La actividad del sector privado español volvió a crecer de forma moderada en mayo después de haberse contraído en abril, pese al fuerte aumento de los costes empresariales. Así lo refleja el índice PMI compuesto elaborado por S&P Global Market Intelligence, que avanzó hasta los 50,2 puntos frente a los 48,7 registrados el mes anterior.
Durante mayo, los nuevos pedidos permanecieron prácticamente estancados, aunque las compañías continuaron reforzando sus plantillas a un ritmo sólido. Además, la confianza empresarial mejoró y alcanzó su nivel más elevado de los últimos tres meses. En paralelo, los costes de compra experimentaron el mayor incremento desde noviembre de 2022, mientras que la subida de los precios cobrados por las empresas se moderó hasta situarse en mínimos de tres meses.
Por sectores, el PMI de servicios repuntó hasta los 50,1 puntos desde los 47,9 de abril, mientras que el indicador manufacturero descendió ligeramente, pasando de 51,7 a 51,2 puntos. Paul Smith, economista de S&P Global Market Intelligence, destacó que la estabilización de la demanda y de la actividad tras las caídas de abril supone una señal positiva y alimenta la expectativa de que la desaceleración económica en España sea moderada. No obstante, advirtió de que la situación de fondo sigue mostrando debilidad.
En contraste, la actividad del conjunto de la eurozona continuó deteriorándose. El PMI compuesto, que engloba los sectores manufacturero y de servicios, bajó en mayo hasta los 48,5 puntos desde los 48,8 de abril, su nivel más bajo en un año y medio. En concreto, el PMI de servicios de la zona euro se situó en 47,7 puntos, una décima por encima del mes anterior aunque todavía en terreno contractivo, mientras que el indicador manufacturero redujo su expansión al pasar de 52,2 a 51,6 puntos.
Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, señaló que el descenso de la actividad empresarial por segundo mes consecutivo aumenta la posibilidad de que la economía de la eurozona entre en contracción durante el segundo trimestre. Según sus cálculos, los datos del PMI apuntan a una caída trimestral del PIB del 0,2%, salvo que se produzca una mejora significativa en junio.
El experto también alertó del aumento de las presiones inflacionistas, que podrían acercar la inflación al 4% en los próximos meses, complicando la situación para el Banco Central Europeo. En su opinión, el BCE intentará demostrar rapidez para evitar que la inflación se afiance, aunque al mismo tiempo deberá valorar el riesgo de elevar los tipos de interés en un contexto de enfriamiento económico y posible recesión. Williamson añadió que, aunque una subida de tipos podría entenderse como una medida preventiva, resultará más complicado justificar nuevos incrementos si la economía sigue perdiendo fuerza.
La economía mundial se encamina hacia una desaceleración que podría llevar a varios países a entrar en recesión o situarse muy cerca de ella, según las nuevas previsiones publicadas este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el escenario más negativo contemplado por el organismo, marcado por una prolongación de la guerra con Irán y un bloqueo del estrecho de Ormuz hasta bien avanzado 2027, el crecimiento del PIB global se reduciría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Aunque estas cifras puedan parecer razonables para algunas economías desarrolladas acostumbradas a ritmos modestos, se sitúan claramente por debajo de la tendencia habitual de la economía mundial, que en lo que va de siglo ha superado con frecuencia el 3% anual salvo en episodios excepcionales como la crisis financiera o la pandemia.
El escenario central que maneja la OCDE es menos severo y parte de la hipótesis de que los precios de la energía comiencen a moderarse a partir de mediados de este año, algo que solo se contempla en caso de alcanzarse una paz estable. Bajo ese supuesto, la economía global crecería un 2,8% en 2026 y un 3,1% en 2027. La diferencia entre ambos escenarios supone una pérdida acumulada de cerca de dos puntos de PIB mundial en dos años, equivalente a más de dos billones de euros, una cantidad superior al valor anual de todos los bienes y servicios producidos por España.
La enorme volatilidad del contexto geopolítico está obligando a organismos internacionales y servicios de análisis a trabajar con distintos escenarios para evitar que las previsiones queden rápidamente desfasadas. La OCDE refleja esa incertidumbre de forma explícita: los términos "incierto" e "incertidumbre" aparecen 140 veces a lo largo de las casi 300 páginas del informe.
El impacto económico no será homogéneo. La OCDE identifica como principales perjudicados a Asia, por su fuerte dependencia energética de Oriente Próximo, y a los países del golfo Pérsico, afectados tanto por el bloqueo del estrecho de Ormuz como por los elevados costes de reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas. No obstante, el organismo advierte de que Europa y Norteamérica tampoco quedarán al margen. El aumento de la inflación, los problemas de suministro, el endurecimiento de las condiciones financieras y el deterioro de la confianza podrían frenar notablemente la actividad económica en ambas regiones.
Entre los datos más relevantes destaca la desaceleración prevista para China e India. En el caso chino, el crecimiento se situaría en el 4,5% este año y en el 4,3% el próximo, por debajo del 5% registrado recientemente y muy lejos de las tasas medias cercanas al 7% de la década anterior a la pandemia.
La OCDE advierte además de que las economías emergentes importadoras de materias primas serán especialmente vulnerables, ya que tienen menos capacidad para asegurar suministros energéticos o proteger a hogares y empresas mediante ayudas públicas. Son países sin recursos energéticos propios y con un margen fiscal limitado para aplicar medidas de apoyo similares a las adoptadas en España.
El informe dibuja además un posible círculo vicioso: la guerra impulsaría la inflación, lo que llevaría a los bancos centrales a mantener o elevar los tipos de interés, encareciendo la financiación y debilitando la inversión y el consumo. Según las previsiones de la OCDE, la inversión empresarial podría caer cerca de un 5% en la segunda mitad de 2027 respecto a un escenario de perturbación temporal.
La inteligencia artificial tampoco escaparía al impacto económico. El encarecimiento de la energía elevaría el coste de funcionamiento de los centros de datos y complicaría el acceso a componentes estratégicos utilizados en los sistemas de IA. Además, la escasez de materias primas como el helio, esencial para la fabricación de microchips avanzados, podría ralentizar el desarrollo del sector. Todo ello reduciría tanto la capacidad como los incentivos para seguir invirtiendo en inteligencia artificial, especialmente en las economías que actualmente dependen del impulso de esta industria.
En el caso de España, la OCDE mejora ligeramente sus previsiones de crecimiento respecto al informe de marzo. El organismo calcula ahora que el PIB avanzará un 2,2% en 2026, una décima más que en la estimación anterior y en línea con las previsiones del Gobierno. El crecimiento español seguiría muy por encima del previsto para Alemania, Francia o Italia. Para 2027 mantiene la previsión en el 1,7%.
La economía española continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente al deterioro internacional y es la única gran economía de la eurozona que mejora sus perspectivas. La OCDE considera que el crecimiento seguirá apoyado principalmente en la demanda interna, gracias al dinamismo del empleo, al consumo privado y a las inversiones vinculadas a los fondos europeos. En cambio, se muestra menos optimista sobre el sector exterior, ya que el incremento de las importaciones asociado al crecimiento interno no será compensado plenamente por la demanda internacional.
Respecto a la inflación, el organismo prevé que España mantenga tasas relativamente elevadas durante los próximos años. El IPC armonizado alcanzaría el 3,3% en 2026 y el 2,9% en 2027, aún por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, aunque por debajo de la media del G-20. La OCDE destaca que desde finales de febrero han aumentado de forma notable los precios del petróleo, el gas, los derivados energéticos y fertilizantes como la urea.
Las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto energético ayudarán a contener parcialmente el golpe sobre los hogares, aunque la OCDE, al igual que el FMI, considera preferible que esas ayudas estén focalizadas en los colectivos más vulnerables y tengan carácter temporal, para limitar su impacto sobre las cuentas públicas.
Pese al incremento del gasto derivado de estas medidas, el organismo prevé que la deuda pública española continúe reduciéndose gracias al crecimiento económico. La ratio de deuda bajaría al 98,5% del PIB en 2026 y al 97,3% en 2027. También se espera una mejora adicional del mercado laboral, con una tasa de paro por debajo del 10% el próximo año.
Aunque las perspectivas para España son relativamente favorables en comparación con las de otras grandes economías, la OCDE insiste en que el país debería aprovechar el actual ciclo de crecimiento para reforzar su margen fiscal y prepararse para futuros shocks y para el envejecimiento de la población, un fenómeno que incrementará la presión sobre el gasto en sanidad y pensiones. Además, considera necesario impulsar reformas orientadas a elevar la productividad de la economía.
Las tensiones inflacionistas continúan marcando el comportamiento de los mercados y siguen lejos de disiparse. El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue sin concretarse y, conforme se prolonga el conflicto, aumenta la presión sobre los precios de la energía. El encarecimiento del petróleo y del gas vuelve a alimentar el temor a que el impacto termine extendiéndose al conjunto de la economía, lo que refuerza las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este escenario, el Tesoro español mantiene un ritmo sólido de financiación y ha inaugurado junio con una colocación de 6.481,63 millones de euros en letras a seis y doce meses, apenas una semana después de realizar la tercera emisión sindicada del año.
Las perspectivas de tipos más elevados y de una inflación persistente están impulsando las rentabilidades ofrecidas por la deuda pública, especialmente atractivas para los perfiles más conservadores interesados en preservar capital con un riesgo limitado. En las letras a seis meses, la rentabilidad marginal alcanzó el 2,398%, el nivel más elevado desde enero de 2025.
A estas rentabilidades se suma la percepción positiva sobre la economía española, considerada una de las más dinámicas de la eurozona, lo que continúa favoreciendo el interés por la deuda soberana nacional. La demanda conjunta de ambas referencias ascendió a 12.297,45 millones de euros, casi el doble de la oferta disponible, en línea con el comportamiento observado en las subastas celebradas durante el año.
El interés inversor es amplio, aunque el freno en la caída de las rentabilidades, iniciado tras las primeras bajadas de tipos, ha vuelto a atraer especialmente a los pequeños ahorradores hacia las letras del Tesoro. Las peticiones no competitivas, protagonizadas en gran medida por inversores minoristas, alcanzaron los 2.727,8 millones de euros. Aunque la deuda soberana se ha visto penalizada desde el estallido del conflicto bélico, los plazos más cortos siguen percibiéndose como activos relativamente estables y menos volátiles. Además, el menor tiempo de inmovilización del dinero y la ausencia de vinculaciones típicas de algunos productos bancarios siguen reforzando su atractivo entre quienes buscan rentabilidad adicional con bajo riesgo. No obstante, los rendimientos siguen situándose por debajo de la inflación, que alcanzó el 3,2% el mes pasado.
La mayor parte de la emisión correspondió a las letras a doce meses, con un importe adjudicado de 4.500 millones de euros. Su rentabilidad marginal quedó en el 2,567%, todavía en niveles considerados atractivos, aunque por debajo del 2,651% registrado en la subasta anterior, celebrada cuando los mercados comenzaron a anticipar posibles subidas de tipos del Banco Central Europeo en un contexto de petróleo próximo a los 110 dólares por barril.
Aunque el precio del crudo sigue generando inquietud, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando a Israel por incumplir el alto el fuego, han alimentado de nuevo las expectativas de una posible resolución próxima del conflicto. En este contexto, la demanda de los pequeños inversores para las letras a doce meses aumentó en más de 500 millones de euros, hasta alcanzar los 1.648,67 millones, superando incluso las cifras registradas a comienzos de 2024, cuando las rentabilidades rondaban el 4% y los tipos oficiales del BCE se situaban en el 4,5%.
Por su parte, las letras a seis meses absorbieron los 1.981,63 millones restantes. La rentabilidad marginal subió de forma más moderada que en las dos subastas anteriores, hasta el 2,398%, máximos desde enero de 2025. La demanda minorista superó los 1.079 millones, ligeramente por debajo de los 1.277 millones registrados en la emisión precedente.
La próxima prueba para el Tesoro llegará este jueves, cuando acudirá de nuevo al mercado con emisiones de deuda a medio y largo plazo. El organismo prevé captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros mediante bonos a tres años y obligaciones a cinco y quince años, además de deuda vinculada a la inflación.
En un entorno condicionado por la incertidumbre geopolítica y la persistencia de las presiones inflacionistas, el Tesoro continuará poniendo a prueba el apetito de los inversores, en un momento en el que la relación entre rentabilidad y riesgo adquiere una relevancia creciente. La evolución del conflicto y su efecto sobre los mercados energéticos seguirán siendo determinantes para el comportamiento de los tipos de interés y de la inversión en los próximos meses.
España, Francia e Italia consideran necesario limitar el alcance de actuación del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para favorecer la competitividad de la banca europea. Así lo recogen en un documento conjunto, al que ha accedido EXPANSIÓN, con el que buscan coordinar una posición común de cara a la próxima reforma del marco bancario europeo.
Los tres países alertan de que las entidades financieras de la Unión Europea están soportando una creciente "inflación regulatoria", una expresión utilizada desde hace tiempo por el sector para denunciar la acumulación de normas y exigencias técnicas que, según sostienen, exceden lo establecido por la legislación comunitaria.
En el informe, España, Francia e Italia subrayan que una parte cada vez más amplia de la regulación procede de los desarrollos técnicos de la EBA -conocidos como normas de nivel 2-, así como de las orientaciones y recomendaciones supervisoras del BCE, encuadradas en el denominado nivel 3.
Para frenar este aumento de requisitos, los tres países reclaman que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE asuman un papel más activo en la supervisión de los estándares técnicos elaborados por la EBA. Además, piden evaluaciones de impacto más completas antes y después de desarrollar la normativa bancaria, teniendo en cuenta factores como la acumulación de cargas regulatorias y la comparación con otros mercados internacionales. El documento también plantea que esos análisis puedan ser elaborados por expertos independientes o académicos especializados en el sector financiero.
Respecto al BCE y sus directrices supervisoras, aunque estas no son legalmente vinculantes, los países advierten de que en la práctica pueden actuar como regulaciones encubiertas, difíciles de interpretar, costosas de aplicar y susceptibles de generar diferencias de criterio. A su juicio, esta situación incrementa la inseguridad jurídica y añade exigencias que van más allá de lo previsto inicialmente.
Los ministros de España, Francia e Italia defienden que los supervisores deban justificar que sus recomendaciones se limitan estrictamente a lo necesario para controlar riesgos y preservar la estabilidad financiera. Asimismo, consideran que debería ser obligatorio abrir procesos de consulta antes de imponer modificaciones en las prácticas corporativas de los bancos.
Entre las propuestas incluidas en el texto figura también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, concebida como un órgano asesor independiente encargado de emitir recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el fin de garantizar una visión más amplia sobre el impacto de las decisiones regulatorias en el sector bancario.
Además, España, Francia e Italia abogan por reconocer expresamente en la legislación el derecho de las entidades financieras a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las directrices generales de los supervisores, reforzando así el control judicial sobre las autoridades bancarias. Aunque actualmente el TJUE ya permite impugnar determinadas decisiones del BCE, esta vía apenas se utiliza dentro de la UE.
"El uso de directrices y expectativas supervisoras puede contribuir a la convergencia, pero no debería derivar en un sistema paralelo de obligaciones", señalan los tres países, que consideran que el exceso de complejidad regulatoria genera costes innecesarios, resta seguridad jurídica, incrementa las cargas de cumplimiento y limita recursos que podrían destinarse a la financiación y la innovación.
Por el momento, tanto el BCE como la EBA han evitado pronunciarse sobre este documento, ya que se trata de una propuesta aún en fase de elaboración y que no ha sido difundida oficialmente.
El Consejo de Ministros aprobó este martes una aportación de 260 millones de euros para Casa 47 con el objetivo de impulsar 22 nuevos proyectos residenciales repartidos por distintas comunidades autónomas. Estas actuaciones contemplan la construcción de 1.629 viviendas asequibles, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La financiación se canaliza mediante una nueva adenda al convenio firmado entre el ministerio encabezado por Isabel Rodríguez y la entidad pública. Con esta nueva inyección económica, el volumen total de recursos destinados por el Estado a la promoción de vivienda asequible asciende ya a 2.080 millones de euros. En total, el programa acumula 68 proyectos activos y más de 3.000 viviendas previstas, con la intención de aumentar la oferta residencial y contribuir a aliviar los problemas de acceso a la vivienda.
Desde el ministerio destacan que esta nueva tanda de ayudas refuerza una de las principales líneas de actuación de Casa 47, organismo presentado a finales del pasado año para liderar la promoción pública de vivienda. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido ampliando progresivamente su capacidad financiera para desarrollar proyectos en todo el territorio nacional.
De las 68 actuaciones actualmente en marcha, 44 corresponden a proyectos de construcción residencial, con una previsión de 3.266 viviendas, mientras que las 24 restantes se centran en la urbanización de suelos con capacidad potencial para levantar hasta 22.000 viviendas adicionales, según fuentes ministeriales.
Los 22 proyectos aprobados este martes se distribuyen entre distintos municipios de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia. Entre las localidades beneficiadas figuran Gines, Granada, Roquetas de Mar, Gijón, Puerto del Rosario, Ávila, León, Valladolid, Talavera de la Reina, Girona, Roda de Barà, Santa Coloma de Gramenet, Castellón, Alicante, Ibi, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Carballo, Lugo, Logroño y Murcia.
El Ejecutivo subraya además que estas promociones se complementarán con la rehabilitación y puesta en uso de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otros organismos públicos, que se irán incorporando al mercado una vez reúnan las condiciones adecuadas de habitabilidad.
Por otra parte, la ministra llevó también al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para distribuir los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Según explicó Rodríguez, las autonomías dispondrán desde julio de un primer desembolso de 800 millones para iniciar sus proyectos residenciales. El modelo de financiación establece que el Estado asumirá el 60% del coste, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante.
En paralelo, continúa desarrollándose la convocatoria piloto para adjudicar 171 viviendas, mientras se prepara una nueva fase que incluirá más de 600 inmuebles adicionales, que estarán disponibles a través del portal del inquilino. Asimismo, Casa 47 avanza en su primera oferta pública de adquisición de viviendas, con una inversión prevista de 100 millones de euros destinada a incorporar inmuebles procedentes de particulares y fondos de inversión.
Desde el Ministerio de Vivienda consideran que Casa 47 constituye un elemento esencial en el cambio de enfoque de las políticas públicas de vivienda, al tratar de corregir una de las principales debilidades históricas de España respecto a otros países europeos: la escasez de parque público residencial capaz de influir en el mercado privado.
Las viviendas gestionadas por este organismo estarán destinadas al alquiler asequible, con rentas que no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos, y contarán con contratos de larga duración que podrán extenderse hasta 75 años.
Madrid y Cataluña, los dos grandes mercados inmobiliarios del país, ya superan los 10.000 euros de deuda media vinculada a los impagos en el alquiler residencial. Madrid ha rebasado recientemente ese umbral y cerró 2025 con una morosidad media de 10.420 euros, según la Radiografía del alquiler en Madrid elaborada por el Observatorio del Alquiler. Aun así, Cataluña continúa encabezando la clasificación nacional, con una deuda media de 11.619 euros.
El estudio alerta de que los impagos se están consolidando como uno de los principales riesgos del mercado del alquiler madrileño, en un escenario caracterizado por la falta de oferta, una demanda en máximos históricos y un encarecimiento continuado de las rentas. En Cataluña, además, la morosidad sigue aumentando a ritmos superiores al 4% anual y alcanza importes equivalentes a más de siete mensualidades de alquiler.
En el caso de Madrid, el incremento de la deuda por impagos alcanza el 18% respecto a 2024, situando a la comunidad como el sexto territorio español donde más crece este fenómeno. El Observatorio atribuye este deterioro a la pérdida de capacidad económica de los hogares y al elevado esfuerzo financiero que supone acceder a una vivienda de alquiler en la región.
Actualmente, los madrileños destinan de media el 36% de sus ingresos netos al pago de la vivienda arrendada, claramente por encima del límite del 30% que los expertos consideran recomendable. Aunque este porcentaje es ligeramente inferior al 38% registrado un año antes, el informe sostiene que la reducción no responde a una mejora salarial, sino a que muchas familias están alcanzando su límite de capacidad de pago.
La situación financiera de los potenciales inquilinos también preocupa. Según un informe del Departamento de Riesgo de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso elEconomista.es, el 56% de los hogares que buscan vivienda en alquiler en Madrid presenta algún nivel de riesgo de impago. Dentro de ese grupo, un 25% se encuentra en una situación de riesgo muy elevado y, además, un 9% acumula incidencias en registros de morosidad y solvencia, lo que representa el escenario más delicado.
Este aumento de la deuda coincide con un fuerte incremento de los precios del alquiler. La renta media en Madrid ha pasado de 1.156 euros mensuales en 2019 a 1.606 euros en el primer trimestre de 2026. La subida acumulada, cercana al 40% en siete años, ha tensionado las economías familiares en un contexto en el que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo. El informe destaca que la deuda media acumulada equivale ya a entre seis y siete meses de alquiler, lo que incrementa la percepción de riesgo entre los propietarios y afecta directamente a la oferta disponible.
El Observatorio señala que la evolución de la morosidad influye de forma decisiva en la decisión de muchos propietarios de mantener o retirar viviendas del mercado del alquiler de larga duración. Parte de ellos opta por destinar los inmuebles a otros usos o incluso mantenerlos vacíos por temor a sufrir impagos.
El estudio recuerda además que el mercado español del alquiler está dominado por pequeños propietarios particulares, que representan el 93,4% del total. En muchos casos, se trata de ahorradores que dependen de esos ingresos para complementar salarios o pensiones. La combinación de impagos crecientes, precios récord y escasez de oferta está reforzando así el desequilibrio estructural del mercado madrileño. Mientras la demanda continúa disparada, con 118 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, la oferta sigue lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia.
El informe advierte de que la situación podría agravarse en los próximos años debido al crecimiento demográfico previsto para la región. Las estimaciones del INE apuntan a que Madrid incorporará cerca de 576.000 nuevos hogares hasta 2039, lo que aumentará todavía más la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente.
La tensión del mercado ya no se limita a la capital ni a las zonas tradicionalmente más exclusivas. La presión se está desplazando hacia el sur metropolitano, donde municipios como Getafe, Parla, Móstoles y Leganés se han convertido en algunos de los puntos más saturados de la comunidad. Getafe encabeza la clasificación con 133 interesados compitiendo por cada vivienda disponible en apenas diez días, seguido de Parla y Móstoles con 132, y Leganés con 126.
El indicador utilizado por el informe refleja el fuerte desequilibrio existente entre oferta y demanda. Los expertos consideran que un mercado equilibrado debería registrar alrededor de 15 interesados por vivienda, mientras que Madrid multiplica ya casi por ocho esa referencia. Incluso la capital, con 106 interesados por inmueble, presenta niveles de presión inferiores a varios municipios periféricos.
El fenómeno evidencia cómo muchas familias están abandonando las zonas más caras y trasladando la demanda hacia localidades tradicionalmente más asequibles. Sin embargo, el sur de Madrid tampoco dispone de suficiente oferta para absorber ese incremento de población, lo que está provocando nuevas subidas de precios. En municipios como Móstoles, Leganés, Pinto o Valdemoro, el alquiler medio mensual ronda ya los 1.130 euros.
La inflación de la eurozona continúa lejos de los máximos registrados durante la crisis energética de 2022, pero sigue aumentando la presión sobre la economía y sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. En mayo, el índice de precios alcanzó el 3,2%, según los datos publicados por Eurostat, encadenando cuatro meses consecutivos de subidas y acumulando un incremento de 1,5 puntos desde comienzos de año. La persistencia de la guerra en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre una posible solución al conflicto siguen alimentando las tensiones sobre los mercados energéticos. Las negociaciones avanzan y retroceden constantemente, lo que dificulta prever cuándo podrán estabilizarse los precios del petróleo y del gas.
Este contexto genera numerosas incógnitas sobre la evolución económica inmediata. En el caso de España, la inflación armonizada -la que se calcula con los criterios europeos- se situó en mayo en el 3,6%, por encima de la media de la eurozona. Además, este mes expiran varias de las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética, aunque el Ejecutivo podría optar por prolongarlas o sustituirlas por nuevas ayudas.
España no ha sido el único país en aplicar mecanismos para contener el encarecimiento de la energía y evitar que se trasladara al resto de bienes y servicios, un escenario que complica aún más las decisiones del BCE sobre los tipos de interés.
La próxima reunión del Consejo de Gobierno del banco central se celebrará la próxima semana en Fráncfort y buena parte de los analistas anticipan un nuevo aumento de tipos. Entre ellos figuran los economistas del banco neerlandés ING, que consideran probable una subida, aunque advierten de que el camino posterior será especialmente complejo debido a la combinación de crisis energética, inflación persistente y deterioro del crecimiento económico.
La principal preocupación es ahora el posible traslado del encarecimiento energético al resto de precios de la economía. La energía mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos y en mayo se encareció un 10,9% respecto al mismo mes del año anterior.
Los primeros síntomas de contagio ya comienzan a apreciarse en otros indicadores. La inflación subyacente -que excluye elementos más volátiles como energía, tabaco y alimentos frescos- aumentó tres décimas en mayo hasta el 2,5%. Al mismo tiempo, el componente de servicios pasó del 3% al 3,5%. Precisamente estos sectores fueron los últimos en incorporarse a la espiral inflacionista de 2022 y también los que tardaron más tiempo en moderar los precios.
Desde ING advierten además de que cada vez más empresas industriales prevén elevar sus precios de venta en los próximos meses, señal de que la primera oleada inflacionista, inicialmente concentrada en la energía, comienza a extenderse gradualmente a otras actividades. El banco considera que el impacto sobre transporte y alimentación podría hacerse visible en poco tiempo.
La intensidad de esa transmisión dependerá en gran medida de la duración de las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la escalada bélica transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial. Si el tráfico marítimo se normaliza pronto, el impacto podría ser limitado; si el conflicto se prolonga, el efecto inflacionista sería previsiblemente mayor. Aunque la inflación de la eurozona aumentó dos décimas en mayo, la evolución no ha sido uniforme entre los distintos países. Alemania logró reducir su tasa del 2,9% al 2,7%, mientras que España elevó una décima su inflación armonizada hasta el 3,6%, pese a que el índice general nacional permaneció estable en el 3,2%.
Los niveles más elevados dentro de la zona euro corresponden actualmente a Bulgaria, con una inflación del 6,1%, y Lituania, con el 5,1%. En el extremo contrario se sitúa Malta, que mantiene la tasa más contenida, con un 2,1%. También permanecen por debajo del 3% las dos grandes economías continentales, Alemania y Francia, esta última con un 2,8%.
Las numerosas operaciones de inversión hotelera cerradas en el primer semestre del año -entre ellas la compra del hotel Corso en Ibiza por 150 millones de euros, la adquisición del hotel Meliá Bilbao o la del NH Collection Suecia en Madrid- ponen de manifiesto que el sector hotelero español continúa siendo un foco de atracción para inversores nacionales e internacionales. Solo en el primer trimestre, el volumen de inversión en España y Portugal se situó cerca de los 1.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 44% y representa el 21% del total de las transacciones realizadas en Europa.
Este dinamismo se refleja también en la encuesta de sentimiento de inversión hotelera en Europa elaborada por la consultora CBRE, basada en las respuestas de 70 directivos de siete países europeos. El estudio confirma que España se mantiene, por tercer año consecutivo, como el destino más atractivo del continente para invertir en hoteles, por delante de Italia, Reino Unido y Portugal.
En el ranking de ciudades, Barcelona asciende del quinto al primer puesto, empatando con Londres, mientras que Madrid ocupa la tercera posición. Según Jorge Ruiz, director ejecutivo y responsable de Hoteles en Iberia de CBRE, tanto España como Portugal siguen mostrando la solidez de sus fundamentos turísticos, lo que mantiene al mercado ibérico en el radar del capital internacional. En un contexto más exigente, añade, los inversores optan por mayor selectividad y priorizan activos y mercados con capacidad de generar valor a largo plazo, lo que explica el liderazgo español y el buen posicionamiento de ciudades como Barcelona, Madrid y Lisboa.
El atractivo de Barcelona se sustenta, según el informe, en la fortaleza de la demanda turística y de negocios, su consolidación como destino de referencia para el turismo MICE en Europa y la limitación de nueva oferta, condicionada por las restricciones urbanísticas al desarrollo hotelero. En este sentido, se hace referencia a la moratoria vigente desde 2015 que limita la construcción de nuevos establecimientos.
El estudio señala además que la inversión hotelera se consolidó en 2025 como uno de los principales motores del mercado inmobiliario en la región, con 934 millones de euros, lo que representa el 27% del total invertido. Esta cifra supera en cuatro puntos el peso del conjunto del mercado nacional y marca el mejor registro histórico en Cataluña, con un aumento del 51% respecto a 2024.
El avance hacia empresas cada vez más apoyadas en sistemas digitales y en la colaboración entre agentes de inteligencia artificial y personas obliga a incorporar perfiles profesionales capaces de garantizar el cumplimiento normativo y un uso ético y responsable de la tecnología bajo criterios de calidad y excelencia.
La consultora Gartner identifica entre las principales tendencias tecnológicas de los próximos años la ciberseguridad preventiva, los modelos de lenguaje especializados y los sistemas multiagente. Estas herramientas facilitan la cooperación entre agentes de IA y trabajadores humanos, permitiendo ejecutar tareas complejas que caracterizan a las llamadas empresas agentificadas.
Aunque la IA generativa sigue ocupando un papel central, la IA agéntica gana protagonismo. El informe Tech Trends 2026 de Deloitte apunta hacia modelos laborales híbridos entre humanos y sistemas digitales, mientras que el Future Trends Forum, impulsado por Fundación Innovación Bankinter, señala que esta tecnología supone el paso de sistemas pasivos a entornos capaces de interactuar activamente dentro de procesos reales o espacios físicos.
La capacidad autónoma de la IA agéntica, orientada a objetivos y conectada a datos, herramientas y sistemas externos, está impulsando una transformación profunda en las organizaciones. Las compañías empiezan a plantearse cómo delegar la ejecución y gestión de procesos completos. El Congreso IA Derecho y Empresa organizado por Lefebvre el próximo 10 de junio abordará precisamente los riesgos jurídicos de las empresas agentificadas, el nuevo papel de los abogados y los retos de gobernanza y responsabilidad.
La IA generativa ha facilitado la automatización documental y la interacción mediante lenguaje natural, pero la IA agéntica implica una transformación más profunda en la estrategia empresarial. Según José Ángel Sandín, consejero delegado de Lefebvre, este nuevo modelo permitirá automatizar tareas de mayor complejidad y operar con un elevado grado de autonomía, lo que obligará a rediseñar estructuras organizativas y sistemas de supervisión.
Para Gonzalo F. Gállego, socio especializado en protección de datos, IA y derecho digital en Hogan Lovells, la inteligencia artificial resulta útil para analizar información, revisar documentos o anticipar riesgos, pero no puede reemplazar el criterio jurídico ni la responsabilidad profesional. A su juicio, todavía no existe preparación suficiente para delegar decisiones totalmente autónomas en ámbitos sensibles. Advierte además de que una configuración inadecuada de estos agentes puede derivar en incumplimientos regulatorios, sesgos, problemas de confidencialidad o responsabilidades contractuales.
La ausencia de supervisión humana podría favorecer situaciones de suplantación de identidad o errores graves con impacto directo sobre la reputación y la responsabilidad de las organizaciones. Noemí Brito, socia responsable de legal digital en KPMG Abogados, subraya que también podrían verse afectados los derechos de terceros y aumentar los riesgos asociados al tratamiento de datos y a la reproducción de sesgos en la toma de decisiones.
Brito considera que el abogado seguirá desempeñando un papel esencial en la estrategia jurídica, actuando como garante del criterio experto y acompañando las decisiones complejas para generar confianza. En la misma línea, Rodrigo González, socio de derecho digital de Deloitte Legal, sostiene que los profesionales jurídicos deberán validar los resultados generados por la IA y aportar conocimiento estratégico y sectorial, imprescindible para integrar correctamente estas tecnologías en las organizaciones.
La tecnología agéntica también impulsa un nuevo modelo de despacho profesional basado en perfiles híbridos, en el que adquieren relevancia tanto los ingenieros legales como los expertos capaces de diseñar agentes personalizados y desarrollar instrucciones avanzadas de calidad.
Mónica Represa, socia y responsable de gestión del conocimiento e innovación en EY Abogados, recuerda que los agentes de IA son herramientas y que la responsabilidad final seguirá recayendo en los profesionales o en las firmas. En este contexto, cobra especial importancia la trazabilidad de los sistemas: conocer qué fuentes utilizan, qué procesos siguen y qué mecanismos de validación incorporan para poder detectar y entender posibles errores.
José Ángel Sandín insiste en que las empresas tendrán que garantizar supervisión humana y cumplimiento normativo en todas las decisiones automatizadas. A su juicio, la confianza será el principal elemento diferenciador, especialmente en sectores regulados como el jurídico, el financiero o el fiscal.
El desarrollo de la IA agéntica no elimina las obligaciones legales ni las responsabilidades empresariales. Por ello, Gonzalo F. Gállego considera imprescindible implantar modelos sólidos de gobernanza y mecanismos eficaces de supervisión, además de formar adecuadamente a quienes utilicen estas herramientas para que comprendan sus limitaciones. Noemí Brito añade que la llegada de sistemas de IA autónoma a los despachos obligará a actualizar los marcos de gobernanza interna. Rodrigo González coincide en que la futura evolución normativa reforzará todavía más los sistemas de control y supervisión dentro de las firmas profesionales.
La reforma del sistema bancario europeo todavía no se ha concretado, pero varios países ya empiezan a mover ficha para intentar orientar el futuro marco regulatorio hacia sus propios intereses. En este contexto, España trabaja en la creación de un bloque común junto a Francia e Italia, según fuentes próximas a las negociaciones.
Las tres grandes economías europeas están tratando de coordinar posiciones mediante la elaboración de un documento conjunto, conocido en Bruselas como non-paper, con el que pretenden definir qué aspectos consideran prioritarios para mejorar la competitividad bancaria a través de futuras modificaciones regulatorias.
La intención de esta alianza es ganar peso político y capacidad de influencia ante las instituciones europeas. El objetivo inmediato pasa por trasladar sus planteamientos a la Comisión Europea, encargada de presentar la propuesta legislativa prevista para el primer trimestre de 2027. Más adelante, también servirá para reforzar su posición en las negociaciones que deberán afrontar los Estados miembros dentro del Consejo de la Unión Europea.
Fuentes comunitarias subrayan que la unión de las economías segunda, tercera y cuarta de la eurozona obliga a Alemania a prestar atención a sus planteamientos. Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el texto aún se encuentra en fase de borrador, elaborado por el Tesoro Público español y los servicios de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Entre las prioridades españolas destaca la simplificación normativa, especialmente en materia de supervisión bancaria. España apuesta por reducir duplicidades entre organismos supervisores para conseguir procedimientos más ágiles, coordinados y menos exigentes en términos burocráticos para las entidades financieras. Además, el Gobierno español quiere recuperar el impulso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, conocido como EDIS, uno de los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria europea y una reivindicación que lleva años sobre la mesa sin avances definitivos.
Desde el Ministerio de Economía señalan que España participa activamente en el debate para reforzar la competitividad del sistema financiero europeo dentro del llamado grupo E-6. El objetivo, según el departamento, es contribuir a una posición común que permita mantener un sistema bancario sólido, resistente y con capacidad para seguir financiando a las empresas europeas. El trabajo técnico continuará mientras la Comisión Europea prepara su futuro informe sobre el sector.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo con Francia e Italia también implica asumir algunas de sus reivindicaciones. En ese terreno, España estaría dispuesta a respaldar una petición conjunta para retrasar la entrada plena en vigor del denominado output floor o suelo de capital revisado.
Esta norma, incluida dentro de los acuerdos de Basilea III, limita la diferencia entre el capital que un banco calcula mediante sus modelos internos y el que resultaría aplicando el método estándar. La regulación establece que el capital mínimo exigido no puede situarse por debajo del 72,5% del cálculo estándar y fija 2030 como fecha para su aplicación total. Francia e Italia buscan ahora ampliar todavía más ese calendario.
La razón es que los grandes bancos de ambos países obtienen importantes ventajas de sus modelos internos, especialmente en el cálculo del riesgo asociado a las hipotecas, lo que les permite reducir los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, las exigencias de capital. Los expertos consideran que para España el efecto de un aplazamiento sería limitado, mientras que el beneficio político de reforzar la alianza sería significativo.
La posible alianza entre España, Francia e Italia supondría un bloque de enorme relevancia dentro del sistema financiero europeo. Según los últimos datos del Banco Central Europeo, las entidades financieras de estos tres países concentran cerca del 59% de los activos de los bancos significativos supervisados en la eurozona. Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje se reduce hasta el 44%, aunque sigue representando un peso decisivo en el sector bancario comunitario.
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