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(El País, 13-05-2026) | Fiscal

Trump propone suspender el impuesto sobre la gasolina para evitar una crisis política por los carburantes

La gasolina se ha convertido en uno de los principales puntos débiles políticos de Donald Trump. En Estados Unidos, el precio de los carburantes es un asunto especialmente sensible, dado que los desplazamientos laborales suelen ser largos y los vehículos tienen, por norma general, un mayor consumo que en otros países. La escalada del conflicto en Irán ha provocado un fuerte repunte del petróleo y ha tensionado los mercados energéticos, trasladando esa presión directamente a los surtidores, donde la gasolina se ha encarecido más de un 50% desde el inicio de la crisis. En este contexto, el presidente estadounidense ha anunciado su intención de proponer la suspensión temporal del impuesto federal sobre los combustibles. La iniciativa ha sido criticada por parte de la oposición demócrata, que la interpreta como una estrategia de impacto mediático para desviar la atención del encarecimiento general del coste de la vida. No obstante, algunos legisladores de ambos partidos han mostrado su disposición a estudiarla como medida de alivio para los consumidores. Trump defendió la propuesta en una entrevista con CBS, donde planteó la posibilidad de eliminar el impuesto federal a la gasolina durante un periodo limitado. Según afirmó, la medida sería temporal y se revertiría progresivamente cuando los precios se estabilizaran. Posteriormente, reiteró esta idea ante los medios en la Casa Blanca, aunque sin mencionar que su aprobación depende del Congreso, lo que complica su viabilidad política. El presidente, vinculado a la corriente conservadora MAGA (Make America Great Again), atraviesa además un momento de desgaste en las encuestas debido al impacto económico y geopolítico del conflicto en Irán. Su nivel de aprobación se sitúa por debajo del 40%, en mínimos de sus dos mandatos, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. El antecedente legislativo tampoco juega a favor de la iniciativa. Intentos similares, como el del expresidente Joe Biden en 2022 para suspender temporalmente el impuesto federal sobre los carburantes durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, no llegaron a prosperar. De hecho, la única reducción significativa del impuesto federal sobre combustibles en Estados Unidos se remonta a 1934. Incluso si la medida saliera adelante, su impacto sobre el precio final sería limitado. El propio Trump reconoció que se trataría de un alivio parcial, dado que el impuesto representa solo una fracción del precio final de la gasolina. El precio de los carburantes en Estados Unidos está determinado principalmente por el coste del petróleo en los mercados internacionales. Aproximadamente la mitad del precio de la gasolina corresponde al crudo, mientras que el resto se reparte entre refino, distribución, comercialización e impuestos. El impuesto federal se sitúa en torno a 18,3 centavos de dólar por galón en gasolina y 28,3 en diésel, a lo que se suman tasas estatales y locales que elevan la carga fiscal total. El problema añadido es el destino de esos ingresos, ya que financian el mantenimiento de infraestructuras viarias. Según estimaciones de centros de análisis independientes, una suspensión temporal del impuesto federal podría reducir de forma significativa la recaudación y aumentar el déficit público, además de afectar al estado de conservación de las carreteras. A ello se suma la advertencia de algunos economistas, que señalan que una bajada de impuestos no siempre se traduce en precios más bajos para el consumidor final, especialmente en contextos inflacionistas. En estos escenarios, los minoristas pueden no trasladar íntegramente las rebajas fiscales al precio de venta. Además, una reducción de impuestos podría incentivar el consumo de combustible, aumentando la demanda y ejerciendo una presión adicional al alza sobre los precios. El trasfondo de esta situación es la persistencia del conflicto en Oriente Próximo, que se ha convertido en un problema político y económico para la administración estadounidense. La expectativa inicial de una intervención militar breve ha dado paso a un escenario prolongado de inestabilidad, con efectos directos sobre los mercados energéticos. La tensión en la región ha afectado a puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas. Las restricciones y bloqueos en la zona, junto con las medidas de represalia entre actores internacionales, han contribuido a disparar los precios del crudo, que han pasado de niveles inferiores a 70 dólares por barril a situarse en torno a los 110 dólares en los momentos de mayor tensión.

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(El Confidencial, 13-5-2026) | Fiscal

El Supremo limita a Hacienda para reclamar deudas a directivos de empresas quebradas

La Agencia Tributaria acaba de recibir un importante revés judicial por parte del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha cuestionado el sistema utilizado por Hacienda en las derivaciones de responsabilidad, el mecanismo mediante el cual intenta recuperar deudas tributarias de empresas insolventes reclamándolas posteriormente a administradores, socios o familiares vinculados a esas compañías. Este procedimiento, que consiste en exigir el pago a personas físicas relacionadas con sociedades que mantienen deudas fiscales, ha ganado peso en los últimos años. De hecho, en 2024 se alcanzó un máximo histórico de 40.580 expedientes de derivación de responsabilidad, según las cifras más recientes. La cuestión tiene una enorme relevancia para Hacienda, ya que la deuda tributaria en fase ejecutiva -aquella cuyo periodo voluntario de pago ya ha vencido- ascendía a 25.920 millones de euros al cierre de 2024, un 4,2% más que el año anterior. Esta cantidad equivale aproximadamente al 1,6% del PIB y, aunque se trata de ingresos reconocidos por la Administración, no computa como déficit público pese a que no existe garantía de cobro. En los últimos años, el Supremo ha ido limitando distintos aspectos de la actuación de Hacienda en este ámbito, especialmente en cuestiones relacionadas con la carga de la prueba o el orden en el que deben reclamarse las responsabilidades a deudores principales y subsidiarios. Ahora, el tribunal añade un nuevo límite relacionado con los plazos de actuación de la Agencia Tributaria. La sentencia más reciente reduce de forma considerable el margen temporal del que dispone Hacienda para iniciar estos procedimientos. Hasta ahora, la Agencia Tributaria entendía que el plazo de prescripción de cuatro años comenzaba cuando declaraba formalmente fallido al deudor principal, algo que en muchos casos retrasaba hasta el auto judicial de conclusión del concurso de acreedores. Sin embargo, los concursos pueden prolongarse durante años -especialmente los derivados de la crisis inmobiliaria iniciada en 2008- mientras que el informe provisional del administrador concursal suele emitirse mucho antes y ya refleja, en muchos casos, la insuficiencia patrimonial de la empresa para afrontar sus deudas. Numerosos expertos fiscalistas sostenían desde hace tiempo que el cómputo del plazo debía iniciarse precisamente desde ese primer informe concursal y no desde el cierre definitivo del concurso. El Supremo ha respaldado ahora esa interpretación en una sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por José Navarro Sanchís. El fallo establece que el denominado "dies a quo" -el momento a partir del cual empieza a contar el plazo de prescripción- no puede situarse en la fecha en que Hacienda declara fallido al deudor, sino en el instante en que la Administración tuvo conocimiento de la insolvencia patrimonial de la empresa a través del informe provisional del administrador concursal. La resolución considera que, una vez constatada esa situación de insolvencia, Hacienda debía haber actuado de manera inmediata para iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad frente a los posibles responsables subsidiarios. El caso se originó en Valencia y fue defendido por Alberto Giménez Ruiz, del despacho Varona Legal & Numbers. El procedimiento judicial se prolongó durante siete años después de que tanto el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia como el Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazaran inicialmente la reclamación planteada. Finalmente, el Supremo estimó el recurso de casación y fijó doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión. Según explica Giménez Ruiz, la sentencia obligará tanto a los tribunales inferiores como a la propia Agencia Tributaria a modificar el criterio aplicado hasta ahora en los procedimientos de derivación de responsabilidad vinculados a concursos de acreedores.

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(Expansión, 12-05-2026) | Fiscal

La Comunidad de Madrid dispara a 12.367 millones la deuda del Estado con la región

La Comunidad de Madrid advierte de que la deuda acumulada que, según denuncia, mantiene el Gobierno central con la región por servicios públicos, prestaciones e inversiones comprometidas ya equivale al 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026. En octubre del año pasado, el Ejecutivo madrileño calculaba en torno a 10.500 millones de euros la cantidad pendiente de recibir del Estado desde 2019. Siete meses después, esa cifra se ha elevado hasta los 12.367 millones, lo que supone un incremento de 1.867 millones, cerca de un 18% más. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, calificó esta situación de "ruptura de la lealtad institucional" durante un encuentro informativo. Según explicó, el problema se ha agravado en los últimos tres años debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, un periodo en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado proyectos de cuentas públicas, algo que definió como una situación "sin precedentes". Solo en lo que va de año, Madrid asegura haber dejado de percibir 750 millones de euros destinados a servicios esenciales por la falta de presupuestos estatales. Aunque el Ejecutivo regional sostiene que ha aprendido a gestionar en un contexto marcado por retrasos e incertidumbre, subraya que la deuda reclamada equivale prácticamente al presupuesto anual de la sanidad pública madrileña y representa cerca del 40% de las cuentas autonómicas previstas para 2026, que ascienden a 30.663 millones de euros. La Comunidad acusa además al Gobierno central de utilizar la liquidez de las autonomías como herramienta de presión en áreas fundamentales como sanidad o educación. Más de un tercio de la deuda corresponde, según Madrid, al Fondo de Competitividad, con 4.513 millones de euros pendientes entre 2019 y 2023. Otros 2.668 millones derivan, según la región, del incumplimiento de la financiación comprometida en la Ley de Dependencia, ya que el Estado asumió cubrir el 50% del sistema pero actualmente solo aporta el 27,9%. A ello se suman 2.785 millones de euros vinculados a inversiones hidráulicas y depuradoras pendientes de ejecución. De esa cantidad, 1.580 millones corresponderían al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y cerca de 1.200 millones a actuaciones pendientes en las estaciones depuradoras de La China, Butarque y Sur. El Gobierno madrileño también denuncia una infrafinanciación de 993 millones de euros en el reparto de fondos europeos, al considerar que es la comunidad que menos recursos recibe por habitante. La lista de reclamaciones incluye además 765 millones de euros por el retraso en las entregas a cuenta correspondientes a 2026, un capítulo que representa aproximadamente el 77% de los ingresos autonómicos. Dentro de esa cuantía se incluyen 4,7 millones derivados de los intereses pagados por la financiación extraordinaria utilizada para compensar la falta de recursos y por la pérdida de rentabilidad financiera. En este contexto, Rocío Albert remitió a finales de abril una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para exigir la actualización inmediata de las entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas. Según el Ejecutivo regional, la misiva no ha recibido respuesta y los fondos continúan bloqueados. La consejera también criticó que el Gobierno central adopte decisiones de manera unilateral cuyos costes terminan asumiendo las autonomías, muchas veces sin consulta previa ni informes económicos que evalúen el impacto sobre las cuentas regionales. Entre esas medidas citó la subida salarial de los funcionarios, que supondrá para Madrid un coste de 888 millones de euros entre 2025 y 2026 y cerca de 2.000 millones hasta 2028. También mencionó el decreto anticrisis relacionado con la guerra en Irán, cuyo impacto para las arcas madrileñas calcula en 206 millones, además de la regularización masiva de inmigrantes y otras medidas como la reducción de la jornada laboral a 35 horas o los cambios en horarios lectivos y ratios escolares. Junto a estas partidas, Madrid sostiene que el Estado mantiene pendientes otros 417 millones de euros correspondientes al Consorcio Regional de Transportes, 149 millones en Sanidad, 61 millones en Justicia y 10 millones en Educación. Pese a todo, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de reducir en 2027 medio punto adicional todos los tramos autonómicos del IRPF, al considerar que las rebajas fiscales han permitido aumentar la recaudación en los últimos años.

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(El País, 11-05-2026) | Fiscal

Trump da un ultimátum a la UE para que elimine los aranceles a Estados Unidos o disparará las tasas sobre Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a elevar la presión sobre la Unión Europea en plena negociación comercial, aunque al mismo tiempo ha concedido algo más de margen para alcanzar un acuerdo. El mandatario ha fijado un ultimátum para resolver las diferencias entre ambas potencias: si Bruselas no elimina los aranceles a los productos estadounidenses antes del próximo 4 de julio, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos, Washington responderá elevando de forma inmediata los gravámenes sobre las importaciones europeas. La amenaza, sin embargo, supone también una ampliación de los plazos para que las instituciones europeas puedan culminar el proceso de ratificación del pacto. Fiel a su estilo, y a través de su red social Truth Social, Trump aseguró que había esperado "pacientemente" a que la UE cumpliera con su parte del acuerdo comercial alcanzado en Turnberry, Escocia, al que volvió a definir como "el mayor acuerdo comercial de la historia". Según explicó, Bruselas se comprometió a reducir a cero los aranceles sobre productos estadounidenses y él accedió a conceder tiempo hasta la celebración del aniversario nacional estadounidense antes de aplicar represalias comerciales. El nuevo mensaje llega después de una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima responsable de la política comercial del bloque y principal negociadora del acuerdo cerrado en Escocia durante una controvertida reunión celebrada en el club de golf del presidente estadounidense. La tensión se había intensificado esta semana después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% al automóvil europeo, uno de los sectores más sensibles para la economía comunitaria. Por ello, en Bruselas la nueva fecha límite del 4 de julio se interpreta más como una prórroga que como una escalada inmediata del conflicto. Von der Leyen aseguró este jueves, tras su conversación con Trump, que las negociaciones avanzan con el objetivo de cerrar el acuerdo arancelario a comienzos de julio. No obstante, durante la madrugada, y tras más de seis horas de reunión, los negociadores europeos no lograron dar luz verde definitiva al texto que contempla la eliminación por parte de la UE de los aranceles a productos industriales estadounidenses, mientras Washington limitaría al 15% los gravámenes sobre la mayoría de importaciones europeas. El acuerdo ya había encontrado obstáculos en el Parlamento Europeo, donde varios grupos frenaron su aprobación por la volatilidad política de Trump y, especialmente, por sus reiteradas alusiones a una posible anexión de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Actualmente se negocian modificaciones para introducir mecanismos de revisión y cláusulas de salvaguarda que permitan suspender el pacto si el presidente estadounidense lanza amenazas que afecten a la integridad territorial europea. Los representantes del Parlamento, de los Estados miembros y de la Comisión Europea han quedado emplazados para una nueva reunión el próximo 19 de mayo. Estos retrasos han provocado malestar en Washington. Sin embargo, Trump también ha tratado de rebajar la tensión y mostrar sintonía con Bruselas en otros asuntos, especialmente en relación con la guerra en Irán. En un mensaje publicado en su red social, el mandatario destacó que mantuvo una "excelente conversación" con Von der Leyen y subrayó que ambas partes comparten la convicción de que Irán no debe disponer de armamento nuclear. Según afirmó, coincidieron en que un régimen que reprime a su propia población no puede tener acceso a una capacidad destructiva de esa magnitud. La presidenta de la Comisión Europea también calificó la llamada de "positiva" y aseguró que ambas partes abordaron la situación en Oriente Próximo y la coordinación con los socios regionales. Von der Leyen insistió en que los acontecimientos recientes evidencian que los riesgos para la estabilidad regional y la seguridad internacional son demasiado elevados como para permitir que Irán acceda a armamento nuclear.

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(El Economista, 11-05-2026) | Fiscal

La mitad de los 13 millones de ciudadanos exentos de hacer la Renta la presentan para cobrar deducciones

Casi la mitad de los contribuyentes que, en teoría, no están obligados a presentar la declaración de la Renta terminan haciéndolo para recuperar cantidades retenidas de más o acceder a determinadas deducciones fiscales. Actualmente, alrededor de 13,7 millones de personas están exentas de presentar el IRPF por percibir ingresos inferiores a 22.000 euros anuales -o menos de 15.876 euros en caso de contar con dos o más pagadores-. Sin embargo, de ese total, unos 6,6 millones acaban realizando igualmente la declaración para reclamar devoluciones o beneficiarse de ventajas fiscales como las deducciones por maternidad, familia, ayudas autonómicas, aportaciones a planes de pensiones o reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. La Agencia Tributaria, que analiza este fenómeno en un informe, destaca que el 48,1% de los ciudadanos exentos de declarar presentaron finalmente la Renta en 2023 con el objetivo de obtener devoluciones. El porcentaje supera al registrado un año antes, cuando se situó en el 46,5%, y evidencia, según el organismo, que esta situación se ha convertido en una práctica habitual y no en algo puntual. Aunque la posibilidad de quedar exento de declarar ya existía antes de 1999, ese año se aprobó una reforma que amplió de forma significativa el número de contribuyentes liberados de esta obligación. No obstante, más de dos décadas después, el propio análisis de la Administración reconoce que la evolución del impuesto ha provocado que cada vez más ciudadanos, pese a estar formalmente exentos, terminen teniendo que presentar la declaración. Además, el límite de ingresos a partir del cual no es obligatorio declarar apenas ha cambiado en los últimos 27 años. Mientras que actualmente se mantiene en 22.000 euros anuales, en 1999 el umbral ya rondaba prácticamente esa cifra, fijado entonces en 21.035 euros, equivalentes a 3,5 millones de pesetas. A ello se suma que en los últimos años determinados colectivos con ingresos inferiores a ese límite han pasado a estar obligados a presentar la declaración. Es el caso de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de todos los trabajadores autónomos, independientemente de cuánto ingresen. Asimismo, desde el ejercicio pasado, aunque no exista obligación formal, todos los trabajadores que percibieron el Salario Mínimo Interprofesional -que en 2025 ascendió a 16.576 euros anuales- deberán presentar la Renta para recuperar las cantidades retenidas a través de una nueva deducción de 340 euros. Esta medida también afecta a quienes cobraron menos de 18.276 euros, ya que la deducción se aplica de manera progresiva para evitar saltos bruscos en la tributación. El perfil más habitual de quienes presentan la declaración pese a no estar obligados no corresponde, además, a los contribuyentes con ingresos cercanos al límite de 22.000 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, la mayoría son personas con rentas relativamente bajas. Un 33% declara ingresos de entre 10.000 y 15.000 euros anuales; un 25% percibe entre 15.000 y 20.000 euros; y un 22% ingresa entre 5.000 y 10.000 euros. En cambio, únicamente el 8% de quienes ganan entre 20.000 y 22.000 euros decide presentar la Renta. El informe también refleja que la mayoría de estos contribuyentes tiene menos de 40 años y que, en el 98% de los casos, sus ingresos proceden principalmente del trabajo. Solo un pequeño porcentaje obtiene rentas derivadas del alquiler de inmuebles o del ahorro.

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(Expansión, 08-05-2026) | Fiscal

El Tribunal de Comercio Internacional de EEUU bloquea el arancel global del 10% de Trump

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos suspendió este jueves la aplicación de un arancel general del 10% sobre la mayoría de las importaciones, al concluir que el presidente Donald Trump recurrió de manera inapropiada a una antigua ley comercial para justificar esta medida. La corte consideró que Trump hizo un uso indebido de esa normativa al aprobar los aranceles el pasado mes de febrero, poco después de que el Tribunal Supremo invalidara otro conjunto de medidas similares. En su resolución, el tribunal con sede en Nueva York señaló que el Gobierno sobrepasó las competencias que le otorga la ley al imponer de forma masiva gravámenes a productos procedentes de casi todos los países. Aun así, el caso sigue abierto, ya que la Administración ya contemplaba que este arancel global fuera una solución provisional mientras buscaba otras vías legales para establecer tarifas más permanentes. El gravamen del 10% comenzó a aplicarse el 24 de febrero al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tiene una duración máxima de 150 días, por lo que dejará de estar vigente el próximo 23 de julio.  Para extenderlo más allá de esa fecha sería necesaria la aprobación del Congreso, según informó la agencia Efe. De acuerdo con The New York Times, se prevé que el Ejecutivo de Trump recurra la decisión judicial, lo que podría alargar el proceso. En caso de una derrota definitiva, el Gobierno tendría que reembolsar los ingresos obtenidos mediante estos aranceles, calculados en unos 166.000 millones de dólares. Tras el rechazo previo del Tribunal Supremo a otras medidas arancelarias, la Administración optó por apoyarse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que rara vez se utiliza. Sin embargo, el Tribunal de Comercio destacó que esta cláusula solo autoriza la aplicación temporal de aranceles limitados y únicamente en situaciones excepcionales relacionadas con desequilibrios graves en la balanza de pagos o problemas en el sistema financiero internacional. La sentencia también recuerda que dicha normativa permite imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo máximo de 150 días, y que cualquier prolongación posterior requiere la autorización expresa del Congreso.

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(El País, 08-05-2026) | Fiscal

Hacienda devuelve en el primer mes de campaña de la renta 3.147 millones y avisa de la llegada de las cartas preventivas

La Agencia Tributaria comunicó este jueves que más de 4,49 millones de contribuyentes ya han recibido la devolución correspondiente a la declaración de la Renta. En el primer mes de campaña, Hacienda ha abonado un total de 3.147 millones de euros. El volumen de devoluciones pagadas hasta ahora supera en un 3,5% al registrado en la campaña anterior, en línea con el aumento de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes, que alcanzan los 6,339 millones, un 4,4% más que hace un año. Esto supone que ya se ha efectuado el pago de cerca del 71% de las declaraciones con resultado a devolver presentadas hasta la fecha. No obstante, al tratarse en muchos casos de devoluciones de importe reducido, el dinero ya reintegrado representa aproximadamente el 58% del total pendiente de abono. Por otro lado, Hacienda también ha señalado que se han presentado 1,179 millones de declaraciones con resultado a ingresar, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio pasado. En conjunto, durante el primer mes de campaña se han registrado 7,978 millones de declaraciones, un 4,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a que este año la campaña arrancó seis días más tarde. De todas las declaraciones presentadas, 1,376 millones se realizaron mediante el servicio Renta Directa. Además, a través de la aplicación móvil -que incorpora opciones de pago como Bizum y tarjeta bancaria- se tramitaron más de 635.000 declaraciones, un 24,5% más que en las mismas fechas del año pasado. A estos canales se suma ahora el plan telefónico 'Le Llamamos', que vuelve a convertirse en una de las principales fórmulas de asistencia personalizada durante la campaña. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1,188 millones de declaraciones. Este sistema ofrece a los contribuyentes una alternativa a la atención presencial en oficinas. Durante toda la campaña, los usuarios también disponen de más contenidos y materias en el asistente virtual del portal de la Agencia Tributaria. Cuando la herramienta no resuelve completamente las dudas, los contribuyentes pueden recurrir al Informador, que reúne toda la información tributaria organizada por bloques temáticos, o contactar mediante chat con especialistas de la Administración Digital Integral para recibir atención personalizada. Asimismo, la Agencia Tributaria volverá a poner en marcha el envío de cartas preventivas, una iniciativa que ya aplicó en los dos ejercicios anteriores. Estas comunicaciones, junto con avisos en Renta Web y en la aplicación móvil, estarán dirigidas a contribuyentes que hayan modificado datos facilitados previamente por Hacienda al presentar su declaración. El objetivo es que revisen si deben presentar una declaración complementaria ajustada a la información que obra en poder de la AEAT. Está previsto que el envío se realice en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio, con cerca de 130.000 cartas remitidas conforme avancen las presentaciones de declaraciones.

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(El Economista, 08-05-2026) | Fiscal

Hacienda prevé duplicar los ingresos por la tributación del ahorro de rentas altas

El Gobierno confía en obtener un fuerte aumento de la recaudación gracias al endurecimiento de la tributación del ahorro en el IRPF para las rentas más elevadas. Según el Informe de Progreso Anual 2026 remitido por el Ejecutivo a Bruselas a finales del pasado mes, los ingresos adicionales derivados de esta subida fiscal pasarán de 222 millones de euros en 2025 a cerca de 500 millones durante este año. Las previsiones del Ministerio de Hacienda contemplan que esta recaudación extra se mantenga estable hasta 2029. Sin embargo, expertos fiscalistas consultados por elEconomista.es consideran probable que la cifra final sea incluso superior en los próximos años, ya que el Gobierno suele manejar estimaciones prudentes ante la Comisión Europea. A ello se suma el impacto de la inflación y el hecho de que el Ejecutivo no prevé deflactar los tramos del IRPF durante el resto de la legislatura. La reforma del impuesto ha elevado hasta el 30% el tipo máximo aplicado a las rentas del capital mobiliario y a las ganancias patrimoniales, situando a España entre los países de la OCDE con una mayor presión fiscal sobre el ahorro. El incremento se introdujo de manera progresiva. En una primera fase, el tipo aplicable a las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros aumentó un punto, hasta el 27%. Posteriormente, se creó un nuevo tramo para bases superiores a 300.000 euros, gravado inicialmente al 28%. Más adelante, y tras la presión ejercida por Sumar dentro del Gobierno de coalición formado después de las elecciones de julio de 2023, el PSOE aceptó elevar dos puntos más ese gravamen, situándolo finalmente en el 30% para los contribuyentes con rendimientos del ahorro superiores a 300.000 euros. Este porcentaje supera en doce puntos la media aplicada a las grandes rentas del ahorro en las economías desarrolladas. Dentro de la Unión Europea, únicamente otros dos países han incrementado recientemente la fiscalidad sobre las ganancias de capital. Países Bajos elevó el pasado año el tipo del 33% al 36%, mientras que Letonia lo aumentó ocho puntos, hasta el 28%. Con esta subida, España se equipara a Suecia y ambas economías pasan a ocupar la séptima posición entre los países que más gravan el ahorro. Por delante se sitúan Irlanda, con un 33%; Países Bajos, con un 36%; Finlandia y Francia, con un 34%; y Dinamarca, que mantiene el tipo más elevado, del 42%. En el sistema español, la tributación del ahorro arranca con un tipo del 19% para los primeros 6.000 euros. A continuación, el gravamen asciende al 21% hasta los 44.000 euros y posteriormente al 23%. A partir de los 150.000 euros se aplican tipos superiores, llegando al 27% entre 200.000 y 300.000 euros y alcanzando el 30% para cantidades superiores. La documentación enviada a Bruselas refleja que la tributación del ahorro en el IRPF será una de las medidas fiscales con mejor evolución recaudatoria en los próximos años. En cambio, otros tributos muestran un comportamiento más estable o incluso descendente. Es el caso del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya recaudación se mantendrá en 623 millones de euros anuales entre 2025 y 2029. También se prevé una reducción de ingresos ligada a la recuperación de los límites a las deducciones por pérdidas en el Impuesto de Sociedades. Tras aportar 6.255 millones adicionales en 2025, esta cifra caerá hasta 2.629 millones ya durante el presente ejercicio.

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(El Economista, 08-05-2026) | Fiscal

No deflactar el IRPF sustituirá de momento a reducir beneficios fiscales

Uno de los compromisos incluidos en el Informe de Progreso 2026 enviado por el Gobierno a Bruselas pasa por la puesta en marcha de reformas fiscales orientadas a elevar la recaudación y actualizar el sistema tributario. El objetivo fijado es lograr un incremento permanente de los ingresos equivalente, al menos, al 0,1% del PIB. Aunque inicialmente estaba previsto antes, su aplicación se ha aplazado al segundo trimestre de 2026. Sin embargo, dado que ya se ha iniciado mayo, los expertos fiscales consultados consideran muy complicado que pueda materializarse en plazo. Los especialistas recuerdan que apenas queda margen temporal y que, además, el Ejecutivo carece tanto de Presupuestos Generales aprobados como de una mayoría parlamentaria suficiente para acometer modificaciones tributarias de calado. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, sostiene que, con los actuales niveles de inflación, ese aumento de ingresos del 0,1% del PIB ya se consigue mediante la decisión de no deflactar el IRPF. De hecho, el propio informe remitido a Bruselas reconoce expresamente que ese incremento de la recaudación procede de mantener sin actualizar las bases tributarias del impuesto sobre la renta. Rubio considera además que el margen para reducir beneficios fiscales en el IRPF es muy limitado, motivo por el que el Gobierno rechaza aplicar una deflactación. A su juicio, la única vía que el Ejecutivo sigue explorando es endurecer la tributación del ahorro, una medida que políticamente resulta más aceptable. No obstante, advierte de que los ingresos obtenidos a través de los tramos más altos del ahorro tienen un peso relativamente reducido en el conjunto de la recaudación. Ante estas limitaciones, tanto este como otros expertos creen que el foco podría desplazarse hacia los grandes impuestos con mayor capacidad recaudatoria, especialmente el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de Sociedades, consideran que todavía existe margen para seguir recortando deducciones fiscales. Respecto al IVA, la estrategia pasaría por evitar nuevas rebajas de tipos y, si circunstancias excepcionales como el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán obligaran a aplicarlas, procurar que tengan una duración lo más breve posible. Las primeras estimaciones apuntan a que la reducción de tipos del IVA aplicada a los hidrocarburos supondrá una merma de unos 8.000 millones de euros para las arcas públicas. La intención del Gobierno sería revertir estas rebajas fiscales antes del próximo verano.

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(El Confidencial, 08-05-2026) | Fiscal

La inflación superará el 4% en verano si no se prorroga el recorte de impuestos a la energía

La guerra en Oriente Medio se aproxima ya a su tercer mes, pese al alto el fuego acordado en abril y mientras continúa la espera de un posible acuerdo de paz definitivo. Con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento energético, el Gobierno aprobó en marzo un paquete de ayudas, aunque la mayoría de las rebajas fiscales sobre la energía y de los apoyos a determinados sectores tienen como fecha límite el próximo mes de junio. Si finalmente no se prorrogan, la inflación podría repuntar de forma significativa durante el verano. Así lo advierte Funcas en sus previsiones trimestrales publicadas este miércoles. Según sus cálculos, si las medidas fiscales vinculadas a la evolución de los precios energéticos se eliminan a comienzos de junio, la inflación pasaría ese mismo mes del 3,5% al 4,5%, es decir, un punto porcentual más. Además, ese incremento se prolongaría durante julio, agosto y septiembre, meses en los que el IPC se mantendría por encima del 4%. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el estrecho de Ormuz comience a reabrirse progresivamente desde junio y de que el petróleo cierre el año alrededor de los 80 dólares por barril. Bajo este escenario, Funcas estima que mantener las rebajas fiscales hasta octubre permitiría situar la inflación media de 2026 en el 3,3%, mientras que retirarlas en junio elevaría esa cifra al 3,6%. En un escenario más negativo, marcado por una prolongación del conflicto más allá del verano, la fundación calcula que la inflación anual alcanzaría el 4% incluso aunque las ayudas fiscales se mantuvieran hasta otoño. El Ejecutivo introdujo una cláusula que condiciona la continuidad de las rebajas fiscales a la evolución de los precios energéticos. De este modo, los descuentos solo seguirán vigentes si la subida interanual de los carburantes y de la electricidad en abril supera el 15%. El dato definitivo será publicado por el INE el próximo 14 de mayo, aunque los registros de marzo ya mostraban aumentos inferiores a ese umbral: la electricidad se encareció un 4,3% interanual y los carburantes y combustibles un 8,6%. Además, los datos adelantados de abril apuntan a una moderación adicional de la inflación energética, lo que incrementa las posibilidades de que las ayudas desaparezcan automáticamente el próximo mes, especialmente en el caso de la electricidad. No obstante, el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, explicó que el escenario principal manejado por la fundación da por hecho que el Gobierno acabará prorrogando las medidas, como ya ocurrió en crisis anteriores. En el caso de las ayudas fiscales aprobadas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, estas no desaparecieron completamente hasta finales de 2024, precisamente para suavizar el impacto de la retirada progresiva de los descuentos. Aunque el Ejecutivo todavía no ha anunciado oficialmente una ampliación, el presidente Pedro Sánchez ya aseguró en marzo que el Gobierno destinaría más recursos económicos si fuese necesario. Por su parte, la AIReF calcula que el coste fiscal del plan ascendería a 5.305 millones de euros si las ayudas se mantienen hasta finales de junio. El organismo también ha advertido de que el margen presupuestario es limitado y existe riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2026 si se aprueban nuevas medidas de apoyo. La retirada de los descuentos fiscales en junio coincidiría además con el periodo del año en el que se registran más desplazamientos en vehículo privado, lo que podría traducirse en un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Funcas prevé que la remuneración media por asalariado crezca un 3% este año, una subida insuficiente para compensar completamente el aumento de precios, por lo que considera prácticamente inevitable una pérdida de capacidad de compra, especialmente si desaparecen las ayudas fiscales. Además, algunos productos básicos podrían experimentar una inflación superior a la media general incluso si las rebajas impositivas continúan. Funcas prevé que los alimentos frescos registren un incremento de precios del 4,5% en 2026, concentrado principalmente en la segunda mitad del año. La razón es que el encarecimiento de los fertilizantes tarda varios meses en trasladarse al consumidor final. Así, los alimentos podrían convertirse en el principal motor de la inflación incluso aunque mejore la crisis energética y se prolonguen las ayudas fiscales. Más allá del impacto sobre los precios, el conflicto también condiciona el crecimiento económico. Raymond Torres señaló que España partía antes de la guerra de una posición relativamente favorable en términos de crecimiento del PIB respecto a otros países europeos, aunque ya sufría mayores tensiones inflacionistas. Según explicó, la economía española sigue creciendo más que la de sus vecinos, pero también soporta una presión más intensa sobre los precios, una tendencia previa al conflicto que la crisis energética ha terminado por agravar.

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