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(Expansión, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra drena 14 millones de barriles de crudo al día y la AIE pide ahorrar energía

"La cantidad de petróleo que está desapareciendo del mercado en esta crisis supera la registrada en cualquier otra crisis energética anterior", advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. La comparación histórica refleja la magnitud del problema. En 1973, tras la guerra del Yom Kipur y el apoyo occidental a Israel, la primera gran intervención de la Organización de Países Exportadores de Petróleo provocó una caída de 4,5 millones de barriles diarios en el suministro mundial. En 1979, durante la Revolución Islámica iraní, el mercado perdió otros 4 millones de barriles al día. Más tarde, durante la guerra del Golfo de 1990 y 1991, Irak y Kuwait dejaron de exportar alrededor de 4,3 millones de barriles diarios. Sin embargo, el impacto actual derivado de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya supera conjuntamente a aquellas tres grandes crisis. La AIE calcula que el conflicto iraní ha eliminado del mercado unos 14 millones de barriles diarios. Birol explicó este lunes en Viena que nunca antes el mundo había sufrido una interrupción tan severa del suministro energético. A la situación inicial, marcada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los ataques contra países vecinos, se ha sumado en las últimas semanas el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos y embarcaciones iraníes. Como consecuencia, el mercado ha perdido en apenas dos meses y medio un volumen equivalente al 13,5% del consumo mundial de petróleo. Ante este escenario, Birol defendió políticas de ahorro energético frente a las rebajas fiscales destinadas a amortiguar el impacto en consumidores y empresas. Aunque la AIE trabaja diplomáticamente para que países productores alejados de Oriente Próximo, como Nigeria, Brasil o Canadá, incrementen su producción, el organismo considera imprescindible reducir también la demanda para evitar una mayor escasez y nuevas perturbaciones económicas globales. Entre las medidas propuestas figuran potenciar el transporte público, rebajar los límites de velocidad en carretera, disminuir el uso del avión y favorecer el teletrabajo. Birol advirtió de que cuanto más se retrase la reacción, más duras tendrán que ser las decisiones posteriores. Según indicó, varios países asiáticos ya han comenzado a aplicar planes de ahorro energético, mientras que en Europa todavía no existe la misma percepción sobre la gravedad de la situación. En su opinión, los gobiernos europeos deberían seguir el ejemplo asiático y adoptar iniciativas destinadas a contener el consumo, en lugar de centrarse únicamente en ayudas para reducir el impacto económico sobre los ciudadanos. Aunque reconoció que Asia depende más de los suministros procedentes del Golfo Pérsico, recordó que el mercado energético es global y las consecuencias afectan a todos los países. Precisamente este domingo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidió a la población reducir drásticamente el consumo de combustible, limitar las importaciones y evitar la compra de oro para proteger la economía frente a la escalada de precios provocada por la guerra. Modi animó a priorizar el uso del metro, compartir coche y apostar por el transporte ferroviario para las mercancías. También solicitó reducir el consumo de aceite, al considerar que supone un elevado gasto de divisas. Esta recomendación se explica en parte por el fuerte encarecimiento de los fertilizantes, ya que alrededor del 30% del suministro mundial atraviesa el estrecho de Ormuz. La situación ha impulsado además el precio de numerosos productos agrícolas entre marzo y mayo. India se suma así a otros países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh o Filipinas, que ya están aplicando restricciones o medidas de racionamiento para contener el consumo de petróleo y otros productos vinculados al estrecho de Ormuz. En cambio, varios países europeos como España, Alemania, Italia, Suecia, Austria, Hungría o Croacia han optado por reducir impuestos sobre los carburantes o fijar límites a los precios. Según la AIE, este tipo de medidas termina agravando el problema a largo plazo, ya que al contener artificialmente los precios mantiene elevado el consumo y dificulta corregir el déficit existente en el mercado energético.

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(Expansión, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler sube un 11,3% en abril, con Barcelona y Madrid a la cabeza

El precio del alquiler volvió a subir en abril y alcanzó una media de 14,64 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos difundidos este lunes por Pisos.com, las rentas también aumentaron un 0,83% en comparación con marzo. En este contexto, y ante las dificultades del mercado residencial, "acceder a una vivienda en alquiler se ha convertido en un proceso competitivo, restrictivo y, en muchos casos, excluyente", afirma Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario. A su juicio, el problema va más allá de la subida de precios y responde a un desequilibrio estructural entre una oferta insuficiente y una demanda cada vez mayor y más diversa. Font sostiene que el mercado no ha sido capaz de generar vivienda asequible al ritmo que exige el crecimiento demográfico y la concentración de población en las grandes ciudades. Además, recuerda que una parte importante del parque residencial permanece fuera del mercado, ya sea por tratarse de viviendas vacías, inmuebles deteriorados o pisos destinados a fórmulas de alquiler más rentables. Según apunta, esta situación también está relacionada con la inseguridad percibida por los propietarios y con la aplicación de límites a los precios. El responsable de Estudios de Pisos.com añade que el actual marco regulatorio introduce incertidumbre en el sector, especialmente tras el rechazo en el Congreso a la prórroga de determinadas medidas sobre alquileres. En su opinión, tanto propietarios como inversores operan en un escenario cambiante, donde la falta de estabilidad normativa termina afectando a la oferta disponible. Por ciudades, Barcelona se mantuvo como la capital más cara para alquilar, con un precio medio de 30,24 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid, con 29,62 euros, y Donostia-San Sebastián, con 21,28 euros por metro cuadrado. En el lado opuesto, Palencia registró el alquiler más económico, con 6,67 euros por metro cuadrado. También destacaron por sus bajos precios Zamora, con 7,30 euros, y Huelva, con 7,32 euros. En términos mensuales, Vitoria-Gasteiz encabezó las mayores subidas con un avance del 1,88%, mientras que Sevilla registró el mayor descenso mensual, con una caída del 5,89%. Si se compara con abril de 2025, Sevilla lideró los incrementos interanuales con una subida del 17,68%, mientras que Palencia protagonizó el mayor ajuste de precios, con un retroceso del 17,62%.

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(El Economista, 12-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España pagó un 22% más caro el gas en tres meses

El coste del gas natural licuado (GNL) importado desde Estados Unidos se ha convertido en una de las principales fuentes de presión para el sistema gasista español. De acuerdo con los datos de Aduanas, el precio del GNL estadounidense adquirido por España pasó de 25,57 euros por megavatio hora en noviembre de 2025 a 31,24 euros/MWh en febrero de 2026, lo que representa un encarecimiento del 22,2% en apenas tres meses. Este aumento todavía no incorpora plenamente el efecto derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz, aunque ya refleja una subida significativa de los costes energéticos en un momento en el que Estados Unidos se ha consolidado como el principal suministrador de gas para España, según las cifras difundidas por Enagás. En abril, el GNL procedente de Estados Unidos alcanzó los 10.071 GWh, equivalentes al 35,1% del consumo total de gas en España, superando ligeramente a Argelia, que aportó 9.787 GWh y una cuota del 34,1%. En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, el suministro estadounidense ascendió a 47.901 GWh, lo que supone el 36,2% de todos los aprovisionamientos gasistas españoles, frente al 30,6% correspondiente a Argelia. Los datos del sistema muestran además el cambio estructural del mercado energético español hacia el gas natural licuado. Durante abril, el 65,3% del gas recibido llegó por vía marítima en forma de GNL, mientras que el 34,7% restante se transportó mediante gasoductos. Aunque el peso del GNL descendió ligeramente respecto a marzo, sigue evidenciando una elevada dependencia del mercado internacional y de los grandes exportadores atlánticos. Para la economía española, el problema es que esta mayor exposición al GNL coincide con un contexto internacional marcado por la tensión en los precios. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Europa y Asia compiten por atraer cargamentos de gas licuado. España mantiene una posición estratégica gracias a su amplia red de plantas regasificadoras, pero no escapa al encarecimiento del mercado spot internacional. El impacto de estos precios elevados ya se deja sentir especialmente en el consumo industrial. Según Enagás, la demanda convencional -donde se concentra gran parte de la actividad industrial- descendió un 6,3% en abril, hasta situarse en 16.448 GWh. En el acumulado anual, la caída alcanza el 3,4%, mientras que en términos interanuales móviles el retroceso es del 1,3%. La compañía atribuye parte de esta reducción al aumento de las temperaturas, que fueron 1,81 grados superiores a las registradas en el mismo mes del año anterior. No obstante, incluso corrigiendo ese factor climático, la demanda convencional mantiene una caída del 2,5%. Frente al descenso industrial, el consumo de gas destinado a generación eléctrica mostró una evolución muy distinta. La demanda del sector eléctrico aumentó un 19,6% en abril y alcanzó los 6.617 GWh, impulsada por la menor producción eólica e hidráulica y por una mayor utilización de los ciclos combinados dentro de la denominada operación reforzada del sistema eléctrico. En términos energéticos, el volumen de gas utilizado para producir electricidad pasó de 5,5 TWh a 6,6 TWh en un año, elevando la participación del gas natural en el mix eléctrico español hasta el 12%.

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(Expansión, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

"Los avances en IA obligan a reevaluar la solidez de la infraestructura financiera"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido de que los últimos avances en inteligencia artificial obligan a replantearse la resistencia y seguridad de las infraestructuras financieras y de los sistemas de ciberseguridad. Durante la clausura del I LatAm Economic Forum celebrado en Roda de Berà, Escrivá se refirió a la "transformación tecnológica sin precedentes" que está atravesando la economía mundial y alertó de que esta revolución también incorpora nuevos factores de riesgo. En su intervención, posterior a la apertura del encuentro realizada el día anterior por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, destacó especialmente el impacto de la tecnología en el ámbito de los pagos, uno de los sectores donde la innovación está teniendo una mayor capacidad de transformación. Aun así, defendió que el desarrollo tecnológico es compatible con el mantenimiento de las funciones esenciales de los bancos centrales, especialmente en lo relativo al dinero emitido por estas instituciones como principal soporte del sistema de pagos. Escrivá señaló que actualmente existen dos grandes fuerzas que están redefiniendo el escenario internacional: el avance tecnológico y la creciente fragmentación geoeconómica. Según explicó, en un contexto marcado por la incertidumbre, los bancos centrales continúan siendo una de las principales fuentes de estabilidad y confianza. En el plano geopolítico, el gobernador subrayó que la eficacia de las políticas monetarias depende en gran medida de la credibilidad de los bancos centrales, instituciones que, a su juicio, están mejor preparadas para adoptar decisiones con visión de largo plazo frente al predominio del cortoplacismo político. Respecto al ámbito tecnológico, sostuvo que los bancos centrales deben adaptarse e integrar las nuevas herramientas digitales, aunque recordó que esas mismas tecnologías necesitan apoyarse en instituciones capaces de garantizar la estabilidad y la confianza del sistema financiero. Sobre las criptomonedas estables o stablecoins privadas, Escrivá afirmó que, por su propia naturaleza, no pueden desempeñar el papel de referencia del sistema monetario, insistiendo en que los bancos centrales siguen siendo el principal respaldo sobre el que se sustentan los mercados financieros. En relación con el contexto económico internacional, condicionado por la guerra en Oriente Medio y la política arancelaria de Estados Unidos, el gobernador aseguró que el mundo atraviesa una transición desde un modelo basado en la cooperación multilateral hacia otro en el que las herramientas económicas y financieras se utilizan cada vez más como mecanismos de presión. Según explicó, cuando las medidas geoeconómicas dificultan las relaciones comerciales con determinados países, los flujos económicos tienden a reorientarse hacia otras regiones. Esto provoca, añadió, que acuerdos internacionales que llevaban años bloqueados puedan adquirir repentinamente una relevancia estratégica. Escrivá también advirtió de que los efectos a largo plazo de estas medidas pueden acabar siendo muy distintos de los objetivos iniciales con los que fueron diseñadas e incluso generar consecuencias contrarias a las pretendidas. En este sentido, sostuvo que los aranceles tienen más relevancia por las implicaciones financieras que desencadenan que por su efecto directo sobre el comercio. A su juicio, la verdadera capacidad de presión geoeconómica reside en los llamados "puntos de estrangulamiento", presentes en ámbitos como las finanzas, la tecnología, las plataformas digitales o los suministros estratégicos, cuya importancia depende de la facilidad o dificultad para encontrar alternativas. El foro, celebrado a puerta cerrada, reunió a gobernadores de bancos centrales de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y España, entre otros representantes institucionales.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El recibo de la luz y los cortes de Internet encabezan las quejas de los consumidores

El suministro eléctrico cerró 2025 como el servicio que generó un mayor nivel de insatisfacción comercial entre los consumidores españoles, según refleja el último Panel de Hogares elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El estudio indica que el 52,3% de los usuarios que manifestaron problemas con su compañía eléctrica señalaron la facturación como el principal motivo de sus quejas, un porcentaje superior al registrado en cualquier otro sector analizado. En paralelo, la banda ancha fija se situó como el servicio con más incidencias técnicas. El 64,2% de los clientes que reportaron problemas vinculó sus reclamaciones a cuestiones relacionadas con la calidad del servicio, como cortes de conexión o velocidades de internet inferiores a las contratadas. Esta proporción supera claramente las incidencias registradas en telefonía móvil, con un 53%, y en telefonía fija, con un 47,6%. La banda ancha fija también lideró el volumen de reclamaciones formales ante organismos oficiales. Uno de cada diez usuarios presentó alguna denuncia o reclamación administrativa durante los últimos doce meses. En el extremo contrario se situó el suministro de gas natural, que registró la menor conflictividad, con una tasa de reclamaciones del 5,2%. El coste del servicio continuó siendo el principal foco de descontento en el ámbito energético. Entre los consumidores insatisfechos con la electricidad, el 84,2% atribuyó su malestar al precio de la tarifa. En el caso del gas natural, el porcentaje ascendió hasta el 86,5%. La CNMC también relaciona el descontento de los usuarios energéticos con problemas de transparencia. Tras el precio, las principales críticas se dirigieron a la dificultad para entender las facturas y a la falta de claridad en la aplicación de las tarifas. Además, muchos consumidores señalaron deficiencias en la información sobre las condiciones del suministro y los términos contractuales. En relación con la atención al cliente y los cambios de compañía, el mercado eléctrico volvió a mostrar dificultades. El 11% de los hogares que intentaron cambiar de comercializadora eléctrica afirmó haber sufrido incidencias durante el proceso. En telecomunicaciones, los principales problemas se concentraron en las bajas de servicios: el 10,3% de los usuarios de telefonía móvil reportó obstáculos al intentar cancelar su contrato. A pesar de estos problemas, los servicios móviles de telecomunicaciones obtuvieron las mejores valoraciones globales de satisfacción. El 70% de los usuarios aseguró estar satisfecho o muy satisfecho con la telefonía móvil y el internet móvil. Estas cifras superan las registradas por el suministro eléctrico, con un 56,7% de satisfacción, y por el gas natural, que alcanzó el 58,9%. En telefonía, las reclamaciones se repartieron de forma más equilibrada entre cuestiones técnicas y comerciales. Los errores de facturación representaron el 31,9% de las incidencias en telefonía móvil y el 31,4% en telefonía fija, porcentajes muy inferiores a los detectados en el sector eléctrico. El informe de la CNMC también recoge un volumen relevante de incidencias clasificadas como "otros problemas", sin una categoría concreta. Estas afectaron al 24,9% de los usuarios del servicio eléctrico y al 25,7% de los clientes de telefonía fija, lo que apunta a dificultades adicionales relacionadas con la atención al cliente o la transparencia comercial.

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(El País, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

China elige a España como su gran fábrica de coches en Europa

La industria automovilística europea atraviesa una etapa especialmente complicada, marcada por importantes ajustes laborales, aunque España está logrando mantener una posición relativamente sólida. En un contexto dominado por la creciente competencia de los fabricantes chinos, el descenso de las ventas en Europa, la compleja transición hacia el vehículo eléctrico y la pugna por controlar la cadena de suministro de esta tecnología, España se ha convertido en uno de los pocos países de la Unión Europea capaces de seguir atrayendo inversiones industriales vinculadas al automóvil. Precisamente, buena parte de las futuras inversiones procederán de China, el país que más ha alterado el equilibrio del sector automovilístico europeo. El gigante asiático ha situado a España como uno de sus principales puntos estratégicos para fabricar vehículos destinados al mercado europeo evitando el impacto de los aranceles comunitarios, siguiendo el camino abierto por Chery en 2024. Uno de los proyectos más avanzados es el de SAIC Motor, propietario de la marca MG, que comercializa actualmente el coche chino más vendido en España, el MG ZS de gasolina. La compañía negocia la construcción de una nueva planta en Galicia, una operación que, de materializarse, reforzaría aún más el peso industrial de la comunidad en el sector de la automoción. Galicia ya alberga la mayor fábrica de vehículos del país, propiedad de Stellantis, donde se ensamblaron cerca de 560.000 automóviles el pasado año. A diferencia de otros fabricantes chinos, SAIC cuenta con una gama más diversificada y menos centrada exclusivamente en el vehículo eléctrico. Tras su viaje institucional a China en abril, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó públicamente el interés de la compañía por invertir en Galicia. Diversas fuentes próximas a las negociaciones consideran muy probable que MG acabe instalándose en la comunidad, aunque todavía no se ha confirmado el emplazamiento definitivo. Entre las opciones planteadas figura el parque industrial de Plisan, en el sur de Pontevedra, mientras otros apuntan a Ferrol como posible destino. Otra firma china que ha mostrado interés por fabricar en España es Changan, que recientemente ha iniciado su actividad comercial en el mercado español con dos SUV eléctricos. Según diversas informaciones, la compañía estudia ubicar una futura planta en Aragón. Para Mathieu Bernard, responsable del área de automoción para Iberia de Roland Berger, el atractivo de España para las compañías chinas se explica por varios factores: el acceso directo al mercado europeo, una base industrial consolidada, costes inferiores a los de otros países del norte de Europa y una ubicación estratégica que facilita la conexión tanto con Europa como con mercados de Latinoamérica y África. A estas iniciativas se suma también el interés de otras marcas chinas por aprovechar instalaciones industriales ya existentes en España. Es el caso de Hongqi, fabricante de vehículos de lujo que negocia con Stellantis la producción de automóviles en la planta de Zaragoza, según diversas informaciones. Estas instalaciones ya cuentan además con una importante inversión china comprometida por parte de CATL, el mayor productor mundial de baterías, que construye junto a la fábrica una gigafactoría valorada en unos 4.100 millones de euros. También está confirmado el desembarco industrial de Leapmotor, empresa de la que Stellantis adquirió una participación en 2023 junto con los derechos de comercialización en Europa. La compañía fabricará en Zaragoza el modelo B10 a partir de este mismo año y aportará además tecnología para un futuro modelo eléctrico de Opel del segmento C. Fuentes cercanas al proyecto apuntan igualmente a que otros modelos de la marca podrían ensamblarse en España próximamente. Leapmotor también aparece como una posible vía de continuidad para la planta de Stellantis en Madrid, ubicada en Villaverde, que actualmente produce los modelos Citroën C4 y C4 X y carecía de nuevos proyectos industriales a medio plazo. La compañía china señaló recientemente que esta instalación podría integrarse en la empresa conjunta creada con Stellantis y asumir la fabricación de un vehículo eléctrico a partir de 2028. Por otro lado, Geely mantiene conversaciones con Ford para utilizar parte de la planta de Almussafes. La fábrica valenciana atraviesa actualmente una etapa delicada y funciona bajo el amparo del mecanismo RED aprobado por el Gobierno en 2024, que permite aplicar un ERTE rotatorio a toda la plantilla. En la actualidad, Ford únicamente produce allí el modelo Kuga, aunque prevé anunciar próximamente un nuevo vehículo multienergía destinado a reforzar la actividad industrial de la planta. Según diversas informaciones, Geely aportaría carga de trabajo adicional utilizando una zona de ensamblaje actualmente inactiva para producir tanto un modelo propio como otro destinado a Ford. La compañía estadounidense, no obstante, se limita a reconocer que mantiene conversaciones con diferentes empresas sin confirmar un acuerdo definitivo con el grupo chino.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

España se consolida como quinto país europeo en captación de inversión en IA

España se ha afianzado como el quinto país de Europa con mayor capacidad para atraer inversión vinculada a la Inteligencia Artificial, en un momento en el que esta tecnología se ha convertido en el principal destino del capital riesgo a escala mundial. Así lo recoge el informe "El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor", elaborado por South Summit -iniciativa ligada a IE University - junto a PwC.. El estudio pone de manifiesto que la Inteligencia Artificial concentra ya el 61% de toda la inversión global de capital riesgo, frente al 30% que representaba en 2022. Esto implica que, actualmente, seis de cada diez dólares invertidos en el mundo se dirigen a proyectos relacionados con esta tecnología. Dentro de Europa, España ocupa la quinta posición en captación de fondos para IA, solo por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. El ecosistema español cuenta actualmente con 392 startups especializadas en Inteligencia Artificial y ha logrado atraer cerca de 1.600 millones de euros en inversión entre 2020 y 2025. Pese a ello, el informe destaca que la diferencia respecto a los grandes polos tecnológicos europeos continúa siendo considerable. Mientras Alemania acumula más de 8.000 millones de euros invertidos en IA, Reino Unido alcanza los 18.000 millones. La creciente concentración del capital riesgo en torno a la Inteligencia Artificial está alterando además las dinámicas de financiación del ecosistema emprendedor. Según el análisis, las startups que incorporan esta tecnología obtienen valoraciones un 38% superiores a las de empresas tradicionales equivalentes. El mercado también refleja una tendencia hacia operaciones cada vez más grandes y una mayor concentración de recursos, impulsada por las denominadas megarrondas protagonizadas por compañías como OpenAI, Anthropic o Waymo. A pesar del entorno marcado por unos tipos de interés elevados y las tensiones geopolíticas, el primer trimestre de 2026 registró el mayor volumen de inversión de los últimos años, impulsado especialmente por el auge de la IA generativa. Europa, por su parte, ha reforzado su apuesta por esta tecnología y acumula ya 21.100 millones de euros invertidos entre 2020 y 2025. Los sectores que más financiación reciben son los relacionados con la salud y la defensa, reflejando el interés estratégico europeo por fortalecer su autonomía tecnológica y su competitividad internacional. No obstante, el informe advierte de que el continente sigue muy lejos de Estados Unidos y Canadá, regiones que concentran el 65% del capital riesgo mundial tras incrementar un 42% la inversión en startups durante 2025, hasta alcanzar los 289.300 millones de dólares, equivalentes a unos 246.000 millones de euros. En el caso español, la inversión en startups superó los 3.100 millones de euros en 2025, apenas un 3% menos que el ejercicio anterior. Al mismo tiempo, el número de operaciones aumentó un 11%, aunque el tamaño medio de las rondas descendió un 14%. El documento también señala la existencia de una importante diferencia entre el potencial teórico de la Inteligencia Artificial y su implantación real en las empresas. Aunque el 88% de las organizaciones asegura utilizar esta tecnología en alguna parte de su actividad, únicamente el 22% de los empleados hace un uso efectivo de ella en tareas concretas. En la actualidad, la IA se emplea principalmente en áreas de soporte como informática, recursos humanos o atención al cliente, mientras que su integración continúa siendo todavía reducida en otros departamentos considerados estratégicos.

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(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El retraso en los pagos que sufren las pymes llega hasta los cien días

Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción continúan siendo las más perjudicadas por los retrasos en los pagos en España. Su Periodo Medio de Pago (PMP) alcanza ya los 96,5 días, una cifra muy superior a la media nacional y que refleja la elevada presión financiera que soporta esta actividad en un contexto donde la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, los plazos registrados por la construcción al cierre de 2025 no se observaban desde comienzos de 2024. El dato aparece recogido en el Observatorio de la Morosidad correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, que destaca que el sistema de pagos comerciales ha mostrado una mejora progresiva en los últimos cinco años. Desde 2019, antes de la pandemia, el PMP acumuló una reducción cercana al 4%, permitiendo cerrar 2025 en 80,5 días. Sin embargo, este nivel continúa situándose un 34% por encima del límite legal fijado en 60 días. En el corto plazo, la mayor reducción anual de los últimos años se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP descendió 0,9 días, equivalente al 1,09%. El informe atribuye esta mejora al intento de muchas empresas de evitar la pérdida de valor de sus facturas en un entorno de elevada inflación. Pese a la evolución positiva del conjunto de la economía, la mejora no ha sido homogénea. Las pequeñas empresas se desmarcaron de la tendencia general y registraron un ligero aumento de sus plazos de pago, que se situaron en 78,9 días. Las microempresas siguen siendo el segmento más vulnerable. Presentan el índice de morosidad más elevado del mercado, un 17% superior a la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso sobre el vencimiento, una proporción que duplica la registrada entre medianas y grandes compañías. Mientras el resto de pymes ha logrado reducir sus tiempos de cobro desde 2019, las microempresas han seguido la tendencia contraria: en 2025 cobraban con 2,8 días más de demora que antes de la pandemia. Por actividades, las diferencias siguen siendo muy acusadas. La construcción encabeza los mayores retrasos, aunque otros segmentos industriales, como el de maquinaria y equipo, también mantienen cifras elevadas, con un PMP de 88,8 días y niveles superiores a 85 días de forma continuada durante los últimos tres años. En cambio, los sectores servicios e industria han conseguido acortar sus ciclos de cobro hasta los 70,6 y 74,3 días, respectivamente. Aunque los plazos se han reducido en términos generales, el coste financiero derivado de mantener deuda comercial continúa siendo muy elevado. A finales de 2025, el esfuerzo total asociado a esta carga ascendía a 5.568 millones de euros. De esa cifra, cerca de 2.000 millones correspondieron a las pymes, lo que sigue limitando su capacidad de inversión pese a la reducción experimentada respecto a ejercicios anteriores. La caída de este coste financiero -desde los 6.404 millones registrados en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año- se explica principalmente por la evolución de la política monetaria. El interés de demora bajó del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos créditos bancarios para pymes descendió cerca de un punto porcentual. Esta mejora permitió compensar parcialmente el aumento de la deuda comercial, que creció al mismo ritmo que el PIB nominal, cuyo avance fue del 5,7%. Uno de los factores que más contribuyó a la reducción del PMP nacional fue el ajuste realizado por las grandes empresas en sus plazos de pago. Este segmento logró reducirlos en 32,1 días respecto al año anterior, pasando de 101,5 días a finales de 2024 a 69,4 días al cierre de 2025. El comportamiento de las grandes compañías contrasta con la estabilidad observada en las pymes y resultó determinante para que el promedio nacional descendiera por primera vez de forma sostenida por debajo de los 81 días. En estas empresas de mayor tamaño, el 80,1% de los cobros se produce dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, lo que explica que concentren el menor volumen de retrasos prolongados de todos los segmentos analizados. El informe también refleja importantes diferencias territoriales. Ocho comunidades autónomas lograron reducir su PMP durante el último año, destacando especialmente La Rioja y Illes Balears, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. En el lado contrario, Extremadura registró el peor comportamiento, al aumentar sus plazos de pago en 5,3 días. Por regiones, la Comunidad de Madrid presenta el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Región de Murcia, con 89,1 días, y Galicia, con 88,7. En contraste, Aragón y Baleares destacan como las comunidades más ágiles en los pagos, con 68,7 y 69 días, respectivamente. En cuanto al comportamiento de los pagos, el porcentaje de facturas abonadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% del año anterior. No obstante, el peso de los cobros realizados con retrasos superiores a 90 y 120 días sí logró moderarse ligeramente. Por último, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia descendente que mantenía desde 2023 y repuntó en el cuarto trimestre, pasando de 52,9 a 54,1 puntos.

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(La Vanguardia, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde considera poco útil la adopción de las stablecoin para la estabilidad del euro

Christine Lagarde considera que impulsar stablecoins vinculadas al euro es una estrategia "mucho menos sólida de lo que podría parecer" y sostiene que este tipo de activos digitales no representa una vía eficaz para reforzar el papel internacional de la moneda europea. Así lo expresó este viernes durante su intervención en el Foro del Banco de España sobre Latinoamérica celebrado en Roda de Barà. La presidenta del BCE advirtió además de que estas criptomonedas respaldadas por monedas tradicionales pueden debilitar la relación entre las entidades financieras y sus clientes. A su juicio, si el objetivo es fortalecer la presencia global del euro, la prioridad debería centrarse en avanzar hacia mercados de capitales más integrados, fomentar la unión del ahorro y la inversión y, a largo plazo, crear un activo seguro europeo, por ejemplo mediante emisiones conjuntas de deuda. Durante su discurso, Lagarde repasó el origen y funcionamiento de las stablecoins, unas criptodivisas concebidas inicialmente para reducir la volatilidad característica del mercado cripto. Para ello, sus emisores vincularon cada token a monedas tradicionales y los respaldaron con efectivo y deuda pública a corto plazo. El crecimiento de este mercado ha sido muy rápido. Hace apenas seis años las stablecoins movían menos de 10.000 millones de dólares y actualmente superan los 300.000 millones. La gran mayoría están denominadas en dólares y cerca del 90% del mercado está controlado por dos grandes emisores: Tether y Circle, con sede en El Salvador y Estados Unidos, respectivamente. Lagarde reconoció que el auge de estas monedas digitales en Estados Unidos contribuye a reforzar la hegemonía internacional del dólar. De hecho, recordó que la Administración estadounidense presenta abiertamente las stablecoins como una herramienta para consolidar el dominio global de la divisa norteamericana y reforzar la demanda de bonos del Tesoro. La dirigente del BCE señaló que el debate ya no gira en torno a si las stablecoins deben existir o no, sino sobre si las distintas jurisdicciones pueden permitirse quedarse al margen de esta evolución tecnológica. No obstante, considera que estos activos entrañan riesgos importantes al mezclar funciones monetarias y tecnológicas. A corto plazo, Lagarde admitió que unas stablecoins vinculadas al euro podrían generar una mayor demanda internacional de activos seguros europeos. Si esa demanda creciera gracias a compradores extranjeros y las reservas se dirigieran hacia deuda europea, los costes de financiación podrían reducirse y el euro ganar presencia internacional mediante nuevos canales digitales. Sin embargo, advirtió de dos grandes riesgos. El primero afecta a la estabilidad financiera. Las stablecoins son pasivos privados cuya estabilidad depende de la confianza en los activos que las respaldan. Mientras esa confianza se mantiene, el sistema funciona, pero si se deteriora pueden producirse retiradas masivas y repentinas. Como ejemplo, recordó las tensiones financieras asociadas a la caída de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. El segundo riesgo tiene relación con la política monetaria. Según explicó, una expansión significativa de las stablecoins podría debilitar los mecanismos mediante los cuales el BCE transmite sus decisiones sobre los tipos de interés a la economía real. Si los depósitos abandonan los bancos tradicionales para desplazarse hacia stablecoins privadas, las entidades financieras tendrían menos capacidad para conceder crédito y el impacto de las decisiones monetarias sobre empresas y familias sería menor. Por ello, Lagarde insistió en que Europa debe centrarse primero en construir unas bases financieras más sólidas mediante mercados de capitales más profundos e integrados. En su opinión, las stablecoins en euros no pueden sustituir ese proceso y, además, podrían aumentar algunas de las vulnerabilidades que las autoridades europeas intentan corregir. Pese a sus críticas, la presidenta del BCE sí valoró positivamente la utilidad tecnológica de las stablecoins como forma de "efectivo digital" adaptado al entorno blockchain, capaz de facilitar pagos y liquidaciones de manera rápida y eficiente. Sin embargo, limitó ese potencial al ámbito puramente tecnológico.

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(Cinco Días, 08-5-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El mercado energético, en un punto crítico después de más de dos meses de caída de las reservas de petróleo

Cada jornada en la que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado -impidiendo el tránsito de cerca del 20% del petróleo y derivados que consume el planeta- acerca más a la economía mundial a un escenario de desabastecimiento energético y posible recesión. El acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos anunciado este miércoles por Donald Trump provocó una caída cercana al 10% en el precio del petróleo, aunque ese descenso apenas refleja la enorme tensión acumulada en los mercados energéticos. Con el conflicto entrando ya en su tercer mes, las opciones para evitar una espiral de escasez y nuevas subidas de precios comienzan a agotarse. Mientras el petróleo del golfo Pérsico sigue sin llegar a los mercados internacionales, las reservas estratégicas globales disminuyen y las cadenas logísticas muestran signos crecientes de debilidad. Los analistas advierten de que, si no se alcanza pronto un acuerdo entre Washington y Teherán que permita reabrir Ormuz, el siguiente paso podría ser el racionamiento energético. El estrecho es considerado una infraestructura esencial sin la cual la economía mundial apenas puede sostenerse. Hasta ahora no ha sido posible compensar los aproximadamente 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados que normalmente atraviesan este corredor marítimo. Arabia Saudí ha logrado mantener cerca del 80% de sus exportaciones gracias al oleoducto Petroline, que conecta el golfo Pérsico con el mar Rojo atravesando la península arábiga. Emiratos Árabes Unidos también ha conseguido redirigir parte de su producción fuera del golfo, pero siguen prácticamente paralizadas las exportaciones de Irak, Kuwait y Qatar, tanto de petróleo como de gasolina, combustible aéreo, fertilizantes o gas natural licuado. La Agencia Internacional de la Energía considera que este episodio constituye el mayor shock petrolero de la historia. Según Barclays, el mercado mundial continúa registrando un déficit diario de entre 12 y 13 millones de barriles. Para cubrir esa falta de suministro solo existen dos alternativas: reducir drásticamente el consumo mundial de petróleo -con el consiguiente impacto económico- o recurrir a las reservas disponibles. La liberación extraordinaria de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía ha ayudado a contener parcialmente la crisis, aunque resulta insuficiente para compensar el volumen perdido. Manuel Maleki, economista especializado en materias primas de Edmond de Rothschild AM, explica que las reservas estratégicas sirven para amortiguar impactos temporales, estabilizar las expectativas y ganar tiempo, pero no pueden sustituir permanentemente las rutas marítimas ni la infraestructura que sostiene el comercio energético mundial. Hasta el momento, el mercado ha resistido gracias tanto a las reservas estratégicas liberadas por los gobiernos como a las existencias comerciales acumuladas por operadores privados. Sin embargo, ninguna de estas reservas es ilimitada. Además, están distribuidas de manera desigual entre regiones y tipos de crudo o derivados, y cuentan con niveles mínimos de seguridad que no pueden agotarse completamente. Barclays calcula que, si el cierre de Ormuz se prolonga, las reservas podrían alcanzar niveles críticos a finales de mayo. El banco británico advierte de que las próximas semanas representan el margen de maniobra restante antes de que la destrucción de demanda -es decir, una reducción forzada del consumo por el deterioro económico- se haga claramente visible. Según sus estimaciones, retrasar la reapertura del estrecho hasta finales de mayo elevaría el precio del barril Brent desde los 110 dólares previstos para el segundo trimestre hasta los 130 dólares, encareciendo además el promedio anual hasta los 111 dólares por barril. Goldman Sachs también advirtió recientemente de que la pérdida diaria de reservas, estimada entre 11 y 12 millones de barriles, no puede mantenerse durante mucho tiempo sin consecuencias graves. La entidad considera que, si la crisis de suministro persiste, será inevitable reducir aún más la demanda energética. En una línea similar, Jeff Currie, experto en materias primas de Carlyle señaló en declaraciones a Bloomberg que las reservas petroleras europeas podrían agotarse en algún momento de este mes. En Estados Unidos, el país con mayores reservas del mundo, la situación podría alcanzar un punto crítico alrededor del 4 de julio, coincidiendo simbólicamente con el Día de la Independencia. Mientras tanto, el precio de la gasolina en EE UU ya supera los 4,50 dólares por galón por primera vez desde 2022, un factor con fuerte impacto político para Trump en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre. En este contexto, numerosos países podrían verse obligados a aplicar medidas de racionamiento energético, una realidad que ya afecta duramente a varias economías asiáticas altamente dependientes del petróleo procedente de Oriente Próximo. UBS advierte de que cuanto más se prolongue el conflicto, menor será el colchón de reservas y mayor tendrá que ser la reducción del consumo para equilibrar el mercado. Barclays ilustra la situación comparándola con un hogar que pierde sus ingresos y comienza a vivir de sus ahorros: al principio la situación parece manejable, pero con el paso de los meses los recortes se vuelven inevitables. Según el banco, la economía mundial se encontraría actualmente en una fase intermedia de ese proceso: las reservas aún existen y las facturas siguen pagándose, pero el margen se reduce rápidamente sin que aparezca una solución definitiva. La reapertura del estrecho de Ormuz se considera urgente, aunque incluso un eventual acuerdo de paz no resolvería inmediatamente la crisis. El daño causado sobre el suministro energético y el elevado coste de la energía seguirían presentes durante bastante tiempo. Jeff Currie señala que, aun si el conflicto terminara hoy, harían falta más de tres meses para que el flujo de petróleo comenzara a normalizarse y pudiera evaluarse el alcance real de los daños. Además, será necesario reorganizar el tráfico marítimo de cerca de mil buques retenidos en la zona, reparar infraestructuras petroleras dañadas y reactivar instalaciones que han detenido su producción. Algunos complejos energéticos, como la planta catarí de gas natural de Ras Laffan -la mayor del mundo-, podrían tardar meses o incluso años en recuperar plenamente su actividad.

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