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(Expansión, 23-09-2026) | Fiscal

El papeleo hunde la competitividad de España y Europa

La Unión Europea afronta nuevas críticas por la complejidad de su marco regulatorio en un momento en el que distintos análisis advierten de la pérdida de competitividad del bloque frente a economías como Estados Unidos y China. En este contexto, varias grandes empresas estadounidenses han elevado su presión sobre Bruselas por los costes y dificultades que, a su juicio, está generando la aplicación de las normas comunitarias de transparencia fiscal. El último conflicto tiene como protagonista a la Directiva 2021/2101, conocida como normativa de información pública país por país o PCbCR. La regulación obliga a determinadas multinacionales a hacer públicos datos como los impuestos abonados, los beneficios obtenidos y el número de empleados, diferenciados por cada jurisdicción en la que desarrollan su actividad. La aplicación de esta normativa en los distintos Estados miembros ha provocado diferencias que complican su cumplimiento para los grupos internacionales. El National Foreign Trade Council (NFTC), organización empresarial estadounidense especializada en comercio exterior, ha trasladado sus críticas directamente a la Comisión Europea y ha reclamado una aplicación más homogénea de las reglas para evitar que las compañías tengan que afrontar obligaciones distintas según el país en el que operen. Uno de los principales puntos de fricción es la denominada exención por presentación múltiple, prevista en el artículo 48b(6) de la directiva. Esta disposición permite, en determinadas circunstancias, que las matrices de grupos establecidos fuera de la Unión Europea presenten un único informe en el registro mercantil de un Estado miembro y lo publiquen posteriormente en su página web en una lengua oficial de la UE. El objetivo es evitar que tengan que repetir el mismo procedimiento en cada país donde cuentan con filiales o sucursales. Sin embargo, según denuncia el NFTC, algunos Estados miembros no habrían incorporado correctamente esta posibilidad a sus respectivas legislaciones. La organización cita los casos de Italia y Dinamarca y sostiene que esta situación obliga a determinadas empresas de terceros países a realizar presentaciones adicionales por cada filial o establecimiento, multiplicando los trámites y los costes asociados al cumplimiento. Las diferencias nacionales también afectan a los plazos. La normativa europea establece con carácter general un periodo de hasta 12 meses desde el cierre del ejercicio para la presentación de la información. España, sin embargo, fijó un plazo más reducido de seis meses a través de la Ley 28/2022. Esta diferencia introduce una dificultad adicional para los grupos internacionales que deben coordinar sus obligaciones de información en distintos países. Ante esta situación, el NFTC reclama a la Comisión Europea que las empresas que hayan presentado correctamente el informe dentro del plazo general de 12 meses en otro Estado miembro no tengan que cumplir adicionalmente con el plazo más corto establecido en España. Las diferencias tampoco se limitan a los plazos. La organización empresarial estadounidense señala que algunos países exigen que la información se presente en sus propios idiomas y que, en determinados casos, pueden ser necesarias traducciones juradas. Esto añade nuevos costes y trámites para grupos que ya han elaborado y presentado la misma información en otro Estado miembro. Otro ejemplo señalado es el de Bélgica, cuya clasificación de determinadas jurisdicciones no cooperativas incluye de manera separada a los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos. Esta particularidad puede obligar a las empresas a realizar desgloses adicionales que no coinciden con el tratamiento aplicado en otros países de la Unión Europea. Para las multinacionales estadounidenses, el problema trasciende el cumplimiento de una obligación concreta. El NFTC considera que la existencia de requisitos diferentes entre Estados miembros incrementa los gastos relacionados con asesoramiento, auditoría, traducciones y adaptación de los sistemas informáticos, recursos que las empresas podrían destinar a otras áreas como inversión, innovación o creación de empleo. La controversia pone de manifiesto una de las dificultades que persisten en el mercado único europeo: la necesidad de aplicar de manera uniforme las normas comunitarias para evitar que las diferencias introducidas durante su transposición generen cargas adicionales a las empresas que operan en varios países. La reclamación del sector empresarial estadounidense se produce, además, en un momento en el que las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas y la mejora de la competitividad entre sus prioridades. Desde esta perspectiva, el debate sobre la información pública país por país refleja la tensión existente entre el objetivo de reforzar la transparencia fiscal y la necesidad de evitar que su aplicación genere obligaciones duplicadas o costes desproporcionados para las empresas internacionales.

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(El País, 23-09-2026) | Fiscal

La política desempolva el debate sobre los impuestos a los superricos

La desigualdad en la distribución de la riqueza y el papel de las grandes fortunas en el sistema fiscal han vuelto al centro del debate político y económico en España. El Congreso acogió este lunes una jornada dedicada a analizar la concentración patrimonial, sus efectos sobre la economía y la democracia y las posibles vías para combatirla, con la participación del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, expertos académicos y representantes de distintos grupos parlamentarios. El debate se produce además en un contexto en el que las propuestas para elevar la tributación de los patrimonios más elevados están ganando presencia en la agenda política. Bustinduy defendió durante el encuentro la importancia de contar con mecanismos capaces de redistribuir la riqueza y vinculó la fortaleza de los servicios públicos con la igualdad de oportunidades. En su intervención, el ministro sostuvo que una concentración excesiva de la riqueza puede convertirse en un riesgo para el funcionamiento democrático. El planteamiento forma parte del debate impulsado por The Wealth Cap Project, iniciativa europea que promueve la discusión sobre la posibilidad de establecer límites a la acumulación extrema de patrimonio. La organización presentó en el Congreso su informe Un tope a la Riqueza para España, que analiza diferentes alternativas para incrementar la contribución fiscal de los grandes patrimonios. Entre las opciones estudiadas figuran el establecimiento de un tipo mínimo para las grandes fortunas, un impuesto progresivo sobre la riqueza y un límite máximo a la acumulación patrimonial. El estudio calcula distintos escenarios de recaudación en función del diseño elegido, aunque se trata de simulaciones condicionadas por los tipos y umbrales que finalmente se establecieran. Durante una de las mesas de debate, la profesora de Economía de la Universidad de Alcalá Olga Cantó defendió que las actuales políticas fiscales no son suficientes para abordar la concentración patrimonial y señaló los posibles efectos de una acumulación extrema de riqueza sobre la capacidad de influencia política. En la misma línea, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, cuestionó que la redistribución pueda considerarse necesariamente un obstáculo para el crecimiento económico y situó la desigualdad entre los problemas que afectan al funcionamiento de las democracias. El debate parlamentario mostró, no obstante, diferencias importantes entre las alternativas planteadas por los distintos grupos. Carlos Martín, portavoz de Sumar, reivindicó la propuesta registrada recientemente por su formación para crear un gravamen sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros. La iniciativa plantea un tipo del 3% sobre la parte del patrimonio neto que exceda de ese umbral y prevé destinar la recaudación a un fondo estatal de protección a la infancia. Sumar calcula que la medida podría afectar a unos 1.500 contribuyentes y generar alrededor de 4.200 millones de euros anuales. Martín también defendió la necesidad de introducir mecanismos de democratización en las grandes empresas, mediante fórmulas de cogestión y participación de los trabajadores en la propiedad. Su intervención se produjo pocos días después de que el Congreso rechazara la propuesta legislativa sobre los grupos de interés, otro de los asuntos vinculados por Sumar con la transparencia y la influencia económica sobre las decisiones públicas. Desde el PSOE, Patricia Blanquer reconoció los riesgos asociados a una elevada concentración de la riqueza empresarial, pero descartó que exista una única herramienta capaz de resolver el problema. La diputada defendió las medidas adoptadas por el Gobierno durante las últimas crisis para proteger a los colectivos con menores ingresos y puso el acento en combatir la evasión y la elusión fiscal, reforzar la cooperación internacional y avanzar hacia una fiscalidad más justa, junto con mayores niveles de competencia, pluralismo y transparencia. El portavoz del PP, Pedro Puy, también reconoció que la concentración de riqueza plantea un problema para las democracias, aunque consideró que las respuestas fiscales tradicionales pueden resultar insuficientes ante la nueva dimensión que ha adquirido la acumulación de capital. Puy se mostró partidario de gravar los grandes patrimonios y de revisar el funcionamiento del impuesto sobre sucesiones, al que atribuyó relevancia desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, defendió que cualquier reforma debería abordarse, al menos, en el ámbito europeo para reducir los riesgos de deslocalización de capitales. La jornada refleja así la creciente presencia en España del debate sobre cómo debe tributar la riqueza acumulada en los niveles más elevados. Mientras algunas propuestas plantean reforzar los impuestos existentes o crear nuevas figuras dirigidas específicamente a las grandes fortunas, otras ponen el acento en la coordinación internacional, la lucha contra la evasión fiscal y la mejora de los mecanismos redistributivos. En paralelo, iniciativas como The Wealth Cap Project han incorporado al debate una cuestión adicional: si, además de elevar la tributación, debería establecerse un límite a la cantidad de riqueza que una persona puede llegar a acumular.

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(Expansión, 23-09-2026) | Laboral

Jubilación activa: los autónomos pueden cobrar hasta el 100% de pensión y mantener el negocio

Entre las opciones que permiten prolongar voluntariamente la actividad laboral y compatibilizarla con el cobro de la pensión, la jubilación activa se presenta como una alternativa especialmente relevante para los trabajadores autónomos. Este régimen permite continuar desarrollando una actividad por cuenta propia mientras se percibe parte de la pensión, con condiciones más favorables cuando el autónomo mantiene trabajadores contratados en su negocio. De este modo, puede contribuir a afrontar dos de los principales retos a los que se enfrenta este colectivo: unas pensiones que, de media, son aproximadamente un 40% inferiores a las de los asalariados y la desaparición de negocios que podrían seguir siendo viables por la ausencia de un relevo generacional. Para acceder a la jubilación activa es necesario cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, hay que haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función del periodo cotizado, situada en 2026 en 65 años para quienes acrediten el periodo exigido o en 66 años y 10 meses en los demás casos. A partir de 2027, las edades serán de 65 o 67 años, según la carrera de cotización. Además, debe haber transcurrido al menos un año desde que se alcanzó la edad ordinaria de jubilación para poder incorporarse a este régimen. La reforma que entró en vigor en abril de 2025 eliminó el requisito de haber completado una carrera de cotización suficiente para obtener el 100% de la pensión. Actualmente, basta con acreditar un mínimo de 15 años cotizados, que es el periodo exigido para acceder a una pensión contributiva, siempre que al menos dos de esos años estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. El porcentaje de pensión que se puede cobrar mientras se continúa trabajando depende del tiempo que se haya retrasado el acceso a la jubilación. Cuando la jubilación activa comienza un año después de la edad ordinaria, se percibe el 45% de la pensión; si se retrasa dos años, el porcentaje asciende al 55%; con tres años de demora alcanza el 65%; con cuatro años se mantiene en el 65%; y cuando el acceso se produce cinco o más años después, puede llegar al 100%. Paralelamente, se mantiene la posibilidad de percibir los ingresos íntegros derivados de la actividad por cuenta propia, con independencia de que esta se desarrolle mediante un contrato temporal o indefinido y a jornada completa o parcial. Una vez iniciada la jubilación activa, el porcentaje de pensión reconocido puede incrementarse en cinco puntos porcentuales por cada año adicional de permanencia en activo, hasta alcanzar como máximo el 100% de la prestación. Si el trabajador abandona la actividad antes de llegar a ese porcentaje máximo, pasará a cobrar la totalidad de la pensión que le corresponda cuando finalice su actividad laboral, tanto si esta era por cuenta propia como por cuenta ajena. En el caso de los autónomos, la normativa diferencia entre quienes tienen trabajadores contratados y quienes desarrollan su actividad sin empleados. Los primeros pueden beneficiarse de porcentajes de pensión superiores si cumplen determinadas condiciones de contratación. El trabajador contratado debe tener un contrato indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses o, alternativamente, debe tratarse de una nueva contratación indefinida de una persona que no haya trabajado anteriormente para el autónomo en los dos años previos al inicio de la jubilación activa. Cuando se cumplen estas condiciones y el autónomo ha retrasado su jubilación entre uno y tres años, puede percibir desde el inicio el 75% de la pensión, porcentaje que se incrementará en cinco puntos por cada año adicional que continúe trabajando, hasta alcanzar el 100%. Si el acceso a la jubilación activa se produce a partir del cuarto año de demora, se aplica la escala prevista para los trabajadores por cuenta ajena, con un porcentaje inicial del 80%, que también aumenta en cinco puntos por cada año adicional de actividad hasta llegar al máximo del 100%. Los autónomos que no tengan un trabajador indefinido con al menos 18 meses de antigüedad ni realicen una nueva contratación que reúna las condiciones establecidas quedan sujetos a la escala general. En este caso, el porcentaje inicial oscila entre el 45% y el 100% en función de los años de demora de la jubilación, con un incremento adicional de cinco puntos por cada año que se mantenga la actividad, hasta alcanzar el límite máximo. Mientras se compatibilizan trabajo y pensión, las cotizaciones a la Seguridad Social se limitan a las contingencias profesionales y a la incapacidad temporal. A ellas se añade una cotización de solidaridad del 9%, calculada sobre la base de cotización por contingencias comunes y que no genera derechos adicionales a efectos de prestaciones futuras. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, esta aportación se reparte entre empresa y trabajador, correspondiendo el 7% al empleador y el 2% al empleado. Los autónomos, por su parte, deben asumir íntegramente ese 9%. La normativa también permite compatibilizar la jubilación activa con el complemento económico por demora. De esta forma, los porcentajes de pensión que se cobran durante la actividad se calculan sobre la cuantía de pensión incrementada por el incentivo correspondiente al retraso de la jubilación. Por ejemplo, una pensión inicial de 2.000 euros que se haya incrementado un 8% por retrasar dos años la jubilación pasaría a situarse en 2.160 euros, y será sobre esta cantidad sobre la que se aplicará el porcentaje correspondiente a la jubilación activa. La misma regla se aplica cuando el incentivo por demora se ha elegido mediante un pago único. Durante la jubilación activa, tanto la pensión como los ingresos procedentes del trabajo se integran en la base general del IRPF como rendimientos del trabajo y no disfrutan de una exención específica por el hecho de compatibilizar ambas fuentes de ingresos. La acumulación de rentas puede elevar el tipo marginal aplicable debido a la progresividad del impuesto. Además, al existir dos pagadores, la Seguridad Social y el empleador, el límite para quedar exento de presentar la declaración se sitúa en 15.876 euros anuales, lo que hace que la obligación de declarar sea habitual en estos casos. También es frecuente que se produzcan diferencias entre las retenciones practicadas durante el año y la cuota definitiva del IRPF, ya que cada pagador calcula sus retenciones sin tener en cuenta necesariamente el conjunto de los ingresos obtenidos. Esto puede provocar que la declaración resulte a ingresar si no se ha solicitado previamente un ajuste de las retenciones. Como contrapartida, las cantidades que el trabajador continúa abonando a la Seguridad Social, incluida la parte correspondiente a la cotización de solidaridad que soporta el empleado, pueden computar como gasto deducible en el IRPF.

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(El País, 23-09-2026) | Laboral

Las bajas laborales vuelven a crecer en el primer semestre, pero a menor ritmo

Las bajas laborales continúan aumentando en España, aunque lo hacen a un ritmo más moderado que en los últimos años. Los datos de la Seguridad Social correspondientes al primer semestre de 2026 sitúan la prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes en 55,18 procesos por cada 1.000 trabajadores asalariados. Es el registro más elevado de la serie histórica, pero el incremento interanual se ha ralentizado: en los seis primeros meses de 2025 la cifra era de 54,13 procesos y en el mismo periodo de 2024, de 50,46. La evolución es distinta entre los trabajadores por cuenta propia. En este colectivo, la prevalencia de las bajas se ha reducido por segundo año consecutivo, desde los 37,87 procesos por cada 1.000 autónomos registrados en el primer semestre de 2025 hasta los 36,56 de este año. También ha disminuido la incidencia, que mide la aparición de nuevos procesos de incapacidad temporal. Entre los asalariados pasó de 39,47 procesos por cada 1.000 trabajadores en los seis primeros meses de 2025 a 36,58 en 2026, regresando a niveles similares a los de 2023. El menor ritmo de crecimiento se produce mientras sigue pendiente la reforma de la incapacidad temporal que el Gobierno lleva cerca de dos años negociando con los agentes sociales. Tampoco se ha generalizado en las comunidades autónomas la principal medida acordada hasta ahora: ampliar la participación de las mutuas en el seguimiento y tratamiento de determinadas bajas, especialmente las relacionadas con problemas musculoesqueléticos. La prevalencia de las bajas entre los asalariados se encuentra actualmente muy por encima de los niveles registrados hace una década. En 2012, en plena crisis económica, se situaba en 19,1 procesos por cada 1.000 trabajadores, menos de la mitad que en la actualidad. Desde entonces comenzó una trayectoria ascendente que llevó el indicador hasta los 35,74 procesos a finales de 2019. La pandemia provocó posteriormente un fuerte aumento y, desde 2023, la Seguridad Social permite observar con mayor detalle la evolución semestral. Los especialistas en salud laboral apuntan que la relación entre empleo y bajas médicas también debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto económico. En periodos de mayor inseguridad laboral, algunos trabajadores pueden continuar trabajando pese a encontrarse enfermos, por temor a perder su empleo. De este modo, una menor prevalencia en etapas de crisis no necesariamente implica que existan menos problemas de salud, sino que puede reflejar una menor utilización de la incapacidad temporal. La situación de los autónomos presenta algunas particularidades. Además de registrar una prevalencia menor, las bajas tienen una duración considerablemente superior. Durante el primer semestre de 2026, los procesos de incapacidad temporal tuvieron una duración media de 110 días entre los trabajadores por cuenta propia, frente a los 43 días de los asalariados. Los especialistas relacionan esta diferencia con el mayor coste económico que supone para un autónomo dejar de trabajar, lo que puede hacer que solo recurra a una baja cuando la enfermedad reviste mayor gravedad. Los últimos datos disponibles de otras entidades apuntan también hacia una moderación. La profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears Maria del Mar Crespí, autora de una tesis doctoral sobre incapacidad temporal y absentismo laboral, señala que los registros de la Seguridad Social son coherentes con la evolución observada por la mutua Fremap, que hasta agosto contabilizó un descenso de la incidencia de las bajas respecto al mismo periodo del año anterior. Crespí considera todavía prematuro determinar las causas de este cambio, aunque plantea como hipótesis que el sistema pueda estar entrando en una fase de estabilización después de varios años de fuertes incrementos. A su juicio, la ausencia de modificaciones normativas o de cambios significativos en el contexto que expliquen por sí mismos el giro apunta a que los aumentos podrían moderarse en las próximas revisiones. Precisamente, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en febrero identificó varios factores detrás del aumento de las bajas registrado entre 2017 y 2024. Entre ellos situó las deficiencias en la supervisión y seguimiento de los procesos, la evolución de la normativa hacia una mayor protección del trabajador, el crecimiento económico, el incremento de la demanda de atención primaria y el aumento de las listas de espera sanitarias. La situación de la sanidad pública es uno de los elementos que más destacan los sindicatos y que también ha comenzado a señalar con mayor frecuencia la patronal. El envejecimiento de la población trabajadora constituye otro de los factores relevantes. Desde CEOE se ha reclamado un refuerzo de los servicios sanitarios, una mayor colaboración de las mutuas y más recursos de atención psicológica. Al mismo tiempo, la patronal sostiene que existe un componente de fraude en determinadas bajas y reclama medidas para combatir los casos en los que trabajadores que no están enfermos dejan de acudir a su puesto de trabajo. En conjunto, los datos del primer semestre muestran que las bajas siguen alcanzando máximos entre los asalariados, pero con un crecimiento menos intenso que en ejercicios anteriores. La caída simultánea de la incidencia y de la prevalencia entre los autónomos refuerza la idea de que puede estar produciéndose una moderación en la evolución de la incapacidad temporal, aunque todavía habrá que esperar a los próximos datos para determinar si se trata de un cambio consolidado o de una estabilización temporal.

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(El Economista, 23-09-2026) | Laboral

La IA está cerrando la puerta al empleo júnior en España

El efecto de la inteligencia artificial sobre el empleo se ha convertido en una de las principales incógnitas para los economistas. Aunque todavía no existen evidencias concluyentes de una destrucción generalizada de puestos de trabajo en las actividades más expuestas a esta tecnología, cada vez gana más fuerza la hipótesis de que la IA está modificando la composición del empleo. El cambio parece favorecer a los profesionales con mayor experiencia y responsabilidad, mientras reduce las oportunidades para los trabajadores que ocupan puestos de entrada. Un estudio internacional basado en datos de 41 países sitúa a España como uno de los casos en los que esta transformación resulta más evidente. La investigación, elaborada por especialistas de la Universidad de Stanford y del King's College de Londres a partir de información de Revelio y LinkedIn, analiza cerca de 396.000 empresas y filiales, 1.250 millones de ofertas de empleo publicadas desde 2022 y 154 millones de trabajadores en 41 países. El 15,4% de las compañías estudiadas son consideradas adoptantes de inteligencia artificial, un porcentaje que en España alcanza el 22%. En estas empresas no se observa una reducción global de las plantillas. Al contrario, el empleo aumenta un 3,3% en comparación con compañías similares que no han incorporado estas tecnologías. La transformación aparece al observar qué tipo de puestos crecen dentro de las empresas. Los empleos júnior, entendidos como aquellos situados en los niveles de menor responsabilidad y no necesariamente vinculados a trabajadores jóvenes, pierden peso sobre el conjunto de las plantillas. Su participación disminuye una media de 1,9 puntos porcentuales, mientras aumentan las posiciones de mayor responsabilidad. El fenómeno es especialmente visible en actividades relacionadas con la tecnología y el desarrollo de software. El retroceso de los puestos de entrada no implica necesariamente despidos de trabajadores júnior. El estudio apunta más bien a que las empresas que incorporan IA están incrementando la contratación o presencia de perfiles sénior a un ritmo superior. Los empleos de mayor responsabilidad aumentan un 6,7% de media a escala internacional. De esta forma, una empresa puede ampliar su plantilla y, al mismo tiempo, reducir el peso relativo de los puestos júnior. Los resultados presentan diferencias entre países. De los 41 mercados incluidos en la investigación, 31 ofrecen estimaciones consideradas suficientemente fiables. En 23 de ellos disminuye la proporción de empleos júnior y en siete la caída resulta estadísticamente significativa: España, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Brasil, México y Arabia Saudí. En estos mercados, por tanto, los datos ofrecen una evidencia más sólida de un desplazamiento de la composición del empleo hacia posiciones de mayor responsabilidad. España presenta además una particularidad relevante. Es uno de los dos países, junto con Suecia, en los que el empleo total crece de manera estadísticamente significativa en las empresas que han adoptado IA. Suecia, sin embargo, no se encuentra entre los mercados donde la reducción de la cuota de empleo júnior alcanza significación estadística. Por ello, los datos españoles combinan dos fenómenos: un aumento de las plantillas y, al mismo tiempo, una pérdida de peso de los puestos de entrada. La situación plantea la cuestión de por qué este patrón aparece con tanta claridad en España cuando Estados Unidos se encuentra entre los países con mayor desarrollo y utilización de inteligencia artificial. Los investigadores Bharat Chandar, de Stanford, y Bouke Klein Teeselink, del King's College London y del AI Objectives Institute, cuentan con una trayectoria específica en el estudio de los efectos de la IA sobre el mercado laboral. Sus trabajos anteriores ya habían identificado cambios similares en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. Chandar, además, participó junto a Erik Brynjolfsson en una investigación conocida como "Canarios en la mina", centrada en las dificultades que la expansión de la IA puede generar para los trabajadores que acceden por primera vez al mercado laboral. El nuevo estudio amplía ese análisis a un número mucho mayor de países y empresas, aunque sus autores también reconocen algunas limitaciones derivadas de las fuentes utilizadas. Una de ellas es la propia composición de los datos de Revelio, que tiende a representar en mayor medida a empresas grandes y a determinados perfiles profesionales de mayor cualificación y responsabilidad. En el caso español, la plataforma cubre aproximadamente el 38% de las empresas analizadas y cuenta con una presencia importante de filiales de multinacionales. Esta característica puede contribuir a que los datos presenten una elevada proporción de trabajadores júnior dentro de las compañías estudiadas. Algo similar ocurre con las ofertas de empleo recopiladas a través de LinkedIn. La plataforma puede mostrar una presencia de puestos relacionados con la IA generativa superior a la que se observa en otras fuentes. Estas limitaciones no eliminan, según los investigadores, el valor de la comparación: los resultados describen lo que está ocurriendo en las empresas españolas que han adoptado inteligencia artificial en relación con otras compañías comparables que todavía no lo han hecho. El análisis tampoco identifica una relación clara entre las características institucionales de cada mercado laboral y la intensidad del fenómeno. Los cambios aparecen tanto en países con mercados laborales flexibles como Estados Unidos como en economías con sistemas de protección laboral más desarrollados, como España. Los resultados, por tanto, no aportan evidencia de que una regulación laboral más protectora sea suficiente por sí misma para impedir que la inteligencia artificial modifique la estructura de las oportunidades de empleo. El principal interrogante que deja abierta la investigación no es tanto cuántos puestos de trabajo desaparecen por la IA, sino cómo cambia la puerta de entrada al mercado laboral. Si las empresas que incorporan estas tecnologías mantienen o incluso aumentan sus plantillas, pero reducen el peso de las posiciones júnior y elevan la demanda de perfiles sénior, el impacto puede concentrarse en quienes buscan acceder por primera vez a determinadas profesiones. Esto plantea un desafío adicional para la formación y para la transición de los trabajadores hacia puestos de mayor cualificación.

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(El Economista, 23-09-2026) | Laboral

El Gobierno apoya tramitar en el Congreso la ley para prejubilarse con 40 años cotizados sin penalización

Los grupos que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han apoyado este martes en el Pleno del Congreso que se tramite la proposición de ley presentada por Podemos para que las personas con al menos 40 años de cotización puedan acceder a la jubilación anticipada sin que se reduzca la cuantía de su pensión mediante coeficientes reductores. La iniciativa ha sido defendida por Podemos durante el debate parlamentario. El portavoz socialista en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, y la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, Aina Vidal, han confirmado durante sus intervenciones que sus respectivos grupos respaldarán la admisión a trámite del texto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido la encargada de presentar la propuesta desde la tribuna del Congreso. Durante su intervención ha cuestionado que trabajadores con más de cuatro décadas de cotización sigan viendo reducida su pensión cuando deciden retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Belarra ha defendido que aplicar penalizaciones a quienes han desarrollado carreras de cotización tan prolongadas supone, a su juicio, una situación injusta y ha reclamado una modificación del sistema para estos trabajadores. El respaldo del PSOE supone un cambio respecto a su posición anterior. Hace unos meses, los socialistas votaron en contra de una enmienda presentada por Podemos que perseguía el mismo objetivo. En esta ocasión, Alberto Mayoral ha argumentado que es necesario abordar la situación de quienes, después de una larga trayectoria laboral, encuentran dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo y, al mismo tiempo, sufren reducciones de su pensión si anticipan el retiro. El diputado socialista ha defendido la conveniencia de abrir un debate específico sobre las carreras de cotización prolongadas y ha recordado que en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se elevó hasta los 35 años el periodo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Sumar también ha respaldado la tramitación de la iniciativa, aunque Aina Vidal ha advertido de que establecer automáticamente los 40 años cotizados como límite para eliminar las penalizaciones podría resultar demasiado rígido. La portavoz ha planteado que debería diseñarse un sistema progresivo que tenga en consideración diferentes factores. Entre ellos ha citado el número de años efectivamente cotizados, los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria, las circunstancias que motivan la jubilación y las desigualdades que pueden afectar a determinadas trayectorias profesionales. La propuesta de Podemos inicia así su recorrido parlamentario, durante el que los grupos podrán plantear modificaciones al texto.

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(El Economista, 23-09-2026) | Laboral

Fedea alerta de que el aumento del gasto en pensiones podría obligar a recortar en otras partidas sociales

El incremento del gasto en pensiones que se prevé para las próximas décadas podría ejercer una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas. Así lo señaló el presidente de Fedea, Ángel de la Fuente, durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde planteó que el debate sobre las pensiones no debería limitarse a determinar si el sistema es sostenible, sino que también debería analizar cuánto espacio presupuestario ocupa y qué recursos quedan disponibles para otras políticas públicas. De la Fuente sostuvo que la última reforma de las pensiones ha comprometido un aumento del gasto sin establecer, a su juicio, una vía de financiación suficiente para afrontarlo. El economista advirtió de que el sistema ya requiere transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para financiar parte de las prestaciones contributivas y que estas aportaciones podrían aumentar durante los próximos años. Según explicó, si esta evolución continúa, las pensiones absorberán una proporción cada vez mayor de los recursos públicos y reducirán el margen para incrementar el gasto en otras áreas. Entre los ámbitos que podrían verse condicionados citó la educación, la sanidad, la atención a la dependencia, la vivienda y las políticas dirigidas a los jóvenes. De la Fuente señaló que actualmente el Estado destina cada año alrededor de 50.000 millones de euros de la caja común a la Seguridad Social para financiar prestaciones contributivas y advirtió de que esta cantidad podría seguir aumentando durante las próximas dos décadas. El presidente de Fedea también puso el foco en la distribución de los costes del sistema entre las distintas generaciones. El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida y la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom harán que aumente la proporción de pensionistas respecto al número de trabajadores. Al mismo tiempo, un crecimiento limitado de la productividad dificultaría la generación de los recursos necesarios para financiar unas prestaciones cada vez más numerosas. En este contexto, De la Fuente considera que una parte relevante del esfuerzo financiero recaerá sobre las generaciones más jóvenes, nacidas especialmente después de 1980, a través de mayores cotizaciones e impuestos. A su juicio, las últimas reformas han reforzado la protección de los pensionistas actuales y de quienes se encuentran próximos a la jubilación, mientras que una parte creciente de la financiación recae sobre trabajadores que afrontan mayores dificultades económicas y problemas de acceso a la vivienda. El economista también cuestionó la relación entre las pensiones iniciales y los salarios en España. Según señaló, el sistema español ofrece prestaciones relativamente elevadas en comparación con las remuneraciones medias de los trabajadores. De la Fuente defendió que un sistema de pensiones puede ser generoso, pero consideró imprescindible que esa generosidad sea compatible con su sostenibilidad financiera a largo plazo. Durante su comparecencia también respondió a una pregunta del diputado de Vox Pablo Sáez Alonso sobre la posibilidad de incorporar una memoria específica de impacto intergeneracional a las reformas de las pensiones. De la Fuente consideró que sería necesario mejorar la calidad de este tipo de evaluaciones y reclamó que las Administraciones dispongan de los medios suficientes para analizar con rigor las consecuencias económicas y distributivas de las reformas antes de su aprobación. En definitiva, el planteamiento expuesto por el presidente de Fedea sitúa el debate sobre las pensiones en una perspectiva más amplia: además de analizar la capacidad del sistema para atender sus compromisos futuros, plantea estudiar cómo el aumento del gasto puede afectar a la distribución de los recursos públicos y al equilibrio entre las diferentes generaciones.

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(Cinco Días, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno estudia una intervención de los precios del gas para frenar la subida de la factura eléctrica

El Gobierno estudia distintas fórmulas para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos y no descarta intervenir en el mercado mayorista de la electricidad, ante el riesgo de que el encarecimiento del gas natural vuelva a trasladarse con fuerza al precio de la luz. Entre las opciones que se están analizando figura la recuperación de la denominada excepción ibérica, el mecanismo que España puso en marcha durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que permitió limitar temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad. El funcionamiento actual del mercado eléctrico hace que, cuando desaparece la producción solar, las centrales de ciclo combinado de gas puedan convertirse en las instalaciones que fijan el precio marginal. Ese valor se aplica posteriormente al resto de tecnologías que participan en el mercado, incluidas la nuclear, la hidráulica y las renovables. Desde el sector energético advierten, no obstante, de que recuperar un límite al precio del gas tendría efectos diferentes a los de la crisis anterior. Las renovables representan ahora alrededor de la mitad de la generación eléctrica, el doble que el gas, y durante las horas de mayor producción solar llegan a registrar precios cero o negativos. Por ello, sus ingresos también se benefician cuando las centrales de gas son las que marcan el precio. Además, una nueva intervención podría entrar en conflicto con el funcionamiento del mercado marginalista europeo. Las eventuales medidas se incorporarían a la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado el pasado marzo. Algunas de las actuaciones incluidas entonces vencen este mes y otras lo harán a finales de año. En aquella ocasión, el Ejecutivo optó por no modificar directamente el funcionamiento del mercado eléctrico y recurrió principalmente a medidas fiscales, entre ellas la reducción temporal del IVA de la electricidad y la rebaja de los peajes para la industria electrointensiva. Ahora, las previsiones de cara al invierno han elevado la preocupación, con escenarios que sitúan el gas en torno a los 105 euros por MWh y la electricidad cerca de los 189 euros por MWh. El Ministerio de Economía ha confirmado que mantiene conversaciones con empresas del sector energético, especialmente con compañías petroleras y gasistas, ante la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Desde Transición Ecológica también reconocen que será necesario actuar, aunque todavía no han concretado qué instrumentos podrían utilizarse. Entre las alternativas que presentan una aplicación más sencilla se encuentran una nueva reducción del IVA de la electricidad o utilizar los ingresos obtenidos por los derechos de emisión de CO2 para financiar parte de los peajes y cargos incluidos en la factura. También podría revisarse la tarifa regulada del gas, la TUR, que afronta una importante subida en la revisión trimestral de octubre. La excepción ibérica estableció durante un año un precio máximo de 50 euros por MWh para el gas destinado a la generación eléctrica. La medida redujo los ingresos que obtenían las tecnologías inframarginales, como las nucleares, las hidráulicas y determinadas renovables, aunque las centrales de gas continuaron recuperando sus costes reales mediante una compensación abonada por los consumidores a través de las comercializadoras. El mecanismo fue considerado una ayuda de Estado y tuvo que contar con la autorización europea. España también había aprobado en 2021 una minoración de los ingresos extraordinarios obtenidos por determinadas instalaciones inframarginales como consecuencia del elevado precio del gas, una medida que no tuvo la consideración de ayuda de Estado y que fue cuestionada por las grandes compañías eléctricas. La situación actual también presenta diferencias respecto a la crisis energética de 2022. En aquel momento, España llegó a registrar los precios mayoristas más elevados de Europa y el PVPC, al estar directamente vinculado al mercado mayorista, trasladaba con rapidez esas subidas a millones de hogares. Aquella situación contribuyó al impulso de una reforma del mercado eléctrico europeo, aunque no llegó a modificar el principio marginalista que defendían los países del norte frente a las propuestas de los Estados del sur. Ahora, pese al fuerte incremento registrado en España, otros grandes mercados europeos como Italia, Francia y Alemania han alcanzado precios todavía superiores en determinados momentos. En paralelo, España respalda la posibilidad de recuperar un gravamen sobre las compañías energéticas que permita captar parte de los ingresos extraordinarios generados por la crisis de Ormuz y evitar que terminen trasladándose a los consumidores mediante una mayor inflación. La Unión Europea dispone además de un mecanismo de emergencia energética que podría permitir a los Estados subvencionar las facturas de hogares y pequeñas empresas en determinadas circunstancias. Esta posibilidad se incorporó a la normativa europea tras la crisis provocada por la reducción del suministro de gas ruso. Sin embargo, la activación exige que la Comisión Europea declare formalmente la situación de emergencia y se alcancen unos umbrales especialmente elevados. Entre ellos se contempla que el precio de la electricidad supere 2,5 veces la media registrada durante los cinco años anteriores o que rebase los 180 euros por MWh y exista una previsión de que esos niveles se mantengan durante los seis meses siguientes.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas tocan techo, pero el déficit de la balanza se dispara

Las empresas españolas mantienen el pulso de su actividad exterior pese al contexto de incertidumbre comercial y geopolítica provocado por el conflicto en Irán y las dificultades en el estrecho de Ormuz. Entre enero y julio, las exportaciones alcanzaron los 236.587,4 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta ahora en este periodo y un 2,2% superior a la del mismo intervalo del año anterior. Los datos proceden del último informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que también refleja un notable incremento del déficit comercial. En los siete primeros meses del año, el saldo negativo de la balanza comercial aumentó un 30,5% interanual y superó los 38.000 millones de euros, un nivel que solo encuentra un precedente cercano en 2022, cuando el déficit se aproximó a los 42.000 millones. El aumento responde en buena medida al avance de las importaciones, que crecieron un 5,3%, hasta situarse por encima de los 274.590 millones de euros. El encarecimiento de la energía derivado de la situación en Oriente Próximo está detrás de buena parte de este deterioro. Entre enero y julio, las importaciones de productos energéticos aumentaron un 13,6% respecto al mismo periodo del año anterior, de manera que ya representan el 13,5% del conjunto de las compras españolas en el exterior, un punto porcentual más que un año antes. El incremento del coste energético está ampliando así la diferencia entre lo que España vende y lo que necesita adquirir fuera. Las exportaciones energéticas también registraron un fuerte crecimiento, del 28% en los siete primeros meses del año. No obstante, su peso dentro del conjunto de las ventas exteriores es mucho menor que el de las importaciones de energía, por lo que este avance no permite compensar el incremento de la factura energética. Las materias primas también experimentaron una evolución positiva en las exportaciones, aunque los principales sectores exportadores presentaron resultados menos favorables. Las ventas exteriores de alimentación, bebidas y tabaco retrocedieron un 1,9%, mientras que las correspondientes a productos químicos descendieron un 8,7% durante el periodo. Por mercados de destino, Estados Unidos y China registraron incrementos similares y fueron los grandes mercados que más aumentaron sus compras a España, con avances del 14,6% y del 14%, respectivamente. Pese a ello, la Unión Europea continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones españolas. Entre enero y julio recibió productos por valor de 147.674,6 millones de euros, el 62,4% del total. Dentro de la Unión Europea destaca especialmente Portugal, cuyas compras a empresas españolas aumentaron un 9,1% en el periodo y superaron los 21.360 millones de euros. En sentido contrario, las exportaciones dirigidas a Reino Unido disminuyeron un 4,2%. En el apartado de las importaciones destaca especialmente China. Las compras españolas procedentes del gigante asiático se aproximaron a los 31.500 millones de euros entre enero y julio, pese al complejo escenario internacional generado por el conflicto en Oriente Próximo. Precisamente esta región ha experimentado uno de los mayores retrocesos en los intercambios comerciales con España desde el inicio de la guerra a finales de febrero. Las exportaciones españolas hacia Oriente Próximo disminuyeron un 14,8% en los siete primeros meses del año, con una caída especialmente significativa de las ventas dirigidas a Emiratos Árabes Unidos. Las importaciones procedentes de la región también se redujeron, aunque en menor medida, un 9,3%. El aumento de las compras a Arabia Saudí, que crecieron un 18,8%, contribuyó a modificar el saldo comercial de España con el conjunto de Oriente Próximo. El superávit se situó en 162,5 millones de euros hasta julio, frente a los 504 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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(Expansión, 23-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez se alinea en el frente de la ONU a favor de regular la IA mientras Trump rechaza frenarla

La distancia entre Pedro Sánchez y Donald Trump volvió a hacerse patente durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente del Gobierno español no asistió a la tradicional recepción ofrecida por el mandatario estadounidense a los líderes internacionales reunidos en Nueva York, una ausencia que el Ejecutivo justificó por motivos de agenda. Al mismo tiempo, Sánchez defendió ante la ONU la necesidad de establecer reglas comunes para controlar los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, una posición que contrasta con la apuesta de Trump por impulsar esta tecnología sin que la regulación frene su evolución. Las relaciones entre ambos dirigentes ya atraviesan un periodo de tensión debido a distintos desencuentros. Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones el nivel de gasto militar de España y ha criticado la negativa del Gobierno español a permitir el uso de sus bases para determinadas operaciones militares estadounidenses. A estas diferencias se han añadido sus declaraciones sobre la situación migratoria en Ceuta y las advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra la Unión Europea. Sánchez participó en la sesión inaugural de la Asamblea General, en la que también intervino Trump, aunque finalmente no acudió a la recepción organizada por el presidente estadounidense. Desde Moncloa explicaron que la invitación había llegado cuando la agenda del viaje ya estaba cerrada y que el jefe del Ejecutivo tenía programada una intensa actividad de reuniones y encuentros bilaterales. Entre sus compromisos figuraban reuniones con representantes de Reino Unido, Líbano, Namibia y Panamá, además de encuentros con el gobernador de California y con el máximo responsable de Apple. Uno de los principales actos de la agenda de Sánchez estuvo relacionado con la protección de los menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial. En un foro impulsado junto a Francia, Kenia y Australia, el presidente español defendió una respuesta internacional que permita establecer reglas para el desarrollo de esta tecnología y situó la protección de los derechos de la infancia como una de las prioridades de la agenda digital. Sánchez reclamó una alianza global que garantice los derechos digitales y una inteligencia artificial desarrollada bajo principios comunes. El planteamiento español contrasta con el defendido por Trump durante su intervención ante la Asamblea General. El presidente estadounidense reivindicó el liderazgo de su país en el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que no debe frenarse una tecnología que, a su juicio, tendrá un impacto comparable o superior al de la Revolución Industrial o internet. Trump también planteó sustituir la denominación de inteligencia artificial por la de "superinteligencia" y defendió mantener el ritmo de desarrollo tecnológico frente a los riesgos de que otros países, especialmente China, puedan tomar ventaja. La regulación de la IA también ocupó un lugar destacado en el discurso de António Guterres ante la Asamblea General. El secretario general de Naciones Unidas reclamó un marco internacional para gestionar los riesgos de esta tecnología y defendió que los gobiernos asuman un papel activo en su supervisión. Guterres advirtió de la concentración de poder asociada a la inteligencia artificial y de la velocidad con la que avanza, y apostó por mecanismos de control y supervisión independiente. El secretario general de la ONU puso especialmente el foco en la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico avance sin mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y control público. En su último discurso ante la Asamblea General antes de finalizar su mandato, defendió una cooperación internacional que permita gestionar los riesgos de la inteligencia artificial y evitar usos que puedan comprometer derechos fundamentales o generar nuevas amenazas.

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