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(Expansión, 10-07-2025) | Fiscal

Luz verde a la reducción del 50% en IRPF por alquilar habitaciones

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que los propietarios que alquilan habitaciones dentro de su vivienda habitual pueden beneficiarse de una reducción del 50% en el IRPF por los ingresos obtenidos, siempre que el espacio alquilado sea utilizado como residencia habitual del inquilino. Esta interpretación, recogida en la consulta vinculante V0412/2025, es especialmente relevante en un contexto donde el alquiler de habitaciones se ha convertido en una opción cada vez más común tanto para complementar ingresos como para facilitar el acceso a la vivienda. Según la DGT, estos ingresos se consideran rendimientos del capital inmobiliario, y se detallan los requisitos para poder aplicar la reducción fiscal. El elemento determinante, según el criterio de Tributos, es el uso que se le dé al espacio arrendado. Para poder aplicar el incentivo, el arrendador debe acreditar que la habitación constituye la vivienda habitual y permanente del arrendatario. Quedan, por tanto, excluidos los alquileres de corta duración, turísticos o por temporadas, que se rigen por un tratamiento fiscal distinto y no pueden acogerse a esta reducción. Es imprescindible, además, que el contrato esté regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que su objeto sea el uso como vivienda. La carga de la prueba recae exclusivamente sobre el propietario. En caso de una inspección, deberá aportar documentos que justifiquen que el arrendamiento no es temporal, como el contrato de alquiler o el empadronamiento del inquilino en la vivienda. Por otro lado, la DGT advierte que cualquier irregularidad en la declaración puede hacer que se pierda automáticamente el derecho a aplicar la reducción. Si el arrendador omite parte de los ingresos o incluye gastos no deducibles de forma indebida, además de tener que regularizar su situación con Hacienda, perderá el beneficio fiscal del 50% de reducción.

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(Expansión, 10-07-2025) | Fiscal

¿Está la indemnización por despido de los altos directivos exenta de IRPF?

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que refuerza y aclara su criterio respecto al tratamiento fiscal de las indemnizaciones por cese que reciben los altos directivos que, al mismo tiempo, forman parte del consejo de administración de la empresa. La resolución, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en la que la Agencia Tributaria se allanó previamente, unifica la interpretación jurídica en este ámbito, proporcionando mayor seguridad a un colectivo que a menudo ha estado en un terreno ambiguo entre la relación laboral especial y la de carácter mercantil. El caso se centró en determinar si las indemnizaciones percibidas por la finalización de contratos de alta dirección pueden beneficiarse de la exención contemplada en el artículo 7.e) de la Ley del IRPF, incluso cuando el directivo ejerce también como consejero de la sociedad. Hasta ahora, la Administración Tributaria había sostenido en ciertos casos que, al prevalecer la relación mercantil, no se podía aplicar dicha exención. Sin embargo, el Supremo ha dejado claro que, cuando el cese se produce por decisión unilateral del empleador (desistimiento), el alto directivo tiene derecho a una indemnización mínima legal equivalente a siete días de salario por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades. Además, esta cantidad está exenta de tributar en el IRPF, tal como establece el artículo 7.e) de dicha norma. El Alto Tribunal basa su decisión en una doctrina previamente fijada por el Pleno de la Sala de lo Social en su sentencia del 22 de abril de 2014, confirmada más tarde por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo el 4 de septiembre de 2020. Según esta jurisprudencia, la existencia de ese derecho indemnizatorio y su correspondiente exención deben considerarse firmemente asentadas. En cuanto a la posible aplicación de la reducción por rendimientos del trabajo generados en varios años (artículo 18.2 de la Ley del IRPF) a las compensaciones percibidas por estos altos cargos, el Supremo reitera que dicha reducción puede aplicarse si se cumplen los requisitos legales, sin que la llamada "teoría del vínculo" -que prioriza la relación mercantil sobre la laboral- resulte determinante para impedirlo. Como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto, ha anulado las resoluciones administrativas impugnadas y ha reconocido tanto la aplicación de la exención fiscal como el derecho a la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, con los correspondientes intereses legales. Además, no se han impuesto costas judiciales en ninguna de las instancias del proceso. Esta decisión resulta de gran importancia para reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación uniforme del Derecho fiscal en lo que respecta a las indemnizaciones por cese de altos directivos. El fallo, que admite el allanamiento de la Administración, deja sin efecto las liquidaciones tributarias que anteriormente denegaban esta exención.

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(El Economista, 10-07-2025) | Fiscal

El Senado aprobará mañana la ley que permite devolver a los mutualistas todo el IRPF de golpe

El Pleno del Senado tiene previsto aprobar este jueves la ley que permitirá a la Agencia Tributaria reembolsar de una sola vez a los pensionistas que cotizaron a las antiguas mutualidades la totalidad del IRPF correspondiente a los ejercicios no prescritos, que en su mayoría abarcan desde 2019 hasta 2022. Esta disposición se incluye como una enmienda al proyecto de ley que modifica la normativa sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor. Gracias a ella, los afectados podrán recibir durante este año 2025 y en un único abono, las devoluciones pendientes correspondientes a esos cuatro años, así como a la declaración del ejercicio 2024. El Pleno del Senado comenzará a las 11:00 horas y entre los puntos del orden del día figura la votación de esta ley. Dado que la tramitación se ha realizado por la vía de urgencia, la Cámara dispone de un plazo máximo de 20 días para pronunciarse, que concluye este jueves, ya que el proyecto fue remitido al Senado el 20 de junio. Se espera que la Cámara Alta dé luz verde a la norma. Cabe recordar que en diciembre de 2024 el Gobierno modificó el procedimiento para la devolución del IRPF a los mutualistas, estableciendo que a partir de 2025 los pensionistas solo podrían reclamar un ejercicio por año: en 2025, el correspondiente a 2019; en 2026, el de 2020; en 2027, el de 2021; y en 2028, el de 2022. Para ello, Hacienda habilitó, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta, un formulario en línea para solicitar la devolución del IRPF de 2019. Con la aprobación de esta nueva ley, dicho formulario servirá automáticamente también para reclamar los años 2020, 2021 y 2022, sin necesidad de que los contribuyentes presenten nuevas solicitudes. Además, la Agencia Tributaria ha ampliado el plazo para cumplimentar este formulario más allá del 30 de junio, fecha en la que concluyó la campaña de la Renta, de modo que quienes aún no lo hayan hecho, podrán seguir solicitando las devoluciones acumuladas de forma simplificada.

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(El Economista, 09-07-2025) | Fiscal

La deducción del IRPF para el SMI excluye al menos a 400.000 jubilados

La deducción fiscal destinada a quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) avanza en su tramitación, aunque dejará fuera a al menos 400.000 personas jubiladas. Este jueves, el Senado debatirá las enmiendas a la Ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor, que incorpora una cláusula relativa a la tributación del IRPF para quienes cobran el salario mínimo. Sin embargo, la forma en la que está redactada la norma excluye expresamente a pensionistas y personas desempleadas. Tal como explica Raquel Jurado, economista y asesora fiscal del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas), la deducción está destinada a "contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria", lo que significa que solo podrán beneficiarse quienes estén empleados. Este incentivo fiscal fue ideado por el Ministerio de Hacienda como una solución para evitar elevar el mínimo exento hasta el nuevo SMI previsto para 2025, manteniéndolo en los 15.876 euros anuales, que corresponden al salario mínimo de 2024. En años anteriores, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había ajustado el mínimo exento al ritmo de subida del SMI, lo que implicaba un alivio fiscal para todas las rentas. Pero al no aplicar ese aumento este año, el 20% de los trabajadores que cobran el SMI sin cargas familiares se veían perjudicados. De ahí surgió la idea de esta nueva deducción. Como resultado, la nueva legislación deja fuera a los jubilados y parados cuyos ingresos se sitúan entre el salario mínimo actual y el que regirá en 2025. La deducción se aplicará a trabajadores con ingresos anuales inferiores a 18.276 euros. Aquellos que ganen menos de 16.576 euros podrán deducirse 340 euros. Si sus ingresos están entre 16.576 y 18.276 euros, la deducción será de 340 euros menos el 20% de la diferencia entre sus ingresos y los 16.576 euros. Según los datos más recientes del Ministerio de Seguridad Social, hay al menos 388.922 pensionistas que ya han alcanzado la edad de jubilación y que perciben entre 1.150 y 1.305 euros mensuales. No obstante, la cifra real de afectados podría ser mayor, ya que no se incluye a quienes cobran entre 1.134 euros (el SMI mensual de 2024) y 1.150 euros. En ese rango salarial se encuentran 288.898 jubilados. Para que los trabajadores que ganan el SMI puedan beneficiarse de la deducción en la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 (que se presentará en 2026), el Gobierno incorporó en abril una enmienda a la citada ley. De este modo, aunque las empresas retendrán IRPF en las nóminas, Hacienda les devolverá el importe cuando presenten la declaración. Esta medida, que figura en la disposición adicional sexagésima primera, fue fruto de un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, que puso fin a las críticas sobre la fiscalidad del salario mínimo. Este jueves, el Senado deberá pronunciarse sobre las enmiendas admitidas (cuatro de las 18 presentadas), ninguna de las cuales modifica la disposición mencionada. A continuación, el texto regresará al Congreso, que podrá aprobar o rechazar las enmiendas por mayoría simple. Si se aprueba, solo quedaría pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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(El Economista, 09-07-2025) | Fiscal

La recaudación por IRPF aumenta un 11,1%

La recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ascendió, entre los meses de enero y mayo, a 55.304 millones de euros. Este resultado supone un nuevo récord que supera en un 11,1% al resultado obtenido en los primeros cinco meses del año anterior y que viene marcado por el incremento de las retenciones a los rendimientos del trabajo, como consecuencia de que se haya comenzado a retener a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este avance del 9,8% también viene impulsado por la mejora experimentada por los salarios, superior al 3% según las medidas que registran las estadísticas de los nuevos convenios colectivos firmados y las cifras que manejan los principales centros de estudios y a su vez, por la subida de 50 euros brutos aplicada al propio SMI. Por el momento, la Agencia Tributaria no refleja el impacto de la nueva deducción en la recaudación, dado que quedan algunos pasos para su aprobación definitiva. Si bien, extiende los efectos advertidos por el cambio efectuado en 2024 para liberar a los perceptores del SMI de la obligación de cotizar. Hacienda cifró en 129 millones la cantidad que dejaba de percibir por excluir a este colectivo, de los que 75 venían explicados por las nóminas de los pensionistas que también se veían beneficiados por la ampliación de la reducción por la obtención de rendimientos del trabajo. El balance del impacto de los cambios legales sobre la recaudación es positivo, sin embargo, ya que en 2025 también se harán notar los efectos de las subidas del IVA a la electricidad, al gas natural, a la madera y los pelletes, así como del Impuesto Especial sobre la Especialidad que Junts y PP intentaron tumbar con una enmienda que después fue vetada por el Gobierno. A su vez, se sumará la recaudación por la subida del IVA en alimentación, el aumento del impuesto especial sobre el tabaco y de las medidas adoptadas para paliar la situación de las zonas afectadas por la DANA que tuvo lugar en octubre en las inmediaciones de Valencia. Todos estos elementos aportarán 2.815 millones de euros que compensan la pérdida por el beneficio al SMI.

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(El Economista, 09-07-2025) | Fiscal

El Supremo carga contra el "acomodo" de Hacienda de valorar pisos sin visitar el interior

El Tribunal Supremo ha reprendido a la Agencia Tributaria por valorar inmuebles sin inspeccionarlos por dentro, una práctica que considera contraria a la buena praxis. En una sentencia emitida el 24 de junio, el alto tribunal establece un criterio claro tras varios fallos previos en los que ya advertía de la necesidad de que los peritos de Hacienda accedan al interior de las propiedades para poder calcular correctamente la base imponible sobre la que se aplican los impuestos. El Supremo deja claro que limitarse a observar el exterior de una vivienda y tomar fotografías no justifica prescindir de una revisión interna. Si no se realiza esa visita, el técnico debe justificar debidamente por qué no ha sido posible o por qué no era necesaria. Desde enero de 2022, cuando se compra o hereda un inmueble, se tributa en función del valor de referencia establecido por el Catastro. No obstante, si dicho valor no existe, se toma como base el valor de mercado o el precio acordado. Igualmente, si una persona transfiere una propiedad a una empresa, debe tributar en el IRPF por la ganancia o pérdida patrimonial, determinada por la diferencia entre el valor de compra y el de mercado al momento de la operación. Es en estos casos -como los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, o el IRPF- donde, si Hacienda discrepa con la liquidación presentada por el contribuyente, puede recurrir a un informe pericial para valorar los bienes. Cuando se usa el valor de referencia y este es impugnado, el fisco solicita al Catastro una revisión, sin intervención de un perito. Sin embargo, cuando se recurre a un perito para estimar el valor del inmueble, este debe hacer una valoración individualizada, que incluya la inspección del interior para evaluar el estado de conservación, los materiales y otras características relevantes. Además, el Supremo subraya que los jueces deben verificar si la metodología utilizada por el técnico de la Administración es adecuada y conforme a la buena práctica profesional. Si no se realiza la visita al interior, el informe debe incluir una justificación clara y razonada. El Tribunal también aclara que el hecho de que el contribuyente pueda aportar un informe elaborado por un perito independiente como prueba adicional no exime a Hacienda de cumplir con los requisitos formales y técnicos de su propia tasación. En el caso concreto que analiza la sentencia, el informe del perito incluía frases como "según se puede observar desde el exterior", lo cual, según el Supremo, no cumple con los estándares exigidos por la jurisprudencia. Critica que el técnico diera por hecho el estado del interior basándose en la apariencia externa del inmueble, sin constancia de que hubiera solicitado permiso para entrar a la vivienda. La sentencia concluye que la simplificación administrativa no puede ser excusa para renunciar a los procedimientos adecuados ni para reducir las garantías legales de los contribuyentes, incluso si ello implica más trabajo para la Administración.

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(Cinco Días, 08-07-2025) | Fiscal

Bruselas desbloquea 24.137 millones de euros para España de los fondos europeos pero recorta 1.100 por el retraso en la reforma fiscal verde

España ha recibido este lunes un nuevo desembolso de 24.137 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, la cifra final ha sido inferior a la solicitada, ya que la Comisión Europea ha recortado alrededor de 1.100 millones de euros debido al incumplimiento de algunos compromisos de reforma asumidos por el Gobierno español. En concreto, Bruselas ha descontado 626 millones por no haber compensado adecuadamente a los funcionarios interinos, unos 460 millones por no haber implementado el incremento fiscal al diésel, y unos 40 millones relacionados con la digitalización de administraciones autonómicas y locales, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estos recortes forman parte del propio funcionamiento del mecanismo de los fondos europeos, los cuales están condicionados al cumplimiento de ciertos objetivos y reformas previamente pactadas. Para acceder a estas ayudas sin precedentes destinadas a la recuperación económica tras la pandemia, los países deben realizar inversiones y reformas estructurales. Bruselas mantiene una evaluación constante -tanto técnica como política- sobre el avance de estos compromisos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitó el quinto tramo de fondos europeos en diciembre de 2024, a la espera de la validación por parte de Bruselas. Según la Comisión, la colaboración con las autoridades españolas ha sido estrecha, y finalmente se ha autorizado el desembolso más cuantioso hasta la fecha: unos 8.000 millones en subvenciones y unos 16.000 millones en forma de préstamos. El Ministerio de Hacienda confirmó que el desembolso bruto asciende a 24.137 millones de euros, correspondientes a la evaluación favorable de 41 objetivos y 28 hitos del plan de recuperación. La cifra neta, excluyendo anticipos ya recibidos, es de 22.926 millones, repartidos en 6.991 millones en subvenciones y 15.935 millones en préstamos, según detalló el departamento que encabeza María Jesús Montero. Aunque la reducción en el importe era previsible, no significa que el dinero perdido esté fuera de alcance de forma definitiva. De hecho, los fondos bloqueados quedan congelados y los Estados tienen hasta seis meses para corregir los incumplimientos y cumplir con los compromisos. Ya ha habido precedentes: en el caso del cuarto pago, se retuvieron 158 millones por no haber implementado completamente el programa de los "agentes del cambio", que finalmente se ha validado ahora, desbloqueando esos fondos. Uno de los incumplimientos más destacados ha sido la falta de compensación adecuada a los funcionarios interinos, lo que deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que determinó que la reforma adoptada por España era insuficiente. Aunque inicialmente se consideró cumplido el objetivo y se desembolsaron los fondos, la Comisión ha tenido que corregir su posición y suspender esa parte del pago en los tramos siguientes. El segundo incumplimiento es la no equiparación tributaria entre el diésel y la gasolina. Esta medida, incluida en varias versiones del plan de recuperación y en el marco de la consolidación fiscal, no ha podido salir adelante por falta de apoyos parlamentarios. Ya fue rechazada en los Presupuestos de 2021, en parte por la negativa del PNV, y volvió a fracasar en diciembre pasado cuando se intentó incluir en un nuevo paquete fiscal. Respecto al hito sobre digitalización de entidades locales y regionales, Hacienda asegura que en su mayoría está cumplido, aunque la Comisión ha pedido más tiempo para completar su evaluación. Durante las negociaciones sobre este quinto tramo, también surgieron tensiones en torno a la reforma de las pensiones. Bruselas cuestionó la metodología establecida por el Gobierno para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) analizara la sostenibilidad del sistema. Esto hizo que la Comisión considerara invalidar la reforma, aunque finalmente España se comprometió a rehacer ese análisis, y el buen comportamiento económico previsto sugiere que no será necesario aplicar ajustes significativos. Con este nuevo desembolso, España ha recibido ya alrededor de 55.000 millones de euros en subvenciones, lo que representa cerca del 70% del total previsto, situándose a la cabeza de Europa, por delante de Italia y Francia. A esta cifra se suman los 16.000 millones en préstamos, alcanzando en total los 71.000 millones, aún lejos de los 163.014 millones que le corresponden en total.

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(El Confidencial, 08-07-2025) | Fiscal

La Generalitat recaudará la totalidad del IRPF en Cataluña

El acuerdo que se presentará el próximo 14 de julio en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat incluirá una propuesta clave relacionada con la financiación autonómica, según han confirmado fuentes políticas involucradas en las negociaciones. Como parte del pacto, está previsto que en septiembre se registre en el Congreso una nueva proposición de ley que permita a la Generalitat asumir la gestión de la recaudación del IRPF. En 2024, este impuesto generó 129.400 millones de euros para el conjunto del Estado, de los cuales 24.852 millones procedían de Cataluña, según datos de la Agencia Tributaria. Aunque aún se están ultimando algunos detalles, el núcleo del acuerdo será un calendario político para impulsar una nueva legislación que habilite a Cataluña a ejercer esta competencia. No obstante, la ley contemplará que esta posibilidad se extienda también a otras comunidades autónomas que lo soliciten, como vía para reforzar su capacidad recaudatoria. Ahora bien, el hecho de que la Generalitat gestione estos fondos no implica que pueda quedarse con el total recaudado. En la actualidad, Cataluña, al igual que las demás comunidades de régimen común, recibe el 50% de la liquidación neta del IRPF. Por esta razón, el acuerdo global sobre el nuevo modelo de financiación no se cerrará completamente el 14 de julio. Quedará para una fase posterior la definición de cuánto dinero adicional aportará el Estado a las comunidades autónomas, con el fin de compensar el aumento del gasto social acumulado durante los años en los que el sistema ha estado desactualizado. También se aplazará la discusión sobre los criterios para distribuir esos fondos entre las distintas autonomías. Lo que sí está pactado ya es el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley en septiembre. Esta incluirá reformas en tres normas clave: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece el marco general; la Ley de Financiación Autonómica, que regula aspectos como la cesión de tributos y los fondos de nivelación; y la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas. El compromiso es que esta nueva legislación quede aprobada antes del 31 de diciembre de este año, según han explicado fuentes de la Generalitat implicadas en los acuerdos. Desde la Conselleria de Economía, por el momento, han preferido no hacer declaraciones. Los principales interlocutores en este acuerdo han sido Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda y persona de máxima confianza de la ministra María Jesús Montero; Alicia Romero, consellera de Economía; y Lluís Salvadó, secretario general adjunto de ERC y figura cercana a Oriol Junqueras. También ha tenido un papel relevante el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, mano derecha del president Salvador Illa, especialmente en la coordinación entre la Generalitat y ERC. Los republicanos han estado informados en todo momento de la evolución de la propuesta y le han dado su respaldo. De hecho, varias de las reuniones más importantes entre Romero y Salvadó se han celebrado en el despacho de Dalmau en el Palau de la Generalitat, según indican fuentes próximas al proceso negociador. Cabe destacar que ha sido ERC el motor principal de este pacto. Cuando hace unas semanas la ministra María Jesús Montero decidió pausar las conversaciones por temor a una respuesta negativa del PP -que ya había mostrado su oposición durante la reciente cumbre de presidentes en Barcelona-, fue ERC quien insistió con más fuerza en reactivar el diálogo y retomar las negociaciones. El mayor problema de un pacto como este es técnico. Con solo 830 trabajadores, de los cuales apenas una decena son inspectores de Hacienda, la Agencia Tributaria de Cataluña de la Generalitat no puede asumir la recaudación del IRPF de 2025, que tendría que arrancar en la primavera del año que viene. La nueva ley tendrá que instrumentar el modo en que este ente se coordina con la Agencia Tributaria central para irse haciendo cargo de manera progresiva con la gestión de un impuesto tan complejo como el IRPF. Algo que sería equivalente a, por ejemplo, el despliegue de los Mossos, y que puede tardar cinco o seis años, hasta que esta nueva competencia pueda ejercerse de manera plena.

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(Expansión, 04-07-2025) | Fiscal

La Cámara de Representantes da luz verde definitiva al plan fiscal de Trump

El presidente de Estados Unidos ha presentado el plan como el mayor recorte de impuestos y de gasto público en la historia del país. Según las estimaciones, el Estado dejaría de recaudar hasta 4,5 billones de dólares en los próximos diez años, lo que incrementaría el déficit fiscal en alrededor de 3 billones más. El controvertido paquete fiscal impulsado por Donald Trump ha superado su último escollo legislativo: ha sido aprobado por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 214 en contra, y solo falta la firma del presidente para que se convierta en ley. El miércoles anterior, el proyecto fue aprobado por el Senado con una mayoría mínima (51 votos frente a 50), reflejando las divisiones internas dentro del Partido Republicano respecto a este ambicioso plan presupuestario. Según Trump, se trata del recorte fiscal más importante en la historia del país, y su intención es ratificar la ley coincidiendo con el Día de la Independencia. La propuesta busca consolidar y hacer permanentes las rebajas fiscales que se introdujeron durante su primer mandato (2017-2021). Se estima que, como resultado, el gobierno federal perderá entre 4 y 4,5 billones de dólares en ingresos durante la próxima década. Esto provocaría un aumento del déficit fiscal, que ya alcanzó los 1,1 billones en el último ejercicio, sumando otros 3 billones al desequilibrio financiero, un aspecto que ha generado fuertes desacuerdos entre los legisladores republicanos. Entre las disposiciones incluidas en la ley, una que se ha presentado como un beneficio para los trabajadores es la exención del pago de impuestos federales sobre las propinas, hasta un máximo de 25.000 dólares anuales, medida que estará vigente hasta 2028 y que podría beneficiar a unos 4 millones de personas en todo el país. Sin embargo, buena parte de los recortes fiscales se compensarían mediante reducciones de gasto por valor de unos 1,2 billones de dólares. Estas afectarán a programas sociales clave como Medicaid (atención médica para personas de bajos ingresos), SNAP (asistencia alimentaria) o el conocido Obamacare. Como consecuencia, millones de ciudadanos podrían perder el acceso a estos servicios. Una de las pocas áreas donde se contempla un aumento del presupuesto es la relacionada con la seguridad y el control fronterizo. Se proyecta una inversión adicional de unos 175.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, destinada a la construcción de nuevos centros de detención, barreras físicas como muros, así como al desarrollo de tecnología de vigilancia y a la contratación de más personal para controlar la frontera con México y perseguir la inmigración ilegal dentro del país.

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(Expansión, 03-07-2025) | Fiscal

Hacienda gana 2.800 millones más de lo previsto en la Campaña de IRPF

La última Campaña de la Renta, que comenzó en abril y finalizó este lunes, ha resultado especialmente positiva para Hacienda, superando con creces sus previsiones de recaudación. La liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2024 no solo ha batido récords en cuanto al número de declaraciones presentadas, sino que ha dejado un saldo neto a favor del Estado que excede en aproximadamente 2.800 millones de euros las estimaciones iniciales. Según los datos difundidos ayer por la Agencia Tributaria, al cierre de la campaña se habían registrado 24,57 millones de declaraciones del IRPF, una cifra histórica que, aunque es algo inferior (en unos 300.000 contribuyentes) a lo que se había anticipado, representa un aumento del 2,3% respecto al año anterior. Del total de declaraciones, 15,93 millones resultaron con saldo a favor del contribuyente -es decir, con derecho a devolución-, lo que supone un descenso del 1,81% en comparación con el año previo. En total, Hacienda debe reembolsar 13.670 millones de euros, un 0,71% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las proyecciones iniciales del organismo: se preveían 17,07 millones de devoluciones por un importe total de 14.908 millones, por lo que finalmente se han registrado 1,14 millones menos de devoluciones y 1.238 millones menos de lo esperado en cuantía. Por otro lado, el número de declaraciones con resultado a pagar ha aumentado notablemente, alcanzando los 6,93 millones (un 12% más que el año pasado), con una recaudación de 20.620,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,9%. Estas cifras superan ampliamente las previsiones iniciales de la Agencia Tributaria, que esperaba 6,07 millones de declaraciones positivas por un importe de 19.093 millones. Como resultado global, la Campaña de la Renta de 2024 cierra con un balance favorable para Hacienda de 6.950 millones de euros, lo que representa 2.765 millones más que los 4.185 millones de ingresos netos estimados en abril. Entre los principales factores que explican este resultado, fuentes oficiales destacan el buen comportamiento de los rendimientos del capital mobiliario y las plusvalías, además de un rendimiento superior al previsto en operaciones inmobiliarias y actividades económicas. Hasta el cierre de la campaña, la Agencia Tributaria ya había procesado la mayor parte de las devoluciones, habiendo reembolsado 9.100 millones de euros a 12,58 millones de contribuyentes. Esto supone un aumento del 5,8% en el importe devuelto y del 0,7% en el número de beneficiarios respecto al cierre del IRPF del año anterior. Aun así, estos datos indican que Hacienda ha completado el 78,9% de las devoluciones solicitadas y el 66,5% del importe total a devolver, por lo que aún queda pendiente el abono de cerca del 21% de los casos y un tercio del dinero. En cuanto a los canales de presentación, 2,9 millones de personas utilizaron las vías rápidas habilitadas por la Agencia Tributaria. La nueva opción de Renta Directa, un modelo simplificado y visual, fue utilizada por 1,02 millones de los 4 millones de contribuyentes a los que se les ofreció. Además, 1,18 millones presentaron su declaración mediante atención telefónica y 696.000 lo hicieron a través de la aplicación móvil, de las cuales 518.000 se tramitaron con un solo clic. Paralelamente, también se desarrolló la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo estatal gestionado por las comunidades autónomas, que ahora cobra mayor relevancia tras la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Esta medida ha motivado que varias regiones que antes bonificaban el Patrimonio hayan decidido recuperarlo para no ceder esa recaudación al Estado. En esta ocasión, se han presentado 266.000 declaraciones por este impuesto, generando unos ingresos de 2.133 millones de euros, superando en 69 millones las previsiones iniciales.

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