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(Cinco Días, 28-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La EBA denuncia el vacío regulatorio que favorece a grandes brokers y plataformas de criptoactivos

A una semana de que finalice la consulta pública sobre la futura revisión de MiCA, el reglamento europeo que establece las reglas para el mercado de criptoactivos, las autoridades financieras comunitarias coinciden en que será necesario introducir cambios para adaptar el marco regulatorio a la evolución del sector. El Sistema Europeo de Bancos Centrales presentó sus propuestas el martes y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha hecho ahora lo propio, poniendo el foco especialmente en las dificultades para supervisar de manera efectiva a los grandes intermediarios y conglomerados vinculados al negocio de los criptoactivos. Desde la entrada en vigor de MiCA, diferentes grupos empresariales han ampliado su oferta de productos y servicios relacionados con los activos digitales en Europa, aunque con modelos de negocio muy diferentes. Entre ellos figuran entidades bancarias y financieras tradicionales y nuevos operadores que combinan criptomonedas, activos tokenizados y divisas convencionales con actividades como la emisión, negociación, custodia o prestación de servicios de pago. Algunas de estas actividades, como determinados préstamos respaldados por criptoactivos, todavía quedan fuera del marco regulatorio. Además, numerosos operadores tienen su sede o concentran buena parte de su actividad fuera de la Unión Europea, como ocurre con Binance, que desde julio ha dejado de operar en Europa al no haber obtenido una licencia MiCA, o Coinbase. La EBA considera que la vinculación entre las distintas sociedades de un mismo grupo mediante relaciones financieras, operativas o de marca puede generar riesgos para los clientes. El problema es que el actual marco de supervisión de los conglomerados financieros solo alcanza a determinados grupos que desarrollan actividades bancarias, aseguradoras o de inversión tradicionales, ya que fue diseñado antes de la aparición y expansión de los negocios relacionados con los criptoactivos. En estos casos, los supervisores dependen en gran medida del intercambio de información y de la cooperación con autoridades de otros países, una coordinación que no siempre está garantizada. Según la EBA, la ausencia de estructuras formales que permitan supervisar a estos grupos de manera conjunta, especialmente cuando combinan numerosos servicios financieros o presentan estructuras complejas, dificulta la detección anticipada de riesgos y limita la posibilidad de adoptar respuestas coordinadas cuando estos llegan a materializarse. Por este motivo, el organismo plantea desarrollar nuevos instrumentos y estructuras de supervisión que permitan controlar de forma coordinada a estos grandes operadores. La cuestión adquiere mayor relevancia a medida que el mercado cripto estrecha sus vínculos con las finanzas tradicionales y las plataformas amplían su catálogo de servicios financieros con el objetivo de reducir su exposición a la volatilidad propia de los activos digitales. La EBA también se aproxima a la posición defendida por el Sistema Europeo de Bancos Centrales respecto a las exigencias de liquidez aplicables a los emisores de stablecoins. El regulador considera que la obligación de mantener entre un 30% y un 60% de las reservas en depósitos, en función de si el emisor tiene carácter significativo, aumenta la interconexión entre estas compañías y el sistema bancario. Aunque este mecanismo permite que los emisores puedan atender con rapidez las solicitudes de reembolso de los inversores en situaciones de tensión, también puede trasladar riesgos al sector bancario. Las entidades que custodian las reservas podrían afrontar problemas de liquidez y, en caso de que alguna atravesara dificultades, el emisor de la stablecoin podría sufrir retrasos para acceder a los fondos depositados o incluso asumir pérdidas. El BCE planteó sustituir esta exigencia por unos niveles mínimos de reservas invertidas en activos de elevada calidad y muy líquidos, con vencimientos de entre uno y cinco días laborables. La EBA considera viable esta alternativa, aunque adopta una posición más cautelosa. A su juicio, un sistema basado en colchones mínimos de liquidez diaria y semanal, combinado con límites de vencimiento y requisitos de diversificación, podría adaptarse mejor al nivel de riesgo que la obligación de mantener un porcentaje fijo de las reservas en depósitos bancarios. La EBA vuelve a poner asimismo sobre la mesa la situación de las stablecoins globales. Tanto este organismo como el BCE han advertido en distintas ocasiones sobre los riesgos asociados a estos activos, entre ellos USDC, de Circle, que se emiten de manera simultánea en distintas jurisdicciones bajo sus respectivos marcos regulatorios. En este modelo, el emisor mantiene reservas para respaldar los tokens puestos en circulación en cada territorio. Sin embargo, al tratarse de activos idénticos y fungibles, los usuarios pueden solicitar su reembolso ante cualquiera de las entidades emisoras, tanto la estadounidense como la europea. Si una de ellas recibe solicitudes de reembolso superiores a las reservas de las que dispone, se pone en marcha un mecanismo de reequilibrio que permite a la otra entidad transferir activos para mantener el respaldo del conjunto de tokens en circulación. Las autoridades europeas consideran que este sistema puede debilitar las garantías prudenciales establecidas por MiCA. El BCE llegó incluso a plantear la prohibición de estas stablecoins o la aplicación de requisitos regulatorios más estrictos. La EBA, por su parte, considera que las salvaguardas actuales de MiCA no bastan para contener los riesgos y advierte de que parte de la actividad del emisor podría quedar fuera del alcance de la supervisión europea, reduciendo la capacidad de las autoridades para intervenir. No obstante, el organismo bancario no propone prohibir estos activos. Su planteamiento pasa por aclarar jurídicamente en qué condiciones pueden admitirse y reforzar los mecanismos destinados a limitar los riesgos. También reclama avanzar hacia acuerdos de reciprocidad con otras jurisdicciones que permitan garantizar unas condiciones equivalentes para las stablecoins emitidas en Europa cuando operen en otros mercados.

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(Expansión, 28-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE descarta alzas de tipos de 50 puntos básicos pese a la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) considera adecuado mantener el ritmo actual de normalización de la política monetaria. Fuentes próximas al órgano de decisión de la institución señalan que, por ahora, no está previsto acelerar el proceso y descartan movimientos de mayor magnitud, como incrementos de 50 puntos básicos, al menos en el corto plazo. Aunque la inflación ha vuelto a repuntar como consecuencia de la prolongación del bloqueo del estrecho de Ormuz derivado del conflicto en Irán, en el BCE existe la percepción de que el endurecimiento monetario puede continuar de forma gradual, sin necesidad de adoptar medidas más agresivas o prolongadas. La revisión al alza de las previsiones de inflación no habría alterado, según estas fuentes, el anclaje de las expectativas de empresas y hogares. El repunte de los precios, además, está teniendo un impacto inferior al previsto inicialmente en algunos ámbitos, con la excepción del componente energético. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha admitido su sorpresa por la limitada repercusión del shock inflacionista sobre elementos como los alimentos y los salarios, lo que hasta ahora ha evitado la aparición de efectos de segunda ronda de mayor intensidad. La situación tampoco se considera comparable a la de 2022. El punto de partida de la política monetaria es ahora diferente y las expectativas de inflación a largo plazo permanecen contenidas, en parte porque el BCE ya ha demostrado su disposición a actuar para garantizar la estabilidad de precios. El escenario que comienza a ganar peso es, por tanto, el de unos tipos de interés elevados durante un periodo más prolongado. El BCE situó hace menos de tres semanas el precio oficial del dinero en el 2,5%, su nivel más alto desde marzo de 2025, aunque todavía se encuentra 150 puntos básicos por debajo de los máximos alcanzados en 2023. En aquel momento, las subidas llegaron incluso a 75 puntos básicos en algunas reuniones, en un contexto en el que la inflación había superado el 10% y mostraba una evolución mucho más preocupante. Fuentes conocedoras de las deliberaciones aseguran que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de adoptar incrementos de mayor intensidad. El debate actual se centra en determinar si es necesario continuar ajustando la política monetaria y en qué medida, pero no existe por ahora un escenario que contemple aumentos de 50 puntos básicos de forma recurrente. Una de las cuestiones que concentra el debate en Fráncfort es precisamente hasta dónde deberían continuar las subidas para que la política monetaria entre en una fase claramente restrictiva, es decir, aquella en la que las condiciones de financiación comienzan a ejercer una presión significativa sobre la actividad económica. Los cálculos de algunos miembros del Consejo de Gobierno apuntan a que una o dos subidas adicionales podrían situar al BCE en ese escenario. Tampoco los miembros más prudentes del Consejo consideran cerrado el ciclo de incrementos. Las decisiones continuarán adoptándose reunión a reunión debido a la incertidumbre asociada al contexto geopolítico, pero algunos banqueros centrales contemplan diciembre como una posible fecha para volver a elevar los tipos. Asimismo, la reunión de octubre presenta ahora más posibilidades de cambios que las últimas citas. Las actuales previsiones de inflación también reflejan un escenario que se aproxima a algunas de las hipótesis más negativas contempladas en las proyecciones elaboradas en marzo. Esto explica que el BCE mantenga abierta la posibilidad de continuar actuando, aunque sin considerar necesario un cambio brusco de estrategia. En este contexto, la orientación actual apunta hacia incrementos moderados y graduales, posiblemente durante más reuniones de las que se esperaba hace unos meses, pero sin que exista por ahora la necesidad de acelerar el proceso. Las subidas de mayor magnitud siguen siendo una herramienta disponible para el BCE, aunque su utilización podría transmitir una señal de tensión monetaria que la institución considera poco conveniente en las circunstancias actuales. Además, el banco central parte en este ciclo con la ventaja de haber actuado antes que otras grandes autoridades monetarias. Frente a etapas anteriores, en las que se cuestionó que el BCE hubiera reaccionado tarde al repunte de los precios, en esta ocasión ya ha realizado dos incrementos de los tipos mientras otros grandes bancos centrales han mantenido una posición más estable.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez oficializa su apoyo a De Cos en la carrera por presidir el BCE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje a Estados Unidos para expresar públicamente su respaldo a la candidatura del actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales, José Luis Escrivá, para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. Con este pronunciamiento, Sánchez confirma la apuesta del Ejecutivo español por situar a un representante nacional al frente de la autoridad monetaria europea. "Por supuesto, tiene mi apoyo. Tiene el liderazgo, también la capacidad y el conocimiento. Sería algo muy positivo no solo para España, sino también para Europa el tener a alguien como él liderando el banco central", ha señalado el presidente del Gobierno en declaraciones a Bloomberg desde Estados Unidos. El respaldo explícito del Ejecutivo constituye un paso necesario para que la candidatura pueda avanzar en el complejo proceso de negociación entre los Estados miembros. La elección de la presidencia del BCE no depende únicamente de la trayectoria profesional y de los conocimientos técnicos de los candidatos, sino también de la capacidad de los gobiernos para reunir los apoyos necesarios en el ámbito europeo. El mandato del presidente del BCE tiene una duración de ocho años y no es renovable. Para ocupar el cargo se exige contar con reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. No obstante, además de cumplir estos requisitos, el candidato debe superar un proceso de negociación política entre los países de la zona euro. La sucesión de Christine Lagarde ha cobrado mayor relevancia ante las informaciones que apuntan a una posible salida anticipada de la presidenta del BCE. Aunque Lagarde ha manifestado que permanecerá en el cargo hasta 2027, cuando concluye oficialmente su mandato, existen informaciones que apuntan a que podría abandonar antes la institución. En estos momentos, José Luis Escrivá aparece entre los nombres que se están barajando para ocupar el puesto, junto al neerlandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. El proceso, no obstante, todavía puede incorporar nuevos candidatos, como ha ocurrido en anteriores sucesiones de la presidencia del BCE. El Gobierno español considera especialmente relevante recuperar presencia en el Comité Ejecutivo del BCE, después de que España haya quedado sin representación en este órgano tras la salida de Luis de Guindos, vicepresidente de la institución entre 2018 y 2026. Anteriormente, José Manuel González-Páramo había formado parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE entre 2004 y 2012. La elección del presidente del BCE se desarrolla mediante un procedimiento que implica a distintas instituciones europeas. En primer lugar, los ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro, reunidos en el Eurogrupo, presentan y valoran las candidaturas hasta alcanzar una mayoría cualificada. El candidato seleccionado debe posteriormente comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y obtener un dictamen de no oposición del Consejo de Gobierno del BCE. La decisión final corresponde al Consejo Europeo, reunido en su configuración de la zona euro, que designa al presidente del Banco Central Europeo a partir de la recomendación formulada por el Eurogrupo.

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(Expansión, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa a Trump de que suspender las exportaciones de diésel a la UE "afectará negativamente" a ambos

La Comisión Europea ha expresado este jueves su preocupación ante las informaciones que apuntan a que Estados Unidos estaría estudiando suspender durante 90 días las exportaciones de diésel, incluidas las destinadas a la Unión Europea. Bruselas ha advertido de que una medida de este tipo podría perjudicar tanto a los mercados europeos como al estadounidense y ha defendido mantener la cooperación energética entre ambas partes. Un portavoz de la Comisión ha señalado que la relación energética entre la UE y Estados Unidos es actualmente estable y beneficiosa para ambas economías, por lo que cualquier interrupción podría tener efectos negativos para los dos bloques. Bruselas ha destacado además que existen contactos de alto nivel con Washington y ha reclamado que los socios mantengan consultas antes de adoptar decisiones que puedan repercutir sobre mercados compartidos. Por el momento, la Comisión asegura que no detecta problemas concretos de suministro de diésel en la Unión Europea. La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha explicado que los expertos europeos están siguiendo de cerca la evolución de los mercados y de las reservas de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables de los Estados miembros. El grupo de coordinación sobre petróleo volverá a reunirse el próximo martes, cuando los expertos de los Veintisiete analizarán nuevamente la situación y sus posibles implicaciones. Bruselas reconoce que la Unión Europea depende en buena medida de las importaciones de diésel, pero considera que esta circunstancia convierte al mercado comunitario en un destino especialmente relevante para los productores estadounidenses. De hecho, Estados Unidos representa cerca de la mitad de las compras de diésel que la Unión Europea realiza fuera de sus fronteras. Por este motivo, la Comisión considera que una eventual restricción de las exportaciones también tendría consecuencias para los intereses energéticos y comerciales estadounidenses. Bruselas ha señalado asimismo que dentro de Estados Unidos existen posiciones contrarias a una eventual prohibición de las exportaciones y que algunos sectores consideran que una medida de este tipo tendría efectos negativos. La Comisión ha destacado, en este sentido, la importancia de la relación energética entre ambas partes, que no se limita al diésel, sino que también incluye el suministro de gas natural licuado a la Unión Europea.