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(Cinco Días, 18-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno anuncia la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo de las reservas españolas

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la aprobación de la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo durante un periodo de 90 días con el objetivo de hacer frente a la escasez de suministro provocada por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Esta medida se enmarca dentro de los planes de la Agencia Internacional de la Energía, que prevé liberar hasta 400 millones de barriles a nivel internacional. La liberación se llevará a cabo de forma gradual, comenzando la primera fase dentro de 15 días. Aagesen ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al señalar que la dependencia directa de España del petróleo y el gas de la zona es "limitada", aunque ha reconocido que ya se están percibiendo efectos y cierta volatilidad en los precios energéticos. El Gobierno ha comunicado que esta liberación de crudo se realizará por etapas y busca frenar el encarecimiento que ya están experimentando tanto los consumidores como las empresas. Además, el Ejecutivo ha adelantado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas dirigido especialmente a los sectores más afectados por las consecuencias económicas del conflicto en Irán. La vicepresidenta tercera ha explicado que el compromiso adquirido por España con la Agencia Internacional de la Energía contempla, al menos, dos fases. En la primera se liberarán reservas equivalentes a cuatro días de consumo, aproximadamente 3,75 millones de barriles, que se pondrán en el mercado a lo largo de 15 días. Esta cantidad procederá de las reservas gestionadas por los operadores privados, que cuentan con un excedente equivalente a unos 50 días de consumo. Tras esta primera liberación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará el ritmo al que se liberará el resto de las reservas, en función de cómo evolucione la situación internacional. Aagesen ha precisado que no se utilizarán las reservas estratégicas de 42 días que gestiona la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), por lo que España mantiene en total unas reservas equivalentes a 92 días para situaciones de emergencia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España de este martes, la ministra también adelantó que el próximo viernes se aprobarán dos tipos de medidas para amortiguar el impacto de la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Medio. Por un lado, se adoptarán acciones temporales para compensar el encarecimiento de la electricidad y los carburantes; por otro, se impulsarán medidas estructurales destinadas a reforzar la descarbonización de la economía española mediante la electrificación, una estrategia que se ha reforzado desde el inicio de la Guerra de Ucrania. En este sentido, Aagesen subrayó que "el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz". El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes aprobará medidas específicas para los sectores más afectados por el aumento de costes, como el transporte y la logística, el sector agrario, la pesca y las industrias con mayor consumo energético. Según explicó, se trata de actividades en las que el incremento de costes puede trasladarse rápidamente a otros ámbitos de la economía, por lo que el objetivo es evitar que esa subida termine repercutiendo en el precio final de los alimentos. Entre las medidas que estudian los distintos ministerios económicos se encuentran bonificaciones para la compra de gasóleo agrícola (B) y fertilizantes en el caso del sector primario, así como una reducción extraordinaria en el precio del combustible para los profesionales del transporte pesado por carretera, según fuentes gubernamentales. Por el contrario, el Gobierno descarta recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro en los carburantes o una nueva rebaja del IVA de los alimentos, al considerar que estas medidas tuvieron un carácter regresivo y beneficiaron en mayor medida a las rentas más altas. En su lugar, el Ejecutivo prepara un paquete de ayudas más focalizado y dirigido a quienes más lo necesitan.

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(Expansión, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España enfila picos de inflación del 4% con los alimentos disparados

La guerra reducirá en dos décimas el crecimiento del PIB. Además, los alimentos frescos aumentarán más de un 6% interanual debido al encarecimiento de los fertilizantes, pesticidas y del gasóleo agrícola, después de haber subido ya un 44% en los últimos seis años. Incluso en el escenario más favorable, el conflicto en Irán tendrá importantes consecuencias económicas y afectará al poder adquisitivo de los ciudadanos. Según el servicio de estudios de BBVA, si el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán finaliza relativamente pronto y no provoca daños permanentes en las infraestructuras energéticas de la región, la inflación podría aumentar más de un punto en marzo, situándose cerca del 3,5%. Posteriormente, en abril y mayo podría subir aún más, aunque algunos productos experimentarían incrementos especialmente elevados, como los alimentos, debido al aumento de los costes del gasóleo agrícola, fertilizantes y pesticidas. De acuerdo con el informe Situación España presentado por BBVA Research, la inflación experimentará un fuerte repunte en marzo, pasando del 2,3% registrado en febrero al 3,5%. En los dos meses siguientes volverá a incrementarse, superando el 4%. A partir de entonces, comenzaría a moderarse hasta situarse entre el 2,5% y el 2,6% en la segunda mitad del año. Con estas previsiones, la inflación media anual se situaría en torno al 2,9%, lo que supone cuatro décimas más que la estimación realizada en diciembre. Los analistas de BBVA trabajan con un escenario en el que el conflicto tendría una duración limitada y no afectaría de forma significativa a la producción de petróleo a largo plazo, más allá de las tensiones provocadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este contexto, el precio del crudo, que en las últimas semanas ha aumentado un 40% hasta superar los 100 dólares por barril, se moderaría hasta una media de 75 dólares durante el segundo trimestre. No obstante, aunque el aumento de precios pueda ser moderado, seguirá teniendo un impacto negativo en los consumidores, ya que se concentrará en dos gastos habituales: los carburantes y los alimentos. El incremento de los combustibles ya es evidente: el gasóleo ha subido 40 céntimos en las últimas tres semanas, alcanzando los 1,84 euros por litro, mientras que la gasolina se ha encarecido 25 céntimos, hasta los 1,77 euros por litro. En el caso de los alimentos, el aumento todavía es incipiente, pero comienza a percibirse, y desde BBVA advierten de que el encarecimiento de los insumos agrícolas podría impulsar el precio de los alimentos frescos hasta un 6% interanual. Este incremento se suma a una subida acumulada del 44% en los últimos seis años, lo que supone un nuevo golpe para los consumidores. Por otro lado, un aspecto relativamente positivo es que el precio de la electricidad no aumentará tanto como en 2022. Aunque el precio del gas TTF se ha duplicado y supera los 50 euros por megavatio hora, sigue muy lejos de los 345 euros por MWh que se alcanzaron tras la invasión rusa de Ucrania. Además, BBVA Research explica que en 2022 el gas marcaba el precio del mercado eléctrico aproximadamente el 70% del tiempo, mientras que en la actualidad su influencia se reduce a cerca del 25%. No obstante, estas previsiones parten de un escenario de conflicto breve, sin daños graves en infraestructuras energéticas ni interrupciones en el comercio petrolero, y sin impactos importantes en la confianza internacional o en las cadenas globales de suministro, lo que representaría el escenario más favorable dentro de un contexto todavía incierto. En este marco, la guerra habría incrementado la inflación en cuatro décimas y reducido el crecimiento del PIB en dos décimas durante este año. Sin embargo, esta caída se vería compensada por la mejora de otros factores, por lo que BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,4%. Por el momento, el servicio de estudios del banco no considera necesario contemplar un escenario más negativo. No obstante, advierte de que si el precio del petróleo continúa subiendo de forma prolongada, el impacto sobre la economía podría ser mucho mayor, ya que cada incremento del 10% en el precio del crudo a lo largo del año restaría aproximadamente dos décimas al PIB, efecto que sería aún más significativo si el barril superara los 100 euros.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España crecerá al 2,4% este año pese a la guerra en Oriente Próximo

