Noticias

(Cinco Días, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC aprueba un plan para evitar el agotamiento de la numeración telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio este jueves su visto bueno a dos iniciativas del Ministerio para la Transformación Digital destinadas a modificar la gestión de la numeración telefónica y evitar su saturación. Estas medidas pretenden aliviar la presión sobre las líneas fijas en zonas con alta demanda y ordenar el crecimiento de los servicios máquina a máquina (M2M). Una de las decisiones principales consiste en suprimir la numeración geográfica vinculada a servicios nómadas, debido a su escasa utilización. Estos números, que suman millones de recursos disponibles, pasarán a destinarse al servicio fijo convencional. Según la CNMC, esta reasignación ayudará a cubrir la demanda en provincias donde el agotamiento de numeración es inminente. Este tipo de numeración permitía disponer de números con prefijos provinciales, como 91 o 93, asociados a servicios de telefonía por internet, lo que ofrecía movilidad al usuario sin necesidad de una conexión física fija. Sin embargo, su uso estaba condicionado a que el titular acreditara una dirección real en la provincia correspondiente, lo que permitía mantener una imagen de proximidad pese a operar de forma remota. El plan contempla un periodo de seis meses para que operadores y usuarios adapten sus servicios. Además, se reforzará el control exigiendo que los titulares acrediten su vinculación con la zona geográfica del número asignado. En relación con los dispositivos conectados, se ha fijado julio de 2026 como fecha límite para que los nuevos servicios M2M utilicen exclusivamente numeración de 13 dígitos que comienza por 59. El objetivo es preservar los números móviles tradicionales de nueve cifras, cuyo uso por parte de estos dispositivos se irá eliminando progresivamente hasta desaparecer en 2031. Las líneas M2M se emplean en sistemas automatizados con poca intervención humana, como máquinas expendedoras, alarmas o terminales de pago. Aunque existe un rango específico para ellas, su uso ha sido reducido, ya que muchas utilizan numeración móvil convencional, lo que ha contribuido a su saturación. La CNMC también ha planteado ajustes técnicos para definir con mayor precisión qué operadores podrán acceder a estos rangos y ha recomendado excluir el sistema de emergencia vehicular eCall de esta categoría. A su juicio, estas medidas permitirán garantizar la capacidad necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento del entorno digital. El organismo destaca que estas reformas responden a la necesidad de optimizar recursos limitados. Al liberar numeración geográfica poco utilizada, se incrementa la disponibilidad sin necesidad de ampliar los rangos actuales. Por su parte, los servicios nómadas que no requieran vinculación territorial seguirán utilizando el rango específico 51. La introducción del rango 59 para el internet de las cosas responde al aumento de dispositivos conectados, como vehículos o sistemas de medición remota. El uso de numeración móvil para estos fines estaba reduciendo la disponibilidad de líneas para usuarios particulares, por lo que la nueva numeración de 13 cifras permitirá absorber el crecimiento previsto en los próximos años. Asimismo, la CNMC ha instado al Ministerio a simplificar la normativa eliminando referencias desactualizadas y unificando criterios, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a operadores y empresas tecnológicas. Por último, el organismo supervisará directamente la aplicación de estas medidas para asegurar que se cumplen los plazos establecidos y que el sistema de numeración puede adaptarse al crecimiento del ecosistema digital sin generar problemas de disponibilidad en ninguna región.

LEER MÁS

(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas relajará las normas sobre fusiones para facilitar gigantes europeos

La Comisión Europea está revisando las reglas de competencia que utiliza para aprobar o bloquear fusiones, con el objetivo de facilitar la creación de grandes empresas europeas capaces de competir a nivel global. Europa busca reforzar su peso internacional y ha asumido que no podrá reducir la distancia en innovación respecto a Estados Unidos y China sin permitir que sus compañías alcancen una escala suficiente para afrontar las fuertes inversiones necesarias para mantenerse competitivas. En este contexto, el Ejecutivo comunitario está actualizando las directrices que guían a los funcionarios al evaluar operaciones empresariales. Hasta ahora, Bruselas se ha centrado principalmente en el impacto que la concentración podía tener sobre los precios, lo que, aunque no ha impedido la mayoría de las fusiones, sí ha frenado algunas de las más ambiciosas. Sin embargo, el actual escenario geopolítico, las tensiones con aliados tradicionales y la competencia tecnológica global han llevado a la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, a replantearse un marco normativo que lleva dos décadas en vigor. Como señaló Teresa Ribera, hasta ahora el análisis se ha limitado a los efectos en los precios a corto plazo -generalmente en un horizonte de tres años-, pero se plantea ampliar ese enfoque para valorar también beneficios y riesgos en un periodo más largo. De aplicarse, este cambio supondría una de las reformas más profundas en materia de competencia desde los años 2000, cuando se puso el foco en el impacto de las fusiones sobre los consumidores. Aunque el objetivo principal sigue siendo evitar distorsiones en el mercado interior, la Comisión reconoce que su evaluación debe adaptarse a nuevas realidades. En un borrador adelantado por Financial Times, se destaca que no solo los precios bajos benefician a los consumidores, sino también la innovación y el tamaño empresarial, que pueden mejorar el acceso a recursos clave y reforzar las cadenas de suministro. Aunque estos factores ya se consideran, las empresas llevan tiempo denunciando que han tenido un peso secundario frente al análisis del poder de fijación de precios. El nuevo enfoque reconoce que el crecimiento empresarial para competir a escala global puede favorecer la competencia y aportar beneficios a la Unión Europea, aunque el texto aún puede modificarse antes de su publicación definitiva. No obstante, Teresa Ribera ha subrayado que no se trata de permitir fusiones sin control, aunque defiende que las nuevas normas podrían situarse entre las más avanzadas del mundo. Algunos expertos consideran que no sería necesario un cambio radical en la regulación, sino más bien un ajuste en la forma de evaluar las operaciones, dando mayor importancia a la innovación y a las necesidades de inversión, además de la competencia interna. Por su parte, las empresas reclaman mayor seguridad jurídica. Este debate es especialmente relevante en sectores como las telecomunicaciones, donde los precios han caído en los últimos años. Compañías como Telefónica llevan tiempo solicitando mayor flexibilidad para crecer mediante adquisiciones. Hasta ahora, Bruselas ha sido más favorable a las fusiones entre empresas de distintos países, pero mantiene cautela ante las operaciones dentro de un mismo mercado nacional, al considerar que pueden reducir la competencia. Sin embargo, las compañías argumentan que es precisamente en el ámbito nacional donde se generan más sinergias y ahorros de costes, lo que a su vez puede impulsar la inversión.

LEER MÁS

(Expansión, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España cae en el índice de países más atractivos para la inversión extranjera

Según una encuesta de la consultora Kearney, el alto nivel de deuda pública, el desempleo estructural y las restricciones del Gobierno a las inversiones extranjeras están reduciendo el atractivo de España para los directivos de grandes multinacionales. De acuerdo con estos ejecutivos, el país pierde posiciones como destino de inversión internacional debido a factores como el endeudamiento, la persistencia del paro y las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos. Como consecuencia, España ha descendido del puesto 11 al 15 en el último índice global de confianza para la inversión extranjera elaborado por Kearney. El informe se basa en una encuesta realizada en enero de 2026 a más de 500 altos directivos, por lo que aún no recoge el impacto de acontecimientos recientes como el conflicto con Irán o el encarecimiento del petróleo, aunque ya se percibía una creciente preocupación por el contexto geopolítico. Este retroceso prolonga la tendencia negativa iniciada en 2023, cuando España ocupaba la octava posición en el ranking, lo que supone una caída de siete puestos en tres años. Entre los factores que, según el informe, condicionan el interés inversor destacan la elevada deuda pública -que alcanzó el 103% del PIB a finales de 2025- y la tasa de desempleo estructural, la más alta de la Unión Europea. También influye la extensión hasta finales de 2026 del sistema de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que incrementa las exigencias regulatorias. Este mecanismo, que obliga a obtener autorización previa para determinadas adquisiciones, ha permitido al Ejecutivo bloquear la compra de Talgo por parte de una empresa húngara y establecer condiciones a la entrada de Saudi Telecom en Telefónica. El control es permanente para inversores de fuera de la Unión Europea y se ha prorrogado temporalmente para los comunitarios. Según Kearney, esta medida busca proteger sectores clave como la tecnología o las infraestructuras críticas, reforzando la seguridad económica, aunque añade más requisitos administrativos. En cuanto al empleo, la consultora reconoce una mejora en la tasa de paro, aunque sigue siendo la más elevada del bloque comunitario. Los datos oficiales reflejan esta pérdida de atractivo: la inversión extranjera directa en España cayó un 22% en 2025, hasta los 30.764 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. Aun así, los directivos identifican oportunidades en sectores como las energías renovables y el transporte de mercancías. España destaca en la transición energética y ha recibido un volumen significativo de inversión en logística, superior al de otras grandes economías europeas. Entre los principales motivos para invertir en el país, los encuestados señalan la calidad de las infraestructuras, el crecimiento económico y la cualificación de la fuerza laboral, factores mencionados por el 27% de los participantes. En la clasificación de Kearney, España queda por detrás de países como Singapur, Arabia Saudí, Corea del Sur y Suiza. Italia también registra un descenso notable, pasando del octavo al decimotercer puesto. Por su parte, Estados Unidos mantiene el liderazgo, impulsado por su fortaleza tecnológica y la solidez de su economía, aunque las expectativas económicas a tres años han empeorado respecto al año anterior. Tras Estados Unidos se sitúan Canadá, Japón y China.

LEER MÁS

(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros el plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con una inversión histórica de 7.000 millones de euros. Esta decisión llega tras varios meses de diálogo con distintas administraciones, especialmente con las comunidades autónomas, que han realizado aportaciones desde la presentación inicial del plan en septiembre de 2025. El objetivo principal de este programa para los próximos años es hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a miles de ciudadanos, mediante el refuerzo del parque público. Para ello, el nuevo plan triplica los recursos respecto a ediciones anteriores, con el propósito de consolidar la vivienda pública como una solución estructural. La aprobación definitiva se producirá con cierto retraso respecto a los plazos previstos inicialmente, ya que el ministerio contemplaba sacarlo adelante antes de finalizar 2025. En cuanto a la financiación, el Estado asumirá el 60% del presupuesto, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Una de las condiciones destacadas es que las viviendas construidas bajo este plan mantendrán de forma permanente su carácter protegido. El reparto de los fondos establece que un 40% se destinará a la construcción o adquisición de vivienda protegida, mientras que un 30% se dedicará a la rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, la accesibilidad y la regeneración urbana. El objetivo es mejorar y actualizar el parque ya existente. Además, se incrementarán las ayudas en casos de rehabilitación en zonas con valor patrimonial o cuando se trate de viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler asequible. El 30% restante se orientará a facilitar la emancipación de los jóvenes, mediante ayudas al alquiler, programas de alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para viviendas protegidas de carácter permanente, y subvenciones de más de 10.800 euros para la adquisición de vivienda en municipios con riesgo de despoblación. Rodríguez hizo este anuncio durante unas jornadas sobre el medio rural celebradas en Pozuelo de Calatrava, donde también detalló medidas específicas para estas zonas. Entre ellas, ayudas de hasta 8.000 euros para intervenciones estructurales y hasta 20.500 euros para actuaciones de rehabilitación energética. Además, se prevén subvenciones de hasta 85.000 euros destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse también a la venta.

LEER MÁS

(El País, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El límite del 2% a las subidas de los alquileres ahorrará hasta 658 euros a los inquilinos

El real decreto que permite a los inquilinos cuyos contratos de alquiler finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga de dos años mediante el envío de un burofax a sus propietarios será sometido a votación el próximo 28 de abril. Además de esta medida extraordinaria, la norma, en vigor desde el 22 de marzo, incluye un límite del 2% en la actualización anual de las rentas. En el contexto actual, marcado por el repunte de la inflación derivado de la guerra en Irán, este tope podría traducirse en un ahorro acumulado de hasta 658 euros en dos años para los inquilinos, según un informe elaborado por Sumar. El principal objetivo de esta normativa, aprobada hace unas semanas por el Gobierno, es prolongar las condiciones actuales de los contratos de alquiler durante dos años como parte de un paquete de medidas para mitigar el impacto económico del conflicto. En un primer momento, el Ministerio de Consumo estimó que cerca de un millón de hogares podrían beneficiarse de esta prórroga, dado que muchos contratos firmados durante la pandemia están próximos a su vencimiento, teniendo en cuenta que suelen tener una duración de cinco años. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que no contempla situaciones como contratos que se rescindieron antes de tiempo o aquellos firmados con grandes propietarios, cuya duración puede ser de siete años y, por tanto, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la norma. El análisis de Sumar se centra en el efecto económico de limitar las subidas al 2%, tomando como referencia los contratos vigentes cuya actualización depende del IPC, a diferencia de los nuevos acuerdos regulados por el índice de referencia de arrendamientos. A partir de las previsiones del Banco de España para 2026 y 2027, el informe calcula distintos escenarios de ahorro. En un contexto desfavorable, con una inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027, el alquiler medio podría alcanzar los 623 euros mensuales el primer año y acercarse a los 636 euros el segundo. Con el límite del 2%, el ahorro sería de unos 11 euros al mes en 2026 y cerca de 12 euros en 2027, lo que sumaría unos 276 euros en total. Si la inflación fuese algo más moderada, con un 3% en 2026 y un 2,5% en 2027, el ahorro acumulado rondaría los 182,5 euros. En cambio, en un escenario más negativo, con incrementos del 5,9% y del 3,2% respectivamente, el beneficio para los inquilinos podría alcanzar los 658 euros. El informe también destaca que estos ahorros serían mayores en las zonas donde el mercado del alquiler está más tensionado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el límite del 2% supondría un ahorro de 364, 240 o hasta 867 euros según el escenario. En Cataluña, las cifras serían de 331, 219 y 790 euros, respectivamente. Desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Sumar ha intentado negociar apoyos con los partidos contrarios a su validación. Por el momento, la medida no cuenta con respaldo suficiente en el Parlamento, ya que PP, Vox, UPN y Junts han manifestado su rechazo, lo que podría llevar a su derogación. Aun así, el Gobierno ha señalado que, incluso si la norma no prospera, los inquilinos que hayan solicitado la prórroga durante su vigencia podrían mantener ese derecho. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de dudas jurídicas.

LEER MÁS

(El Confidencial, 17-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona salta a máximos desde 2024 por la guerra de Irán

La inflación interanual en la zona euro alcanzó el 2,6% en marzo, lo que supone un aumento de siete décimas respecto al 1,9% registrado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía tras el inicio de la guerra en Irán, según los datos revisados de Eurostat. Este incremento de siete décimas coincide con uno de los mayores saltos recientes de los precios, comparable al registrado en octubre de 2022, cuando el conflicto en Ucrania provocó una fuerte subida de los combustibles. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también se aceleró, situándose en el 2,8% en marzo frente al 2,1% del mes anterior, lo que supone el mayor aumento entre los Veintisiete desde enero de 2025. Los datos reflejan que este repunte está directamente relacionado con el impacto del conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en el estrecho de Ormuz, que han elevado el precio de la energía un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 4,2%, ligeramente por debajo del mes anterior. En cuanto a otros componentes, los bienes industriales no energéticos aumentaron un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios registraron un encarecimiento del 3,2%, también inferior al 3,4% del mes previo. Si se excluye la energía, la inflación se situó en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que además elimina del cálculo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, también se redujo ligeramente, quedando en el 2,3%. En España, la inflación armonizada subió hasta el 3,4% interanual en marzo, lo que supone una diferencia de ocho décimas por encima de la media de la zona euro. Por países, las tasas más bajas se registraron en Dinamarca (1%) y en República Checa, Chipre y Suecia (1,5% en todos los casos), mientras que los mayores incrementos de precios se observaron en Rumanía (9%), Croacia (4,6%) y Lituania (4,4%).

LEER MÁS

(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" ingresan un 9,2% más

Deloitte, PwC, EY y KPMG alcanzan conjuntamente más de 4.100 millones de euros de ingresos en España, según los datos utilizados en este análisis. Entre ellas, Deloitte continúa encabezando el sector con una facturación cercana a los 1.300 millones. Las conocidas como Big Four siguen creciendo en el mercado español, aunque a un ritmo inferior al promedio del sector. En el último ejercicio, estas cuatro firmas sumaron 4.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento de dos dígitos (11,4%) registrado en 2024. De acuerdo con el estudio elaborado por EXPANSIÓN a partir de la información facilitada por las propias compañías, el aumento medio del sector se situó en el 10%, elevándose hasta el 12,5% si se consideran únicamente las auditoras medianas. Deloitte se mantiene como la empresa con mayores ingresos en España tras crecer un 9,4% y superar los 1.288 millones de euros, mientras que EY alcanzó los 921,6 millones, con un aumento del 8,7%. Por su parte, PwC y KPMG registraron incrementos del 8,9% y del 10%, respectivamente, aunque aplican criterios distintos a los de sus competidores al contabilizar su actividad, ya que Deloitte y EY solo incluyen los datos de las sociedades registradas en el Registro Mercantil que facturan dentro del país. En términos generales, el balance es positivo. Según el presidente del ICJCE, Víctor Alió, la auditoría ha mantenido una evolución constante en los últimos años. Destaca además que el sector sigue siendo uno de los principales generadores de empleo entre los jóvenes con formación económica y que, cada vez más, se incorporan perfiles tecnológicos. En este sentido, subraya que las firmas están evolucionando hacia modelos multidisciplinares con especializaciones que van más allá del ámbito financiero, con un creciente componente tecnológico. Por su parte, el presidente de REA Auditores, Emilio Álvarez, indica que los trabajos de auditoría crecieron un 5% en 2024, alcanzando los 72.723 encargos. De estos, el 43,69% fueron realizados por pequeñas entidades, el 39,38% por medianas y el 16,93% por grandes firmas. En su opinión, la aparición de nuevas tecnologías refuerza aún más la importancia de la labor de auditoría en la economía.

LEER MÁS

(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC destapa graves desajustes en la red eléctrica en toda España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) optó recientemente por hacer públicos de forma detallada y accesible online los llamados mapas de la red eléctrica en España. Gracias a ello, cualquier persona puede consultar la localización de los puntos de acceso, tanto para el consumo de electricidad como para su generación y vertido al sistema. Al analizar estos mapas, se llega a una conclusión preocupante: el problema de la red eléctrica no se limita únicamente a la saturación, como se creía hasta ahora, sino que es más profundo. Los datos revelan un claro desequilibrio: existen puntos de conexión disponibles en lugares donde no se demandan, mientras que escasean -o incluso no existen- en aquellas zonas donde la demanda es elevada. Este desajuste, además, se produce en ambos sentidos, afectando tanto a las conexiones para consumo como a las destinadas a la generación eléctrica. En un escenario ideal, los puntos de acceso para consumo se ubicarían cerca de las zonas con capacidad de generación, lo que permitiría un mejor equilibrio entre oferta y demanda sin necesidad de grandes infraestructuras de transporte eléctrico. Sin embargo, en España ocurre lo contrario: hay cientos de megavatios habilitados para consumo en áreas con poca generación, y viceversa. Este desequilibrio afecta al conjunto del sistema eléctrico, tanto a la red de distribución como a la de transporte. La red de distribución, que opera en media y baja tensión y abastece a hogares y pymes, está gestionada por grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, junto a numerosas eléctricas locales. Por su parte, la red de transporte, que funciona en alta tensión y actúa como eje principal del sistema, está bajo el control de Red Eléctrica, dependiente de Redeia. Un ejemplo ilustrativo es el arco mediterráneo, que abarca el litoral oriental de la Península, desde Cádiz hasta Girona. En esta zona se observa una gran cantidad de puntos disponibles para consumo en alta tensión en provincias como Cádiz, Murcia, Alicante o Barcelona, mientras que en las redes de distribución la disponibilidad es más limitada. En cambio, para generación eléctrica, existe un exceso de capacidad en Cataluña, pero no en otras regiones. Ante esta situación, las soluciones pasan por habilitar nuevos puntos de conexión donde hacen falta o por desarrollar infraestructuras que permitan trasladar la electricidad entre territorios. Estos mapas se han elaborado a partir de la información que los operadores de redes deben remitir a la CNMC, en cumplimiento de una normativa aprobada el año pasado con el objetivo de evaluar con mayor precisión el problema de la saturación. Hasta ahora, los datos se ofrecían de forma fragmentada o agregada por cada operador, pero su integración y homogeneización permite entender mejor la magnitud del problema y localizar las zonas más afectadas. Un caso especialmente significativo es el de Madrid. Según la CNMC, los primeros informes ya indicaban que más del 80% de los puntos de acceso en redes de distribución estaban saturados. Con los nuevos datos, se confirma que en determinadas áreas -donde se concentran numerosos proyectos de centros de datos- la saturación alcanza prácticamente el 100%, sin margen para nuevas conexiones de más de un megavatio.

LEER MÁS

(El País, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá desde octubre el prefijo 400 para las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden que obliga a las empresas a realizar sus llamadas comerciales únicamente desde números que empiecen por el prefijo 400. Esta medida forma parte del Plan Antiestafas del Gobierno y entrará en vigor en un plazo de seis meses, por lo que a partir de octubre los operadores deberán bloquear cualquier llamada de este tipo que no utilice dicha numeración. Según el contenido de la orden, este nuevo rango de nueve cifras permitirá a los usuarios reconocer de inmediato que se trata de una llamada con fines comerciales antes de responder. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir tanto el volumen de comunicaciones no deseadas como los fraudes basados en la suplantación de identidad. La iniciativa responde a lo establecido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre, que ya contemplaba la creación de una numeración específica para actividades comerciales. Cuando el sistema esté plenamente implantado, las compañías de telecomunicaciones tendrán la obligación de detectar y bloquear las llamadas que intenten sortear la norma utilizando números móviles o geográficos con fines publicitarios. Los números con prefijo 400 estarán diseñados para ser unidireccionales, lo que significa que los usuarios podrán recibir llamadas, pero no devolverlas. Esta característica busca evitar estafas basadas en la devolución de llamadas a números desconocidos que pueden implicar costes elevados o formar parte de redes fraudulentas. Además, la normativa obliga a los operadores a ofrecer a los clientes la opción de bloquear todas las llamadas procedentes de este rango. De esta forma, cualquier usuario podrá decidir no recibir comunicaciones comerciales de manera sencilla, sin necesidad de recurrir a registros externos o aplicaciones adicionales. Si, una vez aplicada la medida, un ciudadano recibe una llamada comercial desde un número no autorizado, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa y, en su caso, sancionar a las empresas que la incumplan. En cuanto a las llamadas de atención al cliente, solo podrán realizarse desde números cortos específicos, líneas gratuitas (800 y 900) o números geográficos asociados a la empresa. El objetivo es diferenciar claramente entre la atención solicitada por el usuario y las llamadas comerciales. De hecho, desde marzo de 2025 ya está prohibido utilizar números móviles para servicios de atención al cliente. Los resultados de las medidas previas del Plan Antiestafas reflejan la magnitud del problema: desde marzo de 2025 se han bloqueado cerca de 192 millones de llamadas fraudulentas y 17 millones de mensajes SMS. Esta actuación conjunta de los operadores ha permitido frenar muchas comunicaciones antes de que lleguen a los usuarios. En el caso de Telefónica, por ejemplo, se interceptan alrededor de 500.000 llamadas fraudulentas al día. El plan también incluye medidas contra el fraude por mensajes móviles, conocido como smishing. En este sentido, la CNMC ha aprobado la creación de un registro de alias para SMS, donde empresas y administraciones deberán inscribir los identificadores que utilizan como remitente en sus mensajes. A partir del 7 de junio, los operadores estarán obligados a bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no esté registrado en esta base de datos. El objetivo es garantizar que el nombre que aparece en el móvil, como el de un banco o una institución pública, corresponda realmente con quien envía el mensaje. Para registrarse, las entidades deberán demostrar su vínculo legal con el nombre o marca que pretendan utilizar.

LEER MÁS

(Cinco Días, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI proyecta que España crecerá un 2,1% este año

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, lo que supone una desaceleración respecto al 2,8% registrado el año anterior. Esta moderación se atribuye, en gran parte, al fin de los fondos europeos y a la retirada progresiva de las medidas fiscales que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a la guerra de Ucrania, la inflación y el conflicto con Irán. A medio plazo, el organismo estima que el crecimiento seguirá perdiendo fuerza hasta situarse en torno al 1,7% a partir del próximo año. En cuanto al impacto de la guerra de Irán, el FMI considera que será limitado en España, siempre que la situación no empeore significativamente. Confía en que la incipiente crisis energética no provoque una fuerte subida de precios ni una nueva espiral inflacionaria. De hecho, prevé que la inflación alcance el 3% este año y descienda al 2,1% el siguiente. El impulso al crecimiento potencial también parece debilitarse a medida que se agotan los efectos de las reformas recientes. En los últimos años, el Ejecutivo ha aprobado menos medidas estructurales, y la economía aún se beneficia de reformas anteriores, como las del mercado laboral, la energía o las pensiones. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha logrado una importante reducción del déficit, que ha pasado del 10% durante la pandemia al 2,4% del PIB en 2025, una de las cifras más bajas en dos décadas (el Ejecutivo lo sitúa en el 2,2%). Aun así, el FMI considera que este esfuerzo se ha frenado y no espera mejoras significativas en los próximos años ante la falta de nuevas reformas. Por otro lado, la deuda pública sigue en niveles elevados. Aunque se redujo hasta el 100,4% del PIB el año pasado, el organismo anticipa que su descenso será muy gradual, sin bajar del 90% en 2031, siempre que no surjan nuevas crisis que obliguen a aumentar el gasto público. Diversas instituciones critican que el Gobierno no haya aprovechado los años de fuerte crecimiento para generar un mayor margen de maniobra ante futuras dificultades. Aunque se ha avanzado en la consolidación fiscal, consideran que aún había espacio para reforzar esa posición. La estrategia del Ejecutivo ha consistido en aprovechar el crecimiento económico para sanear las cuentas públicas, al tiempo que incrementaba el gasto tras los recortes aplicados durante la crisis financiera. En este sentido, el gasto público ha pasado de alrededor del 41% del PIB en 2018 a una media cercana al 45%, nivel que el FMI prevé que se mantenga en los próximos años. Los ingresos también han aumentado, pasando del 37% al entorno del 42% del PIB, con previsiones de alcanzar el 43% hacia el final de la década. En materia laboral, el FMI estima que en 2027 habrá cerca de 23 millones de ocupados en España. La reforma laboral de 2022 ha contribuido a esta evolución, con la creación de más de tres millones de empleos desde su aprobación. No obstante, el desempleo sigue siendo uno de los principales retos estructurales. A pesar del compromiso del Gobierno de reducir la tasa por debajo del 8%, el FMI prevé que se mantenga en torno al 10% en los próximos años. Todo ello en un contexto en el que la población podría superar los 52 millones al final de la década. Finalmente, el organismo señala como otra debilidad el bajo nivel de inversión, que apenas superará el 21% del PIB, una cifra que considera insuficiente para afrontar los desafíos relacionados con la transición energética y la transformación tecnológica.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF