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(Expansión, 26-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios de la vivienda subirán un 7,8% en 2026

La crisis de acceso a la vivienda, que según el CIS se ha convertido en la mayor inquietud de la ciudadanía, sigue sin encontrar solución. En un contexto marcado por medidas intervencionistas del Gobierno -como la limitación de los precios del alquiler, ya aplicada en 300 municipios- la oferta disponible continúa menguando mientras la demanda no deja de aumentar. Como consecuencia, el precio de compraventa cerrará el año con un incremento del 13,7% y seguirá subiendo un 7,8% adicional en 2026. Estas conclusiones proceden de las previsiones presentadas ayer por el portal inmobiliario Pisos.com, que también prevé que el coste del alquiler suba un 10,3% en el conjunto de este año. Aunque el mercado del arrendamiento continuará encareciéndose en 2026, los analistas anticipan una desaceleración de 3,5 puntos, situando el crecimiento en un 6,8%. Esta moderación se atribuye al mayor dinamismo en las compraventas de vivienda usada. "Estamos detectando un repunte de los préstamos entre familiares y de las donaciones para facilitar que los jóvenes compren su primera casa y salgan del circuito del alquiler. Este fenómeno impulsa el número de operaciones de compraventa", explicó ayer Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, durante la presentación del informe de perspectivas. De hecho, sus cálculos apuntan a que este año las operaciones de compraventa crecerán un 10,8%, hasta acercarse a las 710.000. En 2026, el avance sería del 4,9%, alcanzando unas 745.000 transacciones, niveles que no se veían desde 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. El interés creciente de los jóvenes por adquirir vivienda -respaldados económicamente por sus familias- y la continua llegada de inmigrantes refuerzan la previsión de que en 2026 la demanda seguirá muy fuerte. "La capacidad para incrementar la oferta a corto plazo es muy limitada, por lo que, aunque el ritmo de subida podría moderarse tras los máximos históricos registrados en muchas capitales, los precios seguirán al alza", añadió Font. Pese a este trasvase de demanda hacia la compraventa, no se espera una bajada en los alquileres. Según el informe, la oferta de vivienda en arrendamiento se ha reducido a la mitad en los dos últimos años debido a la inseguridad que sienten muchos propietarios y a las restricciones impuestas en diversas ciudades. Como consecuencia, numerosos dueños han optado por retirar sus inmuebles del mercado residencial tradicional y orientarlos a modalidades consideradas más seguras o rentables. Font subrayó que "el 90% de los arrendadores son particulares", un perfil que está sustituyendo el alquiler de larga duración por el temporal, una modalidad que en ciudades como Barcelona ya representa el 28% de las viviendas ofertadas. El desequilibrio entre la escasa oferta y la elevada demanda es, según los expertos, el principal motor del encarecimiento. Los precios ya se sitúan en máximos en gran parte del país, especialmente en las grandes capitales. Mientras el Banco de España estima que harían falta más de 700.000 viviendas para absorber toda la demanda, el año cerrará con apenas 137.939 visados de nueva construcción, un 8% más que en 2024. De cara al próximo ejercicio, las perspectivas apenas mejoran: Pisos.com, a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, calcula que los visados crecerán un 8,2%, hasta rozar las 150.000 unidades.

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(El País, 26-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El menú del día alcanza los 14,2 euros de media: el más económico en Canarias, el más caro en Baleares

El precio del menú del día en España ha aumentado un 1,5% de media en bares y restaurantes, situándose en 14,2 euros, según el informe elaborado por Hostelería de España junto con Edenred. El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, citado por Europa Press, señala que este incremento supone más bien una "estabilidad" en los precios, ya que el coste de los alimentos y bebidas ha subido bastante más que ese 1,5%, lo mismo que los salarios en el sector, según ha remarcado. El estudio indica que el 40% de los establecimientos ha incrementado su tarifa entre un 2% y un 3%. Un 30% afirma no haberla tocado, un 20% la ha subido en torno a un 1% y un 10% reconoce haber aplicado un alza superior al 4%. Por comunidades autónomas, Canarias ofrece los menús del día más baratos, con un coste medio de 13 euros, seguida de Asturias (13,2 euros), y Andalucía y Murcia (13,4 euros). En el extremo opuesto se sitúa Baleares, donde el precio medio alcanza los 16 euros, seguida del País Vasco (15,8 euros) y Cataluña (15,4 euros). Madrid, por su parte, se coloca en los 14,5 euros. Pese a ello, el informe refleja que Baleares (16 euros), Extremadura (13,7 euros) y País Vasco (15,8 euros) mantienen los mismos precios que el año anterior. Gallego ha alertado de que los locales cuyo negocio se basa especialmente en el menú del día deben gestionar sus recursos con mucha prudencia en el contexto actual. Asegura que están en un momento clave para seguir adelante con garantías. También ha destacado que la oferta de menú del día es muy variada en todo el país. Si bien originalmente estaba pensada para los residentes, en zonas turísticas se ha transformado en una opción atractiva para los visitantes, lo que ha ampliado su público. En este escenario, los establecimientos están ajustando sus propuestas culinarias con alternativas como el medio menú -en auge en los últimos años- o sustituyendo ingredientes por otros más asequibles, lo que explica que en algunas cartas hayan desaparecido productos como los solomillos. Gallego ha advertido de que esta reorganización de la oferta forma parte de las estrategias para hacer frente al aumento de costes, pero aun así algunos locales en barrios periféricos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona están cerrando. Además, ha reiterado su preocupación por la falta de mano de obra cualificada en el sector. Los hosteleros temen cómo evolucionará el menú del día en los próximos años, dado que la restauración depende en gran medida de productos frescos y de unos costes de alimentación y bebidas que no dejan de subir. Gallego también ha señalado que en España se cocina cada vez menos y se recurre más a los platos preparados, un segmento en el que los supermercados han encontrado una oportunidad, ampliando su oferta y creando espacios para consumir in situ. Considera que esta tendencia podría suponer un desafío para la hostelería y reclama que todos los actores compitan bajo las mismas condiciones legales. En este sentido, distingue entre las barras de degustación de algunas pastelerías y las zonas habilitadas en ciertos supermercados con mesas y sillas para comer. Afirma que, si ofrecen servicios similares a los de un restaurante, deben cumplir con los mismos requisitos y obligaciones. Por su parte, el director general de Edenred España, Stanislas de Bourgues, destaca que la subida del precio del menú del día este año ha sido "moderada" y que los hosteleros perciben un regreso de los clientes a los locales. Por ello, defiende impulsar el 'Ticket Restaurant' y actualizar su límite de exención diaria, fijado desde 2018 en 11 euros. Edenred insiste en que esta actualización -respaldada por sindicatos y patronales- beneficiaría tanto a trabajadores como a hosteleros y a la Administración Pública, al favorecer la conciliación, reducir la estacionalidad de la demanda y apoyar políticas de bienestar laboral y alimentación saludable, según explica su directora de Asuntos Públicos, Cristina Afán.

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(El Periódico, 26-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Ocho de cada diez españoles teme filtraciones de datos personales al pagar digitalmente

La preocupación por la pérdida de privacidad asociada al uso de métodos de pago digitales sigue siendo muy alta entre los españoles. Según una encuesta realizada por Denaria y GAD3, el 82% teme que sus datos personales puedan filtrarse al pagar de forma digital, el 77% teme que se conozca su saldo bancario, el 72% su ubicación y el 62% sus patrones de compra. Durante la presentación del barómetro en un acto celebrado este lunes en Madrid, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, señaló que el incremento del uso de efectivo entre las personas mayores no resulta especialmente llamativo, ya que es un hábito que ya mantenían. Michavila apuntó que la mayor amenaza vinculada a los sistemas de pago no proviene tanto de quienes buscan eludir impuestos -aunque existen-, sino de ciberdelincuentes que emplean Inteligencia Artificial para suplantar a familiares o conocidos y solicitar dinero por Bizum o transferencia. Destacó que la "inmediatez" es la debilidad que más están explotando los delincuentes y que los fraudes se están disparando sobre todo en el entorno digital, no en el uso de efectivo. En cuanto al euro digital, el 56% afirma no haber oído hablar de él, mientras que el 47% sí tiene alguna referencia. El estudio también refleja que el 80% cree que aumentará el control del Gobierno sobre los pagos. Aunque casi la mitad lo ve como un complemento del dinero en metálico, muchos piensan que acabará sustituyéndolo. Además, el 54% considera que no será tan anónimo como el efectivo, y el 30% cree que tendrá límites de tenencia, situando ese tope alrededor de los 3.000 euros. Michavila reconoció que desconoce cómo evolucionará el proyecto del euro digital, pero considera que incorporará "muchos más mecanismos de control" para no vulnerar la privacidad de los ciudadanos. En este sentido, señaló que Alemania muestra una mayor sensibilidad hacia la protección de datos por razones históricas, lo que podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a reforzar esas medidas. El presidente de Denaria, Javier Rupérez, expresó también sus reservas sobre la iniciativa, asegurando que tiene "dudas" porque no ve claro qué aportaría esta nueva moneda digital frente a los métodos de pago que ya existen. "La economía ya está lo suficientemente digitalizada. Esa es la principal incógnita", insistió. Otras interrogantes giran en torno a su posible puesta en marcha. Aunque hace unos meses se esperaba su implantación "inmediata", ahora las previsiones apuntan a que no llegará hasta 2027. A esto se suma la incertidumbre sobre el grado de control que ejercerá el BCE, en línea con lo señalado por Michavila.

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(Expansión, 25-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU presiona a la UE con los aranceles al acero para que recorte sus leyes digitales

Los delegados de Estados Unidos han reclamado a la Unión Europea que revise la normativa que ha sancionado a sus compañías tecnológicas, a cambio de ampliar las reducciones arancelarias aplicadas a los metales. La recepción en Bruselas tuvo forma de cumbre de alto nivel, aunque el ambiente distó de ser cordial pese a las sonrisas de los asistentes. La reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada ayer despertó una gran expectación por la presencia del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y del embajador comercial, Jamieson Greer. Sin embargo, el encuentro terminó convirtiéndose en la puesta en escena de un pulso entre los dos principales socios comerciales del planeta. La delegación de Estados Unidos aprovechó su estancia para pedir abiertamente a los europeos que modifiquen su regulación digital hacia "un marco con el que nosotros nos sintamos cómodos". Bajo un tono amable, Greer y Lutnick deslizaron una presión que terminó expresándose sin rodeos ante los medios: "Si logran ese enfoque equilibrado, podremos trabajar juntos en los problemas del acero y el aluminio y resolverlos", afirmaron, dejando claro que no contemplan otras vías de negociación. Desde el pasado verano, el acero y el aluminio europeos soportan aranceles del 50% impuestos por Washington. Aunque existe un acuerdo que fija un límite del 15% a las tasas comerciales, estos productos siguen afectados por gravámenes muy elevados. Además, la Casa Blanca ha ampliado estas medidas a un número creciente de derivados, lo que está lastrando la economía europea. La UE, por su parte, sostiene que está cumpliendo sus compromisos. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó los avances en la aplicación del acuerdo comercial recordando que "desde enero, la UE ha adquirido energía estadounidense por valor de 200.000 millones de dólares y se han registrado inversiones europeas en la economía de EEUU superiores a los 154.000 millones". Pero para los representantes de la Administración de Donald Trump esto no es suficiente. Aunque reconocen que estos son pilares básicos para un comercio equilibrado, consideran necesario ir más allá para relajar los aranceles al acero y a otros sectores. Estados Unidos ha vinculado en repetidas ocasiones la legislación digital europea con las conversaciones comerciales, a pesar de que Bruselas insiste en que se trata de asuntos distintos y que sus normas digitales son una cuestión de soberanía. En un principio, la reducción arancelaria al acero dependía de presentar un frente común contra la sobreproducción china, objetivo en el que la UE ha invertido esfuerzos. Sin embargo, el escenario ha cambiado. Fuentes diplomáticas señalan que esta estrategia de Washington pretende enturbiar la negociación, dificultando la aplicación del acuerdo comercial. Tras la reunión, parece más probable que se amplíe la lista de derivados del acero y el aluminio sujetos a aranceles reforzados que una reducción de los mismos. "Nos gustaría tranquilizar al secretario Lutnick: nuestras normas no discriminan a nadie ni están dirigidas contra las empresas estadounidenses", defendió Sefcovic. Pero Estados Unidos se mantiene firme. "Sugerimos que la Unión Europea y sus ministros de Comercio busquen un enfoque equilibrado que funcione para nosotros", remarcó Greer, presionando abiertamente para que Europa cambie su legislación y evite "afectar a los ingresos globales de nuestras compañías". Los representantes comerciales estadounidenses también se reunieron con el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, quien reiteró la importancia de lograr un acuerdo que reduzca el impacto de los aranceles sobre los metales europeos. En un plano más nacional, Cuerpo defendió además la conveniencia de excluir el aceite de oliva de dichos gravámenes.

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(El País, 25-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los jóvenes ya usan más Bizum que dinero en efectivo

Los jóvenes recurren cada vez menos al dinero en efectivo. Solo un 19% lo utiliza como su forma principal de pago, mientras que un 22% prefiere Bizum, una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años. Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad. Apenas un 2% de los mayores de 65 años emplea Bizum como método principal, cifra que asciende al 8% entre quienes tienen de 45 a 64 años y al 15% entre los 30 y 44, según el V Barómetro sobre la necesidad de mantener el efectivo, elaborado por GAD3 y la Plataforma Denaria (defensora del uso del dinero físico). Aun así, las tarjetas siguen siendo el medio más habitual entre los jóvenes de 18 a 29 años, con un 42% que afirma usarlas como opción preferente. Por ahora, las transferencias inmediatas están lejos de convertirse en el sistema de pago dominante, pero muestran señales de crecimiento. El 52% de los más de 1.000 entrevistados asegura que las tarjetas son su método principal, seguidas del dinero en metálico (30%) y Bizum (11%). No obstante, en el último año tanto el uso de tarjetas como del efectivo ha descendido -cinco y tres puntos menos, respectivamente-, mientras que Bizum gana terreno con un aumento de cuatro puntos. Ante este panorama, Narciso Michavila, presidente de GAD3, señaló que "lo que sustituirá al dinero en efectivo no será el plástico, sino el silicio", aludiendo al avance tecnológico. Una de las innovaciones previstas es el euro digital, que el Banco Central Europeo espera poner en marcha en 2029. Según la encuesta, el 54% de los ciudadanos no ha oído hablar de él, frente al 46% que sí tiene alguna referencia. Además, genera inquietud sobre su impacto en la privacidad: un 80% cree que incrementará el control gubernamental sobre los pagos, aunque la mitad opina que convivirá con el efectivo sin llegar a reemplazarlo totalmente. Pese al avance de los métodos digitales, más del 80% de la población considera que pagar en metálico sigue siendo "imprescindible". Tres de cada cuatro encuestados destacan su accesibilidad para todo el mundo, un 74% cree que garantiza mayor privacidad y un 73% lo percibe como más seguro frente al fraude y los ciberataques. Asimismo, el 83% se declara contrario a su desaparición, aunque hay diferencias generacionales: el 17% de los jóvenes cree que el efectivo terminará extinguiéndose, frente al 6% de los mayores de 65. El estudio también señala que el apagón tecnológico registrado en abril reforzó la percepción de la importancia del dinero físico. Un 35% de los participantes afirma guardar ahora más efectivo en casa. Además, el 15% lo considera el segundo recurso más importante en caso de emergencia, solo por detrás del agua y los alimentos básicos, y por delante de medicamentos o energía. Entre los principales obstáculos para usar efectivo, los ciudadanos mencionan el cierre de oficinas bancarias, la obligación de realizar pagos públicos mediante transferencia y las comisiones asociadas. El uso del dinero en metálico también varía según el nivel económico. La mitad de quienes ingresan menos de 1.200 euros al mes lo prefieren como método habitual de pago, mientras que entre quienes superan los 3.500 euros solo lo utiliza el 20%. Algo similar ocurre según el nivel educativo: el 23% de las personas con estudios universitarios elige el efectivo como opción principal, porcentaje que asciende al 50% entre quienes no han completado la enseñanza secundaria.

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(El País, 24-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Hipotecas paralelas, la treta de los inversores inmobiliarios para comprar varias casas a la vez

El auge del mercado inmobiliario, con un volumen de compraventas en máximos y unos precios desorbitados, está alimentando prácticas especulativas que se sitúan en la frontera de la legalidad. Una de las estrategias que está ganando terreno entre pequeños inversores consiste en adquirir varias viviendas casi al mismo tiempo -con apenas horas o días de diferencia- para obtener una hipoteca por cada una y así comprar múltiples inmuebles aportando la mínima cantidad de capital propio. Al solicitar los préstamos en bancos distintos y formalizar las escrituras ante notarios diferentes, las entidades no detectan el incremento de endeudamiento del cliente, ya que la CIRBE -la base de datos del Banco de España- tarda alrededor de un mes en actualizarse. En YouTube abundan los vídeos donde inversores cuentan cómo han llevado a cabo este tipo de operaciones, así como los intermediarios hipotecarios que se ofrecen para coordinar todo el entramado necesario para lograr varias hipotecas y firmar las escrituras de dos, tres o incluso cuatro pisos en un corto periodo de tiempo. En la práctica, este método permite que un pequeño inversor obtenga tres hipotecas del 80% para tres viviendas de 100.000 euros -las de menor precio suelen ser las más rentables- aportando únicamente 60.000 euros, más otros cerca de 30.000 en impuestos. En total, con unos 90.000 euros podría hacerse con tres inmuebles de una sola vez. Este alto apalancamiento les facilita ampliar su patrimonio mucho más rápido y, en un mercado de alquiler muy tensionado, suelen cubrir con facilidad las cuotas hipotecarias gracias a los ingresos de los arrendatarios. Antonio Domenech, asesor hipotecario, es uno de los divulgadores que promociona este tipo de operaciones en su canal de YouTube. En un vídeo titulado Cómo firmar dos hipotecas a la vez, con 2.400 visualizaciones, asegura haberlo hecho personalmente. "Muchos me preguntáis: 'Antonio, ¿es posible firmar dos hipotecas simultáneamente?' La respuesta es un sí rotundo. Yo lo he hecho y muchos clientes vienen a mí para hacerlo, incluso consiguiendo hipotecas del 100%", afirma. Después detalla el proceso, que implica sincronizar la aprobación de los préstamos, las tasaciones y, sobre todo, la firma de las escrituras. "Hay que pedir fecha en una notaría para firmar la primera hipoteca y otra distinta para la segunda. Todo consiste en coordinarse. Me he especializado en esto. [...] Si firmáis el 15 de enero, esa hipoteca no aparecerá en la CIRBE hasta el 21 de febrero. Tenemos un mes o mes y medio para maniobrar", explica. Sin embargo, cualquier contratiempo -como un retraso en la tramitación de uno de los préstamos o que el vendedor necesite más tiempo- puede frustrar toda la operación y hacer perder cantidades importantes de dinero. Si el comprador no logra acceder a toda la financiación prevista, puede perder las arras entregadas por una o varias viviendas, que suelen representar entre el 5% y el 10% del precio. Algunos brokers hipotecarios se aprovechan del estrés que genera gestionar varios préstamos a la vez y ofrecen encargarse del proceso a cambio de comisiones que pueden superar los 4.000 euros. El riesgo existe tanto para los bancos como para los clientes que recurren a estas artimañas. Una entidad podría descubrir la operación y negar el préstamo. Además, un endeudamiento excesivo puede llevar al comprador a no poder afrontar las cuotas si un inquilino deja de pagar o si surgen gastos inesperados, como derramas elevadas. Otra fórmula, menos compleja pero igualmente orientada a sortear los criterios de solvencia, es pedir un préstamo personal al mismo tiempo que la hipoteca. La lógica es la misma: ambas operaciones deben cerrarse casi simultáneamente para que no aparezcan en la CIRBE. Aunque es un procedimiento más sencillo, tiene un inconveniente notable: los préstamos personales suelen tener intereses mucho más altos, por lo que resulta una opción menos rentable para los inversores.

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(El País, 24-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Sareb sobrepasa las 11.500 viviendas sociales

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida popularmente como el banco malo, informó este jueves de que ya supera las 11.500 viviendas destinadas a fines sociales. En estos inmuebles, más de 35.000 personas en situación de vulnerabilidad se benefician de los programas de carácter social que la entidad puso en marcha en 2022, coincidiendo con la asunción del control accionarial por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A este parque residencial se añaden otras 1.625 viviendas cedidas a distintas Administraciones mediante convenios, así como 180 inmuebles habilitados y entregados de forma gratuita a quienes resultaron afectados por la dana que golpeó principalmente la provincia de Valencia en octubre del pasado año. Entre las más de 35.000 personas beneficiarias, la mayoría forma parte del Programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral, que ya suma 9.800 hogares y que, solo en 2025, ha logrado la integración de más de 600 personas. Esto equivale a una media de una reinserción al día y cerca de 700 contratos laborales firmados. "Hemos realizado un esfuerzo considerable en los últimos años para fortalecer este programa, y las cifras demuestran los resultados. Estamos apoyando a muchas familias para que salgan de situaciones de riesgo de exclusión social y, además, lo hacemos de manera sostenible para la compañía", señaló en un comunicado el director de Vivienda Social y Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha. El procedimiento que sigue Sareb para formalizar un alquiler social incluye el apoyo de sus gestores sociales a las familias para tramitar ayudas públicas, dar de alta los suministros básicos, acceder a cursos de formación y participar en procesos de búsqueda de empleo. Esto último implica la elaboración de un currículum actualizado y el envío de ofertas laborales acordes con cada perfil. Según los datos difundidos este jueves, el programa de alquiler social registra una morosidad del 10,6%, porcentaje que refleja el total de cuotas impagadas en los últimos 12 meses respecto a la facturación del mismo periodo. Esta tasa se sitúa por debajo de la media del sector y continúa reduciéndose de manera gradual, lo que, según la entidad, demuestra el elevado grado de compromiso de las familias con el programa y sus obligaciones.

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(Cinco Días, 21-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La plataforma española de transferencias instantáneas a través de móviles lanzará en 2026 un nuevo servicio para pagar directamente en comercios físicos

Las entidades financieras europeas han intensificado sus esfuerzos para disminuir su dependencia de Visa y Mastercard. En este contexto, se prepara el lanzamiento de una solución que permitirá a los usuarios efectuar pagos sin recurrir a las redes de estos dos gigantes estadounidenses. Bizum tiene previsto poner en marcha una nueva aplicación móvil, denominada Bizum Pay. Su funcionamiento será parecido al de los sistemas de pago de Apple o Android, pero con una diferencia clave: estará vinculada directamente al Bizum del usuario -y, por extensión, a su cuenta bancaria-, sin necesidad de usar una tarjeta como intermediaria. Con esta app, los clientes podrán abonar sus compras directamente en los terminales de pago de los comercios. Además, se estudia la posibilidad de incorporar esta función en las aplicaciones de los propios bancos, igual que ocurre con las transferencias instantáneas. La idea de habilitar pagos directos a través de Bizum lleva tiempo sobre la mesa. Durante la pandemia, cuando el uso de la plataforma se disparó, ya se realizaron pruebas con algunos establecimientos. Desde entonces, las entidades han trabajado junto al Banco de España para desarrollar un sistema más sencillo y accesible, que se lanzará en los próximos meses. Actualmente, Bizum ofrece una pasarela de pago para compras online y para donaciones. La compañía no ha respondido a las preguntas de este periódico. Este paso implica un cambio profundo en el modelo de negocio de Bizum. La plataforma se plantea aplicar una comisión a los comercios, aunque inferior a la de Visa y Mastercard, que han incrementado sus tarifas en los últimos años aprovechando su posición dominante. Al eliminar intermediarios, Bizum confía en atraer a más establecimientos y ampliar su base de usuarios. Las entidades bancarias, por su parte, llevan tiempo advirtiendo de los elevados costes que supone gestionar más de tres millones de transacciones diarias, lo que incluso les llevó a considerar límites de uso o tarifas. Cobrar a los comercios abriría una nueva fuente de ingresos sin impactar económicamente en los consumidores, uno de los pilares de su éxito. El movimiento de Bizum llega en un momento de renovación del ecosistema de pagos en Europa. El continente busca reforzar su autonomía estratégica en áreas donde la dependencia de EE. UU. es fuerte, como la defensa o, en este caso, los sistemas de pagos. Los bancos europeos, que utilizan infraestructuras controladas por Visa y Mastercard, han sufrido alzas constantes en las comisiones. Por ello, trabajan en el desarrollo de alternativas europeas que aumenten la competencia y eviten posibles interrupciones si los proveedores estadounidenses restringieran sus servicios. Paralelamente, además de nuevas soluciones de pago físico, la banca negocia la creación de una gran plataforma paneuropea. El objetivo es levantar un "Bizum europeo" que permita enviar transferencias inmediatas entre países solo con el móvil. Tras un intento fallido en 2020, actualmente se busca un acuerdo para conectar las distintas plataformas nacionales. En junio, los dos grandes bloques -la iniciativa EuroPA (que agrupa a España, Italia, Portugal y los países nórdicos) y la Iniciativa de Pagos Europea, liderada por bancos franceses y alemanes y creadora de Wero- se comprometieron a avanzar hacia esa interconexión. De hecho, los bancos españoles ya han dado un paso adelante permitiendo enviar Bizum a Italia o Portugal. La intención es que el sistema común vea la luz en 2026. Las negociaciones actuales se centran en los aspectos técnicos de la conexión y en definir un posible canon por la interoperabilidad. El propósito final es construir un sistema unificado de transferencias entre particulares, pero también ampliar el alcance a pagos en comercios y transacciones entre empresas. En paralelo al proyecto de Bizum, la plataforma francoalemana Wero trabaja para estrenar este año su servicio para comercio electrónico y, en 2026, para pagos en tienda física.

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(Expansión, 21-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión de las grandes fortunas españolas en inmobiliario marca récord

El importe medio de las operaciones inmobiliarias realizadas por grandes patrimonios ha experimentado un fuerte incremento en el último año, pasando de 14 millones a 24 millones de euros. Las familias con elevado poder adquisitivo en España están impulsando con fuerza sus inversiones en el sector inmobiliario. Al finalizar el tercer trimestre de 2025, el capital destinado por estas fortunas ya superaba el total invertido durante todo 2024 y alcanzaba, además, el mayor nivel de la serie histórica. Esta tendencia queda recogida en un informe sobre inversión privada en real estate elaborado por CBRE y el área de Estrategia y Análisis de Banca Privada de BBVA en España, que estudia el comportamiento de los inversores particulares y las dinámicas que guían la gestión de su patrimonio. Entre 2019 y 2025, las grandes fortunas españolas han destinado 7.435 millones de euros a activos inmobiliarios. Los datos más recientes muestran que su presencia en el mercado es cada vez más relevante. En los nueve primeros meses del año, sus inversiones representaron un 11,3% del total invertido en real estate en España, porcentaje que asciende al 15% si se excluyen las operaciones corporativas. Este nivel supone un récord histórico y confirma una tendencia ascendente. En 2019, las inversiones de estos patrimonios equivalían al 8,2% del total sectorial; en el año de la pandemia descendieron al 5,6%, pero hoy superan ya el 11%. El creciente peso de estas grandes fortunas también se aprecia en el volumen de las operaciones. En 2019 se registraron inversiones por 1.029 millones de euros, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 1.368 millones, uno de los valores más altos del periodo analizado. En 2025, cuando aún faltan tres meses para cerrar el año, el volumen ya es superior. Otro aspecto que ha aumentado con fuerza es el tamaño medio de cada operación, que este año ha subido un 67% hasta situarse en torno a los 24 millones de euros, frente a los 14 millones registrados en 2024. Los activos inmobiliarios representan entre el 30% y el 40% del patrimonio de estas grandes fortunas, lo que los convierte habitualmente en la primera o segunda categoría de inversión, algo poco habitual en otros países europeos. De hecho, la proporción que destinan al inmobiliario duplica la de los patrimonios internacionales, cuya exposición al real estate se sitúa entre el 12% y el 17%. Según los expertos de la banca privada de BBVA, esta diferencia responde a factores culturales y a la contribución del inmobiliario a la relación rentabilidad-riesgo. El informe destaca que los activos inmobiliarios presentan menor volatilidad -entre el 3% y el 6% anual- que la renta variable o la renta fija y tienen baja correlación con ellas, lo que ayuda a estabilizar las carteras y a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo. Además, la indexación de las rentas a la inflación y la capacidad de generar ingresos constantes consolidan al inmobiliario como un valor refugio ante la incertidumbre financiera. En cuanto a los tipos de activos preferidos, los clientes de banca privada concentran su inversión en retail (34%), oficinas (28%) y hoteles (25%). Madrid y Barcelona siguen siendo los principales focos de atracción, concentrando más del 60% del total invertido. Aunque la compraventa residencial tradicional (build to sell) no forma parte de las grandes cifras de inversión, los expertos de BBVA y CBRE señalan que registra una notable actividad, especialmente en proyectos de rehabilitación y transformaciones de edificios para vivienda de lujo.

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(Expansión, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba la propuesta para despenalizar el corte de suministros a los "okupas"

El PP ha logrado aprobar su propuesta para eliminar las sanciones a los propietarios que decidan cortar el suministro de luz o agua a los okupas. Con el voto favorable del PNV y la abstención de Junts, la iniciativa tiene posibilidades de superar también el trámite del Congreso. Gracias a su mayoría absoluta en el Senado, el PP ha dado luz verde en la Cámara Alta a una modificación del Código Penal que permitiría a los dueños de viviendas ocupadas ilegalmente interrumpir servicios básicos como electricidad o agua. Hasta ahora, tanto el Código Penal como la jurisprudencia han considerado estas acciones como un delito de coacciones, al entender que se empleaban para presionar a los ocupantes irregulares y forzar su salida. El apoyo del PNV y la abstención de Junts han permitido que la propuesta avance. Si ambos grupos mantienen su postura en el Congreso, la iniciativa podría aprobarse definitivamente en las próximas semanas. La relevancia de la noticia radica en dos aspectos: por un lado, el respaldo de algunos socios del Gobierno, lo que vuelve a evidenciar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez; y por otro, el aumento de la ocupación ilegal de viviendas. Según los datos más recientes de idealista, más de 23.000 propiedades ocupadas están actualmente en venta. Todo esto ocurre mientras otros aliados parlamentarios presionan al Gobierno para prolongar el decreto antidesahucios, que está impidiendo a numerosos propietarios recuperar sus inmuebles, los cuales podrían volver al mercado y contribuir a aliviar la falta de oferta que ha impulsado el alza de los precios en los últimos meses. La propuesta del PP consiste en modificar el artículo 172.1 del Código Penal, relacionado con las ocupaciones ilegales, añadiendo un párrafo que establezca claramente que cortar los suministros en una vivienda ocupada de forma ilegal "en ningún caso constituirá un delito de coacciones". En la exposición de motivos, el PP recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló que los propietarios pueden suspender los suministros a los okupas sin que esto se considere coacción. "El corte de suministros avalado por la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal", sostiene el PP. No obstante, buscan reformar el Código Penal para "unificar criterios y garantizar su aplicación en todo el territorio nacional".

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