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(El Economista, 03-05-2024) | Laboral

La inversión por trabajador se hunde 7 puntos desde 2019

La recuperación económica posterior a la pandemia ha sido desigual entre los diferentes motores del Producto Interior Bruto (PIB). La inversión ha sido particularmente afectada y, de hecho, es el único componente de la demanda interna que aún no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, a pesar del impulso registrado en el primer trimestre de 2024. Sumado al notable aumento del empleo durante la reapertura económica, la inversión por persona ocupada ha experimentado una caída de siete puntos desde los niveles de 2019. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España es la principal economía de la eurozona con el peor desempeño en este indicador. El stock de capital fijo por empleado mide el valor de los activos fijos disponibles para la producción, y muestra un deterioro evidente no solo después de la pandemia, sino que también se sitúa más de 25 puntos por debajo del nivel de inversión por ocupado observado antes de la crisis financiera. La importancia de la inversión repercute en áreas como el mercado de viviendas, la capacidad productiva y la innovación. "Desde una perspectiva macroeconómica, hay un amplio consenso de que un menor stock de capital humano reduce el crecimiento", señala el Banco de España en su informe anual publicado esta semana. "Este impacto no solo se debe al efecto directo del nivel educativo en la productividad individual, sino también a través de otros canales como la complementariedad del capital humano con la inversión en capital físico o tecnológico". El banco destaca que los países de la OCDE con mayores niveles de capital humano en áreas como las matemáticas también tienen una inversión media en I+D+i mayor que España. "Estamos viendo una recuperación sin inversión. A pesar del aumento del empleo y de otros factores importantes como los fondos europeos, la inversión no sigue una tendencia consistente con el comportamiento del PIB. Es el único componente de la demanda interna que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia", explica Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. "En algunos sectores, la situación es dramática y no se espera una recuperación a largo plazo", comenta Cardoso en relación al sector inmobiliario. "Se están construyendo apenas entre 100.000 y 120.000 viviendas al año, lo cual no es coherente con el aumento en el número de hogares, que ha estado en la franja de 200.000 a 300.000 en los últimos años", explica. Es decir, la inversión en el sector inmobiliario apenas satisface la mitad de la demanda de nuevas viviendas. "Existe una necesidad, pero el entorno regulatorio limita el desarrollo de suelo urbanizable y viviendas", aclara. A pesar de la destacada recuperación económica, España lidera las tasas de crecimiento en Europa, especialmente en comparación con países como Francia o Alemania. Sin embargo, la comparativa internacional muestra que el motor de la inversión no está impulsando la actividad económica: solo Malta y Luxemburgo tienen un desempeño peor en este aspecto. Por otro lado, el promedio de los países de la eurozona (excluyendo a Irlanda, cuya fiscalidad favorece la atracción de inversión extranjera) ha mejorado ligeramente. Grecia y Chipre han sido los países que más han impulsado la inversión por trabajador, mientras que en Italia han influido programas como el 'Superbonus 110%' para la reforma y rehabilitación de viviendas.

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(El Economista, 03-05-2024) | Laboral

El déficit real de las pensiones se sitúa en el 3,8% del PIB

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publicó un informe este jueves acerca de la salud financiera del componente contributivo de las pensiones públicas en el año 2023. Según los hallazgos del estudio, estas pensiones exhibieron un déficit de aproximadamente 56.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Concretamente, el informe estima que el componente contributivo del sistema de pensiones públicas, que abarca las pensiones de la Seguridad Social y las clases pasivas, presentó en 2023 un déficit equivalente al 3,8% del PIB, es decir, 55.919 millones de euros, si solo se consideran los ingresos netos ordinarios por cotizaciones sociales. Para cubrir esta brecha entre ingresos y gastos, el sistema público de pensiones recibió transferencias del Estado por un valor de 3,1 puntos porcentuales del PIB, aproximadamente 44.148,12 millones de euros. Esto representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales del PIB desde 2018. Además, el sistema recibió un préstamo del Estado por un valor de 0,7 puntos porcentuales del PIB, es decir, 10.003 millones de euros. FEDEA señala que estas transferencias han reducido los recursos disponibles para atender otras necesidades públicas importantes. Además, destaca que la situación financiera de este componente del sistema de pensiones, que representa el 13,1% del PIB y casi el 30% del gasto público total, está constantemente sujeta a debate en la sociedad. El Sistema de Seguridad Social, responsable de la gestión de las pensiones, cerró 2023 con un déficit muy similar al del año anterior, equivalente al 0,6% del PIB. Este porcentaje aumenta en dos décimas, llegando al 0,8% del PIB, si se excluyen las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de los ingresos corrientes, ya que este dinero se destina a un fondo de reserva que no estará disponible hasta 2032. Además, la Seguridad Social recibió dos transferencias específicas del Estado por un total de 27.231 millones de euros, lo que equivale al 1,9% del PIB. Una de estas transferencias fue para pagar los complementos por mínimos de pensiones, con un monto de 7.345 millones de euros, mientras que la segunda, de mayor cuantía, fue destinada a cubrir los llamados gastos impropios, con un total de 19.886 millones de euros. Si excluimos estas transferencias y nos centramos únicamente en el saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social, este se situaría en aproximadamente el 2,7% del PIB. Además, habría que sumar otros 1,2 puntos porcentuales del PIB en transferencias del Estado para pagar las pensiones de clases pasivas, lo que daría como resultado un déficit contributivo de 3,8 puntos porcentuales del PIB, que debe financiarse mediante deuda e impuestos generales. "El esfuerzo para sostener el actual sistema público de pensiones se distribuye entre las aportaciones de los trabajadores ocupados mediante el pago de cotizaciones, y de los impuestos pagados por la sociedad, necesarios para financiar las cada vez más elevadas transferencias del Estado al sistema", concluye FEDEA.

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(Cinco Días, 03-05-2024) | Laboral

La retribución de los consejeros crece un 10% en 2023, por encima de los salarios y las pensiones

Los integrantes de los consejos directivos de las empresas en España obtuvieron en 2023 unas compensaciones sin precedentes. Acumularon más de 4.800 millones de euros brutos en total, representando un aumento del 10,1% respecto al año anterior. Este incremento constituye el mayor registrado en todas las categorías de ingresos analizadas en el más reciente informe de la Agencia Tributaria, recientemente publicado. En comparación, los salarios y las pensiones experimentaron aumentos anuales del 7,6% y 9%, respectivamente. En promedio, los ingresos de todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta, incluyendo trabajadores, jubilados, autónomos, empresarios y directivos, entre otros, crecieron un 7,2% anualmente. Un análisis más detallado revela que los ingresos totales de los consejeros, alcanzando su punto máximo histórico en 2023, aumentaron a un ritmo mayor que el total de salarios del sector público (5,6%) y del sector privado (8,3%). Entre estos últimos, los altos ejecutivos superaron tanto los sueldos de las grandes empresas (9,6%) como los de las pymes (6,6%). También sobrepasaron las pensiones del sector público (9,4%), los ingresos brutos de los profesionales (4,1%) y las prestaciones por desempleo (3,2%). Por otro lado, los ingresos de los autónomos (-0,9%) y las pensiones privadas (-1,1%) experimentaron descensos. Las cifras de la agencia reflejan la sólida evolución de los ingresos de quienes ocupan los más altos cargos directivos en las compañías. De hecho, si se observa los años previos a las sucesivas crisis causadas por la pandemia y la escalada de precios, estos perfiles destacan por ser el colectivo con mayores aumentos porcentuales. Entre 2019 y 2023, los salarios brutos aumentaron un 22% y las pensiones casi un 24%. Sin embargo, en el mismo período, las remuneraciones de los altos directivos aumentaron un 39%, siendo la tasa más alta de todas. Los datos muestran el total de ingresos que recibe cada tipo de contribuyente, así como los ingresos medios de cada uno, excepto los consejeros. Es decir, se sabe que los asalariados recibieron un promedio de 28.903 euros brutos, y los pensionistas alcanzaron los 18.503 euros, con aumentos anuales del 5% y 7,9% respectivamente, explicados por el aumento del empleo, las actualizaciones salariales y la indexación de las pensiones según la inflación. Sin embargo, debido a cuestiones metodológicas, no se dispone de datos sobre la remuneración media de los altos ejecutivos. No obstante, según fuentes tributarias, se presume que los pagos por persona a los consejeros hayan aumentado en un año marcado por el repunte de los beneficios empresariales en las grandes empresas del Ibex, muchas de las cuales alcanzaron récords. En consecuencia, los consejeros son los que más impuestos pagaron sobre sus ingresos en 2023, con una tasa efectiva de retención del 33,64%, muy por encima del 16,79% de los salarios y del 9,64% de las pensiones. Sin embargo, los tipos medios de gravamen registrados en la estadística se aplican únicamente a los ingresos del trabajo, excluyendo otros tipos de ingresos como los bonos o las remuneraciones en especie. Esto sugiere, según las mismas fuentes, que gran parte de los ingresos obtenidos por los altos directivos se gravan a tasas considerablemente más bajas. Estas cifras han llevado a organizaciones como Oxfam Intermón a denunciar que las compensaciones en España están mejorando considerablemente para unos pocos, mientras que las diferencias respecto a la mayoría de los trabajadores continúan aumentando. En su último informe sobre desigualdad, publicado en enero durante el Foro de Davos, la ONG señaló que el salario promedio de los miembros de los consejos de dirección de las grandes empresas aumentó un 19% entre 2021 y 2022, y un 45% desde 2020. Al mismo tiempo, el salario promedio aumentó solo un 8% en 2022 y un 9% desde 2020. En términos más concretos, el 70% de las 50 mayores empresas del país pagaba a su primer ejecutivo más de un millón de euros, con casos como Iberdrola y Banco Santander que pagaron más de 10 millones a sus máximos responsables. En promedio, el primer ejecutivo ganaba 91 veces el salario medio de sus empleados. "Es difícil justificar que, en promedio, a un trabajador le llevaría 91 años ganar lo que el primer ejecutivo percibe en un solo año", enfatizó Oxfam. En la misma línea, otros datos presentados por la organización indican que el pago de dividendos creció 3,5 veces más que los salarios en España desde 2020 hasta 2023.

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(Expansión, 02-05-2024) | Laboral

España necesitaría 24,6 millones de inmigrantes de aquí a 2053 para trabajar y sostener las pensiones

El envejecimiento acelerado de la población, un fenómeno que se está observando tanto en España como en toda Europa, representa el principal desafío al que se enfrenta el país. Este desafío no solo afecta al gasto en pensiones, sino también a la sanidad, los cuidados de larga duración y las necesidades del mercado laboral. A pesar de que en la última década han llegado a España alrededor de 10 millones de inmigrantes, el Banco de España estima que se necesitarían aproximadamente 24,6 millones de inmigrantes adicionales para el año 2053 con el fin de mantener la tasa de dependencia en su nivel actual del 26,6%. Esto significa que el número de personas nacidas en el extranjero en edad de trabajar tendría que ser significativamente mayor que el estimado por el Instituto Nacional de Estadística en sus proyecciones más recientes, que rondan los 10 millones adicionales. Sin embargo, el Banco de España considera poco probable que la población inmigrante pueda resolver los desequilibrios entre la oferta y la demanda de empleo que podrían surgir en los próximos años, y mucho menos revertir el proceso de envejecimiento poblacional. En un contexto donde el gasto en pensiones aumentará desde el 13,1% del PIB en 2023 hasta el 17,3% en 2050 según estimaciones de Bruselas, el Banco de España opina que las reformas realizadas hasta ahora son insuficientes y se requerirán medidas adicionales. Respecto a los incentivos para retrasar la jubilación, el banco central menciona la importancia de tener un horizonte temporal amplio para evaluar su efectividad, aunque advierte que su impacto en la reducción del gasto sería limitado en una primera aproximación. Por ejemplo, si la mitad de los trabajadores retrasara su jubilación tres años, el ahorro sería de 0,5 puntos del PIB si se optara por un aumento del 4% en la pensión al momento de jubilarse, y de 0,7 puntos si se eligiera un pago único por los años de retraso. En general, el Banco de España estima que por cada año de aumento en la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones podría disminuir entre dos y seis décimas del PIB. El Banco de España reiteró su advertencia contra la tentación de aumentar las cotizaciones sociales para hacer frente al creciente gasto en pensiones, ya que esto podría perjudicar el empleo. Calcula que un aumento de 1 punto en las cotizaciones reduciría en 0,25 puntos el número de ocupados en cuatro años, es decir, destruiría alrededor de 53.000 empleos.

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(El Economista, 02-05-2024) | Laboral

La "Ley rider" se ampliará: el Gobierno vigilará el uso de falsos autónomos más allá del reparto a domicilio

El Gobierno se verá obligado a reformar la Ley Rider para supervisar el uso indebido de falsos autónomos por parte de plataformas digitales, no limitándose solo al ámbito del reparto. La Unión Europea ya ha aprobado el Proyecto de Directiva de Trabajadores de Plataformas, que será ratificado en breve y requerirá que todos los países miembros monitoreen el empleo de falsos autónomos por estas plataformas, independientemente de su actividad, ya sea en el ámbito de conductores, cuidadores, traductores o limpieza. España fue líder en la UE al aprobar la Ley Rider para regularizar el empleo de falsos autónomos en el sector de reparto, como los que trabajan para Glovo o Amazon, obligando a estas empresas a contratarlos. Ahora, esta supervisión deberá ampliarse a todos los trabajadores de plataformas digitales. María Eugenia Guzmán, socia responsable de Laboral en PwC Tax & Legal, señala que la Ley Rider es concisa, ya que reformó el Estatuto de los Trabajadores en dos aspectos: estableció una presunción de laboralidad a favor de los trabajadores de las plataformas de reparto y obligó a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores sobre los parámetros de los algoritmos que afectan a las condiciones laborales. Sin embargo, la futura Directiva es más amplia y aborda una gama más amplia de trabajadores de plataformas, no solo los de reparto, y también incluye la protección de datos de estos trabajadores. Además, la Directiva introduce la humanización de la plataforma, exigiendo que las empresas cuenten con personal responsable que revise las decisiones automáticas tomadas por sistemas informáticos en la gestión de Recursos Humanos y que puedan ser revocadas por criterios humanos. La normativa europea permite a cada país decidir cómo regularizará la relación laboral en casos de uso de falsos autónomos, así como imponer sanciones adecuadas a estas empresas en caso de infracciones.

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(El Economista, 02-05-2024) | Laboral

Los becarios podrán sumar hasta cinco años de prácticas para su jubilación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rubricado la disposición que permitirá restablecer la cotización para aquellos estudiantes que en el pasado realizaron prácticas formativas, académicas externas o estudios oficiales de doctorado en programas de formación investigadora, tanto en territorio nacional como en el extranjero. "Los participantes en estos programas tendrán la oportunidad de suscribir un convenio especial, por única vez, con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), permitiéndoles computar estos periodos de cotización hasta un máximo de cinco años", han informado desde el Ministerio. Específicamente, esta medida beneficiará a antiguos estudiantes universitarios, de formación profesional (excepto en casos de prácticas en el régimen de formación profesional intensiva) y de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo. Asimismo, podrán acogerse graduados universitarios que, mediante estudios oficiales de doctorado, hayan participado en programas de formación investigadora antes del 4/02/2006, tanto en España como en el extranjero. La orden, incluida en la reforma de pensiones y que entrará en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), equiparará a los antiguos estudiantes con trabajadores por cuenta ajena para su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. De esta manera, la cotización por los períodos de prácticas reconocidos en este convenio especial abarcará la cobertura de prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes. Para suscribir el convenio, las prácticas no remuneradas deben haberse realizado antes del 1 de enero de 2024 y, en el caso de las prácticas remuneradas, antes del 1 de noviembre de 2011, sin límite de antigüedad. Además, los interesados deben acreditar la duración de los programas de formación en los que participaron. Es importante recordar que desde este año, los estudiantes que realizan prácticas formativas, remuneradas o no, están incluidos en el sistema de la Seguridad Social. Desde el 1 de enero, casi 570.000 estudiantes han estado dados de alta al menos un día, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. La base de cotización por el convenio especial será la base mínima de cotización por contingencias comunes del grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente este año, reducida en un 0,77. Esto supone cerca de 300 euros por cada mes que se desee convalidar como cotizado. Una vez calculado el importe total de la cotización por parte de la TGSS, este podrá abonarse en un único pago o en un máximo de mensualidades igual al número de meses por los que se formalice el convenio. Por ejemplo, si se convalidan seis meses, se podrán pagar en un máximo de seis mensualidades los 1.800 euros correspondientes a ese período por la convalidación. Según ha afirmado Saiz, "hoy es un día sumamente importante. Esta medida representa la mejor expresión de justicia social por parte del Gobierno", ya que amplía "los derechos de los jóvenes y de aquellos que se están incorporando al mercado laboral, al tiempo que reparamos desequilibrios y brindamos oportunidades a aquellos que no tuvieron esa opción en el pasado".

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(El País, 02-05-2024) | Laboral

Los sindicatos reclaman mejores salarios y una reducción de jornada en la manifestación del Primero de Mayo

Este miércoles, miles de personas se han sumado a las protestas por el Día Internacional de los Trabajadores, convocadas por los sindicatos principales, UGT y CC OO, en más de 70 ciudades de toda España. Los secretarios generales de ambas organizaciones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, lideraron la marcha en Madrid, acompañados por alrededor de 10.000 personas, según estimaciones de la Delegación de Gobierno, junto a una destacada representación del Gobierno de coalición. Entre los presentes estuvieron las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Sanidad, Mónica García; Transportes, Óscar Puente; y Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, que se unieron a los líderes sindicales en la cabecera de la manifestación, desfilando tras la pancarta con el lema "Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios". Antes de comenzar la marcha, Álvarez hizo declaraciones a la prensa, destacando la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del Gobierno. "Es un placer poder decir hoy, desde aquí, que sí, que merece la pena", afirmó, añadiendo que es necesario una agenda reformista clara que aborde los problemas que aquejan al país y cuestionan la democracia plena. Los organizadores acusaron al Ayuntamiento de Madrid de intentar boicotear el evento al no permitirles instalar a tiempo el equipo técnico para las declaraciones previas al inicio de la protesta. Álvarez también criticó el estancamiento en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordando que la elección de los jueces corresponde a la soberanía popular a través de las Cortes Generales. Respecto a las reivindicaciones del lema de la manifestación, Álvarez advirtió que es necesario publicarlas en el Boletín Oficial del Estado sin demora. Ambos sindicatos están negociando con el Gobierno y los empresarios la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales para 2025, sin afectar los salarios. Unai Sordo apeló al despliegue de políticas industriales y de desarrollo sectorial para generar empleos dignos en el contexto del cambio de modelo energético. También abogó por reformar el Poder Judicial y criticó el uso de la mentira para cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recordó el compromiso del Gobierno con la reducción del tiempo de trabajo y la reforma del despido, mientras que María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, llamó a desenmascarar a quienes buscan deslegitimar al Ejecutivo mediante la difamación y el bulo.

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(El Economista, 30-04-2024) | Laboral

Bruselas revela que España aún desperdicia el 20% de su fuerza laboral

A pesar de las mejoras registradas en los últimos años, el mercado laboral español sigue siendo considerado como el más ineficiente de la Unión Europea. Según los datos más recientes de Eurostat, aproximadamente el 20,1% de los posibles trabajadores en España se encuentran desaprovechados, lo que equivale a un total de 5,1 millones de personas atrapadas en el desempleo o en empleos precarios. Aunque este porcentaje representa el mínimo histórico, aún supera significativamente el promedio de los otros países de la UE, situado en el 12%. De acuerdo con la Encuesta de Fuerza Laboral (LFS por sus siglas en inglés) de Eurostat para el año 2023, en España había 2,94 millones de desempleados, a los que se suman 1,04 millones de personas sin trabajo que no son consideradas desempleadas. Estas personas se dividen en dos categorías: aquellos que no buscan empleo por diversas razones, sumando alrededor de 780.000 personas, y aquellos que buscan trabajo pero no están disponibles, que alcanzan unas 257.000 personas. Además, se incluyen otros 1,1 millones de ocupados subempleados que trabajan a tiempo parcial y desearían trabajar más horas. Estos cuatro grupos conforman lo que se conoce como 'holgura laboral', una medida que analiza el volumen real de la mano de obra disponible en un país, más allá de la población activa, que solo incluye a los ocupados (sin considerar sus condiciones laborales) y a los desempleados 'convencionales' (personas sin trabajo que lo buscan activamente y están disponibles). La tasa de holgura del 20,1% se calcula sobre el total de la "fuerza laboral extendida", que incluye a los grupos antes mencionados, además de los trabajadores que desean trabajar más horas de las que actualmente trabajan. Es esencial destacar que el componente que más contribuye a esta tasa en España es el desempleo 'convencional', que aporta más de la mitad de la tasa de holgura. Por otro lado, los desempleados que no entran en la categoría 'convencional' y los subempleados también contribuyen significativamente a esta tasa. Aunque estos porcentajes son menores que los del desempleo convencional, sitúan a España por encima de varios países de la UE en términos de holgura laboral. A pesar de que la situación ha mejorado desde los peores momentos de la crisis, el mercado laboral español aún enfrenta desafíos para aprovechar plenamente su potencial.

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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

El número de trabajadores afectados por un ERE se dispara un 65% hasta febrero

Durante los dos primeros meses de este año, el número de trabajadores impactados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a las autoridades laborales se incrementó en un 65% en comparación con el mismo periodo del año pasado, llegando a un total de 18.587 afectados, según datos preliminares del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En cuanto al tipo de procedimiento, el número de empleados afectados por despidos colectivos aumentó un 29% interanual en estos dos meses, alcanzando un total de 2.999 trabajadores. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron un 87,3%, llegando a 14.933 empleados, mientras que los afectados por reducciones de jornada disminuyeron un 32,3%, llegando a un total de 655 afectados. De todos los trabajadores en ERE al finalizar febrero, el 5,4% (1.015 empleados) se vieron afectados por procedimientos originados por causas de fuerza mayor, mientras que el 94,5% (17.572 empleados) lo estaban por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Los procedimientos por causas de fuerza mayor aumentaron un 7,5% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los causados por causas ETOP aumentaron un 70,3%. El Ministerio aclara que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo en diferentes provincias, se cuenta un procedimiento por cada provincia en las estadísticas. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en diferentes meses, se cuenta un procedimiento por cada mes. En cuanto a los sectores, el número total de trabajadores afectados por todos los procedimientos aumentó un 80,2% en la industria y un 63.5% en la construcción, alcanzando 12.620 y 242 afectados respectivamente. También aumentaron un 41,8% en la agricultura, llegando a 275 afectados, y un 39,1% en los servicios, llegando a 5,450 afectados. En términos de tipo de procedimiento, los trabajadores afectados por despidos colectivos disminuyeron un 49,2% en el sector de la construcción, llegando a 61 afectados, mientras que aumentaron un 29,7% en la industria y un 27,7% en la construcción en comparación con los dos primeros meses de 2023, sumando 1.004 y 1.828 afectados respectivamente. En la agricultura, los afectados por despidos colectivos fueron 106. Por otro lado, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato aumentaron drásticamente en la construcción, llegando a un total de 170 afectados, aunque el sector industrial fue el que registró el mayor número de empleados con suspensiones de contrato, 11.200 en total, un 88.6% más que en los dos primeros meses de 2023. En los servicios y la agricultura, los empleados afectados por estos procedimientos aumentaron un 83% y un 7% respectivamente. En cuanto a las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana fue la que registró más trabajadores afectados por ERE en cifras absolutas en los dos primeros meses, con 6.838 trabajadores, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la fábrica de Ford en Almussafes. A continuación se situaron Madrid, con 2.751 afectados, y Navarra, con 1.933. Sin embargo, en términos relativos, Cantabria fue la comunidad autónoma que más incrementó el número de trabajadores afectados por ERE hasta febrero, multiplicándolo por 11 hasta alcanzar los 918 afectados. Por otro lado, Murcia experimentó el mayor descenso, con una caída del 90% en los trabajadores afectados por ERE.

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(Expansión, 29-04-2024) | Laboral

Vox propone que los autónomos que ingresen menos del SMI no paguen la Seguridad Social

Vox presentará en las próximas semanas una propuesta de ley en el Congreso para eximir del pago de la Seguridad Social a los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora está en 1.134 euros en 14 pagas. La medida afectaría a más de dos millones de trabajadores autónomos que actualmente ganan menos de esa cantidad, según indican fuentes de la Oficina Económica de Vox en el Congreso. En particular, señalan que de los tres millones de autónomos en España en 2019, dos millones tienen ingresos por debajo del SMI, y de estos últimos, 1,45 millones ganaron menos de 700 euros al mes y alrededor de 600.000 declararon beneficios inferiores a 600 euros mensuales. Esto afecta especialmente a sectores como la hostelería o la construcción. Por este motivo, Vox propone que los autónomos no paguen su cuota correspondiente si sus ingresos no alcanzan al menos el SMI. Argumentan que esto respaldaría el arranque inicial de los negocios, cuando la facturación suele ser baja y no permite generar beneficios después de pagar la cuota al RETA, impuestos y otros gastos. También consideran que la medida podría reducir la economía sumergida en el colectivo, ya que creen que más personas comenzarían a cotizar si actualmente no se dan de alta debido a sus bajos ingresos. Sin embargo, la propuesta de Vox no se limita solo a la cuota del RETA, sino que también plantea la posibilidad de que los autónomos puedan aplazar el pago del IVA a Hacienda sin intereses cuando la Administración les deba dinero. Según el partido, esta última medida no tendría costo alguno y brindaría mayor flexibilidad al colectivo. No obstante, eximir del pago de la cuota implicaría una reducción en la recaudación de la Seguridad Social, estimada por Vox en alrededor de 6.250 millones de euros al año. La mayor parte de esta disminución en la recaudación provendría de los autónomos con ingresos netos entre 670 y 900 euros, que son aproximadamente 1,5 millones de personas y dejarían de abonar más de 4.600 millones de euros. Considerando que en 2023 la recaudación neta por cotizaciones sociales al RETA fue de 11.655,2 millones de euros, la ley propuesta por Vox representaría una reducción de más del 50% en esos ingresos. Para compensar la menor recaudación, Vox sugiere detener el "derroche" del Gobierno y reducir gastos que consideran "superfluos, ideológicos e improductivos" establecidos tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Específicamente, señalan el gasto en subvenciones directas que superaron los 29.000 millones de euros en 2022 según sus cálculos, así como las ayudas a partidos políticos, sindicatos y patronales que alcanzan los 362 millones. También destacan las subvenciones que reciben ciertas empresas públicas, como los 1.930 millones de Red.es, los 1.120 millones de RTVE, los 1.560 millones de Renfe o los 196 millones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

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