La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado la posibilidad de aplicar recortes de cientos de miles de millones de euros al próximo presupuesto comunitario, una opción defendida por el grupo de países frugales en las negociaciones que mantienen los Estados miembros. La dirigente europea se desmarcó así de la posición de Alemania, uno de los países que reclama mayor contención, y advirtió ante el Parlamento Europeo de las consecuencias que tendría reducir el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034.
Von der Leyen reconoció las dificultades presupuestarias que afrontan los Estados miembros, pero alertó de que una reducción significativa del presupuesto pondría en riesgo algunas de las principales prioridades acordadas por la Unión Europea. En este contexto, defendió la propuesta presentada por la Comisión, que contempla elevar los recursos propios de la UE para garantizar la financiación de sus nuevas necesidades.
La presidenta considera que los cerca de dos billones de euros planteados para el próximo periodo, equivalentes al 1,26% de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea, representan una cantidad adecuada para afrontar los desafíos que tiene por delante el bloque comunitario.
La Comisión Europea es consciente de que Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca, países que concentran alrededor del 40% de las aportaciones al presupuesto comunitario, son partidarios de contener sus contribuciones mientras intentan reducir sus propios desequilibrios presupuestarios. Sin embargo, Von der Leyen sostiene que las nuevas prioridades europeas exigirán financiación adicional a escala comunitaria.
Entre ellas se encuentran el refuerzo de la defensa y la seguridad, el impulso de la competitividad, el desarrollo de la inteligencia artificial, las inversiones en infraestructuras energéticas y materias primas, la investigación y la innovación, la formación y las capacidades, además de la futura ampliación de la Unión y el fortalecimiento de las relaciones con terceros países.
Ante la dificultad de aumentar las aportaciones nacionales y, al mismo tiempo, disponer de más recursos para financiar estas políticas, Von der Leyen volvió a defender la creación de nuevos ingresos propios para la Unión Europea.
La propuesta presupuestaria de la Comisión ya contempla algunas nuevas figuras tributarias, entre ellas gravámenes vinculados a los residuos electrónicos y a las emisiones de carbono. A estas propuestas se suman otras planteadas por el Parlamento Europeo, como un impuesto digital dirigido a las grandes empresas tecnológicas, tasas sobre las plusvalías obtenidas con criptoactivos o un gravamen sobre las apuestas online.
Von der Leyen insistió en que, si la UE quiere mantener sus objetivos y el nivel de inversión previsto para los próximos años, deberá buscar nuevas vías de ingresos sin depender únicamente de un aumento de las aportaciones de los Estados miembros.
El Tribunal Supremo ha establecido que los saldos bancarios procedentes de salarios, sueldos o pensiones que tienen la consideración de inembargables mantienen esa protección aunque el dinero corresponda a mensualidades anteriores y permanezca en la cuenta sin haber sido gastado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera, de este modo, que Hacienda y los organismos de recaudación no pueden embargar automáticamente esos fondos por el simple hecho de que se hayan acumulado con el paso del tiempo.
La decisión cuestiona el criterio que venían aplicando los órganos de recaudación, según el cual el dinero de una nómina o una pensión que no se utilizaba durante el mes en que se había percibido dejaba de estar protegido y pasaba a considerarse ahorro. Con esta interpretación, los remanentes quedaban expuestos al embargo para hacer frente a las deudas con las administraciones públicas.
El conflicto se centra en la interpretación conjunta del artículo 171.3 de la Ley General Tributaria y del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este último establece la protección de las cantidades que no superan el Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de garantizar unos recursos mínimos para la subsistencia del deudor. La Administración tributaria, sin embargo, había entendido que esta protección solo podía aplicarse al salario o pensión ingresado durante el mes en curso o, como máximo, en el inmediatamente anterior.
El Supremo rechaza esta interpretación y señala que la protección no desaparece por el mero transcurso del tiempo. Para el tribunal, considerar automáticamente como ahorro los importes que una persona con ingresos reducidos no ha gastado en un determinado mes desvirtúa la finalidad de las normas sobre inembargabilidad. Los magistrados tienen en cuenta, además, que determinados gastos esenciales no se producen necesariamente con una periodicidad mensual y que las familias con menores recursos pueden necesitar acumular parte de sus ingresos para afrontar gastos extraordinarios.
