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(Expansión, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

EEUU aplica desde hoy un arancel del 10% pese al anuncio de Trump de subirlo el 15%

Estados Unidos comienza a aplicar desde hoy un arancel general del 10% a las importaciones, a pesar de que el presidente Donald Trump anunció recientemente su intención de elevar esa tasa al 15%, lo que ha generado incertidumbre y desconcierto sobre la dirección de su política comercial. El pasado viernes, tras la decisión del Tribunal Supremo de invalidar gran parte de su programa arancelario, Trump comunicó que impondría de forma inmediata un gravamen fijo del 10% a todos los socios comerciales mediante un marco legal distinto. Poco después, a través de su red Truth Social, aseguró que ese impuesto subiría "con efecto inmediato" hasta el 15%, una medida que consideró plenamente legal. No obstante, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó ayer a los importadores de que, en una primera fase, la tarifa será del 10% y se aplicará a todos los países durante 150 días, salvo aquellos que queden expresamente exentos. De acuerdo con la proclamación presidencial del 20 de febrero de 2026 -que establece un recargo temporal a las importaciones-, desde las 00:01 horas del 24 de febrero (hora de la costa este), cualquier mercancía que entre en Estados Unidos, sin importar su procedencia, deberá pagar un suplemento adicional del 10%, excepto si figura entre las excepciones previstas. Así, queda confirmado que el gravamen global arrancará en el 10%, mientras la Administración trabaja en una orden independiente para elevarlo al 15%, documento que aún debe firmar Trump y cuya fecha de aprobación no se ha concretado. El fallo del Tribunal Supremo, que limita la capacidad del presidente para modificar aranceles sin el visto bueno del Congreso, ha incrementado la confusión en los mercados internacionales. Por el momento, la Unión Europea ha optado por paralizar el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos hasta que exista mayor claridad sobre la estrategia arancelaria de Washington, uno de los ejes centrales del Gobierno de Trump. Otros países, como India, China o el Reino Unido, también están evaluando sus próximos pasos, ya que los acuerdos suscritos con Estados Unidos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional han quedado en entredicho después de que el Supremo determinara que Trump hizo un uso indebido de esa norma.

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(Expansión, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El nuevo arancel global de EEUU beneficia a China o Brasil y perjudica a socios como Europa

En cuestión de horas, la ofensiva comercial iniciada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca ha derivado en el mayor revés de su segundo mandato: el Tribunal Supremo anuló el pasado viernes buena parte de su política arancelaria global, y Washington respondió de inmediato con una nueva escalada, anunciando un arancel universal del 10% que al día siguiente elevó al 15%. En un contexto de gran incertidumbre, los primeros efectos indican, de forma paradójica, que esta nueva estrategia favorece a algunos de los principales competidores comerciales de Estados Unidos -como China o India- mientras perjudica especialmente a aliados tradicionales, entre ellos Europa y, de manera particular, España. La resolución judicial, considerada un golpe directo a la política comercial de Trump, invalidó la mayoría de los llamados aranceles "recíprocos" al concluir que el presidente se extralimitó en sus competencias al aplicarlos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 sin el respaldo del Congreso. Entre las tarifas anuladas figuran las impuestas el 2 de abril de 2025 -denominado Día de la Liberación- y otras especialmente severas contra México, China o Canadá por la cuestión del fentanilo, así como las dirigidas a Brasil tras la condena judicial del expresidente Jair Bolsonaro. No obstante, el fallo no afecta a gravámenes sectoriales específicos, como los del acero o el aluminio. Tras este revés, Trump compareció visiblemente irritado y anunció un nuevo arancel global del 10%, posteriormente aumentado al 15%, amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar tarifas temporales durante 150 días a la espera de la aprobación del Congreso. Este nuevo impuesto se suma a los ya existentes antes de que la Justicia anulara las medidas previas. Curiosamente, esta fórmula reduce la carga arancelaria para algunos países que antes habían sido los más castigados. Brasil ve caer su tipo medio efectivo del 26,33% al 12,77%; China pasa del 36,81% al 29,67%; India del 22,31% al 16,68%; Canadá del 7,93% al 4,66%; y México del 8,1% al 5,2%, según datos de Global Trade Alert. En contraste, los socios tradicionales salen peor parados. El Reino Unido -primer país en firmar un acuerdo comercial con Trump- pasa de un arancel medio del 8,26% al 10,31%. La Unión Europea también sufre un aumento, del 11,74% al 12,52%. Para España, el impacto es aún mayor: el tipo efectivo medio sube 1,31 puntos, del 14,38% al 15,69%. Según el economista Raymond Torres, de Funcas, la clave está en que muchos productos antes exentos o con tarifas reducidas quedan ahora sujetos al nuevo gravamen general del 15%. Aunque España exporta menos a Estados Unidos que otros países europeos, la composición de sus ventas -especialmente en el sector agroalimentario- la hace más vulnerable. Productos que antes no pagaban aranceles porque Estados Unidos no los produce, como ciertos aceites y grasas, podrían verse ahora penalizados. Con todo, el mayor foco de preocupación son los medicamentos y productos farmacéuticos, debido a su peso en las exportaciones españolas. También será determinante aclarar qué bienes quedarán finalmente excluidos del arancel universal, ya que anteriormente existía una amplia lista de productos libres de tarifas. Paralelamente, Trump ha iniciado investigaciones para justificar nuevos aranceles por motivos de seguridad nacional o competencia desleal, un proceso que podría prolongarse durante meses y afectar especialmente a sectores como el automovilístico europeo. Aunque la Administración estadounidense sostiene que el acuerdo comercial con la Unión Europea sigue en vigor, el Parlamento Europeo ha suspendido su ratificación hasta conocer el nuevo escenario. El ministro español Luis Planas advirtió de que la combinación del nuevo arancel con los existentes podría elevar la carga total por encima del 15%, mientras que la patronal de pymes alertó del fuerte impacto de la incertidumbre sobre las pequeñas y medianas empresas. Desde Funcas se considera que el principal beneficiado de esta nueva situación es China, que podría reforzar su comercio con Estados Unidos aprovechando el encarecimiento de los productos europeos, al tiempo que intensifica sus vínculos económicos con Europa en busca de nuevas oportunidades.

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(Expansión, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo congela la ratificación del acuerdo comercial con EEUU

El Parlamento Europeo ha optado por aplazar la ratificación del acuerdo comercial alcanzado el pasado verano con Estados Unidos. La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara (INTA) adoptó esta decisión en una reunión extraordinaria celebrada hoy, motivada por la nueva incertidumbre generada tras el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles generalizados del 15% como respuesta al fallo del Tribunal Supremo que anuló las tarifas aprobadas el año anterior durante el llamado Día de la Liberación. Bernd Lange, presidente de dicha comisión, comunicó que los trabajos del Parlamento Europeo sobre el pacto entre la UE y EE. UU. quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Según explicó, el equipo negociador ha decidido paralizar la aplicación legal del denominado Acuerdo de Turnberry -firmado en esa localidad escocesa por Ursula von der Leyen y Donald Trump- al considerar imprescindible contar con mayor claridad y seguridad jurídica antes de avanzar. El eurodiputado socialdemócrata subrayó que la decisión del Tribunal Supremo ha alterado por completo el marco legal sobre el que se sustentaba el acuerdo, por lo que continuar como si nada hubiera ocurrido no resulta viable. A su juicio, el instrumento jurídico clave que Estados Unidos utilizó para negociar e implementar el pacto ya no está disponible. Lange también advirtió de que las nuevas tarifas se aplican de forma general a todos los países exportadores y se añaden al arancel de Nación Más Favorecida, lo que implicaría que las importaciones europeas a Estados Unidos podrían quedar sujetas a gravámenes superiores al límite del 15% establecido en el acuerdo. Por ello, reclamó a Washington una declaración formal que garantice el respeto a los términos pactados, lamentando que la situación actual es más incierta que nunca y contraria a la estabilidad y previsibilidad que se pretendía con el acuerdo. A pesar de esta pausa, la Unión Europea no descarta seguir adelante con la ratificación para asegurar el marco estable que deberían proporcionar las reglas acordadas. Los eurodiputados se han dado una semana adicional antes de adoptar medidas más drásticas. Durante ese plazo, esperan que Estados Unidos confirme de forma clara su compromiso con el acuerdo firmado el pasado verano y que las condiciones arancelarias para la UE no serán modificadas. De ser así, el Parlamento podría someter el texto a votación en el pleno de marzo. Lange concluyó que la próxima semana volverán a reunirse con la esperanza de contar entonces con mayor certidumbre sobre la evolución de la situación, reiterando que la Eurocámara sigue comprometida con el acuerdo y pide a Estados Unidos que actúe en la misma línea. La Comisión Europea alienta al Parlamento Europeo a que siga adelante con los trabajos para ratificar el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el pasado verano. Así lo ha señalado Maros Sefcovic, comisario de Comercio del Ejecutivo comunitario. El político ha recordado que "un trato es un trato" y que tanto la Unión Europea como Estados Unidos deben cumplir su parte para garantizar la estabilidad de la relación transatlántica. Sefcovic sostiene que entiende las dudas de la Eurocámara ante el caos desatado por los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump tras el fallo del Tribunal Supremo de EEUU que tumbaba los gravámenes impuestos el pasado año. Sin embargo, el comisario asegura que "la reducción de aranceles que hemos acordado en virtud del pacto comercial debería votarse en el pleno de marzo", pues considera que "lo más importante es proporcionar tanta previsibilidad y estabilidad como sea posible" a las empresas y los trabajadores de la Unión Europea.

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(La Razón, 24-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El 40% de los jueces se jubila voluntariamente por las fallas en el sistema judicial

Durante 2025 se retiraron en España un total de 117 jueces, de los cuales aproximadamente el 40% optó por la jubilación voluntaria, según un informe de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) elaborado con datos verificados del Boletín Oficial del Estado (BOE). Del total de salidas, 60 se produjeron por jubilación obligatoria al alcanzar la edad legal, 46 fueron anticipadas o voluntarias y 11 se debieron a incapacidad permanente. Los datos de este año, junto con los de 2024 (42,2%) y 2023 (47,47%), confirman una pauta estable: en torno a cuatro de cada diez jueces que se jubilan lo hacen antes de tiempo por decisión propia. Según denuncia Marien Ortega, portavoz de la asociación, en los últimos tres años 139 jueces y magistrados han adelantado su retiro en un contexto marcado por el envejecimiento de la carrera judicial, la creciente carga de trabajo derivada del aumento de litigios, la falta de respuestas políticas y un clima de cuestionamiento institucional hacia el poder judicial. Las 117 jubilaciones registradas en 2025 suponen 18 más que en 2024 y consolidan una tendencia al alza desde 2022. El estudio subraya además que, de media, se jubila un juez cada cuatro días y que en 2031 podría haberse retirado un tercio de la plantilla judicial. La asociación advierte de que esta situación pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Entre los factores que confluyen destacan el envejecimiento del colectivo, la insuficiencia de jueces en activo, el aumento de las jubilaciones anticipadas por sobrecarga laboral o problemas de salud, la falta de sustituciones y el incremento constante del volumen de trabajo. Según sus estimaciones, para 2031 se habrán jubilado más de 1.700 magistrados de los cerca de 5.500 actualmente en activo, una previsión similar a la recogida en el plan estratégico de recursos humanos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el periodo 2026-2035. La pérdida de un tercio de los jueces en apenas una década tendría, según la AJFV, efectos muy graves sobre el funcionamiento del sistema judicial, agravando problemas ya existentes como el déficit estructural de plazas, la proliferación de órganos reforzados y la dependencia de personal interino. Además, la litigiosidad no deja de crecer: de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2018 se pasó a 145,7 en 2023 y a 160,41 en 2024. Por último, la asociación considera insuficiente la creación de 500 nuevas plazas anunciada recientemente por el Gobierno y el órgano de gobierno de los jueces, ya que apenas compensa las 506 jubilaciones acumuladas desde 2021. Según su portavoz, en los próximos diez años podrían producirse cerca de 1.800 bajas, mientras la carga de trabajo continúa aumentando.

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(Cinco Días, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Trump sube del 10% al 15% los aranceles globales como represalia tras el varapalo del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará del 10% al 15% los aranceles globales que había impuesto el día anterior como respuesta al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de su política comercial. Según explicó el mandatario, tras analizar en profundidad la resolución judicial -que calificó de absurda, mal formulada y perjudicial para su país- decidió incrementar de forma inmediata el gravamen mundial hasta el máximo permitido legalmente, situado en el 15%. El tribunal se pronunció el viernes contra los aranceles que Trump había aprobado inicialmente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que supuso su mayor revés judicial desde su regreso a la Casa Blanca. Pocas horas después del fallo, el presidente criticó duramente tanto a la institución como a los magistrados conservadores que apoyaron la decisión, entre ellos Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, designados por él mismo durante su primer mandato. Aunque la sentencia anuló los aranceles originales dictados bajo esa norma, el Gobierno ha recurrido ahora a otro mecanismo legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite al presidente imponer tarifas de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días. Transcurrido ese plazo, cualquier prórroga requerirá la aprobación del Congreso. Trump reiteró que estas medidas están dirigidas contra países que, a su juicio, han perjudicado a Estados Unidos durante décadas sin recibir respuesta. Además, dispone de cinco meses para definir y anunciar nuevos aranceles dentro de los límites legales, con el objetivo -según sus palabras- de reforzar la posición económica del país.

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(Cinco Días, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas exige a Estados Unidos que cumpla el acuerdo comercial que Trump firmó con la UE

La Comisión Europea ha dejado claro que no aceptará incrementos sobre los aranceles pactados meses atrás con Estados Unidos. Bruselas exigió este domingo a Washington que respete el acuerdo comercial suscrito en el verano de 2025 por el presidente Donald Trump y la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, en virtud del cual la UE aceptó un gravamen del 15% para sus exportaciones mientras reducía tasas a determinados productos estadounidenses. Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló gran parte de la política arancelaria de Trump -y el anuncio posterior de un nuevo arancel general también del 15%-, la Unión Europea intenta evitar una nueva escalada comercial. "Un acuerdo es un acuerdo", subrayó el Ejecutivo comunitario en un comunicado publicado el domingo, un día después de que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuviera una conversación con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick. Aunque Washington aseguró que respetará el pacto, en Bruselas crece el escepticismo sobre que esa promesa se cumpla. La UE reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende aplicar Estados Unidos tras el fallo judicial que llevó a Trump a anunciar un arancel global del 15% para todos los países. Según Bruselas, ese nuevo impuesto se sumaría al arancel estándar conocido como MFN (Nación Más Favorecida), aplicado por los miembros de la Organización Mundial del Comercio cuando no existe un acuerdo bilateral específico. La combinación de ambos gravámenes superaría el 15% fijado en el pacto con Washington y, además, al aplicarse por igual a todos los países, eliminaría la ventaja competitiva que dicho acuerdo otorgaba a la UE. Ese acuerdo -firmado en Escocia en un campo de golf propiedad de Trump- ha sido objeto de fuertes críticas. La Comisión sostiene que fue la mejor alternativa para evitar un arancel del 30% con el que el presidente estadounidense había amenazado inicialmente a Europa. No obstante, muchos consideran que el pacto favorecía claramente a Estados Unidos, ya que la UE rebajó impuestos a productos estadounidenses y se comprometió a comprar energía -como petróleo y gas- por unos 750.000 millones de dólares. Para Bruselas, el acuerdo incluía compromisos políticos -compras energéticas, defensa e inversiones- y otros de carácter legal. Estos últimos, que implican eliminar aranceles a bienes industriales estadounidenses y favorecer importaciones agrícolas, aún deben ser ratificados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La votación estaba prevista para esta semana, pero la nueva incertidumbre ha llevado a algunos a pedir su paralización. El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, anunció que solicitará suspender el proceso de ratificación debido al impacto de la sentencia estadounidense y la confusión generada. Según afirmó, la situación actual está llena de incógnitas y aumenta la incertidumbre tanto para la Unión Europea como para otros socios comerciales de Estados Unidos. También considera que la resolución judicial altera las bases legales del acuerdo firmado el pasado julio en Turnberry (Escocia). La Comisión Europea insiste en la necesidad de estabilidad en un contexto especialmente volátil. Teme verse obligada a renegociar con Washington, pero también que algunos Estados miembros reclamen medidas de represalia. A su juicio, el actual escenario dificulta alcanzar un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se había acordado. El Ejecutivo comunitario recalca además que los productos europeos deben seguir disfrutando de condiciones competitivas sin superar el límite arancelario previamente establecido. Advierte que los aranceles aplicados de forma imprevisible desestabilizan los mercados, erosionan la confianza y generan perturbaciones en las cadenas de suministro globales.

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(Expansión, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El líder de comercio de la Eurocámara propone congelar el pacto comercial con EEUU

El Parlamento Europeo celebrará mañana una reunión extraordinaria en la que el responsable de Comercio planteará aplazar la ratificación del acuerdo comercial hasta contar con mayor seguridad jurídica y política. La aparente calma arancelaria ha llegado a su fin. El clima de máxima incertidumbre en el comercio internacional ha reaparecido tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles aprobados el año pasado por Donald Trump durante el denominado "Día de la Liberación". Como reacción, el presidente estadounidense anunció el viernes un arancel global del 10%, que apenas un día después elevó hasta el 15%. Ante este escenario, los integrantes de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (INTA) se reunirán de urgencia para decidir cómo proceder. Inicialmente debían votar el martes si remitían al pleno de marzo en Estrasburgo la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, pero los acontecimientos han alterado la agenda. El presidente de la comisión, Bernd Lange, adelantó que propondrá suspender los trabajos legislativos hasta disponer de un análisis jurídico completo y de garantías claras por parte de Washington. A su juicio, la situación actual refleja un auténtico desorden en la política comercial estadounidense, con cambios constantes que generan desconcierto y falta de previsibilidad para la Unión Europea y otros socios. Por su parte, la Comisión Europea reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende adoptar Estados Unidos tras el fallo judicial. La institución considera que, en estas condiciones, resulta difícil avanzar hacia un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se planteó en la declaración conjunta firmada en agosto de 2025. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvo el sábado una conversación telefónica con sus homólogos estadounidenses, aunque el contacto no disipó las dudas sobre las consecuencias de la nueva ofensiva arancelaria. El portavoz comercial de la Comisión, Olof Gill, recordó que las empresas a ambos lados del Atlántico dependen de un entorno estable y previsible, y reiteró la defensa europea de aranceles bajos. Sin embargo, Bruselas afronta un problema adicional: los gravámenes más perjudiciales para la economía europea -especialmente los aplicados al automóvil, los productos farmacéuticos, el acero y el aluminio- se basan en disposiciones legales estadounidenses que no han sido cuestionadas por el tribunal. Por tanto, siguen vigentes y el presidente conserva la capacidad de modificarlos a su conveniencia. Esta situación mantiene en alerta a la Comisión, que teme nuevas presiones si la UE reconsidera el acuerdo alcanzado el verano pasado. En aquel momento, el bloque aceptó condiciones desfavorables -aranceles estadounidenses del 15% frente a la eliminación de los europeos- a cambio de ventajas para sectores clave y cierta estabilidad para sus empresas. Además, se comprometió a comprar energía y armamento a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones en el país. Existe, además, un factor geopolítico que dificulta cualquier marcha atrás: la situación en Ucrania. Aunque la ayuda directa de Washington ha disminuido desde el retorno de Trump, el respaldo estadounidense al proceso de paz y su presión sobre Rusia se consideran esenciales para contener a Vladímir Putin. La cuestión es especialmente delicada en un contexto de creciente tensión, marcado por ciberataques y acciones hostiles que la UE interpreta como parte de una guerra híbrida en territorio europeo.

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(El País, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La compra de vivienda superó las 700.000 operaciones en 2025, la cifra más alta desde 2007

Las previsiones más optimistas del sector inmobiliario apuntaban a que 2025 sería un año récord para la compraventa de viviendas, y así ha ocurrido. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año se vendieron 714.237 viviendas, la cifra más alta desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este volumen supera en un 11,5% al de 2024 -casi 74.000 operaciones más- y sitúa a España por encima de las 700.000 transacciones por primera vez en 18 años. El último precedente fue 2007, con 775.300 compraventas, año en que los registros estadísticos arrancan y en el que el boom inmobiliario alcanzó su punto máximo antes de desplomarse. Tras años de subidas continuas de precios -algo que vuelve a suceder ahora, con el metro cuadrado en torno a los 2.230 euros, el nivel más alto registrado-, el mercado acabó entrando entonces en una profunda crisis. En la actualidad, aún está por ver si se repetirá ese desenlace. En la última década, entre 2015 y 2025, las operaciones se han duplicado, impulsadas por una demanda acumulada tras los años de crisis y por una oferta insuficiente, factores que muchos expertos consideran clave para explicar este auge. El dato anual se produce pese a que diciembre registró solo 54.148 operaciones, el segundo mes con menor actividad del año -algo habitual por las fiestas navideñas-, aunque aun así supuso un 7,9% más que en el mismo mes de 2024. El resultado global responde a una tendencia de crecimiento sostenido iniciada en 2023. Desde entonces, la actividad ha aumentado un 22,4%, superando primero las 600.000 compraventas en 2024 y ahora las 700.000 en 2025. La media mensual se sitúa en unas 59.520 operaciones, alrededor de 6.000 más que el año anterior. Según diversos expertos, la clave está en el desequilibrio entre oferta y demanda. La escasez de viviendas disponibles hace que prácticamente todo lo que sale al mercado encuentre comprador con rapidez. A ello se suman factores como una tasa de paro relativamente baja, una fuerte necesidad de vivienda y unas condiciones de financiación aún favorables. Para analistas del sector, 2025 ha sido un ejercicio excepcional. Tras un 2024 ya muy activo, el mercado no solo se ha mantenido fuerte, sino que ha acelerado su ritmo. El ahorro acumulado por los hogares, los tipos de interés todavía asumibles y la expectativa de nuevas subidas de precios han animado a muchos compradores a adelantarse. Aunque el volumen actual recuerda al de los años previos a la burbuja, algunos especialistas destacan diferencias importantes: hoy los bancos aplican criterios hipotecarios más estrictos y los compradores presentan, en general, una mayor solvencia. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ventas en 2025 con 218.587 operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (170.570) y Cataluña (169.502), mientras que Madrid registró 135.637. En el extremo opuesto se situaron Cantabria, Navarra y La Rioja, con cifras muy inferiores (sin contar Ceuta y Melilla). Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales respecto a 2024 se produjeron en Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja, lo que muestra que la actividad inmobiliaria también se está intensificando fuera de los grandes núcleos urbanos. La mayoría de las compraventas correspondió a viviendas de segunda mano, tendencia habitual desde la desaceleración de la construcción. Cerca del 78% de las operaciones -casi ocho de cada diez- fueron de casas usadas. Solo alrededor del 12% correspondió a obra nueva, aunque este segmento creció un 16,1% respecto al año anterior. Los expertos consideran positivo que esta proporción aumente, ya que la construcción de nuevas viviendas es esencial para ampliar la oferta y frenar el encarecimiento. En cualquier caso, la vivienda usada continúa siendo el verdadero motor del mercado por su mayor disponibilidad y distribución territorial. El principal desafío, coinciden los especialistas, no es la falta de compradores, sino la incapacidad del sistema para generar suficiente vivienda asequible. Cuando la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda, la presión se traslada al acceso a la vivienda, que sigue siendo el indicador más sensible de la salud del mercado.

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(El País, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Generalitat reabre el debate sobre si hay que incorporar el precio de los pisos en el IPC y propone un índice que lo incluye

La estadística pretende medir la realidad para facilitar decisiones acertadas, aunque no siempre logra reflejarla por completo. Del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística dependen decisiones clave como los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo, las negociaciones salariales o la revalorización de las pensiones. Sin embargo, ni los datos del INE ni los del sistema estadístico europeo capturan plenamente uno de los gastos que más pesan sobre los ciudadanos: la vivienda. La Generalitat de Cataluña ha diseñado un indicador alternativo -al que ha tenido acceso EL PAÍS- para complementar la medición oficial de la inflación. Sus conclusiones son claras: el encarecimiento de la vivienda en la última década ha anulado la mejora del poder adquisitivo. En muchas sociedades occidentales existe malestar por la pérdida de capacidad de compra tras la Gran Recesión. En España, los datos oficiales apuntaban a ligeros avances. Pero al incorporar la vivienda en el cálculo, esa mejora desaparece: el aumento de los precios inmobiliarios explica buena parte del descontento. El debate sobre si incluir el coste de adquirir una vivienda en la cesta del IPC ha ganado relevancia y ha llegado incluso al Consejo de Gobierno del BCE. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el repunte energético, los sectores más partidarios de una política monetaria estricta defendieron que se incorporara la vivienda en propiedad, conscientes de que eso elevaría aún más la inflación. Aunque países como España, Francia o Irlanda mostraron reservas, el BCE aceptó estudiar la cuestión. Su economista jefe, Philip Lane, señaló el año pasado en el encuentro de banqueros centrales en Sintra (Portugal) que sería deseable reformar el IPC, aunque la decisión corresponde al Sistema Estadístico Europeo. Las reticencias de los estadísticos se deben a la complejidad técnica de medir ese componente. Aun así, existen fórmulas para abordarlo. Un estudio elaborado por Anna Monreal, de la dirección general de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat, propone un indicador que debe entenderse como complemento del IPC, no como sustituto. Parte de la premisa de que la metodología actual infravalora el peso de la vivienda, ya que el IPC solo recoge el alquiler -con un peso aproximado del 5%- y no la compra. El resto del apartado se limita a suministros y mantenimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda supera el 40% del índice. Fuentes en Fráncfort estiman que, si se introdujera la vivienda en propiedad, la inflación de la zona euro aumentaría entre una y dos décimas, aunque en países con mayores subidas inmobiliarias el impacto sería superior. Algunos expertos subrayan que, desde el punto de vista conceptual, la compra de vivienda se considera inversión y no consumo, aunque reconocen que afecta al poder adquisitivo porque reduce la capacidad de gasto en otros bienes. El informe que la Generalitat presentará en Barcelona propone otorgar a la vivienda un peso del 34,8%, acorde con la estructura real de gasto de los hogares analizada por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Incluye tanto vivienda nueva como de segunda mano. Según el documento, este enfoque refleja mejor el coste de la vida y permite medir con mayor precisión las ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. Además, muestra que la inflación sería más alta en periodos en los que la energía no registra grandes variaciones, al incorporar el impacto constante del mercado inmobiliario. Las cifras son reveladoras. Entre 2014 y 2023, el salario bruto medio en Cataluña aumentó un 25,3%, mientras que el IPC lo hizo un 20%, lo que implicaría una mejora del poder adquisitivo. Sin embargo, si se añade el precio de la vivienda al índice, el coste de la vida habría subido un 26,8%, borrando ese avance. Expertos como Jorge Galindo, de EsadeEcPol, destacan que tanto la evolución de los precios como las expectativas futuras tienen un efecto muy significativo sobre la capacidad económica de las familias. Jóvenes que intentan emanciparse o migrantes que buscan establecerse conocen bien el peso del ahorro necesario para acceder a una vivienda, lo que reduce notablemente su margen de consumo. En definitiva, el fuerte aumento de los alquileres y de los precios de compraventa ha convertido la vivienda en un factor determinante para explicar la percepción de pérdida de poder adquisitivo. Se incluya o no en el IPC, su impacto sobre cientos de miles de personas es innegable.

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(El País, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las financieras piden limitar los microcréditos a 500 euros para evitar sobreendeudamientos

La patronal de los establecimientos financieros de crédito, Asnef, ha solicitado reducir a la mitad el importe máximo de los microcréditos de alto coste que podrán concederse con la futura ley de crédito al consumo. Considera que el límite previsto en el anteproyecto -1.000 euros- es demasiado elevado y podría incrementar el sobreendeudamiento entre los consumidores más vulnerables, por lo que propone rebajarlo. Estos micropréstamos son los que aplican los intereses más altos del mercado. Aunque las cantidades suelen ser pequeñas, concentran un mayor riesgo financiero. La nueva normativa permitirá que tengan una TAE máxima del 60% anual, muy por encima del alrededor del 7% que registra el crédito al consumo convencional, según datos del Banco de España. A comienzos de enero, el Gobierno aprobó un anteproyecto para adaptar la legislación española a la directiva europea sobre crédito al consumo. Entre otras novedades, la norma fija límites a los intereses y exige que todas las entidades prestamistas estén autorizadas y supervisadas. Es un cambio relevante, ya que hasta ahora no existían restricciones específicas y cualquier persona o empresa podía prestar dinero. Esa falta de regulación ha favorecido la proliferación de miles de operadores que conceden préstamos de importes muy reducidos -a menudo unos pocos cientos de euros- con intereses desorbitados que en muchos casos superaban el 3.000%, 4.000% o incluso el 5.000% TAE. Tanto el Gobierno como el sector financiero han alertado del riesgo de estas prácticas, ya que muchas de estas entidades operaban sin controles ni evaluaciones de solvencia, lo que aumentaba la probabilidad de impago y de endeudamiento excesivo. Los usuarios habituales de estos productos suelen ser personas rechazadas por la banca tradicional por no cumplir los criterios de solvencia. Ante la urgencia de liquidez, recurren a prestamistas que, en muchos casos, no ofrecen garantías suficientes. El anteproyecto obliga a estas compañías a obtener autorización y a operar como entidades de crédito de alto coste, con un máximo de 1.000 euros por operación, un interés del 60% TAE y plazos de devolución de entre tres y doce meses. Una vez finalizado el periodo de alegaciones, Asnef -que agrupa a entidades que financian compras en comercios como Cofidis, Financiera El Corte Inglés o Stellantis- ha pedido rebajar ese límite a entre 400 y 500 euros. A su juicio, permitir préstamos de hasta 1.000 euros a clientes con baja capacidad de pago puede agravar su situación económica. La asociación propone vincular el importe máximo a un porcentaje razonable de endeudamiento del cliente -entre el 35% y el 40%, similar al que se utiliza en otros créditos al consumo-, lo que situaría el límite efectivo en esa horquilla. Según su director general, Ignacio Pla, no resulta prudente que una persona que percibe el salario mínimo pueda asumir una deuda de hasta 1.000 euros en este tipo de productos. En cuanto a los límites a los tipos de interés, Asnef se opone a una intervención directa de precios, aunque acepta que se establezcan topes para evitar abusos y considera razonable el sistema planteado por el Gobierno. Este fija los máximos tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España y añadiendo un margen según el importe: hasta 1.500 euros, 15 puntos porcentuales; entre 1.500 y 6.000 euros, 10 puntos; y más de 6.000 euros, 8 puntos. Con un tipo medio del 7%, por ejemplo, un préstamo inferior a 1.500 euros no podría superar el 22% TAE. No obstante, la patronal pide que estos límites tengan en cuenta también el tipo de producto y no solo la cuantía y el plazo. Argumenta que no es lo mismo un crédito para comprar un coche -respaldado por el propio vehículo- que uno para financiar vacaciones o un electrodoméstico. Por ello, ha presentado al Tesoro una propuesta para clasificar los créditos en distintas categorías, como financiación de automóviles, préstamos con finalidad concreta (electrodomésticos, placas solares), créditos sin destino específico, créditos revolving y otros productos. Además, Asnef solicita que, si se establecen tipos máximos por ley, se excluya la aplicación simultánea de la legislación sobre usura a estos contratos, con el fin de evitar duplicidades normativas y posibles conflictos judiciales.

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