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(Cinco Días, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca, pendiente del fallo europeo que puede cambiar las “reglas del juego” sobre quién paga las ciberestafas

En septiembre del año pasado, un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez (nombre ficticio para preservar su anonimato), sufrió una estafa tras un incidente en su ordenador. En la pantalla apareció un aviso que alertaba de un supuesto riesgo en el equipo e incluía un número de teléfono de asistencia técnica. Después de reiniciar el dispositivo varias veces sin éxito, decidió llamar. Al otro lado respondió un falso técnico que se hacía pasar por Microsoft y que terminó sustrayéndole 50.000 euros, además de solicitar a su nombre un préstamo de 29.000 euros. El afectado reconoce su vulnerabilidad: "No sé cómo, pero caí como un tonto", lamenta. Tanto instituciones públicas como fuerzas de seguridad, organismos de supervisión y entidades financieras insisten de forma reiterada en la necesidad de extremar la precaución ante fraudes telefónicos y digitales, recordando que nunca deben facilitarse datos personales o claves bancarias. A pesar de estas advertencias, los datos muestran un fuerte incremento de este tipo de delitos: en la última década, las estafas informáticas han aumentado un 513,4%, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. La Ley de Servicios de Pago, en vigor desde 2009, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo -especialmente la sentencia del 9 de abril de 2025- establece que, en principio, los bancos deben asumir la responsabilidad por operaciones no autorizadas derivadas de suplantación de identidad. Sin embargo, existen excepciones, como la negligencia grave del usuario o la falta de comunicación del fraude en un plazo razonable, en las que las entidades financieras se apoyan para no devolver el dinero. Según la abogada experta en ciberfraudes Vanesa Fernández, la doctrina del Supremo indica que no basta un simple error humano ante un engaño complejo para considerar que existe negligencia grave, sino que debe acreditarse una conducta claramente inexcusable. Añade además que corresponde a los bancos demostrar en sede judicial que el cliente actuó de forma negligente para poder denegar la devolución de los fondos. No obstante, este criterio podría verse modificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia, a raíz de una cuestión prejudicial planteada desde Polonia, si las entidades financieras pueden retener los importes estafados hasta que un tribunal determine si el usuario actuó con negligencia. El abogado general del TJUE, en sus conclusiones del 5 de marzo, señaló que la directiva europea sobre servicios de pago obliga a la devolución inmediata de las operaciones no autorizadas. Aunque admite que el usuario puede perder el derecho al reembolso si se demuestra que no protegió adecuadamente sus credenciales, no notificó el fraude o hizo un uso incorrecto del sistema de pago, el abogado general considera que ello no autoriza a los bancos a denegar o retrasar la devolución del dinero. Si el tribunal de Luxemburgo sigue esta línea -como suele ser habitual-, el cambio sería relevante. En ese caso, explican expertos como Fernández, se modificaría por completo el esquema actual: el cliente no tendría que soportar inicialmente la pérdida ni asumir la carga de litigar para recuperar su dinero, sino que sería la entidad bancaria la que debería devolverlo de inmediato y, posteriormente, reclamar si acredita que existió negligencia grave. En la práctica, primero se reembolsa y después se discute la responsabilidad. El caso de Luis Gómez ilustra este debate. Su entidad bancaria ha aceptado cancelar el préstamo de 29.000 euros solicitado fraudulentamente a su nombre y ha devuelto las dos primeras cuotas de 600 euros que él decidió pagar para evitar intereses y posibles consecuencias crediticias. Sin embargo, el banco mantiene su negativa a reintegrar los 50.000 euros transferidos, al considerar que fue el propio cliente quien autorizó las operaciones. La estafa se desarrolló durante varios meses. En un primer momento, el falso técnico logró acceder al ordenador mediante control remoto a través del programa AnyDesk, convenciéndole de que su equipo estaba infectado por un virus. Bajo esa presión, el afectado llegó a pagar 2.000 euros por un supuesto antivirus con actualizaciones incluidas durante una década. Posteriormente, el estafador volvió a contactar con él en enero, alegando una actualización del servicio y la necesidad de acudir a un centro técnico. En ese contexto, le hizo creer que la empresa le había ingresado 500 euros para cubrir una revisión. A partir de ahí, construyó un engaño más complejo: aseguró que se había producido una transferencia errónea de 50.000 euros y mostró en la pantalla una simulación de su cuenta bancaria que reforzaba la manipulación. Bajo esa presión, y creyendo que debía corregir el supuesto error, Luis realizó varias transferencias hasta devolver la totalidad del importe. "No fui consciente de la estafa hasta que me llegó un aviso de que estaba en números rojos", explica. Aunque los bancos están obligados a vigilar operaciones sospechosas, en este caso la entidad llegó a contactar con el cliente al detectar transferencias inusuales a cuentas en el extranjero. Sin embargo, el afectado aseguró que lo aclararía más adelante, lo que el banco utiliza ahora como argumento para negar la devolución del dinero. La defensa del afectado sostiene que la normativa exige a las entidades implementar sistemas eficaces de autenticación y detección de fraude. En palabras del abogado Diego Zapatero, socio de Asoban Abogados, si un tercero consigue controlar el dispositivo, significa que los sistemas de verificación han fallado. Añade que, salvo que se demuestre una negligencia grave del cliente, ser víctima de un engaño sofisticado no puede considerarse una conducta negligente. Mientras tanto, el perjudicado aún no ha recuperado las primeras cuotas del préstamo y prevé un proceso judicial largo, precedido por una fase de mediación obligatoria. "Me encuentro en una situación muy complicada porque tengo que pagar los abogados y lo estoy haciendo con los pocos ahorros que me quedan", lamenta. Las entidades financieras, por su parte, aseguran que han reforzado sus sistemas de control y sus campañas de prevención frente al fraude digital. En diciembre de 2025, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA y el Ministerio de Economía pusieron en marcha la denominada 'Brigada Antifraude' para mejorar la coordinación en la lucha contra este tipo de delitos. El Banco de España, en su última Memoria de Supervisión, recuerda que los fraudes se concentran especialmente en transferencias bancarias, al permitir mover importes elevados en comparación con otros medios de pago. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 430.493 estafas informáticas, lo que supone el 88% de toda la cibercriminalidad y el 17,4% del total de delitos. Las fuerzas de seguridad advierten además de que el uso de inteligencia artificial está incrementando la sofisticación de estos fraudes, facilitando la creación de contenidos engañosos y ataques automatizados en múltiples idiomas.

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(Expansión, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno bate récords con la ley antiopas y criba 1.600 operaciones

Desde finales de 2020, cuando España reforzó los controles frente a inversores extranjeros considerados no deseados, el Gobierno ha analizado más de 1.600 operaciones corporativas. En concreto, revisó 1.608 transacciones hasta diciembre del año pasado, según un análisis elaborado por EXPANSIÓN, lo que equivale prácticamente a una operación cada día y medio. La tendencia se intensificó en 2025. De acuerdo con los datos más recientes, el Ejecutivo sometió a autorización previa 196 operaciones, la cifra más alta registrada hasta ahora. Este récord refleja, por un lado, el creciente interés de capital extranjero por ganar presencia en el tejido empresarial español mediante adquisiciones y, por otro, un endurecimiento de la vigilancia gubernamental sobre sectores considerados estratégicos. También se ha producido un cambio en el foco de esa supervisión. Las compañías energéticas, tradicionalmente consideradas activos prioritarios a proteger, han perdido peso. Si en 2024 representaban el 20% de las operaciones examinadas, en 2025 su cuota cayó al 9%. En cambio, el sector tecnológico ha ganado protagonismo y concentra actualmente entre el 17% y el 18% de los expedientes revisados. De las 1.608 operaciones analizadas desde 2020, el Ejecutivo concluyó que 486 debían pasar por autorización formal. Sin embargo, en la mayoría de esos casos -386 concretamente- el permiso se concedió sin imponer condiciones. Solo en 45 operaciones se establecieron requisitos adicionales y únicamente dos fueron rechazadas. La mayoría de los expedientes afectaban a empresas poco conocidas fuera de su ámbito de actividad. Aun así, algunas operaciones han despertado especial sensibilidad por implicar a grandes compañías o grupos estratégicos del Ibex, así como por las dudas generadas en torno al perfil de los inversores. Entre ellas destacan la entrada del grupo saudí estatal STC en Telefónica o la adquisición por parte de la china Three Gorges de activos renovables, entre ellos Mula, la mayor planta fotovoltaica de España, comprada a Qualitas Energy. En ciertos casos, una misma empresa ha sido examinada en más de una ocasión. Es lo ocurrido con Naturgy, primero por la opa parcial del fondo australiano IFM y posteriormente tras la entrada de BlackRock en el capital mediante la compra de GIP. El grupo emiratí Masdar es el inversor que más veces ha tenido que pasar el filtro del Ejecutivo: en dos ocasiones por compras de activos a Endesa y una tercera por la adquisición de Saeta Yield. El organismo encargado de estas revisiones es la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía aunque con carácter interministerial. La normativa que regula este mecanismo, conocido popularmente como "escudo antiopas", ha prorrogado su vigencia hasta diciembre de 2026.

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(El Periódico, 01-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los precios de los alimentos se mantuvieron sin cambios, lo que aleja por ahora un efecto contagio

La subida de los precios mantuvo en mayo el mismo ritmo que en abril, con una inflación del 3,2%, en un escenario todavía condicionado por la incertidumbre energética provocada por la guerra en Irán. El dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja una situación de cierta pausa, tanto en el conflicto bélico -con negociaciones abiertas para un posible acuerdo de paz, aunque todavía sin cerrar y con versiones contradictorias entre Estados Unidos e Irán sobre la continuidad del alto el fuego- como en las medidas del Gobierno para paliar el impacto económico de la crisis, ya que parte del paquete de ayudas está a punto de expirar. A la espera de que el INE publique dentro de dos semanas la estadística definitiva con más detalle, los precios evolucionaron en mayo bajo la influencia de factores contrapuestos. Por un lado, el encarecimiento del petróleo sigue afectando al bolsillo de los consumidores, especialmente al repostar gasolina o diésel. Por otro, los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas permanecieron estables, lo que indica que, por ahora, no se ha producido un efecto contagio hacia el resto de productos. Esta moderación, unida al control de los precios de la ropa, el calzado y la electricidad, ha contribuido a sostener la estabilidad del IPC general. El Ejecutivo atribuye la contención de la factura eléctrica al peso creciente de las energías renovables en España. La inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se situó en el 2,9%, una décima más que en abril. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, considera que este dato no significa que el problema inflacionista esté resuelto. A su juicio, la cifra ha sido algo mejor de lo previsto, probablemente gracias a algunos descensos en los precios energéticos, como el de la bombona de gas. Sin embargo, advierte de que la inflación subyacente continúa mostrando cierta resistencia y que persiste un problema estructural, además de una diferencia de inflación respecto a otros países de la zona euro. El dato se conoce apenas unos días antes de que desaparezcan varias rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas. Desde el 1 de junio dejarán de estar vigentes la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y el IVA reducido para productos como el gas natural, los pellets, las briquetas o la leña. En cambio, seguirán en vigor al menos hasta el 30 de junio las medidas fiscales relacionadas con los carburantes, como la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, el IVA reducido al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, así como la devolución parcial del gasóleo profesional. También continuarán otras ayudas específicas, como las destinadas a agricultores y transportistas o los descuentos reforzados del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. La retirada parcial de estas ayudas abre la puerta a nuevas tensiones inflacionistas. Según el Gobierno, las medidas han permitido reducir alrededor de un punto la subida del IPC, por lo que su desaparición podría favorecer nuevos incrementos de precios en los próximos meses. Raymond Torres prevé un repunte de la inflación durante el verano debido tanto al llamado "efecto escalón" como al traslado progresivo del encarecimiento energético al resto de productos, lo que podría llevar el IPC cerca del 4%. A todo ello se suma la incertidumbre sobre la evolución de la guerra en Irán y el impacto que tendrá el final de parte de las ayudas públicas. También influirá previsiblemente la política monetaria del Banco Central Europeo, que podría aprobar una subida de tipos en su reunión de junio, la primera en casi tres años. El objetivo de Fráncfort es contener el repunte inflacionista en Europa, aunque ello suponga moderar ligeramente el crecimiento económico, si bien el mercado espera movimientos graduales y prudentes.

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(Cinco Días, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV quiere poner coto a los consejeros independientes de las empresas cotizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) está trabajando en una profunda reforma del gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El organismo supervisor prepara un nuevo código de buen gobierno, actualmente en discusión con un grupo de expertos y todavía abierto a cambios, del que ya existe un borrador al que ha tenido acceso este periódico. Una de las principales líneas del texto es reforzar la independencia real de los consejeros independientes, de forma que actúen como auténticos representantes de los pequeños accionistas y no como figuras próximas a la dirección que los propone. En este sentido, se incluyen restricciones a las retribuciones de estos consejeros para garantizar que su labor no esté condicionada por intereses distintos a los de los inversores minoritarios. La CNMV inició a finales del año pasado la elaboración de una nueva versión del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, cuya última revisión data de 2020. El objetivo inicial era adaptarlo a los cambios normativos y tecnológicos, con un calendario que situaba su desarrollo a lo largo de 2026 y su consulta pública en el primer trimestre de 2027. Sin embargo, el organismo ya dispone de borradores preliminares que están siendo analizados por el comité de expertos, por lo que el texto final aún no está cerrado. Aunque este código no es de cumplimiento obligatorio, sus recomendaciones tienen un fuerte impacto en el mercado, ya que son tenidas muy en cuenta por inversores institucionales y asesores de voto. Las empresas que no las siguen deben justificar públicamente su decisión. Ejemplos anteriores muestran su influencia, como en el impulso para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, donde se fijó una recomendación mínima del 40%. El borrador de febrero dedica especial atención a los consejeros independientes. Reitera la recomendación de que al menos la mitad del consejo esté formado por este tipo de consejeros, que los ejecutivos sean los mínimos necesarios y que los dominicales no superen el peso proporcional de los accionistas que representan. La principal novedad es la introducción de límites a la retribución de los consejeros independientes. En concreto, se plantea que sus ingresos por pertenecer al consejo no superen el 10% de su patrimonio neto ni el 25% de su renta anual total. Además, se restringe el acceso a este cargo a quienes hayan mantenido relaciones comerciales relevantes con la empresa en los últimos 36 meses. El documento también refuerza el papel de la comisión de nombramientos, que deberá justificar la independencia de cada consejero tanto en el momento de su designación o reelección como de forma anual, con un análisis crítico basado en la finalidad del cargo. El consejo no podrá clasificar como independiente a un consejero si dicha comisión emite una valoración negativa. El texto subraya la función de estos consejeros como garantes frente a posibles conflictos de interés entre directivos y accionistas, así como entre distintos tipos de accionistas, y defiende que deben constituir una mayoría amplia dentro del consejo de administración. El borrador todavía no es definitivo y sigue sometido a revisión por parte del comité de expertos, coordinado por el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, junto a la vicepresidenta del organismo, Paloma Marín. En este grupo también participan representantes de instituciones como la Secretaría de Estado de Economía, la Abogacía del Estado, el Banco de España (Banco de España), así como firmas legales como Garrigues y Uría Menéndez y asociaciones sectoriales como la AEB, CECA, Inverco o Unespa. La previsión es que el documento salga a consulta pública en el primer trimestre de 2027, durante un periodo aproximado de tres meses, tras lo cual se incorporarán las aportaciones recibidas antes de su versión definitiva. El borrador también incluye una recomendación relevante para las grandes cotizadas: aquellas con más de 500 millones de capitalización deberían separar las funciones de presidente del consejo y consejero delegado, reservando al primero un papel no ejecutivo centrado en la supervisión y representación. De aplicarse, esta medida afectaría al modelo de gobierno de grandes compañías del Ibex 35 como Banco Santander (Banco Santander), BBVA (BBVA), Iberdrola (Iberdrola) o Telefónica (Telefónica), cuyos principales directivos tendrían que optar entre mantener la presidencia del consejo o asumir funciones ejecutivas como consejeros delegados. Esta orientación se alinea con modelos de gobierno corporativo más habituales en el Reino Unido, donde el presidente del consejo ejerce funciones de coordinación sin intervenir en la gestión diaria. Además, en el ámbito financiero europeo, el Banco Central Europeo (Banco Central Europeo) también estudia recomendaciones similares para las entidades bancarias, en la línea de reforzar la separación entre supervisión y gestión ejecutiva.

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(El País, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de las casas toca un nuevo techo tras dispararse casi un 14% en el arranque de 2026

La crisis de la vivienda sigue agravándose en un contexto marcado por el fuerte aumento de los precios. El coste de las viviendas continúa creciendo a gran velocidad y acumula nuevos máximos históricos. Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.315,7 euros durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 13,8%. Se trata del valor más elevado desde que existen registros oficiales de esta estadística, cuya serie histórica comenzó en 1995. Desde que en el tercer trimestre de 2025 se superara el récord previo alcanzado en 2008, los precios han seguido aumentando trimestre tras trimestre. También la vivienda protegida ha alcanzado cifras históricas, con un valor medio de 1.222,3 euros por metro cuadrado, aunque en este caso el incremento anual es más moderado, del 4,5%, en comparación con la vivienda libre. La evolución de los precios refleja una tendencia de crecimiento prácticamente constante durante la última década, interrumpida solo de forma puntual por el impacto de la pandemia en 2020. No obstante, el ritmo de subida se ha intensificado especialmente en los últimos años. Si se comparan los datos de comienzos de 2016 con los actuales, el precio medio del metro cuadrado se ha revalorizado un 55,2%, muy por encima del incremento acumulado del índice de precios de consumo, que en el mismo periodo se situó en torno al 32%, según el INE. En paralelo, la vivienda protegida también ha mantenido una trayectoria ascendente, aunque más gradual. Entre enero y marzo de 2026, el precio medio de este tipo de inmuebles se situó en torno a los 1.222 euros por metro cuadrado, apenas 21 euros más que el trimestre anterior. Aun así, esta cifra representa igualmente un máximo histórico para esta categoría, cuyos registros comienzan en 2005. Madrid lidera el encarecimiento de la vivienda y se consolida como el territorio con los precios más elevados del país. En el primer trimestre del año, el valor medio del metro cuadrado ya supera los 4.000 euros. Baleares se sitúa muy cerca, con 3.885,6 euros, mientras que el País Vasco ocupa el tercer lugar, con 3.069,3 euros. A nivel provincial, Gipuzkoa alcanza los 3.419,7 euros y Barcelona los 3.207,7 euros por metro cuadrado, manteniéndose entre los mercados más tensionados. En el lado opuesto se encuentran algunas provincias del interior peninsular, donde los precios siguen siendo significativamente más bajos. Ciudad Real registra un valor medio de 827,5 euros por metro cuadrado, seguida de Jaén, con 898,2 euros, y Zamora, con 933,7 euros. Por comunidades autónomas, los precios más reducidos corresponden a Extremadura, con 970,5 euros por metro cuadrado, Castilla-La Mancha, con 1.172,3 euros, y Castilla y León, con 1.290,6 euros. Si se analiza la evolución de los precios en términos interanuales, el mayor dinamismo se concentra en territorios que tradicionalmente no figuraban entre los más caros. Segovia lidera las subidas con un incremento del 19,1%, seguida de Valencia, con un 18,8%, y Cantabria, con un 17,4%. Esta evolución refleja cómo las tensiones inmobiliarias se están extendiendo a nuevas zonas más allá de los grandes núcleos tradicionalmente tensionados. Por el contrario, las subidas más moderadas se registran en Badajoz, con un aumento del 5%, en el conjunto de Extremadura, con un 6,3%, y en Lleida, donde los precios crecieron un 7,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

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(La Vanguardia, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España espera 6.500 millones de euros de los Fondos europeos de Recuperación

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves que la Comisión Europea se encuentra en la fase final de evaluación de la solicitud presentada por España para recibir un sexto desembolso de los fondos europeos de recuperación, por un importe neto cercano a los 6.500 millones de euros. El ministro confía en que la validación llegue "en las próximas semanas". Durante una jornada sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia organizada por el PSOE en el Senado, Cuerpo destacó que España continúa siendo el país de la Unión Europea con mayor número de hitos y objetivos cumplidos, un total de 265, y señaló que Bruselas está revisando actualmente otros 78 compromisos vinculados a esta nueva petición de fondos. El responsable económico del Gobierno defendió que el Plan de Recuperación ha resultado "un éxito" tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, al considerar que las instituciones comunitarias han sabido responder a la crisis derivada de la pandemia mediante políticas destinadas a reforzar la resiliencia económica y acelerar la modernización productiva. La solicitud del sexto desembolso fue remitida formalmente en marzo y contempla un importe bruto total de 7.256 millones de euros. De esa cifra, 6.205 millones corresponden a transferencias no reembolsables y 1.051 millones a préstamos, aunque el importe neto final ronda los 6.500 millones. España recibirá estos recursos una vez que la Comisión Europea concluya la verificación de los 78 hitos y objetivos asociados a esta fase del plan, de los cuales 69 están vinculados a transferencias y nueve a préstamos. Según subrayó Carlos Cuerpo, cuando se complete este proceso España habrá alcanzado aproximadamente el 75% de los fondos asignados dentro del Plan de Recuperación. Desde el Ministerio de Economía destacan que esta sexta solicitud se caracteriza por incluir reformas legislativas de gran alcance y proyectos de inversión que ya están teniendo impacto sobre el tejido productivo. Entre las áreas prioritarias figuran la movilidad sostenible y la descarbonización, las políticas de vivienda, el fortalecimiento de la protección social y del sistema sanitario, así como la transformación industrial y digital. Con este nuevo avance, España entra en la fase final del despliegue de los fondos Next Generation EU, quedando pendientes únicamente los recursos correspondientes al séptimo y último tramo del programa. Hasta ahora, el Gobierno asegura haber movilizado alrededor de 74.800 millones de euros para poner en marcha las distintas convocatorias del Plan de Recuperación. De esa cantidad, ya se han adjudicado 67.000 millones en convocatorias cerradas. Según explicó Cuerpo, esos fondos han beneficiado a cerca de un millón y medio de receptores, de los cuales el 70% son micropymes y pequeñas y medianas empresas. El ministro destacó que esta distribución refleja el elevado grado de capilaridad y alcance del plan dentro de la economía española. El titular de Economía señaló además que el Ejecutivo afronta ahora "la última milla" del programa, centrando sus esfuerzos en culminar la ejecución de los fondos pendientes y maximizar el aprovechamiento de esta oportunidad de inversión. Al mismo tiempo, apuntó a la necesidad de empezar a preparar el escenario posterior al actual plan europeo, con iniciativas como el fondo soberano "España Crece" y las futuras negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

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(El Periódico, 29-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se estabiliza en mayo en el 3,2% y aguarda el impacto de la retirada de las ayudas energéticas

La inflación parece entrar en una fase de cierta estabilidad. En mayo, la tasa de incremento de los precios se mantuvo en el 3,2%, el mismo nivel que en el mes anterior, en un escenario aún condicionado por la incertidumbre energética vinculada al conflicto en Irán. El dato adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística) refleja una situación de equilibrio temporal, tanto en el ámbito geopolítico -con negociaciones de alto el fuego aún abiertas y versiones contradictorias entre Estados Unidos e Irán- como en el terreno de las políticas públicas, donde siguen vigentes medidas de apoyo que están próximas a expirar de forma parcial. A la espera de la estadística definitiva que se publicará en las próximas semanas, la evolución de los precios muestra fuerzas contrapuestas. Por un lado, el encarecimiento del petróleo sigue presionando al alza los costes de los carburantes, afectando directamente al consumidor. Por otro, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha mantenido sin cambios, lo que sugiere que, por ahora, no se está produciendo un traslado generalizado de las tensiones de costes al conjunto de la cesta de la compra. Esta contención se ha visto acompañada por la moderación en otros componentes como el vestido y el calzado, así como por la estabilidad en el precio de la electricidad, favorecida según el Gobierno por la elevada penetración de energías renovables. En paralelo, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se situó en el 2,9%, una décima por encima del registro de abril. El dato llega además en un momento clave desde el punto de vista fiscal, ya que en los próximos días comenzará la retirada progresiva de algunas medidas de alivio. A partir del 1 de junio dejará de aplicarse la reducción del IVA de la electricidad, que había pasado del 21% al 10%, así como la rebaja del impuesto especial eléctrico y el tipo reducido del IVA para el gas natural y otros combustibles domésticos como pellets, briquetas o leña. No obstante, otras medidas vinculadas a los carburantes seguirán vigentes, como los tipos reducidos en el impuesto sobre hidrocarburos, el IVA reducido para gasolinas y gasóleos o la devolución parcial del gasóleo profesional, al menos hasta finales de junio. También continúan activas distintas ayudas sectoriales, como las destinadas a agricultores y transportistas, además de los descuentos reforzados del bono social eléctrico. La eliminación parcial de estos apoyos puede introducir nuevas presiones inflacionistas en los próximos meses, ya que, según estimaciones del Gobierno, estas medidas han contribuido a contener el IPC en torno a un punto porcentual, actuando como un amortiguador temporal sobre la evolución de los precios.

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(Cinco Días, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Los inversores frenan su apetito por la deuda española ante el temor a tipos más altos

Los mercados atraviesan momentos de máxima tensión. Los recientes ataques de Estados Unidos contra posiciones iraníes y la ofensiva israelí en Líbano han vuelto a evidenciar lo delicado del alto el fuego en la región. A pesar de ello, los inversores continúan confiando en que pueda alcanzarse algún tipo de acuerdo diplomático. La volatilidad sigue dominando la evolución de los activos financieros, aunque en los últimos días se percibe una cierta mejoría en el sentimiento del mercado. Después de varias sesiones marcadas por el aumento de las expectativas de inflación y de tipos de interés, que provocaron ventas tanto en bolsa como en deuda, empieza a abrirse paso una mayor tranquilidad. En este escenario, el Tesoro español ha decidido aprovechar la mejora del entorno para continuar con su estrategia de financiación. Tras completar las emisiones ordinarias previstas para mayo, el organismo ha optado por acudir al mercado mediante una colocación sindicada de deuda. A diferencia de las subastas habituales, este tipo de operaciones se ejecutan de forma más flexible y cuentan con la participación de varias entidades financieras encargadas de colocar directamente los bonos entre los inversores. La operación contempla una emisión de entre 12.000 y 13.000 millones de euros y ha despertado un elevado interés desde el inicio. Nada más abrirse el libro de órdenes, la demanda superaba los 78.000 millones de euros y, poco después, ya rebasaba los 130.000 millones. Esta fuerte acogida ha permitido mejorar las condiciones de financiación: el diferencial inicial de ocho puntos básicos sobre el bono español a diez años se redujo rápidamente hasta seis puntos. Pese a ello, el contexto internacional sigue condicionando el apetito inversor. Aunque la economía española mantiene una buena imagen entre los mercados internacionales, la incertidumbre derivada de la guerra y su posible impacto sobre la inflación y el crecimiento económico ha moderado el entusiasmo respecto a operaciones anteriores. La última emisión sindicada a diez años recibió órdenes por valor de 144.900 millones de euros, mientras que la referencia a 30 años colocada un mes después registró una demanda de 119.000 millones. La alteración de las cadenas de suministro globales se ha convertido ya en una realidad evidente. Dos meses y medio después del inicio de la crisis en Oriente Próximo, y con la presión creciente sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, los organismos internacionales han comenzado a rebajar sus previsiones económicas. El diagnóstico general apunta a una desaceleración del crecimiento mundial. Aun así, España continúa mostrando un comportamiento relativamente sólido dentro de este entorno complejo. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, por debajo del 2,8% estimado para 2025, pero claramente por encima del 1,1% previsto para el conjunto de la eurozona. La Comisión Europea mantiene incluso una visión más favorable y sitúa el crecimiento en el 2,4%, ligeramente por encima de las previsiones oficiales del Gobierno. Sin embargo, la economía española tampoco escapa a la incertidumbre monetaria ni al clima político. La deuda pública sigue siendo bien recibida por los inversores, aunque también refleja el impacto de unas expectativas de tipos de interés más elevados. En las últimas sesiones, la rentabilidad del bono español se ha relajado ligeramente, siguiendo la tendencia observada en otras referencias como la alemana o la estadounidense. Aun así, continúa algo por encima de los niveles registrados a comienzos de año, cuando el mercado esperaba una política monetaria más gradual por parte del Banco Central Europeo. Con la próxima reunión del BCE en el horizonte, los inversores dan prácticamente por hecho un nuevo movimiento por parte de Christine Lagarde. No obstante, algunos expertos, como Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l'Échiquier, alertan de que subir tipos en el contexto actual podría reproducir errores cometidos en 2008 y 2011, cuando el BCE endureció su política monetaria en plena desaceleración económica. En su opinión, no existen razones suficientes para asumir ese riesgo. Otros analistas consideran incluso que, de no haberse producido el fuerte repunte inflacionario de 2022, los bancos centrales optarían ahora por una postura mucho más prudente. A la incertidumbre internacional se suma además el deterioro del escenario político interno. El Gobierno todavía no ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la agencia Fitch ya ha advertido de las crecientes dificultades para lograr los apoyos necesarios. La pérdida de respaldo parlamentario y el aumento de la tensión política han vuelto a alimentar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, una hipótesis que el Ejecutivo rechaza y que, por el momento, no parece estar reflejada en los mercados. La prima de riesgo española, uno de los principales indicadores de confianza financiera, permanece estable por debajo de los 45 puntos básicos.

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(Expansión, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE aprieta a la banca para que diseñe su defensa contra ataques con IA

El Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado la presión sobre la banca para que acelere la adaptación de sus sistemas frente a los riesgos derivados de los nuevos modelos de inteligencia artificial, como Mythos, desarrollado por la firma estadounidense Anthropic. El supervisor reunió el pasado martes a unos 300 representantes de entidades financieras, asociaciones empresariales y organismos públicos en una cumbre extraordinaria centrada en esta amenaza. La finalidad del encuentro fue concienciar tanto a los bancos como a las autoridades sobre la magnitud del problema, ya que estos modelos de IA han demostrado ser capaces de detectar y explotar rápidamente vulnerabilidades en los sistemas de las entidades financieras. La reunión estuvo encabezada por Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y vicepresidente del Consejo de Supervisión bancaria. Fuentes próximas al encuentro aseguran que el organismo trasladó a los bancos su intención de empezar a remitir comunicaciones formales en las que solicitará, entre otras cuestiones, planes específicos de protección frente a posibles ciberataques impulsados mediante inteligencia artificial. La iniciativa supone un nuevo avance dentro del proceso supervisor en torno a un asunto que se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad financiera en muy poco tiempo. Durante la cumbre se compartieron experiencias sobre este tipo de ataques, así como información y retos comunes a los que se enfrenta el sector. El BCE también trabaja en la recopilación de buenas prácticas relacionadas con la defensa frente a ataques potenciados por IA. La institución estudia elaborar una guía que pueda servir de referencia al resto de entidades para elevar sus estándares de seguridad, siguiendo una metodología similar a la aplicada anteriormente en ámbitos como la gestión de créditos dudosos. Según ha podido saber EXPANSIÓN, al encuentro acudieron todos los bancos españoles de gran y mediano tamaño. Asimismo, representantes de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías participaron en nombre de la Comisión Europea. El BCE convocó principalmente a perfiles técnicos de las entidades, como responsables de sistemas y directores de tecnología, es decir, los ejecutivos encargados de la infraestructura digital y de desarrollar los mecanismos de defensa y los protocolos de protección frente a estos nuevos riesgos. El supervisor también insistió en la necesidad de reforzar las inversiones en ciberseguridad, una cuestión sobre la que ya había advertido tras publicar los resultados de los test de estrés de ciberresiliencia realizados recientemente. Los principales directivos bancarios reconocen la preocupación existente por el impacto que puede tener Mythos en el ámbito de la inteligencia artificial. Marc Armengol, nuevo consejero delegado de Sabadell, afirmó en un encuentro organizado por IESE y FTI Consulting que la IA debe implantarse con una adecuada gobernanza y que habrá diferencias entre las entidades que gestionen correctamente esta transformación y las que lo hagan de manera improvisada. Por su parte, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, admitió que las entidades financieras se sienten especialmente expuestas ante este tipo de amenazas. La inquietud entre bancos y reguladores europeos es aún mayor porque, por ahora, no tienen acceso a Mythos. El sector espera poder utilizar la herramienta a lo largo del verano mediante un sistema de pago. Fuentes financieras señalan que existe preocupación porque actualmente solo determinadas entidades, ninguna de ellas europea, pueden utilizar este sistema, lo que consideran una amenaza competitiva y de seguridad. También advierten de que, mientras no dispongan de esta tecnología, podría resentirse la calidad de los trabajos de protección frente a ciberriesgos debido a la aceleración de los tiempos y a la falta de capacidad para realizar pruebas adecuadas. Aun así, la banca se muestra dispuesta a colaborar para afrontar este nuevo escenario, aunque teme que la amenaza derivada de la inteligencia artificial sirva de argumento para endurecer las exigencias regulatorias. Desde distintas asociaciones empresariales sostienen que el desafío debe abordarse principalmente desde la resiliencia operativa y la supervisión, más que mediante nuevas normas regulatorias. Por ello, consideran prioritario reforzar capacidades esenciales como la detección y respuesta ante incidentes, la gestión de actualizaciones de seguridad y la resiliencia cibernética.

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(El País, 28-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El número de hipotecas firmadas en el primer trimestre del año superó las 131.000, la cifra más alta en 15 años

El mercado inmobiliario ha comenzado el año mostrando algunos signos de desaceleración, con un descenso de las compraventas respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, esta moderación todavía no se refleja en otros indicadores clave. Uno de los más representativos es el volumen de hipotecas concedidas durante el primer trimestre de 2026. Según los datos publicados este miércoles por el INE, entre enero y marzo se firmaron 131.554 préstamos hipotecarios para la compra de vivienda, lo que supone un aumento del 9,7% en comparación con el mismo periodo de 2025 y el mejor arranque de año desde 2011. La evolución positiva se explica por el crecimiento continuado registrado en enero, febrero y marzo respecto a los mismos meses del año pasado. Solo en marzo se formalizaron 46.661 hipotecas, cerca de 4.000 más que un año antes y la segunda cifra más elevada para ese mes desde 2010. El importe medio de los préstamos alcanzó los 174.132 euros, un 10,1% más que en 2025, reflejando tanto el encarecimiento de la vivienda como unas condiciones financieras todavía relativamente favorables. El tipo de interés medio de las hipotecas constituidas en marzo fue del 2,84%, ligeramente inferior al 2,97% registrado un año antes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran ciertas similitudes entre el comportamiento actual del mercado hipotecario y el registrado en 2010 y 2011. De hecho, para encontrar cifras superiores en los primeros meses del año hay que remontarse quince años atrás. Aun así, el contexto es muy distinto. En aquellos ejercicios, el mercado inmobiliario todavía acusaba el impacto de la burbuja previa y se encontraba en plena fase de ajuste tras el estallido de la crisis financiera. La actividad fue reduciéndose progresivamente hasta tocar fondo entre 2013 y 2014, antes de iniciar una recuperación a partir de 2015 que se ha intensificado especialmente tras la pandemia. También existen diferencias importantes desde el punto de vista normativo. Después de la Gran Recesión, el mercado hipotecario experimentó cambios regulatorios relevantes, con mayores exigencias para acceder a financiación y la desaparición de incentivos fiscales como la deducción por compra de vivienda habitual. Las entidades financieras endurecieron los criterios de concesión, limitando el importe de los préstamos en función del valor del inmueble y de la capacidad económica del comprador. Como consecuencia, acceder hoy a una hipoteca resulta, en términos generales, más complicado que hace tres lustros. El actual dinamismo hipotecario responde menos a estímulos fiscales o financieros y más a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España, un fenómeno compartido en mayor o menor medida por otras economías desarrolladas. La elevada demanda, unida a las dificultades crecientes para acceder al mercado del alquiler, mantiene la presión sobre la compra de vivienda y sostiene la actividad hipotecaria pese al encarecimiento de los inmuebles. A ello se suma la estabilidad que han mostrado los tipos de interés durante el primer trimestre, con variaciones mínimas entre enero y marzo pese al complejo escenario económico y geopolítico internacional. No obstante, el panorama podría cambiar en los próximos meses. Aunque el Banco Central Europeo mantuvo los tipos en el 2% tras acordar a finales de abril una nueva pausa en las subidas, el organismo dejó entrever un tono más restrictivo y no descartó futuras alzas. Si finalmente el BCE decide endurecer la política monetaria para contener la inflación derivada del conflicto con Irán y la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, la presión sobre el mercado inmobiliario podría intensificarse aún más. De hecho, el incremento del importe medio de las hipotecas ya refleja el encarecimiento sostenido de la vivienda: los 174.132 euros de media registrados en marzo superan en 852 euros la cifra de febrero y en 4.663 euros la de enero. El crecimiento de la actividad hipotecaria se ha extendido además a casi todo el país. Solo cinco comunidades autónomas -País Vasco, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Baleares- registraron menos hipotecas durante el primer trimestre que un año antes. Entre las regiones donde sí aumentó la actividad, la Comunidad de Madrid lideró el avance con 3.506 préstamos más, seguida de Cataluña, con 2.618 adicionales, y Andalucía, con 2.589 más.

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