Noticias

(Cinco Días, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex supera los 19.000 puntos por primera vez en la historia

Los mercados financieros han recibido con optimismo el acuerdo preliminar de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, impulsando una jornada de fuerte alivio en los activos de riesgo. El Ibex 35 llegó a superar momentáneamente los 19.000 puntos, marcando un nuevo máximo histórico, mientras que el petróleo y el gas natural registraban importantes descensos al reducirse el temor a interrupciones en el suministro energético mundial. La reacción de los inversores, sin embargo, ha sido más contenida de lo que cabría esperar ante una noticia de tal magnitud. El motivo es que el posible acuerdo llevaba días descontándose en los mercados, después de múltiples anuncios y filtraciones sobre unas negociaciones que parecían próximas a culminar. A media sesión, el selectivo español moderaba sus avances hasta alrededor del 1%, tras haber llegado a subir más del doble en los primeros compases de la jornada. En paralelo, el precio del barril de Brent retrocedía cerca de un 5%, situándose en torno a los 83 dólares. Aunque sigue por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, cuando cotizaba cerca de los 70 dólares, el mercado interpreta que el riesgo de una crisis energética global se ha reducido considerablemente. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura claramente alcista, con ganancias superiores al 1%. El acuerdo aún debe formalizarse oficialmente. La firma del memorando de entendimiento está prevista para el próximo viernes en Suiza, aunque los inversores dan prácticamente por hecho que el pacto saldrá adelante. Entre los elementos más relevantes figura la prolongación del alto el fuego, el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una infraestructura estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas. La relajación de las tensiones geopolíticas ha beneficiado especialmente a los sectores más sensibles al coste de la energía. En las bolsas europeas, las compañías ligadas al turismo, el transporte y el sector financiero lideraban las subidas. En España, IAG y Amadeus figuraban entre los valores más alcistas, mientras que los principales bancos registraban avances significativos. En sentido contrario, las empresas energéticas y petroleras acusaban la caída del crudo, con Repsol encabezando los descensos del mercado español. El optimismo también se trasladó a Asia. La bolsa de Tokio cerró con una subida superior al 5%, mientras que el mercado surcoreano avanzó más de un 5%, acercándose a niveles récord. A este impulso contribuyó igualmente el buen comportamiento reciente de Wall Street y el favorable clima para los activos de riesgo. Pese al entusiasmo inicial, numerosos analistas mantienen la cautela. Consideran que el acuerdo todavía debe concretarse y que la situación en Oriente Próximo sigue siendo delicada. Desde esta perspectiva, la reacción de los mercados responde más a la desaparición de una prima de riesgo geopolítica que a la resolución definitiva de los problemas de la región. Durante los últimos meses, el conflicto ha generado importantes alteraciones en las cadenas mundiales de suministro energético, provocando fuertes oscilaciones en los precios del petróleo y elevando las presiones inflacionistas en numerosas economías. La reapertura del estrecho de Ormuz es considerada un elemento fundamental para restablecer la normalidad en los flujos comerciales internacionales. Más allá de la geopolítica, la atención de los inversores vuelve ahora a centrarse en la evolución de la inflación y en las decisiones de los principales bancos centrales. Los mercados intentarán determinar hasta qué punto el encarecimiento de la energía durante el conflicto ha tenido efectos duraderos sobre los precios y si ello condicionará la política monetaria en los próximos meses. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo ha valorado positivamente el acuerdo, especialmente después de que la institución endureciera recientemente su política monetaria por el impacto de los costes energéticos. En Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal cobra una relevancia adicional en un escenario marcado por la moderación de los riesgos geopolíticos. Los mercados de deuda reflejaban esta nueva situación con descensos generalizados en las rentabilidades de los bonos soberanos. El rendimiento del bono español a diez años se situaba en torno al 3,37%, mientras que el alemán volvía a caer por debajo del 3%. En el mercado de divisas, el euro se fortalecía frente al dólar, beneficiándose de la reducción de la incertidumbre internacional. Durante el conflicto, la moneda estadounidense había actuado como activo refugio gracias a la menor vulnerabilidad energética de la economía norteamericana. Por su parte, el oro registraba fuertes ganancias, impulsado por unas expectativas de tipos de interés más moderadas y por el renovado interés inversor hacia los activos financieros.

LEER MÁS

(Expansión, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV advierte del nuevo escenario regulatorio en las criptos desde el 1 de julio

La cuenta atrás para la plena aplicación del reglamento europeo sobre criptoactivos, conocido como MiCA (Markets in Crypto-Assets), entra en su fase decisiva. El próximo 30 de junio finalizará el periodo transitorio establecido para que las empresas del sector adapten su actividad a la nueva normativa comunitaria. Ante la proximidad de esta fecha, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia dirigida tanto a los inversores como a los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. El organismo recuerda que, a partir del 1 de julio, únicamente podrán operar en España aquellas entidades que hayan obtenido la autorización exigida por la regulación europea. El supervisor recomienda a los usuarios extremar la precaución y evitar realizar operaciones con plataformas o proveedores que no hayan completado el proceso de autorización. Estas entidades quedarán fuera del marco de supervisión previsto por MiCA y, por tanto, sus clientes no dispondrán de las garantías y mecanismos de protección contemplados por la normativa. La CNMV también ha instado a los proveedores que no vayan a conseguir la autorización antes de la fecha límite a poner en marcha planes de migración para sus clientes. Estos procedimientos deberán permitir que los usuarios puedan retirar sus criptoactivos hacia otras direcciones o transferir sus fondos a cuentas bancarias, garantizando en todo momento la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Otra de las alternativas contempladas consiste en alcanzar acuerdos con entidades que sí cuenten con autorización para prestar servicios sobre criptoactivos. En estos casos, los clientes podrían aceptar el traslado de sus activos a la nueva plataforma y continuar operando una vez completados los correspondientes procesos de identificación y verificación. El regulador considera fundamental que las empresas afectadas mantengan una comunicación transparente con sus usuarios, informándoles con antelación suficiente sobre los plazos, procedimientos y opciones disponibles durante el proceso de transición. Asimismo, los planes de migración deberán incluir un periodo razonable para que los inversores puedan retirar sus fondos o activos digitales. Una vez concluido dicho plazo, los criptoactivos y el efectivo que permanezcan sin movilizar podrán ser transferidos a entidades debidamente autorizadas, siempre con la correspondiente notificación a los clientes afectados. La entrada en vigor definitiva de MiCA supone un cambio relevante para el ecosistema de los criptoactivos en Europa, al establecer un marco regulatorio común destinado a reforzar la transparencia, la protección de los inversores y la supervisión de un sector que hasta ahora operaba con importantes diferencias normativas entre países.

LEER MÁS

(El País, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los hogares españoles se han ahorrado 10 euros al mes durante la guerra gracias al auge de las renovables

La expansión de las energías renovables en España durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales factores de protección frente a las turbulencias energéticas internacionales. Tras el fuerte impulso registrado desde 2022, especialmente en la instalación de parques solares fotovoltaicos y, en menor medida, eólicos, el sistema eléctrico español ha reducido notablemente su dependencia del gas natural para fijar el precio de la electricidad. Según un análisis elaborado por Ember, organización especializada en energía y políticas climáticas, esta transformación está permitiendo amortiguar los efectos de la reciente crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo y de las tensiones sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El informe calcula que un hogar medio español se ha ahorrado alrededor de 10 euros mensuales en su factura eléctrica gracias al creciente peso de la energía solar y eólica en el sistema. La clave de esta protección reside en la menor influencia de las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas. Mientras que en los primeros cinco meses de 2021 estas instalaciones determinaron el precio de la electricidad en el 52% de las horas, en el mismo periodo de 2026 su participación se ha reducido al 9%. Este cambio responde al importante aumento de la generación renovable registrado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la producción conjunta de energía solar y eólica creció un 37%, permitiendo desplazar una parte significativa de la generación basada en combustibles fósiles. A ello se suma el avance de los sistemas de almacenamiento energético, cada vez más relevantes para aprovechar la producción renovable durante las horas sin sol o con menor generación. Los analistas estiman que, si la relación entre el precio de la electricidad y el coste del gas continuara siendo tan estrecha como en 2021, los consumidores acogidos a la tarifa regulada habrían soportado un incremento cercano al 19% en sus recibos desde marzo de este año. Sin embargo, la creciente penetración de las energías renovables ha limitado considerablemente este impacto. La diferencia resulta especialmente visible al comparar España con otros países europeos más dependientes del gas. Mientras que el mercado eléctrico español ha mantenido precios relativamente bajos durante los primeros meses de 2026, en países como Italia los costes de la electricidad han alcanzado niveles muy superiores debido a su mayor exposición a las variaciones del mercado gasista. Esta evolución ha convertido a España en uno de los ejemplos más citados a nivel internacional sobre los beneficios económicos de la transición energética. Diversos organismos y expertos han destacado cómo la apuesta por las renovables no sólo contribuye a la reducción de emisiones, sino que también fortalece la seguridad energética y reduce la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas. El contexto meteorológico también ha jugado a favor. La llegada del conflicto en Oriente Próximo coincidió con una primavera especialmente favorable para la producción eólica, solar e hidroeléctrica. Además, los embalses presentaban elevados niveles de almacenamiento tras varios meses de abundantes precipitaciones, lo que reforzó aún más la capacidad de generación renovable. La situación contrasta con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Entonces, el conflicto estalló en pleno invierno, con una elevada demanda de calefacción y una fuerte dependencia del gas natural, circunstancias que provocaron máximos históricos tanto en los precios mayoristas como en las facturas domésticas. De hecho, el comportamiento del mercado eléctrico durante los últimos meses ha resultado más favorable de lo previsto. A pesar de las tensiones geopolíticas y del incremento registrado en el precio internacional del gas, la combinación de una elevada producción renovable, una menor dependencia de los combustibles fósiles y las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno ha evitado una nueva escalada de precios como la vivida hace cuatro años. Como resultado, numerosos hogares españoles llegaron a pagar en abril y mayo facturas eléctricas inferiores a las registradas en los meses precedentes, una circunstancia que pone de manifiesto el creciente papel de las energías renovables como factor de estabilidad económica y energética.

LEER MÁS

(El Confidencial, 16-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una de las mayores convocatorias de acceso a la carrera judicial y fiscal de los últimos años, con un total de 700 plazas. De ellas, 575 se cubrirán mediante oposición libre y las 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, destinado a juristas de reconocida trayectoria profesional. Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la convocatoria incluye 375 plazas para jueces y 200 para fiscales, cuyo proceso selectivo arrancará el próximo mes de octubre. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará otras 125 plazas de magistrado a través del sistema de concurso-oposición reservado a profesionales con más de diez años de experiencia jurídica. La convocatoria forma parte de un plan más amplio de refuerzo de la Administración de Justicia. El Gobierno trabaja ya en la aprobación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de efectivos que el Ejecutivo considera inédita y que prevé materializar en las próximas semanas mediante la aprobación de dos reales decretos. Estas medidas se encuentran actualmente en fase de consulta con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas y otros departamentos ministeriales. Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños destacan que la creación de 500 plazas judiciales en un solo ejercicio no tiene precedentes recientes. La cifra supera el número total de plazas creadas durante la última década y supondrá un incremento aproximado del 8,5% en la plantilla judicial. Esta ampliación ha sido posible gracias a la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reforma sustituye los tradicionales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos integrados por varios jueces que comparten una única Oficina Judicial encargada de prestar apoyo técnico y administrativo. El nuevo sistema permite aumentar el número de jueces sin necesidad de crear estructuras judiciales completas, reduciendo significativamente los costes. Mientras que la puesta en marcha de un juzgado tradicional suponía una inversión cercana a los 500.000 euros, la creación de una nueva plaza judicial dentro de los tribunales de instancia tiene un coste estimado de unos 100.000 euros. En el ámbito del Ministerio Fiscal, la ampliación también será significativa. La plantilla pasará de 2.804 a 3.004 fiscales, lo que representa un crecimiento del 7,1%. Según los datos del Ejecutivo, en las dos últimas décadas no se había registrado la creación de más de un centenar de plazas de fiscales en un único año. La distribución territorial de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a indicadores como la carga de trabajo de los órganos judiciales, los niveles de litigiosidad y la evolución demográfica de cada comunidad autónoma. Para ello se han tenido en cuenta los informes elaborados por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, así como las propuestas remitidas por las comunidades autónomas con competencias transferidas y por los distintos tribunales superiores de justicia. Con esta convocatoria y la futura ampliación de plantillas, el Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta de la Justicia, reducir la sobrecarga de trabajo existente en numerosos órganos judiciales y avanzar en la modernización del sistema judicial español.

LEER MÁS

(Cinco Días, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz preliminar destinado a poner fin a más de tres meses de conflicto en Oriente Próximo. El anuncio fue realizado este domingo por Pakistán, país que ha ejercido labores de mediación, y que ha confirmado que la firma oficial del pacto está prevista para el próximo viernes en Suiza. El acuerdo ha sido posteriormente ratificado tanto por las autoridades iraníes como por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario republicano también adelantó que, una vez rubricado el documento, se procederá a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Si el entendimiento se consolida, supondrá el final de una guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Un conflicto que ha provocado más de 7.000 víctimas mortales, ha alterado el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo, ha generado tensiones en los mercados internacionales y ha afectado a las perspectivas electorales de Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre. La reacción de los mercados no se hizo esperar. El precio del petróleo Brent cayó más de un 3%, situándose en torno a los 84 dólares por barril, mientras que el dólar registró descensos frente a varias de las principales divisas internacionales. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, fue el primero en anunciar el acuerdo a través de sus redes sociales. Según explicó, ambas partes han aceptado un cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el conflicto en Líbano, y formalizarán el pacto durante una ceremonia prevista para el 19 de junio en territorio suizo. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el acuerdo y celebró públicamente el entendimiento alcanzado con Teherán. En sus declaraciones aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz se producirá tras la firma oficial y una vez concluyan las labores de retirada de minas desplegadas durante el conflicto. Por parte iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento ya ha sido cerrado y que la firma tendrá lugar en la fecha prevista. No obstante, advirtió de que Irán mantendrá una actitud vigilante y responderá si considera que Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos. El acuerdo alcanzado constituye únicamente una primera fase. Tras la firma comenzará un periodo de negociación de 60 días durante el cual ambas partes intentarán alcanzar un pacto definitivo. Entre los asuntos pendientes figuran el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán, el futuro de su programa nuclear, los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los compromisos y un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por la guerra. En estas conversaciones participarán también los países mediadores que han contribuido al acercamiento entre Washington y Teherán, entre ellos Pakistán, Qatar, Turquía y Egipto. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el transporte mundial de petróleo, gas y fertilizantes. Durante los últimos meses, la amenaza de su cierre había generado una gran preocupación en los mercados internacionales debido a su importancia para el suministro energético global. El anuncio pone fin a una semana marcada por una fuerte escalada militar y por las dificultades para cerrar un acuerdo que parecía inminente. Las negociaciones se prolongaron hasta el último momento debido a las diferencias existentes sobre cuestiones clave, como la situación en Líbano, las garantías de seguridad regional y el futuro del programa nuclear iraní. Aunque el memorando de entendimiento establece una nueva tregua de 60 días, los detalles definitivos del pacto no se conocerán hasta la ceremonia de firma prevista en Suiza. Será entonces cuando se clarifique el alcance de los compromisos asumidos por ambas partes y se determine si este acuerdo preliminar puede convertirse en una paz duradera para una de las regiones más inestables del mundo.

LEER MÁS

(El Periódico, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos se contiene un 2,2% en mayo pero los huevos, el vacuno y el pescado siguen disparados

La inflación alimentaria continuó moderándose en mayo y cerró el mes con una subida interanual del 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esta evolución contribuyó a contener el Índice de Precios de Consumo (IPC) general, aunque algunos productos básicos siguen registrando importantes incrementos de precio que mantienen la presión sobre el presupuesto de las familias. Los huevos volvieron a encabezar la lista de los alimentos que más se encarecieron, con un aumento del 13,7% respecto a mayo de 2025. También destacan las subidas de la carne de vacuno, que acumula un incremento del 12,3%, y del pescado, tanto fresco como congelado, cuyo precio se sitúa un 9,7% por encima del registrado hace un año. La carne de ovino completa el grupo de productos con mayores alzas, al encarecerse un 8,1% en términos interanuales. Por el contrario, algunos alimentos básicos han experimentado descensos significativos. Las frutas frescas se abarataron un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el azúcar cayó un 3,5% y los aceites y grasas redujeron su precio un 2,2%. La moderación de la inflación alimentaria se explica principalmente por la evolución de las frutas y frutos secos, cuyos precios aumentaron menos que hace un año, así como por el comportamiento de las hortalizas, legumbres y patatas, que registraron descensos más acusados que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en comparación con abril, las frutas y verduras mostraron una evolución al alza, con incrementos del 4,7% y caídas del 3,8% en el caso de las patatas y otros productos hortícolas. Entre los alimentos que también han experimentado aumentos moderados destacan otras variedades de carne distintas del vacuno y el ovino, con una subida del 3,8%, el marisco y los preparados de pescado, que avanzaron un 3,2%, así como las carnes de ave, cuyo precio es un 3,8% superior al de hace un año. Fuera del ámbito estrictamente alimentario, el tabaco registró una subida del 5,8%, mientras que el agua mineral y los refrescos aumentaron un 2,4%. El café, el cacao y las infusiones, aunque lejos de los fuertes incrementos registrados en meses anteriores, siguen mostrando una tendencia alcista con un avance del 1,7%. También se encarecieron las frutas en conserva y los frutos secos, con un incremento del 2,1%, además de los productos lácteos, cuya subida fue del 1,3%, y la leche, que aumentó un 0,6%. El pan y los cereales registraron aumentos más moderados, del 1% y el 0,5%, respectivamente. A pesar de estas subidas, la evolución de algunos productos clave ha contribuido a aliviar la presión sobre la cesta de la compra. Especialmente relevante ha sido el comportamiento del aceite, que tras los fuertes incrementos registrados en ejercicios anteriores presenta ahora una caída interanual del 2,2%. A ello se suman los descensos del azúcar, las frutas frescas y las patatas, factores que han permitido contener el avance general de los precios de los alimentos durante el mes de mayo. No obstante, productos esenciales como los huevos, la carne de vacuno y el pescado continúan acumulando incrementos muy superiores a la media de la inflación, lo que sigue repercutiendo de forma directa en el gasto habitual de los hogares españoles.

LEER MÁS

(El Economista, 15-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cani Fernández se despide de la CNMC con un récord de 39 operaciones condicionadas

Más de 500 operaciones de adquisición total o de control conjunto han pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde que Cani Fernández asumió la presidencia del organismo. En los 2.190 días transcurridos al frente de la institución, al menos 39 de estas transacciones han requerido compromisos adicionales o la imposición de condiciones para poder recibir autorización, según los datos analizados por elEconomista.es. Estas cifras reflejan un endurecimiento del enfoque regulatorio en comparación con la etapa anterior, encabezada por José María Marín Quemada entre 2013 y 2020. En aquel periodo, los expedientes de concentración se resolvían en su totalidad mediante compromisos pactados con las empresas, mientras que en la actual presidencia la Sala de Competencia ha pasado a imponer condiciones de oficio e incluso a bloquear operaciones por primera vez en la historia del organismo. El caso más significativo de veto corresponde a la operación entre Curium y el Instituto de Radiofarmacia de Barcelona (IRAB). La CNMC rechazó la adquisición al considerar que suponía un riesgo para la competencia en el mercado de los radiofármacos PET, utilizados en diagnósticos oncológicos, así como en los servicios de fabricación para terceros de estos productos. En otros expedientes, el organismo ha introducido fórmulas de supervisión más exigentes. Es el caso de Oximesa, filial de Nippon Gases, a la que se le ha impuesto la contratación de un auditor independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la autoridad de competencia. También han estado bajo revisión operaciones de gran relevancia empresarial, como la opa de Esseco sobre Ercros, que finalmente no prosperó tras la retirada del comprador, o la adquisición del portal inmobiliario Kyero por parte de Idealista, que también terminó sin ejecutarse. A estos casos se suman la fallida fusión entre Trainline y trenes.com y la compra de la residencia de estudiantes Live Stay Cartuja por parte del fondo Greystar, igualmente descartada. En paralelo, la CNMC sigue analizando nuevas operaciones que podrían ampliar esta lista de expedientes condicionados. Entre ellas destaca la compra de la empresa de publicidad exterior Clear Channel por parte de Atresmedia, que continúa en fase de estudio y aún no ha recibido autorización, pese a tratarse de compañías sin solapamiento directo en su actividad. Otra operación relevante ha sido la venta de activos de Naviera Armas a Baleària y DFDS, que ha requerido una negociación intensa con compromisos adicionales debido a la situación financiera de la compañía. Aunque finalmente ha sido aprobada, el proceso se ha prolongado más de lo previsto debido a las exigencias regulatorias y al contexto de estrés económico de la empresa vendedora. El conjunto de expedientes refleja una etapa de mayor intervención por parte del supervisor de competencia, con un escrutinio más intenso sobre las concentraciones empresariales y un aumento de las condiciones exigidas para garantizar la competencia efectiva en los distintos mercados.

LEER MÁS

(Cinco Días, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las eléctricas fían al nuevo jefe de la CNMC un giro de los expedientes por el apagón

En junio de 2020, Cani Fernández comparecía ante el Congreso de los Diputados para defender su candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una amplia trayectoria como abogada en Cuatrecasas y tras su paso por el equipo de Presidencia dirigido por Iván Redondo, Fernández insistió entonces en la necesidad de preservar la independencia del organismo y garantizar que sus decisiones estuvieran al margen de cualquier influencia política. Seis años después, cuando su mandato está a punto de concluir y el Gobierno se dispone a nombrar a su sucesor al frente de la CNMC, persiste la percepción de que nunca logró desprenderse completamente de la vinculación política que acompañó su nombramiento. Su cercanía con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica y principal impulsora de su designación, marcó buena parte de la valoración de su etapa al frente del organismo regulador. En paralelo, las diferencias de enfoque con responsables del área energética, especialmente dentro del sector representado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, añadieron complejidad a una gestión condicionada por importantes decisiones regulatorias. La salida de Fernández coincide además con una situación especialmente delicada para la CNMC, que deja abiertos numerosos expedientes relacionados con el apagón eléctrico y que afectan tanto a compañías energéticas como al operador de la red, Redeia. El desenlace de estos procedimientos dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la nueva dirección del organismo. Según distintas fuentes conocedoras del proceso de sucesión, existen actualmente dos corrientes dentro del Gobierno que intentan influir en el nombramiento del próximo presidente. Por un lado, el Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, considera que le corresponde liderar la propuesta, ya que la CNMC depende orgánicamente de este departamento. De hecho, es el propio ministerio quien eleva el nombre del candidato al Consejo de Ministros y formaliza posteriormente el nombramiento mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si finalmente prevalece esta opción, muchos observadores consideran probable la elección de un técnico comercial y economista del Estado, siguiendo un modelo similar al que representó la propia Fernández: un perfil eminentemente técnico y con una menor exposición política. Sin embargo, dentro de otros sectores del Ejecutivo existe la convicción de que el nombramiento tiene una dimensión estratégica mucho mayor. A medida que se aproxima el final de la legislatura y con unas elecciones generales en el horizonte, algunos consideran fundamental asegurar una posición de influencia en organismos reguladores cuyos mandatos se extienden durante varios años. La CNMC desempeña un papel especialmente relevante por sus amplias competencias en materia de competencia, supervisión de mercados y regulación de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte, el audiovisual o la energía. Desde esta perspectiva, determinados sectores defienden la conveniencia de optar por una figura con un perfil más político, considerando que una presidencia excesivamente técnica podría mostrar una mayor disposición a adaptarse a los cambios que pudiera introducir un futuro Gobierno. La elección tiene además importantes implicaciones para el sector energético. Uno de los primeros nombramientos que deberá realizar el nuevo presidente será el de la dirección del área de Energía, un puesto clave en la gestión de los expedientes relacionados con el apagón eléctrico. Esta persona será la encargada de decidir la continuidad de las investigaciones abiertas, supervisar su instrucción y, eventualmente, valorar la gravedad de los hechos analizados. Por ello, las compañías eléctricas siguen con especial atención el proceso de renovación. En el sector existe la percepción de que el nuevo responsable del área energética dispondrá de un margen considerable para orientar la tramitación de los expedientes durante los primeros meses de su mandato. Dentro del Gobierno, algunos observadores consideran que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, podría intentar influir en esta designación debido a la relevancia que tiene para la política energética. Mientras tanto, la actual directora del área, Rocío Prieto, prepara su salida hacia la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae), dejando vacante un puesto especialmente sensible. Las empresas son conscientes de la importancia de esta decisión. Las posibles sanciones derivadas de los expedientes abiertos dependerán, entre otros factores, de la calificación de las infracciones. La legislación distingue entre infracciones graves y muy graves, siendo estas últimas las que implican riesgos para la garantía del suministro eléctrico y conllevan consecuencias económicas mucho más severas. Algunas de las investigaciones más delicadas afectan a determinadas paradas de centrales nucleares. Las compañías implicadas consideran que cuentan con argumentos sólidos para defender su actuación, apoyándose en criterios técnicos admitidos por los organismos reguladores especializados. Por otro lado, sostienen que parte de las anomalías detectadas durante los últimos meses responden más a una revisión general del funcionamiento del sector que a una relación directa con los acontecimientos que provocaron el apagón. El calendario también juega un papel importante. Aunque la actual dirección de la CNMC se encuentra ya en una fase de transición y existe una percepción generalizada de cambio de ciclo dentro de la institución, el relevo no será inmediato. Tras la aprobación del candidato por el Consejo de Ministros, todavía deberán completarse los trámites parlamentarios necesarios antes de que el nuevo presidente pueda asumir oficialmente el cargo. Las negociaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios también formarán parte del proceso. Diversas fuentes consideran que el Gobierno intentará cerrar cuanto antes la renovación de la CNMC para consolidar la composición de uno de los organismos reguladores más influyentes del país antes de un posible cambio de mayoría política. En este contexto, la sucesión al frente de la CNMC trasciende la mera sustitución de un presidente. Se trata de una decisión con importantes implicaciones regulatorias, económicas y políticas que influirá en la supervisión de sectores estratégicos y en la gestión de algunos de los asuntos más sensibles que actualmente tiene sobre la mesa el organismo.

LEER MÁS

(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las comunidades ratifican el Plan Estatal de Vivienda y cobrarán 800 millones en julio

El nuevo Plan Estatal de Vivienda comenzará a desplegarse el próximo mes con una primera transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas. Esta cantidad representa cerca del 19% de los 4.200 millones que el Estado prevé destinar hasta 2030 para impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación residencial y las ayudas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda. La financiación del programa recibió este jueves el respaldo de las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. No obstante, algunas regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, mantienen reservas sobre el modelo diseñado por el Ejecutivo y estudian posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo, pese a haber dado inicialmente su aprobación. El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, las comunidades autónomas deberán aportar al menos 2.800 millones, equivalentes al 40% del presupuesto global, mientras que el Gobierno central asumirá el resto de la financiación. La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, que absorberá el 40% de los recursos disponibles, estará destinada a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, las adjudicaciones incorporarán mecanismos de control para reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades en los procesos de contratación. Otro 30% de los fondos se dedicará a la rehabilitación del parque residencial existente. Estas ayudas estarán orientadas principalmente a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las actuaciones previstas permitirán reducir en torno a un 30% el consumo energético en unas 260.000 viviendas. El 30% restante se destinará a programas de apoyo directo para facilitar la compra o el alquiler de vivienda. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes, las familias con mayores dificultades económicas y las mujeres víctimas de violencia de género. Por comunidades autónomas, Andalucía concentrará la mayor inversión prevista, con cerca de 1.200 millones de euros hasta 2030. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 millones, y Cataluña, que superará los 1.000 millones. En el extremo contrario figuran La Rioja, Baleares y Extremadura, que recibirán las menores dotaciones dentro del reparto territorial. La primera transferencia de 800 millones que el Ejecutivo realizará en julio seguirá esta misma distribución. Andalucía recibirá la mayor partida, con 136,8 millones de euros, mientras que La Rioja obtendrá algo más de 13 millones. A partir de ese momento, corresponderá a cada comunidad autónoma desarrollar sus propios programas dentro del marco establecido por el Plan Estatal de Vivienda. Para ello deberán garantizar, como mínimo, la aportación económica comprometida del 40%, aunque podrán elevar esa contribución si así lo consideran oportuno.

LEER MÁS

(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La subida de tipos del BCE favorece al ahorro y presiona a los hipotecados

Las últimas ofertas de ahorro están afianzando rentabilidades cercanas al 3%, mientras que el coste de las nuevas hipotecas continúa aumentando. La decisión de elevar los tipos de interés en la eurozona hasta el 2,25% tiene consecuencias muy diferentes para los hogares españoles. Por un lado, supone una oportunidad para los ahorradores más conservadores, que buscan rentabilidad sin asumir riesgos a través de depósitos bancarios o cuentas remuneradas. En cambio, la situación es menos favorable para quienes tienen una hipoteca variable o están pensando en contratar un nuevo préstamo hipotecario, ya que el encarecimiento del dinero termina trasladándose al coste de la financiación. Aun así, gran parte de las entidades financieras ya habían incorporado esta subida a sus productos antes de que el Banco Central Europeo la hiciera oficial. Por ello, el impacto inmediato será limitado y dependerá en gran medida de cuántas nuevas alzas de tipos se produzcan durante los próximos meses. En el mercado de los depósitos, las rentabilidades han aumentado notablemente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Actualmente, algunas entidades ofrecen rendimientos cercanos al 3% para depósitos a un año, mientras que los plazos más largos ya superan ese umbral. La reciente subida de tipos podría impulsar una revisión al alza de aquellos productos que todavía ofrecen remuneraciones inferiores a las más competitivas del mercado. De hecho, varias entidades ya han comenzado a actualizar sus ofertas para alinearlas con el nuevo nivel de tipos. Las cuentas remuneradas también han mejorado considerablemente sus condiciones. Además de ofrecer liquidez inmediata, han incrementado su rentabilidad gracias a la creciente competencia entre entidades. Algunas propuestas superan incluso la evolución prevista de los tipos de interés y del euríbor. Sin embargo, los bancos tradicionales reconocen que resulta complicado igualar las condiciones ofrecidas por determinados neobancos, cuyas remuneraciones se sitúan por encima de las referencias actuales del mercado. Por su parte, las Letras del Tesoro continúan siendo una alternativa atractiva para los ahorradores que buscan seguridad. Tras las últimas subastas, ofrecen rendimientos situados entre el 2,23% y el 2,54%, niveles que siguen captando el interés de las familias. Esta mayor demanda también está obligando a las entidades financieras a mejorar las condiciones de sus productos de ahorro para competir por la captación de liquidez. No obstante, el ritmo de incremento de las rentabilidades se ha moderado en las últimas semanas, ya que el mercado había descontado ampliamente la subida de tipos del BCE. En el ámbito hipotecario, los titulares de préstamos a tipo variable continúan viendo cómo sus cuotas mensuales aumentan. El euríbor se mantiene en niveles elevados y las revisiones anuales ya están generando incrementos significativos en las mensualidades. Como referencia, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, puede encarecerse en torno a 60 euros al mes tras la actualización correspondiente. Además, el coste de las nuevas hipotecas también está subiendo. Después de varios meses de relativa estabilidad, el tipo medio aplicado a los préstamos para la compra de vivienda alcanzó en abril el 2,80%, el nivel más alto desde comienzos de 2025. Los analistas consideran que esta tendencia alcista podría mantenerse durante los próximos meses, ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del BCE. De hecho, los mercados ya contemplan que el siguiente movimiento podría producirse en septiembre.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF