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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

Por cada 100.000 euros de precio de vivienda nueva, los compradores asumen más de 26.000 por los impuestos directos e indirectos

El encarecimiento de la vivienda en España no sólo responde al desequilibrio entre oferta y demanda. A la escasez de inmuebles disponibles y al aumento de la población se suma un importante componente fiscal que, según un informe elaborado por EY para Asprima, eleva significativamente el coste que deben asumir quienes adquieren una vivienda. El estudio calcula que la carga tributaria total asociada a la compra de una vivienda alcanza el 26,1% de su valor. Este porcentaje incluye tanto los impuestos soportados por promotores y constructores durante el proceso de desarrollo como los tributos que abonan directamente los compradores al formalizar la adquisición. Uno de los elementos que más ha contribuido a este incremento es la evolución del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal. Tras la reforma aplicada en 2021, los coeficientes utilizados para calcular este tributo aumentaron de forma considerable en las operaciones de corta duración, habituales en la promoción inmobiliaria. Según el informe, esta situación ha generado un encarecimiento relevante de los proyectos residenciales, afectando a su rentabilidad y trasladando parte de ese coste al precio final de las viviendas. Como consecuencia, el acceso a la propiedad resulta cada vez más complicado para determinados colectivos, especialmente los jóvenes y las familias con menor capacidad de ahorro. De hecho, la proporción de propietarios menores de 35 años habría descendido desde el 70% registrado en 2005 hasta cerca del 30% en la actualidad. La cuestión adquiere mayor relevancia tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030 destinada a reforzar las ayudas para el acceso a la vivienda. Sin embargo, el sector considera que estas ayudas podrían verse parcialmente neutralizadas por el peso creciente de la fiscalidad sobre la compraventa. El informe destaca que el aumento de la plusvalía municipal ha sido especialmente intenso en algunas grandes ciudades. Madrid encabeza la clasificación con un incremento del 650% desde 2020 en los coeficientes aplicables a determinadas operaciones. Le siguen Sevilla, con una subida del 500%; Málaga y Zaragoza, con aumentos del 305%; y Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 275%. Como ejemplo, para un terreno con un valor catastral de 100.000 euros transmitido en el mismo año de su adquisición, la base imponible en Madrid habría pasado de 2.000 a 15.000 euros en apenas seis años. A consecuencia de esta evolución, los promotores soportan una carga fiscal media de 15.372 euros por cada 100.000 euros de precio final de venta. A ello se suman los aproximadamente 10.750 euros que el comprador debe pagar en concepto de IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En conjunto, la factura fiscal supera los 26.000 euros por cada 100.000 euros de valor de la vivienda. Así, una vivienda de 300.000 euros puede llevar asociada una carga tributaria superior a los 75.000 euros. El estudio sitúa a España entre los países con una mayor presión fiscal sobre la compraventa de viviendas. Mientras la carga tributaria media ronda el 9,7% en los países de la OCDE y el 6,5% en la Unión Europea, el nivel registrado en España se encuentra muy por encima de esos porcentajes. Para corregir esta situación, EY y Asprima plantean varias medidas. La primera consiste en permitir que los gastos de urbanización y promoción se integren en el valor de adquisición del suelo a efectos del cálculo de la plusvalía municipal, reduciendo así la base imponible del impuesto. Asimismo, se propone establecer bonificaciones específicas para las transmisiones de vivienda nueva, similares a las que ya existen en determinados supuestos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por último, el informe plantea reconocer la promoción de vivienda como una actividad de especial interés o utilidad municipal, lo que abriría la puerta a aplicar incentivos fiscales adicionales para favorecer el desarrollo de nuevas promociones residenciales y contribuir a incrementar la oferta disponible en el mercado.

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(Expansión, 16-06-2026) | Fiscal

España encara casi un punto más de inflación pese al desbloqueo de Ormuz

Los analistas consideran que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán refuerza la capacidad de Teherán para influir sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Además, advierten de que la recuperación de la normalidad en esta vía marítima será gradual y que las operaciones seguirán condicionadas por unos costes de aseguramiento más elevados. Para España, los efectos del acuerdo de paz serán previsiblemente positivos, aunque limitados y centrados principalmente en los sectores de la energía, el transporte, el turismo y la confianza económica. Así lo apunta Raúl Viñas, analista de Afi, quien destaca que incluso una reapertura parcial de Ormuz contribuiría a reducir el precio de los combustibles, aliviaría los costes de la electricidad y del transporte, y favorecería la rentabilidad de las actividades con un elevado consumo energético o una fuerte dependencia logística. No obstante, desde Funcas anticipan que las consecuencias económicas se dejarán sentir de forma gradual a medida que desaparezcan las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica que la vuelta a la tributación ordinaria del IVA y de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, cuya vigencia concluye el 1 de julio salvo nueva prórroga, provocará previsiblemente un aumento del IPC de ocho décimas en ese mes. Torres añade que muchas empresas han soportado durante el conflicto costes adicionales que todavía no han trasladado completamente a los precios finales, por lo que la inflación seguirá registrando cierta presión en los próximos meses a pesar de la paz alcanzada. Esta situación podría traducirse también en una pérdida temporal de poder adquisitivo para los consumidores. El alcance definitivo de las repercusiones sobre la economía dependerá en gran medida del comportamiento del consumo. En estos momentos, Funcas calcula que el conflicto podría restar entre dos y tres décimas al crecimiento económico previsto para España este año. Mientras tanto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, mantiene abierta la ronda de contactos con los agentes sociales para estudiar la continuidad de algunas medidas de apoyo durante el verano. Después de reunirse con representantes del sector gasista y petrolero, entre ellos responsables de Enagás, Exolum y las asociaciones AICE y Sedigas, el Ejecutivo prevé convocar próximamente a representantes de la industria y del sector agroalimentario.

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(La Vanguardia, 16-06-2026) | Fiscal

El Gobierno ampliará hasta final de año el control semanal de los precios de los carburantes

El Gobierno prolongará hasta final de año la obligación impuesta a los operadores mayoristas de productos petrolíferos con capacidad de refino en España de remitir semanalmente información detallada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre sus costes de adquisición y los precios de venta de carburantes a las estaciones de servicio. La decisión fue comunicada este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una reunión mantenida con representantes del sector petrolero, en la que también participó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La medida forma parte del paquete aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra con Irán. Inicialmente, la obligación de informar a la CNMC tenía una vigencia de tres meses, aunque el decreto que la regulaba contemplaba la posibilidad de prorrogarla. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes su extensión hasta el próximo 31 de diciembre. La participación del Ministerio de Economía en el encuentro responde a una ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo para evaluar el impacto que el conflicto está teniendo sobre distintos sectores de la economía española. En los próximos días también se celebrarán reuniones con representantes del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el tejido industrial, en colaboración con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo de estos encuentros es analizar la evolución de la situación internacional y determinar si resulta necesario mantener, modificar o ampliar el Plan de Respuesta aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para mitigar los efectos económicos de la crisis. La valoración preliminar del Ejecutivo es positiva. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno, las medidas adoptadas han contribuido a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía española, especialmente en los precios de los carburantes. El efecto de este paquete de actuaciones se traduciría en una moderación cercana a un punto porcentual de la tasa general de inflación. No obstante, el Ejecutivo sigue atento a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo. En particular, la posible reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, será determinante para evaluar el alcance definitivo de las medidas de apoyo. La vigencia inicial del plan concluye el próximo 30 de junio, pero el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad. La evolución de los mercados energéticos y el impacto económico de una eventual normalización del tráfico marítimo en Ormuz serán factores clave para decidir si las ayudas se extinguen en la fecha prevista o si, por el contrario, se prolongan bajo nuevas condiciones.

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(El Economista, 16-06-2026) | Fiscal

Barcelona endurecerá significativamente la fiscalidad aplicada a los cruceros de escala corta

El acuerdo alcanzado entre el PSC, ERC y En Comú prevé elevar hasta los 30 euros la tasa turística que deberán abonar los pasajeros de aquellos barcos que permanezcan menos de 12 horas en la ciudad, frente a los 11 euros que pagan actualmente. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para reducir el impacto del turismo de paso y favorecer un modelo basado en los denominados puertos base, es decir, aquellos en los que los cruceros inician o finalizan su recorrido. Precisamente, estos viajeros no se verán afectados por el incremento previsto. El aumento se producirá a través del recargo municipal que se aplica sobre la tasa turística. Este suplemento, que desde abril asciende a ocho euros por pasajero, aumentará progresivamente hasta alcanzar los 24 euros en 2027. Sumado al gravamen autonómico ya existente, la cuantía total llegará a los 30 euros para los cruceristas que permanezcan en la ciudad menos de medio día. La propuesta será sometida a aprobación inicial en la comisión municipal de Economía y posteriormente deberá recibir el visto bueno definitivo del pleno municipal. Una vez completado este trámite, será remitida al Parlament de Cataluña para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos. Junto a la subida fiscal, el acuerdo incorpora un nuevo límite anual de actividad. ERC ha impulsado la creación de un techo de 3,5 millones de cruceristas al año, con el objetivo de contener el crecimiento del tráfico marítimo turístico y minimizar su impacto sobre la ciudad. Los socios del gobierno municipal defienden que el incremento de la recaudación debe revertir en servicios públicos. Los republicanos han planteado que parte de los ingresos adicionales se destinen a financiar el 50% del coste de los comedores escolares de Barcelona. Por su parte, En Comú considera que las medidas para controlar la presión turística llegan con retraso y ha reclamado una actuación más decidida por parte del ejecutivo municipal para limitar los efectos de la masificación. En paralelo al debate político, el sector de los cruceros trata de desvincular su actividad de los problemas derivados del exceso de visitantes. Un informe elaborado por la Universitat de Girona y la asociación internacional de navieras CLIA sostiene que los pasajeros de cruceros representaron únicamente el 2,5% del total de visitantes que recibió Barcelona en 2024. Según el mismo estudio, la presencia de cruceristas superó el 5% del conjunto de turistas únicamente durante 32 jornadas a lo largo del año, una conclusión obtenida a partir del análisis de datos de movilidad procedentes de dispositivos móviles. Barcelona sigue siendo el principal destino de cruceros del Mediterráneo occidental, aunque en los últimos años ha comenzado a adoptar medidas para reducir la presión de esta actividad. Entre ellas destaca el acuerdo alcanzado con el Puerto de Barcelona para disminuir el número de terminales de cruceros, que pasarán de siete a cinco, así como la reducción de la capacidad operativa de las instalaciones. Con estas iniciativas, las administraciones buscan compatibilizar la importancia económica del turismo de cruceros con una gestión más sostenible de los flujos de visitantes y de su impacto sobre la vida cotidiana de la ciudad.

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(Expansión, 15-06-2026) | Fiscal

Hacienda se prepara para embargar ayudas públicas a los morosos de la Administración

El Gobierno está preparando una herramienta informática que permitirá a la Agencia Tributaria retener pagos de ayudas y otros fondos públicos destinados a personas o entidades que mantengan deudas con alguna administración pública. Este sistema, denominado punto neutro de embargos, facilitará el intercambio diario de información sobre pagos, ingresos y obligaciones pendientes entre todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. El objetivo es impedir que quienes tengan deudas con un organismo público puedan recibir fondos procedentes de otro. Esta medida figura en el proyecto de Real Decreto que regulará el funcionamiento del punto neutro de embargos. El texto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 25 de junio. La iniciativa tiene su origen en las propuestas formuladas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en 2012 para promover la modernización del sector público y mejorar su eficiencia. Ya entonces, la normativa sobre factura electrónica contemplaba la colaboración entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación autonómicos y locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los organismos pagadores de las distintas administraciones para compartir información sobre deudores y pagos pendientes. Ahora, Hacienda pretende desarrollar plenamente ese sistema de intercambio de datos mediante una plataforma gestionada por la Agencia Tributaria. Gracias a ella, cualquier administración podrá detectar si una persona o empresa que va a recibir un pago mantiene deudas con otro organismo público y, en su caso, proceder al embargo de las cantidades correspondientes. La puesta en marcha de este mecanismo supone un paso importante en la coordinación entre administraciones para la recuperación de deudas pendientes. Cuando varias administraciones reclamen cantidades a un mismo deudor, el reparto de los fondos retenidos se realizará siguiendo el orden de prioridad establecido por la legislación vigente. No obstante, el reglamento contempla determinadas excepciones. Quedarán fuera de este sistema de embargo las nóminas del personal al servicio de las administraciones públicas, las pensiones de Clases Pasivas, las prestaciones económicas de la Seguridad Social, las devoluciones tributarias derivadas de ingresos indebidos, las transferencias destinadas a la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, los fondos de compensación territorial y los pagos comprometidos en moneda extranjera. Por el contrario, sí podrán ser objeto de embargo otros pagos públicos, como los derivados de contratos entre administraciones y proveedores, así como subvenciones y ayudas públicas de distinta naturaleza. La plataforma realizará de forma automática las comprobaciones necesarias para determinar la existencia de deudas y la procedencia de los embargos, aunque el procedimiento incorporará garantías para proteger los derechos de los afectados. Debido al elevado número de organismos que deberán integrarse en este sistema, Hacienda considera imprescindible que todas las administraciones utilicen un modelo común de firma electrónica en las actuaciones relacionadas con los embargos. Con ello se pretende evitar problemas técnicos y facilitar la interoperabilidad entre administraciones. El proyecto establece un periodo transitorio para su implantación. Con carácter general, el reglamento entrará en vigor un año después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Este plazo será aplicable a la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las diputaciones, los consejos insulares, las capitales de provincia y los municipios de más de 75.000 habitantes. Los ayuntamientos de menor tamaño dispondrán de seis meses adicionales para adaptarse al sistema, por lo que contarán con un plazo total de dieciocho meses. Además, los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán apoyo técnico por parte de las diputaciones correspondientes. La Agencia Tributaria también podrá poner en marcha una fase piloto de seis meses antes de la implantación definitiva. En consecuencia, el funcionamiento completo de esta plataforma podría no alcanzarse hasta comienzos de 2028.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética

El Consejo Fiscal Europeo ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas fiscales y permitir a los Estados miembros disponer de un mayor margen de gasto público con el fin de afrontar las consecuencias de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. A juicio de este organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas de la Unión Europea, la medida resulta discutible y podría generar efectos contraproducentes. En un informe presentado recientemente, el Consejo Fiscal advierte de que esta nueva flexibilidad presupuestaria podría favorecer incrementos discrecionales del gasto que no siempre estarían justificados, especialmente en un contexto en el que la inflación vuelve a mostrar una tendencia ascendente. El presidente de la institución, Pieter Hasekamp, expresó abiertamente sus reservas respecto a la iniciativa de Bruselas, al considerar que transmite un mensaje equivocado sobre la disciplina fiscal. La propuesta de la Comisión contempla que los países puedan destinar hasta un 0,3% de su producto interior bruto a inversiones y medidas orientadas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Esta posibilidad se integraría dentro del margen excepcional ya aprobado para incrementar el gasto en defensa. Desde 2025, los Estados miembros pueden superar temporalmente los límites fiscales pactados con la Unión Europea hasta un máximo equivalente al 1,5% del PIB sin exponerse a procedimientos sancionadores, siempre que esos recursos se destinen a determinadas prioridades estratégicas. La nueva propuesta permitiría utilizar una parte de ese margen para actuaciones vinculadas a la seguridad energética. Aunque el importe adicional no supone una ampliación del límite global ya autorizado, el Consejo Fiscal considera que existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras que la flexibilización aprobada para defensa respondía a circunstancias geopolíticas excepcionales y urgentes, la institución teme que la incorporación de nuevas excepciones pueda generar la percepción de que cualquier crisis justifica modificar las reglas presupuestarias. Según el organismo, repetir este tipo de medidas extraordinarias durante años consecutivos puede erosionar la credibilidad del marco fiscal europeo y debilitar la confianza en las normas que regulan la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros. Además, el informe advierte de que un incremento del gasto público en el actual contexto económico podría contribuir a mantener las presiones inflacionistas. Un mayor desembolso por parte de las administraciones podría estimular la demanda y dificultar el proceso de moderación de los precios que persiguen las autoridades monetarias. Las críticas del Consejo Fiscal Europeo no se dirigen únicamente a la propuesta de la Comisión. También cuestionan la forma en que muchos gobiernos europeos han respondido al encarecimiento de la energía. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas aprobadas para aliviar el impacto de la crisis consisten en reducciones generalizadas de impuestos sobre los combustibles, en lugar de ayudas dirigidas específicamente a los colectivos más afectados. Esta estrategia se aleja de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Europea como por diversos organismos internacionales, que defendían la aplicación de medidas temporales, focalizadas y adaptadas a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las rebajas fiscales generalizadas, aunque alivian el coste energético para todos los consumidores, no cumplen plenamente con esos criterios de selectividad. No obstante, el informe reconoce que el volumen total de ayudas desplegadas hasta ahora sigue siendo relativamente moderado y que la mayoría de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. Por este motivo, el Consejo Fiscal considera que, en principio, estas medidas no deberían generar efectos significativos sobre las cuentas públicas europeas a partir de 2027. En el caso de España, por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para contener el impacto de la crisis energética tienen una fecha de finalización próxima, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas nuevamente. Esta naturaleza temporal reduce el riesgo de que se conviertan en gastos estructurales permanentes para las administraciones públicas.

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(El País, 12-06-2026) | Fiscal

El FMI recorta otras dos décimas el crecimiento de la eurozona, al 0,9%

La economía de la eurozona afronta un panorama cada vez más complejo como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro y estima ahora que el PIB avanzará un 0,9% en 2026, dos décimas menos de lo previsto hace apenas unas semanas. Aunque el ajuste pueda parecer moderado, refleja el rápido deterioro de las perspectivas económicas provocado por la crisis energética. El organismo considera que el conflicto está generando un importante impacto negativo sobre la actividad económica, al debilitar la confianza de empresas y consumidores y endurecer las condiciones financieras. Además, prevé que las presiones inflacionistas vuelvan a intensificarse. La nueva previsión del FMI coincide con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea y se acerca a las de la OCDE, que sitúa el crecimiento de la eurozona en el 0,8% este año. Sin embargo, el organismo internacional advierte de que los riesgos continúan aumentando y que el escenario podría empeorar si persisten las dificultades en el suministro energético procedente del golfo Pérsico. Según el Fondo, una crisis energética prolongada podría impulsar aún más la inflación y deteriorar las expectativas económicas. A ello se sumarían posibles tensiones financieras y una pérdida adicional de confianza que acabarían reduciendo el consumo y la inversión. La institución también alerta de otros factores de riesgo, como una eventual escalada de la guerra en Ucrania o un repunte del proteccionismo comercial internacional, especialmente ante la incertidumbre generada por la política económica estadounidense. Pese al empeoramiento de las perspectivas, el FMI recomienda a los gobiernos europeos actuar con prudencia y centrar sus esfuerzos en contener la inflación. En este sentido, insiste en la necesidad de preservar la disciplina fiscal y evitar un aumento excesivo del gasto público. El organismo se muestra especialmente crítico con las propuestas para flexibilizar las reglas presupuestarias europeas con el objetivo de facilitar la respuesta de los Estados a la crisis energética. A su juicio, una relajación adicional de las normas fiscales podría poner en riesgo la credibilidad de los marcos presupuestarios y contribuir a un aumento aún mayor de la deuda pública. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, trasladó este mensaje a los ministros de Finanzas de la eurozona reunidos en Luxemburgo. La responsable del organismo subrayó que la duración y el alcance de la actual crisis energética siguen siendo inciertos, por lo que considera imprudente diseñar políticas económicas basadas en la expectativa de una resolución rápida del conflicto. Por el contrario, defendió la necesidad de mantener margen fiscal suficiente para afrontar posibles escenarios más adversos. La Comisión Europea, por su parte, defiende que la flexibilidad presupuestaria planteada tiene un carácter temporal y estará limitada a inversiones relacionadas con la transición energética, lo que permitiría compatibilizar el apoyo a la economía con la sostenibilidad de las cuentas públicas. El FMI también cuestiona la eficacia de algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por varios gobiernos europeos para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía. Considera que muchas de ellas son demasiado generales y reducen los incentivos para ahorrar energía, además de generar efectos indirectos sobre otros países importadores de combustibles. Por ello, propone que cualquier ayuda futura se dirija de forma más precisa a los hogares más vulnerables y que se diseñe de manera que no fomente un mayor consumo de combustibles fósiles. En este sentido, el organismo apunta que algunos países ya han demostrado que es posible ofrecer apoyo selectivo con un coste limitado para las arcas públicas. Las recomendaciones del Fondo cuestionan indirectamente medidas como la reducción del IVA sobre determinados combustibles, aplicada en España hasta finales de junio. Asimismo, rechaza la implantación de impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las compañías energéticas, argumentando que este tipo de gravámenes puede desincentivar las inversiones necesarias para garantizar el suministro y acelerar la transición energética. Más allá de la coyuntura económica inmediata, el FMI también analiza algunas de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea para reforzar su competitividad frente a economías como Estados Unidos o China. Entre ellas, destaca los avances destinados a profundizar en el mercado único y completar la denominada Unión de Ahorros e Inversiones, un proyecto que, según sus estimaciones, podría incrementar el PIB comunitario en torno a un 3% a largo plazo. El organismo considera igualmente prioritario culminar la unión bancaria europea, una reforma pendiente desde hace más de una década y que sigue siendo clave para fortalecer la integración financiera del bloque. Otra de las iniciativas valoradas positivamente es el desarrollo del euro digital. En cambio, el FMI se muestra más cauteloso respecto a la posibilidad de flexibilizar las normas de competencia para favorecer la creación de grandes grupos empresariales europeos capaces de competir a escala global. A su juicio, esta estrategia podría incrementar la concentración de mercado y reducir los incentivos a la innovación, especialmente en sectores que todavía presentan una fuerte fragmentación nacional, como la banca o las telecomunicaciones. En conjunto, el diagnóstico del Fondo dibuja un escenario de crecimiento débil, inflación persistente e incertidumbre elevada, en el que la estabilidad fiscal y la mejora de la competitividad serán factores decisivos para afrontar los desafíos económicos que plantea el actual contexto internacional.

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(Cinco Días, 11-06-2026) | Fiscal

El IRPF, una carrera de fondos para los autónomos

Para los trabajadores autónomos, la declaración de la renta representa únicamente el resultado final de una gestión fiscal que se desarrolla a lo largo de todo el año. Cada ingreso, gasto o inversión influye en la tributación futura, por lo que la organización y el control financiero continuado son tan importantes como la propia presentación de la declaración. Además, la gestión de impuestos como el IRPF requiere unos conocimientos que muchos profesionales reconocen no poseer plenamente. Según un estudio de Funcas realizado en 2025, el 27% de los españoles considera insuficiente su formación financiera. En este contexto, conocer qué gastos pueden deducirse, cómo justificarlos correctamente y planificar la tributación se convierte en un elemento esencial para cualquier trabajador por cuenta propia. Los autónomos tributan en el IRPF por el beneficio obtenido en su actividad económica, es decir, por la diferencia entre los ingresos generados y los gastos fiscalmente deducibles. A diferencia de los trabajadores asalariados, cuya tributación se articula principalmente a través de las retenciones practicadas por la empresa, los autónomos deben gestionar directamente la determinación de sus rendimientos, registrando y justificando cada gasto vinculado a su actividad. La mayoría de los profesionales por cuenta propia tributa mediante el sistema de estimación directa, ya sea en su modalidad simplificada o normal, aunque también existe el régimen de módulos para determinadas actividades. Habitualmente, el pago del IRPF se realiza mediante retenciones aplicadas en las facturas emitidas y mediante los pagos fraccionados trimestrales. Por ello, la planificación fiscal comienza mucho antes de la campaña de la renta. Mantener la documentación actualizada, registrar correctamente las operaciones y compartir la información con la gestoría son prácticas habituales entre quienes buscan evitar errores y optimizar su situación fiscal. Los expertos recomiendan, además, separar claramente las finanzas personales de las profesionales mediante cuentas bancarias distintas para facilitar el seguimiento y la justificación de los movimientos económicos. En relación con los gastos deducibles, la normativa exige tres requisitos fundamentales. El primero es que exista una relación directa entre el gasto y la actividad económica desarrollada. Esto incluye tanto los gastos imprescindibles para trabajar como aquellos que, sin ser estrictamente indispensables, contribuyen a generar ingresos o reducir costes. El segundo requisito consiste en registrar adecuadamente dichos gastos. Aunque existe la creencia de que solo las sociedades están obligadas a llevar una contabilidad organizada, los autónomos también deben mantener registros de facturas emitidas y recibidas, así como de los bienes de inversión susceptibles de amortización. La tercera condición es disponer de una factura emitida correctamente a nombre del autónomo. Los expertos insisten en que los simples tickets o recibos no suelen ser suficientes para justificar una deducción fiscal, por lo que aconsejan solicitar siempre facturas completas y conservar los justificantes de pago correspondientes. Las mayores dudas suelen surgir en aquellos gastos que combinan un uso personal y profesional. Uno de los casos más habituales es el vehículo. La Agencia Tributaria exige, con carácter general, que el automóvil esté destinado exclusivamente a la actividad económica para admitir su deducción en el IRPF. Esto dificulta considerablemente la aplicación de esta ventaja fiscal, salvo en profesiones donde el vehículo constituye una herramienta esencial de trabajo, como transportistas, taxistas, repartidores, agentes comerciales o conductores de vehículos de transporte con conductor. Otro gasto que genera frecuentes consultas es el relacionado con la telefonía. Los asesores suelen recomendar disponer de líneas separadas para uso personal y profesional, ya que esta diferenciación facilita la acreditación de que el gasto está vinculado exclusivamente a la actividad económica. El auge del teletrabajo también ha incrementado las dudas sobre la deducción de gastos asociados a la vivienda. Hacienda permite deducir la parte proporcional del alquiler correspondiente al espacio destinado a la actividad profesional y un porcentaje de los suministros vinculados a dicha superficie, siempre que el contrato de arrendamiento no impida expresamente el desarrollo de actividades económicas en la vivienda. No obstante, cuando el espacio de trabajo se comparte con el uso personal, la justificación se vuelve más compleja. Existen además otros gastos cuya acreditación resulta más sencilla. Las cuotas abonadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y determinadas cotizaciones a la Seguridad Social pueden justificarse mediante los correspondientes recibos bancarios. Asimismo, las ayudas públicas recibidas por el autónomo, como las derivadas del programa Kit Digital, deben declararse como ingresos y tributan dentro del IRPF. Los especialistas coinciden en que la reducción de la carga fiscal no depende de encontrar deducciones de última hora cuando se acerca la campaña de la renta, sino de una adecuada planificación durante todo el ejercicio. Llevar un control constante de ingresos y gastos permite aprovechar mecanismos legales de optimización fiscal. Entre ellos figura la posibilidad de diferir determinados ingresos dentro de los límites establecidos por la normativa. En algunos casos, retrasar la emisión de una factura a los primeros días del ejercicio siguiente puede ayudar a distribuir mejor los rendimientos y reducir el impacto de la progresividad del impuesto. Otra herramienta habitual para disminuir la base imponible son las aportaciones a planes de pensiones. Estas permiten trasladar parte de la tributación al momento de la jubilación, cuando previsiblemente los ingresos serán inferiores. Los autónomos también pueden beneficiarse de los planes de pensiones de empleo simplificados, que permiten realizar aportaciones más elevadas dentro de los límites fijados por la ley. Los nuevos autónomos cuentan además con incentivos específicos. Durante los primeros años de actividad pueden aplicar una reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo, siempre que cumplan determinados requisitos relacionados con su situación profesional previa y con el nivel de ingresos obtenidos. A ello se suman las ayudas y beneficios fiscales que algunas comunidades autónomas ponen a disposición de los trabajadores por cuenta propia, por lo que resulta aconsejable revisar periódicamente la normativa vigente en cada territorio. Finalmente, los expertos destacan la importancia de contar con asesoramiento profesional. Los servicios de gestoría constituyen un gasto deducible y ayudan a evitar errores, incumplimientos y posibles sanciones. Para muchos autónomos, disponer de apoyo especializado resulta fundamental para mantener el control de sus obligaciones fiscales y gestionar adecuadamente su actividad económica.

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(Expansión, 11-06-2026) | Fiscal

Hacienda prepara para julio un techo de gasto récord

El Gobierno está preparando la aprobación de un límite de gasto no financiero sin precedentes con el objetivo de incorporar en las cuentas del próximo año un aumento histórico del gasto social y de las inversiones en vivienda, en un contexto marcado por la búsqueda de nuevos apoyos parlamentarios. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo cuadro macroeconómico el 23 de junio, mientras que las medidas para hacer frente a la crisis se aprobarán el 30 de junio. El Ejecutivo ultima una revisión de sus previsiones económicas que pretende aprobar en menos de dos semanas y que servirá de base para el proyecto de Presupuestos de 2027. No obstante, la presentación de uno de los elementos centrales de ese plan, el techo de gasto, se pospondrá hasta julio. La intención es fijar un límite de gasto récord que permita incorporar nuevas medidas y concesiones con las que intentar recuperar apoyos en el Congreso. En caso de que las cuentas no prosperen, estas iniciativas podrían convertirse en parte destacada del programa electoral de cara a las próximas elecciones generales. Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado reunir los respaldos suficientes para presentar un proyecto presupuestario durante la legislatura, por lo que ha recurrido a tres prórrogas consecutivas de los Presupuestos de 2023. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo hasta hace apenas una semana la intención de presentar unas cuentas para 2026, aunque finalmente anunció que el trabajo del Ejecutivo se centraría ya en los Presupuestos de 2027. El proceso comenzó oficialmente el pasado viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial para la elaboración de las nuevas cuentas públicas. Posteriormente, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó en el Congreso que el cuadro macroeconómico que servirá de referencia para los Presupuestos de 2027 será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo 23 de junio. La actualización de las previsiones de crecimiento económico y empleo resulta esencial para la elaboración de las cuentas públicas. A finales de abril, Carlos Cuerpo ya adelantó que el Gobierno trabajaba en una revisión de dichas previsiones, aunque prefirió esperar para evaluar con mayor precisión las consecuencias económicas de la guerra en Irán. En ese momento señaló que la previsión de crecimiento del PIB para 2026, situada actualmente en el 2,2%, podría reducirse entre una y cuatro décimas según las estimaciones gubernamentales, mientras que el Banco de España contemplaba una posible rebaja de hasta ocho décimas. Sin embargo, desde entonces diversos organismos internacionales han respaldado la fortaleza de la economía española a pesar de la incertidumbre global. La OCDE elevó recientemente en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,2%, mientras que la Comisión Europea aumentó la suya en una décima, hasta el 2,4%. Mientras se define el nuevo cuadro macroeconómico, el Ejecutivo también trabaja en el diseño del techo de gasto y de la senda fiscal que establecerá los objetivos de déficit y deuda pública. Aunque tradicionalmente estos elementos se aprobaban conjuntamente, el Gobierno ya modificó esta práctica el año pasado y todo apunta a que volverá a hacerlo en esta ocasión. El Ministerio de Hacienda ha concedido a los distintos departamentos ministeriales hasta el 29 de junio para trasladar sus necesidades presupuestarias de cara a 2027, por lo que esperará a disponer de toda esa información antes de fijar definitivamente el límite de gasto. Aunque el 30 de junio habrá una nueva reunión del Consejo de Ministros, las previsiones apuntan a que estará centrada en la renovación de las ayudas vinculadas a la guerra en Irán, cuya vigencia concluye ese mismo día. Carlos Cuerpo ya ha mantenido encuentros con representantes de los sectores del transporte, la logística y la distribución, y tiene previsto reunirse también con responsables de la energía, la industria y el sector agroalimentario para concretar nuevas medidas de apoyo para los próximos meses. Por ello, no se espera conocer el techo de gasto ni la senda fiscal antes del 7 de julio. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado que los futuros Presupuestos incluirán el mayor volumen de gasto social registrado hasta la fecha y la mayor inversión pública en vivienda desde el inicio de la democracia. Gracias a una recaudación que superó los 325.000 millones de euros en 2025, Hacienda aspira a rebasar los 200.000 millones de euros de techo de gasto para disponer de margen suficiente con el que atraer el respaldo de sus socios parlamentarios. Algunos de ellos, como PNV y Junts, consideran prácticamente agotada la legislatura debido a los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE. En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que, incluso si el proyecto presupuestario no logra salir adelante, impulsará medidas de apoyo dirigidas a colectivos como los jóvenes, las personas más vulnerables y los pensionistas.

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(El País, 11-06-2026) | Fiscal

Cuerpo anuncia que el Gobierno presentará el cuadro macro para los Presupuestos el 23 de junio

El Gobierno ha dado un nuevo paso en su intención de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2027, que serían los primeros de la actual legislatura tras varios años de prórrogas consecutivas de las cuentas aprobadas en 2023. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció en el Congreso de los Diputados que el próximo 23 de junio se presentará la actualización del cuadro macroeconómico, documento que constituye la base sobre la que se elaboran los Presupuestos. El anuncio se produce pocos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la voluntad del Ejecutivo de iniciar la tramitación presupuestaria para el próximo ejercicio, pese a las dificultades parlamentarias que previsiblemente acompañarán el proceso. Durante una intervención en la Cámara Baja, Cuerpo adelantó que el Ejecutivo hará públicas sus nuevas previsiones económicas, que incluirán estimaciones sobre crecimiento, empleo e inflación para los próximos años. La actualización del cuadro macroeconómico es un paso imprescindible antes de la elaboración formal del proyecto presupuestario. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había señalado recientemente que el Gobierno trabajaba en la revisión de estas previsiones con el objetivo de incorporar la información económica más reciente y disponer de una base realista para la preparación de las futuras cuentas públicas. Uno de los principales elementos de incertidumbre que deberá reflejar esta actualización es el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y de las tensiones en Oriente Próximo. Las previsiones vigentes fueron elaboradas en noviembre del año pasado, cuando todavía no se habían producido estos acontecimientos. Actualmente, el Ejecutivo mantiene una estimación de crecimiento económico del 2,2% para 2026. Sin embargo, el conflicto internacional ha introducido nuevos riesgos para la economía europea, especialmente a través del encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la inflación. A finales de abril, Carlos Cuerpo estimó que la crisis podría restar entre una y cuatro décimas al crecimiento económico español y añadir aproximadamente un punto porcentual a la inflación media. No obstante, los principales organismos internacionales continúan mostrando confianza en la capacidad de la economía española para mantener un ritmo de crecimiento superior al de la mayoría de sus socios europeos. El Fondo Monetario Internacional sitúa el avance del Producto Interior Bruto español en el 2,1% para este año, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantiene una previsión del 2,2%, en línea con la estimación oficial del Gobierno. Estas previsiones sugieren que la actividad económica está resistiendo relativamente bien el impacto de las tensiones geopolíticas gracias al dinamismo del mercado laboral, la fortaleza del consumo y el comportamiento positivo de determinados sectores productivos. La principal consecuencia económica del conflicto parece concentrarse, por el momento, en la evolución de los precios. La inflación alcanzó el 3,2% en mayo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Aun así, el aumento podría haber sido mayor sin las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para contener parte de la subida de los costes energéticos. La presentación del nuevo cuadro macroeconómico permitirá conocer hasta qué punto el Ejecutivo revisa sus expectativas de crecimiento e inflación y servirá como punto de partida para una negociación presupuestaria que se prevé compleja, pero que el Gobierno considera prioritaria para dotar de estabilidad financiera a la legislatura.

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