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(Cinco Días, 21-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La plataforma española de transferencias instantáneas a través de móviles lanzará en 2026 un nuevo servicio para pagar directamente en comercios físicos

Las entidades financieras europeas han intensificado sus esfuerzos para disminuir su dependencia de Visa y Mastercard. En este contexto, se prepara el lanzamiento de una solución que permitirá a los usuarios efectuar pagos sin recurrir a las redes de estos dos gigantes estadounidenses. Bizum tiene previsto poner en marcha una nueva aplicación móvil, denominada Bizum Pay. Su funcionamiento será parecido al de los sistemas de pago de Apple o Android, pero con una diferencia clave: estará vinculada directamente al Bizum del usuario -y, por extensión, a su cuenta bancaria-, sin necesidad de usar una tarjeta como intermediaria. Con esta app, los clientes podrán abonar sus compras directamente en los terminales de pago de los comercios. Además, se estudia la posibilidad de incorporar esta función en las aplicaciones de los propios bancos, igual que ocurre con las transferencias instantáneas. La idea de habilitar pagos directos a través de Bizum lleva tiempo sobre la mesa. Durante la pandemia, cuando el uso de la plataforma se disparó, ya se realizaron pruebas con algunos establecimientos. Desde entonces, las entidades han trabajado junto al Banco de España para desarrollar un sistema más sencillo y accesible, que se lanzará en los próximos meses. Actualmente, Bizum ofrece una pasarela de pago para compras online y para donaciones. La compañía no ha respondido a las preguntas de este periódico. Este paso implica un cambio profundo en el modelo de negocio de Bizum. La plataforma se plantea aplicar una comisión a los comercios, aunque inferior a la de Visa y Mastercard, que han incrementado sus tarifas en los últimos años aprovechando su posición dominante. Al eliminar intermediarios, Bizum confía en atraer a más establecimientos y ampliar su base de usuarios. Las entidades bancarias, por su parte, llevan tiempo advirtiendo de los elevados costes que supone gestionar más de tres millones de transacciones diarias, lo que incluso les llevó a considerar límites de uso o tarifas. Cobrar a los comercios abriría una nueva fuente de ingresos sin impactar económicamente en los consumidores, uno de los pilares de su éxito. El movimiento de Bizum llega en un momento de renovación del ecosistema de pagos en Europa. El continente busca reforzar su autonomía estratégica en áreas donde la dependencia de EE. UU. es fuerte, como la defensa o, en este caso, los sistemas de pagos. Los bancos europeos, que utilizan infraestructuras controladas por Visa y Mastercard, han sufrido alzas constantes en las comisiones. Por ello, trabajan en el desarrollo de alternativas europeas que aumenten la competencia y eviten posibles interrupciones si los proveedores estadounidenses restringieran sus servicios. Paralelamente, además de nuevas soluciones de pago físico, la banca negocia la creación de una gran plataforma paneuropea. El objetivo es levantar un "Bizum europeo" que permita enviar transferencias inmediatas entre países solo con el móvil. Tras un intento fallido en 2020, actualmente se busca un acuerdo para conectar las distintas plataformas nacionales. En junio, los dos grandes bloques -la iniciativa EuroPA (que agrupa a España, Italia, Portugal y los países nórdicos) y la Iniciativa de Pagos Europea, liderada por bancos franceses y alemanes y creadora de Wero- se comprometieron a avanzar hacia esa interconexión. De hecho, los bancos españoles ya han dado un paso adelante permitiendo enviar Bizum a Italia o Portugal. La intención es que el sistema común vea la luz en 2026. Las negociaciones actuales se centran en los aspectos técnicos de la conexión y en definir un posible canon por la interoperabilidad. El propósito final es construir un sistema unificado de transferencias entre particulares, pero también ampliar el alcance a pagos en comercios y transacciones entre empresas. En paralelo al proyecto de Bizum, la plataforma francoalemana Wero trabaja para estrenar este año su servicio para comercio electrónico y, en 2026, para pagos en tienda física.

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(Expansión, 21-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión de las grandes fortunas españolas en inmobiliario marca récord

El importe medio de las operaciones inmobiliarias realizadas por grandes patrimonios ha experimentado un fuerte incremento en el último año, pasando de 14 millones a 24 millones de euros. Las familias con elevado poder adquisitivo en España están impulsando con fuerza sus inversiones en el sector inmobiliario. Al finalizar el tercer trimestre de 2025, el capital destinado por estas fortunas ya superaba el total invertido durante todo 2024 y alcanzaba, además, el mayor nivel de la serie histórica. Esta tendencia queda recogida en un informe sobre inversión privada en real estate elaborado por CBRE y el área de Estrategia y Análisis de Banca Privada de BBVA en España, que estudia el comportamiento de los inversores particulares y las dinámicas que guían la gestión de su patrimonio. Entre 2019 y 2025, las grandes fortunas españolas han destinado 7.435 millones de euros a activos inmobiliarios. Los datos más recientes muestran que su presencia en el mercado es cada vez más relevante. En los nueve primeros meses del año, sus inversiones representaron un 11,3% del total invertido en real estate en España, porcentaje que asciende al 15% si se excluyen las operaciones corporativas. Este nivel supone un récord histórico y confirma una tendencia ascendente. En 2019, las inversiones de estos patrimonios equivalían al 8,2% del total sectorial; en el año de la pandemia descendieron al 5,6%, pero hoy superan ya el 11%. El creciente peso de estas grandes fortunas también se aprecia en el volumen de las operaciones. En 2019 se registraron inversiones por 1.029 millones de euros, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 1.368 millones, uno de los valores más altos del periodo analizado. En 2025, cuando aún faltan tres meses para cerrar el año, el volumen ya es superior. Otro aspecto que ha aumentado con fuerza es el tamaño medio de cada operación, que este año ha subido un 67% hasta situarse en torno a los 24 millones de euros, frente a los 14 millones registrados en 2024. Los activos inmobiliarios representan entre el 30% y el 40% del patrimonio de estas grandes fortunas, lo que los convierte habitualmente en la primera o segunda categoría de inversión, algo poco habitual en otros países europeos. De hecho, la proporción que destinan al inmobiliario duplica la de los patrimonios internacionales, cuya exposición al real estate se sitúa entre el 12% y el 17%. Según los expertos de la banca privada de BBVA, esta diferencia responde a factores culturales y a la contribución del inmobiliario a la relación rentabilidad-riesgo. El informe destaca que los activos inmobiliarios presentan menor volatilidad -entre el 3% y el 6% anual- que la renta variable o la renta fija y tienen baja correlación con ellas, lo que ayuda a estabilizar las carteras y a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo. Además, la indexación de las rentas a la inflación y la capacidad de generar ingresos constantes consolidan al inmobiliario como un valor refugio ante la incertidumbre financiera. En cuanto a los tipos de activos preferidos, los clientes de banca privada concentran su inversión en retail (34%), oficinas (28%) y hoteles (25%). Madrid y Barcelona siguen siendo los principales focos de atracción, concentrando más del 60% del total invertido. Aunque la compraventa residencial tradicional (build to sell) no forma parte de las grandes cifras de inversión, los expertos de BBVA y CBRE señalan que registra una notable actividad, especialmente en proyectos de rehabilitación y transformaciones de edificios para vivienda de lujo.

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(Expansión, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Senado aprueba la propuesta para despenalizar el corte de suministros a los "okupas"

El PP ha logrado aprobar su propuesta para eliminar las sanciones a los propietarios que decidan cortar el suministro de luz o agua a los okupas. Con el voto favorable del PNV y la abstención de Junts, la iniciativa tiene posibilidades de superar también el trámite del Congreso. Gracias a su mayoría absoluta en el Senado, el PP ha dado luz verde en la Cámara Alta a una modificación del Código Penal que permitiría a los dueños de viviendas ocupadas ilegalmente interrumpir servicios básicos como electricidad o agua. Hasta ahora, tanto el Código Penal como la jurisprudencia han considerado estas acciones como un delito de coacciones, al entender que se empleaban para presionar a los ocupantes irregulares y forzar su salida. El apoyo del PNV y la abstención de Junts han permitido que la propuesta avance. Si ambos grupos mantienen su postura en el Congreso, la iniciativa podría aprobarse definitivamente en las próximas semanas. La relevancia de la noticia radica en dos aspectos: por un lado, el respaldo de algunos socios del Gobierno, lo que vuelve a evidenciar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez; y por otro, el aumento de la ocupación ilegal de viviendas. Según los datos más recientes de idealista, más de 23.000 propiedades ocupadas están actualmente en venta. Todo esto ocurre mientras otros aliados parlamentarios presionan al Gobierno para prolongar el decreto antidesahucios, que está impidiendo a numerosos propietarios recuperar sus inmuebles, los cuales podrían volver al mercado y contribuir a aliviar la falta de oferta que ha impulsado el alza de los precios en los últimos meses. La propuesta del PP consiste en modificar el artículo 172.1 del Código Penal, relacionado con las ocupaciones ilegales, añadiendo un párrafo que establezca claramente que cortar los suministros en una vivienda ocupada de forma ilegal "en ningún caso constituirá un delito de coacciones". En la exposición de motivos, el PP recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló que los propietarios pueden suspender los suministros a los okupas sin que esto se considere coacción. "El corte de suministros avalado por la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal", sostiene el PP. No obstante, buscan reformar el Código Penal para "unificar criterios y garantizar su aplicación en todo el territorio nacional".

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(Expansión, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sólo el 35% de las pymes catalanas incrementa su tamaño en los últimos cinco años

Pimec presentó este miércoles un informe con un análisis del sector y una serie de propuestas, en el que reclama una ley que facilite el crecimiento de las pymes y elimine los obstáculos que, según la organización, frenan su competitividad. Su presidente, Antoni Cañete, resumió la idea con una expresión clara: "Menos samba y más elaborar", pidiendo más eficiencia en la implementación de las medidas. El documento combina comparaciones con otros países europeos y un estudio directo con empresarios. También recuerda que las pymes representan el 99,8% del tejido empresarial catalán y generan el 66,5% del empleo. La productividad media por empleado es de 47.720 euros, un 8% por debajo del promedio europeo. El economista Oriol Amat subrayó que "es fundamental ganar tamaño", ya que existe una relación directa entre dimensión, innovación e internacionalización y la productividad. Según la encuesta de Pimec, el 74,6% de las empresas tiene intención de crecer, aunque solo el 35,2% ha logrado aumentar su tamaño en los últimos cinco años. Además, el 45,3% afirma no haber recibido ayudas públicas destinadas al crecimiento o la innovación. La burocracia (19,2%) y la falta de trabajadores cualificados (18,8%) aparecen como las principales trabas. El informe explica que el crecimiento empresarial suele consolidarse a partir de los diez años de actividad, y que las compañías que logran desarrollarse destacan por su liderazgo, innovación, control de recursos, estrategia de marketing y nivel de profesionalización. Entre las medidas propuestas se incluyen formación para directivos, incentivos fiscales, impulso a la digitalización, espacios compartidos de innovación y entornos de prueba regulatoria. En el ámbito institucional, Pimec pide simplificar trámites, abaratar los costes notariales y registrales, disponer de una ventanilla única digital eficaz, fijar plazos máximos para los procedimientos administrativos y revisar las obligaciones que se imponen a las empresas con más de 50 empleados. También solicita un mayor acceso al crédito, financiación para I+D y apoyo a procesos de fusiones y alianzas. Cañete reclama que estas actuaciones se reflejen en los presupuestos y defiende que "igual que una empresa no puede funcionar sin cuentas, un Estado tampoco". Pide acuerdos políticos para aprobar los presupuestos tanto en Cataluña como en España y asegura que "queremos hechos, no palabras". Además, alerta sobre los problemas que afrontan muchas empresas familiares en los procesos de sucesión. Amat advierte que una reducción excesiva de liquidez aumenta el riesgo de cierre y aboga por reforzar la colaboración público-privada. El informe concluye que aumentar el tamaño empresarial permitiría mejorar la productividad, generar empleo de calidad y elevar los salarios.

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(El Confidencial, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación de la eurozona baja en octubre al 2,1%, pero sube al 3,2% en España

La inflación interanual de la zona euro se redujo una décima en octubre, situándose en el 2,1%, frente al 2,2% registrado en septiembre, acercándose así al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). En el conjunto de la Unión Europea, la inflación también descendió una décima, hasta el 2,5%. En España, sin embargo, el crecimiento de los precios se aceleró en octubre hasta el 3,2%, frente al 3% del mes anterior, ampliando a 1,1 puntos porcentuales el diferencial negativo respecto a la media de la eurozona. Según los datos confirmados por Eurostat en su segunda estimación, los precios de la energía se abarataron en octubre un 0,9% interanual, un descenso mayor que el 0,4% registrado en septiembre. Por su parte, los alimentos frescos subieron un 3,2%, muy por debajo del incremento del 4,7% del mes previo. Los bienes industriales no energéticos aumentaron su precio un 0,6% en octubre, dos décimas menos que en septiembre, mientras que los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, frente al 3,2% del mes anterior. Si se excluye el efecto de la energía, la inflación de la zona euro bajó hasta el 2,4%, desde el 2,5% registrado en septiembre. A su vez, la inflación subyacente -que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco- se mantuvo estable en el 2,4%. Dentro de los Veintisiete, los países con menores tasas de inflación en octubre fueron Chipre (0,2%), Francia (0,8%) e Italia (1,3%). En el extremo contrario, Rumanía registró la tasa más alta (8,4%), seguida de Estonia (4,5%) y Letonia (4,3%). En comparación con septiembre, la inflación interanual se redujo en quince Estados miembros, permaneció sin cambios en tres y aumentó en nueve.

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(ABC, 20-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Congreso convalida las ayudas a la ELA tras un año de espera: hasta 10.000 euros al mes

El Congreso ha ratificado por unanimidad el real decreto que desarrolla las medidas de la Ley ELA, gracias al cual las personas en fases avanzadas de esta enfermedad podrán acceder a una prestación que puede alcanzar los 10.000 euros mensuales. La medida ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios, con 346 votos favorables y ninguno en contra. Además, pacientes con ELA han asistido al Pleno para presenciar la votación. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de presentar el decreto, ha subrayado que constituye un "avance histórico" en materia social en España y ha puesto en valor que es resultado de la movilización y el compromiso de una "sociedad civil ejemplar". Según explicó Bustinduy, el objetivo central del decreto es "fortalecer el sistema de cuidados para que responda adecuadamente a las necesidades de las personas con ELA y otras patologías de características similares". Para ello, se pretende reforzar todo el sistema y avanzar hacia un modelo de atención flexible y adaptado a la realidad de los pacientes. El decreto se articula en tres grandes pilares: uno estructural, otro específico y un tercero de carácter financiero. En lo relativo al eje estructural, el ministro destacó que supone "la primera reforma de alcance" en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, al introducir un nuevo grado de dependencia, el denominado grado III+, reservado para casos especialmente complejos. El segundo eje garantiza el derecho a recibir cuidados las 24 horas del día, mediante una inversión de 10.000 euros por persona, financiada al 50% por el Estado. El tercer eje, el financiero, contempla una aportación adicional de 500 millones de euros destinada tanto a la aplicación plena de la Ley ELA como al refuerzo del sistema de dependencia en su conjunto. Bustinduy remarcó que con este decreto el Gobierno cumple los compromisos recogidos en la Ley ELA, dando respuesta a las reivindicaciones de las personas afectadas, sus familias y las asociaciones que han impulsado tanto la aprobación de la norma como su desarrollo posterior. También informó de que el Ministerio lleva semanas trabajando con las comunidades autónomas para adaptar sus sistemas de dependencia y garantizar que las ayudas lleguen a los beneficiarios lo antes posible. "Lo estamos haciendo con total cooperación y lealtad institucional, y así continuaremos", afirmó. Según dijo, el decreto permitirá una mejora sustancial en la atención a quienes padecen ELA mediante la reforma y adaptación del sistema en esos tres ámbitos: estructural, específico y financiero. No obstante, Junts criticó el retraso en la puesta en marcha de estas medidas. La diputada Pilar Calvo reprochó que el decreto "llega más de 1.100 fallecimientos tarde", en referencia a las familias que no pudieron beneficiarse de la ley "por la inacción del Gobierno", y advirtió de que la cifra seguirá aumentando. Desde el PP, la diputada Elvira Velasco también censuró que las ayudas se activen con demora. "A los pacientes con ELA se les han negado estas prestaciones durante todo este año. Más de 1.100 personas no recibirán el dinero porque ya han fallecido, pese a que tenían esperanza y lucharon por la aprobación de estas ayudas", señaló. Y concluyó pidiendo celeridad para que quienes aún esperan puedan empezar a recibir la prestación cuanto antes.

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(Expansión, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca clama ante la carga de la reforma digital europea

El sector considera que Bruselas está desaprovechando una ocasión importante para lograr una verdadera simplificación. Elaborar legislación es un proceso complejo y, en ocasiones, las nuevas normas terminan generando consecuencias no deseadas. Ese parece ser el caso de la reforma de la normativa digital que la Comisión Europea presenta hoy y que, según denuncia la banca europea, implicará un aumento de la carga administrativa, justo lo contrario del objetivo oficial. Entre todas las regulaciones que prepara el equipo de Ursula von der Leyen, la que más inquieta al sector financiero es la relacionada con la ciberseguridad. Las entidades confiaban en que la iniciativa de simplificación normativa del Ejecutivo comunitario pusiera fin a la excesiva complejidad existente en esta materia, pero los cambios que se conocen hasta ahora apuntan a que Bruselas no aliviará realmente esta presión, o al menos no de forma que satisfaga a la banca. El problema radica en que las entidades financieras deben cumplir dos marcos regulatorios distintos en el ámbito digital: la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA). La Comisión propondrá hoy la creación de una plataforma única donde todas las empresas que ofrezcan productos o servicios digitales tendrán que notificar sus incidentes de ciberseguridad, un riesgo cada vez más frecuente en sectores en constante evolución tecnológica, como el bancario. Sin embargo, este nuevo hub no cambia significativamente la situación de las entidades, que denuncian que seguirán teniendo que duplicar sus procedimientos de notificación en caso de ataques informáticos. Esto, advierten, provoca procesos redundantes y un incremento de los costes de cumplimiento en un momento en que las nuevas leyes deberían precisamente reducir la burocracia. Desde Bruselas afirman que las coincidencias entre ambas normativas son escasas y que cada una cumple una función distinta. "La CRA se orienta a evitar ciberataques mediante productos digitales seguros, mientras que DORA aborda la recuperación de una entidad tras un ataque o un fallo en sus proveedores tecnológicos", explican expertos comunitarios, que consideran lógico que el sector financiero tenga que ajustarse a ambas exigencias. No obstante, las entidades insisten en que en la práctica esa separación no existe y que el solapamiento es evidente, ya que las tecnologías que regulan los productos supervisados por la CRA también afectan a la operativa de los bancos y de sus proveedores dentro del ámbito de DORA. Según la banca, en la mayoría de los casos se acaba reportando conforme a los dos reglamentos a la vez, pero con criterios y requisitos distintos debido a la falta de armonización entre ellos. El sector también cuestiona la utilidad del nuevo hub, pues entiende que no solo no reducirá la carga regulatoria, sino que incluso podría convertirse en un punto vulnerable desde el punto de vista de la ciberseguridad al concentrar toda la información sobre los incidentes y las respuestas de las empresas. Para resolver esta complejidad normativa, la banca recurre al propio reglamento de la CRA, que contempla la posibilidad de eximir de sus requisitos a los sectores ya sujetos a su propia regulación digital, como ocurre con DORA en el ámbito financiero. Por ello, las entidades sostienen que la Comisión Europea únicamente tendría que activar esa cláusula de exención para evitar las duplicidades contra las que protestan. El inconveniente, señalan fuentes financieras, es que Bruselas ya ha dejado bastante claro que no tiene intención de utilizar esa facultad.

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(El País, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno mejora al 2,9% la previsión de crecimiento de la economía española para 2025

Las perspectivas sobre la evolución de la economía española continúan mejorando, impulsadas por la solidez del consumo doméstico y del ritmo inversor. El Gobierno ha revisado al alza su estimación de crecimiento para 2025, situándola en el 2,9%, dos décimas más que en su previsión anterior. Así lo comunicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, donde presentó la actualización de las proyecciones macroeconómicas. Esta es la tercera modificación que realiza el Ejecutivo a lo largo del año. En febrero ya había incrementado la previsión del PIB hasta el 2,6% -dos décimas más- y en septiembre volvió a ajustarla, elevándola al 2,7%. Con esta nueva revisión, las expectativas del Gobierno se equiparan a las del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que también apuntan a un crecimiento del 2,9%, aunque siguen ligeramente por debajo de las de BBVA Research y el Consejo General de Economistas, que prevén un avance del 3%. Los últimos datos publicados apuntaban ya a esta posible corrección. A finales de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística revisó al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre, que finalmente se situó en el 0,8% entre abril y junio, una décima más de lo inicialmente estimado. Esto confirmó que España superó con solidez uno de los periodos más turbulentos recientes, marcado por las tensiones comerciales protagonizadas por Donald Trump. En el tercer trimestre, no obstante, el aumento se moderó al 0,6%, lo que supone una ligera desaceleración, aunque mantiene la cadena de nueve trimestres consecutivos con crecimientos iguales o superiores a seis décimas. La menor dependencia económica de España respecto a Estados Unidos, en comparación con otros países europeos, ha contribuido a amortiguar el impacto de la inestabilidad internacional. Aun así, el sector exterior está frenando un posible comportamiento aún mejor de la actividad económica. En contraste, el dinamismo del gasto de los hogares -favorecido por un notable crecimiento demográfico de un millón de personas en dos años, la previsión de superar los 50 millones de habitantes en 2026, un empleo en máximos históricos y un desempleo en mínimos de casi veinte años- está sosteniendo el conjunto de la economía y consolidando a España como el país avanzado que más crece por segundo año consecutivo. El Ejecutivo también ha dado a conocer un aumento del techo de gasto para los Presupuestos de 2026, que alcanzará los 212.026 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta ahora y un 8,5% superior a la del ejercicio anterior. Si se suman los 4.151 millones procedentes de fondos europeos, el total asciende a 216.177 millones. En materia fiscal, el Gobierno ha fijado los objetivos de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas: un 2,1% en 2026, un 1,8% en 2027 y un 1,6% en 2028. Para este año se mantiene la meta del 2,5%, por lo que, si se cumple la trayectoria prevista, el desequilibrio presupuestario irá reduciéndose progresivamente. La Administración Central asumirá la mayor parte del desfase (1,8%), mientras que la Seguridad Social aportará un 0,2% y las comunidades autónomas un 0,1%.

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(El País, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda en septiembre alcanzó el mayor nivel en este mes desde que existen registros, hasta 63.794 casas

El mercado inmobiliario suele mostrar fuertes variaciones estacionales. Tras un verano tradicionalmente más débil, septiembre acostumbra a marcar un repunte, pero el de este año ha sido especialmente llamativo: en el noveno mes se registraron 63.794 compraventas de viviendas, la cifra más alta para un septiembre desde que el INE comenzó a recoger estos datos hace 18 años, según publicó este martes el organismo estadístico. Este repunte compensa el mal dato de agosto -el peor en un mes de agosto desde la pandemia- y devuelve el volumen mensual a niveles superiores a las 59.000 operaciones que se han promediado en 2024. En términos mensuales, el incremento ha sido del 33,7%, y en comparación interanual del 3,8%. El comportamiento de este septiembre no tiene precedentes en toda la serie histórica. Las 63.794 operaciones suponen 2.322 más que las registradas en el mismo mes de 2023, que ya marcó un récord desde 2007. Además, duplican holgadamente las cifras de hace diez años, cuando en septiembre de 2015 apenas se formalizaban unas 30.000 transacciones. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), valora el aumento como "una señal de la fortaleza y capacidad de recuperación del mercado", incluso "a pesar de los precios elevados y la escasez de oferta". A su juicio, el auge responde tanto al empuje de la vivienda nueva como a la falta de alternativas en el alquiler, que está empujando a muchos arrendatarios hacia la compra. "Las operaciones crecen, pero la oferta sigue siendo insuficiente, sobre todo en las grandes ciudades, lo que mantiene la presión sobre los precios", advierte. Las estadísticas del INE reafirman la hegemonía de la vivienda usada (78,3% de las operaciones) frente a la nueva (21,67%), y muestran también un ligero aumento en la venta de viviendas protegidas respecto a agosto (+1.239). Solo en julio se vendieron más VPO que en septiembre (4.456 frente a 4.388). "Tras un mes de leve retroceso, las cifras vuelven a subir; aunque el crecimiento es más moderado que hace un año, seguimos en niveles históricamente altos", señala Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com. En cuanto a las comunidades autónomas, Andalucía encabeza el listado con 19.303 operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (15.514), Cataluña (13.864) y Madrid (12.212). No obstante, en territorios como la Comunidad Valenciana, Baleares o Madrid se aprecia cierta desaceleración. "Esto indica un mercado con precios en máximos, donde la demanda empieza a mostrar cautela y dificultades para acceder", explica Alfaro. Por el contrario, regiones como Castilla-La Mancha -que ha pasado de 3.932 compraventas en agosto a 4.897 en septiembre- reflejan "el desplazamiento gradual de compradores hacia zonas periféricas menos tensionadas, donde los precios siguen siendo accesibles", apunta el presidente de la FAI. "Las expectativas de nuevas subidas de precios seguirán impulsando la actividad del sector, que probablemente mantenga este ritmo tan dinámico", coincide Font. A pesar del buen desempeño de septiembre, los problemas estructurales del mercado de la vivienda continúan intactos. La escalada de precios y la falta de obra nueva siguen asfixiando la oferta y comprometiendo la viabilidad del sector. La situación es tan grave y extendida que el Defensor del Pueblo informó este lunes de que ha recibido 822 quejas en 2024 sobre la crisis de acceso a la vivienda e instó a las Administraciones a ampliar el parque público y destinarlo mayoritariamente al alquiler.

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(El Economista, 19-11-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pondrá fin "al fraude" del alquiler de habitaciones, limitará los precios y regulará el arrendamiento de temporada

El Gobierno continúa adelante con sus planes de reforzar el control sobre la vivienda y centra ahora su atención en el alquiler de habitaciones y en los alquileres de temporada. Este martes, el PSOE y el PNV han alcanzado un acuerdo en el Congreso con Sumar, ERC y Bildu -promotores de la iniciativa para regular estos tipos de alquiler- para respaldar la propuesta a cambio de introducir ciertos cambios, entre ellos ampliar de nueve a doce meses la duración máxima de los contratos temporales. El pacto se ha cerrado durante la reunión de la ponencia encargada de esta ley, que ha aprobado su informe con el rechazo del PP, Vox y Junts. Al documento, que será debatido la próxima semana en la Comisión de Vivienda, se le han añadido 19 enmiendas transaccionales consensuadas entre los grupos. Uno de los aspectos más relevantes afecta al alquiler de habitaciones, cuyo precio pasaría a quedar regulado. En la práctica, esto implica que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el límite fijado para las viviendas completas y que los inquilinos contarán con las mismas garantías que en un contrato de arrendamiento tradicional. Por otra parte, el texto original fijaba que, si un contrato temporal superaba los nueve meses, debía considerarse un alquiler de vivienda habitual, aplicándosele así los mismos plazos, prórrogas y condiciones recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Tras las negociaciones, este umbral se ha ampliado a los doce meses. Estos mismos grupos parlamentarios han pactado también otra enmienda para modificar la LAU, de manera que no puedan establecerse nuevas condiciones que carguen al inquilino gastos adicionales -como impuestos, tasas, servicios o contribuciones- que no estuvieran recogidos en el contrato previo. Además, cuando el edificio tenga un único propietario, se prohibirá que el arrendatario asuma los gastos de comunidad. Asimismo, las enmiendas incorporadas establecen que los contratos de temporada o de habitaciones disfrutarán de las mismas garantías que un alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios al inquilino, los límites en la fianza y el control de precios. También se veta el cobro de servicios inmobiliarios como visitas, cambios de suministros o asesoramiento, con el fin de evitar prácticas abusivas. Otra novedad es que se permitirá al inquilino realizar reparaciones y descontar su coste del alquiler en caso de que el propietario no cumpla con sus obligaciones. Desde el grupo socialista han destacado que el acuerdo es resultado del trabajo conjunto del partido, del Ministerio de Vivienda, de los sindicatos de inquilinas y de los grupos que lo han suscrito, con el propósito de proteger a miles de arrendatarios en España. Los socialistas consideran que regular los alquileres de temporada y de habitaciones es "fundamental para frenar el fraude" que se da en este tipo de contratos, especialmente en las grandes ciudades, y confían en que prevalezca el interés general para su aprobación final. Por su parte, el Sindicato de Inquilinos de Cataluña -impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular que sirve de base a esta ley- recuerda que la propuesta retoca "de forma precisa" varios artículos de la LAU para poner fin a las prácticas fraudulentas que buscan esquivar la regulación, garantizando así que los límites de precios se apliquen también a los alquileres de temporada y de habitaciones.

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