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(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las "Big Four" ingresan un 9,2% más

Deloitte, PwC, EY y KPMG alcanzan conjuntamente más de 4.100 millones de euros de ingresos en España, según los datos utilizados en este análisis. Entre ellas, Deloitte continúa encabezando el sector con una facturación cercana a los 1.300 millones. Las conocidas como Big Four siguen creciendo en el mercado español, aunque a un ritmo inferior al promedio del sector. En el último ejercicio, estas cuatro firmas sumaron 4.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento de dos dígitos (11,4%) registrado en 2024. De acuerdo con el estudio elaborado por EXPANSIÓN a partir de la información facilitada por las propias compañías, el aumento medio del sector se situó en el 10%, elevándose hasta el 12,5% si se consideran únicamente las auditoras medianas. Deloitte se mantiene como la empresa con mayores ingresos en España tras crecer un 9,4% y superar los 1.288 millones de euros, mientras que EY alcanzó los 921,6 millones, con un aumento del 8,7%. Por su parte, PwC y KPMG registraron incrementos del 8,9% y del 10%, respectivamente, aunque aplican criterios distintos a los de sus competidores al contabilizar su actividad, ya que Deloitte y EY solo incluyen los datos de las sociedades registradas en el Registro Mercantil que facturan dentro del país. En términos generales, el balance es positivo. Según el presidente del ICJCE, Víctor Alió, la auditoría ha mantenido una evolución constante en los últimos años. Destaca además que el sector sigue siendo uno de los principales generadores de empleo entre los jóvenes con formación económica y que, cada vez más, se incorporan perfiles tecnológicos. En este sentido, subraya que las firmas están evolucionando hacia modelos multidisciplinares con especializaciones que van más allá del ámbito financiero, con un creciente componente tecnológico. Por su parte, el presidente de REA Auditores, Emilio Álvarez, indica que los trabajos de auditoría crecieron un 5% en 2024, alcanzando los 72.723 encargos. De estos, el 43,69% fueron realizados por pequeñas entidades, el 39,38% por medianas y el 16,93% por grandes firmas. En su opinión, la aparición de nuevas tecnologías refuerza aún más la importancia de la labor de auditoría en la economía.

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(Expansión, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC destapa graves desajustes en la red eléctrica en toda España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) optó recientemente por hacer públicos de forma detallada y accesible online los llamados mapas de la red eléctrica en España. Gracias a ello, cualquier persona puede consultar la localización de los puntos de acceso, tanto para el consumo de electricidad como para su generación y vertido al sistema. Al analizar estos mapas, se llega a una conclusión preocupante: el problema de la red eléctrica no se limita únicamente a la saturación, como se creía hasta ahora, sino que es más profundo. Los datos revelan un claro desequilibrio: existen puntos de conexión disponibles en lugares donde no se demandan, mientras que escasean -o incluso no existen- en aquellas zonas donde la demanda es elevada. Este desajuste, además, se produce en ambos sentidos, afectando tanto a las conexiones para consumo como a las destinadas a la generación eléctrica. En un escenario ideal, los puntos de acceso para consumo se ubicarían cerca de las zonas con capacidad de generación, lo que permitiría un mejor equilibrio entre oferta y demanda sin necesidad de grandes infraestructuras de transporte eléctrico. Sin embargo, en España ocurre lo contrario: hay cientos de megavatios habilitados para consumo en áreas con poca generación, y viceversa. Este desequilibrio afecta al conjunto del sistema eléctrico, tanto a la red de distribución como a la de transporte. La red de distribución, que opera en media y baja tensión y abastece a hogares y pymes, está gestionada por grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, junto a numerosas eléctricas locales. Por su parte, la red de transporte, que funciona en alta tensión y actúa como eje principal del sistema, está bajo el control de Red Eléctrica, dependiente de Redeia. Un ejemplo ilustrativo es el arco mediterráneo, que abarca el litoral oriental de la Península, desde Cádiz hasta Girona. En esta zona se observa una gran cantidad de puntos disponibles para consumo en alta tensión en provincias como Cádiz, Murcia, Alicante o Barcelona, mientras que en las redes de distribución la disponibilidad es más limitada. En cambio, para generación eléctrica, existe un exceso de capacidad en Cataluña, pero no en otras regiones. Ante esta situación, las soluciones pasan por habilitar nuevos puntos de conexión donde hacen falta o por desarrollar infraestructuras que permitan trasladar la electricidad entre territorios. Estos mapas se han elaborado a partir de la información que los operadores de redes deben remitir a la CNMC, en cumplimiento de una normativa aprobada el año pasado con el objetivo de evaluar con mayor precisión el problema de la saturación. Hasta ahora, los datos se ofrecían de forma fragmentada o agregada por cada operador, pero su integración y homogeneización permite entender mejor la magnitud del problema y localizar las zonas más afectadas. Un caso especialmente significativo es el de Madrid. Según la CNMC, los primeros informes ya indicaban que más del 80% de los puntos de acceso en redes de distribución estaban saturados. Con los nuevos datos, se confirma que en determinadas áreas -donde se concentran numerosos proyectos de centros de datos- la saturación alcanza prácticamente el 100%, sin margen para nuevas conexiones de más de un megavatio.

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(El País, 16-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno impondrá desde octubre el prefijo 400 para las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden que obliga a las empresas a realizar sus llamadas comerciales únicamente desde números que empiecen por el prefijo 400. Esta medida forma parte del Plan Antiestafas del Gobierno y entrará en vigor en un plazo de seis meses, por lo que a partir de octubre los operadores deberán bloquear cualquier llamada de este tipo que no utilice dicha numeración. Según el contenido de la orden, este nuevo rango de nueve cifras permitirá a los usuarios reconocer de inmediato que se trata de una llamada con fines comerciales antes de responder. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir tanto el volumen de comunicaciones no deseadas como los fraudes basados en la suplantación de identidad. La iniciativa responde a lo establecido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre, que ya contemplaba la creación de una numeración específica para actividades comerciales. Cuando el sistema esté plenamente implantado, las compañías de telecomunicaciones tendrán la obligación de detectar y bloquear las llamadas que intenten sortear la norma utilizando números móviles o geográficos con fines publicitarios. Los números con prefijo 400 estarán diseñados para ser unidireccionales, lo que significa que los usuarios podrán recibir llamadas, pero no devolverlas. Esta característica busca evitar estafas basadas en la devolución de llamadas a números desconocidos que pueden implicar costes elevados o formar parte de redes fraudulentas. Además, la normativa obliga a los operadores a ofrecer a los clientes la opción de bloquear todas las llamadas procedentes de este rango. De esta forma, cualquier usuario podrá decidir no recibir comunicaciones comerciales de manera sencilla, sin necesidad de recurrir a registros externos o aplicaciones adicionales. Si, una vez aplicada la medida, un ciudadano recibe una llamada comercial desde un número no autorizado, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa y, en su caso, sancionar a las empresas que la incumplan. En cuanto a las llamadas de atención al cliente, solo podrán realizarse desde números cortos específicos, líneas gratuitas (800 y 900) o números geográficos asociados a la empresa. El objetivo es diferenciar claramente entre la atención solicitada por el usuario y las llamadas comerciales. De hecho, desde marzo de 2025 ya está prohibido utilizar números móviles para servicios de atención al cliente. Los resultados de las medidas previas del Plan Antiestafas reflejan la magnitud del problema: desde marzo de 2025 se han bloqueado cerca de 192 millones de llamadas fraudulentas y 17 millones de mensajes SMS. Esta actuación conjunta de los operadores ha permitido frenar muchas comunicaciones antes de que lleguen a los usuarios. En el caso de Telefónica, por ejemplo, se interceptan alrededor de 500.000 llamadas fraudulentas al día. El plan también incluye medidas contra el fraude por mensajes móviles, conocido como smishing. En este sentido, la CNMC ha aprobado la creación de un registro de alias para SMS, donde empresas y administraciones deberán inscribir los identificadores que utilizan como remitente en sus mensajes. A partir del 7 de junio, los operadores estarán obligados a bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no esté registrado en esta base de datos. El objetivo es garantizar que el nombre que aparece en el móvil, como el de un banco o una institución pública, corresponda realmente con quien envía el mensaje. Para registrarse, las entidades deberán demostrar su vínculo legal con el nombre o marca que pretendan utilizar.

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(Cinco Días, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI proyecta que España crecerá un 2,1% este año

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, lo que supone una desaceleración respecto al 2,8% registrado el año anterior. Esta moderación se atribuye, en gran parte, al fin de los fondos europeos y a la retirada progresiva de las medidas fiscales que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a la guerra de Ucrania, la inflación y el conflicto con Irán. A medio plazo, el organismo estima que el crecimiento seguirá perdiendo fuerza hasta situarse en torno al 1,7% a partir del próximo año. En cuanto al impacto de la guerra de Irán, el FMI considera que será limitado en España, siempre que la situación no empeore significativamente. Confía en que la incipiente crisis energética no provoque una fuerte subida de precios ni una nueva espiral inflacionaria. De hecho, prevé que la inflación alcance el 3% este año y descienda al 2,1% el siguiente. El impulso al crecimiento potencial también parece debilitarse a medida que se agotan los efectos de las reformas recientes. En los últimos años, el Ejecutivo ha aprobado menos medidas estructurales, y la economía aún se beneficia de reformas anteriores, como las del mercado laboral, la energía o las pensiones. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha logrado una importante reducción del déficit, que ha pasado del 10% durante la pandemia al 2,4% del PIB en 2025, una de las cifras más bajas en dos décadas (el Ejecutivo lo sitúa en el 2,2%). Aun así, el FMI considera que este esfuerzo se ha frenado y no espera mejoras significativas en los próximos años ante la falta de nuevas reformas. Por otro lado, la deuda pública sigue en niveles elevados. Aunque se redujo hasta el 100,4% del PIB el año pasado, el organismo anticipa que su descenso será muy gradual, sin bajar del 90% en 2031, siempre que no surjan nuevas crisis que obliguen a aumentar el gasto público. Diversas instituciones critican que el Gobierno no haya aprovechado los años de fuerte crecimiento para generar un mayor margen de maniobra ante futuras dificultades. Aunque se ha avanzado en la consolidación fiscal, consideran que aún había espacio para reforzar esa posición. La estrategia del Ejecutivo ha consistido en aprovechar el crecimiento económico para sanear las cuentas públicas, al tiempo que incrementaba el gasto tras los recortes aplicados durante la crisis financiera. En este sentido, el gasto público ha pasado de alrededor del 41% del PIB en 2018 a una media cercana al 45%, nivel que el FMI prevé que se mantenga en los próximos años. Los ingresos también han aumentado, pasando del 37% al entorno del 42% del PIB, con previsiones de alcanzar el 43% hacia el final de la década. En materia laboral, el FMI estima que en 2027 habrá cerca de 23 millones de ocupados en España. La reforma laboral de 2022 ha contribuido a esta evolución, con la creación de más de tres millones de empleos desde su aprobación. No obstante, el desempleo sigue siendo uno de los principales retos estructurales. A pesar del compromiso del Gobierno de reducir la tasa por debajo del 8%, el FMI prevé que se mantenga en torno al 10% en los próximos años. Todo ello en un contexto en el que la población podría superar los 52 millones al final de la década. Finalmente, el organismo señala como otra debilidad el bajo nivel de inversión, que apenas superará el 21% del PIB, una cifra que considera insuficiente para afrontar los desafíos relacionados con la transición energética y la transformación tecnológica.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España sella 10 pactos comerciales con China: de agricultura a tecnología

Sánchez propone a Xi estrechar la relación económica y firma varios acuerdos para impulsar la inversión y la cooperación empresarial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó al mandatario chino, Xi Jinping, la conveniencia de avanzar hacia una relación económica "más cercana, equilibrada y saludable". En este contexto, su cuarto viaje a China concluyó con la firma de 19 acuerdos bilaterales, diez de ellos de carácter económico, que abarcan desde la agricultura hasta la tecnología, con el objetivo de fomentar la inversión, fortalecer alianzas empresariales y reducir el déficit comercial, que supera los 42.000 millones de euros. Según explicó Sánchez, cinco de estos acuerdos permitirán ampliar la presencia de productos agroalimentarios españoles en el mercado chino; cuatro están orientados a reforzar las exportaciones y mejorar las infraestructuras y el transporte; y uno se centra en proteger las denominaciones de origen. En el ámbito agroalimentario, se han acordado medidas para ampliar las exportaciones, incorporando productos como pistachos, higos secos, proteínas porcinas y ciertos fertilizantes. También se refuerza la protección de las indicaciones geográficas y se establecen mecanismos de cooperación sanitaria, especialmente frente a la gripe aviar. Por su parte, el Ministerio de Economía firmó tres memorandos de entendimiento con las autoridades chinas para reforzar la cooperación económica, promover inversiones sostenibles y facilitar la entrada de productos y servicios españoles en China. Uno de ellos busca impulsar proyectos conjuntos entre empresas de ambos países y apoyar tecnologías vinculadas a la descarbonización, así como la transferencia de conocimiento. Otro establece un marco de intercambio de información para el desarrollo económico, y el tercero pretende mejorar el acceso al mercado chino y aumentar la visibilidad de la oferta española. Sánchez destacó que el desequilibrio comercial actual es excesivo, aunque aseguró haber encontrado disposición por parte de China para trabajar hacia un mayor equilibrio. En esta línea, ambos países acordaron crear un mecanismo de cooperación para identificar sectores con potencial exportador, organizar misiones empresariales y promover la presencia en ferias comerciales chinas. Además, se puso en marcha un Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático, que servirá para reforzar la colaboración en ámbitos como la economía, la cultura y la ciencia, y que sitúa a España en un nivel de interlocución similar al de otros países europeos como Francia o Alemania. El presidente subrayó que se ha elevado el nivel de relación política con China al punto más alto en más de medio siglo, defendiendo la necesidad de una globalización más equitativa, con cadenas de suministro justas que generen riqueza y empleo en ambos países. Por último, los nueve acuerdos restantes se centran en áreas como la innovación, la ciencia, la cultura y la biodiversidad. Durante el viaje, Sánchez también mantuvo encuentros con representantes de 36 grandes empresas chinas interesadas en invertir en España en sectores estratégicos como el vehículo eléctrico, las baterías, la energía eólica, los drones y la inteligencia artificial, insistiendo en que estas inversiones deben generar empleo, aportar conocimiento y fortalecer el tejido productivo.

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(Expansión, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Aprobada la regularización de inmigrantes: cuántos extranjeros podrán solicitarlo y cómo hacerlo

El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento extraordinario para regularizar a inmigrantes en situación irregular sin haberlo pactado con la Unión Europea ni someterlo al Congreso. Los sindicatos policiales alertan de una posible saturación en las oficinas a partir del lunes y advierten del riesgo de un "efecto llamada". Tras varios retrasos y después de introducir algunos cambios sugeridos por el Consejo de Estado, el Ejecutivo ha dado luz verde al Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería. Esta norma permitirá iniciar un proceso excepcional de regularización. Desde mañana podrá solicitarse el permiso de residencia y trabajo -con una duración inicial de un año- por vía telemática, mientras que las citas presenciales comenzarán a gestionarse desde el lunes 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes finalizará el 30 de junio, y la Administración dispondrá de tres meses para resolverlas, un margen que, según la Policía Nacional, podría provocar un colapso en las oficinas de Extranjería y Fronteras. Podrán acogerse a esta medida los inmigrantes que acrediten, mediante documentación, haber residido en España al menos cinco meses y encontrarse en el país antes del 1 de enero. Además, deberán cumplir alguna de estas condiciones: haber trabajado legalmente, tener cargas familiares (como hijos menores o dependientes), o encontrarse en situación de vulnerabilidad. El texto definitivo incorpora algunas recomendaciones del Consejo de Estado, como una mayor protección para menores -que recibirán permisos de cinco años- y la exigencia de no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud. La iniciativa ha generado una fuerte reacción política. La portavoz del Gobierno y ministra Elma Saiz defendió que la medida refuerza los derechos y mejora el país. En cambio, la oposición critica que no se haya tramitado en el Parlamento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la califica de irresponsable e insostenible, mientras que Vox anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedirá la suspensión cautelar de la medida hasta que se resuelva su legalidad. A nivel europeo, la regularización tampoco ha sido consensuada. Aunque desde Bruselas se reconoce que estas decisiones competen a los Estados, se insiste en que deben evitarse efectos negativos sobre la seguridad y el control migratorio en el espacio común. Entre los argumentos del presidente Pedro Sánchez figura la necesidad de incorporar más trabajadores al sistema para hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento del gasto en pensiones. En este sentido, desde el ámbito empresarial valoran positivamente la medida ante la falta de mano de obra en diversos sectores, aunque muestran dudas sobre su aplicación práctica y critican la ausencia de debate parlamentario. Expertos en pensiones consideran que la regularización podría aumentar temporalmente el número de cotizantes, pero advierten de que su impacto sería limitado a largo plazo. Por su parte, los sindicatos policiales insisten en los riesgos operativos: temen una sobrecarga inmediata de los servicios, dificultades para comprobar antecedentes y la posibilidad de que la medida incentive la inmigración irregular, al ser utilizada por redes criminales como reclamo. El alcance final de la regularización es incierto. Las estimaciones apuntan a que cerca de 490.000 personas podrían acogerse, aunque otras proyecciones elevan la cifra hasta casi 840.000, dependiendo de los criterios utilizados.

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(El Periódico, 15-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El INE eleva la inflación de marzo al 3,4% por la subida de los combustibles

El encarecimiento del coste de la vida en marzo fue mayor de lo que se había estimado inicialmente. Las familias están asumiendo, de forma indirecta, el impacto de los últimos conflictos internacionales, y la guerra en Irán -donde el petróleo se ha convertido en un elemento clave- no ha sido una excepción. Su efecto sobre los precios ha sido rápido, especialmente en los carburantes, lo que ha impulsado la inflación hasta el 3,4%, según el dato definitivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una décima más que la cifra adelantada y el nivel más alto desde junio de 2024. Aunque ya se preveía un repunte de la inflación esta primavera, debido en parte al efecto comparativo tras la caída de los precios de la electricidad el año anterior, el inicio del conflicto ha intensificado esta tendencia. El aumento de los precios de la gasolina y, sobre todo, del diésel ha sido determinante. De hecho, la subida del IPC respecto a febrero -cuando se situó en el 2,3%- supera el punto porcentual, siendo la mayor desde junio de 2022. Sin la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno a partir del 22 de marzo, el incremento habría sido aún mayor. Aunque esta medida solo estuvo vigente durante una parte del mes, su impacto será más visible en los próximos meses. El Ejecutivo calcula que reducirá la inflación entre ocho décimas y un punto durante abril, mayo y junio, con el objetivo de evitar que el encarecimiento derivado del conflicto se traslade de forma duradera a los precios y al poder adquisitivo. El comportamiento de los carburantes ha sido desigual: la gasolina subió un 4,8%, mientras que el diésel se encareció un 17,9%. Esta diferencia se explica porque Europa produce suficiente gasolina, pero depende del exterior para cubrir su demanda de gasóleo. En cuanto a la electricidad, aunque el desarrollo de las energías renovables ha amortiguado el impacto del gas, las tarifas aumentaron un 4,3% en comparación anual. Por otro lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas ofrecieron un respiro, al moderar su crecimiento del 3,2% al 2,7%, tras varios meses al alza. Esto sugiere que, por ahora, no se está produciendo un traslado generalizado del encarecimiento energético al resto de precios, aunque algunos productos siguen registrando subidas importantes, como los huevos o las legumbres. En términos mensuales, los precios crecieron un 1,2%, mientras que la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos frescos- se situó en el 2,9%, ligeramente por encima del mes anterior. España continúa registrando una inflación superior a la media de la zona euro, y esta diferencia se amplió en marzo: mientras los precios en el conjunto europeo aumentaron un 2,5%, el incremento en España fue notablemente mayor, lo que puede afectar negativamente a la competitividad empresarial. De cara al futuro, el Banco de España advierte que, en un escenario adverso con un conflicto prolongado y precios energéticos elevados, la inflación podría alcanzar el 5,9% este año y mantenerse en el 3,2% el siguiente. No obstante, los avances en las negociaciones de paz han generado cierto optimismo en los mercados, con la bolsa estadounidense recuperando niveles previos al conflicto y el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares. Aun así, la incertidumbre sigue siendo elevada.

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(Cinco Días, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La producción de petróleo de los países de la OPEP sufre un desplome récord en marzo

La crisis provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha generado un fuerte impacto en la producción mundial de petróleo, afectando especialmente a la principal región productora del planeta y disparando los precios del crudo. Según el informe mensual de marzo de la OPEP, la producción de sus países miembros sufrió una caída sin precedentes de 7,88 millones de barriles diarios, situándose en 20,79 millones. Se trata del mayor descenso registrado desde que existen datos, incluso superior al desplome vivido en 2020 durante la pandemia. El conflicto ha bloqueado la capacidad de exportación de los países del golfo Pérsico, que no pueden transportar su petróleo a través del estrecho de Ormuz. Esto ha saturado sus sistemas de almacenamiento y ha provocado una paralización de la producción en marzo, agravada además por ataques a infraestructuras energéticas en la zona. Como consecuencia, el precio del barril de Brent ha superado los 100 dólares. La Agencia Internacional de la Energía estima que más de 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo han resultado dañadas, y que más de un tercio presentan daños graves. Los recortes de producción han afectado a países clave como Irak, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La magnitud de la caída coincide con las previsiones que ya había adelantado la Agencia Internacional de la Energía, que estimaba una reducción cercana a los ocho millones de barriles diarios. Este organismo, que califica la situación como la mayor disrupción energética de la historia, analizará en detalle la respuesta global de los productores en su informe correspondiente. Por países, Irak registró el mayor descenso, pasando de 4,19 millones de barriles diarios en febrero a 1,63 millones en marzo. Arabia Saudí también redujo notablemente su producción, con un recorte de 2,31 millones hasta los 7,8 millones diarios. Emiratos Árabes Unidos experimentó igualmente una fuerte caída, mientras que Irán logró mantener en mayor medida sus exportaciones gracias al control del estrecho, con un descenso más moderado. Dentro de la OPEP, solo Nigeria y Venezuela lograron aumentar ligeramente su producción. En cuanto a los países aliados agrupados en la OPEP+, el crecimiento fue mínimo. Destaca el aumento en Kazajistán, mientras que Rusia mantuvo prácticamente estable su nivel de producción, incluso tras la flexibilización de algunas restricciones por parte de Estados Unidos. En paralelo, la OPEP ha revisado a la baja sus previsiones de demanda de petróleo para el segundo trimestre, reduciéndolas en 500.000 barriles diarios. Esta estimación está condicionada por las dificultades de exportación en el golfo Pérsico y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. La escasez de energía ya empieza a notarse en algunas economías asiáticas y podría extenderse a nivel global. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transitan unos 20 millones de barriles diarios entre crudo y derivados, está generando un shock energético de gran magnitud. Esta situación amenaza con elevar la inflación en todo el mundo y ya está provocando problemas de suministro, especialmente en Asia, la región más dependiente de los recursos energéticos de Oriente Próximo. Además, parte de la capacidad de refino en la zona se encuentra paralizada o funcionando por debajo de su nivel habitual. A pesar de este contexto, la OPEP prevé que la demanda global de petróleo aumente ligeramente en el conjunto del año, con un crecimiento del 1,38%. Sin embargo, el segundo trimestre será el periodo de menor consumo, debido a la debilidad temporal provocada por la situación actual. El organismo confía en que esta caída se compense en la segunda mitad del año si se estabiliza el escenario internacional.

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(Expansión, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: "Necesitamos que China se abra para que Europa no se cierre"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que China debe asumir un papel más activo en la promoción de la paz en conflictos como el de Irán, contribuir a la estabilidad en un contexto internacional marcado por tensiones y avanzar en su apertura económica. Durante su cuarto viaje oficial a Pekín, Sánchez subrayó que China está destinada a desempeñar un rol clave en el escenario global. En este sentido, instó al país asiático a consolidarse como una potencia estabilizadora frente a las turbulencias geopolíticas, a implicarse de forma decidida en la resolución de conflictos -especialmente en Oriente Próximo- y a reforzar su integración económica como socio estratégico tanto de la Unión Europea como de España, en un momento de fricciones inéditas con Estados Unidos. Asimismo, advirtió de que el actual desequilibrio comercial resulta insostenible y defendió la necesidad de que China se abra más para evitar que Europa adopte posturas más proteccionistas. En una intervención ante estudiantes y académicos de la Universidad de Tsinghua, el presidente español pidió corregir los desajustes comerciales para construir una economía global más equitativa y beneficiosa para todos. Según datos recientes, el déficit comercial de la UE con China alcanzó cifras récord en 2025, con un incremento significativo también en el caso español, donde este desequilibrio representa una parte muy relevante del déficit total exterior. Sánchez defendió que Europa y China están llamadas a colaborar estrechamente, recordando el peso económico de la Unión Europea a nivel mundial. En esta línea, abogó por impulsar un modelo económico más justo y equilibrado, frente a tendencias aislacionistas que, a su juicio, generan tensiones sociales. El jefe del Ejecutivo español planteó una relación bilateral basada en el respeto mutuo, que permita cooperar cuando sea posible, competir cuando sea necesario y gestionar las discrepancias de forma constructiva. También señaló que España se aproxima a China con pragmatismo y responsabilidad, sin ocultar las diferencias existentes. Además, rechazó la idea de que fortalecer vínculos con China implique debilitar otras alianzas tradicionales, en una alusión implícita a Estados Unidos, y advirtió de que esa visión limita las oportunidades de futuro. Por otro lado, Sánchez apostó por reforzar el multilateralismo, incluyendo una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo haga más representativo y democrático. También pidió mayor implicación de las grandes potencias en desafíos globales como el cambio climático, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, el control nuclear y la lucha contra la pobreza. En materia internacional, reclamó a China un compromiso más firme con el derecho internacional y la resolución de conflictos en distintas regiones, destacando escenarios como Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y Ucrania. Tras su intervención académica, el presidente visitó la sede de Xiaomi, donde se reunió con su director ejecutivo, Lei Jun. Allí destacó el potencial de España como centro estratégico en Europa para infraestructuras digitales, inteligencia artificial y proyectos industriales, animando a reforzar la cooperación empresarial entre ambos países. También conoció de primera mano innovaciones de la compañía en ámbitos como los vehículos eléctricos, los hogares inteligentes y las baterías. En el marco de su visita, Sánchez tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, así como con el primer ministro, Li Qiang, con quienes abordará acuerdos bilaterales y encuentros con inversores y empresas.

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(El País, 14-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno acelera la implantación de renovables en España para contener la crisis energética mundial

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido actuar ante las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Según fuentes cercanas, el organismo prepara el lanzamiento de cuatro consultas públicas con el fin de establecer un marco normativo que impulse con mayor rapidez el desarrollo de energías renovables y del biometano. Con ello, el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, busca desarrollar el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado en marzo en el Congreso, orientado a mitigar los efectos de la crisis internacional. El objetivo principal del Gobierno es responder a la situación geopolítica actual y reducir cuanto antes la dependencia de los combustibles fósiles importados, cuyo precio se ha disparado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Estas consultas, que se prevé activar de inmediato, pretenden definir un sistema que permita aumentar el peso de las energías limpias en España, procurando además que su implantación beneficie a las comunidades locales. Una de las iniciativas clave gira en torno a la creación de las denominadas Zonas de Aceleración de Renovables, que abarcan terrenos degradados o con usos industriales previos, como minas, canteras o vertederos. Estas áreas se consideran especialmente adecuadas para instalar infraestructuras renovables, ya que su impacto ambiental es menor y, en muchos casos, cuentan con mejores condiciones para la conexión a la red o el almacenamiento energético. A través de un nuevo real decreto, el Ejecutivo pretende facilitar a las comunidades autónomas herramientas para identificar estas zonas y establecer criterios claros de selección. Esta medida también responde a compromisos europeos, al incorporar a la normativa nacional una directiva reciente en materia energética. Además, se prevé aprobar varias órdenes ministeriales que establecerán estándares de calidad social y territorial para los proyectos de energías verdes. Aquellas iniciativas que aporten beneficios adicionales a su entorno -como empleo, participación ciudadana o medidas contra la pobreza energética- podrán obtener ventajas, como un acceso preferente a la red eléctrica o mejores condiciones en futuras subastas. En paralelo, otra de las consultas públicas busca extender estos criterios al desarrollo del biometano. Este recurso energético, con capacidad para sustituir hasta un 10% del consumo de gas fósil en España, podría avanzar con mayor rapidez si se reducen los obstáculos sociales que han frenado algunos proyectos. Todas estas medidas forman parte de la estrategia para hacer frente al encarecimiento de la energía, que ya se refleja en la inflación y podría intensificarse en los próximos meses. Aunque España no sufre problemas de suministro, sí está acusando el aumento de precios de combustibles como el gasóleo o el queroseno, lo que repercute negativamente en la economía. El Ejecutivo apuesta por acelerar la electrificación y sustituir fuentes energéticas más costosas, reforzando así la independencia energética del país. Las consultas públicas estarán abiertas durante varias semanas para recoger aportaciones de distintos sectores. Estas iniciativas se suman a otras ya impulsadas antes del conflicto, como el desarrollo de energías renovables marinas, con proyectos de parques eólicos flotantes en aguas españolas. El avance en energías limpias en los últimos años se considera ahora una ventaja frente a otros países más dependientes del exterior. En un contexto internacional cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas y dificultades en procesos de paz, el Gobierno español refuerza su apuesta por la transición energética. Las energías renovables no solo se plantean como una solución medioambiental, sino también como una herramienta clave para garantizar la autonomía estratégica y la estabilidad económica del país.

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