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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Arcadi España, un perfil técnico con recorrido en el PSOE para Hacienda

Sánchez ha optado por un relevo al frente del Ministerio de Hacienda que aúna experiencia en gestión económica y conocimiento del ámbito territorial, respaldado además por una larga trayectoria política. Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 1974) pasa de ocupar un puesto discreto como secretario de Estado de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres, a situarse en primera línea al asumir una de las carteras más relevantes y expuestas del Gobierno. Desde este viernes sustituirá a María Jesús Montero, quien ha dejado el cargo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, con expectativas poco favorables. Formado como economista -licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección y Gestión Pública-, España cuenta con experiencia como consultor y asesor financiero, lo que refuerza su perfil técnico. Pedro Sánchez lo ha descrito como una persona íntegra, capaz y comprometida, destacando que dará continuidad a la labor de su predecesora y que, junto a Carlos Cuerpo en Economía, contribuirá a mantener el rumbo de transformación, estabilidad fiscal y crecimiento del país. Sin embargo, su perfil no se limita al ámbito técnico. España también acumula una destacada trayectoria política, especialmente en el entorno del socialismo valenciano. Entre 2022 y 2023 fue responsable de Hacienda en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig, donde mostró su preocupación por la infrafinanciación crónica de la región y defendió la armonización fiscal impulsada por el Gobierno central, criticando las diferencias impositivas entre territorios como Madrid y la Comunidad Valenciana. Anteriormente, ocupó cargos relevantes en la administración autonómica, como director del Gabinete de Presidencia de Puig y conseller de Política Territorial entre 2019 y 2022. En la actualidad, formaba parte de la ejecutiva del PSOE como responsable de Transportes y Movilidad Sostenible. Su trayectoria lo sitúa ahora en el centro de la política nacional, al frente de un ministerio especialmente sensible y con importantes retos por delante, como la financiación singular de Cataluña, la posible condonación de deuda autonómica o la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, pendientes desde hace tres años. En su momento, su nombre llegó a sonar como posible sucesor de Ximo Puig al frente del socialismo valenciano, aunque finalmente fue Diana Morant quien asumió ese liderazgo en 2024. Aun así, la relación entre ambos parece mantenerse en buenos términos, y la ministra ha valorado positivamente su nombramiento, destacando su capacidad de gestión. El salto de Arcadi España a la política nacional se produjo a finales de 2023, cuando fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, dejando entonces su escaño en las Cortes Valencianas. Ahora, con su llegada a Hacienda, Sánchez refuerza la presencia del socialismo valenciano en el Gobierno con un perfil que combina lealtad política, experiencia institucional y solvencia técnica. Descrito por su entorno como un apasionado del ciclismo, España afronta ahora el mayor desafío de su carrera, con una agenda cargada de asuntos complejos. De hecho, nada más conocerse su nombramiento, ya recibió presiones políticas, como la del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien le reclamó avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y aliviar la deuda de la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación.

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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los retos para Arcadi España como ministro de Hacienda

Tras asumir la dirección del Ministerio de Hacienda, Arcadi España tendrá que enfrentarse a múltiples asuntos pendientes que dejó sin resolver su antecesora, entre ellos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma del sistema de financiación autonómica. La marcha de María Jesús Montero hacia la política andaluza deja sobre la mesa varios desafíos de gran relevancia económica y política. El nuevo titular de Hacienda deberá abordar cuestiones complejas que han generado un intenso debate en los últimos meses y cuya resolución no será sencilla. Entre ellas destacan la elaboración de los Presupuestos, la propuesta del modelo de financiación autonómica -criticada por algunos sectores por favorecer a Cataluña-, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el plan de condonación de deuda a las comunidades autónomas, que supera los 83.000 millones de euros y que ya ha sido remitido al Parlamento. A estos retos se suman otras medidas controvertidas, como los cambios en la fiscalidad del diésel, la creación de un régimen de IVA simplificado para autónomos con bajos ingresos o las exigencias de consolidación fiscal señaladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo relativo a la reducción de transferencias a la Seguridad Social ante el aumento del gasto en pensiones. El primer gran desafío inmediato será presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno no ha renovado desde 2023. Aunque Montero aseguró que el documento está preparado, corresponderá a España llevarlo al Parlamento. Sin embargo, su aprobación se prevé complicada debido a las tensiones recientes entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, especialmente Junts. En el ámbito autonómico, el nuevo ministro deberá gestionar la reforma del sistema de financiación, rechazada de forma generalizada por las comunidades -incluidas las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña. Para avanzar en este asunto, tendrá que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posiblemente planteando un modelo de adhesión voluntaria. La condonación de deuda autonómica será otro punto conflictivo, ya que el plan impulsado por el Gobierno no ha logrado un respaldo amplio entre los territorios. Asimismo, España deberá continuar las conversaciones con la Comisión Europea sobre la fiscalidad del diésel, tras el compromiso de equiparar su tratamiento al de la gasolina, una medida que aún no ha conseguido apoyos suficientes en el Congreso. En materia de autónomos, quedan pendientes dos cuestiones urgentes: la implantación de un sistema que exima del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, y la prórroga de los límites del régimen de módulos, tras el fracaso del decreto que contemplaba su extensión. Además, deberá afrontar posibles sanciones europeas por no haber aplicado aún el régimen de franquicia del IVA en determinados casos. Por último, sigue sin resolverse la propuesta de armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que implicaría eliminar ciertas bonificaciones autonómicas para aumentar la recaudación. La iniciativa contemplaba la creación de un nuevo tributo estatal que igualara la carga fiscal entre territorios. En conjunto, Arcadi España inicia su etapa al frente de Hacienda con una agenda cargada de decisiones delicadas y de gran impacto, que exigirán amplias negociaciones políticas y capacidad de gestión en un contexto especialmente complejo.

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(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal

Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos de IVA

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el respaldo del PSOE, a una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un sistema de IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. No obstante, aún no se ha concretado cuándo comenzará a aplicarse. La iniciativa insta al Gobierno a permitir que estos trabajadores por cuenta propia queden exentos de incluir el IVA en sus facturas y de ingresarlo a Hacienda. Aunque este tipo de propuestas no tiene carácter obligatorio, el apoyo socialista sugiere que la medida podría materializarse, alineando a España con una práctica ya extendida en el resto de países de la Unión Europea. Junts utilizó esta propuesta como condición para respaldar el decreto anticrisis del Ejecutivo. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, había rechazado reiteradamente implantar esta exención, incluso en el caso de autónomos y pymes con actividad en otros países comunitarios, lo que ha provocado fricciones con la Comisión Europea y podría derivar en sanciones. Será el próximo titular de Hacienda quien deba encargarse de desarrollar y aprobar este sistema, una reivindicación histórica del colectivo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, valoró positivamente el avance, aunque criticó que haya sido necesario llegar a este punto por la presión política. Por ahora no existe un calendario definido para su puesta en marcha, aunque todo apunta a que el Ministerio tendrá que avanzar en esta dirección en los próximos meses. Este régimen de IVA franquiciado forma parte de una directiva europea destinada a simplificar las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de negocio. Permite a los Estados miembros establecer un umbral -de hasta 100.000 euros- por debajo del cual estos profesionales pueden quedar exentos del impuesto. En España, la propuesta fija ese límite en 85.000 euros, una cifra que busca acercarse a los modelos de otros países europeos como Francia, Irlanda o Italia, aunque cada uno establece condiciones distintas. Eso sí, quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos, lo que puede hacer que algunos autónomos -especialmente aquellos con costes elevados- prefieran mantenerse en el régimen general. Según cálculos de ATA, unos 770.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida. Si todos ellos se acogieran, el ahorro en costes administrativos y tiempo superaría los 500 millones de euros. Sin embargo, el impacto en las cuentas públicas podría rondar los 650 millones, lo que explica en parte las reticencias del Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda también se ha argumentado que el sistema fiscal español ya cuenta con regímenes especiales y que la normativa europea no obliga a aplicar esta exención en operaciones dentro del propio país.

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v | Fiscal

La campaña de la renta 2025 llega con pocos cambios, pero nuevas deducciones clave para rentas bajas y vivienda

La campaña de la renta comenzará el 8 de abril sin grandes cambios estructurales, aunque sí presenta ciertas incertidumbres, según señalan desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). En particular, advierten de dudas sobre la aplicación de algunas medidas que todavía no han entrado en vigor al no haberse convalidado los decretos que las contemplaban. El plazo se extenderá hasta el 30 de junio. La presentación podrá hacerse por internet desde el inicio de la campaña, por teléfono a partir del 6 de mayo y de forma presencial desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. Desde el COGAC insisten en la importancia de revisar detenidamente el borrador antes de confirmarlo, ya que puede contener errores, y recomiendan recurrir a un gestor administrativo para asegurar una correcta aplicación de la normativa. Entre las novedades más destacadas figura la creación de un nuevo tramo en la base del ahorro: a partir de 300.000 euros, los rendimientos tributarán al 30%, lo que incrementa la carga fiscal para los grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema. Se mantienen los umbrales para estar obligado a presentar la declaración: 22.000 euros anuales con un solo pagador y 15.876 euros en caso de varios, con algunas excepciones. Los autónomos deberán seguir declarando en todos los casos, al igual que las personas en situación de desempleo. Para aliviar a las rentas más bajas, se introduce una nueva deducción dirigida a quienes perciben ingresos cercanos al salario mínimo. Los contribuyentes que ganen menos de 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción máxima de 340 euros, que se reduce progresivamente a partir de los 16.576 euros y desaparece al superar el límite establecido. En el ámbito de la sostenibilidad, se mantienen los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En ambos casos, se permite deducir el 15% de la inversión, con un máximo de 3.000 euros para la adquisición del vehículo y de 600 euros para los puntos de recarga. También continúan las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones que pueden alcanzar el 20%, 40% o 60% según el nivel de eficiencia conseguido, consolidando así el apoyo fiscal a la transición ecológica. Otra novedad es la ampliación de la exención en el IRPF para indemnizaciones por accidentes de tráfico, que ahora incluye las abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, las ayudas relacionadas con la DANA no tributarán, aunque las destinadas a incendios forestales de 2025 aún están pendientes de aprobación. En el ámbito autonómico, Cataluña introduce cambios relevantes. Se establece una nueva escala del IRPF que reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, favoreciendo a las rentas medias y bajas. Además, se amplían las deducciones por alquiler para determinados colectivos, como jóvenes, desempleados, personas con discapacidad o mayores de 65 años, con beneficios que pueden llegar hasta 1.000 euros en algunos casos. También se incorporan nuevas deducciones de carácter social, como las destinadas al acogimiento de menores o a víctimas de violencia machista, estas últimas con deducciones de hasta el 20% o 25% del alquiler durante un máximo de tres años. Por último, se introduce una deducción del 20% por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con un límite de 3.000 euros, con el objetivo de fomentar la economía social, facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar el medio rural. Todo ello en un contexto de cierta incertidumbre normativa, que obliga a los contribuyentes a mantenerse especialmente atentos a posibles cambios fiscales.

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(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Las multinacionales españolas elevan su tributación a niveles récord fuera de la pandemia

La carga fiscal de los principales grupos multinacionales españoles ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2023, las 171 mayores empresas con matriz en España soportaron un tipo efectivo global del 21,7%, el más alto registrado al margen del periodo de la pandemia. Esta cifra supone un aumento de cinco puntos respecto a los niveles anteriores al Covid y de siete puntos en comparación con 2021. Así lo pone de manifiesto el informe País por país (Country by country report o CBC), publicado por la Agencia Tributaria, que analiza la situación fiscal de las mayores multinacionales del país. El estudio identifica a 171 grupos con una facturación consolidada mundial igual o superior a 750 millones de euros, que coincide con el conjunto de empresas sujetas al nuevo impuesto mínimo global del 15% acordado por más de 160 países en el marco de la OCDE. Los datos, obtenidos a partir del modelo 231 -obligatorio para grandes multinacionales desde 2016-, recogen información detallada sobre ingresos, beneficios antes de impuestos y el importe del impuesto sobre sociedades devengado y abonado en cada país donde operan sus filiales. El informe también señala un aumento del 20,4% en el número de grandes multinacionales españolas, hasta alcanzar los 171 grupos, que en total cuentan con 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero) y generan una facturación global de 1,2 billones de euros, un 4,8% más que el año anterior. En conjunto, estas compañías obtuvieron beneficios por 112.331 millones de euros (un 14,7% más) y pagaron 24.395 millones en impuestos sobre sociedades a nivel mundial, lo que supone un incremento del 23,9%. Todas las magnitudes económicas analizadas muestran una evolución al alza, especialmente en beneficios e impuestos satisfechos. Como resultado, el tipo efectivo global se sitúa en el 21,7%, por encima del 20,1% registrado en 2022 y muy superior a los niveles de años anteriores (14,4% en 2021, 16,7% en 2019, 18,3% en 2018 y 17% en 2017), aunque todavía por debajo del 24,8% alcanzado en 2020, un ejercicio atípico marcado por la pandemia. No obstante, persisten diferencias dentro del conjunto: 29 grupos multinacionales tributaron a un tipo inferior al 5%, un 37% se situó por debajo del umbral del 15% y un 34% superó el 25%, que es el tipo nominal del Impuesto de Sociedades en España.

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(Expansión, 26-03-2026) | Fiscal

Un tercio de las multinacionales españolas tributa por debajo del tipo mínimo global

Los 171 grupos empresariales sometidos al impuesto mínimo global del 15% presentan un tipo efectivo medio del 21,7% sobre sus beneficios. Sin embargo, 63 de ellos no alcanzan ese umbral y podrían verse obligados a pagar cerca de 3.500 millones de euros adicionales. En términos generales, las multinacionales españolas tributan claramente por encima del mínimo fijado a nivel internacional por la OCDE, ya en vigor en la Unión Europea y en España. Aun así, más de un tercio de los grupos afectados aporta menos de lo exigido, lo que les expone a un recargo fiscal para ajustarse a la nueva normativa. Esta información procede del informe "Country by country" correspondiente a 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda. El documento se basa en los datos del modelo 231, vigente desde 2016 dentro del plan BEPS contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Este informe permite analizar la tributación efectiva de las grandes multinacionales -aquellas con ingresos globales iguales o superiores a 750 millones de euros- y ha resultado clave para evaluar el impacto del nuevo impuesto mínimo global. En 2023 se identificaron en España 171 grupos de este tipo, un 20,4% más que el año anterior, con un total de 16.228 filiales (5.831 en España y 10.397 en el extranjero). En conjunto, generaron una facturación mundial de 1,2 billones de euros y beneficios de 112.331 millones, con aumentos del 4,8% y 14,7%, respectivamente. Su contribución fiscal total ascendió a 24.395 millones, lo que se traduce en un tipo efectivo medio del 21,7%, el más alto registrado salvo el año excepcional de la pandemia. No obstante, este promedio oculta diferencias importantes. Un total de 63 multinacionales tributa por debajo del 15%. Estas concentran el 31% de los beneficios (34.733 millones), pero solo pagan 1.724 millones en impuestos, lo que supone un tipo efectivo del 7,1%. Para alcanzar el mínimo exigido, deberían abonar unos 3.485 millones adicionales. Dentro de este grupo hay distintos niveles de incumplimiento. Por un lado, 15 empresas, con beneficios de 3.991 millones, pagaron 553 millones, situándose ligeramente por debajo del mínimo con un 13,85%. Otras 19, con ganancias de 12.460 millones, abonaron 864 millones, lo que implica un tipo del 6,93% y más de 1.000 millones pendientes. Finalmente, 29 multinacionales con beneficios de 18.282 millones solo pagaron 307 millones, con un tipo del 1,68%, quedando a casi 2.500 millones del umbral exigido. Pese a todo, en conjunto se observa una mejora respecto a 2022, cuando el tipo medio era del 20,1% y la mitad de los grupos no alcanzaba el mínimo del 15%. Ese año también se identificaron empresas con niveles superiores: 32 grupos entre el 15% y el 20%, 24 entre el 20% y el 25%, y 52 por encima del 25%. Cabe recordar que en España el tipo nominal del Impuesto de Sociedades es del 25% (30% para banca y petroleras, y 23% para pymes), aunque las empresas pueden reducir su carga mediante deducciones y beneficios fiscales, mientras que otros países parten de tipos nominales más bajos. El objetivo del acuerdo de la OCDE es evitar que las multinacionales reduzcan su tributación trasladando su sede a jurisdicciones con menor carga fiscal. No obstante, la aplicación inicial del impuesto incluye mecanismos de simplificación que, en la práctica, aliviarán a muchas empresas en los primeros años.

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(La Razón, 26-03-2026) | Fiscal

El Gobierno cede y eximirá de declarar el IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros

La situación de minoría parlamentaria del Gobierno de coalición ha terminado forzando a Pedro Sánchez a dar el paso de trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos quedar exentos de declarar y abonar el IVA cuando su facturación anual no supere los 85.000 euros. Esta norma comunitaria, cuya aplicación debía haberse producido el 1 de enero de 2025, introduce el denominado IVA franquiciado, un sistema pensado para aliviar cargas administrativas y mejorar la liquidez de pequeños negocios y profesionales con menor volumen de ingresos. La medida había sido objeto de negociación durante meses entre las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda, pero el Ejecutivo no llegó a implementarla pese a las advertencias de Bruselas. Ahora, en el contexto de la aprobación del plan anticrisis derivado del conflicto con Irán, el Gobierno se ha visto obligado a asumir esta exigencia de Junts para asegurar su respaldo al decreto del llamado escudo social. Aunque Junts ha capitalizado políticamente este avance, lo cierto es que el Congreso ya había dado luz verde en octubre a una iniciativa del Partido Popular en el mismo sentido, aprobando una moción que proponía eliminar el IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo no desarrolló dicha medida, pese a que la Comisión Europea ya había iniciado acciones contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado la directiva en plazo. En este escenario, el apoyo de Junts al decreto vinculado a la crisis internacional se produce a cambio de una medida que ya había sido previamente avalada por la Cámara. Desde el colectivo de autónomos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado con tono crítico que "ha tenido que producirse una guerra" para que finalmente se adopte esta decisión. El plazo para su aplicación expiró a comienzos de 2025 y, ante la inacción, la organización llegó a denunciar al Gobierno ante las instituciones europeas. Ahora, la transposición de la directiva se ha convertido en condición para respaldar el decreto anticrisis, una medida largamente reclamada por el sector. ATA estima que la implantación del IVA franquiciado podría suponer un ahorro de hasta 600 euros por autónomo en costes administrativos y gestión. Por su parte, UPTA destaca que más de un millón de autónomos en España podrían acogerse a este régimen simplificado, lo que representaría un alivio significativo en términos burocráticos para quienes tienen menor volumen de facturación. La organización subraya que esta reforma forma parte de las reivindicaciones históricas del colectivo, orientadas a lograr un sistema fiscal más sencillo, estable y ajustado a la realidad del trabajo autónomo. En este sentido, consideran que el IVA franquiciado no es una medida accesoria, sino una necesidad para miles de pequeños negocios, y critican que el Ministerio de Hacienda no la hubiera puesto en marcha en su momento, pese a haber sido previamente consensuada con las organizaciones representativas.

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(El Economista, 26-03-2026) | Fiscal

Hacienda dejará de recaudar hasta 650 millones por suprimir el IVA a los autónomos

La aplicación de una exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros implicaría una merma en la recaudación pública de entre 625 y 650 millones de euros, según un informe del Gabinete de Estudios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Este cálculo parte de la previsión de que alrededor de 770.000 profesionales podrían acogerse a esta medida, es decir, aquellos que cumplen dos condiciones: no superar los 85.000 euros de ingresos y no tener un nivel elevado de IVA soportado que les resulte más beneficioso seguir en el régimen general. En los casos en los que los autónomos soportan un IVA elevado al adquirir bienes o servicios necesarios para su actividad, no les convendría optar por esta exención, ya que perderían la posibilidad de deducir ese impuesto. El objetivo principal de la medida es simplificar las obligaciones administrativas, permitiendo que estos profesionales no tengan que incluir el IVA en sus facturas ni presentar declaraciones trimestrales ante Hacienda. Según ATA, el ahorro medio por autónomo que se adhiera a este sistema sería de unos 660 euros anuales. Esta cifra se explica, por un lado, por la eliminación de las obligaciones formales relacionadas con el impuesto, lo que supondría un ahorro de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año. Por otro lado, también se tiene en cuenta el tiempo dedicado a estas gestiones. Se estima que un autónomo invierte unas dos horas al mes en tareas administrativas vinculadas al IVA -como recopilar facturas o enviarlas a la gestoría-, lo que equivale a unas 24 horas al año. Valorando ese tiempo en 15 euros por hora, el ahorro adicional alcanzaría los 360 euros.

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(El Economista, 26-03-2026) | Fiscal

Madrid aprueba una nueva normativa que protegerá a las empresas familiares

El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles de manera extraordinaria en Morata de Tajuña ha aprobado el proyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que introduce nuevas ventajas fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y flexibiliza los requisitos para favorecer el relevo generacional y asegurar la continuidad de estos negocios. Tal y como anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el texto se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para comenzar su tramitación. Se espera que quede definitivamente aprobado a mediados de año y que entre en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En términos generales, la futura ley amplía los beneficios fiscales existentes y elimina algunas condiciones que dificultaban el acceso, con el objetivo de facilitar la transmisión de empresas familiares. La principal medida consiste en elevar del 95% al 99% la reducción en la base imponible en casos de herencias o donaciones de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones sociales, siempre que el beneficiario mantenga la actividad y los bienes durante al menos cinco años. Además, se amplía el número de familiares que pueden acogerse a estas ventajas. A los descendientes y cónyuges se suman ahora ascendientes, familiares hasta el tercer grado (como hermanos, tíos y sobrinos) e incluso primos, que pertenecen al cuarto grado de parentesco. La norma también contempla a determinados trabajadores con una vinculación relevante con la empresa, siempre que acrediten una antigüedad mínima de diez años y hayan desempeñado funciones directivas durante al menos los últimos cuatro. Por último, el proyecto simplifica las condiciones de acceso, eliminando requisitos como que el donante tenga más de 65 años o que la actividad empresarial constituya su principal fuente de ingresos.

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(El País, 26-03-2026) | Fiscal

Hacienda corrige el impuesto de grandes fortunas para acabar con la discriminación fiscal a no residentes

El Ministerio de Hacienda está preparando una modificación técnica en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas con el fin de corregir una desigualdad fiscal que perjudicaba a los contribuyentes no residentes. Esta situación procedía del diseño original del tributo, heredado del impuesto sobre el patrimonio, en el que el límite de la cuota -un mecanismo que evita que la carga fiscal sobre el patrimonio resulte desproporcionada en relación con la renta- solo se aplicaba a los residentes. No obstante, recientes resoluciones judiciales han considerado discriminatorio excluir a los no residentes, lo que ha obligado a adaptar la normativa. Tras una sentencia del Tribunal Supremo a finales del año pasado y el posterior cambio de criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Hacienda ya modificó el impuesto sobre el patrimonio para eliminar esta diferencia de trato. Ahora, extiende esa corrección al impuesto estatal que grava patrimonios superiores a tres millones de euros, tal y como recoge el documento publicado en el trámite de audiencia pública por el equipo dirigido por María Jesús Montero. Con este cambio, tanto los contribuyentes residentes como aquellos no residentes con bienes en España podrán beneficiarse del límite de la cuota en sus liquidaciones, tanto en el impuesto sobre el patrimonio como en el de grandes fortunas. Esta medida busca garantizar la igualdad de trato y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad jurídica del impuesto, cuya continuidad también tiene implicaciones en la financiación autonómica. El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas actúa como complemento del impuesto sobre el patrimonio, aunque con una diferencia clave: la recaudación no se transfiere a las comunidades autónomas, sino que se ingresa directamente en las arcas del Estado. De este modo, se pretende evitar que regiones que aplican bonificaciones totales eludan la tributación de los grandes patrimonios. Este tributo se creó en 2022 con carácter temporal, con el objetivo de mejorar la equidad fiscal y contrarrestar las ventajas fiscales aplicadas por algunas comunidades, que habían reducido considerablemente el alcance del impuesto sobre el patrimonio. Sus efectos ya se hicieron notar en 2023, cuando varias autonomías reactivaron este impuesto para evitar que sus contribuyentes más ricos tributaran únicamente al Estado, lo que impulsó la recaudación un 58%, hasta alcanzar los 1.970 millones de euros. Con la reforma planteada, Hacienda pretende consolidar estos resultados y evitar que posibles discriminaciones por residencia comprometan la viabilidad del impuesto. La medida, que estará abierta a alegaciones hasta el 20 de abril, se aplicará a partir del ejercicio 2025, cuya campaña de declaración comenzará en julio de 2026, permitiendo que todos los contribuyentes afectados puedan acogerse al límite de la cuota íntegra.

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