Noticias

(El Economista, 11-03-2026) | Fiscal

Hacienda recaudará más de 100 millones extra en marzo por el subidón de los combustibles

El Ministerio de Hacienda suele ver incrementados sus ingresos cuando se producen episodios de inflación como el que empieza a generar el conflicto en Oriente Medio. Es conocido que, cuando no se actualizan los tramos del Impuesto sobre la Renta, el aumento de los precios termina elevando la recaudación por impuestos directos. Sin embargo, este efecto también se produce en los tributos indirectos, especialmente cuando el encarecimiento afecta a productos como los combustibles. Especialistas en fiscalidad consultados estiman que, si la actual tendencia al alza del precio de la gasolina y el gasóleo continúa, la recaudación obtenida a través del IVA del 21% que se aplica a estos carburantes podría aumentar en torno a 100 millones de euros solo al finalizar el mes de marzo. Este incremento de ingresos se prolongaría durante los meses siguientes, lo que en parte explicaría la cautela del Gobierno a la hora de adoptar medidas para paliar el impacto del encarecimiento. De hecho, el último Consejo de Ministros concluyó sin aprobar ninguna actuación específica en este ámbito. La estimación se basa en una simulación que toma como referencia lo ocurrido durante la última crisis inflacionaria, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los analistas también contemplan un escenario en el que las subidas registradas en la última semana -entre un 9% y un 18%, con el mayor aumento en el caso del diésel- no se reduzcan rápidamente. Esta posibilidad cobra fuerza tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha hablado de un posible final próximo del conflicto en Oriente Próximo. Mientras esa situación no se materialice, sigue siendo plausible que los precios de la gasolina y el gasóleo se mantengan por encima de los dos euros por litro. En un contexto así, los ingresos públicos vinculados a los hidrocarburos podrían alcanzar niveles todavía más elevados. Hay que tener en cuenta que estos productos soportan una doble carga fiscal: por un lado, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y, por otro, el IVA general. A falta de conocer las cifras definitivas correspondientes a 2025, que la Agencia Tributaria publicará este mes, la recaudación del Impuesto Especial ya supera los 12.500 millones de euros. En cuanto al IVA asociado a los combustibles -el tributo más sensible a las variaciones de precio que paga el consumidor-, los ingresos se aproximan a los 10.000 millones. Por ahora, el Gobierno no prevé adoptar medidas inmediatas relacionadas con el impacto del conflicto en la economía española. Tras el Consejo de Ministros celebrado ayer, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, explicó que el Gobierno lleva tiempo preparando un plan integral para responder a la crisis derivada de la guerra en Irán. Durante esta semana están previstas reuniones con los grupos parlamentarios, incluido Vox, así como con representantes de sindicatos y organizaciones empresariales. Estas conversaciones estarán coordinadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Asimismo, el Ejecutivo trabajará en consonancia con las propuestas que pueda plantear la Comisión Europea, según señaló Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo. En los encuentros con los grupos políticos y los agentes sociales participarán también las tres vicepresidentas del Gobierno -María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen- junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. El Ejecutivo, explicó la portavoz, está siguiendo de cerca la evolución de la situación para preparar una respuesta que sea adecuada y eficaz, aunque por el momento no ha fijado un calendario concreto para la puesta en marcha de ese plan.

LEER MÁS

(El Confidencial, 11-03-2026) | Fiscal

Garamendi pide bajar los impuestos a la luz y a la gasolina en lugar de bonificar su consumo

