(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

Delegados de siete destacados países productores de petróleo dentro de la OPEP+ se reunieron este domingo de manera virtual y anunciaron que incrementarán la producción conjunta en 188.000 barriles diarios a partir de junio. En un comunicado, la OPEP y sus socios -incluida Rusia- explicaron que este aumento voluntario se suma al ya aprobado en abril (206.000 barriles diarios), subrayando así su intención de mantener el equilibrio en el mercado petrolero. Los países participantes en la reunión fueron Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia, junto con Rusia. Según el comunicado, continuarán analizando atentamente la evolución del mercado para contribuir a su estabilidad. No obstante, este incremento es en gran parte simbólico, ya que varios productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, consecuencia del conflicto aún sin resolver entre Irán y Estados Unidos. También se anunció que el próximo encuentro de estos grandes productores tendrá lugar el 7 de junio, coincidiendo con la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+. Este representa el tercer aumento consecutivo de producción en lo que va de año, y se produce poco después de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización y de la alianza. En reuniones anteriores ya se habían acordado incrementos similares, por lo que la subida actual mantiene la misma línea, aunque sin la participación emiratí. A raíz del conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial-, la producción total de la OPEP cayó un 27,5% en marzo. Solo algunos países, especialmente Arabia Saudí, cuentan con margen suficiente para aumentar su producción. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos aspira a elevar su bombeo desde los actuales 3,4 millones hasta cerca de 5 millones de barriles diarios cuando la situación en la región se estabilice. Además, a diferencia de otros países del Golfo, la economía emiratí depende cada vez menos del petróleo. En los últimos días, el precio del crudo ha alcanzado niveles máximos en cuatro años debido a la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Analistas advierten que podrían producirse interrupciones en el suministro de petróleo y derivados como el queroseno, lo que podría volver a presionar al alza la inflación en numerosos países industrializados.

LEER MÁS

(Expansión, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ha pedido hoy redoblar los esfuerzos para que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur funcione de forma efectiva

La puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur da lugar a un gran mercado transatlántico valorado en unos 22 billones de dólares, con cerca de 720 millones de potenciales consumidores. Algunos países prevén que sus exportaciones crezcan más de un 10% de aquí a 2038, cuando el pacto esté plenamente implantado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el esfuerzo realizado para alcanzar este acuerdo "histórico" y subrayó que ahora es fundamental asegurar que tanto ciudadanos como empresas comiencen a beneficiarse cuanto antes. Para ello, participará junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una reunión por videoconferencia con los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para dar inicio a esta nueva etapa. A largo plazo, se estima que el comercio entre ambos bloques podría aumentar alrededor de un 40%. En el caso de España, el crecimiento potencial podría ser incluso mayor, dado el peso que Mercosur tiene como socio comercial para su economía, según el Banco de España. El bloque sudamericano reúne a más de 273 millones de personas y genera un PIB de unos dos billones de euros. En 2025, España exportó a estos países productos por valor de 4.701 millones de euros, lo que supone el 1,2% de sus ventas exteriores. El Banco de España señala oportunidades especialmente relevantes en el sector agrícola, como el vino y el aceite de oliva, productos clave para España. El acuerdo eliminaría los aranceles sobre estos bienes, mientras que otros competidores seguirían enfrentándose a gravámenes de entre el 10% y el 15%, lo que reforzaría la posición de los exportadores españoles. Von der Leyen remarcó que el pacto supone una ventaja para empresas, consumidores y agricultores, al abrir nuevas posibilidades de exportación sin dejar de proteger los sectores más sensibles. En la misma línea, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, insistió en que el objetivo inmediato es que este acuerdo empiece a generar resultados en los próximos meses, en un contexto en el que la UE busca fortalecer su política comercial. El acuerdo comenzará a aplicarse de manera provisional este jueves, permitiendo avanzar en la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la eliminación de obstáculos técnicos. Además, la Comisión Europea ya ha iniciado contactos con empresas, incluidas pequeñas y medianas, para facilitar que aprovechen desde el principio las oportunidades que ofrece el pacto. Desde el Parlamento Europeo se ha valorado positivamente esta fase inicial, considerándola una oportunidad para estrechar la relación económica y política entre Europa y América Latina. También destacan que servirá para analizar su impacto real, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, y recalcan la importancia de garantizar una competencia justa. No obstante, los eurodiputados recuerdan que el acuerdo necesitará su aprobación definitiva antes de entrar plenamente en vigor, algo que solo ocurrirá una vez que el Tribunal de Justicia de la UE confirme su compatibilidad con los tratados europeos.

LEER MÁS

(El País, 04-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas, a la caza de 817.000 millones sin asignar en Europa para defensa hasta 2030

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el sector de defensa europeo ha recibido una financiación sin precedentes, aunque la mayor parte de ese presupuesto aún no tiene un destino concreto. De acuerdo con un informe de la consultora Accuracy, Europa planea invertir cerca de 1,1 billones de euros en equipamiento militar durante los próximos cinco años. Sin embargo, aproximadamente el 75% de esa cantidad -unos 817.000 millones- todavía no ha sido asignado, lo que refleja, según Ignacio Lliso, un amplio margen de oportunidades para la industria. Hasta el momento, gran parte del gasto se ha orientado hacia áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los sistemas aéreos. En este último ámbito destaca el programa FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo, actualmente en pausa a la espera de que Francia y Alemania, junto con España, alcancen un acuerdo. Se prevé que este proyecto, considerado el más ambicioso del sector en Europa en lo que va de siglo y con un coste estimado de 100.000 millones de euros, retome su curso en breve. Liderado por Dassault, Airbus e Indra, su objetivo es que el nuevo sistema -incluyendo cazas y una red de combate digital- esté operativo en 2040. Además del FCAS, Europa participa en otro gran programa aéreo, el GCAP, impulsado por Italia, Reino Unido y Japón, con un presupuesto estimado de entre 30.000 y 40.000 millones de euros. A estos se suman otros proyectos relevantes, como el Eurodrón (7.100 millones), el sistema de tanque MGCS desarrollado por Francia y Alemania (entre 15.000 y 20.000 millones), o la futura corbeta europea, en la que colaboran varios países, con una inversión prevista de entre 6.000 y 7.000 millones. Tras la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea propuso el mecanismo SAFE, que permitirá a los Estados miembros disponer de hasta 650.000 millones adicionales para defensa, además de 150.000 millones en deuda conjunta, sumando un total de 800.000 millones destinados a gasto militar. Expertos del sector advierten de que los conflictos recientes, como el de Ucrania o las tensiones en Irán, han dejado al descubierto importantes debilidades en la capacidad militar europea. Entre ellas destacan la falta de reservas de munición, limitaciones en movilidad militar, carencias en defensa aérea y drones, así como déficits en inteligencia y ciberseguridad. También se subraya la fuerte dependencia de proveedores externos, especialmente de Estados Unidos, y la falta de una base industrial sólida para sostener operaciones prolongadas. Estas carencias son consecuencia de años de recortes presupuestarios y de una estrategia fragmentada entre países. En este contexto, el gasto en defensa en Europa -incluyendo Reino Unido y Turquía- alcanzó en 2025 los 545.000 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior, en lo que algunos califican como el mayor proceso de rearme desde la Guerra Fría. Las empresas del sector ya se preparan para este crecimiento. Compañías como Oesía prevén triplicar su facturación en los próximos años, mientras que otras como Indra planean revisar al alza sus objetivos. En España, la inversión en equipamiento militar aumentó notablemente en 2024, representando más del 44% del gasto total en defensa. Además, las directrices de la OTAN recomiendan que al menos el 20% del presupuesto militar se destine a equipamiento, y se estima que entre 2025 y 2030 el 33% del gasto europeo irá a este fin. Alemania liderará el esfuerzo inversor con más de 580.000 millones de euros hasta 2030, seguida por Reino Unido y Francia. España ocupará la sexta posición con cerca de 198.000 millones, por detrás de países como Polonia e Italia. De hecho, Polonia y Lituania serán los únicos Estados que podrían alcanzar un gasto militar equivalente al 5% de su PIB en 2030, una cifra promovida por Estados Unidos dentro de la OTAN.

LEER MÁS

(Cinco Días, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% en la última reunión con Powell al frente

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantiene firme frente a las presiones de Donald Trump y concluye su etapa al frente del banco central defendiendo su estrategia de prudencia, basada en observar la evolución de la situación antes de tomar decisiones, especialmente ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Próximo. Se trata de la tercera vez consecutiva este año que la Reserva Federal decide no modificar los tipos de interés, que permanecen entre el 3,5% y el 3,75%. Es la última reunión presidida por Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo. Se prevé que le sustituya Kevin Warsh, pendiente aún de la confirmación definitiva del Senado tras haber superado el trámite del comité bancario. Powell cierra así su mandato reafirmando una línea de actuación que ha marcado su gestión reciente: actuar con cautela y no precipitar cambios. Esta postura ha sido objeto de críticas, especialmente desde la Casa Blanca. La confrontación entre Trump y Powell ha sido constante en los últimos meses, pero el presidente de la Fed ha evitado ceder a las presiones políticas. Incluso se llegó a plantear una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre su gestión, aunque finalmente no prosperó, lo que ha facilitado el proceso de relevo. Desde la Reserva Federal consideran que aún no se dan las condiciones adecuadas para retomar la bajada de tipos, principalmente por la incertidumbre económica derivada del contexto internacional. La inflación sigue sin acercarse al objetivo del 2% tras varios años marcados por distintas crisis. A esto se suma el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo y nuevas tensiones inflacionistas. En marzo, la inflación alcanzó el 3,3%, su nivel más alto en dos años, alejándose del 2,4% registrado en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el mercado laboral continúa mostrando solidez, con una tasa de desempleo del 4,3%, ligeramente inferior a la del mes anterior. La propia Fed ya anticipaba este escenario, por lo que en su anterior reunión rebajó las expectativas de recortes de tipos para este año, contemplando como máximo una bajada tras el verano, aunque tampoco se descarta que no haya ninguna. La institución insiste en que, mientras no se conozcan con claridad las consecuencias económicas del conflicto con Irán, lo más adecuado es mantener la cautela. Este mensaje parece dirigido también al futuro presidente. Si su nombramiento se confirma a tiempo, Warsh presidirá su primera reunión en junio, momento en el que la Fed actualizará sus previsiones. Aunque es partidario de reducir los tipos cuanto antes, aún está por ver si contará con el respaldo suficiente dentro del organismo en un contexto de elevada incertidumbre. Algunos analistas señalan que los mercados siguen esperando, en línea con las previsiones de la Reserva Federal, una bajada de tipos de 25 puntos básicos antes de final de año. No obstante, también se contempla la posibilidad de que haya más de un recorte si la situación económica lo requiere, no tanto por presiones políticas, sino por la necesidad de sostener la actividad económica.

LEER MÁS

(Expansión, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Powell desafía a Trump y se quedará en la Fed hasta que "sea apropiado"

El actual presidente de la Reserva Federal; Jerome Powell, ha decidido permanecer en el consejo como gobernador incluso después de dejar la presidencia, con la intención de asegurarse de que no se reabra la investigación penal en su contra impulsada durante la etapa de Donald Trump. "Lo ocurrido en los últimos meses me lleva a continuar hasta que lo considere oportuno", ha explicado Jerome Powell al confirmar que no abandonará el organismo cuando termine su mandato como presidente el próximo 15 de mayo. Aunque ha felicitado a su sucesor, Kevin Warsh, cuyo nombramiento avanza en el Senado tras superar el comité bancario, Powell no se retirará por completo. Su decisión tiene pocos precedentes: solo en una ocasión, en más de un siglo de historia de la Reserva Federal, un expresidente se mantuvo como gobernador tras dejar el cargo. Esta situación genera un escenario inédito, ya que la continuidad de Powell podría dificultar la incorporación plena de Warsh al consejo. Además, abre una etapa de gran incertidumbre que podría tensar aún más la relación con Donald Trump, quien podría intentar reorganizar el órgano para facilitar su estrategia económica. Powell ha asegurado que mantendrá un papel discreto y permitirá que el nuevo presidente ejerza sus funciones con normalidad. Sin embargo, ha dejado claro que no piensa marcharse mientras exista la posibilidad de que se reactive el proceso judicial en su contra. Aunque los cargos fueron retirados recientemente, no se descarta que puedan retomarse si nuevas investigaciones internas lo justifican. El todavía presidente de la Fed no prevé agotar su mandato como gobernador, que se extiende dos años más, sino permanecer el tiempo necesario hasta tener garantías de que la amenaza legal desaparece por completo. Considera que la situación a la que se enfrenta es excepcional y sin precedentes. Su permanencia rompe con la práctica habitual de las últimas décadas, en las que los presidentes del banco central abandonaban totalmente la institución al dejar el cargo. Aun así, ha insistido en que seguirá tomando decisiones basadas exclusivamente en criterios económicos. Powell ha mostrado respeto hacia Warsh, al que considera preparado para liderar la institución. No obstante, su continuidad plantea dudas, especialmente en los mercados, sobre cómo convivirán dos figuras influyentes dentro del mismo órgano: un nuevo presidente respaldado políticamente y un expresidente con peso técnico que podría no coincidir con su enfoque.

LEER MÁS

(Expansión, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Guía para inquilinos y propietarios tras el fin de la prórroga de alquileres

El Congreso de los Diputados rechazó el martes el real decreto-ley que permitía ampliar automáticamente durante dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, limitando además las subidas de precio al 2%. La negativa de la Cámara Baja, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, genera ahora una situación jurídica compleja que, según juristas y expertos inmobiliarios, probablemente acabará resolviéndose en los tribunales. Quedan sin respuesta cuestiones clave, como qué sucede con los inquilinos que pidieron la prórroga por burofax durante la vigencia del decreto y no recibieron contestación; si la medida se aplicaría también a contratos que vencen después del 28 de abril; o si sigue vigente el límite del 2% en las subidas. El Gobierno calcula que cerca de un millón de contratos expirarán entre este año y el próximo, lo que implica que muchos inquilinos pudieron solicitar la prórroga entre el 20 de marzo y el 28 de abril. Aunque no hay cifras exactas, se estima que podrían haberse presentado cientos de miles de solicitudes. Incluso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llegó a recordar por carta a grandes propietarios que debían aceptar dichas prórrogas, pese a las distintas interpretaciones existentes y a la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal Supremo. La incertidumbre generada por la aprobación y posterior derogación del decreto, así como los intentos del Gobierno de renegociarlo, ya estaría afectando a un mercado del alquiler que sufre una reducción de la oferta. Esta situación se atribuye, en parte, a la percepción de falta de protección para los propietarios y a los límites de precios introducidos por la Ley de Vivienda de 2023. Algunos expertos señalan que esta inseguridad puede hacer que ciertos inversores duden antes de comprar viviendas para alquilar, mientras que otros podrían inclinarse por la compra con hipoteca como opción más estable. El abanico de situaciones es amplio debido a los plazos y al planteamiento del decreto, lo que ha dado lugar a interpretaciones diversas entre especialistas. En el caso de los inquilinos que solicitaron la prórroga sin obtener respuesta, durante la vigencia del decreto el Gobierno instó a los propietarios a aceptar todas las peticiones enviadas por burofax, siempre que el contrato no venciera después del 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, algunas entidades recomendaron esperar a la votación en el Congreso antes de contestar. Tras la derogación, hay quienes consideran que los propietarios pueden rechazar esas solicitudes, mientras que otros opinan que las peticiones realizadas dentro del periodo de vigencia deben entenderse como válidas, incluso sin respuesta expresa. Cuando el propietario sí aceptó la prórroga por escrito durante ese periodo, existe consenso en que dicha ampliación se mantiene. En general, se considera que solo tendrían derecho a la prórroga quienes la solicitaron entre el 20 de marzo y el 28 de abril. Aun así, hay situaciones en las que el propietario podría negarse, como la existencia de un acuerdo distinto, la firma de un nuevo contrato, la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o un pacto para renovar con un precio inferior. Otra cuestión controvertida es qué contratos pueden acogerse a la prórroga. No está claro si afecta únicamente a los que vencían durante la vigencia del decreto o también a los que finalizan después, siempre que la solicitud se hiciera en plazo. Esto podría dar lugar a litigios, ya que se debate si la derogación tiene efectos desde el momento en que se produce o si anula también los efectos generados mientras la norma estaba en vigor. Algunos expertos sostienen que la prórroga solo sería aplicable a contratos que vencían mientras el decreto estaba vigente, ya que las solicitudes sobre contratos posteriores se basarían en una expectativa que no genera un derecho automático. Otros defienden que cualquier contrato con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2027 debería verse afectado si la solicitud se realizó dentro del periodo establecido. Respecto al límite del 2% en las subidas de alquiler, se entiende que, si se aplicó durante la vigencia del decreto, esa actualización se mantiene, aunque no tendrá efectos en el futuro. Ante esta situación de incertidumbre, se recomienda a los propietarios que no aceptaron la prórroga que comuniquen su rechazo, pero intentando alcanzar acuerdos para evitar procesos judiciales largos, que podrían durar al menos un año. También se advierte de que incluso los casos en los que hubo aceptación expresa podrían acabar en los tribunales, al interpretarse como acuerdos válidos independientemente de la derogación de la norma. Por ello, el sector inmobiliario insiste en la necesidad de que el Gobierno aclare cuanto antes estas dudas para evitar un posible colapso judicial en los próximos meses.

LEER MÁS

(El País, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

La evolución de la longevidad ha desajustado la relación entre el ciclo vital y el económico. Vivir más años está cambiando la forma en que se transmite la riqueza entre generaciones en España. Durante mucho tiempo, las herencias funcionaban como un impulso temprano para los más jóvenes, pero el aumento de la esperanza de vida, impulsado por mejoras sanitarias y de calidad de vida, ha retrasado ese momento, afectando especialmente a quienes cuentan con menos recursos. En los años setenta, la edad media para recibir una primera herencia rondaba los 35 años. Hoy, esa cifra se sitúa cerca de los 55. Este retraso de dos décadas, aunque refleja un avance social positivo, también está contribuyendo a ampliar las desigualdades. Según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cada año adicional de espera reduce en torno a un 2% la riqueza neta del hogar que podría beneficiarse. Un estudio reciente elaborado por los economistas Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez analiza este fenómeno y concluye que no solo importa que las herencias lleguen más tarde, sino también el coste de no haberlas recibido antes. Esa demora limita la capacidad de ahorro y de acumulación de patrimonio en muchas familias. Recibir una herencia en etapas más tempranas de la vida facilita, por ejemplo, el acceso a la vivienda o el inicio de un negocio. También incrementa la probabilidad de formar familias más numerosas, lo que sugiere que este retraso puede influir indirectamente en la baja natalidad. El impacto de las herencias no es igual para todos. En los hogares con menos recursos, una herencia puede multiplicar varias veces su patrimonio, mientras que en los más acomodados representa una parte mucho menor, ya que disponen de otros activos. Esto implica que el retraso perjudica más a quienes dependen en mayor medida de estas transferencias para mejorar su situación económica. A estas diferencias se suma el desigual reparto de las herencias. En España, la mitad de la población con menos riqueza recibe poco más de una cuarta parte del total heredado, mientras que el 10% más rico concentra más de un tercio. Sin embargo, no todas las familias están igualmente expuestas a este retraso. Los hogares con mayor capacidad económica suelen anticipar la transmisión de patrimonio mediante donaciones en vida. Estas transferencias permiten a sus descendientes acceder antes a recursos clave, como la vivienda o la financiación, actuando como una especie de herencia adelantada. En cambio, las familias con menos recursos suelen depender del fallecimiento de sus progenitores para recibir patrimonio, que en muchos casos se limita a la vivienda. Además, las donaciones también están desigualmente distribuidas: los hogares más ricos concentran una parte muy significativa de ellas, mientras que los más pobres apenas reciben una pequeña fracción. El efecto de estas donaciones también varía según el nivel económico. Para los hogares con menos recursos, representan una proporción muy elevada de su patrimonio total, mientras que en los más acomodados su peso es mucho menor. La desigualdad no solo se refleja en el impacto de estas transferencias, sino también en la probabilidad de acceder a ellas. Las familias con menos recursos tienen muchas menos opciones de recibir donaciones o herencias, mientras que en los grupos más ricos es mucho más frecuente beneficiarse de ambos tipos de transmisión a lo largo de la vida.

LEER MÁS

(El Periódico, 30-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se modera al 3,2% en abril por el abaratamiento de la electricidad

La inflación se moderó en abril hasta el 3,2% en tasa interanual, dos décimas menos que en marzo, en un contexto influido por las tensiones energéticas vinculadas a la guerra en Irán. El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística refleja, según el Ministerio de Economía, el efecto conjunto del llamado "escudo renovable" y de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para contener el impacto del conflicto en los precios. Esta ligera desaceleración se debe en gran parte a la bajada del precio de la electricidad, que ha actuado como principal elemento de contención. Al mismo tiempo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, también descendió levemente hasta el 2,8%, lo que sugiere cierta estabilidad en las presiones internas. El comportamiento del índice rompe parcialmente con las previsiones de muchos analistas. Tras el repunte de marzo hasta el 3,4%, se esperaba una nueva subida en abril, impulsada por el encarecimiento del petróleo tras el inicio del conflicto. El barril de brent, que supera los 110 dólares, ha subido más de un 50% desde finales de febrero, lo que ya está empezando a trasladarse a los precios a través de los combustibles y el transporte. Más allá de la energía, el aumento del coste de materias primas amenaza con extenderse progresivamente al conjunto de bienes y servicios, en un entorno que ha obligado a revisar las previsiones económicas. El Gobierno, en su último informe remitido a Bruselas, ha elevado la previsión media de inflación anual al 3,1%, alejándose del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, ante la expectativa de precios energéticos elevados durante más tiempo y posibles efectos indirectos. La incertidumbre sigue siendo elevada. La experiencia de 2022 ya mostró que, cuando la energía impulsa la inflación, las previsiones se vuelven menos fiables. De hecho, entidades como BBVA Research o Funcas anticipaban tasas cercanas al 3,7% para abril. Sin embargo, algunos análisis, como el del Instituto Complutense de Análisis Económico, acertaron al prever el 3,2%, atribuyéndolo a factores puntuales más que a un cambio estructural. Entre estos factores destacan las medidas fiscales aplicadas a la energía, como la reducción del IVA al 10% en carburantes, electricidad y gas, o la suspensión temporal de determinados impuestos eléctricos, que han tenido un impacto directo en abril. También han influido elementos del propio mercado energético: la electricidad cayó un 16,3% y los carburantes un 6,5%, según estimaciones académicas. Asimismo, el mayor peso de las energías renovables ha reducido costes en el sistema eléctrico, y el nuevo sistema de cálculo de la tarifa regulada -con mayor protagonismo de los mercados a plazo- ha amortiguado la volatilidad. A esto se suma un efecto calendario derivado de la Semana Santa, que al caer parcialmente en marzo ha reducido la presión habitual sobre los precios turísticos en abril. Pese a este respiro, los expertos anticipan un posible repunte en mayo. Desde BBVA Research advierten de que, si el petróleo se mantiene en niveles actuales, la inflación podría superar el 4%. También preocupa que las empresas comiencen a trasladar el aumento de los costes de transporte a los precios finales, algo que todavía no se ha observado de forma significativa, pero que podría intensificarse si el encarecimiento se percibe como duradero. Por su parte, desde Funcas señalan una evolución dispar: mientras el dato general ha sido mejor de lo esperado, el índice armonizado con Europa muestra una mayor presión inflacionista, con una tasa del 3,5% y una subyacente del 3,1%. Esta diferencia sugiere que las tensiones sobre los precios en España siguen siendo relativamente altas en comparación con otros países europeos. En conjunto, el alivio registrado en abril podría ser temporal. A partir de mayo, el efecto de las medidas fiscales perderá fuerza en la comparación anual, lo que limitará su impacto a la baja, aunque sigan actuando otros mecanismos como el impulso de las energías renovables o los ajustes en el mercado eléctrico.

LEER MÁS

(Cinco Días, 29-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex repunta un 1% y supera los 17.800 puntos pese a las subidas del petróleo

El precio del petróleo continúa al alza, mientras los mercados bursátiles se mantienen relativamente estables ante la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz. El barril de Brent sube alrededor de un 3% y alcanza los 111 dólares, su nivel más alto en las últimas tres semanas. Desde la Casa Blanca se ha indicado que Estados Unidos está evaluando la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto, aunque fuentes oficiales señalan que el presidente Donald Trump no está conforme, ya que el plan no aborda el programa nuclear iraní. Esto mantiene la situación estancada tras dos meses de enfrentamiento, con el tránsito energético por Ormuz aún bloqueado y a la espera de avances en las negociaciones. En los mercados financieros, los futuros de Estados Unidos apuntan a ligeras subidas, mientras que en Europa el Ibex 35 destaca con un avance cercano al 1%, superando el comportamiento más moderado del resto de índices. Dentro del selectivo español, Repsol encabeza las ganancias con un incremento próximo al 3%, seguida de Cellnex y los bancos, mientras que valores como Rovi, Merlin e Indra registran descensos. En Asia, la sesión cerró en negativo: el Nikkei japonés cayó un 1%, el índice de Shanghái retrocedió un 0,2% y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,82%. El Banco de Japón decidió mantener sin cambios los tipos de interés, en línea con lo previsto, pero advirtió de una posible desaceleración económica y de presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. La atención de los inversores se centra ahora en las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales, como la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, tras el anuncio del Banco de Japón. Aunque se espera que todos mantengan los tipos, el foco estará en sus mensajes sobre la evolución de la inflación. El euro, por su parte, se mantiene estable en torno a 1,17 dólares. El conflicto ha impulsado los precios del crudo, ha aumentado las tensiones inflacionarias y ha oscurecido las perspectivas de crecimiento global, especialmente por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. El barril se mantiene así por encima de los 100 dólares. Además, los inversores siguen de cerca la publicación de resultados de grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Apple, que servirán para evaluar si el impulso generado por la inteligencia artificial se traduce en beneficios reales. Analistas del mercado señalan que existe una cierta desconexión entre el optimismo de la renta variable y la cautela que reflejan otros activos como los bonos o el petróleo, lo que evidencia que los factores geopolíticos continúan siendo clave en la gestión del riesgo.

LEER MÁS

(Expansión, 29-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso tumba la prórroga de alquileres: temor a una oleada de litigios

El Congreso de los Diputados rechazó este martes el real decreto-ley con el que el Gobierno buscaba establecer una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2027. A los votos contrarios de PP y Vox se sumaron nuevamente los de Junts, evidenciando otra vez las discrepancias entre la formación liderada por Carles Puigdemont y el Ejecutivo en cuestiones de vivienda. En esta ocasión, el PNV optó por la abstención tras un debate especialmente tenso, marcado por acusaciones cruzadas. Por un lado, el Gobierno defendió la intervención del mercado alegando, en palabras del presidente Pedro Sánchez, que "cuando no se actúa, los precios se disparan". Por otro, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que esta medida perjudica a los ciudadanos, ya que reduce la oferta y acaba encareciendo tanto el alquiler como la compra de vivienda. Este mismo planteamiento fue respaldado por Junts. Su secretario general, Jordi Turull, aseguró que el decreto vuelve a perjudicar a los pequeños propietarios, beneficia a grandes fondos de inversión y contribuye a que disminuya la oferta de alquiler, ya que muchos inmuebles terminan poniéndose a la venta. La norma solo estuvo en vigor durante un mes, tiempo en el que hasta un millón de inquilinos pudieron solicitar la prórroga automática de sus contratos sin incremento de precio. Su derogación supone no solo un nuevo revés político para el Gobierno en el Parlamento, sino que, según expertos, también introduce un escenario de inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis especializada en derecho inmobiliario, advierte de la gravedad de la situación, tanto por la incertidumbre que genera la aprobación de normas de corta duración como por la ambigüedad de su redacción. A su juicio, esto puede provocar múltiples interpretaciones, aumentar los conflictos entre propietarios e inquilinos y derivar en un incremento de litigios, incluso con posibles recursos ante el Tribunal Supremo. Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) han pedido al Gobierno que aclare cualquier duda para evitar conflictos y garantizar seguridad jurídica a ambas partes. En la misma línea, la Agencia Negociadora del Alquiler ya había advertido que, según la fecha de los contratos, algunos podrían beneficiarse de la prórroga y otros no, debido a que las medidas surtían efecto desde su entrada en vigor, aunque posteriormente no fueran convalidadas, como finalmente ha sucedido. Pese a la derogación, el Ejecutivo mantiene su intención de intervenir en el mercado del alquiler. Desde Sumar, formación que impulsó el decreto en el Consejo de Ministros, aseguran que seguirán apostando por estas políticas. La vicepresidenta Yolanda Díaz incluso llamó a la movilización social, calificando la situación como una derrota parlamentaria pero una victoria en la calle. Durante el debate, el ministro Pablo Bustinduy criticó que el mercado de la vivienda esté dominado por intereses especulativos y reprochó a los partidos contrarios su postura. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en la necesidad de seguir buscando soluciones con respaldo parlamentario ante lo que calificó como una emergencia habitacional. Con todo, el Gobierno parece descartar propuestas más radicales como la planteada por Podemos, que sugería aprobar decretos mensuales para extender la prórroga sin depender del aval del Parlamento.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos