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(Expansión, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

"Los avances en IA obligan a reevaluar la solidez de la infraestructura financiera"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido de que los últimos avances en inteligencia artificial obligan a replantearse la resistencia y seguridad de las infraestructuras financieras y de los sistemas de ciberseguridad. Durante la clausura del I LatAm Economic Forum celebrado en Roda de Berà, Escrivá se refirió a la "transformación tecnológica sin precedentes" que está atravesando la economía mundial y alertó de que esta revolución también incorpora nuevos factores de riesgo. En su intervención, posterior a la apertura del encuentro realizada el día anterior por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó especialmente el impacto de la tecnología en el ámbito de los pagos, uno de los sectores donde la innovación está teniendo una mayor capacidad de transformación. Aun así, defendió que el desarrollo tecnológico es compatible con el mantenimiento de las funciones esenciales de los bancos centrales, especialmente en lo relativo al dinero emitido por estas instituciones como principal soporte del sistema de pagos. Escrivá señaló que actualmente existen dos grandes fuerzas que están redefiniendo el escenario internacional: el avance tecnológico y la creciente fragmentación geoeconómica. Según explicó, en un contexto marcado por la incertidumbre, los bancos centrales continúan siendo una de las principales fuentes de estabilidad y confianza. En el plano geopolítico, el gobernador subrayó que la eficacia de las políticas monetarias depende en gran medida de la credibilidad de los bancos centrales, instituciones que, a su juicio, están mejor preparadas para adoptar decisiones con visión de largo plazo frente al predominio del cortoplacismo político. Respecto al ámbito tecnológico, sostuvo que los bancos centrales deben adaptarse e integrar las nuevas herramientas digitales, aunque recordó que esas mismas tecnologías necesitan apoyarse en instituciones capaces de garantizar la estabilidad y la confianza del sistema financiero. Sobre las criptomonedas estables o stablecoins privadas, Escrivá afirmó que, por su propia naturaleza, no pueden desempeñar el papel de referencia del sistema monetario, insistiendo en que los bancos centrales siguen siendo el principal respaldo sobre el que se sustentan los mercados financieros. En relación con el contexto económico internacional, condicionado por la guerra en Oriente Medio y la política arancelaria de Estados Unidos, el gobernador aseguró que el mundo atraviesa una transición desde un modelo basado en la cooperación multilateral hacia otro en el que las herramientas económicas y financieras se utilizan cada vez más como mecanismos de presión. Según explicó, cuando las medidas geoeconómicas dificultan las relaciones comerciales con determinados países, los flujos económicos tienden a reorientarse hacia otras regiones. Esto provoca, añadió, que acuerdos internacionales que llevaban años bloqueados puedan adquirir repentinamente una relevancia estratégica. Escrivá también advirtió de que los efectos a largo plazo de estas medidas pueden acabar siendo muy distintos de los objetivos iniciales con los que fueron diseñadas e incluso generar consecuencias contrarias a las pretendidas. En este sentido, sostuvo que los aranceles tienen más relevancia por las implicaciones financieras que desencadenan que por su efecto directo sobre el comercio. A su juicio, la verdadera capacidad de presión geoeconómica reside en los llamados "puntos de estrangulamiento", presentes en ámbitos como las finanzas, la tecnología, las plataformas digitales o los suministros estratégicos, cuya importancia depende de la facilidad o dificultad para encontrar alternativas. El foro, celebrado a puerta cerrada, reunió a gobernadores de bancos centrales de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y España, entre otros representantes institucionales.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El recibo de la luz y los cortes de Internet encabezan las quejas de los consumidores

El suministro eléctrico cerró 2025 como el servicio que generó un mayor nivel de insatisfacción comercial entre los consumidores españoles, según refleja el último Panel de Hogares elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El estudio indica que el 52,3% de los usuarios que manifestaron problemas con su compañía eléctrica señalaron la facturación como el principal motivo de sus quejas, un porcentaje superior al registrado en cualquier otro sector analizado. En paralelo, la banda ancha fija se situó como el servicio con más incidencias técnicas. El 64,2% de los clientes que reportaron problemas vinculó sus reclamaciones a cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, como cortes de conexión o velocidades de internet inferiores a las contratadas. Esta proporción supera claramente las incidencias registradas en telefonía móvil, con un 53%, y en telefonía fija, con un 47,6%. La banda ancha fija también lideró el volumen de reclamaciones formales ante organismos oficiales. Uno de cada diez usuarios presentó alguna denuncia o reclamación administrativa durante los últimos doce meses. En el extremo contrario se situó el suministro de gas natural, que registró la menor conflictividad, con una tasa de reclamaciones del 5,2%. El coste del servicio continuó siendo el principal foco de descontento en el ámbito energético. Entre los consumidores insatisfechos con la electricidad, el 84,2% atribuyó su malestar al precio de la tarifa. En el caso del gas natural, el porcentaje ascendió hasta el 86,5%. La CNMC también relaciona el descontento de los usuarios energéticos con problemas de transparencia. Tras el precio, las principales críticas se dirigieron a la dificultad para entender las facturas y a la falta de claridad en la aplicación de las tarifas. Además, muchos consumidores señalaron deficiencias en la información sobre las condiciones del suministro y los términos contractuales. En relación con la atención al cliente y los cambios de compañía, el mercado eléctrico volvió a mostrar dificultades. El 11% de los hogares que intentaron cambiar de comercializadora eléctrica afirmó haber sufrido incidencias durante el proceso. En telecomunicaciones, los principales problemas se concentraron en las bajas de servicios: el 10,3% de los usuarios de telefonía móvil reportó obstáculos al intentar cancelar su contrato. A pesar de estos problemas, los servicios móviles de telecomunicaciones obtuvieron las mejores valoraciones globales de satisfacción. El 70% de los usuarios aseguró estar satisfecho o muy satisfecho con la telefonía móvil y el internet móvil. Estas cifras superan las registradas por el suministro eléctrico, con un 56,7% de satisfacción, y por el gas natural, que alcanzó el 58,9%. En telefonía, las reclamaciones se repartieron de forma más equilibrada entre cuestiones técnicas y comerciales. Los errores de facturación representaron el 31,9% de las incidencias en telefonía móvil y el 31,4% en telefonía fija, porcentajes muy inferiores a los detectados en el sector eléctrico. El informe de la CNMC también recoge un volumen relevante de incidencias clasificadas como "otros problemas", sin una categoría concreta. Estas afectaron al 24,9% de los usuarios del servicio eléctrico y al 25,7% de los clientes de telefonía fija, lo que apunta a dificultades adicionales relacionadas con la atención al cliente o la transparencia comercial.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China elige a España como su gran fábrica de coches en Europa

La industria automovilística europea atraviesa una etapa especialmente complicada, marcada por importantes ajustes laborales, aunque España está logrando mantener una posición relativamente sólida. En un contexto dominado por la creciente competencia de los fabricantes chinos, el descenso de las ventas en Europa, la compleja transición hacia el vehículo eléctrico y la pugna por controlar la cadena de suministro de esta tecnología, España se ha convertido en uno de los pocos países de la Unión Europea capaces de seguir atrayendo inversiones industriales vinculadas al automóvil. Precisamente, buena parte de las futuras inversiones procederán de China, el país que más ha alterado el equilibrio del sector automovilístico europeo. El gigante asiático ha situado a España como uno de sus principales puntos estratégicos para fabricar vehículos destinados al mercado europeo evitando el impacto de los aranceles comunitarios, siguiendo el camino abierto por Chery en 2024. Uno de los proyectos más avanzados es el de SAIC Motor, propietario de la marca MG, que comercializa actualmente el coche chino más vendido en España, el MG ZS de gasolina. La compañía negocia la construcción de una nueva planta en Galicia, una operación que, de materializarse, reforzaría aún más el peso industrial de la comunidad en el sector de la automoción. Galicia ya alberga la mayor fábrica de vehículos del país, propiedad de Stellantis, donde se ensamblaron cerca de 560.000 automóviles el pasado año. A diferencia de otros fabricantes chinos, SAIC cuenta con una gama más diversificada y menos centrada exclusivamente en el vehículo eléctrico. Tras su viaje institucional a China en abril, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó públicamente el interés de la compañía por invertir en Galicia. Diversas fuentes próximas a las negociaciones consideran muy probable que MG acabe instalándose en la comunidad, aunque todavía no se ha confirmado el emplazamiento definitivo. Entre las opciones planteadas figura el parque industrial de Plisan, en el sur de Pontevedra, mientras otros apuntan a Ferrol como posible destino. Otra firma china que ha mostrado interés por fabricar en España es Changan, que recientemente ha iniciado su actividad comercial en el mercado español con dos SUV eléctricos. Según diversas informaciones, la compañía estudia ubicar una futura planta en Aragón. Para Mathieu Bernard, responsable del área de automoción para Iberia de Roland Berger, el atractivo de España para las compañías chinas se explica por varios factores: el acceso directo al mercado europeo, una base industrial consolidada, costes inferiores a los de otros países del norte de Europa y una ubicación estratégica que facilita la conexión tanto con Europa como con mercados de Latinoamérica y África. A estas iniciativas se suma también el interés de otras marcas chinas por aprovechar instalaciones industriales ya existentes en España. Es el caso de Hongqi, fabricante de vehículos de lujo que negocia con Stellantis la producción de automóviles en la planta de Zaragoza, según diversas informaciones. Estas instalaciones ya cuentan además con una importante inversión china comprometida por parte de CATL, el mayor productor mundial de baterías, que construye junto a la fábrica una gigafactoría valorada en unos 4.100 millones de euros. También está confirmado el desembarco industrial de Leapmotor, empresa de la que Stellantis adquirió una participación en 2023 junto con los derechos de comercialización en Europa. La compañía fabricará en Zaragoza el modelo B10 a partir de este mismo año y aportará además tecnología para un futuro modelo eléctrico de Opel del segmento C. Fuentes cercanas al proyecto apuntan igualmente a que otros modelos de la marca podrían ensamblarse en España próximamente. Leapmotor también aparece como una posible vía de continuidad para la planta de Stellantis en Madrid, ubicada en Villaverde, que actualmente produce los modelos Citroën C4 y C4 X y carecía de nuevos proyectos industriales a medio plazo. La compañía china señaló recientemente que esta instalación podría integrarse en la empresa conjunta creada con Stellantis y asumir la fabricación de un vehículo eléctrico a partir de 2028. Por otro lado, Geely mantiene conversaciones con Ford para utilizar parte de la planta de Almussafes. La fábrica valenciana atraviesa actualmente una etapa delicada y funciona bajo el amparo del mecanismo RED aprobado por el Gobierno en 2024, que permite aplicar un ERTE rotatorio a toda la plantilla. En la actualidad, Ford únicamente produce allí el modelo Kuga, aunque prevé anunciar próximamente un nuevo vehículo multienergía destinado a reforzar la actividad industrial de la planta. Según diversas informaciones, Geely aportaría carga de trabajo adicional utilizando una zona de ensamblaje actualmente inactiva para producir tanto un modelo propio como otro destinado a Ford. La compañía estadounidense, no obstante, se limita a reconocer que mantiene conversaciones con diferentes empresas sin confirmar un acuerdo definitivo con el grupo chino.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se consolida como quinto país europeo en captación de inversión en IA

España se ha afianzado como el quinto país de Europa con mayor capacidad para atraer inversión vinculada a la Inteligencia Artificial, en un momento en el que esta tecnología se ha convertido en el principal destino del capital riesgo a escala mundial. Así lo recoge el informe "El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor", elaborado por South Summit -iniciativa ligada a IE University - junto a PwC.. El estudio pone de manifiesto que la Inteligencia Artificial concentra ya el 61% de toda la inversión global de capital riesgo, frente al 30% que representaba en 2022. Esto implica que, actualmente, seis de cada diez dólares invertidos en el mundo se dirigen a proyectos relacionados con esta tecnología. Dentro de Europa, España ocupa la quinta posición en captación de fondos para IA, solo por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. El ecosistema español cuenta actualmente con 392 startups especializadas en Inteligencia Artificial y ha logrado atraer cerca de 1.600 millones de euros en inversión entre 2020 y 2025. Pese a ello, el informe destaca que la diferencia respecto a los grandes polos tecnológicos europeos continúa siendo considerable. Mientras Alemania acumula más de 8.000 millones de euros invertidos en IA, Reino Unido alcanza los 18.000 millones. La creciente concentración del capital riesgo en torno a la Inteligencia Artificial está alterando además las dinámicas de financiación del ecosistema emprendedor. Según el análisis, las startups que incorporan esta tecnología obtienen valoraciones un 38% superiores a las de empresas tradicionales equivalentes. El mercado también refleja una tendencia hacia operaciones cada vez más grandes y una mayor concentración de recursos, impulsada por las denominadas megarrondas protagonizadas por compañías como OpenAI, Anthropic o Waymo. A pesar del entorno marcado por unos tipos de interés elevados y las tensiones geopolíticas, el primer trimestre de 2026 registró el mayor volumen de inversión de los últimos años, impulsado especialmente por el auge de la IA generativa. Europa, por su parte, ha reforzado su apuesta por esta tecnología y acumula ya 21.100 millones de euros invertidos entre 2020 y 2025. Los sectores que más financiación reciben son los relacionados con la salud y la defensa, reflejando el interés estratégico europeo por fortalecer su autonomía tecnológica y su competitividad internacional. No obstante, el informe advierte de que el continente sigue muy lejos de Estados Unidos y Canadá, regiones que concentran el 65% del capital riesgo mundial tras incrementar un 42% la inversión en startups durante 2025, hasta alcanzar los 289.300 millones de dólares, equivalentes a unos 246.000 millones de euros. En el caso español, la inversión en startups superó los 3.100 millones de euros en 2025, apenas un 3% menos que el ejercicio anterior. Al mismo tiempo, el número de operaciones aumentó un 11%, aunque el tamaño medio de las rondas descendió un 14%. El documento también señala la existencia de una importante diferencia entre el potencial teórico de la Inteligencia Artificial y su implantación real en las empresas. Aunque el 88% de las organizaciones asegura utilizar esta tecnología en alguna parte de su actividad, únicamente el 22% de los empleados hace un uso efectivo de ella en tareas concretas. En la actualidad, la IA se emplea principalmente en áreas de soporte como informática, recursos humanos o atención al cliente, mientras que su integración continúa siendo todavía reducida en otros departamentos considerados estratégicos.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El retraso en los pagos que sufren las pymes llega hasta los cien días

Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción continúan siendo las más perjudicadas por los retrasos en los pagos en España. Su Periodo Medio de Pago (PMP) alcanza ya los 96,5 días, una cifra muy superior a la media nacional y que refleja la elevada presión financiera que soporta esta actividad en un contexto donde la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, los plazos registrados por la construcción al cierre de 2025 no se observaban desde comienzos de 2024. El dato aparece recogido en el Observatorio de la Morosidad correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, que destaca que el sistema de pagos comerciales ha mostrado una mejora progresiva en los últimos cinco años. Desde 2019, antes de la pandemia, el PMP acumuló una reducción cercana al 4%, permitiendo cerrar 2025 en 80,5 días. Sin embargo, este nivel continúa situándose un 34% por encima del límite legal fijado en 60 días. En el corto plazo, la mayor reducción anual de los últimos años se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP descendió 0,9 días, equivalente al 1,09%. El informe atribuye esta mejora al intento de muchas empresas de evitar la pérdida de valor de sus facturas en un entorno de elevada inflación. Pese a la evolución positiva del conjunto de la economía, la mejora no ha sido homogénea. Las pequeñas empresas se desmarcaron de la tendencia general y registraron un ligero aumento de sus plazos de pago, que se situaron en 78,9 días. Las microempresas siguen siendo el segmento más vulnerable. Presentan el índice de morosidad más elevado del mercado, un 17% superior a la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso sobre el vencimiento, una proporción que duplica la registrada entre medianas y grandes compañías. Mientras el resto de pymes ha logrado reducir sus tiempos de cobro desde 2019, las microempresas han seguido la tendencia contraria: en 2025 cobraban con 2,8 días más de demora que antes de la pandemia. Por actividades, las diferencias siguen siendo muy acusadas. La construcción encabeza los mayores retrasos, aunque otros segmentos industriales, como el de maquinaria y equipo, también mantienen cifras elevadas, con un PMP de 88,8 días y niveles superiores a 85 días de forma continuada durante los últimos tres años. En cambio, los sectores servicios e industria han conseguido acortar sus ciclos de cobro hasta los 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Aunque los plazos se han reducido en términos generales, el coste financiero derivado de mantener deuda comercial continúa siendo muy elevado. A finales de 2025, el esfuerzo total asociado a esta carga ascendía a 5.568 millones de euros. De esa cifra, cerca de 2.000 millones correspondieron a las pymes, lo que sigue limitando su capacidad de inversión pese a la reducción experimentada respecto a ejercicios anteriores. La caída de este coste financiero -desde los 6.404 millones registrados en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año- se explica principalmente por la evolución de la política monetaria. El interés de demora bajó del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos créditos bancarios para pymes descendió cerca de un punto porcentual. Esta mejora permitió compensar parcialmente el aumento de la deuda comercial, que creció al mismo ritmo que el PIB nominal, cuyo avance fue del 5,7%. Uno de los factores que más contribuyó a la reducción del PMP nacional fue el ajuste realizado por las grandes empresas en sus plazos de pago. Este segmento logró reducirlos en 32,1 días respecto al año anterior, pasando de 101,5 días a finales de 2024 a 69,4 días al cierre de 2025. El comportamiento de las grandes compañías contrasta con la estabilidad observada en las pymes y resultó determinante para que el promedio nacional descendiera por primera vez de forma sostenida por debajo de los 81 días. En estas empresas de mayor tamaño, el 80,1% de los cobros se produce dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, lo que explica que concentren el menor volumen de retrasos prolongados de todos los segmentos analizados. El informe también refleja importantes diferencias territoriales. Ocho comunidades autónomas lograron reducir su PMP durante el último año, destacando especialmente La Rioja y Illes Balears, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. En el lado contrario, Extremadura registró el peor comportamiento, al aumentar sus plazos de pago en 5,3 días. Por regiones, la Comunidad de Madrid presenta el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Región de Murcia, con 89,1 días, y Galicia, con 88,7. En contraste, Aragón y Baleares destacan como las comunidades más ágiles en los pagos, con 68,7 y 69 días, respectivamente. En cuanto al comportamiento de los pagos, el porcentaje de facturas abonadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% del año anterior. No obstante, el peso de los cobros realizados con retrasos superiores a 90 y 120 días sí logró moderarse ligeramente. Por último, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia descendente que mantenía desde 2023 y repuntó en el cuarto trimestre, pasando de 52,9 a 54,1 puntos.

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(La Vanguardia, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde considera poco útil la adopción de las stablecoin para la estabilidad del euro

Christine Lagarde considera que impulsar stablecoins vinculadas al euro es una estrategia "mucho menos sólida de lo que podría parecer" y sostiene que este tipo de activos digitales no representa una vía eficaz para reforzar el papel internacional de la moneda europea. Así lo expresó este viernes durante su intervención en el Foro del Banco de España sobre Latinoamérica celebrado en Roda de Barà. La presidenta del BCE advirtió además de que estas criptomonedas respaldadas por monedas tradicionales pueden debilitar la relación entre las entidades financieras y sus clientes. A su juicio, si el objetivo es fortalecer la presencia global del euro, la prioridad debería centrarse en avanzar hacia mercados de capitales más integrados, fomentar la unión del ahorro y la inversión y, a largo plazo, crear un activo seguro europeo, por ejemplo mediante emisiones conjuntas de deuda. Durante su discurso, Lagarde repasó el origen y funcionamiento de las stablecoins, unas criptodivisas concebidas inicialmente para reducir la volatilidad característica del mercado cripto. Para ello, sus emisores vincularon cada token a monedas tradicionales y los respaldaron con efectivo y deuda pública a corto plazo. El crecimiento de este mercado ha sido muy rápido. Hace apenas seis años las stablecoins movían menos de 10.000 millones de dólares y actualmente superan los 300.000 millones. La gran mayoría están denominadas en dólares y cerca del 90% del mercado está controlado por dos grandes emisores: Tether y Circle, con sede en El Salvador y Estados Unidos, respectivamente. Lagarde reconoció que el auge de estas monedas digitales en Estados Unidos contribuye a reforzar la hegemonía internacional del dólar. De hecho, recordó que la Administración estadounidense presenta abiertamente las stablecoins como una herramienta para consolidar el dominio global de la divisa norteamericana y reforzar la demanda de bonos del Tesoro. La dirigente del BCE señaló que el debate ya no gira en torno a si las stablecoins deben existir o no, sino sobre si las distintas jurisdicciones pueden permitirse quedarse al margen de esta evolución tecnológica. No obstante, considera que estos activos entrañan riesgos importantes al mezclar funciones monetarias y tecnológicas. A corto plazo, Lagarde admitió que unas stablecoins vinculadas al euro podrían generar una mayor demanda internacional de activos seguros europeos. Si esa demanda creciera gracias a compradores extranjeros y las reservas se dirigieran hacia deuda europea, los costes de financiación podrían reducirse y el euro ganar presencia internacional mediante nuevos canales digitales. Sin embargo, advirtió de dos grandes riesgos. El primero afecta a la estabilidad financiera. Las stablecoins son pasivos privados cuya estabilidad depende de la confianza en los activos que las respaldan. Mientras esa confianza se mantiene, el sistema funciona, pero si se deteriora pueden producirse retiradas masivas y repentinas. Como ejemplo, recordó las tensiones financieras asociadas a la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. El segundo riesgo tiene relación con la política monetaria. Según explicó, una expansión significativa de las stablecoins podría debilitar los mecanismos mediante los cuales el BCE transmite sus decisiones sobre los tipos de interés a la economía real. Si los depósitos abandonan los bancos tradicionales para desplazarse hacia stablecoins privadas, las entidades financieras tendrían menos capacidad para conceder crédito y el impacto de las decisiones monetarias sobre empresas y familias sería menor. Por ello, Lagarde insistió en que Europa debe centrarse primero en construir unas bases financieras más sólidas mediante mercados de capitales más profundos e integrados. En su opinión, las stablecoins en euros no pueden sustituir ese proceso y, además, podrían aumentar algunas de las vulnerabilidades que las autoridades europeas intentan corregir. Pese a sus críticas, la presidenta del BCE sí valoró positivamente la utilidad tecnológica de las stablecoins como forma de "efectivo digital" adaptado al entorno blockchain, capaz de facilitar pagos y liquidaciones de manera rápida y eficiente. Sin embargo, limitó ese potencial al ámbito puramente tecnológico.

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(Cinco Días, 08-5-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado energético, en un punto crítico después de más de dos meses de caída de las reservas de petróleo

Cada jornada en la que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado -impidiendo el tránsito de cerca del 20% del petróleo y derivados que consume el planeta- acerca más a la economía mundial a un escenario de desabastecimiento energético y posible recesión. El acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos anunciado este miércoles por Donald Trump provocó una caída cercana al 10% en el precio del petróleo, aunque ese descenso apenas refleja la enorme tensión acumulada en los mercados energéticos. Con el conflicto entrando ya en su tercer mes, las opciones para evitar una espiral de escasez y nuevas subidas de precios comienzan a agotarse. Mientras el petróleo del golfo Pérsico sigue sin llegar a los mercados internacionales, las reservas estratégicas globales disminuyen y las cadenas logísticas muestran signos crecientes de debilidad. Los analistas advierten de que, si no se alcanza pronto un acuerdo entre Washington y Teherán que permita reabrir Ormuz, el siguiente paso podría ser el racionamiento energético. El estrecho es considerado una infraestructura esencial sin la cual la economía mundial apenas puede sostenerse. Hasta ahora no ha sido posible compensar los aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados que normalmente atraviesan este corredor marítimo. Arabia Saudí ha logrado mantener cerca del 80% de sus exportaciones gracias al oleoducto Petroline, que conecta el golfo Pérsico con el mar Rojo atravesando la península arábiga. Emiratos Árabes Unidos también ha conseguido redirigir parte de su producción fuera del golfo, pero siguen prácticamente paralizadas las exportaciones de Irak, Kuwait y Qatar, tanto de petróleo como de gasolina, combustible aéreo, fertilizantes o gas natural licuado. La Agencia Internacional de la Energía considera que este episodio constituye el mayor shock petrolero de la historia. Según Barclays, el mercado mundial continúa registrando un déficit diario de entre 12 y 13 millones de barriles. Para cubrir esa falta de suministro solo existen dos alternativas: reducir drásticamente el consumo mundial de petróleo -con el consiguiente impacto económico- o recurrir a las reservas disponibles. La liberación extraordinaria de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía ha ayudado a contener parcialmente la crisis, aunque resulta insuficiente para compensar el volumen perdido. Manuel Maleki, economista especializado en materias primas de Edmond de Rothschild AM, explica que las reservas estratégicas sirven para amortiguar impactos temporales, estabilizar las expectativas y ganar tiempo, pero no pueden sustituir permanentemente las rutas marítimas ni la infraestructura que sostiene el comercio energético mundial. Hasta el momento, el mercado ha resistido gracias tanto a las reservas estratégicas liberadas por los gobiernos como a las existencias comerciales acumuladas por operadores privados. Sin embargo, ninguna de estas reservas es ilimitada. Además, están distribuidas de manera desigual entre regiones y tipos de crudo o derivados, y cuentan con niveles mínimos de seguridad que no pueden agotarse completamente. Barclays calcula que, si el cierre de Ormuz se prolonga, las reservas podrían alcanzar niveles críticos a finales de mayo. El banco británico advierte de que las próximas semanas representan el margen de maniobra restante antes de que la destrucción de demanda -es decir, una reducción forzada del consumo por el deterioro económico- se haga claramente visible. Según sus estimaciones, retrasar la reapertura del estrecho hasta finales de mayo elevaría el precio del barril Brent desde los 110 dólares previstos para el segundo trimestre hasta los 130 dólares, encareciendo además el promedio anual hasta los 111 dólares por barril. Goldman Sachs también advirtió recientemente de que la pérdida diaria de reservas, estimada entre 11 y 12 millones de barriles, no puede mantenerse durante mucho tiempo sin consecuencias graves. La entidad considera que, si la crisis de suministro persiste, será inevitable reducir aún más la demanda energética. En una línea similar, Jeff Currie, experto en materias primas de Carlyle señaló en declaraciones a Bloomberg que las reservas petroleras europeas podrían agotarse en algún momento de este mes. En Estados Unidos, el país con mayores reservas del mundo, la situación podría alcanzar un punto crítico alrededor del 4 de julio, coincidiendo simbólicamente con el Día de la Independencia. Mientras tanto, el precio de la gasolina en EE UU ya supera los 4,50 dólares por galón por primera vez desde 2022, un factor con fuerte impacto político para Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre. En este contexto, numerosos países podrían verse obligados a aplicar medidas de racionamiento energético, una realidad que ya afecta duramente a varias economías asiáticas altamente dependientes del petróleo procedente de Oriente Próximo. UBS advierte de que cuanto más se prolongue el conflicto, menor será el colchón de reservas y mayor tendrá que ser la reducción del consumo para equilibrar el mercado. Barclays ilustra la situación comparándola con un hogar que pierde sus ingresos y comienza a vivir de sus ahorros: al principio la situación parece manejable, pero con el paso de los meses los recortes se vuelven inevitables. Según el banco, la economía mundial se encontraría actualmente en una fase intermedia de ese proceso: las reservas aún existen y las facturas siguen pagándose, pero el margen se reduce rápidamente sin que aparezca una solución definitiva. La reapertura del estrecho de Ormuz se considera urgente, aunque incluso un eventual acuerdo de paz no resolvería inmediatamente la crisis. El daño causado sobre el suministro energético y el elevado coste de la energía seguirían presentes durante bastante tiempo. Jeff Currie señala que, aun si el conflicto terminara hoy, harían falta más de tres meses para que el flujo de petróleo comenzara a normalizarse y pudiera evaluarse el alcance real de los daños. Además, será necesario reorganizar el tráfico marítimo de cerca de mil buques retenidos en la zona, reparar infraestructuras petroleras dañadas y reactivar instalaciones que han detenido su producción. Algunos complejos energéticos, como la planta catarí de gas natural de Ras Laffan -la mayor del mundo-, podrían tardar meses o incluso años en recuperar plenamente su actividad.

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(Expansión, 08-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE solo pospondrá un alza de tipos en junio si hay descalabro económico

El Banco Central Europeo (BCE) centra actualmente sus esfuerzos en recopilar información de cara a la reunión de junio, un encuentro en el que el mercado da prácticamente por hecho un incremento de los tipos de interés de 25 puntos básicos, lo que situaría la tasa de referencia en el 2,25%. Durante estas semanas previas, los equipos técnicos del BCE y de los bancos centrales nacionales trabajan en el análisis de la compleja situación derivada de la crisis energética provocada por la guerra en Irán. Aunque desde la institución recuerdan que ninguna decisión está cerrada de antemano, dentro del Consejo de Gobierno gana peso la idea de que será necesario seguir endureciendo la política monetaria. Fuentes cercanas a las conversaciones entre los responsables monetarios europeos explican que, aunque todavía no existe unanimidad total, sí hay un amplio consenso favorable a una nueva subida de tipos. La estrategia del BCE seguirá basada en evaluar cada reunión de manera independiente y actuar con cautela para no perjudicar en exceso a la economía, pero el escenario que maneja la institución contempla más movimientos al alza en los próximos meses. Solo un deterioro muy severo de la actividad económica podría frenar esta decisión. El BCE considera, por ahora, que la guerra en Oriente Próximo no desembocará en una recesión en la eurozona, aunque admite que siguen existiendo riesgos de escenarios mucho más negativos en los que elevar los tipos resultaría perjudicial para la economía. Entre esos riesgos figura la posibilidad de una crisis de suministro energético. Hasta el momento, el impacto del cierre del estrecho de Ormuz se ha traducido principalmente en un aumento del precio de los combustibles, mientras que el abastecimiento energético continúa siendo suficiente. Sin embargo, si la situación empeorara y se produjera una reducción del suministro mundial, podrían registrarse recortes en la producción industrial y en la actividad de las fábricas. En el BCE creen que para junio ya habrá indicios más claros sobre el alcance económico del conflicto, especialmente observando la evolución de Asia, una región más expuesta a las tensiones en Oriente Próximo. La institución considera que un frenazo económico intenso derivado de menores niveles de producción y posibles ajustes laborales podría terminar reduciendo por sí solo las presiones inflacionistas, haciendo innecesario o incluso contraproducente seguir endureciendo la política monetaria. Las previsiones macroeconómicas publicadas en marzo reflejaban un mayor impacto de la crisis sobre la inflación que sobre el crecimiento económico, debido a que el encarecimiento de la energía se traslada rápidamente a los precios, mientras que las consecuencias sobre el PIB suelen apreciarse con mayor retraso. Las nuevas proyecciones que el BCE presentará en junio ofrecerán una visión más precisa del contexto económico y permitirán evaluar con mayor claridad los efectos que el conflicto ya está teniendo sobre la economía europea. Mientras tanto, pierde fuerza entre los miembros del Consejo de Gobierno la posibilidad de una rápida resolución del conflicto que permita estabilizar de nuevo los precios energéticos. Diversos responsables del BCE, incluida su presidenta, Christine Lagarde, han advertido de que los daños sufridos por las infraestructuras energéticas podrían tardar años en repararse. A ello se suma la persistente incertidumbre geopolítica en la región, que sigue alimentando las dudas pese a los esfuerzos diplomáticos. En este contexto, en Fráncfort predomina la idea de que una subida gradual y controlada de los tipos de interés sería la respuesta más favorable tanto para la economía como para los mercados financieros, siempre que la inflación permanezca relativamente contenida.

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(Cinco Días, 07-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo pierde los 100 dólares en la mejor sesión para los mercados desde el alto el fuego de hace un mes

Las perspectivas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán han devuelto el ánimo a los mercados financieros. Después de dos días marcados por la incertidumbre ante una posible ruptura del alto el fuego, las señales de distensión comenzaron con el anuncio de Donald Trump de suspender la operación de escolta de buques en el estrecho de Ormuz. Poco después, el medio Axios informó de avances relevantes en las negociaciones para poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace más de dos meses. El petróleo, muy sensible a este tipo de tensiones, ha reaccionado con fuerza: el brent ha caído por debajo de los 100 dólares por barril tras haber superado recientemente los 115. Según fuentes citadas por ese medio, ambos países estarían cerca de cerrar un breve acuerdo que pondría fin a las hostilidades. Tras semanas de incertidumbre, los inversores han reaccionado positivamente y los mercados -tanto de renta variable como de deuda y energía- se encaminan hacia su mejor jornada desde el pasado 8 de abril, cuando se anunció el alto el fuego inicial. El precio del petróleo y del gas en Europa registra caídas superiores al 11%. La bajada de los precios energéticos contribuye a reducir las presiones inflacionistas, lo que ha animado a los inversores a volver a tomar posiciones en Bolsa y en bonos. Las plazas europeas avanzan con subidas cercanas al 3%. En España, el Ibex 35 supera los 18.000 puntos y se acerca a los 18.200, niveles que no alcanzaba desde el 20 de abril. También mejora el comportamiento de la deuda pública: la rentabilidad del bono alemán a diez años desciende más de ocho puntos básicos y baja del 3%, mientras que el bono español cae 11 puntos básicos hasta el 3,4%. En este contexto, muchos gestores advierten de que quedarse al margen puede suponer perder la recuperación. Aunque los mercados están acostumbrados a cambios de rumbo tanto en Washington como en Teherán, el impacto económico del conflicto parece estar favoreciendo un acercamiento. Los analistas consideran que el mercado ya anticipa una reducción de tensiones y una mejora en el suministro energético, aunque advierten de que el proceso no será lineal. Las informaciones apuntan a que el acuerdo incluiría una pausa por parte de Irán en el desarrollo nuclear, a cambio de la liberación de fondos bloqueados y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Además, ambas partes estarían dispuestas a normalizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de petróleo. No obstante, los expertos prevén que la recuperación de los flujos comerciales será gradual, debido a las disrupciones acumuladas. Durante casi dos meses, el bloqueo parcial de esta vía ha generado tensiones importantes en la economía mundial. Los países productores del golfo Pérsico han tenido que frenar parte de su producción ante la dificultad de exportar, mientras que las reservas globales han disminuido de forma significativa, aumentando la preocupación por el suministro y alimentando temores sobre posibles restricciones. Los analistas subrayan que restablecer el flujo de unos 13 millones de barriles diarios es clave para estabilizar el mercado. Aunque las reservas han permitido compensar en parte la interrupción, su descenso incrementa la vulnerabilidad y la volatilidad del mercado petrolero. En paralelo, el foco de los inversores sigue puesto en el sector tecnológico. El crecimiento ligado a los semiconductores, impulsado por la inteligencia artificial y la computación avanzada, continúa siendo una tendencia estructural. En este sentido, cualquier mejora en la situación geopolítica favorece el interés por compañías tecnológicas, especialmente en Asia y mercados emergentes. La caída del precio del petróleo también ha tenido efectos positivos en el mercado de deuda, con los bonos estadounidenses a largo plazo recuperándose y el rendimiento a 30 años situándose por debajo del 5%. Aun así, crece la expectativa de que la próxima decisión de la Reserva Federal pueda ser una subida de tipos. Por su parte, el oro avanza impulsado por la debilidad del dólar, con una subida del 1,8% hasta los 4.637 dólares por onza.

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(Cinco Días, 06-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las expectativas de subida de tipos impulsan la rentabilidad de las letras del Tesoro a máximos desde septiembre de 2024

Aún es pronto para actuar, pero todo apunta a que el Banco Central Europeo está preparado para subir los tipos en junio. Esa fue la posición adoptada la semana pasada, cuando decidió mantenerlos sin cambios por séptima vez consecutiva, evitando precipitarse. No obstante, esta prudencia no significa relajación: la institución reconoce que los riesgos de inflación han aumentado y que el contexto económico es cada vez más complejo. De hecho, los mercados ya anticipan un movimiento en unas cinco semanas, lo que supondría la primera subida en dos años y medio. En este contexto, el Tesoro ha estrenado mayo con una subasta de letras a seis y doce meses en la que ha logrado captar 6.463 millones de euros. Las previsiones de tipos más elevados y una inflación persistente se han reflejado directamente en las rentabilidades, especialmente en las letras a un año, que alcanzan niveles no vistos desde septiembre de 2024. Más de dos meses después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, las perspectivas de resolución del conflicto siguen alejándose. Mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, continuará el riesgo de una inflación más alta y un menor crecimiento económico a nivel global. Invertir en un entorno de estanflación resulta especialmente complicado. Aunque la deuda pública ha sido uno de los activos más afectados, los instrumentos a corto plazo siguen destacando como una alternativa atractiva. Su menor sensibilidad a las variaciones de tipos y su capacidad de adaptación rápida los convierten en una opción refugio, especialmente para pequeños inversores. Así lo demuestra la demanda: las solicitudes alcanzaron los 11.586,54 millones, de los cuales 2.397,6 millones procedían de ahorradores particulares. La mayor parte de la emisión, 4.429,26 millones, correspondió a letras a doce meses. Con una inflación en abril del 3,2% y el encarecimiento de la energía presionando al alza, aumentan las expectativas de nuevas tensiones inflacionistas y de un entorno de tipos más altos. Esto ha impulsado los rendimientos, situando el tipo marginal en el 2,651%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Los inversores, en especial los minoristas, buscan aprovechar estas rentabilidades, lo que explica que las peticiones no competitivas superaran los 1.120 millones, aunque ligeramente por debajo de la subasta anterior. Por su parte, las letras a seis meses concentraron 2.033,7 millones. En este caso, la rentabilidad apenas varió, situándose en el 2,389%, muy similar a la de abril. La demanda de los particulares incluso aumentó, alcanzando los 1.277,2 millones frente a los 1.020 millones anteriores. Aunque estos niveles de rentabilidad resultan atractivos, todavía no generan el entusiasmo visto en 2023, cuando el fin de los tipos cero provocó un fuerte desplazamiento del ahorro hacia la deuda pública. Además, el contexto actual es diferente. Durante la pandemia, el ahorro de los hogares se disparó debido a las restricciones, generando un colchón financiero importante. En la actualidad, aunque las familias siguen en mejor situación que los gobiernos, muy endeudados, ese margen se está reduciendo. El aumento del coste de la energía y las dificultades para acceder a la vivienda están presionando las finanzas domésticas y limitando progresivamente la capacidad de ahorro.

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