La sentencia resuelve el caso de un pensionista cuyos únicos ingresos se situaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. El contribuyente había ido acumulando en su cuenta una cantidad procedente exclusivamente del cobro de su pensión. Aunque la procedencia de los fondos estaba acreditada, la Administración embargó parte del saldo al considerar que correspondía a cantidades acumuladas y, por tanto, no protegidas.
El Tribunal Supremo declara que esa actuación no era conforme a derecho y establece que el saldo acumulado mantiene su carácter inembargable cuando se pueda demostrar que procede exclusivamente de salarios, sueldos o pensiones protegidos por la normativa y no existen otras fuentes de ingresos que puedan alterar esa consideración.
La doctrina fijada por el alto tribunal afecta a la forma en que las administraciones deben analizar los saldos antes de proceder a un embargo. No bastará con atender a la antigüedad de las cantidades depositadas, sino que será necesario determinar cuál es su origen y comprobar si están amparadas por los límites legales de inembargabilidad.
La resolución también puede permitir que quienes hayan sufrido embargos similares puedan recurrir las actuaciones administrativas cuando cumplan las condiciones establecidas por el Supremo y solicitar, en su caso, la devolución de las cantidades indebidamente embargadas.
Hacienda ha decidido ampliar de nuevo los plazos para la aplicación definitiva de Verifactu y del resto de obligaciones derivadas de la Ley Antifraude, con el objetivo de hacerlos coincidir con el calendario previsto para la implantación de la factura electrónica obligatoria para empresas y autónomos.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, comunicó este lunes una nueva ampliación del periodo disponible para adaptar los sistemas a estas obligaciones, entre las que se encuentra el sistema de verificación de facturas de la Agencia Tributaria, conocido como Verifactu.
Es la tercera vez que se retrasa la aplicación de estas medidas. El último aplazamiento se produjo el pasado diciembre, cuando el Gobierno amplió en un año, hasta el próximo 1 de enero, el plazo para que empresas y autónomos pudieran adaptar sus sistemas y cumplir con los nuevos requisitos.
Con el nuevo calendario, la implantación de Verifactu se extenderá hasta octubre de 2028. La fecha se hará coincidir con la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria para empresas y trabajadores autónomos con una facturación anual inferior a ocho millones de euros. La decisión responde a una de las principales peticiones planteadas por organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que reclamaban una coordinación entre ambos calendarios.
Hacienda señala que, una vez establecidos los nuevos plazos, se modificará la normativa para armonizar tanto su ámbito de aplicación como determinados aspectos técnicos con las futuras exigencias de intercambio y comunicación digital de información asociadas a la factura electrónica.
Por su parte, el Ministerio también ha fijado el calendario definitivo para la implantación de la factura electrónica. Las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros deberán utilizarla a partir del 2 de octubre de 2027. Para las empresas y autónomos con ingresos inferiores a esa cantidad, la obligación comenzará un año después, en octubre de 2028.
Las ganancias obtenidas con las inversiones no estarán sujetas a tributación mientras permanezcan dentro de la cuenta. Una vez transcurridos cinco años, los rendimientos estarán completamente exentos hasta los primeros 10.000 euros y, por encima de esa cantidad, disfrutarán de una exención del 20%.
El primero de los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobierno, que parte con mayores posibilidades de ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, recupera la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, una medida que ya figuraba en el texto rechazado por la Cámara Baja el pasado viernes.
Según explican fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, este instrumento pretende fomentar el ahorro a largo plazo y estará disponible para todos los contribuyentes del IRPF. Los interesados podrán contratarlo a través de sus entidades bancarias o de empresas de servicios de inversión.
Cada contribuyente podrá disponer de una cuenta ordinaria, compatible con la modalidad destinada a la reinversión, y realizar aportaciones de hasta 150.000 euros. Mientras el dinero y las ganancias permanezcan dentro de la cuenta, las plusvalías no tributarán. Si se mantienen durante al menos cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancias quedarán exentos y el exceso disfrutará de una exención del 20%.
En cuanto a las inversiones que podrán realizarse, la cuenta podrá incluir acciones de compañías pertenecientes al Espacio Económico Europeo, así como fondos que destinen al menos el 70% de sus activos a inversiones europeas y un mínimo de la mitad de su cartera a renta variable.
La contratación será posible una vez que Hacienda apruebe la orden que establecerá las obligaciones de información tributaria. Además, hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) habilite el registro de fondos que podrán acogerse al sistema, en un plazo máximo de cuatro meses, las cuentas solo podrán incorporar acciones.
El decreto contempla además la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión, diseñada para aplicar la exención en el IRPF sobre las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta a las administraciones públicas de viviendas que hayan permanecido vacías de manera continuada y sin una causa justificada durante los dos años anteriores a la operación.
En este caso, la exención será automática y completa cuando el precio de venta no supere los 200.000 euros. A partir de esa cantidad, el porcentaje exento irá disminuyendo progresivamente hasta desaparecer cuando el valor de la vivienda alcance los 800.000 euros.
El propietario podrá, no obstante, ampliar la parte de la ganancia que queda exenta si destina proporcionalmente el importe obtenido con la venta a la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión. Para ello dispondrá de seis meses desde la venta o, si la operación se realizó antes de que la cuenta estuviera disponible, desde su puesta en funcionamiento.
El paquete incluye también la creación del Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa, que será comercializado por las compañías aseguradoras y permitirá a los ahorradores escoger entre distintas carteras de inversión europea gestionadas de forma delegada.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha cambiado su doctrina y reconoce ahora que las comunicaciones mediante las que la Administración informa del pago de una devolución tributaria después de aplicar una deducción por un embargo judicial son actos administrativos que pueden recurrirse. El nuevo criterio, fijado en una resolución de 17 de septiembre de 2026, deja atrás la interpretación anterior del propio organismo, que consideraba estas comunicaciones meros avisos informativos. El TEAC establece ahora que se trata de decisiones definitivas que ponen fin al procedimiento de devolución y afectan directamente al importe que corresponde recibir al contribuyente.
El cambio responde a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, en particular a su sentencia de 15 de julio de 2026 y a otros pronunciamientos dictados durante ese mes. El alto tribunal determinó que cualquier decisión administrativa que reduzca o impida el pago de una devolución previamente reconocida debe estar suficientemente motivada en el expediente y puede ser revisada tanto en la vía económico-administrativa como ante los tribunales contencioso-administrativos.
Con el nuevo criterio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no puede cuestionar la validez de una orden de embargo dictada por un órgano judicial, pero sí debe explicar de manera concreta cómo se aplica esa orden sobre el importe que la Administración debe devolver al contribuyente. Para ello, el expediente debe incluir la resolución judicial que ordena el embargo y precisar su alcance, de modo que el afectado pueda conocer las razones exactas por las que se ha reducido o eliminado la devolución.
El caso analizado por el TEAC se refiere a una reclamación presentada después de que se inadmitiera un recurso de reposición contra la retención íntegra de una devolución de 4.365,33 euros como consecuencia de un embargo judicial. El tribunal ha dado la razón a la entidad reclamante y ha anulado la actuación administrativa al considerar que la simple referencia a la existencia del embargo en la comunicación de pago no permite justificar suficientemente la deducción.
El TEAC considera además que la ausencia en el expediente de la correspondiente orden judicial impide al contribuyente conocer y comprobar el alcance de la medida aplicada, lo que supone una situación de indefensión. Por este motivo, la Administración debe acreditar formalmente la existencia y contenido de la orden antes de aplicar sus efectos sobre una devolución tributaria.
La nueva doctrina permite recurrir este tipo de comunicaciones mediante recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, conforme a los artículos 222, 226 y 227 de la Ley General Tributaria. Asimismo, el TEAC recuerda que cuando el retraso en el pago de una devolución sea imputable a la Administración, deberán abonarse al contribuyente los correspondientes intereses de demora desde que finalice el plazo legal para efectuar el pago.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos decretos con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, similares a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El paquete incluye incentivos fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, que deberán ser convalidados por la Diputación Permanente tras el adelanto electoral y la disolución de las Cortes.
Entre las medidas planteadas figura la ampliación de los beneficios fiscales para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler residencial y cumplan determinados requisitos relacionados con el precio y la duración de los contratos. En algunos casos, la reducción aplicable sobre los rendimientos obtenidos por el alquiler podrá llegar al 100%.
El Gobierno pretende con estos incentivos aumentar la oferta disponible en el mercado del alquiler y favorecer que los propietarios mantengan sus viviendas arrendadas a precios considerados asequibles. Las ventajas fiscales serán especialmente elevadas cuando los inmuebles se incorporen a programas de vivienda social o asequible, cuando se reduzca la renta respecto a determinados niveles o cuando se hayan realizado obras de rehabilitación.
Para los arrendatarios, el Ejecutivo propone crear una nueva deducción estatal en el IRPF que permitirá desgravar hasta el 10% de las cantidades destinadas al alquiler de la vivienda habitual. La medida se dirige a contribuyentes con ingresos de hasta aproximadamente 33.000 euros anuales y contempla distintos porcentajes de deducción en función del nivel de renta. Según las estimaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un hogar que pague 800 euros mensuales de alquiler podría obtener un ahorro fiscal cercano a los 1.000 euros al año.
El paquete también incorpora medidas para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. Los arrendamientos que cumplan los requisitos establecidos podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Además, se fijan nuevas condiciones para determinados supuestos en los que los propietarios pretendan no renovar los contratos una vez alcanzado el periodo previsto.
El Ayuntamiento de Barcelona prevé aplicar el recargo de hasta el 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas de uso turístico que contempla uno de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central, siempre que la norma sea finalmente convalidada. El recargo sería del 50% para los propietarios con una vivienda turística, del 100% para quienes dispongan de dos o tres y del 150% para los titulares de cuatro o más.
El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha explicado que, si el decreto obtiene el respaldo necesario, el Gobierno municipal prevé llevar la aplicación de esta medida a la comisión de Economía "entre esta semana y la próxima".
Barcelona cuenta actualmente con 10.627 licencias de viviendas de uso turístico. Según los datos facilitados por Valls, aproximadamente un 30% pertenecen a titulares con una única licencia, mientras que un 12% corresponden a propietarios que tienen entre dos y tres. El grupo mayoritario, entre el 57% y el 60% del total, está formado por titulares con cuatro o más licencias.
El Ayuntamiento sostiene que el objetivo principal del recargo no es aumentar la recaudación, sino reducir el atractivo económico de esta actividad. Valls ha defendido que los pisos turísticos constituyen una actividad económica y ha señalado que "esto es un negocio y una actividad económica", por lo que considera que su relación con las administraciones debe abordarse desde esta perspectiva.
El Gobierno municipal estima que la aplicación del incremento del IBI podría generar entre siete y ocho millones de euros adicionales. Sin embargo, Valls ha insistido en que la finalidad de la medida es "desincentivar" la actividad de las viviendas turísticas y avanzar hacia el objetivo municipal de que este tipo de alojamientos desaparezcan de Barcelona en 2028.
La Agencia Tributaria ha confirmado un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor definitiva de Verifactu, que queda fijada para octubre de 2028, coincidiendo también con la implantación de la factura electrónica obligatoria.
La decisión se ha conocido este lunes, el mismo día en que se ha anunciado el adelanto de las elecciones generales, y supone un nuevo cambio en el calendario previsto para la implantación del sistema de verificación de facturas.
El retraso llega después de que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentara en junio una propuesta de hoja de ruta para coordinar la transición hacia la factura electrónica con la futura Directiva VIDA. El documento, elaborado por su grupo de expertos en impuestos indirectos, fue trasladado tanto a los medios de comunicación como a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria. Tras el debate en el Senado de una propuesta de modificación, la Agencia Tributaria ha optado finalmente por adaptar el calendario.
Desde Aedaf consideran que la nueva planificación permitirá avanzar de forma más ordenada hacia un sistema armonizado, reduciendo costes para las empresas, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia del sistema tributario.
La asociación también destaca que la coordinación de ambos procesos permitirá acercar progresivamente el modelo español al sistema de información digital que será obligatorio en el conjunto de la Unión Europea a partir de 2030. De esta forma, se pretende evitar que empresas y profesionales tengan que acometer sucesivas modificaciones de sus sistemas de facturación en un periodo de tiempo reducido.
Los planes de pensiones podrían beneficiarse de una mejora de su fiscalidad si tras las elecciones del 29 de noviembre se produce un cambio de Gobierno. El sector reclama desde hace tiempo elevar el límite de las aportaciones con derecho a ventajas fiscales, después de los sucesivos recortes aplicados en los últimos años.
Actualmente, los particulares pueden aportar hasta 1.500 euros al año con derecho a reducción fiscal. Esta cantidad se resta de la base imponible del contribuyente en la declaración de la renta, lo que permite reducir la factura tributaria en función del tipo impositivo aplicable.
El límite se encontraba en 8.000 euros anuales en 2020, pero comenzó a reducirse un año después, cuando quedó fijado en 2.000 euros. Posteriormente volvió a recortarse en 500 euros hasta alcanzar los actuales 1.500 euros. Ante las próximas elecciones, el sector confía en que un eventual Gobierno del PP pueda atender sus reivindicaciones y elevar nuevamente el límite de las aportaciones a estos productos, concebidos como una fórmula de ahorro complementaria a la pensión pública.
Inverco, la asociación que representa a las gestoras de fondos y planes de pensiones, ha reclamado en distintas ocasiones una mejora del tratamiento fiscal para impulsar el ahorro destinado a la jubilación. Los datos reflejan el descenso experimentado por las aportaciones en los últimos años.
Durante el pasado ejercicio se realizaron aportaciones por 3.252 millones de euros a planes de pensiones, frente a unas prestaciones de 3.621 millones, lo que dejó un saldo negativo de 369 millones. Las aportaciones se sitúan así claramente por debajo de los más de 5.000 millones registrados cinco años antes. Según Inverco, durante este periodo se han dejado de aportar más de 12.500 millones de euros a raíz de la reducción de los límites aplicada por el Gobierno.
Desde el sector también cuestionan los resultados de la reforma aprobada en 2022 para potenciar los planes de pensiones de empleo, impulsada durante la etapa de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La crítica es que la caída de las aportaciones a los planes individuales no se ha compensado mediante un aumento equivalente de las contribuciones a los sistemas de empleo.
A pesar de esta evolución, el patrimonio acumulado por los planes de pensiones mantiene una trayectoria positiva. En el segundo trimestre de 2026 aumentó en 9.256 millones de euros, hasta alcanzar los 145.107 millones a finales de junio, principalmente por la revalorización de las carteras de los fondos de pensiones. En ese mismo periodo, las aportaciones realizadas por los particulares ascendieron a 682 millones de euros, prácticamente en línea con las registradas un año antes. En conjunto, el ahorro acumulado en estos productos alcanzó los 1.509 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizará buena parte de las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación. Entre ellas figuran asuntos de especial relevancia para Catalunya, como la reforma del sistema de financiación autonómica o la condonación de una parte de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La disolución de las Cortes implica que los proyectos de ley y las iniciativas parlamentarias que estén pendientes de aprobación decaen. Si el próximo Gobierno considera oportuno recuperarlos, deberán iniciar de nuevo todo el procedimiento legislativo en la siguiente legislatura. Esta situación afecta tanto a las propuestas promovidas por el Ejecutivo como a las impulsadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Además de la reforma de la financiación autonómica y la quita de deuda del FLA, también quedan en suspenso otras iniciativas promovidas por el Gobierno que todavía no habían completado su recorrido parlamentario. Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial y la reforma del modelo de instrucción judicial, que contempla trasladar a los fiscales las competencias que actualmente ejercen los jueces.
La caída de la reforma de la financiación tiene una especial trascendencia para Catalunya, ya que el proyecto partía del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana. Aunque el Ejecutivo no tenía asegurados todos los apoyos necesarios para su aprobación, el Govern había situado este cambio como una de las principales prioridades para la segunda mitad de la legislatura catalana.
Junts había anunciado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que habría permitido mantener viva la iniciativa en el Congreso y abrir posteriormente una negociación política sobre las modificaciones legales necesarias. Con el adelanto electoral, esa posibilidad queda descartada y el debate deberá retomarse, en su caso, en la próxima legislatura.
El Govern había considerado el nuevo modelo de financiación como una de las principales asignaturas pendientes de su mandato. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, lo señaló recientemente junto a cuestiones como la vivienda, la seguridad y las energías renovables. También la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, había defendido la necesidad de que el nuevo sistema permitiera incrementar los recursos disponibles para Catalunya, que según las estimaciones manejadas habría recibido unos 4.700 millones de euros adicionales.
También queda en suspenso el acuerdo alcanzado por ERC con el PSOE y Sumar para introducir en la ley de condonación de la deuda del FLA una modificación que habría permitido a Catalunya asumir una mayor participación en la gestión del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El adelanto electoral, sin embargo, no impedirá necesariamente que todas las iniciativas del Ejecutivo queden paralizadas. Los decretos sobre vivienda que fueron rechazados por el Congreso la semana pasada podrían volver a ser aprobados por el Consejo de Ministros. En ese caso, con las Cortes ya disueltas, correspondería a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación. En este órgano, los votos de Junts no serían imprescindibles si el PNV mantiene el apoyo que ya expresó en la votación anterior.
En materia económica, el adelanto electoral deja también varias leyes sin posibilidad de completar su tramitación parlamentaria. Entre las principales figura la de los Presupuestos Generales del Estado, que ni siquiera había sido presentada dentro del plazo previsto, antes del 30 de septiembre.
El Ministerio de Economía tampoco podrá culminar en esta legislatura varias normas en las que había trabajado, como la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, la regulación de la información empresarial sobre sostenibilidad, la normativa sobre administradores de créditos y crédito al consumo, la reforma de la legislación de prevención del blanqueo de capitales y la actualización de los umbrales que determinan el tamaño de las empresas.
Algunas iniciativas, en cambio, podrían avanzar mediante reales decretos si el Gobierno consigue aprobarlas antes de que concluya el actual periodo legislativo o si pueden ser convalidadas por la Diputación Permanente. Entre ellas se encuentra la reforma del régimen de control de las inversiones extranjeras, que pretende reforzar el denominado escudo antiopas e incorporar los centros de datos entre los activos considerados estratégicos.
También existe margen para aprobar el decreto sobre centros de datos que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya tramitación se está acelerando con el objetivo de aprobarlo durante octubre y que está pendiente, entre otros trámites, de un informe de la CNMC. Una situación similar se plantea con el nuevo mecanismo de capacidad del sistema eléctrico, que puede aprobarse mediante real decreto por el Consejo de Ministros.
En cambio, no podrá continuar su tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley sobre hidrógeno y gases renovables. Otras iniciativas vinculadas a la planificación energética podrían tener recorrido, al considerar el Gobierno que algunas de estas materias pueden ser abordadas por la Diputación Permanente. Los reales decretos sobre autoconsumo y comunidades energéticas también mantienen opciones de salir adelante.
El adelanto electoral afecta asimismo a varias normas impulsadas por el Ministerio de Transformación Digital. Entre las iniciativas que quedan pendientes figuran las leyes de inteligencia artificial, función pública y servicios digitales, además de la regulación relacionada con los medios de comunicación.
Por último, también queda paralizada la ley de industria y autonomía estratégica, una de las principales iniciativas pendientes del Ministerio de Industria. El proyecto pretendía reforzar la protección de las empresas y del empleo en sectores considerados estratégicos y expuestos a mayores riesgos. El departamento, no obstante, sí ha conseguido completar la ejecución de los Perte vinculados a los fondos europeos y poner en marcha las ayudas a la adquisición de vehículos del Plan Auto Plus.
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