El Gobierno lleva varios días analizando posibles medidas, tanto de forma interna como junto a los agentes sociales, para mitigar el impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Irán. En este contexto, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha expuesto por primera vez la posición del empresariado. Durante su intervención en la segunda edición del ESG Leaders Summit organizado por Deloitte con la colaboración de El Confidencial, señaló que las empresas no apoyan que se apliquen bonificaciones directas al consumo de gasolina, electricidad o gas. En su lugar, defienden que el Ejecutivo reduzca los impuestos sobre la energía para que el coste de las medidas lo asuma directamente la Administración. Garamendi explicó que, según trasladan los propios gasolineros, las bonificaciones no son la mejor solución. A su juicio, el Estado debería tener margen para ajustar la fiscalidad de los combustibles y de la energía de modo que el consumidor perciba directamente la rebaja en el precio final. Considera que no es adecuado que se traslade a las empresas la responsabilidad de financiar temporalmente estas ayudas. El dirigente empresarial sostiene que este tipo de medidas perjudica especialmente a las pequeñas estaciones de servicio, ya que se ven obligadas a adelantar el importe de los descuentos hasta que la Administración les devuelve posteriormente el dinero correspondiente, algo que puede generar tensiones de liquidez. Hace referencia al sistema aplicado en 2022 tras la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Entre abril y diciembre de aquel año, el Gobierno implantó un descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo. De esa cantidad, 15 céntimos corrían a cargo del Estado y los cinco restantes eran asumidos por las grandes petroleras. Las estaciones de servicio aplicaban la rebaja en el precio final y posteriormente solicitaban la compensación a Hacienda, lo que en algunos casos obligaba a adelantar el dinero durante un tiempo. Aquella medida generó un intenso debate. Algunos estudios elaborados por centros académicos señalaron que la ayuda no se trasladó completamente a los consumidores, ya que parte del beneficio habría sido absorbido por el propio sector mediante subidas de precios o ampliación de márgenes. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defendió una conclusión diferente basándose en datos previos a la aplicación de los descuentos. Años después, incluso persisten litigios judiciales relacionados con la posible presión sobre los márgenes de las estaciones de servicio de bajo coste por parte de Repsol durante ese periodo. En cualquier caso, la patronal insiste en que las futuras medidas de apoyo no deberían basarse en subvenciones que obliguen a las empresas a adelantar recursos. Garamendi subrayó que no es razonable que el peso de estas políticas recaiga sobre el sector privado mientras la recaudación fiscal permanece intacta. El presidente de la organización empresarial indicó además que el diálogo con el Gobierno continúa abierto para intentar acordar medidas que ayuden a contener el impacto de la crisis energética y el posible repunte de la inflación. Por ahora, el Ejecutivo no ha presentado propuestas concretas y la CEOE asegura que está dispuesta a negociar con el objetivo de encontrar soluciones que permitan a empresas y consumidores afrontar la situación. Garamendi también advirtió sobre la gran inestabilidad que están mostrando los precios del petróleo, especialmente tras las fuertes oscilaciones registradas el lunes. Esta situación preocupa especialmente a sectores como el transporte, la logística o la industria. En su opinión, si el precio del barril se mantiene de forma sostenida por encima de los 100 dólares, podría provocar una inflación superior al 3 % y obligar al Banco Central Europeo a plantearse nuevas subidas de los tipos de interés.

LEER MÁS

(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

Las firmas de "criptos" informarán al fisco de las inversiones de clientes en enero de 2027

El Ministerio de Hacienda está elaborando nuevos modelos de declaración con el objetivo de que las empresas que prestan servicios de inversión en criptoactivos comuniquen a la Agencia Tributaria, a partir de enero de 2027, tanto los saldos de sus clientes como las operaciones de compraventa realizadas durante 2026. Estos proveedores deberán presentar tres formularios informativos desde el próximo ejercicio. El modelo 042 servirá para inscribirse en el Registro de Operadores de Criptoactivos; el modelo 172 permitirá informar de los saldos que mantengan los usuarios, ya sean particulares o empresas, a 31 de diciembre de cada año; y el modelo 175 recogerá las operaciones de inversión efectuadas durante el ejercicio. Asimismo, Hacienda prevé introducir modificaciones en el modelo 721, que obliga a los contribuyentes a declarar las criptomonedas que poseen en el extranjero cuando su valor supere los 50.000 euros. Con los cambios previstos, esta obligación se ampliará para incluir no solo monedas digitales, sino también otros activos electrónicos. De este modo, además de criptodivisas como Bitcoin o Ethereum, los contribuyentes deberán informar sobre stablecoins -activos vinculados a monedas oficiales como el euro o el dólar- y sobre tokens asociados a otros activos, como materias primas. Con esta ampliación, la supervisión fiscal se extenderá más allá de las criptomonedas tradicionales para abarcar otros tipos de activos digitales. Aunque Hacienda pretende aprobar próximamente estos nuevos modelos informativos, la ley que obligará a las empresas del sector a remitir estos datos continúa bloqueada en el Congreso. El anteproyecto para adaptar la normativa española a la directiva europea de intercambio de información fiscal entre países, conocida como DAC 8, llegó al Congreso poco antes del verano y su tramitación se prevé complicada. El texto de la norma es relativamente breve, con apenas 16 páginas, pero su aprobación se ha visto dificultada por el gran número de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que superan ya las 100 páginas. En total se han registrado alrededor de 70 enmiendas, la mayoría relacionadas con cuestiones fiscales, lo que ha convertido la iniciativa en una reforma tributaria de mayor alcance. Entre las propuestas presentadas, el Partido Popular plantea modificar el IRPF para ajustar a la inflación los primeros tramos del impuesto, que afectan a los salarios más bajos. El objetivo sería evitar que el aumento de los sueldos registrado en los últimos años se vea absorbido por el efecto del propio impuesto. Por su parte, Sumar propone que las empresas tributen al 30 % por las ganancias obtenidas con criptoactivos. También plantea mejorar las condiciones para que los contribuyentes puedan beneficiarse de las deducciones en el IRPF vinculadas al mínimo por descendientes y ascendientes, así como ampliar hasta siete años la duración de los contratos de alquiler en los edificios que pertenezcan a un único propietario y tengan viviendas vacías. El PSOE, por otro lado, plantea cambios en la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos e incluye una propuesta para agilizar los procedimientos de discrepancia entre los contribuyentes y la Administración en relación con la valoración de inmuebles, utilizada para calcular impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. Finalmente, Junts propone permitir que los ciudadanos puedan deducirse en el IRPF los seguros privados de salud, eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan deducir en el impuesto de Sociedades la cuota pagada por el Impuesto de Actividades Económicas. Además, plantea crear un mecanismo para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en el impuesto de plusvalía municipal tras la modificación del sistema de cálculo que se introdujo después de que el Tribunal Constitucional anulara el método anterior.

