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(Cinco Días, 28-09-2026) | Fiscal

España busca arañar margen fiscal en Bruselas para el nuevo paquete contra la crisis energética

El Gobierno afronta la recta final de septiembre con un margen fiscal muy reducido para aprobar un nuevo paquete de medidas contra el encarecimiento de la energía sin alejarse de los compromisos asumidos con Bruselas. El Ejecutivo prevé aprobar este martes un nuevo escudo anticrisis junto al decreto de vivienda y estudia solicitar a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales para disponer de capacidad adicional de gasto. Desde el inicio de la escalada del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, España ha puesto en marcha dos paquetes de medidas. El primero, aprobado en marzo, incluyó importantes reducciones fiscales y ayudas sobre los carburantes, mientras que el segundo, aprobado posteriormente, prorrogó parte de estas actuaciones con un alcance menor. En conjunto, ambos programas han movilizado alrededor de 10.000 millones de euros. Este esfuerzo ha reducido de forma considerable el margen disponible dentro de la senda fiscal pactada con Bruselas para el periodo 2025-2031. El acuerdo establece un crecimiento medio anual del 3% del gasto público neto, una magnitud que excluye, entre otros conceptos, los intereses de la deuda y determinados gastos extraordinarios. España ya se encontraba cerca del límite de cumplimiento antes de que fuera necesario plantear un nuevo paquete de ayudas. Las primeras medidas se diseñaron bajo la expectativa de que el conflicto de Oriente Próximo tendría una duración limitada y de que los precios energéticos comenzarían a normalizarse después del verano. Por este motivo, la prórroga aprobada en julio eliminó algunas actuaciones, como determinadas rebajas del IVA de la electricidad, y redujo otras, entre ellas las bonificaciones aplicadas al diésel. Sin embargo, la prolongación del conflicto ha cambiado el escenario. Los precios del gas mantienen una trayectoria ascendente y podrían terminar trasladando nuevas presiones al mercado eléctrico. La inflación española cerró agosto en el 4,3% y las previsiones apuntan a que podría aproximarse al 5% en septiembre. Bruselas ya había advertido durante la primavera de que España se encontraba en riesgo de incumplir los compromisos fiscales asumidos para los próximos ejercicios. El cumplimiento se vio facilitado por la activación de una excepción parcial de las reglas fiscales destinada exclusivamente al incremento del gasto en Defensa entre 2025 y 2028. Esta primera flexibilización dejó a España un margen adicional equivalente a unas dos décimas de PIB, alrededor de 3.400 millones de euros. Después de la aprobación del segundo paquete de medidas y ante la necesidad de poner en marcha un tercero, el Gobierno busca ahora ampliar ese espacio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente en el Congreso que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas la flexibilidad adicional necesaria para mantener el cumplimiento del marco fiscal europeo. La vía que estudia el Gobierno pasa por utilizar una segunda cláusula nacional de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, independiente de la excepción ya activada para Defensa. Si España pudiera acogerse a este mecanismo para determinadas actuaciones relacionadas con la crisis energética, dispondría de un margen acumulado de hasta el 0,6% del PIB hasta 2028. La cifra rondaría los 10.000 millones de euros, aunque no podría utilizarse íntegramente en un solo ejercicio. El límite anual se situaría en tres décimas de PIB, unos 5.000 millones. La utilización de esta excepción, además, estaría condicionada al tipo de medidas que se financien. La Comisión Europea ha establecido que las actuaciones deben contribuir a la transición energética y reforzar la resiliencia del sistema energético europeo. Entre las iniciativas que pueden quedar cubiertas figuran las ayudas a las energías renovables, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, las inversiones en redes eléctricas o determinadas actuaciones relacionadas con la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Por el contrario, las orientaciones comunitarias excluyen expresamente medidas como las reducciones de impuestos sobre los combustibles fósiles, las ayudas directas a estos productos, los precios regulados o determinadas subvenciones destinadas exclusivamente a compensar el impacto de los elevados precios energéticos sin generar mejoras estructurales en el sistema. Esta limitación condiciona las opciones del Ejecutivo para diseñar el nuevo paquete. El Gobierno está negociando con Bruselas qué actuaciones podrían acogerse a la cláusula de salvaguardia antes de comprometer un mayor gasto, ya que solicitar más margen fiscal no permitiría posteriormente utilizarlo para medidas que queden fuera de las condiciones fijadas por la Comisión. Entre las propuestas que presentan más dificultades se encuentra la recuperación de mecanismos destinados a limitar directamente el precio del gas. La denominada excepción ibérica, que actuaba sobre el mercado mayorista para evitar que el encarecimiento del gas se trasladara íntegramente al precio de la electricidad, vuelve a estar sobre la mesa, aunque existen dudas sobre su compatibilidad con las exigencias europeas y sobre sus posibles efectos en el sector fotovoltaico. El funcionamiento actual del mercado hace que el gas determine el precio de la electricidad únicamente durante determinadas horas, principalmente al final de la tarde. Sin embargo, esas horas tienen importancia para las instalaciones renovables, ya que permiten compensar parcialmente los precios más bajos registrados durante las horas de mayor producción solar. Otra de las alternativas que se estudian es limitar el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas. Esta medida tendría impacto sobre los aproximadamente tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa y permitiría amortiguar la subida prevista para los próximos meses, ante el riesgo de que el precio regulado del gas aumente de forma significativa durante el otoño. El Ejecutivo afronta así una doble restricción: por un lado, la necesidad de responder al repunte de los precios energéticos y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo; por otro, el reducido margen presupuestario disponible y las condiciones que Bruselas impone para flexibilizar temporalmente las reglas fiscales. La composición final del nuevo paquete de ayudas dependerá en buena medida de qué medidas puedan ser aceptadas dentro de este marco europeo.

