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(Cinco Días, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La plata ha tocado máximo histórico: llega a los 61 dólares por onza

La tendencia alcista de la plata continúa. El metal precioso sigue acumulando subidas este miércoles tras haber sobrepasado el martes, por primera vez, los 60 dólares por onza, día en el que avanzó más de un 4%. Su precio se está viendo favorecido tanto por la limitada disponibilidad de oferta como por las expectativas de que la Reserva Federal de EE UU adopte nuevas medidas de estímulo monetario. La plata llegó a encarecerse hasta un 1,6% durante la sesión, aunque después moderó el avance al 0,7%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 61,6145 dólares la onza. El fuerte impulso de los últimos días ha sido apoyado por inversiones especulativas que anticipan que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés en un cuarto de punto al término de su reunión de este 10 de diciembre. Unos tipos más bajos suelen favorecer a los metales que no generan rentabilidad. En los mercados de deuda, los rendimientos globales se han situado en niveles que no se veían desde 2009. "La plata cuenta con una amplia base de inversores minoristas y especulativos", explicó David Wilson, director de estrategia de materias primas en BNP Paribas. "Cuando aparece un impulso alcista, suele atraer más capital". Los mercados también están atentos a las señales sobre la política monetaria de Estados Unidos de cara a 2026. Kevin Hassett, principal candidato del presidente Donald Trump para sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed, afirmó el martes que existe amplio margen para realizar recortes significativos de tipos. En lo que va de año, la plata ha duplicado su valor, superando con creces el incremento del 60% registrado por el oro. El repunte se ha intensificado desde que en octubre se produjera una contracción histórica de la oferta. Aunque parte de esa presión se ha relajado por un aumento de los envíos de metal a los depósitos de Londres, los elevados costes de préstamo apuntan a que persiste la escasez. Además, otros mercados también sufren tensiones de suministro, con los inventarios chinos en mínimos de diez años. El repunte ha recibido igualmente un fuerte impulso por parte de los fondos cotizados (ETF). La semana pasada, los ETF respaldados por plata registraron sus mayores entradas desde julio. El volumen de opciones de compra en el mayor de estos fondos se disparó el martes a niveles comparables a los del short squeeze -cuando quienes apostaron a la baja se ven obligados a cerrar posiciones por las subidas bruscas-, señal de que los inversores esperan más aumentos de precio. Según Guy Wolf, jefe global de análisis de mercado en Marex Group, el mercado de la plata está "sobrecalentado" y los precios se encuentran alrededor de un 15% por encima de su valor razonable. Añadió que el creciente interés de clientes de banca privada que buscan alternativas de inversión también está impulsando a los metales preciosos. Tras un repunte cercano al 20% en apenas tres semanas, "lo lógico sería ver una corrección", afirmó Wilson, de BNP Paribas. "Pero con el ambiente tan optimista que domina los mercados, y con voces que ya hablan de la plata alcanzando los 100 dólares, no puede descartarse que el rally continúe". Los inversores también aguardan novedades sobre la posible imposición de aranceles a la plata en EE UU, después de que el metal fuese incluido el mes pasado en la lista de minerales críticos del país. Esta incertidumbre ha retenido parte del suministro dentro del territorio estadounidense, manteniendo los inventarios en el mercado de Chicago (Comex) cerca de máximos históricos, pese a una ligera disminución desde el pico registrado en octubre. En Londres, la plata subía un 0,7% hasta los 61,44 dólares por onza, mientras que el oro descendía ligeramente hasta los 4.221 dólares por onza.

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(Cinco Días, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed recorta los tipos hasta el 3,5%

El banco central de Estados Unidos ha aplicado una reducción de un cuarto de punto al coste del dinero, la tercera consecutiva en lo que va de año. Sin embargo, los inversores temen que este será el último ajuste, al menos hasta marzo de 2026. Las proyecciones de la Fed solo contemplan un recorte para el próximo año o, en el mejor de los casos, dos. La Reserva Federal bajó los tipos de interés en 0,25 puntos, situando el rango oficial entre el 3,5% y el 3,75%. Es la tercera rebaja seguida en 2025 y supone el nivel más bajo desde finales de 2022. La medida, ampliamente anticipada por Wall Street, también evidenció la fuerte división interna del organismo, con tres votos en contra, el mayor desacuerdo registrado desde 2019. Las previsiones divulgadas este miércoles reflejan igualmente una clara falta de consenso. Por un margen reducido, predomina la opinión de los gobernadores que esperan cerrar 2026 con al menos un recorte adicional, y como máximo dos, lo que dejaría los tipos entre el 3% y el 3,25%. Aun así, siete de los 19 miembros con derecho a voto creen que el ciclo de bajadas ya ha concluido, y tres incluso prevén que será necesario volver a subir los tipos en 2026. Estas proyecciones empeoran respecto a las de hace solo tres meses, cuando se daban por seguras dos rebajas durante ese año. Ahora, una de ellas está en entredicho. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, endureció su mensaje al afirmar que "con los tipos actuales estamos en una buena posición para esperar y observar la evolución económica", sin ofrecer más detalles sobre el calendario previsto. Los mercados reaccionaron de forma positiva, en parte porque la decisión ya estaba asumida. El Nasdaq rebotó tras una sesión marcada por las pérdidas y, después de las declaraciones de Powell, avanzó un 0,33%. El S&P 500 y el Dow Jones subieron un 0,67% y un 1,05%, respectivamente. Más allá del mensaje de la Fed, los inversores ya habían reducido esta semana sus expectativas de recortes profundos en 2026, especialmente después de que Kevin Hassett, favorito de Donald Trump para sustituir a Powell, declarara que no cedería ante presiones políticas para acelerar la relajación monetaria si llegara al cargo. "No hay espacio para esperar más de un recorte en 2026", señala Roger Aliaga-Díaz, economista jefe para América en Vanguard. En su opinión, el hecho de que la inflación siga por encima del 2% por quinto año consecutivo limita nuevas reducciones de tipos. No es el único con esta visión. Tras la decisión del miércoles, los analistas de Goldman Sachs también consideran que, con suerte, podrían darse dos recortes adicionales de un cuarto de punto en 2026, pero ninguno antes de marzo. Coinciden en que la racha actual de tres bajadas consecutivas ha llegado a su fin. Cabe recordar que Powell continuará al frente de la Fed hasta mayo, por lo que dirigirá aún las próximas tres reuniones de política monetaria. Los analistas prevén que mantenga los tipos estables pese a las presiones de la Casa Blanca, tal como hizo durante la mayor parte del año, hasta que en septiembre se aplicó el primer recorte de 2025. Con la decisión actual, la Fed busca ganar margen y proteger la economía ante un posible deterioro mayor, mientras espera también a que se actualicen los principales indicadores macroeconómicos. En sus dos reuniones previas, el organismo tuvo que actuar únicamente con el dato parcial de empleo, el único publicado durante el cierre prolongado del Gobierno federal en octubre por la falta de acuerdo presupuestario. La próxima semana será clave, con la publicación de nuevas cifras de empleo, el IPC de noviembre y el PIB del tercer trimestre. Por ahora, el mercado laboral es la principal preocupación de la Fed, con una tasa de paro del 4,4%, la más alta desde 2022.

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(Expansión, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ve incompleta la regulación de la hipoteca inversa

"La regulación vigente sobre la hipoteca inversa presenta carencias importantes en aspectos clave, como el asesoramiento independiente, tanto en la propia ley que la define como en otras normativas relacionadas", ha señalado el Banco de España a EXPANSIÓN. El organismo supervisor aclara, sin embargo, que no es su función exigir a las entidades que comercializan este producto ningún requisito específico en relación con la figura del asesor independiente, ya que "se trata de un asunto pendiente de desarrollo normativo". Aunque la ley que introdujo la hipoteca inversa data de 2007, todavía sigue sin aprobarse el reglamento que debe concretar su aplicación. En una guía publicada en 2017, el Banco de España recordaba que "el asesoramiento independiente deberá realizarse mediante los mecanismos que establezca el Ministerio de Economía y Hacienda, que definirá las condiciones, forma y requisitos para prestar estas funciones". Esta situación no ha cambiado desde entonces. Debido a que dichos mecanismos aún no han sido definidos, las entidades que han comenzado a ofrecer hipotecas inversas han desarrollado sus propios procedimientos, adaptándolos a la normativa disponible. Según la guía del Banco de España, las entidades que concedan estos préstamos "deberán proporcionar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes, teniendo en cuenta su situación financiera y los riesgos asociados a la contratación del producto". La hipoteca inversa permite transformar en ingresos mensuales el valor de la vivienda habitual hipotecada, siempre que su propietario tenga al menos 65 años -aunque algunas entidades pueden elevar este umbral-. Este producto combina un préstamo hipotecario a tipo fijo con un seguro de renta vitalicia que entra en vigor si el beneficiario supera el plazo máximo del préstamo; en ese caso, la aseguradora continúa abonando la renta hasta el fallecimiento. También puede contratarse una modalidad temporal, por la que se recibe una renta durante un periodo previamente pactado en el que se consume el valor total de la vivienda. Una vez agotado ese valor, el usuario mantiene el derecho de uso sobre el inmueble, pero deja de recibir la renta mensual. Uno de los rasgos más sensibles de este producto es el riesgo reputacional que puede suponer para bancos y aseguradoras si surgen situaciones inesperadas relacionadas con la vida del cliente o con herencias. Para reducir ese riesgo y seguir las recomendaciones del Banco de España -aunque no tengan carácter obligatorio-, CaixaBank ha seleccionado a Afi (Analistas Financieros Internacionales) como asesor independiente. La función de este colaborador será guiar a los clientes, que asumirán el coste del servicio, sin que su retribución dependa de que finalmente se contrate o no la hipoteca inversa. Afi orientará a los usuarios interesados en obtener liquidez de su patrimonio inmobiliario, ya sea mediante una hipoteca inversa, la venta de la nuda propiedad, el adelanto de alquileres u otras alternativas que considere adecuadas. Por su parte, Santander Mapfre Hipoteca Inversa -filial conjunta del banco y la aseguradora- recurre a Gestiona 99 para la labor de asesoramiento. Ángel Cominges, fundador de Óptima Mayores, considera que los informes del asesor independiente deberían comparar distintas soluciones del mercado y propone la creación de un registro de asesores cualificados especializados en hipoteca inversa.

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(Expansión, 11-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía y Transformación Digital crearán una brigada contra el fraude financiero

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva 'Brigada Antifraude', destinada a combatir el fraude financiero en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital, el sector bancario, las operadoras de telecomunicaciones y el Banco de España. El anuncio se produjo en una rueda de prensa posterior a la reunión mantenida este miércoles con las asociaciones bancarias, organizaciones de consumidores y el Banco de España para evaluar los avances en materia de inclusión financiera. Según explicó Cuerpo, esta brigada asumirá tareas tanto de prevención como de respuesta rápida ante intentos de fraude. "Queremos que sea un organismo operativo y que concentre a todos los actores implicados", afirmó. La finalidad de esta unidad será disponer de sistemas de alerta temprana y ofrecer actuaciones ágiles y contundentes frente a los delitos financieros. El ministro añadió que la brigada también podrá plantear propuestas regulatorias cuando lo considere necesario. "Estamos abiertos a cualquier recomendación que surja del análisis de los expertos", señaló. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, subrayó la importancia de que participen tanto entidades financieras como compañías de telecomunicaciones, ya que "es un asunto que nos afecta a todos". También insistió en la necesidad de reforzar la prevención, alertando de la brecha entre el volumen real de fraudes y la percepción que tienen los ciudadanos sobre su riesgo de ser víctimas, algo que, según explicó, "favorece la actividad de los ciberdelincuentes". Recordó además que todos los ciudadanos tienen una "huella digital" de la que deben ser conscientes para extremar las precauciones. El director general de CECA, Antonio Romero, calificó la reunión de "muy productiva y constructiva" por el alto grado de cooperación entre las partes, y valoró que se haya dedicado parte del encuentro a abordar el problema del fraude financiero. Añadió que las entidades realizan de forma constante campañas informativas para alertar de nuevos métodos de estafa y que las asociaciones refuerzan también la sensibilización. Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señaló que los consumidores necesitan un marco legal más protector, que delimite con claridad la responsabilidad en los casos de ciberfraude y que tenga en cuenta el contexto en que se produce. Subrayó además que "los bancos deben trabajar conjuntamente con las teleoperadoras y las empresas tecnológicas para mejorar la prevención". Respecto a otros temas tratados en la reunión, Cuerpo comentó que las asociaciones de usuarios han solicitado al Ministerio que impulse definitivamente la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que podría ayudar en el proceso de devolución de cantidades defraudadas mediante resoluciones vinculantes. El encuentro también permitió constatar "avances" en inclusión financiera para personas mayores, personas con discapacidad y poblaciones de zonas rurales y urbanas. El Ministerio y las entidades se comprometieron a elaborar un mapa nacional de accesibilidad a los servicios financieros, cuyos primeros datos se darán a conocer en junio, coincidiendo con la próxima reunión de seguimiento.

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(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba una nueva adenda al plan de recuperación que simplifica los objetivos pactados con la UE

En la fase decisiva para asegurar la llegada de los fondos europeos -un proceso que culmina el próximo agosto- el Gobierno ha decidido modificar las condiciones del Plan de Recuperación con el fin de eliminar los obstáculos que dificultaban el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva adenda que flexibiliza las exigencias pendientes para liberar los 25.000 millones de euros en subvenciones aún disponibles del programa Next Generation, al tiempo que renuncia a 60.000 millones en préstamos ventajosos. "El pasado junio, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros revisar sus planes para simplificarlos y agilizar los procedimientos, de modo que se optimizara la llegada y el uso de los fondos", recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al anunciar esta actualización, indicando además que otros 22 países están haciendo lo mismo. Según explicó, España ha recibido ya 71.000 millones del programa, de los cuales 55.000 millones son transferencias no reembolsables y 16.000 millones corresponden a créditos en condiciones favorables. El Gobierno estima que esta inyección ha contribuido en 2,6 puntos al crecimiento del PIB. En cuanto a las ayudas a fondo perdido, España ha podido disponer de 55.000 millones de los 79.854 asignados y la adenda busca facilitar el acceso a los 25.000 millones restantes. Paralelamente, el documento formaliza la renuncia al 73% de los 83.154 millones en préstamos que la UE ofrecía, lo que evita tener que cumplir los hitos asociados a ellos. España, que hasta ahora solo había solicitado 16.000 millones, reducirá su petición a 22.800, alegando que estos créditos se concibieron en un momento en el que la pandemia encarecía la financiación nacional en comparación con la europea, diferencia que hoy prácticamente ha desaparecido. Así, estos fondos quedarán como un "colchón de seguridad de carácter nacional", según Cuerpo. El ministro subrayó que España es el segundo país con mayor número de hitos completados -solo por detrás de Italia- con más de 260, la mayoría vinculados a reformas estructurales como la laboral, la Ley Crea y Crece, la normativa de startups o la ley de ciberseguridad 5G. Estas reformas, sostuvo, han permitido que la economía se recupere de la crisis del Covid sin efectos permanentes mientras avanza en modernización. La adenda busca, en palabras de Cuerpo, "adaptar el Plan al nuevo escenario, reforzar las prioridades estratégicas, simplificar trámites y mejorar el aprovechamiento de los fondos". En primer lugar, la actualización -que aún debe recibir el visto bueno de Bruselas- introduce una fuerte "simplificación" de las obligaciones pendientes, con el alivio de la carga administrativa ligada a unos 160 hitos, la supresión de indicadores intermedios y la eliminación de requisitos ambiguos o superfluos. En segundo lugar, aumenta el impulso a áreas clave mediante nuevas inversiones: 300 millones para proyectos europeos de supercomputación y 2.500 millones destinados a descarbonización y transición energética, entre otras. En tercer lugar, la adenda mantiene la "ambición" del Plan apostando por asegurar el cobro del 100% de las transferencias disponibles, incluso a costa de renunciar a dos tercios de los créditos. De este modo, España aspira a recibir 103.000 millones de los 163.000 millones previstos inicialmente. El Gobierno también ha utilizado esta revisión para evitar la dependencia de un Parlamento cada vez más fragmentado. Así, el compromiso de sacar adelante una nueva Ley del Suelo se sustituye por la creación de una empresa pública del suelo a través de SEPES, y la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible ya permite desbloquear 10.000 millones de los 25.000 aún pendientes. No obstante, Cuerpo admitió que la UE seguirá exigiendo la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, una medida que el Ejecutivo mantiene pese a no contar hoy con apoyo parlamentario suficiente. El incumplimiento podría costar a España 460 millones -1.100 millones si se suman los retrasos en la compensación a interinos y la modernización administrativa-. Entre las novedades de la adenda figura también una aportación de capital de 13.000 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a consolidar su capacidad de financiación más allá del marco de las ayudas europeas.

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(Expansión, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro prevé emitir 55.000 millones en 2026

"Dos factores marcan la estrategia de financiación del Tesoro para 2026: la buena evolución de nuestra economía y el compromiso con la disciplina fiscal", afirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al presentar las líneas maestras del próximo ejercicio. Según explicó, el Tesoro Público prevé realizar el año que viene emisiones netas de deuda por un total de 55.000 millones de euros. La cifra se mantiene en niveles similares a los de los dos años previos, después de que el Tesoro redujera de 60.000 a 55.000 millones su objetivo de emisión neta para 2025. De esa cantidad, 50.000 millones se colocarán en deuda a medio y largo plazo -bonos y obligaciones-, mientras que los 5.000 millones restantes se emitirán a corto plazo para asegurar liquidez en las letras del Tesoro, ante la elevada demanda por parte de los ahorradores particulares. En conjunto, las emisiones brutas previstas para 2025 ascenderán a 285.693 millones de euros, frente a los 274.242 millones del año anterior. Con ello, se mantendrá la vida media de la deuda en torno a los ocho años, lo que implica que cada año España solo debe refinanciar aproximadamente el 13% de su cartera, destacó el ministro. Esta política ha permitido amortiguar el efecto del aumento de los tipos de interés, que apenas ha supuesto un cuarto del encarecimiento derivado de los 250 puntos básicos de subida aprobados por el BCE. Por otro lado, Cuerpo anunció que mañana España abonará 5.474 millones de euros correspondientes a la devolución del denominado rescate bancario. Con este pago, el país supera el 75% del préstamo comunitario ya amortizado y pone fin a las visitas periódicas de supervisión de los llamados "hombres de negro", los técnicos de la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo (BCE).

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(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquiler asequible

El Gobierno aprobó este martes, mediante real decreto, un sistema de aval para incentivar que los propietarios alquilen sus viviendas a jóvenes menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad. Esta cobertura se aplicará siempre que los dueños acepten fijar un alquiler considerado asequible según los índices de referencia que el Instituto Nacional de Estadística actualiza periódicamente. Quienes cumplan con estos requisitos -ajustar el precio a los límites establecidos, depositar la fianza y formalizar el aval con el modelo oficial- obtendrán como contraprestación una garantía pública: la Administración asumirá cualquier impago del inquilino, incluidos los suministros, y también cubrirá los desperfectos que pudieran generarse en la vivienda. La iniciativa, inspirada en el modelo francés, ya fue anunciada por Pedro Sánchez en enero y tiene como meta "facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables", según el Ejecutivo. Con ello se busca ofrecer una protección añadida a los propietarios, que suelen mostrarse reticentes a alquilar a estos perfiles debido a su menor capacidad económica, especialmente en un contexto de alta demanda que les permite elegir arrendatarios con mayores recursos. "Damos un paso más para garantizar el acceso a la vivienda", afirmó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La gestión del aval recaerá en las comunidades autónomas, que podrán introducir condiciones adicionales si lo consideran oportuno, por lo que aún quedan aspectos por concretar. Vivienda ha adelantado que "en breve se habilitará una partida presupuestaria" para sufragar el programa y que las autonomías deberán informar cada seis meses sobre las coberturas aplicadas. Algunas regiones ya cuentan con sistemas similares. El País Vasco dispone de cerca de 7.400 viviendas dentro de un programa de garantías públicas que protege tanto a propietarios como a inquilinos. El plan Alokabide, operativo desde 2002, asegura a los dueños el cobro mensual y la devolución del inmueble en las mismas condiciones, mientras que a los arrendatarios les garantiza precios inferiores a los del mercado. Otros ejemplos son el Plan Alquila en la Comunidad de Madrid, vigente desde 2008; el programa EtxeON en Navarra, enfocado en alquiler social y vivienda asequible; o la reciente iniciativa asturiana Alquilámoste, que ofrece incentivos fiscales a los propietarios y alquileres al menos un 10% por debajo del importe asumido por el Principado, con un límite máximo del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, también anunció que el Tesoro prevé emitir 55.000 millones en deuda neta en 2026, la misma cuantía que el año pasado. De esta cifra, 50.000 millones corresponderán a deuda a largo plazo y 5.000 millones a letras del Tesoro. Asimismo, confirmó -como adelantó EL PAÍS- la aprobación de una adenda al Plan de Recuperación para poder utilizar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas aún pendientes. Cuerpo explicó que, de los 83.200 millones asignados a España en forma de préstamos, finalmente solo se solicitarán 22.800 millones, ya que el país puede financiarse actualmente en los mercados en condiciones igual de ventajosas que las ofrecidas por la Comisión Europea. El ministro subrayó que los fondos seguirán disponibles, pero bajo una herramienta nacional en lugar de depender de los plazos fijados por Bruselas, lo que simplifica la gestión y otorga mayor flexibilidad. "Estamos aprovechando al máximo todas las transferencias y reduciendo el impacto en la deuda", argumentó Cuerpo. En conjunto, España recibirá 103.000 millones del plan europeo -80.000 millones en subvenciones y casi 23.000 millones en préstamos-, de los que ya se han desembolsado 71.000 millones (55.000 millones en transferencias y 16.000 en préstamos). Según cálculos del Gobierno, esta inversión supondrá un impacto acumulado de alrededor de 3,4 puntos de PIB en 2031; hasta ahora ya se han materializado 2,6 puntos.

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(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE recorta para las empresas los requisitos de informar sobre el impacto ambiental de sus negocios

Una nueva normativa europea eximirá a más del 80% de las empresas de la UE de la obligación de informar sobre el impacto ambiental de sus actividades. Este martes, los 27 Estados miembros, junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, han alcanzado un acuerdo sobre la primera ley ómnibus destinada a simplificar la regulación y reducir la burocracia para las compañías, limitando de manera significativa los requerimientos de divulgación de sostenibilidad corporativa introducidos en la legislatura pasada. La regulación, aprobada tras largas negociaciones, responde a la corriente que defiende que la reducción de obligaciones ambientales puede favorecer la competitividad y el crecimiento económico en Europa. Se trata de una medida controvertida que ha logrado reunir a legisladores conservadores tradicionales con partidos euroescépticos de extrema derecha. El acuerdo supera la propuesta inicial de la Comisión Europea y supone un triunfo para la presidenta Ursula von der Leyen, que en su segundo mandato se ha fijado como meta reducir la carga burocrática para las empresas, objetivo que han reclamado países como Alemania, que califica la iniciativa como "desregulación" en lugar de "simplificación". El año pasado, la UE adoptó un paquete de normas que obligaba a las grandes empresas a realizar diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor, según la Directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD). Asimismo, las compañías cotizadas debían reportar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluyendo estrategias climáticas y planes de transición, conforme a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Esto implicaba, por ejemplo, reportar emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos derivados del cambio climático en condiciones de trabajo, fugas químicas o el cumplimiento de derechos humanos y normas laborales por parte de proveedores, tanto europeos como internacionales. El nuevo acuerdo modifica estas normas clave. A falta de la votación formal del Parlamento, prevista para el martes, ahora la obligación de informar sobre aspectos sociales y ambientales se aplicará únicamente a empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros, frente al límite de 50 millones propuesto inicialmente por la Comisión. Según la presidencia danesa del Consejo de la UE, este cambio eximirá al 85% de las compañías. En cuanto a la directiva de diligencia debida, el umbral se eleva significativamente: en lugar de afectar a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, ahora solo incluirá a aquellas con más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros. Además, se elimina completamente la obligación de presentar planes de transición climática. Marie Bjerre, ministra danesa de Asuntos Europeos, celebró que el acuerdo cree un entorno empresarial más favorable, mientras que Jörgen Warborn, eurodiputado del PPE y líder de las negociaciones en el Parlamento, destacó que se trata de "una reducción histórica de costes" y defendió que no compromete los objetivos del Pacto Verde. "Es una victoria para la competitividad y para Europa", subrayó, a pesar de las críticas de organizaciones medioambientales. En paralelo, la UE también ha retrasado otra normativa ambiental clave: la ley de deforestación, inicialmente pionera en combatir este problema climático, se aplicará finalmente en diciembre de 2026, un año después de lo previsto. Además, la regulación que buscaba evitar que productos como cacao, café, aceite de palma, madera o caucho generen deforestación en su origen se aprobará de manera mucho más laxa que en la propuesta inicial, "para facilitar su aplicación a empresas, actores internacionales y Estados miembros", según la justificación oficial. Sin embargo, los críticos advierten que este acuerdo no solo reduce la efectividad medioambiental, sino que también introduce incertidumbre sobre compromisos legislativos previamente cerrados, un riesgo que la Comisión Europea pretende mantener con futuras revisiones "simplificadoras".

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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Consumo apunta a Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias como las comunidades con mayores subidas de precios al renovar los alquileres

El inicio de la desescalada tras los meses más duros de la pandemia de la covid-19 impulsó con fuerza el mercado del alquiler en España. Con el fin de los confinamientos y el progresivo retorno a la normalidad, miles de personas, movidas por la recuperación económica y la movilidad laboral, firmaron nuevos contratos de arrendamiento. Ahora, cinco años después -el plazo fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos- muchos de esos contratos están empezando a expirar y pueden renovarse. Sin embargo, la situación actual es muy distinta a la de entonces, tanto por la presión residencial en las grandes ciudades como por la evolución de los precios. Según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, unos 630.000 contratos -que afectan a alrededor de 1,6 millones de personas- deberán renovarse el próximo año, con incrementos que pueden llegar a 383 euros mensuales, lo que supone hasta 4.600 euros más al año en los casos más elevados. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy, a partir de datos del Panel de Hogares (elaborado por el INE, la Agencia Tributaria y el IEF), estima que en 2020 se firmaron unos 568.500 contratos que ya estarían afrontando importantes revisiones este año. En 2021 se suscribieron 632.369, por lo que la ola de renovaciones será aún mayor, con un encarecimiento medio de 1.735 euros anuales por vivienda según la variación del precio por metro cuadrado en este periodo. Las diferencias territoriales, no obstante, son muy significativas. Según los datos del ministerio, Baleares será la comunidad más afectada: los 24.456 contratos que deben renovarse aumentarán de media más de 4.600 euros anuales. En la Comunidad Valenciana, los 62.500 contratos pendientes subirán casi 2.700 euros al año. Canarias afrontará incrementos de unos 2.267 euros por cada uno de los cerca de 40.000 contratos en esa situación. En Madrid -donde se concentran 145.800 renovaciones, la cifra más alta del país- el aumento medio será de 2.042 euros, y en Andalucía y Cantabria rondará los 1.900 euros. Las subidas más suaves se producirán en Melilla (328 euros), Ceuta (784 euros) y Aragón (831 euros). Cataluña queda fuera del cálculo, ya que dispone de control de precios en las llamadas zonas tensionadas, donde vive el 80% de la población, lo que impide incrementos superiores al IPC. Tampoco hay datos del País Vasco y Navarra, excluidos del Panel de Hogares por su régimen foral. El ministerio aclara que estos cálculos son aproximados, tanto en el número de afectados como en el impacto económico. A las localidades catalanas con control de precios se suman otras ciudades, como A Coruña, y tampoco se contemplan los hogares que hayan abandonado la vivienda antes del fin del contrato ni los arrendamientos de propietarios con personalidad jurídica, que se renuevan a los siete años. También quedan fuera los alquileres de zonas con poco dinamismo de mercado. Pese a todo, el departamento de Bustinduy defiende que el Gobierno debería aprobar la renovación automática de los contratos que vencen en los próximos meses, congelando los precios y permitiendo únicamente la actualización anual conforme al IPC, como ocurre habitualmente. El objetivo, explican, es "proteger a los inquilinos ante la escalada de precios y permitir que puedan desarrollar sus proyectos de vida". Fuentes de Sumar señalan que la propuesta ya ha sido enviada al Ministerio de Vivienda, controlado por el PSOE, pero que aún no han recibido respuesta. Aunque ambos socios coinciden en el diagnóstico, mantienen diferencias sobre las medidas. Vivienda afirma que una congelación obligatoria por decreto-ley requeriría convalidación parlamentaria, algo para lo cual no existe mayoría. Recuerdan además que varias iniciativas de Sumar en materia de vivienda han decaído recientemente por falta de apoyos. Desde el Ministerio de Vivienda insisten en la necesidad de actuar con "rigurosidad" y evitar generar expectativas que puedan frustrar a la ciudadanía. También subrayan que los límites a las subidas podrían aplicarse en todas las zonas con problemas de acceso a la vivienda si los gobiernos autonómicos del PP quisieran adoptarlos. "Son ellos quienes permiten que los alquileres puedan subir sin control", señalan. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha vivido un aumento sostenido de los precios. A nivel nacional, la oferta ha pasado de 10,8 euros/m² a 14,5 euros/m², un 34% más, según datos del portal Idealista. Para una vivienda tipo de 80 m², esto implica pasar de 864 a 1.160 euros mensuales, es decir, 300 euros más al mes (3.600 euros al año). "Estas cifras confirman la urgencia de intervenir en el mercado del alquiler. Es una emergencia y debemos actuar", reiteran desde Sumar. Por su parte, el Ministerio de Vivienda explica que continúa trabajando en la regulación de los contratos de temporada para combatir el fraude, así como en mecanismos para frenar la oferta ilegal de viviendas turísticas y limitar su expansión donde exista rechazo vecinal.

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(Cinco Días, 09-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Llega el canal de denuncias europeo sobre la IA

Europa ha decidido reforzar la transparencia sobre los productos de inteligencia artificial (IA) que se venden dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea ha aprobado recientemente la AI Act Whistleblower Tool, una vía específica para denunciar posibles infracciones relacionadas con el uso de esta tecnología que está transformando la economía. Aunque la normativa europea sobre IA aún no es plenamente aplicable, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial quiere prevenir desde el inicio cualquier vulneración y busca como principales colaboradores a los propios empleados o socios de las empresas que desarrollan o distribuyen estos sistemas. Este nuevo instrumento actuará como un canal externo especializado en IA y coexistirá con los mecanismos internos de denuncia que todas las compañías de más de 50 trabajadores deben tener. Coincide, además, con el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de acelerar una reforma destinada a reforzar la protección de quienes informen sobre irregularidades en su empresa. A esta estructura de supervisión se suman la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), operativa desde el 1 de septiembre. Fuentes jurídicas señalan que las dudas más frecuentes entre las compañías son qué canal usar cuando están presentes en varios países de la UE, si deben notificar primero mediante el sistema interno o cuál será la coordinación entre la AIPI y la oficina europea. En cualquier caso, las empresas tecnológicas deberán acostumbrarse a este nuevo entramado de control. ¿Qué es exactamente la AI Act Whistleblower Tool y qué tipo de infracciones se pueden comunicar? Es un "sistema seguro, confidencial y desvinculado de los canales internos de las empresas", creado para que las personas autorizadas puedan notificar de forma anónima a la oficina europea cualquier vulneración del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), explica Laura Morató, abogada especializada en protección de datos y tecnologías en Marimón Abogados. Morató detalla que se trata de un mecanismo interconectado, ya que "permite presentar denuncias sobre posibles incumplimientos del RIA, tanto en lo relativo a obligaciones ya vigentes como en áreas relacionadas en las que el uso de un sistema de IA pueda vulnerar normativas aplicables, como la seguridad de los productos, los derechos de los consumidores o la protección y seguridad de los datos". La experta señala que, por ahora, el canal tiene un alcance limitado, porque la oficina aún no puede exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, como los relacionados con la transparencia sobre los datos de entrenamiento de los modelos. Asimismo, recuerda que "la protección de la directiva de denunciantes, a la que remite el RIA, no será efectiva hasta el 2 de agosto de 2026". Aun así, la Comisión Europea indica que la oficina recibirá cualquier información sobre prácticas internas que pudieran infringir la normativa o poner en riesgo derechos fundamentales, la salud o la confianza de la ciudadanía. Este canal europeo no reemplaza a los sistemas nacionales de denuncia, tanto internos como externos. Su particularidad, explica Lucía Oliveró, abogada de Marimón experta en compliance, es su carácter especializado. Este marco regulatorio permite comunicar una misma posible infracción del RIA tanto dentro como fuera de la empresa. "La normativa sobre protección de informantes permite utilizar indistintamente uno u otro canal sin exigir acudir primero al interno", señala Oliveró, que apunta que aún es pronto para saber cómo funcionará la coordinación entre ambos sistemas. La abogada advierte de que podrían abrirse "investigaciones simultáneas" y que incluso podría producirse un "solapamiento de sanciones". Aunque la normativa no aclara cómo gestionar la coexistencia de varios canales de denuncia, Oliveró considera que "lo más adecuado es reforzar los programas de compliance, especialmente en materia de IA". Además, recomienda revisar y adaptar los canales internos para "incrementar su eficacia".

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