas fórmulas, la propuesta europea introduce un principio adicional: si una empresa EU Inc cumple también los requisitos de un régimen nacional, se aplicará el tratamiento fiscal más beneficioso entre ambos. Esto garantiza a las empresas el acceso a las mejores condiciones posibles en cada país.
En el caso de España, ya existe un sistema de diferimiento fiscal para este tipo de retribuciones desde 2022, aunque con un límite anual de 50.000 euros en acciones. El borrador europeo, por ahora, no establece topes cuantitativos, lo que supondría una mejora significativa. No obstante, fuentes comunitarias no descartan que estos límites puedan incorporarse durante la tramitación legislativa en el Parlamento Europeo y el Consejo.
La medida no será aplicable a personas con participaciones significativas en la empresa (superiores al 25%) ni a quienes las hayan tenido en los dos años previos a la concesión de las acciones. Además, para acogerse a estas ventajas, las empresas deberán implantar un plan específico denominado "EU-ESOP", aprobado por la junta general, en el que se definan aspectos como el número máximo de derechos a emitir y las acciones vinculadas a los mismos. Finalmente, la propuesta adopta la forma de reglamento europeo, lo que implica que, una vez aprobada, será directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación normativa nacional.
No llegan buenas noticias para el tejido empresarial en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto el conocido caso Randstad confirmando que la normativa española, que impide deducir el IVA en determinados gastos de representación y ocio, es plenamente conforme con el Derecho comunitario.
Con esta sentencia se cierra una de las cuestiones fiscales más relevantes de los últimos años. No se trataba solo de interpretar un precepto técnico, sino de la posibilidad de que las empresas recuperaran importes muy significativos de IVA soportado en conceptos como entradas a eventos deportivos, espacios VIP en Fórmula 1, viajes de incentivo o invitaciones a clientes.
El origen del litigio se sitúa en Randstad España, que entre 2009 y 2011 se dedujo el IVA de gastos vinculados a entradas para partidos del Real Madrid C. F. y el F. C. Barcelona, accesos al Paddock Club del Gran Premio de España de Fórmula 1 y cruceros dirigidos a clientes. La Agencia Tributaria rechazó estas deducciones apoyándose en el artículo 96 de la Ley del IVA, que excluye expresamente los servicios recreativos y las atenciones a clientes.
El núcleo del debate jurídico ha girado en torno a la llamada cláusula "standstill" prevista en la Directiva del IVA, que permite a los Estados miembros mantener limitaciones a la deducción ya existentes en el momento de su adhesión a la Unión Europea. La defensa de Randstad -respaldada por buena parte de la doctrina- sostenía que España no podía ampararse en esta cláusula, al no existir un sistema de IVA previo al 1 de enero de 1986.
Sin embargo, el TJUE ha respaldado la interpretación de la Abogada General, Juliane Kokott, al considerar que introducir estas limitaciones desde el mismo momento de creación del impuesto no supone un perjuicio añadido para el contribuyente, sino una configuración inicial permitida por el legislador europeo para evitar que gastos de carácter privado se presenten como profesionales.
La reacción en el ámbito fiscal ha sido, en general, de decepción. La sentencia se percibe como una ocasión perdida para avanzar en la armonización real del IVA en Europa y reducir la elevada litigiosidad que rodea a estos gastos desde hace décadas.
Miguel Ferrández Amorós, socio de tributación indirecta en KPMG Abogados, señala que el problema reside en que bajo un mismo marco normativo se agrupan situaciones muy distintas. No es equiparable, por ejemplo, intentar deducir el IVA de un gasto claramente personal, con aquellos supuestos en los que el gasto responde a una estrategia empresarial legítima, como la entrega de bienes a clientes para fidelizarlos.
El fallo, además, deja a las empresas en una posición delicada frente a interpretaciones amplias por parte de la Inspección. La falta de una delimitación clara entre lo que constituye una "atención a clientes" y un gasto necesario para la actividad seguirá generando controversia. En esta línea, Francisco Cremades y Alfonso Viejo Madrazo, socios de PwC Tax & Legal, advierten que la indefinición del concepto puede dar lugar a interpretaciones extensivas que desvirtúan la lógica del sistema del IVA.
En definitiva, la resolución del TJUE cierra la vía a miles de empresas que mantenían reclamaciones abiertas o esperaban este pronunciamiento. El resultado es contundente: los gastos vinculados a invitaciones y atenciones a clientes continuarán siendo un coste íntegro, sin posibilidad de recuperación del IVA soportado.
Reducir el coste de la energía se ha convertido en una de las principales prioridades de la Unión Europea. En el corto plazo, el objetivo es amortiguar el impacto del encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Oriente Próximo; a más largo plazo, la meta es mejorar la competitividad de las empresas europeas en los mercados internacionales.
Con esta finalidad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado a los líderes europeos una serie de medidas que podrían aplicarse con rapidez. Entre ellas figura la posibilidad de reducir los impuestos sobre la electricidad, fijar límites al precio del gas -o incluso subvencionarlo- cuando se utilice para generar electricidad, y revisar el sistema de derechos de emisión de carbono para frenar, al menos temporalmente, su encarecimiento. Además, pensando en el futuro, la dirigente alemana ha insistido en la conveniencia de evitar el cierre anticipado de infraestructuras energéticas como las centrales nucleares que aún están en funcionamiento.
La guerra en Oriente Próximo ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad europea frente a los combustibles fósiles. Así lo reconoce la propia Von der Leyen en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno antes del Consejo Europeo previsto para esta semana. En el documento señala que varios sectores de la economía comunitaria, especialmente el transporte, continúan dependiendo en gran medida de combustibles fósiles importados. Algo similar ocurrió en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó una fuerte crisis en el mercado del gas. En el actual conflicto, el problema se ha trasladado al petróleo, cuyo encarecimiento ha supuesto ya un coste estimado de 6.000 millones de euros para empresas y hogares europeos desde que comenzaron los bombardeos en Irán el 28 de febrero, según cálculos de la Comisión.
Bruselas considera que Europa estaría mejor preparada para afrontar este tipo de crisis si hubiera avanzado más en la electrificación y la descarbonización de su economía. Por ello, la principal estrategia que propone el Ejecutivo comunitario pasa por acelerar el despliegue de energías renovables. A esta apuesta se suma también una renovada defensa de la energía nuclear, una postura que Von der Leyen ha reforzado recientemente al advertir de que el cierre prematuro de centrales nucleares -como ha ocurrido en algunos países- puede haber sido un "error estratégico". En su opinión, estas instalaciones pueden seguir aportando electricidad fiable, con costes relativamente bajos y con bajas emisiones.
Tanto las renovables como la energía nuclear se encuentran, de hecho, entre las fuentes de generación eléctrica más económicas. Por este motivo, la Comisión descarta modificar el actual mecanismo de formación de precios del mercado eléctrico, al considerar que favorece la inversión en energías limpias. En cambio, apuesta por reforzar las interconexiones eléctricas entre países europeos y fomentar contratos de suministro a más largo plazo que protejan a las empresas frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
Sin embargo, estas soluciones estructurales no resuelven el problema inmediato de los altos precios energéticos, especialmente visibles en las gasolineras tras el cierre del estrecho de Ormuz. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, explicó tras reunirse con los ministros de Energía de la UE que Bruselas trabaja en medidas urgentes para aliviar la situación de empresas y ciudadanos más vulnerables. Según indicó, el análisis se centra en cuatro componentes de la factura energética: el precio de la energía, los costes de las redes, los impuestos y gravámenes, y los costes asociados al carbono. Las propuestas concretas se darán a conocer a finales de semana, siguiendo un procedimiento similar al aplicado al inicio de la guerra en Ucrania.
Mientras tanto, Von der Leyen ha adelantado en su carta algunas de las líneas de actuación que estudia la Comisión. Una de ellas consiste en flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado en el ámbito energético o permitir que los países establezcan límites al precio del gas utilizado para generar electricidad, una fórmula similar a la conocida como "excepción ibérica" aplicada en 2022.
El Ejecutivo comunitario también ve margen para actuar en el ámbito fiscal. Según señala la presidenta de la Comisión, los impuestos y tasas varían mucho según la fuente energética, y en muchos casos la electricidad soporta una carga fiscal mucho mayor que el gas, llegando a ser hasta quince veces superior. Por ello, Bruselas plantea revisar esta situación para favorecer un tratamiento fiscal más favorable para la electricidad frente a los combustibles fósiles.
Esta opción tiene la ventaja de alinearse con el objetivo estratégico de electrificar la economía y reducir las emisiones de carbono. En cambio, otras medidas como los topes al gas o las subvenciones podrían tener un efecto negativo si, al contener temporalmente los precios, retrasan la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
Otra posible vía de actuación sería modificar temporalmente el sistema europeo de comercio de emisiones de carbono (ETS). La normativa prevé revisar este mecanismo en 2026, y existe consenso en que serán necesarios algunos ajustes. Sin embargo, no hay acuerdo sobre la dirección de esos cambios. La Comisión, al menos por ahora, no parece partidaria de una reforma profunda, ya que este sistema ha contribuido -según recuerda Von der Leyen- a reducir el consumo de 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural.
Aun así, varios países, entre ellos Italia, Polonia o Alemania, presionan para introducir cambios más flexibles. Frente a ellos se ha formado una alianza poco habitual integrada por los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca), los países ibéricos (España y Portugal), además de Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia, que defienden mantener el sistema actual aunque aceptan introducir ajustes puntuales. En una posición intermedia parece situarse la Comisión, que contempla aumentar la disponibilidad de derechos de emisión, lo que podría contribuir a reducir su precio en el mercado.
¿Puede ocurrir que un propietario ingrese menos por el alquiler de su vivienda y, aun así, termine obteniendo más beneficio neto al final del año? La clave está en los incentivos fiscales introducidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda de España.
Por ejemplo, un arrendador que percibe 12.000 euros al año por el alquiler de un inmueble y tributa a un tipo del 30% tendría que pagar alrededor de 1.440 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicando la reducción habitual. Sin embargo, si decide bajar el precio del alquiler un 6%, podría acogerse a una bonificación fiscal del 90%. En ese caso, el importe a pagar a Hacienda se reduciría aproximadamente a 338 euros. El ahorro fiscal logrado con esta medida no solo compensa la rebaja del alquiler, sino que incluso puede aumentar la rentabilidad final de la vivienda.
La normativa vigente, reformada tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda de España, busca fomentar precios más moderados y contratos de alquiler estables, aunque sus beneficios fiscales varían considerablemente según la situación de propietarios e inquilinos.
El objetivo del sistema es impulsar el alquiler de vivienda habitual a largo plazo, especialmente en zonas donde la presión del mercado es mayor. Según datos de la Agencia Tributaria de España, la deducción estatal por alquiler para inquilinos desapareció en 2015 para los contratos firmados a partir de esa fecha. No obstante, se mantiene un régimen transitorio y existen diversas deducciones autonómicas que pueden reducir el pago de impuestos en determinados casos.
En el caso de quienes firmaron su contrato antes del 1 de enero de 2015, todavía se aplica una deducción estatal del 10,05% sobre las cantidades pagadas por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que la base imponible anual sea inferior a 24.107 euros. A estas ventajas se suman las deducciones autonómicas. En territorios como Catalunya, por ejemplo, se permite deducir cerca del 10% del importe del alquiler, con límites que pueden situarse entre los 300 y los 600 euros anuales dependiendo de factores como la edad del inquilino, sus ingresos o su situación laboral.
Además, en algunos supuestos concretos -sobre todo en áreas rurales o en mercados inmobiliarios tensionados- determinadas comunidades autónomas han incorporado deducciones adicionales que pueden elevar el ahorro fiscal hasta cerca del 30% del alquiler abonado. En el caso de los propietarios, el sistema funciona de forma diferente. Se basa en la reducción del rendimiento neto del alquiler, es decir, del beneficio que queda tras restar gastos deducibles como el IBI, los seguros, los gastos de comunidad o los intereses de la hipoteca.
Carlos Muñoz, abogado del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y socio de CIM Tax & Legal, explica que la normativa contempla diferentes niveles de reducción fiscal. "Antes de aplicar el porcentaje de reducción, el propietario puede deducir los gastos vinculados al inmueble, lo que reduce aún más la base sobre la que se calcula el impuesto", señala.
Tras la entrada en vigor de la ley, las reducciones fiscales se organizan en varios tramos: Reducción del 90%: se aplica cuando la vivienda se encuentra en una zona declarada tensionada y el propietario reduce el precio del alquiler en más de un 5% respecto al contrato anterior. Reducción del 70%: puede aplicarse si la vivienda se alquila por primera vez en una zona tensionada, si el inquilino tiene entre 18 y 25 años o si el inmueble se destina a programas de alquiler social gestionados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro. Reducción del 60%: corresponde a viviendas que han sido rehabilitadas recientemente. Reducción del 50%: es la reducción general para los contratos que no cumplen ninguno de los supuestos anteriores.
Muñoz recuerda que estas ventajas fiscales solo pueden aplicarse cuando el inmueble se alquila como vivienda habitual y el arrendador es una persona física. Además, aclara que estos beneficios no se aplican a alquileres turísticos ni de temporada. El impacto fiscal puede ser notable según el caso. Si un propietario cobra 1.000 euros al mes -12.000 euros al año-, con la antigua reducción del 60% la base imponible sería de 4.800 euros. Con un tipo medio del 30%, el impuesto rondaría los 1.440 euros.
Si ese mismo arrendador decide reducir el alquiler un 6% para acceder a la bonificación del 90%, sus ingresos anuales bajarían a 11.280 euros, pero la base imponible se reduciría a unos 1.128 euros. En ese escenario, el pago aproximado en el IRPF sería de unos 338 euros. Aunque el propietario ingrese algo menos por el alquiler, el mayor beneficio fiscal puede compensar gran parte de la diferencia. No obstante, la conveniencia de estas bonificaciones depende del contexto del mercado. Según Muñoz, en zonas donde los precios del alquiler están limitados o regulados puede resultar más interesante acogerse a la reducción del 90%.
"En áreas donde el mercado no está tensionado y el propietario puede aumentar el precio del alquiler de forma significativa, quizá no le resulte rentable rebajarlo para acceder a la bonificación", explica. A esto se suma que las comunidades autónomas pueden establecer deducciones adicionales en el tramo autonómico del IRPF, lo que provoca diferencias fiscales entre territorios.
Pese a estos incentivos, algunos expertos consideran que las medidas fiscales no solucionan los principales problemas del mercado del alquiler. Muñoz señala que muchos propietarios siguen mostrando preocupación por la inseguridad jurídica en situaciones como los impagos o los procesos de ocupación. "La regulación se ha vuelto cada vez más compleja y, en lugares como Catalunya, el marco legal puede resultar difícil de interpretar", concluye.
Las organizaciones agrarias se reunieron ayer en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para exigir la adopción de un paquete de medidas urgentes que ayude a compensar el aumento de costes provocado por la guerra en Irán. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, estimó que el sector está asumiendo un incremento de gastos de 41 millones de euros semanales. Este encarecimiento afecta principalmente a insumos como el gasóleo agrícola y los fertilizantes, cuyos precios han subido más de un 50% desde el inicio del conflicto, agravado por el cierre del estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio de estos productos.
Según los datos difundidos por el Ministerio, el precio del gasóleo agrícola aumentó un 14,6% solo en la última semana, sumándose a las subidas registradas desde finales de febrero. En algunas provincias, el combustible bonificado que utilizan los tractores y la maquinaria del campo ya supera los 1,60 euros por litro. Por ello, una de las principales peticiones trasladadas al Gobierno es garantizar el abastecimiento en todo el territorio y aprobar un plan de ayudas directas que compense el "sobrecoste inasumible" de estos insumos básicos.
Además, las organizaciones agrarias reclaman la aplicación de una bonificación extraordinaria al gasóleo agrícola, reforzando la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. También solicitan una reducción adicional del 35% en el IRPF por el gasto en gasóleo y del 15% en fertilizantes y plásticos, dentro del sistema de módulos que utiliza una gran parte de los agricultores. En relación con los fertilizantes, el presidente de Asaja advirtió al Ejecutivo de que las ayudas directas deben aprobarse con urgencia, ya que el sector está afrontando incrementos de hasta 280 euros por tonelada, precisamente en una época del año en la que el gasto en estos productos es especialmente elevado.
Tras finalizar la reunión, fuentes de la mesa de negociación indicaron que el ministro Planas no adelantó medidas concretas del plan que el Gobierno prevé presentar el viernes, a pesar de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había anunciado la semana pasada un paquete de ayudas en el que se incluiría al sector.
Antes de reunirse con las organizaciones agrarias, Planas y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con representantes de la industria agroalimentaria y con fabricantes de fertilizantes y piensos. Desde estos sectores señalaron que el aumento de los costes todavía no se refleja plenamente en el precio final de los alimentos, aunque advirtieron de que el impacto podría trasladarse con rapidez, ya que el sector primario ya está soportando una fuerte subida de gastos. Por este motivo, pidieron al Gobierno que valore nuevas medidas en función de cómo evolucionen los precios, entre ellas una posible reducción temporal del IVA de los alimentos en los supermercados.
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un amplio paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán durante un Consejo de Ministros extraordinario. La reunión se celebrará un día después del Consejo Europeo en Bruselas, donde el conflicto y sus consecuencias ocuparán un lugar central en la agenda. Mientras tanto, PSOE y Sumar continúan debatiendo internamente el contenido de las medidas y negociándolas con sus socios parlamentarios. Diversas fuentes apuntan a que una de las decisiones clave será una rebaja fiscal en el ámbito energético para contrarrestar el encarecimiento reciente de los precios.
Desde el Ejecutivo se señala que se trata de un plan de respuesta integral que combinará actuaciones de carácter estructural con otras de aplicación inmediata. Según el Gobierno, el objetivo es proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores que están sufriendo con mayor intensidad el aumento de los costes.
Las medidas de carácter temporal estarán centradas principalmente en reducciones fiscales y ayudas destinadas a amortiguar el impacto del incremento de precios. Por su parte, las iniciativas estructurales buscarán avanzar en cambios de fondo, especialmente en la electrificación del sistema productivo con el fin de disminuir la dependencia del petróleo. España se encuentra relativamente adelantada respecto a otros países europeos en este proceso, lo que reduce parcialmente su exposición al encarecimiento energético provocado por la guerra. Aun así, el Ejecutivo quiere seguir acelerando la transición energética y lleva tiempo trabajando en nuevas iniciativas en esa dirección.
El Gobierno también subraya que mantiene un diálogo constante con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores económicos más afectados. En estos momentos, los ministros de PSOE y Sumar continúan perfilando el alcance de la respuesta y negociando con los socios parlamentarios para garantizar el respaldo suficiente. El Ejecutivo quiere evitar que las medidas fracasen en el Congreso, como ocurrió anteriormente con otros paquetes de apoyo social. Esta necesidad de acuerdo político, junto con la incertidumbre sobre la duración del conflicto y sus efectos económicos, ha llevado a retrasar la aprobación de las medidas hasta el viernes en lugar de presentarlas este martes.
Este plan de respuesta incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales y se espera que puedan ser aprobadas este viernes mediante un real decreto, que debe ser convalidado posteriormente por el Congreso en el plazo de un mes. Entre las decisiones ya avanzadas por el Ejecutivo destaca que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que sí se aplicó durante la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania. El Gobierno considera que, por ahora, el impacto del conflicto se concentra principalmente en el coste de la energía y los carburantes, y no tanto en la cesta de la compra.
Una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios provocado por la tensión energética internacional. El Ejecutivo estudia recuperar rebajas del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron en crisis anteriores. El Ejecutivo pretende reeditar parte del "escudo social" aplicado en crisis anteriores, con medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos a personas con dificultades económicas. El plan también contempla medidas específicas para sectores especialmente expuestos a la subida del combustible, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Consejo de Ministros extraordinario aprobará las primeras actuaciones del escudo social destinadas a proteger a las familias trabajadoras frente a las consecuencias económicas del conflicto. Según ha explicado, el Gobierno tiene claras las prioridades que deben guiar este paquete de medidas. Entre ellas figuran actuaciones en el ámbito energético, políticas relacionadas con la vivienda para evitar que el encarecimiento de los precios agrave la situación que ya afrontan muchas familias y medidas para acompañar las rebajas fiscales con intervenciones en el mercado que eviten beneficios excesivos.
Bustinduy ha defendido que el conflicto no debe convertirse en una oportunidad para que algunas grandes empresas aumenten de forma desproporcionada sus beneficios. Por ello, ha señalado que cualquier medida fiscal debería ir acompañada de regulaciones que impidan incrementos injustificados en los márgenes empresariales. Según el ministro, el objetivo es garantizar que las ayudas lleguen realmente a los ciudadanos y no se traduzcan en mayores ganancias para las grandes compañías.
La digitalización de la facturación empresarial avanza de forma significativa en España. El Ministerio de Hacienda ha revisado el calendario para que autónomos y pequeñas y medianas empresas adapten sus sistemas de facturación a las nuevas obligaciones legales. Con esta iniciativa se pretende modernizar los procedimientos administrativos, reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la transparencia en los pagos entre compañías.
En la actualidad, la obligación de emitir facturas electrónicas en un formato estructurado entre empresas y profesionales todavía no está plenamente activa, ya que depende de un reglamento específico que aún no se ha aprobado. Este desarrollo normativo deriva de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que estableció la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales. No obstante, su aplicación definitiva requiere de una regulación complementaria que todavía está pendiente.
A pesar de ello, ya se está aplicando una obligación gradual para que los programas de facturación se adapten a determinados requisitos técnicos. El objetivo es garantizar la integridad, la trazabilidad y la fiabilidad de los registros de facturación mediante el sistema denominado Verifactu. Este marco se apoya en el Real Decreto 1007/2023, que establece las condiciones que deben cumplir los programas informáticos utilizados por autónomos y empresas para emitir facturas.
El calendario fijado por Hacienda establece que, a partir del 1 de enero de 2027, las empresas y profesionales sujetos al Impuesto de Sociedades deberán utilizar sistemas de facturación adaptados a la nueva normativa. Posteriormente, desde el 1 de julio de 2027, la obligación se extenderá al resto de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que deberán contar con programas que cumplan los requisitos técnicos de trazabilidad e inalterabilidad exigidos por Verifactu. Estas fechas suponen una ampliación respecto a los plazos inicialmente previstos, que apuntaban a 2025 y 2026, con el objetivo de facilitar la transición y permitir que los contribuyentes dispongan de más tiempo para adaptar sus herramientas tecnológicas.
Cuando estos sistemas sean obligatorios, los autónomos y las empresas no podrán emitir facturas utilizando programas que no cumplan con las condiciones técnicas establecidas por la Agencia Tributaria. Aunque las facturas puedan seguir generándose en formatos habituales como el PDF, estos no serán válidos para la transmisión de datos estructurados una vez entre en vigor la obligación de factura electrónica entre empresas. Además, los programas deberán crear registros de facturación que no puedan modificarse, firmados digitalmente e incorporando códigos QR que permitan verificar su autenticidad.
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones. La Agencia Tributaria contempla multas que pueden alcanzar los 50.000 euros para aquellos autónomos o pequeñas empresas que no adopten sistemas informáticos adaptados a la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con el sistema Verifactu y las exigencias establecidas por la Ley Antifraude.
Esta normativa supone un cambio profundo en la manera en que las empresas emiten y reciben sus facturas y se considera una de las reformas fiscales más relevantes de los últimos años en España. Su impacto se extenderá especialmente al tejido de pequeñas empresas y autónomos, impulsando su digitalización y modificando los procesos administrativos habituales. Conocer los plazos establecidos, actualizar los programas de facturación con antelación y prepararse para este nuevo escenario será fundamental tanto para evitar sanciones como para aprovechar las ventajas que ofrece la facturación electrónica.
El mayor esfuerzo fiscal de los españoles se produce aproximadamente alrededor de los 50 años. Esta etapa suele coincidir con el momento de mayor desarrollo profesional y con los ingresos laborales más altos, lo que provoca que los impuestos vinculados al trabajo, como el IRPF y las cotizaciones sociales, alcancen su nivel más elevado. Este máximo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja cómo se generan y se distribuyen los recursos económicos a lo largo de la vida.
La configuración del sistema tributario explica en buena medida este comportamiento. Las cotizaciones sociales y el IRPF son los tributos que más pesan sobre el contribuyente medio y evolucionan de forma paralela a la trayectoria laboral. Por ello, aumentan progresivamente hasta el momento en que se alcanzan los mayores ingresos y después disminuyen, dibujando una especie de curva ascendente que posteriormente se suaviza. En cambio, los impuestos ligados al consumo siguen una dinámica algo distinta: el tipo efectivo medio del IVA crece hasta situarse en torno a los 45 o 50 años y, a partir de ahí, comienza a descender.
Este patrón se comprende mejor si se analiza dentro del denominado ciclo económico de la vida, un enfoque que permite observar cómo funcionan las cuentas intergeneracionales y cómo se financia el consumo en cada etapa vital. En este contexto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó recientemente el estudio Cuentas generacionales de los miembros de los hogares, que identifica diferentes fases de déficit y superávit económico a lo largo de la vida y muestra cómo operan los mecanismos de redistribución de recursos entre generaciones y en distintos momentos del tiempo.
El informe, elaborado por los economistas Julio López Laborda, Carmen Marín, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente a partir de datos de 2022, concluye que España reproduce el patrón habitual de las economías desarrolladas. Durante la infancia y buena parte de la juventud predomina un déficit económico, ya que los ingresos son inexistentes o muy reducidos mientras el consumo continúa. Los menores de 16 años, por ejemplo, no cuentan con ingresos propios y dependen del apoyo familiar y de las transferencias públicas para cubrir sus gastos. Incluso después de incorporarse al mercado laboral, los menores de 30 años, de media, aún no generan recursos suficientes para financiar completamente su consumo. En este sentido, el hogar actúa como un mecanismo de protección frente a la falta temporal de ingresos en las primeras etapas de la vida. Además, el tratamiento de la vivienda en propiedad -que se contabiliza tanto como renta imputada como consumo privado- refuerza esta redistribución dentro de la familia.
El cambio se produce a partir de los 30 años. Durante las décadas centrales de la vida laboral, los ingresos procedentes del trabajo crecen y superan claramente al consumo, lo que genera un superávit económico. Ese excedente permite sostener transferencias hacia otros miembros del hogar, como hijos u otros dependientes, y también contribuye a financiar buena parte del sistema público mediante el pago de impuestos y cotizaciones sociales. De hecho, el saldo de transferencias netas alcanza su valor más negativo alrededor de los 50 años, lo que indica que en ese momento las personas actúan, en promedio, como financiadores netos del resto de la sociedad.
Entre los 50 y los 65 años, el perfil económico comienza a modificarse de forma gradual. Los ingresos laborales y la carga fiscal empiezan a reducirse, mientras que ganan peso los rendimientos del ahorro y de los activos acumulados. Con el paso del tiempo, estos ingresos van dejando protagonismo a las pensiones, que se convierten en la principal fuente de recursos tras la jubilación. En esta etapa, el equilibrio entre ingresos y consumo vuelve a depender en gran medida de mecanismos de redistribución, tanto públicos como privados.
Las cuentas generacionales de Fedea muestran así que el funcionamiento económico entre generaciones se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el sector público, que redistribuye recursos mediante pensiones, prestaciones en especie y servicios como la sanidad o la educación. El segundo es la familia, que financia gran parte del consumo de los jóvenes a través de transferencias dentro del hogar. Y el tercero es el ahorro y la acumulación de activos, cuyo papel se vuelve más relevante conforme aumenta la edad. En conjunto, estos mecanismos permiten que los superávits generados en las etapas centrales de la vida -cuando también se concentra el mayor esfuerzo fiscal- compensen los déficits que se producen al inicio y al final del ciclo vital.
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