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(Expansión, 28-09-2026) | Fiscal

Semana clave para el Gobierno: ayudas al carburante, decreto de vivienda y fondos UE

El Gobierno afronta los últimos días de septiembre con una agenda económica especialmente intensa, que anticipa buena parte de los asuntos que marcarán la actividad del Ejecutivo y del Congreso hasta final de año. Entre las cuestiones pendientes se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda de las comunidades, que deberán pasar por el Parlamento, así como la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las primeras cuentas de la actual legislatura. Uno de los principales asuntos de la semana será la solicitud del séptimo y último desembolso de los fondos europeos. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa deberá remitir a la Comisión Europea, entre hoy y el miércoles, la petición correspondiente a los 148 hitos que todavía quedan por completar. España aspira con este trámite a recibir alrededor de 26.000 millones de euros. La solicitud, no obstante, llegará con uno de los compromisos pendientes después de que el Congreso rechazara el pasado 16 de septiembre el real decreto-ley que regulaba la actividad de los grupos de interés y contemplaba, entre otras medidas, la creación de un registro público estatal de lobbies. Este compromiso estaba vinculado al último pago de los fondos europeos, cuya evaluación deberá realizar Bruselas antes del 31 de diciembre. El incumplimiento podría suponer una reducción de hasta 1.500 millones de euros, aunque el Ministerio de Economía considera que el impacto final podría ser inferior. El segundo gran frente económico de la semana está relacionado con la evolución de los precios. La prolongación del conflicto en Oriente Próximo continúa presionando al alza el coste de los carburantes y ha contribuido a que la inflación alcanzara el 4,3% en agosto. El encarecimiento energético empieza además a trasladarse a otros componentes de la cesta de consumo. Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La decisión llega en un momento en el que el margen fiscal del Ejecutivo es limitado, una circunstancia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado en sus últimos análisis. Los sectores profesionales consultados por el Gobierno en las últimas semanas consideran que la mera prolongación de las ayudas actualmente vigentes no será suficiente para contener el aumento de los precios. Entre las propuestas planteadas figura la ampliación de las bonificaciones existentes. El sector del transporte reclama, por ejemplo, un descuento de 40 céntimos por litro de combustible hasta final de año. También se estudia recuperar determinadas ventajas fiscales en el IRPF para los agricultores por la adquisición de gasóleo profesional y fertilizantes. El nuevo paquete se incorporará a las medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo para hacer frente al impacto económico del conflicto. Los dos primeros programas movilizaron unos 10.000 millones de euros y fueron convalidados por el Congreso. Según las estimaciones del Gobierno, estas actuaciones habrían reducido en aproximadamente un punto la inflación desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero. El tercer gran asunto de la agenda económica será el nuevo decreto de vivienda. Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se aceleraron la semana pasada después del desahucio de una mujer de 87 años de una vivienda de renta antigua en Madrid, un caso que generó una amplia repercusión pública. El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, llevará al Consejo de Ministros un texto acordado con Junts y Sumar que recupera algunas medidas rechazadas por el Congreso en abril. Entre ellas figura una nueva prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes de junio de 2028. La extensión tendría inicialmente una duración de un año y podría prolongarse durante otro ejercicio si así lo solicita el inquilino. El decreto también podría incorporar un incremento del IVA aplicado a las viviendas destinadas al alquiler turístico, que pasaría del 10% al 21%, además de un aumento de las sanciones para los propietarios que incumplan las condiciones establecidas para los contratos de alquiler temporal. Otra de las medidas que se negocian afecta a las empresas y fondos de inversión dedicados al alquiler residencial. El texto podría incluir restricciones para que determinados fondos no puedan efectuar desahucios y, en algunos supuestos, limitar también su capacidad para adquirir nuevas viviendas destinadas al arrendamiento. Esta propuesta forma parte de las demandas de Sumar y habría contado con el respaldo de Junts a cambio de incorporar medidas fiscales destinadas a favorecer el alquiler y el acceso a la vivienda. Entre las propuestas planteadas por Junts figuran nuevas desgravaciones fiscales para propietarios e inquilinos, deducciones en el IRPF dirigidas a quienes adquieran una vivienda mediante una hipoteca y la creación de una cuenta de ahorro destinada a facilitar la compra de una vivienda en el futuro, con incentivos fiscales asociados. La intensa agenda económica prevista para esta semana dejará, en cambio, pendiente otra de las medidas comprometidas por el Ministerio de Trabajo: el nuevo sistema de registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado su intención de llevarlo al Consejo de Ministros antes de que terminara septiembre, en un contexto marcado por las advertencias de los sindicatos sobre una posible ruptura de las negociaciones con el Ejecutivo.