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas diseña un escudo energético con compras de gas financiadas por toda la UE ante una crisis

La Comisión Europea estudia permitir que el presupuesto comunitario se utilice para financiar un sistema de compras conjuntas de gas en caso de una crisis de suministro. El borrador del nuevo reglamento sobre seguridad energética incluye esta posibilidad entre las herramientas que Bruselas podría activar cuando se declare una alerta a escala regional o para el conjunto de la Unión. La propuesta abriría así la posibilidad de utilizar recursos europeos para responder a situaciones de tensión en el mercado gasista, aunque todavía quedan por concretar tanto el funcionamiento como la financiación del mecanismo. El alcance económico de esta iniciativa aún no está definido. El texto no determina quién asumiría la contratación del gas, quién sería el titular de los volúmenes adquiridos ni cómo se repartirían entre los países participantes tanto el suministro como los costes. Por tanto, la inclusión de esta opción en el reglamento permitiría desarrollar posteriormente el instrumento, pero no supone que exista ya una partida presupuestaria aprobada para financiar las compras. La propuesta introduce una diferencia respecto al sistema AggregateEU, puesto en marcha por la Comisión Europea después de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Esta plataforma permite agrupar las necesidades de gas de distintas empresas y ponerlas en contacto con posibles proveedores. Una vez identificadas las ofertas, son las propias compañías las que negocian directamente los contratos. AggregateEU facilita y coordina el proceso, pero no asume la contratación comercial ni la financiación de las operaciones. El nuevo reglamento separaría expresamente esta agregación de demanda de un mecanismo de compras conjuntas de la Unión respaldado por financiación comunitaria. De esta forma, Bruselas podría disponer de una herramienta adicional para intervenir en el mercado en situaciones excepcionales. No obstante, será el desarrollo posterior de la iniciativa el que determine si la financiación europea cubriría directamente las adquisiciones de gas, determinados costes asociados a ellas o algún otro tipo de apoyo. La puesta en marcha del mecanismo estaría condicionada a la declaración de una situación de alerta. El borrador contempla que la Comisión pueda activarla cuando se produzca un deterioro significativo del suministro a escala regional o comunitaria. También podría declararse cuando una situación de alerta en el sistema eléctrico genere un riesgo importante para la seguridad del abastecimiento de gas. Asimismo, Bruselas tendría que declarar una alerta regional o para toda la Unión cuando dos o más autoridades nacionales competentes hayan activado previamente sus respectivos mecanismos de alerta y soliciten una respuesta coordinada a escala europea. El planteamiento pretende que la intervención pueda producirse antes de alcanzar las fases más graves de una emergencia energética. Las compras conjuntas se sumarían a otras medidas previstas en el reglamento, como reducciones obligatorias de la demanda mediante mecanismos de mercado, sistemas de agregación de necesidades adaptados a la magnitud de la crisis o actuaciones extraordinarias destinadas a reforzar los niveles de almacenamiento. La Comisión tendría que realizar un seguimiento permanente de las circunstancias que hubieran motivado la declaración de alerta y poner fin a las medidas cuando dejaran de cumplirse las condiciones que justificaron su activación. El almacenamiento de gas también tendría un papel destacado dentro de la estrategia. Entre las opciones recogidas en el anexo del proyecto figuran la organización de nuevas subastas, la reducción de las tarifas de almacenamiento o la designación de un operador de último recurso que se encargue de garantizar el llenado de las instalaciones. El proyecto contempla además la posibilidad de obligar a las empresas a utilizar o mantener llenas hasta el 1 de noviembre las capacidades de almacenamiento que tengan contratadas, con el objetivo de reforzar las reservas disponibles ante posibles episodios de tensión en el suministro.

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(El Economista, 25-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El comercio español cae en junio y registra la segunda mayor caída de ventas de toda Europa

El comercio minorista español experimentó un retroceso en julio después de varios meses de crecimiento. Según los últimos datos de Eurostat, el volumen de ventas cayó un 0,9% respecto a junio, lo que situó a España como el segundo país de la Unión Europea con un mayor descenso entre los mercados con información disponible, solo por detrás de Alemania, donde la bajada fue del 3,4%. La evolución española fue peor que la registrada en el conjunto de la UE, donde las ventas disminuyeron un 0,4%, y en la zona euro, con un retroceso del 0,6%. El debilitamiento de las ventas coincide con el repunte de la inflación. En julio, los precios aumentaron un 3,6% interanual, cuatro décimas más que en junio, mientras que en agosto la inflación se aceleró hasta el 4,3%, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Aunque la inflación subyacente se mantuvo en el 2,9%, el encarecimiento de los carburantes y de la vivienda está incrementando la presión sobre los presupuestos familiares y reduciendo el margen disponible para determinados gastos, especialmente los relacionados con bienes no esenciales. El comercio español ya mostraba signos de desaceleración antes de la caída registrada en julio. El volumen de ventas había aumentado únicamente un 0,5% en mayo y un 0,4% en junio. La relevancia de los últimos datos reside además en que Eurostat mide las ventas en términos de volumen, es decir, la cantidad de productos comercializados, y no el importe gastado por los consumidores. De este modo, el incremento de los precios puede estar limitando la capacidad de los hogares para aumentar el número de bienes adquiridos. El deterioro se aprecia especialmente en los productos no alimentarios. En la zona euro, el volumen de ventas de estos artículos, excluidos los carburantes, disminuyó un 1,4% mensual en julio, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la caída fue del 1,1%. Por el contrario, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron un 0,4% en los países del euro y un 0,3% en el conjunto de la UE. La evolución de España también contrasta con la de otras grandes economías europeas. Además del fuerte descenso registrado en Alemania, Italia experimentó una reducción del 0,3%, mientras que Francia aumentó sus ventas minoristas un 0,9%, Países Bajos avanzó un 0,2% y Portugal mantuvo el mismo nivel que el mes anterior. Entre los mayores incrementos destacaron los de Letonia, con un 2,5%, Chipre, con un 2%, y Luxemburgo, con un 1,8%. En términos interanuales, el comportamiento del comercio minorista español también refleja un empeoramiento. El volumen de ventas en julio fue un 0,7% inferior al registrado un año antes, frente al crecimiento del 1% en la Unión Europea y del 0,6% en la zona euro. Este resultado rompe además con la evolución positiva que había mantenido España durante la primera mitad del año. Las ventas minoristas habían aumentado un 2,1% interanual en febrero, un 4,3% en marzo, un 0,3% en abril, un 1,2% en mayo y un 0,8% en junio. La caída de julio supone, por tanto, un cambio de tendencia que coincide con el repunte de la inflación y una menor capacidad de compra de los hogares.

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(Cinco Días, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno estudia una intervención de los precios del gas para frenar la subida de la factura eléctrica

El Gobierno estudia distintas fórmulas para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos y no descarta intervenir en el mercado mayorista de la electricidad, ante el riesgo de que el encarecimiento del gas natural vuelva a trasladarse con fuerza al precio de la luz. Entre las opciones que se están analizando figura la recuperación de la denominada excepción ibérica, el mecanismo que España puso en marcha durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que permitió limitar temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad. El funcionamiento actual del mercado eléctrico hace que, cuando desaparece la producción solar, las centrales de ciclo combinado de gas puedan convertirse en las instalaciones que fijan el precio marginal. Ese valor se aplica posteriormente al resto de tecnologías que participan en el mercado, incluidas la nuclear, la hidráulica y las renovables. Desde el sector energético advierten, no obstante, de que recuperar un límite al precio del gas tendría efectos diferentes a los de la crisis anterior. Las renovables representan ahora alrededor de la mitad de la generación eléctrica, el doble que el gas, y durante las horas de mayor producción solar llegan a registrar precios cero o negativos. Por ello, sus ingresos también se benefician cuando las centrales de gas son las que marcan el precio. Además, una nueva intervención podría entrar en conflicto con el funcionamiento del mercado marginalista europeo. Las eventuales medidas se incorporarían a la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado el pasado marzo. Algunas de las actuaciones incluidas entonces vencen este mes y otras lo harán a finales de año. En aquella ocasión, el Ejecutivo optó por no modificar directamente el funcionamiento del mercado eléctrico y recurrió principalmente a medidas fiscales, entre ellas la reducción temporal del IVA de la electricidad y la rebaja de los peajes para la industria electrointensiva. Ahora, las previsiones de cara al invierno han elevado la preocupación, con escenarios que sitúan el gas en torno a los 105 euros por MWh y la electricidad cerca de los 189 euros por MWh. El Ministerio de Economía ha confirmado que mantiene conversaciones con empresas del sector energético, especialmente con compañías petroleras y gasistas, ante la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Desde Transición Ecológica también reconocen que será necesario actuar, aunque todavía no han concretado qué instrumentos podrían utilizarse. Entre las alternativas que presentan una aplicación más sencilla se encuentran una nueva reducción del IVA de la electricidad o utilizar los ingresos obtenidos por los derechos de emisión de CO2 para financiar parte de los peajes y cargos incluidos en la factura. También podría revisarse la tarifa regulada del gas, la TUR, que afronta una importante subida en la revisión trimestral de octubre. La excepción ibérica estableció durante un año un precio máximo de 50 euros por MWh para el gas destinado a la generación eléctrica. La medida redujo los ingresos que obtenían las tecnologías inframarginales, como las nucleares, las hidráulicas y determinadas renovables, aunque las centrales de gas continuaron recuperando sus costes reales mediante una compensación abonada por los consumidores a través de las comercializadoras. El mecanismo fue considerado una ayuda de Estado y tuvo que contar con la autorización europea. España también había aprobado en 2021 una minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por determinadas instalaciones inframarginales como consecuencia del elevado precio del gas, una medida que no tuvo la consideración de ayuda de Estado y que fue cuestionada por las grandes compañías eléctricas. La situación actual también presenta diferencias respecto a la crisis energética de 2022. En aquel momento, España llegó a registrar los precios mayoristas más elevados de Europa y el PVPC, al estar directamente vinculado al mercado mayorista, trasladaba con rapidez esas subidas a millones de hogares. Aquella situación contribuyó al impulso de una reforma del mercado eléctrico europeo, aunque no llegó a modificar el principio marginalista que defendían los países del norte frente a las propuestas de los Estados del sur. Ahora, pese al fuerte incremento registrado en España, otros grandes mercados europeos como Italia, Francia y Alemania han alcanzado precios todavía superiores en determinados momentos. En paralelo, España respalda la posibilidad de recuperar un gravamen sobre las compañías energéticas que permita captar parte de los ingresos extraordinarios generados por la crisis de Ormuz y evitar que terminen trasladándose a los consumidores mediante una mayor inflación. La Unión Europea dispone además de un mecanismo de emergencia energética que podría permitir a los Estados subvencionar las facturas de hogares y pequeñas empresas en determinadas circunstancias. Esta posibilidad se incorporó a la normativa europea tras la crisis provocada por la reducción del suministro de gas ruso. Sin embargo, la activación exige que la Comisión Europea declare formalmente la situación de emergencia y se alcancen unos umbrales especialmente elevados. Entre ellos se contempla que el precio de la electricidad supere 2,5 veces la media registrada durante los cinco años anteriores o que rebase los 180 euros por MWh y exista una previsión de que esos niveles se mantengan durante los seis meses siguientes.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas tocan techo, pero el déficit de la balanza se dispara

Las empresas españolas mantienen el pulso de su actividad exterior pese al contexto de incertidumbre comercial y geopolítica provocado por el conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz. Entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron los 236.587,4 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta ahora en este periodo y un 2,2% superior a la del mismo intervalo del año anterior. Los datos proceden del último informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que también refleja un notable incremento del déficit comercial. En los siete primeros meses del año, el saldo negativo de la balanza comercial aumentó un 30,5% interanual y superó los 38.000 millones de euros, un nivel que solo encuentra un precedente cercano en 2022, cuando el déficit se aproximó a los 42.000 millones. El aumento responde en buena medida al avance de las importaciones, que crecieron un 5,3%, hasta situarse por encima de los 274.590 millones de euros. El encarecimiento de la energía derivado de la situación en Oriente Próximo está detrás de buena parte de este deterioro. Entre enero y julio, las importaciones de productos energéticos aumentaron un 13,6% respecto al mismo periodo del año anterior, de manera que ya representan el 13,5% del conjunto de las compras españolas en el exterior, un punto porcentual más que un año antes. El incremento del coste energético está ampliando así la diferencia entre lo que España vende y lo que necesita adquirir fuera. Las exportaciones energéticas también registraron un fuerte crecimiento, del 28% en los siete primeros meses del año. No obstante, su peso dentro del conjunto de las ventas exteriores es mucho menor que el de las importaciones de energía, por lo que este avance no permite compensar el incremento de la factura energética. Las materias primas también experimentaron una evolución positiva en las exportaciones, aunque los principales sectores exportadores presentaron resultados menos favorables. Las ventas exteriores de alimentación, bebidas y tabaco retrocedieron un 1,9%, mientras que las correspondientes a productos químicos descendieron un 8,7% durante el periodo. Por mercados de destino, Estados Unidos y China registraron incrementos similares y fueron los grandes mercados que más aumentaron sus compras a España, con avances del 14,6% y del 14%, respectivamente. Pese a ello, la Unión Europea continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones españolas. Entre enero y julio recibió productos por valor de 147.674,6 millones de euros, el 62,4% del total. Dentro de la Unión Europea destaca especialmente Portugal, cuyas compras a empresas españolas aumentaron un 9,1% en el periodo y superaron los 21.360 millones de euros. En sentido contrario, las exportaciones dirigidas a Reino Unido disminuyeron un 4,2%. En el apartado de las importaciones destaca especialmente China. Las compras españolas procedentes del gigante asiático se aproximaron a los 31.500 millones de euros entre enero y julio, pese al complejo escenario internacional generado por el conflicto en Oriente Próximo. Precisamente esta región ha experimentado uno de los mayores retrocesos en los intercambios comerciales con España desde el inicio de la guerra a finales de febrero. Las exportaciones españolas hacia Oriente Próximo disminuyeron un 14,8% en los siete primeros meses del año, con una caída especialmente significativa de las ventas dirigidas a Emiratos Árabes Unidos. Las importaciones procedentes de la región también se redujeron, aunque en menor medida, un 9,3%. El aumento de las compras a Arabia Saudí, que crecieron un 18,8%, contribuyó a modificar el saldo comercial de España con el conjunto de Oriente Próximo. El superávit se situó en 162,5 millones de euros hasta julio, frente a los 504 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez se alinea en el frente de la ONU a favor de regular la IA mientras Trump rechaza frenarla

La distancia entre Pedro Sánchez y Donald Trump volvió a hacerse patente durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno español no asistió a la tradicional recepción ofrecida por el mandatario estadounidense a los líderes internacionales reunidos en Nueva York, una ausencia que el Ejecutivo justificó por motivos de agenda. Al mismo tiempo, Sánchez defendió ante la ONU la necesidad de establecer reglas comunes para controlar los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, una posición que contrasta con la apuesta de Trump por impulsar esta tecnología sin que la regulación frene su evolución. Las relaciones entre ambos dirigentes ya atraviesan un periodo de tensión debido a distintos desencuentros. Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones el nivel de gasto militar de España y ha criticado la negativa del Gobierno español a permitir el uso de sus bases para determinadas operaciones militares estadounidenses. A estas diferencias se han añadido sus declaraciones sobre la situación migratoria en Ceuta y las advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra la Unión Europea. Sánchez participó en la sesión inaugural de la Asamblea General, en la que también intervino Trump, aunque finalmente no acudió a la recepción organizada por el presidente estadounidense. Desde Moncloa explicaron que la invitación había llegado cuando la agenda del viaje ya estaba cerrada y que el jefe del Ejecutivo tenía programada una intensa actividad de reuniones y encuentros bilaterales. Entre sus compromisos figuraban reuniones con representantes de Reino Unido, Líbano, Namibia y Panamá, además de encuentros con el gobernador de California y con el máximo responsable de Apple. Uno de los principales actos de la agenda de Sánchez estuvo relacionado con la protección de los menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial. En un foro impulsado junto a Francia, Kenia y Australia, el presidente español defendió una respuesta internacional que permita establecer reglas para el desarrollo de esta tecnología y situó la protección de los derechos de la infancia como una de las prioridades de la agenda digital. Sánchez reclamó una alianza global que garantice los derechos digitales y una inteligencia artificial desarrollada bajo principios comunes. El planteamiento español contrasta con el defendido por Trump durante su intervención ante la Asamblea General. El presidente estadounidense reivindicó el liderazgo de su país en el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que no debe frenarse una tecnología que, a su juicio, tendrá un impacto comparable o superior al de la Revolución Industrial o internet. Trump también planteó sustituir la denominación de inteligencia artificial por la de "superinteligencia" y defendió mantener el ritmo de desarrollo tecnológico frente a los riesgos de que otros países, especialmente China, puedan tomar ventaja. La regulación de la IA también ocupó un lugar destacado en el discurso de António Guterres ante la Asamblea General. El secretario general de Naciones Unidas reclamó un marco internacional para gestionar los riesgos de esta tecnología y defendió que los gobiernos asuman un papel activo en su supervisión. Guterres advirtió de la concentración de poder asociada a la inteligencia artificial y de la velocidad con la que avanza, y apostó por mecanismos de control y supervisión independiente. El secretario general de la ONU puso especialmente el foco en la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico avance sin mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y control público. En su último discurso ante la Asamblea General antes de finalizar su mandato, defendió una cooperación internacional que permita gestionar los riesgos de la inteligencia artificial y evitar usos que puedan comprometer derechos fundamentales o generar nuevas amenazas.

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(El País, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las perspectivas de crecimiento global mejoran pese a las dudas sobre el impacto de la IA

Aunque la economía mundial continúa marcada por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, las perspectivas para el próximo año han mejorado. Más de la mitad de los economistas jefes consultados por el Foro Económico Mundial considera que la economía global podría estabilizarse en 2027, frente al escenario mucho más pesimista que predominaba hace tres meses. Sin embargo, esta mejora convive con varios riesgos: la inflación seguirá presionando sobre los salarios reales, el margen fiscal de los Gobiernos será cada vez menor y persisten dudas sobre la evolución de la inversión y la productividad vinculadas a la inteligencia artificial. La IA aparece como uno de los principales motivos para el optimismo. El 97% de los economistas encuestados espera que su adopción continúe aumentando durante el próximo año y alrededor de siete de cada diez prevé que genere importantes incrementos de productividad. Según las previsiones recogidas en el estudio, estas mejoras deberían extenderse progresivamente a todos los sectores durante los próximos tres años, con las tecnologías de la información y las comunicaciones digitales entre las primeras actividades en beneficiarse. Al mismo tiempo, el desarrollo de la IA plantea importantes interrogantes. Cerca de ocho de cada diez expertos considera que la expansión de los centros de datos contribuirá al crecimiento económico mundial, pero más de la mitad no espera que estas inversiones generen una cantidad significativa de empleo. Además, existe una preocupación creciente por el impacto que tendrá su elevado consumo de electricidad y agua sobre las comunidades en las que se instalen, así como por una posible reacción social contra estos proyectos. También persisten las dudas acerca de si el actual ritmo de inversión en inteligencia artificial puede mantenerse o si existe un riesgo de sobreinversión que desemboque en una corrección significativa. El Chief Economists' Outlook se publica con carácter trimestral a partir de las opiniones de economistas del sector público y privado. Los datos de esta edición proceden de entrevistas realizadas entre el 4 y el 20 de agosto y serán presentados durante las Reuniones sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible 2026 del Foro Económico Mundial, que se celebran esta semana en Nueva York. La percepción sobre la evolución de la economía ha mejorado, pero los expertos siguen observando numerosos factores de riesgo. El 97% identifica los conflictos geopolíticos como una de las principales fuentes de incertidumbre para los próximos doce meses y el 58% anticipa posibles correcciones en los precios de los activos. A ello se suma el progresivo agotamiento de la capacidad de los Gobiernos para utilizar estímulos fiscales como herramienta frente a las crisis. Menos de un tercio de los encuestados considera que este respaldo presupuestario se mantendrá durante el próximo año. La economía mundial afronta así un escenario condicionado por una sucesión de perturbaciones que se han acumulado durante los últimos años. A los efectos de la pandemia se añadieron la guerra de Ucrania y su impacto sobre los mercados energéticos y la inflación, las tensiones comerciales impulsadas desde Estados Unidos y la creciente confrontación geopolítica. A estos factores se han sumado posteriormente el conflicto con Irán y la carrera internacional por el liderazgo en inteligencia artificial, configurando un entorno caracterizado por una mayor fragmentación y una elevada incertidumbre. Esta situación también se refleja en las previsiones de los economistas. La mayoría espera que continúe aumentando la fragmentación de la economía mundial y cerca de la mitad anticipa un incremento de las barreras comerciales tanto en Estados Unidos como en Europa. En materia de crecimiento, las previsiones apuntan a que Europa seguirá mostrando un comportamiento más débil que otras grandes regiones, mientras que India, el Sudeste Asiático, Asia Central y Estados Unidos presentan unas perspectivas más favorables. En el caso de China, los expertos esperan un crecimiento moderado, aunque consideran que el país podría reducir con rapidez la distancia que todavía mantiene con Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial. La fragmentación económica y el aumento de las barreras comerciales también tendrán consecuencias sobre los consumidores. Los economistas consultados prevén un encarecimiento de distintos componentes del coste de vida, especialmente los alimentos, la electricidad y el transporte. En la mayoría de las regiones, además, el repunte de los precios irá acompañado de una pérdida de poder adquisitivo, con la excepción de las previsiones para India y el Sudeste Asiático. Ante esta situación, los expertos anticipan nuevas actuaciones de los Gobiernos para tratar de contener el impacto sobre los hogares. Entre las respuestas contempladas figuran principalmente las reducciones fiscales aplicadas a bienes y servicios básicos, junto con ayudas directas al consumo, medidas que concentran el 54% de las preferencias expresadas en la encuesta, así como distintas fórmulas de control o limitación de precios.

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