La economía española continúa creciendo pese al aumento de la inestabilidad geopolítica que afecta a los mercados internacionales. Los analistas de BBVA Research consideran que la fase económica actual sigue siendo equilibrada y que el impacto derivado del conflicto en Irán sería temporal. Señalan que la economía parte de una posición relativamente sólida para afrontar tensiones externas, lo que, junto con la expectativa de que la guerra no se prolongue demasiado, ha llevado al servicio de estudios del banco a mantener su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026. Aun así, advierten de que el país se enfrenta a un shock de oferta con repercusión global, especialmente a través del sector energético y del transporte. En este sentido, subrayan que la evolución del conflicto y la posible aparición de efectos secundarios sobre precios y costes serán determinantes. Si la guerra en Irán se extendiera durante varios meses, el impacto podría ser mucho más difícil de absorber. Sin embargo, por el momento los expertos confían en que el enfrentamiento tenga una duración limitada, lo que justifica mantener las previsiones de crecimiento. La situación actual responde a un equilibrio entre fuerzas opuestas: el impulso que aporta la economía interna está compensando, por ahora, los efectos negativos derivados de la crisis en Oriente Próximo. El buen comportamiento del consumo privado, las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y la moderación de los tipos de interés han favorecido una mejora económica que, de momento, se ve frenada por la incertidumbre internacional. No obstante, el conflicto ya tiene consecuencias económicas y los analistas calculan que restará alrededor de dos décimas al crecimiento del PIB. Las previsiones parten de que la guerra será limitada en el tiempo y de que el precio del petróleo volverá a situarse cerca de los 68 dólares tras haber alcanzado máximos de 74 dólares durante el segundo trimestre del año. El principal reto inmediato se sitúa en el terreno de la inflación. Las dificultades en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un tercio del petróleo mundial, han elevado los costes energéticos. Este encarecimiento podría añadir tres décimas a la inflación media, que se situaría en el 2,9% en 2026. Para el año siguiente, se espera que la inflación vuelva a moderarse hasta el 2%, mientras que el PIB mantendría un crecimiento del 2,4%. El momento más delicado para la actividad económica se concentraría en el segundo y tercer trimestre del año, cuando el crecimiento trimestral podría reducirse del 0,7% al 0,4%, antes de recuperarse en la parte final del ejercicio. En cuanto a los precios, el pico inflacionario podría registrarse entre abril y mayo, con tasas cercanas al 4%. Aun así, los expertos advierten de que una prolongación del conflicto alteraría este escenario. Según sus estimaciones, cada incremento del 10% en el precio del petróleo reduciría el crecimiento económico en dos décimas. Pese a estas incertidumbres, los economistas destacan que la economía española afronta este contexto desde una posición relativamente favorable. El mercado laboral continúa siendo uno de los principales motores del consumo, con una previsión de creación de alrededor de un millón de empleos entre 2026 y 2027. Además, la regularización de medio millón de inmigrantes podría impulsar de forma inmediata la afiliación a la Seguridad Social y aumentar la recaudación fiscal, facilitando la incorporación de numerosos trabajadores a la economía formal. El sector exterior también podría aportar un efecto positivo, especialmente a través del turismo. La inestabilidad en otras zonas del Mediterráneo está desviando parte de los flujos turísticos hacia España, reforzando su imagen como destino seguro. A ello se suma el buen comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que podrían crecer cerca de un 4,9% y convertirse en uno de los componentes más dinámicos de la economía, frente a la debilidad de las exportaciones de bienes. Por otra parte, la inversión en vivienda continúa aumentando debido al fuerte déficit de oferta, que podría superar las 700.000 viviendas. Esta escasez impulsará los precios inmobiliarios, con subidas estimadas en torno al 10,2% durante el año, y mantendrá la actividad constructora en niveles elevados en relación con el PIB. A pesar de este escenario relativamente favorable basado en la fortaleza de la demanda interna, persisten algunos desafíos estructurales, sobre todo en el ámbito de las finanzas públicas. BBVA Research advierte de que la política fiscal podría resultar más expansiva de lo previsto, en parte debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Esta situación incrementa el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas, ya que el gasto público podría crecer alrededor de un 4,6%, muy por encima del límite del 3% acordado con las instituciones europeas. En este contexto, el déficit público se situaría en torno al 2,3% del PIB, apoyado por la llegada de fondos europeos y por el incremento del gasto en defensa, medidas que estimulan la economía pero dificultan el proceso de consolidación fiscal. Por último, el servicio de estudios del banco señala que las consecuencias económicas de la actual guerra serían menos intensas que las provocadas por la invasión de Ucrania. No obstante, también recuerdan que el margen fiscal del país es limitado, por lo que cualquier medida de apoyo que se adopte debería ser muy específica y dirigida únicamente a los sectores más afectados.

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(El País, 17-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La banca negocia con el ICO para participar en la gestión del fondo soberano del Gobierno

El sector bancario formará parte de la nueva gran herramienta de inversión impulsada por el Gobierno. Actualmente, las entidades financieras mantienen conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para colaborar en la gestión del fondo soberano España Crece, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de enero y que contará con una dotación total de 120.000 millones de euros, según fuentes financieras. La propuesta contempla que los bancos sean quienes contacten con posibles beneficiarios y canalicen los recursos mediante préstamos, avales u otros instrumentos financieros. La colaboración entre el ICO y la banca se ha convertido en los últimos años en una de las fórmulas preferidas del Ejecutivo para estimular la economía. Un ejemplo fue la pandemia de covid-19, cuando se pusieron en marcha líneas de avales por valor de 140.000 millones de euros. Gracias a este mecanismo, el Estado cubría el 20% del riesgo de los préstamos concedidos por las entidades financieras, lo que incentivó la concesión de crédito para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Este modelo también se ha utilizado posteriormente ante situaciones como la guerra en Ucrania, la dana en Valencia o las dificultades de acceso a la vivienda. A ello se suman las tradicionales líneas de financiación del ICO, mediante las cuales la banca distribuye préstamos públicos dirigidos a empresas. Este sistema resulta beneficioso para ambas partes. Para el ICO, trabajar junto a las entidades financieras facilita que los fondos lleguen con mayor rapidez y eficacia a la economía real. Para los bancos, representa una oportunidad de ampliar su actividad, ya que pueden obtener ingresos mediante los intereses de los préstamos -aunque estos suelen tener límites- con un riesgo reducido, al contar con la protección pública frente a posibles impagos. En los últimos años también se han analizado nuevas formas de cooperación, ya que las entidades han ido reduciendo su participación en las líneas tradicionales de financiación del ICO. De hecho, el volumen total concedido el pasado ejercicio descendió alrededor de un 40%. En periodos de crecimiento económico, como el actual, muchas entidades prefieren ofrecer otros productos financieros con mayor rentabilidad. Al mismo tiempo, el ICO busca impulsar proyectos que impliquen mayor asunción de riesgo, mediante coinversiones con bancos y fondos de inversión, una estrategia en la que encaja el nuevo fondo España Crece. Las conversaciones entre el ICO y el sector bancario se encuentran todavía en una fase inicial. En ellas participan tanto las entidades financieras como las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que representa a las antiguas cajas de ahorro. Aún queda por definir en qué proyectos se centrará la colaboración, así como las cantidades y los mecanismos concretos de financiación. El objetivo es que el proyecto quede definido en los próximos meses. El presidente del Gobierno anunció este instrumento en enero. Inicialmente contará con 13.300 millones de euros de capital, de los cuales 10.500 millones procederán de préstamos del Plan de Recuperación europeo y 2.800 millones de transferencias públicas. Además, el ICO podrá aportar hasta 60.000 millones adicionales, así como atraer coinversión del sector privado para alcanzar la movilización total de 120.000 millones. El fondo ofrecerá distintos instrumentos financieros, como préstamos, avales o inversiones directas en capital. Su finalidad es impulsar proyectos que suelen tener más dificultades para acceder a financiación tradicional, como algunas start-ups. Entre los sectores identificados como prioritarios figuran ámbitos como la biotecnología, la tecnología alimentaria, la economía de los cuidados o las inversiones vinculadas a la transición ecológica. Uno de los objetivos principales será también la construcción de vivienda asequible. El plan prevé movilizar alrededor de 23.000 millones de euros para impulsar la construcción de unas 15.000 viviendas al año. En este ámbito, el ICO podría actuar como coinversor, facilitar el crédito e incluso participar en el capital de proyectos inmobiliarios, con financiación estable y a largo plazo -entre 35 y 40 años-. De este modo, la vivienda social se convertirá en uno de los ejes centrales del fondo, junto con la transición verde y el impulso a la actividad empresarial. La sintonía entre el sector financiero y el ICO quedó patente la semana pasada durante un foro sobre banca organizado por Deloitte. En una mesa redonda participaron el presidente del ICO, Manuel Illueca, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de Ceca, Antonio Romero. Durante el encuentro coincidieron en que el papel del ICO no es competir con las entidades financieras, sino complementarlas para actuar allí donde existen lo que Illueca denomina "fallos de mercado". Tanto el ICO como las patronales bancarias destacan la eficacia de este tipo de colaboración público-privada para afrontar crisis económicas y absorber impactos negativos. No obstante, también consideran que este modelo puede servir para abrir nuevas oportunidades de negocio en momentos de crecimiento económico. Según Illueca, cuando la economía atraviesa dificultades, un banco público promocional puede apoyar al sistema financiero; en cambio, en fases favorables, su papel consiste en impulsar nuevos mercados que puedan convertirse en oportunidades futuras. Este será precisamente el objetivo del fondo soberano español, inspirado en modelos que ya funcionan en países como Reino Unido o Irlanda, y que también se estudian en economías como Estados Unidos o Alemania. Aunque con un planteamiento distinto al español, algunos de los fondos soberanos más conocidos son los de Noruega, Singapur o varios países de Oriente Próximo, que invierten en empresas de todo el mundo.

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(Expansión, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas revoluciona la creación de empresas: listas en 48 horas y para toda la UE

La Comisión Europea presentará esta semana EU Inc, una iniciativa destinada a crear un régimen empresarial único en la Unión Europea inspirado en el modelo de Delaware. De acuerdo con el último borrador del proyecto al que ha tenido acceso Expansión, la propuesta pone el foco en la digitalización y en simplificar al máximo los procedimientos administrativos. Este nuevo sistema, que pretende transformar la manera en que se crean empresas dentro de la UE, forma parte del llamado "régimen 28". Se trataría de un marco legal y administrativo opcional que permitiría a las compañías operar bajo normas comunes en todo el bloque, reduciendo así la fragmentación que generan los 27 sistemas nacionales y facilitando trámites completamente digitales. Según el borrador más reciente, las empresas podrían constituirse en un plazo aproximado de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros. Además, sería posible crear una compañía con capital social cero, lo que ofrece mayor flexibilidad financiera. Este modelo supondría un cambio significativo frente a los procesos actuales, que pueden durar semanas o meses y cuyo coste oscila entre 3.000 y 25.000 euros, dependiendo del país donde se registre la empresa. Inspirado en el éxito del marco jurídico de Delaware para compañías innovadoras en Estados Unidos, el objetivo de la propuesta impulsada por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen es reducir la incertidumbre y los elevados costes que enfrentan emprendedores e inversores al tener que adaptarse a la normativa de cada país en el que desean operar. El borrador subraya que, además de facilitar la creación de empresas, una prioridad clave es digitalizar los procesos administrativos y minimizar la burocracia. Con este fin, se plantea la creación de una interfaz virtual centralizada de registro, que funcionaría como una ventanilla única basada en el sistema BRIS (Interconexión de Registros Mercantiles). Gracias a esta plataforma, las empresas podrían realizar trámites en cualquier Estado miembro sin tener que interactuar con 27 sistemas distintos. Todas las gestiones relacionadas con el ciclo de vida de la empresa -constitución, registro de sucursales, inversiones o liquidación- se realizarían exclusivamente en línea, eliminando trámites presenciales y documentación en papel. Asimismo, la propuesta establece el principio de "solo una vez", según el cual la empresa presentaría su información una única vez y serían las autoridades nacionales (fiscales, seguridad social, etc.) las encargadas de consultarla directamente a través del sistema BRIS. Incluso los estatutos de la empresa seguirían este enfoque simplificado: solo tendrían que presentarse en inglés y en el idioma del país donde se ubique la sede social. Si posteriormente se abre una sucursal en otro Estado miembro con un idioma distinto, el registro del país de destino deberá recuperar automáticamente la documentación necesaria desde el sistema central. La normativa prevé que solo se exija una traducción certificada al idioma local cuando resulte estrictamente imprescindible, por ejemplo, en determinados procedimientos judiciales o para cumplir requisitos específicos de divulgación pública. Con el objetivo de lograr una mayor armonización normativa, la Comisión Europea plantea aprobar esta iniciativa mediante un reglamento, lo que implicaría su aplicación directa y obligatoria en todos los Estados miembros sin necesidad de adaptación legislativa nacional. No obstante, las normas nacionales seguirían aplicándose en materias no cubiertas por el reglamento o cuando se remita expresamente a ellas, especialmente en legislación laboral y fiscal, competencias que siguen siendo de los Estados. El régimen EU Inc estaría abierto a cualquier empresa con sede en la UE, tanto de nueva creación como ya existentes que decidan adoptar este modelo una vez entre en vigor. Aun así, está especialmente diseñado para microempresas -con hasta cuatro empleados, activos de hasta 300.000 euros e ingresos anuales de hasta 200.000 euros-, así como para startups y scaleups innovadoras, a las que se ofrecerán procedimientos más ágiles en casos de insolvencia o liquidación. En concreto, estas empresas podrían cerrar su actividad mediante un proceso acelerado de hasta tres meses si no tienen deudas, han transferido sus activos y han cesado su actividad. Si existen deudas, el procedimiento podría prolongarse hasta seis meses, con trámites simplificados, sin necesidad obligatoria de abogado e incluso con subastas judiciales de activos digitales que podrían realizarse de forma transfronteriza. Estas medidas buscan impulsar el dinamismo empresarial, reduciendo el impacto negativo del fracaso empresarial -el llamado "coste del fracaso"- y permitiendo que emprendedores e inversores puedan iniciar nuevos proyectos con mayor rapidez, sin mantener capital bloqueado durante largos periodos.

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(El País, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Estados Unidos levanta las sanciones a los petroleros rusos durante un mes

La Administración de Donald Trump ha decidido aliviar temporalmente las restricciones impuestas al petróleo ruso, una medida que podría aportar miles de millones de dólares adicionales a las arcas del Kremlin en pleno contexto de tensión energética derivada del conflicto con Irán. Estados Unidos permitirá durante un mes -salvo que se prorrogue la decisión- la venta en los mercados internacionales de crudo y otros derivados rusos que ya estaban cargados en buques antes del 12 de marzo. Según Kiril Dmitriev, enviado especial de Vladímir Putin y responsable del fondo soberano ruso, esta medida podría poner en circulación unos 100 millones de barriles de petróleo. La reacción desde Europa no se hizo esperar. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticó en redes sociales lo que calificó como una "decisión unilateral" por parte de Washington y expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida. Desde Moscú, Dmitriev celebró la decisión señalando que, en medio de una crisis energética creciente, flexibilizar las restricciones al sector energético ruso parecía cada vez más inevitable. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que la autorización concedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros solo afecta al petróleo ruso que ya se encuentra transportándose por mar. Si no hay nuevas modificaciones, el crudo que Rusia produzca a partir de ahora seguirá sujeto a las sanciones. La semana anterior, Washington ya había levantado su veto a las ventas de petróleo ruso a India. El anuncio actual supone, en la práctica, que Estados Unidos tolerará que otros países compren el crudo que Moscú mantenía almacenado en buques en alta mar durante los meses de restricciones. Esta flexibilización también permitirá a Rusia vender ese petróleo sin los grandes descuentos que había tenido que aplicar debido a las sanciones. Antes del conflicto con Irán, el crudo ruso se comercializaba con rebajas de hasta 30 dólares respecto al precio internacional. Así, cuando el barril de Brent crude oil se situaba en torno a 70 dólares, el petróleo ruso podía adquirirse por unos 40, aunque con el riesgo de posibles sanciones para los compradores. La decisión llega en un momento delicado para las finanzas del Kremlin. Las sanciones impuestas en otoño por Washington a gigantes petroleros rusos como Rosneft y Lukoil habían incrementado la presión sobre las cuentas públicas. Pocos días antes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, anunció recortes presupuestarios para reforzar el Fondo Nacional de Bienestar. Entre enero y febrero, el déficit público ruso alcanzó los 3,4 billones de rublos -unos 37.000 millones de euros-, una cifra cercana al objetivo fijado para todo 2026. Aunque el inicio del año suele concentrar gran parte del gasto público, en esta ocasión los ingresos presupuestarios totales cayeron alrededor de un 10%, con un desplome de cerca del 50% en los procedentes de los hidrocarburos. Según cálculos citados por el diario británico Financial Times, Rusia podría ingresar aproximadamente 150 millones de dólares adicionales al día mientras se mantenga esta relajación parcial de las sanciones. De acuerdo con datos de la International Energy Agency, Rusia exportó en febrero unos 6,6 millones de barriles diarios, cerca de 184 millones en todo el mes, lo que generó unos 9.500 millones de dólares, unos 1.500 millones menos que en enero. Aun así, los expertos consideran que esta inyección de ingresos difícilmente cambiará el curso de la guerra en Ucrania. Los problemas económicos de Rusia no se deben tanto a sus cuentas públicas como al desequilibrio de su economía civil, muy afectada por el peso de la industria militar tras varios años de conflicto. Además, los hidrocarburos ya representan alrededor de una cuarta parte de los ingresos del Kremlin, lejos de más de la mitad que suponían en el pasado. Incluso, una entrada repentina de divisas podría reforzar el rublo y perjudicar la competitividad de las empresas rusas. Pese a los ingresos adicionales que podría generar la actual crisis energética, el Ministerio de Finanzas ruso mantiene su intención de reducir el gasto y endurecer las reglas fiscales. En Moscú no creen, al menos por ahora, que el actual repunte de los precios de la energía vaya a prolongarse durante todo el año. Desde el inicio de los ataques contra Irán -realizados sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU- la Casa Blanca y el Kremlin han mantenido contactos directos para abordar la situación energética. Trump ya adelantó la posibilidad de suavizar sanciones a sectores petroleros de distintos países tras una conversación telefónica con Putin. Posteriormente, Dmitriev se reunió en Florida con el enviado estadounidense, el empresario Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del expresidente. La ofensiva militar contra Irán ha desencadenado además el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Como consecuencia, el barril de Brent se ha situado en torno a los 100 dólares. Aunque se trata de un precio elevado, sigue dentro de los márgenes históricos: cuando Rusia inició su invasión de Ucrania en 2022, el crudo llegó a alcanzar los 130 dólares y permaneció por encima de los 100 durante más de tres meses.

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(El Periódico, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, justo antes del ataque a Irán

La inflación se mantuvo sin cambios en febrero en el 2,3% interanual, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratificó así el dato provisional publicado a finales del mes pasado. De este modo, el índice de precios al consumo (IPC) repite el mismo nivel registrado en enero y apunta, al menos de momento, a una etapa de cierta estabilidad tras las fluctuaciones que se produjeron durante 2025. No obstante, la interpretación de este dato ya está condicionada por el nuevo contexto internacional. El conflicto iniciado en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la consiguiente subida de los precios de la energía podrían modificar rápidamente la evolución de la inflación. Varios analistas advierten de que las cifras de febrero reflejan una situación económica previa a este nuevo shock energético y podrían quedar pronto desactualizadas. Durante el segundo mes del año, la contención de los precios se debió principalmente al abaratamiento de la electricidad, que compensó el aumento de algunos servicios habituales de consumo, como la restauración, así como la subida de determinados alimentos. Este equilibrio entre factores que empujaban al alza y a la baja permitió que el índice general se mantuviera prácticamente estable. Por su parte, la inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad- se situó en el 2,7%, una décima más que en enero. Este indicador, considerado una referencia para medir la tendencia más estructural de los precios, sigue mostrando ciertas presiones en servicios y bienes relacionados con la actividad económica. La evolución del IPC en febrero refleja precisamente ese juego de fuerzas opuestas. Por un lado, los precios energéticos contribuyeron a moderar el índice, especialmente la electricidad. Por otro, el encarecimiento de algunos servicios y productos alimentarios ejerció presión al alza. Entre ellos destaca la restauración, cuyos precios aumentaron un 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el conjunto de los alimentos registró una subida del 3,2%. Entre los incrementos más destacados figura el de la recogida de basuras, que se encareció un 28,6% coincidiendo con la entrada en vigor de un nuevo sistema de tasas que obliga a los contribuyentes a asumir el coste real de la gestión de los residuos. También subieron con fuerza los precios de la joyería y los relojes de pulsera, que aumentaron un 27,5% debido al encarecimiento del oro. En el sector del transporte, el tren experimentó una subida cercana al 14% respecto al año anterior. En lo que respecta a los alimentos, el producto que más se ha encarecido en comparación con febrero de 2025 es el café y sus derivados, con un aumento del 8,3%. Le siguen los productos lácteos y los huevos (6%), las frutas (5,9%) y la carne (5,4%). En sentido contrario, los aceites y grasas han registrado una notable bajada del 13,1%. Si se analizan los productos de forma individual, los huevos destacan como el alimento que más se ha encarecido, con una subida del 30% en un año, mientras que el aceite de oliva se ha abaratado cerca de un 17%. Aunque la inflación se mantiene dentro del objetivo marcado por el Banco Central Europeo, el Ministerio de Economía ha evitado interpretar este dato como una señal definitiva de estabilidad. La prudencia responde al cambio de escenario provocado por la guerra en Oriente Próximo y por el repunte del precio del petróleo en los mercados internacionales, con el barril de Brent superando los 100 dólares. Ante esta situación, el Gobierno ha adelantado esta semana un paquete de medidas fiscales orientadas especialmente a los sectores del campo y el transporte para mitigar el impacto del encarecimiento energético. La cautela del Ejecutivo coincide con el análisis de numerosos expertos. Muchos consideran que la aparente estabilidad de febrero corresponde a una etapa previa al actual aumento de los precios de la energía. Por ello, la atención se centra ahora en los datos de marzo, que permitirán observar con mayor claridad el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, señala que la previsión provisional de una inflación del 3,1% para ese mes podría convertirse en el nivel mínimo, tras el fuerte aumento del precio de los carburantes en las últimas semanas. Según explica, el encarecimiento de los combustibles tiene un efecto casi inmediato en el IPC debido a su peso dentro de la cesta de consumo. Otros efectos derivados del aumento de los costes energéticos podrían tardar algo más en trasladarse al consumidor final. Entre ellos se encuentran el precio de la electricidad o el de los alimentos, especialmente aquellos cuya producción depende en gran medida de fertilizantes, cuyo coste está estrechamente vinculado a la energía. Un diagnóstico parecido comparten el economista jefe para Europa de Oxford Economics, Ángel Talavera, y Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. Torres advierte de que el aumento del coste de la energía ya empieza a trasladarse al conjunto de la economía. En particular, señala la evolución de los alimentos frescos, que ya partían de tasas superiores al 6% y que, según sus estimaciones, podrían superar el 7% interanual en marzo. "Esto podría situar la inflación por encima del 3%, probablemente entre el 3% y el 3,5%", apunta. Más allá de un posible repunte puntual, los economistas centran su atención en la duración del fenómeno inflacionario. Torres destaca que la economía actual es más sensible a las variaciones de precios que hace cuatro años, cuando la guerra en Ucrania coincidió con la reapertura de las economías tras la pandemia y con importantes problemas en las cadenas de suministro globales. En su opinión, Europa afronta ahora una situación económica más frágil. Aunque España continúa creciendo a un ritmo relativamente sólido en comparación con otros países europeos, algunos indicadores comienzan a mostrar signos de moderación. Ese enfriamiento del consumo podría actuar como un freno para la inflación subyacente y evitar, al menos por ahora, que se produzcan los llamados efectos de segunda ronda: un proceso en el que el aumento de los costes se traslada de forma generalizada a salarios y precios, generando una espiral inflacionaria más persistente.

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(El Economista, 16-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda desacelera: el precio en las grandes ciudades subirá un 7% este año, la mitad que en 2025

El mercado de la vivienda en España comienza a mostrar signos de un cambio de etapa, con un crecimiento de precios que previsiblemente perderá intensidad. Tras un periodo de fuertes incrementos, las previsiones apuntan a que en 2026 el encarecimiento se moderará. Después de subidas de dos dígitos en las principales ciudades -como el 18,9% registrado en Madrid o el 14,5% en Barcelona- se espera que el aumento medio ronde el 7%, aproximadamente la mitad del ritmo observado en 2025, según los cálculos de la consultora Gloval Analytics. Para el conjunto del país, la firma prevé que el precio de la vivienda crezca entre el 5,6% y el 8,4%. En concreto, el incremento estimado para Madrid se sitúa en torno al 6,9%, mientras que en Barcelona podría alcanzar aproximadamente el 7,1%. Estas previsiones se basan en un escenario macroeconómico relativamente estable y coherente con las estimaciones del Banco de España sobre la evolución de la economía y el empleo. La institución anticipa que el PIB continuará creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más moderado que el registrado recientemente. La desaceleración prevista en el crecimiento de los precios llega después de un 2025 especialmente dinámico para el sector inmobiliario. En Madrid, el precio medio de la vivienda alcanzó los 5.218 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento interanual del 18,9% y un crecimiento trimestral del 2,8%. En su área metropolitana, el valor medio se situó en 3.468 euros por metro cuadrado, un 18,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Barcelona también experimentó importantes incrementos, aunque algo inferiores a los de la capital. El precio medio en la ciudad se situó en 4.599 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 14,5% y un aumento trimestral del 1,5%. En el conjunto del área metropolitana, el precio medio alcanzó los 3.067 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 10,6% respecto al año anterior. Uno de los rasgos más destacados del último año ha sido la extensión de las subidas a casi todos los municipios de las áreas metropolitanas. En el caso de Madrid, el aumento de los precios ha sido especialmente intenso en varias localidades del cinturón metropolitano, donde incluso ha superado el ritmo de encarecimiento de la capital. Entre los municipios con mayores incrementos destacan Fuenlabrada, con un aumento del 25,5%, Móstoles, con un 23,4%, Coslada, con un 21,4%, y Leganés, donde el precio de la vivienda subió un 20,7%. Según el informe de Gloval, estos datos evidencian que la presión de la demanda se está desplazando hacia zonas periféricas debido al elevado coste de la vivienda en el centro de las grandes ciudades. Si se analizan los precios en términos absolutos, los municipios más caros del entorno madrileño siguen siendo Pozuelo de Alarcón, con 4.954 euros por metro cuadrado, Alcobendas, con 4.490 euros, y Majadahonda, con 4.446 euros, consolidándose como algunos de los mercados residenciales más exclusivos del área metropolitana. En Barcelona, el encarecimiento también se ha generalizado en los municipios del área metropolitana. Los mayores aumentos se han registrado en Badalona (18,1%), Sant Adrià de Besòs (17,2%) y Santa Coloma de Gramenet (16,3%), lo que confirma la expansión del crecimiento de los precios hacia el cinturón urbano. Este comportamiento del mercado se produce en un entorno económico que continúa siendo favorable para el sector inmobiliario, apoyado por una evolución positiva del crédito hipotecario. Durante el último trimestre de 2025, las nuevas operaciones de financiación concedidas a los hogares alcanzaron 22.317 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 18,57%. En el conjunto del año, el crecimiento superó el 21%. No obstante, algunos indicadores empiezan a reflejar cierta desaceleración en la actividad del mercado. En el área metropolitana de Madrid, el número de viviendas transmitidas descendió un 9,62% respecto al año anterior, mientras que en Barcelona la variación fue prácticamente nula, con una ligera caída del 0,06%. Para Roberto Rey, presidente y consejero delegado de Gloval, estos datos reflejan la solidez estructural del mercado residencial español. Según explica, la demanda sigue superando claramente a la oferta disponible, lo que continúa impulsando los precios, especialmente en las grandes áreas urbanas. En este contexto, los expertos anticipan que el mercado podría entrar en una fase de crecimiento más equilibrado. La escasez de vivienda, sobre todo en las principales ciudades, seguirá presionando los precios al alza, aunque el ritmo de subida tenderá previsiblemente a moderarse a medida que el mercado se adapte a un entorno económico más estable.

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(Cinco Días, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Por qué la guerra en Irán dispara el precio del diésel por encima de la gasolina

El mercado energético mundial atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad desde que Estados Unidos lanzó un ataque contra Irán hace algo más de una semana. La intensificación del conflicto en Oriente Próximo ha añadido una prima de riesgo inmediata a los mercados de materias primas. Lo que hasta hace poco era una subida moderada del precio del petróleo se ha transformado en una carrera por garantizar el abastecimiento de combustible. Este impacto se ha notado especialmente en los productos derivados del crudo, donde el gasóleo está sufriendo un encarecimiento mucho mayor que la gasolina. En las últimas semanas, el barril de Brent -la referencia en Europa- ha pasado de rondar los 60 dólares a acercarse a los 120. Las sesiones bursátiles se han vuelto extremadamente volátiles, con diferencias entre el precio máximo y mínimo diarios que han llegado a rozar los 30 dólares en Wall Street. Sin embargo, para el consumidor que reposta en una estación de servicio, el precio del crudo es solo uno de los factores. El coste final depende sobre todo de la cotización internacional de los combustibles ya refinados, que se rige por dinámicas propias de oferta y demanda y que, según los expertos, está sufriendo importantes distorsiones. Mientras el petróleo acumula un incremento cercano al 40%, el precio de la gasolina ha subido alrededor de un 10% y el del diésel cerca de un 20%, lo que implica que este último se encarece el doble de rápido en el surtidor. Si se analizan las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados -las que marcan el precio en zonas como el Mediterráneo o el noroeste de Europa- la diferencia es todavía mayor. El gasóleo ha llegado a encarecerse hasta un 55%, frente al 26% de la gasolina y el 33% del Brent, según explica Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España. Este desequilibrio ya se refleja en las gasolineras. El precio del diésel ha pasado de 1,383 euros por litro a principios de año a 1,789 euros este lunes, superando claramente al de la gasolina de 95 octanos, que se sitúa en 1,662 euros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Este cambio resulta llamativo porque tradicionalmente el diésel ha sido más barato gracias a una fiscalidad menor -unos diez céntimos menos por litro- que la gasolina en España. Sin embargo, el fuerte encarecimiento del producto refinado ha neutralizado esa ventaja fiscal. Parte de este fenómeno se explica por una debilidad estructural del sector energético europeo. Fuentes del sector indican que Europa cuenta con suficiente capacidad de refino para exportar gasolina, pero padece un déficit estructural de gasóleo, lo que la obliga a importar grandes volúmenes para cubrir su consumo. Una parte importante de ese diésel procede de Oriente Próximo, una región que ahora se encuentra marcada por la inestabilidad política y militar, lo que aumenta la vulnerabilidad del suministro. A esta dependencia se suma otro factor: el bajo nivel de reservas. Las existencias de gasóleo en Europa son mucho menores que las de gasolina, lo que reduce la capacidad de reacción ante posibles interrupciones del suministro y provoca que los precios reaccionen rápidamente ante cualquier riesgo de escasez, según explica Jorge León, responsable de análisis geopolítico de Rystad Energy. La situación también se ha visto agravada por las decisiones comerciales de China. El gigante asiático anunció la semana pasada la suspensión de sus exportaciones de combustibles ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes oficiales citadas por Reuters, el Gobierno ha pedido a sus refinerías que limiten las ventas al exterior para garantizar su propia seguridad energética. Esta medida tiene un impacto considerable en el mercado mundial. Aunque China importa grandes cantidades de petróleo, su potente industria de refino la convierte en uno de los mayores exportadores de gasóleo. Al reducir sus exportaciones para asegurar su propio abastecimiento, retira del mercado global un volumen importante de producto, lo que contribuye a presionar los precios al alza. A todo ello se suma que el diésel presenta una demanda poco flexible. A diferencia de la gasolina, cuyo consumo puede disminuir si los ciudadanos reducen el uso del coche privado, el gasóleo es esencial para el transporte de mercancías por carretera y para numerosos sectores industriales estratégicos, donde existen pocas alternativas inmediatas y la demanda apenas puede reducirse. En periodos de tensión geopolítica, este papel estratégico se intensifica, según el análisis de Rafael Salas, investigador del ICAE. Esta baja elasticidad de la demanda hace que cualquier alteración en la oferta tenga un efecto más intenso sobre el precio. Incluso la simple posibilidad de escasez puede provocar fuertes subidas en el diésel, más acusadas que en otros combustibles. La elevada volatilidad del Brent, con subidas y bajadas bruscas en cuestión de horas, refleja un mercado dominado por la incertidumbre y por la especulación vinculada a la situación geopolítica. Los analistas advierten de que la evolución futura dependerá en gran medida de la duración del conflicto con Irán, de su intensidad y de la respuesta de la comunidad internacional. Ante este escenario, la Agencia Internacional de la Energía decidió el miércoles liberar reservas estratégicas de petróleo en la mayor intervención de su historia para intentar estabilizar el mercado. Por su parte, la OPEP sigue atentamente la evolución del conflicto para decidir si ajusta su producción. No obstante, mientras las refinerías europeas continúen operando cerca de su límite y la dependencia de las importaciones de gasóleo desde regiones inestables persista, el diésel seguirá siendo el punto más vulnerable del sistema energético. El impacto de esta situación no se limita al sector del transporte. También tiene consecuencias directas sobre la inflación. Según el último avance del ICAE, el encarecimiento conjunto de los carburantes y la electricidad podría aumentar la inflación de marzo en 1,02 puntos porcentuales. El estudio indica que el gasóleo ha subido un 25,6% desde el inicio del conflicto, lo que supone una contribución de medio punto a la inflación general. La gasolina, por su parte, ha aumentado un 13,2%, aportando 0,25 puntos al IPC. Dado que combustibles y electricidad representan alrededor del 7,5% de la cesta del índice de precios, el organismo advierte de que la evolución del coste de la vida dependerá en gran medida de cuánto se prolongue el conflicto en el estrecho de Ormuz, cuya normalización sería clave para relajar la presión sobre los mercados internacionales.

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(El País, 13-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las seis grandes economías de la UE presionan para que el supervisor bursátil europeo tenga más poderes

Los seis principales países de la Unión Europea están mostrando una creciente impaciencia por los escasos avances en la integración de los mercados de capitales y reclaman acelerar este proceso con medidas concretas. Entre sus propuestas figura reforzar las competencias del supervisor bursátil europeo para que pueda vigilar directamente a grandes operadores del mercado, como Deutsche Börse o Euronext. Sin embargo, esta no es la única iniciativa planteada. En una carta enviada a la Comisión Europea y al Consejo de la UE, los ministros de Economía de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia enumeran otras acciones destinadas a completar una parte todavía incompleta del mercado único. Entre ellas destacan la armonización de la legislación sobre servicios financieros, la creación de un régimen administrativo común que permita a las empresas operar en distintos países sin tener que adaptarse a 27 marcos normativos distintos -conocido como "régimen 28"- y la unificación de las normas de quiebra dentro de la Unión. El gesto tiene además una importante carga simbólica. La misiva de estos seis grandes países, adelantada por Financial Times y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo busca influir en las instituciones europeas, sino también presionar al resto de Estados miembros, algunos de los cuales se muestran más reticentes a avanzar en esta dirección. De hecho, varias de las propuestas recogidas en el documento -de cinco páginas- ya cuentan con iniciativas legislativas presentadas por la Comisión y se encuentran actualmente en proceso de negociación entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. En este contexto, los ministros subrayan su apoyo a una mayor convergencia y eficiencia en la supervisión de los mercados de capitales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de supervisión más centralizado para las infraestructuras de mercado con mayor peso sistémico. Con esta postura, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, junto con sus homólogos, respalda la propuesta presentada por la Comisión en diciembre, que actualmente se debate entre los Estados miembros. No obstante, dentro del Consejo de la UE esta iniciativa está encontrando resistencia por parte de algunos países que, pese a su menor tamaño, tienen un papel relevante en el ámbito financiero. Luxemburgo es uno de los ejemplos más claros. Uno de los puntos clave del debate es la ampliación de las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el supervisor bursátil europeo con sede en París, cuya mayor expansión suele ser defendida con especial firmeza por Francia. En la actualidad, la ESMA desempeña principalmente un papel de coordinación y asesoramiento para los supervisores nacionales, como la CNMV en España. Sin embargo, la propuesta de la Comisión contempla otorgarle atribuciones directas para supervisar entidades clave del mercado, como Deutsche Börse o Euronext, así como a los depositarios centrales de valores y a todos los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. En defensa de esta iniciativa, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha señalado que muchas veces se expresa apoyo a la llamada Unión de Ahorros e Inversiones -nombre que la Comisión utiliza para referirse a la integración de los mercados de capitales- y que respaldar este proyecto implica necesariamente impulsar medidas como estas. La profundización de la unión de los mercados financieros es considerada por la Comisión Europea y varios gobiernos como una pieza clave para aumentar la inversión privada y mejorar la competitividad de las empresas europeas. Con frecuencia, desde las instituciones comunitarias se advierte de que una parte significativa del ahorro europeo termina invirtiéndose en Estados Unidos en busca de mayores rentabilidades. A juicio de Bruselas, avanzar hacia una verdadera integración financiera -aunque la unión bancaria aún esté incompleta- permitiría aumentar la liquidez de los mercados europeos y favorecer que ese capital se canalice hacia la economía del propio continente.

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