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(El Economista, 30-06-2025) | Fiscal

España recauda de las empresas diez puntos más que la media europea

España ocupa el cuarto lugar entre los países europeos que más dependen de los ingresos fiscales procedentes de las empresas. Así lo revela un informe elaborado por el centro de estudios fiscales Tax Foundation, con sede en Washington, que señala que el 49% de la recaudación del país proviene directamente de los impuestos abonados por las compañías. Esta cifra está diez puntos por encima del promedio europeo, situado en el 38,4%. Por delante de España se encuentran Chequia, Polonia y Eslovaquia, donde la aportación de las empresas supera el 50% del total recaudado. En cambio, aunque Francia y Alemania también están por encima de la media europea, registran una menor dependencia que España, con un 42,6% y un 40,9% respectivamente. En el extremo opuesto se sitúan Dinamarca e Islandia, los países con menor grado de dependencia fiscal respecto al sector empresarial. Según la autora del informe, la economista Cristina Enache, en Dinamarca las empresas solo representan el 15,1% de la recaudación, mientras que en Islandia aportan un 16,6%. Esta baja contribución empresarial en Dinamarca se explica, según Enache, por una menor carga en cotizaciones a la Seguridad Social. El estudio también destaca que, en términos generales, el 87% de los tributos en Europa son pagados o recaudados por las empresas, lo que subraya su papel esencial en el sostenimiento de los ingresos públicos. "Sin la participación de las empresas como contribuyentes y como agentes recaudadores, los gobiernos no podrían financiar ni los servicios más básicos", afirma Enache. Para la elaboración del informe, se han tenido en cuenta todos los impuestos que afectan directamente a las empresas en Europa. Entre ellos se incluyen los tributos que estas abonan como sujetos fiscales, aquellos que retienen o recaudan para terceros (como las cotizaciones a la Seguridad Social), los impuestos sobre la nómina y los impuestos especiales. También se consideran los gravámenes sobre bienes de inversión, los tributos recurrentes sobre inmuebles, el patrimonio empresarial, vehículos, licencias y otras tasas específicas del ámbito empresarial. En el caso de España, según datos de la Agencia Tributaria, las compañías contribuyen a través de varios impuestos, siendo el Impuesto de Sociedades uno de los principales. Este tiene un tipo general del 25%, aunque se aplica un 15% para nuevas empresas y un 23% para pymes. Además, las empresas deben pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de carácter municipal, cuya cuota varía entre el 0,4% y el 1,3% según el tipo y ubicación del inmueble. Otro tributo relevante es el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que se calcula en función de la actividad, localización y tamaño de la empresa. Incluye una tarifa fija y unos coeficientes determinados por la ordenanza local. No obstante, las empresas con una facturación inferior al millón de euros anuales están exentas. También se aplica el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con una tasa que puede alcanzar hasta el 4% del coste real de la obra, en función del municipio. Asimismo, tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) afectan especialmente a las empresas, este último con una tasa que oscila entre el 0,5% y el 1,5% sobre el valor del documento notarial. Eso sí, las operaciones sujetas a IVA están exentas del pago del AJD.

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(Expansión, 26-06-2025) | Fiscal

El TC debate los plazos de los intereses de demora cuando Hacienda comete un error

El Tribunal Constitucional ha aceptado analizar una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Málaga. El caso se centra en determinar desde qué momento deben aplicarse los intereses de demora en las liquidaciones de la Agencia Tributaria cuando una primera resolución judicial es anulada por errores formales cometidos por la propia Administración. Según el artículo 150.7 de la Ley General Tributaria (LGT), cuando se detectan fallos en una liquidación y se ordena retrotraer el procedimiento para emitir una nueva resolución corregida, esta segunda liquidación debe incluir intereses de demora contados desde la fecha en la que se dictó la liquidación anulada. La duda planteada por el TSJ se refiere a la parte final del artículo, que indica que "el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva declaración". El Tribunal Constitucional deberá evaluar si esta disposición respeta el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. José María Salcedo, socio director del despacho Salcedo Tax Litigation, ha explicado al diario Expansión que el fondo del asunto es determinar si es justo que los intereses sigan acumulándose cuando el retraso en la resolución se debe a un error de la propia Hacienda. En caso de que el Constitucional declare inconstitucional este punto, los contribuyentes podrían beneficiarse con una reducción significativa de los intereses a pagar, especialmente en los casos con altas cuantías. Mientras el Constitucional delibera, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto en una sentencia reciente, fechada el pasado 7 de mayo. En ella, según Salcedo, el Alto Tribunal responsabiliza a Hacienda de los errores cometidos en las liquidaciones, señalando directamente a la Administración como la causante del problema.

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(El Economista, 26-06-2025) | Fiscal

Un bufete internacional abre una lucha global contra Hacienda en EEUU, Europa y España

El despacho internacional de abogados Amsterdam & Partners, con sedes en Estados Unidos y Reino Unido, ha puesto en el punto de mira al sistema fiscal español y ha anunciado una "batalla global" contra Hacienda. Esta ofensiva legal se desarrollará en diversos frentes, incluyendo Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales españoles. El fundador del bufete, Robert Amsterdam, ha visitado España en varias ocasiones en los últimos meses con el objetivo de preparar esta estrategia legal y mediática contra la Administración Tributaria. Según afirma, las primeras denuncias ante la justicia europea se presentarán en un plazo máximo de dos meses. Entre los principales motivos que sustentan su acción legal se encuentran el sistema de incentivos aplicado a los inspectores de Hacienda, quienes -según denuncia- tienen motivaciones económicas para realizar regularizaciones que no siempre se corrigen incluso cuando el contribuyente resulta tener razón. También critica el uso indebido de datos personales, así como el intercambio de información entre distintas Administraciones y entidades, cuestión que ya ha elevado a la OCDE. Otro de los puntos que impugna es la publicación de la lista de morosos, que considera una vulneración de derechos. Asimismo, Amsterdam denuncia la falta de independencia de los Tribunales Económico-Administrativos, que dependen del Ministerio de Hacienda. Señala que los contribuyentes se ven obligados a agotar esta vía, lo que puede alargar los procesos entre tres y cinco años antes de poder acudir a la justicia ordinaria. También tilda de fraudulenta la organización de las inspecciones, acusando a Hacienda de evitar prescripciones mediante pequeñas modificaciones artificiales. Otro aspecto que piensa llevar a los tribunales es la pérdida de la presunción de inocencia, ya que, según sostiene, los informes de los inspectores suelen tener más peso que las pruebas aportadas por los ciudadanos, cuestión que ya está siendo analizada por el Tribunal Supremo. El bufete comenzó su ofensiva tras recibir casos de extranjeros residentes en España que habían sido inspeccionados tras acogerse a la conocida Ley Beckham, que permite a determinados trabajadores tributar un IRPF fijo del 24% sin incluir los ingresos obtenidos en el extranjero. La Agencia Tributaria argumenta que solo ha revisado al 0,5% de los más de 37.000 contribuyentes bajo este régimen, defendiendo que es necesario comprobar que cumplen los requisitos para evitar abusos. Con el paso del tiempo, la campaña legal ha ido más allá de casos concretos y ahora cuestiona el conjunto del sistema tributario español. El bufete ha lanzado anuncios en medios nacionales e internacionales en los que llega a calificar a la Agencia Tributaria de "carterista". Amsterdam reconoce que hay personas con alto poder adquisitivo respaldando esta campaña, aunque aclara que ninguno de ellos podría costear todo el esfuerzo legal que están dedicando. También rechaza las acusaciones de que está usando esta estrategia para captar nuevos clientes, afirmando que no aceptarán más casos. Durante esta semana y la próxima, Amsterdam permanecerá en Madrid para continuar con su campaña, recoger más testimonios de contribuyentes y buscar apoyo político con vistas a una posible reforma del sistema fiscal si se produjera un cambio de gobierno. También viajará a Andalucía y otras regiones fuera de Madrid y Barcelona, con la intención de extender su batalla por todo el país.

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(El Economista, 26-06-2025) | Fiscal

Las empresas podrán rectificar de forma sencilla la declaración que presenten del Impuesto de Sociedades a partir de este año

El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde al nuevo modelo de declaración para la próxima campaña del impuesto sobre sociedades, que se desarrollará entre el 1 y el 25 de julio, incorporando como novedad la posibilidad de rectificar la declaración, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este martes. Desde este ejercicio, el modelo incluirá una nueva casilla que los contribuyentes podrán señalar si presentan una declaración rectificativa del impuesto ya presentado anteriormente. Esta modificación permite tanto corregir errores o diferencias detectadas como comunicar discrepancias con la información facilitada por la Agencia Tributaria. Con este nuevo mecanismo, se sustituye el sistema dual anterior, que obligaba a presentar una declaración complementaria en caso de haber pagado menos de lo debido o una rectificativa cuando se solicitaba la devolución por haber abonado en exceso. Esta novedad es consecuencia del cambio normativo aprobado en 2023, mediante el cual el Gobierno modificó el procedimiento para rectificar autoliquidaciones. No fue hasta enero de 2024 cuando se especificó a qué tributos aplicaría esta nueva fórmula, que finalmente incluye el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el IVA, los impuestos especiales y el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. En este sentido, Hacienda ya había aprobado en julio de 2024 los modelos correspondientes al IVA, y en marzo de este año habilitó el procedimiento simplificado para la corrección del IRPF. Ahora, con esta medida, completa la adaptación para el impuesto sobre sociedades. Además, como parte de las novedades de este año, las empresas tendrán nuevas opciones para realizar el pago del impuesto sobre sociedades, pudiendo abonar el importe mediante tarjeta bancaria o transferencia inmediata, alternativas que se suman a los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria o el cargo en cuenta por vía electrónica.

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(El Periódico, 26-06-2025) | Fiscal

Las temidas “cartas del miedo” de Hacienda empezarán a llegar tras el 30 de junio

La campaña de la declaración de la renta 2024 entra en su fase final y, según datos de la Agencia Tributaria, aún quedan más de 9 millones de contribuyentes por presentar su IRPF. De las 24,8 millones de declaraciones que se esperan en total, hasta mediados de junio se han presentado menos de 15 millones. A medida que se acerca el cierre del plazo, aumentan también los riesgos para los contribuyentes. Hacienda ha advertido que ya tiene preparadas distintas sanciones para quienes no cumplan los plazos establecidos o cometan errores en la presentación. Desde la asesoría fiscal digital TaxDown, se recalca que no solo es importante entregar la declaración dentro del plazo, sino también hacerlo correctamente y, si corresponde, con el pago correspondiente. Retraso sin requerimiento previo de Hacienda: Si la declaración resulta a pagar y no se presenta a tiempo, se aplicará un recargo automático del 1% inicial, que aumentará un 1% adicional por cada mes completo de retraso. Por ejemplo, si se presenta en julio, el recargo será del 1%; en agosto, del 2%, y así sucesivamente. Si se supera el año de retraso, el recargo alcanza el 15%, al que hay que sumar los intereses de demora. Retraso con requerimiento de Hacienda (la conocida "carta del miedo"): En caso de que la Agencia Tributaria detecte el incumplimiento y envíe un requerimiento, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150% del importe adeudado, dependiendo de si existe reincidencia o si el perjuicio económico para la Administración es significativo. Declaraciones a devolver o sin resultado, no presentadas: Aunque la declaración no resulte a pagar o salga a devolver, no presentarla también puede conllevar sanciones. Sin requerimiento, la multa puede alcanzar los 100 euros. Si Hacienda emite una notificación formal, la sanción puede ascender a 200 euros. Presentar la declaración sin realizar el pago: Otro error habitual es presentar la declaración correctamente pero no efectuar el pago, ya sea por un fallo en la cuenta bancaria o por falta de saldo. Si el propio contribuyente detecta el error y paga voluntariamente, se aplicará un recargo del 5%. En cambio, si es la Agencia quien notifica el impago, el recargo será de entre el 10% y el 20%. Muchos contribuyentes creen erróneamente que una vez presentada la declaración y concluida la campaña, ya no deben preocuparse. Sin embargo, Hacienda dispone de un plazo de hasta 4 años para revisar las declaraciones y comunicar posibles errores, lo que significa que cualquier fallo cometido ahora puede derivar en sanciones hasta junio de 2029. Desde TaxDown, plataforma especializada en facilitar el cumplimiento fiscal, se recuerda la importancia de revisar bien la declaración, aprovechar todas las deducciones autonómicas posibles y optimizar el proceso para evitar sanciones y maximizar el ahorro.

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(Expansión, 25-06-2025) | Fiscal

La Comisión Europea alerta sobre el futuro fiscal de España

El incremento previsto del gasto en pensiones representa una amenaza para el equilibrio de las cuentas públicas, ya que se espera que absorba una parte cada vez más significativa de los ingresos del Estado. Así lo advierte la Comisión Europea en su Informe Anual sobre Impuestos, donde se destaca especialmente el caso de España. El informe señala que el desembolso destinado a las pensiones públicas ejercerá una fuerte presión sobre las finanzas de varios países europeos, siendo España el que, según las estimaciones, registrará el mayor incremento de este gasto en proporción a sus ingresos fiscales hasta 2050. En ese horizonte temporal, se prevé que España destine de media un 41% de su recaudación tributaria al pago de pensiones. Esta situación se agrava por el elevado nivel de endeudamiento público del país, lo que lo sitúa entre los Estados miembros con mayores desequilibrios financieros. La Comisión considera este contexto especialmente delicado. Otro elemento que complica el panorama es que España mantiene una carga fiscal por debajo de la media europea. Si no hay cambios, en 2026 se estima que la presión fiscal en España será 2,5 puntos porcentuales inferior a la media del resto de los países de la Unión. Bruselas cree que esto se podría corregir, aunque su preocupación principal no es tanto el nivel de impuestos, sino cómo están estructurados. Actualmente, más de la mitad de los ingresos tributarios de España provienen de gravámenes sobre el trabajo, mientras que los impuestos sobre el consumo aportan menos del 25%. Esta distribución es problemática, ya que el mismo fenómeno que impulsa el aumento del gasto en pensiones -el envejecimiento de la población- también podría reducir la base de cotizantes y, por tanto, limitar la recaudación. A menos que la inmigración lo compense, se espera que el porcentaje de población activa disminuya, afectando aún más los ingresos fiscales. Este fenómeno no es exclusivo de España. En la zona euro, trece países obtienen más de la mitad de su recaudación a través de impuestos sobre el trabajo. En este grupo destacan Suecia y Alemania, con cifras del 57% y el 56,6%, respectivamente. Con la actual configuración fiscal, si la inmigración se reduce un tercio respecto al escenario previsto, economías como la española o la alemana necesitarían crecer un punto porcentual adicional cada año entre mediados de la década de 2030 y 2070 para mantener estable su nivel de deuda pública. Ante este panorama, la Comisión Europea recomienda a España que lleve a cabo una reforma fiscal que incremente el peso de los impuestos sobre el consumo. Entre otras medidas, propone una revisión del sistema tributario para trasladar parte de la carga impositiva del trabajo hacia gravámenes medioambientales, al consumo y a los bienes inmuebles. El objetivo es mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas, fomentar el crecimiento económico y favorecer la transición ecológica y digital. Actualmente, España se encuentra entre los países que menos recaudan por impuestos al consumo en proporción a su PIB, con una media del 9% en la última década, solo por delante de Malta e Irlanda. Uno de los factores que explican esta situación es la existencia de numerosos tipos reducidos en el IVA. Según Bruselas, si se eliminaran estas reducciones, la diferencia entre lo que debería y lo que efectivamente se recauda por este impuesto disminuiría en un 27%. La Comisión Europea insta a España a actuar con rapidez para poner en marcha esta reforma, con el fin de reforzar su posición fiscal antes de que se produzca el máximo gasto previsto en pensiones. Si los países que se enfrentan a este reto optan por aplazar las reformas necesarias, advierte el informe, tendrán que asumir más adelante ajustes más difíciles. Según la Comisión, si no se toman medidas, el aumento del gasto en pensiones limitará los recursos disponibles para otras necesidades, tanto relacionadas con el envejecimiento -como sanidad, cuidados de larga duración y educación- como en ámbitos distintos, como investigación, defensa o vivienda.

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(Expansión, 25-06-2025) | Fiscal

Bruselas estudia una histórica subida de impuestos al tabaco

Se avecina una importante transformación en la fiscalidad del tabaco en la Unión Europea. La Comisión Europea está considerando llevar a cabo la mayor reforma de los impuestos especiales sobre estos productos en décadas, mediante la revisión de la Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), que fija las bases y los tipos mínimos impositivos aplicables. Un borrador preliminar, al que ha tenido acceso la agencia italiana Ansa, revela que Bruselas se plantea incrementos sustanciales en la fiscalidad: un 139% para los cigarrillos, un 258% para el tabaco de liar y hasta un 1.090% en el caso de los puros. La reforma también contemplaría la incorporación de impuestos específicos para productos alternativos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, con el objetivo de adaptarse a la evolución del mercado. Aunque la propuesta todavía no ha sido incluida en la agenda oficial del Colegio de Comisarios -el órgano que inicia los procesos legislativos en la UE-, fuentes comunitarias han señalado al diario Expansión que podría haber novedades al respecto en las próximas semanas. Uno de los momentos clave podría ser la presentación del nuevo Marco Financiero Plurianual, prevista para el 16 de julio, donde el tabaco podría figurar como una posible fuente de ingresos para el presupuesto europeo. Cualquier modificación de esta directiva, así como la introducción de nuevos recursos propios para el presupuesto de la UE, requerirá el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, lo que anticipa negociaciones complejas y prolongadas. No obstante, la iniciativa ya cuenta con cierto respaldo. En meses recientes, 15 países de la Unión solicitaron por carta a la Comisión una revisión de la normativa vigente, al considerar que ha quedado desfasada y ya no responde a las necesidades actuales. La posibilidad de un aumento drástico de la fiscalidad ha generado inquietud en el sector tabacalero. Las empresas del sector temen que estas medidas se traduzcan en una caída de ventas, ya que los consumidores asumirían un coste mucho más elevado. En el caso de España, los cálculos preliminares indican que los cigarrillos podrían encarecerse una media de 1,4 euros por paquete, superando los 7 euros en muchas marcas. Para el tabaco de liar, el aumento sería de unos cuatro euros de media. La industria advierte, además, que un incremento de esta magnitud podría estimular el crecimiento del mercado ilegal. Según estimaciones de KPMG, en 2024 el consumo de tabaco ilícito en España alcanzó los 1.400 millones de unidades.

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(El País, 25-06-2025) | Fiscal

La Autoridad Fiscal insiste en que el aumento del gasto militar obliga a hacer recortes o subir impuestos

La OTAN está ejerciendo presión sobre España para que incremente su gasto en defensa, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que dicho aumento tendrá consecuencias claras y directas en las cuentas públicas. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que alcanzar el 2,1% del PIB es suficiente para cumplir con los compromisos internacionales, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, considera que España debería llegar al 3,5%. Incluso algunos aliados, como Estados Unidos, plantean una meta más ambiciosa del 5%. Las diferencias entre estas cifras son notables, pero, en cualquier caso, España solo tiene tres formas de cumplir: incrementar los ingresos, reducir otros gastos o recurrir al endeudamiento. La AIReF señala que el incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB puede ajustarse dentro del marco de los actuales Presupuestos Generales del Estado de 2023, que están prorrogados. No obstante, advierte que será necesario aumentar los ingresos o recortar en otras áreas para evitar un deterioro fiscal. Así lo manifestó este martes la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, durante su intervención en el seminario económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. Explicó que los 10.000 millones de euros adicionales en defensa que permitirían alcanzar el 2% del PIB están contemplados en los presupuestos actuales, pero aclaró que, como ya ha advertido anteriormente, este aumento generará un efecto fiscal real. Herrero recordó que el Ejecutivo aseguró en un principio que esta subida se financiaría mediante la redistribución de partidas ya existentes, lo cual no implicaría impacto alguno. Sin embargo, señaló que aunque esa impresión se mantenga en términos presupuestarios, desde el punto de vista del déficit y la deuda, la realidad es diferente. Esto se debe a que el verdadero impacto se mide con base en la ejecución presupuestaria y no en el presupuesto inicial. Al financiar el gasto con créditos que no se habían ejecutado antes, se produce un aumento real del gasto, y por tanto, del déficit y la deuda pública. Este impacto, no obstante, no será inmediato, sino que se percibirá a medio plazo. Herrero subrayó que, independientemente de si España se queda en el 2,1% del PIB, como plantea el Gobierno, o aspira al 3,5% o incluso al 5% reclamado por otros socios, los efectos fiscales se irán reflejando conforme se vayan entregando los materiales adquiridos (fragatas, aviones, sistemas antiaéreos...), lo que puede tardar entre cuatro y cinco años. Por tanto, el aumento de déficit y deuda es seguro, pero su momento exacto aún es incierto. Ya se empiezan a notar los efectos de esta inversión en las proyecciones fiscales. La AIReF calcula que el gasto público primario neto crecerá un 4,1% en 2025, superando el límite del 3,7% comprometido con Bruselas. Esta desviación obedece principalmente al incremento del gasto militar, que el Gobierno considera una medida excepcional y que, por tanto, no debería contabilizarse en el cumplimiento de la regla de gasto. Sin embargo, España no ha solicitado formalmente activar la cláusula de escape que permite excluir ciertos gastos extraordinarios bajo el nuevo marco fiscal europeo. Además, una parte de estos gastos se está gestionando a través de una "cuenta de control", un mecanismo que permite registrar compromisos sin que estos se reflejen inmediatamente en el déficit. La AIReF advierte que esta fórmula no evita el impacto final sobre las finanzas públicas, ya que los pagos acaban realizándose y afectan igualmente al déficit. En abril, Sánchez presentó el plan de aumento de 10.000 millones para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en defensa, asegurando que no se tocarían los recursos destinados a servicios públicos ni al Estado del bienestar. Más recientemente, el presidente logró pactar con la OTAN para evitar que España deba subir su gasto militar hasta el 5% del PIB, argumentando que ese nivel de inversión comprometería la protección social y obligaría a subir impuestos o recortar prestaciones. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha criticado el planteamiento actual del debate sobre el gasto militar, al considerar que está mal enfocado. Para Escrivá, más que marcar un objetivo en porcentaje del PIB, habría que plantearse cuál es el ritmo sostenible de crecimiento del gasto, de modo que este sea eficaz y tenga un verdadero efecto positivo. Puso como ejemplo a países como Alemania o Reino Unido, que están optando por aumentos anuales progresivos de entre dos y tres décimas del PIB. Según él, ir más allá de ese ritmo no es realista, ya que el Estado no tendría capacidad para gestionar con eficacia esos recursos. Escrivá también subrayó que es fundamental analizar en qué se está invirtiendo ese dinero. A su juicio, no es igual destinar fondos a innovación y tecnología en defensa que cubrir gastos operativos sin efecto en la industria nacional o europea. Recalcó que el impacto económico depende mucho del tipo de inversión y pidió una mayor coordinación a nivel europeo para maximizar la eficiencia del gasto. "Hay que elevar el enfoque y entender que no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo y cuándo se hace", concluyó.

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(El Economista, 25-06-2025) | Fiscal

Hacienda dejará de embargar el ahorro de los deudores que proceda de su salario

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha modificado su postura y ha dictaminado que la Agencia Tributaria no podrá apropiarse del dinero que los contribuyentes con salarios o pensiones embargadas consigan ahorrar o no utilicen al final del mes. Esta decisión busca proteger a los deudores con menos recursos, permitiéndoles conservar una parte de su renta no embargada para cubrir imprevistos o pagos puntuales, como seguros o determinados tributos. Actualmente, la normativa impide que Hacienda embargue salarios o pensiones que no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 se sitúa en 1.184 euros mensuales. Si los ingresos superan esta cifra, el embargo se aplica de forma progresiva sobre el exceso. Por ejemplo, si alguien percibe 1.800 euros, solo se podrá embargar el 30% de los 616 euros que exceden el SMI, es decir, 184 euros. Este porcentaje aumenta al 50%, 60%, 75% y hasta el 90% a medida que los ingresos superan hasta seis veces el SMI. Hasta ahora, existía una laguna legal: si tras el embargo el contribuyente no gastaba la totalidad del dinero restante y lo dejaba en su cuenta bancaria, ese sobrante podía ser embargado posteriormente, ya que las leyes vigentes (como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley General Tributaria) permiten el embargo de saldos en cuentas corrientes. Sin embargo, en su resolución del 18 de junio, el TEAC aclara que esta interpretación es errónea: el dinero no gastado de la parte inembargable no puede ser considerado como ahorro susceptible de embargo. El TEAC justifica este cambio señalando que los ciudadanos tienen gastos esenciales que no son necesariamente mensuales -como luz, agua, seguros, tributos locales o gastos médicos inesperados-, por lo que es legítimo que puedan reservar parte de su renta para hacer frente a esas obligaciones. Si se les impidiera conservar lo no gastado de su sueldo o pensión protegida, se estaría vulnerando su derecho a cubrir necesidades básicas. En definitiva, el tribunal sostiene que los límites legales de inembargabilidad también deben aplicarse al saldo no utilizado del mes, pues considerarlo como "ahorro embargable" desvirtuaría la protección legal prevista para los ingresos mínimos. En el caso concreto que ha motivado esta resolución, Hacienda había embargado 25.000 euros a un contribuyente cuya pensión había sido ingresada en una cuenta bloqueada judicialmente por un proceso penal. El TEAC ha anulado el embargo al entender que esos fondos, aunque no se gastaron, no dejaron de ser ingresos inembargables destinados a cubrir necesidades vitales. Con este fallo, se refuerce la protección a personas con menor capacidad económica, evitando que el Estado embargue pequeñas cantidades que, lejos de representar una capacidad de ahorro, están destinadas a gastos básicos e inaplazables.

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(Expansión, 20-06-2025) | Fiscal

Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana liderarán el alza del PIB

La economía española seguirá creciendo este año, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios anteriores. Este menor dinamismo se debe, en gran medida, a la debilidad económica del conjunto de la eurozona y a la incertidumbre generada por las tensiones comerciales internacionales, especialmente por la amenaza de una guerra arancelaria por parte de Estados Unidos. A pesar de ello, el crecimiento será desigual entre las distintas regiones del país. El turismo internacional se perfila como uno de los motores principales del PIB, favoreciendo particularmente a comunidades como Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde se prevé un crecimiento superior al 3%. En cambio, regiones con menor dependencia del turismo, como Asturias, Cantabria o Aragón, mostrarán un avance más limitado. Según las previsiones de BBVA Research, el Producto Interior Bruto nacional aumentará un 2,5% en 2025, lo que representa una desaceleración de siete décimas respecto al año anterior. Este avance estará encabezado por Canarias (3,4%), seguida por Baleares (3,2%) y la Comunidad Valenciana (3,1%). También experimentarán un crecimiento por encima del promedio nacional Murcia (2,8%), Andalucía (2,7%), así como Madrid y Cataluña (ambas con un 2,6%). Este mejor comportamiento se atribuye al empuje del turismo y a la fortaleza de las exportaciones de servicios, en contraposición con la vulnerabilidad de aquellas comunidades más expuestas al comercio de mercancías, afectadas por la creciente incertidumbre internacional. El informe destaca que las exportaciones de servicios, incluyendo el turismo, continúan mostrando un desempeño positivo, lo cual beneficia especialmente a las regiones insulares y a la Comunidad Valenciana, que además se ha visto reforzada por inversiones orientadas a la recuperación tras los daños causados por la DANA. De igual forma, Murcia y Andalucía están siendo favorecidas por el buen comportamiento del turismo, al igual que Cataluña, aunque en su caso también pesa la relevancia de su sector industrial exportador, más impactado por el entorno global. Madrid, por su parte, se ve beneficiada por el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios profesionales. Los datos de los primeros cuatro meses del año reflejan un crecimiento notable del turismo internacional, con un aumento del 7,1% en el número de visitantes y del 9,3% en el gasto realizado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta demanda ha superado claramente a la oferta, lo que ha permitido al sector turístico incrementar los precios y mejorar los márgenes de beneficios. Además, el peso de los servicios vinculados a la restauración y el alojamiento ha aumentado en las pautas de consumo tanto en España como en países emisores de turistas como Francia y Alemania. Esto está incentivando la inversión en infraestructuras turísticas, sobre todo en regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, donde se espera que este dinamismo sostenga la demanda. Por el contrario, algunas comunidades avanzarán a un ritmo más lento, con incrementos del PIB por debajo del 2%. Es el caso de Asturias y Cantabria, ambas con un crecimiento estimado del 1,8%, y de Aragón, con un 1,9%. También estarán por debajo del promedio Castilla y León (2%), Extremadura (2,1%), Navarra (2,2%), así como País Vasco y Galicia (2,3%). La Rioja y Castilla-La Mancha crecerán en línea con la media nacional (2,5%). La menor expansión en estas regiones, donde el consumo y las exportaciones de bienes tienen un peso importante en la economía, se explica por una menor demanda interna y el impacto negativo de la incertidumbre comercial global. El deterioro en las exportaciones de mercancías y su elevada exposición a los cambios en la política comercial mundial están detrás de esta pérdida de impulso. BBVA Research también advierte que la economía española se encuentra en un proceso de desaceleración que continuará el próximo año. Sus estimaciones indican que el PIB avanzará un 2,5% en 2025, pero el ritmo se reducirá aún más en 2026, con un crecimiento previsto del 1,7%. Esta ralentización responde a factores estructurales como la escasez de vivienda, la débil respuesta de la inversión ante la mejora de las condiciones económicas y el menor dinamismo del consumo. Este enfriamiento económico tampoco será uniforme entre las comunidades. Mientras que en 2025 las regiones turísticas liderarán el crecimiento, en 2026 algunas de ellas verán recortadas significativamente sus tasas de avance. Por ejemplo, Canarias y Baleares pasarán a crecer solo un 1,7% y un 1,6%, respectivamente. En cambio, la Comunidad Valenciana mantendría el liderazgo, con un crecimiento del 2,4%, gracias a las políticas de estímulo tras la DANA. Madrid también destacaría, impulsada por sus exportaciones de servicios profesionales, con un crecimiento del 1,9%. En sentido opuesto, las comunidades más industrializadas continuarán rezagadas. Es el caso de La Rioja y el País Vasco, que crecerían un 1,4%, seguidas por Cataluña, Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, todas con un 1,5%. No obstante, hay un aspecto positivo: pese al envejecimiento de la población en varias de estas regiones, los flujos migratorios ayudarán a sostener el crecimiento del empleo y de la población activa, lo que podría dar algo de soporte a la economía en los próximos años.

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