LEER MÁS

(El Economista, 10-03-2026) | Fiscal

El Supremo facilita a los contribuyentes las vías para reclamar la devolución de la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo ha aclarado que los contribuyentes pueden solicitar la devolución del impuesto de plusvalía municipal, siempre que su reclamación no se base en la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021. El alto tribunal recuerda que esa resolución del Tribunal Constitucional, que anuló el sistema utilizado para calcular este impuesto, estableció límites a determinadas reclamaciones. En concreto, no pueden reclamar quienes ya contaban con una sentencia firme o una resolución administrativa definitiva antes de la fecha de dicha sentencia. Tampoco pueden hacerlo quienes pagaron la liquidación o presentaron la autoliquidación y no la recurrieron ni solicitaron su rectificación antes del 26 de octubre de 2021, cuando la reclamación se apoye en esa misma sentencia. En una resolución fechada el 23 de febrero, el Tribunal Supremo señala, sin embargo, que sí es posible pedir la devolución si la solicitud se fundamenta en argumentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad recogida en aquella sentencia. Esto significa que los contribuyentes que abonaron este impuesto en situaciones en las que no existió un aumento real del valor del terreno, o que pagaron una cantidad superior a la que correspondía, pueden recurrir las liquidaciones, autoliquidaciones o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que todavía se encuentren dentro del plazo legal y que la reclamación no se base exclusivamente en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021. El Supremo explica que, por ejemplo, los afectados podrían alegar que pagaron la plusvalía pese a que el terreno no se revalorizó o que el importe abonado tuvo un carácter confiscatorio. También podrían recurrir por cualquier otro motivo distinto del que llevó al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional el método de cálculo del impuesto. En este sentido, el tribunal subraya que la limitación establecida por el Constitucional solo afecta a las reclamaciones basadas en la inconstitucionalidad del sistema de cálculo del tributo, pero no impide que se presenten reclamaciones fundamentadas en otros argumentos.

LEER MÁS

(El Periódico, 10-03-2026) | Fiscal

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para paliar el impacto de la guerra

El Partido Popular presentará en el Congreso una batería de iniciativas destinadas a reducir el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares. Entre las propuestas figuran duplicar la deducción por hijo en el IRPF, reducir al 10% el IVA aplicado a la energía y eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. Fuentes del partido señalan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, abordará este asunto durante su intervención prevista para esta tarde en Riaza, dentro de la campaña de las elecciones de Castilla y León. Previamente, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, detallará la propuesta por la mañana a través de su cuenta en la red social X y durante un acto en Burgos. Desde el partido sostienen que el poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, argumentando que los salarios reales no han aumentado mientras que la presión fiscal sí lo ha hecho. A su juicio, el encarecimiento reciente de la energía agrava aún más la situación económica de las familias, por lo que consideran que es el momento de plantear medidas concretas y no solo mensajes políticos. Entre las propuestas planteadas, el PP plantea mejorar la renta disponible de los contribuyentes, especialmente de las familias con hijos, mediante cambios en el IRPF. Para ello propone duplicar los mínimos personales por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, lo que, según sus cálculos, supondría un beneficio medio de unos 200 euros por contribuyente. Además, el partido plantea rebajar al 10% el IVA de la energía para todos los consumidores en un contexto de subida de los precios del gas y el petróleo, así como eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica. De acuerdo con las estimaciones del PP, el conjunto de estas medidas supondría para un hogar medio -formado por dos adultos y dos hijos- un ahorro aproximado de 75 euros mensuales, lo que equivale a cerca de 900 euros al año. La formación tiene previsto llevar estas propuestas al Congreso para comprobar el respaldo del resto de grupos parlamentarios, aunque también insta al Gobierno a adelantarse y aprobarlas en el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de medidas urgentes. Desde el PP argumentan que las clases medias suelen ser las que terminan asumiendo el coste de las crisis económicas, tanto nacionales como internacionales. Por último, el partido contrapone su mensaje político al del presidente del Gobierno ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Mientras Pedro Sánchez ha defendido el lema "No a la guerra", el PP responde con su propio eslogan: "Sí a los españoles".

LEER MÁS

(El Economista, 09-03-2026) | Fiscal

El Supremo cierra definitivamente la puerta a tumbar el pago anticipado del impuesto de Sociedades

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la puerta a la posibilidad de eliminar la obligación que tienen las empresas de adelantar parte del impuesto de Sociedades a Hacienda. Actualmente, las compañías deben realizar tres pagos anticipados al año -en abril, octubre y diciembre- equivalentes, como mínimo, al 23% de sus beneficios. Posteriormente, cuando presentan la declaración definitiva del impuesto al año siguiente, la Agencia Tributaria ajusta el resultado y devuelve, en su caso, las cantidades abonadas en exceso, de forma similar a lo que ocurre con la declaración de la renta. Este sistema de pagos anticipados se introdujo inicialmente mediante un real decreto-ley aprobado en 2016. Aunque dicha norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2020, el legislador ya había previsto ese escenario y trasladó la misma obligación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El propio Tribunal Constitucional ya había respaldado el pasado 20 de noviembre la legalidad de este pago mínimo fraccionado del impuesto de Sociedades. En aquella ocasión, analizó si la medida podía vulnerar el principio de capacidad económica de las empresas al obligarlas a adelantar una cantidad que, en algunos casos, podría ser superior a la que finalmente les correspondería pagar. La sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 20 de febrero, aborda el asunto desde otra perspectiva: si el legislador tenía competencia para modificar aspectos del impuesto de Sociedades a través de una ley de presupuestos. El artículo 134.7 de la Constitución prohíbe crear nuevos impuestos mediante la ley de presupuestos, aunque sí permite introducir modificaciones cuando la normativa del propio tributo lo autoriza. El fallo, cuyo ponente es el magistrado Manuel Fernández-Lomana, concluye que la normativa del impuesto de Sociedades sí permite que las leyes de presupuestos introduzcan cambios cuando sea necesario para cumplir compromisos derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado obliga a los Estados miembros a evitar niveles excesivos de déficit público. Según la sentencia, el real decreto-ley de 2016 estableció el pago mínimo anticipado precisamente para ayudar a cumplir esos objetivos de déficit. Aunque la ley de presupuestos de 2018 no lo mencione expresamente, el Supremo entiende que la finalidad era la misma. El tribunal explica que el método para calcular el pago fraccionado -basado en el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio- se ha mantenido sin cambios, lo que permite deducir que también sigue vigente la motivación original de la medida: contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos por la normativa europea. Por ello, concluye que el legislador sí estaba habilitado para regular estos pagos dentro de la ley de presupuestos. Asimismo, el Supremo recuerda que el Tribunal Constitucional, en su resolución de noviembre, consideró que los pagos fraccionados constituyen una figura autónoma y no forman parte del núcleo esencial de la obligación tributaria principal. Esto implica que cuentan con una menor protección constitucional, por lo que no se ven afectados por la prohibición de crear o modificar tributos a través de la ley de presupuestos cuando no exista habilitación expresa. Por otro lado, el tribunal señala que la Ley de Presupuestos de 2018 entró en vigor en julio de ese año, por lo que no puede aplicarse al primer pago fraccionado del impuesto de Sociedades correspondiente a abril de 2018. Aunque la norma indicaba que debía tener efectos desde el 1 de enero de ese año, en abril todavía estaba vigente el real decreto-ley de 2016 -que sería anulado posteriormente en 2020-. En consecuencia, el Supremo considera que la regulación introducida por la ley de presupuestos no es retroactiva siempre que no afecte a ese primer pago del ejercicio. Finalmente, respecto a las devoluciones que Hacienda debe realizar por los pagos fraccionados correspondientes a 2016, 2017 y al primer pago de 2018, el tribunal recuerda que, si la Administración se retrasa en abonar los intereses correspondientes a esas cantidades, también tendrá que pagar intereses de demora sobre dichos intereses.

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2026) | Fiscal

Hacienda usa la IA para controlar a los ciudadanos mientras hacen la Renta

La Agencia Tributaria está utilizando sistemas de inteligencia artificial (IA) para identificar en tiempo real posibles fallos u omisiones que los contribuyentes puedan cometer mientras completan su declaración de la Renta. Así lo explicó el director del Departamento de Informática Tributaria del organismo, José Borja Tomé, quien señaló que uno de los ejemplos más recientes de integración de estas tecnologías se encuentra en el funcionamiento del servicio Renta Web. Según detalló, estos sistemas analizan determinados cambios que el contribuyente realiza en las casillas del formulario y pueden prever cuándo existe la posibilidad de que se esté produciendo un error, ya sea involuntario o potencialmente deliberado. Cuando el sistema detecta una situación de este tipo, aparece un aviso en la plataforma que pregunta al usuario si está seguro de la modificación que pretende realizar, especialmente cuando el algoritmo interpreta que podría tratarse de una alteración intencionada. Borja lo explicó durante una mesa redonda sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria, celebrada en la XIX Jornada Nacional de Estudio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). El responsable informático indicó que, tras recibir estas advertencias, un número elevado de contribuyentes decide corregir el dato y volver a su estado anterior, aunque no siempre ocurre así. Reconoció también que la Agencia Tributaria no dispone de toda la información de forma completamente precisa, pero defendió que es preferible alertar al ciudadano durante la elaboración de la declaración que hacerlo después de presentada, cuando meses más tarde se envía una propuesta de liquidación. Borja añadió que la inteligencia artificial también se utiliza durante la campaña de la Renta para detectar, incluso antes de que finalice, a aquellas personas que probablemente estén obligadas a presentar la declaración pero aún no lo han hecho. En esos casos, la Agencia envía recordatorios a los contribuyentes que podrían desconocer su obligación. El uso de estas herramientas, explicó, abarca distintas fases del proceso tributario, desde la asistencia inicial al ciudadano y la prevención de errores hasta las tareas de control e inspección. No obstante, insistió en que las decisiones no se adoptan de forma automática únicamente por sistemas de IA, sino que siempre interviene personal de la Administración. Durante el debate, el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Bernardo Olivares, expresó dudas sobre el uso que Hacienda hace de estas tecnologías. A su juicio, aunque la Agencia Tributaria reconoció públicamente en 2023 que empleaba inteligencia artificial, diversos contratos públicos indican que ya en 2015 se adquirieron servicios para desarrollar programas capaces de identificar y analizar patrones de comportamiento de los contribuyentes. De acuerdo con esa información, la Administración habría encargado el desarrollo de herramientas destinadas a tomar decisiones relacionadas con la inclusión de empresarios en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), la tramitación de devoluciones de IVA a no residentes o la detección de posibles fraudes. También se habrían diseñado sistemas para analizar datos procedentes tanto de fuentes públicas como privadas, incluidos contenidos en redes sociales o páginas web, con el objetivo de localizar bienes ocultos, posibles testaferros o relaciones familiares relevantes. Olivares criticó que los contribuyentes no sean informados de manera clara sobre la utilización de estas tecnologías. Por su parte, el abogado y economista Daniel Gómez-Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf y moderador de la mesa redonda, planteó la posibilidad de que el uso de inteligencia artificial por parte de la Agencia Tributaria pueda afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos, como la protección de datos personales o el derecho a la intimidad.

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2026) | Fiscal

Tributos confirma que los mayores de 65 años están exentos de pagar IRPF por donar su vivienda habitual

La Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha precisado en una consulta vinculante emitida el 23 de diciembre que las personas mayores de 65 años no tienen que pagar IRPF cuando donan su vivienda habitual. Con carácter general, cuando un contribuyente transmite un bien -como una vivienda o participaciones empresariales- debe declarar en el IRPF la ganancia o pérdida patrimonial que se produce con esa operación. En el caso de los inmuebles, el impuesto se calcula sobre la diferencia entre el precio al que se adquirió la vivienda y el valor que tiene en el momento de la donación. Por ejemplo, si una vivienda se compró hace dos décadas por 100.000 euros y en la actualidad su valor asciende a 250.000, la ganancia patrimonial sería de 150.000 euros y, en principio, debería tributar por esa cantidad. No obstante, la Ley del IRPF contempla una excepción. El artículo 34 establece que las ganancias patrimoniales derivadas de la donación de la vivienda habitual estarán exentas cuando el propietario tenga más de 65 años o cuando se trate de personas con dependencia severa o gran dependencia. Para beneficiarse de esta ventaja fiscal deben cumplirse, por tanto, dos condiciones: que el donante haya superado los 65 años y que el inmueble tenga la consideración de vivienda habitual. La normativa considera vivienda habitual aquella en la que el contribuyente haya residido de forma continuada durante al menos tres años. Sin embargo, también se puede reconocer esta condición aunque no se haya alcanzado ese plazo si existen circunstancias que justifiquen el cambio de residencia, como un matrimonio, una separación, un traslado por motivos laborales o un cambio de empleo. En su consulta, la Dirección General de Tributos concluye que cuando se cumplen ambos requisitos -que la vivienda donada sea la residencia habitual del contribuyente y que este tenga más de 65 años o se encuentre en situación de dependencia severa o gran dependencia conforme a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia- se aplica la exención prevista en la Ley del IRPF.

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2026) | Fiscal

Los autónomos reclaman a Díaz una rebaja de cuotas, IVA reducido de la luz y bonificaciones al combustible

Las organizaciones de trabajadores autónomos ATA, UATAE y UPTA se reunieron este jueves con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el impacto económico derivado del estallido del conflicto en Irán y estudiar posibles respuestas ante esta situación. Mientras ATA, integrada en la CEOE, apuesta por seguir de cerca la evolución internacional antes de exigir medidas concretas, UATAE y UPTA -vinculadas a CCOO y UGT- han pedido al Gobierno la puesta en marcha de un paquete de actuaciones que incluya rebajas en las cuotas a la Seguridad Social, aplazamientos en el pago de impuestos como el IRPF o el IVA y ayudas relacionadas con el combustible. Según UATAE, los autónomos -más de 3,4 millones en España- figuran entre los colectivos más expuestos ante este tipo de crisis, ya que suelen contar con menor capacidad financiera y son los primeros en asumir el impacto del aumento de costes en la economía. Por ello, la organización reclama al Ejecutivo la adopción urgente de medidas coordinadas que eviten el cierre de negocios, la pérdida de empleo y el deterioro del tejido productivo, especialmente en sectores más sensibles como el transporte, la agricultura o el comercio. La asociación presidida por María José Landaburu propone aplicar de forma temporal tipos reducidos en la electricidad y el gas destinados al uso profesional, así como en los combustibles y otros suministros básicos para las actividades más afectadas. No obstante, plantean que estas ayudas se dirijan únicamente a autónomos con menor capacidad económica, dejando fuera a quienes obtengan rendimientos netos superiores a 60.000 euros anuales. También solicitan acelerar la devolución del IVA para evitar problemas de liquidez. Por su parte, UPTA plantea que ese tipo reducido se sitúe en el 5% y que se complemente con descuentos en la factura energética y subvenciones para el autoconsumo. Asimismo, propone una bonificación en el precio del combustible para profesionales de entre 20 y 30 céntimos por litro, vinculada a la tarjeta profesional del autónomo. Esta ayuda podría aumentar en zonas rurales y activarse automáticamente si el precio del petróleo supera un determinado nivel. UATAE respalda también esta bonificación al gasóleo, además de proponer rebajas en los peajes y la concesión de ayudas directas. Otra de las propuestas de UATAE es la creación de una deducción extraordinaria en el IRPF para compensar el encarecimiento de los costes energéticos y logísticos. En concreto, sugieren que la deducción alcance el 100% para quienes tengan ingresos inferiores a 20.000 euros anuales y que disminuya progresivamente hasta desaparecer para quienes superen los 60.000 euros. Además, plantean limitar los aplazamientos fiscales a los autónomos con ingresos netos inferiores a 40.000 euros.

LEER MÁS

(Expansión, 05-03-2026) | Fiscal

El Gobierno estudia ayudas a "hogares, trabajadores, empresas y autónomos" para paliar el impacto económico del conflicto abierto en Oriente Próximo

La decisión del Gobierno español de no autorizar a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón para una ofensiva conjunta con Israel contra Irán ha provocado una nueva amenaza por parte de Donald Trump. El martes, el presidente estadounidense calificó a España de "aliado terrible" y manifestó su intención de suspender las relaciones comerciales con el país. Lejos de ceder ante la presión, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, compareció para reafirmar su postura como defensor de la legalidad internacional y como voz crítica frente a Washington. "Nos oponemos a este conflicto y apostamos por una salida diplomática y política", afirmó, al tiempo que anunció que su gabinete estudia medidas para amortiguar el impacto económico en la ciudadanía y el tejido empresarial. Sánchez resumió la posición del Ejecutivo en un claro "no a la guerra", durante una declaración institucional sin preguntas en el Palacio de La Moncloa, recuperando el lema que se popularizó en 2003 contra la invasión de Irak. Además, dirigió críticas al llamado "trío de las Azores" -George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar-, a quienes responsabilizó de haber generado un incremento del terrorismo yihadista, una crisis migratoria de gran alcance y tensiones inflacionistas tras aquella intervención. En medio de la creciente tensión, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que la postura española pone en peligro vidas estadounidenses y reprochó nuevamente a España no alcanzar el compromiso de destinar el 5% del PIB a Defensa acordado en la OTAN. Sánchez replicó que resulta inaceptable que algunos dirigentes utilicen la guerra como cortina de humo para ocultar sus fracasos y beneficiar a unos pocos, en alusión a quienes consideran que seguir ciegamente a otros es una forma de liderazgo. Aunque el presidente dejó claro que su Gobierno se opone al régimen iraní, insistió en que la solución debe ser pacífica. España recibió el respaldo de la Unión Europea frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos. Desde Bruselas recordaron que cualquier medida contra un Estado miembro afecta al conjunto de la UE y subrayaron que la política comercial se negocia de manera conjunta, descartando represalias selectivas. Sánchez también advirtió sobre las consecuencias económicas de la escalada bélica, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán en Oriente Próximo. Señaló el desplome de los mercados, las alteraciones en el tráfico aéreo y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del suministro mundial de gas y petróleo. Reconoció que el desenlace es incierto y que existe la posibilidad de un conflicto prolongado con efectos globales severos. Ante este escenario, el Ejecutivo contempla activar medidas similares a las aplicadas en crisis anteriores, como la derivada de la guerra en Ucrania. Entre las opciones figuran rebajas fiscales sobre la energía y los carburantes, reducción o eliminación del IVA en alimentos básicos, ayudas a sectores estratégicos como el transporte y la agricultura, mecanismos laborales como los ERTE energéticos o el mecanismo RED, avales públicos para empresas y refuerzos de las prestaciones sociales. Según fuentes gubernamentales, todas las alternativas están abiertas. Expertos fiscales apuntan que, si la guerra se prolonga más de un mes, podría aprobarse un primer paquete que incluiría rebajas del IVA en electricidad y gas, bonificaciones en combustibles y medidas de alivio tributario para los hogares. A pesar del elevado coste presupuestario que supondrían estas iniciativas, en un contexto de ajuste a las reglas fiscales europeas, Sánchez defendió que la fortaleza de la economía española y el aumento de la recaudación tributaria -que podría superar los 325.000 millones de euros en 2025- permiten afrontar esta nueva crisis. Asimismo, aseguró que el Gobierno actuará en coordinación con los agentes sociales, como ya hizo durante la pandemia, la crisis energética y la reciente crisis arancelaria. En esta línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a sindicatos y empresarios para negociar el eventual paquete de medidas.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF