(El País, 17-11-2025) | Fiscal

El Ministerio de Hacienda inicia este lunes el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2026 con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028. La cita, prevista para las 12:00 horas, incluirá también debates sobre el sistema de financiación autonómica, una cuestión prioritaria para la mayoría de los gobiernos regionales -especialmente los del PP-, que consideran la senda de estabilidad un asunto secundario debido a sus escasas posibilidades de superar el trámite parlamentario.

La exposición de la senda de estabilidad ante las comunidades y su futura aprobación en Consejo de Ministros marca el inicio formal de unos presupuestos que ya acumulan un considerable retraso. En la reunión, Hacienda planteará los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada subsector, en línea con los compromisos asumidos con la Unión Europea. Su aprobación está garantizada, ya que el Gobierno controla la mitad de los votos en el CPFF.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, estos objetivos se enviarán al Congreso junto con el techo de gasto -que no está sujeto a votación-. Las Cortes podrán avalarlos o rechazarlos: si el Congreso los aprueba pero el Senado los veta, la Cámara Baja puede levantar ese veto. Si finalmente son rechazados -probable, dado el precedente de Junts, que ya bloqueó la senda de 2025-2027-, el Gobierno deberá volver a aprobar una senda alternativa o repetir la misma en el plazo de un mes y reiniciar todo el procedimiento.

Si la segunda propuesta también fracasa, se aplicarán automáticamente los objetivos enviados a Bruselas, aunque Hacienda no ha especificado si serán los del programa de estabilidad de 2023 (déficit del 2,5% del PIB en 2026) o los del plan fiscal (2,1% del PIB). En cualquier caso, tanto el Estado como las comunidades dispondrán de una senda válida sobre la que elaborar sus cuentas del próximo año, independientemente de que las Cortes la hayan respaldado o no.

Una vez aprobado el proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, se remitirá al Congreso, donde comenzará una tramitación que suele prolongarse unos tres meses. El primer obstáculo será el debate de totalidad, ya que un veto aprobado obligaría a devolver el proyecto al Ejecutivo. Las cuentas para 2026 serían las primeras de esta legislatura -con el desafío añadido de incorporar el aumento del gasto en defensa- y sustituirían a los Presupuestos de 2023, aún en vigor tras dos prórrogas consecutivas.

Dado el calendario, es imposible que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que será necesaria una tercera prórroga de las cuentas de 2023, al menos hasta que se aprueben las de 2026. Más allá de la senda de estabilidad, las comunidades llegan al CPFF centradas en la reforma de la financiación autonómica. Las regiones gobernadas por el PP -11 de 17- reclaman desde más recursos, como Andalucía, hasta una revisión completa del modelo, como plantean Comunidad Valenciana y Canarias (donde gobiernan PP y CC), mientras que Baleares critica la falta de transparencia de las negociaciones bilaterales.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defiende un sistema común sin "privilegios", y Asturias espera aclarar "incertidumbres" relacionadas con el déficit. Aunque no se sabe si Hacienda pondrá sobre la mesa una propuesta concreta, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, sugirió hace unas semanas que las comunidades podrían dejar de depender del sistema de anticipos y liquidaciones para pasar a recibir en tiempo real los ingresos que les corresponden por IRPF e IVA.

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