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(Expansión, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cede el control de las financieras al Banco de España

El Ministerio de Economía ha decidido transferir al Banco de España la competencia para autorizar las fusiones entre los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC). Esta modificación se incluye en el Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, presentado a comienzos de mes por el departamento encabezado por Carlos Cuerpo y que permanecerá en fase de consulta pública hasta este viernes. La futura norma no solo atribuye al Banco de España la supervisión de las fusiones, sino que también le otorga la facultad de autorizar la creación de estos establecimientos, así como las bajas y otras transformaciones estructurales. De este modo, dichas competencias dejarán de depender del Gobierno y pasarán a estar bajo la supervisión directa del regulador bancario. Según recoge el texto legal, el objetivo de estos cambios es reforzar la independencia del supervisor, de manera que sea el Banco de España quien asuma la responsabilidad de resolver los procedimientos de autorización de los establecimientos financieros de crédito. El Anteproyecto establece que cualquier operación de fusión, escisión o cesión total o parcial de activos y pasivos en la que participe un establecimiento financiero deberá contar con la autorización del Banco de España, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. Esta disposición implica una modificación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Asimismo, se precisa que la entidad resultante de la fusión de dos o más EFC podrá continuar desarrollando las actividades para las que estaban autorizadas las entidades fusionadas. Este mismo régimen se aplicará a las dos nuevas categorías de prestamistas que introduce la ley con el fin de profesionalizar el crédito al consumo y fomentar la competencia: las Entidades Financieras de Crédito de Ámbito Limitado y los Proveedores de Crédito de Alto Coste Autorizados. En ambos casos, los procesos de constitución, reestructuración y cese también quedarán bajo la supervisión del Banco de España. Desde el Ministerio de Economía se aclara que la transferencia de competencias se limita exclusivamente a estos tres tipos de entidades, dado que su elevada fragmentación y su especialización en financiación no hacen necesario mantener mecanismos adicionales de autorización ministerial vinculados a la prestación de servicios bancarios. Economía subraya igualmente que esta reforma no modifica el régimen aplicable a las entidades de crédito reguladas por la Ley 10/2014, de 26 de junio, que transpone las directivas bancarias europeas. En este ámbito, el Gobierno pretende conservar parte del control sobre las ofertas públicas y las fusiones, aun reconociendo el papel supervisor del Banco de España. Este marco normativo adquirió especial relevancia hace un año, tras la opa hostil fallida de BBVA sobre Sabadell, que fue rechazada por el Ejecutivo desde sus primeras etapas en mayo de 2024. La actuación del Gobierno dio lugar a la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea, cuya resolución sigue pendiente mientras Bruselas evalúa las últimas modificaciones legales aprobadas en España.

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(Expansión, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE saca la artillería contra los CoCos: son más complejos que las "subprime"

La iniciativa del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar el riesgo de los bonos contingentes convertibles bancarios -conocidos como CoCos o AT1- o incluso suprimirlos no ha generado un gran impacto en el sector financiero. Muchos expertos consideran que la propuesta no llegará a materializarse y, de hecho, las entidades han continuado emitiendo este tipo de deuda con normalidad. Sin embargo, la discusión sigue abierta dentro del BCE, especialmente tras la publicación de un nuevo documento de trabajo. En él, la institución sostiene que los CoCos presentan un nivel de complejidad superior al de los productos financieros que estuvieron en el origen de la Gran Crisis Financiera, en alusión directa a la titulización de hipotecas subprime. El informe recuerda que la crisis de 2007-2009 respondió a múltiples factores, entre ellos la sofisticación excesiva de determinados instrumentos y las carencias regulatorias. De forma paradójica, señala que las titulizaciones y los bonos asociados a ellas resultan mucho más sencillos si se comparan con la deuda surgida como consecuencia de la propia crisis. En este sentido, los CoCos son descritos como instrumentos extremadamente complejos, con importantes dificultades de valoración y, por tanto, con problemas para una correcta formación de precios. El trabajo, elaborado por Ricardo Correia, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Francisco Javier Población García, del BCE, refuerza la postura de la autoridad monetaria de que estos bonos no están desempeñando el papel para el que fueron concebidos. Los CoCos se diseñaron tras la crisis financiera como un mecanismo de absorción de pérdidas mediante su conversión en capital en situaciones de tensión, con el objetivo de sostener a las entidades emisoras. No obstante, los dos episodios más relevantes en los que se activaron acabaron siendo procesos de liquidación: el del Banco Popular en 2017 y el de Credit Suisse en 2023. En ambos casos, estos instrumentos cumplieron su función regulatoria de trasladar pérdidas a los inversores, pero no sirvieron para salvar a las entidades, sino para facilitar su absorción por Santander y UBS, respectivamente, reduciendo el coste de dichas operaciones. Con la intención de corregir esta situación, el BCE ha incorporado los CoCos a su propuesta de simplificación de la normativa bancaria en la eurozona. Aunque no ha concretado medidas, la iniciativa ha encontrado resistencia en el sector, que advierte del riesgo de encarecer la financiación de la banca. El documento vuelve a alimentar el debate al subrayar varios de los problemas asociados a estos instrumentos: la incertidumbre derivada de los detonantes discrecionales, las diferencias de criterio entre supervisores nacionales y la falta de reglas claras para decidir la suspensión del pago de cupones. Aunque estas objeciones no son novedosas, los autores plantean posibles alternativas. Entre ellas, destacan la deuda subordinada creada tras la crisis financiera -que también puede convertirse en capital- y los bonos convertibles inversos o reversibles, que permiten al emisor decidir en el vencimiento, bajo ciertas condiciones, si devuelve el principal a los inversores o lo sustituye por acciones. El informe apunta que, por su mayor simplicidad y rentabilidad, los bonos subordinados Tier 2 podrían impulsarse como alternativa a los CoCos AT1. Asimismo, sugiere analizar el uso de los bonos convertibles inversos como sustitutos o complementos, ya que evitan algunos de los problemas, especialmente los relacionados con la valoración. El estudio no desarrolla más estas propuestas y deja en manos del BCE la decisión de ignorar el análisis o explorar nuevas opciones. Mientras tanto, el mercado permanece a la espera: hay en circulación 224.000 millones de euros en CoCos, correspondientes a 332 emisiones de 106 bancos repartidos en 24 países.

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(Expansión, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE sopesa multas a quienes revienten los precios hipotecarios

El Banco Central Europeo tiene previsto llevar a cabo este año una revisión transversal de las políticas de concesión de crédito y de la fijación de precios de las carteras de préstamos en toda Europa. Este análisis ha encendido las alertas en el sector financiero, ante el temor de que deje al descubierto prácticas cuestionables -o, al menos, mejorables- especialmente en el negocio hipotecario. Desde el propio sector bancario se viene advirtiendo de que algunas entidades están compitiendo mediante una fuerte rebaja de precios y aplicando tipos de interés difícilmente justificables. Muchas de estas estrategias se atribuyen a bancos digitales. Entre las voces más críticas destaca la de Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, a la que se han sumado también Héctor Grisi, de Santander, y Onur Genç, de BBVA. Ortiz denunció recientemente, durante la presentación de resultados anuales, que los tipos anunciados en la publicidad no se corresponden con los que finalmente se formalizan. Según explicó, se están concediendo hipotecas a tipo fijo con diferenciales de hasta 100 puntos básicos por debajo del swap, e incluso muy por debajo del coste al que se financia el Estado español a diez años. En la práctica, esto supone ofrecer préstamos hipotecarios a 30 años con intereses inferiores al 2%. A su juicio, esta política está dando lugar a carteras poco rentables que podrían convertirse en un problema a medio plazo. En caso de que el BCE identifique deficiencias en estas prácticas, instará a las entidades a corregirlas. Si no lo hacen dentro del plazo establecido, el supervisor podría imponer sanciones o exigir mayores colchones de capital. Fuentes del sector apuntan a que podrían producirse efectos relevantes, ya que algunas entidades no estarían cumpliendo determinadas recomendaciones incluidas en una guía reciente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Por el momento, la revisión de las carteras crediticias aún no cuenta con una fecha concreta de inicio. Todo ello se produce en un contexto de fuerte dinamismo del mercado hipotecario, que previsiblemente superará las cifras de 2024, el mejor ejercicio de la última década, con 423.761 operaciones. Las previsiones apuntan a que se rebasará con holgura el umbral del medio millón de hipotecas. Al mismo tiempo, el BCE ya ha comenzado a solicitar información a las entidades para la próxima prueba de resistencia, centrada en los riesgos geopolíticos, cuyos resultados se darán a conocer en julio. Por primera vez, se tratará de un test de estrés inverso, en el que serán los propios bancos los encargados de identificar los escenarios que podrían generar un mayor impacto negativo en sus balances.

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(El Economista, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno utilizará el nuevo fondo soberano para impulsar la oferta de vivienda

El Ejecutivo tiene previsto apoyarse en el fondo soberano de nueva creación para reforzar el alcance de sus políticas en materia de vivienda. Esta plataforma de inversión nace con la vocación de convertirse en un instrumento clave para impulsar iniciativas ambiciosas, como el Plan de Vivienda 2026-2030. Para ello, el Gobierno recurrirá a todas las herramientas disponibles del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad que actuará como eje central del fondo, especialmente en lo relativo a la colaboración público-privada. De este modo, la actuación del ICO no se limitará únicamente a facilitar financiación mediante avales o líneas de crédito a promotores y empresas del sector inmobiliario. Según fuentes del propio Gobierno y del Instituto consultadas por elEconomista.es, también se contempla que el ICO adopte un papel más activo en el desarrollo de los proyectos, llegando incluso a tomar participaciones en las compañías responsables de su ejecución. Este tipo de intervención no resulta ajena al ICO, que ya dispone de instrumentos -a través de fondos gestionados directamente o mediante entidades vinculadas- que le permiten entrar en el capital de empresas. Esta estrategia se ha utilizado tradicionalmente en ámbitos como la innovación y las nuevas tecnologías, donde el ICO actúa como socio estable y como inversor de referencia, aportando confianza y atrayendo capital privado adicional. Ahora, el Gobierno estudia extender este modelo a un sector más tradicional como el de la vivienda. No obstante, desde el Ejecutivo subrayan que el fondo soberano, denominado España Crece, no dejará de lado el impulso al sector tecnológico. Entre sus objetivos figura canalizar recursos hacia start-ups y empresas innovadoras mediante instrumentos del ICO, incluyendo ayudas no reembolsables destinadas a favorecer su crecimiento y expansión. Pese a ello, la prioridad central del Gobierno es aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles. En esta línea, el Ministerio de Vivienda ya ha realizado inversiones a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esfuerzos que tendrán continuidad en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este último contará con una dotación de 7.000 millones de euros, de los cuales al menos el 40% se destinará a la construcción de vivienda asequible. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reiterado la importancia de garantizar que las viviendas financiadas con recursos públicos mantengan su protección de forma permanente, de modo que sigan sirviendo al interés general. En este sentido, ha señalado que únicamente aquellas promociones con protección indefinida podrán optar a la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda. El fondo España Crece aportará 10.500 millones de euros al ICO, lo que el Ministerio de Economía ha calificado como la mayor inyección de capital en la historia de esta institución. Gracias a estos recursos, el ICO podrá incrementar su capacidad de apalancamiento hasta los 60.000 millones de euros, cifra que podría duplicarse si se suma la participación de entidades privadas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el objetivo es que la financiación del ICO llegue a proyectos inmobiliarios que no resultan atractivos para la banca privada en el corto plazo. Según Cuerpo, esta intervención permitirá ofrecer condiciones más favorables, plazos más largos y un acceso al crédito más adecuado a las necesidades del sector. La puesta en marcha del fondo soberano responde a la voluntad del Gobierno de mejorar la financiación del tejido productivo nacional, aprovechando la fortaleza de la economía. En este contexto, el Ejecutivo ha optado por renunciar a solicitar el 70% de los préstamos Next Generation que aún tenía asignados para 2026 -unos 60.000 millones de euros- con el fin de disponer de una fuente de financiación propia, más barata y sin la limitación temporal que impone el calendario europeo. La inyección de recursos en el ICO a través de España Crece busca así dar respuesta a las necesidades de financiación de la economía española y, en particular, del sector inmobiliario, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda. Por el momento, los detalles operativos del fondo aún están en fase de definición. Desde el Ministerio de Economía señalan que se está trabajando en su diseño y funcionamiento, sin que por ahora se puedan concretar aspectos adicionales. La previsión es que España Crece esté plenamente operativo al cierre del primer trimestre del año. Aunque la vivienda figura como uno de los ejes prioritarios del fondo, el Gobierno insiste en que también atenderá a otros ámbitos estratégicos, como el apoyo a start-ups y empresas innovadoras. En conjunto, la iniciativa persigue crear una red nacional de financiación para la economía española independiente de los recursos de la Unión Europea.

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(Cinco Días, 26-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El desorden mundial lleva al oro a superar los 5.000 dólares ante una demanda de inversión que desborda la oferta

El oro ha superado la barrera histórica de los 5.000 dólares por onza tras una escalada prácticamente continua, impulsada por un entorno internacional cada vez más incierto. La tensión geopolítica refuerza su papel como valor refugio y, al mismo tiempo, contribuye a debilitar al dólar, un factor que favorece directamente la revalorización del metal precioso. A ello se suman las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos y el temor a un repunte de la inflación, elementos que han intensificado una subida sin precedentes. Después de dispararse un 64% en 2025, el oro acumula ya un avance del 14% en lo que va de 2026. Durante la madrugada alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 4.967 dólares la onza, con una ganancia semanal cercana al 8%. La plata también se revalorizó con fuerza hasta rozar los 100 dólares por onza, mientras que el platino marcó igualmente niveles récord. Según ING, el repunte del oro responde a una sucesión de sacudidas geopolíticas, como la detención en Estados Unidos del líder venezolano o la persistente incertidumbre sobre la posición de Washington respecto a Groenlandia. A estos factores se añaden los cuestionamientos sobre la Reserva Federal. En este contexto de aumento de la deuda estadounidense y mayor imprevisibilidad política, los inversores optan por metales preciosos en detrimento de divisas y bonos soberanos. Goldman Sachs considera que la tendencia alcista aún tiene margen y prevé que el oro cierre 2026 en torno a los 5.400 dólares por onza, apoyado en un escenario que dispara la demanda. La entidad señala que desde 2025 las subidas se han intensificado porque los bancos centrales, tras aumentar significativamente sus compras entre 2023 y 2024, compiten ahora por una oferta limitada de lingotes con los inversores privados. Esta demanda procede tanto de fondos cotizados como de nuevas fórmulas de cobertura frente a riesgos globales, especialmente compras físicas por parte de grandes patrimonios y operaciones en mercados de derivados. Los analistas describen esta situación como un proceso de "degradación", en el que activos tradicionales como las divisas o la deuda pública pierden peso en las carteras en favor del oro. Este desplazamiento también eleva el precio de otros metales por un efecto arrastre, aunque en el caso de la plata existe un componente especulativo más acusado. En el mercado del oro, muy líquido, el problema radica en que la oferta no logra satisfacer una demanda en constante crecimiento. Desde JP Morgan Private Bank, Yuxuan Tang explica que el oro vive una revalorización sostenida a medida que se resquebraja el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, muchos inversores perciben el metal como una cobertura fiable frente a riesgos estructurales difíciles de medir. En esta línea, el banco central de Polonia, líder mundial en compras declaradas de oro, aprobó esta semana un plan para adquirir otras 150 toneladas, mientras que la India ha reducido a mínimos de cinco años sus tenencias de deuda del Tesoro estadounidense. La plata, arrastrada por la fortaleza del oro, ha multiplicado por más de tres su precio en el último año. Su avance también se ha visto favorecido por una contracción histórica de las posiciones bajistas y por una oleada de compras de inversores particulares que el sistema financiero ha tenido dificultades para absorber. Además, la incertidumbre en torno a la revisión de la política china sobre licencias de exportación ha reforzado la sensación de escasez en un mercado ya de por sí muy volátil, incluso después de que Estados Unidos optara por no imponer aranceles generales a la importación de minerales críticos como la plata y el platino.

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(El País, 26-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE asegura estar “lista” para implementar el pacto comercial de Mercosur cuando los socios latinoamericanos empiecen a ratificarlo

La Unión Europea asegura que podrá activar de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur en cuanto los países del bloque sudamericano comiencen a ratificarlo. Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de disipar las inquietudes surgidas al otro lado del Atlántico tras la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE, un movimiento interpretado mayoritariamente como una maniobra para ganar tiempo. "Actuaremos cuando ellos lo hagan", señaló Von der Leyen al finalizar una reunión extraordinaria de líderes europeos celebrada el jueves por la tarde en Bruselas para abordar las "relaciones transatlánticas" después de la crisis de Groenlandia. Aunque el pacto con Mercosur no figuraba entre los asuntos centrales del encuentro, sí fue tratado en la sesión a puerta cerrada convocada por el presidente del Consejo Europeo. En ese marco, varios Estados miembros manifestaron su respaldo a una puesta en marcha rápida del acuerdo. Entre los dirigentes que apoyaron una entrada en vigor inmediata, aunque sea provisional, se encontraba el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien defendió el impulso de alianzas comerciales y apostó por activar cuanto antes el tratado con Mercosur. En la misma línea se expresó el canciller alemán, Friedrich Merz, que criticó abiertamente la decisión del Parlamento Europeo y reclamó avanzar sin dilaciones. Desde el Foro Económico de Davos, antes de viajar a Bruselas, Merz afirmó que el acuerdo es "justo y equilibrado" y que resulta imprescindible para impulsar el crecimiento europeo. Con un tono más moderado, pero coincidente en el fondo, también se pronunciaron el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, que consideró que el proceso "debería continuar", y el jefe del Ejecutivo austriaco, Christian Stocker, quien, pese a haber votado en contra en el Consejo la semana anterior, calificó la aplicación provisional como una práctica habitual. Desde el punto de vista institucional, Von der Leyen no necesitaba una nueva autorización del Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno, aunque sí contaba con el respaldo previo del Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros a nivel ministerial. Así lo explicó António Costa, al recordar que los gobiernos nacionales ya habían dado su visto bueno la semana pasada, al tiempo que autorizaron a la Comisión a firmar el acuerdo, algo que se formalizó el sábado en Asunción, Paraguay. Aun así, Costa hizo explícito ese apoyo en su comparecencia ante la prensa durante la madrugada del viernes, al instar a la Comisión a utilizar la decisión del Consejo para poner en marcha la aplicación provisional del tratado. Con ello, otorgó un respaldo político claro a la presidenta de la Comisión. Este gesto responde a una realidad evidente en Bruselas: el principal escollo no es jurídico, sino político. Por un lado, la UE es consciente de la creciente impaciencia de los países del Mercosur, que desean que el acuerdo entre en vigor cuanto antes. Paraguay prevé presentar el texto la próxima semana ante la Comisión Permanente del Congreso, Argentina lo debatirá en sesiones extraordinarias a partir de febrero, y tanto Brasil como Uruguay mantienen su intención de ratificarlo con rapidez. Por otro lado, la Comisión procura no tensar aún más la relación con el Parlamento Europeo, donde existe un claro malestar ante la posibilidad de que se margine al hemiciclo en un asunto de tanta relevancia. Con una futura votación que se prevé muy ajustada y un Parlamento profundamente dividido, el Ejecutivo comunitario no puede permitirse perder apoyos por decisiones precipitadas o mal interpretadas. La llamada de Costa a Von der Leyen proporciona, en este contexto, un respaldo político que permitirá a la presidenta centrarse en su siguiente reto: evitar un mayor desgaste en la Eurocámara. Fuentes comunitarias indican que la Comisión está dispuesta a escuchar a todas las sensibilidades y que la propia Von der Leyen trabajará directamente con los grupos parlamentarios para recabar el mayor apoyo posible. Además, como recordó la presidenta de la Comisión, pese a la presión, no existe una urgencia inmediata. Todavía no se ha tomado ninguna decisión porque no será necesaria hasta que uno o varios países del Mercosur completen sus trámites internos, algo que Bruselas no prevé que ocurra antes de uno o dos meses. Cuando llegue ese momento, aseguró Von der Leyen, la Unión Europea cumplirá su parte. Una promesa que resume su mensaje y que, previsiblemente, volverá a recordarse en breve: la UE estará preparada cuando lo estén sus socios.

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(El País, 26-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La sentencia del Supremo sobre el tope al alquiler de vivienda abre la vía para nuevas limitaciones en los precios

España atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda, marcada por el fuerte encarecimiento de los precios y por un número creciente de hogares que ven comprometida su capacidad para afrontar el pago de una hipoteca o un alquiler. Ante esta situación, dentro del Ejecutivo coexisten dos planteamientos distintos para abordar el problema: uno partidario de una mayor intervención pública y otro que apuesta por soluciones más vinculadas al funcionamiento del mercado. Aunque el debate sigue abierto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el límite del 2% a la actualización de los alquileres impuesto por el Gobierno en 2022 refuerza la posibilidad de adoptar medidas excepcionales de regulación en este ámbito. La resolución, conocida este martes, concluye que la medida aprobada para mitigar los efectos de la crisis inflacionaria no vulnera el derecho a la propiedad privada cuando su objetivo es salvaguardar otro derecho constitucional, como el acceso a una vivienda digna, y cuando se fundamenta en la función social de la propiedad. Esta interpretación, según coinciden numerosos juristas consultados y el Ministerio de Consumo, no solo valida las decisiones ya adoptadas, sino que amplía el margen para futuras intervenciones directas en el mercado del alquiler, siempre que estén debidamente justificadas y sean proporcionadas a la situación de emergencia habitacional. Desde el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy (Sumar), se sostiene que de la sentencia "se desprende con claridad que el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad prevalecen sobre otros intereses", en aplicación del artículo 33.2 de la Constitución, que consagra dicha función social. Asimismo, el departamento defiende que el Supremo avala el uso de reales decretos-ley para implantar este tipo de limitaciones, al tratarse de normas aprobadas en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que no afectan al contenido esencial del derecho de propiedad ni a la libertad de empresa. En una posición distinta se sitúa el Ministerio de Vivienda, liderado por el PSOE, que insiste en que sus informes técnicos y jurídicos no encuentran respaldo legal suficiente para prorrogar de forma obligatoria los contratos de alquiler que vencen o para imponer nuevos topes de precios, como plantea Sumar. Este ministerio recuerda, además, que el marco legal para contener el alza de los alquileres ya existe a través de la declaración de zonas tensionadas, cuya aplicación depende de las comunidades autónomas, muchas de las cuales han optado por no activar este mecanismo. Entre ambas posturas se sitúan los expertos, que consideran viable la adopción de nuevas medidas extraordinarias sin incurrir en inconstitucionalidad a la luz de esta sentencia. En esta línea se expresa Andrei Quintiá, investigador en Derecho Público de la Universidad de Santiago de Compostela, quien sostiene que el debate se ha desplazado desde la constitucionalidad hacia el diseño concreto de las políticas públicas. A su juicio, una limitación de los precios del alquiler es plenamente compatible con el marco constitucional español, e incluso no aprecia obstáculos jurídicos para que estos topes tengan carácter indefinido. Recuerda, además, que países como Países Bajos o Suecia cuentan con sistemas estables de control de rentas supervisados por órganos administrativos. Quintiá subraya que el elemento clave reside en cómo se configure la medida: debe evitar efectos confiscatorios, respetar un núcleo mínimo del derecho de propiedad y aplicarse con cautela para no provocar una caída significativa de la oferta. No obstante, considera que la realidad española -con un parque de vivienda social muy limitado que deja el acceso a la vivienda en manos del mercado- justifica sobradamente la adopción de fórmulas regulatorias más ambiciosas, especialmente en un contexto de precios desbocados y con una próxima renovación masiva de contratos. En términos similares se pronuncia Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), quien entiende que la doctrina del Supremo puede extenderse a otras herramientas de contención del mercado. Según su análisis, el razonamiento del alto tribunal -que legitima la limitación de rentas para hacer frente a contextos inflacionarios y proteger a los inquilinos- podría aplicarse a medidas como la prórroga excepcional y obligatoria de los contratos o la imposición de topes de precios, con el objetivo de evitar un aumento de los desahucios en un escenario de emergencia habitacional. Jacinto añade que estas medidas no supondrían una novedad jurídica, ya que contarían con el respaldo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de precedentes como los informes favorables del Defensor del Pueblo. En su opinión, el principal escollo no es legal, sino político: la escasa aplicación de las zonas tensionadas por parte de las comunidades autónomas ha dejado al Estado sin instrumentos eficaces a corto plazo, lo que convierte la prórroga forzosa o los límites obligatorios de precios en algunas de las pocas opciones con capacidad real para frenar la escalada del alquiler y su creciente uso especulativo. Una visión más prudente es la de Virginia Jover Herrero, abogada del despacho López-Ibor, quien advierte de que la sentencia del Supremo no debe interpretarse como una autorización automática para desplegar nuevas intervenciones sin un análisis jurídico específico. A su entender, el fallo se limita a validar una medida excepcional adoptada en 2022 en un contexto muy concreto, marcado por la crisis inflacionaria derivada, entre otros factores, del encarecimiento de la energía tras la guerra en Ucrania. Por ello, recalca que "no supone un cheque en blanco para generalizar cualquier tipo de límite en el futuro". Jover señala que cualquier nueva regulación debería contar con su propia justificación: demostrar la existencia de una situación extraordinaria, acreditar la proporcionalidad de la medida, su carácter temporal y la ausencia de efectos confiscatorios sobre el derecho de propiedad. Solo si se cumplen estas condiciones -esto es, si no se elimina la utilidad económica del inmueble ni se vacía el contenido esencial del derecho- podría defenderse su constitucionalidad. Con todo, reconoce que la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia y amplía el margen para futuras intervenciones. Por su parte, los sindicatos continúan analizando el alcance del fallo. Los servicios jurídicos de Comisiones Obreras estudian hasta qué punto las conclusiones del Tribunal Supremo pueden servir de base para nuevas iniciativas legislativas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

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(Expansión, 23-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE perderá 4.400 millones por cada mes sin ratificar Mercosur

La decisión del Parlamento Europeo de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo comercial con Mercosur amenaza con debilitar la capacidad exportadora del bloque en un momento especialmente delicado, marcado por el aumento de las fricciones comerciales con Estados Unidos. España se juega este año alrededor de dos décimas de crecimiento del PIB y figura como el cuarto país más perjudicado, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. Si, como decía Benjamin Franklin, "el tiempo es oro", el nuevo aplazamiento en la ratificación del acuerdo con Mercosur puede traducirse en pérdidas multimillonarias para la Unión Europea. En un contexto de tensiones arancelarias globales, la decisión de llevar el pacto ante la Justicia comunitaria paraliza la apertura de un mercado estratégico y genera un coste de oportunidad superior a los 4.000 millones de euros por cada mes de retraso. De acuerdo con estimaciones del Icese (European Centre for International Political Economy), cada mes de 2026 en el que el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no entre en vigor supondrá para la UE una merma de 4.400 millones de euros en PIB y cerca de 3.000 millones en exportaciones que dejarán de materializarse. Los analistas del centro calculan que el retraso acumulado desde 2021 -fecha inicialmente prevista para la firma- ha costado ya a los Veintisiete unos 291.000 millones de euros en crecimiento económico, incluidos 183.000 millones en ventas exteriores no realizadas. Además, se ha perdido la oportunidad de mejorar el acceso a insumos clave y de diversificar las cadenas de suministro. Esta cifra equivale aproximadamente al 1,6% del PIB total de la Unión Europea, o a dos años de crecimiento nominal del bloque. El impacto podría agravarse aún más. Si la entrada en vigor del acuerdo se pospone un año adicional, algo considerado probable dado el calendario judicial del TJUE, las pérdidas podrían elevarse hasta los 344.000 millones de euros en crecimiento económico y 216.000 millones en exportaciones frustradas. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur fue cerrado formalmente el pasado sábado en Asunción (Paraguay), tras una negociación especialmente compleja dentro del bloque comunitario, donde los intereses nacionales han estado profundamente enfrentados. Sin embargo, apenas unos días después, el Parlamento Europeo aprobó recurrir el pacto ante el TJUE en una votación muy ajustada -334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones- en la que la extrema derecha respaldó la iniciativa impulsada por los grupos de izquierda. El recurso se centra, en particular, en el denominado mecanismo de reequilibrio, que permitiría a los países de Mercosur impugnar futuras normativas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. También se cuestiona la estrategia de la Comisión Europea de dividir el acuerdo en dos partes -una política y otra comercial- para facilitar su ratificación por mayoría cualificada, evitando la unanimidad y la aprobación parlamentaria en todos los Estados miembros. Aunque la denuncia retrasa formalmente la ratificación, la Comisión Europea dispone de margen legal para comenzar a aplicar el acuerdo de forma provisional. No obstante, países como Francia, que se opuso hasta el final por el impacto negativo previsto sobre su sector agroalimentario, están presionando para que se espere al pronunciamiento del tribunal. Según los cálculos de Icese, Alemania es el país más perjudicado por el retraso, al haber dejado de exportar bienes por valor de 71.000 millones de euros entre 2021 y 2026, lo que equivale a renunciar a un 1,7% de su PIB en un periodo de debilidad económica. Francia ocupa el segundo lugar, con 38.000 millones de euros en ventas exteriores perdidas -el equivalente a un año de crecimiento-, seguida de Italia, con 29.000 millones, lo que supone 1,6 años de avance económico. España figura como el cuarto país más afectado, con unos 20.000 millones de euros en exportaciones no realizadas, especialmente en sectores como la industria, el transporte, la logística o el turismo. De haberse aplicado el acuerdo en el último lustro, la economía española habría crecido un punto porcentual adicional. En el corto plazo, el país se juega alrededor de dos décimas de PIB este año mientras el pacto siga bloqueado. Desde el punto de vista sectorial, las mayores pérdidas se concentran en actividades donde la Unión Europea goza de claras ventajas competitivas frente a Mercosur. El sector más castigado es el de material de transporte, con un déficit acumulado de 94.000 millones de euros en exportaciones debido a los seis años de retraso. Le siguen la maquinaria y los equipos industriales, con 23.800 millones; la industria química, con 21.200 millones; los productos de hierro y acero, con 12.600 millones; el sector agroalimentario, con cifras similares; y la industria farmacéutica, con pérdidas estimadas en 11.500 millones de euros.

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(El Economista, 23-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las sentencias inventadas por la IA provocan el caos en la justicia

La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito judicial español también está dejando episodios de errores graves derivados de las llamadas "alucinaciones" de estos sistemas. Juzgados de Ceuta, Canarias y Navarra ya han registrado casos en los que se han utilizado referencias jurídicas inexistentes generadas por herramientas de IA. Dos de estos incidentes han salido a la luz este mismo mes de enero. En uno de ellos, un abogado de Melilla presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta dictara un auto apoyándose en un escrito del Ministerio Fiscal que incluía supuesta jurisprudencia del Tribunal Supremo que en realidad no existía y que había sido creada por una herramienta de inteligencia artificial. En Canarias, el problema fue detectado antes de que tuviera mayores consecuencias. Un letrado recurrió a la IA para redactar un recurso de apelación en el que se citaban resoluciones judiciales falsas. Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrió una investigación para determinar si se había vulnerado el principio de buena fe procesal. El tercer caso se produjo en Navarra en 2024. Un abogado utilizó una aplicación de IA para preparar una querella e incorporó una referencia normativa errónea, concretamente un precepto del Código Penal colombiano. En este supuesto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidió archivar las actuaciones una vez que el profesional reconoció el fallo. Estos episodios se suman a más de 800 casos documentados a nivel internacional, teniendo en cuenta únicamente aquellos que han dejado rastro público, bien porque los errores aparecen reflejados en resoluciones judiciales o porque se han impuesto sanciones. Damien Charlotin, abogado francés especializado en derecho internacional y arbitraje e investigador principal en la escuela de negocios HEC de París, mantiene un exhaustivo registro de litigios de todo el mundo afectados por el uso incorrecto de la inteligencia artificial. Su trabajo recoge incidentes en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil, Argentina o Italia, en los que la IA ha generado sentencias, precedentes o referencias legales inexistentes. Ángel Sancho, director de inteligencia artificial y sistemas de información legal en Lefebvre, explica que las tres alucinaciones más habituales de la IA en el ámbito jurídico consisten en inventar resoluciones judiciales, atribuir citas literales que nunca se han pronunciado y forzar interpretaciones de la jurisprudencia. A su juicio, el principal riesgo surge cuando los profesionales del derecho recurren a herramientas generalistas, como ChatGPT, en lugar de soluciones diseñadas específicamente para el ámbito jurídico. Según Sancho, actualmente el uso de la IA avanza a dos velocidades. Mientras que el Ministerio de Justicia está incorporando herramientas destinadas a servir de apoyo a jueces y funcionarios, centradas en tareas como la clasificación de documentos, la elaboración de resúmenes o la búsqueda de información, en los despachos de abogados su empleo es más intenso y se utiliza como un verdadero asistente jurídico. Pese a estos esfuerzos, advierte de que muchos usuarios no se limitan a las herramientas oficiales y recurren directamente a aplicaciones generalistas de uso libre. Estas presentan, a su juicio, dos grandes limitaciones: por un lado, su información solo está actualizada hasta una fecha determinada, a pesar de que diariamente se aprueban nuevas normas y se dictan nuevas sentencias; por otro, carecen de un criterio claro sobre el origen y la fiabilidad de los datos que ofrecen. Sancho añade que este tipo de sistemas tienden a proporcionar respuestas que resulten satisfactorias para el usuario. Si se les solicita una sentencia sobre una materia concreta y no disponen de información fiable, recurren a patrones generales para dar una respuesta verosímil y, si se insiste, pueden llegar a inventar referencias jurídicas sin dificultad. Esta capacidad de generar contenidos plausibles, unida a la dificultad para verificar de inmediato las fuentes, convierte a los modelos generalistas en una herramienta especialmente delicada en el ámbito legal. Desde su punto de vista, la solución pasa por una doble vía: utilizar aplicaciones especializadas y cambiar la forma en que los profesionales interactúan con la IA. En el caso de las herramientas jurídicas avanzadas, se incorporan mecanismos que obligan al sistema a ceñirse a un corpus normativo concreto, a identificar las fuentes y a ajustarse a las exigencias propias del razonamiento legal. Aun así, insiste en que la verificación final siempre debe recaer en el usuario. En última instancia, la responsabilidad por los errores derivados del uso de la inteligencia artificial en escritos procesales o resoluciones judiciales recae en quienes la emplean, ya sean abogados, fiscales o jueces. Los letrados pueden enfrentarse a sanciones disciplinarias tanto en el ámbito procesal como colegial, mientras que los jueces cuentan también con mecanismos de control y corrección por falta de diligencia. En Estados Unidos, no obstante, los tribunales están mostrando una mayor indulgencia con los ciudadanos que se representan a sí mismos y que, de forma incorrecta, utilizan la IA para preparar su defensa.

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(El País, 23-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de los alimentos golpea a los hogares pobres el doble que a los ricos

La inflación puede compararse con un impuesto encubierto, aunque con características muy particulares. Las subidas de precios se producen sin previo aviso, no figuran explícitamente en ningún recibo ni pasan por ningún trámite democrático, y además suelen tener un efecto desigual: afectan proporcionalmente más a quienes cuentan con menos ingresos. Las cifras de 2025 así lo confirman. El aumento del coste de los alimentos tuvo un impacto el doble de intenso en los hogares con menos recursos que en los más acomodados, debido a que la alimentación ocupa una parte mucho mayor de su gasto mensual. Si se observa la inflación acumulada desde 2021, cuando comenzó el repunte de los precios, el resultado vuelve a ser el mismo: las familias con menor poder adquisitivo han soportado un encarecimiento casi tres puntos superior al de las rentas más altas, según un estudio del centro EsadeEcPol. El origen de esta escalada de precios se sitúa en la salida de la pandemia, cuando la demanda se recuperó más rápido que la oferta tras meses de restricciones. A ese contexto ya tensionado se sumó posteriormente la guerra en Ucrania, que agravó aún más la situación. En 2022, la inflación alcanzó tasas de dos dígitos, niveles que no se registraban desde los años ochenta, tras la segunda crisis del petróleo. Con el paso del tiempo y gracias a distintas medidas adoptadas por las administraciones, como ayudas al transporte o rebajas fiscales, el aumento de los precios se ha ido moderando. En diciembre, último dato disponible, el IPC se situó en el 2,9%, lo que refleja una cierta normalización, aunque el impacto acumulado sigue siendo especialmente duro para los hogares con presupuestos más ajustados. El informe de EsadeEcPol clasifica a la población en diez grupos según su nivel de renta y, utilizando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, calcula la inflación soportada por el hogar medio de cada uno en 2025. La conclusión es clara: el encarecimiento de los precios afectó en mayor medida a las familias con menos ingresos, que registraron una inflación del 3%, frente al 2,4% soportado por los hogares más ricos. Más allá de esta visión general, el análisis incorpora matices relevantes. Uno de los principales es el comportamiento de los precios de los alimentos, cuyo impacto ha sido claramente desigual. Las familias más vulnerables destinan una mayor proporción de su renta a la compra de comida, por lo que el aumento de estos precios les afecta con mayor intensidad. En el caso del decil más bajo, el encarecimiento de los alimentos añadió un punto completo a su inflación, mientras que en el decil más alto la contribución fue de medio punto. La bajada de precios en productos como aceites y grasas ayudó a que la diferencia no fuera aún mayor. Entre los alimentos que más subieron de precio en el último año destacan los huevos, la carne de vacuno, el café y el chocolate. Un patrón similar se observa en el coste de la recogida de basuras, que fue el concepto que más se encareció en términos absolutos en 2025, con aumentos superiores al 30% tras la implantación de la nueva tasa municipal. De nuevo, el impacto fue más acusado en los hogares con menos recursos, donde esta subida contribuyó casi tres veces más a la inflación que en los hogares con mayores ingresos. Según el informe, este aumento explicó alrededor de una décima adicional de la brecha inflacionaria entre los distintos niveles de renta. El precio de la electricidad también reforzó este efecto desigual. Tras haber tenido ya un papel relevante en 2024, en 2025 se completó la retirada de las rebajas fiscales aprobadas durante la crisis energética. En enero, el IVA de la luz volvió al 21%, lo que se tradujo en un aumento del IPC de cinco décimas para los hogares más pobres, frente a solo dos décimas en los más ricos. En sentido contrario, durante 2025 se encarecieron algunos bienes y servicios más habituales entre las rentas altas. Los precios de restaurantes y hoteles, consumidos con mayor frecuencia por los hogares más acomodados, continuaron creciendo por encima de la media. Esta categoría registró un aumento del 4,4%, aportando más de 0,6 puntos a la inflación de los hogares con mayores ingresos, el doble que en el caso de los más pobres. Algo similar ocurrió con los seguros privados de salud, cuyos precios subieron cerca de un 10% y cuyo impacto se concentró casi exclusivamente en la mitad superior de la distribución de renta. El estudio de EsadeEcPol, como en ediciones anteriores, no analiza las diferencias de precios dentro de cada categoría de consumo. No distingue, por ejemplo, si los productos que más se han encarecido son los más caros o los más baratos. Esta cuestión es relevante porque, cuando los mayores incrementos afectan a los bienes de menor precio -un fenómeno conocido como baratoflación-, el efecto vuelve a ser regresivo, ya que estos productos son los más consumidos por los hogares con menos ingresos. De hecho, en la cesta de la compra, los alimentos básicos y más económicos han sido los que más han subido desde el inicio del repunte inflacionario en 2021. Entre ese año y 2024, su precio aumentó un 37%, según un informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. En este grupo se incluyen productos de consumo diario como la leche o la mantequilla, cuyos precios se incrementaron en más de un 30%, así como el aceite de oliva, que, pese a haberse abaratado recientemente, acumula una subida cercana al 80%. Un aumento que, una vez más, recae con mayor fuerza sobre los hogares con menos recursos.

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