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(Expansión, 28-09-2026) | Fiscal

Mil días sin Presupuestos: los "parches" superan los 330.000 millones desde 2024

La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado alcanza ya los mil días desde que vencieron las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2023. Durante este periodo, el Gobierno ha tenido que recurrir de forma creciente a modificaciones presupuestarias, ampliaciones de crédito y transferencias de recursos entre ministerios para adaptar unas cuentas que ya no responden plenamente a las necesidades económicas y políticas actuales. En conjunto, estos movimientos superan los 330.000 millones de euros. La situación supone un periodo excepcionalmente prolongado de prórroga presupuestaria y se produce en una etapa marcada por importantes cambios en las necesidades de gasto público. Entre ellos se encuentran la gestión de los fondos europeos, el incremento de la demanda sobre los servicios públicos como consecuencia del crecimiento de la población, la presión derivada del mercado de la vivienda y el aumento del gasto en Defensa provocado por el contexto internacional y las guerras de Ucrania y Oriente Próximo. El Gobierno ha defendido durante estos años que la ausencia de unas nuevas cuentas no le ha impedido desarrollar su programa y mantener el funcionamiento de la Administración. Sin embargo, la prórroga obliga a introducir modificaciones sobre las partidas inicialmente aprobadas para responder a circunstancias que no estaban contempladas en los Presupuestos de 2023. Los datos de la Intervención de la Administración General del Estado muestran que este recurso a los ajustes presupuestarios se ha intensificado. Entre enero y julio de este año se realizaron modificaciones por cerca de 118.000 millones de euros, una cantidad que prácticamente alcanza la registrada durante todo 2025 y que supera la correspondiente a 2024, primer ejercicio completo bajo prórroga. Si se suman los tres ejercicios, el volumen de modificaciones y transferencias supera los 330.000 millones. El mantenimiento de las cuentas prorrogadas también ha sido posible gracias al aumento de los ingresos públicos y al recurso al endeudamiento. La recaudación tributaria de la Agencia Tributaria superó el año pasado los 325.000 millones de euros, frente a los aproximadamente 272.000 millones obtenidos en 2023. La diferencia se sitúa en torno a 53.000 millones. La evolución continúa este año, ya que entre enero y julio los ingresos procedentes de los impuestos superaron los 200.000 millones, un 10,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los fondos europeos han constituido otra fuente de financiación utilizada para atender determinadas necesidades de gasto en ausencia de nuevos Presupuestos. El Tribunal de Cuentas señaló que en 2024 se emplearon 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos que habían quedado disponibles para financiar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sostuvo posteriormente que esta actuación no implicaba la comisión de actuaciones ilegales. No obstante, el Congreso rechazó recientemente la Cuenta General del Estado en un contexto de críticas por la gestión presupuestaria de los fondos Next Generation EU. El último desembolso de este mecanismo deberá ser evaluado por la Comisión Europea a partir de octubre, antes de que pueda efectuarse el pago previsto hasta finales de diciembre. La prolongación de la prórroga comienza, además, a limitar el margen de actuación del Ejecutivo en materia fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió en julio de que España debía realizar un ajuste de unos 10.000 millones de euros durante este año para cumplir los compromisos fiscales asumidos con la Unión Europea. El organismo señaló que el gasto primario neto estaba creciendo a un ritmo del 6,4%, frente al límite del 3,5% acordado con Bruselas. El margen para aplicar este ajuste se ha reducido también por el coste de las medidas adoptadas como respuesta al conflicto de Oriente Próximo. Según los cálculos del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, estas actuaciones han supuesto alrededor de 10.000 millones de euros, mientras el Ejecutivo prepara nuevas medidas para afrontar el impacto sobre los costes provocado por la guerra de Irán. En este contexto, la Airef ha reclamado que Hacienda cumpla su compromiso de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha defendido que la prórroga no debería prolongarse indefinidamente y que la propia presentación de unas nuevas cuentas tendría relevancia, aunque finalmente no lograran obtener el respaldo parlamentario necesario para su aprobación. El principal obstáculo para que el Ejecutivo pueda poner fin a la actual situación sigue siendo su limitada capacidad para reunir apoyos suficientes en el Congreso. Mientras no se alcance un acuerdo parlamentario, el Gobierno continuará gestionando unas cuentas diseñadas para una realidad económica y política diferente, recurriendo a modificaciones presupuestarias para adaptar el gasto a las nuevas necesidades.

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(Expansión, 25-09-2026) | Fiscal

El campo advierte al Gobierno: prorrogar las ayudas al carburante no contendrá los precios

El Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis de precios provocada por el conflicto en Oriente Próximo. La norma llegará justo un día antes de que expire el actual paquete de medidas, que incluye, entre otras actuaciones, reducciones en el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicadas a la gasolina, al diésel y al gasóleo profesional, con una rebaja de hasta 20 céntimos por litro en este último caso. Aunque todavía no se conocen las nuevas medidas, las organizaciones agrarias muestran cautela ante la posibilidad de que el Ejecutivo se limite a prorrogar las ayudas vigentes. El sector considera que mantener las bonificaciones actuales no será suficiente para frenar el encarecimiento de los carburantes, especialmente en un contexto en el que la inflación alcanzó el 4,3% en agosto y el aumento de los costes energéticos empieza a trasladarse a otros productos de consumo. Las organizaciones agrarias sostienen que la reducción de 20 céntimos por litro aplicada al gasóleo B, utilizado habitualmente en las explotaciones agrícolas, ya resulta insuficiente. Según fuentes del sector, si los precios continúan aumentando al ritmo actual, la inflación podría absorber por completo el efecto de la bonificación en los próximos meses, como ya habría ocurrido con las ayudas anteriores. Los datos históricos de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan la intensidad de este incremento. Desde el 30 de junio, cuando se aprobó la actual rebaja, el precio del gasóleo agrícola habría aumentado 48 céntimos por litro. Si se toma como referencia el 27 de febrero, antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el incremento alcanza los 60 céntimos, equivalente a un 53,5%. Las organizaciones agrarias reclaman por ello medidas fiscales específicas que permitan reducir el impacto del encarecimiento de los principales costes de producción. Entre sus propuestas figura recuperar una bonificación del 35% en el IRPF por el gasóleo agrícola y otra del 15% para los fertilizantes, cuyo precio también se ha visto afectado por la evolución del conflicto. El sector advierte de que el aumento de los costes está comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones, especialmente porque los productores tienen dificultades para trasladar íntegramente ese incremento a los precios en origen. Si esta situación se mantiene, el encarecimiento de los costes de producción podría terminar repercutiéndose sobre los precios que pagan los consumidores por los alimentos. El problema afecta también al resto de carburantes. Los precios han aumentado por encima de las reducciones fiscales previstas en el decreto actualmente en vigor. El Gobierno elevó hasta 20 céntimos por litro la rebaja aplicable al diésel mediante la cláusula de salvaguarda, mientras que la bonificación de la gasolina se ha reducido progresivamente hasta situarse actualmente en cinco céntimos. En ambos casos, las ayudas no han compensado completamente el incremento acumulado de los precios desde la entrada en vigor del paquete de medidas. Por ello, una simple prórroga de las bonificaciones podría tener un efecto limitado sobre la evolución de los precios, aunque su desaparición supondría un nuevo aumento inmediato del coste de los carburantes. Ante esta situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene previsto plantear al Gobierno la adopción de medidas excepcionales para intervenir el mercado y establecer límites a los precios de los carburantes, siguiendo el modelo de regulación que estuvo vigente hasta finales de los años noventa. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el nuevo decreto deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. También ha avanzado que el Ejecutivo prestará especial atención al posible traslado del encarecimiento energético a los precios de los alimentos, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de adoptar una perspectiva de medio y largo plazo para reducir la dependencia energética y avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía. El margen presupuestario para ampliar las ayudas es, además, cada vez más reducido. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha advertido de que la prolongación del conflicto en Oriente Próximo está obligando al Gobierno a asumir nuevos gastos. Aunque algunos pueden tener carácter temporal, otros podrían convertirse en compromisos permanentes que requerirían fuentes de financiación estables. La Airef ha señalado que estas nuevas obligaciones presupuestarias, si no se compensan mediante una reducción de otras partidas, podrían dificultar el cumplimiento de la senda fiscal acordada con Bruselas. El margen disponible es ya limitado y las previsiones del organismo sitúan el déficit público en el 2,7% del PIB al cierre del ejercicio.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La OCDE mejora la previsión de PIB de España, pero alerta de una inflación elevada y persistente

España afrontará los próximos meses con un crecimiento económico superior al previsto, pero también con una inflación que continúa mostrando resistencia a moderarse. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elevado hasta el 2,6% su previsión de crecimiento del PIB español para 2026, cuatro décimas más que en su anterior estimación de junio. El organismo sitúa esta evolución en un contexto internacional marcado por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y por la elevada volatilidad de los mercados energéticos. Al mismo tiempo, advierte de que la persistencia de la inflación seguirá afectando al poder adquisitivo de los hogares españoles y mantendrá los precios por encima de los registrados en buena parte de Europa. La revisión al alza de las perspectivas de crecimiento refleja la resistencia de la economía española frente a la debilidad de las principales economías europeas. Sin embargo, llega en un momento en el que el encarecimiento de los carburantes vuelve a ejercer presión sobre el IPC y aumenta el riesgo de que las subidas terminen extendiéndose a otros bienes y servicios. En agosto, la inflación alcanzó el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, en un escenario de nuevas tensiones en los mercados energéticos. La OCDE considera que esta combinación de mayor crecimiento y elevada inflación seguirá condicionando la evolución de la economía española. El organismo estima que España creció un 2,8% en 2025 y prevé que avance un 2,6% este año, antes de moderar su ritmo hasta el 1,8% en 2027. Estas cifras todavía no incorporan la reciente revisión del INE, que redujo en dos décimas el crecimiento registrado en 2025. La demanda interna continúa siendo uno de los principales motores de la actividad, después de mostrar una evolución sólida durante el segundo trimestre, mientras que el debilitamiento del comercio internacional y de la industria manufacturera está limitando el impulso procedente del exterior. La diferencia respecto a las grandes economías europeas es significativa. Alemania crecerá, según la OCDE, un 1,1% tanto en 2026 como en 2027, mientras que Francia registrará avances del 0,4% y el 0,7%, respectivamente. Italia crecerá un 0,9% este año y un 0,6% el próximo. Para el conjunto de la eurozona, la previsión es de un crecimiento del 1% en ambos ejercicios. En el G-20, las tasas previstas son del 3,1% en 2026 y del 3% en 2027. El principal contrapunto a la fortaleza del PIB español se encuentra en la evolución de los precios. La OCDE calcula que la inflación alcanzará el 3,7% en 2026, cuatro décimas más que en su previsión anterior, y se situará en el 3,4% en 2027. En ambos casos, España quedaría por encima de la media de la eurozona, para la que el organismo prevé una inflación del 3% este año y del 2,9% el próximo. Las presiones inflacionistas tampoco se limitan a la energía y los carburantes. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también mantiene una trayectoria elevada. La OCDE calcula que alcanzará el 3,4% en España durante 2026, cinco décimas por encima de la estimación realizada en junio, antes de moderarse hasta el 2,9% en 2027. La evolución de este indicador refleja que las tensiones sobre los precios pueden prolongarse más allá del impacto directo de la energía. El encarecimiento de los hidrocarburos constituye uno de los principales riesgos para la economía mundial. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha provocado alteraciones en la producción y las exportaciones de petróleo y gas del Golfo, mientras las reservas europeas de gas se encuentran en niveles especialmente bajos para esta época del año. En sus previsiones, la OCDE contempla un precio máximo del gas europeo de 82 euros por MWh en el cuarto trimestre de 2026 y un barril de Brent de hasta 105 dólares. A ello se suma la presión de los márgenes de refino y la reducción de los inventarios mundiales de crudo. El escenario internacional incorpora además otros focos de incertidumbre, como la evolución de las tensiones comerciales derivadas de la política arancelaria de Estados Unidos y el incremento de las rentabilidades de la deuda soberana a largo plazo ante las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La OCDE prevé que el crecimiento mundial se sitúe en el 2,9% en 2026, medio punto menos que el año anterior. La expansión de la inteligencia artificial contribuirá a mantener la actividad económica, aunque el organismo considera que no será suficiente para neutralizar el conjunto de los riesgos existentes. Ante este escenario, la OCDE reclama prudencia tanto a las autoridades monetarias como a los gobiernos. El organismo prevé que los bancos centrales mantengan una orientación restrictiva e incluso contempla nuevos aumentos de los tipos de interés en Estados Unidos y la eurozona para contener las expectativas de inflación. En el ámbito fiscal, recomienda sustituir las ayudas públicas de carácter general por medidas dirigidas específicamente a los hogares y sectores más afectados por la subida de los precios, además de establecer estrategias plurianuales destinadas a reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

La UE y Filipinas llegan a un acuerdo de libre comercio que elimina el 94% de los aranceles

La Unión Europea continúa avanzando en su estrategia para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia de los grandes mercados de Estados Unidos y China. En este contexto, la Comisión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo con Filipinas para establecer un marco de libre comercio que facilitará el acceso de las empresas europeas a un mercado de alrededor de 120 millones de habitantes. El entendimiento llega después de 11 años de negociaciones intermitentes, aunque las conversaciones se retomaron de forma continuada en 2024. El acuerdo todavía debe completar algunos aspectos técnicos, pero Bruselas ya calcula su alcance. El principio de pacto contempla la eliminación del 94% de los aranceles y afectará a más del 97% del comercio que actualmente mantienen ambas partes. Para la Comisión, se trata de un nuevo paso en la apertura de mercados alternativos en un momento en el que la política comercial internacional está marcada por el aumento del proteccionismo y las tensiones entre las principales potencias económicas. Filipinas todavía ocupa una posición secundaria entre los socios comerciales de la Unión Europea, aunque los intercambios han aumentado de manera significativa durante la última década. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 17.606 millones de euros, un 46% más que en 2015. El crecimiento se ha producido tanto en las exportaciones europeas como en las importaciones procedentes del país asiático, aunque el saldo comercial resulta desfavorable para la UE, con un déficit de 1.407 millones de euros. Uno de los principales beneficiados por el acuerdo sería la industria europea. Los productos industriales de la Unión quedarán libres de aranceles y, entre ellos, destacan la maquinaria y los bienes relacionados con el transporte, incluidos los automóviles y los componentes de automoción. También tendrán un papel relevante los productos agroalimentarios y químicos. En conjunto, estos sectores representan más del 75% de las ventas de las empresas europeas en Filipinas. El sector agrícola europeo ha recibido favorablemente el principio de acuerdo, a la espera de conocer todos sus detalles. Las organizaciones COPA-Cogeca han destacado especialmente la mejora prevista en el acceso al mercado filipino para productos como la carne de porcino, las aves, los productos lácteos y las bebidas espirituosas. La protección de las denominaciones de origen europeas es otro de los elementos valorados por las organizaciones agrarias. La protección de estas denominaciones constituye habitualmente uno de los puntos más sensibles de las negociaciones comerciales de la UE. Las dificultades suelen ser mayores cuando el socio comercial cuenta con una industria alimentaria desarrollada y con productos que utilizan denominaciones similares a las protegidas en Europa. Esta cuestión ya generó importantes diferencias durante las conversaciones con Australia y ha sido también relevante en otros acuerdos comerciales negociados por Bruselas. El principio de acuerdo incorpora asimismo disposiciones sobre contratación pública. La Comisión destaca la introducción de reglas que permitirán por primera vez el acceso de proveedores y contratistas extranjeros a la contratación pública del Gobierno filipino. Esta cuestión adquiere especial relevancia porque Bruselas trabaja paralelamente en una reforma de las reglas de contratación pública europea que pretende favorecer a las empresas y productos fabricados dentro de la Unión, aunque contempla excepciones vinculadas al principio de reciprocidad. El acercamiento a Filipinas forma parte de una estrategia comercial más amplia con la que Bruselas pretende ampliar el número de mercados disponibles para las empresas europeas. La UE ha intensificado en los últimos años la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, en un contexto marcado por el proteccionismo estadounidense y por la creciente competencia de China. La diversificación busca reducir la exposición de las empresas europeas a las decisiones comerciales de Washington y facilitar nuevas oportunidades de exportación. Al mismo tiempo, la Unión está impulsando medidas destinadas a reforzar la posición de la producción europea dentro del propio mercado comunitario, especialmente en sectores considerados estratégicos. Iniciativas relacionadas con la contratación pública o con la aceleración industrial buscan aumentar la presencia de empresas europeas frente a la competencia exterior, especialmente la procedente de China. La dificultad reside ahora en compatibilizar esta política de mayor protección del mercado interior con la expansión de los acuerdos de libre comercio con terceros países, un equilibrio que está condicionando y prolongando la tramitación de algunas de las nuevas iniciativas legislativas de Bruselas.

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(El País, 25-09-2026) | Fiscal

Feijóo propone un 0% de IVA para las alimentos básicos y 10% en energía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la necesidad de aplicar medidas de alivio fiscal para familias, autónomos y determinados sectores económicos. Durante un acto celebrado en Guadalajara, ha presentado varias propuestas fiscales de su formación, entre ellas establecer un IVA del 0% para determinados alimentos básicos y reducir del 21% al 10% el tipo aplicado a la energía. En materia de IVA, el PP plantea eliminar el impuesto sobre productos como la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado y las conservas. También propone rebajar el tipo de la energía del 21% al 10%. En el ámbito del IRPF, las medidas planteadas se concentran principalmente en el apoyo a las familias y en la compensación del efecto que la inflación tiene sobre la tributación de los contribuyentes. Entre las propuestas figura duplicar las deducciones por descendientes. Con este cambio, las cuantías pasarían de 2.400 a 4.800 euros por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 euros por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros por el tercero, y de 4.500 a 9.000 euros a partir del cuarto. El paquete también contempla duplicar el suplemento por descendientes menores de tres años, que pasaría de 2.800 a 5.600 euros. Según el PP, la medida pretende tener en cuenta el mayor coste asociado a la crianza, los cuidados y la conciliación durante los primeros años de vida. La formación calcula que una familia con dos hijos podría ahorrar más de 400 euros entre agosto y diciembre mediante estas modificaciones. Para el conjunto de los contribuyentes, el PP plantea además deflactar el IRPF para adaptar los tramos del impuesto a la evolución de los precios. Feijóo sostiene que los contribuyentes están soportando una mayor carga fiscal como consecuencia del incremento de sus ingresos nominales provocado por la inflación y reclama que Hacienda ajuste el impuesto para evitar este efecto. Entre las propuestas dirigidas al sector agrario figura la revisión de los costes asociados a los fertilizantes y los combustibles. El PP también plantea un plan específico para acelerar el desarrollo de la red eléctrica y reclama avanzar en la eliminación del IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, en línea con la directiva europea cuya transposición, según la formación, acumula 20 meses de retraso. La reducción de las cargas administrativas es otra de las medidas incluidas en el planteamiento del Partido Popular. Feijóo ha defendido la eliminación de trámites que considere innecesarios, al considerar que las obligaciones burocráticas adicionales se traducen en mayores costes económicos y de tiempo para empresas y trabajadores por cuenta propia. El PP pretende llevar estas propuestas al Congreso de los Diputados y al Senado para buscar su aprobación. En la Cámara Alta, la formación cuenta con mayoría absoluta.

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(Expansión, 23-09-2026) | Fiscal

El papeleo hunde la competitividad de España y Europa

La Unión Europea afronta nuevas críticas por la complejidad de su marco regulatorio en un momento en el que distintos análisis advierten de la pérdida de competitividad del bloque frente a economías como Estados Unidos y China. En este contexto, varias grandes empresas estadounidenses han elevado su presión sobre Bruselas por los costes y dificultades que, a su juicio, está generando la aplicación de las normas comunitarias de transparencia fiscal. El último conflicto tiene como protagonista a la Directiva 2021/2101, conocida como normativa de información pública país por país o PCbCR. La regulación obliga a determinadas multinacionales a hacer públicos datos como los impuestos abonados, los beneficios obtenidos y el número de empleados, diferenciados por cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros ha provocado diferencias que complican su cumplimiento para los grupos internacionales. El National Foreign Trade Council (NFTC), organización empresarial estadounidense especializada en comercio exterior, ha trasladado sus críticas directamente a la Comisión Europea y ha reclamado una aplicación más homogénea de las reglas para evitar que las compañías tengan que afrontar obligaciones distintas según el país en el que operen. Uno de los principales puntos de fricción es la denominada exención por presentación múltiple, prevista en el artículo 48b(6) de la directiva. Esta disposición permite, en determinadas circunstancias, que las matrices de grupos establecidos fuera de la Unión Europea presenten un único informe en el registro mercantil de un Estado miembro y lo publiquen posteriormente en su página web en una lengua oficial de la UE. El objetivo es evitar que tengan que repetir el mismo procedimiento en cada país donde cuentan con filiales o sucursales. Sin embargo, según denuncia el NFTC, algunos Estados miembros no habrían incorporado correctamente esta posibilidad a sus respectivas legislaciones. La organización cita los casos de Italia y Dinamarca y sostiene que esta situación obliga a determinadas empresas de terceros países a realizar presentaciones adicionales por cada filial o establecimiento, multiplicando los trámites y los costes asociados al cumplimiento. Las diferencias nacionales también afectan a los plazos. La normativa europea establece con carácter general un periodo de hasta 12 meses desde el cierre del ejercicio para la presentación de la información. España, sin embargo, fijó un plazo más reducido de seis meses a través de la Ley 28/2022. Esta diferencia introduce una dificultad adicional para los grupos internacionales que deben coordinar sus obligaciones de información en distintos países. Ante esta situación, el NFTC reclama a la Comisión Europea que las empresas que hayan presentado correctamente el informe dentro del plazo general de 12 meses en otro Estado miembro no tengan que cumplir adicionalmente con el plazo más corto establecido en España. Las diferencias tampoco se limitan a los plazos. La organización empresarial estadounidense señala que algunos países exigen que la información se presente en sus propios idiomas y que, en determinados casos, pueden ser necesarias traducciones juradas. Esto añade nuevos costes y trámites para grupos que ya han elaborado y presentado la misma información en otro Estado miembro. Otro ejemplo señalado es el de Bélgica, cuya clasificación de determinadas jurisdicciones no cooperativas incluye de manera separada a los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos. Esta particularidad puede obligar a las empresas a realizar desgloses adicionales que no coinciden con el tratamiento aplicado en otros países de la Unión Europea. Para las multinacionales estadounidenses, el problema trasciende el cumplimiento de una obligación concreta. El NFTC considera que la existencia de requisitos diferentes entre Estados miembros incrementa los gastos relacionados con asesoramiento, auditoría, traducciones y adaptación de los sistemas informáticos, recursos que las empresas podrían destinar a otras áreas como inversión, innovación o creación de empleo. La controversia pone de manifiesto una de las dificultades que persisten en el mercado único europeo: la necesidad de aplicar de manera uniforme las normas comunitarias para evitar que las diferencias introducidas durante su transposición generen cargas adicionales a las empresas que operan en varios países. La reclamación del sector empresarial estadounidense se produce, además, en un momento en el que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas y la mejora de la competitividad entre sus prioridades. Desde esta perspectiva, el debate sobre la información pública país por país refleja la tensión existente entre el objetivo de reforzar la transparencia fiscal y la necesidad de evitar que su aplicación genere obligaciones duplicadas o costes desproporcionados para las empresas internacionales.

