(El País, 30-03-2026) | Fiscal

Bruselas advierte a las capitales que tienen “menos margen fiscal” para responder que en crisis anteriores

La Comisión Europea observa cómo varios países de la UE están poniendo en marcha medidas para mitigar el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Próximo, pero advierte de que su margen de actuación es ahora más reducido debido a crisis anteriores y al incremento del gasto en defensa. Así lo ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la reunión telemática mantenida este viernes con los ministros de Finanzas de la eurozona. El comisario también ha reconocido que el contexto económico se está deteriorando y ha alertado del riesgo de entrar en un escenario de "estanflación", caracterizado por bajo crecimiento y alta inflación. En ese caso, las estimaciones de Bruselas apuntan a una reducción del crecimiento de unas cuatro décimas respecto a las previsiones del pasado otoño, que situaban el aumento del PIB de la UE en el 1,4%. Esta caída podría ampliarse hasta seis décimas entre este año y el próximo si las tensiones en el estrecho de Ormuz se agravan y se prolongan. Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida para proteger a la economía y a los ciudadanos debe cumplir ciertos criterios: ser selectiva, temporal, no incentivar el consumo de petróleo y gas, y estar alineada con los objetivos de descarbonización. Además, ha advertido de que estas políticas pueden tener un impacto significativo en las cuentas públicas. La preocupación de Bruselas se basa en los elevados niveles de deuda acumulados tras la crisis financiera, la pandemia y el episodio inflacionista reciente. Actualmente, la deuda pública se sitúa en torno al 82% del PIB en la UE y alcanza el 88,5% en la eurozona, con grandes diferencias entre países: Grecia supera el 150%, Italia ronda el 140%, Francia se sitúa en torno al 115% y España supera el 100%. A ello se suma que la prioridad fiscal actual pasa por el aumento del gasto en defensa -con 15 países con las reglas fiscales suspendidas por este motivo- y por las inversiones en transición digital y energética. La reunión del Eurogrupo, inicialmente prevista en Chipre, se celebró finalmente de forma telemática tras el inicio del conflicto y el lanzamiento de misiles por parte de Irán contra una base británica en la isla. Este contexto ha centrado el encuentro, que ha servido para coordinar posiciones entre los Estados miembros y la Comisión, que está preparando una guía de actuación común. Sin embargo, algunos países como España, Portugal o Grecia consideran que estas orientaciones llegan tarde, ya que ya han adoptado medidas propias; en el caso español, con un coste estimado de 5.000 millones de euros. Durante la reunión, el comisario incidió en el deterioro de las perspectivas económicas, aunque matizó que las cifras presentadas son más bien un ejercicio orientativo para medir el posible impacto del conflicto. Este escenario contrasta con el caso de España, donde el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento gracias al efecto de las medidas adoptadas, aunque también advierte de riesgos si la guerra se prolonga. Las previsiones de la Comisión parten de un precio del petróleo en torno a los 100 dólares en las últimas semanas. No obstante, Dombrovskis recalcó que el impacto final dependerá de la duración e intensidad del conflicto. En este contexto, la UE podría registrar un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista inicialmente, que era del 2,1%, pudiendo incrementarse en aproximadamente un punto porcentual. La situación podría empeorar si persisten los problemas en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo y gas. En ese caso, el impacto negativo sobre la economía sería mayor, con una posible reducción adicional del crecimiento de hasta seis décimas en 2026 y 2027 respecto a las previsiones anteriores. Las nuevas previsiones oficiales de la Comisión se presentarán el 21 de mayo, aunque no se descarta que, si el conflicto continúa o se intensifica, los datos sean aún más negativos. Dombrovskis concluyó advirtiendo de que existen otros factores que podrían amplificar los efectos adversos de la crisis.

