La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia autorizó el pasado año la transmisión de nueve compañías con sede en Cataluña, aunque la operación de mayor envergadura, la compra de Banco Sabadell por BBVA, no llegó a materializarse tras el fracaso, en octubre, de la oferta pública de adquisición presentada sobre la entidad vallesana. En mayo, el regulador ya había avalado esta operación en segunda fase y sujeta a determinados compromisos.
A finales de octubre, la CNMC también dio luz verde, igualmente en segunda fase y con condiciones, a la opa hostil lanzada por el grupo portugués Bondalti sobre la empresa química Ercros, una operación que sigue pendiente de culminarse. En diciembre, Bondalti redujo del 75% al 50% el porcentaje mínimo de aceptación necesario para que la oferta pudiera prosperar.
El organismo de competencia había aprobado asimismo en julio la opa presentada por el grupo italiano Esseco sobre Ercros, pero un mes después la compañía renunció a la operación al considerar excesivas las exigencias impuestas por la CNMC, presidida por Cani Fernández. En 2025, la CNMC únicamente rechazó una operación de adquisición de una empresa catalana. Fue el intento de compra del Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona por parte de la farmacéutica francesa CuriumPharma. En octubre, el regulador bloqueó la transacción al entender que suponía riesgos que no podían corregirse para el mantenimiento de la competencia.
Cabe señalar que las operaciones notificadas a la CNMC representan solo una parte del total de compraventas empresariales, ya que la obligación de comunicación se limita a aquellas transacciones que superan determinados umbrales de cuota de mercado o volumen de negocio fijados por la normativa. Además, quedan fuera de su supervisión las operaciones que se notifican directamente a la Comisión Europea.
Entre las operaciones más recientes aprobadas por la CNMC figuran la venta de la compañía de prevención de riesgos laborales Aspy, que la empresa cotizada Atrys traspasó al grupo catalán Echevarne, y la adquisición de la firma de productos del mar Frime por el grupo indio Infifresh Foodtech. Con anterioridad también se autorizaron cambios de control en la cadena hotelera MedPlaya, la empresa Online Travel Solutions, gestora del portal Trenes.com, la compañía de soluciones de acceso Calmell, la firma de dispositivos médicos Cardiolink y el grupo de derivados del etanol Montplet, en el que la familia fundadora mantendrá el control compartido con Corpfin Capital.
Asimismo, en 2025 el regulador aprobó otros dos procesos de concentración empresarial: la integración de los grupos de concesionarios de automóviles Maas y Vallescar, que dio lugar a la creación de Yomovo, y la constitución de la empresa de prefabricados de hormigón Formigons.Cat, impulsada por Prefabricats Pujol, Calaf Grup, Fiasa Mix y Ribalta Pujol.
La controversia entre el sector hotelero y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024, ha dado un giro inesperado. Tras varias prórrogas y más de un año de espera para que el Gobierno aprobara de manera unilateral la orden ministerial que desarrolla este censo -un proceso en el que las empresas han reprochado reiteradamente la falta de diálogo-, Interior ha mostrado un cambio de actitud. Este viraje se ha materializado en una primera reunión conjunta, impulsada por la CEOE, en la que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se comprometió, según fuentes empresariales, a adaptar el sistema a las particularidades de cada sector.
La puesta en marcha del nuevo registro, que sustituyó a una normativa con 65 años de antigüedad calificada por el sector como obsoleta, generó un profundo malestar entre los hoteleros. El principal motivo fue la obligación de recabar hasta 42 datos por viajero, lo que, a su juicio, ralentiza el proceso de entrada en los establecimientos. Además, denunciaron que parte de la información exigida -como el número de tarjeta bancaria, el teléfono móvil, el correo electrónico, los vínculos familiares entre huéspedes o el precio de la estancia- podía vulnerar la normativa europea de protección de datos o resultar directamente imposible de obtener.
Las agencias de viajes también expresaron su rechazo a la norma y reclamaron quedar fuera del registro, al considerar que no estaban incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de la que emana la obligación. A su entender, el sistema les imponía cargas excesivas y desproporcionadas. Desde Interior, en cambio, se defendió que solo se exigirían 13 datos -dos más que con la regulación anterior- y que la prioridad era reforzar la seguridad ciudadana, apoyándose en los resultados de la plataforma SES Hospedajes, que permitió generar en 2023 y 2024 unas 18.000 órdenes de búsqueda y detención. Pese a ello, ambos sectores habían comenzado a preparar acciones legales.
Con el nuevo clima de diálogo, la presentación de recursos podría quedar en pausa. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se muestra confiado ante este cambio de enfoque y valora de forma positiva la primera reunión tras un año sin contactos. Señala que el sector siempre ha estado dispuesto a facilitar a las fuerzas de seguridad los datos que figuran en el DNI o pasaporte del viajero, tal como se venía haciendo hasta ahora.
Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes ha solicitado un encuentro específico con Interior para reiterar los argumentos por los que piden quedar exentas de las nuevas obligaciones. Su gerente, Mercedes Tejero, subraya que la Ley de Seguridad Ciudadana solo se refiere a actividades de alojamiento y alquiler de vehículos, sin mencionar a agencias, operadores turísticos o intermediarios. En su opinión, incluirlas mediante un real decreto vulneraría el principio de jerarquía normativa.
Desde el Ministerio del Interior, no obstante, se relativiza el alcance de este cambio y se señala que las conversaciones con los sectores afectados se están desarrollando en un tono cordial, con el objetivo de facilitar el uso de la plataforma.
Los últimos datos de SES Hospedajes reflejan que, a 21 de diciembre, había 298.500 empresas inscritas en el registro, cerca de 100.000 más que en marzo. De ellas, 289.339 correspondían a alojamientos, 5.879 a agencias de viajes, 2.583 a compañías de alquiler de vehículos y 699 a plataformas digitales.
Más allá del volumen de información personal exigida a los viajeros, otra de las cuestiones pendientes es el régimen sancionador aplicable a las empresas que incumplan la normativa. Desde Tourism & Law, firma del Grupo Atlantigo que asesora a numerosas compañías afectadas, se indicó en mayo que Interior había comenzado a abrir expedientes sancionadores, aunque sin especificar los sectores implicados.
Desde el Gobierno precisaron que esos expedientes correspondían a incumplimientos anteriores a la entrada en vigor del nuevo reglamento. Si no se introducen cambios en la orden ministerial, el régimen sancionador considera infracciones leves las deficiencias en la cumplimentación de los registros o el envío fuera de plazo de la información obligatoria, con multas de entre 100 y 600 euros. También se tipifican infracciones graves, como la ausencia de registros o la falta de comunicación de los datos, castigadas con sanciones que van de 601 a 30.000 euros. En cualquier caso, Interior insiste en que el objetivo del registro no es recaudatorio.
España contabilizó 91,5 millones de visitantes internacionales entre enero y noviembre, lo que representa un incremento del 3,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo señala que se trata del volumen más alto registrado hasta la fecha en la serie de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras. Solo en noviembre llegaron al país 5,8 millones de turistas extranjeros, un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.
El Reino Unido se mantuvo como el principal mercado emisor, con algo más de un millón de visitantes y un crecimiento interanual del 4,7%. Francia aportó 695.770 turistas, lo que supone un descenso del 7,4%, mientras que desde Alemania llegaron 667.931 viajeros, un 2,7% más. En el conjunto de los once primeros meses del año, los mayores flujos procedieron del Reino Unido, con cerca de 18,2 millones de turistas y un aumento del 3,9%, seguido de Francia, con casi 12,1 millones y una ligera caída del 0,5%, y Alemania, con más de 11,4 millones y un avance del 0,9%.
El gasto turístico también mostró una evolución positiva. Entre enero y noviembre, los visitantes internacionales desembolsaron 126.707 millones de euros, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra supera ya el gasto total registrado a lo largo de todo el ejercicio previo, que fue de 126.282 millones.
En noviembre, el gasto alcanzó los 8.094 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo mes de 2024. El desembolso medio diario se situó en 188 euros, tras crecer un 5,4%. Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.399 euros, con un incremento anual del 2,9%.
El Reino Unido encabezó el ranking de gasto acumulado, con el 17,8% del total, seguido de Alemania, con el 11,8%, y Francia, con el 8,7%. Si se atiende únicamente al mes de noviembre, los principales países por volumen de gasto fueron Reino Unido, con el 16,1%, Alemania, con el 11,7%, y los Países Nórdicos, con el 8,1%. En términos interanuales, el gasto de los turistas británicos creció un 12,7%, mientras que el de los alemanes retrocedió un 0,7% y el de los visitantes procedentes de los Países Nórdicos descendió un 4,5%.
El número de turistas que optaron por alojamientos de mercado aumentó un 4,4%. Dentro de esta categoría, las estancias en hoteles crecieron un 6,1%, mientras que el uso de viviendas de alquiler se redujo un 1,9%. Por el contrario, el alojamiento de no mercado registró una caída del 5,6%.
La mayoría de los turistas permaneció en España entre cuatro y siete noches, con casi 2,7 millones de visitantes, aunque esta franja registró un descenso del 1,3%. Aumentó un 1,6% el número de excursionistas que no pernoctaron, mientras que los viajes de larga duración, superiores a 15 noches, disminuyeron un 10,4%. En noviembre, más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico, un 1,1% más, mientras que cerca de 1,3 millones lo hicieron con paquete, lo que supone un aumento del 5,7%.
Por destinos, Canarias fue la comunidad más visitada en noviembre, concentrando el 25,3% del total de turistas. A continuación se situaron Cataluña, con el 22,0%, y Andalucía, con el 14,3%. Las llegadas a Canarias crecieron un 0,9%, las de Cataluña también aumentaron un 0,9% y las de Andalucía se incrementaron un 6,3%.
En el acumulado de los once primeros meses del año, las regiones que más turistas recibieron fueron Cataluña, con 19,1 millones y un crecimiento del 1%, Islas Baleares, con 15,5 millones y un aumento del 2,6%, y Canarias, con 14,2 millones y un avance del 3,4%.
Las entidades financieras europeas están finalizando, junto a consultoras especializadas, los preparativos para afrontar los nuevos test de estrés que está diseñando el Banco Central Europeo (BCE), cuyo inicio está previsto para las primeras semanas de 2026. El supervisor publicará en breve la metodología definitiva y, a partir de ese momento, cada banco deberá detallar el escenario que haya seleccionado y analizar su impacto, según recoge KPMG en uno de sus informes.
Aunque todavía no se conocen todos los pormenores, tanto las autoridades como las entidades llevan meses trabajando en estas pruebas de resistencia, que este año se centrarán en los riesgos geopolíticos. Dada la amplitud y complejidad de este tipo de amenazas, el BCE ya anunció el pasado verano que aplicará un enfoque metodológico diferente, basado en pruebas de estrés inversas. Debido a que cada banco presenta un perfil de riesgo distinto, el área de Supervisión del BCE, bajo la dirección de Claudia Buch, utilizará este nuevo planteamiento para identificar qué factores geopolíticos podrían tener un mayor efecto negativo sobre el capital de cada entidad.
En los ejercicios tradicionales, los supervisores -el propio BCE y la Autoridad Bancaria Europea- definen una serie de escenarios adversos y las entidades calculan el impacto que tendrían sobre su solvencia. En cambio, con la nueva metodología se invierte el proceso: en 2026, las autoridades fijarán un determinado deterioro del capital y serán los bancos los que deban justificar qué riesgos geopolíticos podrían desembocar en ese resultado.
Según explicó Claudia Buch al presentar la iniciativa, las pruebas de estrés inversas ofrecen un punto de vista distinto al habitual, ya que no analizan cómo reaccionaría un banco ante un escenario común, sino qué tipo de perturbación podría provocar una caída significativa de su solvencia. Las entidades deberán examinar los puntos más frágiles de sus modelos de negocio. Esto puede abarcar, por ejemplo, una elevada exposición crediticia a sectores sensibles a tensiones geopolíticas o una fuerte dependencia de servicios e infraestructuras situadas en regiones potencialmente inestables. En todo caso, subraya KPMG, los escenarios que planteen los bancos deberán ser realistas.
En una intervención ante el Eurogrupo el pasado mes, el BCE ofreció algunas pistas sobre la aplicación práctica de estas nuevas pruebas. En esta ocasión, el supervisor pretende apoyarse en mayor medida en los sistemas internos de gestión de riesgos de las propias entidades, a diferencia de ejercicios anteriores.
Según indicó el BCE, estas herramientas permitirán identificar con mayor precisión las vulnerabilidades específicas frente a riesgos geopolíticos. El Parlamento Europeo también ha estudiado el planteamiento del supervisor. De acuerdo con un informe reciente de los expertos que asesoran a los eurodiputados, este nuevo enfoque no solo dotará a las autoridades de escenarios adaptados a cada banco sobre posibles impactos en la solvencia, sino que también fomentará un nivel de autoconocimiento sin precedentes en el sector acerca de sus propias debilidades.
La futura normativa tiene como objetivo reforzar la claridad de las condiciones aplicables a este tipo de financiación y mejorar la protección de los consumidores. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno prevé aprobar a lo largo del mes de enero una nueva regulación destinada a poner límites a los intereses de los créditos al consumo.
Según explicó este jueves en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la iniciativa pretende aumentar la transparencia en estos productos financieros y ofrecer mayores garantías a los usuarios. Entre las novedades, se establecerá un plazo mínimo de 24 horas para que los clientes puedan aceptar una oferta de crédito, con tiempo suficiente para informarse y valorar la decisión.
Cuerpo detalló que la regulación reforzará la protección de los consumidores en tres ámbitos principales. En primer lugar, la transparencia: cuando se anuncien créditos rápidos, microcréditos o tarjetas revolving, la publicidad deberá reflejar no solo la rapidez en la obtención del dinero, sino también el resto de condiciones, con el fin de evitar mensajes engañosos basados en la inmediatez.
En segundo lugar, se impondrá la obligación de que transcurra al menos un día entre la oferta vinculante y su aceptación, con el objetivo de reducir decisiones precipitadas sobre productos financieros de especial complejidad. Por último, la norma incorporará límites máximos a los costes asociados a este tipo de créditos.
El ministro también avanzó que a partir de 2026 se introducirán cambios para simplificar los trámites administrativos de las empresas mediante el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, se está desarrollando una herramienta similar a "un ChatGPT para pymes" o a "un Géminis", que permitirá a las compañías conocer las ayudas disponibles y gestionar las solicitudes de forma automatizada, con datos ya precargados, de manera comparable al borrador de la declaración del IRPF.
En relación con la inteligencia artificial, Cuerpo defendió una regulación orientada a la protección de los usuarios. A su juicio, es necesario alcanzar un equilibrio que no frene la innovación tecnológica, pero que garantice unas normas básicas y salvaguardas mínimas.
Por otro lado, el ministro subrayó que la vivienda constituye "el principal desafío de esta legislatura" y aseguró que el Ejecutivo está actuando sobre todas las vertientes del problema. Entre las medidas, destacó la recuperación y ampliación del parque público de vivienda para facilitar el acceso a precios asequibles, especialmente en alquiler, a través de la nueva empresa estatal Casa 47.
Esta entidad, según explicó, gestiona entre otros activos los procedentes de la Sareb, con el objetivo de ponerlos al servicio de la ciudadanía. Asimismo, Cuerpo defendió la necesidad de impulsar un mayor esfuerzo inversor en colaboración con el sector privado para reconstruir la oferta residencial, tras más de diez años en los que el peso de la construcción en la economía pasó del 13% al 6% del PIB.
El Ejecutivo ha lanzado el denominado abono único de transporte, un nuevo título que permitirá desplazarse de manera ilimitada en determinados servicios públicos mediante el pago de una cuota mensual fija. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y entrará en funcionamiento el próximo 19 de enero. El precio será de 60 euros al mes para el público en general y de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.
En una primera fase, el abono dará acceso sin restricciones a los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, incluidos algunos trenes Avant, así como a las líneas estatales de autobús que se adhieran al programa. Por el momento, quedan excluidos otros medios de transporte como el metro o los servicios ferroviarios de alta velocidad.
Para poder adquirir este título es obligatorio realizar un registro previo en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los usuarios menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2000, ya pueden completar este trámite. Durante el proceso se solicitan datos personales y de contacto y, una vez finalizado, el sistema facilita un código de descuento. Este código deberá presentarse en el momento de comprar el abono a través de los canales habituales de venta de Renfe y de las compañías de autobús participantes, ya sea por internet, aplicaciones móviles, taquillas o máquinas de autoventa.
Cada abono contará con un localizador único vinculado al título de transporte, que será imprescindible para obtener los billetes sin coste adicional. Dicho código deberá introducirse y validarse en el proceso de reserva de cada viaje. Las empresas irán habilitando progresivamente la venta conforme adapten sus sistemas. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha difundido un vídeo explicativo en su perfil de la red social X en el que detalla paso a paso cómo realizar el trámite.
Puente destacó tras el Consejo de Ministros que el nuevo abono no reemplaza los títulos ni las bonificaciones ya vigentes, sino que se añade a ellos. El planteamiento del Gobierno es avanzar hacia una integración progresiva de los distintos sistemas de transporte gestionados por las administraciones estatal, autonómica y local, con el objetivo de unificar o incorporar los abonos urbanos y regionales en un único título válido en todo el territorio. La referencia es un modelo similar al Deutschlandticket de Alemania, que permite utilizar el transporte público por una tarifa mensual de 63 euros, con exclusión de la alta velocidad.
El ministro animó al resto de administraciones a sumarse a esta iniciativa y defendió que una mayor integración del transporte público se traducirá en más sencillez, ahorro y comodidad para los ciudadanos. Aunque el abono único fue anunciado en 2024 y durante la fase piloto contó con la colaboración de varios gobiernos autonómicos del PP, Puente señaló que dar el paso definitivo hacia su implantación generalizada supone un reto añadido.
El índice de precios de consumo se situó en diciembre en el 2,9% en términos interanuales, lo que supone una décima menos que en noviembre, principalmente como consecuencia del abaratamiento de los carburantes.
Según los datos adelantados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación redujo su ritmo anual en el último mes del año hasta el 2,9%, encadenando así dos descensos consecutivos tras haber alcanzado en octubre su nivel más elevado en los últimos 16 meses, con un 3,1%.
El organismo estadístico atribuye esta evolución, sobre todo, a la caída de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos particulares, que contrasta con la subida registrada en diciembre de 2024. También contribuyeron, aunque de forma más moderada, los precios de ocio y cultura, que aumentaron, pero con menor intensidad que en el mismo mes del año anterior.
En sentido opuesto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas ejercieron presión al alza, al registrar incrementos superiores a los de diciembre del año pasado. En el conjunto de 2025, la inflación media cerró en el 2,7%. Desde el Ministerio de Economía se ha subrayado que esta media es una décima inferior a la de 2024, lo que ha permitido que los hogares continúen recuperando parte de su poder adquisitivo.
El avance del IPC incluye también una estimación de la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos. En diciembre, esta se mantuvo en el 2,6%, el mismo nivel que en noviembre. De confirmarse el dato, se trataría del registro más alto desde diciembre de 2024, cuando alcanzó igualmente el 2,6%.
No obstante, la tasa media de la inflación subyacente en 2025 se situó en el 2,3%, frente al 2,9% del año anterior, en línea con el objetivo marcado por el Banco Central Europeo, según ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre respecto a noviembre, una décima más que el incremento registrado el mes previo.
Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado redujo en dos décimas su tasa interanual, hasta el 3%, y presentó también una variación mensual del 0,3%. La inflación subyacente del IPCA se estima en el 2,8% en diciembre. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC correspondiente a diciembre el próximo 15 de enero.
Los hipotecados se las prometían muy felices este verano. El euríbor bajaba y bajaba, y parecía cuestión de tiempo que rompiera la barrera del 2% y siguiera abaratando los préstamos a tipo variable. Entonces, la tendencia se agotó. El viento cambió en Fráncfort, que a finales de julio dejó los tipos de interés en pausa por primera vez en casi un año. Después, contra los pronósticos de muchas casas de análisis, que vaticinaban un regreso de los recortes de tipos, el Banco Central Europeo se puso en modo esperar y ver. Hasta hoy, que lleva cuatro reuniones sin tocar el precio del dinero, sin visos de movimientos a corto plazo.
El euríbor a doce meses ha ratificado en diciembre el giro de tendencia iniciado tras tocar suelo en julio de 2025, cuando alcanzó el 2,07%. El principal índice de referencia para las hipotecas registró ayer su quinto incremento mensual consecutivo, reflejando el nuevo contexto de tipos de interés en la zona euro. La media del mes se situó en el 2,26%, frente al 2,21% de noviembre, manteniendo una evolución de subidas moderadas pero constantes que han llevado al euríbor a sus niveles más elevados desde abril.
Esa inacción ha desincentivado que el euríbor prosiga su descenso. Y ha dejado un regusto agridulce en un año que se presumía de buenas noticias: cierra diciembre en el 2,268%, por debajo del 2,436% en que terminó 2024. Una hipoteca media, que en España, según el INE, es de 145.673 euros a pagar en 25 años, se ahorrará todavía unos 23 euros al mes, o lo que es lo mismo, 276 euros al año. Pero los que la revisen cada seis meses ya están sufriendo encarecimientos, y a partir de la primavera podría ocurrirles lo mismo al resto.
Después de un magnífico 2024, cuando los continuos recortes de tipos llevaron al euríbor a una espiral de bajadas, el balance general de este año puede parecer pobre -el euríbor subió en seis meses, bajó en cinco, y se estancó otro-, pero los números tienen también un reverso favorable. La caída, aunque pequeña, ha continuado, lo que ha permitido reducir las cuotas a los ya hipotecados, y obtener financiación a tasas competitivas, a menudo por debajo del 3% a tipo fijo, a quienes acaban de endeudarse para adquirir una vivienda.
Pese al repunte de cierre de año, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% y revisión anual, verá reducida su cuota mensual de 870 a 857 euros, lo que supone un ahorro aproximado de 13 euros. En cambio, en los préstamos con revisión semestral, el importe a pagar ya comienza a aumentar. De cara a 2026, los analistas prevén una evolución estable del índice, con el euríbor a un año manteniéndose en torno a los niveles alcanzados en la recta final del año.
El comienzo del nuevo año viene acompañado de una moderación en los precios de la energía y de posibles descensos en el gas, la electricidad y los carburantes, impulsados por la previsión de un menor coste del petróleo. En cambio, los alimentos y la vivienda continuarán encareciéndose en 2026, ejercicio en el que también se esperan subidas en servicios como las telecomunicaciones, los peajes, el transporte aéreo, los taxis, los hoteles o la paquetería, entre otros.
En el ámbito energético, los consumidores podrían notar cierto alivio a lo largo del año. En el caso de la electricidad, el Ejecutivo prevé una reducción de los precios medios de alrededor del 4,66% para los hogares y de hasta el 10% para los grandes consumidores. No obstante, esta evolución dependerá en gran medida del comportamiento del mercado mayorista, ya que los costes regulados fijados por el Gobierno y la CNMC aumentan de forma significativa para adaptarse a la situación del sector.
El gas también registrará una rebaja en el primer trimestre, con una caída estimada del 8,7%, en línea con el descenso de la materia prima en los mercados internacionales, aunque este ajuste llega tras un trimestre previo de fuertes incrementos. En cuanto a los carburantes, se espera que reflejen el elevado nivel de reservas de petróleo existentes, lo que podría traducirse en precios más bajos. A ello se suma una mayor competencia entre estaciones de servicio, impulsada por el crecimiento de los puntos de venta automáticos, generalmente más económicos. Goldman Sachs sitúa el precio del barril entre 52 y 56 dólares, frente a los 60-63 actuales, lo que supone una bajada cercana al 15%.
En alimentación, todo apunta a que la cesta de la compra seguirá encareciéndose, aunque la intensidad del aumento está aún por determinar. A falta del dato definitivo de diciembre, en noviembre los precios subieron un 0,5% respecto a octubre, acumulando un incremento interanual del 2,8%, el más elevado del año. Los huevos se han convertido en el producto que más se encarece, con una subida del 30,2%, debido a la gripe aviar y a los sacrificios de aves en las explotaciones. Les siguen la carne de vacuno, con un aumento del 18%, el café, con el 17,3%, y el chocolate, con un alza del 14,5%. En contraste, el aceite de oliva continúa abaratándose de forma notable, con una caída interanual del 38,1%, aunque en términos mensuales volvió a subir un 2,6% en noviembre, encadenando su segundo repunte consecutivo.
La vivienda seguirá siendo uno de los principales focos de presión económica, aunque los expertos prevén que los precios dejen de crecer a ritmos de dos dígitos ante el desplazamiento de la demanda hacia áreas periféricas, donde los presupuestos familiares resultan más ajustados. Tras cerrar 2025 en niveles máximos, se estiman incrementos de entre el 7,8% y el 15% en el precio de compra y del 6,8% en los alquileres, según Pisos.com e Idealista, por debajo de los aumentos del 14% y el 11% del año anterior. El euríbor tampoco dará tregua: en diciembre sumó su quinta subida mensual consecutiva y se situó en el 2,268%, lo que aún permite cierto alivio en las hipotecas con revisión anual, aunque la situación podría cambiar a partir de la primavera. Bloomberg prevé que el indicador cierre 2026 en el 3,14%. Además, la banca ha puesto fin a la competencia agresiva en precios ante un escenario de estabilidad de tipos y un posible repunte en 2027.
En seguros, la evolución será desigual. Un informe de WTW señala que las empresas podrán renegociar ajustes a la baja de entre el 5% y el 15% en pólizas como daños, responsabilidad civil o ciberseguros, gracias a la fuerte competencia. Sin embargo, se anticipan subidas en los seguros familiares. En el ramo de automóviles, se ha frenado la tendencia descendente, mientras que los seguros de salud figuran entre los que más aumentarán debido al encarecimiento de la atención sanitaria y a la elevada demanda. Tras subir un 19% en 2025, se prevén alzas de entre el 6% y el 7,5% en 2026.
El envío postal también será más caro. A partir del 1 de enero, una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos costará 0,96 euros, siete céntimos más que en 2025, lo que supone un incremento del 7,8%, que se suma al 8,5% del año anterior. Desde 2015, cuando costaba 0,42 euros, el precio prácticamente se ha duplicado. Las cartas certificadas y los envíos internacionales también registrarán aumentos, al igual que los paquetes, con subidas en torno al 5,5% según el peso.
En transporte, el comportamiento será dispar. El transporte público urbano e interurbano mantendrá las tarifas gracias a las bonificaciones estatales y autonómicas. Los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como los autobuses de largo recorrido, conservarán los descuentos, y los usuarios de trenes Avant se beneficiarán de mayores rebajas con el nuevo PaseVía. Además, entra en vigor un abono único de 60 euros para facilitar la movilidad fuera de las grandes ciudades. En cambio, los taxis incrementarán sus tarifas una media del 2,3%, los peajes de autopistas subirán entre un 2% y un 4,68%, y los billetes de avión también se encarecerán tras el aumento del 6% en las tasas aeroportuarias.
En telecomunicaciones, las subidas de precios a comienzos de año se han convertido en una práctica habitual, con incrementos de entre el 3% y el 5%. Movistar actualizará sus tarifas el 13 de enero, con alzas de entre 3 y 4 euros mensuales en sus servicios convergentes. Orange aplicará desde el 12 de enero un incremento medio cercano al 4%, mientras que Vodafone lo hará el 8 de enero, con una subida media del 3,9%, que en algunos planes alcanzará los 5 euros. La excepción será Digi, que mantiene su compromiso de no aumentar precios.
En turismo, tras varios años de fuertes subidas, el encarecimiento de los hoteles se modera y las cadenas prevén aumentos medios del 5% al 6%, lejos de los incrementos de dos dígitos del pasado. En restauración, la presión de los costes continuará trasladándose a los clientes, y la elevada demanda de actividades de ocio y cultura mantendrá al alza el precio de las entradas.
En farmacia y sanidad, el Ministerio de Sanidad revisa anualmente los precios de referencia de los medicamentos financiados, reduciendo el coste de aquellos que han perdido la patente. En la última actualización se ajustaron los precios de más de 17.000 fármacos. Aun así, el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud seguirá aumentando en 2026, en línea con la tendencia reciente. En 2024 alcanzó los 13.865 millones de euros, un 3,52% más que el año anterior.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ya preparada la normativa conocida como escudo antiapagones, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 20 de enero. El organismo ha abierto un periodo de consulta pública de diez días para que se presenten observaciones, aunque el contenido del texto ya ha sido revisado previamente por las empresas eléctricas.
Con esta iniciativa, la CNMC, presidida por Cani Fernández, da por cerrada la controversia iniciada en octubre, cuando el regulador obligó a Red Eléctrica a entablar negociaciones con el sector para consensuar una propuesta capaz de afrontar de forma eficaz los problemas de control de tensión del sistema eléctrico español. En aquel encuentro, las posturas eran tan distantes que representantes del operador y de las compañías ni siquiera compartieron mesa.
La propuesta actual, elaborada por Red Eléctrica, llega después de que la CNMC rechazara un planteamiento anterior del operador por considerarlo inviable, especialmente para las centrales convencionales, que no pueden reaccionar con la rapidez exigida inicialmente. El sector advirtió entonces de que imponer respuestas inmediatas a los equipos podría provocar daños técnicos y generar nuevas inestabilidades en la red. Además, aportó informes técnicos que mostraban el aumento de la volatilidad en las tensiones del sistema y el efecto negativo que ello tenía sobre las exigencias de control, alertando de que la solución propuesta podría agravar el problema.
En el nuevo planteamiento, consensuado previamente con las compañías eléctricas, Red Eléctrica renuncia a acortar los plazos para la presentación de ofertas en las restricciones técnicas. La iniciativa consolida de forma permanente las medidas que se venían aplicando con carácter excepcional desde octubre y que estaban previstas para finalizar el 19 de enero de 2026, tras sucesivas prórrogas motivadas por riesgos para la seguridad del suministro.
La propuesta introduce cambios en los procedimientos 3.1, 3.2 y 7.2, relativos a la programación diaria, la gestión de restricciones técnicas y la regulación secundaria. El contexto técnico que los sustenta es la aparición en los últimos años de oscilaciones bruscas de tensión, ligadas a variaciones repentinas en la producción de determinadas instalaciones, en un sistema cada vez más condicionado por la negociación en bloques de quince minutos, los precios negativos y una elevada participación en los mercados intradiarios y de balance.
En materia de programación diaria, la CNMC respalda una reorganización de los tiempos operativos para asegurar que el Programa Diario Viable Provisional incorpore una resolución completa de las restricciones técnicas tras el cierre del mercado diario. Con ello se busca reforzar la solidez de los programas antes de la operación en tiempo real y reducir la necesidad de ajustes de última hora y de activaciones adicionales de energía de balance, factores que pueden intensificar las variaciones de tensión.
Por otro lado, la reforma del procedimiento de restricciones técnicas introduce un cambio significativo al permitir que la falta de reserva de potencia al alza se gestione ya después del mercado diario, en lugar de hacerlo mayoritariamente en tiempo real. Esto permite a Red Eléctrica programar con antelación centrales térmicas adicionales cuando sea necesario, con criterios claros de coste y aportación efectiva de reserva, y evita soluciones incompletas que trasladaban ajustes críticos a fases posteriores de la operación.
El tercer eje de la propuesta se centra en la regulación secundaria, donde se refuerza el control del cumplimiento del programa en tiempo real por parte de los proveedores autorizados. Esta obligación se extiende a todos los periodos en los que los agentes participan en el servicio de recuperación automática de frecuencia y se modifica el cálculo de los desvíos para ajustarlo a la energía negociada en tramos de quince minutos, con el objetivo de lograr un comportamiento operativo más estable y previsible.
El regulador avala la consolidación de estas medidas tras comprobar, durante su aplicación temporal, que no se ha producido un aumento significativo de los costes asociados a las restricciones técnicas ni de la banda de regulación secundaria que asume la demanda, ni tampoco un empeoramiento del funcionamiento del mercado, incluida la primera subasta intradiaria. Esta evaluación se ha realizado a partir de la información proporcionada por el operador del sistema y de los datos de mercado a los que la CNMC tiene acceso de forma diaria.
Aunque el documento reconoce la existencia de alternativas más estructurales a medio plazo, como la implantación generalizada de rampas obligatorias de cambio de programa o una habilitación más rápida de instalaciones asíncronas para servicios avanzados de control de tensión, la CNMC considera que estas opciones requieren inversiones y plazos que difícilmente estarían disponibles antes de los cambios estacionales previstos para la primavera.
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