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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE deja los tipos en el 2%, pero promete ser "ágil" ante el "elevado impacto en la inflación" por Irán

El banco central ha optado por mantener sin variaciones los tipos de interés en esta nueva reunión, aunque ha elevado de forma notable sus previsiones de inflación para este año -en siete décimas- y ha reiterado su compromiso de actuar con contundencia para contenerla. El Banco Central Europeo (BCE) mantiene así su postura prudente. Ha decidido dejar el precio del dinero en el 2%, nivel en el que se sitúa desde junio del año pasado, aunque no descarta movimientos en el corto plazo. La decisión, adoptada por unanimidad bajo la presidencia de Christine Lagarde, responde a la necesidad de analizar con mayor detenimiento el impacto del nuevo encarecimiento energético que atraviesa la Unión Europea, provocado nuevamente por tensiones geopolíticas. El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han impulsado al alza los precios del gas y del petróleo, lo que podría presionar la inflación en la zona euro por encima del objetivo del BCE. La institución reconoce que esta situación incrementa la incertidumbre, al generar riesgos de mayor inflación y menor crecimiento económico. De hecho, prevé un efecto significativo a corto plazo en los precios debido al aumento del coste de la energía. De cara al medio plazo, el BCE señala que todo dependerá de factores como la duración e intensidad del conflicto y de cómo el encarecimiento energético se traslade a los precios de consumo y a la actividad económica. Ante este escenario incierto, ha elaborado distintos supuestos en sus previsiones, sin que ninguno resulte especialmente tranquilizador. En su escenario central, el organismo estima que la inflación alcanzará el 2,6% en 2026, lo que supone una revisión al alza respecto a cálculos anteriores. Posteriormente, se moderaría hasta situarse cerca del 2% en 2027 y 2028. En cuanto al crecimiento, prevé tasas moderadas: un 0,9% en 2026, un 1,3% en 2027 y un 1,4% en 2028, lo que implica una ligera rebaja, aunque sin anticipar una recesión. Estas previsiones parten de la hipótesis de que el precio del petróleo rondará los 90 dólares por barril y que el gas natural alcanzará unos 50 euros por megavatio/hora en el segundo trimestre de 2026, para después estabilizarse. Sin embargo, este escenario dependerá en gran medida de la evolución del conflicto. En este contexto, aumentan las expectativas de que el BCE intervenga. Los mercados ya anticipan posibles subidas de tipos, algo que también se refleja en sus proyecciones. Lagarde ha subrayado que el Consejo de Gobierno actúa con serenidad, pero también con determinación, dejando claro que están preparados para ajustar la política monetaria si es necesario. La presidenta insistió en que el objetivo es asegurar que la inflación vuelva al entorno del 2% a medio plazo, lo que ha reforzado la idea de que podría haber una subida de tipos en próximas reuniones, incluso en la de abril. Aun así, el BCE insiste en que tomará decisiones en función de la evolución de los datos y no seguirá una hoja de ruta fija. La urgencia de reaccionar con rapidez se explica porque este nuevo episodio inflacionario llega poco tiempo después del anterior, provocado por la guerra en Ucrania, cuando la inflación superó el 10% y obligó a subir los tipos hasta el 4%. Lagarde advierte además de que tanto empresas como trabajadores aún recuerdan ese episodio, lo que podría acelerar reacciones como subidas salariales o de precios. Este comportamiento podría desencadenar efectos indirectos que alimenten aún más la inflación en el corto plazo. La enorme incertidumbre derivada de la guerra de Irán ha llevado al BCE a publicar sus proyecciones macroeconómicas contemplando diversos escenarios. El más adverso resulta especialmente lesivo para las perspectivas económicas de la zona euro, con una inflación que escala al 4,6% este mismo año y que se mantiene en el tiempo elevándose al 4,8% en 2027. Esta situación está marcada por un impacto mayor en el suministro de energía con una interrupción del hasta un 60% del suministro de petróleo y gas natural por el estrecho de Ormuz. 

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(Expansión, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI alerta de "perturbaciones significativas" en la economía mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una desaceleración de la economía mundial y ha adelantado que reducirá sus previsiones de crecimiento para 2026 como consecuencia del aumento de las tensiones bélicas en Oriente Próximo. El organismo, dirigido por Kristalina Georgieva, alertó de que ya se están produciendo "alteraciones relevantes" en la economía global, con un menor dinamismo económico acompañado de un repunte de la inflación. El FMI pone el acento en los efectos de un posible shock energético prolongado, marcado por el fuerte encarecimiento del petróleo y las dificultades en las rutas comerciales, lo que podría afectar de forma significativa al equilibrio económico mundial en los próximos meses. El bloqueo del tránsito de crudo y gas en el estrecho de Ormuz, junto con los daños en infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, está generando tensiones en los mercados y provocando una subida notable de los precios, según el organismo. El alza del petróleo se presenta como el principal canal de impacto. De acuerdo con sus estimaciones, un incremento sostenido del 10% en el precio del crudo podría elevar la inflación global en unas cuatro décimas y reducir el crecimiento económico mundial entre una y dos décimas. El barril de Brent ha superado los 100 dólares tras encarecerse cerca de un 50% en el último mes. El principal riesgo es que esta subida de precios se mantenga en el tiempo. Tal y como explicó la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, las consecuencias dependerán de la duración y la intensidad del conflicto. En este contexto, adelantó que el organismo revisará a la baja sus previsiones en el próximo informe de Perspectivas Económicas Globales, previsto para abril. Cabe recordar que en enero el FMI había mejorado ligeramente su previsión de crecimiento mundial para 2026, situándola en el 3,3%, aunque ya advertía de riesgos a la baja asociados a tensiones geopolíticas y comerciales, ahora agravadas por la guerra en Irán. La combinación de energía más cara, problemas logísticos y una mayor incertidumbre internacional está complicando el panorama para gobiernos y bancos centrales. Instituciones como el Banco Mundial o la Agencia Internacional de la Energía han advertido recientemente de que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría derivar en una crisis energética de gran alcance, con efectos en cadena sobre la industria, el transporte y el consumo. Además del petróleo, el conflicto también está afectando a otros mercados clave. El FMI advierte de que el encarecimiento de materias primas, junto con las interrupciones en el transporte marítimo y en el suministro de fertilizantes, podría trasladarse rápidamente a los precios de los alimentos. Este impacto sería especialmente grave en países emergentes y en desarrollo, donde el gasto en productos básicos es mayor y el margen fiscal más reducido. La inestabilidad también se refleja en los mercados financieros. Según Kozack, ha aumentado la volatilidad tanto en economías avanzadas -como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea- como en mercados emergentes. En este contexto, el alza del petróleo y el temor a un endurecimiento de las condiciones financieras están elevando el riesgo en distintos activos, mientras los inversores buscan refugio en valores considerados más seguros, como el oro o la deuda pública estadounidense, aunque sin garantías en un entorno tan incierto. El FMI subraya que este nuevo shock llega en un momento especialmente delicado para los bancos centrales. Tras meses intentando controlar la inflación, un nuevo repunte energético podría obligar a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que frenaría aún más la actividad. Instituciones como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra se enfrentan así a un escenario de "estanflación moderada", caracterizado por bajo crecimiento y presiones inflacionistas persistentes, que podría condicionar sus decisiones de política monetaria en los próximos meses.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio del gas se dispara un 24% y el petróleo alcanza los 116 dólares ante los ataques de Irán a instalaciones energéticas

Más de dos semanas después del estallido de la guerra en Irán, el conflicto ha entrado en una etapa más grave, marcada por ataques continuados contra infraestructuras energéticas que están impulsando con fuerza los precios del petróleo y el gas, aumentando así su impacto económico. Tras los bombardeos israelíes sobre un importante yacimiento gasista iraní, Teherán respondió atacando el miércoles la terminal de gas de Ras Laffan -la mayor del mundo- y, al día siguiente, instalaciones petroleras saudíes en el mar Rojo, un punto clave para la exportación de crudo del reino. Como consecuencia, el precio del gas natural se ha disparado un 24% en la jornada y ya duplica su valor desde el inicio de la guerra, reavivando en Europa el recuerdo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania. La planta de Ras Laffan, responsable de cerca de una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado, sufrió importantes daños tras varios ataques que provocaron grandes incendios, según Qatar Energy. Aunque la instalación ya estaba paralizada por las dificultades para que los buques atraviesen el estrecho de Ormuz, los desperfectos añaden incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse la producción. Analistas como los de ING advierten de que el problema ya no es solo la reapertura del tráfico marítimo, sino también el tiempo necesario para reparar las instalaciones dañadas, algo que aún se desconoce. Por otro lado, Irán también lanzó drones contra el complejo petrolero saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que provocó un repunte inmediato del precio del crudo. Este enclave resulta estratégico, ya que permite a Arabia Saudí mantener sus exportaciones gracias a un oleoducto que conecta con los yacimientos del golfo Pérsico. Aunque su capacidad es limitada, puede canalizar alrededor de cinco millones de barriles diarios, siendo un punto clave para los clientes de la petrolera estatal Aramco. Los expertos consideran que estos ataques suponen un salto cualitativo en la gravedad del conflicto. Según Norbert Rücker, de Julius Baer, el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro aumenta cuando los daños afectan directamente a las instalaciones productivas y no solo al transporte. En los próximos días, añade, se podrá evaluar mejor si el mundo se enfrenta a una crisis energética más intensa y duradera. Otros analistas, como Susan Sakmar o Arne Lohmann Rasmussen, advierten de que el suministro de gas podría verse afectado durante meses o incluso años, situando este episodio como un posible punto de inflexión comparable -o incluso superior- al sabotaje del Nord Stream. El encarecimiento del gas llega además en un momento delicado para Europa, que, tras un invierno más frío de lo habitual, necesita reponer unas reservas estratégicas por debajo de la media. Al mismo tiempo, países asiáticos, grandes compradores del gas qatarí, tendrán que acudir al mercado internacional para compensar la pérdida de suministro, presionando aún más los precios. En el plano político, el presidente Donald Trump ha pedido el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas. A través de su red Truth, aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí al yacimiento de South Pars y afirmó que no se repetirán acciones contra ese enclave. No obstante, advirtió de que Washington podría intervenir de forma contundente si los activos energéticos de Qatar vuelven a ser objetivo. Además, dejó abierta la posibilidad de atacar la isla iraní de Kharg, principal punto de exportación de crudo del país. La escalada no se limita a estos ataques. Arabia Saudí ha interceptado misiles sobre Riad y drones dirigidos contra instalaciones energéticas en el este del país, mientras que dos refinerías en Kuwait han sido alcanzadas. También Emiratos Árabes Unidos ha suspendido operaciones en su planta de gas de Habshan tras incidentes similares, aunque Baréin ha negado daños en sus infraestructuras. Según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la tensión en el estrecho de Ormuz impide una resolución rápida del conflicto, y cualquier medida adicional para presionar a Irán podría elevar aún más los precios de la energía. En paralelo, para contener el encarecimiento, Trump ha suspendido temporalmente la Ley Jones, con el objetivo de abaratar el transporte de petróleo y gas en Estados Unidos. Además, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos tienen previsto reunirse con representantes del sector energético para analizar la situación.

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(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El diésel sube un 29% y la gasolina un 16% en España desde el ataque de Estados Unidos a Irán

El ritmo al que están subiendo los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Próximo supera incluso al registrado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Y, salvo que la situación en Irán se resuelva de forma rápida, todo apunta a que esta tendencia alcista continuará en las próximas semanas. Actualmente, el precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,709 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,837 euros, según el último Boletín Petrolero de la UE, con datos recogidos hasta el lunes. Al tratarse de medias, existen estaciones donde los precios son más altos o más bajos. Esto supone que la gasolina cuesta un 16% más que antes del inicio de los ataques sobre Teherán, y el diésel un 29% más. Estos incrementos superan los registrados en las primeras semanas de la guerra en Ucrania, cuando los precios subieron un 12% y un 20%, respectivamente. A pesar de ello, en términos absolutos, los carburantes aún no han alcanzado los máximos de 2022, cuando en junio la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el diésel a 2,100 euros. Sin embargo, no se descarta que se superen esos niveles, especialmente porque en la actual crisis el petróleo está teniendo un mayor peso en los mercados que el gas natural, aunque ambos hayan subido con fuerza. El barril de crudo ha superado los 110 dólares debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán -una vía clave por la que pasa cerca del 20% del petróleo mundial- y a los ataques sobre infraestructuras energéticas. Medidas como la liberación de reservas estratégicas han evitado, por ahora, subidas aún mayores. No obstante, los expertos coinciden en que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será la presión sobre los precios y, en consecuencia, sobre la inflación. En España, el precio de la gasolina alcanza niveles no vistos desde octubre de 2023, en un contexto marcado también por los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia. En el caso del diésel, hay que remontarse a noviembre de 2022 para encontrar cifras más elevadas. Tradicionalmente, el diésel ha sido más barato que la gasolina, pero esa diferencia ha desaparecido en la actual coyuntura, ya que Europa tiene capacidad excedentaria para producir gasolina, pero depende de importaciones para cubrir su demanda de gasóleo. El encarecimiento es generalizado en toda la Unión Europea, donde los precios medios son superiores a los españoles: 1,838 euros por litro en gasolina y 1,949 en diésel. España se sitúa en una posición intermedia: en 11 países la gasolina es más cara y en 15 más barata. Países Bajos registra el precio más alto (2,262 euros por litro), mientras que Bulgaria presenta el más bajo (1,331 euros). En el caso del diésel, hay 14 países donde el coste es mayor que en España. Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta alrededor de 94 euros en un vehículo de gasolina y algo más de 101 euros en uno diésel. Según el Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), el impacto de estos combustibles en la inflación de marzo será significativo: el diésel aportará 0,57 puntos al IPC y la gasolina 0,32. Si a esto se suma el encarecimiento de la electricidad, que añadirá otros 0,21 puntos, el efecto conjunto sobre la inflación será de aproximadamente 1,1 puntos adicionales en marzo, a falta de considerar otros factores como el comportamiento de los alimentos, cuyos precios siguen mostrando resistencia a bajar. El dato oficial del IPC será publicado por el Instituto Nacional de Estadística el próximo 27 de marzo.

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(El Periódico, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Eurocámara da el primer paso para aprobar el acuerdo comercial con EEUU

La comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo de Turnberry, el pacto alcanzado en julio de 2025 entre la Comisión Europea y Estados Unidos, por el que la UE aceptaría aranceles generales del 15% sin responder con medidas similares, a cambio de que ese porcentaje actúe como límite máximo para las exportaciones europeas. La tramitación del acuerdo se había paralizado tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, pero esta semana ha vuelto a activarse. El texto ha salido adelante con 29 votos a favor, 9 en contra y una abstención, y ahora deberá someterse a votación en el Pleno del Parlamento el próximo 26 de marzo. Este paso forma parte del proceso de ratificación, que aún no ha concluido. Una vez reciba el respaldo del Pleno, el acuerdo deberá seguir el procedimiento legislativo europeo habitual y negociarse con el Consejo, donde están representados los Estados miembros. El presidente de la comisión INTA, el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, ha señalado que el documento busca aportar estabilidad y equilibrio, subrayando que el Parlamento quiere mantener el control del proceso y tener la última palabra en su aplicación. El texto también incorpora una advertencia ante posibles presiones comerciales de Estados Unidos. Los eurodiputados han dejado claro que consideran inaceptable la imposición de aranceles como respuesta a decisiones de política exterior de la UE o de sus países miembros, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia o en recientes tensiones con España. En este sentido, han reforzado la cláusula de suspensión: si se aplicaran nuevos aranceles, el Parlamento podría paralizar de inmediato la tramitación de las ventajas comerciales previstas para productos estadounidenses. Además, los legisladores europeos han introducido como condición que Washington reduzca los aranceles sobre productos europeos con bajo contenido en acero o aluminio, pasando del 50% actual al 15% establecido en el acuerdo. Sin embargo, persiste una fuerte desconfianza hacia la administración estadounidense, ya que muchos eurodiputados dudan de que se respete el espíritu del pacto. Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha instado a avanzar en la ratificación. Tras un revés judicial que anuló la base legal de los aranceles estadounidenses, Trump volvió a imponerlos recurriendo a otra vía legal que permite aplicar gravámenes temporales, fijándolos en el 10%, aunque posteriormente ha amenazado con elevarlos hasta el 15%. Ante esta posibilidad, el Parlamento Europeo advierte de que un aumento de este tipo podría llevar a un nuevo bloqueo del proceso de aprobación del acuerdo.

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(El Economista, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los pisos turísticos esquivan el veto de los vecinos si la comunidad no elevó a tiempo la prohibición en el Registro de la Propiedad

Los propietarios que adquirieron una vivienda antes de que la comunidad de vecinos registrara oficialmente en el Registro de la Propiedad unos estatutos que prohíben el uso turístico del inmueble no quedan sujetos a esa limitación. Así lo establece una resolución de la Dirección General de Seguridad y Fe Pública, publicada el 14 de marzo, en la que se da la razón a una empresa que compró una vivienda cuando la comunidad ya había acordado vetar los pisos turísticos, pero sin haber formalizado aún ese acuerdo en el registro correspondiente. En este caso, la junta de propietarios adoptó la decisión el 28 de septiembre de 2021, y la compañía adquirió el inmueble tres meses después. No obstante, los estatutos no se inscribieron en el Registro de la Propiedad hasta marzo de 2024. Posteriormente, en junio, el registrador denegó a la empresa el Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), requisito obligatorio desde julio para anunciar la vivienda en plataformas digitales. La Dirección General ha fallado a favor de la empresa basándose en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, que señala que los derechos o títulos sobre bienes inmuebles que no estén inscritos correctamente no pueden perjudicar a terceros. Conviene recordar que, desde el 3 de abril de 2025, los propietarios que deseen destinar su vivienda al alquiler turístico deben contar con la aprobación de la comunidad de vecinos, mediante una mayoría de tres quintos. Sin embargo, esta exigencia no se aplica a quienes ya desarrollaban esta actividad con anterioridad.

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(El Economista, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La UE propone que la IA pague a la prensa por explotar reiteradamente sus contenidos

Europa propone que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativas, como ChatGPT o Gemini, paguen a los medios de comunicación y a cualquier titular de derechos de autor como artistas o creadores de contenidos creativos, por entrenarse con sus publicaciones u obras y utilizarlas para generar respuestas. El Parlamento Europeo ha dado la voz de alarma a la Comisión y le remitió el pasado 10 de marzo una serie de recomendaciones en las que le insta a elaborar un marco jurídico adicional sobre derechos de autor. "La legislación vigente en materia de derechos de autor resulta insuficiente para abordar el reto de la concesión de licencias para el uso por la IA generativa de material protegido", indica. El Parlamento pone especial énfasis en proteger al sector periodístico "cuyos servicios son explotados plena y reiteradamente por los sistemas de IA" desviando "de forma demostrable" el tráfico y los ingresos de los medios de comunicación. En este aspecto, plantea que la prensa pueda tener plenos derechos sobre sus contenidos digitales de modo que puedan vetar a las IA generativas su uso para entrenarse y dar respuestas y que, si quieren utilizar estas publicaciones, paguen. Insta a estudiar la posibilidad de que estos proveedores de sistemas de IA "compensen a dichos medios de manera justa, proporcionada y no discriminada, prestando especial atención a los medios de comunicación locales y regionales" para proteger el pluralismo y el discurso democrático. Alba María López, socia asociada del área legal de Elzaburu, señala que las recomendaciones del Parlamento evidencian que ha detectado un problema y llama la atención proponiendo unas bases para elaborar un plan de acción. "Quiere fomentar que los medios tengan pleno control sobre el uso digital de sus contenidos con fines de entrenamiento y que se les deje excluir de forma sólida y operativa las publicaciones porque reconocen que se explotan de forma reiterada. Valora establecer un mecanismo de protección, pero de momento no apunta en qué consiste, pero sí se entiende que buscaría un esquema de compensación justa atendiendo al uso que hace", explica. La experta añade que Europa también muestra su preocupación por la falta de transparencia de estas herramientas sobre los contenidos con los que se nutren, lo que puede dar lugar a sesgos y desinformación. "Se quita ese papel atribuido a los medios de voz autorizada y solvencia que fomenta la calidad de la información a la que los ciudadanos tienen derecho y afecta a una cultura democrática sana", destaca Alba María López. Por ello, la abogada de Elzaburu considera que la Comisión tendrá en cuenta estas recomendaciones. "No creo que vaya a ignorarlas porque la calidad de la información es clave en el estado en el que estamos ahora mismo. Cuando se ha visto que la IA desinforma, en un estado prebélico en Europa pero bélico a nivel global, es algo que interesa tenerlo previsto", asevera. Además, señala que también sirve como un aviso a navegantes para las industrias extranjeras que han entrenado a sus modelos con bases de datos de obras protegidas sin ninguna consideración. La experta indica que el Parlamento también propone articular un mercado de licencias centralizado desde Europa para conceder a la IA la utilización de obras creativas, artísticas, informativas o cualquier otra con derechos de autor a cambio de una contraprestación.

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(La Vanguardia, 20-03-20226) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC recomienda cambios normativos y técnicos para evitar un nuevo apagón

Tras decidir no elaborar un informe que señalara responsables por el apagón que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado este jueves un documento alternativo centrado únicamente en propuestas para evitar que se repita un episodio similar o reducir sus efectos. En él plantea ajustes normativos y técnicos para prevenir variaciones bruscas de tensión y mejorar la coordinación entre los operadores de las redes. El organismo considera que, en el momento del incidente, el sistema contaba con herramientas regulatorias y mecanismos suficientes para garantizar el suministro. Esta valoración coincide con la del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha recibido positivamente el informe, y también con la postura de las compañías eléctricas, que interpretan estas conclusiones como una prueba de que no fueron responsables del apagón. El documento, aprobado por el consejo de administración del regulador el miércoles, se ha publicado justo antes de que se conozca otro informe elaborado por el panel de expertos de la asociación europea de operadores de red Entso-e. Llega también poco después de la comparecencia en el Senado de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Según fuentes cercanas al organismo, se optó por retrasar su aprobación para lograr un mayor consenso interno, lo que ha dado lugar a un texto más moderado. Aunque la ley que regula la CNMC le permite identificar responsables en casos de fallos en el suministro, el organismo ha optado por no hacerlo en este caso, alegando falta de seguridad jurídica, ya que los posibles afectados no podrían recurrir la decisión por vía administrativa. En su lugar, mantiene abierta la investigación iniciada tras el apagón y, en su caso, podrá iniciar un expediente sancionador. Por ello, el informe tiene carácter consultivo. Entre las recomendaciones, la CNMC destaca la complejidad de las infraestructuras compartidas por distintos productores, subrayando la necesidad de definir con claridad las responsabilidades para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. También propone avanzar en la armonización de normas a nivel nacional y europeo en relación con los límites de tensión y la duración de las sobretensiones, así como reforzar las inspecciones periódicas de los sistemas de protección y comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones tras su certificación. El organismo insiste en que es necesario adaptar continuamente los marcos técnicos, operativos y regulatorios a un sistema eléctrico en transformación, marcado por una mayor presencia de energías renovables, una operativa más compleja y una mayor volatilidad en la tensión. Según explica, el análisis se ha basado en la información recabada y en reuniones mantenidas con los distintos agentes del sector. El Ministerio para la Transición Ecológica ha agradecido el enfoque del regulador y ha señalado que sus conclusiones coinciden con las del informe elaborado por el comité de análisis del Gobierno el pasado junio. Desde entonces, asegura, ya se han incorporado algunas de las recomendaciones, como un mayor control sobre las obligaciones de regulación de tensión, y se trabaja en otras medidas, como mejorar la digitalización de las redes, aumentar su capacidad de supervisión o reforzar las interconexiones internacionales. Desde el apagón se han publicado varios informes que, según fuentes del sector, evitan asumir responsabilidades. Entre ellos, el del propio ministerio y el del operador del sistema, Red Eléctrica, que atribuyó el incidente al incumplimiento de ciertas normas por parte de las compañías eléctricas. El documento de la CNMC, publicado casi un año después, tampoco señala culpables. Se espera además otro informe del panel de expertos europeos, que seguirá la línea de uno anterior centrado en describir los hechos. Tras conocer el contenido del informe, la patronal de las grandes eléctricas, Aelec -integrada por Iberdrola, Endesa y EDP-, ha valorado positivamente sus conclusiones, al considerar que confirman que los generadores no fueron responsables del apagón, que atribuyen a problemas en la gestión del sistema y a oscilaciones de tensión. La asociación sostiene que las empresas actuaron conforme a la normativa y que una aplicación adecuada de las herramientas disponibles habría reducido el riesgo. Asimismo, Aelec defiende la necesidad de revisar los procedimientos operativos y eliminar ciertas limitaciones aplicadas tras el incidente, con el objetivo de optimizar el control de tensión sin comprometer la seguridad del suministro. También respalda la propuesta de fijar en 420 kV el límite operativo de tensión. Por su parte, el operador del sistema coincide en la importancia de cumplir la normativa vigente y asegura que ya aportó pruebas de que actuó conforme a ella durante y después del apagón, tal y como exigía la legislación. El informe incluye además recomendaciones para otros sectores dependientes del suministro eléctrico, como el gas, los carburantes, el transporte ferroviario o las telecomunicaciones. En este último ámbito, se propone avanzar en la normativa sobre seguridad y resiliencia de las redes y mejorar la coordinación con la planificación eléctrica, incorporando sistemas automáticos de alerta.

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(El Economista, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las tecnológicas aumentan sus despidos en más del 50% en lo que va de año por culpa de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) empieza a tener un efecto cada vez más visible en las plantillas de las empresas tecnológicas, con un volumen de despidos en lo que va de año un 52% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Así lo refleja un ranking sectorial elaborado por el portal Layoff, que recopila datos de 60 compañías a partir de fuentes como Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times o The Guardian, además de información publicada por las propias empresas. En total, los recortes de empleo conocidos hasta ahora en el sector tecnológico ascienden a 38.645 puestos, lo que supone 13.200 más que los 25.411 eliminados entre enero y mediados de marzo del año pasado. Estas cifras comienzan a confirmar las previsiones de algunos expertos del sector, que anticipaban un impacto significativo de la IA sobre el empleo, incluso antes de lo esperado. Es el caso de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, quien advirtió que esta tecnología podría suprimir hasta la mitad de los trabajos de oficina en unos cinco años. En la misma línea, un estudio de la Universidad de Oxford estimaba que cerca del 47% de los empleos en Estados Unidos podrían ser automatizados en un horizonte de una o dos décadas. Si la tendencia actual se mantiene, los despidos en el sector podrían superar los 165.000 a lo largo del año, lo que representaría un aumento del 33% respecto a 2025, ejercicio en el que solo Intel eliminó 22.000 empleos. Entre las compañías más afectadas destaca Amazon, que lidera los recortes en este primer trimestre tras anunciar en enero la salida de 16.000 empleados, a los que se suman otros 14.000 puestos ya en riesgo desde octubre de 2025. También sobresalen Block, dedicada a los pagos digitales, con 4.000 despidos, y ASML, que ha comunicado la salida de 1.700 trabajadores. Otras empresas relevantes como Ericsson y Atlassian han reducido sus plantillas en 1.600 empleados cada una. Meta, por su parte, ha recortado 1.500 puestos en el primer trimestre del año, aunque esta cifra es un 59% inferior a la del mismo periodo de 2025. Asimismo, se han producido ajustes importantes en compañías como Wisetech (2.000 empleos), Livspace (1.000) y Pinterest (700). En el caso de Microsoft, la empresa ha negado los rumores sobre un supuesto plan de despidos masivos que hablaba de hasta 22.000 salidas, tras haber reducido su plantilla en 10.000 personas en 2023, 1.900 en 2024 y 15.000 en 2025. Desde Amazon, su vicepresidenta de People Experience & Technology, Beth Galetti, ya reconocía a finales de enero que el entorno empresarial evoluciona a gran velocidad, al justificar los recortes. No obstante, evitó vincular directamente estas medidas a un cambio estructural impulsado por la IA, señalando que cada equipo seguirá ajustando su organización en función de la eficiencia, la agilidad y la innovación orientada al cliente. Aun así, la compañía tiene en el horizonte un ambicioso plan de automatización que podría implicar la sustitución de hasta 600.000 puestos de trabajo por robots de aquí a 2033.

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(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España activará mecanismos para mantener bajo control los fondos para minoristas de deuda privada

La deuda privada se ha convertido en uno de los principales focos de inquietud en los mercados. Los fondos especializados en conceder financiación fuera del circuito bancario tradicional han comenzado a abrirse a inversores minoristas, lo que ha intensificado la atención sobre su funcionamiento. En Estados Unidos ya se han producido cierres de carteras y restricciones a los reembolsos, debido a que estos vehículos invierten en préstamos que, por su naturaleza, no pueden liquidarse de forma inmediata. Ante este contexto, España y la Unión Europea preparan una regulación específica para los fondos que ofrecen cierta liquidez -los denominados fondos "evergreen" o semilíquidos-, a los que se exigirá una gestión especialmente prudente y la realización de pruebas de resistencia anuales. Estos fondos permiten a los inversores recuperar su dinero en determinadas ventanas, aunque invierten en activos no cotizados. Su crecimiento ha sido notable: han aumentado un 20% a nivel global en los últimos dos años, alcanzando los 419.000 millones de dólares, impulsados por el interés de inversores particulares y clientes de banca privada que buscan acceso a mercados privados sin renunciar a cierta liquidez. La Comisión Europea ha decidido intervenir con una directiva -pendiente de transposición- que pone el foco en los riesgos derivados del auge del crédito privado, advirtiendo de posibles impactos micro y macroprudenciales que podrían extenderse al conjunto del sistema financiero. En España, la CNMV será la encargada de autorizar y supervisar estos vehículos. La nueva normativa obligará a las gestoras a no solo cumplir con requisitos formales, sino también a realizar tests de estrés anuales para evaluar su capacidad de atender reembolsos. Estos análisis deberán contemplar escenarios adversos, como subidas de tipos de interés, ampliación de diferenciales, impagos o presión masiva de retiradas. El objetivo es evitar situaciones como la vivida en Estados Unidos, donde gestoras como Blue Owl han tenido que bloquear fondos para minoristas, o BlackRock, que ha limitado los reembolsos al 5% ante una avalancha de solicitudes. También se han aplicado restricciones en productos de Morgan Stanley y Cliffwater, lo que refleja una tensión creciente en este segmento. La preocupación se extiende más allá de la deuda privada. Desde el ámbito del private equity, algunas voces advierten de que una parte relevante del sector ya se encuentra en situación de estrés o dificultad, lo que podría agravar el escenario actual. Uno de los factores de riesgo es que aproximadamente el 80% de los préstamos en este mercado se conceden a empresas participadas por fondos de capital riesgo, generalmente a tipos más elevados que los de la banca. Esto implica mayor rentabilidad, pero también un nivel de riesgo superior. Además, fuentes financieras alertan de posibles salidas de capital ante el aumento de la incertidumbre, especialmente en empresas susceptibles de verse afectadas por cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. No obstante, algunas entidades financieras han defendido la calidad de sus exposiciones, descartando un deterioro generalizado del crédito. La regulación busca, sobre todo, evitar problemas de liquidez. Para ello, contempla herramientas como la posibilidad de limitar reembolsos, ya sea a nivel de fondo o por inversor, retrasar los plazos de pago o incluso, en casos excepcionales, satisfacer los reembolsos mediante la entrega de activos en lugar de efectivo. Asimismo, se prohíbe una práctica considerada especialmente peligrosa: la estrategia de "conceder para distribuir", que consistía en otorgar préstamos con la intención de venderlos posteriormente a otros fondos. La normativa exigirá que las gestoras retengan parte del riesgo, reforzando así la calidad del crédito concedido. En paralelo, la normativa europea establece un marco común mínimo, pero también introduce cierta flexibilidad en las herramientas de liquidez. Esto podría impulsar el desarrollo de nuevos vehículos en España, donde la CNMV ya ha autorizado varios fondos de este tipo para inversores minoristas. El supervisor español analiza con detalle aspectos como la coherencia entre la estructura del fondo, su estrategia de inversión y la liquidez real de los activos, así como la capacidad de atender reembolsos sin generar conflictos entre inversores. En cualquier caso, la CNMV mantiene una vigilancia estrecha sobre estos productos, con el objetivo de evitar situaciones como las vividas en el pasado, cuando algunos fondos inmobiliarios en España se vieron obligados a bloquear reembolsos tras la crisis financiera de 2008.

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