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(Expansión, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

En vilo la ley de "lobbies" que pone en riesgo hasta 1.500 millones de fondos europeos

El Congreso de los Diputados afronta hoy la votación del real decreto-ley aprobado por el Gobierno en agosto para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies. La iniciativa llega a la Cámara Baja sin contar con el respaldo de los sindicatos ni de la patronal, mientras Junts ha anticipado su voto en contra y el Partido Popular todavía mantiene abierta su posición. Entre tanto, más de 250 entidades, entre ellas asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales, colectivos de consumidores y grandes compañías, ya se han incorporado al nuevo registro de grupos de interés. La votación resulta especialmente relevante para el último desembolso de los fondos europeos, ya que el decreto forma parte de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. Si la norma no supera hoy el trámite de convalidación, España podría ver reducido el importe del último pago hasta en 1.500 millones de euros, según la metodología orientativa de la Comisión Europea para calcular las consecuencias económicas de los hitos incumplidos. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que la cantidad final podría ser inferior en función de los ajustes previstos por el propio mecanismo europeo. El Ejecutivo aprobó el decreto el pasado 25 de agosto con el objetivo de cumplir los compromisos pendientes antes de solicitar el último desembolso, que se situaría en torno a los 26.000 millones de euros. Economía dispone hasta el 30 de septiembre para justificar el cumplimiento de los hitos y presentar la solicitud. Si finalmente el Congreso rechaza la regulación, el Gobierno tendría que modificar esa petición y podría optar a una cantidad máxima inferior, que llegaría hasta los 24.500 millones de euros. La Comisión Europea debería posteriormente evaluar la solicitud y efectuar el pago antes del 31 de diciembre, fecha en la que concluye el Plan de Recuperación puesto en marcha tras la pandemia. La propuesta también ha generado un fuerte rechazo entre los agentes sociales. UGT y CCOO consideran que incluir a las organizaciones sindicales en el registro, como condición para mantener reuniones con representantes políticos y altos cargos de la Administración, no tiene en cuenta las funciones representativas y constitucionales que desempeñan. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha cuestionado que la principal organización empresarial del país quede sometida a esta regulación y anunció la suspensión de las comunicaciones con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación parlamentaria. Desde el ámbito profesional del lobby, en cambio, la valoración del decreto es diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales considera que el nuevo texto introduce mejoras respecto al proyecto de ley anterior. Entre ellas destaca la atribución de las funciones de supervisión y control a una autoridad independiente, que recaerían en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la posibilidad de conectar el registro estatal con los existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sector considera especialmente importante esta interoperabilidad para evitar la proliferación de registros desconectados entre sí y una mayor carga burocrática. La regulación incorpora además buena parte de las propuestas planteadas durante la tramitación parlamentaria anterior y, según los profesionales del sector, se ajusta a los estándares europeos. El resultado de la votación determinará, por tanto, tanto el futuro inmediato del marco regulador de los grupos de interés como el cumplimiento de uno de los compromisos vinculados al cierre del Plan de Recuperación y al último desembolso de fondos europeos.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno zanja el pulso entre Aena y las aerolíneas con tarifas casi congeladas hasta 2031

El Consejo de Ministros ha recortado de forma sustancial la propuesta tarifaria planteada por Aena para el periodo 2027-2031 con la aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). El nuevo marco contempla un incremento de las tarifas aeroportuarias de apenas tres céntimos de euro por ejercicio, equivalente a un 0,33% anual y un 1,65% acumulado durante los cinco años. La decisión se sitúa muy lejos de la propuesta inicial del gestor aeroportuario, que defendía una subida anual del 3,82%, unos 43 céntimos por pasajero, y también de la posición de las aerolíneas, que reclamaban una reducción del 4,9%. La resolución del Gobierno se aproxima más a la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había planteado una rebaja anual del 0,59%, aunque tampoco coincide con las pretensiones del sector aéreo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que el acuerdo permitirá a España disponer de aeropuertos más competitivos. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha valorado positivamente que el Ejecutivo haya moderado las pretensiones de Aena, aunque considera insuficiente el resultado al quedar todavía lejos de la reducción de tarifas que reclamaba el sector. El resultado supone, en la práctica, cinco años de casi congelación de las tarifas aeroportuarias pese al fuerte crecimiento previsto del tráfico. La red de Aena pasará de atender 321 millones de pasajeros en 2025 a una previsión de 358 millones en 2031. Con la decisión del Gobierno termina además un intenso enfrentamiento entre el gestor aeroportuario y las compañías aéreas en torno al impacto de las tarifas sobre sus respectivas cuentas de resultados. La diferencia entre lo que Aena pretendía ingresar y lo que las aerolíneas estaban dispuestas a pagar llegó a alcanzar los 5.000 millones de euros durante el conjunto del quinquenio. Actualmente, el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) se sitúa en 11,02 euros de media, frente a los 10,35 euros de 2025, lo que supuso entonces un incremento del 6,44%. Sobre esa cantidad se aplicarán ahora las subidas aprobadas para el nuevo periodo regulatorio. Donde el DORA III mantiene intactas las grandes cifras es en el capítulo inversor. Aena prevé destinar 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031 a la modernización y ampliación de su red aeroportuaria. De esta cantidad, 9.991 millones se dirigirán a los activos regulados o aeronáuticos, con actuaciones destinadas principalmente a ampliar la capacidad de las terminales, mejorar las operaciones y reforzar la seguridad. Los otros 3.000 millones se invertirán en las actividades comerciales y no reguladas del gestor aeroportuario. El volumen de inversión irá creciendo progresivamente a lo largo del quinquenio. Aena destinará 1.266 millones de euros en 2027, 1.774 millones en 2028 y 2.059 millones en 2029. El esfuerzo aumentará hasta los 2.397 millones en 2030 y alcanzará los 2.501 millones en 2031. Según ha destacado Óscar Puente, se trata de uno de los mayores procesos de transformación de la red aeroportuaria española y responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras a un crecimiento sostenido de la demanda durante las próximas décadas. Dentro de la inversión regulada, los edificios terminales concentrarán la mayor partida, con cerca de 2.851 millones de euros, mientras que otros 937 millones se destinarán al campo de vuelos. La seguridad contará con 1.650 millones, mientras que alrededor de 660 millones se dedicarán a mejorar la intermodalidad, avanzar en la descarbonización y reforzar la sostenibilidad de la red. Además, se invertirán 400 millones en los sistemas de transporte de equipajes. A estas partidas se suman otros 3.240 millones destinados al mantenimiento y conservación de las instalaciones aeroportuarias. La mejora de la calidad de las infraestructuras también ocupa un lugar relevante en el nuevo DORA. El 19% de la inversión regulada, unos 1.859 millones de euros, se orientará a mejorar los espacios aeroportuarios y la experiencia de los pasajeros. El objetivo es agilizar los procesos de embarque, optimizar los controles de seguridad y pasaportes y mejorar tanto la accesibilidad como los flujos de viajeros dentro de las instalaciones. Las previsiones de tráfico del DORA III también reflejan la fuerte expansión que está experimentando la red aeroportuaria. Frente a los 321 millones de pasajeros registrados en 2025, el Gobierno espera alcanzar los 358 millones en 2031. La estimación de Aena era algo más prudente, con 346 millones de viajeros al término del quinquenio, mientras que la CNMC consideró esa previsión demasiado conservadora y elevó su cálculo hasta los 366 millones. Los datos más recientes apuntan además a que el crecimiento del tráfico continúa por encima de las previsiones. Durante los siete primeros meses de 2026, Aena gestionó 190 millones de pasajeros en España, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, pese al contexto de inestabilidad geopolítica. En agosto, la red volvió a marcar un récord histórico, con 34,9 millones de viajeros atendidos en un solo mes. Un comportamiento que refuerza la necesidad de las inversiones previstas y sitúa a la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias como uno de los principales retos para los próximos años.

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(El País, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita el poder de las comunidades para conseguir subvenciones

La consideración de "inversión estratégica" que el Gobierno concederá a determinados proyectos de interés público tendrá consecuencias también sobre el acceso a las ayudas públicas. El texto que regula el Comité de Inversiones Estratégicas, aprobado por el Consejo de Ministros, establece una vía acelerada para tramitar las iniciativas consideradas prioritarias e incorpora una novedad respecto a los borradores anteriores: los proyectos que obtengan este reconocimiento tendrán prioridad en la tramitación de los incentivos regionales. Esta modificación refuerza el papel del Estado frente a las comunidades autónomas, que hasta ahora contaban con mayor capacidad para impulsar proyectos de interés territorial. Los incentivos regionales son ayudas gestionadas por el Ministerio de Hacienda destinadas a favorecer inversiones en territorios que, conforme a los criterios de la Unión Europea, necesitan un apoyo adicional para aproximarse a la media económica comunitaria. Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra quedan fuera de este sistema al superar los umbrales establecidos. Estas ayudas suelen contar con financiación europea procedente de los fondos de cohesión y las comunidades autónomas intervienen de forma relevante en su concesión, ya que presentan las solicitudes y aportan parte de los recursos necesarios para financiar los proyectos. Aunque las condiciones para acceder a estos incentivos están reguladas, su ámbito de aplicación es amplio e incluye actividades como la hostelería. La intención del Gobierno es que, a partir de ahora, las iniciativas respaldadas mediante este mecanismo estén también alineadas con las prioridades fijadas a escala estatal. El nuevo requisito introduce así un filtro adicional que puede reducir el margen de las comunidades para promover proyectos que consideren relevantes desde una perspectiva territorial. Aquellas iniciativas que no cuenten con el respaldo estatal podrían encontrar mayores dificultades para completar la financiación necesaria y, en algunos casos, podrían quedar comprometidas. El Ejecutivo plantea esta modificación como una manera de orientar los recursos públicos hacia proyectos considerados de mayor interés para el conjunto del país. En la práctica, supone añadir una nueva fase de valoración que puede limitar el acceso de determinadas iniciativas a las ayudas y reducir la capacidad autonómica para respaldar proyectos vinculados a necesidades locales. Es el caso, por ejemplo, de determinadas inversiones hoteleras, que pueden tener dificultades para encajar en los criterios que previsiblemente aplicará el Comité de Inversiones Estratégicas, más orientados hacia ámbitos como la descarbonización, la digitalización o la generación de empleo. Entre los proyectos que recibieron incentivos regionales el pasado mes de julio figuran algunas inversiones turísticas de gran dimensión. Una de ellas corresponde a un nuevo hotel de Lopesan en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que prevé generar 552 puestos de trabajo y ha obtenido cerca de 50 millones de euros de ayuda pública. También aparece el Apart Hotel Arona, en Tenerife, al que se han concedido 1,1 millones de euros pese a que la previsión de creación de empleo se limita a cuatro puestos. El Ministerio de Hacienda forma parte, además, del órgano encargado de dirigir el Comité de Inversiones Estratégicas, que estará integrado en la Oficina Económica dependiente directamente de Presidencia del Gobierno. El organismo estará copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía. De este modo, cuando Hacienda participe en la gestión de los incentivos regionales, deberá tener en cuenta la nueva clasificación estatal de los proyectos y la prioridad que el Ejecutivo pretende conceder a las iniciativas que dispongan de la declaración de inversión estratégica. El nuevo reconocimiento comenzará a concederse cuando entre en funcionamiento la página web a través de la cual se presentarán las solicitudes. Todavía está pendiente de concretarse parte de su desarrollo reglamentario, entre ella la publicación de los criterios y baremos que determinarán la puntuación necesaria para obtener la declaración. A diferencia de los incentivos regionales, esta calificación no supone por sí misma la concesión de fondos públicos. Su principal efecto consiste en proporcionar un tratamiento administrativo preferente al proyecto ante las distintas Administraciones y acelerar la obtención de las autorizaciones necesarias. Entre las ventajas previstas destaca el acceso prioritario a la red eléctrica, una cuestión especialmente relevante para proyectos de nueva generación económica, como los centros de datos o las grandes fábricas vinculadas a nuevas tecnologías, en un contexto en el que la capacidad de la red se encuentra sometida a una elevada presión. No obstante, todavía no está definido con precisión cómo se materializará esa prioridad en la práctica. Varias comunidades autónomas disponen ya de mecanismos similares para identificar y acelerar proyectos considerados estratégicos. Esta condición puede facilitar tanto la movilización de financiación pública como la llegada de capital privado, al ofrecer a los inversores una mayor previsibilidad sobre los procedimientos administrativos y los plazos de autorización. Además, permite coordinar a las diferentes Administraciones implicadas alrededor de una misma iniciativa y proporcionar mayor seguridad jurídica al proyecto. El modelo español toma como referencia experiencias desarrolladas en otros países, especialmente el programa Choose France, impulsado por el Gobierno francés para atraer inversión extranjera y presentado como una herramienta de éxito para captar capital. El contexto institucional francés, sin embargo, presenta diferencias relevantes respecto al español, entre ellas un mayor peso del poder central y una estructura territorial con menor protagonismo de las administraciones regionales. Los proyectos que aspiren a obtener la consideración de estratégicos podrán estar promovidos tanto por capital nacional como extranjero. Entre los sectores que muestran mayor interés se encuentran los centros de datos, especialmente por las ventajas que esta declaración puede proporcionar a la hora de garantizar el acceso a recursos esenciales como la electricidad y el agua. El Gobierno asegura que existe una elevada demanda para obtener esta consideración y que las empresas interesadas están esperando para acceder al nuevo procedimiento. Por su parte, fuentes financieras que participan en operaciones de inversión en España señalan que una parte significativa del capital pendiente de materializar procede de inversores chinos.             

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(La Vanguardia, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE confirma el 4,3% de inflación en agosto con perspectivas de que septiembre será peor

Agosto ha confirmado el deterioro de la evolución de los precios y todo apunta a que septiembre podría ser todavía más complicado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación se situó el pasado mes en el 4,3%, siete décimas por encima de julio y en su nivel más elevado desde febrero de 2023. El repunte responde principalmente al encarecimiento de los carburantes, al progresivo descenso de las ayudas y a un efecto base, ya que en agosto del año pasado los precios de los combustibles habían registrado una bajada. A este escenario se suma ahora la creciente tensión en los mercados energéticos. El cierre del oleoducto utilizado por Arabia Saudí como alternativa al estrecho de Ormuz ha contribuido a elevar el precio del petróleo y el barril de Brent ya supera los 100 dólares. Las perspectivas para septiembre, por tanto, son poco favorables. De hecho, el BCE ya advirtió la semana pasada, al acompañar su subida de tipos, de que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante más tiempo del deseado y alejar la vuelta al objetivo del 2%, que podría no producirse hasta 2027. El dato de agosto confirma así la cifra adelantada por el INE hace dos semanas y refleja cómo el impacto de la guerra de Irán sobre los precios se ha intensificado con mayor rapidez de la prevista. La inflación pasó de situarse ligeramente por encima del 3% entre abril y junio al 3,6% en julio y, finalmente, al 4,3% en agosto. Para septiembre, Funcas estima que la tasa podría acercarse al 5%, mientras que sitúa la media anual en el 3,6%, siempre condicionada a que la evolución del conflicto permita una cierta moderación de los precios energéticos y, especialmente, del petróleo. "Hay unas tensiones inflacionistas estructurales importantes ahora agudizadas por los precios energéticos", señala María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. La evolución de los carburantes refleja con claridad esta presión. El precio del gasóleo aumentó un 30,3% en agosto, mientras que la gasolina lo hizo un 16,9%, incrementos sensiblemente superiores a los registrados en julio. Precisamente, el repunte de los precios observado durante julio llevó a incrementar desde el 1 de septiembre la bonificación aplicada al diésel hasta los 20 céntimos por litro, mientras que el descuento para la gasolina se mantiene en cinco céntimos. Sin embargo, la intensidad de las nuevas subidas pone en duda que estas medidas sean suficientes para contener el impacto sobre los precios. En este contexto, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios. La cuestión ahora es si esta declaración se traducirá en una prolongación de las rebajas fiscales sobre los carburantes, cuyo vencimiento está previsto para este mes. El fuerte repunte de la inflación aumenta la probabilidad de que el Ejecutivo busque alguna fórmula para mantenerlas, aunque deberá valorar también el coste que estas medidas suponen para las arcas públicas. La presión de los precios también comienza a apreciarse en la alimentación. La inflación de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentó hasta el 2,3%, su tasa más elevada desde abril, después de haberse mantenido por debajo del 2% durante los dos meses anteriores. Entre los productos que más se encarecieron destacan las legumbres, con una subida del 15,9%; los huevos, con un 12,5%; y el pescado fresco y congelado, con un 7,8%. El principal elemento positivo del dato de agosto se encuentra en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos. Esta tasa se redujo una décima, hasta el 2,9%, lo que podría indicar que el fuerte encarecimiento de los productos energéticos todavía no se ha trasladado de forma generalizada al conjunto de la economía. Sin embargo, la persistencia de las tensiones energéticas y el escenario previsto para los próximos meses hacen pensar que ese impacto podría terminar trasladándose al resto de precios.

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(El Confidencial, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá: “Europa tiene la ventaja competitiva con el euro digital de que el banco central está detrás”

Europa busca reforzar su autonomía en los sistemas de pagos mediante una doble estrategia: impulsar la innovación en las infraestructuras del mercado mayorista y avanzar en el desarrollo del euro digital para el ámbito minorista. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado la oportunidad que este proceso representa para Europa y la ventaja competitiva que puede obtener si consigue combinar innovación tecnológica y respaldo institucional. Escrivá ha señalado que el objetivo es que el euro digital pueda estar disponible para el público minorista en 2029, aunque durante los próximos años se realizarán diferentes pruebas antes de su puesta en funcionamiento. A su juicio, este proyecto puede contribuir a reforzar la soberanía europea en materia de pagos al combinar las nuevas tecnologías con las garantías que ofrecen el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales. Frente a otras iniciativas que pretenden avanzar hacia sistemas basados exclusivamente en dinero privado, el gobernador considera que el modelo europeo cuenta con una garantía adicional al estar respaldado por instituciones públicas y entidades financieras sometidas a supervisión. El euro digital pretende reducir la dependencia actual del sistema europeo de pagos respecto de proveedores estadounidenses, aunque no está concebido para sustituir al efectivo, las tarjetas bancarias o sistemas como Bizum. Su función sería ofrecer una alternativa adicional, equiparable al dinero físico y con respaldo directo del BCE en su balance. Una de las características del proyecto será precisamente la protección de la privacidad. Tanto en su modalidad online como offline, el euro digital incorporará un sistema anonimizado que impedirá la trazabilidad de los pagos individuales, con el objetivo de aproximar su funcionamiento al del efectivo. Al mismo tiempo, se establecerán límites a la cantidad de euros digitales que podrán mantenerse para reducir el riesgo de que se produzcan salidas significativas de depósitos desde la banca tradicional hacia este nuevo formato de dinero. El calendario contempla que durante los próximos años se lleven a cabo pruebas con personal de los bancos centrales nacionales y del propio BCE. El objetivo es que, una vez completadas estas fases de ensayo, el euro digital pueda estar plenamente operativo en 2029. Paralelamente, el Eurosistema está desarrollando iniciativas destinadas al ámbito mayorista y a la tokenización de los mercados financieros. Entre ellas figura el proyecto Pontes, cuyo propósito es conectar las plataformas privadas tokenizadas de la banca comercial con Target, la infraestructura de liquidación y pagos mayoristas del Eurosistema. La previsión es que esta iniciativa pueda comenzar a funcionar en 2027. En una perspectiva de más largo plazo se encuentra el proyecto Appia, orientado a crear un mercado interbancario tokenizado que permita realizar pagos y operar con activos financieros y deuda pública. A estas iniciativas se suma el trabajo para conectar el sistema europeo de pagos instantáneos TIPS con plataformas internacionales como Nexus, utilizada por varios países asiáticos, o Pix, en Brasil. Esta interconexión permitiría agilizar las operaciones internacionales y reducir las dificultades asociadas a los cambios de divisas. El desafío para Europa consiste, por tanto, en integrar tecnologías como los registros distribuidos (DLT), la tokenización, los contratos inteligentes o las blockchains en unas infraestructuras de pagos más interoperables, sin perder una de las principales garantías del actual sistema monetario: el respaldo último del banco central. Para Escrivá, ambos objetivos no son incompatibles. Europa puede aprovechar el potencial de estas nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, mantener el dinero del banco central como referencia y ancla de confianza del sistema de pagos.

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(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo supera los 108 dólares por barril e impulsa al bono español a diez años al 4%

El fuerte repunte de los precios de la energía, con el petróleo Brent por encima de los 108 dólares por barril y el gas natural de referencia en Europa en niveles no vistos desde finales de 2022, está reavivando el temor a que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo. Esta situación añade presión a unos mercados financieros ya condicionados por las dudas sobre la sostenibilidad del actual auge de la inteligencia artificial. El incremento de los costes energéticos está impulsando al alza las rentabilidades de la deuda soberana y ha llevado al bono español a diez años a superar el 4%, acercándose a niveles máximos de 2013. En paralelo, las principales Bolsas aceleran los descensos, especialmente entre las compañías tecnológicas. El Brent sube más de un 3% y rebasa los 108 dólares como consecuencia del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y de la incertidumbre sobre el suministro mundial. El encarecimiento también alcanza al mercado gasista: los futuros del TTF, referencia europea, avanzan alrededor de un 5% hasta situarse en 84 euros por megavatio hora. A la interrupción de un importante oleoducto saudí que permite transportar gas y petróleo evitando el estrecho de Ormuz, después de varios ataques con drones, se añade la cancelación de una reunión prevista entre Irán y los países del golfo Pérsico en Omán para abordar la gestión de este estratégico enclave, en un contexto de creciente inestabilidad. Los analistas de Bankinter consideran especialmente relevante el cierre del oleoducto de Yanbu, ya que estiman que por esta infraestructura podría circular aproximadamente el 4% del suministro mundial. No obstante, advierten de que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud de los daños. La interrupción de esta vía de exportación, que había adquirido mayor importancia tras el cierre del estrecho de Ormuz, reduce la capacidad de Arabia Saudí para colocar su producción exterior precisamente cuando el país ha recortado de manera significativa su extracción. Según los datos de la OPEP, en septiembre produjo 7,2 millones de barriles diarios, frente a los 10 millones registrados en 2025. La escalada energética está teniendo un efecto directo sobre los mercados de deuda. Al moverse las rentabilidades en sentido contrario a los precios de los bonos, el aumento de la inflación prevista está elevando el coste de financiación de los Estados. La deuda española a diez años ha superado por primera vez en tres años el 4% y se aproxima a los máximos registrados en 2013. La presión se extiende también a otros países europeos: el bono alemán con vencimiento en 2036 alcanza el 3,52%, mientras que el francés se sitúa en el 4,495%. En Francia, el incremento de la rentabilidad ha llevado la prima de riesgo hasta cerca de los 100 puntos básicos, algo que no sucedía desde 2022. En Estados Unidos, el bono del Tesoro a diez años se aproxima igualmente al 5%, prolongando las pérdidas acumuladas durante la semana anterior. El encarecimiento del crudo complica además el escenario al que se enfrenta la Reserva Federal. A las presiones derivadas de la energía se suma una inflación estadounidense superior a la prevista, circunstancia que refuerza las expectativas de un nuevo incremento de los tipos de interés en la reunión de esta semana. Los mercados descuentan ahora con una probabilidad cercana al 90% una subida de las tasas el miércoles, mientras el dólar gana terreno frente al resto de divisas. Tiffany Wilding, economista de Pimco, considera probable que la Fed eleve los tipos 25 puntos básicos en septiembre y no descarta nuevos incrementos posteriormente. A su juicio, la combinación de unos costes energéticos crecientes, la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación subyacente todavía por encima del 2% hace que varias subidas destinadas a contener el riesgo de un repunte de las expectativas inflacionistas sean ahora el escenario central. A esta presión macroeconómica se añade el deterioro del sentimiento inversor hacia las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Las advertencias procedentes de algunas de las principales empresas del sector sobre la conveniencia de ralentizar el desarrollo de modelos avanzados están introduciendo dudas sobre la capacidad del actual ciclo de inversión para mantener las elevadas valoraciones y las previsiones de beneficios. Los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1,5%, mientras los del S&P 500 ceden un 0,6%. En Asia, el Kospi surcoreano, considerado uno de los principales indicadores de la inversión relacionada con la IA, perdió un 3,2%, mientras que el Nikkei 225 japonés terminó con una caída del 0,6%. SoftBank Group llegó a perder un 13% durante la sesión de Tokio y cerró con un descenso del 10%, después de que Sam Altman señalara que OpenAI no tiene previsto salir a Bolsa este año. El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial se ha intensificado tras la petición del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, para que el sector modere el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados. La compañía también ha anunciado la incorporación de nuevas medidas de seguridad, entre ellas evaluaciones independientes realizadas por terceros. Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, respaldó la propuesta, mientras Elon Musk, al frente de xAI, consideró acertada la posición de Amodei. El presidente estadounidense, Donald Trump, por el contrario, restó importancia a estas preocupaciones mientras las empresas mantienen una intensa carrera tecnológica, especialmente frente a sus competidores chinos. Las advertencias plantean ahora dudas sobre las consecuencias económicas de una eventual ralentización de la IA. Un menor ritmo de desarrollo podría reducir el gasto empresarial y terminar afectando a las expectativas de beneficios de todo el ecosistema vinculado a esta tecnología. El temor se traslada así desde las propias compañías tecnológicas al conjunto de proveedores y empresas que se han beneficiado del fuerte incremento de la inversión en inteligencia artificial. En Europa, la sesión también está marcada por las ventas. El Ibex 35 retrocede un 1,2% y trata de conservar los 19.600 puntos, lastrado especialmente por el comportamiento del sector bancario. Solaria y ACS figuran entre los valores más castigados, con descensos superiores al 4%, mientras que Repsol se sitúa entre los principales avances gracias al encarecimiento del petróleo. Amadeus e Indra también se mantienen en terreno positivo. El cambio de escenario llega, además, al comienzo de una semana especialmente relevante para la política monetaria internacional. Los inversores permanecen pendientes de las decisiones que adopten la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. En la zona euro, el Banco Central Europeo ya elevó la semana pasada los tipos por segunda vez en el año ante la expectativa de que las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento energético puedan prolongarse. El mercado afronta así una combinación especialmente complicada para los activos de riesgo: energía más cara, inflación potencialmente más persistente, rentabilidades de la deuda al alza y dudas sobre las elevadas expectativas depositadas en la inteligencia artificial. Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, resume el escenario señalando que las advertencias para ralentizar el desarrollo de la IA coinciden con el repunte del petróleo provocado por el cierre del oleoducto saudí. A ello se suma el hecho de que la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se acerque al 5%, un movimiento que eleva todavía más la presión sobre los mercados bursátiles.

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(Cinco Días, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ejecutivo busca cerrar la puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero antes de fin de año

El Gobierno afronta la recta final de la legislatura con una importante acumulación de asuntos pendientes en materia de regulación financiera. Si se apuran los plazos disponibles, el Ejecutivo dispone de unos diez meses para sacar adelante alrededor de media docena de iniciativas que afectan a distintos ámbitos del sector. Varias de ellas responden además a la necesidad de incorporar al ordenamiento español directivas europeas, por lo que los retrasos en su aprobación pueden acabar derivando en procedimientos y posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Entre las normas pendientes figuran la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la nueva regulación del Crédito al Consumo, la normativa sobre Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, la reforma de la legislación antiblanqueo y la adaptación de la última directiva europea sobre requisitos de capital. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende acelerar esta agenda durante los próximos meses. Una de las prioridades será recuperar la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el proyecto que se encuentra en una fase más avanzada. La intención del Ejecutivo es llevarlo a la Comisión de Economía del Congreso durante septiembre, después de permanecer cerca de tres años bloqueado en el periodo de presentación de enmiendas. El organismo asumiría la resolución de las reclamaciones de los clientes financieros y concentraría funciones que actualmente desarrollan el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La trayectoria de esta iniciativa refleja las dificultades que está encontrando buena parte de la agenda legislativa. El Gobierno planteó por primera vez la creación de esta autoridad en 2022, cuando Nadia Calviño ocupaba la cartera de Economía. El proyecto llegó a completar prácticamente todo su recorrido parlamentario, pero decayó tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a impulsarlo con el objetivo de aprobarlo en 2024, aunque dos años después continúa pendiente de culminar su tramitación. Ahora el Gobierno confía en que pueda quedar aprobado en los próximos meses y que la nueva autoridad empiece a funcionar antes de que termine el año. El complejo escenario parlamentario no parece, al menos inicialmente, un obstáculo insalvable para esta norma. A pesar de las reticencias mostradas por el sector bancario y de las dificultades que ha atravesado el proyecto, el Ejecutivo confía en reunir una mayoría suficientemente amplia, incluso con el respaldo o la abstención de formaciones como el PP. En cambio, el resto de iniciativas presenta mayores incertidumbres. La futura orientación de estas leyes dependerá en buena medida de la capacidad del actual Gobierno para completar su tramitación, pero también de las decisiones que adopte el Ejecutivo que salga de las próximas elecciones, que podría recuperar los proyectos, modificarlos o incluso descartarlos. Entre las iniciativas que ya han iniciado su recorrido parlamentario se encuentra la Ley de Digitalización del Sector Financiero, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso el pasado 14 de julio y actualmente en fase de enmiendas. La norma aborda diferentes materias relacionadas con la transformación tecnológica del sector e incluye, entre otras cuestiones, la adaptación de la legislación española al marco europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA. El calendario legislativo de este otoño estará marcado, por tanto, por tres grandes objetivos: reforzar la protección de los clientes financieros, adaptar el sistema a la creciente digitalización y fortalecer los mecanismos de prevención y control de las operaciones financieras. La principal dificultad será conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar cada una de estas reformas. En este contexto, las obligaciones derivadas de la normativa europea pueden convertirse en uno de los principales motores para acelerar la tramitación. Los retrasos no solo prolongan la incertidumbre regulatoria, sino que pueden concentrar en periodos muy reducidos los plazos de adaptación que deberán asumir posteriormente las entidades financieras. Por ello, el diálogo entre la Administración, los grupos parlamentarios, los organismos supervisores, las entidades y las asociaciones de usuarios adquiere especial importancia para detectar con antelación las dificultades prácticas que puedan generar las nuevas obligaciones. La Ley sobre el Crédito al Consumo se encuentra, sin embargo, en una fase mucho más temprana. Se trata de una de las propuestas que está generando mayor controversia, especialmente por la intención de establecer límites a los tipos de interés aplicables a determinados préstamos al consumo. Las entidades financieras han mostrado su oposición a algunos de sus contenidos y han reclamado modificaciones. Bankinter, incluso, ha anunciado que abandonará este negocio para nuevos clientes. El proyecto fue aprobado inicialmente como anteproyecto por el Consejo de Ministros y, tras pasar por el proceso de consulta pública, todavía debe recibir los informes de otros departamentos ministeriales y del Consejo de Estado antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Parlamento. El calendario añade presión, ya que la norma debe incorporar a España una directiva europea cuyo plazo de transposición finaliza en noviembre. También se encuentra en una etapa inicial la futura Ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, que permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Su tramitación ha estado acompañada además de discrepancias dentro del propio Ejecutivo, principalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía. Esta falta de acuerdo interno añade otro elemento de incertidumbre a una norma que todavía tiene por delante buena parte de su recorrido legislativo. Más retrasada aún está la nueva normativa antiblanqueo, cuyo anteproyecto fue presentado por el Consejo de Ministros en julio y se encuentra actualmente en fase de consulta pública, abierta hasta el 30 de enero de 2027. Entre sus principales novedades figura la creación de un nuevo organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales, que se apoyaría en la estructura del actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez trasladadas sus actuales funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. Por el momento, esta reforma tiene por delante prácticamente todo el proceso de elaboración y aprobación parlamentaria. A todo ello se suma la incertidumbre sobre la transposición en España de la nueva directiva europea de capital, cuyo plazo para su incorporación completa al ordenamiento nacional terminó en enero de este año. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento contra España por este incumplimiento, que podría terminar desembocando en una sanción. Uno de los elementos más sensibles de esta regulación es la modificación de las competencias de los Gobiernos nacionales para intervenir o vetar determinadas operaciones de concentración bancaria. La cuestión adquiere especial relevancia en España después de que el Ejecutivo utilizara el pasado año la legislación de Defensa de la Competencia para imponer condiciones a la opa del BBVA sobre Sabadell. El resultado es una agenda financiera especialmente exigente para los próximos meses, en la que coinciden proyectos nacionales todavía pendientes de acuerdos parlamentarios y obligaciones europeas cuyo incumplimiento puede tener consecuencias económicas. La capacidad del Gobierno para desbloquear estas iniciativas estará condicionada no solo por el calendario legislativo, sino también por la aritmética parlamentaria y por la proximidad del final de la legislatura. En este escenario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aparece como el proyecto con mayores posibilidades de culminar, mientras que el resto de reformas afronta un recorrido más incierto y, en algunos casos, un calendario europeo que limita considerablemente el margen de maniobra.

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(Expansión, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara al 3,31% tras la segunda mayor subida del año

El euríbor a 12 meses, principal referencia para calcular el coste de las hipotecas a tipo variable y para fijar el precio de los nuevos préstamos destinados a la compra de vivienda, ha registrado una fuerte subida en su tasa diaria, hasta el 3,31%, frente al 3,16% del pasado viernes. El incremento supone la segunda mayor subida del año en una sola jornada, únicamente superada por la registrada el pasado 24 de marzo. Además, se sitúa entre los mayores avances diarios de la historia del índice hipotecario, en un contexto marcado por unas expectativas cada vez más elevadas de nuevas subidas de los tipos de interés en la zona euro. Los mercados financieros ya descuentan al menos tres incrementos adicionales de los tipos por parte del Banco Central Europeo, después de las dos subidas aplicadas en lo que va de año. De materializarse estas previsiones, el precio oficial del dinero entraría claramente en terreno restrictivo, alejándose de la zona neutral en la que el BCE considera que se encuentra actualmente y aumentando la presión sobre la actividad económica con el objetivo de contener la inflación. La evolución del euríbor también está vinculada a la creciente tensión en los mercados de deuda. En España, la rentabilidad del bono a diez años ha superado el 4%, mientras que el rendimiento exigido al bono estadounidense a diez años se sitúa por encima del 5% ante la expectativa de la próxima reunión de la Reserva Federal. La intensa subida registrada por el euríbor lleva la media mensual de septiembre hasta el 3,13%. De mantenerse esta trayectoria durante el resto del mes, el indicador se situaría muy cerca de los niveles más elevados alcanzados desde agosto de 2024, cuando cerró en el 3,16%, e incluso podría superar esa referencia. El repunte supone una noticia especialmente negativa para los hogares con hipotecas variables, que vuelven a afrontar un incremento de sus cuotas después de que el euríbor terminara 2025 en el 2,26%. La subida de los tipos vuelve así a trasladarse directamente al coste de la financiación hipotecaria. Con los niveles actuales, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor y revisión anual, experimentaría un incremento aproximado de 78 euros al mes, hasta situar la cuota en torno a los 927 euros. En el caso de un préstamo con las mismas condiciones pero con revisión semestral, el aumento sería de unos 46 euros mensuales. La evolución del indicador evidencia, por tanto, cómo las expectativas sobre la política monetaria y la presión existente en los mercados de deuda pueden trasladarse rápidamente a las condiciones de financiación de los hogares. Si el euríbor consolida los niveles actuales, el impacto sobre las cuotas hipotecarias será cada vez más significativo para quienes mantienen préstamos a tipo variable.

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(El Economista, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Europa quiere al sucesor de Lagarde al frente del BCE listo para diciembre, con Hernández de Cos entre los favoritos

La próxima reunión del Banco Central Europeo puede marcar el inicio de la carrera por renovar varios de los principales puestos de la institución. Los gobiernos de la eurozona quieren tener encarrilado antes de diciembre el relevo de Christine Lagarde al frente del BCE, según informa el Financial Times. La presidenta francesa comunicaría próximamente su intención de abandonar el cargo para asumir la presidencia del Foro Económico Mundial de Davos. Al mismo tiempo, las capitales europeas buscan candidatos para sustituir a Isabel Schnabel, representante alemana en el Comité Ejecutivo, y a Philip Lane, actual economista jefe del banco central. La sucesión se produce en un momento especialmente delicado para la política económica europea y con las capitales tratando de adelantarse al complejo calendario electoral de 2027. La intención sería cerrar los principales nombres durante este otoño o, como muy tarde, en los primeros meses del próximo año, antes de que los procesos electorales puedan alterar los equilibrios políticos dentro de la Unión Europea. El relevo tendrá una relevancia excepcional porque los mandatos de Lagarde, Lane y Schnabel terminan a lo largo de 2027. De confirmarse el calendario que manejan los gobiernos, se produciría una renovación simultánea de tres de las figuras con mayor peso en la toma de decisiones del BCE. Para la presidencia, los nombres que actualmente concentran más posibilidades son Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual dirigente del Banco de Pagos Internacionales, y Klaas Knot, antiguo presidente del Banco de Países Bajos. La candidatura de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, habría perdido fuerza en los últimos meses. Su elección supondría que Alemania concentrase durante casi dos años la presidencia del BCE y la de la Comisión Europea, una acumulación de poder que podría generar resistencias entre el resto de socios. Berlín estaría apostando por reservarse, en cambio, la posición de economista jefe, un puesto considerado estratégico dentro de la estructura del banco central. La disputa no se limita, por tanto, a encontrar un sucesor para Lagarde. Las capitales están tratando de configurar un nuevo equilibrio de poder dentro del BCE en el que nacionalidad, experiencia y orientación económica deberán combinarse con los intereses políticos de los principales países. El puesto de economista jefe, ocupado actualmente por Philip Lane, es considerado el segundo cargo de mayor relevancia de la institución y se ha convertido en otra pieza fundamental de las negociaciones. Francia y Alemania mantienen posiciones enfrentadas sobre este segundo nombramiento. París no quiere aceptar una combinación formada por un presidente neerlandés y un economista jefe alemán, mientras que Berlín tampoco estaría dispuesta a respaldar un tándem en el que los principales puestos quedasen repartidos entre España y Francia. De esta forma, la sucesión empieza a adquirir la apariencia de un auténtico "boleto electoral", en el que la elección de un candidato condicionará inevitablemente la del otro. La negociación, además, tendrá lugar en un escenario de elevada incertidumbre económica. La guerra en Oriente Medio ha elevado la presión sobre los precios de la energía y amenaza con complicar todavía más la lucha contra la inflación. Al mismo tiempo, el BCE ya ha endurecido su política monetaria con dos subidas de tipos en cuatro meses y los mercados contemplan nuevos movimientos al alza. Lagarde afrontaría así el tramo final de su mandato en un entorno muy diferente al de los últimos años y con la política monetaria europea sometida a nuevas presiones. La presidencia del BCE será, de hecho, uno de los grandes puestos europeos que se decidirán antes de 2029, cuando finalice el mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Para entonces, las principales potencias de la Unión habrán celebrado sus respectivas elecciones generales, lo que podría modificar de forma sustancial los actuales equilibrios políticos. La renovación del BCE se convierte así no solo en una cuestión de política monetaria, sino también en una pieza relevante del futuro reparto de poder económico dentro de Europa.

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(El Periódico, 15-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara hasta el 4,3% en agosto por la subida de las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC), principal indicador de la inflación, sube hasta el 4,3% en agosto, siete décimas por encima de julio, por la persistencia del shock energético derivado de la guerra en Irán que impulsa el precio de los carburantes en comparación con la caída del año anterior. La inflación mantiene su escalada y se consolida en niveles alejados del objetivo de estabilidad de precios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 4,3% interanual en agosto, siete décimas más que en julio y su tasa más elevada desde febrero de 2023. El principal factor detrás de este repunte vuelve a encontrarse en los carburantes, cuyos precios siguen acusando la presión de un petróleo que no da tregua y que en los últimos días ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos frescos, también continúa en niveles elevados. El INE ha confirmado el avance publicado a finales de agosto, con una tasa del 2,9%, aunque supone una décima menos que la registrada en julio. Dentro de los componentes más vinculados al consumo cotidiano, la evolución de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ofrece una lectura algo más favorable, con un incremento interanual del 2,3%. La trayectoria de los precios durante 2026 refleja un progresivo deterioro respecto a la situación con la que comenzó el año. Durante los primeros meses, la inflación se movía en niveles relativamente contenidos y solo ligeramente por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, esta tendencia cambió a partir de finales de marzo, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El conflicto introdujo nuevas dificultades en el comercio internacional de productos estratégicos, entre ellos el petróleo y los fertilizantes, y terminó trasladando una mayor presión a los precios. Seis meses después, el escenario continúa sin mostrar señales claras de normalización. La tregua alcanzada en junio entre Estados Unidos e Irán apenas permitió una pausa temporal y no ha sido suficiente para recuperar la fluidez del comercio internacional ni para contener la escalada de los costes energéticos. El estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una cuarta parte del petróleo y el gas transportados en todo el mundo, continúa siendo uno de los principales focos de incertidumbre para los mercados energéticos y, por extensión, para la evolución de la inflación. El Ministerio de Economía atribuye el fuerte avance del IPC de agosto principalmente al encarecimiento de los carburantes. Según la valoración difundida por el departamento que dirige Carlos Cuerpo, sus precios reflejan tanto la persistencia del impacto energético provocado por la guerra en Irán como un efecto estadístico derivado de la comparación con agosto de 2025, cuando se produjo un descenso de los precios. El Gobierno recuerda además que continúan vigentes algunas de las medidas incluidas en el escudo anticrisis para amortiguar el impacto de la subida de los costes energéticos, entre ellas las bonificaciones de 20 céntimos por litro de diésel y de 5 céntimos por litro de gasolina. Sin embargo, estas ayudas tienen prevista su finalización a finales de septiembre, en un momento en el que el conflicto continúa sin resolverse y los precios permanecen lejos de los niveles que permitirían una mayor moderación de la inflación. Ante este escenario, el Ejecutivo asegura que seguirá adoptando medidas para apoyar a las familias, aunque todavía está pendiente de concretar qué actuaciones sustituirán a las actuales cuando estas lleguen a su fin.

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