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(Expansión, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes fortunas de España revolucionan el capital riesgo al crear 900 fondos en 4 años

Desde los Puig hasta los propietarios de Mahou, pasando por apellidos como Sánchez Galán, Cortina Lapique, Arrufet o Daurella, el auge del private equity se ha convertido en un auténtico retrato del empresariado español. España cerrará 2025 con cerca de 1.500 sociedades y fondos de capital riesgo, una magnitud que sitúa al país por delante de Reino Unido, Francia o Alemania, pese a que estos cuentan con sistemas financieros más desarrollados. En los últimos cuatro años, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a unos 900 vehículos de private equity, destinados a invertir en compañías y activos no cotizados. Con ello, el número total asciende a 1.460 entidades, multiplicando por siete las existentes hace una década. Este crecimiento responde a la decisión de numerosos empresarios, familias con grandes patrimonios y altos directivos de crear sociedades (SCR) o fondos de capital riesgo (FCR) para destinar parte o la totalidad de su riqueza a mercados privados, diversificando frente a sus inversiones tradicionales en Bolsa, renta fija e inmobiliario. El perfil de los promotores de estos vehículos refleja a la élite económica y financiera del país. Entre las incorporaciones más recientes destaca la familia Gervás, accionista de Mahou, que ha lanzado el fondo Canetonin Investment junto a Kibo Ventures para invertir en tecnología. También Myriam Lapique, viuda del expresidente de Repsol Alfonso Cortina, y sus hijos inscribieron en octubre la sociedad Glastonbury Capital, gestionada por Renta 4. En los últimos años, otras familias empresarias han seguido el mismo camino, como los Puig, Daurella, Serratosa, Galíndez (Solarpack), Remacha (Opdenergy), Carulla (Agrolimen), Vivancos (Mivisa), Esteve, Argudo (Frimancha), Miguel Arrufat (Unir), Escribà (Argal), Villagrá (Pipas Facundo), Gallardo (Almirall), López Sánchez (Andamur), Alcaraz (Goldcar) o Fernando Romero (EIDF), entre otros. También existen sociedades ligadas de forma personal o familiar a altos ejecutivos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Santiago Eguidazu, al frente de Alantra; Álvaro de Remedios, presidente de Arcano; Juan Carlos Ureta, máximo responsable de Renta 4; Olaf Díaz Pintado, ex consejero delegado de Goldman Sachs en España; o Iñaki Berenguer, fundador de Life X Ventures. Estas SCR suelen constituirse con un capital inicial de 1,2 millones de euros. Este fenómeno ha abierto nuevas oportunidades de negocio para gestoras como Altamar, Arcano Capital, Renta 4, GVC Gaesco, Bankinter, Inveready, Abante Asesores o Actyus. Habitualmente, estas firmas canalizan el dinero de las SCR privadas hacia otros fondos, más que invertirlo directamente en compañías. Se trata de vehículos unipersonales o familiares que se alejan del modelo clásico del capital riesgo, basado en agrupar capital de numerosos inversores institucionales, como hacen gestoras españolas como Asterion, Qualitas Energy, Portobello, MCH, ProA Capital o Magnum. Los especialistas apuntan a dos factores clave detrás de este aluvión de SCR. Por un lado, la búsqueda de mayores retornos en los mercados privados, tradicionalmente menos volátiles que la Bolsa, aunque en los dos últimos años el Ibex ha superado al private equity. A cambio, presentan menor liquidez, ya que el capital y los beneficios pueden tardar hasta una década en repartirse. Por otro, su atractivo fiscal, dado que hasta el 99% de las plusvalías y el 95% de los dividendos pueden quedar exentos de tributación si se cumplen ciertos requisitos. Esta expansión recuerda al boom de las sicavs de los años noventa, entonces orientadas a la inversión bursátil. Tras la pérdida de sus ventajas fiscales, su número ha caído de 3.000 a menos de 500 en España. En el caso del private equity, la CNMV subraya que a cierre de 2024 el 23% de las entidades contaba con un único inversor y el 39% con menos de siete partícipes. En conjunto, el sector gestionaba 70.000 millones de euros en patrimonio comprometido, aunque solo 17 entidades concentraban el 26% del total.

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(Expansión, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La escalada de precios vivida en los últimos años parece haber echado el freno en Madrid y Barcelona

El alquiler encadena ya más de tres años y medio de incrementos continuados. En el último año, el precio medio de las rentas ha crecido un 7,4% interanual, hasta alcanzar los 14,10 euros por metro cuadrado al mes en noviembre, según Fotocasa. No obstante, se trata del aumento más moderado registrado en lo que va de año y, por primera vez en siete meses, no se supera la barrera de los dos dígitos. Este cambio de tendencia sugiere un posible punto de inflexión que también empieza a percibirse en Madrid y Barcelona, los mercados de alquiler más caros del país. En Madrid, los precios comienzan a dar señales iniciales de enfriamiento. En noviembre, el alquiler anotó la subida interanual más suave de los últimos 46 meses, con un avance del 0,5%. "Aunque durante la segunda mitad de 2025 ya se habían abandonado los crecimientos superiores al 10%, el dato de noviembre es especialmente relevante. Indica que, tras tres años de máximos históricos consecutivos, uno de los mercados más tensionados podría haber alcanzado su techo, aunque todavía no se puede hablar de una corrección general", señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Actualmente, el precio medio del alquiler en la capital se sitúa en 21,95 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza una renta mensual cercana a los 1.756 euros. En Barcelona, el comportamiento ha sido algo distinto. En noviembre, los precios subieron un 2,9% interanual, aunque la moderación comenzó antes. La ciudad dejó atrás los incrementos de doble dígito en septiembre de 2023 y desde entonces ha mantenido avances más contenidos. Aun así, sigue siendo la ciudad más cara de España para alquilar, con un precio medio de 23,48 euros por metro cuadrado, lo que eleva el alquiler de un piso de 80 metros a más de 1.878 euros al mes. "Aunque comparte niveles de precios muy elevados con Madrid, Barcelona presenta una dinámica urbana e inversora diferente, marcada por una fuerte reducción de la oferta y un parque de vivienda más limitado. Esto ha propiciado una transición más temprana hacia un escenario de mayor estabilidad. La evolución del mercado apunta a una fase de moderación sostenida, más que a un nuevo ciclo de subidas intensas", explica Matos. Para Ricardo Sousa, consejero delegado de Century 21, en ambas ciudades "más que un techo claro, lo que se producirá es una moderación condicionada por la capacidad adquisitiva. Cuando el alquiler se aleja demasiado de los ingresos disponibles, la demanda se vuelve más selectiva y se desplaza hacia zonas más asequibles". Eso sí, advierte de que "sin un aumento significativo de la oferta, es difícil pensar en descensos generalizados: habrá estabilidad en algunos segmentos y presión en otros". En Madrid, los precios del alquiler han subido en noviembre en 15 de los 21 distritos analizados en comparación interanual, aunque en ninguno se superó el 10%. Los mayores incrementos se registraron en San Blas (9,9%), Moratalaz (9,4%), Hortaleza (7,1%), Carabanchel (4,6%) y Vicálvaro (3,3%), lo que refleja que las subidas más intensas se concentran en áreas periféricas. Otros distritos también cerraron en positivo, pero con aumentos inferiores al 2%, como Ciudad Lineal (1,9%), Moncloa-Aravaca (1,9%), Latina (1,7%), Barrio de Salamanca (1,7%), Chamartín (1,4%), Villaverde (1,3%), Puente de Vallecas (1,2%), Usera (0,3%), Tetuán (0,3%) y Centro (0,2%). En este grupo se mezclan zonas dentro y fuera de la M-30. Por el contrario, seis distritos registraron descensos de precios respecto a hace un año. Barajas encabezó las caídas (-16,3%), seguido de Villa de Vallecas (-7,1%), Chamberí (-0,5%), Arganzuela (-0,4%), Retiro (-0,2%) y Fuencarral-El Pardo (-0,2%). Este comportamiento pone de manifiesto un desgaste de la demanda con mayor capacidad económica, especialmente entre jóvenes y clases medias, que ven cómo el alquiler deja de ser asumible en numerosos barrios. En términos de precio por metro cuadrado, Madrid ha abandonado los máximos históricos y se sitúa en 21,85 euros al mes, tras una bajada mensual del 1,9%. El distrito más caro es Centro (24,10 euros/m²), seguido de Chamberí (23,89), Barrio de Salamanca (23,76), Arganzuela (22,34), Tetuán (22,27), Chamartín (22,09), Moncloa-Aravaca (21,65), Retiro (21,55), Hortaleza (20,59) y Usera (20,48). Todos superan los 20 euros por metro cuadrado, destacando la presencia de barrios periféricos como Hortaleza y Usera, que han absorbido parte de la demanda expulsada del centro. En el extremo opuesto, Barajas y Villa de Vallecas son los distritos más económicos, con 16,67 euros por metro cuadrado. Les siguen Moratalaz (17,20), Fuencarral-El Pardo (18,07), Vicálvaro (18,13), San Blas (18,29), Villaverde (19,35), Carabanchel (19,42), Puente de Vallecas (19,69), Ciudad Lineal (19,89) y Latina (19,99). Estos niveles están empujando a muchos inquilinos a trasladarse a municipios del área metropolitana como Alcorcón, Leganés o Getafe, e incluso a ciudades más alejadas como Toledo o Segovia, que cuentan con buenas conexiones de transporte con Madrid. En Barcelona, el alquiler ha aumentado en todos los distritos salvo en dos durante el último año. Las rentas han retrocedido en Horta-Guinardó (-2,8%) y Sarrià-Sant Gervasi (-1,8%), mientras que en Sants-Montjuïc se han mantenido estables. En estas zonas, "los precios han alcanzado cotas muy elevadas y es posible que la demanda esté empezando a redistribuirse hacia distritos próximos, más competitivos en precios, sin perder conectividad ni calidad de vida", apunta Matos. En el resto de la ciudad, los precios han seguido al alza, aunque a un ritmo inferior al de Madrid. Cabe recordar que en Barcelona se aplican los topes de alquiler previstos en la Ley de Vivienda, a diferencia de Madrid. Así, los mayores incrementos se dieron en Les Corts (6,1%), Gràcia (5,9%), Eixample (4,9%), Sant Andreu (3,9%), Ciutat Vella (3,2%), Sant Martí (1,6%) y Nou Barris (0,8%). Barcelona mantiene el precio medio más alto de España para arrendar una vivienda, superando los 20 euros por metro cuadrado en todos sus distritos. Gràcia encabeza la lista (24,46 euros/m²), seguida de Ciutat Vella (23,93), Eixample (23,88), Sant Martí (23,79), Les Corts (22,72), Sants-Montjuïc (22,65), Sarrià-Sant Gervasi (22,34), Sant Andreu (22,04), Horta-Guinardó (20,98) y Nou Barris (20,68). Se trata de un mercado muy uniforme, donde la diferencia entre el distrito más caro y el más barato no alcanza los cuatro euros por metro cuadrado. En Madrid, en cambio, la brecha es mucho mayor, con una horquilla que va desde los 24,10 euros del Centro hasta los 16,67 de Villa de Vallecas, una distancia de 7,43 euros. Esta divergencia se explica en gran medida por el tamaño de ambas ciudades. Barcelona, limitada geográficamente entre el mar y la montaña, cuenta con unos 100 kilómetros cuadrados y distritos muy próximos entre sí. Madrid, con una extensión cercana a los 600 kilómetros cuadrados, presenta mayores distancias entre las zonas centrales y periféricas, lo que genera una oferta más heterogénea. Lo que sí se repite en la capital catalana es el desplazamiento de inquilinos desde el centro hacia la periferia. Municipios del interior como Sabadell y Martorell, así como localidades costeras como Mataró, Vilanova o Cunit, están registrando un notable aumento de la demanda de alquiler.

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(El Economista, 22-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un nuevo Reglamento limita a 18.000 euros anuales las donaciones a los partidos políticos europeos de empresas y personas físicas

Investigaciones por presunta financiación irregular, como la abierta tras las elecciones europeas contra el eurodiputado Alvise, explican la aprobación del Reglamento (UE) 2025/2445, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta norma obliga desde ahora a los partidos y fundaciones políticas europeas a reforzar la transparencia sobre el origen de sus recursos. Para ello, deberán hacer públicos, a través de la web de la Autoridad para los partidos políticos y fundaciones -un nuevo organismo independiente de la UE cuya estructura directiva no se detalla- y del Parlamento Europeo, la identidad de cualquier persona física o jurídica que realice aportaciones superiores a 3.000 euros anuales, así como el importe donado. Este procedimiento se enmarca dentro de lo que se denomina diligencia debida. El Reglamento persigue como finalidad principal evitar la dependencia de grandes financiadores y proteger la autonomía y la independencia de las organizaciones políticas. En el caso de las donaciones comprendidas entre 1.500 y 3.000 euros, solo se harán públicas si el donante autoriza expresamente su divulgación por escrito. En cambio, las aportaciones que superen los 12.000 euros deberán comunicarse de forma inmediata a la Autoridad competente. Este umbral es inferior al límite máximo anual de 18.000 euros que una persona física o jurídica puede donar. Además, la normativa prohíbe expresamente las donaciones anónimas y aquellas procedentes de poderes públicos, ya sea de Estados miembros, de terceros países o de empresas sobre las que dichos poderes públicos ejerzan una influencia dominante. Las aportaciones de los propios afiliados al partido también están sujetas a un tope individual de 18.000 euros al año, salvo en el caso de cargos electos. En cualquier caso, el conjunto de las contribuciones, incluidas las realizadas por representantes electos, no podrá superar el 40% del presupuesto anual del partido o fundación. El Reglamento (UE, Euratom) 2025/2445 incorpora un régimen sancionador amplio, disuasorio y proporcionado, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gobernanza, transparencia y respeto de los valores fundamentales de la Unión. La Autoridad es el organismo encargado de imponer estas sanciones. En el ámbito de las infracciones financieras cuantificables -aquellas en las que puede determinarse el importe irregular, como la aceptación de donaciones prohibidas o el uso indebido de fondos-, las multas podrán alcanzar hasta el 300% del importe de la irregularidad, con un límite máximo del 10% del presupuesto anual de la entidad. Entre los supuestos sancionables figuran la recepción de donaciones anónimas o procedentes de poderes públicos, así como el uso de financiación europea para fines no permitidos, como apoyar partidos nacionales, candidatos o campañas de referéndum. Para las infracciones no cuantificables, relacionadas con el incumplimiento de las normas de gobernanza y transparencia, la Autoridad podrá imponer sanciones de hasta el 20% del presupuesto anual, en función de la gravedad y de la reincidencia. En casos de fraude o actividades ilegales, estas sanciones podrán elevarse hasta el 50% del presupuesto, especialmente cuando se facilite información falsa o engañosa a la Autoridad. La norma también introduce un régimen específico contra la injerencia electoral mediante el uso indebido de datos personales. Se prevén sanciones económicas si se demuestra que un partido o fundación ha influido o intentado influir deliberadamente en elecciones al Parlamento Europeo vulnerando la normativa de protección de datos. Asimismo, se crea un Procedimiento Especial por el que la Autoridad, al tener conocimiento de una infracción en materia de datos personales en actividades políticas, deberá solicitar un dictamen al nuevo Comité de Personalidades Independientes, encargado de evaluar si existió una intención deliberada de manipulación electoral. La sanción más grave prevista es la pérdida de la personalidad jurídica europea mediante la exclusión del Registro, reservada para los incumplimientos de mayor entidad y sujeta a control democrático y legal. Entre los motivos para esta medida figuran la vulneración manifiesta y grave de los valores fundamentales de la Unión -como la democracia, el Estado de Derecho o la dignidad humana-, el incumplimiento de los requisitos esenciales de inscripción (como la representatividad transnacional o la ausencia de ánimo de lucro) y la infracción grave del Derecho nacional, a instancia motivada de un Estado miembro. Por último, el régimen sancionador contempla incentivos a la regularización: las multas podrán reducirse si la entidad reconoce voluntariamente la infracción antes del inicio de una investigación formal y adopta medidas correctoras.

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(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE congela los tipos en el 2% y mejora las previsiones de crecimiento de la zona euro

El Banco Central Europeo sigue instalado en la inacción. La institución con sede en Fráncfort decidió este jueves mantener los tipos de interés sin cambios, en el 2%, por cuarta reunión consecutiva, una señal de que se siente cómoda con el actual nivel de inflación, situado en el 2,1% en la eurozona. El contexto de crecimiento también resulta algo más favorable: las nuevas previsiones del BCE anticipan un mayor avance del PIB en los próximos años. No se perciben riesgos inmediatos de crisis ni desviaciones relevantes en los precios, aunque con Alemania y Francia aún mostrando debilidad, la economía de la zona euro -que pasará de 20 a 21 países cuando Bulgaria adopte la moneda única en enero- tampoco puede calificarse de especialmente dinámica. Al igual que en septiembre, los técnicos del BCE han revisado al alza sus estimaciones de crecimiento. Ahora prevén que el PIB de la eurozona aumente un 1,4% en 2025, frente al 1,2% calculado anteriormente, y un 1,2% en 2026, dos décimas más que en la previsión previa. Para 2027 elevan la estimación al 1,4%, desde el 1,3%, y añaden por primera vez una proyección para 2028, también del 1,4%. Las previsiones de inflación también se ajustan ligeramente. Para este año se mantiene en el 2,1%, sin cambios, mientras que para 2026 se revisa al alza hasta el 1,9%, desde el 1,7% anterior. En 2027 se conserva la estimación del 1,9% y para 2028 se anticipa un repunte hasta el 2%, justo el objetivo del banco central. Este escenario sugiere que el BCE espera varios ejercicios de estabilidad en los precios, lo que refuerza la idea de un periodo prolongado sin cambios en los tipos de interés. Con esta nueva pausa, el BCE concluye 2025 con cuatro recortes de tipos, el mismo número que en 2024. Si el año pasado el precio del dinero bajó del 4% al 3%, en este ejercicio ha pasado del 3% al 2%. Salvo un shock inesperado que empuje a la economía europea a la recesión, no parece probable que en 2026 se repita una secuencia similar. La mayoría de analistas considera que el ciclo de bajadas ha llegado a su fin, o que, como mucho, podría producirse un último ajuste adicional. Ese eventual recorte solo se contemplaría si se intensifica la caída de los precios energéticos -con el petróleo y el gas natural en niveles bajos- y si el euro continúa apreciándose frente al dólar, dos factores que podrían dar algo más de margen al BCE. No obstante, el consenso para seguir reduciendo tipos parece distante dentro del Consejo de Gobierno. Algunas voces más restrictivas, como la de la alemana Isabel Schnabel, han insinuado incluso que el próximo movimiento podría ser al alza. Entre los argumentos que esgrimen figuran una mayor fragmentación del comercio internacional, el incremento del gasto público en países como Alemania, que ha anunciado un ambicioso plan de inversión en infraestructuras y defensa, y el envejecimiento de la población, que reduce la fuerza laboral y presiona al alza salarios y precios. El debate está abierto, pero de momento prevalece la cautela. En cualquier caso, las previsiones económicas suelen quedar pronto superadas por los acontecimientos. Hace apenas tres meses, el gobernador del Banco de Lituania, Gediminas Simkus, bromeaba con la posibilidad de recortes inminentes al decir que no le sorprendería que Papá Noel llegara con tijeras. Finalmente, parece que en su saco solo habrá una tienda de campaña: la pausa monetaria podría alargarse.

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(Cinco Días, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE emitirá 90.000 millones en deuda para salvar financieramente a Ucrania

La reunión europea más trascendental de los últimos años concluyó de madrugada con un acuerdo político relevante en apoyo a Ucrania y con un nuevo aplazamiento del pacto comercial con Mercosur. Tras más de 16 horas de negociaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Bruselas, decidieron emitir eurobonos por valor de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Kiev. Sin esos recursos -que Ucrania solo tendría que devolver a sus socios europeos si Rusia acaba pagando por los daños causados por su guerra- el país invadido corría el riesgo de quedarse sin fondos en marzo del próximo año. La medida se concibe como una solución inmediata para atender la urgencia del momento. A más largo plazo, los líderes europeos se comprometen a seguir analizando la posibilidad de un "préstamo de reconstrucción" respaldado por los activos rusos congelados en la UE. Sin embargo, la oposición de Bélgica -país que custodia la mayor parte de esas reservas- y las reticencias del resto de socios a concederle las garantías necesarias para mutualizar el riesgo frustraron esa opción. De esta cumbre salen claramente debilitados el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El equilibrio político en Europa está cambiando, y los gobiernos nacionalpopulistas han impuesto sus posiciones. Alemania defendía utilizar los activos rusos como instrumento para garantizar la financiación de Ucrania, frente a la oposición de la Hungría de Viktor Orbán y de la Bélgica gobernada por el nacionalista flamenco Bart de Wever. Berlín también aspiraba a cerrar el acuerdo comercial con América Latina. Finalmente, el pacto con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se aplaza hasta enero, y será el contribuyente europeo -y no los activos rusos- quien respalde el esfuerzo bélico ucraniano. Hace años, la excanciller Angela Merkel afirmó que no habría eurobonos "mientras ella viviera". En los últimos días, Merz había insistido en que el objetivo era recurrir a los activos rusos y evitar la deuda común. No obstante, la UE recurre a los eurobonos por segunda vez en menos de cinco años, tras la experiencia de la pandemia. Ahora lo hace ante el riesgo existencial que supondría la quiebra de Ucrania y su posible derrota frente a la Rusia de Vladímir Putin. La cumbre, celebrada durante todo el jueves, estuvo marcada por la incertidumbre. Con Bruselas bloqueada por las protestas de los agricultores, Francia y Polonia se oponían al acuerdo con Mercosur, aunque fue finalmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien presionó para retrasarlo hasta enero. Meloni habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le reiteró su apoyo al pacto, pero pidió unas semanas -como máximo un mes- para contener las presiones internas. "Después de casi 26 años de negociaciones, un retraso de tres semanas es asumible", defendió Von der Leyen, responsable de la política comercial de la UE. El eje central de la reunión, sin embargo, fue Ucrania. Kiev obtendrá la financiación necesaria, aunque sin el fuerte simbolismo que se buscaba: que Rusia asumiera directamente el coste de los daños causados. La UE no logró activar los activos del Banco Central ruso congelados por las sanciones. En su lugar, los Estados miembros recurrirán a los mercados financieros para captar 90.000 millones de euros, respaldados por el margen presupuestario comunitario, con el fin de sostener a Ucrania durante los próximos dos años. Además, algunos países considerados cercanos a Moscú quedarán al margen del esquema financiero. El acuerdo establece que la República Checa, Hungría y Eslovaquia no asumirán obligaciones financieras en este plan. Ucrania evita así la bancarrota y asegura los fondos necesarios. No obstante, la última cumbre del año -tras meses especialmente duros para la UE y en un contexto internacional marcado por el regreso de Donald Trump y una relación distinta con Estados Unidos- deja un regusto amargo. El objetivo mayoritario era crear un mecanismo simbólico de apoyo utilizando las reservas rusas congeladas. Aunque se insiste en que se seguirá trabajando en esa dirección, no se ha alcanzado. "Hemos cumplido el compromiso de financiar a Ucrania durante los próximos dos años con 90.000 millones de euros y hemos acordado que solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños de la guerra. Además, mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que eso ocurra", afirmó de madrugada el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto a Ursula von der Leyen. Ambos hablaron de deber cumplido. En la misma línea se expresó Merz: "Creo que es una solución pragmática y eficaz, con el mismo efecto que la que debatimos durante tanto tiempo -la movilización de los activos rusos-, pero que era claramente demasiado compleja", concluyó tras la maratoniana reunión.

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(El Economista, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Un juez se salta al Supremo y anula una hipoteca con IRPH por encarecer el crédito

Un juzgado ha decidido apartarse del criterio del Tribunal Supremo (TS) y ha declarado nulo el índice IRPH en un préstamo hipotecario por considerar que el banco no informó adecuadamente al cliente y que la cláusula le generó un desequilibrio económico, al obligarle a pagar más de lo que habría abonado si el préstamo hubiera estado referenciado al euríbor. La resolución, fechada el pasado 10 de diciembre, condena a la entidad financiera a reintegrar todos los intereses cobrados hasta ahora y establece que el prestatario solo deberá devolver el capital inicialmente prestado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Coloma de Farners (Girona) sostiene que la interpretación del Supremo sobre el control de transparencia del IRPH resulta "restrictiva". Por ello, afirma que debe prevalecer la interpretación "vinculante" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige una transparencia material efectiva y un verdadero control de abusividad, y no únicamente formal, especialmente cuando la cláusula introduce un sistema de fijación del precio más complejo y potencialmente más oneroso que otros índices disponibles en el mercado. Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en dos sentencias dictadas el 11 de noviembre, descartó la anulación generalizada del IRPH al entender que, por norma general, las entidades no estaban obligadas a explicar en detalle su configuración o evolución, siempre que informaran al cliente de que esos datos se publicaban periódicamente en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de las hipotecas firmadas bajo la normativa de 1994, el Alto Tribunal consideró suficiente que las entidades hicieran referencia a la circular del Banco de España que recomendaba aplicar un diferencial negativo, dado que el IRPH podía situarse por encima de los tipos medios del mercado. El juzgado gerundense, aplicando los criterios del TJUE, concluye sin embargo que una mención genérica a la consulta de datos en el BOE o en la web del Banco de España no va acompañada de explicaciones concretas que permitan al consumidor localizar, comprender y valorar la información relevante. La sentencia subraya que el banco no proporcionó al cliente los elementos necesarios para entender el impacto económico real de vincular su hipoteca al IRPH. En particular, no se le explicó que este índice se calcula a partir de la Tasa Anual Equivalente (TAE) media del mercado, que incluye no solo los intereses, sino también comisiones y gastos. Tampoco se le facilitó la definición ni el método de cálculo del IRPH, ni se le informó de la conveniencia de aplicar un diferencial negativo para abaratar el coste del préstamo. Además, el juzgado considera abusiva la cláusula al entender que, al desconocer el consumidor las implicaciones de este índice, terminó asumiendo un coste financiero mayor del que habría soportado si su hipoteca se hubiera referenciado al euríbor. Desde Unive Abogados, el despacho que ha llevado la defensa del cliente, destacan que esta sentencia refuerza la línea de resoluciones que aplican directamente la doctrina del TJUE, incluso después de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo. "El fallo deja claro que invocar la jurisprudencia del Supremo no supone rebajar el estándar europeo: cuando no existe una transparencia real, la cláusula debe declararse nula y la entidad financiera está obligada a devolver cantidades que, en préstamos hipotecarios elevados, pueden ascender a decenas de miles de euros", concluyen.

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(El País, 19-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña aprueba la regulación del alquiler de temporada y habitaciones

Jornada clave este jueves en el Parlament de Cataluña. En pleno agravamiento de la crisis habitacional -que ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema para la ciudadanía según los sondeos oficiales-, la Cámara catalana ha aprobado la regulación de los alquileres de temporada y del alquiler por habitaciones. Estas dos modalidades se habían extendido con fuerza en las grandes ciudades y habían tensionado aún más el mercado, al convertirse en una vía habitual para sortear los límites de precios establecidos por la ley estatal de vivienda. Una vez más, Cataluña actúa como banco de pruebas en materia de regulación, impulsada inicialmente por entidades defensoras del derecho a la vivienda y movimientos vecinales. La norma aprobada, denominada Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, introduce cambios en la legislación catalana de urbanismo y vivienda. Tras una larga sesión parlamentaria con decenas de enmiendas, salió adelante con el respaldo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts apoyó la mayor parte del texto, aunque rechazó la regulación específica de los alquileres de temporada. El PP anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias autonómicas y supone "una expropiación encubierta de la propiedad privada". Vox y Aliança Catalana también votaron en contra. La nueva ley incluye asimismo la prórroga de la calificación de las viviendas de protección oficial (VPO) situadas en municipios declarados como mercado tenso, con el objetivo de frenar la pérdida masiva de vivienda protegida. Solo en Barcelona, cerca de 40.000 pisos perderían esa condición antes de 2030 si no se actuara. Además, se faculta a los ayuntamientos para establecer en sus planes urbanísticos la prioridad del uso residencial dentro de su parque de vivienda. En esencia, la regulación equipara el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones al arrendamiento residencial habitual: ambos quedarán sujetos a los límites de precio fijados por el índice oficial. En el caso de los pisos compartidos, la suma de los precios de todas las habitaciones no podrá superar el máximo permitido. En ciudades como Barcelona, el coste de alquilar una habitación ya alcanza niveles similares al de un piso completo. Los contratos deberán especificar la causa de la estancia temporal -por motivos laborales o de estudios- y el domicilio habitual del inquilino. La ley diferencia, además, entre el alquiler de temporada con finalidad residencial y el alquiler turístico o recreativo, que queda excluido de la regulación de precios. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, defendió la norma alineándose con el planteamiento del Govern de Salvador Illa: la necesidad de intervenir cuando el mercado desvirtúa la cohesión social. "Esta ley pretende que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia", afirmó, advirtiendo de que no actuar conduce a ciudades más inseguras y menos cohesionadas. Desde ERC, la diputada y exconsejera Ester Capella sostuvo que "el mercado tiene un límite, que es el bien común". Susana Segovia, de Comuns, agradeció el papel del Sindicato de Inquilinas y de la PAH por su movilización constante, mientras que Laure Vega, de la CUP, alertó del riesgo de que crisis como la de la vivienda alimenten el crecimiento de la ultraderecha. La regulación del alquiler de corta duración con precios limitados era una reivindicación histórica de los sindicatos de inquilinas, que ya la reclamaban durante la tramitación de la ley estatal de vivienda entre 2022 y 2023. Entonces advertían de que, sin este control, muchos propietarios trasladarían sus viviendas al alquiler de temporada para esquivar los topes. En la legislatura pasada, una iniciativa similar estuvo a punto de aprobarse por decreto, poco antes de las elecciones de primavera de 2024, impulsada por el Govern de ERC junto a Comuns. Sin embargo, Junts y PSC reclamaron más tiempo y mayor "seguridad jurídica". El fuerte aumento de este tipo de contratos -que ya representan el 26% de los firmados en Barcelona, según datos oficiales, y probablemente más si se cuentan los no registrados- ha llevado finalmente a los socialistas a respaldar la medida. El Sindicato de Inquilinas celebró la aprobación y pidió inspecciones y sanciones para garantizar su cumplimiento, además de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a nivel estatal para reforzar este enfoque. La ley aprobada tiene su origen en el decreto 2/2025, elaborado por el Govern de Salvador Illa para modificar la normativa administrativa, urbanística y de vivienda con el fin de acelerar la ampliación del parque público, dentro del objetivo de sumar 50.000 viviendas sociales hasta 2030. El texto, que ha pasado en dos ocasiones por el Consejo de Garantías Estatutarias, incorpora cambios relacionados con obra pública, procedimientos administrativos, VPO y planificación urbanística. Más allá de la regulación del alquiler de temporada y de la extensión de la protección de la VPO en zonas tensionadas, la ley refuerza la financiación del Incasòl para promover vivienda social, incrementa los porcentajes de reserva obligatoria de vivienda pública en nuevos desarrollos urbanos y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto. También crea un registro de grandes tenedores y de viviendas vacías, y establece sanciones para quienes no inscriban sus propiedades.

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(La Vanguardia, 18-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña sigue tras Madrid en competitividad pese a mejorar en innovación e instituciones

Cataluña está reforzando su posición competitiva, especialmente en ámbitos como la innovación y la calidad de su marco institucional, aunque continúa por detrás de la Comunidad de Madrid, que lidera el ranking nacional y sobresale principalmente por el nivel de sus infraestructuras y la solidez de su estructura institucional. Estas conclusiones se recogen en el Informe de la Competitividad Regional en España 2025, presentado este miércoles en Madrid por el Consejo General de Economistas. El estudio analiza 53 indicadores distintos que se integran en el Índice de Competitividad Regional (Icreg), con el que se clasifican de mayor a menor las 17 comunidades autónomas. En la edición correspondiente a 2024 apenas se registran cambios relevantes en los primeros puestos. Madrid conserva el liderazgo, Navarra asciende a la segunda posición desplazando a Euskadi, que pasa a ocupar el tercer lugar, y Cataluña mantiene la cuarta plaza. Además de la clasificación general, el informe examina la evolución de cada territorio y señala en qué variables se producen avances o retrocesos en comparación con el resto de comunidades, lo que explica el interés que suscita el índice, según destacan sus responsables. En términos generales, España ha incrementado su competitividad un 2% y se observa una mayor convergencia entre territorios respecto a años anteriores. "La competitividad va más allá del PIB e incluye factores como el capital humano, la tecnología o las infraestructuras", subraya Patricio Rosas, coordinador del informe. De las siete dimensiones analizadas, Cataluña presenta un comportamiento superior a la media nacional en tres: capital humano, entorno institucional e innovación. Solo registra un retroceso en eficiencia empresarial, mientras que en el resto de variables evoluciona en línea con el promedio. En el caso de Madrid, la mejora más destacada se produce en innovación. Al comparar ambas comunidades, las diferencias más significativas aparecen en infraestructuras y entorno institucional. Madrid ocupa el primer puesto a nivel nacional en infraestructuras, frente a la quinta posición de Cataluña. En lo que respecta al entorno institucional, Madrid se sitúa en segundo lugar, solo por detrás de Navarra, mientras que Cataluña, pese a mejorar en 2024, se encuentra en la décima posición. Este es el factor que más distancia genera entre los dos principales motores económicos del país. El análisis territorial se enmarca en un ejercicio caracterizado en España por "un contexto económico lleno de incertidumbres", pero también por un año de "crecimiento claramente positivo, sustentado principalmente en la demanda interna", según ha señalado Rosas.

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(El Economista, 17-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo avisa que la banca devolverá el dinero por los fraudes desde este octubre

El Tribunal Supremo (TS) ha alertado de que las entidades financieras deberán asumir la responsabilidad por los fraudes derivados de la suplantación de identidad y reintegrar el dinero a los clientes cuando no comprueben que el número de cuenta (IBAN) coincide realmente con el del destinatario legítimo de la transferencia. En una sentencia fechada el 27 de noviembre, el alto tribunal mantiene su doctrina previa, según la cual los bancos no están obligados a devolver los importes cuando el propio cliente facilita un IBAN incorrecto. No obstante, advierte de que el marco normativo cambió a partir del 9 de octubre de 2025. En consecuencia, las entidades no responderán por las operaciones realizadas antes de esa fecha, pero a partir de entonces deberá analizarse si cumplieron con la nueva exigencia de verificar la correspondencia entre el número de cuenta y el beneficiario. En caso contrario, tendrán que hacerse cargo del perjuicio económico sufrido por el afectado. La resolución del Supremo se produce a raíz de un conflicto en el que una empresa recibió un correo electrónico fraudulento que simulaba proceder de uno de sus proveedores y en el que se informaba de un supuesto cambio de cuenta bancaria. La compañía ordenó varias transferencias al nuevo IBAN indicado en el mensaje falso, y los fondos acabaron en manos de un tercero. Dado que las transferencias se realizaron el 18 de octubre de 2019, el tribunal aplica la normativa vigente en ese momento, el Real Decreto-ley de 2018 sobre servicios de pago. Esa regulación establecía que una transferencia se considera correctamente ejecutada cuando se dirige al número de cuenta facilitado por el ordenante, sin exigir a la entidad comprobar que dicho IBAN correspondiera efectivamente al beneficiario real. Aun así, una vez detectado el fraude, los bancos debían actuar con diligencia para intentar recuperar el dinero y, si el cliente lo solicitaba por escrito, proporcionarle la información necesaria para emprender acciones legales. El Supremo recuerda que, hasta ahora, su criterio ha sido eximir de responsabilidad a las entidades cuando el error en el IBAN procedía del usuario. Sin embargo, subraya que en marzo de 2024 la Unión Europea modificó el Reglamento de servicios de pago, introduciendo la obligación, desde el 9 de octubre de 2025, de verificar la identidad del beneficiario al que se dirige la transferencia. Con ello, el tribunal anticipa un cambio de enfoque en los casos de fraude que se produzcan a partir de esa fecha. Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, señala que hasta el momento los bancos se amparaban en el Real Decreto-ley de 2018, cuyo artículo 59 indica que una orden de pago está correctamente ejecutada si se ajusta al identificador único (IBAN), aunque el nombre del beneficiario no coincida. Según explica, en las audiencias provinciales existía disparidad de criterios, ya que algunas consideraban que las entidades debían observar un deber adicional de diligencia. Sin embargo, el Supremo zanjó el debate en su sentencia de 1 de abril de 2025, al establecer que el banco no respondía si había actuado conforme al IBAN facilitado. "En esta nueva resolución, el tribunal mantiene esa posición, pero deja claro que desde el 9 de octubre el escenario cambia y que, a partir de entonces, las entidades deberán asumir la responsabilidad, estén o no preparadas para ello", añade Navas. El despacho estima que el impacto económico del phishing o suplantación de identidad alcanzará los 170 millones de euros en 2025, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y del Banco de España. El INCIBE prevé alrededor de 30.000 casos de este tipo de fraude durante el año, impulsados por el aumento de los ataques a través del móvil y el uso creciente de la inteligencia artificial.

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(Cinco Días, 16-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas recomienda menos burocracia en las licencias de vivienda para poner en el mercado 650.000 pisos más al año

La escasez de vivienda a precios asequibles se ha convertido en un problema urgente en toda la Unión Europea. Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, Europa necesitará incorporar cada año unas 650.000 viviendas adicionales a las 1,6 millones que ya se construyen actualmente para poder cubrir las necesidades de la población. Para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, Bruselas considera imprescindible aumentar la construcción de viviendas, haciéndolo además de forma más eficiente y sostenible. Para lograrlo, resulta clave reducir los costes de producción y agilizar la concesión de licencias. En este contexto, la Comisión Europea presentará este martes una nueva estrategia destinada a impulsar la edificación de viviendas. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea una serie de recomendaciones para que los Estados miembros desarrollen programas que rebajen los costes y simplifiquen los trámites y permisos -incluidos los medioambientales- que hoy en día ralentizan las obras y rehabilitaciones. En 2024, la vivienda representó el 5,3% del PIB de la UE, lo que explica que el acceso a un hogar asequible sea un asunto especialmente sensible y polarizador en muchos países. No obstante, la propia estrategia reconoce que el margen de actuación de la Comisión es limitado. Las competencias en materia de vivienda recaen en los Estados miembros y, en numerosos casos, en autoridades regionales o locales -como sucede en España o Alemania-. Además, en algunos países con una gestión más centralizada, como Francia, existe reticencia a que la UE intervenga en este ámbito. La Comisión presidida por Ursula von der Leyen aborda este desafío como parte del acuerdo de investidura con los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, y tras el impulso de países como España y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. Fruto de ese pacto, por primera vez se creó la figura de un comisario europeo de Vivienda -cargo que ocupa el danés Dan Jørgensen, también responsable de Energía-. Dentro de sus limitadas competencias, Bruselas se comprometió a lanzar un conjunto de medidas bajo el llamado "paquete de vivienda asequible". La estrategia que debatirá el colegio de comisarios se sumará a otras iniciativas ya en marcha, como las relativas a la vivienda turística o la limitación de los alquileres de corta duración, y se prevén también ajustes en las normas de ayudas de Estado para incentivar la construcción de vivienda protegida. "El reto principal es reducir los costes para todos los agentes del sector de la construcción", señala el borrador del documento, que apuesta por una simplificación profunda de los procesos, apoyada en una mayor digitalización de toda la cadena de valor y en una menor carga administrativa. La estrategia propone avanzar hacia una mayor armonización normativa en la UE, especialmente mediante la estandarización, con el objetivo de reducir los costes derivados del cumplimiento de las reglas. Uno de los puntos clave es acortar los plazos de concesión de licencias, que en algunos países pueden alargarse hasta siete años, según fuentes comunitarias. Bruselas atribuye la crisis de la vivienda a múltiples factores, entre ellos algunos vinculados al propio sector de la construcción, una visión que no está exenta de controversia, ya que cada vez más voces reclaman priorizar el uso eficiente del parque existente y reforzar la vivienda social. Cambios en la demanda, una oferta insuficiente, el encarecimiento de los costes de edificación y las persistentes brechas de productividad han contribuido a la escasez de viviendas, apunta la Comisión. En aproximadamente un tercio de las regiones europeas, la construcción no ha sido capaz de responder al crecimiento demográfico. Todo ello se ha reflejado en una fuerte subida de los precios. Desde 2013, el coste de la vivienda ha aumentado en términos nominales más de un 60% en el conjunto de la UE, a un ritmo superior al de los ingresos, con consecuencias directas para la cohesión social y la movilidad laboral. En España, el incremento ha sido del 72%, frente al 26,6% de Francia, el 13,3% de Italia o el 51,3% de Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre, antes de una cumbre en la que, por primera vez, la vivienda ocupó un lugar central en la agenda. El asunto volverá a abordarse en la próxima reunión de líderes europeos en Bruselas. La estrategia identifica varias "palancas" para mejorar la competitividad del sector de la construcción. Entre ellas, destaca que reducir la burocracia y acelerar los permisos permitiría adelantar la entrega de proyectos tanto públicos como privados. En este sentido, menciona la futura Ley de Racionalización y Aceleración de las Evaluaciones Ambientales, que podría simplificar los estudios exigidos para obras y reformas y evitar duplicidades, especialmente en pequeñas modificaciones o ampliaciones, así como en la planificación y construcción de viviendas residenciales, sociales o asequibles y de las infraestructuras vinculadas a ellas. De hecho, la Comisión anima a los Estados miembros a aprovechar al máximo este marco normativo para agilizar la planificación urbanística, la zonificación y la tramitación de permisos para promociones de vivienda y equipamientos asociados. El Ejecutivo comunitario subraya también que el sector de la construcción puede actuar como un elemento clave para facilitar viviendas asequibles, sostenibles y de calidad. Mejorar la productividad, la capacidad y la competitividad del conjunto del sector permitiría aumentar la oferta de vivienda y avanzar hacia los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión. Sin embargo, reconoce que el rendimiento actual está por debajo de su potencial y que, desde 2019, la construcción es el sector industrial que más ha visto caer su productividad. En este contexto, Bruselas destaca el potencial de la construcción modular y prefabricada para incrementar rápidamente la oferta de viviendas. Al trasladar gran parte del proceso a fábricas controladas, se reducen errores, se acelera la producción y se acortan los plazos de ejecución. Estas soluciones resultan especialmente atractivas para la vivienda social y asequible, donde la rapidez, la calidad y el coste son determinantes. Además, los módulos suelen ser desmontables y reutilizables, lo que favorece la economía circular y el uso eficiente de los recursos. No obstante, la Comisión advierte de que la elevada inversión inicial necesaria para este tipo de instalaciones, junto con la incertidumbre de la demanda y la limitada cobertura de los seguros, frena su desarrollo. Para alcanzar su pleno potencial -estimado en un crecimiento anual del 4,5% en el ámbito residencial-, será necesario eliminar las barreras que todavía pesan sobre la construcción industrializada.

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