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(El Economista, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las tecnológicas aumentan sus despidos en más del 50% en lo que va de año por culpa de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) empieza a tener un efecto cada vez más visible en las plantillas de las empresas tecnológicas, con un volumen de despidos en lo que va de año un 52% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Así lo refleja un ranking sectorial elaborado por el portal Layoff, que recopila datos de 60 compañías a partir de fuentes como Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times o The Guardian, además de información publicada por las propias empresas. En total, los recortes de empleo conocidos hasta ahora en el sector tecnológico ascienden a 38.645 puestos, lo que supone 13.200 más que los 25.411 eliminados entre enero y mediados de marzo del año pasado. Estas cifras comienzan a confirmar las previsiones de algunos expertos del sector, que anticipaban un impacto significativo de la IA sobre el empleo, incluso antes de lo esperado. Es el caso de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, quien advirtió que esta tecnología podría suprimir hasta la mitad de los trabajos de oficina en unos cinco años. En la misma línea, un estudio de la Universidad de Oxford estimaba que cerca del 47% de los empleos en Estados Unidos podrían ser automatizados en un horizonte de una o dos décadas. Si la tendencia actual se mantiene, los despidos en el sector podrían superar los 165.000 a lo largo del año, lo que representaría un aumento del 33% respecto a 2025, ejercicio en el que solo Intel eliminó 22.000 empleos. Entre las compañías más afectadas destaca Amazon, que lidera los recortes en este primer trimestre tras anunciar en enero la salida de 16.000 empleados, a los que se suman otros 14.000 puestos ya en riesgo desde octubre de 2025. También sobresalen Block, dedicada a los pagos digitales, con 4.000 despidos, y ASML, que ha comunicado la salida de 1.700 trabajadores. Otras empresas relevantes como Ericsson y Atlassian han reducido sus plantillas en 1.600 empleados cada una. Meta, por su parte, ha recortado 1.500 puestos en el primer trimestre del año, aunque esta cifra es un 59% inferior a la del mismo periodo de 2025. Asimismo, se han producido ajustes importantes en compañías como Wisetech (2.000 empleos), Livspace (1.000) y Pinterest (700). En el caso de Microsoft, la empresa ha negado los rumores sobre un supuesto plan de despidos masivos que hablaba de hasta 22.000 salidas, tras haber reducido su plantilla en 10.000 personas en 2023, 1.900 en 2024 y 15.000 en 2025. Desde Amazon, su vicepresidenta de People Experience & Technology, Beth Galetti, ya reconocía a finales de enero que el entorno empresarial evoluciona a gran velocidad, al justificar los recortes. No obstante, evitó vincular directamente estas medidas a un cambio estructural impulsado por la IA, señalando que cada equipo seguirá ajustando su organización en función de la eficiencia, la agilidad y la innovación orientada al cliente. Aun así, la compañía tiene en el horizonte un ambicioso plan de automatización que podría implicar la sustitución de hasta 600.000 puestos de trabajo por robots de aquí a 2033.

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(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España activará mecanismos para mantener bajo control los fondos para minoristas de deuda privada

