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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Luz verde al decreto que obliga a pymes y autónomos a la factura electrónica

El Gobierno calcula que la orden ministerial que definirá los detalles técnicos de la futura Solución Pública de Factura Electrónica, desarrollada por la Agencia Tributaria, verá la luz antes del verano, según indicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. A partir de ese momento comenzará el plazo para su aplicación obligatoria: un año para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y dos años para aquellas que no lleguen a esa cifra. Tras un largo proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el real decreto que regula la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresarios y profesionales. Con ello, se fija un calendario más concreto para su puesta en marcha, prevista también antes del verano. Esa será la fecha aproximada en la que el Ministerio de Hacienda publicará la orden que establecerá los aspectos técnicos de esta solución pública, lo que activará los plazos de adaptación: un periodo transitorio de un año para quienes superen los 8 millones de euros de facturación anual y de dos años para quienes se sitúen por debajo de ese límite. "Esperamos, según nuestras previsiones, que esta orden ministerial y la solución pública comiencen su desarrollo antes del verano", señaló Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si se cumplen estos plazos, las empresas con mayor volumen de ingresos deberán adaptarse antes del verano de 2027, mientras que el resto tendrá de margen hasta el verano de 2028. El inicio de estos plazos coincidirá con la publicación de la orden de Hacienda relativa a la plataforma pública, que será gratuita y de uso opcional. No obstante, las empresas podrán seguir utilizando plataformas privadas de facturación ya existentes, siempre que cumplan con la obligación de interoperar entre sí, tal y como establece el nuevo real decreto. El objetivo principal de esta normativa es fomentar la digitalización y automatización de los procesos de facturación, con la intención de reducir costes y acortar los plazos de pago. Según el ministro, uno de los principales problemas que frenan el crecimiento empresarial es la falta de liquidez. Esta situación se debe, en gran medida, a los retrasos en los pagos a proveedores, que rondan los 80 días, superando tanto a otros países como el límite legal de 60 días. Además, este problema es más acusado en las grandes empresas: menos del 20% de sus facturas se abonan dentro del plazo, frente al 50% en el caso de las microempresas.

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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

La parálisis fiscal condena al mercado inmobiliario: los impuestos son ya el 25% del precio de la vivienda

El mercado de la vivienda en España vive una situación de fuerte presión, caracterizada por el aumento continuo de los precios y la falta de oferta, lo que dificulta el acceso a una vivienda para buena parte de la población. En este contexto, los expertos coinciden en que el sistema fiscal vigente no solo no contribuye a mejorar el problema, sino que además encarece los inmuebles y frena el desarrollo de nuevas promociones. Este análisis centró el debate en el Encuentro EXPANSIÓN Fiscal, donde se abordó el efecto de la política tributaria sobre el sector inmobiliario. En el evento participaron Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona; Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE); y Juan Linares, responsable de asesoría fiscal de Ibercaja. Los tres coincidieron en criticar cómo la actual carga impositiva condiciona tanto la compra como el alquiler. Bernardos abrió el turno con una descripción detallada de los costes que afronta un promotor, distinguiendo entre impuestos directos, exigencias normativas difíciles de cumplir y costes ocultos. Según explicó, entre promotores y desarrolladores de suelo pueden llegar a afrontar más de diez tributos, lo que, junto con las exigencias del Código Técnico de la Edificación, hace prácticamente imposible construir viviendas a precios asequibles. De hecho, señaló que en gran parte del país no es viable ofrecer viviendas por debajo de los 3.500 euros por metro cuadrado. El economista destacó especialmente lo que denomina el "impuesto invisible": los largos plazos para obtener licencias. Puso como ejemplo Cataluña, donde los permisos pueden tardar más de dos años, generando incertidumbre, desincentivando la inversión y reduciendo la oferta. En el ámbito del alquiler, cuestionó las políticas dirigidas a proteger a los colectivos vulnerables, argumentando que han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a endurecer los requisitos para los inquilinos. También apuntó que el elevado precio de la vivienda obliga a muchos jóvenes a depender del apoyo económico familiar, generando una transferencia creciente de recursos de padres a hijos. Por su parte, Gregorio Izquierdo aportó una visión centrada en la eficiencia y la competitividad, afirmando que el sector inmobiliario es uno de los más regulados de la economía española. A su juicio, el problema no radica en el mercado en sí, sino en la falta de oferta y en el exceso de impuestos. Estimó que la carga fiscal supone alrededor del 25% del precio final de una vivienda, lo que dificulta el acceso para muchos ciudadanos. Izquierdo describió además un sistema de "sobreimposición", en el que se acumulan distintos tributos -como el ITP, el IVA, el ICIO o tasas municipales-, en ocasiones sin relación directa con los servicios prestados. Criticó la falta de coordinación entre administraciones, lo que provoca que un mismo activo tribute varias veces por conceptos similares. También subrayó el desequilibrio entre lo que el Estado recauda del sector -unos 50.000 millones de euros anuales- y lo que invierte en vivienda, que apenas alcanza el 0,4% del PIB. Como solución, propuso liberalizar suelo y establecer límites fiscales que fomenten la competencia entre territorios. Finalmente, Juan Linares ofreció la perspectiva del sector financiero, señalando que la banca ha pasado de ser un problema en crisis anteriores a convertirse en parte de la solución, gracias a mejores condiciones de financiación. Sin embargo, coincidió en que el esfuerzo financiero se ve limitado por la elevada carga fiscal, que encarece el acceso a la vivienda. Linares destacó que los impuestos no solo afectan a la compra, sino que también reducen la oferta de alquiler al penalizar tanto la venta como el arrendamiento. Señaló además que las donaciones familiares han aumentado un 25% en los últimos cinco años, precisamente para cubrir los costes que la financiación hipotecaria no alcanza. A su juicio, el principal obstáculo ya no es tanto el crédito como la carga administrativa y fiscal. Como medidas, propuso recuperar incentivos como la deducción por vivienda habitual o la cuenta vivienda, y planteó tratar los ingresos del alquiler de forma similar a los del ahorro para favorecer el mercado.

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(Expansión, 25-03-2026) | Fiscal

Las diez principales novedades de la campaña

La campaña de la Renta arranca el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, o hasta el 25 de junio en caso de domiciliar el primer pago. Este ejercicio incorpora diversas novedades, recogidas por EXPANSIÓN y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), entre las que destacan las siguientes: 1. Rendimientos de actividades artísticas. Uno de los cambios más relevantes afecta a la fiscalidad de los ingresos obtenidos de forma irregular en el ámbito artístico. Así, los rendimientos del trabajo procedentes de la creación de obras literarias, artísticas o científicas -cuando impliquen la cesión de derechos de explotación-, así como los derivados de la relación laboral especial de artistas en artes escénicas, audiovisuales o musicales, podrán aplicar una reducción del 30% sobre la parte de ingresos que exceda el 130% de la media obtenida en los tres años anteriores. Esta medida también se aplica a quienes realizan labores técnicas o auxiliares dentro de este sector, reconociendo la irregularidad de sus ingresos. 2. Tributación del ahorro. En 2025 también se modifica la escala del ahorro, incrementando en dos puntos el tipo máximo. De este modo, pasa del 28% al 30% para las bases que superen los 300.000 euros. 3. Actividades agrícolas y ganaderas. En el ámbito agrario, se eliminan algunas ayudas fiscales temporales. Desaparece la deducción del 35% por el gasóleo agrícola y la del 15% por fertilizantes. Además, se suprimen ciertos índices correctores utilizados para calcular el rendimiento neto, como los relacionados con piensos adquiridos o cultivos en regadío. 4. Rescate de planes de pensiones. Desde 2025 será posible rescatar aportaciones a planes de pensiones con más de diez años de antigüedad sin necesidad de justificar una causa concreta. Esto amplía la liquidez de estos productos, que antes solo podían hacerse efectivos en situaciones específicas como jubilación o incapacidad. Fiscalmente, las cantidades seguirán tributando como rendimientos del trabajo. Se mantiene, además, la reducción del 40% para aportaciones anteriores a 2007, siempre que se rescaten en forma de capital y dentro de los plazos establecidos. 5. Vehículos eléctricos. Se prorrogan durante todo 2025 las deducciones por la compra de vehículos eléctricos o de pila de combustible, así como por la instalación de puntos de recarga. 6. Eficiencia energética en viviendas. Algunas medidas previstas en el Real Decreto-ley 9/2024, pese a no haber sido convalidado, han tenido efectos en el inicio de 2025. Entre ellas, la ampliación de deducciones por obras de mejora energética en viviendas (del 20% y 40%), aunque solo aplicables en casos muy concretos, como contribuyentes fallecidos en enero de 2025. 7. Salario mínimo interprofesional. Se introduce una deducción para quienes perciban el salario mínimo y hayan sufrido retenciones, con el objetivo de compensar dichas cantidades en la declaración. 8. Indemnizaciones por despido. Con efectos desde 2026, se aclara que las indemnizaciones pactadas ante el SMAC no se consideran fruto de acuerdos privados, lo que permite aplicar la exención prevista en el IRPF. 9. Pensiones alimenticias de padres divorciados. Se amplía la exención de las anualidades por alimentos cuando estas se establezcan en convenios formalizados ante letrado de la Administración de Justicia o en escritura notarial, incorporando así un criterio ya habitual en la práctica. 10. Indemnizaciones por responsabilidad civil. También a partir de 2026, la exención por indemnizaciones por daños personales se extiende a aquellas acordadas mediante mediación u otros sistemas extrajudiciales, siempre que se formalicen ante notario y participen terceros imparciales. En conjunto, estas novedades introducen ajustes tanto en la fiscalidad del ahorro y determinados sectores como en deducciones e incentivos, además de ampliar la flexibilidad en algunos instrumentos de previsión y clarificar el tratamiento de determinadas rentas.

