El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado la ley de atención a la clientela, una norma destinada a poner fin a prácticas como las llamadas comerciales no solicitadas o spam, las renovaciones contractuales sin consentimiento expreso y la proliferación de reseñas falsas en internet. La ley, que entrará en vigor este domingo, fue aprobada el pasado 11 de diciembre en el último pleno del Congreso del año, tras un largo recorrido iniciado en 2011 que se ha prolongado durante más de una década.
Con la entrada en vigor de esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales mediante un código numérico específico. A su vez, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear aquellas comunicaciones que no cumplan con estos requisitos. La Administración Pública será la encargada de supervisar y validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de llamadas.
La norma también establece garantías en la atención al cliente, fijando que el 95% de las llamadas deberán ser atendidas en un tiempo medio inferior a tres minutos. Además, se prohíbe que la atención se preste exclusivamente a través de contestadores automáticos o sistemas de inteligencia artificial, ya que siempre deberá existir la posibilidad de hablar con una persona. Las reclamaciones deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días y se pretende eliminar, asimismo, la aplicación de gastos de gestión ocultos.
Otro de los aspectos más destacados -y polémicos- de la ley es la obligación, para las empresas con más de 250 trabajadores o una facturación superior a 50 millones de euros, de ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales de aquellas comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego tengan ese estatus. Este punto fue especialmente criticado por el Partido Popular durante la tramitación de la norma, según recoge la agencia Efe.
La ley ha generado también el rechazo de la patronal DigitalES, que agrupa a las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales en España. Esta organización considera que la normativa no logrará erradicar las llamadas comerciales no deseadas, ya que deja fuera de la obligación de identificación y control a las comercializadoras de electricidad, gas o telefonía que tengan una cuota de mercado inferior al 5%.
Asimismo, la patronal ha alertado del riesgo de que se bloqueen llamadas comerciales que sí están permitidas por la ley, debido a que los sistemas de control se basarán en criterios técnicos que, en su opinión, no permitirán distinguir con precisión si una llamada tiene carácter comercial o de otro tipo, ni si cuenta o no con el consentimiento previo del consumidor.
Todo comenzó con una profunda desconfianza. La que compartían los hermanos Hunt -Lamar (impulsor del nombre Super Bowl, el gran campeonato de fútbol americano), Nelson y Herbert-, herederos de una enorme fortuna petrolera, fue inculcada por el patriarca familiar, receloso tanto del dinero fiduciario como del Gobierno de Estados Unidos. Su principio era claro: invertir únicamente en bienes tangibles, como el petróleo, los bienes inmuebles o los metales preciosos. Y siguieron esa máxima al pie de la letra.
Nelson Hunt, conocido como Bunker, el miembro más corpulento del clan, vio cómo su fortuna se reducía drásticamente tras la expropiación de sus yacimientos en Libia por el régimen de Muamar el Gadafi en 1969. A partir de entonces, canalizó su escepticismo hacia una apuesta masiva por un solo activo: la plata. Con el objetivo de proteger su patrimonio, él y su familia acumularon entre 1973 y 1979 cerca de 200 millones de onzas del metal, aproximadamente un tercio de la producción mundial de aquel momento. Esta estrategia disparó el precio de la plata hasta un récord histórico de 50 dólares la onza a comienzos de 1980.
Sin embargo, el mercado se desplomó con la misma rapidez con la que había subido. En pocos meses, la cotización cayó hasta alrededor de 10 dólares por onza, lo que llevó a los Hunt a la quiebra. Ese máximo no volvió a superarse hasta 45 años después. En la actualidad, la plata ha rebasado los 74 dólares por onza, acumulando una revalorización superior al 150% en menos de doce meses.
Este repunte inicial se explica, en parte, por el fuerte encarecimiento del oro, que en diciembre superó repetidamente niveles cercanos a los 4.400 dólares la onza, lo que ha convertido a la plata en una alternativa más asequible. No obstante, la demanda fundamental de ambos metales responde a una misma inquietud: la pérdida de poder adquisitivo del dinero en efectivo, el debilitamiento del dólar y una inflación persistente. A ello se suma la preocupación por el crecimiento de los déficits públicos, que ha generado tensiones en los mercados de deuda soberana.
Ante este escenario, los bancos centrales han intensificado la compra de oro y plata con el fin de diversificar sus reservas y reducir su exposición a activos denominados en dólares. Este contexto se ve reforzado por la elevada demanda procedente de China, donde el deterioro del mercado inmobiliario ha redirigido grandes volúmenes de capital hacia activos físicos considerados seguros, como los metales preciosos.
Paralelamente, existe una demanda estructural procedente del sector industrial, que absorbe más de la mitad del consumo mundial de plata. "El uso tecnológico y la transición energética, especialmente en el ámbito de la energía solar, sostienen una demanda sólida", explica Soni Kumari, analista del grupo bancario ANZ. En la misma línea, Olen Hansen, responsable de estrategia de materias primas en Saxo Bank, señala que "tras años oscilando entre su papel como metal monetario y como insumo industrial, la plata ha resuelto en 2025 esa dualidad, desempeñando ambas funciones a la vez".
El problema es que la oferta no alcanza para cubrir todas estas necesidades. El mercado de la plata acumulará en 2025 su quinto año consecutivo de déficit, una situación que, según los expertos, se prolongará también en 2026. La producción es rígida y no puede incrementarse con rapidez, ya que la mayor parte de la plata se obtiene como subproducto de la extracción de otros metales.
De hecho, entre el 70% y el 80% de la plata mundial procede de minas de plomo, zinc, cobre u oro. Además, la producción minera de plata ha caído alrededor de un 3% este año debido al escaso desarrollo de nuevos proyectos. A este escenario se suma la reciente consideración de la plata como mineral crítico por parte de Estados Unidos, lo que ha contribuido a presionar aún más los precios al alza.
"Se ha intensificado el traslado de plata hacia Estados Unidos ante la expectativa de que se impongan aranceles el próximo año", señala Hansen. La incertidumbre en torno a posibles impuestos aduaneros ha provocado un importante flujo de metal desde Londres -principal centro de negociación- hacia territorio estadounidense, reduciendo de forma inédita las reservas almacenadas en la capital británica, explica Ewa Manthey, analista de materias primas en ING.
Esta distorsión se refleja en el mercado de futuros: durante gran parte del año, los contratos negociados en la bolsa Comex de Nueva York han cotizado a precios superiores a los de Londres. Como consecuencia, las existencias físicas en las bóvedas londinenses han disminuido notablemente. "Esto ha generado tensiones en otras regiones; por ejemplo, las reservas asociadas a la Bolsa de Futuros de Shanghái han caído a su nivel más bajo en casi diez años, y parte del metal se ha enviado a Londres para aliviar la presión", añade Manthey.
En este contexto de escasez física y déficits persistentes, la demanda de inversión ha tenido un impacto significativo. Al tratarse de un activo especulativo, muchos inversores no quieren quedarse al margen del movimiento. Prueba de ello es que los fondos cotizados respaldados por plata han registrado las mayores entradas de capital en los últimos tres años. "Una parte de esta demanda responde a una estrategia de 'yo también', similar a la observada en el oro", apunta Neal Brewster, analista de Elementary Economics, quien destaca que la mayoría de estos inversores son minoristas. "Por ahora, los grandes inversores institucionales siguen priorizando el oro como principal activo", añade Hansen.
Esta combinación de factores, junto con un volumen de negociación en la plata entre ocho y diez veces inferior al del oro, seguirá generando episodios de elevada volatilidad. Así, pequeños movimientos en el precio del oro pueden provocar oscilaciones mucho más intensas en la plata. "No en vano se la conoce como el 'oro con esteroides', ya que su volatilidad porcentual suele ser mucho mayor", señala Manthey. "Eso la hace más sensible al ciclo económico: puede superar ampliamente al oro en fases alcistas, pero también sufrir caídas más pronunciadas en escenarios de recesión".
De cara a 2026, las perspectivas apuntan a que los precios se mantendrán elevados, especialmente si la Reserva Federal continúa reduciendo los tipos de interés. "Una política monetaria más laxa reduce el coste de mantener posiciones en oro y plata y suele debilitar el dólar. Cuando la divisa pierde valor, aumenta la demanda de inversión en estos metales", concluye Kumari, de ANZ.
La Comisión Europea ha advertido de que podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por mantener un sistema que dificulta en extremo que los ciudadanos obtengan del Estado una compensación económica cuando este vulnera el Derecho de la Unión Europea. Bruselas ya acudió a la justicia europea en 2019 por esta misma cuestión y, de hecho, el TJUE dictaminó el 28 de junio de 2022 que la normativa española impone obstáculos excesivos a los particulares que reclaman una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada del incumplimiento del derecho comunitario, hasta el punto de hacer prácticamente inviable el cobro de dicha compensación.
Pese a que han transcurrido ya más de tres años desde esa resolución, el Ejecutivo español aún no ha adaptado la legislación nacional a lo ordenado por el tribunal europeo. Ante esta situación, la Comisión Europea comunicó el pasado 11 de diciembre que ha remitido una carta formal a España instándole a cumplir la sentencia y otorgándole un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, Bruselas advierte de que podría volver a elevar el asunto ante el TJUE.
La Comisión recuerda que, si el tribunal concluye que España ha incumplido su fallo, podría imponer sanciones económicas, ya sea mediante una cantidad a tanto alzado o a través de multas coercitivas. Cabe señalar que el Consejo de Ministros envió en octubre al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia europea. No obstante, el texto conserva disposiciones que, según el informe emitido en 2023 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre un borrador anterior -que decayó tras las elecciones de julio de ese año-, vulneran lo establecido por el TJUE.
En concreto, la propuesta legislativa mantiene la obligación de que los ciudadanos acudan previamente a los tribunales para poder aspirar a una indemnización por responsabilidad patrimonial. Así, si una persona considera que una ley le ha causado un perjuicio y que esta es contraria al Derecho de la UE, debe haber presentado una reclamación judicial o administrativa alegando expresamente esa infracción antes de que el TJUE dicte sentencia sobre la norma en cuestión, como requisito para poder beneficiarse posteriormente del fallo y obtener una compensación.
El propio tribunal europeo señaló en su día que exigir a los particulares que invoquen desde el inicio la vulneración del Derecho de la Unión para poder reclamar una indemnización puede constituir una carga procesal desproporcionada y contraria al principio de efectividad del derecho comunitario.
Pese a esta advertencia, el nuevo proyecto de ley conserva dicha exigencia, de modo que quienes no hayan recurrido previamente o no hayan alegado desde el principio la infracción del derecho europeo quedarían excluidos de cualquier indemnización.
La iniciativa legislativa también introduce modificaciones en relación con la cuantía de las compensaciones. El TJUE había reprochado a España que limitara los efectos indemnizatorios a los daños sufridos en los cinco años anteriores a la sentencia favorable. Aunque el nuevo texto elimina ese límite temporal, establece que la indemnización no podrá superar el importe reclamado originalmente por el ciudadano en su recurso administrativo o judicial.
Por ahora, el proyecto de ley continúa en tramitación parlamentaria y se encuentra en fase de presentación de enmiendas en el Congreso, un plazo que ya ha sido ampliado en siete ocasiones.
Aunque ha sido la última institución en hacerlo público y el calendario está ya muy avanzado, la revisión al alza de las previsiones del Banco de España no ha sorprendido a nadie. El tono optimista que en las últimas semanas han mostrado numerosos organismos, tanto nacionales como internacionales, sobre la evolución de la economía española hacía prever este ajuste. Las nuevas estimaciones se sitúan, además, en línea con el consenso: el supervisor calcula que el PIB crecerá un 2,9% en 2025, exactamente la misma tasa que prevé el Gobierno y tres décimas más que en su proyección anterior, publicada en septiembre.
La mejora no se limita al próximo año. El mayor dinamismo de la actividad genera un efecto de arrastre que se traslada a los ejercicios posteriores. Así, el Banco de España eleva su previsión de crecimiento para 2026 hasta el 2,2%, cuatro décimas por encima de lo estimado hace tres meses, y sitúa la de 2027 en el 1,9%, dos décimas más. De cumplirse este escenario central, la economía española lograría en 2027 reducir de forma sostenida la tasa de paro por debajo del 10%, un umbral que no se ha superado de manera estable desde 2008.
En su informe, de 61 páginas, la institución que preside José Luis Escrivá atribuye esta revisión a varios factores. Por un lado, los sólidos avances del PIB en el segundo trimestre, con un crecimiento del 0,7%, y en el tercero, del 0,6%, permiten anticipar con mayor claridad el cierre del ejercicio y despejar parte de las dudas que pesaban sobre la actividad, especialmente en el ámbito comercial. A ello se suma la revisión al alza del crecimiento de 2024 realizada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 19 de septiembre, que elevó la cifra en tres décimas y mejora automáticamente el punto de partida de las nuevas proyecciones.
Por otro lado, el Banco de España destaca la solidez de la demanda interna, impulsada por un consumo privado que "ha superado las expectativas", en particular en bienes duraderos como muebles, vehículos, electrodomésticos o maquinaria. También otorga una valoración más positiva al sector exterior, apoyada en el fuerte empuje de las exportaciones de servicios no turísticos, entre los que figuran actividades como las financieras, la construcción, el comercio, las telecomunicaciones, la informática o el transporte.
A la espera de los datos del PIB del cuarto trimestre, los indicadores más recientes no apuntan a una pérdida de impulso. El informe señala que la economía española mantendría un crecimiento sólido, con una tasa trimestral estimada entre el 0,6% y el 0,7%, un ritmo que prácticamente duplicaría el de la media de la zona euro.
Durante el horizonte de previsión del Banco de España, que abarca algo más de dos años, el principal motor del crecimiento será el consumo privado. Este avance estará respaldado por la llegada de inmigrantes y por el aumento de la renta disponible de los hogares, sustentado en la creación de empleo y en las subidas salariales.
No obstante, esta fortaleza irá moderándose de forma gradual, lo que también se reflejará en una desaceleración progresiva del conjunto de la economía, aunque España seguirá creciendo por encima de sus principales socios. Según el organismo, el escenario central contempla una convergencia paulatina hacia tasas más cercanas al crecimiento potencial, que se sitúa en torno al 2%. La tasa de ahorro, actualmente en niveles elevados, tenderá a reducirse en los próximos años, si bien permanecerá por encima de su media histórica.
La inversión será el otro gran pilar del crecimiento, junto al consumo privado. Este componente se verá impulsado por la ejecución de los fondos europeos -vigentes hasta 2026-, por unos tipos de interés que facilitan la financiación de familias y empresas, y por el buen tono del sector de la construcción.
En contraste, el consumo público se mantendrá prácticamente estable, mientras que la aportación de la demanda exterior será negativa en 2025 y 2026, pasando a ser ligeramente positiva en 2027. El Banco de España advierte de una desaceleración gradual tanto en la llegada de turistas internacionales como en las exportaciones de servicios no turísticos, tras el fuerte repunte observado desde la pandemia, a medida que estas partidas normalicen su crecimiento.
En cuanto a las exportaciones de bienes, se prevé un comportamiento débil en 2025, con una recuperación posterior. Este avance se verá limitado por los malos resultados del sector del automóvil y del gas en sus ventas a la zona euro, un lastre que solo se compensará parcialmente con la mejora del sector farmacéutico.
Elevar la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas desde el 6,58% aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta el 7%, como solicitaban Iberdrola, Endesa y EDP, supondría un sobrecoste de unos 900 millones de euros para los consumidores entre 2026 y 2031.
Así lo señalaron fuentes del regulador, que el pasado lunes dio luz verde a las nuevas circulares que fijan los peajes de las redes para el próximo sexenio. La definición de estos peajes ha sido uno de los principales focos de conflicto en el sector eléctrico durante los últimos meses, ya que las compañías han insistido en reclamar incrementos superiores a los planteados por la CNMC.
Desde el organismo regulador defienden con firmeza la solidez jurídica y el rigor técnico de las circulares aprobadas, subrayando su fortaleza legal. En el sector, sin embargo, se da por descontado que el asunto acabará en los tribunales, mientras las eléctricas analizan aún la vía judicial más adecuada para impugnar la decisión.
Las circulares ya han sido enviadas al Boletín Oficial del Estado (BOE), que deberá publicarlas en los próximos días, antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se prorrogaría de forma automática el esquema retributivo vigente en los seis años anteriores, sin posibilidad de introducir modificaciones.
De acuerdo con la CNMC, el proceso de elaboración de la propuesta de peajes ha sido "abierto y garantista", e incluyó siete consultas públicas, cinco periodos de audiencia y numerosas reuniones con los distintos agentes del sector.
A lo largo del procedimiento se produjeron diversas tensiones, entre ellas las referencias difundidas por las eléctricas sobre una supuesta oposición del Consejo de Estado. El regulador minimiza ese extremo y sostiene que el texto final incorporó algunos de los aspectos señalados por dicho órgano consultivo.
Finalmente, la CNMC ratificó una TRF del 6,58% para los próximos seis años, un periodo de aplicación más largo que el de la mayoría de los países de la Unión Europea. A juicio del organismo, este horizonte temporal proporciona estabilidad regulatoria, favorece la planificación de inversiones y reduce la incertidumbre.
Desde hace meses, las empresas eléctricas venían defendiendo una tasa de retribución superior al 7%, alertando incluso de que España podría perder atractivo frente a otros mercados cercanos, como Portugal, si no se elevaba la rentabilidad de las redes.
En materia de inflación, el análisis del Banco de España es claro: a corto plazo será algo más elevada de lo previsto inicialmente y, a más largo plazo, se moderará, sin que ello suponga una desviación significativa del objetivo. En todo caso, los precios se moverán muy cerca del 2% que persigue el Banco Central Europeo. En cifras concretas, la institución revisa al alza la inflación de 2025 hasta el 2,7%, dos décimas más que en su estimación anterior, un ajuste lógico teniendo en cuenta que solo resta por conocerse el dato de diciembre. También eleva la previsión para 2026, que pasa al 2,1%, cuatro décimas por encima de la anterior, ya muy próxima al nivel considerado óptimo. En cambio, para 2027 reduce su estimación en cinco décimas, situándola en el 1,9%, como consecuencia de la expectativa de menores precios energéticos derivada del aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de derechos de emisión.
Este escenario implicaría una reducción progresiva del diferencial de inflación con la zona euro, que actualmente supera el punto porcentual, en parte debido al mayor peso que tiene en España la inflación de los servicios.
Como ocurre con cualquier previsión, existen riesgos que podrían alterar este escenario. El Banco de España advierte de una posible evolución menos favorable de la demanda externa, en especial de las exportaciones de servicios no turísticos, así como de la incertidumbre en torno al crecimiento de los salarios pactados en los convenios colectivos. Este último factor podría derivar en un escenario alternativo caracterizado por una pérdida de competitividad, mayores presiones inflacionistas y un menor crecimiento económico.
Estas tensiones podrían intensificarse tras la reciente subida salarial de los empleados públicos aprobada por el Gobierno. Según el informe, los acuerdos que se negocien para 2026 y 2027 podrían incluir incrementos salariales superiores a los ya recogidos en los convenios vigentes, especialmente en un contexto en el que las subidas de sueldos en el sector público -con un impacto relevante en 2027- podrían trasladarse parcialmente al ámbito privado. Además, este compromiso tendrá efectos sobre las cuentas públicas, elevando el déficit en 2027 del 2,1% al 2,5% del PIB debido al aumento del gasto.
El organismo tampoco descarta escenarios mixtos, en los que ciertos factores impulsen el crecimiento pero presionen al alza los precios. Este sería el caso de un repunte más intenso de la construcción de vivienda para atender la actual escasez. Una respuesta más fuerte de la oferta inmobiliaria al dinamismo de la demanda podría traducirse, según el Banco de España, en un mayor crecimiento económico, pero también en un aumento de la inflación.
En relación con el mercado de la vivienda, el informe no aprecia señales claras de un fuerte incremento de la actividad constructora a partir de los visados concedidos. De hecho, la reciente desaceleración del indicador de ejecución de obra apunta a una moderación de la inversión residencial en el cuarto trimestre. No obstante, el banco central señala que la afiliación en el sector de la construcción sugiere que se mantiene un cierto dinamismo, al tiempo que se observa un aumento en el consumo de cemento.
En cuanto a los precios de la vivienda, que crecieron un 12,8% interanual en el tercer trimestre, el informe subraya que siguen avanzando a tasas elevadas en un contexto marcado por una oferta rígida frente a una demanda muy sólida.
Respecto a los riesgos externos, vinculados a la inestabilidad geopolítica internacional, el Banco de España considera que han perdido intensidad en los últimos meses. A su juicio, los recientes acuerdos comerciales han reducido la probabilidad de los escenarios más adversos asociados a una escalada de la guerra comercial. En el contexto de la rivalidad entre grandes potencias, el organismo destaca el contraste entre una inflación muy contenida en China, por debajo del 1%, y tasas cercanas al 3% en Estados Unidos y al 2% en la zona euro. Esta divergencia supone, según señaló David López Salido, director general de Economía del Banco de España, una ganancia significativa de competitividad para China. Además, apuntó que existen indicios de que parte de las exportaciones chinas que antes se dirigían a Estados Unidos están siendo redirigidas hacia España.
Con la amenaza de una guerra arancelaria global más contenida, la atención se desplaza ahora hacia los mercados financieros y, en particular, al riesgo de un sobrecalentamiento de las bolsas vinculado al auge de la inteligencia artificial. Sin utilizar el término "burbuja", el informe advierte de que los recientes episodios de volatilidad financiera, especialmente en el sector tecnológico, ponen de relieve el peligro de una corrección brusca en la valoración de los activos de mayor riesgo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que contempla la ampliación de las ayudas al transporte público y la puesta en marcha de un nuevo abono mensual único de 60 euros, una medida que el presidente del Gobierno ya adelantó en su balance anual. El anuncio oficial lo ha realizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en su primera comparecencia como portavoz del Ejecutivo, mientras que los detalles han sido posteriormente explicados por el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Este nuevo título de transporte permitirá desplazarse por 60 euros al mes -30 euros en el caso de los menores de 26 años- en todos los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en las líneas estatales de autobús de largo recorrido. El abono comenzará a aplicarse el próximo 19 de enero y coexistirá con los títulos actuales, sin sustituirlos. De este modo, seguirá vigente el abono mensual de 20 euros para Cercanías en todo el país, así como los distintos bonos autonómicos y los abonos de Media Distancia ya existentes.
El abono único será válido exclusivamente para Cercanías, Media Distancia y autobuses de competencia estatal, quedando fuera otros sistemas como metro, tranvía o autobuses urbanos. Para incorporar estos servicios sería necesaria la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos, que ostentan las competencias en ese ámbito.
Óscar Puente ha reconocido que no ha sido posible integrar estos otros medios de transporte en el nuevo abono, debido tanto a dificultades técnicas como a razones políticas. El ministro ha señalado, además, que la respuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ha sido desigual, aunque algunas de ellas sí han mostrado interés en sumarse a la iniciativa.
Las ayudas al transporte se prorrogan durante todo 2026. En el caso de los autobuses estatales, se mantiene la gratuidad para menores de hasta 14 años, un descuento del 40% en el bono de diez viajes y una rebaja del 50% en el abono mensual, que alcanza el 70% para jóvenes de hasta 26 años. En los transportes de competencia autonómica y municipal, el Estado seguirá financiando la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes y una bonificación general del 20% en el resto de los títulos.
A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el Gobierno asumirá esta ayuda estatal aunque la administración correspondiente no aporte un 20% adicional. Según Puente, todavía no se dispone de información sobre si las comunidades autónomas optarán por complementar esta financiación.
También se mantienen las ayudas específicas para determinados territorios. En Canarias y Baleares continúa la gratuidad del transporte público terrestre para los viajeros recurrentes, mientras que en Asturias y Cantabria se prorroga la gratuidad de los servicios de Cercanías para estos usuarios habituales.
En el ámbito de Renfe, se prolongan las condiciones actuales: el abono mensual ilimitado de Cercanías seguirá costando 20 euros (10 euros para jóvenes), y los menores de 14 años viajarán gratis. En Media Distancia y en los Avant especiales se mantiene la gratuidad infantil y un descuento del 40% en los abonos mensuales y bonos de diez viajes. En los servicios Avant generales continuará la rebaja del 50% en el bono de diez viajes.
El ministro de Transportes ha anunciado además la creación de nuevos productos, como el abono trimestral "Pase Vía" para los servicios Avant, que aplica descuentos crecientes en función del número de trayectos realizados, y el sistema Cronos en Cercanías, que permite obtener rebajas del 40% a partir del quinto viaje pagando directamente con tarjeta bancaria en el torno. El "Pase Vía" elimina la necesidad de pagar por adelantado, ya que el usuario abona cada billete de forma individual y obtiene descuentos progresivos -de entre el 45% y el 72%- en función del uso real. Asimismo, en los servicios de Media Distancia de ancho métrico se incrementan los descuentos en los billetes de ida y vuelta, que pasan del 7% al 20%, equiparándose al resto de la red convencional.
El conjunto de estas medidas contará con una dotación presupuestaria de 1.371 millones de euros. El decreto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, lo que exigirá el respaldo de una mayoría parlamentaria. Un apoyo que se antoja cada vez más complejo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la ruptura con Junts y el malestar manifestado por otros socios como ERC o Podemos, en un contexto marcado por recientes escándalos de corrupción y un caso de acoso sexual en el seno del PSOE.
El euro se encamina a cerrar el año como la divisa más destacada del mercado de cambios. La moneda única, utilizada por 20 países, acumula una revalorización del 8,25% en 2025 frente a una cesta de las principales monedas internacionales, entre ellas el dólar, la libra esterlina y el franco suizo. La evolución de los tipos de interés de los principales bancos centrales y la salida de inversores de activos denominados en dólares durante la primera mitad del año han sido factores decisivos para que el euro mantenga su fortaleza durante casi todo el ejercicio. Aunque no se encuentra en los máximos anuales, todo apunta a que seguirá siendo una referencia clave en los próximos meses.
El índice de Bloomberg que mide el comportamiento del euro frente a una cartera ponderada de divisas del G-10 -con un peso predominante del dólar- se sitúa en torno a los 935 puntos. Este nivel permite a la moneda común aventajar en cerca de un 8% al resto de divisas en 2025 y firmar su mejor comportamiento en el mercado de divisas desde 2017.
El inicio de 2025 estuvo marcado por un fuerte recelo hacia los activos vinculados al dólar estadounidense. Parte de esa desconfianza estuvo relacionada con las políticas impulsadas desde la Casa Blanca y la escalada de la guerra comercial promovida por Donald Trump. Este contexto favoreció la salida de capitales de Wall Street, la venta de deuda pública estadounidense y el aumento de las compras de oro, lo que debilitó al dólar y reforzó al euro como activo refugio.
Posteriormente, aunque el conflicto arancelario se moderó gracias al avance de las relaciones bilaterales, los inversores no regresaron de forma inmediata a los activos denominados en dólares. A ello se sumó la reanudación de los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras el Banco Central Europeo mantenía la facilidad de depósito en el 2%. Este acercamiento entre las políticas monetarias de ambos bancos centrales redujo el diferencial de tipos y consolidó la posición dominante del euro. A pocas sesiones de finalizar 2025, el cruce euro-dólar se sitúa en torno a los 1,17 dólares, con una subida acumulada del 13,3% en el año.
El liderazgo del euro no se limita al dólar. La moneda común se aprecia un 5,6% frente a la libra esterlina y supera con claridad al yen japonés, con un cruce cercano a los 184 yenes, lo que supone una ganancia superior al 13% en 2025 y máximos históricos. Solo el franco suizo muestra un mejor comportamiento relativo, aunque con una ventaja mínima de en torno al 1%, apoyado también en su condición de valor refugio.
Las previsiones del consenso de mercado recopiladas por Bloomberg apuntan a que el euro seguirá ganando terreno en el mercado de divisas. Para los próximos meses se espera que continúe apreciándose frente al dólar, y los contratos de futuros anticipan un tipo de cambio próximo a los 1,20 dólares al cierre de 2026, impulsado por el mantenimiento del estrechamiento del diferencial de tipos entre el BCE y la Fed.
Una evolución similar se espera en el cruce con la libra esterlina, según las estimaciones de Bankinter. "El diferencial de tipos seguirá favoreciendo a la libra, con el tipo de referencia británico en el 3,25% frente al 2% de la facilidad de depósito en la zona euro. Sin embargo, la debilidad del sector exterior nos lleva a prever que la libra se mueva en un rango lateral con ligera depreciación frente al euro, entre 0,85 y 0,90, durante 2026 y 2027", señalan los analistas del banco. Por su parte, el yen tendería a apreciarse en los próximos meses, aunque sin recuperar totalmente lo perdido en 2025, mientras que el franco suizo se mantendría estable frente al euro.
No obstante, la fortaleza del euro no siempre juega a favor de los inversores europeos con exposición a activos denominados en otras monedas. Si la moneda única continúa apreciándose frente al dólar, la rentabilidad de invertir en la bolsa estadounidense se verá mermada al convertir los beneficios a euros. Lo mismo sucede con la compra de bonos de Estados Unidos sin cobertura de divisa. Esta situación ya se ha hecho evidente en 2025: gracias al avance del euro frente al dólar desde comienzos de año, un inversor europeo apenas obtiene una rentabilidad real del 2,4% en el S&P 500 si hubiera invertido el 1 de enero y cerrado su posición en la actualidad. En cambio, para un inversor estadounidense, la rentabilidad del índice, sin efecto divisa, supera el 16%.
El precio del oro ha alcanzado un nuevo récord histórico al rebasar los 4.400 dólares por onza, impulsado por el aumento de la incertidumbre geopolítica -con Venezuela como uno de los focos de tensión- y por las expectativas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. Los mercados descuentan que la Reserva Federal recortará el precio del dinero en dos ocasiones a lo largo de 2026, tras los últimos datos macroeconómicos conocidos y ante la presión de Donald Trump para flexibilizar la política monetaria. En paralelo, el cobre, un metal clave para la transición energética, también cotiza en máximos y se aproxima a los 12.000 dólares por tonelada.
El repunte de los metales preciosos se produce en un contexto de creciente inestabilidad internacional. El oro, que avanza hoy alrededor de un 1,5% y supera claramente los 4.400 dólares, y la plata refuerzan su papel como valores refugio después de que Estados Unidos haya endurecido el bloqueo al crudo venezolano y de que Ucrania haya atacado por primera vez un buque petrolero ruso. A ello se suma la intensa demanda de oro por parte de los bancos centrales, que se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y que sigue siendo un factor decisivo en la escalada de precios.
Tanto el oro como la plata se encaminan a registrar sus mayores revalorizaciones anuales desde 1979. En el caso del oro, el alza se explica por el fuerte apetito de los bancos centrales y por la entrada de capital en fondos cotizados (ETF) respaldados por lingotes. Además, las políticas comerciales agresivas impulsadas por Trump y sus advertencias sobre la independencia de la Reserva Federal alimentaron el intenso rally registrado a comienzos de año.
Los inversores también han contribuido de forma significativa al encarecimiento del metal, al reducir su exposición a deuda soberana y a determinadas divisas por el temor a que su valor se vea erosionado por los elevados niveles de endeudamiento. "El movimiento actual está motivado en gran medida por el posicionamiento anticipado ante posibles recortes de tipos por parte de la Fed, amplificado por la baja liquidez propia de finales de año", explicó a Bloomberg Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group.
Tras la corrección registrada desde los máximos de octubre, el oro se ha recuperado con rapidez. Entidades como Goldman Sachs prevén que la tendencia alcista continúe en 2026 y sitúan su escenario central en torno a los 4.900 dólares por onza. Según la firma, los inversores en ETF empiezan a competir directamente con los bancos centrales por un suministro físico limitado. Además, la entrada de nuevos actores -como emisores de stablecoins, entre ellos Tether, y áreas de tesorería de grandes empresas- está ampliando la base de compradores y reforzando la solidez de la demanda.
El platino, por su parte, acumula una subida del 125% en lo que va de año, impulsado por el acopio de este metal en Estados Unidos como protección frente a posibles aranceles y por una demanda firme en China. En cuanto al cobre, el metal rojo marca también un máximo histórico y se aproxima a los 12.000 dólares por tonelada en la recta final de un ejercicio marcado por las tensiones comerciales, una oferta cada vez más ajustada y unas perspectivas muy favorables de demanda a largo plazo.
Con apenas unos días de negociación restantes en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el cobre acumula una revalorización cercana al 40%, la mayor desde 2009. Su precio se ha visto impulsado en los últimos meses por el temor a recortes en la oferta global, un factor que ha pesado más que la ralentización de la demanda. Este metal es esencial tanto para la transición energética como para la construcción de centros de datos.
La evolución del cobre refleja un creciente estrés en el lado de la oferta. Las complejas negociaciones de los contratos anuales de suministro han desembocado en acuerdos en los que las fundiciones perciben prácticamente cero dólares en concepto de tarifas de procesamiento, el nivel más bajo jamás registrado.
Como consecuencia del desplome de sus márgenes, algunas fundiciones se han visto obligadas a cerrar o a reducir su actividad. Cualquier interrupción adicional podría intensificar aún más la presión sobre el suministro de cobre refinado que se negocia tanto en la LME como en otros mercados de futuros.
El interés de los inversores extranjeros en España comienza a dar signos de debilidad. La inversión foránea bruta cayó un 27,54% interanual en los primeros nueve meses del año, hasta los 18.896 millones de euros, por los más de 26.000 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.
Si se aplica el sistema de cálculo en vigor hasta 2023, la inversión en capital y patrimonio descendió un 16,3% en los nueve primeros meses del año, situándose en 17.147 millones de euros. Por su parte, las inversiones brutas vinculadas a la financiación intragrupo se desplomaron un 68,5% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 1.748 millones. Esta brecha refleja un ajuste especialmente intenso en las inversiones realizadas por multinacionales ya presentes en el mercado español.
En términos netos, el conjunto de la inversión extranjera retrocedió un 17,4% entre enero y septiembre, hasta los 13.837 millones de euros. Este resultado es consecuencia de un incremento del 8% en la inversión en capital y patrimonio, frente a una nueva caída del 68,5% en la financiación intragrupo.
Por procedencia geográfica, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor en España, con más de 6.800 millones de euros desembolsados entre enero y septiembre. A continuación se situaron Francia, Reino Unido, Alemania y México durante el mismo periodo.
En cuanto a los sectores más atractivos para el capital extranjero, las actividades profesionales, científicas y técnicas encabezan el ranking, con más de 3.600 millones de euros captados en los tres primeros trimestres del año. Les siguen la información y las comunicaciones, con alrededor de 3.100 millones, la industria manufacturera -que concentró unos 2.200 millones, en gran medida asociados a financiación intragrupo- y las actividades inmobiliarias, que recibieron cerca de 1.800 millones de euros de inversión internacional.
Atendiendo al perfil del inversor, las sociedades concentraron aproximadamente el 60% del total de los fondos extranjeros destinados a la economía española, con un volumen de 12.169 millones de euros. Esta cifra supera ampliamente la aportación de las instituciones de inversión colectiva, que alcanzaron los 4.169 millones, así como la realizada por personas físicas (2.124 millones) y por fondos públicos y soberanos, que aportaron 404,7 millones.
Pese al menor atractivo general de España para los inversores internacionales, las diferencias territoriales siguen siendo muy marcadas. La Comunidad de Madrid se consolida como el principal polo de atracción, al concentrar 10.258 millones de euros de inversión entre enero y septiembre, lo que representa el 54% del total nacional y casi quintuplica la cifra registrada en Cataluña, que recibió 2.129 millones en el mismo periodo.
A cierta distancia de estas dos comunidades, aunque recortando terreno a Cataluña, se situaron Aragón, con 1.505 millones de euros de inversión extranjera hasta septiembre, y Andalucía, con 1.090 millones. En un escalón inferior aparecen la Comunidad Valenciana (487,29 millones), la Región de Murcia (468,24 millones) y La Rioja, que captó 402,91 millones en los nueve primeros meses del año.
En el extremo contrario se encuentra el Principado de Asturias, que apenas atrajo 46,9 millones de euros de inversión extranjera en el periodo analizado. Le siguen Galicia, con 180,71 millones; Extremadura, con 191,26 millones; Canarias, con 257,65 millones; Baleares, con 264,95 millones; Castilla y León, con 272,87 millones; y el País Vasco, que no alcanzó los 300 millones de euros de inversión foránea entre enero y septiembre.
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