La deuda privada se ha convertido en uno de los principales focos de inquietud en los mercados. Los fondos especializados en conceder financiación fuera del circuito bancario tradicional han comenzado a abrirse a inversores minoristas, lo que ha intensificado la atención sobre su funcionamiento. En Estados Unidos ya se han producido cierres de carteras y restricciones a los reembolsos, debido a que estos vehículos invierten en préstamos que, por su naturaleza, no pueden liquidarse de forma inmediata. Ante este contexto, España y la Unión Europea preparan una regulación específica para los fondos que ofrecen cierta liquidez -los denominados fondos "evergreen" o semilíquidos-, a los que se exigirá una gestión especialmente prudente y la realización de pruebas de resistencia anuales. Estos fondos permiten a los inversores recuperar su dinero en determinadas ventanas, aunque invierten en activos no cotizados. Su crecimiento ha sido notable: han aumentado un 20% a nivel global en los últimos dos años, alcanzando los 419.000 millones de dólares, impulsados por el interés de inversores particulares y clientes de banca privada que buscan acceso a mercados privados sin renunciar a cierta liquidez. La Comisión Europea ha decidido intervenir con una directiva -pendiente de transposición- que pone el foco en los riesgos derivados del auge del crédito privado, advirtiendo de posibles impactos micro y macroprudenciales que podrían extenderse al conjunto del sistema financiero. En España, la CNMV será la encargada de autorizar y supervisar estos vehículos. La nueva normativa obligará a las gestoras a no solo cumplir con requisitos formales, sino también a realizar tests de estrés anuales para evaluar su capacidad de atender reembolsos. Estos análisis deberán contemplar escenarios adversos, como subidas de tipos de interés, ampliación de diferenciales, impagos o presión masiva de retiradas. El objetivo es evitar situaciones como la vivida en Estados Unidos, donde gestoras como Blue Owl han tenido que bloquear fondos para minoristas, o BlackRock, que ha limitado los reembolsos al 5% ante una avalancha de solicitudes. También se han aplicado restricciones en productos de Morgan Stanley y Cliffwater, lo que refleja una tensión creciente en este segmento. La preocupación se extiende más allá de la deuda privada. Desde el ámbito del private equity, algunas voces advierten de que una parte relevante del sector ya se encuentra en situación de estrés o dificultad, lo que podría agravar el escenario actual. Uno de los factores de riesgo es que aproximadamente el 80% de los préstamos en este mercado se conceden a empresas participadas por fondos de capital riesgo, generalmente a tipos más elevados que los de la banca. Esto implica mayor rentabilidad, pero también un nivel de riesgo superior. Además, fuentes financieras alertan de posibles salidas de capital ante el aumento de la incertidumbre, especialmente en empresas susceptibles de verse afectadas por cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. No obstante, algunas entidades financieras han defendido la calidad de sus exposiciones, descartando un deterioro generalizado del crédito. La regulación busca, sobre todo, evitar problemas de liquidez. Para ello, contempla herramientas como la posibilidad de limitar reembolsos, ya sea a nivel de fondo o por inversor, retrasar los plazos de pago o incluso, en casos excepcionales, satisfacer los reembolsos mediante la entrega de activos en lugar de efectivo. Asimismo, se prohíbe una práctica considerada especialmente peligrosa: la estrategia de "conceder para distribuir", que consistía en otorgar préstamos con la intención de venderlos posteriormente a otros fondos. La normativa exigirá que las gestoras retengan parte del riesgo, reforzando así la calidad del crédito concedido. En paralelo, la normativa europea establece un marco común mínimo, pero también introduce cierta flexibilidad en las herramientas de liquidez. Esto podría impulsar el desarrollo de nuevos vehículos en España, donde la CNMV ya ha autorizado varios fondos de este tipo para inversores minoristas. El supervisor español analiza con detalle aspectos como la coherencia entre la estructura del fondo, su estrategia de inversión y la liquidez real de los activos, así como la capacidad de atender reembolsos sin generar conflictos entre inversores. En cualquier caso, la CNMV mantiene una vigilancia estrecha sobre estos productos, con el objetivo de evitar situaciones como las vividas en el pasado, cuando algunos fondos inmobiliarios en España se vieron obligados a bloquear reembolsos tras la crisis financiera de 2008.

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(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y enfría las perspectivas de nuevas rebajas

La Reserva Federal ha decidido actuar con prudencia ante el repunte de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán y ha optado por mantener los tipos de interés sin cambios, situándolos en el rango del 3,5% al 3,75%. De cara a 2026, la mayoría de sus responsables considera que, como mucho, podría haber una única bajada adicional de tipos este año, e incluso no descarta que no se produzca ninguna, aunque por ahora sí descartan nuevas subidas pese al contexto geopolítico. Se trata de la segunda pausa en lo que va de año. El banco central estadounidense sigue así la estrategia marcada tras las tres reducciones consecutivas aprobadas a finales de 2025, iniciando 2026 con un enfoque más cauteloso para evaluar tanto el efecto de esos recortes como el impacto de la incertidumbre internacional. Los mercados están muy atentos a cómo evolucionan las previsiones de los miembros de la Fed para el resto del ejercicio. En los últimos días, los analistas ya apuntaban a la posibilidad de un único recorte en la segunda mitad del año, probablemente en otoño, frente a los dos que se contemplaban antes del estallido del conflicto en Irán. Las nuevas proyecciones del organismo confirman este giro: la mayoría de los gobernadores se divide entre quienes prevén una sola bajada y quienes no anticipan ninguna, con siete apoyos para cada postura de un total de 19 votos. Como aspecto positivo, por ahora se descarta la necesidad de subir los tipos en 2026. Este escenario plantea un reto adicional para Kevin Warsh, quien asumirá la presidencia de la Fed en mayo en sustitución de Jerome Powell. El economista, cercano a Donald Trump, tendrá que decidir entre impulsar recortes de tipos, en línea con las expectativas políticas, o retrasarlos ante el deterioro del contexto inflacionario, una decisión compleja que podría incluso aumentar el riesgo de recesión en la economía estadounidense. Desde Loomis Sayles (Natixis) advierten de que cualquier bajada de tipos que no responda al mandato de estabilidad de precios y empleo, y que esté más orientada a favorecer la política fiscal, sería mal recibida por los mercados. La moderación en las expectativas de recortes está directamente relacionada con el comportamiento de la inflación. Aunque el IPC se ha relajado respecto a los niveles más altos de los últimos años, sigue mostrando una resistencia mayor de lo esperado. En febrero, la inflación interanual se situó en el 2,4%, igual que el mes anterior. Pese a estar cerca del objetivo del 2% de la Fed, existe preocupación por el posible impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Irán, que podría reactivar las presiones inflacionistas. Además, el indicador preferido por la Fed, el índice de precios del consumo personal (PCE), ha repuntado recientemente. La inflación subyacente se sitúa en torno al 3,1% interanual, su nivel más alto en casi dos años, lo que limita el margen para aplicar políticas más expansivas. En cuanto al empleo, el panorama tampoco es del todo tranquilizador. La tasa de paro se sitúa en el 4,4%, un nivel todavía bajo en términos históricos, pero con una tendencia al alza en los últimos meses, lo que refleja cierto debilitamiento del mercado laboral. Las dudas sobre la fortaleza económica se han visto reforzadas por la revisión a la baja del crecimiento. Según los últimos datos del Departamento de Comercio, la economía de Estados Unidos cerró 2025 con un ritmo más débil de lo previsto: el PIB del cuarto trimestre creció solo un 0,7% anualizado, la mitad de la estimación inicial, debido a un menor dinamismo del consumo y de la inversión empresarial. Este contexto complica la toma de decisiones de la Fed. Mantener los tipos elevados durante demasiado tiempo podría frenar aún más la actividad económica, mientras que reducirlos antes de tiempo podría avivar nuevamente la inflación, especialmente en un entorno marcado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre geopolítica.

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(Expansión, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo supera los 110 dólares tras los ataques de Irán e Israel a instalaciones energéticas

Irán ha advertido que responderá atacando infraestructuras de petróleo y gas en todo el Golfo, después de que varios misiles alcanzaran South Pars, una zona clave del mayor yacimiento de gas del mundo y pilar fundamental del sistema energético del país. Según autoridades iraníes, este ataque -dirigido también contra complejos petroquímicos vinculados al yacimiento- podría provocar una fuerte intensificación del conflicto. Se trata del primer golpe contra instalaciones energéticas iraníes desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva el 28 de febrero. Tras lo ocurrido, el precio del crudo Brent se disparó más de un 7%, alcanzando los 111 dólares por barril (máximo desde el 9 de marzo), mientras que el gas natural en Europa subió un 8%, hasta los 55 euros por MWh. Ante este contexto, las firmas de análisis están revisando sus previsiones tanto sobre la duración del conflicto como sobre la evolución del petróleo. Citi, que asigna un 50% de probabilidad a su escenario principal, considera que una desescalada real podría tardar entre cuatro y seis semanas en producirse, es decir, hacia mediados o finales de abril. Con esta perspectiva, reconoce una visión cada vez más alcista a corto plazo y eleva su previsión del Brent para los próximos tres meses a un rango de entre 110 y 120 dólares por barril. Por su parte, Fidelity también anticipa un conflicto prolongado, con una guerra de desgaste que podría extenderse durante semanas o incluso meses. Dado que el petróleo incorpora una prima de riesgo geopolítico sostenida, la gestora estima que el Brent podría oscilar entre los 90 y los 110 dólares, dependiendo de la duración del conflicto y de la reacción de la oferta. En general, las revisiones recientes de los analistas tienden al alza. Standard Chartered ha aumentado de forma significativa su previsión media para el segundo trimestre hasta los 98 dólares por barril, muy por encima de los 67 dólares que estimaba antes del estallido del conflicto en Irán. A más largo plazo, también se están revisando al alza las previsiones para 2026. Bank of America sitúa el precio medio del Brent en 77,5 dólares, mientras que Barclays eleva su estimación hasta los 85 dólares por barril. Además, esta última entidad advierte de un posible escenario más tensionado, en el que el precio podría acercarse a los 100 dólares si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga más de lo previsto. En el escenario más extremo contemplado por Fidelity, marcado por una grave interrupción del suministro energético, el petróleo podría superar los 120 dólares, con efectos significativos sobre la inflación y el crecimiento económico. Este escenario tiene una probabilidad estimada del 35%. Citi, por su parte, plantea un escenario aún más alcista: el Brent podría alcanzar los 150 dólares por barril, e incluso escalar hasta los 180 o 200 dólares a mediados de año en caso de una situación especialmente crítica.

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(El Confidencial, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas presenta su plan para crear empresas "europeas" en 48 horas y por 100 euros

La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta para implantar un marco administrativo y jurídico común para empresas en los 27 Estados miembros, conocido como "régimen 28". Esta iniciativa, aún sujeta a cambios durante su tramitación, plantea un modelo simplificado que permitiría crear una empresa en 48 horas, con un coste máximo de 100 euros y sin exigencia de capital mínimo. Bruselas estima que, tras su entrada en vigor, podrían constituirse unas 300.000 sociedades bajo el formato "EU Inc." en la próxima década, dando respuesta a las recomendaciones de competitividad formuladas por Enrico Letta y Mario Draghi. La propuesta no supone la creación de un sistema completamente paneuropeo. Las empresas seguirán teniendo que adaptarse a los procedimientos nacionales cuando operen en otros países, aunque estos trámites se verán considerablemente simplificados. Hasta ahora, la normativa comunitaria en materia societaria estaba orientada principalmente a grandes corporaciones, dejando fuera a pymes, startups y proyectos innovadores, que son precisamente los principales beneficiarios de este nuevo enfoque. Aunque el tejido empresarial ha acogido positivamente la iniciativa, algunas voces consideran que carece de ambición suficiente para impulsar a las empresas más innovadoras. El cambio más relevante es la introducción de una nueva forma jurídica común: la "EU Inc.", que convivirá con figuras nacionales como la SL española o la GmbH alemana. Actualmente, una empresa constituida en un país debe afrontar numerosos trámites adicionales para operar en otro Estado miembro -traducciones, registros y procedimientos administrativos-. Con esta nueva figura, una empresa registrada en un país podrá expandirse a otros con menos obstáculos y mayor rapidez. No obstante, cada Estado incorporará esta figura a su propio ordenamiento, sin sustituir su normativa nacional. Aun así, aspectos clave como el derecho laboral, la fiscalidad o la participación de los trabajadores seguirán regulándose por la legislación del país donde la empresa esté establecida. La Comisión reconoce que las barreras al crecimiento empresarial en Europa son múltiples y que esta propuesta aborda únicamente una de ellas: la fragmentación del derecho societario, dejando otras cuestiones para futuras iniciativas. El objetivo principal es impulsar la competitividad y facilitar la inversión en la UE. Para ello, la propuesta introduce medidas como la eliminación de trámites presenciales, la digitalización de procesos financieros, la simplificación en la transmisión de participaciones y la supresión de la obligatoriedad de intermediarios en determinadas operaciones. Además, abre la puerta a que los Estados permitan a estas sociedades acceder a los mercados bursátiles. Durante su diseño, Bruselas optó por un enfoque intermedio: no limitar el uso de esta figura a un tipo concreto de empresa, pero tampoco armonizar aspectos sensibles que podrían generar rechazo entre los Estados miembros. Se busca así un alto grado de uniformidad en un ámbito reducido, evitando bloqueos políticos. Algunos expertos valoran positivamente la iniciativa por su potencial para reducir la dispersión normativa y facilitar el acceso a financiación en toda la UE. Sin embargo, también existen críticas. Desde el ámbito empresarial innovador se señala que la propuesta no logra establecer un verdadero estándar único europeo, mientras que los sindicatos advierten del riesgo de posibles efectos en materia de dumping social. En cualquier caso, la propuesta dista de otros modelos más ambiciosos planteados en el ámbito académico, que abogan por una autoridad central europea, tribunales específicos y una regulación completamente unificada. Frente a ello, la Comisión ha optado por una solución más pragmática y gradual, centrada en reducir barreras sin alterar profundamente los equilibrios nacionales.

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(Cinco Días, 18-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas españolas

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la aprobación de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo durante un periodo de 90 días con el objetivo de hacer frente a la escasez de suministro provocada por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Esta medida se enmarca dentro de los planes de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé liberar hasta 400 millones de barriles a nivel internacional. La liberación se llevará a cabo de forma gradual, comenzando la primera fase dentro de 15 días. Aagesen ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que la dependencia directa de España del petróleo y el gas de la zona es "limitada", aunque ha reconocido que ya se están percibiendo efectos y cierta volatilidad en los precios energéticos. El Gobierno ha comunicado que esta liberación de crudo se realizará por etapas y busca frenar el encarecimiento que ya están experimentando tanto los consumidores como las empresas. Además, el Ejecutivo ha adelantado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas dirigido especialmente a los sectores más afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Irán. La vicepresidenta tercera ha explicado que el compromiso adquirido por España con la Agencia Internacional de la Energía contempla, al menos, dos fases. En la primera se liberarán reservas equivalentes a cuatro días de consumo, aproximadamente 3,75 millones de barriles, que se pondrán en el mercado a lo largo de 15 días. Esta cantidad procederá de las reservas gestionadas por los operadores privados, que cuentan con un excedente equivalente a unos 50 días de consumo. Tras esta primera liberación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará el ritmo al que se liberará el resto de las reservas, en función de cómo evolucione la situación internacional. Aagesen ha precisado que no se utilizarán las reservas estratégicas de 42 días que gestiona la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), por lo que España mantiene en total unas reservas equivalentes a 92 días para situaciones de emergencia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España de este martes, la ministra también adelantó que el próximo viernes se aprobarán dos tipos de medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio. Por un lado, se adoptarán acciones temporales para compensar el encarecimiento de la electricidad y los carburantes; por otro, se impulsarán medidas estructurales destinadas a reforzar la descarbonización de la economía española mediante la electrificación, una estrategia que se ha reforzado desde el inicio de la Guerra de Ucrania. En este sentido, Aagesen subrayó que "el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes aprobará medidas específicas para los sectores más afectados por el aumento de costes, como el transporte y la logística, el sector agrario, la pesca y las industrias con mayor consumo energético. Según explicó, se trata de actividades en las que el incremento de costes puede trasladarse rápidamente a otros ámbitos de la economía, por lo que el objetivo es evitar que esa subida termine repercutiendo en el precio final de los alimentos. Entre las medidas que estudian los distintos ministerios económicos se encuentran bonificaciones para la compra de gasóleo agrícola (B) y fertilizantes en el caso del sector primario, así como una reducción extraordinaria en el precio del combustible para los profesionales del transporte pesado por carretera, según fuentes gubernamentales. Por el contrario, el Gobierno descarta recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro en los carburantes o una nueva rebaja del IVA de los alimentos, al considerar que estas medidas tuvieron un carácter regresivo y beneficiaron en mayor medida a las rentas más altas. En su lugar, el Ejecutivo prepara un paquete de ayudas más focalizado y dirigido a quienes más lo necesitan.

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(Expansión, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España enfila picos de inflación del 4% con los alimentos disparados

La guerra reducirá en dos décimas el crecimiento del PIB. Además, los alimentos frescos aumentarán más de un 6% interanual debido al encarecimiento de los fertilizantes, pesticidas y del gasóleo agrícola, después de haber subido ya un 44% en los últimos seis años. Incluso en el escenario más favorable, el conflicto en Irán tendrá importantes consecuencias económicas y afectará al poder adquisitivo de los ciudadanos. Según el servicio de estudios de BBVA, si el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán finaliza relativamente pronto y no provoca daños permanentes en las infraestructuras energéticas de la región, la inflación podría aumentar más de un punto en marzo, situándose cerca del 3,5%. Posteriormente, en abril y mayo podría subir aún más, aunque algunos productos experimentarían incrementos especialmente elevados, como los alimentos, debido al aumento de los costes del gasóleo agrícola, fertilizantes y pesticidas. De acuerdo con el informe Situación España presentado por BBVA Research, la inflación experimentará un fuerte repunte en marzo, pasando del 2,3% registrado en febrero al 3,5%. En los dos meses siguientes volverá a incrementarse, superando el 4%. A partir de entonces, comenzaría a moderarse hasta situarse entre el 2,5% y el 2,6% en la segunda mitad del año. Con estas previsiones, la inflación media anual se situaría en torno al 2,9%, lo que supone cuatro décimas más que la estimación realizada en diciembre. Los analistas de BBVA trabajan con un escenario en el que el conflicto tendría una duración limitada y no afectaría de forma significativa a la producción de petróleo a largo plazo, más allá de las tensiones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este contexto, el precio del crudo, que en las últimas semanas ha aumentado un 40% hasta superar los 100 dólares por barril, se moderaría hasta una media de 75 dólares durante el segundo trimestre. No obstante, aunque el aumento de precios pueda ser moderado, seguirá teniendo un impacto negativo en los consumidores, ya que se concentrará en dos gastos habituales: los carburantes y los alimentos. El incremento de los combustibles ya es evidente: el gasóleo ha subido 40 céntimos en las últimas tres semanas, alcanzando los 1,84 euros por litro, mientras que la gasolina se ha encarecido 25 céntimos, hasta los 1,77 euros por litro. En el caso de los alimentos, el aumento todavía es incipiente, pero comienza a percibirse, y desde BBVA advierten de que el encarecimiento de los insumos agrícolas podría impulsar el precio de los alimentos frescos hasta un 6% interanual. Este incremento se suma a una subida acumulada del 44% en los últimos seis años, lo que supone un nuevo golpe para los consumidores. Por otro lado, un aspecto relativamente positivo es que el precio de la electricidad no aumentará tanto como en 2022. Aunque el precio del gas TTF se ha duplicado y supera los 50 euros por megavatio hora, sigue muy lejos de los 345 euros por MWh que se alcanzaron tras la invasión rusa de Ucrania. Además, BBVA Research explica que en 2022 el gas marcaba el precio del mercado eléctrico aproximadamente el 70% del tiempo, mientras que en la actualidad su influencia se reduce a cerca del 25%. No obstante, estas previsiones parten de un escenario de conflicto breve, sin daños graves en infraestructuras energéticas ni interrupciones en el comercio petrolero, y sin impactos importantes en la confianza internacional o en las cadenas globales de suministro, lo que representaría el escenario más favorable dentro de un contexto todavía incierto. En este marco, la guerra habría incrementado la inflación en cuatro décimas y reducido el crecimiento del PIB en dos décimas durante este año. Sin embargo, esta caída se vería compensada por la mejora de otros factores, por lo que BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,4%. Por el momento, el servicio de estudios del banco no considera necesario contemplar un escenario más negativo. No obstante, advierte de que si el precio del petróleo continúa subiendo de forma prolongada, el impacto sobre la economía podría ser mucho mayor, ya que cada incremento del 10% en el precio del crudo a lo largo del año restaría aproximadamente dos décimas al PIB, efecto que sería aún más significativo si el barril superara los 100 euros.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España crecerá al 2,4% este año pese a la guerra en Oriente Próximo

La economía española continúa creciendo pese al aumento de la inestabilidad geopolítica que afecta a los mercados internacionales. Los analistas de BBVA Research consideran que la fase económica actual sigue siendo equilibrada y que el impacto derivado del conflicto en Irán sería temporal. Señalan que la economía parte de una posición relativamente sólida para afrontar tensiones externas, lo que, junto con la expectativa de que la guerra no se prolongue demasiado, ha llevado al servicio de estudios del banco a mantener su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026. Aun así, advierten de que el país se enfrenta a un shock de oferta con repercusión global, especialmente a través del sector energético y del transporte. En este sentido, subrayan que la evolución del conflicto y la posible aparición de efectos secundarios sobre precios y costes serán determinantes. Si la guerra en Irán se extendiera durante varios meses, el impacto podría ser mucho más difícil de absorber. Sin embargo, por el momento los expertos confían en que el enfrentamiento tenga una duración limitada, lo que justifica mantener las previsiones de crecimiento. La situación actual responde a un equilibrio entre fuerzas opuestas: el impulso que aporta la economía interna está compensando, por ahora, los efectos negativos derivados de la crisis en Oriente Próximo. El buen comportamiento del consumo privado, las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y la moderación de los tipos de interés han favorecido una mejora económica que, de momento, se ve frenada por la incertidumbre internacional. No obstante, el conflicto ya tiene consecuencias económicas y los analistas calculan que restará alrededor de dos décimas al crecimiento del PIB. Las previsiones parten de que la guerra será limitada en el tiempo y de que el precio del petróleo volverá a situarse cerca de los 68 dólares tras haber alcanzado máximos de 74 dólares durante el segundo trimestre del año. El principal reto inmediato se sitúa en el terreno de la inflación. Las dificultades en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un tercio del petróleo mundial, han elevado los costes energéticos. Este encarecimiento podría añadir tres décimas a la inflación media, que se situaría en el 2,9% en 2026. Para el año siguiente, se espera que la inflación vuelva a moderarse hasta el 2%, mientras que el PIB mantendría un crecimiento del 2,4%. El momento más delicado para la actividad económica se concentraría en el segundo y tercer trimestre del año, cuando el crecimiento trimestral podría reducirse del 0,7% al 0,4%, antes de recuperarse en la parte final del ejercicio. En cuanto a los precios, el pico inflacionario podría registrarse entre abril y mayo, con tasas cercanas al 4%. Aun así, los expertos advierten de que una prolongación del conflicto alteraría este escenario. Según sus estimaciones, cada incremento del 10% en el precio del petróleo reduciría el crecimiento económico en dos décimas. Pese a estas incertidumbres, los economistas destacan que la economía española afronta este contexto desde una posición relativamente favorable. El mercado laboral continúa siendo uno de los principales motores del consumo, con una previsión de creación de alrededor de un millón de empleos entre 2026 y 2027. Además, la regularización de medio millón de inmigrantes podría impulsar de forma inmediata la afiliación a la Seguridad Social y aumentar la recaudación fiscal, facilitando la incorporación de numerosos trabajadores a la economía formal. El sector exterior también podría aportar un efecto positivo, especialmente a través del turismo. La inestabilidad en otras zonas del Mediterráneo está desviando parte de los flujos turísticos hacia España, reforzando su imagen como destino seguro. A ello se suma el buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que podrían crecer cerca de un 4,9% y convertirse en uno de los componentes más dinámicos de la economía, frente a la debilidad de las exportaciones de bienes. Por otra parte, la inversión en vivienda continúa aumentando debido al fuerte déficit de oferta, que podría superar las 700.000 viviendas. Esta escasez impulsará los precios inmobiliarios, con subidas estimadas en torno al 10,2% durante el año, y mantendrá la actividad constructora en niveles elevados en relación con el PIB. A pesar de este escenario relativamente favorable basado en la fortaleza de la demanda interna, persisten algunos desafíos estructurales, sobre todo en el ámbito de las finanzas públicas. BBVA Research advierte de que la política fiscal podría resultar más expansiva de lo previsto, en parte debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Esta situación incrementa el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas, ya que el gasto público podría crecer alrededor de un 4,6%, muy por encima del límite del 3% acordado con las instituciones europeas. En este contexto, el déficit público se situaría en torno al 2,3% del PIB, apoyado por la llegada de fondos europeos y por el incremento del gasto en defensa, medidas que estimulan la economía pero dificultan el proceso de consolidación fiscal. Por último, el servicio de estudios del banco señala que las consecuencias económicas de la actual guerra serían menos intensas que las provocadas por la invasión de Ucrania. No obstante, también recuerdan que el margen fiscal del país es limitado, por lo que cualquier medida de apoyo que se adopte debería ser muy específica y dirigida únicamente a los sectores más afectados.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca negocia con el ICO para participar en la gestión del fondo soberano del Gobierno

El sector bancario formará parte de la nueva gran herramienta de inversión impulsada por el Gobierno. Actualmente, las entidades financieras mantienen conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para colaborar en la gestión del fondo soberano España Crece, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero y que contará con una dotación total de 120.000 millones de euros, según fuentes financieras. La propuesta contempla que los bancos sean quienes contacten con posibles beneficiarios y canalicen los recursos mediante préstamos, avales u otros instrumentos financieros. La colaboración entre el ICO y la banca se ha convertido en los últimos años en una de las fórmulas preferidas del Ejecutivo para estimular la economía. Un ejemplo fue la pandemia de covid-19, cuando se pusieron en marcha líneas de avales por valor de 140.000 millones de euros. Gracias a este mecanismo, el Estado cubría el 20% del riesgo de los préstamos concedidos por las entidades financieras, lo que incentivó la concesión de crédito para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Este modelo también se ha utilizado posteriormente ante situaciones como la guerra en Ucrania, la dana en Valencia o las dificultades de acceso a la vivienda. A ello se suman las tradicionales líneas de financiación del ICO, mediante las cuales la banca distribuye préstamos públicos dirigidos a empresas. Este sistema resulta beneficioso para ambas partes. Para el ICO, trabajar junto a las entidades financieras facilita que los fondos lleguen con mayor rapidez y eficacia a la economía real. Para los bancos, representa una oportunidad de ampliar su actividad, ya que pueden obtener ingresos mediante los intereses de los préstamos -aunque estos suelen tener límites- con un riesgo reducido, al contar con la protección pública frente a posibles impagos. En los últimos años también se han analizado nuevas formas de cooperación, ya que las entidades han ido reduciendo su participación en las líneas tradicionales de financiación del ICO. De hecho, el volumen total concedido el pasado ejercicio descendió alrededor de un 40%. En periodos de crecimiento económico, como el actual, muchas entidades prefieren ofrecer otros productos financieros con mayor rentabilidad. Al mismo tiempo, el ICO busca impulsar proyectos que impliquen mayor asunción de riesgo, mediante coinversiones con bancos y fondos de inversión, una estrategia en la que encaja el nuevo fondo España Crece. Las conversaciones entre el ICO y el sector bancario se encuentran todavía en una fase inicial. En ellas participan tanto las entidades financieras como las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que representa a las antiguas cajas de ahorro. Aún queda por definir en qué proyectos se centrará la colaboración, así como las cantidades y los mecanismos concretos de financiación. El objetivo es que el proyecto quede definido en los próximos meses. El presidente del Gobierno anunció este instrumento en enero. Inicialmente contará con 13.300 millones de euros de capital, de los cuales 10.500 millones procederán de préstamos del Plan de Recuperación europeo y 2.800 millones de transferencias públicas. Además, el ICO podrá aportar hasta 60.000 millones adicionales, así como atraer coinversión del sector privado para alcanzar la movilización total de 120.000 millones. El fondo ofrecerá distintos instrumentos financieros, como préstamos, avales o inversiones directas en capital. Su finalidad es impulsar proyectos que suelen tener más dificultades para acceder a financiación tradicional, como algunas start-ups. Entre los sectores identificados como prioritarios figuran ámbitos como la biotecnología, la tecnología alimentaria, la economía de los cuidados o las inversiones vinculadas a la transición ecológica. Uno de los objetivos principales será también la construcción de vivienda asequible. El plan prevé movilizar alrededor de 23.000 millones de euros para impulsar la construcción de unas 15.000 viviendas al año. En este ámbito, el ICO podría actuar como coinversor, facilitar el crédito e incluso participar en el capital de proyectos inmobiliarios, con financiación estable y a largo plazo -entre 35 y 40 años-. De este modo, la vivienda social se convertirá en uno de los ejes centrales del fondo, junto con la transición verde y el impulso a la actividad empresarial. La sintonía entre el sector financiero y el ICO quedó patente la semana pasada durante un foro sobre banca organizado por Deloitte. En una mesa redonda participaron el presidente del ICO, Manuel Illueca, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de Ceca, Antonio Romero. Durante el encuentro coincidieron en que el papel del ICO no es competir con las entidades financieras, sino complementarlas para actuar allí donde existen lo que Illueca denomina "fallos de mercado". Tanto el ICO como las patronales bancarias destacan la eficacia de este tipo de colaboración público-privada para afrontar crisis económicas y absorber impactos negativos. No obstante, también consideran que este modelo puede servir para abrir nuevas oportunidades de negocio en momentos de crecimiento económico. Según Illueca, cuando la economía atraviesa dificultades, un banco público promocional puede apoyar al sistema financiero; en cambio, en fases favorables, su papel consiste en impulsar nuevos mercados que puedan convertirse en oportunidades futuras. Este será precisamente el objetivo del fondo soberano español, inspirado en modelos que ya funcionan en países como Reino Unido o Irlanda, y que también se estudian en economías como Estados Unidos o Alemania. Aunque con un planteamiento distinto al español, algunos de los fondos soberanos más conocidos son los de Noruega, Singapur o varios países de Oriente Próximo, que invierten en empresas de todo el mundo.

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(Expansión, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas revoluciona la creación de empresas: listas en 48 horas y para toda la UE

La Comisión Europea presentará esta semana EU Inc, una iniciativa destinada a crear un régimen empresarial único en la Unión Europea inspirado en el modelo de Delaware. De acuerdo con el último borrador del proyecto al que ha tenido acceso Expansión, la propuesta pone el foco en la digitalización y en simplificar al máximo los procedimientos administrativos. Este nuevo sistema, que pretende transformar la manera en que se crean empresas dentro de la UE, forma parte del llamado "régimen 28". Se trataría de un marco legal y administrativo opcional que permitiría a las compañías operar bajo normas comunes en todo el bloque, reduciendo así la fragmentación que generan los 27 sistemas nacionales y facilitando trámites completamente digitales. Según el borrador más reciente, las empresas podrían constituirse en un plazo aproximado de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. Además, sería posible crear una compañía con capital social cero, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera. Este modelo supondría un cambio significativo frente a los procesos actuales, que pueden durar semanas o meses y cuyo coste oscila entre 3.000 y 25.000 euros, dependiendo del país donde se registre la empresa. Inspirado en el éxito del marco jurídico de Delaware para compañías innovadoras en Estados Unidos, el objetivo de la propuesta impulsada por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es reducir la incertidumbre y los elevados costes que enfrentan emprendedores e inversores al tener que adaptarse a la normativa de cada país en el que desean operar. El borrador subraya que, además de facilitar la creación de empresas, una prioridad clave es digitalizar los procesos administrativos y minimizar la burocracia. Con este fin, se plantea la creación de una interfaz virtual centralizada de registro, que funcionaría como una ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros Mercantiles). Gracias a esta plataforma, las empresas podrían realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que interactuar con 27 sistemas distintos. Todas las gestiones relacionadas con el ciclo de vida de la empresa -constitución, registro de sucursales, inversiones o liquidación- se realizarían exclusivamente en línea, eliminando trámites presenciales y documentación en papel. Asimismo, la propuesta establece el principio de "solo una vez", según el cual la empresa presentaría su información una única vez y serían las autoridades nacionales (fiscales, seguridad social, etc.) las encargadas de consultarla directamente a través del sistema BRIS. Incluso los estatutos de la empresa seguirían este enfoque simplificado: solo tendrían que presentarse en inglés y en el idioma del país donde se ubique la sede social. Si posteriormente se abre una sucursal en otro Estado miembro con un idioma distinto, el registro del país de destino deberá recuperar automáticamente la documentación necesaria desde el sistema central. La normativa prevé que solo se exija una traducción certificada al idioma local cuando resulte estrictamente imprescindible, por ejemplo, en determinados procedimientos judiciales o para cumplir requisitos específicos de divulgación pública. Con el objetivo de lograr una mayor armonización normativa, la Comisión Europea plantea aprobar esta iniciativa mediante un reglamento, lo que implicaría su aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación legislativa nacional. No obstante, las normas nacionales seguirían aplicándose en materias no cubiertas por el reglamento o cuando se remita expresamente a ellas, especialmente en legislación laboral y fiscal, competencias que siguen siendo de los Estados. El régimen EU Inc estaría abierto a cualquier empresa con sede en la UE, tanto de nueva creación como ya existentes que decidan adoptar este modelo una vez entre en vigor. Aun así, está especialmente diseñado para microempresas -con hasta cuatro empleados, activos de hasta 300.000 euros e ingresos anuales de hasta 200.000 euros-, así como para startups y scaleups innovadoras, a las que se ofrecerán procedimientos más ágiles en casos de insolvencia o liquidación. En concreto, estas empresas podrían cerrar su actividad mediante un proceso acelerado de hasta tres meses si no tienen deudas, han transferido sus activos y han cesado su actividad. Si existen deudas, el procedimiento podría prolongarse hasta seis meses, con trámites simplificados, sin necesidad obligatoria de abogado e incluso con subastas judiciales de activos digitales que podrían realizarse de forma transfronteriza. Estas medidas buscan impulsar el dinamismo empresarial, reduciendo el impacto negativo del fracaso empresarial -el llamado "coste del fracaso"- y permitiendo que emprendedores e inversores puedan iniciar nuevos proyectos con mayor rapidez, sin mantener capital bloqueado durante largos periodos.

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