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(Expansión, 02-02-2026) | Fiscal

Los fallos del Estado aumentan el malestar por los altos impuestos

Cada vez son más los ciudadanos en España que se preguntan a qué se destina la histórica recaudación fiscal, en un contexto en el que se multiplican los retrasos en el transporte público, se alargan las listas de espera sanitarias y el funcionamiento de la Justicia empeora. En las últimas semanas -incluso antes del trágico siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) y del colapso de Rodalies en Cataluña- las redes sociales se han visto inundadas de quejas de ciudadanos anónimos por el deterioro generalizado de los servicios públicos. El foco principal de las críticas se sitúa en el transporte, la sanidad y la Justicia. Retrasos cada vez más frecuentes en las líneas ferroviarias con mayor demanda (muchos de ellos sin compensación tras el cambio de política de Renfe), esperas interminables para acceder a la atención médica, fallos en los sistemas de prevención de enfermedades, agravamiento del atasco judicial o errores en los mecanismos de control de dispositivos electrónicos destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia machista son solo algunos ejemplos. Todo ello contribuye a que crezca la desconfianza sobre el destino de los ingresos récord obtenidos por Hacienda en los últimos años. La más reciente encuesta del CIS -un organismo poco sospechoso de actuar contra el Ejecutivo- sobre fiscalidad ya mostraba que el 48,4% de los españoles considera que soporta una presión impositiva excesiva. Este porcentaje ha ido aumentando a medida que también lo hacía la carga fiscal, impulsada en gran medida por la decisión del Ministerio que dirige María Jesús Montero de no deflactar el IRPF. Al mismo tiempo, se ha incrementado notablemente el número de ciudadanos (57,9%) que cree que la sociedad recibe poco o ningún retorno por lo que paga en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. El mismo sondeo reflejaba que el 71,5% se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la Justicia; el 61,9%, con la atención a personas dependientes; el 59,8%, con las infraestructuras públicas; y el 51,9%, con la asistencia sanitaria. El dato más revelador, no obstante, es que el 79,2% opina que la Administración hace escasos o nulos esfuerzos por explicar en qué se emplea el dinero recaudado. Una posible explicación la aporta Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides. Según sus estimaciones, desde 1995 el gasto público en España ha aumentado en 4.324,5 euros por habitante en términos reales, pero más de la mitad de ese incremento se ha destinado al pago de pensiones (52,5%). En cambio, solo el 18,8% del aumento de ingresos se ha dirigido a la sanidad (813,2 euros por persona) y el 7,7% a la educación (336,1 euros). En clara contradicción con el discurso oficial, el gasto estatal en políticas de transporte se ha reducido en 138,7 euros por habitante y el destinado a vivienda ha caído en 66,4 euros por persona. En la práctica, el sistema de pensiones absorbe la mayor parte de los nuevos recursos obtenidos por el Estado a través de trabajadores y empresas, pese a que Pedro Sánchez y María Jesús Montero insisten en que su prioridad es fortalecer los servicios públicos. Este fenómeno no es exclusivo de España, ya que se observa en toda Europa, aunque en nuestro país resulta especialmente intenso debido a la decisión -respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas- de volver a vincular la actualización anual de las pensiones al IPC medio. De acuerdo con los datos recopilados por Pablo García-Guzmán, economista asociado al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el gasto público en pensiones y servicios para mayores ha aumentado un 111% en España desde 2004, mientras que el resto del gasto estatal, excluida la sanidad, solo ha crecido un 31%. Solo Finlandia presenta una brecha mayor entre ambas partidas: allí el gasto en pensionistas se ha incrementado un 108% en dos décadas, frente a apenas un 13% en el resto. En Portugal, la diferencia alcanza los 64 puntos porcentuales, y en Bélgica, los 50. Alemania e Italia, en cambio, muestran un reparto mucho más equilibrado, con diferencias de apenas 4 y 1 punto, respectivamente. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, la presión fiscal en España ha pasado del 34,4% al 36,7% del PIB, un aumento que triplica el promedio de la OCDE. Sin embargo, este mayor esfuerzo tributario no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, sino más bien en lo contrario, como demuestra el incremento sostenido de las quejas ante el Defensor del Pueblo por la falta de citas administrativas, los retrasos en trámites esenciales o las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas.

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(El País, 02-02-2026) | Fiscal

Hacienda elevará la deducción fiscal para que los perceptores del nuevo salario mínimo sigan sin tributar

El Ejecutivo ha confirmado que el salario mínimo interprofesional se incrementará ya este año hasta los 17.094 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a 2025. Una vez resuelta la incógnita sobre la cuantía final de la subida -tras varias semanas de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales-, el siguiente paso será ajustar el impuesto sobre la renta para que quienes perciban el nuevo mínimo salarial continúen sin pagar IRPF. Hacienda contemplaba ampliar la deducción vigente para adaptarla al nuevo SMI y, según fuentes del departamento, la medida ya está decidida y se aprobará próximamente mediante una ley. La finalidad de este ajuste es compensar por completo el efecto fiscal derivado del incremento del salario mínimo, como ya ocurrió el año anterior. La deducción actual, fijada en 340 euros anuales, resulta insuficiente tras la subida, por lo que se elevará hasta una cantidad cercana, aunque algo inferior, a los 600 euros. El funcionamiento será similar al actual: durante 2026 los trabajadores soportarán las retenciones correspondientes y, al presentar la declaración de la renta al año siguiente, recibirán una devolución equivalente. Con este planteamiento, el Gobierno cumple su compromiso de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea, sin necesidad de aplicar un incremento mayor del salario bruto. El énfasis se pone en el salario neto, es decir, en la cantidad que finalmente percibe el trabajador. El razonamiento es que, si el salario mínimo comenzara a tributar, parte de la mejora salarial se diluiría. Para alcanzar el 60% del salario medio en términos netos habría sido necesario un aumento mayor del SMI. La ampliación de la deducción evita ese escenario. En la práctica, el coste del ajuste se reparte entre las empresas y la Hacienda pública. Los empleadores asumen una subida más moderada del salario bruto, mientras que el Estado soporta una menor recaudación fiscal, con un impacto estimado de unos 200 millones de euros anuales. El trabajador, por su parte, percibe íntegramente la mejora salarial. Este enfoque era relevante para el Ejecutivo, que buscaba sumar el respaldo, al menos simbólico, de la patronal. Sin embargo, los empresarios finalmente se desmarcaron del acuerdo por la falta de actualización de los contratos públicos, y el Gobierno solo logró el apoyo de los sindicatos. La adaptación del IRPF también evita reabrir el conflicto surgido hace un año entre los socios de la coalición por la tributación del salario mínimo. Tras la subida anterior, por primera vez algunos perceptores del SMI -principalmente personas solteras sin hijos que no podían beneficiarse de deducciones familiares- comenzaron a pagar IRPF de forma regular, con un coste aproximado de 340 euros anuales. Aquella decisión generó una de las mayores tensiones internas de la legislatura. Desde el área económica del Gobierno se defendía que, tras los sucesivos incrementos, el salario mínimo debía empezar a contribuir a la recaudación, mientras que el Ministerio de Trabajo consideraba incoherente gravar a los trabajadores con ingresos más bajos. El desacuerdo se resolvió con una solución intermedia y, en principio, provisional: Hacienda devolvería al año siguiente lo abonado, de modo que el efecto sobre el salario neto fuera nulo. Con la nueva subida ya cerrada para 2026, el Ejecutivo ha optado por evitar un nuevo enfrentamiento y repetir el mismo esquema. La comisión de expertos convocada por Trabajo había planteado dos opciones: una subida moderada hasta los 17.094 euros brutos anuales y otra más elevada, hasta los 17.360 euros, asumiendo que el salario mínimo comenzara a tributar. La elección del primer escenario, acompañada de una deducción similar a la prevista, permite neutralizar el impacto fiscal y cumplir el objetivo salarial sin necesidad de elevar más el salario bruto.

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(Cinco Días, 02-02-2026) | Laboral

El paro ha bajado en España del 10% por primera vez en 17 años

El dato ha sido presentado por el Gobierno como un logro, calificado incluso de "histórico" por la ministra de Trabajo. Y lo es, en cierto modo: resulta significativo que haya sido necesario tanto tiempo para reducir la tasa de paro hasta el 9,9%. También es llamativo que, tras ese recorrido, España continúe encabezando el desempleo en la Unión Europea, cuya media ronda el 6%, y que siga registrando la mayor tasa de paro juvenil del continente. En la actualidad hay alrededor de 2,5 millones de personas desempleadas, algo más de la mitad mujeres, y cerca del 46% corresponde a parados de larga duración o personas que no han tenido empleo previo. Entre quienes sí trabajaron antes, la causa principal del desempleo es la finalización del último contrato. Aproximadamente el 76% de las personas en paro recibe algún tipo de prestación, mayoritariamente la contributiva o el subsidio, con un gasto medio de unos 1.465 euros mensuales por beneficiario. Los hogares en los que todos sus miembros están desempleados suman unos 770.000, y el desembolso presupuestario total en prestaciones por desempleo supera los 2.000 millones de euros al mes. La Encuesta de Población Activa también refleja una cifra récord de ocupación, con cerca de 22,5 millones de personas trabajando. Son dos millones más que en 2007, en pleno auge inmobiliario, y casi diez millones más que en 1994, antes de la entrada en el euro. La evolución por sectores muestra transformaciones relevantes: la agricultura mantiene su tendencia descendente; la industria, pese a las dificultades, ha aumentado el empleo entre 1994 y 2025, lo que cuestiona la idea de una desindustrialización generalizada; la construcción ha perdido más de un millón de ocupados desde 2007; y los servicios han experimentado un crecimiento muy notable, con cuatro millones más de empleos que en 2007 y diez millones más que en 1994. La terciarización de la economía es evidente, aunque bajo esta categoría no solo se incluye el turismo, sino también actividades profesionales, tecnológicas, financieras y de consultoría, que aportan valor añadido y peso a la balanza de pagos. Otros tres aspectos del mercado laboral merecen atención. En primer lugar, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en las dos últimas décadas, pese al énfasis político en el emprendimiento. En segundo lugar, el 40% de los ocupados trabaja en empresas de menos de 50 empleados, que constituyen el 97% del tejido empresarial. En tercer lugar, aunque el 88,5% de los asalariados tiene contrato indefinido y solo el 11,5% es temporal, el empleo a tiempo parcial -con salarios que equivalen al 43% de un puesto a jornada completa- representa el 26% del total y afecta mayoritariamente a mujeres. Si se observa únicamente el periodo entre enero y diciembre de 2025, la mayoría de los contratos firmados fueron temporales y, dentro de los indefinidos, los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos alcanzaron el 60%. Todo ello en un contexto de elevada precariedad, en el que fue necesario formalizar más de 15 millones de contratos para que el empleo asalariado neto aumentara en apenas medio millón al cierre del año. La complejidad del mercado laboral se amplía con otros dos fenómenos relevantes: el aumento de las vacantes y el elevado nivel de absentismo. Según las estadísticas disponibles, la demanda de empleo no cubierta ha crecido de forma sostenida desde la pandemia y supera ya los 150.000 puestos. No obstante, desde el punto de vista empresarial, la dificultad para cubrir vacantes es aún mayor, no tanto por cuestiones salariales como por un choque de expectativas y culturas laborales con las nuevas generaciones, un fenómeno que conviene seguir de cerca. El absentismo laboral alcanza actualmente niveles récord. Más de 300.000 trabajadores faltan cada día a su puesto sin causa justificada y, si se suma la incapacidad temporal, España lidera también este indicador en Europa, con más de 1,5 millones de personas fuera del trabajo diariamente. El impacto sobre la productividad, los costes empresariales y el sistema sanitario es considerable. Los datos muestran que España empeora en absentismo 4,6 veces más que la media de la UE, un liderazgo poco deseable que apenas recibe atención pública. Otro hito reciente lo aporta el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: a finales de enero, más de tres millones de trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social, representando por primera vez el 14% del total, con más de medio millón de autónomos. Estas cifras indican que la economía española ya no atrae únicamente empleo temporal o de bajos salarios, sino también perfiles cualificados -ingenieros, especialistas tecnológicos, analistas financieros- que cubren déficits derivados del desajuste entre formación y necesidades del mercado laboral. Por último, el Informe Foessa de Cáritas pone de relieve una realidad preocupante: la precariedad laboral se ha convertido en una situación habitual, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Cerca de 2,5 millones de jóvenes se encuentran atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. El trabajo a tiempo parcial involuntario actúa como una trampa de pobreza, mientras las nuevas generaciones acceden al empleo con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de sus predecesores. La vivienda se ha convertido en el principal foco de desigualdad y tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, España destaca en Europa como un caso extremo de fragilidad económica, con vulnerabilidades muy elevadas pese al crecimiento macroeconómico.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

Sánchez ultima otro decreto para reactivar el alza de pensiones

El Ejecutivo negocia a toda prisa para conseguir los respaldos necesarios a un nuevo paquete normativo, después de que el Congreso rechazara el decreto ómnibus, con el objetivo de aprobarlo entre mañana y el próximo Consejo de Ministros y evitar que la situación afecte al abono de las pensiones. "Quiero decirles a los jubilados y jubiladas de toda España que las pensiones se van a revalorizar, pase lo que pase y con o sin el apoyo del PP, como hemos venido haciendo durante los últimos siete años mientras he sido presidente del Gobierno. Ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", aseguró ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un acto electoral celebrado en Teruel con motivo de las elecciones autonómicas aragonesas del próximo domingo. Según fuentes oficiales, el Gobierno trabaja contrarreloj para sumar apoyos a un nuevo decreto que permita recuperar la subida de las pensiones, tras el rechazo parlamentario al macrodecreto aprobado la semana pasada. Desde La Moncloa insisten en que el Ejecutivo "está trabajando para sacarlo adelante lo antes posible" y confían en llevar la iniciativa al Consejo de Ministros de mañana o, como máximo, al de la próxima semana, con el fin de evitar que el bloqueo legislativo tenga consecuencias en la próxima paga de los pensionistas. El Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de diciembre contemplaba una actualización del 2,7% de las pensiones contributivas para compensar la inflación, además de incrementos de entre el 7% y el 11,4% en las pensiones mínimas y una subida del 11,4% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a que esta medida contaba con un amplio respaldo parlamentario, PP, Vox, Junts y UPN sumaron sus votos para rechazar el decreto ómnibus, que vinculaba la revalorización de las pensiones a una nueva prórroga del llamado escudo social. Este incluía, entre otras medidas, la extensión de la prohibición de desahucios a familias sin alternativa habitacional y el mantenimiento del veto a los cortes de suministros básicos a personas vulnerables. El texto también recogía la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la retirada de la obligación de que los desempleados declaren el IRPF, nuevos coeficientes del impuesto de plusvalía, el mantenimiento de cuotas y módulos de los autónomos, diversas exenciones fiscales -como las ligadas a la rehabilitación de viviendas o la compra de vehículos eléctricos- y ayudas para los damnificados por la dana. El Gobierno sostiene que su intención es recuperar todas las medidas incluidas en el decreto, aunque aún está por ver con qué apoyos parlamentarios logrará aprobarlas. En este contexto se enmarcan los recientes acuerdos con Podemos para la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes en situación irregular y con Junts para avanzar en la cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña, movimientos destinados a recomponer la mayoría parlamentaria. Desde el PP reclamaron ayer al Ejecutivo que reactive de inmediato la subida de las pensiones, pero a través de un decreto específico y separado que pueda contar con su respaldo. El decreto rechazado también contemplaba la prórroga provisional del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 durante este año, por lo que, de forma oficial, esa referencia ha quedado sin efecto. No obstante, el Gobierno alcanzó el jueves un acuerdo bilateral con los sindicatos -sin el apoyo de las organizaciones empresariales- para incrementar el SMI un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Esta medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros para poner fin al vacío legal generado.

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(Expansión, 02-02-2026) | Laboral

El "Observatorio de las ocupaciones" del SEPE señala que el número de vacantes ha ido aumentando en los últimos año

Camareros, chefs, trabajadores de la construcción, conductores de camión, personal de enfermería, cuidadores y médicos de atención primaria figuran entre las profesiones en las que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha identificado una falta significativa de personal, hasta el punto de que cerca del 20% de las vacantes resultan prácticamente imposibles de cubrir. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, el número de puestos sin cubrir no ha dejado de crecer en la última década: de unos 56.000 en 2014 se ha pasado a casi 150.000 en 2024, y a cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya superaba las 152.000 vacantes, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este aumento, las vacantes siguen representando menos del 1% del total de la oferta de empleo, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 3%. El observatorio subraya además que aproximadamente un tercio de esos puestos corresponde al sector público y pone como ejemplo que el 80% de las plazas sin cubrir en el ámbito de los cuidados debería ser atendido por la Administración. Del conjunto de vacantes detectadas, únicamente el 2,1% se cubre con facilidad, mientras que el 79,3% presenta serias dificultades para encontrar candidatos y el 18,6% se considera directamente de cobertura imposible. El SEPE atribuye este problema, por un lado, al envejecimiento de la población y al rechazo de determinadas condiciones laborales -especialmente en la construcción y la hostelería- y, por otro, al desajuste entre las competencias que demandan las empresas y la formación de los trabajadores, sobre todo en empleos de cualificación media y alta. Los mayores desequilibrios se concentran en la hostelería, la construcción, las actividades sanitarias y el transporte, aunque también destaca el sector agrario. En este último, el organismo resalta la necesidad de mano de obra extranjera, en contraste con el hecho de que numerosos trabajadores españoles opten por desplazarse a la vendimia francesa, donde encuentran condiciones más atractivas. Esta situación convive con un elevado número de personas en desempleo -2,47 millones a finales de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA)-, si bien el observatorio apunta que muchos parados nacionales muestran reticencias a aceptar empleos de baja cualificación. En 2025, un total de 25.767 trabajadores migrantes accedieron al mercado laboral español a través del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO), una cifra récord que supera las más de 20.000 incorporaciones de 2024 y las 19.000 de 2023, según datos recogidos por la agencia Efe. Estos programas, en funcionamiento desde hace más de veinticinco años, permiten la tramitación conjunta de los permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extracomunitarios que no se encuentran ni residen en España. Marruecos fue el principal país de origen en el último ejercicio, con el 81% de las contrataciones, de las cuales nueve de cada diez correspondieron a mujeres con una edad media de 43 años empleadas en explotaciones agrícolas. Otra herramienta para cubrir puestos vacantes en el exterior es el catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que elabora el SEPE y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este instrumento facilita la concesión de autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros. El catálogo es limitado y se centra en empleos para los que no existen candidatos en el mercado nacional y que se repiten en todo el territorio, como ocurre con muchas profesiones de la marina mercante. En el correspondiente al último trimestre de 2025 figuran marineros, pilotos de buques mercantes, oficiales radioelectrónicos, mecánicos, maquinistas, engrasadores, contramaestres, mozos de cubierta, caldereteros y frigoristas navales, además de cocineros, camareros y mayordomos de buque. También incluye distintas especialidades del sector de la construcción y la edificación, como carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa, así como entrenadores y deportistas profesionales.

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(El Economista, 02-02-2026) | Laboral

La subida del SMI eleva el coste mínimo por cada trabajador en 690 euros al año

El Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de este mes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone unos ingresos anuales de 17.094 euros. Esta cuantía ha sido pactada con los sindicatos, pese al rechazo de la CEOE, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Junto a la mejora salarial, también aumentarán las cotizaciones sociales, de modo que el coste para las empresas se elevará en al menos 690 euros anuales por trabajador respecto al año anterior. El Ministerio de Trabajo optó por una subida del 3,1% del SMI, siguiendo la recomendación del comité asesor en un escenario en el que no se aplicara tributación. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo, el Ministerio de Hacienda se comprometió desde el inicio de las negociaciones a mantener este nivel salarial exento del IRPF. Por este motivo, en el diálogo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no se barajaron alternativas con importes distintos. Como consecuencia de esta actualización, el coste mínimo que deberán asumir las empresas por cada trabajador con salario mínimo ascenderá a unos 23.470 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.780 euros correspondientes al SMI vigente a comienzos de 2025. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que en los sectores con mayor nivel de riesgo laboral el desembolso será superior, al aplicarse tipos de cotización más elevados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los cálculos realizados parten de un tipo del 1,5% para estas contingencias, habitual en empleos de oficina, asesorías o despachos profesionales. Sin embargo, este porcentaje puede situarse entre ese mínimo y el 7,15%, según la actividad económica, lo que genera diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras. Desde la patronal señalan que la media ponderada ronda el 2%, aunque en sus estimaciones suelen emplear un 3%. Al igual que sucede con las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que ha experimentado un ligero aumento a comienzos de año-, la cotización por accidentes se calcula sobre la base mínima, que se incrementa con el SMI al equivaler a este salario más una sexta parte. En la actualidad, dicha base se sitúa en 1.381,2 euros y, tras la subida, pasará a 1.416 euros. De este modo, las empresas pagarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones por cada trabajador que cobre el SMI, lo que supone 173 euros más que el año anterior. La mayor parte del incremento del coste laboral se trasladará directamente al salario del trabajador, con un aumento de 518 euros anuales. El MEI es el único componente de cotización que ha subido de forma directa, por lo que la principal causa del encarecimiento es la ampliación de la base mínima. Durante las negociaciones del SMI, tanto los agentes sociales como el Ministerio de Trabajo adelantaron que Hacienda pretendía repetir el sistema aplicado en 2025, creando una nueva deducción para evitar que estos salarios tributen. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha confirmado su intención de hacerlo, aunque aún no ha concretado el importe de la ampliación de la deducción introducida el año pasado, que permitiría este ajuste sin modificar el mínimo exento. Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) señalaron el pasado viernes que dicha deducción debería alcanzar los 592 euros para impedir que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el SMI tengan que pagar IRPF. No obstante, el colectivo volvió a mostrar su rechazo a esta solución transitoria, que implica retenciones mensuales y devoluciones posteriores en la declaración de la renta, y reclamó elevar directamente el mínimo exento. Además, estimaron en unos 200 millones de euros la merma de recaudación derivada de mantener el SMI libre de tributación. Por otro lado, las empresas de trabajo temporal han advertido del impacto económico de la revisión de las nóminas correspondientes al mes de enero. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de aprobación del nuevo SMI, su entrada en vigor con carácter retroactivo obligará a rehacer millones de nóminas, lo que conlleva tanto un coste económico -por las diferencias salariales y de cotización- como un esfuerzo administrativo significativo. La patronal de las ETT y Agencias de Empleo, ASEMPLEO, alertó de que este proceso puede suponer un sobrecoste administrativo cercano a los 2,9 millones de euros para el conjunto de las empresas, debido al retraso en la publicación oficial del SMI de 2026 y su aplicación desde el inicio del año. En el caso concreto de las ETT, el coste estimado asciende a unos 690.000 euros, agravado por el hecho de que muchos trabajadores ya no permanecen en las mismas empresas. Según detallan, cada recálculo requiere unos 14 minutos de gestión, con un coste horario de consultoría de nóminas de 57 euros y un gasto unitario de 13,30 euros, lo que afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal. El presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas, subrayó que la dificultad para trasladar estos costes administrativos al cliente final reduce los márgenes y la productividad, perjudicando la competitividad de un sector sometido a elevadas exigencias normativas. Por ello, la organización, integrada en la CEOE, solicitó que la aplicación del nuevo SMI se posponga hasta el momento de su aprobación oficial, en lugar de tener efectos retroactivos desde enero. A su juicio, que las empresas conozcan con antelación la normativa y puedan calcular sus costes resulta esencial para una correcta planificación.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones sobre las estructuras que inflan créditos fiscales para sus socios

La Agencia Tributaria ha intensificado su vigilancia sobre el uso de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se emplean para generar créditos fiscales artificiales o sobredimensionados con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus socios. Las AIE son estructuras legales habitualmente utilizadas para financiar proyectos de I+D+i o producciones audiovisuales, como películas o series. En estos casos, una empresa que necesita financiación recurre a un inversor privado, que aporta capital a través de una AIE creada específicamente para el proyecto. Desde el punto de vista fiscal, estas agrupaciones no tributan como entidad propia, sino que los beneficios, pérdidas y deducciones se trasladan directamente a sus socios. Así, si un inversor aporta, por ejemplo, 10 millones de euros y el proyecto genera pérdidas, estas se convierten en créditos fiscales que el socio puede utilizar para reducir su factura tributaria. A ello se suman las deducciones vinculadas a actividades de I+D+i, lo que puede hacer rentable la operación incluso aunque el proyecto no obtenga beneficios económicos directos. Según explica Javier Lucas, socio responsable del área fiscal de Ceca Magán, este tipo de estructuras cuentan con respaldo legal y han sido avaladas en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos, ya que su finalidad es fomentar la inversión privada en determinados sectores mediante incentivos fiscales. No obstante, el experto advierte de que en algunos casos se han detectado prácticas abusivas, lo que ha llevado a la Inspección a intensificar los controles. "Se están revisando tanto estructuras claramente irregulares como otras que, en principio, parecen ajustadas a la norma", señala. En concreto, Hacienda analiza si la actividad declarada es realmente un proyecto de I+D y, en segundo lugar, si los costes declarados se corresponden con la realidad. El foco está en detectar posibles inflados artificiales del presupuesto con el objetivo de generar mayores deducciones fiscales. Por ejemplo, si un proyecto requiere 10 millones de euros pero se factura por 18 millones, el crédito fiscal generado sería muy superior al que correspondería en condiciones normales. "La Agencia Tributaria comprueba si la facturación es real o si existe simulación. Primero revisa la AIE y a la empresa ejecutora del proyecto, aunque a estas normalmente solo se les impone una sanción. Después, una vez determinado el crédito fiscal correcto, regulariza la situación del socio inversor", explica Lucas. La propia Agencia Tributaria reconoce que ha reforzado el control sobre estas estructuras en los últimos años. De hecho, el Plan Anual de Control Tributario de 2025 ya advertía de una supervisión específica sobre el uso de las AIE como instrumentos para canalizar deducciones fiscales. Según el organismo, ante la proliferación de este tipo de vehículos resulta imprescindible verificar que se cumplen todos los requisitos legales para aplicar los beneficios fiscales. En especial, se vigilan aquellos casos en los que se detectan prácticas abusivas, simulaciones o incrementos artificiales de los créditos fiscales que desvirtúan el objetivo para el que fueron creados estos incentivos.

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(El Economista, 30-01-2026) | Fiscal

Sumar propone prohibir el pago en efectivo del alquiler para evitar el fraude fiscal de los caseros

Sumar ha planteado la prohibición del pago en efectivo del alquiler de viviendas como medida para combatir el fraude fiscal cometido por algunos propietarios, proponiendo que únicamente se permitan transferencias bancarias u otros sistemas de pago electrónicos que puedan ser rastreados. Según informa Europa Press, el diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda del Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición de ley que recoge un conjunto de iniciativas orientadas a frenar el fraude en las rentas inmobiliarias y a avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible. La iniciativa persigue reducir el volumen de ingresos no declarados procedentes del alquiler y proteger a los inquilinos frente a posibles abusos. Para ello, la propuesta contempla que las entidades financieras comuniquen de forma automática a la Agencia Tributaria los datos relativos a los pagos realizados mediante medios electrónicos. Entre las medidas incluidas figura también la creación de una retención del 1% sobre el importe del alquiler, que sería asumida por el propietario y abonada mensualmente a Hacienda. Según Sumar, este mecanismo permitiría además disponer de un indicador fiable para seguir la evolución de los precios del alquiler. De forma paralela, el grupo parlamentario ha solicitado la puesta en marcha de un plan específico contra la evasión y el fraude fiscal en el ámbito inmobiliario, que, según sus estimaciones, podría aflorar hasta 12.500 millones de euros al año. Dado el refuerzo de medios que requeriría esta estrategia, Sumar propone aumentar de manera sostenida los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria, con especial atención a la creación de unidades especializadas en la detección, prevención y sanción de prácticas irregulares relacionadas con el mercado de la vivienda, como alquileres no declarados, plusvalías ocultas u otros fraudes fiscales.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Un trabajador puede modificar el permiso por nacimiento de un hijo aunque ya haya comenzado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rechazado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra una sentencia que reconocía el derecho de un trabajador a modificar las condiciones de su permiso por nacimiento y cuidado del menor una vez iniciado el periodo de disfrute. La resolución confirma que los empleados pueden alterar la forma en que disfrutan este permiso, incluso después de haber comenzado a utilizarlo, siempre que exista acuerdo con la empresa. De este modo, el TSJ avala el fallo previo que dio la razón al trabajador frente a la negativa del INSS. El caso se remonta a un empleado que solicitó inicialmente el permiso a jornada completa entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en octubre comunicó su intención de reincorporarse parcialmente y pidió adaptar el permiso a un régimen de jornada parcial. Aunque la empresa aceptó el cambio, el INSS lo rechazó al entender que la vuelta anticipada al trabajo suponía la pérdida del derecho a la prestación. El tribunal aragonés, apoyándose tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la jurisprudencia existente, concluye que la normativa permite modificar el modo de disfrute del permiso, siempre que se respeten las seis semanas obligatorias posteriores al nacimiento y exista consenso entre las partes. Asimismo, la sentencia subraya que la regulación no establece un sistema rígido, sino que ofrece flexibilidad para adaptar el permiso a las necesidades familiares y laborales, favoreciendo la conciliación. Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones dictadas por distintos tribunales superiores de justicia, que refuerzan la interpretación de que el permiso por nacimiento y cuidado del menor puede ajustarse a circunstancias sobrevenidas sin que una reincorporación parcial implique automáticamente la pérdida del derecho a la prestación.

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(Expansión, 30-01-2026) | Laboral

Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 1.221 euros, sin apoyo de CEOE

La patronal vuelve a descolgarse del acuerdo por sexto año consecutivo tras rechazar la deducción en el impuesto de Sociedades que permitía compensar íntegramente el coste del aumento salarial a cambio de la creación de empleo. Además, se restringe la posibilidad de absorber la subida del 3,1% mediante pluses y complementos. Por sexto año seguido, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprueba sin el respaldo de los agentes sociales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO cerraron este jueves un aumento del 3,1%, que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas y lo deja exento de IRPF. Con esta actualización, el SMI acumula un alza del 66% desde 2018. El incremento, de 37 euros mensuales, tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026, por lo que los 2,5 millones de trabajadores beneficiados recibirán en su nómina el ajuste correspondiente al primer mes del año. Uno de los aspectos clave de esta subida es que se limitará la posibilidad de que las empresas compensen el aumento mediante complementos salariales. Esta restricción se regulará a través de un desarrollo reglamentario paralelo al decreto del SMI, por lo que no necesitará tramitación parlamentaria al no tener rango de ley. El nuevo salario mínimo será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La urgencia se explica por la derogación de la prórroga del SMI de 2025 incluida en el fallido decreto ómnibus, lo que ha obligado al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, a ordenar a la Inspección de Trabajo que vigile que los nuevos contratos no se firmen por debajo del umbral vigente a 31 de diciembre de 2025. Pese a que las expectativas eran reducidas, la última reunión del diálogo social confirmó el rechazo de las organizaciones empresariales. Consideran que la deducción fiscal ofrecida no compensa el aumento de costes y defendían una subida limitada al 1,5%. La patronal también criticó las condiciones impuestas a los incentivos fiscales, el hecho de conocerlos por la prensa y la restricción a la absorción de complementos, factores que terminaron por consolidar su negativa. Horas antes de la reunión final, ya habían calificado la propuesta de "trilerismo" y anticipado que no firmarían el acuerdo. "El salario mínimo no puede ligarse a los contratos públicos ni presentarse una propuesta fiscal inexistente", afirmó Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, quien calificó la subida de desproporcionada, al situarse por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), y denunció el uso de "artificios estadísticos" para justificar el 3,1%. Amor añadió que se han perdido tres meses en una negociación que, a su juicio, ya estaba decidida de antemano y que ha supuesto "jugar con autónomos y empresas". En un comunicado, la patronal explicó que, tras reunirse su Comité Ejecutivo extraordinario, y ante la ausencia de una propuesta formal y la falta de coordinación entre ministerios, se decidió por unanimidad no respaldar la subida. Asimismo, advirtieron de que la limitación de la compensación y absorción vulnera el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, lo que podría provocar un fuerte aumento de costes y poner en riesgo a muchas empresas. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que la propuesta fiscal no se llevó a la mesa tras el rechazo previo de la patronal, al considerar que debatirla habría sido "una pérdida de tiempo". Por su parte, los sindicatos subrayaron la necesidad de regular de forma clara la absorción de complementos para evitar que la subida del SMI quede neutralizada. Fernando Luján, de UGT, reclamó que se garantice que los pluses que retribuyen otros conceptos se mantengan. En la misma línea, Javier Pacheco, de CCOO, insistió en la importancia de modificar las reglas de aplicación del SMI para impedir que, como ha ocurrido en años anteriores, miles de trabajadores vean diluido el efecto real de las subidas salariales.

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