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(Expansión, 16-03-2026) | Fiscal

La excesiva fiscalidad de las plusvalías paraliza operaciones

Un informe legal encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte de que la normativa vigente sobre ganancias y pérdidas patrimoniales presenta deficiencias importantes que afectan negativamente a la inversión empresarial. Desde el ámbito empresarial se defiende que una fiscalidad moderada y equilibrada favorece la inversión, impulsa la creación de riqueza y empleo y dinamiza la actividad económica, lo que a su vez amplía la base de contribuyentes y aumenta la recaudación pública. Por el contrario, una presión fiscal excesiva tiene el efecto opuesto: reduce la inversión, perjudica la competitividad y limita el crecimiento potencial de la economía. En España, la presión fiscal ha aumentado durante los gobiernos de Pedro Sánchez a un ritmo tres veces superior al de la media de la OCDE: 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, frente al 0,7% registrado en los países industrializados. Esto ha incrementado la carga tributaria para ciudadanos y empresas. No solo por la introducción de nuevos gravámenes -como los impuestos a bancos y energéticas, el impuesto a las grandes fortunas o el aumento de las cotizaciones sociales-, sino también por el endurecimiento progresivo del tratamiento fiscal de otras figuras, entre ellas las ganancias patrimoniales. Según la AMEF, la elevada tributación sobre estas ganancias está bloqueando numerosas operaciones empresariales, por lo que consideran urgente reformar el régimen aplicable en el IRPF. Antonio Barderas, director de la asociación, sostiene que cuando los impuestos son razonables la economía se mueve y la recaudación aumenta, pero si la carga fiscal resulta desproporcionada -como, a su juicio, ocurre actualmente con las plusvalías- la actividad económica se contrae y la Administración termina recaudando menos. El estudio jurídico elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, concluye que la regulación actual presenta problemas estructurales que influyen negativamente en las decisiones de inversión. Entre otras cuestiones, señala que dificulta el relevo generacional en las empresas familiares al penalizar la transmisión de negocios entre padres e hijos. Uno de los problemas detectados es la superposición de impuestos. Las ganancias patrimoniales gravadas en el IRPF pueden coincidir con otros tributos, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -la conocida plusvalía municipal- o con impuestos que gravan incrementos patrimoniales a título gratuito, como Sucesiones y Donaciones. Esto genera situaciones de doble imposición, que aunque se atenúan parcialmente mediante deducciones o exenciones, siguen existiendo. Otro aspecto criticado es que el sistema español grava no solo las ganancias reales, sino también las nominales. Al no tener en cuenta la inflación al calcular la plusvalía, puede ocurrir que el valor de un bien haya aumentado nominalmente pero no en términos reales. El informe recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias sobre la plusvalía municipal que solo pueden gravarse incrementos de valor reales y no ficticios, llegando a declarar inconstitucional en 2017 el impuesto en los casos en que no existiera un aumento efectivo del valor. A ello se suma la tributación de ganancias no materializadas, como sucede en determinadas transmisiones gratuitas entre vivos. Desde la AMEF sostienen que el incremento de valor de un bien debería tributar únicamente cuando se produce una venta y el propietario obtiene efectivamente un beneficio económico. Es decir, si no hay una cantidad percibida, no debería exigirse tributación por plusvalía. Por ello, una de las principales propuestas del informe consiste en eliminar la tributación de las ganancias patrimoniales en las donaciones. Actualmente, el donante debe pagar impuestos aunque no obtenga ningún ingreso, y además no puede compensar posibles pérdidas. La asociación considera que esta situación constituye una asimetría injusta. Otra de las medidas planteadas es establecer un tipo único del 18% para las ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro, en lugar de los cinco tramos actuales que van del 19% al 30%, con el objetivo de reducir la excesiva progresividad aplicada a las ganancias de capital de largo plazo. Asimismo, el informe propone introducir coeficientes de actualización que ajusten el valor de los bienes a la inflación para garantizar que solo se grave la ganancia real. También plantea limitar la tributación a las plusvalías generadas dentro de un periodo determinado entre la adquisición y la venta del bien, como ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania existe un tratamiento específico para la transmisión de inmuebles y en Italia el impuesto solo se aplica si la venta se produce dentro de los cinco años posteriores a la compra. El documento también analiza el llamado impuesto de salida o exit tax, que se aplica a contribuyentes que han residido en España al menos diez de los últimos quince años y que trasladan su residencia fiscal a otro país teniendo participaciones empresariales relevantes (superiores a 4 millones de euros o que representen más del 25% de una empresa valorada en más de un millón). En estos casos, el contribuyente debe tributar por las plusvalías latentes, aunque no haya vendido sus participaciones. El informe considera que esta medida, diseñada para evitar la elusión fiscal, no tiene en cuenta las circunstancias concretas del traslado ni el sistema fiscal del país de destino, por lo que la califica de desproporcionada al presuponer fraude simplemente por cambiar de residencia. Además, el análisis sostiene que, en algunos aspectos, este impuesto podría vulnerar libertades fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y capitales o la libertad de establecimiento. Por todo ello, la AMEF reclama la eliminación del exit tax dentro de una reforma más amplia del régimen de tributación de las ganancias patrimoniales.

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(El País, 16-03-2026) | Fiscal

Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que el Gobierno está preparando un conjunto de medidas para reducir el impacto que la crisis bélica en Oriente Próximo está teniendo en la economía de los ciudadanos. Por ahora, ha adelantado que el Ejecutivo prevé aprobar "en los próximos días y con la mayor rapidez posible" diversas iniciativas de carácter fiscal. En una primera fase, estas se centrarán en los sectores agrario y del transporte por carretera, los más afectados por el aumento del precio de los carburantes provocado por la escalada del conflicto en Irán. Además, insistió en que las ayudas serán muy específicas, ya que el Gobierno considera que, por el momento, la crisis no está afectando de forma generalizada ni a la economía ni al empleo. Entre otras posibles medidas sociales, el Ejecutivo también analiza fórmulas que funcionaron tras la invasión rusa de Ucrania, como impedir el corte de suministros básicos a familias vulnerables o aplicar rebajas fiscales en la factura de la electricidad. Cuerpo realizó estas declaraciones después de reunirse, junto con otros ministros del área económica, con los principales representantes sindicales y empresariales. En ese encuentro compartió con ellos el esquema inicial de las medidas que se están estudiando. No obstante, más allá de mencionar instrumentos fiscales, el ministro no detalló aún las acciones concretas. Sí descartó, en cambio, la posibilidad de repetir la bonificación generalizada a los combustibles que se aplicó tras la guerra de Ucrania -el descuento de 20 céntimos por litro que estuvo vigente durante gran parte de 2022-. Según explicó, se trata de una medida que "no resulta especialmente recomendable", recordando además que fue muy criticada en su momento, algo que el Gobierno tiene ahora en cuenta. De hecho, poco antes los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, también cuestionaron aquellas ayudas al combustible aprobadas tras la guerra en Ucrania. A su juicio, beneficiaron más a los márgenes empresariales que a los consumidores. En este contexto, el ministro anunció que el Gobierno está reforzando la supervisión sobre las compañías petroleras y las estaciones de servicio mediante herramientas de inteligencia artificial y el intercambio diario de datos. El objetivo es evitar comportamientos irregulares en la forma en que el aumento del precio del petróleo se traslada al coste final en las gasolineras. Asimismo, se vigilará que si el precio del crudo baja o se estabiliza, esa reducción llegue también al consumidor. Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del barril de Brent ha pasado de situarse cerca de los 60 dólares a aproximarse a los 120. Sin embargo, el impacto final para el consumidor depende también de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados. Por ahora, el resultado ha sido una subida aproximada del 10% en la gasolina y de alrededor del 20% en el diésel. El ministro tampoco precisó si las medidas se aprobarán mediante un único real decreto o varios, ni la fecha exacta de su aprobación, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había indicado horas antes que las ayudas podrían aprobarse el próximo martes en el Consejo de Ministros. En cuanto a otras iniciativas, Cuerpo sugirió que el Ejecutivo valora recuperar la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua y gas- a los consumidores vulnerables incluso cuando existan impagos. Esta medida se aplicó en 2021 y se prorrogó en el marco del denominado escudo social vinculado a la pandemia y a la guerra de Ucrania, aunque parte de ese paquete fue recientemente rechazado en el Congreso. Por otra parte, el titular de Economía descartó aplicar rebajas fiscales generalizadas como la propuesta esta semana por Juan Roig, quien planteó reducir al 0% el IVA de los alimentos. Cuerpo reiteró que las decisiones serán proporcionales al impacto real de la crisis en la economía y en cada sector, y subrayó que las medidas se diseñarán con flexibilidad para adaptarse a la evolución del conflicto. Además, señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el Gobierno no ha detectado por ahora aumentos de precios en la distribución alimentaria. En ese sentido, las medidas dirigidas al transporte buscan evitar que el incremento de costes se traslade a la cadena logística y, finalmente, a los supermercados. Aun así, el ministro anticipó que es probable que la inflación registre un repunte en marzo y abril. La duración del conflicto será determinante para saber si ese aumento del índice de precios al consumo se prolonga más allá de esos meses. Si ocurriera, explicó, el Banco Central Europeo podría verse obligado a valorar una subida de los tipos de interés, lo que implicaría, por ejemplo, un encarecimiento de las hipotecas. No obstante, insistió en que actualmente no se contempla ese escenario. Del mismo modo, rechazó implícitamente la propuesta de los ministros de Sumar de congelar los precios y condiciones de los alquileres, al considerar que cualquier medida debe ser proporcional a la magnitud de la crisis. Según subrayó, el impacto económico actual está muy lejos del provocado por la guerra de Ucrania. También señaló que Comisión Europea no considera por ahora necesario activar la denominada cláusula de escape que permitiría a los Estados incumplir temporalmente las reglas fiscales. En cambio, Cuerpo valoró positivamente otras decisiones adoptadas durante la crisis inflacionista de 2022 y 2023, como las reducciones temporales del IVA de la electricidad, que pasó del 21% al 10% y posteriormente al 5%. Aun así, quiso mostrarse prudente y recalcó que los efectos de la guerra con Irán todavía no han afectado de forma generalizada a la economía española, en parte gracias a los avances del país en transición energética y en inversiones en infraestructuras y energías renovables. Asimismo, coincidió con los líderes de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en que el conflicto en Oriente Próximo tampoco ha tenido, por el momento, impacto en el mercado laboral. Según explicó, los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que el empleo sigue evolucionando con normalidad. Gobierno y sindicatos también comparten que, si en algún momento el empleo o la actividad económica se vieran afectados, siguen disponibles herramientas como los ERTE y el mecanismo RED para que las empresas puedan utilizarlos como alternativa a los despidos. Sin embargo, los representantes sindicales indicaron que en la reunión el Gobierno no confirmó que el primer paquete de medidas incluya la prohibición de despidos objetivos relacionados con esta nueva crisis, algo que había insinuado previamente Yolanda Díaz.

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(El Periódico, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda refuerza el control sobre el dinero entre familiares: ¿préstamo o donación?

Prestar dinero a un hijo, recibir apoyo económico para comprar una vivienda o realizar una transferencia a un familiar son situaciones habituales que, a partir de ahora, estarán bajo mayor supervisión. El nuevo plan anual de control fiscal del Gobierno presta especial atención a este tipo de operaciones y advierte de que, si no se justifican correctamente, pueden tener implicaciones fiscales. Esta medida forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero aprobado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo. El documento establece las principales líneas de actuación de la inspección para este año e intensifica el control sobre movimientos de dinero entre particulares que puedan ocultar donaciones no declaradas o préstamos que en realidad no existen. Según explica el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el propósito no es sancionar la ayuda familiar legítima, sino evitar fraudes y prácticas destinadas a esquivar el pago de impuestos mediante operaciones simuladas. Desde el punto de vista fiscal, prestar dinero no es lo mismo que regalarlo. Un préstamo entre particulares es totalmente legal y no se considera una donación a efectos tributarios, incluso si no genera intereses. Sin embargo, es necesario demostrar que existe la obligación de devolver el dinero mediante documentación como un contrato firmado, un calendario de pagos y el correspondiente registro de las transferencias bancarias. Además, el préstamo debe declararse -aunque el tipo sea cero- mediante el modelo correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dentro del plazo establecido. Si no existen estas pruebas o no pueden presentarse, la Administración puede interpretar la operación como una donación encubierta. En ese caso se aplicaría el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que sí obliga a pagar impuestos a la persona que recibe el dinero, con tipos y bonificaciones que varían según la comunidad autónoma. El plan refuerza herramientas que la Agencia Tributaria ya venía utilizando para detectar posibles irregularidades, entre ellas: El cruce de información bancaria para identificar transferencias frecuentes sin documentación que las respalde; la colaboración con las haciendas autonómicas, responsables de gestionar el impuesto sobre donaciones; y el análisis de préstamos declarados que, en la práctica, no presentan devoluciones reales. Los especialistas en fiscalidad recuerdan que lo más importante es que exista coherencia entre lo que se declara y lo que realmente sucede. Si se establece un calendario de pagos, debe cumplirse; y si se trata de una donación, lo adecuado es declararla como tal. Por ello, los asesores fiscales aconsejan seguir tres pautas básicas: formalizar por escrito cualquier préstamo, incluso si se realiza entre familiares cercanos; realizar siempre las operaciones mediante transferencias bancarias que permitan su identificación; y presentar los modelos fiscales correspondientes dentro del plazo establecido, aunque no haya que pagar impuestos. El incremento del control no impide que las familias se ayuden económicamente, pero sí exige que estas operaciones estén debidamente documentadas para evitar problemas con la Administración.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

