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(Cinco Días, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno obligará a las comercializadoras de luz con 200.000 clientes a ofrecer tarifas con precios variables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que desarrolla el nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. La norma introduce cambios relevantes en el funcionamiento del mercado y, entre otras medidas, prohíbe a las comercializadoras realizar llamadas comerciales y formalizar contratos por vía telefónica. Además, contempla sanciones que oscilan entre 600.001 euros y seis millones de euros para las compañías que vulneren estas disposiciones. El texto también establece que las empresas perderán su habilitación como comercializadoras si, una vez inscritas en la actividad, no adquieren energía durante un periodo de seis meses. Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las compañías con más de 200.000 clientes deberán ofrecer tarifas con precios dinámicos, con el fin de ampliar las opciones disponibles para los consumidores. Entre otras obligaciones, el reglamento exige a las comercializadoras adquirir mensualmente energía equivalente al 100% del consumo estimado de su cartera de clientes y constituir las garantías económicas correspondientes. Asimismo, se impide que, ante una posible inhabilitación, una empresa transfiera sus clientes a otras sociedades vinculadas. La norma regula también la figura del agregador independiente, definiendo sus derechos, deberes y requisitos de actuación, en términos similares a los de las comercializadoras. Estos operadores podrán agrupar consumos o energía generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para venderla o adquirirla en los mercados eléctricos, especialmente en los de ajuste, prestando servicios de gestión de la demanda. Los consumidores tendrán la posibilidad de contratar libremente a un agregador para optimizar su consumo eléctrico y, potencialmente, reducir su factura u obtener otras compensaciones, sin necesidad de renunciar a su contrato de suministro con una comercializadora. Red Eléctrica dispondrá de un plazo de dos meses para elaborar el procedimiento operativo del modelo de agregación, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contará con tres meses para adaptar los sistemas de intercambio de información que permitirán a estos agentes participar en los distintos mercados. Una vez que el Ministerio publique la orden ministerial que concrete el modelo, se aplicará un sistema centralizado con ajustes de programa y mecanismos de compensación. Red Eléctrica se encargará de corregir las desviaciones en la programación de generación derivadas de la actividad de los agregadores y, junto con el Operador del Mercado Ibérico de Energía, actuará como entidad de compensación en las liquidaciones entre comercializadoras y agregadores. Por último, el real decreto actualiza el Sistema de Información de Puntos de Suministro, incorporando como función del operador del sistema la de actuar como punto único de acceso a los datos de los clientes finales, siempre bajo criterios de confidencialidad. El desarrollo concreto de este centro de datos se establecerá mediante una orden ministerial. Los usuarios podrán consultar gratuitamente su información en cualquier momento y tendrán la opción de impedir que su distribuidora comparta sus datos con otras comercializadoras o agregadores distintos del que tengan contratado. Las empresas que accedan a esta información deberán adherirse a un código de conducta alineado con las directrices de la CNMC y garantizar la protección de los datos.

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(Expansión, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE asegura que puede proteger la economía de una guerra arancelaria

Las compañías más expuestas a los aranceles comerciales son también las que reaccionan con mayor intensidad a las variaciones en los tipos de interés oficiales, lo que podría servir para amortiguar los efectos de una escalada proteccionista. El Banco Central Europeo considera que dispone de margen de actuación. Tras casi dos décadas enfrentándose a distintas crisis en la eurozona, la institución entiende que aún cuenta con herramientas suficientes para proteger la economía ante una eventual guerra arancelaria. Así lo recoge un informe difundido en su página web y elaborado por varios economistas de la entidad. En él sostienen que la política monetaria puede contribuir a compensar las presiones desinflacionarias y a sostener la actividad en un contexto de tensiones comerciales como el que se produjo en abril del año pasado a raíz de las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que podría repetirse dada su volatilidad. Según el análisis, los aranceles aplicados por terceros países a las importaciones tienden a moderar la inflación en la zona euro y a frenar el crecimiento económico. Este entorno de menor dinamismo facilita la actuación del banco central, que puede recurrir a estímulos si el avance del PIB y de los precios pierde fuerza. Además, el BCE destaca que una modificación del coste del dinero en un escenario de confrontación comercial tendría un efecto especialmente relevante. Los sectores más afectados por los aranceles -como maquinaria, automoción, farmacéutico, químico o equipamiento eléctrico- figuran también entre los más sensibles a los cambios en los tipos de interés. Los expertos subrayan que esta relación se observa en torno al 60% de los sectores analizados, que representan aproximadamente la mitad de la producción industrial media de la zona euro y de las exportaciones de bienes a Estados Unidos. En junio del pasado año, la institución con sede en Fráncfort redujo los tipos del 2,25% al 2%, en un movimiento interpretado como preventivo ante las amenazas arancelarias de Washington. La decisión buscaba tranquilizar a los mercados frente a posibles obstáculos en la mayor relación comercial del mundo, que mueve cerca de dos billones de euros anuales en bienes y servicios. En el momento de mayor tensión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió de que unos aranceles del 25% podrían restar tres décimas al crecimiento del PIB, aunque el deterioro de la confianza podría amplificar ese impacto. El banco central no profundizó entonces en los recortes, en parte porque Estados Unidos decretó poco después una pausa en la aplicación de los aranceles y porque persistían dudas sobre la evolución de la inflación. Algunos responsables monetarios advertían de que las barreras comerciales también podían generar presiones alcistas sobre los precios si se interrumpían las cadenas de suministro, lo que limitaría la capacidad de actuación del BCE por su mandato de estabilidad de precios. Ahora, sin embargo, los economistas de la entidad apuntan que, tras un shock comercial, los precios tienden a moderarse a medio plazo. En el escenario más adverso, aproximadamente un año y medio después de una caída del 1% en las exportaciones de la zona euro a Estados Unidos provocada por aranceles, el nivel de precios sería alrededor de un 0,1% inferior. En este contexto, recalcan que la política monetaria sigue siendo una herramienta eficaz para contrarrestar la desinflación asociada a mayores barreras comerciales y suavizar su impacto sobre la actividad. Aunque el BCE sigue atento a los riesgos geopolíticos, por ahora no prevé modificar los tipos de interés. Solo ante una nueva ofensiva arancelaria reconsideraría su postura.

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(El País, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba un mecanismo legal para limitar los precios del transporte en emergencias como la de Adamuz

El grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y la interrupción posterior de la línea de alta velocidad provocaron una fuerte subida de los precios en los medios de transporte alternativos, especialmente en los vuelos, lo que generó malestar entre los consumidores. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Consumo ha impulsado un real decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que permitirá al Gobierno fijar límites a los precios de viajes, servicios o productos cuando se produzca una situación de emergencia que altere de forma extraordinaria la oferta y la demanda. Si el Congreso valida la norma, será el propio Consejo de Ministros quien pueda establecer esos topes cuando lo estime oportuno. El decreto faculta al Ejecutivo a fijar un precio máximo para billetes y otros productos en caso de declaración de emergencia. Como regla general, el importe no podrá superar el precio más alto aplicado en los 30 días naturales anteriores al inicio de la situación excepcional. Así, si un trayecto concreto tenía como máximo un coste de 300 euros en el último mes, no podría rebasar esa cifra pese al aumento repentino de la demanda. Además, la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios introduce un segundo mecanismo de control. Si el precio máximo registrado en ese mes previo supera en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, el límite se fijará tomando como referencia esa media incrementada en un 50%. Por ejemplo, si el precio medio fue de 200 euros, aunque se haya alcanzado un pico de 1.000 euros, el tope quedaría establecido en 300 euros. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la medida busca reforzar la protección de los consumidores frente a posibles prácticas abusivas en contextos de emergencia, como las denunciadas tras la dana de Valencia, los incendios de 2025 o el siniestro ferroviario de Córdoba. El texto prevé que los límites puedan aplicarse no solo en situaciones declaradas formalmente como emergencia de protección civil, sino también en otros supuestos que determine el Consejo de Ministros, único órgano competente para activar la medida. Esto incluye casos como accidentes, emergencias técnicas, situaciones de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales. Cuando se active el mecanismo, el Gobierno deberá concretar la fecha de inicio y finalización de la medida, los servicios o productos afectados y la referencia utilizada para fijar el límite. También podrá obligar a las empresas a informar a los consumidores sobre el precio medio y el máximo aplicado al menos durante el mes anterior. La limitación se mantendrá mientras persistan las condiciones anómalas de demanda vinculadas directamente a la emergencia. No obstante, se permitirán subidas de precios cuando estén justificadas por un incremento verificable de costes o cuando resulten necesarias para ampliar la oferta y paliar la escasez, siempre que ello no implique un aumento de los márgenes empresariales. En el caso de productos o servicios con fuerte componente estacional, podrá tomarse como referencia el precio del mismo periodo del año anterior, actualizado conforme al IPC. Aunque la norma aún debe ser convalidada por el Congreso, fuentes del Ejecutivo confían en que salga adelante, recordando que el Partido Popular había reclamado recientemente medidas para proteger a los consumidores y evitar incrementos abusivos tras el accidente de Adamuz. De hecho, esta formación solicitó explicaciones al Ministerio de Consumo sobre las actuaciones previstas para frenar las subidas en los trayectos entre Madrid y Andalucía. La iniciativa se suma a otra aprobada tras la dana de Valencia, que impide a las empresas que aplican precios dinámicos mediante sistemas automatizados elevar sus tarifas en situaciones de emergencia o catástrofe. En aquel caso, el objetivo era frenar los incrementos registrados en servicios como VTC o alojamientos contratados por internet ante el aumento repentino de la demanda. Desde el ámbito empresarial, la patronal catalana Fomento del Trabajo ha criticado la medida al considerar que parte de la premisa de que las compañías actuarán de mala fe en contextos de crisis. Además, sostiene que el Gobierno abre la puerta a una intervención discrecional del mercado basada en conceptos como urgencia o riesgo, que, a su juicio, podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias.

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(El Periódico, 11-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Ofensiva del Gobierno para frenar la gestión privada de la sanidad pública

El Consejo de Ministros ha dado su aprobación al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa que limitará de forma muy estricta la gestión privada de hospitales y centros sanitarios de titularidad pública. El Gobierno ha situado ahora el foco en la Sanidad con una propuesta legislativa destinada a frenar la participación del sector privado en la gestión de la red pública. La norma pretende dejar sin efecto la regulación aprobada en 1997, durante el mandato de José María Aznar, que abrió la puerta a la entrada de empresas privadas en la administración de hospitales públicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la medida como una respuesta a una demanda social sostenida durante años y aseguró que servirá para proteger el sistema nacional de salud frente a dinámicas especulativas y privatizadoras. Según explicó, la futura ley reducirá la colaboración privada a situaciones muy concretas y excepcionales. En esos casos, deberán cumplirse tres requisitos: acreditar que la gestión directa pública no es viable, garantizar la sostenibilidad económica y la eficiencia del proyecto, y asegurar que la prestación bajo gestión privada respeta estándares de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad. El texto también modifica el artículo 67 de la Ley General de Sanidad de 1986 e introduce cambios en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en los procesos de adjudicación. La ministra sostuvo que la iniciativa no cuestiona fórmulas de colaboración que puedan resultar positivas, sino aquellas que, a su juicio, han desviado recursos públicos hacia intereses empresariales. Si finalmente supera su tramitación parlamentaria -algo que no se prevé sencillo-, la norma supondrá en la práctica un freno muy amplio a la externalización de la gestión de centros sanitarios públicos. Las comunidades autónomas que opten por fórmulas de colaboración público-privada deberán someterse a un mecanismo de evaluación obligatoria y justificar mediante un informe la necesidad de recurrir al sector privado. Ese documento será posteriormente analizado por un comité de expertos. La ley no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a contratos, concesiones o conciertos ya vigentes. No obstante, facilitará que, una vez concluidos esos acuerdos, las administraciones puedan recuperar la gestión directa de los servicios. Esta gestión podrá ejercerse a través de la propia administración sanitaria, de entidades públicas estatales, autonómicas o locales, o mediante consorcios formados exclusivamente por administraciones o entes públicos. El Ministerio de Sanidad ofrecerá apoyo técnico, a través de la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, a aquellas administraciones que quieran revertir servicios previamente externalizados. La presentación de esta iniciativa se produce en un contexto político complejo para los partidos que integran el Gobierno de coalición, especialmente para el PSOE, tras los últimos resultados electorales en Aragón y las polémicas que afectan a la formación. En este escenario, el Ejecutivo ha intensificado el anuncio de nuevas medidas, como procesos extraordinarios de regularización de migrantes, ayudas a autónomos y pymes para la adquisición de vehículos eléctricos o confrontaciones públicas con grandes empresarios tecnológicos, en un intento de reorientar el debate político.

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(Cinco Días, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco Europeo de Inversiones duplica la financiación a España para la construcción de viviendas

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha canalizado alrededor de 2.000 millones de euros hacia iniciativas de vivienda en España durante el período 2024-2025. Esta inyección de recursos ha permitido impulsar la construcción de unas 11.000 viviendas asequibles y con criterios de sostenibilidad en varias comunidades autónomas. Así lo recoge el balance presentado este lunes por la presidenta del BEI, Nadia Calviño, quien subrayó que en los dos últimos años la financiación destinada a este ámbito se ha duplicado en comparación con la etapa anterior. Entre los territorios que se han beneficiado de estos fondos figuran Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Calviño destacó, entre otras operaciones, el crédito de 113 millones de euros concedido al Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar nueve promociones de alquiler social, así como los acuerdos firmados con entidades financieras intermediarias para facilitar el acceso a recursos orientados a vivienda sostenible y a la mejora de la eficiencia energética. En 2024, además, el BEI otorgó un préstamo de 45 millones de euros a la empresa vasca Huma, dedicada a la investigación y producción de nuevos materiales de construcción, con el fin de reforzar la sostenibilidad de toda la cadena de valor del sector. La presidenta del organismo enmarcó estas cifras en un reto de mayor envergadura. El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las principales inquietudes de la ciudadanía europea, lo que ha llevado al BEI a reforzar su función como impulsor de inversión tanto pública como privada. En este contexto, aunque el volumen movilizado en España supone un avance respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente si se compara con la magnitud del problema estructural que afecta a las grandes ciudades y a numerosos municipios. La escasez de oferta ha empujado los precios al alza de forma continuada y, de hecho, en 2025 el valor de la vivienda alcanzó máximos históricos tras aumentar cerca de un 10%, según el Colegio de Registradores. Aun así, el BEI considera que 2025 marcó un punto de inflexión en materia de vivienda. De acuerdo con el balance presentado en Bruselas a finales de enero, el grupo -que integra también al Fondo Europeo de Inversiones- destinó el pasado año un 50% más de recursos a este sector que en 2024, hasta alcanzar los 5.200 millones de euros. Las actuaciones se han centrado en el desarrollo de nuevos materiales y métodos constructivos, la rehabilitación del parque inmobiliario existente y la promoción de vivienda asequible de nueva construcción. Más allá del ámbito residencial, el balance confirma que 2025 fue un ejercicio histórico para la actividad del BEI en España. La entidad movilizó 11.000 millones de euros con fondos propios, a los que se añadieron otros 2.900 millones procedentes del programa europeo Next Generation. Con estas cifras, España se situó como el principal receptor de financiación del banco, concentrando el 14% del total invertido. No obstante, sin el respaldo del Plan de Recuperación, el volumen de inversión habría retrocedido alrededor de un 10% respecto a 2024. La inclusión de estos fondos en el balance responde a que el Gobierno recurrió al BEI y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para canalizar los préstamos de la Comisión Europea. El nuevo enfoque en materia de seguridad y defensa también ha tenido reflejo en las cifras. La financiación del BEI destinada a este ámbito se cuadruplicó en España hasta alcanzar los 500 millones de euros, dirigidos a proyectos de investigación con empresas como Indra y Oesía, así como a la aportación de capital al fondo especializado Nazca Aeroespacial y Defensa. Pese al crecimiento de los recursos destinados a vivienda y defensa -dos áreas que han ganado peso en los últimos años-, las grandes infraestructuras continúan siendo el principal destino de las inversiones del BEI, en línea con su tradición. Así, se han asignado cerca de 1.900 millones de euros a redes eléctricas, incluida la interconexión entre los sistemas español y europeo a través del Golfo de Vizcaya. El transporte ha recibido unos 1.500 millones, con actuaciones como la ampliación del metro de Málaga, y también se ha financiado la central hidroeléctrica de Salto de Chira, en Gran Canaria.

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(El Periódico, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El número de pisos turísticos cae un 12,4% en un año, la reducción más alta desde que hay registros

El crecimiento de las viviendas de uso turístico es señalado por numerosos expertos del sector inmobiliario como uno de los factores que han agravado y prolongado la crisis de acceso a la vivienda. Aunque en los últimos años se han adoptado distintas iniciativas para frenar su expansión -especialmente en los centros de las ciudades, donde este tipo de alojamientos desplaza a los residentes hacia zonas periféricas-, disponer de estadísticas fiables sigue siendo fundamental para dimensionar realmente este fenómeno. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al mismo mes de 2024. En términos absolutos, la reducción asciende a cerca de 46.700 inmuebles y a unas 272.000 plazas menos en un año. Además, estas viviendas representan actualmente el 1,24% del parque residencial total, el porcentaje más bajo desde febrero de 2023. El Ejecutivo atribuye esta caída al endurecimiento normativo promovido por el Ministerio de Vivienda. Desde que el INE comenzó a estimar el número de pisos turísticos en agosto de 2020, a partir del rastreo de los principales portales inmobiliarios, la cifra se ha movido habitualmente entre las 300.000 y las 400.000 unidades. El máximo histórico se alcanzó en enero de 2024, con 403.424 viviendas, mientras que el mínimo se registró en febrero de 2022, con 285.868. La frecuencia de estas mediciones también ha variado con el tiempo: inicialmente se realizaban dos al año (febrero y agosto), en 2024 se añadió una tercera observación en noviembre y, desde entonces, el seguimiento se efectúa dos veces al año, en mayo y noviembre. Si se comparan los datos actuales con los de noviembre del año anterior, el parque de viviendas turísticas se ha reducido en 46.699 unidades, una caída algo inferior a la registrada entre mayo y noviembre de 2025, cuando el descenso fue de 52.073. Estas oscilaciones, no obstante, son habituales debido a la estacionalidad del sector. El retroceso anual se explica en gran medida por fuertes bajadas en determinadas comunidades autónomas. Destaca la Comunidad Valenciana, con 14.749 viviendas menos (-23,64%), seguida de Cataluña (-9.936 y un -17,48%) y Baleares (-4.963 y un -20,37%). Se trata de regiones con una elevada presión turística, donde este tipo de alojamiento había crecido con intensidad en los últimos años. En términos relativos, la mayor contracción se produjo en la Región de Murcia, con una caída del 29,2% respecto a noviembre de 2024. Desde el Ministerio de Vivienda se ha valorado positivamente esta evolución. En un comunicado, el departamento que dirige Isabel Rodríguez señala que las cifras reflejan el impacto de medidas como la puesta en marcha del Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que refuerza la capacidad de las comunidades de vecinos para limitar o vetar los alquileres turísticos. La modificación de la ley, en vigor desde el 3 de abril de 2025, permite prohibir o condicionar este tipo de alquiler con el respaldo de una mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas. En paralelo, el registro de alquileres de corta duración -impulsado por la Unión Europea- se estrenó en España el 2 de enero de 2025, con un periodo transitorio que retrasó su obligatoriedad hasta julio. Durante ese proceso, miles de solicitudes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos, lo que también ha contribuido a la reducción del número de viviendas registradas. La estadística del INE de noviembre es la primera elaborada tras la plena entrada en vigor de esta medida, aunque sus datos no proceden directamente de dicho registro. El descenso del 12,4% interanual es el mayor de toda la serie histórica, que arranca en 2020. Hasta ahora, solo se habían observado dos bajadas anuales y de menor intensidad: en agosto de 2021, muy influida por la pandemia, y en febrero de 2022, con reducciones del 4,51% y del 2,99%, respectivamente. Más allá del número de viviendas, otro indicador clave es el de las plazas disponibles. Según el INE, en septiembre se contabilizaron 1.624.933 plazas en pisos turísticos, casi 303.000 menos que en mayo (-15,71%) y 271.822 menos que en el mismo mes de 2024 (-14,33%). Aunque esta cifra es similar a la registrada al inicio de la serie, en agosto de 2020, lo cierto es que en agosto de 2024 se superaron por primera vez los dos millones de plazas, umbral que desde entonces no se ha vuelto a alcanzar. La última reducción, de más de 300.000 plazas, es la mayor registrada entre dos periodos consecutivos de referencia. Por último, el indicador que mejor refleja la implantación territorial de este fenómeno es el peso de las viviendas turísticas sobre el total del parque residencial. En septiembre, este porcentaje se situó en el 1,24%, dos décimas menos que en mayo (1,43%) y el nivel más bajo -aunque por poco- desde febrero de 2023, cuando fue del 1,21%. El máximo de toda la serie se alcanzó en agosto de 2024, con un 1,52%.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid rompe la barrera de los 75.000 propietarios con tres viviendas y tiene más de 500 que llegan a 50

En una Comunidad de Madrid marcada por jóvenes que no logran independizarse y por hogares asfixiados por el encarecimiento de la vivienda, los datos revelan una paradoja cada vez más acusada. En 2026 se ha superado el umbral de los 75.000 propietarios que poseen al menos tres viviendas en la región; más de 10.000 acumulan diez o más inmuebles, y 517 titulares llegan a concentrar hasta medio centenar. Así lo refleja una base de datos elaborada para EL PAÍS a partir de información del catastro facilitada por el Ministerio de Hacienda. Dado que una misma vivienda puede tener varios titulares, el número de propietarios supera al de inmuebles, pero el retrato es claro: existe una elevada concentración de vivienda en manos de grandes tenedores -personas físicas, empresas o fondos- que influye de forma directa en los precios del alquiler y de la compraventa. La dinámica del mercado impone, así, la ley del más fuerte. Y no hay señales de corrección a corto plazo: mientras que en el País Vasco más de la mitad de la población reside ya en zonas donde el alquiler está regulado por ley, el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso mantiene su rechazo a limitar los precios en la región. "El sector inmobiliario se percibe hoy como un refugio de inversión más seguro y rentable que otros, incluso cuando las viviendas permanecen vacías", explica Víctor Palomo, abogado especializado en derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), despacho centrado en la defensa de inquilinos vulnerables y en el que también trabaja Alejandra Jacinto, ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Palomo subraya que, aunque los grandes fondos no controlan la mayoría del parque residencial, su forma de gestionar la vivienda se ha ido generalizando. La presencia de grandes propietarios se extiende por toda la Comunidad. Aunque la capital encabeza los registros en todas las categorías, otros municipios presentan cifras similares: en Alcobendas hay 18 titulares con hasta 50 viviendas; en Parla, 15; en Getafe, 13; y en Las Rozas, 12. Por encima de ese umbral, se contabilizan 16 propietarios en Alcalá de Henares, 14 en Móstoles y 13 en Valdemoro. El fenómeno se reproduce de norte a sur y de este a oeste, y se intensifica si se comparan los datos con los de 2024. Aunque el número de propietarios con 25, 50 o más de 50 viviendas apenas ha variado, sí ha crecido de forma notable el de quienes poseen más de cinco, diez o quince inmuebles, con cientos de nuevos titulares incorporados en solo dos años. En conjunto, el número de propietarios con entre tres y más de 50 viviendas ha aumentado en más de 2.700 entre 2024 y 2026. La concentración no se detiene: avanza y se consolida como un negocio rentable. ¿Quiénes están detrás de esta acumulación de viviendas? ¿Grandes empresas, patrimonios familiares, inversores extranjeros, pequeños empresarios en busca de rentabilidad o fondos de inversión? Desde el Sindicato de Inquilinas, organización creada en 2017 para defender a las personas que viven de alquiler, apuntan a una realidad más compleja. "Llevamos tiempo advirtiendo de que el problema no son solo los grandes fondos, sino también miles de inversores medianos que tratan la vivienda como un activo financiero y reproducen la misma lógica", explica uno de sus portavoces. A su juicio, cuando crece el número de propietarios con varias viviendas, el alquiler deja de concebirse como un derecho y se gestiona cada vez más como un negocio. "Eso implica menos capacidad de negociación, subidas constantes de precios, más rotación forzada y una mayor inseguridad residencial para quienes alquilamos", añaden. Carlos Mazo, especialista en desarrollos inmobiliarios, introduce matices en el segmento de mayor poder adquisitivo. Según explica, en el mercado de lujo -especialmente entre inversores latinoamericanos que compran en zonas prime de Madrid- no es habitual encontrar grandes multipropietarios individuales con decenas de viviendas. "Es muy poco frecuente que una sola persona adquiera más de una o dos casas en barrios como Salamanca", señala Mazo, socio de la promotora Logika European Partners. Desde otra perspectiva, Eduardo Monet, consultor inmobiliario y propietario de nueve pisos en Madrid, defiende su trayectoria. Afirma haber construido su patrimonio tras años de trabajo y ahorro y rechaza identificarse con la figura del gran tenedor especulativo. "Todos mis pisos están destinados al alquiler de larga duración", asegura, y sostiene que prioriza la estabilidad de los inquilinos aunque eso suponga obtener menos rentabilidad para evitar rotaciones y reformas. En su opinión, los grandes fondos con cientos de viviendas siguen siendo una minoría. Por su parte, Ana Pavón Ares, portavoz de MAD VUT -asociación que agrupa a pequeños propietarios y gestores de viviendas turísticas- y miembro de un colectivo que mantiene litigios contra los cierres impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, explica que están intentando que la legislación europea tenga en cuenta la realidad del pequeño propietario. "Nos hemos ido organizando a raíz de los cambios normativos y de los problemas comunes que nos afectan", señala. Junto a ella, María López, propietaria de tres viviendas en el centro de la capital, denuncia el "impacto psicológico" que, según afirma, le han provocado las continuas modificaciones legales en el alquiler temporal. Enrique Muñoz, que lleva 15 años alquilando su piso y gestiona viviendas de terceros, relata que empezó durante la crisis económica para complementar ingresos. "Somos familias que vivimos de esto y que intentamos alquilar a otras familias", concluye.

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(El País, 10-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá multas de hasta seis millones de euros a las eléctricas que hagan ‘spam’ telefónico

El Gobierno endurece las normas contra las comercializadoras eléctricas y prohibirá las llamadas comerciales no solicitadas para ofrecer tarifas de luz, salvo que el propio consumidor haya dado un consentimiento previo, claro y expreso. Para frenar estas prácticas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido un régimen sancionador específico. El real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes contempla multas que oscilan entre 600.001 euros y seis millones para las compañías que realicen este tipo de llamadas con fines comerciales. Estas conductas se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 24/2013 del sector eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de iniciar los expedientes y resolverlos. La norma ya cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y de la propia CNMC, que han validado su adecuación legal, económica y regulatoria tras ser consultados por el ministerio. El decreto establece la prohibición general de las llamadas telefónicas para vender suministros eléctricos, excepto cuando exista una solicitud expresa e inequívoca del usuario. En los pocos casos en que el consumidor sí pida ser contactado, las llamadas deberán realizarse desde un prefijo específico. Si se incumple esta obligación, las operadoras de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear los números infractores. En la práctica, la captación de clientes por vía telefónica queda vetada como método habitual para formalizar contratos, salvo iniciativa directa del usuario. Las medidas de protección al consumidor no se limitan al control del spam telefónico. La nueva normativa obliga a las comercializadoras a entregar, antes de cualquier nueva contratación, un documento independiente del contrato en el que se expliquen de forma clara y comprensible las condiciones del suministro, así como posibles cambios futuros de precio o de cláusulas. El objetivo es evitar abusos derivados de condiciones poco transparentes que suelen pasar desapercibidas en contratos extensos y complejos. Este documento previo deberá resumir el impacto real del cambio sobre la factura del cliente e incluir una tabla comparativa con los precios anteriores y los que se aplicarán tras la modificación del contrato. El decreto también introduce mayor flexibilidad para rescindir contratos. Tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios podrán cancelar sus contratos en cualquier momento sin penalización, salvo en el caso de contratos a precio fijo antes de su primera prórroga anual. En ese supuesto, la penalización máxima no podrá superar el 5% de la energía pendiente de facturar en ese año. En el caso de consumidores vulnerables que decidan pasarse al precio regulado, el conocido como Precio de Venta al Pequeño Consumidor, no se podrá aplicar ningún tipo de penalización, ni siquiera por servicios adicionales vinculados al suministro eléctrico. Esta medida busca evitar situaciones en las que los usuarios se veían obligados a pagar por servicios como mantenimiento o alarmas que, en muchos casos, ni siquiera utilizaban. La Secretaría de Estado de Energía ha impulsado esta reforma tras detectar prácticas abusivas reiteradas, especialmente dirigidas a consumidores vulnerables. El objetivo de la nueva regulación es reforzar la protección de estos colectivos. Según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, tras analizar la situación de 400 usuarios vulnerables, se ha constatado que aproximadamente la mitad no disfruta del bono social pese a cumplir los requisitos necesarios, lo que evidencia fallos en el sistema de protección actual. La norma también pretende impedir que personas beneficiarias del bono social sean inducidas a abandonar el mercado regulado para contratar tarifas del mercado libre que resultan más caras a largo plazo. A partir de ahora, si un consumidor con bono social decide cambiarse al mercado libre, la comercializadora deberá informarle de la diferencia anual estimada de precio y obtener su consentimiento expreso. Además, estas renuncias deberán comunicarse mensualmente a la CNMC para su control. Por último, el decreto refuerza la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando que puedan acceder de forma ágil a la tarifa regulada en las viviendas donde residan, incluso aunque no figuren como titulares del contrato eléctrico.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avanza con su expediente a España por trabar la opa bancaria fallida

Bruselas no alberga dudas: España debe revisar la normativa nacional que permitió frenar la opa de BBVA sobre Sabadell el año pasado y que, a juicio de la Comisión Europea, vulnera el derecho comunitario. Así se lo notificará oficialmente al Gobierno mediante un dictamen motivado que prevé remitir antes de que concluya el mes, según fuentes próximas al procedimiento consultadas por EXPANSIÓN. Este paso supone elevar el procedimiento a una segunda fase y concede al Ejecutivo un plazo de dos meses para detallar qué modificaciones legislativas piensa acometer con el fin de volver a ajustarse a la normativa europea. Desde que en julio se inició el expediente de infracción, el Gobierno ha intentado convencer a la Comisión de que su marco legal es compatible con el derecho de la UE, aunque sin éxito. Desde el Ministerio de Economía aseguran que "se ha proporcionado a la Comisión toda la información necesaria sobre el expediente, relativo a un supuesto desajuste con la normativa europea". En el último intercambio, España se comprometió a que, en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Requisitos de Capital (CRD VI), adaptará la legislación nacional para asegurar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin menoscabo de las funciones de otras autoridades dentro de sus respectivos ámbitos, como la CNMC. Sin embargo, la Comisión tiene claramente identificados los elementos de conflicto que pretende corregir y que, a su entender, van más allá de la mera transposición de la directiva. En su opinión, "determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia españolas, que conceden al Gobierno facultades para intervenir en operaciones de fusión y adquisición de entidades financieras, invaden las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales". Además, Bruselas cuestiona que la exigencia de mantener a dos bancos como entidades jurídicas separadas durante un periodo de tres años -tal como se impuso a BBVA- responda a objetivos legítimos de orden público o seguridad que no estén ya cubiertos por la legislación europea vigente. La Comisión reclama una reforma en profundidad de la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2014 y del artículo 11 del Real Decreto-ley 84/2015, con el fin de eliminar ese poder de veto sobre operaciones bancarias. Asimismo, considera necesario revisar y acotar los artículos 60 y 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que permiten modular las condiciones de una operación corporativa en función del interés general. Desde el Ministerio de Economía recuerdan que se trata de "una normativa en vigor desde hace muchos años, aplicada en diversas ocasiones", y reiteran que "existe plena convicción sobre su compatibilidad con el derecho europeo". El dictamen motivado constituye el paso previo a la eventual remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando la Comisión decide llevar a un Estado miembro ante el TJUE, suele proponer la imposición de sanciones económicas, ya sea mediante una multa a tanto alzado o penalizaciones periódicas. Estas se calculan atendiendo a la gravedad de la infracción, su impacto, la duración del incumplimiento del Derecho de la UE y la capacidad económica del país, con el objetivo de garantizar un efecto disuasorio. Dado que el Ejecutivo mantiene su defensa de la legalidad de las normas y Bruselas persiste en su discrepancia, todo apunta a que el expediente terminará resolviéndose ante el TJUE.

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(Expansión, 09-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las diferencias entre las empresas que innovan y las que no se ensancha en el tejido productivo español

En un contexto marcado por el incremento continuado de los costes para las empresas, la innovación se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la productividad y reforzar la competitividad, convirtiéndose en un elemento esencial para sostener el crecimiento económico en España. No obstante, este esfuerzo inversor aún no se traduce de forma generalizada en nuevas fuentes de ingresos, pese a que el 98,4% de las compañías que han culminado procesos de transformación innovadora consideran que el resultado ha sido satisfactorio. Así lo refleja el Observatorio para la Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, al que EXPANSIÓN ha accedido en exclusiva. El informe señala la falta de recursos financieros y la dificultad para encontrar talento especializado como los principales obstáculos para avanzar en innovación. Estas limitaciones afectan de manera especialmente intensa a las pymes -que representan cerca del 99,8% del tejido empresarial español- y amplían la distancia respecto a las grandes compañías. Mientras que el 94,7% de estas últimas declara haber participado en iniciativas innovadoras en los últimos tres años, el porcentaje cae a alrededor del 70% entre las pequeñas y medianas empresas y hasta el 60% en el caso de las microempresas, con menos de diez trabajadores. Aun así, las compañías con trayectoria en innovación muestran una percepción más favorable que aquellas que no han desarrollado este tipo de proyectos. Así lo destaca Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España, quien subraya que esta diferencia demuestra que la innovación no es solo un discurso compartido, sino una experiencia tangible para quienes la ponen en práctica. Según los datos del observatorio, el 67,8% de las empresas ha llevado a cabo actividades innovadoras durante el último trienio. Sin embargo, menos del 20% mantiene proyectos activos en la actualidad. Este dato responde, principalmente, a que muchas compañías -especialmente las de menor tamaño- están iniciando ahora sus procesos innovadores, más que a un deterioro de las expectativas derivado de la desaceleración económica. En esta línea, el informe señala que el 75% de las empresas que ya han apostado por la innovación prevé continuar invirtiendo en los próximos tres años, mientras que una de cada tres que aún no lo ha hecho tiene previsto hacerlo antes de 2029. Pese a ello, las previsiones futuras son inferiores a los niveles recientes: solo el 53,3% de las microempresas planea invertir en innovación, frente al 64,9% de las pequeñas, el 71,4% de las medianas y el 84,2% de las grandes, cifras que se sitúan en torno a diez puntos porcentuales por debajo de las registradas en el último trienio. Esta ralentización se explica, en primer lugar, por la escasez de profesionales cualificados, una dificultad señalada por el 42,4% de las empresas que sí han logrado innovar. A ello se suman la falta de liquidez para financiar estos proyectos (36,2%) y la insuficiencia de organismos e infraestructuras de apoyo (28,8%). Entre las compañías que no han innovado en el periodo analizado, estos factores se repiten, junto con la carencia de información tecnológica, mencionada por el 17% como una de las principales causas de su inactividad. Pese al ensanchamiento de la brecha innovadora -que afecta con especial intensidad a sectores como la hostelería y la construcción-, más de la mitad de las empresas (53,5%) considera que la innovación es fundamental para reducir los costes operativos, incluso por encima de la mejora de la calidad del producto. Además, existe margen para revertir esta tendencia en los próximos años, dado que el coste de innovar está descendiendo gracias a una mayor accesibilidad al mercado y al aumento de proveedores de soluciones tecnológicas, lo que facilita la incorporación de la innovación por parte de pequeñas empresas y de sectores tradicionalmente menos avanzados en este ámbito, como la hostelería, apunta Mínguez. Todo ello se produce en un entorno en el que la baja productividad continúa siendo uno de los principales retos de la economía española. Según el último Rastreador de la Productividad de la Fundación BBVA y el Ivie, esta creció apenas un 0,8% interanual, un 67% menos que en 2024. Si las dificultades para innovar persisten en plena transformación tecnológica, marcada por la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, la brecha de productividad con las grandes economías de la eurozona podría ampliarse aún más. De hecho, la innovación tecnológica será el eje prioritario para cerca del 70% de las empresas que invertirán en este ámbito en los próximos tres años, no solo en IA, sino también en áreas como la robótica, el Internet de las Cosas, la interconexión de procesos o el uso de drones, concluyen desde la Cámara de Comercio.

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