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(Cinco Días, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a 12 meses pagan el 3% por primera vez desde 2024

El mercado de deuda vuelve a ganar protagonismo ante el repunte de las expectativas de inflación, la previsión de unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el deterioro de las cuentas públicas de algunas de las principales economías. Este escenario ha llevado las rentabilidades de la deuda soberana a niveles máximos de las últimas dos décadas y ha vuelto a situar la prima de riesgo en el foco de los inversores. En este contexto, y un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, el Tesoro ha celebrado su primera subasta de letras de octubre, en la que ha captado 6.470,6 millones de euros. La emisión ha puesto de manifiesto el encarecimiento de la financiación a corto plazo. En concreto, las letras a doce meses han alcanzado un interés marginal del 3,026%, frente al 2,846% de la anterior subasta, situándose en su nivel más elevado desde julio de 2024. El Tesoro ha colocado en esta referencia 4.173,52 millones de euros. La demanda ha superado ampliamente la oferta, con peticiones por un total de 9.016,96 millones, lo que refleja que el adelanto electoral no ha provocado, al menos por ahora, un deterioro significativo de la confianza de los inversores en la economía española. Los particulares también han mantenido su interés por estos activos. Las solicitudes no competitivas para las letras a un año han superado los 1.195 millones de euros. En el caso de las letras a seis meses, el Tesoro ha adjudicado 2.297,1 millones de euros, con un tipo marginal del 2,798%, frente al 2,641% de la subasta anterior. Se trata también de la rentabilidad más elevada desde noviembre de 2024. La demanda de los pequeños ahorradores para esta referencia se ha situado en 988,4 millones de euros. El incremento de los rendimientos de la deuda se ha convertido en una tendencia desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo. La prolongación del conflicto, el encarecimiento de la energía y las dificultades que pueden surgir en las cadenas de suministro han vuelto a alimentar las expectativas de inflación, precisamente cuando los mercados consideraban que la escalada de los precios estaba bajo control. Este cambio de escenario ha llevado a los bancos centrales a endurecer nuevamente su discurso y a contemplar tipos de interés más altos durante más tiempo. Las letras del Tesoro se han convertido así en un indicador especialmente relevante de este nuevo escenario monetario. Sus rentabilidades han ido aumentando en las últimas subastas y tanto las referencias a seis meses como las de un año se encuentran ya en niveles que no se veían desde hace alrededor de dos años. El aumento del coste de la deuda presenta una doble vertiente. Para empresas y administraciones supone un mayor esfuerzo de financiación, mientras que para los ahorradores vuelve a hacer más atractivos los activos conservadores después de varios años de rentabilidades muy reducidas. No obstante, quienes recurren a las letras siguen obteniendo una rentabilidad inferior a la inflación. El IPC español avanzó un 4,9% en septiembre, por lo que los rendimientos actuales de estos títulos no permiten compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo. En el mercado secundario, los analistas consideran que el repunte de las rentabilidades y de la prima de riesgo española no debe interpretarse necesariamente como una señal de alarma. El adelanto electoral, de hecho, podría contribuir a despejar parte de la incertidumbre política y facilitar posteriormente la aprobación de unos nuevos Presupuestos, algo que permitiría ofrecer mayor visibilidad sobre la evolución de la economía y de las cuentas públicas. España mantiene además unas perspectivas de crecimiento que contrastan con la situación fiscal de otras grandes economías europeas. En este contexto, Francia concentra actualmente buena parte de la preocupación de los inversores. El diferencial entre la deuda francesa y la alemana ronda los 130 puntos básicos, frente a los aproximadamente 61 puntos de España. Aunque el mercado no contempla un escenario similar al de la crisis de deuda de 2011 y 2012, el aumento generalizado de las rentabilidades añade presión sobre el Banco Central Europeo en un momento en el que continúa tratando de contener las tensiones inflacionistas. La subasta de octubre muestra, por tanto, que España conserva el respaldo de los inversores pese al aumento de la volatilidad y al adelanto electoral. Al mismo tiempo, el regreso de los tipos de las letras a niveles que no se alcanzaban desde hace años evidencia que el escenario de dinero barato ha quedado atrás. Las próximas emisiones del Tesoro permitirán comprobar si esta confianza se mantiene en un contexto condicionado tanto por la incertidumbre política como por la evolución de la inflación, los tipos de interés y las cuentas públicas.

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(El País, 07-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno blindan los desahucios y amplían las ayudas para la construcción

El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, con un contenido muy similar al de las normas que decayeron entonces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que se mantiene la esencia de las medidas anteriores porque las circunstancias que justificaron su aprobación no han cambiado, pese al adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El primero de los decretos recupera el denominado escudo social para evitar el desahucio de personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. También incluye nuevas medidas de apoyo a la vivienda, entre ellas un paquete de avales de 680 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. A ello se suma una línea de 10.000 millones de euros gestionada por el ICO para facilitar el acceso a la primera vivienda. El nuevo texto mantiene además las bonificaciones fiscales en el IRPF vinculadas al alquiler, tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles. En el caso de los arrendatarios, Sánchez ha señalado que la deducción podría alcanzar casi los 1.000 euros anuales para un alquiler medio de 800 euros. También se mantiene la posibilidad de acceder a préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para financiar la compra de la primera vivienda. La línea de financiación contará con 10.000 millones de euros y será gestionada por el ICO. A diferencia del planteamiento inicial, el Gobierno ha insistido en que esta medida no estará limitada a los jóvenes, sino que podrá beneficiar a compradores de distintas generaciones. Entre las novedades económicas destaca la creación de un fondo de 280 millones de euros en avales destinado a favorecer la construcción industrializada de viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta en un periodo reducido. Otros 400 millones se dirigirán a apoyar a los proveedores de vivienda social mediante ayudas a la promoción, que podrían contribuir a financiar hasta 30.000 viviendas. Además, Casa47, la empresa pública estatal de vivienda, adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social. El decreto recupera asimismo la posibilidad de prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que estén próximos a finalizar y mantiene la limitación de las actualizaciones de las rentas. El mecanismo se aplicaría, según el esquema del texto anterior, a los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el arrendatario se encuentre al corriente de pago. El Gobierno también pretende reforzar el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones para combatir el fraude y plantea elevar el IVA de las viviendas turísticas para que tributen como una actividad económica. El modelo anterior establecía un tipo del 10% para las viviendas turísticas y los alquileres de corta duración de hasta 30 noches. El nuevo decreto introducirá además obligaciones sobre la publicidad y comercialización de viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incorporar información como el índice de referencia del precio del alquiler, el límite de renta aplicable en las zonas sometidas a regulación y, cuando corresponda, la condición de gran tenedor del propietario. El segundo decreto se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez alcanzado su vencimiento, por un periodo equivalente al de su duración inicial, cinco o siete años en función del tipo de arrendador. Sin embargo, Sánchez ha advertido de que esta norma solo entrará en vigor si obtiene los apoyos necesarios en la Diputación Permanente, dado que cuenta con un respaldo político más limitado. La aprobación de estos dos nuevos textos llega después de las movilizaciones sociales relacionadas con el acceso a la vivienda y de la presión generada por casos como el de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid contribuyó a impulsar las protestas. Aunque el Congreso rechazó los decretos la semana pasada, el Ejecutivo ha optado por volver a aprobarlos mediante una vía que permita su eventual convalidación por la Diputación Permanente. Los textos aprobados todavía no se han difundido íntegramente, por lo que no pueden ser idénticos a los que fueron rechazados por el Pleno para evitar posibles problemas jurídicos. A falta de conocer su redacción definitiva, la principal diferencia anunciada hasta ahora se encuentra en el refuerzo de las medidas financieras destinadas a impulsar la construcción industrializada de viviendas.

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(Cinco Días, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La industria militar y aeronáutica española marca récord de facturación en 2025 con más de 18.000 millones

La industria militar, aeronáutica y espacial cerró 2025 con una facturación récord, impulsada por el incremento de la inversión en defensa tanto en España como en el conjunto de Europa. De acuerdo con el informe anual elaborado por PwC y la patronal Tedae, presentado este lunes, las empresas de estos sectores alcanzaron unos ingresos consolidados de 18.034 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al ejercicio anterior. La actividad aeronáutica, tanto civil como militar, concentró la mayor parte de la cifra de negocio, con 12.080 millones de euros, un 6,2% más. No obstante, el mayor crecimiento correspondió al ámbito de seguridad y defensa, que incluye una parte de la actividad aeronáutica, con un avance del 16,2%, hasta los 10.877 millones. Por su parte, el sector espacial elevó sus ingresos un 9,5%, hasta los 1.416 millones. Durante la presentación del estudio, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, destacó que Europa ha asumido que mantener la paz y la estabilidad exige contar con una industria y una capacidad tecnológica propias, lo que se ha traducido en un aumento de la inversión en defensa. En este contexto, señaló que España, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha asumido su parte de responsabilidad. Valcarce también subrayó el efecto que estas actividades tienen sobre el conjunto de la economía, especialmente por su capacidad para impulsar la reindustrialización y generar actividad en distintos territorios. El informe pone de manifiesto, sin embargo, la elevada concentración territorial de estas industrias. La Comunidad de Madrid reunió en 2025 el 53% de la facturación del conjunto de empresas analizadas, con unos ingresos de 9.501 millones de euros. Andalucía ocupó la segunda posición, con 3.135 millones, mientras que Cataluña quedó muy por debajo, con 243 millones, aproximadamente el 1% de la cifra de negocio de las compañías integradas en Tedae. La contribución de estas industrias al PIB español alcanzó los 24.425 millones de euros, un 11,4% más que un año antes, equivalente al 1,5% de la economía nacional. El empleo directo también experimentó un fuerte crecimiento, del 10,8%, hasta situarse en 83.453 trabajadores. Si se incorporan los empleos indirectos e inducidos, el volumen total se elevó un 11,5%, hasta 289.938 puestos de trabajo. Madrid concentró el 36,7% de este empleo, con 106.568 trabajadores, una cifra que representa el 2,6% del empleo total de la comunidad. Cataluña, pese a los esfuerzos para incrementar su presencia en el ámbito de la defensa y reconvertir parte de su industria de automoción hacia este sector, registró 32.448 empleos vinculados a estas actividades, apenas el 0,7% del empleo regional. Por ramas de actividad, la industria aeronáutica generó 189.026 puestos de trabajo, frente a los 180.802 asociados a defensa y seguridad y los 25.068 del sector espacial. En conjunto, estas industrias aportaron 8.107 millones de euros en ingresos fiscales durante 2025, una cantidad equivalente al 2,5% de la recaudación tributaria del país. España alcanzó el pasado año el objetivo de destinar a defensa el equivalente al 2% de su PIB, en línea con el compromiso adquirido con la OTAN. Esto supone más de 34.000 millones de euros anuales de gasto militar, según explicó Valcarce, quien defendió que este esfuerzo inversor también genera retornos en forma de empleo y mayores ingresos fiscales para el conjunto de la economía. Una de las principales vías utilizadas por el Estado para aumentar la inversión en defensa son los Programas Especiales de Modernización (PEM). El Gobierno aprobó 35 nuevos programas durante 2025 y prevé incorporar otros 15. Actualmente existen cerca de 80 programas aprobados, algunos de ellos puestos en marcha años atrás y todavía en ejecución, como el correspondiente a los vehículos blindados Dragón 8x8. En conjunto, se estima que estos programas movilizarán alrededor de 61.900 millones de euros. Entre los programas aprobados en 2025, el 60,1% de los fondos se dirigirá a proyectos liderados por Indra. Entre ellos destaca el destinado al desarrollo de una nueva artillería sobre cadenas, cuyo presupuesto plurianual asciende a 4.554 millones de euros. Solo en 2026, el Ejecutivo ha comprometido 653 millones para este proyecto. A la modernización de las fragatas F-100 de Navantia y al desarrollo del helicóptero ligero multipropósito de Airbus destinado a labores de formación se dedicarán este año otros 349 y 290 millones de euros, respectivamente.

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(Expansión, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La abogacía pide reforzar la seguridad jurídica y la calidad regulatoria

Los continuos cambios legislativos y la creciente complejidad del marco regulatorio han situado la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas españolas. El próximo Gobierno tendrá entre sus principales desafíos la creación de un entorno normativo estable y previsible que permita fortalecer la confianza de las compañías y de los inversores. Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, alcanzar este objetivo requiere contar con unas reglas "claras, estables y previsibles", además de reforzar la fortaleza y la independencia de las instituciones. Una opinión compartida por Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, quien considera necesario avanzar hacia un marco regulatorio competitivo que reduzca la carga administrativa y favorezca la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital. José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, vincula la seguridad jurídica con el cumplimiento de la Constitución y reclama recuperar la cultura del consenso. A su juicio, es necesario que la actividad legislativa vuelva a apoyarse en el Parlamento y se reduzca el recurso al real decreto-ley, de manera que las normas sirvan para solucionar problemas y no para alimentar la confrontación política. Desde el ámbito jurídico también se reclama una mayor estabilidad legislativa y un uso más limitado de los reales decretos-leyes. Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la incertidumbre normativa tiene efectos directos sobre empresas y ciudadanos, al traducirse en litigios que podrían evitarse y en decisiones de inversión que terminan aplazándose. En su opinión, unas normas consensuadas y con vocación de permanencia son fundamentales para garantizar seguridad jurídica. Otro de los desafíos será completar la adaptación de la legislación española a las exigencias procedentes de la Unión Europea. Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, considera que la transposición de las directivas comunitarias pendientes y la puesta en marcha de nuevas reformas serán determinantes para avanzar en los objetivos de la Brújula de la Competitividad, especialmente en ámbitos como la innovación, la transición energética, la autonomía estratégica europea y la seguridad jurídica. España mantiene actualmente 101 directivas pendientes de transponer, de las que 50 ya han superado el plazo establecido. Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, apunta además a sectores como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros y las infraestructuras como áreas en las que esta adaptación tendrá especial relevancia. Considera que España dispone de una posición sólida para continuar atrayendo inversión extranjera, aunque para aprovecharla será necesario garantizar un marco jurídico estable, previsible y basado en el respeto al Estado de derecho. Entre las cuestiones que también deberá abordar el próximo Gobierno destaca el acceso a la vivienda. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, considera prioritario impulsar la construcción de viviendas dirigidas especialmente a los jóvenes y a las personas con menos recursos. Para ello, reclama condiciones que permitan atraer a los inversores, con garantías para la propiedad y la seguridad jurídica, además de una simplificación de los procedimientos administrativos. A su juicio, las medidas imprevisibles o de carácter confiscatorio pueden contribuir a reducir todavía más la oferta disponible. Rosa Vidal, socia directora de Broseta, coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos de financiación adecuados, una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado y una mayor disponibilidad de suelo, junto con medidas de liberalización que permitan incrementar la oferta. La inmigración y el reto demográfico también ocuparán un lugar destacado en la próxima legislatura. Pérez-Llorca defiende una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades de la economía española, ante la dificultad para mantener el sistema con las actuales tasas de natalidad. En su opinión, el objetivo debe ser atraer perfiles que contribuyan a elevar la productividad y combinar el crecimiento demográfico con un incremento de la inversión y de la productividad. Para ello, vuelve a considerar esencial disponer de un marco jurídico que facilite la llegada de capital privado. En materia de Defensa y Seguridad, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar los compromisos adquiridos por España, especialmente los relacionados con las inversiones y las capacidades que exige la OTAN, según señala Rosa Vidal. En el ámbito laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, sitúa entre las prioridades el refuerzo de las políticas activas de empleo para favorecer un mercado laboral más dinámico mediante la formación y una mejor adaptación a las necesidades de las empresas. En el terreno normativo, plantea simplificar y actualizar la legislación para adaptarla a los cambios económicos y sociales, así como conceder un mayor protagonismo a la negociación colectiva y reducir el peso de la regulación legal y reglamentaria cuando esta no resulte necesaria para garantizar el equilibrio entre trabajadores y empresas. Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, reclama además recuperar la integración de Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, al considerar negativa la experiencia de su separación. También pide abordar el absentismo como una cuestión de Estado y defiende que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan participar en la tramitación de las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con las correspondientes garantías para los trabajadores. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su decano, Eugenio Ribón, reclama que el colectivo profesional tenga una mayor participación en la elaboración de las normas. Considera que los abogados, por su contacto diario con la aplicación de la legislación, pueden detectar anticipadamente problemas, contribuir a mejorar las leyes y favorecer una regulación más eficaz y una mejor Administración de Justicia. Precisamente, el funcionamiento de la Justicia figura también entre las preocupaciones del sector. Michavila reclama preservar la independencia judicial y la neutralidad de los órganos e instituciones del Estado, además de garantizar la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. También plantea una reforma de la legislación electoral para evitar, en su opinión, situaciones en las que un Gobierno pueda depender del apoyo de formaciones minoritarias tras unas elecciones.

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(El País, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Consejo de Ministros aprobará unos decretos de vivienda similares a los que cayeron para que los vote la Diputación Permanente

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana nuevos decretos en materia de vivienda, similares pero no idénticos a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El Gobierno continúa trabajando en la redacción definitiva y pretende que las nuevas medidas puedan ser convalidadas por la Diputación Permanente, donde Junts no tendría capacidad para bloquearlas. Si el PNV mantiene su respaldo, podría salir adelante el denominado "decreto Maricarmen", que establece la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, mientras que el segundo decreto, que plantea una mayor duración de los contratos de alquiler, tendría más dificultades. El Ejecutivo descarta recuperar exactamente los mismos textos, ya que fueron rechazados por el Pleno del Congreso y su posterior convalidación por un órgano de menor tamaño podría plantear dudas jurídicas. Por ello, estudia introducir modificaciones que permitan presentar nuevas versiones, aunque esto obligaría también a renegociar su contenido con los distintos grupos parlamentarios. Una de las principales incógnitas es cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos que decayeron tras la votación parlamentaria. La Moncloa analiza las distintas alternativas jurídicas para mantener el mayor número posible de disposiciones, especialmente las relacionadas con el escudo frente a los desahucios, que contaba con el respaldo previo del PNV, Coalición Canaria y Junts, según el Ejecutivo. El adelanto electoral tampoco impediría al Gobierno aprobar nuevamente estas medidas, ya que hasta la celebración de las elecciones el Ejecutivo mantendría todas sus competencias. Sin embargo, con las Cortes disueltas, la convalidación de los decretos correspondería a la Diputación Permanente en lugar del Pleno. Este cambio facilitaría las opciones del Gobierno, ya que el voto de Junts dejaría de ser determinante. La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y requiere 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 25 representantes y Sumar con otros seis, por lo que necesitarían cuatro apoyos adicionales. El respaldo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV sería suficiente para aprobar el primer decreto, todos ellos grupos que ya votaron a favor de esta iniciativa en el Congreso. En cambio, el segundo decreto no tendría los apoyos necesarios si el PNV mantiene su rechazo.

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(El Economista, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El adelanto electoral deja en el aire las ayudas al carburante, los descuentos al transporte y la Ley de Movilidad

El adelanto de las elecciones generales deja sobre la mesa numerosos asuntos pendientes en el Ministerio de Transportes, especialmente en materia de ayudas al sector y de desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible. La convocatoria electoral no supone la paralización automática de la actividad del departamento, por lo que obras, licitaciones y determinados procedimientos administrativos continuarán su curso. Sin embargo, quedan en una situación de mayor incertidumbre aquellas decisiones que requieren nuevas normas, respaldo presupuestario o una definición política. Además, el calendario añade presión, ya que varias medidas relevantes para el sector tienen su fecha de vencimiento en diciembre o al cierre del ejercicio. Una de las principales incógnitas es qué sucederá con las ayudas al transporte a partir del 1 de enero de 2027. El actual sistema de bonificaciones y apoyo al combustible está prorrogado hasta el 31 de diciembre y las empresas reclaman conocer cuanto antes si se mantendrá. El sector advierte de que la retirada de estas ayudas podría trasladar parte del incremento de costes a los usuarios, en un contexto todavía marcado por la inflación. La incertidumbre afecta tanto al transporte por carretera como a los trenes de viajeros de Renfe que circulan por líneas sin electrificar y al transporte ferroviario de mercancías, que tiene pendiente la nueva convocatoria de eco-incentivos y las compensaciones a los operadores por las perturbaciones ocasionadas por las obras de Adif. También está en juego la continuidad de las bonificaciones al transporte público. El actual sistema contempla descuentos en los abonos recurrentes de los servicios urbanos e interurbanos, Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, además de reducciones en Avant y en los servicios estatales de autobús. Aunque estas medidas están contempladas en la previsible prórroga presupuestaria, será necesario resolver su continuidad antes de que finalice el año. El sector teme que una decisión tardía provoque problemas de financiación o eleve las tarifas para los usuarios, que podrían asumir incrementos de hasta el 50% si los descuentos no se mantienen. La situación cobra especial relevancia en un momento en el que los precios de los carburantes siguen elevados. La Ley de Movilidad Sostenible constituye otro de los grandes asuntos pendientes. La norma entró en vigor en diciembre de 2025, pero todavía necesita un amplio desarrollo reglamentario, especialmente para poner en funcionamiento el sistema de gobernanza de la movilidad. Entre sus elementos figuran el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, concebidos para coordinar la actuación del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De este desarrollo depende también el avance del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que Transportes ha sometido recientemente a información pública y que deberá servir de referencia para que las administraciones planifiquen y gestionen el transporte. La propia ley establece además varios plazos que difícilmente podrán cumplirse con el actual calendario político. Antes del 5 de diciembre debía desarrollarse la regulación sobre el acceso de las plataformas de venta de billetes a la oferta de los operadores de transporte, así como los mecanismos de supervisión y resolución de conflictos de la CNMC. Se trata de una normativa relevante para el denominado ticketing multimodal. También permanecen pendientes otros desarrollos relacionados con el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal, el sandbox de innovación, los planes de movilidad sostenible al trabajo y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad. Ese mismo 5 de diciembre concluye el plazo previsto para establecer una metodología común de cálculo de las emisiones contaminantes generadas por el transporte aéreo y marítimo. Vinculado al sistema de ayudas se encuentra también el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO). Aunque el fondo ya está contemplado en la legislación, su puesta en funcionamiento efectiva requiere que los Presupuestos Generales del Estado incorporen su primer presupuesto de explotación y de capital. Sin unas nuevas cuentas públicas y sin el desarrollo de sus bases reguladoras, el instrumento no podrá desplegar plenamente las ayudas previstas para el transporte público y los proyectos de movilidad sostenible. En el transporte por carretera, el adelanto electoral deja igualmente en suspenso varias reformas reclamadas por el sector. Entre ellas figura la jubilación anticipada de los conductores profesionales, cuya tramitación estaba pendiente de culminar. También queda en una situación incierta el proyecto del Ministerio de Trabajo para establecer un segundo registro horario adicional al tacógrafo. A ello se suma la interrupción de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley destinado a consolidar la cláusula de indexación del precio de los carburantes, inicialmente aprobada mediante el Real Decreto-ley 9/2026. Los transportistas autónomos afrontan además una cuestión de carácter fiscal que requiere una solución antes de que termine el año: la aprobación de una norma con rango de ley que garantice la continuidad del régimen de módulos durante 2027. El sector también tiene pendientes cuestiones relacionadas con el marco europeo del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y con la incorporación de conductores procedentes de terceros países que cumplan los requisitos de cualificación y seguridad. A estos asuntos se añaden otros de mayor recorrido, como el futuro modelo de financiación y conservación de la red viaria y las ayudas destinadas al abandono de la actividad. En el ámbito ferroviario, además de las ayudas pendientes, queda por completar una reforma normativa de gran alcance. Transportes debe desarrollar el nuevo Reglamento del Sector Ferroviario, que sustituirá al vigente desde 2004 y que continúa siendo el principal desarrollo reglamentario del sector pese a que la Ley 39/2003 que le dio origen fue reemplazada por la Ley 38/2015. El nuevo texto deberá adaptar la regulación a los cambios legislativos y a las exigencias europeas de los últimos años. También queda por definir el futuro modelo de liberalización de los servicios ferroviarios considerados Obligaciones de Servicio Público, que afectan directamente a Cercanías, Media Distancia y Avant actualmente operados por Renfe y que podrían quedar abiertos a otros operadores. La situación es diferente en el sector aéreo, que afronta el cambio político con buena parte de sus principales tareas completadas. La aprobación del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) ha fijado el marco de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, por lo que el adelanto electoral no altera, en principio, su planificación económica. Sí queda paralizada la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada desde Baleares para ampliar la capacidad de decisión de las instituciones autonómicas sobre los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca. Junto a esta cuestión permanecen otros desarrollos de menor alcance, como las metodologías para evaluar las inversiones en carreteras, la coordinación entre el transporte por carretera y el ferrocarril o la planificación de carriles reservados para el transporte público y para vehículos de alta ocupación o de cero emisiones.

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(Cinco Días, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación en la zona euro sube hasta el 3,8%, el máximo nivel en los últimos tres años

La inflación vuelve a ganar fuerza en la zona euro y alcanzó el 3,8% en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Según los datos publicados por Eurostat, se trata de la tasa más elevada de los últimos tres años y supone un notable incremento frente al 3,2% registrado en agosto. El contexto, sin embargo, es diferente al de entonces: mientras hace tres años los precios comenzaban a moderarse después del fuerte repunte provocado por la invasión rusa de Ucrania, ahora vuelven a subir como consecuencia de las tensiones en Oriente Próximo y del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre los mercados energéticos. La energía vuelve a situarse en el centro del repunte inflacionista. En la anterior crisis, el principal problema fue la reducción del suministro de gas procedente de Rusia, hasta entonces uno de los grandes proveedores de Europa. En la situación actual, el aumento de los precios responde sobre todo al encarecimiento del petróleo y al riesgo de que el conflicto en Oriente Próximo termine afectando al suministro de determinados combustibles. El desglose de los datos de Eurostat muestra que, por el momento, el repunte está concentrado fundamentalmente en los productos energéticos, cuyos precios han aumentado un 18,8% en el último año. El resto de componentes registra incrementos mucho más moderados. Los servicios, que constituyen el grupo de mayor peso y suelen reaccionar con cierto retraso a las variaciones energéticas, suben un 3,2%, mientras que los bienes industriales no energéticos apenas aumentan un 1,1%. Esta evolución permite explicar que la inflación subyacente se mantenga en el 2,2%. Este indicador excluye los componentes más volátiles de la cesta de consumo, principalmente la energía y determinados alimentos, y ofrece una imagen más estable de la evolución de los precios. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló recientemente ante el Parlamento Europeo que la institución mantiene su previsión de que la inflación termine situándose en torno al 2% a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, reconoció que el impacto de los acontecimientos derivados del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha sido relevante y que el BCE debe tenerlo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Por ahora, el organismo considera que la presión inflacionista sigue siendo relativamente contenida porque el incremento de los precios todavía no se ha trasladado de forma significativa a los salarios. Esta situación perjudica a los trabajadores al reducir su capacidad adquisitiva, pero también limita el riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda. Si las empresas no trasladan a sus precios unos costes laborales más elevados, se reduce la posibilidad de que se genere una nueva espiral de incrementos de precios. Pese a esta moderación, un nuevo repunte de la inflación podría llevar al BCE a endurecer nuevamente su política monetaria en los próximos meses. En la mayoría de los países de la zona euro, la inflación armonizada ya supera el 3%. Malta y Finlandia son las principales excepciones, mientras que Lituania registra la tasa más elevada, con un 6,1%. España se encuentra entre los países de la zona euro con una inflación superior al 5%, junto a economías como Luxemburgo, Chipre, Grecia y Bulgaria.

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(Expansión, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez inaugura el Congreso de la Empresa Familiar al que regresa después de ocho años

Pedro Sánchez inaugurará este lunes el XXIX Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en lo que supondrá su regreso al encuentro empresarial ocho años después de su última participación, en 2018. El presidente del Gobierno intervendrá a las 9:30 horas, después de que durante el fin de semana haya analizado la situación política tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos relacionados con vivienda. Desde Moncloa señalaron el viernes que Sánchez estaría atento a la respuesta ciudadana durante el fin de semana antes de decidir si adelanta las elecciones generales. En la apertura del Congreso, que tendrá lugar en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, Sánchez estará acompañado por Eloi Planes, presidente del IEF y de Fluidra, que asumió el cargo el pasado mes de mayo. La inauguración estará precedida este domingo por una recepción oficial en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, Verónica García. Tras la intervención del presidente del Gobierno está prevista la participación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que mantendrá una conversación con Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera y antiguo presidente del IEF. El Rey no participará en esta edición debido a que las fechas del Congreso coinciden con el viaje de Estado que realizará a Finlandia a partir de este lunes. El encuentro empresarial se celebrará durante los días 5 y 6 de octubre y reunirá a más de 700 participantes, entre representantes institucionales, empresarios y expertos. Entre los ponentes figuran el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi; el consejero delegado de Ingka Group, propietario de Ikea, y el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. La inteligencia artificial será uno de los principales asuntos de debate durante el Congreso. El IEF abordará su incorporación a los modelos de negocio y su impacto en la sociedad, mientras que la jornada del lunes concluirá con una intervención de Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google. También se analizará la denominada soberanía tecnológica en una conversación entre Emilio Gayo y José Luis Blanco, director general ejecutivo del IEF, dentro de un programa que pretende abordar los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas familiares y la economía española.

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(El País, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo asegura que España agota “en plazo” el plan de recuperación europeo a falta de que Bruselas lo audite

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha actualizado los datos relativos a la ejecución del Plan de Recuperación Europeo, cuyo periodo de aplicación finalizó el pasado 31 de agosto y del que todavía queda pendiente el desembolso correspondiente a la última solicitud presentada por España a finales de septiembre. Según explicó en sede parlamentaria, hasta el 31 de agosto las distintas administraciones habían asignado 79.854 millones de euros y se habían abonado alrededor de 96.000 millones a los beneficiarios, de acuerdo con la información de la Intervención General de la Administración del Estado. Además, las convocatorias ya resueltas alcanzaban los 72.030 millones de euros, una cifra que representa más del 90% de los recursos previstos en el programa. El Gobierno queda ahora a la espera de que la Comisión Europea revise y valide los gastos acreditados y autorice la última petición de fondos, que asciende a 25.861 millones de euros, principalmente en forma de transferencias. Cuerpo ha destacado que las diferentes fases del programa se han ido completando dentro de los plazos establecidos y ha señalado que la recta final exige un esfuerzo adicional por parte de la Administración. La documentación remitida deberá someterse ahora a una revisión detallada por parte de las autoridades europeas para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos. La séptima y última solicitud de pago comprende la evaluación de 148 hitos y objetivos, aproximadamente un 30% del total fijado para España. En conjunto, el volumen de transferencias asociado al plan alcanza los 101.300 millones de euros. En caso de que Bruselas valide íntegramente la documentación presentada, España habría completado la totalidad de los objetivos vinculados a las transferencias del programa. No obstante, en anteriores solicitudes ya se han producido discrepancias con la Comisión Europea, especialmente en relación con determinados compromisos asociados a reformas legislativas que finalmente no obtuvieron suficiente respaldo parlamentario. Por lo que respecta a los préstamos incluidos en el Plan de Recuperación, el grado de ejecución alcanza aproximadamente el 98%, con un total de 11.532 millones de euros. El programa contemplaba inicialmente una cantidad de financiación mediante créditos similar a la prevista para las subvenciones. Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente renunciar a una parte importante de estos préstamos, argumentando que existía una menor demanda del sector privado y que las empresas y administraciones podían acceder a otras fuentes de financiación en condiciones favorables sin quedar sujetas a las obligaciones específicas del mecanismo europeo. Esta decisión ha generado críticas tanto entre algunos socios del Ejecutivo como entre los grupos de la oposición, que cuestionan que España haya renunciado a una parte significativa de los recursos inicialmente disponibles. El calendario previsto establece que la Comisión Europea podría emitir una evaluación preliminar hacia mediados de noviembre. Posteriormente, el expediente deberá pasar por el Consejo antes de que pueda efectuarse el desembolso, que el Gobierno confía en recibir antes del 31 de diciembre. Durante su intervención, Cuerpo también puso el acento en el efecto transformador que, a juicio del Ejecutivo, ha tenido el Plan de Recuperación sobre la economía española. El programa ha supuesto una de las mayores iniciativas de inversión impulsadas hasta ahora por la Unión Europea y ha canalizado recursos hacia numerosos sectores y proyectos. Según los análisis económicos citados por el vicepresidente, el potencial de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo habría aumentado respecto a la situación existente antes de la llegada de los fondos europeos. El Gobierno también destaca el avance registrado por España en su proceso de convergencia económica con otros países de la Unión durante los últimos años, así como los cambios observados en el mercado laboral. Entre ellos figura un aumento del peso de los empleos relacionados con actividades tecnológicas, científicas y de mayor cualificación. Otro de los aspectos señalados ha sido el alcance del programa entre el tejido empresarial. Según datos del Banco de España citados por Cuerpo, aproximadamente una de cada cinco empresas españolas habría solicitado algún tipo de financiación procedente de estos fondos. Pese a estos resultados, el despliegue del plan también ha recibido críticas. Algunos especialistas consideran que la capacidad para movilizar inversión privada ha sido inferior a la inicialmente prevista y señalan que una parte importante de los recursos se ha concentrado en proyectos basados en fórmulas de coinversión. También se ha cuestionado que la participación de las comunidades autónomas haya sido menor de lo esperado en determinadas fases del programa. El final del plazo oficial de ejecución no implica, sin embargo, la desaparición inmediata de todos los recursos asociados al plan. Una parte de los fondos se ha destinado a un vehículo de inversión gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, que contará con 13.300 millones de euros y que pretende utilizar estos recursos como base para atraer financiación adicional. Entre las principales áreas de actuación previstas figura el impulso de proyectos destinados a aumentar la oferta de vivienda asequible. El objetivo es movilizar hasta 23.000 millones de euros mediante distintas fórmulas de financiación e inversión canalizadas a través del ICO.

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(La Vanguardia, 05-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Miles de personas vuelven a manifestarse por la vivienda en varias ciudades tras la no aprobación de los dos reales decretos

Las movilizaciones por la vivienda han continuado este domingo en distintas ciudades españolas, entre ellas Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca y Cuenca, después de las protestas celebradas el día anterior. Las convocatorias, impulsadas por organizaciones de inquilinos, reclaman medidas frente al encarecimiento de la vivienda y mantienen sobre la mesa la posibilidad de promover una huelga general. Las principales reivindicaciones se centran en una mayor estabilidad de los contratos de alquiler, la reducción de las rentas, el incremento del parque público de vivienda, medidas frente a los grandes fondos inmobiliarios y una mayor protección ante los desahucios. Durante las concentraciones se han repetido también mensajes críticos con las políticas desarrolladas hasta ahora en materia de vivienda. En Salamanca, la manifestación reunió a unas 2.000 personas según las estimaciones policiales y se desarrolló sin incidentes. En Badajoz participaron alrededor de 500 personas pese a la lluvia, mientras que en Bilbao, Oviedo y Almería las concentraciones volvieron a incorporar llamamientos a continuar e intensificar las movilizaciones. Las protestas se han extendido además a otras ciudades como Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Ourense, mientras que en Pontevedra está prevista una nueva convocatoria. Paralelamente, se mantienen diferentes acampadas relacionadas con estas reivindicaciones, entre ellas las de Valencia y Madrid. En la Puerta del Sol de Madrid, la acampada alcanzaba ya una semana de duración, mientras que en Valencia cientos de personas habían instalado tiendas en las inmediaciones del Ayuntamiento. Estas acciones pretenden mantener la presión social sobre un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente por el aumento de los precios de compraventa y alquiler y la insuficiencia de la oferta en determinadas zonas. Las movilizaciones se producen además tras el rechazo parlamentario de los dos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno en materia de vivienda. La caída de estas normas ha incrementado la tensión política y social alrededor del mercado residencial y ha reforzado las convocatorias de los colectivos de inquilinos, que reclaman nuevas medidas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

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