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(El Economista, 23-09-2025) | Fiscal

Hacienda paga hasta un 10% del valor de las herencias sin herederos a los ciudadanos que las denuncien

Aunque pueda parecer inusual, Hacienda tiene la facultad de reclamar las herencias de aquellas personas que fallecen sin dejar herederos. En estos casos, los bienes o patrimonios pasan a formar parte del Tesoro Público, siempre mediante un procedimiento que debe ajustarse estrictamente a la ley. Sin embargo, no siempre ocurre así, ya que el Estado no dispone de acceso a toda la información sobre estas situaciones. Para solventar este problema, la ley contempla que los ciudadanos pueden colaborar informando a la Agencia Tributaria de herencias sin beneficiarios. Si la información resulta ser verídica, quienes las denuncien podrán recibir un premio equivalente al 10% del valor de los bienes señalados. Así lo establece el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, cuyo artículo 7 especifica que cualquier persona puede comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia correspondiente el fallecimiento intestado de alguien sin herederos legítimos. El mismo artículo aclara que quienes realicen esta notificación tendrán derecho a una recompensa del 10% sobre el valor neto de los bienes incluidos en la denuncia, siempre que no estén excluidos de su venta. No obstante, la norma impone limitaciones al llamado "derecho a premio": quedan excluidos de esta recompensa aquellos que, por su cargo o empleo público, tengan conocimiento del fallecimiento; los responsables de centros o residencias donde viviera el difunto; y los administradores o representantes legales. En todos estos casos, no solo no pueden cobrar el premio, sino que están obligados a informar del fallecimiento a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia donde el causante tuviera su último domicilio. Todo ello se fundamenta en el artículo 956 del Código Civil, que concede al Estado, a través de Hacienda, el derecho a heredar cuando una persona fallece sin dejar sucesores legítimos. Tras liquidar la herencia, los bienes pasan al Tesoro Público. Además, la ley señala que dos tercios del valor de la herencia deben destinarse a fines de interés social, sumándose a la asignación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para este propósito.

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(Expansión, 22-09-2025) | Fiscal

Sánchez: "Ya toca" renovar la financiación autonómica y "reforzar" el Estado del bienestar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este domingo la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica, una reforma que, según dijo, debía haberse realizado hace once años y que resulta clave para "reforzar" el Estado del bienestar. Durante su intervención en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada ante unas 15.000 personas según los organizadores, Sánchez dedicó la parte final de su discurso a explicar por qué urge acometer esta reforma, considerada uno de los puntos centrales del pacto de investidura que permitió a ERC situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. "Lo vamos a hacer en esta legislatura: impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficiará a Cataluña, como también al resto de comunidades y territorios del país", aseguró el jefe del Ejecutivo. Sus declaraciones llegan pocos días después de que ERC registrara en el Congreso, en solitario, una proposición de ley para que la Generalitat pueda gestionar directamente la recaudación del IRPF, iniciativa que vino acompañada de críticas de Oriol Junqueras al "inmovilismo" del Gobierno central. Sánchez recordó que, desde su llegada a la Moncloa, el Ejecutivo ha transferido más de 300.000 millones adicionales a las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, precisó que entre 2019 y 2025 se le han entregado 45.000 millones más que en el último periodo equivalente bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, reprochó al Ejecutivo regional que solo el 45% de esos fondos se haya destinado a reforzar los servicios públicos, mientras que el resto, según dijo, se ha canalizado hacia "regalos fiscales" en beneficio de las rentas más altas. También subrayó la importancia de la condonación parcial de la deuda autonómica con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ha supuesto 60.000 millones, y criticó la oposición del PP a esta medida, a la que calificó de "dogmatismo puro y duro". Para concluir, Sánchez reafirmó que el actual Gobierno agotará la legislatura y se mostró confiado en revalidar la presidencia tras las próximas elecciones generales. "Tenemos mucho trabajo por delante: hasta 2027 y más allá", afirmó, convencido de que volverá a formarse un Ejecutivo progresista con un presidente socialista y que será otra persona quien lidere el PP. Ante los reproches que una asistente le lanzó desde el público, Sánchez respondió: "A quienes no me desean lo mejor solo les digo una cosa: el permiso para gobernar no me lo otorgan las élites, me lo da la ciudadanía con su voto".

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(El Economista, 22-09-2025) | Fiscal

Las alzas fiscales de 2025 recaudan en solo siete meses todo lo previsto para el conjunto del año

El Gobierno está aprovechando al máximo las numerosas subidas de impuestos aprobadas a finales de 2024 y que entraron en vigor en enero de este año. Según el Plan Fiscal Estructural remitido a Bruselas, esas medidas iban a generar unos 4.500 millones de euros anuales. Sin embargo, a 31 de julio ya se habían recaudado 4.110 millones, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, lo que anticipa que en los cinco meses restantes se superará ampliamente la previsión inicial enviada a la UE. Entre todas las medidas, la más destacada es la recuperación de los tipos previos del IVA en determinados productos de alimentación que habían quedado exentos o gravados con el tipo superreducido del 4% por considerarse básicos. Esta rebaja se introdujo hace casi tres años para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania y la fuerte inflación. Desde el 1 de enero de 2025 los productos recuperaron el tipo original, más alto, lo que ha aportado 1.146 millones adicionales a las arcas públicas. Los cambios en la fiscalidad de la energía han supuesto hasta julio una recaudación extra de 1.535 millones. En 2023 el IVA de la electricidad bajó al 5% por la crisis energética, pasó al 10% a mediados de 2024 y desde enero volvió al 21%. Lo mismo ocurrió con otros suministros como el gas natural, la madera y los pellets, que recuperaron también el gravamen máximo del 21%. El Impuesto Especial sobre la Electricidad también se ha ido incrementando y desde julio de 2024 se sitúa en el 5,11%. Con el efecto del IVA, el tipo real se aproxima al 6,1%. A esto se suma la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), suspendido en 2021 de manera excepcional para aliviar la factura de los hogares, y que ahora vuelve con un tipo del 7%. Otro incremento significativo en 2025 ha sido el de los impuestos sobre las labores del tabaco, al que se añade un tributo específico para los líquidos de cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, que hasta ahora apenas ha recaudado 10 millones. El llamado impuesto a la banca -oficialmente Impuesto sobre el Margen y Comisiones de las Entidades Financieras- volvió a aplicarse a finales de 2024. Pese a los recursos pendientes del sector, entre enero y julio ha aportado 566 millones de euros. Además, Hacienda ha ingresado más de 300 millones gracias a la restitución del límite del 50% a la compensación de bases imponibles negativas de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades. La AIReF estima que esta medida supone un sobrecoste total de 2.650 millones para dichas compañías. Aunque el cambio se introdujo en 2024, es en el presente ejercicio cuando está teniendo mayor impacto. También figuran como ingresos adicionales los pagos aplazados del IRPF a los contribuyentes afectados por la DANA que golpeó Levante en octubre de 2024. Entonces se les concedió una prórroga de tres meses para el segundo pago del impuesto y se amplió hasta el 30 de enero de 2025 el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones. Sin embargo, una vez expiradas las prórrogas, los afectados tuvieron que abonar lo pendiente, ya que no se aprobaron exenciones ni deducciones. En conjunto, los 4.110 millones recaudados por "cambios normativos" ya están consolidados en las cuentas públicas, con la expectativa de que la cifra crezca aún más en lo que resta de 2025. La única incertidumbre reside en el impuesto a la banca, recurrido por la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las patronales alegan que este tributo tiene "graves efectos" sobre la financiación de familias y empresas, un "impacto negativo" sobre la inversión y un "perjuicio general" para la economía en su conjunto.

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(El Periódico, 22-09-2025) | Fiscal

ERC registra en solitario la ley del IRPF

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para transferir a la Generalitat la gestión íntegra del IRPF recaudado en Cataluña. La iniciativa forma parte de los compromisos alcanzados entre republicanos y socialistas en el marco del pacto de investidura de Salvador Illa, que contempla la creación de un nuevo modelo de financiación en el que la comunidad gestione sus propios tributos. Para prosperar, la proposición necesitará el respaldo de todas las formaciones que integran el bloque de investidura. En principio, el texto no debería encontrar obstáculos entre los partidos de corte territorial que conforman esa mayoría, aunque aún se desconoce la posición de Podemos. La propuesta de ERC implica modificar tres normas: la LOFCA (ley de financiación de comunidades autónomas), la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común y la ley de cesión de tributos. Al ser la primera una ley orgánica, requerirá mayoría absoluta para ser aprobada. Este paso legislativo es el primero para dar cumplimiento al pacto de investidura con Illa, que prevé que la Generalitat asuma la gestión total de los impuestos. Según ERC, asumir el 100% de la recaudación del IRPF permitiría multiplicar por seis los recursos actuales, pasando de 5.000 a 30.000 millones de euros anuales, lo que supondría cubrir una parte sustancial del presupuesto catalán. La formación independentista insiste, además, en que no negociará los Presupuestos -ni los estatales ni los autonómicos- hasta que no se cierre un acuerdo sobre la recaudación y el nuevo modelo de financiación. "El PSC y el PSOE lo tienen fácil: si cumplen con Catalunya, la legislatura será estable; si no, se complicará", advirtió Oriol Junqueras, presidente de ERC. En la misma línea, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó a socialistas y PSC que respeten lo pactado. Desde el partido recuerdan que la gestión de todos los impuestos en Cataluña es un compromiso firme y que sus bases no aceptarán dilaciones ni "regates" del PSOE. De hecho, el propio Illa ha mostrado su disposición a avanzar en esa dirección. Más allá de la recaudación del IRPF, el plan para poner en marcha una Hacienda propia contempla que en 2027 la nueva agencia tributaria catalana esté en condiciones de asumir la asistencia en la campaña de la renta, lo que exigirá contratar más personal y abrir nuevas oficinas. En cuanto a la ley presentada este viernes, el primer paso será su admisión a trámite en el Congreso, una votación que aún no tiene fecha.

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(Expansión, 19-09-2025) | Fiscal

Hacienda hace caja con la inspección fiscal a fortunas, falsos residentes y multinacionales

La Agencia Tributaria logró en 2024 una recaudación histórica cercana a los 19.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, gracias a la intensificación de las inspecciones y a las casi dos millones de actuaciones dirigidas a prevenir y combatir el fraude fiscal. En total, las acciones de control y lucha contra el fraude desarrolladas durante el ejercicio pasado aportaron 18.928 millones de euros adicionales a las arcas públicas. De esta cifra, unos 10.318 millones proceden directamente de la labor inspectora, 7.554 millones de la reducción de devoluciones tributarias y 1.056 millones de declaraciones presentadas fuera de plazo. Una parte significativa de este aumento está vinculada a la denegación de devoluciones de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades; sin esta medida, el crecimiento habría sido del 4,3%. Los datos, difundidos ayer, se derivan de 1,98 millones de actuaciones de control (un 4,4% más que el año previo). En ellas se puso especial atención en 46.407 casos relativos a grandes empresas, patrimonios elevados, abusos societarios y economía sumergida, ámbitos en los que la actividad inspectora creció un 6,3%. Dentro de estos ámbitos prioritarios destacan las 36.918 actuaciones dirigidas a multinacionales, grupos empresariales y compañías con más de seis millones de euros de facturación anual, que aumentaron un 7%. En este contexto, se regularizaron bases imponibles de multinacionales por 2.712 millones de euros a través de 88 comprobaciones realizadas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes junto a otras oficinas, con apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). Este organismo, además, cerró 38 acuerdos previos de valoración que aseguran 3.797 millones en bases imponibles futuras. Otro foco fue el control sobre grandes fortunas individuales, con 1.264 inspecciones que dieron lugar a liquidaciones por 524 millones de euros. Asimismo, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes intensificó la detección de falsos no residentes: contribuyentes con alto patrimonio que declaran vivir en el extranjero pese a pasar más de la mitad del año en España. Se identificaron 127 casos de este tipo, que permitieron recaudar 51 millones, un 84% más que el año anterior. La vigilancia de cuentas bancarias en el extranjero, amparada en la directiva europea DAC, los estándares de la OCDE y acuerdos con EE. UU., también permitió destapar fondos ocultos de 727 contribuyentes, con una recaudación de 315 millones (un 25,5% más). Desde 2017, esta vía ha reportado al fisco unos 1.500 millones de 4.000 contribuyentes. Por último, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) elaboró 411 informes de interés tributario (FITT) sobre 1.200 contribuyentes, que generaron 315 millones de ingresos en 346 de ellos. Las actuaciones contra la economía sumergida sumaron 2.581 inspecciones, destapando un 11% más de ventas ocultas que el año previo y regularizando cuotas por 431 millones de euros.

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(Expansión, 19-09-2025) | Fiscal

La Agencia Tributar incrementa las peticiones de información a terceros países e impone un 21% más de multas

Esta línea de trabajo inspectora de Hacienda permitió recaudar 140 millones de euros en cuotas y sanciones a 1.488 contribuyentes, lo que supone un aumento del 20,7%. Estos resultados se derivan de operaciones de entrada y registro apoyadas por las Unidades de Auditoría Informática, que realizaron 1.600 volcados de datos. En paralelo, los inspectores de Hacienda llevaron a cabo 31.500 visitas presenciales a sectores y negocios con riesgo fiscal, un 6,5% más que en el ejercicio anterior. De ellas, 2.500 se centraron en actividades susceptibles de solicitar devoluciones de IVA, lo que permitió descubrir a 300 contribuyentes implicados en fraudes relacionados con este impuesto. Asimismo, se investigaron 65.300 operaciones financieras. Hacienda también reforzó el control sobre deducciones fiscales, especialmente las vinculadas a la inversión en vivienda habitual, rentas inmobiliarias, rendimientos de capital inmobiliario, gastos de actividades económicas y deducciones de IVA. Por otra parte, la Agencia Tributaria incrementó las solicitudes de información a otros países. El Equipo Nacional de Cobro Internacional formuló 4.250 requerimientos, lo que supone un aumento del 50,2% respecto a 2023. En el ámbito aduanero, se decomisaron más de 2,6 millones de cajetillas de tabaco, 79 toneladas de cocaína, 84 toneladas de hachís y 1,3 millones de artículos falsificados. En los últimos años, Hacienda ha potenciado una estrategia para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, enviando cartas de aviso a contribuyentes sobre rentas de las que tiene constancia. En la última Campaña de la Renta se remitieron más de tres millones de alertas, entre ellas: 998.000 a declarantes con rentas en el extranjero; 889.000 a titulares de criptomonedas; 836.000 a propietarios de viviendas en alquiler; y 330.000 a contribuyentes que utilizan plataformas digitales para vender inmuebles, prestar servicios profesionales o alquilar viviendas y vehículos. Esta estrategia ha dado buenos resultados: solo en 2024, las autoliquidaciones presentadas fuera de plazo a raíz de estas advertencias supusieron 1.055,8 millones de euros, frente a los 965,4 millones del año anterior y los 813,2 millones del ejercicio previo. Destacaron las campañas vinculadas al alquiler de inmuebles, que en los últimos años han sumado 1,4 millones de declaraciones adicionales, aumentando la base imponible en 9.022 millones e ingresando 1.093 millones de euros. De forma paralela, Hacienda abrió expedientes de control a 38 contribuyentes que operaban con criptomonedas, liquidando 8,8 millones de euros, y realizó inspecciones sobre cuentas en neobancos y entidades financieras extranjeras.

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(Expansión, 19-09-2025) | Fiscal

Revisar el gasto público para generar margen fiscal con el que devolver poder adquisitivo a las familias mediante rebajas de impuestos

El nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, presentó ayer una de las claves del plan económico con el que la formación pretende consolidarse como alternativa de Gobierno. Nadal explicó que el PP quiere poner sobre la mesa una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo de los hogares, devolver la confianza a las empresas, impulsar la creación de empleo y garantizar que las próximas generaciones tengan un nivel de vida superior al de sus padres, acercando así a España a los países más prósperos de Europa. Para lograrlo, defendió un proceso de modernización que incluya la reducción del gasto público superfluo y la devolución a los ciudadanos de parte de la recaudación fiscal acumulada, en reconocimiento al esfuerzo soportado durante la etapa de elevada inflación. El dirigente popular aseguró que estas medidas se pondrían en marcha "de forma inmediata en cuanto el Partido Popular gane las próximas elecciones generales", expresando su deseo de que se celebren pronto porque, según dijo, el Ejecutivo actual "solo ofrece más de lo mismo, bloqueo y pérdida de tiempo". Estas declaraciones las realizó en un encuentro con periodistas en la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid. Nadal también criticó acuerdos recientes del Gobierno con Junts, como la obligación de que todas las empresas medianas y grandes atiendan en catalán, una exigencia que, a su juicio, "impone costes innecesarios al tejido empresarial español". Respecto a las nuevas previsiones económicas del Ejecutivo, que sitúan el crecimiento del PIB en el 2,7% este año, el responsable económico del PP reconoció el "fuerte ritmo de expansión" actual, aunque advirtió de una tendencia a la desaceleración. Además, subrayó que "el 90% de los ciudadanos percibe una pérdida de poder adquisitivo", por lo que los buenos datos macroeconómicos aún no se reflejan en una mejora real del bienestar de las familias.

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(Expansión, 18-09-2025) | Fiscal

El Supremo limita la responsabilidad por no declarar las indemnizaciones por despido

El Tribunal Supremo ha establecido que Hacienda no puede imponer sanciones cuando es la propia empresa la que induce al trabajador a declarar erróneamente una renta del trabajo como exenta. En una reciente sentencia, el Alto Tribunal fija doctrina en favor de los contribuyentes respecto a las rentas del trabajo que no tributan en el IRPF, como las indemnizaciones por despido o los ingresos obtenidos en el extranjero recogidos en el artículo 7p de la ley del impuesto. Los magistrados señalan que, si la compañía facilita al empleado información que le lleva a creer que ciertos ingresos están exentos -ya sea a través del certificado de retenciones o de otras circunstancias-, la Agencia Tributaria no puede sancionarlo. Eso sí, el contribuyente deberá rectificar su declaración y tributar por esas cantidades. En principio, el perceptor de la renta está obligado a comprobar los criterios que el pagador aplica en el certificado de retenciones. Sin embargo, tal y como explican desde el despacho Garrido, si el trabajador actuó con la diligencia necesaria al presentar su declaración confiando en una interpretación razonable de la norma, quedará exonerado de responsabilidad sancionadora. Según los expertos, esta resolución abre la puerta a que los contribuyentes que tengan dudas sobre la exención de determinadas rentas laborales en el IRPF cuenten con mayores garantías de éxito en procesos de litigación tributaria.

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(El País, 18-09-2025) | Fiscal

España encabeza el alza de la luz en Europa por la subida del IVA y el sobrecoste vinculado al apagón

El precio de la electricidad en España sigue sin estabilizarse. En agosto, la factura de la luz que afrontaron los hogares españoles fue un 14,7% más alta que en el mismo mes del año anterior. En contraste, en otros países europeos los recibos bajaron: Francia (-13,6%), Italia (-4,9%), Portugal (-2,3%) o Alemania (-1,7%), según los datos publicados este miércoles por Eurostat. En el conjunto de la Eurozona, la electricidad se abarató un 0,5%, mientras que en la Unión Europea aumentó un 2%, muy por debajo del repunte español. Solo países con realidades muy distintas, como Rumanía, Austria, Noruega o Suecia, sufrieron incrementos mayores. La situación repite el patrón de julio, cuando la luz en España subió un 17,3% frente a los descensos registrados en los países vecinos. Entonces, el INE ya señaló que el aumento de la inflación estuvo impulsado, en parte, por el encarecimiento de la electricidad respecto a la bajada del año anterior. Sin embargo, esta subida no refleja lo que ocurre en el mercado mayorista, donde los precios sí están cayendo gracias a la mayor aportación de las renovables y al descenso del gas. Este mercado, conocido como pool, se redujo en agosto un 24,8% interanual, pasando de 91,05 a 68,45 euros por MWh. El desplome responde a la expansión de la energía fotovoltaica, la caída del consumo en un 1,5% y un retroceso del 14,5% en el precio internacional del gas. Aun así, este componente apenas supone un tercio de la factura total. El problema está en los costes añadidos desde el apagón del 28 de abril. Para evitar otro incidente similar, Red Eléctrica ha puesto en marcha una "operación reforzada", que implica recurrir a centrales tradicionales capaces de regular la tensión del sistema, lo que supone un sobrecoste notable. En julio este servicio se encareció un 97% (de 8,19 a 16,15 €/MWh) y en agosto supuso 5 €/MWh adicionales. Este gasto se suma directamente al término de energía de la factura. Las comercializadoras ya lo están repercutiendo a sus clientes en renovaciones y nuevas ofertas. Algunas, como Repsol, notificaron en junio incrementos de entre el 6% y el 7% a causa del apagón. Desde Red Eléctrica, su presidenta Beatriz Corredor advirtió en el Senado que este sobrecoste se mantendrá hasta que entren en vigor nuevas medidas de control incluidas en el decreto antiapagón. No obstante, la norma fue rechazada en el Congreso en julio y ahora el Gobierno busca aprobarla vía decreto urgente. Aun así, el sector estima que estos costes extraordinarios seguirán hasta al menos 2026 y podrían superar los 2.300 millones de euros anuales. A ello se suman otros factores que encarecen la factura en comparación con Europa. Desde enero, el IVA sobre la electricidad volvió al 21%, frente al tipo reducido del 10% que se aplicaba en julio y agosto de 2023. Los impuestos representan aproximadamente un tercio del recibo. Además, en 2025 se incrementaron los peajes de la luz, una parte fija destinada a cubrir gastos estructurales del sistema, como la deuda histórica, las primas renovables o la generación en territorios extrapeninsulares. El encarecimiento no solo afecta a los hogares. También golpea a la industria. Según el barómetro de AEGE, la factura eléctrica de un consumidor electrointensivo en España es 2,6 veces más cara que en Francia y 1,5 veces superior a la de Alemania, es decir, un 165% más respecto al país vecino y un 46% más frente a la economía alemana. Además, las empresas españolas asumen costes adicionales por servicios de ajuste del sistema que no se aplican en esos países, lo que amplía aún más la brecha competitiva en más de 17 €/MWh.

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(El Economista, 18-09-2025) | Fiscal

La justicia rechaza que se deduzcan en el IRPF los gastos de la vivienda en alquiler mientras está vacía

Los tribunales han reiterado que los contribuyentes no pueden deducirse en el IRPF los gastos asociados a una vivienda en alquiler durante los periodos en los que el inmueble permanece vacío. Para poder aplicarse estas deducciones, el arrendador debe demostrar a Hacienda que, aunque la vivienda estuviera desocupada, estaba efectivamente destinada al arrendamiento. Esa prueba puede realizarse mediante anuncios de alquiler, la contratación de una agencia inmobiliaria o facturas de obras y reparaciones realizadas con ese fin. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado el recurso de una contribuyente con varios pisos alquilados, a la que la Agencia Tributaria denegó la deducción de ciertos gastos mientras las viviendas estuvieron sin inquilino. En concreto, la afectada intentaba deducirse partidas por amortización, seguros, comunidad de propietarios, IBI y suministros. Hacienda desestimó la deducción argumentando que esos gastos no guardaban relación directa con la generación de ingresos por arrendamiento. La sentencia subraya que la Ley del IRPF solo permite deducir los gastos imprescindibles para obtener rendimientos, lo que exige una vinculación directa, objetiva y acreditada con los ingresos inmobiliarios. En este sentido, el tribunal considera improcedente deducir amortizaciones, seguros, suministros, tributos locales, gastos de comunidad o intereses de financiación en periodos de desocupación, ya que la contribuyente no aportó pruebas suficientes de que el inmueble estuviera realmente en oferta de alquiler. El fallo recuerda además el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 2006, que ya establecía que los gastos derivados de la mera titularidad del inmueble no son deducibles si no están expresamente vinculados a la puesta en alquiler. Del mismo modo, el Tribunal Supremo fijó en septiembre de 2021 que para deducir un gasto es necesario acreditar una correlación directa con los ingresos de arrendamiento, excluyendo aquellos generados en periodos en los que la vivienda estaba simplemente disponible para el propietario, sin evidencia clara de su oferta en el mercado. El TSJC concluye que solo cuando se demuestra una oferta activa -por ejemplo, mediante contratos de gestión, publicidad o intermediación- pueden aceptarse ciertos gastos como deducibles. En cualquier caso, recuerda que la carga de la prueba recae sobre el arrendador, que debe justificar de manera inequívoca su intención real de alquilar el inmueble.

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