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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

Nace el Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente para "vigilar a quienes nos vigilan"

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha puesto en marcha un nuevo organismo que integrará a expertos del ámbito académico, jurídico y fiscal con el objetivo de denunciar lo que consideran una actuación desproporcionada de la Agencia Tributaria en su relación con los contribuyentes. Según la asociación, el aumento de la presión fiscal, mediante mecanismos que en su opinión resultan difíciles de compatibilizar con los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática, ha motivado la creación del denominado Observatorio de los Derechos y Garantías del Contribuyente. Este órgano nace con la finalidad de supervisar la actuación de la Administración tributaria, en palabras de la propia organización, "vigilar a quienes ejercen la vigilancia". Durante su presentación, Aedaf explicó que el Observatorio no estará formado únicamente por asesores fiscales, sino que también contará con profesionales procedentes del mundo universitario, del ámbito judicial y del sector privado. Su labor consistirá en analizar situaciones que consideren especialmente sensibles y elaborar, al cierre de cada ejercicio, un informe con conclusiones y propuestas concretas. Aunque se define como una iniciativa de carácter independiente y ajena a posicionamientos políticos, gran parte de las intervenciones giraron en torno a críticas a la actuación de la Administración tributaria. Como primer paso, el nuevo organismo ha presentado una propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente, que recoge un total de 82 derechos estructurados en cinco grandes bloques: principios básicos en materia tributaria, derechos vinculados a la elaboración de normas fiscales, garantías en la relación jurídica con la Administración, derechos en los procedimientos tributarios y, finalmente, derechos relacionados con la tutela judicial y el control de la Administración por parte de los tribunales. Desde la coordinación del Observatorio se subraya que esta iniciativa responde a la existencia de un problema relevante en materia de garantías que afecta al conjunto de los ciudadanos. Uno de los ámbitos en los que el organismo pondrá especial atención es el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Administración tributaria. En este sentido, propone que los contribuyentes tengan derecho a saber si en la toma de decisiones se han empleado sistemas avanzados o inteligencia artificial. Además, considera que, en esos casos, debería garantizarse la transparencia -incluida la posibilidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos- y la intervención final de una persona en el proceso. Asimismo, los asesores fiscales advierten sobre determinadas prácticas de control, como el análisis de redes sociales, que, según sostienen, podrían no ajustarse plenamente a la normativa europea de protección de datos. Incluso señalan la existencia de casos en los que la Administración habría utilizado perfiles ficticios para monitorizar la actividad digital de los contribuyentes. Aunque reconocen que Hacienda puede acceder a información pública, recuerdan que su uso debe estar justificado, ser proporcional y responder a una base legal adecuada. Por último, la asociación insistió en la importancia de reforzar la educación financiera desde edades tempranas, incorporándola al sistema educativo, con el fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y obligaciones en materia tributaria.

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(El Economista,25-03-2026) | Fiscal

El PP reclama deflactar el IRPF para los afectados por la subida de las hipotecas

El Partido Popular no tiene asegurado su respaldo a la primera fase del plan anticrisis -separada de las medidas relativas a vivienda- que se debatirá este jueves en el Congreso. Desde la dirección del partido consideran que las propuestas del Gobierno se quedan cortas, especialmente en el ámbito fiscal, al no contemplar medidas como la deflactación de los tramos del IRPF. A nivel estatal, esta medida no se ha aplicado ni siquiera en los momentos más duros de la inflación provocada por la guerra en Ucrania. En este sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló recientemente que un contribuyente medio soporta unos 3.000 euros adicionales en el IRPF debido al efecto de la inflación. Fuentes del partido apuntan a que esta actualización de los tramos debería centrarse, sobre todo, en quienes están más afectados por la subida del euríbor, una de las consecuencias indirectas del conflicto en Oriente Próximo, que encarece las hipotecas. Según sus análisis, gran parte de la clase media española se encuentra en esta situación. Asimismo, el PP defiende que el plan del Ejecutivo debería ampliar las rebajas fiscales más allá de las ayudas vinculadas a carburantes, electricidad, gas o transición energética. Como ya propuso en años anteriores, el partido insiste en la necesidad de actuar también sobre la fiscalidad de los productos básicos de la cesta de la compra. Feijóo subrayó que el precio de los alimentos ha aumentado más de un 40% y recordó que su formación ya ha planteado reducir el IVA de la carne y el pescado al tipo superreducido del 4%, frente al 10% actual, así como aplicar un tipo del 0% a los productos frescos. Ante lo que consideran margen de mejora en el decreto aprobado recientemente por el Gobierno, los populares animan al Ejecutivo a reconsiderar su propuesta y abrir un periodo de negociación, señalando que aún hay tiempo antes de su votación. No obstante, si finalmente el texto se somete a votación este jueves, el partido decidirá su posición en ese momento, sin haberla adelantado por ahora. El líder del PP ha explicado que su propuesta de rebajar el IRPF -incluida en el paquete presentado el pasado 9 de marzo- tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y facilitar que puedan afrontar mejor sus gastos mensuales.

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(El Periódico, 25-03-2026) | Fiscal

Junts votará a favor del decreto anticrisis si el PSOE respalda su propuesta sobre autónomos

Míriam Nogueras ha confirmado que su grupo respaldará el real decreto destinado a hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, aunque ese apoyo no es incondicional. La portavoz de Junts per Catalunya ha señalado que su voto favorable dependerá de que el PSOE respalde también una proposición no de ley presentada por su formación. En ella se plantea eliminar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, en línea con la directiva europea 2020/285. La formación independentista tuvo un papel clave en la configuración del decreto anticrisis aprobado recientemente por el Gobierno, al lograr incorporar buena parte de sus propuestas fiscales. Estas medidas proceden de un documento con 22 iniciativas que el partido liderado por Carles Puigdemont registró semanas atrás en el Congreso. Entre ellas figuran la reducción del IVA en carburantes, electricidad y gas, rebajas en impuestos energéticos, la suspensión temporal de determinados gravámenes o ayudas a sectores con alto consumo eléctrico. Según fuentes del partido, estos compromisos se cerraron tras una conversación entre la portavoz parlamentaria y el ministro Félix Bolaños antes del Consejo de Ministros extraordinario. En ese contacto, Nogueras habría dejado claro que el apoyo de su grupo dependía de la inclusión de estas medidas, que previamente el Ejecutivo había rechazado. Además, la dirigente de Junts se mostró contraria a aceptar iniciativas intervencionistas en materia de vivienda, como limitaciones a los precios del alquiler o prórrogas obligatorias de contratos. Este desacuerdo contribuyó a tensiones dentro del Gobierno de coalición, especialmente entre el PSOE y los ministros de Sumar, lo que acabó provocando ajustes en el contenido del decreto para lograr su aprobación. A pesar de ello, el respaldo definitivo de Junts aún no está garantizado. El partido condiciona su voto a que el Ejecutivo apoye su propuesta sobre el IVA de los autónomos. Desde la formación advierten de que, si no obtienen ese apoyo, será complicado que respalden otras iniciativas. La propuesta se debatirá previamente, lo que permitirá anticipar la postura del Gobierno antes de la votación clave en el Congreso. Con esta estrategia, Junts busca aliviar la presión fiscal sobre autónomos y clases medias, vinculando su apoyo al decreto a medidas que reduzcan la carga tributaria de estos colectivos.

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(El Confidencial, 25-03-2026) | Fiscal

ICAM pide a Ayuso blindar al abogado en la ley contra los excesos de Hacienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace casi tres años una iniciativa legislativa orientada a frenar lo que consideraba excesos de la Hacienda autonómica. Desde entonces, el proyecto ha seguido desarrollándose dentro del Ejecutivo regional hasta que, a comienzos de 2025, inició su recorrido parlamentario. El anteproyecto de la Ley de Defensa del Contribuyente, impulsado por el Gobierno madrileño a través de su área económica, pretende reforzar las garantías fiscales de los ciudadanos. Entre sus medidas se incluyen la simplificación de trámites, la creación de una carpeta fiscal digital para gestiones en línea y la posibilidad de que la Administración pida disculpas de forma oficial cuando un contribuyente gane un litigio frente a la Hacienda regional. Sin embargo, durante el periodo de información pública, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha planteado que el concepto de "contribuyente" resulta demasiado limitado. En sus alegaciones, el organismo presidido por Eugenio Ribón propone sustituirlo por una noción más amplia, como la de "obligados tributarios", con el fin de que la protección legal se extienda también a profesionales que representan a los ciudadanos ante la Administración. La intención es que abogados y asesores fiscales queden igualmente amparados cuando actúan en defensa de terceros. Según el Colegio, centrarse únicamente en el contribuyente supone una restricción injustificada, ya que en la relación jurídico-tributaria intervienen otros actores que también necesitan garantías. Por ello, sugiere emplear fórmulas más inclusivas que abarquen a todos los implicados en este tipo de relaciones. Más allá de esta cuestión, el ICAM también cuestiona el enfoque general del anteproyecto. Considera que se da demasiada importancia a los servicios de información y asistencia, dejando en segundo plano los procedimientos tributarios, que es donde se originan la mayoría de conflictos, como inspecciones, comprobaciones o sanciones. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de las consultas tributarias, asegurando su carácter vinculante y evitando cambios de criterio que puedan perjudicar a los ciudadanos. El Colegio advierte de que permitir a la Administración apartarse de sus propias interpretaciones alegando diferencias en los hechos podría vaciar de contenido estas garantías. Asimismo, subraya la importancia de mejorar la respuesta administrativa cuando no se contestan consultas en plazo, ya que esto genera incertidumbre, especialmente si posteriormente se derivan sanciones. Otro de los aspectos novedosos que introduce el ICAM es la incorporación de mecanismos de mediación para resolver discrepancias técnicas antes de que lleguen a los tribunales. En este sentido, plantea que la futura Oficina de Defensa del Contribuyente asuma un papel activo como intermediaria, promoviendo soluciones consensuadas entre la Administración y los ciudadanos. El Colegio también aboga por reforzar la independencia de este organismo, proponiendo que su dirección recaiga en una persona externa a la Administración tributaria y con experiencia acreditada. Además, sugiere que esta oficina pueda formular recomendaciones ante quejas ciudadanas y que las autoridades estén obligadas a justificar sus decisiones cuando no las sigan. Estas propuestas han sido elaboradas por especialistas en derecho tributario del ICAM y su centro de mediación, bajo la coordinación de Roberta Poza. Según explican, el objetivo es contribuir a que la futura ley establezca un equilibrio real entre la actuación de la Administración y la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la lucha contra el fraude y el respeto a las garantías jurídicas.

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(Expansión, 24-03-2026) | Fiscal

Hacienda avisa a las multinacionales por carta: se aproxima el pago del tipo mínimo

La Agencia Tributaria ha empezado a avisar a los grandes grupos empresariales de que dispondrán del periodo comprendido entre abril y junio para presentar las nuevas declaraciones fiscales exigidas, mientras que en julio deberán efectuar el pago correspondiente. El proceso ya está en marcha. En los últimos días, grandes compañías y multinacionales que operan en España han comenzado a recibir comunicaciones en las que se les informa de la inminente obligación de abonar, por primera vez, un nuevo impuesto adicional al de Sociedades. Este tributo busca asegurar la aplicación de un tipo mínimo global del 15%, acordado en el ámbito de la OCDE. Según indica Hacienda, las empresas afectadas tendrán desde el 30 de abril hasta el 30 de junio para remitir la información fiscal requerida, antes de proceder a la primera liquidación del impuesto durante el verano. En la notificación, la Agencia Tributaria señala que se dirige a aquellas entidades que podrían formar parte de grandes grupos, tanto nacionales como multinacionales, sujetos a este "Impuesto Complementario" vinculado al tipo mínimo global. En caso de estar incluidas, deberán cumplir con las obligaciones formales y materiales que establece esta normativa. Este nuevo gravamen en España deriva de la adaptación de una directiva europea, que a su vez responde al acuerdo internacional alcanzado en 2021 por cerca de 140 países en el seno de la OCDE. El objetivo es garantizar que las multinacionales tributen al menos un 15% sobre sus beneficios, independientemente del país donde operen. Esta medida forma parte del llamado Pilar 2 del proyecto BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos de este compromiso ha debilitado su alcance y ha complicado la puesta en marcha del Pilar 1, destinado a repartir la recaudación entre los países donde operan estas empresas. A pesar de ello, en España, el resto de Europa y la mayoría de economías avanzadas, el impuesto mínimo global comenzará a aplicarse a empresas con una facturación superior a 750 millones de euros anuales (durante al menos dos de los últimos cuatro años). En el caso español, alrededor de 140 grupos empresariales se verán afectados, y todos ellos deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, hayan recibido o no la comunicación de Hacienda. Desde la consultora BDO aclaran que la carta tiene carácter informativo y no exige respuesta, aunque advierte de la posible sujeción de la empresa a este impuesto. Entre las obligaciones, las empresas deberán presentar nuevas declaraciones informativas. En primer lugar, las entidades en España pertenecientes a un grupo afectado deberán cumplimentar el Modelo 240, que identifica a la entidad encargada de presentar la declaración informativa. Esta obligación puede cumplirse mediante una única comunicación que incluya a todas las entidades del grupo en el país. Además, deberán presentar el Modelo 241, correspondiente a la declaración informativa del impuesto. No obstante, si la empresa matriz u otra entidad designada presenta una declaración conjunta desde España o desde un país con acuerdos de intercambio automático de información, esta obligación podría quedar cubierta. El plazo para presentar ambos modelos será del 30 de abril al 30 de junio. Posteriormente, si una empresa es la única representante del grupo en España, deberá presentar el Modelo 242 para autoliquidar el impuesto y efectuar el pago. En caso de que existan varias entidades del grupo en el país, una de ellas actuará en representación del resto, presentando tantas autoliquidaciones como contribuyentes represente. Finalmente, la Agencia Tributaria recuerda que la autoliquidación debe presentarse incluso si el resultado es cero. Asimismo, desde BDO advierten que el hecho de no haber recibido la notificación no exime a las empresas de cumplir con esta obligación fiscal.

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(Expansión, 24-03-2026) | Fiscal

Cataluña prueba "ayudas directas, exenciones fiscales y financiación"

La Generalitat ha dado luz verde a un paquete de medidas que incluye subvenciones directas, beneficios fiscales y líneas de financiación, con posibilidad de ampliarse, para apoyar tanto a familias como a empresas ante el impacto de la crisis en Oriente Próximo, un conflicto que el Govern califica de "grave e injustificado". Cataluña se convierte así en la primera comunidad autónoma en poner en marcha un plan específico para hacer frente a esta situación. Este programa complementará el aprobado recientemente por el Gobierno central y será ratificado en la reunión del Ejecutivo catalán prevista para este martes. El plan contará con una dotación de hasta 400 millones de euros e incorporará unas 40 iniciativas dirigidas al tejido empresarial y a los hogares. Entre ellas destacan ayudas económicas, incentivos fiscales, acceso a financiación y medidas para impulsar la transición energética, tal como explicó el president de la Generalitat, Salvador Illa. El anuncio se realizó durante la clausura del Gran Encuentro EXPANSIÓN Catalunya, celebrado en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ante un público formado por empresarios y directivos. En su intervención, Illa apeló a la colaboración y a priorizar el interés general en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. Calificó la guerra como un error grave con importantes repercusiones económicas, tanto a nivel global como en Cataluña. El objetivo de estas medidas, que podrían ampliarse según evolucione el conflicto, es ayudar especialmente a los sectores más afectados -como el transporte, la agricultura o la pesca- a hacer frente al encarecimiento de la energía y de las materias primas. El president subrayó que estas ayudas estarán ligadas al mantenimiento del empleo y advirtió de que la situación también repercute en los ciudadanos, en particular en los colectivos más vulnerables. A pesar del contexto internacional, Illa destacó el buen comportamiento de la economía catalana, que en 2025 creció un 2,7%, superando ampliamente la media europea. No obstante, insistió en la necesidad de garantizar que este crecimiento beneficie a toda la sociedad. Durante su discurso, también recordó el 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la entonces Comunidad Económica Europea, así como el nacimiento del diario EXPANSIÓN ese mismo año, al que calificó como un referente en información económica. De cara al futuro, Illa señaló que uno de los principales retos será la evolución del conflicto en Oriente Próximo, para lo que reclamó unidad política y responsabilidad por parte de grandes empresas y entidades financieras, insistiendo en que no es momento de buscar beneficios extraordinarios. Asimismo, defendió un papel activo del sector público para impulsar la inversión junto al sector privado. En materia de vivienda, el president justificó la necesidad de intervención pública al considerar que el mercado por sí solo no garantiza el acceso. En este sentido, recordó medidas recientes como la ampliación del control de precios del alquiler -incluyendo habitaciones y contratos temporales- y el incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grandes propietarios. Además, avanzó que se prevén nuevas limitaciones para estos en la compraventa de inmuebles en zonas tensionadas, a través de una reforma legislativa que el Parlament espera aprobar el próximo verano.

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(El Economista, 24-03-2026) | Fiscal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la tasa de basuras de Madrid por defectos sustanciales en su tramitación

Nuevo revés judicial para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a varias entidades que recurrieron la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento y ha declarado nula de pleno derecho la tasa de basuras. El Consistorio ya analiza la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo. La sentencia podría implicar la devolución de los 350 millones de euros recaudados en 2025, más los intereses, aunque únicamente a aquellos contribuyentes que presentaron reclamación. Según ha informado el Poder Judicial, el tribunal ha examinado el proceso de aprobación de la ordenanza y concluye que el Ayuntamiento incurrió en una "infracción sustancial" de las normas al no incluir, durante el periodo de información pública, una parte clave del informe técnico-económico que sustentaba el cálculo del tributo. En concreto, no se publicaron los anexos relativos al análisis de generación de residuos por actividades económicas. Para el tribunal, estos documentos eran imprescindibles para entender cómo se fijaba la cuantía de la tasa y para poder fiscalizarla adecuadamente. La sentencia reconoce que la ordenanza se aprobó en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a aplicar el principio de "quien contamina, paga". No obstante, subraya que esta exigencia no justifica el incumplimiento de las garantías legales ni la falta de una motivación suficiente de los elementos esenciales del impuesto. El TSJM recalca que el informe técnico-económico es una pieza fundamental en la creación de tasas municipales, ya que debe justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para fijar las cuotas. Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, este informe no puede limitarse a ofrecer cifras finales, sino que debe explicar de forma detallada la metodología empleada. Tras analizar la documentación publicada, los magistrados concluyen que, aunque incluía algunos datos, no permitía comprender cómo se habían obtenido, especialmente en aspectos como la asignación de residuos a cada actividad económica o la definición de las llamadas zonas homogéneas. Esa información clave solo aparecía en los anexos que no se hicieron públicos. Por ello, el tribunal rechaza el argumento del Ayuntamiento de que dichos anexos eran meramente complementarios, al considerar que contenían el núcleo del sistema de cálculo, incluyendo estudios estadísticos y criterios técnicos fundamentales. Además, la sentencia advierte de que la falta de esta información impidió conocer la relación entre la actividad económica y la carga fiscal, lo que afecta a la transparencia y limita la capacidad de control por parte de los ciudadanos. El TSJM también insiste en que el trámite de información pública no puede ser un simple formalismo, sino una garantía efectiva de participación. Para ello, la Administración debe facilitar toda la documentación relevante sin restricciones, permitiendo a los ciudadanos analizar el expediente completo y presentar alegaciones con fundamento. En este caso, la ausencia de los anexos privó a los interesados de conocer los fundamentos técnicos de la tasa y de cuestionarlos, generando una situación de indefensión que, según la jurisprudencia, conlleva la nulidad total de la norma. El tribunal añade que no basta con permitir el acceso a la información mediante solicitudes individuales, ya que la ley exige su publicación íntegra durante el periodo de exposición pública. Tampoco considera válido sustituir la explicación metodológica por simples resultados numéricos. Tras conocerse el fallo, desde el Ayuntamiento de Madrid han señalado que la anulación responde a cuestiones "meramente formales". Según explican, el anexo omitido -elaborado por una empresa externa- contenía datos sobre la generación de residuos en usos no residenciales, que los servicios técnicos consideraban información auxiliar, al entender que la metodología ya estaba suficientemente justificada en el estudio económico.

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