(Expansión, 01-12-2025) | Fiscal
El rechazo del Gobierno a implantar una exención del IVA para los autónomos con menor volumen de ingresos, tal como ya ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, coloca a los profesionales españoles en una situación desfavorable frente a sus competidores europeos. La decisión del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, de no activar un sistema de IVA franquiciado que permita a los autónomos con baja facturación dejar de repercutir el impuesto a sus clientes convierte a España en el único Estado miembro que aún no aplica este tipo de beneficio fiscal. Este tema es especialmente relevante para el colectivo, que lleva años exigiendo que el Gobierno cumpla con la Directiva europea del IVA, cuya adaptación debía estar lista en enero de 2025, y cuyo incumplimiento podría acarrear sanciones.
Por ahora, la intención del Ejecutivo parece centrarse únicamente en permitir la exención del IVA a los autónomos que vendan bienes o servicios a otros países de la UE, ajustándose a los límites de facturación fijados en cada Estado. Esta medida dejaría a España aún más aislada y a sus autónomos en una evidente "desventaja competitiva" respecto a los del resto de Europa. Así lo denuncian las asociaciones del sector, que consideran que Hacienda solo plantea "una aplicación parcial de la Directiva" y reclaman que el sistema también se aplique a las operaciones dentro del país, como ya sucede en los demás miembros de la Unión.
Fuentes cercanas a la negociación con Hacienda admiten a este medio que el diálogo está actualmente detenido por parte del equipo de María Jesús Montero, a pesar del efecto que la medida podría tener en las cuentas de millones de autónomos y de que el Ministerio inicialmente se mostró dispuesto a encontrar una salida.
Además del ahorro que supondría dejar de ingresar el IVA de sus ventas -aunque renunciarían a deducir el impuesto de sus gastos si se adhieren voluntariamente al sistema-, "el IVA franquiciado reduciría considerablemente la carga administrativa que soportan los autónomos, ya que dejarían de presentar trimestralmente la liquidación del impuesto", explica a este diario Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). También recuerda que estas declaraciones son con frecuencia objeto de requerimientos y comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria.
Ferrero cree que el principal motivo por el que Hacienda frena la implantación del IVA franquiciado "es económico", ya que un gran número de autónomos -alrededor de un millón, según sus cálculos- podrían acogerse a él. En cualquier caso, aclara que la adhesión sería voluntaria, pues para algunos autónomos no resultaría ventajosa la imposibilidad de deducir gastos.
La negativa del Gobierno a aplicar íntegramente la normativa europea, alegando que España ya dispone de regímenes especiales que impiden adaptar por completo la Directiva, ha llevado el debate del IVA franquiciado al terreno político en las últimas semanas.
En este contexto, una de las principales propuestas del Partido Popular en materia económica consiste precisamente en instaurar la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Durante su presentación, Alberto Núñez Feijóo aseguró que esta medida supondría "un alivio fiscal, porque un autónomo no es un cajero automático del Estado".
Ese umbral de facturación, defendido también por la principal asociación de autónomos del país, permitiría equiparar a España con países como Francia -que reduce el límite a 35.000 euros para quienes prestan servicios-, Irlanda o Italia. No obstante, las asociaciones recuerdan que los límites son flexibles y podrían establecerse por debajo de esa cifra, como ocurre en otros países de la Unión Europea, donde los topes varían desde los 78.848 euros en la República Checa hasta los 6.713 euros en Dinamarca.