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(Cinco Días, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La firma de hipotecas registró en febrero el volumen más elevado de operaciones para este mes en 15 años

Aunque el mercado inmobiliario da señales de cierta moderación, con un menor número de compraventas en el inicio de este año respecto a 2025, la actividad no se ha detenido y continúa impulsando la firma de hipotecas. En febrero, los préstamos destinados a la compra de vivienda aumentaron un 11% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando las 45.563 operaciones. Esto supone 6.371 más que hace un año y 6.233 por encima de las registradas en enero. Se trata, además, del dato más alto para un mes de febrero en los últimos 15 años. Según las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, este repunte en las hipotecas contrasta con un arranque más moderado en las compraventas. Entre enero y febrero se cerraron 117.178 operaciones, lo que representa una caída del 2,76% respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, los créditos hipotecarios para adquirir vivienda crecieron más de un 10%, pasando de 77.082 a 84.893. Expertos del sector explican que este comportamiento no es contradictorio, sino que responde a un cambio en el perfil de los compradores. Los inversores y hogares con mayor capacidad de ahorro, que anteriormente adquirían viviendas sin necesidad de financiación, están reduciendo su presencia en el mercado. En cambio, se mantienen aquellos compradores que dependen del crédito, lo que explica que disminuyan las operaciones totales pero aumenten las hipotecas. En términos diarios, febrero dejó cifras poco habituales, con más de 2.100 hipotecas firmadas cada día, muy por encima del ritmo registrado en enero. Además, no solo crece el número de operaciones, sino también su cuantía, lo que indica un mayor volumen de financiación. Este incremento en la actividad hipotecaria -el más elevado desde 2011- viene acompañado de un aumento del importe medio de los préstamos, que se situó en 173.280 euros, un 11% más que un año antes. Por su parte, el tipo de interés medio bajó hasta el 2,88%, ligeramente inferior al del mismo periodo de 2025. La política monetaria del Banco Central Europeo sigue influyendo en el mercado, manteniendo contenidos los costes de financiación. En este contexto, las hipotecas a tipo fijo continúan predominando claramente sobre las variables, representando el 61% del total frente al 39%. Las primeras se firmaron con un interés medio del 2,78%, mientras que las segundas alcanzaron el 3,03%.

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(Expansión, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno exige 10.000 millones de fianza a los "data center" por la luz

Todos los proyectos de centros de datos (CPD o data centers) que soliciten acceso a la red eléctrica, así como aquellos que ya cuentan con ese permiso pero todavía no lo utilizan, deberán abonar importantes cantidades en concepto de garantía para asegurar su punto de conexión. Según las estimaciones del Gobierno, esta fianza se sitúa en torno a 160 euros por kilovatio (kW) -es decir, 160.000 euros por megavatio- si la construcción del proyecto se prolonga durante cinco años, algo que actualmente ocurre en la mayoría de los casos. Habitualmente, un centro de datos de tamaño medio ronda los 50 MW, lo que implica que una instalación estándar podría llegar a pagar unos ocho millones de euros en fianzas a lo largo de ese periodo. Este importe se abonaría en pagos mensuales y, una vez que la instalación entre en funcionamiento y se conecte a la red, se recuperaría progresivamente mediante descuentos en los peajes asociados a dicha conexión. Con esta medida, el Ejecutivo pretende disuadir a los proyectos que no tienen una intención real de desarrollarse y que responden más bien a fines especulativos. En el contexto actual, marcado por la saturación de la red eléctrica en España, los permisos de acceso se han convertido en el recurso más valioso tanto para los centros de datos como para cualquier iniciativa con alto consumo energético. El crecimiento de proyectos de centros de datos ha alcanzado niveles muy elevados, generando además una situación caótica: por un lado, existen permisos ya concedidos que no se están aprovechando, y por otro, se acumulan numerosas solicitudes para obtener nuevos puntos de conexión. La suma de ambas cifras resulta desproporcionada y sigue aumentando rápidamente. A finales de 2024, había unos 70.000 MW en proyectos que solicitaban acceso a la red de alta tensión -gestionada por Redeia- y a las redes de baja y media tensión, administradas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Tomando este dato como referencia, las fianzas que el Gobierno podría exigir superarían los 10.000 millones de euros. Además, los centros de datos compiten con otros tipos de proyectos por el acceso a la red, lo que agrava aún más la situación. Según explicó recientemente Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, existen más de 90.000 MW con permisos concedidos que no se están utilizando de manera eficiente. Por su parte, datos internos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -que incluyen tanto permisos otorgados como solicitudes en trámite- elevan esta cifra hasta los 170.000 MW, superando la capacidad total de generación eléctrica actual en España. El Gobierno busca realizar una doble selección: primero, distinguir qué parte de esa capacidad corresponde a centros de datos y cuál a otros usos, como desarrollos urbanísticos, polígonos industriales o infraestructuras compartidas; y después, filtrar los proyectos de centros de datos menos sólidos. La fianza se aplicará únicamente a este tipo de instalaciones y aumentará si pasa el tiempo sin que se conecten a la red. Esta medida se introdujo hace un mes dentro de un decreto de medidas anticrisis que, además de incluir rebajas fiscales para mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles por la guerra del Golfo, incorpora cambios relevantes en el acceso a la red eléctrica. En la práctica, el decreto parece orientado a contener el auge de los centros de datos, un sector que no cuenta con el respaldo pleno del Gobierno. De hecho, el propio texto del decreto señala que cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red ha sido asignada a promotores que aún no la utilizan de forma efectiva. Por ello, se establece el pago de una "prestación por reserva de capacidad de acceso", exigible desde la obtención del permiso hasta el inicio de la actividad. En otras palabras, se trata de una fianza obligatoria tanto para nuevos proyectos como para aquellos que ya disponen de licencia pero no han comenzado a operar, con pagos mensuales hasta que la instalación esté construida y conectada a la red.

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(Expansión, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España busca captar más de 4.500 millones en una cumbre con multinacionales

El Gobierno volverá a desplegar una estrategia de atracción para grandes multinacionales con el objetivo de fomentar nuevas inversiones en España durante la segunda edición del Invest in Spain Summit, que se celebrará este lunes en Madrid. En esta cita participarán alrededor de 75 grandes empresas internacionales procedentes de unos veinte países, con especial protagonismo de compañías tecnológicas y de origen estadounidense, que representan aproximadamente una cuarta parte del total. Con ello, el Ejecutivo busca que los intereses económicos contribuyan a suavizar las tensiones políticas existentes con la Administración Trump. El encuentro, impulsado por la vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, será inaugurado a media mañana por el presidente Pedro Sánchez en el Teatro Real. A lo largo del día, los asistentes mantendrán reuniones con representantes de nueve ministerios y diversas comunidades autónomas. La jornada concluirá en la Galería de las Colecciones Reales con la intervención del Rey Felipe VI, en torno a las siete de la tarde. En ese intervalo de unas nueve horas, el Ejecutivo aspira a generar oportunidades que permitan movilizar más de 4.500 millones de euros en inversión extranjera, superando así los resultados de la edición anterior. Las empresas participantes ya cuentan con presencia en España susceptible de ampliarse o contemplan nuevos proyectos que el Gobierno intenta materializar, destacando las ventajas del país en sectores estratégicos. Entre los directivos invitados sobresalen especialmente los vinculados al ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que constituyen el grupo más numeroso, con 18 compañías confirmadas. También asistirán 10 empresas energéticas, principalmente interesadas en energías renovables; nueve del ámbito de la movilidad sostenible; otras nueve del sector de ciencias de la vida, como salud y biotecnología; siete de bienes de equipo; seis de la industria química; cinco del sector agroalimentario; cuatro del aeroespacial; dos del audiovisual; dos de logística y una del sector financiero. El Ejecutivo ha optado por no hacer públicos los nombres de las compañías participantes, argumentando que la discreción es clave para el éxito del foro. No obstante, sí ha indicado que el mayor número de asistentes procede de Estados Unidos, algo que desde el Ministerio de Economía interpretan como muestra de la solidez de las relaciones económicas entre ambos países, a pesar de los desencuentros políticos recientes entre Sánchez y Trump. Actualmente, unas 4.000 empresas estadounidenses operan en España, donde el pasado año invirtieron alrededor de 10.000 millones de euros, acumulando un volumen total de inversión de 125.000 millones. A su vez, Estados Unidos sigue siendo el principal destino exterior para las empresas españolas. En total, el grupo de participantes incluye 19 compañías estadounidenses, ocho chinas, siete japonesas, cinco francesas y cuatro británicas, además de empresas de países como Alemania, Argentina, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, México, Noruega, Países Bajos, Suiza o Singapur, entre otros. Durante el evento se celebrarán unas 170 reuniones bilaterales entre empresas y representantes institucionales, además de un almuerzo de trabajo con el ministro Carlos Cuerpo. Participarán responsables de distintos ministerios, entre ellos Economía, Transición Ecológica, Industria, Transformación Digital, así como Defensa, Sanidad, Transporte, Hacienda y Vivienda. También se ha invitado a los consejeros autonómicos de Economía, algunos de los cuales acudirán al encuentro. El objetivo del Gobierno es superar los resultados de la primera edición que, aunque quedó marcada por el gran apagón que afectó a toda la península ibérica el 28 de abril de 2025, logró compromisos de inversión por valor de 4.400 millones de euros y la creación de unos 4.500 puestos de trabajo.

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(Expansión, 27-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda se dispara más del 20% en torno a Madrid y Barcelona

En el entorno de Madrid, municipios como Fuenlabrada y Coslada encabezan el encarecimiento de la vivienda, mientras que en el área de Barcelona destacan Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs por sus fuertes incrementos. Si hace unos años los inversores dominaban el mercado inmobiliario y priorizaban la ubicación por encima de todo, el contexto actual ha cambiado. Hoy, con una demanda más centrada en compradores que adquieren vivienda para uso propio y con el teletrabajo como factor clave, el precio se ha convertido en el principal criterio: los compradores buscan lo mejor que puedan permitirse, aunque eso implique alejarse de su lugar de trabajo. Esto está desplazando la demanda desde las grandes ciudades hacia sus periferias, impulsando subidas de precios que en muchos casos superan a las de las capitales. De este modo, localidades como Móstoles, Alcorcón o Getafe lideran el crecimiento en el área metropolitana madrileña, con aumentos superiores al 20% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. En paralelo, en el entorno de Barcelona, municipios como Badalona o L'Hospitalet de Llobregat registran incrementos incluso mayores que los de la propia capital. En contraste, zonas tradicionalmente más exclusivas, como Las Rozas de Madrid o Sant Cugat del Vallès, experimentan subidas más moderadas. En cifras concretas, Fuenlabrada destaca con un aumento del 23,1%, seguida de Coslada (22,4%) y Móstoles (22,2%). También presentan crecimientos muy elevados Leganés, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. En cambio, municipios con precios más altos como Pozuelo de Alarcón o Majadahonda muestran incrementos más contenidos. Los datos reflejan que, aunque el encarecimiento es generalizado en toda la periferia madrileña, resulta especialmente intenso en las zonas más asequibles, independientemente de su cercanía al centro. De hecho, se observa que a medida que sube el precio medio de la vivienda, el ritmo de crecimiento tiende a moderarse, aunque existen excepciones puntuales como Alcobendas o Rivas-Vaciamadrid. En el área metropolitana de Barcelona ocurre algo similar. El precio medio ha aumentado de forma notable, con Santa Coloma de Gramenet a la cabeza (18,2%), seguida de Sant Adrià de Besòs (17,3%) y Badalona (16,5%). Otros municipios como Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat o Sant Joan Despí también registran subidas destacadas. En cambio, zonas más exclusivas como Sant Just Desvern o Cerdanyola del Vallès presentan aumentos más moderados. Al igual que en Madrid, el crecimiento es más acusado en los municipios más asequibles, mientras que las áreas con precios más elevados evolucionan con mayor moderación. Además, se aprecia que por cada incremento en el precio por metro cuadrado, el ritmo de subida tiende a desacelerarse, aunque hay excepciones como Esplugues de Llobregat, donde el aumento es significativo pese a partir de niveles altos. Este patrón responde a un cambio estructural en la demanda: los compradores particulares han sustituido a los inversores como principales protagonistas del mercado. Mientras estos últimos priorizaban ubicaciones consolidadas dentro de las grandes ciudades, quienes compran para residir buscan viviendas que se ajusten a su presupuesto, lo que les obliga a desplazarse hacia zonas periféricas tras las fuertes subidas en las capitales. Además, valoran cada vez más aspectos como el tamaño, la luminosidad, la distribución o la eficiencia energética por encima de la ubicación. El teletrabajo también ha contribuido a esta transformación, al permitir vivir más lejos del lugar de empleo y favorecer la búsqueda de viviendas más amplias y confortables, algo difícil y costoso dentro de las grandes urbes. A esto se suma el reciente aumento del euríbor, que previsiblemente reforzará esta tendencia al encarecer las hipotecas.

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(Cinco Días, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de la mitad de los caseros en España tienen dos o más viviendas en alquiler

La regulación del mercado del alquiler para contener la subida de precios genera un fuerte rechazo entre muchos propietarios, especialmente entre aquellos que poseen varias viviendas, ya que consideran que estas medidas pueden reducir los ingresos que obtienen por las rentas. Sin embargo, cuantificar con exactitud cuántos arrendadores existen en España resulta complicado, dado que no hay un registro oficial que identifique ni a los propietarios ni a sus inmuebles. Aun así, un estudio del Ministerio de Consumo, elaborado junto al CSIC, estima que, entre los arrendadores particulares, son ligeramente mayoría quienes alquilan dos o más viviendas (52,8%), frente a quienes solo disponen de una (47,2%). Si se incluyen también empresas y entidades públicas, el peso de los llamados multiarrendadores aumenta hasta el 60,8%, frente al 39,2% de los pequeños propietarios. El informe busca analizar el perfil de los propietarios particulares a partir de los ingresos por alquiler declarados a Hacienda en 2023. A partir de estos datos, concluye que predominan quienes cuentan con varias viviendas en alquiler, aunque no se especifica un límite máximo. Este grupo se denomina multiarrendadores, una categoría más amplia que la de "gran tenedor", que la legislación reserva para quienes poseen diez o más inmuebles residenciales o más de 1.500 metros cuadrados construidos. Según el estudio, la figura del propietario con una única vivienda no es la más habitual. Para dimensionar su peso en el mercado, el informe compara el número de arrendadores con el de inquilinos. Así, señala que solo el 4,9% de la población total (5,7% de los adultos) obtiene ingresos por alquiler, cifra que asciende al 9,3% si se mide por hogares. En cambio, los inquilinos representan alrededor del 20% de la población o de los hogares, lo que evidencia una notable diferencia entre ambos grupos. El análisis también muestra cómo se distribuyen territorialmente los propietarios con varias viviendas. Las mayores concentraciones se encuentran en ciudades insulares: en Las Palmas de Gran Canaria, el 64,9% de los arrendadores posee al menos dos inmuebles; en Santa Cruz de Tenerife, el 64,6%. Les siguen Palma (63,1%), Barcelona (60,8%) y Madrid (56,4%). En Valencia y Málaga los porcentajes son algo menores (55% y 51,6%), mientras que Sevilla destaca como la única gran ciudad analizada donde predominan los propietarios con una sola vivienda (53,2%). Según los autores, estos datos reflejan que la presencia de propietarios con varias viviendas no es algo puntual, sino una característica estructural del mercado del alquiler en las grandes ciudades. Además, apuntan que cuanto mayor es la presión inmobiliaria, mayor es también la concentración de viviendas en manos de estos perfiles. El estudio cuestiona, por tanto, la imagen extendida del pequeño propietario como figura dominante. Esta percepción se aleja aún más de la realidad cuando se incluyen actores como fondos de inversión, sociedades y entidades públicas, que operan en el mercado de forma profesional. En ese caso, los multiarrendadores representarían alrededor del 60%, frente al 40% de los pequeños tenedores. Finalmente, el informe explica que esta situación es resultado del crecimiento del mercado del alquiler entre 2016 y 2023, periodo en el que el número de viviendas arrendadas por particulares aumentó de forma significativa, pasando de cerca de 1,9 millones a más de 2,5 millones. Este incremento ha favorecido en mayor medida a los propietarios con varias viviendas, consolidando su peso frente a quienes solo alquilan una.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los líderes de la UE piden abrir el proceso de adhesión de Ucrania

Ucrania terminó acaparando la atención de forma inesperada en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Ayia Napa, en Chipre. Aunque el encuentro estaba centrado principalmente en la situación en Oriente Medio y sus efectos económicos en la Unión Europea, así como en el inicio del debate sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, el foco acabó desplazándose hacia un nuevo paso: el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Este fue el mensaje que transmitieron conjuntamente, antes del inicio de la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Los líderes europeos pudieron recibir a Zelenski con el respaldo a un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener económicamente a Ucrania durante este año y el próximo. A ello se sumó la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de limitar su capacidad para continuar la invasión. Costa señaló que ha llegado el momento de avanzar y dar el siguiente paso, que pasa por iniciar formalmente la apertura de los primeros capítulos de negociación para la adhesión de Ucrania. Von der Leyen respaldó esta idea, subrayando que, teniendo en cuenta las reformas emprendidas por el país, las conversaciones deberían arrancar sin demora. El cambio político en Hungría, tras la derrota de Viktor Orbán, ha modificado el equilibrio dentro de la UE y facilita decisiones que requieren unanimidad, como la ampliación del bloque. En esta línea, la alta representante Kaja Kallas afirmó que Ucrania avanza claramente hacia su integración y que las nuevas circunstancias podrían desbloquear avances antes frenados. Zelenski insistió en la voluntad de su país de integrarse en la Unión Europea lo antes posible, una petición que fue bien acogida por los líderes presentes, en una reunión en la que Hungría no estuvo representada directamente por Orbán. Durante los últimos meses, las instituciones europeas han trabajado de forma discreta con Ucrania para preparar el terreno de cara a una adhesión más ágil una vez superados los obstáculos políticos. El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, defendió que, tras el apoyo financiero y las sanciones, el siguiente objetivo debe ser la incorporación de Ucrania a la UE, señalando además que durante mucho tiempo el proceso ha estado condicionado por el veto húngaro. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la Comisión Europea que presente en breve un calendario concreto junto con las medidas que deberán cumplir tanto Ucrania como Moldavia para avanzar en la apertura de capítulos de negociación. Los dirigentes europeos coincidieron en que se dan las condiciones necesarias para iniciar este proceso en un plazo próximo, aunque reconocen que la adhesión será un camino largo y con importantes consecuencias para el funcionamiento interno de la Unión, especialmente en ámbitos como el reparto de fondos agrícolas. Tras este giro en las discusiones, la cumbre retomó los asuntos inicialmente previstos, centrados en la evolución del conflicto en Oriente Medio y el impacto energético sobre Europa. Estas conversaciones continuarán, junto a la participación de representantes de países como Líbano, Siria y Jordania. Posteriormente, si no se vuelve a aplazar, se abordará el debate sobre el futuro presupuesto comunitario.

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(Expansión, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El TJUE sentencia que los bancos no pueden cobrar intereses sobre los costes de un crédito al consumo

La justicia europea ha establecido que las entidades bancarias no pueden aplicar intereses sobre las cantidades destinadas a cubrir gastos asociados a un crédito al consumo, sino únicamente sobre el dinero que realmente recibe el cliente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se ha pronunciado en este sentido a raíz del caso de un ciudadano polaco que solicitó un préstamo en el que parte del importe se destinó al pago de un seguro vinculado al crédito, de carácter voluntario. Según recoge la resolución, el banco aplicó intereses no solo sobre el capital entregado al consumidor, sino también sobre el coste de ese seguro. Ante esta situación, el afectado acudió a la justicia de su país para reclamar la devolución del préstamo sin intereses ni otros gastos adicionales, al considerar que se habían calculado indebidamente. El tribunal nacional decidió plantear una cuestión prejudicial para aclarar si esta práctica se ajusta a la normativa europea sobre créditos al consumo. La respuesta del tribunal europeo ha sido negativa. El TJUE explica que el importe total del crédito y el coste total del crédito para el consumidor son conceptos distintos y no pueden mezclarse. Por ello, el primero no puede incluir gastos como seguros u otros cargos necesarios para obtener el préstamo. Además, recuerda que el tipo de interés debe aplicarse únicamente sobre el capital efectivamente utilizado por el consumidor. Esto excluye cualquier cantidad que el banco destine directamente a cubrir costes vinculados al crédito y que no llegue a manos del cliente. En consecuencia, la entidad financiera no puede cobrar intereses sobre esos importes. No obstante, el tribunal aclara que esto no impide que los prestamistas repercutan esos costes por otras vías, como mediante un tipo de interés más elevado aplicado al capital prestado. Esta interpretación busca, por un lado, favorecer un funcionamiento más eficiente del mercado europeo de crédito al consumo y, por otro, mejorar la transparencia para que los usuarios puedan comparar con mayor claridad las distintas ofertas, especialmente a través de indicadores como la tasa anual equivalente.

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(La Vanguardia, 24-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas desacelera en España pero crece con fuerza en Cataluña, Navarra y Canarias

El mercado inmobiliario empieza a mostrar signos de enfriamiento. En febrero, el número de compraventas de viviendas descendió un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, situándose en 59.689 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo descenso consecutivo, después de la caída del 5% registrada en enero. Esta ligera bajada interanual se explica tanto por el retroceso en las operaciones de vivienda de segunda mano, que disminuyeron un 0,2% hasta las 45.881, como por la reducción en la venta de vivienda nueva, que cayó un 1,6% hasta las 13.808 transacciones. La gran mayoría de las viviendas vendidas, el 93,7%, correspondía a vivienda libre, que mantuvo niveles similares a los del año anterior, mientras que la vivienda protegida experimentó un descenso del 7,9%. En cambio, si se compara con el mes anterior, las compraventas aumentaron un 3,8%, impulsadas por el crecimiento tanto en vivienda nueva (1,7%) como en usada (4,5%). A pesar de este repunte mensual, el balance acumulado de los dos primeros meses del año refleja una caída del 2,8% respecto al mismo periodo de 2025. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de operaciones en febrero con 12.037 compraventas, seguida de Cataluña (10.389) y la Comunidad Valenciana (8.944). En términos interanuales, ocho regiones registraron aumentos en las ventas, mientras que en nueve se produjeron descensos, destacando las caídas de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%) y Galicia (-12%). En el lado opuesto, sobresalen los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%). En el caso de Cataluña, febrero se convirtió en el segundo mejor mes de este periodo en toda la serie histórica, solo superado por febrero de 2007. Además, en el acumulado de los dos primeros meses del año, las operaciones han crecido un 3,55% interanual, aunque a un ritmo más moderado que en diciembre, cuando se alcanzaron cifras récord. Este comportamiento llevó el total de compraventas a 112.610 operaciones, superando ligeramente el máximo registrado en 2007. Con estos datos iniciales de 2026, la comunidad catalana apunta nuevamente hacia cifras históricas. Según los expertos, esta leve caída a nivel nacional refleja una fase de ajuste tras los altos niveles alcanzados el año anterior. Aun así, destacan que la demanda sigue siendo muy sólida, lo que permitirá mantener un volumen elevado de transacciones, aunque con un crecimiento más contenido. No obstante, advierten de la importancia de observar la evolución del contexto económico y financiero en los próximos meses.

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(Expansión, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública se modera al 101,2% del PIB en febrero, aunque su importe alcanza máximos de 1,723 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en febrero un nuevo máximo de 1,723 billones de euros. Esta cifra supone un aumento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo hasta el 101,2%, lo que representa 1,3 puntos porcentuales menos en comparación interanual, según los datos difundidos por el Banco de España. En términos absolutos, el volumen de deuda creció tanto en comparación con febrero del año pasado como frente a enero, con un incremento mensual del 1%. De este modo, se supera el anterior récord registrado en septiembre, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB continúe descendiendo en los próximos años, situándose en el 100,9% en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. A más largo plazo, estima que bajará hasta el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, estas previsiones no concretan cuándo se alcanzará el objetivo del 60% del PIB considerado como nivel de referencia por la Unión Europea. Por niveles administrativos, la deuda del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, tras aumentar un 5,1% interanual, lo que equivale al 92,4% del PIB. En cambio, las Otras Unidades de la Administración Central registraron un saldo de 33.620 millones de euros (2% del PIB), lo que supone una reducción del 6,1% respecto al año anterior. En el caso de la Seguridad Social, la deuda alcanzó los 136.181 millones de euros, un 7,9% más que hace un año, representando el 8% del PIB. Este incremento se explica por los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General para cubrir su déficit presupuestario. En cuanto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas se situó en 345.706 millones de euros en febrero de 2026, lo que equivale al 20,3% del PIB, con un aumento interanual del 2,9%. Por su parte, las corporaciones locales registraron una deuda de 20.829 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Si se analiza la deuda por tipos de instrumentos y plazos, todos muestran incrementos interanuales. Los valores a largo plazo crecieron un 4,6% y los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,1%, mientras que los instrumentos a corto plazo registraron un alza del 1,5%.

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(El Economista, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo resiste sobre los 100 dólares, pero los analistas temen que su precio suba más allá de los 200 si el "grifo" de Ormuz sigue cerrado

Uno de los mayores temores de los analistas era que el precio del petróleo se disparara hasta los 150 dólares o incluso más si se producía el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, casi dos meses después del inicio del conflicto, aunque esta ruta sigue bloqueada, los precios no han alcanzado esos niveles extremos y el Brent se mantiene en torno a los 100 dólares. Lejos de tratarse de previsiones exageradas, varios expertos advierten de que la situación real podría ser más preocupante: hasta ahora, el mercado ha estado sostenido por dos factores temporales que están a punto de agotarse. Si el tránsito no se restablece pronto, podría producirse una escasez real de crudo que impulsaría los precios al alza de forma significativa. El primero de esos factores, según JP Morgan, ha sido el retraso en la llegada de los petroleros que lograron atravesar el estrecho antes de su cierre. Estos envíos han tardado semanas en alcanzar sus destinos, por lo que el suministro no se ha interrumpido de forma inmediata. Aunque el paso quedó prácticamente bloqueado el 1 de marzo, el petróleo procedente de Oriente Medio ha seguido llegando a distintos mercados hasta fechas recientes: a Asia a comienzos de abril, a Europa unos días más tarde, a Estados Unidos a mediados de mes y a Australia ya el 20 de abril. Es ahora cuando empieza a notarse la ausencia de nuevos cargamentos. El segundo "parche" ha sido la liberación masiva de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Según la gestora Mirova, se han puesto en el mercado unos 400 millones de barriles desde el 11 de marzo, lo que ha permitido compensar temporalmente la falta de suministro. No obstante, esta solución tiene un límite: las reservas no son infinitas y, al ritmo actual, podrían situarse en niveles mínimos históricos entre finales de abril y mayo. A estos factores se suma un riesgo adicional: que la paralización de la producción y los ataques de Irán a infraestructuras petroleras de países vecinos dañen de forma duradera la capacidad de extracción. Incluso si el estrecho de Ormuz reabriera, la producción podría no recuperarse completamente. Si solo se alcanzara, por ejemplo, el 70% del nivel previo al conflicto, el déficit de crudo persistiría. Además, existe la posibilidad de que la reapertura sea parcial o limitada, lo que restringiría aún más el flujo de petróleo. En un escenario así, el mundo se vería obligado a reducir de forma considerable su consumo de crudo, lo que previsiblemente requeriría una fuerte subida de precios. Mirova advierte de que la relación entre las reservas disponibles y el precio podría volverse exponencial, derivando en una situación de escasez física. En caso de prolongarse el conflicto, el Brent podría situarse entre 150 y 200 dólares por barril, mientras que el gas en Europa alcanzaría entre 100 y 150 euros por MWh, lo que supondría una crisis energética de gran magnitud. Por su parte, el economista Paul Krugman ha planteado distintos escenarios en función de la duración del conflicto y de la capacidad global para reducir el consumo o sustituir el petróleo mediante medidas como recortes en el transporte o el impulso de energías renovables. En el escenario más favorable, con una rápida resolución del conflicto y una reducción sencilla de la demanda, los precios se mantendrían cerca de los niveles actuales. Si la crisis se prolonga más allá de mayo, el barril podría alcanzar los 150 dólares. Y si el cierre del estrecho se extiende hasta el verano, el precio podría superar ampliamente esa cifra, llegando incluso a niveles cercanos a los 372 dólares en el peor de los casos. Según advierte, si el petróleo supera los 200 dólares, aumentaría significativamente el riesgo de una crisis económica global, acompañada de inflación elevada y una posible recesión.

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