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(Cinco Días, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se dispara y roza el 3%, su nivel más alto en año y medio

El Consejo de Estado ha concluido que no es adecuado aprobar el real decreto planteado sobre el refuerzo del registro horario, una norma con la que el Ministerio de Trabajo pretende rescatar parte de su proyecto para reducir la jornada laboral. El dictamen, aprobado la semana pasada y al que ha tenido acceso la prensa, es muy crítico con la propuesta. Aunque valora positivamente su objetivo -evitar las horas extra no remuneradas mediante un sistema digital accesible para la Inspección-, considera que presenta importantes carencias. Entre los principales reproches, el órgano consultivo señala que no se ha evaluado correctamente el impacto económico de la medida, que invade competencias propias de una ley pese a tratarse de un reglamento, que no se adapta a las particularidades de distintos sectores y que no garantiza adecuadamente la protección de datos de los trabajadores. Además, el dictamen, que no es vinculante, incorpora críticas de otros organismos públicos como los ministerios de Economía y Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos. Desde el Ministerio de Trabajo han rechazado estas objeciones, defendiendo que la medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y evitar que algunas empresas obtengan ventajas competitivas incumpliendo la ley y no pagando las horas extraordinarias. El Consejo de Estado también cuestiona la memoria de impacto normativo, al considerar que no analiza de forma adecuada las consecuencias para las empresas. Recuerda que el sistema digital sería obligatorio para más de un millón de compañías y califica de poco realista la afirmación de que no supondrá una carga significativa. A su juicio, una iniciativa de este alcance debería someterse a una tramitación más amplia. En este sentido, advierte de que el sistema implicará costes relevantes, ya que requerirá adquirir licencias, conexión permanente a la red y disponibilidad continua. El propio organismo estima un impacto inicial cercano a los 867 millones de euros anuales, sin incluir gastos adicionales como implantación, formación o mantenimiento. Por ello, considera que no se corresponde con la realidad empresarial afirmar que la medida no tendrá efectos relevantes en la economía. Asimismo, critica la ausencia de un cálculo detallado del impacto presupuestario para las administraciones públicas, en línea con las observaciones realizadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que prevé un coste elevado que no ha sido debidamente evaluado. El dictamen también recoge las reservas del Ministerio de Economía, que, si bien respalda el objetivo de la norma, considera que su aplicación requiere un periodo transitorio más amplio y medidas que reduzcan el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Además, advierte de que imponer un sistema uniforme no tiene en cuenta las particularidades de determinados sectores. El propio Consejo de Estado coincide con este análisis y señala que existen actividades con características específicas -como la portería de fincas, el transporte ferroviario o la hostelería- en las que no resulta adecuado implantar un sistema digital único. Por ello, plantea que el futuro decreto no se aplique a ciertos regímenes especiales de jornada. En materia de protección de datos, el informe es especialmente crítico. Al igual que la Agencia Española de Protección de Datos, considera que la propuesta no garantiza suficientemente el uso adecuado de la información ni cuenta con una base jurídica sólida. Subraya que no basta con afirmar que solo accederán a los datos personas autorizadas, sino que es necesario establecer mecanismos concretos que lo aseguren. Además, el Consejo señala que el proyecto no aclara aspectos esenciales, como si se utilizarán sistemas biométricos o qué tipo de datos se recopilarán y cómo se gestionarán. Critica que se pretenda implantar un modelo digital que aún no está definido técnicamente ni cuenta con requisitos claros. En conclusión, el organismo considera que la información aportada por el Ministerio de Trabajo es insuficiente para justificar la norma, especialmente porque afecta a un derecho fundamental como la intimidad de los trabajadores. Añade que la protección frente a posibles riesgos no puede basarse en declaraciones genéricas, sino en una definición detallada del sistema, de los accesos y de los datos que se recogerán.

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(Cinco Días, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas prohibirá a los bancos vender productos financieros con comisiones injustificadas

La Unión Europea ha decidido endurecer su postura frente al sector bancario. Las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo para establecer un nuevo marco normativo destinado a limitar el cobro de comisiones consideradas excesivas o injustificadas en la comercialización de productos financieros, como fondos de inversión, servicios de gestión de carteras o seguros de ahorro. El Parlamento Europeo y el Consejo han fijado las bases de la nueva Estrategia de Inversión Minorista (RIS), una iniciativa que podría transformar profundamente el sector y que algunas entidades interpretan como un intento de control de precios. El acuerdo político se cerró el 18 de marzo, tras varias rondas de negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Aunque aún debe ser ratificado formalmente en los próximos meses, el texto introduce cambios relevantes en la forma en que se venden estos productos, con el objetivo de reforzar la protección de los inversores particulares. El principio central de esta normativa es que las comisiones deben estar justificadas por un valor real para el cliente. Es decir, si el inversor paga, debe recibir una contraprestación clara. La directiva MiFID II, en vigor desde 2018, ya intentó mejorar la comercialización de fondos entre particulares, aunque desde el sector se considera que su impacto fue más formal que estructural. Ahora, sin embargo, se anticipan cambios más profundos. Desde Bruselas se pretende acabar con la comercialización de productos con comisiones elevadas que no se correspondan con su rendimiento. Por ejemplo, no se considera justificable que un fondo de renta variable estadounidense cobre comisiones altas si obtiene resultados inferiores a los de productos similares o a índices de referencia como el S&P 500. Esta futura regulación podría afectar especialmente a los fondos de gestión activa en España, que representan la mayor parte del patrimonio gestionado. En cambio, las grandes gestoras internacionales especializadas en gestión pasiva, como BlackRock o Vanguard, podrían verse favorecidas por este nuevo entorno. Desde el sector, la asociación Inverco ha expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, advirtiendo de que podrían imponer nuevas cargas a las entidades sin aportar beneficios claros para los inversores. También alerta de que el concepto de "valor por dinero" podría derivar en una regulación indirecta de precios, limitando la flexibilidad del mercado mediante criterios rígidos. Expertos en regulación financiera señalan que las entidades deberán comparar sus productos con otros similares utilizando criterios objetivos, como el nivel de riesgo, el horizonte de inversión, la estrategia, el mercado al que se dirigen o su enfoque en sostenibilidad. El objetivo es garantizar comparaciones fiables y transparentes. En el caso de productos de inversión vinculados a seguros, como rentas vitalicias o unit linked, se utilizarán como referencia parámetros definidos por el supervisor europeo del sector asegurador, aunque durante un periodo transitorio también podrán emplearse sistemas nacionales. Las autoridades europeas reconocen el peso de bancos y aseguradoras en la distribución de productos financieros y buscan asegurar que actúan en beneficio del cliente. Por ello, exigirán que puedan demostrar que sus productos aportan valor y que son competitivos frente a alternativas del mercado. Uno de los puntos más controvertidos son las llamadas retrocesiones, comisiones que reciben los bancos por distribuir productos de terceros. Este sistema puede generar conflictos de interés, ya que una parte significativa de las comisiones pagadas por el cliente termina en manos de la entidad distribuidora. Aunque en el pasado se planteó su prohibición, finalmente no se ha llevado a cabo. Con la nueva normativa, Bruselas pretende vigilar más de cerca estos incentivos para evitar que influyan en las recomendaciones a los clientes. Desde el sector, sin embargo, se advierte de que la regulación podría dar lugar a interpretaciones distintas entre países, lo que dificultaría la integración del mercado europeo de capitales.

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(El País, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado de la vivienda reduce la velocidad en enero con una caída del 5% en las ventas

Las previsiones para 2026 ya apuntaban a una moderación del mercado inmobiliario, debido a una tensión que sigue presente y que acabaría afectando a las compraventas. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a enero confirman esa tendencia: durante ese mes se cerraron 57.489 operaciones, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Aun así, se trata de la segunda cifra más alta para un mes de enero desde 2008. En paralelo, la firma de hipotecas mostró fortaleza, con 40.273 préstamos concedidos, un 6,3% más interanual y el volumen más elevado desde 2011. Pese al ligero descenso frente a 2025, el inicio de 2026 sigue mostrando dinamismo. Los datos reflejan que el sector inmobiliario mantiene un buen ritmo, aunque será complicado igualar los niveles alcanzados el año pasado, cuando se registraron más de 752.000 compraventas, el mayor volumen desde 2007. A partir de ahora, uno de los factores clave será el impacto del conflicto en Irán, que podría encarecer tanto los materiales de construcción como el euríbor, referencia principal de las hipotecas variables. No obstante, los datos de enero -y previsiblemente los de febrero- aún no recogen los efectos de esta situación, aunque el sector ya muestra inquietud por su posible repercusión en los precios. Las operaciones registradas en enero suponen unas 3.000 menos que las del mismo mes de 2025. Por tipología, se vendieron 13.573 viviendas nuevas y 43.916 de segunda mano; además, 53.364 fueron libres y 4.125 protegidas. Aunque estas cifras mejoran las de diciembre, quedan por debajo de las del enero anterior. Aun así, hay que remontarse a 2008 para encontrar un inicio de año con mayor actividad. Por territorios, el comienzo del año ha sido más débil en algunas zonas con mayor presión en el mercado. Canarias lidera las caídas con un descenso del 21% en las compraventas, seguida de Madrid (-19,65%). También destacan los retrocesos en Asturias (-14,72%) y Castilla-La Mancha (-12,63%), regiones donde hasta ahora no se habían observado signos claros de enfriamiento. El elevado número de hipotecas firmadas también se sitúa entre los niveles más altos desde que hay registros. Para encontrar una cifra superior en un mes de enero hay que retroceder hasta 2011. Desde entonces, solo en 2020 se superaron nuevamente las 40.000 operaciones, situándose cifras similares a las actuales. El aumento continuado de los precios de la vivienda ha provocado que el importe medio de los préstamos también crezca. En enero se situó en 165.677 euros, un 8,6% más que un año antes. Sin embargo, el tipo de interés medio fue del 2,87%, ligeramente inferior al de enero de 2025, lo que supone un alivio relativo para los compradores. En cuanto a la modalidad de financiación, las hipotecas a tipo fijo siguen predominando, representando el 66,7% del total, frente al 33,3% de las variables, ampliando la diferencia respecto al año anterior. No obstante, el contexto internacional, especialmente la situación en Irán, podría influir en esta tendencia, ya que episodios de inestabilidad suelen provocar subidas del euríbor, encareciendo los préstamos variables. De hecho, el 10 de marzo este indicador alcanzó el 2,552% tras un repunte significativo, el mayor registrado en los últimos 18 años.

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(El Economista, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El acuerdo comercial con Australia permitirá eliminar las barreras arancelarias por valor de 1.000 millones de euros al año

La Unión Europea sigue avanzando en su política de diversificar sus socios comerciales tras las tensiones surgidas con Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En este contexto, la Comisión Europea ha cerrado un acuerdo de libre comercio con Australia después de una década de negociaciones, que permitirá suprimir aranceles valorados en unos 1.000 millones de euros anuales. Este pacto se anuncia apenas un día después de que Bruselas confirmara la aplicación del acuerdo con los países del Mercosur a partir del 1 de mayo. En el caso australiano, el acuerdo prevé la eliminación del 99% de los aranceles, lo que supondrá un importante ahorro en costes aduaneros. El tratado facilitará además el acceso de las empresas europeas al mercado de servicios australiano, incluyendo sectores como telecomunicaciones y finanzas, así como a contratos públicos. También fija normas para el intercambio de datos entre ambas regiones y refuerza las cadenas de suministro de materias primas estratégicas, reduciendo barreras y fomentando la inversión. Este último aspecto resulta especialmente relevante para la UE, dado que China domina la producción mundial de tierras raras y las relaciones con el país asiático atraviesan un momento delicado. Australia, por su parte, es un proveedor clave de recursos como litio, aluminio, magnesio, cobre, cobalto o níquel, fundamentales para la competitividad industrial. El acuerdo busca precisamente asegurar el abastecimiento de estos materiales. En el ámbito agroalimentario, el pacto elimina aranceles para la mayoría de productos, como quesos, preparados cárnicos, vinos espumosos o productos derivados de frutas y verduras, incluyendo chocolate y azúcar. Actualmente, la UE mantiene un superávit en este sector de unos 2.300 millones de euros. No obstante, el acuerdo también contempla medidas de protección para sectores sensibles de la agricultura europea, como la carne de vacuno y ovino, el azúcar, algunos lácteos y el arroz, mediante cuotas o limitaciones a las importaciones. Asimismo, se garantiza la protección de 165 denominaciones de origen y 231 bebidas espirituosas, entre ellas productos emblemáticos como el queso Manchego o el whiskey irlandés. También se amplía el listado de vinos protegidos en Australia, que alcanza los 1.600, con nuevas incorporaciones. Las previsiones apuntan a que este acuerdo podría impulsar las exportaciones europeas hasta en un 33% en la próxima década, alcanzando los 17.700 millones de euros anuales. Sectores como los lácteos, la automoción o la industria química presentan un alto potencial de crecimiento. Además, la inversión europea en Australia podría incrementarse en más de un 87%. En el sector del automóvil, Australia eliminará completamente las restricciones de acceso para turismos, aunque algunas tasas para vehículos pesados se retirarán de forma progresiva. También se elevará el umbral fiscal para vehículos eléctricos hasta los 120.000, lo que permitirá que alrededor del 75% de estos automóviles queden exentos del impuesto de lujo. Antes de su entrada en vigor, el acuerdo deberá ser aprobado por los 27 Estados miembros y posteriormente ratificado por ambas partes. En conjunto, supone un paso significativo para la UE en su objetivo de garantizar el suministro de materias primas y reforzar su posición comercial a nivel global.

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(El Confidencial, 25-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo tumba el derecho de tanteo cuando un fondo oportunista compra una hipoteca

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución relevante para el sector financiero al reforzar la seguridad en la compraventa de carteras de créditos dudosos con garantía hipotecaria. En concreto, el alto tribunal ha rechazado que el deudor pueda ejercer el derecho de tanteo cuando su préstamo es transmitido dentro de este tipo de operaciones, corrigiendo así el criterio mantenido previamente por la Audiencia Provincial de Barcelona. Según la sentencia, se establece doctrina que aporta mayor certidumbre a bancos y fondos especializados en la adquisición de activos deteriorados. Aunque el ordenamiento jurídico español reconoce, por tradición, la posibilidad de que el deudor iguale la oferta en créditos litigiosos para evitar prácticas especulativas, el Supremo entiende que este principio no es aplicable cuando se trata de carteras de préstamos impagados. El tribunal ya había fijado posición respecto a créditos sin garantía hipotecaria, pero quedaba por aclarar su aplicación a los hipotecarios. Hasta ahora, algunos deudores -especialmente empresas con inmuebles como garantía- recurrían a iniciar litigios sobre sus préstamos (por cuestiones como cláusulas abusivas o falta de transparencia) para convertirlos en créditos litigiosos. De este modo, intentaban acogerse al derecho de tanteo y recomprar la deuda al mismo precio reducido al que la adquirían los fondos, que suele implicar descuentos superiores al 50%, logrando así cancelar gran parte de la deuda y conservar el activo. Este tipo de prácticas generaba dudas en el mercado sobre la estabilidad de estas operaciones. El caso analizado enfrentaba a un fondo que había comprado una cartera de créditos a un banco con una empresa que reclamaba ese derecho. Tanto un juzgado de primera instancia como la audiencia provincial dieron inicialmente la razón a la compañía, pero el Supremo ha revocado esas decisiones. En su razonamiento, el alto tribunal considera que la transmisión se realiza como un conjunto unitario de activos y no como operaciones individuales separadas. Aunque los créditos estén identificados dentro de la cartera, forman parte de un único objeto de compraventa. Además, subraya que estos préstamos no tienen un precio individual autónomo, ya que el valor corresponde al conjunto de la cartera. También recuerda que este tipo de ventas responde a la necesidad de las entidades financieras de sanear sus balances, mejorar su liquidez y reducir costes asociados a activos problemáticos, objetivos que difieren de la finalidad protectora que inspira el derecho de tanteo en créditos litigiosos. La sentencia ha sido impulsada por un recurso presentado por el abogado Juan Verdugo, actualmente responsable del área de reestructuraciones en la DLA Piper. Según explica, el fallo supone un paso decisivo al cerrar el debate sobre la aplicación del retracto en este ámbito, incluso en los casos en los que los contratos incluyan precios individualizados para los créditos hipotecarios. El Supremo insiste en que la finalidad de esta figura jurídica no puede prevalecer en operaciones de venta de carteras de deuda, ya que ello pondría en riesgo el objetivo económico de permitir a las entidades desprenderse de créditos fallidos. Asimismo, destaca la importancia de interpretar de forma conjunta la normativa vigente, dado que existen leyes que obligan a detallar el precio de los créditos hipotecarios en estas transacciones, lo que no debería convertirse en un perjuicio para quienes cumplen con esa exigencia legal.

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(Cinco Días, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo se hunde un 10% y la Bolsa rebota el 4% en pocos minutos tras el anuncio de Trump de conversaciones con Teherán

Donald Trump parece reaccionar más a la evolución de los mercados financieros que a la opinión pública. En una jornada especialmente negativa en las bolsas internacionales, el presidente estadounidense decidió rectificar su propio ultimátum -que expiraba esa misma madrugada- y anunció una pausa de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán. Este giro fue tan brusco como el de los mercados: el precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares por barril y el Ibex 35 pasó de perder un 2,5% a registrar subidas del 1%. No obstante, la reacción positiva se moderó tras las primeras respuestas procedentes de Teherán, donde algunas agencias restaron credibilidad al anuncio de la Casa Blanca. El temor a una escalada militar había generado nerviosismo entre los inversores al inicio de la semana, la cuarta desde el comienzo del conflicto. Durante el fin de semana, Trump había dado un plazo de 48 horas a Irán para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, advirtiendo de posibles ataques contra su infraestructura eléctrica. En respuesta, Irán amenazó con actuar contra instalaciones energéticas en la región del Golfo. Según analistas, un escenario de represalias cruzadas habría agravado notablemente la situación económica global, con nuevas caídas en los mercados de deuda y renta variable. Antes del cambio de postura, los mercados registraban fuertes pérdidas: el Ibex acumulaba un descenso del 11% desde el inicio de los ataques, el petróleo para entrega en mayo alcanzaba los 114 dólares y activos como los bonos, el oro y la plata caían con fuerza, en una jornada marcada por ventas generalizadas que favorecieron al dólar. Posteriormente, Trump comunicó en su red social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones "positivas y productivas" en los últimos días, orientadas a una posible resolución del conflicto. Como resultado, ordenó suspender temporalmente cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes durante cinco días. Por el momento, no ha habido confirmación oficial por parte de Irán. No es la primera vez que los mercados reaccionan a cambios de postura del presidente estadounidense anunciados a través de su plataforma. De hecho, se ha popularizado el término "TACO" (Trump always chickens out) para describir estos episodios en los que el mandatario da marcha atrás tras adoptar posiciones contundentes. Situaciones similares se han producido en el pasado con los aranceles, la Reserva Federal o incluso propuestas geopolíticas. La reacción de los mercados fue inmediata y muy intensa. El petróleo Brent, por ejemplo, pasó de cotizar en torno a 113 dólares a caer hasta los 96 en apenas unos minutos, lo que supone un desplome cercano al 15% en muy poco tiempo. El Ibex 35 también experimentó una fuerte recuperación en cuestión de minutos, con un avance superior al 4%. Sin embargo, no todos los valores se comportaron igual: compañías como Repsol sufrieron caídas destacadas, mientras que otras como IAG registraron importantes subidas. A la espera de una confirmación oficial por parte de Irán, los inversores interpretan este movimiento como un posible punto de inflexión en un conflicto que ya entra en su cuarta semana. De hecho, muchos analistas estimaban desde el inicio que las tensiones podrían resolverse en un plazo de tres o cuatro semanas. El riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz y los daños a la industria petrolera han provocado episodios de gran volatilidad, con subidas acumuladas del petróleo que llegaron a superar el 60% en los momentos más tensos, aunque actualmente ese incremento se sitúa en torno al 42%.

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(Expansión, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor continúa imparable y supera el nivel del 2,7%

La subida del euríbor a 12 meses continúa sin freno. Después del fuerte avance del viernes, cuando el índice diario reaccionó a la reunión previa del Banco Central Europeo (BCE) con un repunte hasta el 2,65%, su nivel más alto del año, ayer volvió a registrar un incremento notable hasta el 2,74%. Para encontrar cifras superiores hay que retroceder hasta octubre de 2024. El ascenso del euríbor se está acelerando. Tras un inicio de año marcado por ligeras bajadas, el indicador ha cambiado bruscamente de rumbo y la media provisional de marzo se ha elevado hasta el 2,45%, su nivel más alto desde noviembre de 2024. Sin embargo, la referencia clave es la comparación con marzo del año pasado, cuando cerró en el 2,39%. Esto implica que, a falta de pocas jornadas para terminar el mes, todo apunta a que las hipotecas variables volverán a encarecerse por primera vez desde marzo de 2024. Desde la semana pasada, todas las hipotecas vinculadas al euríbor están aumentando su coste. Con la media actual, un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, pasaría a pagar unos 872 euros mensuales, aproximadamente 5 euros más. En el caso de revisiones semestrales, que ya venían subiendo desde el año pasado, el incremento supera los 20 euros. Si la tendencia no cambia en el corto plazo, estas subidas podrían intensificarse a partir de abril. Conviene recordar que en ese mismo mes de 2024 el euríbor cayó hasta el 2,14%, tras uno de los mayores descensos del año, y que en julio alcanzó mínimos de 2025 en torno al 2,07%. El repunte registrado ayer sugiere que el euríbor está anticipando una posible subida de medio punto en los tipos de interés de la eurozona. Este aumento podría producirse en dos fases, con una primera subida ya en abril, algo que dejó entrever recientemente la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al afirmar que la institución está preparada para actuar con flexibilidad y garantizar que la inflación se sitúe en el 2% a medio plazo. La evolución futura del euríbor, que ha subido en la mayoría de las sesiones de marzo, dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo y de su impacto en la inflación. En este sentido, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha señalado que, aunque la política monetaria no puede evitar los efectos iniciales de la guerra sobre los precios y el crecimiento, el organismo permanecerá vigilante para actuar si se producen efectos adicionales, sin tener una decisión previa fijada sobre los tipos de interés.

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(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Díaz anima a los inquilinos a que prorroguen sus alquileres antes de que la congelación se vote en el Congreso

El Gobierno dio luz verde el pasado viernes a dos decretos diferentes. El primero incluye rebajas fiscales sobre la energía para frenar la subida de precios provocada por el conflicto con Irán y cuenta con posibilidades de ser aprobado en el Congreso gracias al apoyo de partidos de la derecha. El segundo, centrado en la vivienda, plantea extender hasta dos años los contratos de alquiler y limitar las subidas al 2%, aunque tiene pocas opciones de salir adelante tras el rechazo anunciado por PP, Vox y Junts. En este contexto, Yolanda Díaz ha animado a los inquilinos a aprovechar el tiempo en el que la norma esté en vigor -desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado hasta su posible rechazo parlamentario- para renovar sus contratos. En una entrevista en Radio Nacional, explicó que el Gobierno retrasará la votación en el Congreso hasta el último momento permitido, es decir, dentro del plazo máximo de 30 días, con el objetivo de que más personas puedan beneficiarse de la medida antes de que previsiblemente sea anulada. La vicepresidenta segunda pidió a los arrendatarios que soliciten la prórroga de sus contratos para mantener las condiciones actuales. Advirtió de que, en caso contrario, los propietarios podrían aplicar subidas muy superiores al 2%, llegando incluso a incrementos del 20%, 30% o más, como -según señaló- ya ocurre en muchas ciudades. No obstante, la renovación de los contratos no depende únicamente de los inquilinos, sino también de la voluntad de los propietarios. Por ello, aunque algunos arrendatarios cuyos contratos vencen en estos días podrían acogerse a la medida, resulta más complicado que lo hagan aquellos cuyos alquileres finalicen más adelante. Díaz hizo estas declaraciones al ser preguntada por la fecha en la que el decreto de vivienda se llevará al Congreso, donde este jueves sí se votará el paquete de medidas fiscales. Insistió en que se agotará el plazo legal antes de someterlo a votación, lo que situaría el debate hacia finales de abril. Además, criticó duramente a los partidos que ya han anunciado su oposición, asegurando que tumbar la medida tendrá un coste político. También instó a organizaciones sociales, como los sindicatos de inquilinos, a movilizarse en su defensa, especialmente en un contexto que calificó de excepcional. Por otro lado, minimizó las tensiones internas dentro del Gobierno durante la reunión del viernes, que se retrasó por las diferencias entre PSOE y Sumar sobre la inclusión de medidas de vivienda. Finalmente, estas iniciativas se aprobaron en un decreto separado de las medidas económicas, que sí cuentan con mayor respaldo parlamentario. Díaz también reflexionó sobre la situación internacional, subrayando la gravedad del contexto actual, y se refirió al futuro del espacio político a la izquierda del PSOE. Aunque ha descartado volver a liderarlo, defendió la necesidad de repetir una fórmula similar a la que permitió la victoria electoral del 23 de julio, advirtiendo de que quienes no se sumen deberán dar explicaciones.

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(El País, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio que eliminará aranceles

Australia y la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo de libre comercio tras cerca de diez años de negociaciones, con el objetivo de suprimir aranceles y facilitar los intercambios comerciales entre ambas partes. Este pacto permitirá mejorar el acceso de los productos australianos al mercado europeo. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció el acuerdo en una comparecencia en Camberra, donde lo calificó como un hito relevante para el país. Destacó que se trata de un entendimiento con la segunda mayor economía mundial y que contribuirá a eliminar obstáculos tanto al comercio como a la inversión. Según Albanese, el acuerdo tendrá un impacto económico estimado de unos 10.000 millones de dólares australianos al año (alrededor de 6.000 millones de euros), gracias a la reducción de barreras comerciales. El tratado contempla la eliminación de aranceles para productos clave de exportación australiana, como el vino, el marisco o los productos hortícolas. Además, ampliará las cuotas de entrada en Europa para otros bienes como la carne de vacuno y ovino, los lácteos, el arroz y el azúcar, y permitirá que los productos industriales australianos accedan sin tarifas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el acuerdo será beneficioso para ambas economías y fortalecerá la cooperación en un contexto internacional incierto. Indicó que el pacto podría aportar cerca de 8.000 millones de dólares al PIB y remarcó que todos los bienes industriales australianos exportados al mercado europeo quedarán libres de aranceles. Von der Leyen también defendió la relevancia de este tipo de acuerdos en un entorno global cambiante, destacando que el comercio abierto basado en normas claras genera resultados positivos. El acuerdo no solo facilitará el comercio de bienes, sino que también permitirá a empresas y profesionales australianos ofrecer servicios en la Unión Europea con mayor facilidad. Asimismo, abrirá nuevas oportunidades para los exportadores europeos, cuyas ventas a Australia podrían aumentar en los próximos años. En paralelo, ambas partes anunciaron una nueva alianza en materia de seguridad y defensa, con el fin de reforzar la cooperación en ámbitos como la industria militar, la seguridad marítima, el ciberespacio o la lucha contra el terrorismo y la desinformación. Además, Australia y la Unión Europea acordaron iniciar conversaciones para que el país oceánico participe en el programa de investigación Horizon Europe a partir de 2027, lo que facilitará el acceso a financiación y la colaboración en proyectos científicos internacionales. Las negociaciones, que comenzaron hace casi una década, se vieron retrasadas por desacuerdos en cuestiones como las cuotas agrícolas o el uso de denominaciones de origen europeas -como "feta" o "prosecco"-, lo que ha demorado la firma definitiva del acuerdo hasta ahora.

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(La Vanguardia, 24-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las reservas en Semana Santa crecen un 50% al ser España un país refugio

El turismo en España se encamina nuevamente hacia cifras récord este año. Aunque siempre es complicado hacer previsiones exactas, los datos disponibles indican que la Semana Santa, uno de los momentos clave del calendario vacacional, podría alcanzar niveles de ocupación muy elevados. Según la plataforma de viajes Destinia, las reservas han aumentado un 50% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los visitantes internacionales, el crecimiento ha sido del 29%, impulsado en gran parte por las reservas de última hora. Desde la compañía destacan que España sigue siendo percibida como un destino seguro, lo que favorece la llegada de turistas extranjeros. En la misma línea, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) señalan que este fenómeno ya se ha producido en otras ocasiones, ya que el país actúa como un destino refugio en contextos de incertidumbre internacional. Además, apuntan que las reservas anticipadas han crecido entre un 5% y un 10%, y confían en que unas buenas condiciones meteorológicas impulsen aún más las contrataciones de última hora, tanto nacionales como internacionales. La imagen de España como lugar seguro también está atrayendo a mercados emisores importantes, especialmente europeos. De hecho, estimaciones de BBVA Research indican que entre el 30% y el 36% del aumento de las pernoctaciones de turistas extranjeros se debe a tensiones geopolíticas en países competidores, especialmente en zonas del Mediterráneo como Egipto o Turquía. En ciudades como Barcelona, los datos también reflejan una evolución positiva. Las reservas han crecido cerca de un 20% y, aunque el precio medio ha descendido ligeramente, la duración de las estancias está aumentando. Desde la plataforma SiteMinder señalan que, pese a la incertidumbre en el sector, los hoteles afrontan una Semana Santa con buenas perspectivas. También destacan que los viajeros están reservando con menos antelación, adaptando sus planes de forma más flexible. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha expresado su preocupación por el encarecimiento de los combustibles y por los problemas en infraestructuras clave, como el transporte ferroviario de alta velocidad, que están generando dudas a la hora de organizar viajes, sobre todo en el mercado interno. Desde el sector hotelero advierten de que, si estas incidencias se prolongan, podrían tener un impacto relevante en un momento crucial para la actividad turística. En algunas zonas, especialmente en Andalucía, donde los problemas ferroviarios están siendo más acusados, ya se observan descensos de la demanda de entre el 15% y el 30%, con pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros. A pesar de ello, el interés por destinos como Sevilla o Málaga sigue siendo elevado, con importantes incrementos en las búsquedas de viajes, lo que sugiere que la demanda potencial continúa siendo fuerte.

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