(Expansión, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Las grandes empresas de España tendrán que atender en catalán a sus clientes
La medida tendrá impacto en los proveedores de servicios y en las empresas que superen los 250 trabajadores o los 50 millones de euros de facturación, con independencia de si su sede está en Cataluña o en cualquier otra comunidad. El nuevo curso político arranca de manera similar al anterior: con Junts consiguiendo nuevas concesiones del PSOE. En esta ocasión, se trata de una reforma destinada a garantizar el uso del catalán en el ámbito empresarial. A partir de ahora, los proveedores de servicios estarán obligados a atender a los clientes en la lengua oficial que utilicen para dirigirse a ellos. La norma se aplicará a todos los proveedores de servicios públicos y, en el resto de los sectores, a las compañías que rebasen los límites de plantilla o facturación mencionados. La ubicación de la sede no será un factor determinante, por lo que también quedarán incluidas las empresas radicadas fuera de Cataluña. ¿Cómo se implementará la medida? Estos requisitos se incorporarán como disposición adicional en el proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente, remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes a comienzos de 2024. Junts fue el encargado de anunciar la medida con gran repercusión mediática, justo una semana después de que sus siete diputados bloquearan en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral, una de las iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en particular, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La propuesta todavía debe ser refrendada por la ponencia encargada de elaborar la ley. Este grupo tenía previsto reunirse este martes para debatir las enmiendas, aunque el encuentro se pospuso. Junts subrayó que el texto incorporará también la obligación de que los trabajadores de atención al cliente reciban formación en catalán. La medida abarcará tanto las comunicaciones orales como escritas y, según los independentistas, supondrá un "cambio de paradigma". ¿A quién afectará? Según detalló Junts en un comunicado, las nuevas obligaciones alcanzarán a sectores como el suministro de luz, gas, agua y telefonía; el transporte aéreo, ferroviario y por carretera; los servicios postales; la banca, las aseguradoras y las plataformas audiovisuales de pago. Entre las enmiendas pactadas, destaca la sustitución de la obligación de responder en castellano por la de contestar en la lengua oficial o cooficial en la que se exprese el cliente. En paralelo, en el Congreso, Junts votó en contra de la propuesta de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con capacidad sancionadora, lanzando así un nuevo mensaje de distanciamiento respecto a la formación de Yolanda Díaz, tras no haber logrado modificar la reforma laboral. Además, en el Parlament, la portavoz neoconvergente Mònica Sales acusó al PSC de Salvador Illa de obstaculizar los acuerdos que Junts mantiene con el PSOE.
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