El índice de precios de consumo se situó en diciembre en el 2,9% en términos interanuales, lo que supone una décima menos que en noviembre, principalmente como consecuencia del abaratamiento de los carburantes.
Según los datos adelantados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación redujo su ritmo anual en el último mes del año hasta el 2,9%, encadenando así dos descensos consecutivos tras haber alcanzado en octubre su nivel más elevado en los últimos 16 meses, con un 3,1%.
El organismo estadístico atribuye esta evolución, sobre todo, a la caída de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos particulares, que contrasta con la subida registrada en diciembre de 2024. También contribuyeron, aunque de forma más moderada, los precios de ocio y cultura, que aumentaron, pero con menor intensidad que en el mismo mes del año anterior.
En sentido opuesto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas ejercieron presión al alza, al registrar incrementos superiores a los de diciembre del año pasado. En el conjunto de 2025, la inflación media cerró en el 2,7%. Desde el Ministerio de Economía se ha subrayado que esta media es una décima inferior a la de 2024, lo que ha permitido que los hogares continúen recuperando parte de su poder adquisitivo.
El avance del IPC incluye también una estimación de la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos. En diciembre, esta se mantuvo en el 2,6%, el mismo nivel que en noviembre. De confirmarse el dato, se trataría del registro más alto desde diciembre de 2024, cuando alcanzó igualmente el 2,6%.
No obstante, la tasa media de la inflación subyacente en 2025 se situó en el 2,3%, frente al 2,9% del año anterior, en línea con el objetivo marcado por el Banco Central Europeo, según ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre respecto a noviembre, una décima más que el incremento registrado el mes previo.
Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado redujo en dos décimas su tasa interanual, hasta el 3%, y presentó también una variación mensual del 0,3%. La inflación subyacente del IPCA se estima en el 2,8% en diciembre. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC correspondiente a diciembre el próximo 15 de enero.
Los hipotecados se las prometían muy felices este verano. El euríbor bajaba y bajaba, y parecía cuestión de tiempo que rompiera la barrera del 2% y siguiera abaratando los préstamos a tipo variable. Entonces, la tendencia se agotó. El viento cambió en Fráncfort, que a finales de julio dejó los tipos de interés en pausa por primera vez en casi un año. Después, contra los pronósticos de muchas casas de análisis, que vaticinaban un regreso de los recortes de tipos, el Banco Central Europeo se puso en modo esperar y ver. Hasta hoy, que lleva cuatro reuniones sin tocar el precio del dinero, sin visos de movimientos a corto plazo.
El euríbor a doce meses ha ratificado en diciembre el giro de tendencia iniciado tras tocar suelo en julio de 2025, cuando alcanzó el 2,07%. El principal índice de referencia para las hipotecas registró ayer su quinto incremento mensual consecutivo, reflejando el nuevo contexto de tipos de interés en la zona euro. La media del mes se situó en el 2,26%, frente al 2,21% de noviembre, manteniendo una evolución de subidas moderadas pero constantes que han llevado al euríbor a sus niveles más elevados desde abril.
Esa inacción ha desincentivado que el euríbor prosiga su descenso. Y ha dejado un regusto agridulce en un año que se presumía de buenas noticias: cierra diciembre en el 2,268%, por debajo del 2,436% en que terminó 2024. Una hipoteca media, que en España, según el INE, es de 145.673 euros a pagar en 25 años, se ahorrará todavía unos 23 euros al mes, o lo que es lo mismo, 276 euros al año. Pero los que la revisen cada seis meses ya están sufriendo encarecimientos, y a partir de la primavera podría ocurrirles lo mismo al resto.
Después de un magnífico 2024, cuando los continuos recortes de tipos llevaron al euríbor a una espiral de bajadas, el balance general de este año puede parecer pobre -el euríbor subió en seis meses, bajó en cinco, y se estancó otro-, pero los números tienen también un reverso favorable. La caída, aunque pequeña, ha continuado, lo que ha permitido reducir las cuotas a los ya hipotecados, y obtener financiación a tasas competitivas, a menudo por debajo del 3% a tipo fijo, a quienes acaban de endeudarse para adquirir una vivienda.
Pese al repunte de cierre de año, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, verá reducida su cuota mensual de 870 a 857 euros, lo que supone un ahorro aproximado de 13 euros. En cambio, en los préstamos con revisión semestral, el importe a pagar ya comienza a aumentar. De cara a 2026, los analistas prevén una evolución estable del índice, con el euríbor a un año manteniéndose en torno a los niveles alcanzados en la recta final del año.
El comienzo del nuevo año viene acompañado de una moderación en los precios de la energía y de posibles descensos en el gas, la electricidad y los carburantes, impulsados por la previsión de un menor coste del petróleo. En cambio, los alimentos y la vivienda continuarán encareciéndose en 2026, ejercicio en el que también se esperan subidas en servicios como las telecomunicaciones, los peajes, el transporte aéreo, los taxis, los hoteles o la paquetería, entre otros.
En el ámbito energético, los consumidores podrían notar cierto alivio a lo largo del año. En el caso de la electricidad, el Ejecutivo prevé una reducción de los precios medios de alrededor del 4,66% para los hogares y de hasta el 10% para los grandes consumidores. No obstante, esta evolución dependerá en gran medida del comportamiento del mercado mayorista, ya que los costes regulados fijados por el Gobierno y la CNMC aumentan de forma significativa para adaptarse a la situación del sector.
El gas también registrará una rebaja en el primer trimestre, con una caída estimada del 8,7%, en línea con el descenso de la materia prima en los mercados internacionales, aunque este ajuste llega tras un trimestre previo de fuertes incrementos. En cuanto a los carburantes, se espera que reflejen el elevado nivel de reservas de petróleo existentes, lo que podría traducirse en precios más bajos. A ello se suma una mayor competencia entre estaciones de servicio, impulsada por el crecimiento de los puntos de venta automáticos, generalmente más económicos. Goldman Sachs sitúa el precio del barril entre 52 y 56 dólares, frente a los 60-63 actuales, lo que supone una bajada cercana al 15%.
En alimentación, todo apunta a que la cesta de la compra seguirá encareciéndose, aunque la intensidad del aumento está aún por determinar. A falta del dato definitivo de diciembre, en noviembre los precios subieron un 0,5% respecto a octubre, acumulando un incremento interanual del 2,8%, el más elevado del año. Los huevos se han convertido en el producto que más se encarece, con una subida del 30,2%, debido a la gripe aviar y a los sacrificios de aves en las explotaciones. Les siguen la carne de vacuno, con un aumento del 18%, el café, con el 17,3%, y el chocolate, con un alza del 14,5%. En contraste, el aceite de oliva continúa abaratándose de forma notable, con una caída interanual del 38,1%, aunque en términos mensuales volvió a subir un 2,6% en noviembre, encadenando su segundo repunte consecutivo.
La vivienda seguirá siendo uno de los principales focos de presión económica, aunque los expertos prevén que los precios dejen de crecer a ritmos de dos dígitos ante el desplazamiento de la demanda hacia áreas periféricas, donde los presupuestos familiares resultan más ajustados. Tras cerrar 2025 en niveles máximos, se estiman incrementos de entre el 7,8% y el 15% en el precio de compra y del 6,8% en los alquileres, según Pisos.com e Idealista, por debajo de los aumentos del 14% y el 11% del año anterior. El euríbor tampoco dará tregua: en diciembre sumó su quinta subida mensual consecutiva y se situó en el 2,268%, lo que aún permite cierto alivio en las hipotecas con revisión anual, aunque la situación podría cambiar a partir de la primavera. Bloomberg prevé que el indicador cierre 2026 en el 3,14%. Además, la banca ha puesto fin a la competencia agresiva en precios ante un escenario de estabilidad de tipos y un posible repunte en 2027.
En seguros, la evolución será desigual. Un informe de WTW señala que las empresas podrán renegociar ajustes a la baja de entre el 5% y el 15% en pólizas como daños, responsabilidad civil o ciberseguros, gracias a la fuerte competencia. Sin embargo, se anticipan subidas en los seguros familiares. En el ramo de automóviles, se ha frenado la tendencia descendente, mientras que los seguros de salud figuran entre los que más aumentarán debido al encarecimiento de la atención sanitaria y a la elevada demanda. Tras subir un 19% en 2025, se prevén alzas de entre el 6% y el 7,5% en 2026.
El envío postal también será más caro. A partir del 1 de enero, una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos costará 0,96 euros, siete céntimos más que en 2025, lo que supone un incremento del 7,8%, que se suma al 8,5% del año anterior. Desde 2015, cuando costaba 0,42 euros, el precio prácticamente se ha duplicado. Las cartas certificadas y los envíos internacionales también registrarán aumentos, al igual que los paquetes, con subidas en torno al 5,5% según el peso.
En transporte, el comportamiento será dispar. El transporte público urbano e interurbano mantendrá las tarifas gracias a las bonificaciones estatales y autonómicas. Los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como los autobuses de largo recorrido, conservarán los descuentos, y los usuarios de trenes Avant se beneficiarán de mayores rebajas con el nuevo PaseVía. Además, entra en vigor un abono único de 60 euros para facilitar la movilidad fuera de las grandes ciudades. En cambio, los taxis incrementarán sus tarifas una media del 2,3%, los peajes de autopistas subirán entre un 2% y un 4,68%, y los billetes de avión también se encarecerán tras el aumento del 6% en las tasas aeroportuarias.
En telecomunicaciones, las subidas de precios a comienzos de año se han convertido en una práctica habitual, con incrementos de entre el 3% y el 5%. Movistar actualizará sus tarifas el 13 de enero, con alzas de entre 3 y 4 euros mensuales en sus servicios convergentes. Orange aplicará desde el 12 de enero un incremento medio cercano al 4%, mientras que Vodafone lo hará el 8 de enero, con una subida media del 3,9%, que en algunos planes alcanzará los 5 euros. La excepción será Digi, que mantiene su compromiso de no aumentar precios.
En turismo, tras varios años de fuertes subidas, el encarecimiento de los hoteles se modera y las cadenas prevén aumentos medios del 5% al 6%, lejos de los incrementos de dos dígitos del pasado. En restauración, la presión de los costes continuará trasladándose a los clientes, y la elevada demanda de actividades de ocio y cultura mantendrá al alza el precio de las entradas.
En farmacia y sanidad, el Ministerio de Sanidad revisa anualmente los precios de referencia de los medicamentos financiados, reduciendo el coste de aquellos que han perdido la patente. En la última actualización se ajustaron los precios de más de 17.000 fármacos. Aun así, el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud seguirá aumentando en 2026, en línea con la tendencia reciente. En 2024 alcanzó los 13.865 millones de euros, un 3,52% más que el año anterior.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ya preparada la normativa conocida como escudo antiapagones, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 20 de enero. El organismo ha abierto un periodo de consulta pública de diez días para que se presenten observaciones, aunque el contenido del texto ya ha sido revisado previamente por las empresas eléctricas.
Con esta iniciativa, la CNMC, presidida por Cani Fernández, da por cerrada la controversia iniciada en octubre, cuando el regulador obligó a Red Eléctrica a entablar negociaciones con el sector para consensuar una propuesta capaz de afrontar de forma eficaz los problemas de control de tensión del sistema eléctrico español. En aquel encuentro, las posturas eran tan distantes que representantes del operador y de las compañías ni siquiera compartieron mesa.
La propuesta actual, elaborada por Red Eléctrica, llega después de que la CNMC rechazara un planteamiento anterior del operador por considerarlo inviable, especialmente para las centrales convencionales, que no pueden reaccionar con la rapidez exigida inicialmente. El sector advirtió entonces de que imponer respuestas inmediatas a los equipos podría provocar daños técnicos y generar nuevas inestabilidades en la red. Además, aportó informes técnicos que mostraban el aumento de la volatilidad en las tensiones del sistema y el efecto negativo que ello tenía sobre las exigencias de control, alertando de que la solución propuesta podría agravar el problema.
En el nuevo planteamiento, consensuado previamente con las compañías eléctricas, Red Eléctrica renuncia a acortar los plazos para la presentación de ofertas en las restricciones técnicas. La iniciativa consolida de forma permanente las medidas que se venían aplicando con carácter excepcional desde octubre y que estaban previstas para finalizar el 19 de enero de 2026, tras sucesivas prórrogas motivadas por riesgos para la seguridad del suministro.
La propuesta introduce cambios en los procedimientos 3.1, 3.2 y 7.2, relativos a la programación diaria, la gestión de restricciones técnicas y la regulación secundaria. El contexto técnico que los sustenta es la aparición en los últimos años de oscilaciones bruscas de tensión, ligadas a variaciones repentinas en la producción de determinadas instalaciones, en un sistema cada vez más condicionado por la negociación en bloques de quince minutos, los precios negativos y una elevada participación en los mercados intradiarios y de balance.
En materia de programación diaria, la CNMC respalda una reorganización de los tiempos operativos para asegurar que el Programa Diario Viable Provisional incorpore una resolución completa de las restricciones técnicas tras el cierre del mercado diario. Con ello se busca reforzar la solidez de los programas antes de la operación en tiempo real y reducir la necesidad de ajustes de última hora y de activaciones adicionales de energía de balance, factores que pueden intensificar las variaciones de tensión.
Por otro lado, la reforma del procedimiento de restricciones técnicas introduce un cambio significativo al permitir que la falta de reserva de potencia al alza se gestione ya después del mercado diario, en lugar de hacerlo mayoritariamente en tiempo real. Esto permite a Red Eléctrica programar con antelación centrales térmicas adicionales cuando sea necesario, con criterios claros de coste y aportación efectiva de reserva, y evita soluciones incompletas que trasladaban ajustes críticos a fases posteriores de la operación.
El tercer eje de la propuesta se centra en la regulación secundaria, donde se refuerza el control del cumplimiento del programa en tiempo real por parte de los proveedores autorizados. Esta obligación se extiende a todos los periodos en los que los agentes participan en el servicio de recuperación automática de frecuencia y se modifica el cálculo de los desvíos para ajustarlo a la energía negociada en tramos de quince minutos, con el objetivo de lograr un comportamiento operativo más estable y previsible.
El regulador avala la consolidación de estas medidas tras comprobar, durante su aplicación temporal, que no se ha producido un aumento significativo de los costes asociados a las restricciones técnicas ni de la banda de regulación secundaria que asume la demanda, ni tampoco un empeoramiento del funcionamiento del mercado, incluida la primera subasta intradiaria. Esta evaluación se ha realizado a partir de la información proporcionada por el operador del sistema y de los datos de mercado a los que la CNMC tiene acceso de forma diaria.
Aunque el documento reconoce la existencia de alternativas más estructurales a medio plazo, como la implantación generalizada de rampas obligatorias de cambio de programa o una habilitación más rápida de instalaciones asíncronas para servicios avanzados de control de tensión, la CNMC considera que estas opciones requieren inversiones y plazos que difícilmente estarían disponibles antes de los cambios estacionales previstos para la primavera.
El endurecimiento arancelario impulsado por Donald Trump contra Europa y el giro hostil de su política exterior hacia un aliado histórico no han impedido que el euro cierre un ejercicio excepcional frente al dólar. La moneda única se ha apreciado cerca de un 14% frente al billete verde, su mejor comportamiento anual desde 2017 y a solo unas décimas de registrar el avance más intenso desde 2003. Este fortalecimiento responde tanto a factores externos -como los recortes de tipos de la Reserva Federal y la debilidad del dólar derivada de la desconfianza generada por Trump hacia los activos estadounidenses- como a elementos propios, entre los que destaca la expectativa de mayor crecimiento en la zona euro gracias al impulso fiscal anunciado por Alemania. El consenso del mercado apunta a que el euro continuará ganando terreno en 2026, superando los 1,20 dólares -nivel no visto desde 2021- y con opciones de acercarse a los 1,25. La divisa europea cerrará el año en torno a los 1,178 dólares, frente a los 1,0354 de finales de 2024, tras haber marcado en septiembre un máximo de 1,1867.
Las razones que respaldan un euro más fuerte se intensifican de cara a los próximos meses. Las políticas económicas aplicadas por Trump han alterado de forma profunda el mercado de divisas: el dólar se ha depreciado no solo frente al euro, sino frente a la mayoría de monedas. La corona sueca se ha revalorizado más de un 20% y el franco suizo cerca de un 15% frente a la divisa estadounidense. El inicio de la guerra comercial desde la Casa Blanca, especialmente dañino para una economía exportadora como la europea, marcó también el comienzo de una etapa de mayor recelo de los inversores hacia los activos denominados en dólares. El mercado ha interpretado el deseo de Trump de un dólar más débil y ha incorporado el riesgo de una economía estadounidense con mayor inflación y desequilibrios fiscales más acusados, tanto por el déficit como por la deuda.
Aunque el papel del dólar como principal moneda de reserva mundial no se ha visto cuestionado, sí se ha erosionado la idea del "excepcionalismo estadounidense", según la cual Estados Unidos -con sus bonos soberanos y su moneda- era el destino preferente e indiscutible para la inversión global. A ello se suma la presión constante de Trump para forzar bajadas de tipos, así como sus movimientos en torno al relevo de Jerome Powell y a la composición de la Reserva Federal, que han puesto en duda la independencia del banco central. Estos factores se añaden a los tres recortes de tipos realizados este año por la Fed y a la expectativa de nuevas bajadas en 2026, todos ellos elementos que pesan en contra del dólar.
"Políticas poco sostenibles y una elevada incertidumbre política pueden provocar nuevas salidas de capital de Estados Unidos. En este entorno, es menos probable que el dólar actúe como refugio en una recesión global. Además, los planes de la Administración Trump para restar atractivo a los activos de reserva en dólares suponen un riesgo adicional a la baja", señala Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM. De hecho, la evolución del euro desde el inicio del segundo mandato de Trump recuerda a la de su primera presidencia, cuando la moneda única llegó a cotizar en torno a 1,25 dólares, un nivel que ahora vuelve a estar sobre la mesa. Para los analistas, alcanzar los 1,30 dólares supondría cruzar una frontera clara y adentrarse en un auténtico mercado bajista para el dólar.
El avance del euro no se explica solo por las debilidades de la economía estadounidense y de su divisa, que han desviado flujos de inversión hacia Europa, sino también por las sorpresas positivas en el crecimiento europeo y, especialmente, por el estímulo fiscal previsto en Alemania. Las expectativas de mayor gasto público en Berlín han llegado a eclipsar el aumento de la prima de riesgo de Francia, afectada por el bloqueo político y la ausencia de medidas creíbles para contener el déficit. A ello se suma la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, que aportaría estabilidad económica e institucional a toda la zona euro y reforzaría aún más a la moneda común en 2026.
"A pesar de que la incertidumbre política en Francia sigue siendo un lastre, los datos macroeconómicos europeos han superado de forma reiterada las previsiones", afirma UBS. La entidad mantiene su previsión de que el euro avance hasta los 1,20 dólares en los próximos meses, apoyado por los estímulos fiscales en la región, y no descarta que alcance incluso los 1,26 dólares a finales de 2026. "La gestión estratégica de las divisas será cada vez más importante en un contexto de mayor volatilidad y con gobiernos y bancos centrales interviniendo activamente sobre rendimientos y deuda", añade Mark Haefele, director global de inversiones de UBS Wealth Management.
Bank of America también anticipa un euro por encima de los 1,20 dólares en 2026, en torno a 1,22 al cierre del año. Esta previsión es compatible con nuevas bajadas de tipos en la zona euro -al menos una adicional de 25 puntos básicos en marzo- y se apoya en la expectativa de convergencia del crecimiento entre Estados Unidos y la eurozona en la segunda mitad del año, así como en un aumento de las coberturas de divisa por parte de los gestores europeos. Con un dólar mayoritariamente a la baja, el efecto del tipo de cambio se vuelve determinante para los inversores en euros que quieran posicionarse en Wall Street o en deuda denominada en dólares. En 2025, por ejemplo, la subida del 17,8% del S&P 500 en dólares se reduce al 3,5% al convertirla a euros.
"Es poco probable que el dólar se recupere", sostiene Benoit Anne, responsable de análisis de mercados en MFS Investment Management. A su juicio, los diferenciales de tipos con el euro indican que el dólar sigue tácticamente sobrevalorado. Además, subraya que, aunque la economía estadounidense muestra solidez, la economía global también mantiene un buen tono. En Amundi, por su parte, mantienen una visión neutral sobre el dólar: no esperan un repunte significativo ni, por tanto, una apreciación adicional relevante del euro. La gestora prevé que el BCE recorte los tipos hasta en dos ocasiones durante la primera mitad de 2026 y advierte de que "los mercados están infravalorando los riesgos a la baja para el crecimiento europeo".
El Ministerio de Economía ha iniciado los trabajos para impulsar que los más de 1,1 billones de euros que los hogares españoles mantienen en depósitos y cuentas con escasa rentabilidad se canalicen hacia otros instrumentos financieros, como la Bolsa, la renta fija o los fondos de inversión, con el fin de contribuir a las necesidades de financiación de la economía europea. Con este objetivo, ha abierto una consulta pública previa sobre un documento que define las bases para crear la cuenta de ahorro e inversión y la denominada etiqueta Finance Europe. La Comisión Europea considera imprescindible que este vehículo incluya incentivos fiscales, aunque en España este aspecto aún no está cerrado.
Tras las reiteradas recomendaciones de distintos organismos y expertos -entre ellas el conocido informe de Mario Draghi, las propuestas de la OCDE, las iniciativas de la Comisión Europea o el Libro Blanco de BME-, el Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento legislativo para diseñar estas cuentas de ahorro e inversión. La idea es que bancos, brókeres u otras entidades financieras ofrezcan un producto "contenedor" que agrupe diversos activos financieros -acciones, bonos, fondos u otros instrumentos- bajo reglas claras, costes predecibles y un tratamiento sencillo para el pequeño ahorrador, según recoge el documento del Ministerio de Economía.
Este tipo de productos ya funcionan en países como Suecia, Francia, Reino Unido o Italia, donde han logrado atraer a los inversores minoristas a los mercados de capitales y reforzar la financiación de la economía a largo plazo. En España, donde solo el 15,8% de las familias invierte en Bolsa, el nivel más bajo en más de tres décadas, el proceso se encuentra aún en una fase inicial: recabar la opinión de los sectores implicados sobre el diseño del instrumento. El plazo para presentar aportaciones finaliza el 30 de enero, tras lo cual el ministerio deberá elaborar un texto legal que será sometido a aprobación.
El documento sometido a consulta anticipa que el vehículo deberá regirse por normas simples y transparentes, facilitando que los pequeños inversores aprovechen mejor las oportunidades de los mercados financieros y reduzcan el coste de oportunidad de mantener su ahorro en productos con remuneraciones mínimas. En el conjunto de la Unión Europea, el volumen de dinero en cuentas de baja rentabilidad asciende a unos 10 billones de euros, de los que aproximadamente un 10% se concentra en España.
Según fuentes del sector, el elemento clave del nuevo instrumento será la fiscalidad, tanto por el tipo impositivo aplicable como por la simplificación de un marco actualmente fragmentado. En la actualidad, los fondos de inversión tributan con una retención del 19% sobre las plusvalías al reembolsar participaciones, con la ventaja de poder diferir el pago si se traspasa el capital a otro fondo. En cambio, las ganancias obtenidas en la compraventa de acciones tributan directamente en el IRPF sin posibilidad de aplazamiento; los intereses de los depósitos y los dividendos también están sujetos a retención. Aun así, el Ministerio de Economía reconoce que todavía no existe una definición clara sobre si la futura cuenta tendrá un tratamiento fiscal único para todos los activos que incluya. "No hay una propuesta cerrada sobre la fiscalidad; hasta que no se conozca la normativa, no se pueden fijar criterios", señalan fuentes del departamento.
En cualquier caso, las distintas iniciativas planteadas coinciden en la conveniencia de unificar el tratamiento fiscal para ganar simplicidad. La Comisión Europea insiste en que estas cuentas deben contar con ventajas tributarias y anima a los Estados a otorgarles, como mínimo, el trato fiscal más favorable existente para otros productos de inversión, según recoge en su recomendación de finales de septiembre.
La cuenta podría incorporar una amplia gama de instrumentos financieros -acciones, bonos, participaciones en fondos y otros activos que determine el ministerio-, aunque la Comisión excluye expresamente los derivados complejos de alto riesgo y los criptoactivos. No se exigiría un importe mínimo para su apertura, no sería obligatorio recibir asesoramiento financiero y los costes y comisiones deberían ser "justos, proporcionados, transparentes y fáciles de entender".
En materia fiscal, Bruselas plantea varias alternativas: un sistema similar al de los planes de pensiones; la exención de impuestos sobre los rendimientos generados; el aplazamiento de la tributación hasta el reembolso, como sucede con los fondos de inversión; o la aplicación de un tipo impositivo único sobre los rendimientos o sobre el valor de los activos. Esta última opción replicaría el modelo sueco y es una de las preferidas en el ámbito financiero.
La cuenta sueca, conocida como ISK (por Investerings, Spar y Konto), se creó en 2012 y permite a los inversores evitar la tributación por las plusvalías a cambio de pagar aproximadamente un 1% anual sobre el capital depositado, con independencia de que se obtengan ganancias o pérdidas. Este sistema favorece la inversión en activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable.
A través de la ISK, los ahorradores pueden operar con acciones, fondos y otros productos sin declarar cada operación y retirar el dinero cuando lo deseen, sin penalización. El modelo ha tenido un éxito notable: alrededor de 3,5 millones de personas en Suecia, un país de 10,5 millones de habitantes, disponen de este tipo de cuenta, con un saldo medio cercano a las 300.000 coronas suecas (unos 28.000 euros), según datos de BME. Estas cuentas son de titularidad individual, sin límite de edad para su apertura, transferibles entre entidades financieras y con una protección de hasta 950.000 coronas (aproximadamente 88.000 euros), similar a la cobertura de 100.000 euros que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos en España.
Francia cuenta con el Plan d'Épargne en Actions (PEA), que permite invertir en empresas europeas y disfrutar de exenciones fiscales sobre las plusvalías si no se realizan retiradas durante los primeros cinco años, con un límite de 150.000 euros por inversor. En Reino Unido, el modelo es la Individual Savings Account (ISA), dirigida a ahorradores de entre 18 y 40 años, que permite aportaciones anuales de hasta 4.000 libras, complementadas por el Estado con hasta 1.000 libras adicionales. Los fondos pueden retirarse para la compra de vivienda o a partir de los 60 años.
El supervisor dio a conocer ayer la nueva circular 1/2025, con la que reduce y simplifica las obligaciones de información contable que deben remitir las entidades financieras. Hasta ahora, los bancos comunicaban sus datos conforme a lo establecido en la circular 4/2017 y a través de la Central de Información de Riesgos (CIR). La nueva norma ha entrado en vigor hoy y se concibe como una revisión de la circular 4/2017, conocida en el sector como la circular contable.
El Banco de España ha decidido actualizar esta normativa para adaptarla a los estándares de información financiera vigentes en la Unión Europea, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 17 de diciembre. Entre los cambios incluidos en la circular, que cuenta con cerca de medio centenar de páginas, destaca la eliminación de diferencias en los criterios contables aplicados a las cuentas anuales individuales y consolidadas. Asimismo, se han revisado las exigencias relativas a la cobertura del crédito sujeto a riesgo-país y a riesgo geopolítico.
La institución presidida por José Luis Escrivá precisa que el concepto de riesgo-país engloba el riesgo soberano, el riesgo de transferencia y otros factores asociados a la actividad internacional, como los conflictos bélicos o las catástrofes naturales.
El supervisor considera que las actuales obligaciones de información sobre riesgo-país incluyen elementos que se solapan con el riesgo soberano. Según recoge la nueva circular, uno de los objetivos de esta revisión es permitir que las entidades que calculan sus coberturas colectivas de riesgo de crédito mediante modelos internos puedan clasificar las operaciones sin verse obligadas a ajustarse a los grupos de riesgo-país previamente definidos.
Otro de los cambios incorporados es la introducción de una excepción en el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos derivados del tipo mínimo global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por otra parte, el Banco de España ha puesto en marcha un proceso para reemplazar determinados estados financieros reservados por información más detallada y desagregada. En este contexto, ha modificado la CIR para que el último envío de los estados financieros que serán sustituidos corresponda al 30 de junio del próximo año. Para ello, también se ha actualizado la circular 1/2013, que regula la CIR, incorporando nuevos datos granulares. De este modo, se reducen las cargas informativas vinculadas a los estados financieros de las entidades.
Con este conjunto de cambios, los bancos verán reducidas en aproximadamente un tercio las exigencias de información relacionadas con sus cuentas. El gobernador del Banco de España ha reiterado en distintas ocasiones su apuesta por la armonización de la regulación bancaria y ha señalado que el supervisor español se sitúa entre los más comprometidos con la simplificación normativa dentro de la eurozona.
Como muestra de esta línea de actuación, y de forma paralela a la nueva circular, el Banco de España trabaja en una circular ómnibus que se encuentra actualmente en fase de consulta pública previa. El objetivo de esta iniciativa es eliminar duplicidades en los requerimientos de información.
El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto el foco en la política de transferencia de riesgos que aplica la banca, una de las palancas más rentables del sector para reforzar el capital y liberar espacio en el balance con el objetivo de conceder créditos de mayor rentabilidad. Entidades como Santander, BNP o Deutsche Bank han movido miles de millones de euros mediante este mecanismo y prevén seguir utilizándolo. Desde el sector no interpretan las advertencias del regulador como una reprimenda, una visión que comparten varios especialistas en análisis de riesgo crediticio.
Las inquietudes del banco central se concentran, sobre todo, en las cesiones sintéticas de activos, una modalidad en la que se transfiere el riesgo de impago, pero los préstamos permanecen contabilizados en el balance de la entidad.
Este formato es el predominante en las transferencias significativas de riesgo (SRT, por sus siglas en inglés). El BCE teme que, en un escenario de tensión en los mercados, puedan surgir dificultades para refinanciar estas operaciones. De darse esa situación, los bancos podrían verse obligados a reincorporar a su balance activos que creían haber transferido.
CreditSights considera que la postura del supervisor no supone una novedad sustancial ni implica un cambio de rumbo. La firma especializada en crédito subraya la aparente contradicción de que el BCE advierta sobre los riesgos de este instrumento mientras avanza en el desarrollo de un mecanismo que permitirá autorizar las SRT de forma acelerada, siempre que no superen los 8.000 millones de euros ni generen un alivio de capital superior a 25 puntos básicos.
Con este sistema, el plazo de autorización se reduciría de tres meses a tan solo diez días laborables, una demanda histórica del sector bancario. "Es una señal de una visión favorable", señala CreditSights, que insiste en que el supervisor avala la estrategia actual de la banca y la considera beneficiosa para la solidez financiera del sistema.
Tras analizar en detalle el mensaje del BCE, la firma concluye que el tono empleado es relativamente flexible. "El supervisor advierte de que las SRT pueden entrañar riesgos si no se gestionan correctamente o si su volumen crece de forma excesiva. Es un planteamiento razonable y propio de un banco central, más que un cambio drástico en su enfoque sobre el uso de estas operaciones", explica.
Ello no implica que no existan riesgos. Otros organismos supervisores han alertado del posible impacto negativo de trasladar préstamos desde los bancos hacia ámbitos no regulados, donde el control es mucho menor. También preocupa el fenómeno del endeudamiento cruzado, en el que las propias entidades terminan financiando a los fondos que adquieren las SRT.
A estos riesgos se suman los de carácter reputacional. "Un uso excesivo de las SRT podría interpretarse de forma desfavorable, al sugerir dificultades para generar capital de manera orgánica a través de los beneficios", advierte Morningstar DBRS.
No obstante, la agencia de calificación descarta que este escenario se materialice. "No prevemos un aumento descontrolado del número de operaciones", afirma. CreditSights respalda esta visión y recuerda que estas transacciones representan una proporción limitada dentro del conjunto de la cartera crediticia bancaria.
Con un volumen moderado y sin indicios de que el BCE vaya a prohibirlas, Morningstar DBRS anticipa que las SRT seguirán teniendo un papel relevante. "Son una herramienta eficaz para gestionar el capital y optimizar el riesgo. Continuarán siendo un elemento clave en la estrategia de solvencia de los bancos europeos", concluye.
Además, el abanico de compradores se amplía progresivamente. Los fondos de crédito adquieren aproximadamente un tercio de las SRT, seguidos por otros fondos de inversión (18%), aseguradoras (14%) y fondos de pensiones (13%), según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Incluso el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones han empezado a participar en este mercado.
El Tribunal Constitucional (TC) ha dirigido una advertencia clara al conjunto de la Administración pública: la obligación de motivar una sanción corresponde únicamente al órgano administrativo que la impone y no puede ser subsanada ni completada posteriormente por los tribunales.
En una sentencia de notable trascendencia jurídica, el TC establece que permitir a un juez validar una sanción apoyándose en argumentos que la Administración no incorporó en su resolución supone una situación de indefensión para el ciudadano y altera el equilibrio entre poderes. El fallo impide que los tribunales asuman el papel de una "segunda administración" sancionadora y recalca que la función judicial consiste en controlar la legalidad de los actos administrativos, no en rehacerlos o perfeccionarlos para evitar su anulación.
Este pronunciamiento tiene su origen en el caso de Nikita Bakutin, un ciudadano ruso cuya expulsión fue acordada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona basándose exclusivamente en su situación administrativa irregular y en la aplicación automática de la normativa europea. La resolución no justificó la medida en posibles antecedentes policiales o penales.
No obstante, cuando el asunto llegó a los tribunales, estos avalaron la expulsión introduciendo por primera vez dichos antecedentes como fundamento de la sanción, pese a que no figuraban en la decisión administrativa inicial. El Constitucional ha anulado la expulsión al considerar que el juez no puede suplir a la Administración ni aportar razones que esta no utilizó.
Aunque la sentencia se dicta en el ámbito del derecho de extranjería, su doctrina tiene un alcance mucho más amplio y afecta de manera directa a la práctica habitual del contencioso administrativo, especialmente en los ámbitos tributario y de la competencia. El mensaje del TC es inequívoco: si la Administración impone una sanción -ya sea una multa, una expulsión o una regularización fiscal- y su motivación resulta insuficiente o incompleta, el acto deviene nulo. Ni el Abogado del Estado ni el juez pueden rescatar otros argumentos del expediente para sostener la sanción si estos no fueron expresamente recogidos en la resolución.
Especialistas en Derecho tributario advierten de que esta doctrina tendrá un impacto significativo en la impugnación de sanciones de la Agencia Tributaria. Es habitual que, en los recursos contra multas fiscales, los órganos económico-administrativos o los juzgados intenten mantener la sanción incorporando razonamientos sobre la culpabilidad del contribuyente que no quedaron debidamente explicitados por el inspector en el acta. A partir de esta sentencia, esa práctica de corregir o completar la motivación en beneficio de la Administración queda vetada desde el punto de vista constitucional.
Con este fallo, el Tribunal Constitucional refuerza el principio de legalidad sancionadora recogido en el artículo 25.1 de la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva. La resolución insiste en que el ciudadano articula su defensa en función de los motivos que la Administración le comunica. Si un juez confirma una sanción apoyándose en elementos no incluidos en la resolución original -como sucedió con los antecedentes en el caso Bakutin o como podría ocurrir con un componente de la base imponible en un procedimiento tributario-, se priva al afectado de la posibilidad de haber alegado sobre ese aspecto en la fase administrativa.
La sentencia eleva así el nivel de exigencia para la actuación de los funcionarios públicos. La motivación de la sanción debe ser completa y correcta desde el inicio. Los tribunales de lo contencioso-administrativo deben limitarse a comprobar si la actuación administrativa se ajusta a derecho, sin asumir la función de corregir defectos de motivación para asegurar, a toda costa, la imposición del castigo.
España cierra 2025 con la inflación en el 2,9%, igual que al inicio del año. Según los datos provisionales de diciembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los precios han seguido un recorrido circular: tras una primavera favorable, los aumentos se moderaron durante el resto del año, lo que deja una media anual del 2,7%, todavía por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%.
En diciembre, la inflación descendió una décima respecto a noviembre, gracias a la caída de los carburantes, aunque la diferencia con la zona euro sigue siendo cercana a un punto, lo que afecta a la competitividad de las empresas exportadoras. La media anual mejora ligeramente respecto a 2024, cuando fue del 2,8%, pero aún queda lejos de la normalización.
El precio de la electricidad ha tenido un papel determinante en este comportamiento. BBVA Research estima que, pese al aumento del 8% desde el apagón histórico de abril, la electricidad mayorista en España sigue más de un 20% por debajo de la media europea, aunque este incremento restará alrededor de una décima al crecimiento del PIB en 2025 y 2026. CaixaBank Research coincide en que la evolución del precio de la luz será clave para moderar la inflación en los próximos meses. La introducción de cambios en el PVPC desde enero debería aportar estabilidad, aunque la renegociación de contratos en el mercado libre podría generar presiones al alza.
El apagón de abril marcó un punto de inflexión, obligando a aumentar el uso de centrales de gas y a eliminar algunas medidas fiscales que abarataban la electricidad, lo que explica parte de la subida interanual desde finales de 2024.
Para Ángel Talavera, economista jefe de Oxford Economics para Europa, la brecha de inflación con la zona euro es normal debido al mayor crecimiento de la economía española, que tiende a sobrecalentar precios. No obstante, el diferencial en la inflación subyacente (2,3% de media) es reducido y el factor principal es la electricidad, que con el tiempo debería equilibrarse. Aun así, mantener esta diferencia prolongadamente podría afectar la competitividad.
BBVA Research estima que la normalización de la inflación tardará, aunque las tasas continuarán moderándose gradualmente: 2,5% en 2026 y 2,2% en 2027, lo que favorecerá la recuperación del poder adquisitivo y el consumo privado, impulsado por el crecimiento de las rentas laborales y la recuperación salarial.
A corto plazo, la política monetaria no contribuirá a reducir la inflación española, ya que el BCE mantiene los tipos en el 2% para garantizar estabilidad, dado que en la zona euro la inflación sí está controlada. En cambio, la caída del precio del petróleo Brent, que ronda los 60 dólares por barril, la fuerte reducción del gas natural y el fortalecimiento del euro frente al dólar ayudan a contener los precios energéticos.
Uno de los efectos más visibles de esta inflación persistente será la revalorización de las pensiones, que se ajustará al 2,7% en 2026, tomando como referencia la inflación media de los doce meses entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025.
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