Los mercados bursátiles internacionales atraviesan una jornada de fuertes caídas ante el temor de que las contundentes victorias electorales de los demócratas en Estados Unidos puedan frenar el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial (IA) y poner en cuestión las perspectivas de uno de los principales motores de las bolsas durante el último año.
Las principales plazas europeas anticipan una apertura negativa este viernes. Los futuros del Euro Stoxx 600 y del FTSE 100 británico retrocedían alrededor de un 1%, después de que Wall Street registrara durante la sesión anterior pérdidas superiores a los tres billones de dólares en capitalización bursátil. La presión vendedora también se extendió por los mercados asiáticos. El Nikkei 225 japonés, con una elevada exposición al sector tecnológico, cedió un 6%, mientras que en Corea del Sur las autoridades llegaron a suspender la negociación durante 20 minutos después de que el Kospi se desplomara un 8,5%.
En paralelo, el precio del petróleo volvió a situarse por encima de los 100 dólares por barril. Los inversores también están pendientes de las posibles consecuencias políticas de los resultados electorales estadounidenses y de si el avance demócrata puede favorecer un escenario que permita poner fin al conflicto en Oriente Medio.
En Wall Street, el Nasdaq 100 terminó el jueves con un retroceso del 6,4%, lastrado especialmente por las compañías de semiconductores, que habían protagonizado buena parte de las subidas bursátiles durante el año. Por su parte, el S&P 500 perdió un 4,4%, en una sesión en la que las ventas dejaron de concentrarse exclusivamente en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y se extendieron a otros sectores de la economía. Pese a la intensidad de las pérdidas, los indicadores de futuros apuntan a una posible estabilización de los mercados estadounidenses durante la jornada de hoy, con ligeros avances previstos tanto para el Nasdaq 100 como para el S&P 500.
La reacción inicial de los inversores a los resultados electorales del martes había sido positiva. La denominada «ola azul», que permitió a los demócratas hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso y lograr importantes victorias en distintos cargos estatales, generó inicialmente expectativas favorables en los mercados. Sin embargo, ese optimismo se ha debilitado ante las dudas sobre las consecuencias que el nuevo escenario político puede tener para el desarrollo de la inteligencia artificial.
La preocupación se centra especialmente en las posiciones contrarias a la construcción de nuevos centros de datos defendidas durante la campaña por numerosos candidatos demócratas que han resultado elegidos. Los inversores temen que una mayor oposición política y regulatoria pueda limitar la expansión de estas infraestructuras y reducir el volumen de inversiones previsto por las grandes compañías tecnológicas.
En este contexto, Charles-Henry Monchau, director de inversiones del banco privado suizo Syz Group, advierte de que el resultado electoral ha incrementado el temor entre los inversores a que el máximo ciclo de gasto de capital destinado a la inteligencia artificial ya se haya alcanzado. Esta incertidumbre amenaza con alterar las expectativas de crecimiento de las empresas que han liderado las subidas bursátiles al calor del auge de esta tecnología.
Pablo Hernández de Cos, actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), fue el encargado de clausurar la primera jornada de la Conferencia de Mercados Monetarios celebrada en Fráncfort, en un momento especialmente relevante para el futuro del Banco Central Europeo (BCE), ya que está a punto de abrirse oficialmente el proceso para elegir al sucesor de Christine Lagarde al frente de la institución.
El economista español participó como invitado destacado en uno de los principales encuentros técnicos que organiza anualmente la autoridad monetaria europea y que reúne a especialistas, analistas y expertos internacionales. Antes de su intervención, centrada en el tamaño de los balances de los bancos centrales, la directora general de Operaciones de Mercado del BCE, Imène Rahmouni-Rousseau, destacó su trayectoria y sus estrechos vínculos con la institución, a la que perteneció durante tres años como asesor de José Manuel González-Páramo.
Rahmouni-Rousseau recordó que Hernández de Cos mantiene numerosas relaciones profesionales y personales dentro del BCE y subrayó el papel relevante que desempeñó durante su etapa como gobernador del Banco de España en el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria. También definió su trayectoria como un ejemplo de experiencia en la elaboración de políticas económicas y monetarias en los ámbitos nacional, europeo e internacional.
El encuentro se produce justo antes de que los países miembros del euro deban presentar sus candidatos para la renovación de la presidencia del BCE. Hernández de Cos figura, junto al neerlandés Klaas Knot, entre los principales aspirantes a suceder a Christine Lagarde. El Ministerio de Economía confirmó que España respaldará la candidatura del antiguo gobernador del Banco de España, que deberá presentarse dentro del plazo establecido, antes de las 17.00 horas de hoy.
Durante la presentación, la representante del BCE puso en valor la combinación de experiencia institucional y conocimiento técnico del candidato español, destacando su recorrido por diferentes organismos y responsabilidades dentro del sistema financiero internacional.
La conversación también dejó espacio para una referencia distendida a la pugna por la presidencia del organismo. Al ser preguntado por su artista favorito, Hernández de Cos mencionó al pintor neerlandés Johannes Vermeer, una elección que permitió introducir un guiño a la nacionalidad de su principal rival. El economista destacó con humor las buenas relaciones históricas entre españoles y neerlandeses y la admiración mutua entre ambos países, una cordialidad que, según señaló, también resulta oportuna en el actual proceso de renovación de la cúpula del BCE.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado que exista intención de cerrar la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, después de que el anterior titular de Transportes, Óscar Puente, planteara esa posibilidad. En una entrevista concedida a La Séptima, Cuerpo ha insistido en que no hay ningún plan para interrumpir el servicio y ha señalado que la prioridad del Ejecutivo es restablecer la confianza de los usuarios y garantizar la seguridad de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.
El ministro ha explicado que las actuaciones para recuperar la infraestructura afectada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que causó 69 víctimas mortales, comenzarán cuando la jueza autorice a Adif a iniciar los trabajos. El siniestro provocó la dimisión de Óscar Puente como ministro este martes, así como su renuncia a formar parte de las candidaturas socialistas para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Sobre la salida de su antecesor, Cuerpo ha considerado que fue una decisión acertada, aunque difícil, al entender que respondió a la voluntad de asumir responsabilidades por lo sucedido. A su juicio, los ciudadanos deben exigir a sus representantes políticos que respondan ante situaciones de esta gravedad. También ha explicado que el antiguo responsable de Adif comunicó el miércoles su decisión de poner el cargo a disposición del Ministerio, al considerar que no podía eludir su responsabilidad después de dos accidentes ferroviarios con víctimas mortales.
En relación con las movilizaciones del sector ferroviario, el ministro ha aclarado que la reunión mantenida el jueves con los sindicatos no tenía como finalidad desconvocar la huelga, sino garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los representantes de los trabajadores tras el accidente de Adamuz, ocurrido en enero y en el que fallecieron 46 personas.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene, pese a este encuentro, los paros previstos para los días 10 y 12 de noviembre. La organización sindical calificó la reunión, en la que participó su secretario general, Diego Martín, como una primera toma de contacto en la que no se registraron avances sobre sus reivindicaciones. Los maquinistas esperan que en el próximo encuentro, previsto para este viernes, se produzcan avances en los siete compromisos que todavía están pendientes con Adif. Entre las medidas que consideran ya materializadas destacan el refuerzo de las plantillas y el aumento de las inversiones. Por el contrario, Semaf sí ha decidido cancelar las jornadas de huelga que tenía convocadas en Ouigo para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre.
Cuerpo también ha confirmado que mantendrá el contacto con las asociaciones de víctimas de los accidentes ferroviarios. Este viernes tiene previsto reunirse con los afectados por el siniestro de Adamuz y ha asegurado que seguirá escuchando al resto de colectivos para atender sus demandas y contribuir a reducir el daño causado. Asimismo, ha confirmado su asistencia al funeral de las víctimas de Urda, aunque pueda recibir abucheos o críticas, al considerar que forma parte de sus responsabilidades como representante público.
En cuanto a la situación de la red ferroviaria, el ministro ha señalado que existe un problema de descapitalización derivado de años de inversiones insuficientes, que no han permitido compensar el deterioro progresivo de las infraestructuras. Cuerpo ha situado el origen de esta situación en el periodo comprendido entre 2012 y 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha defendido que las futuras inversiones deberán cubrir tanto el aumento de la utilización de la red como el desgaste acumulado.
Para abordar estas necesidades, ha garantizado que habrá financiación suficiente y ha anunciado que el volumen de inversión previsto aumentará un 50% respecto al realizado durante los últimos años. En el ámbito político, el vicepresidente primero ha defendido que su estrategia no pasa por recurrir a descalificaciones ni entrar en provocaciones, sino por explicar las diferencias entre los distintos modelos de gobierno. De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, considera fundamental que el debate se centre en las propuestas dirigidas a los ciudadanos que todavía no han decidido su voto, especialmente en materias como las infraestructuras, la sanidad, la educación, el empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar.
Cuerpo se ha mostrado optimista sobre las perspectivas electorales del PSOE, aunque ha reconocido que el accidente ha podido reducir el entusiasmo de parte del electorado progresista. No obstante, asegura percibir muestras de apoyo en sus contactos con los ciudadanos y ha reiterado que el Gobierno seguirá adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación. También ha defendido que el Ejecutivo mantiene una hoja de ruta definida, al margen de las posibles repercusiones del siniestro en los sondeos electorales.
Por último, preguntado por las declaraciones de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, sobre un supuesto acuerdo para financiar sus defensas y entregar un millón de euros a cambio de información destinada a perjudicar a Pedro Sánchez, Cuerpo ha reconocido que estas informaciones le generan preocupación. Sin embargo, ha evitado calificarlas de guerra sucia contra el Gobierno y ha dejado en manos de los tribunales la valoración de los hechos, al considerar que no puede emitir un juicio sin disponer de pruebas suficientes.
Los consumidores preparan una primera oleada de reclamaciones contra las entidades bancarias tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que modifica los criterios aplicables a los casos de fraude digital. La resolución, dictada el pasado 15 de octubre, establece que los bancos deben reintegrar en un plazo de 24 horas el dinero sustraído mediante operaciones fraudulentas, incluso cuando haya existido una negligencia grave por parte del cliente. El cambio supone que la entidad debe asumir inicialmente la devolución y que, posteriormente, se determine por vía judicial quién debe soportar finalmente las consecuencias económicas del fraude.
Aunque la sentencia establece un nuevo procedimiento, todavía existen dudas sobre su alcance y sobre el volumen de reclamaciones que puede generar. Varias asociaciones de consumidores y despachos de abogados están recopilando los casos pendientes para poner en marcha las primeras acciones colectivas y comprobar hasta dónde llega la interpretación del nuevo criterio europeo.
Una de las organizaciones que ya prepara sus actuaciones es Asufin. La asociación de consumidores financieros trabaja con su equipo jurídico en una primera remesa de reclamaciones contra la mayoría de las entidades bancarias, que prevé presentar en las próximas semanas. Esta iniciativa reunirá 64 expedientes y, según sus estimaciones, permitirá recuperar de forma inmediata alrededor de medio millón de euros para los afectados. La cifra corresponde únicamente a los casos que la organización tiene actualmente en tramitación, por lo que espera que el número de procedimientos aumente en los próximos meses, tanto por nuevas iniciativas de la propia asociación como por las reclamaciones que presenten directamente los usuarios y los despachos profesionales. Desde Asufin consideran que la resolución supone un cambio sustancial y sostienen que, a partir de ahora, bastará con presentar la reclamación para que las entidades procedan al abono de las cantidades defraudadas.
Adicae también está preparando sus propias actuaciones. La asociación gestiona alrededor de un centenar de casos que prevé presentar durante las próximas semanas. Su presidente, Manuel Pardos, considera que la sentencia representa una transformación jurídica importante, ya que establece un procedimiento que, hasta ahora, los bancos españoles no terminaban de aceptar: primero se devuelve el dinero al cliente y después se resuelve la posible responsabilidad de cada parte. Aunque espera que los expedientes actuales sean solo el comienzo, reconoce que todavía resulta complicado calcular el alcance que tendrá la medida. A su juicio, podría afectar a distintas modalidades de fraude por internet, aunque advierte de que las entidades cuentan con amplios equipos de profesionales para negociar individualmente con los afectados.
Algunas fuentes del sector estiman que el impacto económico potencial podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros. Esta aproximación toma como referencia los datos del Ministerio del Interior, que contabilizó 429.677 estafas informáticas anuales. Sin embargo, representantes del sector financiero consideran que estas previsiones están muy alejadas de la realidad, ya que parten de la hipótesis de que todos esos fraudes podrían acogerse al nuevo criterio europeo y dar lugar a una reclamación. Las entidades todavía están analizando las consecuencias jurídicas de la resolución y no creen que resulte aplicable a todas las modalidades de estafa ni que vaya a modificar necesariamente su operativa en todos los supuestos.
Los datos disponibles muestran que los fraudes relacionados con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje representan aproximadamente el 10% del total. La mayor parte corresponde a otras modalidades, entre ellas el phishing, los engaños en operaciones de compraventa y las estafas mediante Bizum inverso. Según las cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en 2025 se registraron unos 23.133 incidentes de phishing en sentido estricto, es decir, aquellos en los que se suplanta la identidad de una persona o entidad mediante correos electrónicos o mensajes. Si se incluyen otras modalidades relacionadas, el volumen asciende a 45.445 casos. Un 34% de estos incidentes está vinculado al sector bancario.
La interpretación de la sentencia enfrenta, por tanto, dos posiciones. Las asociaciones de consumidores y los despachos de abogados consideran que la resolución abre la puerta a reclamar en un número amplio de situaciones, mientras que las entidades financieras anticipan que sus consecuencias serán mucho más limitadas.
De hecho, los máximos responsables de varios bancos han asegurado que la decisión no tendrá efectos económicos significativos para sus entidades, puesto que, según sostienen, ya venían aplicando procedimientos similares y protegiendo a sus clientes frente al fraude. El consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol, afirmó que no esperan consecuencias relevantes porque considera que la entidad ya cumple con la normativa vigente y dispone de mecanismos para proteger a los usuarios. En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explicó que la principal novedad afecta al procedimiento de devolución del dinero en determinadas circunstancias y que, por ello, no prevén un impacto material. También señaló que la ciberseguridad es un ámbito en el que el banco ya trabaja siguiendo los principios recogidos en la resolución europea.
Más allá de estas declaraciones, fuentes financieras consideran que las estimaciones sobre el impacto de la sentencia están sobredimensionadas. A su entender, la resolución no obliga a devolver automáticamente el dinero en todos los casos, sino que facilita el reintegro en determinadas situaciones que deberán analizarse individualmente. En particular, sostienen que el nuevo criterio debe aplicarse a operaciones de pago no autorizadas por el cliente, como ocurría en el caso que dio lugar al pronunciamiento del TJUE.
Esta distinción resulta especialmente relevante para determinar qué fraudes pueden acogerse a la nueva interpretación. Según la posición de las entidades, cuando el usuario autoriza personalmente una operación tras haber sido engañado, podría entenderse que existe una negligencia que permitiría al banco no efectuar la devolución inmediata. En cambio, sí procedería el reintegro en supuestos en los que un tercero accede a la cuenta sin autorización, por ejemplo, mediante el robo de credenciales o la suplantación de identidad.
Las asociaciones de consumidores y los despachos mantienen una interpretación más amplia y consideran que la sentencia puede extenderse a un conjunto mayor de fraudes digitales. La presentación de las primeras reclamaciones permitirá comprobar cómo se aplica en la práctica el nuevo criterio y qué límites establece finalmente la interpretación judicial.
Los mercados financieros suelen reaccionar mejor ante escenarios previsibles, independientemente del signo político de quienes gobiernen. La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, al hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, ha provocado un cambio de tendencia en Wall Street. Durante la madrugada europea, los futuros de los principales índices estadounidenses llegaron a registrar pérdidas cercanas al 2%, a medida que se conocían los primeros resultados electorales. Sin embargo, conforme se confirmó la amplitud del triunfo demócrata y Donald Trump reconoció su derrota, el nerviosismo inicial dio paso a una recuperación generalizada de las Bolsas internacionales.
Los principales mercados europeos se han sumado a las subidas, con avances próximos al 1,5%, mientras que la Bolsa española ha destacado especialmente, con una revalorización del 3,4% impulsada por los valores bancarios y las compañías de energías renovables. El resultado electoral ha reducido la incertidumbre sobre el escenario político estadounidense y ha alimentado las expectativas de que el nuevo equilibrio parlamentario actúe como contrapeso a las decisiones de Trump. Sus políticas comerciales, exteriores y sus continuas discrepancias con la Reserva Federal habían generado episodios recurrentes de volatilidad. Los inversores confían ahora en que el control demócrata de las dos cámaras limite la capacidad del presidente para impulsar iniciativas controvertidas y frene un posible deterioro de las cuentas públicas.
Esta perspectiva ha pesado más que los posibles efectos negativos de una regulación más estricta sobre los centros de datos y las inversiones en inteligencia artificial, uno de los principales motores de las subidas bursátiles durante los últimos años. En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense han registrado ligeros avances, con una reducción de sus rentabilidades, mientras que el dólar ha perdido terreno frente a otras divisas, reflejando una mayor disposición de los inversores a asumir riesgos.
La recuperación del Congreso por parte de los demócratas supone un importante revés para Trump, que también ha visto cómo su partido perdía posiciones en territorios tradicionalmente republicanos, como Texas, donde Gina Hinojosa se ha convertido en la primera gobernadora hispana del Estado. El encarecimiento del coste de la vida, la persistencia de la inflación y las consecuencias económicas de la guerra con Irán han debilitado la confianza de los ciudadanos en una de las principales promesas del segundo mandato presidencial: mejorar la capacidad adquisitiva de los estadounidenses.
Aunque el avance demócrata entraba dentro de las previsiones, su magnitud ha sorprendido a los mercados. No obstante, los analistas consideran que el cambio en la composición del Congreso difícilmente provocará una modificación sustancial de la política económica de la Casa Blanca durante los próximos dos años. Muchas de las medidas impulsadas por Trump en materia comercial, geopolítica y de desregulación se han articulado mediante decisiones ejecutivas, una vía que previsiblemente seguirá utilizando. Por tanto, el nuevo escenario político introduce mayores límites institucionales, pero no implica necesariamente un cambio profundo en la orientación económica de la Administración.
La mejora del apetito por el riesgo se ha extendido a diferentes clases de activos. Mientras el dólar retrocede y las divisas consideradas refugio, como el yen japonés o el franco suizo, pierden atractivo, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años desciende ligeramente hasta el 4,926%. Los analistas consideran que el resultado electoral reduce las posibilidades de nuevas rebajas fiscales y limita el margen para incrementar el déficit público. Sin embargo, la evolución del dólar seguirá dependiendo principalmente de las decisiones de la Reserva Federal, el comportamiento de los precios y la fortaleza de la economía estadounidense.
En Wall Street, el Dow Jones y el Nasdaq registran avances superiores al 2%, mientras que el S&P 500 sube un 1,7%, recuperándose de las pérdidas que había experimentado durante las primeras horas del recuento electoral. En Europa, el Dax alemán y el Cac francés avanzan alrededor del 1,5%, mientras que el Ibex 35 destaca con una subida cercana al 3%. Se trata de la mejor jornada para el mercado español desde el pasado 8 de abril, cuando Trump anunció el primer alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La banca y las compañías energéticas encabezan las compras, mientras que ACS, Repsol, Indra y Grifols se sitúan entre las pocas excepciones. Las expectativas de una mayor supervisión sobre los centros de datos y el descenso del precio del petróleo explican parte de este comportamiento. Los expertos consideran que la victoria demócrata puede generar riesgos regulatorios para el sector tecnológico, pero también abrir oportunidades para determinadas actividades europeas, especialmente la banca y las energías renovables.
Una vez superada la reacción inicial, la atención de los inversores se desplaza hacia las consecuencias que puede tener el nuevo reparto de poder a medio plazo. Algunos analistas recuerdan que, históricamente, el año posterior a unas elecciones de mitad de mandato en las que el control político queda dividido entre republicanos y demócratas ha ofrecido resultados especialmente favorables para la renta variable. La combinación de este comportamiento estacional con unas perspectivas todavía sólidas de crecimiento económico mundial y unos beneficios empresariales resistentes permite mantener una visión relativamente optimista sobre los mercados bursátiles.
Uno de los sectores que podría notar con mayor intensidad el cambio político es el tecnológico. La inteligencia artificial, que ha impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street, podría enfrentarse a un marco regulatorio más exigente. Los demócratas previsiblemente tratarán de reforzar la supervisión federal sobre esta tecnología y sobre la expansión de los centros de datos. Sin embargo, las posibilidades de introducir cambios legislativos serán limitadas, puesto que necesitarán apoyos de ambos partidos en el Senado y deberán superar el posible veto presidencial.
Por el momento, los inversores no contemplan una paralización brusca de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Después de las caídas iniciales, las grandes tecnológicas han recuperado parte del terreno perdido, aunque con diferencias importantes entre compañías. Amazon y Microsoft registran avances del 7% y el 5,6%, respectivamente, gracias a la diversificación de sus negocios. En cambio, las empresas más directamente vinculadas a la expansión de los centros de datos y a la infraestructura necesaria para desarrollar la IA muestran una evolución más débil. SpaceX retrocede un 3,8%, CoreWeave pierde un 3,4% y Nvidia cede un 1%. Entre los posibles cambios regulatorios figuran la retirada de determinados incentivos fiscales y unas normas urbanísticas más restrictivas para la construcción de centros de datos.
El mercado de deuda estadounidense también recibe favorablemente el nuevo escenario político. Durante los últimos meses, los bonos habían soportado presiones derivadas de la persistencia de la inflación, las expectativas de tipos de interés elevados, el aumento del endeudamiento público y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. La victoria demócrata reduce, a juicio de los analistas, el riesgo de que se aprueben nuevos estímulos fiscales sin financiación suficiente y refuerza los mecanismos de control institucional sobre los futuros nombramientos en el banco central. Aunque el resultado no soluciona los problemas presupuestarios del país, sí podría contener un deterioro adicional del déficit durante los próximos dos años. Al mismo tiempo, las negociaciones sobre el límite de deuda previstas para 2027 podrían resultar más complicadas.
La guerra con Irán constituye otro de los focos de atención para los mercados. Las expectativas de que pueda abrirse una vía diplomática para resolver el conflicto han contribuido a prolongar las caídas del petróleo durante esta semana. El barril de Brent pierde un 3% y vuelve a situarse en torno a los 100 dólares. La derrota electoral de Trump podría reducir los incentivos de la Casa Blanca para intensificar la confrontación militar, especialmente si el nuevo equilibrio parlamentario limita sus competencias en materia de política exterior y defensa. No obstante, el nuevo Congreso no comenzará a ejercer sus funciones hasta enero, por lo que sigue sin estar claro qué margen tendrá el presidente para adoptar nuevas decisiones militares durante las próximas semanas. Trump ha asegurado que no contempla nuevos ataques de forma inmediata, aunque la incertidumbre persiste y los mercados siguen muy pendientes de cualquier cambio en sus declaraciones.
Dos años después de que Donald Trump recuperara la Casa Blanca y el control del Capitolio, el Partido Demócrata ha conseguido una contundente victoria en las elecciones legislativas de mitad de mandato, recuperando el dominio tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. El resultado supone un duro revés para los republicanos y un importante castigo al presidente estadounidense. La pérdida simultánea de ambas cámaras por parte del partido que ocupa el Gobierno es un acontecimiento poco habitual en la historia política del país, donde solo se había producido en seis ocasiones anteriores.
El descontento de los votantes con la gestión de Trump, marcada por la inestabilidad política, las promesas incumplidas y las dificultades económicas, ha impulsado el avance demócrata mucho más allá de lo que anticipaban las encuestas. La oposición ha logrado imponerse incluso en territorios tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico ha conseguido una victoria para los demócratas en el Senado por primera vez en más de tres décadas, mientras que Gina Hinojosa se ha convertido en la primera mujer latina que gobernará este Estado. También se han producido cambios significativos en otros territorios, como Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Norte y Maine, donde los republicanos han perdido posiciones que parecían sólidas.
La derrota republicana se ha extendido igualmente a las elecciones a gobernador y ha dejado otros resultados históricos. Florida y Georgia tendrán por primera vez gobernadores negros, mientras que Nuevo México contará con Deb Haaland como primera gobernadora nativa estadounidense. California, por su parte, podría recuperar un gobernador hispano por primera vez desde 1875 con Xavier Becerra. El resultado confirma la magnitud del cambio electoral y evidencia el desgaste de la formación de Trump, que también ha visto cómo algunos de sus candidatos más respaldados eran derrotados.
El malestar ciudadano responde a diversos factores, entre ellos el encarecimiento del coste de la vida, el elevado precio de los carburantes, la persistencia de la inflación, la guerra con Irán, la política migratoria y los casos de corrupción que afectan a la Administración. Dos años después de regresar al poder con la promesa de mejorar rápidamente la situación económica de las familias estadounidenses, Trump no ha conseguido cumplir sus compromisos. A ello se suma que la intervención militar junto a Israel contra Irán se prolonga ya durante más de nueve meses, pese a que durante la campaña presidencial había asegurado que evitaría involucrar al país en conflictos en el extranjero.
Los primeros indicios de la derrota republicana aparecieron con la victoria del senador demócrata Jon Ossoff en Georgia, un resultado que refuerza además sus posibilidades de convertirse en candidato presidencial en 2028. Posteriormente llegaron otros reveses para los candidatos respaldados por Trump, como la derrota de Michael Whatley en Carolina del Norte y la pérdida de posiciones en Kansas e Iowa. En Texas, Ken Paxton tampoco logró imponerse, pese al respaldo económico y político recibido de Elon Musk, que había destinado más de 560 millones de dólares a apoyar a los republicanos en el Estado.
La jornada electoral transcurrió, en términos generales, con normalidad, a pesar de algunos incidentes puntuales y de las tensiones previas generadas por las dudas sobre la limpieza del proceso. La Administración había desplegado observadores federales en los 50 Estados y enviado comunicaciones que alimentaron la preocupación sobre una posible impugnación de los resultados. Sin embargo, no se produjeron incidentes relevantes y los responsables electorales, los tribunales y las organizaciones defensoras del derecho al voto consiguieron garantizar el desarrollo de las votaciones. La participación y el resultado final han supuesto también un respaldo al funcionamiento de las instituciones democráticas frente a los intentos de cuestionar su legitimidad.
Tras reconocer la derrota, Trump ha manifestado su disposición a colaborar con los demócratas en el Congreso, aunque las perspectivas de entendimiento son reducidas. El presidente ya había advertido de que se enfrentaría a un Parlamento hostil y que utilizaría su capacidad de veto para bloquear las iniciativas de la oposición. Por su parte, los demócratas pretenden aprovechar su nueva mayoría para impulsar investigaciones sobre miembros destacados de la Administración y exigir explicaciones sobre las decisiones adoptadas durante los últimos dos años.
El nuevo reparto de poder quedará formalmente establecido el próximo 3 de enero, cuando tomen posesión los representantes elegidos. A partir de ese momento, Trump tendrá que gobernar con un Congreso controlado por sus adversarios políticos, lo que reducirá considerablemente su margen de actuación durante los dos últimos años de mandato. Los demócratas tendrán, a su vez, el reto de exigir responsabilidades al presidente y a su equipo sin convertir su victoria en una estrategia de revancha política. El resultado electoral refleja, sobre todo, la voluntad de los ciudadanos de que mejoren sus condiciones de vida y de que la Administración dé respuesta a los problemas económicos y sociales que han marcado esta legislatura.
La Comisión Europea quiere reforzar la posición de Europa como destino turístico internacional mediante una estrategia conjunta que permita diversificar los mercados de origen de los visitantes de los países con mayor actividad turística y dar mayor visibilidad a territorios menos conocidos. Entre sus prioridades figura atraer viajeros procedentes de mercados de larga distancia, como Japón, India y los países del Golfo.
La cooperación entre los Estados miembros constituye uno de los principios fundamentales del proyecto comunitario y Bruselas pretende trasladar ahora esta filosofía al sector turístico, en el que hasta el momento cada país ha desarrollado sus propias campañas de promoción. Para ello, el Ejecutivo europeo ha planteado crear Destination Europe, una marca común con la que presentar y promocionar la Unión Europea como un destino turístico integrado frente a otros grandes competidores internacionales.
La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para impulsar un turismo más sostenible. Entre las medidas previstas se encuentran la simplificación de los procedimientos y de las cargas administrativas, así como el establecimiento de mecanismos de actuación para las zonas turísticas que sufran una elevada presión de visitantes o problemas medioambientales. La nueva identidad europea pretende contribuir al desarrollo de una actividad que representa aproximadamente el 10% del PIB de la UE, según las estimaciones de la Comisión.
El proyecto también contempla fomentar la colaboración entre distintas regiones para diseñar itinerarios turísticos que abarquen varios destinos y aprovechen iniciativas como las Rutas Culturales de DiscoverEU y el Sello de Patrimonio Europeo. Con ello, Bruselas pretende incentivar estancias más prolongadas y favorecer que los visitantes internacionales conozcan lugares que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos tradicionales.
Europa mantiene su liderazgo mundial en turismo, con cerca de 600 millones de llegadas internacionales en 2025, alrededor del 40% del total global. Además, tres de los cinco países más visitados del mundo pertenecen al continente, con Francia y España entre los principales destinos. Sin embargo, la Comisión considera que todavía existe margen para mejorar la distribución de los flujos turísticos y reducir la dependencia de determinados mercados emisores.
El Ejecutivo comunitario entiende que los países y regiones europeos, incluso aquellos con una posición consolidada en el sector, encuentran dificultades para competir individualmente con grandes destinos internacionales que cuentan con importantes recursos y una imagen de marca unificada. Esta desventaja resulta especialmente significativa a la hora de captar turistas de mercados lejanos, como los del Golfo, India, Japón y Asia Central.
Según han explicado el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, la promoción conjunta se apoyará también en la organización de Diálogos y Foros Turísticos de la UE con regiones estratégicas y en el desarrollo de un nuevo marco de cooperación con ONU Turismo.
Fitto ha señalado que la finalidad es ayudar a los territorios a convertir su potencial turístico en crecimiento sostenible, empleo de mayor calidad, empresas más competitivas y mejores servicios. No obstante, ha precisado que esta estrategia europea no pretende sustituir los planes de promoción y desarrollo turístico que corresponden a los Estados miembros y a sus respectivas regiones.
Por último, la Comisión Europea prevé presentar antes de finalizar 2026 una propuesta para revisar y actualizar la normativa del IVA aplicable a las actividades de viajes y turismo. Por el momento, no ha concretado los cambios que pretende introducir ni ha establecido objetivos cuantificables para evaluar el alcance de esta reforma.
Pedro Sánchez ha elegido un perfil técnico y con experiencia en gestión para asumir la dirección del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. El presidente del Gobierno ha decidido encomendar esta responsabilidad a Carlos Cuerpo, que ya ocupa los cargos de vicepresidente primero y ministro de Economía, y que compatibilizará ambas carteras, al menos, hasta las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.
El nombramiento se produce en un momento especialmente complicado para el sistema ferroviario, marcado por la gestión de la tragedia de Urda y la necesidad de restablecer la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad. El propio Sánchez ha reconocido que existe una pérdida de credibilidad en este servicio, por lo que ha optado por un responsable de perfil técnico, más moderado y menos expuesto a la confrontación política que su antecesor. Cuerpo, que no milita en el PSOE y que incluso ha rechazado formar parte de las listas electorales al Congreso, destaca por mantener una posición independiente y evitar las polémicas. Además, figura como el ministro mejor valorado del Ejecutivo, según el CIS.
Desde el Gobierno consideran que su incorporación permitirá transmitir confianza, seguridad y certidumbre en un contexto en el que millones de usuarios están preocupados por la seguridad ferroviaria. La elevada utilización de la alta velocidad en España hace especialmente importante recuperar la tranquilidad de los viajeros. Sánchez ha descartado incorporar a un nuevo ministro a pocas semanas de las elecciones y ha preferido reorganizar las responsabilidades dentro del propio Ejecutivo. El objetivo, según ha señalado, es recuperar la confianza en el sistema ferroviario.
El presidente también pretende aprovechar la salida de Puente para modificar el enfoque de la campaña electoral y trasladar la presión política al Partido Popular, cuestionando su gestión de las responsabilidades públicas. En su despedida, Sánchez ha elogiado la labor del exministro, destacando su dedicación a mejorar la movilidad y su actuación ante los distintos desafíos que ha tenido que afrontar. Asimismo, ha defendido que su renuncia constituye un gesto de respeto hacia las víctimas y una forma de contribuir a recuperar la credibilidad de las instituciones.
Sánchez ha insistido en que Puente ha asumido responsabilidades y ha decidido dar un paso al lado, una actitud que, a su juicio, demuestra que no todos los responsables públicos actúan de la misma manera. Con este mensaje, el PSOE comienza a perfilar uno de los argumentos de su estrategia electoral: la contraposición entre la respuesta de sus representantes ante las crisis y la actuación de los dirigentes del Partido Popular.
La inflación en la zona euro se situó en el 4% en el mes de octubre, lo que supone un aumento de dos décimas respecto al anterior dato de septiembre, según el registro publicado este miércoles por Eurostat, y la cifra más elevada en tres años. El repunte estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía, que registró una subida interanual del 20,8%, casi dos puntos más que el mes anterior (18,9%). También contribuyeron al alza los servicios, cuya inflación avanzó una décima hasta el 3,3%; los alimentos, el alcohol y el tabaco, que aceleraron tres décimas hasta el 1,6%; y los bienes industriales no energéticos, que se encarecieron una décima, hasta el 1,2%.
Excluyendo los componentes más volátiles, sujetos a oscilaciones de precios, como la energía y los alimentos no elaborados, la inflación subyacente se mantuvo en el 2,2%, el mismo nivel que en septiembre. Por su parte, el indicador que descarta únicamente la energía se elevó hasta el 2,3%, una décima más que el mes anterior. Estos datos apuntan a que, aunque la fuerte subida de los precios energéticos sigue siendo el principal motor de la inflación en la eurozona, también se observa una ligera presión al alza en el resto de componentes de la cesta de consumo, especialmente en los servicios.
Entre las principales economías de la moneda única, Bélgica registró la tasa de inflación más elevada en octubre, con un 5,2%, seguida de España, con un 4,9% (en consonancia con los datos adelantados del INE), y Luxemburgo, también con un 4,9%. Irlanda alcanzó el 4%, mientras que Francia se situó en el 3,8%, Italia en el 5,6% y Alemania en el 2,8%. En el extremo opuesto se colocaron Malta, con una inflación del 2,3%; Eslovaquia, con el 2,9%; y Alemania, con el 2,8%. En conjunto, los datos reflejan que las presiones inflacionistas siguen siendo desiguales entre los distintos países de la eurozona, aunque el incremento de los costes energéticos continúa siendo el factor común que explica buena parte de la aceleración observada en octubre.
La Administración puede vender directamente inmuebles de titularidad pública a sus propios arrendatarios sin necesidad de acudir a un procedimiento de concurso o subasta pública, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos. Esta actuación no constituye fraude de ley ni supone una omisión del procedimiento administrativo, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia del 14 de octubre de 2026.
El magistrado ponente, Córdoba Castroverde, recuerda que la normativa administrativa establece, como regla general, que la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado o de entidades públicas debe realizarse mediante subasta o concurso. Estos mecanismos pretenden garantizar la transparencia del proceso, la igualdad de oportunidades entre los posibles compradores y la obtención del mejor precio para el patrimonio público.
No obstante, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas contempla determinadas excepciones que permiten prescindir de estos procedimientos y formalizar una venta directa a favor de un comprador concreto. Entre ellas figuran los supuestos en los que el adquirente dispone de un derecho de adquisición preferente reconocido legalmente, como el derecho de tanteo de los arrendatarios, así como aquellos en los que existen circunstancias excepcionales que justifican la transmisión al ocupante del inmueble.
El Supremo también aclara que, cuando concurren estas circunstancias, la operación no exige una publicación previa en los boletines oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La resolución desestima el recurso interpuesto por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía, que solicitaba la declaración de nulidad de la venta directa de una finca propiedad del Estado. El tribunal tampoco aprecia que se haya producido un perjuicio para el patrimonio histórico, entre otras razones porque el Ayuntamiento de Sevilla rechazó en 2013 la cesión gratuita del inmueble que se le había ofrecido.
La finca había permanecido arrendada al comprador desde 1962 hasta 2014. El contrato de alquiler se resolvió en 2013 por falta de pago, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento de desahucio. Finalmente, el adquirente abonó las cantidades pendientes y el Ministerio de Hacienda autorizó la venta directa después de declarar que el inmueble había dejado de ser necesario para el servicio público.
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