LEER MÁS

(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

La nueva factura electrónica para pymes y autónomos arrancará el 1 de julio de 2027

El Ministerio de Economía calcula que la obligación de emitir facturas electrónicas para pymes y autónomos entrará en vigor el 1 de julio de 2027 para quienes facturen más de 8 millones de euros, y un año después, el 1 de julio de 2028, para aquellos con ingresos inferiores a esa cifra. Esta exigencia afectará a las operaciones entre empresas y profesionales dentro de España. Por ejemplo, un autónomo con un bar podrá seguir entregando tiques en papel a sus clientes particulares, pero deberá emitir facturas electrónicas cuando facture a proveedores que sean empresas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el real decreto que regula este sistema, aunque su aplicación efectiva dependerá de una orden ministerial de Hacienda que pondrá en marcha la solución tecnológica. Esta norma entrará en vigor un año después de su aprobación: primero para las empresas con mayor facturación y, posteriormente, para el resto. Si el objetivo es comenzar en julio de 2027, dicha orden debería aprobarse en torno a julio de este año. Según explica Èlia Urgell, responsable de producto en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, los negocios afectados necesitarán un programa informático para emitir facturas electrónicas. Aunque se admitirán varios formatos, el más extendido será el UBL (Lenguaje Empresarial Universal), ya que será el que acepte la plataforma de la Agencia Tributaria. La solución pública que desarrollará Hacienda tendrá tres funciones principales: permitirá a pequeños negocios (con menos de 100 facturas anuales) generar facturas directamente; actuará como canal de intercambio de información entre sistemas; y servirá como archivo centralizado de todas las facturas. Muchas empresas optarán por utilizar esta plataforma pública porque cumple con todos los requisitos legales, aunque también podrán recurrir a soluciones privadas que ofrezcan servicios adicionales, como la gestión de albaranes. En este caso, deberán enviar una copia de la factura a la Agencia Tributaria con firma electrónica, mientras que en la plataforma pública bastará con identificarse mediante certificado digital. A diferencia de otras iniciativas como Verifactu, esta normativa obligará incluso a quienes actualmente utilizan herramientas básicas como Word o Excel a adoptar un software específico, ya que las facturas deberán emitirse en formato UBL. Una vez enviada la factura, el destinatario podrá consultarla desde la plataforma pública o a través de su propio sistema si está conectado. Después, deberá aceptarla o rechazarla. Si la acepta, tendrá que comunicar el pago en un plazo de cuatro días tras abonarla. Este proceso permitirá a la Administración controlar la morosidad y los plazos de pago. En el caso de plataformas privadas, también se podrán notificar pagos parciales. La implantación de la factura electrónica coincidirá en el tiempo con Verifactu, que obliga a empresas y autónomos a contar con un software que registre las facturas emitidas y, en algunos casos, las envíe automáticamente a Hacienda. Esta obligación comenzará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. Por ello, se considera clave que los programas informáticos integren ambas funcionalidades, ya que de lo contrario la gestión se complicaría, especialmente en casos de facturas rechazadas que deban ser corregidas o anuladas.

LEER MÁS

(El Economista, 30-03-2026) | Fiscal

El Supremo tumba los registros de Hacienda por ocultar a los contribuyentes que pueden negarse

El Tribunal Supremo ha asestado un importante revés a los procedimientos de registro de Hacienda. El alto tribunal determina que la Agencia Tributaria no puede dar por válido el consentimiento de un contribuyente para acceder a un domicilio constitucionalmente protegido -ya sea de una persona física o de una empresa- si en la información que se le facilita no se indica de forma expresa su derecho a oponerse o a retirar ese consentimiento. De acuerdo con la Constitución, para entrar en este tipo de domicilios es imprescindible contar con la autorización del titular o con una orden judicial. La sentencia, fechada el 12 de marzo y elaborada por el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, anula tanto la liquidación como la sanción impuestas por Hacienda, al considerar que las pruebas obtenidas durante el registro no son válidas. El motivo es que el consentimiento del representante de la empresa estaba condicionado o no fue plenamente informado. En el momento de la inspección, los funcionarios entregaron un documento informativo en el que se indicaba como una obligación -y no como un derecho- que el contribuyente debía permitir la entrada. En dicho anexo se mencionaba que, si el lugar estaba protegido constitucionalmente, sería necesario el consentimiento o, en su defecto, autorización judicial. Sin embargo, el Supremo concluye que ese documento no cumple con la exigencia legal de informar claramente al titular sobre su derecho a impedir el acceso o a revocar su autorización en cualquier momento. Así, el tribunal establece que no basta con entregar un documento genérico sobre la normativa aplicable: para que el consentimiento sea válido, debe quedar claramente reflejado que el contribuyente puede negarse a la entrada o retirar su permiso en cualquier momento.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 30-03-2026) | Fiscal

El Gobierno vigila los precios en 12.700 gasolineras tras bajar impuestos

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha señalado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de mecanismos para requerir a las gasolineras información detallada sobre sus costes. En plena operación salida de Semana Santa, el Ejecutivo ha puesto el foco en las cerca de 12.700 estaciones de servicio distribuidas por toda España. Una de las principales preocupaciones tras la aprobación del primer paquete de ayudas para paliar los efectos del conflicto en Irán era asegurar que la rebaja fiscal aplicada a los carburantes se reflejara realmente en el precio final al consumidor. En una entrevista publicada por La Vanguardia, el ministro Carlos Cuerpo explica que se está realizando un seguimiento de los precios en miles de gasolineras con el objetivo de evitar que las distribuidoras absorban el efecto de la reducción de impuestos. Conviene recordar que el IVA de la gasolina y el gasóleo se ha reducido del 21% al 10%, lo que supone un ahorro aproximado de entre 23 y 30 céntimos por litro, es decir, unos 20 euros menos por depósito en un vehículo medio. Según el ministro, esta rebaja ya se percibe en la mayoría de estaciones, ya que alrededor del 90% han bajado sus precios respecto al día anterior a la publicación del decreto en el BOE. No obstante, Cuerpo matiza que este análisis debe tener en cuenta factores como los márgenes de refino y la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales. Asimismo, destaca que se han reforzado las competencias de la CNMC para que pueda solicitar más datos sobre costes y realizar un examen detallado de cada estación de servicio. Por otro lado, el vicepresidente también se ha referido a la situación en Indra, señalando que las decisiones sobre su dirección corresponden exclusivamente a sus órganos de gobierno. Con cautela, subraya que este tipo de cuestiones deben resolverse internamente, sin entrar a valorar polémicas recientes relacionadas con posibles conflictos de interés o movimientos dentro de la compañía. Finalmente, Cuerpo ha manifestado su confianza en el crecimiento no solo de Indra, sino del conjunto del sector de defensa. En este sentido, ha recordado el plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que contempla una inversión superior a los 10.000 millones de euros. Además, ha destacado que el 80% de estos fondos se destinará a empresas españolas y hasta el 90% a compañías europeas, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo del sector.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Arcadi España, un perfil técnico con recorrido en el PSOE para Hacienda

Sánchez ha optado por un relevo al frente del Ministerio de Hacienda que aúna experiencia en gestión económica y conocimiento del ámbito territorial, respaldado además por una larga trayectoria política. Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 1974) pasa de ocupar un puesto discreto como secretario de Estado de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres, a situarse en primera línea al asumir una de las carteras más relevantes y expuestas del Gobierno. Desde este viernes sustituirá a María Jesús Montero, quien ha dejado el cargo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, con expectativas poco favorables. Formado como economista -licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección y Gestión Pública-, España cuenta con experiencia como consultor y asesor financiero, lo que refuerza su perfil técnico. Pedro Sánchez lo ha descrito como una persona íntegra, capaz y comprometida, destacando que dará continuidad a la labor de su predecesora y que, junto a Carlos Cuerpo en Economía, contribuirá a mantener el rumbo de transformación, estabilidad fiscal y crecimiento del país. Sin embargo, su perfil no se limita al ámbito técnico. España también acumula una destacada trayectoria política, especialmente en el entorno del socialismo valenciano. Entre 2022 y 2023 fue responsable de Hacienda en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig, donde mostró su preocupación por la infrafinanciación crónica de la región y defendió la armonización fiscal impulsada por el Gobierno central, criticando las diferencias impositivas entre territorios como Madrid y la Comunidad Valenciana. Anteriormente, ocupó cargos relevantes en la administración autonómica, como director del Gabinete de Presidencia de Puig y conseller de Política Territorial entre 2019 y 2022. En la actualidad, formaba parte de la ejecutiva del PSOE como responsable de Transportes y Movilidad Sostenible. Su trayectoria lo sitúa ahora en el centro de la política nacional, al frente de un ministerio especialmente sensible y con importantes retos por delante, como la financiación singular de Cataluña, la posible condonación de deuda autonómica o la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pendientes desde hace tres años. En su momento, su nombre llegó a sonar como posible sucesor de Ximo Puig al frente del socialismo valenciano, aunque finalmente fue Diana Morant quien asumió ese liderazgo en 2024. Aun así, la relación entre ambos parece mantenerse en buenos términos, y la ministra ha valorado positivamente su nombramiento, destacando su capacidad de gestión. El salto de Arcadi España a la política nacional se produjo a finales de 2023, cuando fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, dejando entonces su escaño en las Cortes Valencianas. Ahora, con su llegada a Hacienda, Sánchez refuerza la presencia del socialismo valenciano en el Gobierno con un perfil que combina lealtad política, experiencia institucional y solvencia técnica. Descrito por su entorno como un apasionado del ciclismo, España afronta ahora el mayor desafío de su carrera, con una agenda cargada de asuntos complejos. De hecho, nada más conocerse su nombramiento, ya recibió presiones políticas, como la del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien le reclamó avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y aliviar la deuda de la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los retos para Arcadi España como ministro de Hacienda

Tras asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, Arcadi España tendrá que enfrentarse a múltiples asuntos pendientes que dejó sin resolver su antecesora, entre ellos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. La marcha de María Jesús Montero hacia la política andaluza deja sobre la mesa varios desafíos de gran relevancia económica y política. El nuevo titular de Hacienda deberá abordar cuestiones complejas que han generado un intenso debate en los últimos meses y cuya resolución no será sencilla. Entre ellas destacan la elaboración de los Presupuestos, la propuesta del modelo de financiación autonómica -criticada por algunos sectores por favorecer a Cataluña-, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el plan de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones de euros y que ya ha sido remitido al Parlamento. A estos retos se suman otras medidas controvertidas, como los cambios en la fiscalidad del diésel, la creación de un régimen de IVA simplificado para autónomos con bajos ingresos o las exigencias de consolidación fiscal señaladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo relativo a la reducción de transferencias a la Seguridad Social ante el aumento del gasto en pensiones. El primer gran desafío inmediato será presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no ha renovado desde 2023. Aunque Montero aseguró que el documento está preparado, corresponderá a España llevarlo al Parlamento. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada debido a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, especialmente Junts. En el ámbito autonómico, el nuevo ministro deberá gestionar la reforma del sistema de financiación, rechazada de forma generalizada por las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña. Para avanzar en este asunto, tendrá que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posiblemente planteando un modelo de adhesión voluntaria. La condonación de deuda autonómica será otro punto conflictivo, ya que el plan impulsado por el Gobierno no ha logrado un respaldo amplio entre los territorios. Asimismo, España deberá continuar las conversaciones con la Comisión Europea sobre la fiscalidad del diésel, tras el compromiso de equiparar su tratamiento al de la gasolina, una medida que aún no ha conseguido apoyos suficientes en el Congreso. En materia de autónomos, quedan pendientes dos cuestiones urgentes: la implantación de un sistema que exima del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la prórroga de los límites del régimen de módulos, tras el fracaso del decreto que contemplaba su extensión. Además, deberá afrontar posibles sanciones europeas por no haber aplicado aún el régimen de franquicia del IVA en determinados casos. Por último, sigue sin resolverse la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que implicaría eliminar ciertas bonificaciones autonómicas para aumentar la recaudación. La iniciativa contemplaba la creación de un nuevo tributo estatal que igualara la carga fiscal entre territorios. En conjunto, Arcadi España inicia su etapa al frente de Hacienda con una agenda cargada de decisiones delicadas y de gran impacto, que exigirán amplias negociaciones políticas y capacidad de gestión en un contexto especialmente complejo.

LEER MÁS

(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el respaldo del PSOE, a una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un sistema de IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. No obstante, aún no se ha concretado cuándo comenzará a aplicarse. La iniciativa insta al Gobierno a permitir que estos trabajadores por cuenta propia queden exentos de incluir el IVA en sus facturas y de ingresarlo a Hacienda. Aunque este tipo de propuestas no tiene carácter obligatorio, el apoyo socialista sugiere que la medida podría materializarse, alineando a España con una práctica ya extendida en el resto de países de la Unión Europea. Junts utilizó esta propuesta como condición para respaldar el decreto anticrisis del Ejecutivo. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, había rechazado reiteradamente implantar esta exención, incluso en el caso de autónomos y pymes con actividad en otros países comunitarios, lo que ha provocado fricciones con la Comisión Europea y podría derivar en sanciones. Será el próximo titular de Hacienda quien deba encargarse de desarrollar y aprobar este sistema, una reivindicación histórica del colectivo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, valoró positivamente el avance, aunque criticó que haya sido necesario llegar a este punto por la presión política. Por ahora no existe un calendario definido para su puesta en marcha, aunque todo apunta a que el Ministerio tendrá que avanzar en esta dirección en los próximos meses. Este régimen de IVA franquiciado forma parte de una directiva europea destinada a simplificar las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de negocio. Permite a los Estados miembros establecer un umbral -de hasta 100.000 euros- por debajo del cual estos profesionales pueden quedar exentos del impuesto. En España, la propuesta fija ese límite en 85.000 euros, una cifra que busca acercarse a los modelos de otros países europeos como Francia, Irlanda o Italia, aunque cada uno establece condiciones distintas. Eso sí, quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos, lo que puede hacer que algunos autónomos -especialmente aquellos con costes elevados- prefieran mantenerse en el régimen general. Según cálculos de ATA, unos 770.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida. Si todos ellos se acogieran, el ahorro en costes administrativos y tiempo superaría los 500 millones de euros. Sin embargo, el impacto en las cuentas públicas podría rondar los 650 millones, lo que explica en parte las reticencias del Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda también se ha argumentado que el sistema fiscal español ya cuenta con regímenes especiales y que la normativa europea no obliga a aplicar esta exención en operaciones dentro del propio país.

LEER MÁS

v | Fiscal

La campaña de la renta 2025 llega con pocos cambios, pero nuevas deducciones clave para rentas bajas y vivienda

La campaña de la renta comenzará el 8 de abril sin grandes cambios estructurales, aunque sí presenta ciertas incertidumbres, según señalan desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). En particular, advierten de dudas sobre la aplicación de algunas medidas que todavía no han entrado en vigor al no haberse convalidado los decretos que las contemplaban. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio. La presentación podrá hacerse por internet desde el inicio de la campaña, por teléfono a partir del 6 de mayo y de forma presencial desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. Desde el COGAC insisten en la importancia de revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo, ya que puede contener errores, y recomiendan recurrir a un gestor administrativo para asegurar una correcta aplicación de la normativa. Entre las novedades más destacadas figura la creación de un nuevo tramo en la base del ahorro: a partir de 300.000 euros, los rendimientos tributarán al 30%, lo que incrementa la carga fiscal para los grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema. Se mantienen los umbrales para estar obligado a presentar la declaración: 22.000 euros anuales con un solo pagador y 15.876 euros en caso de varios, con algunas excepciones. Los autónomos deberán seguir declarando en todos los casos, al igual que las personas en situación de desempleo. Para aliviar a las rentas más bajas, se introduce una nueva deducción dirigida a quienes perciben ingresos cercanos al salario mínimo. Los contribuyentes que ganen menos de 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción máxima de 340 euros, que se reduce progresivamente a partir de los 16.576 euros y desaparece al superar el límite establecido. En el ámbito de la sostenibilidad, se mantienen los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En ambos casos, se permite deducir el 15% de la inversión, con un máximo de 3.000 euros para la adquisición del vehículo y de 600 euros para los puntos de recarga. También continúan las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones que pueden alcanzar el 20%, 40% o 60% según el nivel de eficiencia conseguido, consolidando así el apoyo fiscal a la transición ecológica. Otra novedad es la ampliación de la exención en el IRPF para indemnizaciones por accidentes de tráfico, que ahora incluye las abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, las ayudas relacionadas con la DANA no tributarán, aunque las destinadas a incendios forestales de 2025 aún están pendientes de aprobación. En el ámbito autonómico, Cataluña introduce cambios relevantes. Se establece una nueva escala del IRPF que reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, favoreciendo a las rentas medias y bajas. Además, se amplían las deducciones por alquiler para determinados colectivos, como jóvenes, desempleados, personas con discapacidad o mayores de 65 años, con beneficios que pueden llegar hasta 1.000 euros en algunos casos. También se incorporan nuevas deducciones de carácter social, como las destinadas al acogimiento de menores o a víctimas de violencia machista, estas últimas con deducciones de hasta el 20% o 25% del alquiler durante un máximo de tres años. Por último, se introduce una deducción del 20% por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con un límite de 3.000 euros, con el objetivo de fomentar la economía social, facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el medio rural. Todo ello en un contexto de cierta incertidumbre normativa, que obliga a los contribuyentes a mantenerse especialmente atentos a posibles cambios fiscales.

LEER MÁS

(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Las multinacionales españolas elevan su tributación a niveles récord fuera de la pandemia

La carga fiscal de los principales grupos multinacionales españoles ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2023, las 171 mayores empresas con matriz en España soportaron un tipo efectivo global del 21,7%, el más alto registrado al margen del periodo de la pandemia. Esta cifra supone un aumento de cinco puntos respecto a los niveles anteriores al Covid y de siete puntos en comparación con 2021. Así lo pone de manifiesto el informe País por país (Country by country report o CBC), publicado por la Agencia Tributaria, que analiza la situación fiscal de las mayores multinacionales del país. El estudio identifica a 171 grupos con una facturación consolidada mundial igual o superior a 750 millones de euros, que coincide con el conjunto de empresas sujetas al nuevo impuesto mínimo global del 15% acordado por más de 160 países en el marco de la OCDE. Los datos, obtenidos a partir del modelo 231 -obligatorio para grandes multinacionales desde 2016-, recogen información detallada sobre ingresos, beneficios antes de impuestos y el importe del impuesto sobre sociedades devengado y abonado en cada país donde operan sus filiales. El informe también señala un aumento del 20,4% en el número de grandes multinacionales españolas, hasta alcanzar los 171 grupos, que en total cuentan con 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero) y generan una facturación global de 1,2 billones de euros, un 4,8% más que el año anterior. En conjunto, estas compañías obtuvieron beneficios por 112.331 millones de euros (un 14,7% más) y pagaron 24.395 millones en impuestos sobre sociedades a nivel mundial, lo que supone un incremento del 23,9%. Todas las magnitudes económicas analizadas muestran una evolución al alza, especialmente en beneficios e impuestos satisfechos. Como resultado, el tipo efectivo global se sitúa en el 21,7%, por encima del 20,1% registrado en 2022 y muy superior a los niveles de años anteriores (14,4% en 2021, 16,7% en 2019, 18,3% en 2018 y 17% en 2017), aunque todavía por debajo del 24,8% alcanzado en 2020, un ejercicio atípico marcado por la pandemia. No obstante, persisten diferencias dentro del conjunto: 29 grupos multinacionales tributaron a un tipo inferior al 5%, un 37% se situó por debajo del umbral del 15% y un 34% superó el 25%, que es el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en España.

LEER MÁS

(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Un tercio de las multinacionales españolas tributa por debajo del tipo mínimo global

Los 171 grupos empresariales sometidos al impuesto mínimo global del 15% presentan un tipo efectivo medio del 21,7% sobre sus beneficios. Sin embargo, 63 de ellos no alcanzan ese umbral y podrían verse obligados a pagar cerca de 3.500 millones de euros adicionales. En términos generales, las multinacionales españolas tributan claramente por encima del mínimo fijado a nivel internacional por la OCDE, ya en vigor en la Unión Europea y en España. Aun así, más de un tercio de los grupos afectados aporta menos de lo exigido, lo que les expone a un recargo fiscal para ajustarse a la nueva normativa. Esta información procede del informe "Country by country" correspondiente a 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda. El documento se basa en los datos del modelo 231, vigente desde 2016 dentro del plan BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Este informe permite analizar la tributación efectiva de las grandes multinacionales -aquellas con ingresos globales iguales o superiores a 750 millones de euros- y ha resultado clave para evaluar el impacto del nuevo impuesto mínimo global. En 2023 se identificaron en España 171 grupos de este tipo, un 20,4% más que el año anterior, con un total de 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero). En conjunto, generaron una facturación mundial de 1,2 billones de euros y beneficios de 112.331 millones, con aumentos del 4,8% y 14,7%, respectivamente. Su contribución fiscal total ascendió a 24.395 millones, lo que se traduce en un tipo efectivo medio del 21,7%, el más alto registrado salvo el año excepcional de la pandemia. No obstante, este promedio oculta diferencias importantes. Un total de 63 multinacionales tributa por debajo del 15%. Estas concentran el 31% de los beneficios (34.733 millones), pero solo pagan 1.724 millones en impuestos, lo que supone un tipo efectivo del 7,1%. Para alcanzar el mínimo exigido, deberían abonar unos 3.485 millones adicionales. Dentro de este grupo hay distintos niveles de incumplimiento. Por un lado, 15 empresas, con beneficios de 3.991 millones, pagaron 553 millones, situándose ligeramente por debajo del mínimo con un 13,85%. Otras 19, con ganancias de 12.460 millones, abonaron 864 millones, lo que implica un tipo del 6,93% y más de 1.000 millones pendientes. Finalmente, 29 multinacionales con beneficios de 18.282 millones solo pagaron 307 millones, con un tipo del 1,68%, quedando a casi 2.500 millones del umbral exigido. Pese a todo, en conjunto se observa una mejora respecto a 2022, cuando el tipo medio era del 20,1% y la mitad de los grupos no alcanzaba el mínimo del 15%. Ese año también se identificaron empresas con niveles superiores: 32 grupos entre el 15% y el 20%, 24 entre el 20% y el 25%, y 52 por encima del 25%. Cabe recordar que en España el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25% (30% para banca y petroleras, y 23% para pymes), aunque las empresas pueden reducir su carga mediante deducciones y beneficios fiscales, mientras que otros países parten de tipos nominales más bajos. El objetivo del acuerdo de la OCDE es evitar que las multinacionales reduzcan su tributación trasladando su sede a jurisdicciones con menor carga fiscal. No obstante, la aplicación inicial del impuesto incluye mecanismos de simplificación que, en la práctica, aliviarán a muchas empresas en los primeros años.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos