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(Expansión, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor apunta a la segunda bajada consecutiva y estabiliza las hipotecas

Si no hay cambios inesperados, el euríbor a doce meses repetirá en febrero la ligera caída que ya registró en enero. El índice hipotecario corrige lentamente parte del ciclo de cinco incrementos mensuales consecutivos que lo llevó al 2,26% en diciembre. A falta de las dos últimas sesiones del mes, su media provisional se sitúa en torno al 2,22%. El euríbor atraviesa ahora una etapa de marcada estabilidad. Quedan atrás las intensas subidas de 2023, cuando abandonó el terreno negativo y, en poco más de un año, superó el 4%, así como las bajadas posteriores que lo devolvieron por debajo del 3%. En el actual contexto de normalización de la política monetaria en la eurozona, las oscilaciones son reducidas. Los analistas no anticipan movimientos significativos a corto plazo, pendientes de la reunión que celebrará el Banco Central Europeo (BCE) el 19 de marzo. En un escenario marcado por el repunte de la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos, la institución presidida por Christine Lagarde sostiene que aún dispone de herramientas para proteger la economía europea ante una eventual guerra comercial. Esta calma del euríbor se traslada tanto a los hogares como al mercado hipotecario. Quienes revisan su préstamo con periodicidad anual siguen viendo descensos en la cuota -aunque en las revisiones semestrales ocurre lo contrario desde hace meses- y esta tendencia podría mantenerse al menos hasta abril si el índice continúa en niveles similares. Por su parte, los bancos han frenado en febrero la subida de precios que aplicaron a las hipotecas a finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando ajustaron al alza los tipos en distintas modalidades para preservar márgenes y endurecieron ligeramente las condiciones. Aun así, las ofertas actuales continúan siendo competitivas. La estabilidad en los costes se refleja en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que entre junio y diciembre del año pasado el tipo medio de las hipotecas se movió en un rango muy estrecho, entre el 2,87% y el 2,97%. En consecuencia, los compradores disponen de una amplia oferta de financiación con precios estables. La pausa del euríbor en el inicio de 2026 sitúa a la banca en una posición favorable para mantener el ritmo de concesión de préstamos. En 2025, el volumen de capital prestado creció un 32,6%, superando los 82.000 millones de euros, y fuentes del sector apuntan a que esta dinámica continúa en los primeros meses del año, impulsada por la moderación del índice hipotecario.

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(El País, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los mayores de 55 años concentran casi siete de cada 10 euros del ahorro anual del país

La capacidad de reservar dinero para el porvenir se concentra sobre todo en las personas de mayor edad. En un contexto económico donde la inestabilidad laboral caracteriza los comienzos profesionales y la riqueza inmobiliaria está mayoritariamente en manos de generaciones veteranas, los menores de 30 años apenas contribuyen con tres de cada cien euros del ahorro total del país. En cambio, casi el 70% de ese ahorro pertenece a los mayores de 55 años, según el informe sobre las Cuentas Etarias de los Miembros de los Hogares (CEMH), coordinado por Fedea con el respaldo de Fundación Mapfre. Entre ambos grupos se sitúan las personas de 30 a 54 años, consideradas el verdadero pilar económico. Este segmento genera la mayor parte de los ingresos procedentes del mercado -más de 580.000 millones de euros- y asume la mayor presión fiscal, con más de 225.400 millones pagados en impuestos y cotizaciones. Sin embargo, su capacidad de ahorro se ve limitada por los gastos derivados de la crianza, la vivienda y el mantenimiento familiar. Son quienes más producen y contribuyen, pero no quienes más acumulan patrimonio. La desigualdad generacional se hace evidente al analizar los datos en detalle. El ahorro total de los hogares españoles alcanza los 108.174 millones de euros, de los cuales solo 3.237 millones corresponden a jóvenes menores de 29 años. En contraste, los mayores de 55 concentran 73.578 millones, es decir, el 68% del total. La diferencia resulta aún más marcada al observar el promedio por persona. Un joven menor de 30 años ahorra de media 232 euros al año, una cifra apenas suficiente para afrontar un gasto imprevisto. Por su parte, alguien mayor de 55 años logra guardar unos 4.570 euros anuales, veinte veces más. Esta disparidad no se debe únicamente al tiempo disponible para acumular recursos, sino también a que los jóvenes parten de ingresos mucho más bajos. Sumando salarios y pequeñas rentas financieras, apenas alcanzan unos ingresos brutos anuales de 4.550 euros por persona. El informe señala además que el sistema se sostiene en gran medida gracias a las transferencias familiares. Los jóvenes reciben de forma neta más de 9.000 euros al año por persona, principalmente de sus padres. En total, estas transferencias privadas dentro de los hogares ascienden a unos 130.000 millones de euros anuales. Esto explica que el gasto de los jóvenes -alrededor de 11.400 euros anuales por persona- supere ampliamente lo que permitirían sus propios ingresos. La escasa participación juvenil en las rentas del capital agrava aún más la brecha. Los ingresos por intereses, dividendos o alquileres son prácticamente inexistentes a edades tempranas y aumentan con el tiempo, reflejando la acumulación de patrimonio y las herencias. Mientras el 0,1% más rico concentra el 43% de los dividendos del país, la mayoría de los jóvenes ni siquiera posee vivienda. Al no disponer de propiedad, destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler y quedan excluidos del llamado "alquiler imputado", es decir, el beneficio económico de vivir en una casa ya pagada, que a nivel nacional ronda los 100.000 millones de euros anuales. Aunque se basa en datos de 2022, el estudio ofrece una visión detallada de una realidad poco analizada debido a limitaciones metodológicas. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), utilizada habitualmente para medir la desigualdad, no refleja adecuadamente a los hogares más ricos debido a su baja representación en la muestra. Para compensarlo, los autores cruzaron la información con el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, que permite identificar a quienes declaran ingresos superiores a 505.000 euros anuales.

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(El País, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo estima la primera demanda colectiva contra las tarjetas ‘revolving’

El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez una acción colectiva por falta de transparencia relacionada con las tarjetas revolving, un producto que concede crédito inmediato a cambio de condiciones que el propio Alto Tribunal ya había considerado abusivas en determinados casos. La Sala de lo Civil ha aplicado su doctrina previa y ha dado la razón a la demanda presentada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra el servicio financiero de Carrefour, solicitando la nulidad de varias de estas tarjetas. La asociación cuestionaba aspectos como el sistema de pago, los intereses aplicados o las cláusulas que permiten dar por vencido el préstamo, entre otros puntos. Las tarjetas revolving se encuentran entre los productos financieros más polémicos. Permiten disponer de una línea de crédito para compras y devolver el dinero en cuotas aplazadas y fraccionadas, generalmente muy reducidas, lo que puede resultar atractivo inicialmente. Sin embargo, suelen generar endeudamientos elevados. Sus cuotas mensuales incluyen intereses que a menudo rondan el 20%, y además el crédito se renueva automáticamente, de modo que el dinero vuelve a estar disponible para seguir gastando. El Banco de España advierte del riesgo del llamado "efecto bola de nieve", por el cual la deuda puede crecer progresivamente hasta volverse prácticamente indefinida. El Alto Tribunal ya fijó en 2023 los criterios para anular estas tarjetas por abusivas y amplió en 2025 los requisitos relacionados con la falta de transparencia. En este caso, Asufin presentó la demanda en 2020 contra la tarjeta Carrefour Pass -un producto vinculado a las compras en sus supermercados-, pero un juzgado mercantil la rechazó inicialmente. Posteriormente, la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso y anuló dos cláusulas relativas a comisiones por impago y a la forma de imputar los pagos. Tras recurrir al Supremo, la asociación ha obtenido ahora una estimación total. El tribunal subraya que cuando las cláusulas contractuales no son claras ni comprensibles, ello puede llevar a considerarlas abusivas. La transparencia, señala, es un elemento esencial para evaluar si una condición perjudica al consumidor. Los magistrados recuerdan que, al igual que ocurre con las cláusulas suelo hipotecarias o los préstamos en divisas extranjeras, el cliente debe comprender el funcionamiento del producto y los riesgos asociados antes de contratarlo. Por ello, las entidades financieras están obligadas a proporcionar información suficiente y comprensible. La sentencia advierte de que la opacidad en las condiciones de pago no es inocua, sino que puede generar un fuerte desequilibrio para el consumidor. Factores como el anatocismo -capitalizar los intereses impagados-, las cuotas muy bajas combinadas con intereses elevados y la prolongación del plazo de devolución pueden aumentar notablemente el coste final. De este modo, el usuario puede acabar atrapado en una deuda difícil de cancelar y sin posibilidad real de comparar alternativas. No es la primera vez que el Supremo admite una gran demanda colectiva en defensa de los consumidores. En junio de 2025 validó también la acción impulsada por Adicae contra numerosas entidades bancarias para anular las cláusulas suelo en miles de hipotecas. Aquella decisión se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmara que era posible analizar conjuntamente este tipo de cláusulas en contratos que afectaban a grupos muy diversos de consumidores. Tras la sentencia conocida este miércoles, Asufin sostiene que la acción colectiva permitirá reclamar las cantidades asociadas a hasta un millón y medio de tarjetas Carrefour Pass en circulación en 2019, con un crédito vivo de unos 3.000 millones de euros. Además, al tratarse de un fallo firme, la organización considera que cualquier cliente con tarjetas similares contratadas antes de la pandemia podría solicitar la devolución de los intereses cobrados en exceso. En la práctica, la decisión abre la puerta a revisar numerosos contratos anteriores a la normativa específica sobre crédito revolving que entró en vigor el 2 de enero de 2021.

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(El Confidencial, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV cambia el tono con los influencers y busca su colaboración

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado a conocer su plan de actuación para 2026, en el que vuelve a poner la atención en los influencers financieros. Sin embargo, en esta ocasión no solo pretende vigilar posibles irregularidades, sino también cooperar con ellos cuando sea conveniente. El presidente del organismo, Carlos San Basilio, subrayó que no se debe estigmatizar a estos creadores de contenido, ya que alcanzan a audiencias a las que la CNMV no llega. Recordó que el año pasado se priorizó el control de la forma en que se dirigen al público y la persecución de conductas indebidas, y adelantó que próximamente se publicará un informe con varios casos detectados. No obstante, también destacó que la comunicación con algunos influencers ha sido constructiva y que pueden convertirse en aliados para difundir mensajes de educación financiera. En su opinión, es necesario evitar posturas extremas: sancionar las malas prácticas, pero fomentar la colaboración cuando sea posible. En otro ámbito, San Basilio defendió la actuación del supervisor en la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, tras el retraso de un año en la autorización del folleto de la operación, motivado por la espera a los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Gobierno. Aun así, consideró conveniente revisar el actual decreto que regula las opas. El presidente también llamó la atención sobre los máximos alcanzados por el Ibex 35 y otras bolsas, advirtiendo a los inversores de la importancia de distinguir entre subidas respaldadas por fundamentos económicos sólidos y aquellas impulsadas por la especulación o la "exuberancia irracional", expresión popularizada por Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal. San Basilio reconoció, además, que una de las tareas pendientes sigue siendo aumentar el número de salidas a bolsa. En contraste, destacó el creciente interés de las empresas por emitir deuda en España en lugar de recurrir a otros mercados, como Irlanda. El plan de actividades para 2026 incluye 32 acciones y 60 iniciativas específicas -frente a las 44 del año anterior- agrupadas en tres ejes principales: protección del inversor, impulso de los mercados y mejora interna del organismo. En materia de protección al inversor, la CNMV prevé publicar guías sobre fraude en internet y sobre el uso de la inteligencia artificial para detectarlo, realizar una encuesta sobre fraude financiero, intensificar la vigilancia de las redes sociales y reforzar la supervisión de las entidades de capital riesgo. San Basilio valoró positivamente el aumento de la inversión minorista en este tipo de activos, aunque advirtió de la necesidad de mayores exigencias regulatorias, especialmente en transparencia y liquidez. También se elaborará un nuevo plan estratégico de educación financiera para el periodo 2026-2029. En cuanto al fortalecimiento de los mercados, el organismo impulsará grupos de trabajo que abarquen distintas instituciones y ámbitos, y supervisará la integración en España de la actividad de compensación (clearing) de SIX Group, propietario de la Bolsa española tras la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Por último, la CNMV actualizará sus normas de gobierno corporativo mediante un nuevo código y aplicará medidas para simplificar la regulación. En el ámbito interno, uno de sus desafíos continúa siendo la captación de talento profesional, una tarea que históricamente le resulta complicada.

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(La Vanguardia, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Junts confirma que tumbará el escudo social y acusa a Sánchez de "permitir las ocupaciones"

Junts per Catalunya votará este jueves en contra del real decreto-ley que incluía el denominado "escudo social", con el que el Gobierno pretendía prorrogar hasta finales de 2026 la suspensión de desahucios para personas vulnerables. La portavoz del partido, Míriam Nogueras, confirmó en el Congreso de los Diputados el rechazo de su formación, al considerar que la norma "legitima" la ocupación ilegal y denunciar además supuestos incumplimientos del Ejecutivo con Cataluña. Tal como ya había anticipado la dirigente del partido liderado por Carles Puigdemont, los siete diputados de Junts votarán en contra del texto, que también contemplaba impedir el corte de suministros básicos -electricidad, gas y agua- a familias vulnerables y prorrogar el bono social eléctrico. Aunque valoran positivamente que se haya excluido a las viviendas de pequeños propietarios tras un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, mantienen su oposición frontal a la iniciativa. Con este resultado, el Gobierno afrontará su primera gran derrota parlamentaria del año. El impacto se verá parcialmente compensado por la aprobación de otros decretos, como la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. El decreto sobre el "escudo social", que entró en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 3 de febrero, quedará sin efecto y será retirado del Boletín Oficial del Estado, sin margen para recuperarlo dada la actual correlación de fuerzas en la Cámara. Al voto negativo de Junts se sumarán los de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, lo que también hará decaer otras medidas incluidas en el texto. Entre ellas, la prohibición de cortar suministros, una nueva exención en el IRPF para indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales, la prórroga de ayudas directas para municipios afectados por la DANA, beneficios fiscales para profesionales y empresas perjudicados y la ampliación de los límites para que los autónomos tributen por módulos. Nogueras defendió la postura de su partido con el lema "pensiones sí, ocupaciones no", asegurando que su formación cumple lo que anuncia y acusando al Ejecutivo de mezclar en un mismo decreto medidas sociales con otras relacionadas con la ocupación ilegal. El presidente Pedro Sánchez replicó que la regulación sobre desahucios no guarda relación con ese fenómeno. La portavoz ironizó con que un hipotético apoyo de su grupo serviría para frenar los "bulos" que, según afirmó, difunde el PSOE sobre Junts. Para concluir, Nogueras reiteró su rechazo a la norma y reprochó a los socialistas que mantengan paralizada desde hace dos años en el Congreso una proposición de ley de Junts destinada a endurecer la legislación contra la ocupación, asegurando además que incluso Esquerra Republicana de Catalunya habría comprobado que el PSOE no cumple sus acuerdos.

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(El Periódico, 26-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña duplica la tasa turística a las puertas del verano y destinará un 25% de su recaudación a vivienda

El Parlament de Catalunya dio luz verde este miércoles al aumento de la tasa turística en Cataluña. La medida se ha aprobado mediante un proyecto de ley derivado del decreto del Govern validado el pasado mes de mayo. La iniciativa ha salido adelante con 68 votos favorables de PSC, ERC y Comuns. En cambio, Junts per Catalunya, Partido Popular, Vox y Aliança Catalana se opusieron a la medida, mientras que la CUP optó por la abstención. Además, la Cámara rechazó todas las enmiendas presentadas por Junts y el PP. Desde el 1 de abril de 2026, el impuesto turístico aumentará de forma progresiva en toda la comunidad, salvo en Barcelona, donde el incremento se aplicará de una sola vez y alcanzará los importes más elevados. Fuera de Barcelona, la tarifa máxima para hoteles de lujo subirá automáticamente hasta los 4,5 euros por noche (actualmente son tres euros) y, en una segunda fase prevista para abril de 2027, llegará a los 6 euros, duplicando la cuantía vigente. Para el resto de alojamientos, las tarifas quedarán fijadas en 2,40 euros por noche en hoteles de cuatro estrellas, 2,50 euros en viviendas turísticas, 1 euro en albergues y 1,20 euros en campings y otros establecimientos similares. Estas cantidades podrán aumentar si los ayuntamientos aplican recargos propios -hasta un máximo de 4 euros- en función de la ubicación (interior o costa) y de la temporada. Hasta ahora, únicamente Barcelona disponía de esta capacidad. En la capital catalana, la tasa se duplicará a partir del 1 de abril. En su tramo más elevado, correspondiente a los alojamientos de lujo, se abonarán 7 euros por noche. Asimismo, la norma permite al Ayuntamiento de Barcelona elevar el recargo municipal máximo de 4 a 8 euros. Este aumento será gradual, a razón de un euro adicional cada año, de modo que el tope de 8 euros se alcanzará en 2029. En un comunicado, el sector hotelero barcelonés ha expresado su inquietud por el posible impacto que esta subida fiscal pueda tener sobre la actividad turística.

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(Cinco Días, 25-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo arancel global podría presionar a la baja los precios y acelerar la reducción de los tipos de interés por parte de la Fed

La incertidumbre en torno a los aranceles vuelve a sacudir a los mercados y presiona a la baja al dólar, alejándolo de su tradicional condición de valor refugio. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular gran parte de la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump -quien respondió con un arancel global del 15%- introduce un nuevo foco de inestabilidad a corto plazo. Aunque tanto el fallo como la reacción de la Casa Blanca eran previsibles para analistas e inversores, ambos abren un escenario inédito de incertidumbre económica y legal. Desde la banca de inversión consideran que no altera sustancialmente las previsiones de crecimiento e inflación mundiales, pero sí subrayan la persistente debilidad del dólar. Carsten Brzeski, responsable global de Macroeconomía en ING Research, señala que la sentencia evidencia los límites del poder presidencial y demuestra que el sistema de contrapesos estadounidense sigue funcionando. Sin embargo, no cree que Trump aproveche esta resolución como excusa para abandonar su agenda proteccionista. El nuevo arancel se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer tasas temporales ante desequilibrios graves en la balanza de pagos. La medida tendrá una vigencia máxima de 150 días -hasta el 24 de julio- salvo que el Congreso decida prorrogarla, periodo durante el cual la Administración podrá buscar otros mecanismos legales para sostener su estrategia comercial. Los analistas de ING no descartan que, llegado el plazo, el presidente declare una nueva emergencia para reiniciar el cómputo. La sustitución de los aranceles anteriores por la nueva tasa global reducirá el arancel medio aplicado por EE. UU. del 16% al 13,7%. Desde Nomura estiman que este descenso podría beneficiar a la economía estadounidense, aunque la incertidumbre comercial podría neutralizar parte de ese efecto, lo que en conjunto sería levemente negativo para el dólar. El euro se sitúa en torno a 1,18 dólares, aún por debajo de los niveles superiores a 1,20 alcanzados a finales de enero. Según Mohit Kumar, economista europeo de Jefferies, la posible relajación monetaria de la Reserva Federal, junto con la incertidumbre política y el creciente distanciamiento de gobiernos e inversores respecto al dólar, apuntan a una debilidad estructural de la divisa estadounidense en los próximos trimestres e incluso años. Este contexto se suma a la depreciación acumulada desde comienzos de 2025, cercana al 12% frente al euro. ING advierte de que la concentración de riesgos en EE. UU. -desde las valoraciones bursátiles hasta los desafíos fiscales y políticos previos a las elecciones legislativas- mantiene sesgadas a la baja las perspectivas del dólar, y prevé que el euro alcance los 1,22 dólares al cierre del año. La rebaja efectiva de los aranceles también podría aliviar las presiones inflacionistas y otorgar más margen a la Reserva Federal para recortar tipos, una medida largamente solicitada por Trump pero hasta ahora rechazada por su presidente, Jerome Powell. La inflación estadounidense, que en enero descendió al 2,4%, podría seguir moderándose, lo que facilitaría futuras bajadas de tipos, aunque a la vez intensificaría la debilidad del dólar. No obstante, en Jefferies consideran improbable que estos recortes se produzcan a corto plazo. Jack Janasiewicz, gestor de carteras en Natixis IM Solutions, destaca que la proximidad de las elecciones legislativas ha situado el coste de la vida en el centro del debate, y que el tiempo necesario para aplicar aranceles alternativos podría ofrecer un alivio temporal a los precios. Entre los escenarios más adversos derivados del fallo judicial, los analistas de ING contemplan la posibilidad -aunque reducida- de una venta simultánea de bonos del Tesoro, acciones y dólar si los inversores perciben que uno de los pilares de la política económica estadounidense se tambalea. Por ahora, subrayan, ese desenlace sigue siendo poco probable.

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(Expansión, 25-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes empresas de EEUU reclaman "el reembolso total" de los aranceles

El pasado viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe decisivo a la Administración Trump al invalidar buena parte de los aranceles recíprocos que el presidente había aprobado de forma irregular un año antes y que desde entonces mantenían en incertidumbre a empresas de todo el mundo. Aunque todavía no está claro si los nuevos gravámenes anunciados por Trump perdurarán, grandes compañías estadounidenses han comenzado a acudir a los tribunales para exigir la devolución de lo pagado, lo que podría suponer para el Gobierno un coste de entre 133.000 y 175.000 millones de dólares. La multinacional logística FedEx fue la primera en iniciar esta previsible oleada de demandas, tras una sentencia que no aclaró completamente si los importes cobrados deben ser restituidos. La empresa, con sede operativa global en Memphis, presentó una querella contra el Gobierno federal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y su responsable, Rodney Scott, solicitando la devolución íntegra de las cantidades abonadas desde el año pasado. En el documento registrado ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, la compañía sostiene que sufrió perjuicios económicos al pagar esos aranceles tras importar grandes volúmenes de mercancías, perjuicio que, a su juicio, podría repararse con una sentencia favorable. Aunque FedEx no ha precisado cuánto desembolsó exactamente, se estima que el impacto de estos aranceles declarados ilegales en sus cuentas para 2026 ronda los 1.000 millones de dólares. En un comunicado previo, la empresa aseguró que estaba adoptando las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos como importador y reclamar los reembolsos correspondientes tras la decisión judicial. Se trata de la primera demanda de gran relevancia presentada después de la anulación, pero no la única iniciativa legal. Otras compañías ya se habían anticipado. Por ejemplo, el gigante minorista Costco denunció a la Administración Trump el pasado diciembre, antes del fallo definitivo, para reclamar la devolución de los aranceles pagados por sus importaciones y asegurar su derecho a un reembolso total. Asimismo, un grupo de grandes corporaciones -entre ellas Revlon, Diageo, Dole, Illumina, J. Crew y EssilorLuxottica- presentó recursos desde abril, cuando Donald Trump inició su ofensiva comercial con la imposición de aranceles a numerosos países en lo que denominó el "Día de la Liberación". Estas tasas quedaron confirmadas tras acuerdos internacionales y entraron en vigor en agosto del año pasado. En el ámbito político, tres senadores demócratas -Ron Wyden, Ed Markey y Jeanne Shaheen- exigieron que el Gobierno devuelva en un plazo de 180 días y con intereses los cerca de 175.000 millones de dólares recaudados mediante lo que califican como órdenes ilegales. A su juicio, estas medidas han perjudicado tanto a las familias como a las pequeñas empresas y a los fabricantes estadounidenses. Por ahora, y a la vista de la reacción de Trump tras la sentencia, todo apunta a que serán nuevamente los tribunales quienes determinen si las empresas afectadas recuperarán finalmente las cantidades pagadas por esos aranceles.

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(El País, 25-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los jóvenes apenas compraron una de cada 10 viviendas que se vendieron en 2025

Las tensiones en el mercado inmobiliario se intensificaron durante 2025 y esa presión se trasladó a los precios, que por primera vez superaron los niveles de 2007, cuando la burbuja alcanzó su máximo. De acuerdo con el Consejo General del Notariado, el precio de la vivienda plurifamiliar -que excluye las casas unifamiliares y permite comparaciones más precisas- aumentó un 10% el pasado año, hasta situarse en una media de 2.194 euros por metro cuadrado. Sin embargo, el mercado actual es muy distinto al de hace casi dos décadas: la construcción de obra nueva se ha desplomado, la presencia de compradores extranjeros se ha más que duplicado y los jóvenes han quedado prácticamente fuera del acceso a la vivienda. Solo el 9,6% de quienes compraron casa en 2025 tenían entre 18 y 30 años, frente al 22,5% registrado en 2007. Los notarios presentaron este martes en Barcelona su nuevo portal estadístico y ofrecieron un análisis de la situación del sector. El encarecimiento continuó hasta rebasar los valores nominales -sin descontar la inflación- de 2007. Albert Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, señaló que el principal problema está en la oferta, incapaz de responder a una demanda muy elevada. Según explicó, la escasez de vivienda nueva es un problema actual, pero podría agravarse en los próximos años si no se mejora la planificación del transporte público, la tramitación de licencias o las infraestructuras de alta velocidad. Entre 2022 y 2024 se crearon 720.000 hogares, mientras que solo se finalizaron 274.000 viviendas, lo que deja un déficit de 446.000. Durante el auge inmobiliario de los años 2000 ocurrió lo contrario: en 2006 se levantaron 658.500 viviendas frente a 431.000 nuevos hogares, y ese año los precios subieron un 9,1%. Los jóvenes figuran entre los grupos más perjudicados por la situación actual. Si en 2007 uno de cada cuatro compradores era joven, ahora apenas lo es uno de cada diez. La falta de ahorro es uno de los principales obstáculos para acceder a la propiedad. Aunque la población ha envejecido, su peso entre los compradores sigue siendo inferior al que tienen en el conjunto de la sociedad. Además, muchos jóvenes se enfrentan a dificultades para alquilar, no obtienen financiación hipotecaria completa y deben afrontar impuestos elevados como el de Transmisiones Patrimoniales. El peso de los compradores extranjeros también ha crecido notablemente: del 7,5% en 2007 a cerca del 20% en 2025. No obstante, este aumento está vinculado en gran medida al incremento de la población inmigrante, responsable de buena parte de la creación de nuevos hogares. El año pasado, el 12,5% de los compradores eran extranjeros residentes y el 7,2% no residentes. Martínez Lacambra pidió cautela a la hora de limitar estas adquisiciones, advirtiendo de que medidas mal diseñadas podrían tener consecuencias negativas. En el caso de Barcelona, la proporción de compradores extranjeros se ha multiplicado por cinco respecto a la etapa de máximos del mercado. Aun así, la mayoría de estas compras corresponden a personas que viven en la ciudad: aproximadamente una de cada cuatro adquisiciones procede de residentes extranjeros. La presencia de compradores no residentes también ha aumentado con fuerza, hasta alcanzar alrededor del 5% del total. El acto estuvo marcado por la irrupción de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reclamaron a Junts su apoyo a la moratoria de desahucios que se votará próximamente en el Congreso de los Diputados.

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(Expansión, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU aplica desde hoy un arancel del 10% pese al anuncio de Trump de subirlo el 15%

Estados Unidos comienza a aplicar desde hoy un arancel general del 10% a las importaciones, a pesar de que el presidente Donald Trump anunció recientemente su intención de elevar esa tasa al 15%, lo que ha generado incertidumbre y desconcierto sobre la dirección de su política comercial. El pasado viernes, tras la decisión del Tribunal Supremo de invalidar gran parte de su programa arancelario, Trump comunicó que impondría de forma inmediata un gravamen fijo del 10% a todos los socios comerciales mediante un marco legal distinto. Poco después, a través de su red Truth Social, aseguró que ese impuesto subiría "con efecto inmediato" hasta el 15%, una medida que consideró plenamente legal. No obstante, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó ayer a los importadores de que, en una primera fase, la tarifa será del 10% y se aplicará a todos los países durante 150 días, salvo aquellos que queden expresamente exentos. De acuerdo con la proclamación presidencial del 20 de febrero de 2026 -que establece un recargo temporal a las importaciones-, desde las 00:01 horas del 24 de febrero (hora de la costa este), cualquier mercancía que entre en Estados Unidos, sin importar su procedencia, deberá pagar un suplemento adicional del 10%, excepto si figura entre las excepciones previstas. Así, queda confirmado que el gravamen global arrancará en el 10%, mientras la Administración trabaja en una orden independiente para elevarlo al 15%, documento que aún debe firmar Trump y cuya fecha de aprobación no se ha concretado. El fallo del Tribunal Supremo, que limita la capacidad del presidente para modificar aranceles sin el visto bueno del Congreso, ha incrementado la confusión en los mercados internacionales. Por el momento, la Unión Europea ha optado por paralizar el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos hasta que exista mayor claridad sobre la estrategia arancelaria de Washington, uno de los ejes centrales del Gobierno de Trump. Otros países, como India, China o el Reino Unido, también están evaluando sus próximos pasos, ya que los acuerdos suscritos con Estados Unidos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional han quedado en entredicho después de que el Supremo determinara que Trump hizo un uso indebido de esa norma.

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