Hacienda reactiva la obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales

El Ministerio de Hacienda ha reactivado el proceso para implantar la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y autónomos. Según ha anunciado la Administración, durante 2026 se elaborará una orden ministerial que permitirá desarrollar la llamada Solución Pública de Factura Electrónica, una plataforma gratuita y de uso voluntario que facilitará la emisión y recepción de facturas digitales y que actuará también como un repositorio centralizado donde se almacenarán todas las facturas intercambiadas entre profesionales. La aprobación de esta orden será el paso previo para activar la nueva obligación. De acuerdo con la normativa, el real decreto que regula el marco jurídico de la facturación electrónica entrará en vigor un año después de que se apruebe dicha orden ministerial. A partir de ese momento, las empresas y autónomos con una facturación superior a 8 millones de euros anuales deberán empezar a emitir sus facturas en formato electrónico. Por su parte, los negocios con ingresos inferiores a esa cifra contarán con un plazo más amplio: tendrán que adaptarse a las nuevas normas dos años después de la aprobación de la orden. En la práctica, si Hacienda aprueba la orden durante 2026, las empresas de mayor tamaño deberán cumplir la obligación en 2027, mientras que las más pequeñas dispondrán de margen hasta 2028. Este sistema de facturación electrónica es diferente del programa Verifactu, cuya entrada en vigor está prevista para 2027. Mientras la facturación electrónica exige emitir documentos en un formato digital estructurado que pueda ser procesado por sistemas informáticos, Verifactu obliga a utilizar un software específico capaz de enviar determinados datos de las facturas a Hacienda prácticamente en tiempo real, aunque estas se generen con herramientas como Word o Excel siempre que los datos puedan procesarse. La obligación de emitir facturas electrónicas afectará a empresarios y profesionales que facturen a otras empresas o autónomos. Sin embargo, no será necesario utilizar este formato en operaciones con consumidores finales, como ocurre con los tiques que se entregan habitualmente en comercios, bares o peluquerías. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, Hacienda pondrá a disposición de los contribuyentes una plataforma pública gratuita que podrán utilizar empresas de cualquier tamaño. No obstante, su uso no será obligatorio, ya que quienes lo prefieran podrán recurrir a soluciones tecnológicas privadas para gestionar sus facturas. En caso de utilizar plataformas privadas, las empresas estarán obligadas a remitir una copia exacta de cada factura emitida al sistema público, así como a informar sobre si la factura ha sido aceptada o rechazada y en qué momento se ha realizado el pago. Las compañías con ingresos superiores a 8 millones de euros deberán empezar a enviar esta información un año después de la aprobación de la orden ministerial, mientras que aquellas con una facturación menor lo harán tres años después de su entrada en vigor. El propósito de implantar la facturación electrónica es impulsar la digitalización del tejido empresarial, mejorar la información sobre los plazos de pago entre empresas -con el fin de reducir la morosidad- y reforzar el control fiscal, especialmente en lo relativo al fraude del IVA. Esta obligación se deriva de la Ley Crea y Crece de 2022 y está estrechamente vinculada con el sistema Verifactu, desarrollado a partir de la ley antifraude de 2021, que permitirá a la Administración supervisar de forma más completa el proceso de facturación y liquidación del IVA. Además, el repositorio de facturas no solo estará disponible para la Agencia Tributaria estatal, sino que también podrá ser consultado por las administraciones tributarias autonómicas. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2026, la Agencia Tributaria ya ha avanzado que durante este ejercicio pondrá en marcha una estrategia de información y asistencia para ayudar a los contribuyentes a adaptarse al uso de la futura Solución Pública de Facturación Electrónica.

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(El Economista, 16-03-2026) | Fiscal

La Agencia Tributaria recauda más de 5.100 millones de los juegos de lotería desde que obligó a tributar por ellos en 2013

La Agencia Tributaria ha ingresado 5.104 millones de euros por la tributación de premios de lotería desde que estos comenzaron a pagar impuestos en enero de 2013. El organismo ha publicado los datos actualizados hasta noviembre de 2025, que muestran la evolución de la recaudación obtenida por las ganancias derivadas de premios de Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y Cruz Roja. Actualmente, estos premios están sujetos a un impuesto del 20%, aunque desde 2018 se aplica una exención para los primeros 40.000 euros ganados. Esto significa que el gravamen solo se aplica sobre la parte del premio que supera esa cantidad. Durante 2025, entre enero y noviembre, Hacienda recaudó 318 millones de euros, una cifra inferior a los 370 millones obtenidos en 2024. No obstante, los datos aún no incluyen el mes de diciembre de 2025, que suele ser especialmente relevante debido al sorteo de la Lotería de Navidad. La Administración también ha detectado un cambio reciente en el comportamiento de los premiados a la hora de cobrar sus ganancias. Tradicionalmente, la mayoría de los ganadores de la Lotería de Navidad solían reclamar su premio en el mismo mes del sorteo, es decir, en diciembre. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que muchos optan por hacerlo en enero. De hecho, en 2024 más del 80% de los premiados cobraron su dinero en ese mes. Aun así, la Agencia Tributaria señala que ese porcentaje tan elevado fue una circunstancia particular de ese año y que no necesariamente se repetirá en el futuro. En 2024 -último ejercicio con datos completos- la recaudación total por este concepto alcanzó 370 millones de euros. De esa cantidad, 315 millones correspondieron a premios cobrados por particulares, 19 millones fueron abonados por entidades como asociaciones o cofradías, y 35 millones procedieron de ganadores extranjeros. En conjunto, durante ese año los distintos premiados obtuvieron 2.103 millones de euros en ganancias procedentes de sorteos de lotería.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Gobierno baraja rebajas fiscales a la luz pero busca alternativas a la bonificación sobre el litro de carburante

El Gobierno está preparando un plan para hacer frente a las consecuencias económicas que el conflicto en Oriente Próximo puede tener en España. Este plan incluirá medidas fiscales destinadas a frenar el aumento de los precios de la energía, así como acciones concretas para reducir el impacto del encarecimiento de los carburantes, prestando especial atención a sectores como el agrícola y el transporte. También contempla recuperar parte del llamado escudo social y activar mecanismos para proteger el empleo. Así lo explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con empresarios y sindicatos para analizar posibles medidas, que el Ejecutivo pretende aprobar "en los próximos días" con la mayor rapidez posible, aunque no precisó si será en el Consejo de Ministros del próximo martes. Durante su intervención, Cuerpo quiso transmitir un mensaje de calma a la población y aseguró que la situación actual está lejos de la vivida en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según indicó, España llega a este momento con una mayor preparación en materia de seguridad energética, gracias a su apuesta por las energías renovables, la electrificación de la economía, la diversificación de fuentes de suministro y el desarrollo de infraestructuras como redes de transporte energético, refinerías o plantas de regasificación. El ministro detalló que el plan del Gobierno se estructurará en cuatro grandes bloques. El primero incluirá medidas fiscales dirigidas a reducir el coste de la electricidad y de la energía, siguiendo el modelo de algunas decisiones adoptadas durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, cuando se rebajaron impuestos relacionados con la electricidad. El segundo bloque estará enfocado en mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, en sectores como el agrícola, el transporte por carretera y la logística, que son los más afectados. En este sentido, Cuerpo señaló que, tras consultar con agentes sociales y sectores implicados, se ha descartado repetir la bonificación general de 20 céntimos por litro aplicada en 2022. En su lugar, el Gobierno estudia fórmulas alternativas que permitan que las ayudas se reflejen de forma más efectiva en los precios finales y garanticen condiciones de competencia. Además, el Ministerio de Economía reforzará la vigilancia de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para comprobar la eficacia de las medidas, se empleará inteligencia artificial que permitirá supervisar los precios aplicados en las cerca de 12.600 estaciones de servicio del país. El tercer bloque del plan contempla recuperar algunas medidas del escudo social que quedaron paralizadas tras ser rechazadas en el Parlamento, como la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables o el mantenimiento del bono social eléctrico. También se prevé activar mecanismos de protección laboral, entre ellos los ERTE, para proteger el empleo en caso de que la situación económica se complique. Por último, el Ejecutivo quiere seguir impulsando su estrategia a largo plazo basada en el desarrollo de energías renovables, la transición ecológica y la electrificación de la economía, que el ministro considera una herramienta clave para reducir el impacto de futuras crisis energéticas. Cuerpo insistió en que la prioridad actual es cerrar cuanto antes un paquete de medidas que responda a las dificultades que ya están experimentando ciudadanos y empresas, incorporando las propuestas de sectores económicos, agentes sociales y grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible. En un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Irán y sus posibles efectos en la economía mundial, el ministro subrayó que las decisiones deben adoptarse con rigor, responsabilidad y suficiente flexibilidad para adaptarse a cómo evolucione la situación.

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(Expansión, 13-03-2026) | Fiscal

El Plan de Control de Hacienda para 2026 estrecha el cerco sobre actividades digitales

La Agencia Tributaria reforzará este año su control sobre el uso de los inmuebles, realizará inspecciones en viviendas destinadas al alquiler turístico, supervisará los ingresos del sector de la construcción y pondrá especial atención en ámbitos como las criptomonedas, los neobancos y las plataformas digitales. Las actividades vinculadas al entorno digital y al sector inmobiliario serán los dos principales focos de actuación de Hacienda durante 2026. Así lo establece el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el ámbito digital, la Agencia Tributaria centrará su vigilancia en los criptoactivos, las entidades financieras digitales, los pagos realizados mediante teléfonos móviles y los ingresos procedentes de plataformas online. En el plano físico, el control se intensificará sobre el mercado inmobiliario, la construcción y las viviendas destinadas al alquiler vacacional. Todo ello sin dejar de lado otros objetivos como la detección de falsas residencias fiscales, el control de grandes fortunas y multinacionales, el fraude relacionado con hidrocarburos o el uso de sociedades ficticias. Uno de los ejes de la estrategia de control consistirá en recopilar cada mes información sobre la titularidad de cuentas bancarias y sobre los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de sistemas de cobro con tarjeta (TPV) o mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, como ocurre con aplicaciones de pago instantáneo. El control sobre las criptomonedas será otra de las prioridades del organismo. Según explica el plan, la naturaleza tecnológica y la facilidad para mover estos activos entre países generan una mayor dificultad para la Administración a la hora de obtener información, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de supervisión y la cooperación internacional. El documento advierte de prácticas que dificultan la identificación de los verdaderos titulares de estos activos digitales, como el uso de plataformas de intercambio situadas en otros países, la utilización de monederos electrónicos no custodiados o las transferencias directas entre carteras personales. Para combatirlo, Hacienda aprovechará las nuevas obligaciones informativas de los contribuyentes y empleará herramientas de seguimiento basadas en tecnología blockchain, con el objetivo de localizar operaciones relevantes y detectar posibles patrimonios no justificados o ingresos no declarados. Dentro del entorno digital, también se impulsarán investigaciones sobre los llamados neobancos, entidades financieras que operan de forma digital y que a menudo utilizan licencias bancarias de otros países de la Unión Europea. El objetivo es evitar que estas plataformas puedan utilizarse para ocultar patrimonio o ingresos. Asimismo, la Agencia Tributaria continuará utilizando sistemas automatizados de información para supervisar los beneficios obtenidos a través de plataformas digitales dedicadas a la compraventa de productos, la prestación de servicios profesionales o el alquiler de viviendas y medios de transporte. En el ámbito inmobiliario, una de las novedades será la estrategia para detectar viviendas turísticas no declaradas. Para ello se elaborará un mapa que clasifique los inmuebles según su uso y se llevarán a cabo inspecciones presenciales para comprobar cómo se utilizan las viviendas en zonas urbanas. Estos planes de visitas permitirán identificar alquileres que se declaran con un uso diferente al real y detectar posibles irregularidades en los arrendamientos turísticos o de temporada. El plan también contempla reforzar la lucha contra el fraude fiscal en empresas con grandes volúmenes de negocio, en personas con patrimonios elevados y en casos de utilización indebida de estructuras societarias. Además, se intensificará la vigilancia sobre sectores económicos en expansión, como el comercio electrónico y el mercado inmobiliario y de la construcción. Por otro lado, Hacienda reforzará el control sobre las falsas residencias fiscales, tanto en el extranjero como entre distintas comunidades autónomas, en colaboración con las administraciones regionales. En el caso de las grandes fortunas, se investigarán especialmente aquellas situaciones en las que se detecten signos externos de riqueza que no se correspondan con los ingresos declarados. El uso de sociedades pantalla, empresas instrumentales o compañías sin actividad real será objeto de especial vigilancia. Finalmente, las grandes empresas también estarán bajo el foco de la inspección tributaria, especialmente tras la entrada en vigor del nuevo tipo mínimo global del 15% aplicado a grandes corporaciones y multinacionales.

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(El País, 13-03-2026) | Fiscal

Hacienda redoblará el control sobre el fraude en los alquileres de temporada y pisos turísticos

Ante las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda en España, la Agencia Tributaria ha decidido centrar una parte importante de su estrategia de control para 2026 en el mercado inmobiliario, especialmente en los alquileres de temporada y en las viviendas destinadas al uso turístico. El objetivo de Hacienda es detectar inmuebles residenciales cuyo uso real no coincida con el declarado y que, en algunos casos, se presenten como alquiler de vivienda habitual cuando en realidad tienen otros fines. Así se recoge en las Directrices del Plan Anual de Control Tributario publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, los inspectores realizarán visitas de comprobación con el fin de identificar mecanismos o fórmulas legales utilizados para esquivar obligaciones fiscales en este tipo de arrendamientos y aliviar, en la medida de lo posible, la presión existente en el mercado del alquiler. Esta intensificación del control llega en un momento en el que el sector de la construcción está experimentando un repunte tras varios años de menor actividad. Por esta razón, Hacienda ampliará la vigilancia sobre todo el ámbito inmobiliario, abarcando desde la promoción y construcción de viviendas hasta su venta, alquiler e intermediación. Se prestará especial atención a los ingresos obtenidos a través de plataformas digitales y a las comisiones de las empresas intermediarias para asegurar que el crecimiento del sector se refleje adecuadamente en la recaudación fiscal. La Agencia Tributaria advierte de que el aumento de la actividad inmobiliaria hace necesario reforzar el seguimiento de determinados riesgos fiscales habituales en este sector. Entre ellos menciona la deducción indebida de gastos financieros, el uso excesivo de subcontrataciones o determinadas prácticas en la comercialización e intermediación de inmuebles. Además, se intensificará el control sobre las actividades económicas relacionadas con la vivienda y los alquileres para detectar ingresos no declarados o casos en los que el uso real de los inmuebles difiere del declarado ante la Administración. También se revisarán con especial detalle otras prácticas que pueden generar irregularidades, como la valoración de los inmuebles en operaciones de compraventa, sobre todo cuando intervienen empresas vinculadas o estructuras societarias. De forma paralela, Hacienda mantendrá los planes de visitas a empresas y profesionales de distintos sectores para comprobar aspectos formales y censales de su actividad. Dentro de estas actuaciones, uno de los objetivos será localizar viviendas que, aunque figuren como alquiler residencial, en realidad se destinan a otros usos -como alquiler turístico o temporal- sin haber sido declaradas correctamente. Esta estrategia de control se desarrolla en un contexto marcado por el fuerte aumento del precio de la vivienda y la escasez de oferta en numerosas ciudades españolas. Ante esta situación, distintas administraciones han intensificado la regulación y la supervisión del mercado. En este marco, Hacienda pretende reforzar el control sobre actividades relacionadas con el alquiler vacacional y con nuevas fórmulas de arrendamiento temporal que, según la propia Administración, en ocasiones se utilizan para ocultar ingresos o evitar obligaciones fiscales. El plan de control para 2026 no se limita, sin embargo, al sector inmobiliario. Como en años anteriores, la Agencia Tributaria también incrementará la vigilancia sobre grandes empresas, contribuyentes con altos patrimonios y estructuras societarias que puedan utilizarse de forma indebida para reducir la carga fiscal. En particular, se prestará atención al uso de sociedades instrumentales para evitar el pago del IRPF o del impuesto sobre el patrimonio, por ejemplo imputando gastos personales a las empresas o mediante fórmulas que encubren el reparto de dividendos. Asimismo, Hacienda reforzará la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Para ello, pondrá el foco en negocios que no aceptan pagos con tarjeta y en contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con los ingresos o el patrimonio que declaran. En materia de impuestos especiales, el plan también contempla un mayor control sobre el fraude relacionado con el impuesto sobre hidrocarburos y con productos sujetos a regímenes fiscales específicos, como el alcohol, las bebidas derivadas o el tabaco. Igualmente, se intensificará la vigilancia sobre el fraude del IVA en operaciones intracomunitarias -especialmente el denominado fraude carrusel- y sobre ciertas operaciones relacionadas con la matriculación y posterior venta de vehículos. Por último, el documento prevé reforzar el control sobre el comercio electrónico y los nuevos modelos de negocio desarrollados a través de redes sociales, así como el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos que puedan emplearse para ocultar ingresos o patrimonios fuera de España.

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(El Confidencial, 13-03-2026) | Fiscal

El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón a Hacienda en su negativa a que se pueda deducir el IVA por invitaciones a clientes a espectáculos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado que las empresas no puedan deducir el IVA de los gastos destinados a invitar a clientes a espectáculos, como palcos deportivos o zonas VIP, siguiendo la postura de Hacienda. La sentencia, publicada este jueves, coincide con el criterio de la abogada general y aclara que los Estados miembros no pueden modificar de manera unilateral las normas del IVA, salvo excepciones previas a la incorporación de España al régimen europeo en 1986. En nuestro país, la Agencia Tributaria impide deducir el IVA en gastos relacionados con invitaciones a clientes para espectáculos y actividades de representación, algo que no ocurre en otros Estados miembros porque no está contemplado en la normativa europea. En casos anteriores, los tribunales dieron la razón a Hacienda frente a reclamaciones de empresas como Randstad, que entre 2009 y 2011 invitó a clientes a los palcos del Santiago Bernabéu, el Camp Nou, la zona Paddock Club del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona y viajes en la embarcación Clipper Stad Amsterdam. Sin embargo, al llegar al Tribunal Supremo, surgieron dudas sobre si la ley española cumplía con la "cláusula stand-still", que permite a los Estados mantener ciertas exclusiones existentes antes de la aplicación de la directiva comunitaria del IVA en 1985. El fallo del TJUE establece que esta prohibición de deducción aplica a espectáculos deportivos y también a otros de carácter recreativo, como cine o teatro. Las empresas no podrán deducir el IVA de los gastos realizados para invitar a clientes, proveedores, asesores o personas vinculadas a la compañía. Antes de 1986, España no tenía un sistema de IVA con deducciones, aunque introdujo una exclusión específica justo antes de su adhesión para mantener dicha prohibición. Tras 40 años, se debatía si esta exclusión era compatible con la normativa europea. Despachos y asesores confiaban en que Europa corrigiera la interpretación de Hacienda, pero la abogada general Juliane Kokot propuso el 23 de octubre dar la razón a la Agencia Tributaria, postura que finalmente adoptó el TJUE este jueves. El tribunal recuerda que la legislación española no amplió el alcance de la exclusión y que, antes de la entrada en vigor del IVA, no existía un sistema que permitiera deducir este tipo de gastos. Además, la normativa nacional define claramente la naturaleza de los bienes y servicios excluidos, garantizando que la excepción no se convierta en una exclusión generalizada. El TJUE considera que la sentencia es relevante porque cierra el debate sobre la validez de la prohibición absoluta de deducir el IVA en atenciones a clientes, proveedores y empleados, incluyendo entradas a espectáculos deportivos o recreativos. Aunque no satisface las expectativas de los contribuyentes, aporta seguridad jurídica. Las empresas deberán asumir que el IVA de este tipo de gastos no es deducible, aunque sí podrá considerarse gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades dentro del límite del 1 % de la cifra neta de negocios. Jorge Gómez, director en Alvarez & Marsal, advierte además que intentar deducir este IVA podría considerarse no razonable según la normativa y conllevar un riesgo de sanción.

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(Expansión, 12-03-2026) | Fiscal

Montero promete el 2,1% de gasto en Defensa este año, 2.300 millones más

La ministra de Hacienda contempla recurrir a la cláusula de escape de las reglas fiscales europeas para poder compatibilizar el aumento del gasto en Defensa con el paquete de medidas que el Gobierno prepara como respuesta al conflicto en Irán. El Ejecutivo tiene la "voluntad firme de mantener la inversión pública" en materia de Defensa después de haber alcanzado en 2025 el 2% del PIB. De hecho, prevé elevar esa cifra hasta el 2,1% durante este año, según anunció en el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para lograrlo, el Gobierno planea repetir el elevado gasto militar del ejercicio anterior y aumentarlo en unos 2.300 millones de euros adicionales. Ante este esfuerzo presupuestario, Montero señaló que, si fuera necesario, el Ejecutivo solicitará la activación de la cláusula de escape de las normas fiscales europeas. El objetivo sería evitar que el incremento de la inversión en Defensa compita con el gasto social, que también aumentará debido al plan de apoyo que el Gobierno está preparando para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Según explicó la ministra, mientras continúe la situación de incertidumbre derivada de la guerra en Irán, el Gobierno acompañará estos créditos con medidas urgentes destinadas a paliar sus efectos. El Ejecutivo trabaja en un conjunto de iniciativas dirigidas a amortiguar el encarecimiento de los precios y apoyar al tejido productivo. Estas medidas se irán aprobando en diferentes Consejos de Ministros en función de la evolución de variables como el precio del petróleo, de la energía y de otras materias primas. En este contexto, Montero presidirá hoy una reunión con los principales ministros del área económica -entre ellos los responsables de Trabajo, Energía, Economía y Seguridad Social- a la que también asistirán representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT para analizar posibles actuaciones. Aún sin concretar el volumen total de las ayudas, la ministra afirmó ante la Comisión de Hacienda del Senado que, si la situación lo requiere, el Gobierno podría solicitar a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para que el incremento de la inversión en Defensa no limite el gasto social. En cuanto al ámbito militar, y a falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026 que consoliden el punto de partida actual, mantener el nivel de gasto alcanzado en 2025 obligaría ya a buscar mecanismos para movilizar unos 10.500 millones de euros. Además, el crecimiento del PIB y el incremento adicional anunciado supondrán unos 2.300 millones más para alcanzar el objetivo del 2,1%. Según las estimaciones de la OTAN, España destinó el año pasado 33.123 millones de euros a Defensa, lo que equivale al 2% de su PIB. Este objetivo estaba inicialmente previsto para 2029, pero el Gobierno lo adelantó tras las presiones del entonces presidente estadounidense Donald Trump para que todos los miembros de la Alianza llegaran a la cumbre de La Haya con ese mínimo de inversión. En esa reunión, los 32 países de la OTAN acordaron reforzar sus capacidades militares hasta alcanzar en 2035 un gasto equivalente al 5% del PIB: un 3,5% en Defensa y un 1,5% adicional en ciberseguridad e infraestructuras. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que España podrá cumplir los compromisos de capacidades con una inversión del 2,1% del PIB, el nivel que el Ejecutivo pretende consolidar este año. Para alcanzar el 2% en 2025, sin nuevos presupuestos y sin el respaldo de sus socios parlamentarios, el Gobierno puso en marcha el Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.470 millones de euros y aprobado sin pasar por el Parlamento. Montero explicó que la financiación de este plan procedió de distintas fuentes: menores aportaciones a la Unión Europea (641,56 millones), créditos no ejecutados de organismos del Ministerio de Defensa (97,4 millones), partidas ya utilizadas en ejercicios anteriores sin continuidad (1.744,8 millones), reducción de provisiones por reclamaciones patrimoniales (103 millones), ingresos por servicios del propio ministerio (632 millones), menor necesidad de liquidez gracias a la mejora del déficit público (2.819 millones), devolución de préstamos del Ministerio de Industria (1.680 millones), recursos del Fondo de Contingencia (1.395 millones) y reajustes en distintos programas del Gobierno central (1.356 millones). En términos generales, el 35% de esos fondos se destinó a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería; el 31% a nuevas capacidades en telecomunicaciones y ciberseguridad; el 19% a la modernización de los sistemas de defensa y disuasión de las Fuerzas Armadas; el 17% a reforzar capacidades duales para responder a emergencias y catástrofes naturales; y el 3% restante a misiones internacionales de paz. La ministra subrayó que este aumento del gasto militar se llevó a cabo sin recortar el gasto social, sin subir impuestos y sin incrementar el endeudamiento público. Por otro lado, durante su intervención también descartó modificar la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas utilizar su superávit, al considerar que esa opción no contaría con el respaldo de la Unión Europea.

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