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(El País, 23-09-2026) | Fiscal

La política desempolva el debate sobre los impuestos a los superricos

La desigualdad en la distribución de la riqueza y el papel de las grandes fortunas en el sistema fiscal han vuelto al centro del debate político y económico en España. El Congreso acogió este lunes una jornada dedicada a analizar la concentración patrimonial, sus efectos sobre la economía y la democracia y las posibles vías para combatirla, con la participación del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, expertos académicos y representantes de distintos grupos parlamentarios. El debate se produce además en un contexto en el que las propuestas para elevar la tributación de los patrimonios más elevados están ganando presencia en la agenda política. Bustinduy defendió durante el encuentro la importancia de contar con mecanismos capaces de redistribuir la riqueza y vinculó la fortaleza de los servicios públicos con la igualdad de oportunidades. En su intervención, el ministro sostuvo que una concentración excesiva de la riqueza puede convertirse en un riesgo para el funcionamiento democrático. El planteamiento forma parte del debate impulsado por The Wealth Cap Project, iniciativa europea que promueve la discusión sobre la posibilidad de establecer límites a la acumulación extrema de patrimonio. La organización presentó en el Congreso su informe Un tope a la Riqueza para España, que analiza diferentes alternativas para incrementar la contribución fiscal de los grandes patrimonios. Entre las opciones estudiadas figuran el establecimiento de un tipo mínimo para las grandes fortunas, un impuesto progresivo sobre la riqueza y un límite máximo a la acumulación patrimonial. El estudio calcula distintos escenarios de recaudación en función del diseño elegido, aunque se trata de simulaciones condicionadas por los tipos y umbrales que finalmente se establecieran. Durante una de las mesas de debate, la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó defendió que las actuales políticas fiscales no son suficientes para abordar la concentración patrimonial y señaló los posibles efectos de una acumulación extrema de riqueza sobre la capacidad de influencia política. En la misma línea, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, cuestionó que la redistribución pueda considerarse necesariamente un obstáculo para el crecimiento económico y situó la desigualdad entre los problemas que afectan al funcionamiento de las democracias. El debate parlamentario mostró, no obstante, diferencias importantes entre las alternativas planteadas por los distintos grupos. Carlos Martín, portavoz de Sumar, reivindicó la propuesta registrada recientemente por su formación para crear un gravamen sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La iniciativa plantea un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que exceda de ese umbral y prevé destinar la recaudación a un fondo estatal de protección a la infancia. Sumar calcula que la medida podría afectar a unos 1.500 contribuyentes y generar alrededor de 4.200 millones de euros anuales. Martín también defendió la necesidad de introducir mecanismos de democratización en las grandes empresas, mediante fórmulas de cogestión y participación de los trabajadores en la propiedad. Su intervención se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara la propuesta legislativa sobre los grupos de interés, otro de los asuntos vinculados por Sumar con la transparencia y la influencia económica sobre las decisiones públicas. Desde el PSOE, Patricia Blanquer reconoció los riesgos asociados a una elevada concentración de la riqueza empresarial, pero descartó que exista una única herramienta capaz de resolver el problema. La diputada defendió las medidas adoptadas por el Gobierno durante las últimas crisis para proteger a los colectivos con menores ingresos y puso el acento en combatir la evasión y la elusión fiscal, reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia una fiscalidad más justa, junto con mayores niveles de competencia, pluralismo y transparencia. El portavoz del PP, Pedro Puy, también reconoció que la concentración de riqueza plantea un problema para las democracias, aunque consideró que las respuestas fiscales tradicionales pueden resultar insuficientes ante la nueva dimensión que ha adquirido la acumulación de capital. Puy se mostró partidario de gravar los grandes patrimonios y de revisar el funcionamiento del impuesto sobre sucesiones, al que atribuyó relevancia desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, defendió que cualquier reforma debería abordarse, al menos, en el ámbito europeo para reducir los riesgos de deslocalización de capitales. La jornada refleja así la creciente presencia en España del debate sobre cómo debe tributar la riqueza acumulada en los niveles más elevados. Mientras algunas propuestas plantean reforzar los impuestos existentes o crear nuevas figuras dirigidas específicamente a las grandes fortunas, otras ponen el acento en la coordinación internacional, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora de los mecanismos redistributivos. En paralelo, iniciativas como The Wealth Cap Project han incorporado al debate una cuestión adicional: si, además de elevar la tributación, debería establecerse un límite a la cantidad de riqueza que una persona puede llegar a acumular.

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(Cinco Días, 21-09-2026) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a prorrogar el escudo anticrisis ante el repunte de la inflación

El Gobierno y los representantes de empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para evaluar la evolución de la economía y abordar las medidas que podrían adoptarse una vez que finalice, el próximo 30 de septiembre, el actual escudo anticrisis puesto en marcha para amortiguar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Ante un contexto que ha empeorado en los últimos meses, el Ejecutivo se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de apoyo más allá de esa fecha, aunque todavía no ha definido si prolongará el paquete actual o diseñará nuevas medidas, ni tampoco cuál sería su alcance. Durante la reunión, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el Ejecutivo trabajará en las actuaciones necesarias para seguir respaldando a las familias frente al incremento de los precios. También apuntó que se prestará una atención especial a las actividades que están sufriendo con mayor intensidad el encarecimiento de la energía, especialmente el transporte y el sector agroalimentario, debido al impacto que sus costes tienen sobre el conjunto de la cadena económica. El escenario de precios complica la situación. El petróleo se aproxima a los 100 dólares por barril en un contexto geopolítico que continúa prolongándose y extendiéndose a otras zonas. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, su nivel más elevado desde 2023, principalmente por el encarecimiento de los carburantes. Al mismo tiempo, el gas ha experimentado fuertes aumentos y comienza a repercutir en el precio de la electricidad, que desde el episodio de calor registrado en julio se mantiene en niveles superiores a los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. En la reunión celebrada en el Ministerio de Economía participaron, junto a Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales acudieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CC OO, Unai Sordo. Los dos paquetes de ayudas aprobados hasta ahora, el primero en marzo y el segundo en julio, fueron concebidos inicialmente con una duración de tres meses, un formato que previsiblemente continuará debido a la dificultad de anticipar la evolución del escenario internacional. Yolanda Díaz trasladó durante el encuentro varias propuestas para hacer frente al aumento de los costes. Entre ellas figura la extensión de las medidas del anterior decreto que están próximas a expirar, junto con la creación de un impuesto temporal sobre el sector del refino, la limitación de los precios del alquiler y actuaciones dirigidas a preservar el poder adquisitivo y contener el coste de la cesta de la compra. También planteó recuperar un mecanismo similar a la excepción ibérica para proteger a los consumidores frente a incrementos extraordinarios del precio del gas. CC OO coincidió en reclamar medidas sobre los precios de la energía y los carburantes para limitar su impacto sobre la inflación y los hogares. Su secretario general, Unai Sordo, defendió igualmente la recuperación de la excepción ibérica y propuso una prestación de al menos 300 euros dirigida a las personas con ingresos inferiores a la media, una ayuda que, según sus planteamientos, podría llegar a unos 10 millones de beneficiarios. El sindicato también ha pedido a CEOE y Cepyme que participen en la negociación de un acuerdo estatal de convenios que contribuya a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sordo considera además necesario disponer de información procedente del Observatorio de Márgenes Empresariales para utilizarla como referencia en las negociaciones que posteriormente se desarrollen en cada sector y empresa. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó una revisión del salario mínimo interprofesional al considerar que la inflación ha reducido su poder adquisitivo. Según sus declaraciones, los precios han aumentado a un ritmo muy superior al incremento del 3,1% aplicado al salario mínimo a comienzos de año. Álvarez también defendió la aplicación de la reforma anunciada para evitar que las subidas del salario mínimo puedan quedar absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales, de modo que el incremento llegue íntegramente a las nóminas. Las organizaciones empresariales también consideran necesario prolongar las medidas de apoyo debido al deterioro de las condiciones económicas. CEOE y Cepyme han planteado que las ayudas se orienten especialmente hacia los sectores y consumidores más expuestos al encarecimiento energético, con especial atención a las industrias electrointensivas y gasintensivas. Las patronales han reclamado además medidas sobre los costes estructurales de la energía, incluida la fiscalidad aplicada a la electricidad, el gas y los carburantes, así como un tratamiento específico para los combustibles renovables. El Ministerio de Economía mantiene el seguimiento de la evolución de la actividad y de los precios en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Durante la próxima semana están previstas nuevas reuniones con diferentes sectores económicos para actualizar el diagnóstico y determinar qué colectivos o actividades podrían necesitar medidas adicionales de apoyo. El primer paquete anticrisis aprobado en marzo incluía reducciones fiscales generalizadas sobre el IVA y sobre determinados impuestos vinculados a la electricidad, el gas y los carburantes, con un coste inicialmente estimado en unos 5.000 millones de euros. El segundo paquete, aprobado en julio cuando todavía existían expectativas de una mejora del escenario, mantuvo parte de las ayudas a los carburantes mediante una retirada gradual de los descuentos y supuso un coste aproximado de 1.800 millones. El margen presupuestario constituye uno de los principales condicionantes para decidir cómo prolongar las ayudas. Las instituciones europeas han mostrado reticencias ante las rebajas fiscales generalizadas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el espacio fiscal disponible se encuentra prácticamente agotado, lo que limita la capacidad del Gobierno para aprobar nuevas medidas de amplio alcance.

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