Noticias

(Cinco Días, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se hunde un 10% y la Bolsa rebota el 4% en pocos minutos tras el anuncio de Trump de conversaciones con Teherán

Donald Trump parece reaccionar más a la evolución de los mercados financieros que a la opinión pública. En una jornada especialmente negativa en las bolsas internacionales, el presidente estadounidense decidió rectificar su propio ultimátum -que expiraba esa misma madrugada- y anunció una pausa de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán. Este giro fue tan brusco como el de los mercados: el precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril y el Ibex 35 pasó de perder un 2,5% a registrar subidas del 1%. No obstante, la reacción positiva se moderó tras las primeras respuestas procedentes de Teherán, donde algunas agencias restaron credibilidad al anuncio de la Casa Blanca. El temor a una escalada militar había generado nerviosismo entre los inversores al inicio de la semana, la cuarta desde el comienzo del conflicto. Durante el fin de semana, Trump había dado un plazo de 48 horas a Irán para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, advirtiendo de posibles ataques contra su infraestructura eléctrica. En respuesta, Irán amenazó con actuar contra instalaciones energéticas en la región del Golfo. Según analistas, un escenario de represalias cruzadas habría agravado notablemente la situación económica global, con nuevas caídas en los mercados de deuda y renta variable. Antes del cambio de postura, los mercados registraban fuertes pérdidas: el Ibex acumulaba un descenso del 11% desde el inicio de los ataques, el petróleo para entrega en mayo alcanzaba los 114 dólares y activos como los bonos, el oro y la plata caían con fuerza, en una jornada marcada por ventas generalizadas que favorecieron al dólar. Posteriormente, Trump comunicó en su red social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones "positivas y productivas" en los últimos días, orientadas a una posible resolución del conflicto. Como resultado, ordenó suspender temporalmente cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes durante cinco días. Por el momento, no ha habido confirmación oficial por parte de Irán. No es la primera vez que los mercados reaccionan a cambios de postura del presidente estadounidense anunciados a través de su plataforma. De hecho, se ha popularizado el término "TACO" (Trump always chickens out) para describir estos episodios en los que el mandatario da marcha atrás tras adoptar posiciones contundentes. Situaciones similares se han producido en el pasado con los aranceles, la Reserva Federal o incluso propuestas geopolíticas. La reacción de los mercados fue inmediata y muy intensa. El petróleo Brent, por ejemplo, pasó de cotizar en torno a 113 dólares a caer hasta los 96 en apenas unos minutos, lo que supone un desplome cercano al 15% en muy poco tiempo. El Ibex 35 también experimentó una fuerte recuperación en cuestión de minutos, con un avance superior al 4%. Sin embargo, no todos los valores se comportaron igual: compañías como Repsol sufrieron caídas destacadas, mientras que otras como IAG registraron importantes subidas. A la espera de una confirmación oficial por parte de Irán, los inversores interpretan este movimiento como un posible punto de inflexión en un conflicto que ya entra en su cuarta semana. De hecho, muchos analistas estimaban desde el inicio que las tensiones podrían resolverse en un plazo de tres o cuatro semanas. El riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y los daños a la industria petrolera han provocado episodios de gran volatilidad, con subidas acumuladas del petróleo que llegaron a superar el 60% en los momentos más tensos, aunque actualmente ese incremento se sitúa en torno al 42%.

LEER MÁS

(Expansión, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor continúa imparable y supera el nivel del 2,7%

La subida del euríbor a 12 meses continúa sin freno. Después del fuerte avance del viernes, cuando el índice diario reaccionó a la reunión previa del Banco Central Europeo (BCE) con un repunte hasta el 2,65%, su nivel más alto del año, ayer volvió a registrar un incremento notable hasta el 2,74%. Para encontrar cifras superiores hay que retroceder hasta octubre de 2024. El ascenso del euríbor se está acelerando. Tras un inicio de año marcado por ligeras bajadas, el indicador ha cambiado bruscamente de rumbo y la media provisional de marzo se ha elevado hasta el 2,45%, su nivel más alto desde noviembre de 2024. Sin embargo, la referencia clave es la comparación con marzo del año pasado, cuando cerró en el 2,39%. Esto implica que, a falta de pocas jornadas para terminar el mes, todo apunta a que las hipotecas variables volverán a encarecerse por primera vez desde marzo de 2024. Desde la semana pasada, todas las hipotecas vinculadas al euríbor están aumentando su coste. Con la media actual, un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, pasaría a pagar unos 872 euros mensuales, aproximadamente 5 euros más. En el caso de revisiones semestrales, que ya venían subiendo desde el año pasado, el incremento supera los 20 euros. Si la tendencia no cambia en el corto plazo, estas subidas podrían intensificarse a partir de abril. Conviene recordar que en ese mismo mes de 2024 el euríbor cayó hasta el 2,14%, tras uno de los mayores descensos del año, y que en julio alcanzó mínimos de 2025 en torno al 2,07%. El repunte registrado ayer sugiere que el euríbor está anticipando una posible subida de medio punto en los tipos de interés de la eurozona. Este aumento podría producirse en dos fases, con una primera subida ya en abril, algo que dejó entrever recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al afirmar que la institución está preparada para actuar con flexibilidad y garantizar que la inflación se sitúe en el 2% a medio plazo. La evolución futura del euríbor, que ha subido en la mayoría de las sesiones de marzo, dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo y de su impacto en la inflación. En este sentido, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha señalado que, aunque la política monetaria no puede evitar los efectos iniciales de la guerra sobre los precios y el crecimiento, el organismo permanecerá vigilante para actuar si se producen efectos adicionales, sin tener una decisión previa fijada sobre los tipos de interés.

LEER MÁS

(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Díaz anima a los inquilinos a que prorroguen sus alquileres antes de que la congelación se vote en el Congreso

El Gobierno dio luz verde el pasado viernes a dos decretos diferentes. El primero incluye rebajas fiscales sobre la energía para frenar la subida de precios provocada por el conflicto con Irán y cuenta con posibilidades de ser aprobado en el Congreso gracias al apoyo de partidos de la derecha. El segundo, centrado en la vivienda, plantea extender hasta dos años los contratos de alquiler y limitar las subidas al 2%, aunque tiene pocas opciones de salir adelante tras el rechazo anunciado por PP, Vox y Junts. En este contexto, Yolanda Díaz ha animado a los inquilinos a aprovechar el tiempo en el que la norma esté en vigor -desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta su posible rechazo parlamentario- para renovar sus contratos. En una entrevista en Radio Nacional, explicó que el Gobierno retrasará la votación en el Congreso hasta el último momento permitido, es decir, dentro del plazo máximo de 30 días, con el objetivo de que más personas puedan beneficiarse de la medida antes de que previsiblemente sea anulada. La vicepresidenta segunda pidió a los arrendatarios que soliciten la prórroga de sus contratos para mantener las condiciones actuales. Advirtió de que, en caso contrario, los propietarios podrían aplicar subidas muy superiores al 2%, llegando incluso a incrementos del 20%, 30% o más, como -según señaló- ya ocurre en muchas ciudades. No obstante, la renovación de los contratos no depende únicamente de los inquilinos, sino también de la voluntad de los propietarios. Por ello, aunque algunos arrendatarios cuyos contratos vencen en estos días podrían acogerse a la medida, resulta más complicado que lo hagan aquellos cuyos alquileres finalicen más adelante. Díaz hizo estas declaraciones al ser preguntada por la fecha en la que el decreto de vivienda se llevará al Congreso, donde este jueves sí se votará el paquete de medidas fiscales. Insistió en que se agotará el plazo legal antes de someterlo a votación, lo que situaría el debate hacia finales de abril. Además, criticó duramente a los partidos que ya han anunciado su oposición, asegurando que tumbar la medida tendrá un coste político. También instó a organizaciones sociales, como los sindicatos de inquilinos, a movilizarse en su defensa, especialmente en un contexto que calificó de excepcional. Por otro lado, minimizó las tensiones internas dentro del Gobierno durante la reunión del viernes, que se retrasó por las diferencias entre PSOE y Sumar sobre la inclusión de medidas de vivienda. Finalmente, estas iniciativas se aprobaron en un decreto separado de las medidas económicas, que sí cuentan con mayor respaldo parlamentario. Díaz también reflexionó sobre la situación internacional, subrayando la gravedad del contexto actual, y se refirió al futuro del espacio político a la izquierda del PSOE. Aunque ha descartado volver a liderarlo, defendió la necesidad de repetir una fórmula similar a la que permitió la victoria electoral del 23 de julio, advirtiendo de que quienes no se sumen deberán dar explicaciones.

LEER MÁS

(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio que eliminará aranceles

Australia y la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo de libre comercio tras cerca de diez años de negociaciones, con el objetivo de suprimir aranceles y facilitar los intercambios comerciales entre ambas partes. Este pacto permitirá mejorar el acceso de los productos australianos al mercado europeo. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció el acuerdo en una comparecencia en Camberra, donde lo calificó como un hito relevante para el país. Destacó que se trata de un entendimiento con la segunda mayor economía mundial y que contribuirá a eliminar obstáculos tanto al comercio como a la inversión. Según Albanese, el acuerdo tendrá un impacto económico estimado de unos 10.000 millones de dólares australianos al año (alrededor de 6.000 millones de euros), gracias a la reducción de barreras comerciales. El tratado contempla la eliminación de aranceles para productos clave de exportación australiana, como el vino, el marisco o los productos hortícolas. Además, ampliará las cuotas de entrada en Europa para otros bienes como la carne de vacuno y ovino, los lácteos, el arroz y el azúcar, y permitirá que los productos industriales australianos accedan sin tarifas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el acuerdo será beneficioso para ambas economías y fortalecerá la cooperación en un contexto internacional incierto. Indicó que el pacto podría aportar cerca de 8.000 millones de dólares al PIB y remarcó que todos los bienes industriales australianos exportados al mercado europeo quedarán libres de aranceles. Von der Leyen también defendió la relevancia de este tipo de acuerdos en un entorno global cambiante, destacando que el comercio abierto basado en normas claras genera resultados positivos. El acuerdo no solo facilitará el comercio de bienes, sino que también permitirá a empresas y profesionales australianos ofrecer servicios en la Unión Europea con mayor facilidad. Asimismo, abrirá nuevas oportunidades para los exportadores europeos, cuyas ventas a Australia podrían aumentar en los próximos años. En paralelo, ambas partes anunciaron una nueva alianza en materia de seguridad y defensa, con el fin de reforzar la cooperación en ámbitos como la industria militar, la seguridad marítima, el ciberespacio o la lucha contra el terrorismo y la desinformación. Además, Australia y la Unión Europea acordaron iniciar conversaciones para que el país oceánico participe en el programa de investigación Horizon Europe a partir de 2027, lo que facilitará el acceso a financiación y la colaboración en proyectos científicos internacionales. Las negociaciones, que comenzaron hace casi una década, se vieron retrasadas por desacuerdos en cuestiones como las cuotas agrícolas o el uso de denominaciones de origen europeas -como "feta" o "prosecco"-, lo que ha demorado la firma definitiva del acuerdo hasta ahora.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las reservas en Semana Santa crecen un 50% al ser España un país refugio

El turismo en España se encamina nuevamente hacia cifras récord este año. Aunque siempre es complicado hacer previsiones exactas, los datos disponibles indican que la Semana Santa, uno de los momentos clave del calendario vacacional, podría alcanzar niveles de ocupación muy elevados. Según la plataforma de viajes Destinia, las reservas han aumentado un 50% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los visitantes internacionales, el crecimiento ha sido del 29%, impulsado en gran parte por las reservas de última hora. Desde la compañía destacan que España sigue siendo percibida como un destino seguro, lo que favorece la llegada de turistas extranjeros. En la misma línea, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) señalan que este fenómeno ya se ha producido en otras ocasiones, ya que el país actúa como un destino refugio en contextos de incertidumbre internacional. Además, apuntan que las reservas anticipadas han crecido entre un 5% y un 10%, y confían en que unas buenas condiciones meteorológicas impulsen aún más las contrataciones de última hora, tanto nacionales como internacionales. La imagen de España como lugar seguro también está atrayendo a mercados emisores importantes, especialmente europeos. De hecho, estimaciones de BBVA Research indican que entre el 30% y el 36% del aumento de las pernoctaciones de turistas extranjeros se debe a tensiones geopolíticas en países competidores, especialmente en zonas del Mediterráneo como Egipto o Turquía. En ciudades como Barcelona, los datos también reflejan una evolución positiva. Las reservas han crecido cerca de un 20% y, aunque el precio medio ha descendido ligeramente, la duración de las estancias está aumentando. Desde la plataforma SiteMinder señalan que, pese a la incertidumbre en el sector, los hoteles afrontan una Semana Santa con buenas perspectivas. También destacan que los viajeros están reservando con menos antelación, adaptando sus planes de forma más flexible. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha expresado su preocupación por el encarecimiento de los combustibles y por los problemas en infraestructuras clave, como el transporte ferroviario de alta velocidad, que están generando dudas a la hora de organizar viajes, sobre todo en el mercado interno. Desde el sector hotelero advierten de que, si estas incidencias se prolongan, podrían tener un impacto relevante en un momento crucial para la actividad turística. En algunas zonas, especialmente en Andalucía, donde los problemas ferroviarios están siendo más acusados, ya se observan descensos de la demanda de entre el 15% y el 30%, con pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros. A pesar de ello, el interés por destinos como Sevilla o Málaga sigue siendo elevado, con importantes incrementos en las búsquedas de viajes, lo que sugiere que la demanda potencial continúa siendo fuerte.

LEER MÁS

(La Razón, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de 4.700 "golden visa" a extranjeros por la compra de vivienda

La vivienda lleva tiempo situándose entre las mayores inquietudes de la ciudadanía en España. En diciembre de 2024 alcanzó el primer puesto en el barómetro del CIS, cuando un 22,3% la señalaba como su principal problema, y desde entonces no ha dejado de crecer su importancia. En marzo de este año, esa cifra ya se elevaba al 43,5%, consolidándose claramente como la preocupación dominante. Durante años, además, el mercado inmobiliario español ha servido como vía de entrada para inversores extranjeros con alto poder adquisitivo, que encontraban en la compra de vivienda una forma sencilla de obtener permiso de residencia. Se trata de los conocidos como visados de oro o "golden visa". Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia, desde la puesta en marcha de este programa en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta su eliminación en abril de 2025 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se concedieron un total de 7.995 visados de este tipo. Es la primera vez que se hacen públicas estas cifras. De ese total, la gran mayoría -7.686 permisos, es decir, más del 96%- se otorgaron a personas que realizaron inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. Solo 309 correspondieron a otras modalidades de inversión, como aportaciones de capital. Este sistema se creó tras la crisis financiera de 2008 con el objetivo de atraer inversión extranjera procedente de fuera de la Unión Europea. Para acceder al permiso de residencia, se ofrecían distintas opciones: invertir más de un millón de euros en empresas o depósitos bancarios, adquirir deuda pública por al menos dos millones o comprar inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. Sin embargo, esta última fórmula fue con diferencia la más utilizada. La supresión de este mecanismo fue impulsada por el Gobierno de Sánchez tras la presión de sus socios de izquierda, especialmente Sumar y Podemos. Aunque el anuncio se realizó en abril de 2024, la eliminación no se hizo efectiva hasta un año después, en abril de 2025. Pese a su desaparición, el debate sobre las golden visa ha vuelto a cobrar protagonismo recientemente, tanto por la crisis de vivienda como por la polémica en torno a la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno. El Partido Popular ha criticado esta regularización, mientras que desde el Ejecutivo se ha recordado que fue el Gobierno de Rajoy quien creó estos visados. No obstante, los datos muestran que ha sido durante el mandato de Sánchez cuando más permisos de este tipo se han concedido, tanto en cifras absolutas como en promedio anual.

LEER MÁS

(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra costará 8.000 millones del PIB a la economía española

Los analistas prevén que el crecimiento económico se reduzca entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales, hasta quedar en torno al 2,2%, mientras que la mayoría de empresarios y directivos anticipa un incremento de entre medio punto y un punto en otras variables como la inflación. El consenso de especialistas da por hecho que, incluso en el escenario más favorable -con una resolución rápida del conflicto en Irán-, las economías mundiales sufrirán las consecuencias del encarecimiento de la energía y los combustibles, lo que impulsará al alza la inflación. Así lo refleja el informe de PwC, que reúne la opinión de expertos, empresarios y directivos, quienes estiman que la guerra podría prolongarse alrededor de dos meses y restar entre 0,2 y 0,5 puntos al crecimiento de la economía española este año. En términos económicos, esto supone una pérdida de entre 3.200 y 8.000 millones de euros. En concreto, el 55% de los expertos considera que el PIB disminuirá su ritmo de crecimiento en ese rango de entre 0,2 y 0,5 puntos. Un 22% se muestra más optimista y cree que la caída será inferior a 0,2 puntos. Por el contrario, un 17% prevé un impacto mayor, con una reducción de entre 0,5 y 1 punto porcentual, lo que situaría el crecimiento en una horquilla de entre el 1,7% y el 1,2%. Antes del inicio del conflicto, las previsiones eran más favorables: una parte significativa de los directivos estimaba que el PIB crecería entre el 2% y el 2,2%, mientras que otro grupo importante lo situaba entre el 2,2% y el 2,4%. Incluso un 14% confiaba en superar ese último nivel. En promedio, las estimaciones apuntaban a un crecimiento del 2,24% en 2026, en línea con otras previsiones cercanas al 2,2%. Este recorte en las expectativas se explica principalmente por la presión al alza de los precios. El encarecimiento del petróleo, el gas y otras materias primas está impulsando la inflación, y algunos expertos ya contemplan el riesgo de estanflación, un escenario caracterizado por bajo crecimiento y precios elevados. En cuanto a la evolución de los precios, el 43% de los encuestados cree que la inflación aumentará entre 0,5 y 1 punto porcentual respecto a lo previsto anteriormente. Un 28% estima que el incremento será menor de 0,5 puntos, mientras que un 26% considera que superará el punto porcentual. Estas diferencias reflejan una mayor disparidad de opiniones que en el caso del crecimiento económico, aunque existe consenso en que la situación no seguirá igual que antes de la guerra. Respecto a la duración del conflicto, la mayoría de los expertos sitúa su desarrollo entre tres semanas y dos meses, lo que prolongaría la incertidumbre en los mercados energéticos hasta finales de abril. Sin embargo, un 43% cree que podría alargarse más allá de ese periodo, acercándose al verano. En ese caso, advierten, el impacto sobre la economía mundial sería mucho más severo y obligaría a los gobiernos a aplicar medidas de apoyo fiscal de gran envergadura, con el consiguiente aumento del déficit. Otro factor clave será la respuesta de los bancos centrales en materia de tipos de interés. Actualmente, la facilidad de depósito del Banco Central Europeo se sitúa en el 2,5%. Antes del conflicto, la mayoría de los expertos esperaba que bajara hasta un rango de entre el 1,5% y el 2% a finales de año. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, el 50% considera que los tipos se mantendrán entre el 2% y el 2,5%. Un 19% prevé incluso subidas, situándolos entre el 2,5% y el 3%, mientras que un 16% cree que podrían descender hasta entre el 1,5% y el 2%. En conjunto, predomina una visión de impacto económico moderado, aunque la elevada incertidumbre sobre la duración del conflicto genera una gran dispersión en las previsiones de crecimiento, inflación y tipos de interés.

LEER MÁS

(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar lleva visos de decaer en un mes

El Gobierno de coalición integrado por PSOE y Sumar vivió el viernes una fuerte crisis interna cuando el socio minoritario se negó a participar en el Consejo de Ministros hasta lograr que se incorporaran medidas sobre vivienda dentro del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán. Esta negativa provocó un retraso de más de dos horas en el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y terminó con la aprobación de un segundo real decreto centrado en la congelación de los alquileres, aunque con pocas probabilidades de ser convalidado por el Parlamento, lo que implicaría su caída en el plazo de un mes. Por un lado, el Ejecutivo aprobó el paquete principal de 80 medidas, con una dotación de 5.000 millones de euros para responder a la crisis en Oriente Próximo. Este plan se someterá a votación la próxima semana mediante un trámite urgente y, en principio, cuenta con opciones de salir adelante. De hecho, tanto el Partido Popular como Junts -que junto a Vox han rechazado anteriormente otros decretos del Gobierno- mostraron disposición a apoyarlo al considerar que incluye rebajas fiscales similares a las que venían defendiendo. El segundo decreto contempla la ampliación automática durante dos años de los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, además de fijar un límite del 2% a las subidas anuales de las rentas. El propio presidente, Pedro Sánchez, restó relevancia al conflicto interno, aunque admitió que esta segunda norma no cuenta, por ahora, con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso. Aunque entrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente perderá efecto en un mes si no logra la convalidación parlamentaria. Por el momento, el Partido Popular ya ha anunciado su rechazo frontal, calificando la situación como un "chantaje" por parte de Sumar, mientras que otras formaciones como Junts y el PNV no han fijado aún una posición clara. La reacción del ámbito empresarial también ha sido muy crítica. Las organizaciones CEOE y Cepyme expresaron su oposición a estas medidas, al considerar que imponen restricciones injustificadas sobre el mercado del alquiler, afectan al derecho a la propiedad privada y generan inseguridad jurídica. Según las patronales, este tipo de intervenciones, incluidas dentro de un paquete extraordinario ligado a la crisis energética, desincentivan la oferta de vivienda, frenan la inversión y pueden agravar las dificultades de acceso en lugar de resolverlas. Además, atribuyen la aprobación del decreto a una presión política dentro del propio Gobierno. Desde Sumar, sin embargo, defendieron la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que su prioridad era proteger a la ciudadanía frente al principal problema actual, la vivienda, y destacó que se negoció hasta el último momento para lograrlo. Según sus estimaciones, la iniciativa beneficiará a unos 2,7 millones de personas. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó el decreto como muy positivo y afirmó que el Gobierno sale reforzado tras este episodio.

LEER MÁS

(Expansión, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI pide a España quitar el tope a los alquileres ante la caída de oferta

El Fondo Monetario Internacional ha finalizado su revisión periódica de la economía española en el marco del Artículo IV. En el informe publicado este viernes, advierte de la conveniencia de acelerar el ajuste de las cuentas públicas, especialmente ante el incremento previsto del gasto en pensiones en los próximos años. En sus conclusiones, elaboradas por Romain Duval, el organismo también alude al impacto de la guerra en Irán sobre los precios energéticos, poco después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para hacer frente a esta situación. A su juicio, las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el encarecimiento de la energía deben ser temporales, estar bien dirigidas y evitar alterar el funcionamiento de los precios. A pesar del contexto internacional, el FMI considera que la economía española mantendrá un crecimiento sólido tanto este año como el siguiente. No obstante, ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones: sitúa el avance del PIB en el 2,1% para este año, dos décimas menos que su estimación anterior, y en el 1,8% para 2027, una décima menos. En cuanto a la inflación, prevé que alcance el 3% este año, impulsada por el encarecimiento de la energía y los suministros tras el cierre del estrecho de Ormuz, y que se modere hasta el 2,2% el próximo. El organismo no descarta un escenario más negativo si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga. Según Duval, se parte de la idea de que el impacto será temporal, pero si se convierte en permanente, las consecuencias serían más severas, con un mayor deterioro del crecimiento y un aumento más intenso de los precios. En materia fiscal, el informe insiste en la necesidad de acelerar la reducción del déficit para disponer de mayor margen de maniobra ante el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población. El FMI estima que el déficit del sistema de pensiones se estabilizará por encima del 2% del PIB en 2031, aunque podría incrementarse aún más en las décadas posteriores. Además, señala que España afronta uno de los mayores aumentos previstos en gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración dentro de la Unión Europea, con un incremento cercano a cuatro puntos del PIB entre 2030 y 2050. Respecto a la financiación autonómica y las recientes medidas de alivio de deuda para las comunidades autónomas, el organismo subraya que un mayor flujo de recursos desde el Estado debe ir acompañado de planes creíbles de ajuste fiscal y de una reforma de las reglas que limite de forma estricta el crecimiento del gasto, en línea con la normativa europea. También advierte de que estas decisiones implicarán, previsiblemente, subidas de impuestos o recortes de gasto a nivel estatal. En el ámbito de la vivienda, el FMI reconoce la existencia de un problema de escasez de oferta y considera que se requieren medidas más contundentes. En su opinión, sería prioritario impulsar el desarrollo urbanístico, poner a disposición más suelo para edificar y agilizar los trámites administrativos, además de facilitar el acceso a la financiación. Por último, el informe aborda la productividad, señalando diversos obstáculos que afectan a las empresas, como la falta de capital humano suficiente, las dificultades de financiación, la carga burocrática y la complejidad de los incentivos fiscales a la innovación. Según el organismo, avanzar en reformas que reduzcan estos problemas podría elevar el crecimiento anual de la productividad en torno a un cuarto de punto porcentual.

LEER MÁS

(El País, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La investigación europea del apagón apunta a fallos de Red Eléctrica, las empresas y los reguladores en España

El gran apagón que afectó a la península Ibérica el 28 de abril del año pasado fue consecuencia de una combinación de factores que coincidieron en un mismo momento. Según la investigación europea elaborada por un grupo de expertos de Entso-e, la asociación que reúne a los operadores de redes eléctricas del continente, se produjo una serie de fallos encadenados en distintos niveles del sistema: desde compañías eléctricas y centrales de generación hasta instalaciones renovables y el propio operador del sistema, junto a un marco regulatorio inadecuado. Todo ello desembocó en una caída del suministro calificada como inédita. La principal conclusión es que se trató de un problema de carácter sistémico que llevó al sistema eléctrico a un punto crítico del que no pudo recuperarse a tiempo. Incluso el proceso de reposición del suministro, que duró 16 horas y había sido valorado positivamente en un primer momento, presenta aspectos mejorables según el informe. Pocos días después del incidente, Entso-e puso en marcha un grupo de trabajo para analizar lo ocurrido. Tras un informe preliminar en octubre en el que ya se señalaba la falta de información por parte de algunas empresas, ahora se ha presentado el documento definitivo, que incluye 22 recomendaciones para evitar que se repita una situación similar. Los expertos subrayan que su objetivo no era señalar culpables, sino identificar las causas del fallo. El análisis detecta deficiencias en la gestión del sistema por parte de Red Eléctrica, especialmente en el control de la tensión, donde algunos procesos clave se realizaban de forma manual, lo que ralentizaba la toma de decisiones. Además, no existía un seguimiento en tiempo real de la potencia reactiva aportada por las centrales, un elemento esencial para mantener la estabilidad del sistema, lo que dificultó anticipar el riesgo cuando la tensión se acercó a niveles peligrosos. También se señala a las grandes compañías eléctricas, ya que varios generadores convencionales no aportaron la potencia reactiva necesaria en los momentos críticos, quedándose por debajo de lo requerido por el operador. En cuanto a las energías renovables, el informe apunta que su funcionamiento con un factor de potencia fijo limitó su capacidad de respuesta ante cambios en la tensión. A esto se sumó que numerosas instalaciones se desconectaron automáticamente antes de alcanzar los límites permitidos, lo que agravó la inestabilidad justo antes del apagón. El documento también identifica problemas en el marco regulatorio. En España, el rango de tensión permitido en la red de alta tensión es más amplio que en otros países europeos, lo que reduce el margen de seguridad entre el funcionamiento normal y el punto en el que se activan las desconexiones automáticas. Además, se detecta la ausencia de incentivos y sanciones que obliguen a las centrales a cumplir con ciertos requisitos de comportamiento dinámico. Otro factor que contribuyó al incidente fue el autoconsumo. Durante las oscilaciones de tensión, numerosas pequeñas instalaciones solares se desconectaron de forma automática, provocando un efecto en cadena que incrementó la inestabilidad del sistema. Los expertos también critican la dificultad para acceder a datos clave durante la investigación, una limitación que ya habían señalado en su informe preliminar. El documento final incluye recomendaciones agrupadas en cinco áreas: control de la tensión, gestión de oscilaciones, desconexiones, planes de contingencia y recuperación del sistema. Tras la publicación del informe, Red Eléctrica ha defendido su actuación, asegurando que el apagón fue resultado de múltiples factores y que no puede atribuirse a un único responsable. La compañía sostiene que ya en su informe anterior aportó pruebas de que actuó conforme a la normativa en todo momento, antes, durante y después del incidente.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF