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(Cinco Días, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El tope a la tarifa del gas natural generará un déficit de 200 millones que pagarán los usuarios con un interés del 3,22%

El límite del 15% a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural aprobado por el Gobierno generará un déficit de alrededor de 200 millones de euros durante el periodo en el que estará vigente, correspondiente al último trimestre de 2026 y al primero de 2027. La diferencia entre el coste real de la materia prima y el precio que finalmente pagarán los 3,1 millones de consumidores acogidos a esta tarifa no será asumida directamente por el Estado, sino que quedará pendiente de recuperación. Los usuarios deberán hacer frente posteriormente a ese importe, con un interés del 3,22%, mediante futuras revisiones de la tarifa. La TUR está disponible para hogares y microempresas con un consumo anual inferior a 50.000 kWh y conectados a redes con una presión inferior a 4 bares. Dentro de esta tarifa existen distintos tramos, siendo uno de los más habituales el correspondiente a consumidores que utilizan el gas para agua caliente, cocina y calefacción. El resto de usuarios, hasta alcanzar unos 4,8 millones, se encuentra en el mercado libre, bien porque ha elegido voluntariamente esta modalidad pese a poder acogerse a la tarifa regulada o porque supera los límites de consumo establecidos. La decisión de limitar la subida responde a la fuerte escalada que habría experimentado la TUR si se hubiese aplicado sin cambios la fórmula de actualización trimestral. Según los cálculos recogidos en el real decreto ley, la revisión automática habría supuesto un incremento aproximado del 45% respecto al tercer trimestre, con aumentos superiores al 50% en alguno de los tramos. El coste de la materia prima habría pasado así de 2,65 céntimos por kWh en junio a 5,63 céntimos en octubre. El déficit estimado de 200 millones corresponde precisamente a la diferencia entre ese incremento que habría resultado de aplicar la metodología y el aumento finalmente limitado al 15%. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuando una medida similar estuvo vigente entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 y fue financiada mediante los Presupuestos Generales del Estado, en esta ocasión serán las comercializadoras de último recurso las que adelanten el importe. Estas compañías, pertenecientes a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies, recuperarán posteriormente las cantidades a través de las futuras revisiones de la tarifa. En la práctica, el coste se trasladará de forma aplazada a los consumidores acogidos a la TUR. El límite del 15% se aplicará durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Sin embargo, la tarifa continuará incorporando mecanismos de recuperación de la deuda mientras existan cantidades pendientes. La norma establece que no podrá reducirse el componente de la materia prima de la TUR mientras persista ese importe por recuperar. Para el trimestre actual, el incremento máximo de este componente respecto al periodo anterior será del 35%, mientras que en enero de 2027 el límite será del 15%. Además, se pretende evitar que los consumidores abandonen la tarifa regulada una vez beneficiados por la limitación temporal de precios. Quienes pasen al mercado libre antes de que se haya recuperado completamente la cantidad pendiente deberán abonar a la comercializadora de último recurso el importe correspondiente a la deuda media asociada a su tramo de peaje. La recuperación del déficit comenzará a aplicarse en las revisiones posteriores al 1 de enero de 2027, mediante un incremento del componente de materia prima, con un límite del 15%, hasta que se haya recuperado toda la cantidad pendiente. A este importe se añadirá un interés del 3,22%, calculado tomando como referencia el coste de la deuda utilizado por la CNMC para determinar la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte, regasificación y distribución de gas durante el periodo regulatorio 2027-2032. La TUR se actualiza cada tres meses mediante una fórmula establecida en una orden ministerial de 2009. El cálculo combina el coste de la materia prima, los peajes de acceso, los costes de comercialización y los correspondientes a la seguridad de suministro. Una particularidad de esta metodología es que el componente de materia prima no se determina directamente a partir del precio del gas negociado en el mercado español Mibgas. La fórmula utiliza principalmente la cotización del petróleo Brent y, durante los trimestres de invierno, también los precios de los futuros del mercado británico NBP. Este sistema de cálculo ha sido cuestionado por las comercializadoras, que consideran que la referencia utilizada no refleja directamente el coste del gas que adquieren para sus clientes. También han señalado la menor liquidez del mercado NBP frente al TTF neerlandés, que constituye una de las principales referencias europeas para el precio del gas. El mecanismo elegido para recuperar el déficit también difiere del utilizado en el sistema eléctrico. En este caso, el importe se incorporará al precio de la energía, mientras que en el sistema eléctrico la deuda acumulada se trasladó inicialmente a los peajes y posteriormente se recurrió a los denominados cargos para financiar determinados costes del sistema. En la TUR del gas no existe este componente de cargos. El real decreto ley introduce asimismo una modificación que afecta a las empresas comercializadoras: deberán mantener almacenadas reservas de gas equivalentes a 21 días de consumo medio mensual, frente a los 16,5 días que establecía hasta ahora la normativa.

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(Expansión, 01-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La letra pequeña del decreto de vivienda: fondos "buitre", desahucios, prórrogas y ayudas

El primer decreto de vivienda publicado en el Boletín Oficial del Estado concreta varias de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de desahucios, acceso a la vivienda y alquileres. El texto introduce una definición específica de los denominados fondos buitre, establece nuevas condiciones para la protección de hogares vulnerables, crea una línea de financiación sin intereses para la compra de la primera vivienda y amplía temporalmente la duración de determinados contratos de arrendamiento. En materia de desahucios, la norma establece distintos procedimientos en función de las características del propietario. Para las entidades consideradas especulativas, definidas como aquellas dedicadas a adquirir inmuebles o créditos hipotecarios impagados con el objetivo de obtener una rentabilidad, se contempla la paralización del lanzamiento cuando el juez determine que concurren las condiciones previstas. Las comunidades autónomas podrán asumir voluntariamente la deuda asociada a la suspensión y, posteriormente, el Estado podrá hacerse cargo de estas cantidades. Cuando el propietario no tenga esa consideración, los juzgados deberán solicitar inicialmente a los servicios sociales de la comunidad autónoma que proporcionen una alternativa habitacional a los hogares vulnerables. Si no existe una solución residencial disponible, la Administración autonómica deberá compensar al propietario por las rentas que deje de percibir, importe que posteriormente podrá ser asumido por el Estado. El decreto incorpora también una nueva línea de préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la adquisición de la primera vivienda, sin establecer un límite de edad para acceder a ella. La financiación podrá alcanzar esa cantidad o, como máximo, el 20% del valor del inmueble. A cambio, los beneficiarios tendrán limitada la posibilidad de obtener una plusvalía con la posterior venta de la vivienda, ya que no podrán transmitirla por un precio superior al de adquisición actualizado conforme al IPC. Otra de las medidas afecta a los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de un año, con posibilidad de ampliarla durante un segundo año. Para acceder a ella deberán estar al corriente del pago de la renta y no haber incurrido en retrasos durante los ocho meses anteriores a la solicitud. Como regla general, los propietarios deberán aceptar esta ampliación y mantener las condiciones del contrato vigente, incluida la renta. No obstante, podrán evitar la prórroga extraordinaria si alcanzan con el inquilino un acuerdo para renovar el contrato con una reducción de al menos el 5% del alquiler. Esta opción permitiría prolongar la relación contractual durante un periodo más amplio. El texto modifica asimismo la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación con las prórrogas posteriores al periodo inicial de cinco años, o de siete cuando el propietario sea una persona jurídica. Para evitar la renovación, el arrendador deberá comunicar su decisión con al menos cuatro meses de antelación, mientras que el inquilino tendrá que avisar con dos meses. Si no se produce esa comunicación, el contrato se renovará por periodos anuales, hasta un máximo de tres años. En cuanto a la evolución de las rentas, el decreto establece una congelación para aquellos contratos cuyo precio se encuentre por encima del valor de referencia determinado por el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI). En los casos en los que la renta esté por debajo de ese índice, el propietario podrá aplicar un incremento máximo del 2% anual hasta finales de 2027.

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(El País, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita la subida de la tarifa del gas natural al 15% y fija la de la bombona de butano en 19,55 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite a las posibles subidas de la tarifa regulada del gas natural, que no podrá incrementarse más de un 15%, y fijará en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano. Con esta decisión, el Gobierno pretende contener el fuerte aumento que resultarían de aplicar las fórmulas automáticas de revisión trimestral de estos combustibles. Sin esta intervención, la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas habría experimentado desde el 1 de octubre un incremento superior al 45% en los tramos más bajos y por encima del 50% en la tarifa habitual, la 2.0. La medida busca proteger a los consumidores frente a la elevada volatilidad de los mercados energéticos ante los próximos meses de invierno, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El Ejecutivo recupera así un mecanismo que ya utilizó durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque entonces el incremento de la TUR estaba limitado al 5% por trimestre entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Gobierno también intervino sobre el coste de las materias primas utilizado para calcular la tarifa, estableciendo un límite del 15%. Ahora, la materia prima podrá reflejar un incremento de hasta el 35%. La tarifa regulada está disponible para hogares y microempresas con un consumo anual inferior a 50.000 kWh. La TUR se actualiza cada tres meses, el 1 de enero, abril, julio y octubre, y su nuevo importe se publica en el BOE. La aplicación de la fórmula correspondiente a este trimestre apuntaba a incrementos superiores al 50%, que se habrían trasladado directamente a las facturas desde este jueves. Actualmente, unos 3,1 millones de clientes tienen contratada esta modalidad, aproximadamente el 40% del mercado, a través de las comercializadoras de referencia vinculadas a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies. En cuanto al butano, el precio máximo de la bombona se situará en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. Este producto es utilizado por alrededor de siete millones de consumidores en España, especialmente en zonas rurales. Durante la anterior crisis energética, el Gobierno optó inicialmente por aplazar la diferencia entre los costes reales y los precios regulados que correspondían a las comercializadoras. Posteriormente, decidió asumir ese importe con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para lo que llegó a habilitar una partida de 3.000 millones de euros, aunque finalmente solo fueron necesarios unos 600 millones durante los dos años en los que estuvieron vigentes los límites a la TUR. En esta ocasión, y ante la situación presupuestaria y el déficit público, el Ejecutivo se inclina nuevamente por un mecanismo de déficit de tarifa, cuya instrumentación podría realizarse mediante un fondo. En el caso del gas licuado de petróleo envasado, principalmente el butano, el eventual desfase se compensaría mediante el mecanismo habitual de este combustible, cuyo precio está sujeto a una variación máxima del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral. La intervención era una medida que el mercado ya esperaba después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtiera de que la factura del gas regulado podía aumentar un 54% a partir de octubre. Las comercializadoras temen ahora que más hogares abandonen las tarifas del mercado libre para acogerse a la TUR. Cerca de cinco millones de consumidores permanecen actualmente en el mercado liberalizado, alrededor del 60% del total, y sus contratos podrían afrontar precios superiores durante el próximo invierno. No obstante, la TUR está limitada a determinados hogares y microempresas, por lo que no todas las pymes pueden acceder a ella. El mayor trasvase hacia la tarifa regulada se produjo en 2022, cuando alrededor de 1,4 millones de clientes cambiaron al mercado regulado en menos de un año. El Gobierno incorporará ahora los límites al gas y al butano al real decreto-ley que aprobará este martes, junto con otro paquete de medidas dirigido a contener el fuerte incremento de los precios de la vivienda. Estas actuaciones suponen nuevas intervenciones respecto al paquete aprobado en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio.

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(El Periódico, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se dispara al 4,9% en septiembre empujada por los carburantes

La inflación se ha acelerado hasta el 4,9% en septiembre, según el dato adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual aumenta seis décimas respecto a agosto y alcanza su nivel más elevado desde febrero de 2023. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos y permite observar con mayor estabilidad la evolución de los precios, también repunta, aunque de forma más moderada, hasta el 3,1%, dos décimas más que el mes anterior. El encarecimiento de los carburantes aparece como el principal factor detrás de este repunte, en un contexto marcado por las consecuencias del conflicto en Irán y las tensiones en los mercados energéticos. El Ministerio de Economía señala además el efecto base provocado por el descenso de los carburantes registrado en septiembre del año pasado. El INE apunta también a los paquetes turísticos como otro de los componentes que han contribuido al incremento de los precios. Los alimentos no elaborados elevaron su tasa anual hasta el 5,8%, frente al 4,5% de agosto, mientras que los productos energéticos aumentaron un 21,6%, pese a la entrada en vigor de las bonificaciones al gasóleo durante este mes. Los servicios presentan una evolución más estable y, aunque mantienen un ritmo elevado de crecimiento, registraron una subida del 3,9%, en línea con las tasas observadas desde mayo. Este comportamiento resulta especialmente relevante porque permite valorar hasta qué punto el encarecimiento de la energía se está trasladando al conjunto de la economía. Según el análisis de CaixaBank Research, parte de esta evolución estaría relacionada con los servicios turísticos, especialmente sensibles a los costes energéticos durante los meses de verano. Ante el repunte de los precios, el Gobierno aprobará este martes nuevas medidas para tratar de limitar el impacto del encarecimiento energético sobre los hogares y las empresas. Entre ellas figura el establecimiento de un límite a las subidas de la tarifa regulada del gas y del precio del butano. El margen presupuestario del Ejecutivo, sin embargo, es reducido después de los paquetes de apoyo aprobados en marzo y julio. La previsión inicial de que los precios energéticos se moderarían después del verano no se ha cumplido debido a las dificultades de suministro de gas, la situación en el estrecho de Ormuz y la tensión en el mercado del diésel. El Gobierno sostiene que las medidas adoptadas hasta ahora han permitido amortiguar parte del impacto sobre los consumidores y contener los denominados efectos de segunda ronda, derivados del traslado del mayor coste energético a otros bienes y servicios. No obstante, la evolución de la inflación en los próximos meses dependerá principalmente de la trayectoria de los precios del petróleo y del gas y de la intensidad con la que su encarecimiento termine repercutiendo sobre el resto de la economía. Las previsiones apuntan a que las presiones inflacionistas podrían mantenerse durante los próximos meses. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, señala que, si los precios del petróleo y del gas permanecen en niveles similares a los actuales y sin considerar nuevas actuaciones del Gobierno, la inflación podría mantenerse por encima del 4% hasta finales de año.

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(El Economista, 30-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El gobierno aprueba la cuenta europea de inversión sin ofrecer ningún detalle ni darle publicidad

La cuenta europea de inversión, una de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Economía para canalizar el ahorro hacia la financiación de empresas europeas, fue aprobada por el Consejo de Ministros dentro de uno de los decretos de vivienda. Sin embargo, el Gobierno no ofreció detalles sobre su funcionamiento durante la rueda de prensa posterior, por lo que todavía se desconoce cómo quedará configurado este nuevo instrumento. El Ejecutivo prevé que el Congreso celebre un pleno extraordinario para convalidar los dos decretos de vivienda, previsiblemente el próximo viernes. Hasta que la norma no sea aprobada definitivamente no se conocerá el contenido completo de la regulación. Por ahora, se sabe que estas cuentas contarán con determinados incentivos fiscales, entre ellos la posible exención de las plusvalías generadas cuando el dinero permanezca invertido durante un periodo determinado. También se plantea utilizar como referencia la estructura de los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), adaptándola para crear este nuevo vehículo de inversión. El objetivo de la iniciativa es movilizar una parte del ahorro actualmente depositado en cuentas bancarias hacia acciones, bonos y otros activos vinculados a empresas europeas. La propuesta cobra especial relevancia ante el elevado volumen de depósitos acumulados por los hogares europeos y la necesidad de incrementar la financiación disponible para las compañías de la Unión. La intención es que los ahorradores obtengan incentivos para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, contribuir a reforzar la inversión, la competitividad y el crecimiento económico europeo. España ya había defendido esta estrategia antes de que la Comisión Europea impulsara formalmente la Unión de Ahorros e Inversiones. En este contexto, el Ministerio de Economía promovió en 2025 la creación de la etiqueta Finance Europe a través del Laboratorio Europeo de Competitividad, una iniciativa en la que participan varios países europeos y que busca favorecer una mayor integración de los mercados de capitales. Esta etiqueta pretende identificar productos financieros destinados a invertir en empresas europeas, tanto mediante acciones como mediante bonos. La propuesta española se enmarca en una estrategia europea más amplia para reducir la cantidad de ahorro que permanece en depósitos y dirigirlo hacia proyectos empresariales y productivos. La Comisión Europea ha defendido que los incentivos fiscales pueden facilitar esta transformación del ahorro en inversión, permitiendo que los ciudadanos participen en la financiación de las empresas y contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo. Esta orientación coincide además con las recomendaciones formuladas en los últimos años por Mario Draghi y Enrico Letta, que han señalado la necesidad de profundizar en la integración de los mercados de capitales europeos y reducir las barreras que dificultan la financiación de las empresas. En este contexto, la aprobación de la cuenta europea de inversión supone un paso relevante para España, aunque sus características concretas, sus ventajas fiscales y las condiciones para acceder al instrumento no se conocerán hasta que se publique y convalide la regulación definitiva.

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(Cinco Días, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo toca los 108 dólares y lleva al interés del bono español a máximos de diciembre de 2013

Los precios del petróleo vuelven a repuntar ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aumentando al mismo tiempo la presión sobre la deuda soberana. El rechazo de Donald Trump a la última propuesta iraní para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz ha llevado al barril de Brent por encima de los 108 dólares y ha provocado nuevas subidas de las rentabilidades de los bonos, ante el temor a que el encarecimiento de la energía prolongue las tensiones inflacionistas. Mientras el dólar gana posiciones, los metales preciosos sufren fuertes descensos y las Bolsas se mueven en terreno negativo. El petróleo avanza alrededor de un 4% este lunes y acumula una subida próxima al 20% durante septiembre, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales riesgos para la economía mundial. El encarecimiento de la energía puede trasladarse a la inflación y aumentar las expectativas de que los bancos centrales tengan que mantener o intensificar el endurecimiento monetario. La ausencia de avances diplomáticos ha frustrado las expectativas de los inversores de que las conversaciones entre Washington y Teherán permitieran reducir las tensiones en Oriente Próximo y facilitaran la reapertura del estrecho de Ormuz. La subida de la energía también está elevando los costes de financiación de los Estados. Los precios de los bonos caen y, en consecuencia, aumentan sus rentabilidades. En Estados Unidos, el rendimiento de la deuda a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, aumenta seis puntos básicos, hasta el 4,92%, ante el temor de que una energía más cara obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo para contener la inflación. El bono estadounidense a diez años eleva su rentabilidad en cuatro puntos básicos. La presión se extiende a Europa. En España, la rentabilidad del bono a diez años sube tres puntos básicos, hasta el 4,134%, y vuelve a alcanzar durante la sesión niveles máximos desde diciembre de 2023. En Francia, el rendimiento del bono a diez años se sitúa en máximos desde 2008, mientras que en Alemania alcanza niveles que no se veían desde 2009. Las Bolsas también reflejan el aumento de la incertidumbre. Los futuros de Wall Street anticipan descensos del 0,8% en el Nasdaq 100 y del 0,5% en el S&P 500. En Europa, el Ibex 35 retrocede un 0,2%, mientras el Euro Stoxx 50 se mantiene prácticamente sin cambios. Dentro del selectivo español, Acciona Energía, Acciona y Repsol registran los mayores avances, mientras que ArcelorMittal, Indra y CaixaBank se sitúan entre los valores más castigados. En los mercados asiáticos, las Bolsas de China continental y Corea del Sur han sufrido descensos superiores al 2%, mientras el Nikkei japonés ha terminado la sesión con una caída del 0,7%. A las tensiones geopolíticas y energéticas se suma la preocupación de los inversores por la evolución de la inteligencia artificial, después de que OpenAI haya paralizado temporalmente el entrenamiento, la evaluación y la inferencia mediante herramientas de sus modelos más avanzados mientras refuerza sus sistemas de seguridad. El repunte de las rentabilidades de la deuda también está afectando a los metales preciosos. El oro pierde un 3%, hasta los 4.188 dólares por onza, mientras la plata retrocede cerca de un 5%, hasta aproximadamente 61,7 dólares. Los analistas de SaxoBank relacionan parte del movimiento con la pérdida del nivel de soporte de los 4.230 dólares por onza del oro y apuntan también a la posibilidad de que una parte de las ventas responda a una toma de beneficios de inversores chinos antes del inicio de una semana festiva. El oro y la plata se ven además perjudicados por la expectativa de nuevas subidas de los tipos de interés, ya que estos activos no generan rendimientos financieros. Los mercados descuentan actualmente al menos otro incremento de 25 puntos básicos antes de que termine el año, después de que la Reserva Federal aumentara este mes los costes de financiación por primera vez desde 2023. Mientras continúe el conflicto con Irán, los mercados deberán afrontar un escenario marcado por una mayor inflación potencial, nuevas subidas de tipos y unas condiciones financieras más restrictivas. Al mismo tiempo, algunos analistas señalan que la corrección de las valoraciones bursátiles puede generar oportunidades para los inversores con una perspectiva de largo plazo, especialmente ante el crecimiento de los beneficios empresariales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. La atención se centra ahora en la batería de indicadores económicos que publicará Estados Unidos durante los próximos días, con datos de inflación, PIB, actividad manufacturera y empleo. El informe de nóminas de septiembre, previsto para el viernes, podría reflejar la creación de unos 85.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro se mantendría en el 4,1%, aunque también existe la posibilidad de que descienda al 4%. La publicación de varios indicadores económicos positivos ha llevado al índice del dólar a máximos de dos meses, en 101,39 puntos. El euro, por su parte, baja hasta 1,1380 dólares y acumula una depreciación cercana al 2% durante septiembre.

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(Expansión, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump confirma que estudia vetar la exportación de diésel "seriamente"

Donald Trump estudia medidas para contener el precio de los carburantes en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. Entre las opciones que maneja la Casa Blanca figura restringir la exportación de diésel con el objetivo de aumentar la oferta disponible en el mercado interno y moderar la escalada de precios. El presidente estadounidense ha confirmado que su Administración está valorando seriamente esta posibilidad, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán. El diésel, fundamental para el transporte, la agricultura y buena parte de la actividad económica, ha registrado máximos en Estados Unidos durante las últimas semanas, llegando a superar los 6,52 dólares por galón, equivalentes a unos 1,72 dólares o 1,51 euros por litro. Según los datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA), el precio se ha incrementado un 73% respecto a los niveles previos al conflicto. La situación ha generado presión política dentro del Partido Republicano, con candidatos de estados como Iowa y Michigan reclamando limitar las exportaciones de diésel refinado para reforzar el abastecimiento nacional. Estados Unidos consume actualmente alrededor de 4,1 millones de barriles de diésel diarios y exporta otros 1,5 millones, según S&P Global Energy. Una reducción significativa de estas ventas al exterior podría afectar al suministro internacional y ha provocado la preocupación de la Comisión Europea, que advierte de posibles efectos sobre los precios y los consumidores a ambos lados del Atlántico. El secretario de Energía, Chris Wright, ha señalado que no se plantea necesariamente una prohibición permanente y que una de las alternativas estudiadas sería limitar las exportaciones durante 90 días. La evolución del mercado energético está estrechamente vinculada a las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Teherán ha aprovechado la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear la reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce su presión militar, mientras Washington reclama garantías relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump, por su parte, no contempla que pueda alcanzarse un acuerdo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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(El País, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las hipotecas caen un 3,5% en julio, pero el importe medio marca un nuevo máximo por encima de los 180.000 euros

El mercado hipotecario registró una evolución desigual en julio. En total se formalizaron 43.372 hipotecas sobre viviendas, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone alrededor de 1.500 operaciones menos. El dato confirma cierta moderación después del fuerte crecimiento experimentado durante 2025, aunque, teniendo en cuenta la habitual caída de la actividad durante los meses de verano, julio cerró como el segundo mejor registro para este periodo en los últimos 16 años. La reducción del número de operaciones contrasta con el incremento del importe medio de los préstamos. Las nuevas hipotecas destinadas a la compra de vivienda alcanzaron una cuantía media de 180.785 euros, un 10,9% más que un año antes y el importe más elevado desde que el INE comenzó a recopilar esta estadística en 2015. La evolución refleja el impacto que está teniendo el encarecimiento de la vivienda sobre quienes necesitan recurrir a la financiación para acceder a una casa. El coste de las nuevas hipotecas también aumentó. El tipo de interés medio se situó en el 3,01%, su nivel más alto desde enero de 2025, cuando alcanzó el 3,08%. La evolución se produce en un contexto de tipos de interés todavía elevados y después de las últimas decisiones del Banco Central Europeo, que mantiene el precio oficial del dinero en el 2,5%. Los datos de julio muestran, por tanto, un mercado en el que se conceden menos préstamos que hace un año, pero por cantidades considerablemente superiores. La combinación de la resistencia de los precios de la vivienda y unas condiciones de financiación todavía exigentes condiciona la capacidad de acceso de los compradores y refleja la adaptación del mercado al actual escenario monetario. La evolución por comunidades autónomas fue desigual. Andalucía concentró el mayor número de operaciones, con 8.136 hipotecas, aunque experimentó un descenso mensual del 12,7% y una caída interanual del 9,3%. Madrid registró 5.624 operaciones, un 19,4% menos que en junio y un 5,2% menos que un año antes. También sufrieron retrocesos relevantes País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja. Cataluña presentó el comportamiento más expansivo entre los grandes mercados. Con 8.858 hipotecas, incrementó las operaciones un 10,1% respecto a junio y un 4,9% en comparación con julio de 2025. También aumentó la actividad en Galicia, Baleares, Castilla y León, Asturias y Murcia, aunque con volúmenes inferiores a los de los principales mercados. En la comparación interanual, Cataluña volvió a situarse entre las comunidades con mayor crecimiento, con más de 400 operaciones adicionales respecto a julio del año anterior. Galicia, Castilla y León y Baleares también registraron avances. En sentido contrario, Andalucía sufrió el mayor descenso en términos absolutos, con alrededor de 835 hipotecas menos que un año antes, mientras Madrid perdió más de 300 operaciones y Canarias presentó uno de los retrocesos porcentuales más acusados. El resultado es un mercado hipotecario territorialmente heterogéneo, en el que algunas comunidades mantienen el crecimiento pese al contexto de tipos de interés y precios elevados, mientras otras experimentan una pérdida significativa de actividad. En conjunto, la estadística de julio apunta a una moderación del número de operaciones, pero también a un aumento considerable del volumen de financiación necesario para adquirir una vivienda.

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(El País, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno limita la tarifa de gas y el butano para evitar que se dispare el recibo en todo el invierno

El Gobierno limitará desde este martes la subida de la tarifa regulada del gas y del precio de la bombona de butano para contener el impacto del encarecimiento de la energía durante los próximos meses. La medida se incorporará al nuevo decreto de respuesta a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo y afectará a los más de 3,1 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), alrededor del 40% del total. Sin esta intervención, la revisión prevista para el 1 de octubre habría elevado el recibo del gas más de un 45%. El incremento de la TUR quedará limitado inicialmente a alrededor del 15%, mientras que en las revisiones posteriores se aplicará un mecanismo para contener las subidas hasta que el sistema recupere el equilibrio. El coste derivado de esta limitación no se financiará directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino que generará un déficit para las comercializadoras de último recurso que se compensará posteriormente cuando disminuyan los precios de la materia prima. La intervención también afectará al butano, utilizado por unos siete millones de consumidores, especialmente en zonas rurales. El precio de la bombona podrá situarse como máximo en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. El eventual déficit generado se absorberá mediante el mecanismo habitual de revisión del gas licuado de petróleo envasado, que limita las variaciones a un 2% al alza o a la baja en cada actualización bimestral. Las medidas llegan en un contexto de fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales. El precio del gas en los principales mercados europeos supera los 70 euros por megavatio hora, frente a niveles inferiores a 30 euros antes del inicio de la escalada bélica con Irán. Las dificultades en el transporte a través del estrecho de Ormuz, los daños en infraestructuras energéticas y las nuevas sanciones europeas contra Rusia están contribuyendo a mantener elevada la presión sobre la oferta y los precios de los hidrocarburos. El Ejecutivo pretende así evitar que el encarecimiento del gas y los combustibles se traslade al conjunto de la economía mediante un aumento de los costes de producción. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido del riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda sobre la inflación, especialmente en productos como los alimentos. La Comisión Europea, sin embargo, ha recomendado a los Estados miembros limitar las medidas que puedan estimular la demanda de hidrocarburos, lo que introduce un elemento adicional de debate sobre el alcance de las intervenciones nacionales.

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(El Periódico, 29-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación anual estimada del IPC en septiembre de 2026 es del 4,9%

La inflación anual se situó en el 4,9% en septiembre de 2026, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un repunte de seis décimas respecto al 4,3% registrado en agosto. El avance refleja principalmente el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos, cuyos precios aumentaron en septiembre frente al descenso registrado un año antes, así como una menor caída de los precios de los paquetes turísticos. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aceleró su evolución, aunque de forma más moderada, al aumentar dos décimas hasta el 3,1%. De confirmarse estos datos, la evolución de los precios mantendría la presión sobre los hogares y las empresas en un contexto marcado por el fuerte incremento de los costes energéticos. En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron un 0,3% en septiembre respecto a agosto. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó su tasa anual cuatro décimas, hasta el 5%, mientras que la inflación subyacente armonizada se situó en el 3,2%. La variación mensual estimada del IPCA fue del 0,6%.

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