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(Expansión, 30-07-2026) | Fiscal

La subida de los carburantes ya supera las rebajas fiscales

A las puertas de la gran operación salida de agosto, que volverá a registrar un volumen récord de desplazamientos por carretera, el encarecimiento de los carburantes ha neutralizado prácticamente las rebajas fiscales temporales aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de julio ha provocado un nuevo repunte del precio del petróleo, que ya se refleja en el coste de los combustibles. Como consecuencia, el descuento de 15 céntimos por litro vigente durante julio ha quedado prácticamente absorbido por el incremento de los precios, que alcanzan su nivel más alto desde abril, cuando seguían en vigor una bonificación de 20 céntimos por litro y una reducción del IVA sobre los carburantes. Los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestran que el precio medio de la gasolina de 95 octanos pasó de 1,53 euros por litro el 8 de julio a 1,65 euros el día 28, lo que supone un aumento de 12 céntimos, equivalente al 7,8%, en apenas veinte días. En el caso del gasóleo A, el incremento fue aún mayor, con una subida de 22 céntimos por litro, un 14,3%, superando incluso el descuento fiscal vigente. La situación podría agravarse a partir del 1 de agosto, cuando la bonificación en el Impuesto sobre Hidrocarburos está prevista que se reduzca de 15 a 10 céntimos por litro. Todo ello mientras continúan los enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo, que mantiene la presión sobre los mercados energéticos. El segundo paquete de ayudas frente a la crisis en Oriente Próximo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio, en un momento en que todavía estaba vigente el alto el fuego entre Washington y Teherán. El Ministerio de Economía diseñó entonces un calendario de reducción progresiva de las ayudas a los carburantes, con el objetivo de eliminarlas por completo en octubre, al considerar que la incertidumbre y los precios comenzaban a estabilizarse. Sin embargo, el escenario cambió pocos días después. El 8 de julio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el fin de la tregua y la reanudación de las operaciones militares, así como nuevas restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que volvió a disparar el precio del crudo. El decreto aprobado por el Gobierno contempla una cláusula que permite restablecer una bonificación de 20 céntimos por litro si los precios de los carburantes vuelven a dispararse debido a la evolución del conflicto. No obstante, pese al encarecimiento registrado en las últimas semanas, el Ejecutivo mantiene la cautela antes de activar esa posibilidad. Según fuentes gubernamentales, el Ministerio de Economía esperará al menos hasta el 13 de agosto, fecha en la que se conocerá el dato definitivo de inflación correspondiente a julio. Ese indicador servirá para evaluar si las medidas actuales siguen siendo suficientes o resulta necesario ampliar nuevamente el descuento sobre los combustibles. En caso de hacerlo, el Gobierno podría aplicar la modificación directamente, sin necesidad de tramitar una nueva aprobación parlamentaria. No obstante, la evolución del mercado energético sigue siendo muy incierta y dependerá de cómo evolucionen las tensiones en Oriente Próximo. Una nueva escalada podría impulsar aún más los precios, mientras que un eventual acuerdo de alto el fuego favorecería una moderación del coste del petróleo y de los carburantes. El encarecimiento también afecta al gasóleo B, utilizado en el sector agrícola. Entre el 8 y el 28 de julio su precio medio aumentó de 1,32 a 1,50 euros por litro, un incremento de 18 céntimos, equivalente al 13,6%. Aunque este combustible mantiene una bonificación de 20 céntimos por litro hasta octubre, la subida de precios ha absorbido prácticamente la totalidad de esa ayuda, y el decreto actualmente en vigor no contempla la posibilidad de incrementarla durante los próximos meses.

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(El Confidencial, 30-07-2026) | Fiscal

Bruselas prepara el fin de la doble tasa a los dividendos: 500 euros de ahorro por inversor

La ausencia de un auténtico mercado único de capitales en la Unión Europea continúa generando importantes obstáculos para la inversión transfronteriza. Según denuncia el informe Much More Than a Market, elaborado por Enrico Letta y adoptado por la Comisión Europea como referencia para futuras reformas, los rendimientos obtenidos por dividendos, intereses y cánones siguen soportando, en muchos casos, una doble tributación: primero en el país donde se genera la renta y después en el Estado de residencia del inversor. Aunque la normativa comunitaria contempla mecanismos para evitar esa doble imposición, los procedimientos necesarios para recuperar los importes retenidos implican una elevada carga administrativa. La Comisión Europea estima que este sistema supone un coste de unos 5.170 millones de euros al año para los más de 11 millones de inversores europeos, lo que equivale a una media cercana a los 500 euros anuales en trámites burocráticos por cada inversión. El funcionamiento actual obliga a las entidades que abonan dividendos, intereses o regalías a practicar una retención fiscal en el país donde se encuentra la inversión. Posteriormente, cuando esos rendimientos se declaran en el país de residencia fiscal del inversor, vuelven a tributar, aunque posteriormente puedan solicitarse mecanismos de compensación o devolución para evitar la doble imposición. Por ejemplo, un inversor español que perciba dividendos procedentes de Francia debe afrontar inicialmente la retención aplicada por la Hacienda francesa y, posteriormente, tributar también en España conforme a la normativa nacional. Aunque los convenios fiscales permiten recuperar parte de esa tributación, el proceso exige realizar trámites adicionales que incrementan los costes administrativos. Los expertos de Tax Foundation, Alex Mengden y Michael Christl, explican que estas retenciones en origen buscan evitar la evasión fiscal y garantizar que los contribuyentes tributen correctamente por las rentas obtenidas en otros países. Sin embargo, advierten de que incluso los sistemas coordinados mediante convenios internacionales pueden generar duplicidades y una burocracia considerable cuando los procedimientos de devolución son lentos, complejos o están limitados por los propios tratados fiscales. En la misma línea, Airam González, socio de Precios de Transferencia de Russell Bedford España, señala que el sistema obliga primero a pagar el impuesto y, solo después, si se cumplen determinados requisitos, permite solicitar la devolución correspondiente. Esa gestión adicional es precisamente uno de los principales costes que soportan los inversores con carteras internacionales. Según Tax Foundation, esta complejidad administrativa puede desincentivar la inversión transfronteriza, llevando a muchos inversores a concentrar sus activos en un número reducido de países o a optar por inversiones con menor rentabilidad para evitar los costes asociados a estos procedimientos. Con el objetivo de reducir estas barreras, la Comisión Europea presentó a finales de junio el paquete de simplificación fiscal Omnibus XI: Taxation. La propuesta incluye modificaciones en varias normas sobre fiscalidad directa y persigue facilitar las inversiones entre los Estados miembros mediante la reducción de trámites y una mayor armonización de las reglas fiscales. Las estimaciones de Bruselas apuntan a que estas reformas podrían incrementar un 0,07% el volumen de capital invertido en la Unión Europea, elevar el PIB comunitario en torno a un 0,17%, favorecer la creación de empleo y generar un ahorro anual cercano a los 1.970 millones de euros en costes administrativos para las empresas. Entre las medidas planteadas figura la modificación de seis directivas fiscales y la armonización de diversas normas de cooperación administrativa. Además, el paquete propone convertir en obligatorio para todos los Estados miembros el límite del 30% del EBITDA en determinadas reglas fiscales, evitando que cada país establezca restricciones más severas y ampliando algunas de las excepciones actualmente existentes. La propuesta deberá ser aprobada por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea, un requisito que previsiblemente obligará a introducir cambios para acomodar los intereses de los distintos Estados miembros. Para Airam González, este paquete constituye un paso previo hacia el verdadero mercado único de capitales que persigue la Unión Europea. A su juicio, avanzar en la armonización fiscal permitiría reducir cargas burocráticas, facilitar la circulación de capitales y reforzar la integración económica del mercado europeo. Desde Tax Foundation consideran que, aunque algunas de estas medidas podrían tener un impacto negativo sobre la recaudación a corto plazo, los efectos positivos sobre la inversión, el crecimiento económico y la actividad empresarial acabarían compensando esas pérdidas. Por ello, defienden que la Unión Europea aproveche esta reforma para avanzar lo máximo posible en la simplificación de la normativa fiscal, ya que cualquier modificación futura volverá a exigir el consenso unánime de todos los Estados miembros.

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(La Vanguardia, 30-07-2026) | Fiscal

Hacienda otorgará unas entregas a cuenta récord de 185.000 millones a las autonomías, un 9% más

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, continúa avanzando en la preparación de las cuentas públicas y ha presentado este miércoles una propuesta de entregas a cuenta para las comunidades autónomas en 2027 que alcanzaría una cifra récord. Sumando las entregas a cuenta y la previsión de liquidación del ejercicio 2025, las autonomías recibirían 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. Según el departamento, se trata de la mayor transferencia de recursos realizada hasta la fecha y podría incrementarse aún más si prospera la reforma del sistema de financiación autonómica. Del importe total, 170.529 millones de euros corresponden a las entregas a cuenta, lo que supone un aumento del 8,1% respecto al año anterior, mientras que otros 15.064 millones proceden de la previsión de liquidación de 2025. Estas cantidades formarán parte del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo prevé elaborar para el ejercicio 2027. Hacienda sostiene además que la futura reforma del modelo de financiación autonómica permitiría elevar todavía más los recursos disponibles para las comunidades. Según las estimaciones del ministerio, Cataluña podría disponer de 4.686 millones de euros adicionales con el nuevo sistema. Paralelamente, continúa su tramitación parlamentaria la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica, que en el caso catalán ascendería a 17.104 millones de euros y que recientemente superó el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. En el caso de Cataluña, las entregas a cuenta previstas para 2027 alcanzarían también un máximo histórico de 32.649 millones de euros, un 8% más que en 2026. Si se añade la liquidación prevista de 2025, la financiación total se situaría en 35.560 millones, lo que representa un incremento del 8,2% respecto al ejercicio anterior. El Ministerio subraya que la Generalitat nunca había dispuesto de un volumen de recursos tan elevado procedente del sistema de financiación. El departamento recuerda igualmente que las comunidades autónomas ya recibieron durante el mes de julio 11.139 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2026 y que, además, percibirán otros 13.316 millones por la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente a 2024. Las entidades locales también verían incrementados los recursos procedentes del sistema de financiación. Hacienda calcula que las entregas a cuenta para ayuntamientos y otras administraciones locales alcanzarán los 31.826,43 millones de euros en 2027, un 8,8% más que el año anterior. Sumando la previsión de liquidación de 2025, el importe total ascendería a 33.772,7 millones de euros, lo que supondría un aumento del 11,5% respecto a 2026. Arcadi España ha defendido nuevamente el compromiso del Ejecutivo con la financiación autonómica y ha reclamado que el incremento de recursos se destine a reforzar los servicios públicos y el Estado del bienestar. Asimismo, el ministro ha reiterado su disposición a mantener abiertas las vías de diálogo con todas las comunidades autónomas. Desde Hacienda destacan que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la financiación transferida a las comunidades autónomas ha aumentado cada año. El anuncio coincide además con el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, inicialmente prevista para este miércoles y trasladada al 4 de septiembre a petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que solicitaron más tiempo para analizar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

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(El Confidencial, 30-07-2026) | Fiscal

Las CCAA del PP cierran filas y no negociarán con Hacienda la financiación pese al retraso de la votación

El Partido Popular mantiene una posición unitaria junto a las comunidades autónomas que gobierna y descarta abrir negociaciones bilaterales con el Ejecutivo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Fuentes de la formación aseguran que no habrá contactos con el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha aplazado hasta el próximo 4 de septiembre. Desde el PP consideran que la propuesta planteada por el Gobierno resulta inasumible y critican que no haya existido un proceso de negociación multilateral previo para diseñar el nuevo modelo de financiación. Por este motivo, las comunidades gobernadas por los populares volverán a rechazar la oferta del Ministerio de Hacienda de mantener reuniones individuales con cada autonomía. Las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambas partes surgieron después de que Hacienda alcanzara un acuerdo con Canarias, gobernada por Coalición Canaria con el apoyo del PP, para mejorar su financiación a cambio de respaldar la propuesta del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese mismo día, el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular solicitaron al ministro de Hacienda, Arcadi España, más tiempo para analizar la documentación remitida por el departamento. El Ministerio aceptó la petición y decidió retrasar la celebración del CPFF hasta comienzos de septiembre. Con este aplazamiento, el Ejecutivo pretendía abrir un periodo de conversaciones con las distintas comunidades para tratar de recabar apoyos a su propuesta mediante reuniones bilaterales y acuerdos específicos adaptados a cada territorio. Sin embargo, el Partido Popular rechaza esta vía y defiende que cualquier negociación sobre la financiación autonómica debe desarrollarse en un marco multilateral, con la participación conjunta de todas las comunidades. La dirección nacional del partido ha cerrado filas con sus gobiernos autonómicos para mantener una posición común y evitar acuerdos individuales con el Ejecutivo. El ministro de Hacienda ha interpretado el cambio de fecha como un gesto de voluntad negociadora y ha instado a las comunidades gobernadas por el PP a priorizar los intereses de los ciudadanos frente a las directrices del partido. Desde las autonomías populares responden que su objetivo no es obtener ventajas particulares para determinados territorios, sino alcanzar un modelo de financiación que resulte equilibrado para el conjunto del país. Aunque la votación prevista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene un alcance político relevante, el Gobierno dispone de mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta gracias al peso del voto de la Administración General del Estado y al respaldo de Cataluña. No obstante, el Ejecutivo considera estratégico sumar el apoyo de otras comunidades, especialmente de aquellas gobernadas por el Partido Popular, para debilitar el rechazo conjunto de la oposición. Entre las autonomías que podrían verse más favorecidas por el nuevo sistema figuran la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, territorios que desde hace años denuncian una situación de infrafinanciación. Pese a ello, todas ellas mantienen por el momento el rechazo a la propuesta del Gobierno y reclaman que cualquier reforma se negocie de forma conjunta y con total transparencia. El Partido Popular insiste en que la solicitud de aplazar la reunión del CPFF no debe interpretarse como el inicio de una negociación con el Ministerio de Hacienda. Según la formación, el objetivo era disponer de más tiempo y de toda la información técnica necesaria para evaluar el modelo antes de adoptar una posición definitiva. Hasta ahora, la dirección nacional del partido ha logrado mantener la unidad entre todas sus comunidades autónomas. Incluso aquellas que podrían resultar más beneficiadas por el nuevo sistema han descartado abrir conversaciones bilaterales con el Ejecutivo y defienden que el debate sobre la financiación autonómica debe abordarse en un foro común y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados.

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(Expansión, 30-07-2026) | Laboral

Casi 500 autónomos con empleados a cargo echan el cierre cada día asfixiados por los costes

La fortaleza del mercado laboral español comienza a dejar al margen a los autónomos, especialmente a aquellos que tienen trabajadores a su cargo. El incremento de los costes laborales, el aumento de las cargas administrativas y el estrechamiento de los márgenes empresariales están dificultando la continuidad de muchos pequeños negocios. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante el segundo trimestre del año desaparecieron 42.500 autónomos empleadores, lo que equivale a cerca de 500 cierres diarios y reduce este colectivo hasta los 933.100. Se trata del segundo nivel más bajo desde la pandemia y, excluyendo los años marcados por la crisis sanitaria, de una de las cifras más reducidas de la última década. Este retroceso contrasta con la evolución general del empleo, que alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 22,77 millones de ocupados. En total, entre abril y junio se perdieron 42.900 trabajadores por cuenta propia, de modo que prácticamente toda la caída corresponde a autónomos con empleados. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el número total de autónomos disminuyó en 99.700 personas, mientras que los empleadores descendieron en 27.700. La evolución resulta especialmente llamativa porque el segundo trimestre suele coincidir con el inicio de la temporada turística, un periodo en el que tradicionalmente aumentan tanto las contrataciones como la apertura o expansión de pequeños negocios. De hecho, en el mismo periodo del año anterior se incorporaron 33.100 autónomos con asalariados. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que el empleo sigue creciendo, pero la destrucción se concentra en las empresas más pequeñas, especialmente aquellas con uno o dos trabajadores, una situación que afecta con mayor intensidad al medio rural. Los datos de la Seguridad Social reflejan esta misma tendencia. En junio, las empresas con uno o dos empleados contabilizaban 919.427 asalariados, lo que supone 18.244 menos que hace cinco años y 37.840 menos que en 2018. Entre las causas de este deterioro destacan el incremento acumulado del salario mínimo, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, el coste del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el destope de las bases máximas de cotización y la implantación de la cuota de solidaridad. Aunque la actualización de las cuotas de autónomos quedó congelada en 2026 por falta de apoyo parlamentario, el conjunto de estas medidas ha elevado de forma significativa los costes laborales. Según Cepyme, desde 2021 estos costes han aumentado un 28,7% en las pequeñas empresas, un 29% en las microempresas y un 23,4% en las medianas. A ello se suma el encarecimiento de los costes operativos, impulsado por el repunte de la inflación derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Con un IPC situado en el 3,2%, la patronal de las pymes estima que los costes de funcionamiento de las empresas se han incrementado un 25% desde 2019. El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que muchos pequeños empresarios renuncian a mantener empleados no porque su actividad mejore, sino porque el riesgo económico y normativo asociado a la contratación resulta cada vez mayor. A su juicio, la creciente complejidad regulatoria y la incertidumbre dificultan la toma de decisiones, por lo que reclama un marco jurídico más estable y medidas que favorezcan la contratación. Por su parte, Lorenzo Amor sostiene que la presión sobre los márgenes empresariales ha llegado a un punto en el que, según datos de la Seguridad Social, el 68% de los autónomos obtiene unos ingresos inferiores al salario mínimo. Esta situación provoca que, en muchos casos, los trabajadores perciban un salario superior al de los propios empresarios que los emplean.

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(El País, 30-07-2026) | Laboral

La empresa privada tira del empleo en el segundo trimestre mientras el sector público flojea

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre reflejan que el crecimiento del empleo entre abril y junio se apoyó exclusivamente en el sector privado. Mientras las empresas incorporaron más de medio millón de trabajadores, el empleo público registró un descenso de 15.600 ocupados, la primera caída en un segundo trimestre desde hace cuatro años. Dentro de las administraciones públicas, el ajuste se concentró principalmente en las comunidades autónomas, que redujeron sus plantillas en 42.400 trabajadores, lo que supone un descenso del 2% respecto al trimestre anterior. También la Seguridad Social disminuyó su personal en 2.400 empleados, equivalente a una reducción del 7,4%. Estas pérdidas solo pudieron compensarse parcialmente con la creación de cerca de 17.000 puestos de trabajo en las administraciones locales y otros 5.000 en empresas públicas. En el ámbito privado, la hostelería volvió a convertirse en el principal motor del empleo. El sector sumó 193.100 nuevos ocupados entre abril y junio, un incremento del 11% que representa alrededor del 40% de todo el empleo generado durante el trimestre. La campaña de Semana Santa y el adelanto de las contrataciones de verano impulsaron esta evolución, situando el número de trabajadores de la hostelería cerca de los dos millones. Solo el comercio, con casi tres millones de ocupados, la industria manufacturera, con 2,7 millones, y las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 2,1 millones, emplean actualmente a más personas. Tras la hostelería, los mayores aumentos de empleo se registraron en la construcción, con 57.000 nuevos ocupados; el comercio, con 53.000; las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la programación informática, la consultoría y otros servicios de información, con 40.000; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 39.000; y la industria manufacturera, que incorporó otros 38.000 trabajadores. Durante la presentación del balance político previo al verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que estos datos evidencian una transformación estructural del modelo productivo español, destacando que parte del empleo se concentra en actividades de mayor valor añadido. En este sentido, las ramas vinculadas a las tecnologías de la información y la consultoría incrementaron su ocupación un 6,2% respecto al trimestre anterior. No obstante, el crecimiento del empleo también fue significativo en sectores con menor aportación al valor añadido de la economía. Es el caso del trabajo doméstico, que incorporó 35.000 nuevos trabajadores, en su mayoría mujeres, lo que supone un incremento superior al 6% durante el trimestre. En contraste con esta evolución positiva, el transporte y el almacenamiento registraron un comportamiento negativo. El sector perdió 7.000 ocupados entre abril y junio, lo que representa una caída del 0,5% respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, el empleo en las actividades logísticas descendió un 1,9%, debido principalmente al fuerte ajuste en los servicios postales y de mensajería, donde desaparecieron cerca de 25.000 puestos de trabajo en apenas tres meses, equivalente a un descenso del 16%. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, atribuyó esta evolución a un contexto marcado por el aumento de los costes empresariales, la incertidumbre regulatoria, la falta de avances en el diálogo social, la adopción de medidas desvinculadas de la productividad y el deterioro del escenario internacional. A su juicio, estos factores están condicionando las decisiones de inversión y contratación de las empresas, que operan con márgenes más reducidos y en un entorno económico y geopolítico cada vez más complejo.

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(El Economista, 30-07-2026) | Laboral

La automoción europea acelera los recortes: más de 10.000 empleos menos antes de 2028 y decenas de miles más en la próxima década

La industria europea del automóvil afronta uno de los mayores procesos de transformación de su historia. La combinación de una demanda que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, la creciente competencia de los fabricantes chinos, la transición hacia el vehículo eléctrico y el endurecimiento de las barreras comerciales está obligando a los grandes grupos del sector a replantear sus estructuras productivas. Como consecuencia, el sector ya está inmerso en una profunda reestructuración que supondrá miles de empleos menos y que podría intensificarse durante la próxima década. Los anuncios realizados en los últimos meses anticipan la desaparición de más de 10.000 puestos de trabajo en Europa antes de que finalice 2027. A ello se suman los planes estratégicos de varios fabricantes, que contemplan nuevas reducciones de plantilla de gran envergadura en los próximos años. El ajuste más relevante corresponde a BMW. El fabricante alemán alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poner en marcha un plan de bajas voluntarias que podría afectar a hasta 8.000 empleados, principalmente en Alemania. La medida se centrará en las áreas de investigación, desarrollo, planificación y otras funciones corporativas, mientras que las plantas de producción quedarán fuera del proceso. Además, la compañía pretende simplificar su estructura directiva para mejorar su rentabilidad. BMW no es el único grupo inmerso en una reorganización. Nissan anunció el pasado mes de mayo la supresión de 900 empleos en Europa dentro de su plan global Re:Nissan, con el que prevé eliminar 20.000 puestos de trabajo y cerrar siete fábricas en todo el mundo. En España, el ajuste afectará a tres centros de trabajo, especialmente al almacén logístico de recambios situado en El Prat de Llobregat (Barcelona). Renault también ha iniciado medidas para reducir costes. La compañía francesa comunicó en junio su intención de eliminar 800 puestos de ingeniería en Francia antes de finales de 2027 con el objetivo de mejorar su eficiencia y reforzar su posición frente a la creciente competencia asiática. Por su parte, Stellantis continúa desarrollando su estrategia FaSTLane 2030, que contempla reducir su capacidad potencial de producción en Europa en unas 800.000 unidades anuales, pasando de 4,65 millones de vehículos previstos para 2025 a 3,85 millones en 2030. Dentro de este proceso, el grupo anunció la eliminación de 650 puestos de ingeniería en el centro tecnológico de Opel, en Rüsselsheim (Alemania), además de cerca de un millar de empleos que ya suprimió en Italia durante el pasado ejercicio. Detrás de esta oleada de ajustes existe un problema estructural: la capacidad productiva instalada en Europa supera la demanda actual. El mercado europeo continúa vendiendo alrededor de dos millones de vehículos menos al año que antes de la pandemia, mientras que China, uno de los principales mercados para los fabricantes occidentales, ha pasado a estar dominado por las marcas nacionales, inmersas en una intensa competencia de precios. A este escenario se suman otros factores como el incremento de los costes energéticos, las exigencias regulatorias asociadas a la electrificación y las nuevas barreras comerciales impuestas por mercados estratégicos como Estados Unidos. Todo ello está acelerando los programas de eficiencia y reducción de costes de los principales fabricantes europeos. El caso más significativo es el de Volkswagen Group. El consorcio alemán estudia un plan que podría implicar la eliminación de hasta 100.000 puestos de trabajo y el cierre de cuatro fábricas en Alemania antes de 2035. Según las informaciones conocidas recientemente, su consejero delegado, Oliver Blume, habría planteado la salida de otros 50.000 trabajadores adicionales a los ya incluidos en el plan de reestructuración presentado en marzo. El objetivo es alcanzar un ahorro superior a los 6.000 millones de euros anuales al final de la década. Dentro del grupo, Audi anunció en marzo la eliminación de hasta 7.500 empleos en Alemania hasta 2029, principalmente en departamentos administrativos y de desarrollo, con el propósito de reducir costes en aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Además, la planta de Neckarsulm figura entre las instalaciones cuya continuidad está siendo evaluada. Porsche también ha puesto en marcha un nuevo programa de reorganización. La marca prevé eliminar otros 5.000 puestos de trabajo hasta 2035 mediante su plan Future Package, lo que elevaría a cerca de 9.000 el número total de empleos afectados durante la próxima década. Este nuevo ajuste se suma a los 3.900 puestos cuya supresión ya había sido anunciada este año y a otros 500 vinculados a la reorganización de varias filiales. Mercedes-Benz tampoco permanece ajena a esta tendencia. Según diversos medios alemanes, la compañía prepara el inicio de negociaciones con los representantes de los trabajadores para estudiar nuevas medidas de reducción de costes. El fabricante, presidido por Ola Källenius, afronta un entorno especialmente complejo por el impacto de los aranceles estadounidenses y la prolongada caída de las ventas en China, dos factores que están reduciendo la rentabilidad de las marcas premium europeas. Hasta ahora, la empresa había limitado los ajustes a bajas voluntarias y a la no sustitución de empleados que abandonaban la compañía, aunque el deterioro del mercado podría obligarla a adoptar medidas más profundas en los próximos años.

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(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed mantiene los tipos en el 3,5% y pospone posibles medidas contra la inflación

La Reserva Federal cumplió este miércoles con las expectativas del mercado y decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, pese al creciente debate interno sobre la conveniencia de endurecer la política monetaria para contener las presiones inflacionistas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La segunda reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) bajo la presidencia de Kevin Warsh, nombrado para el cargo por Donald Trump, aplaza así cualquier posible subida de tipos, al menos, hasta después del verano. No obstante, la división dentro del banco central estadounidense se hace cada vez más evidente. Si en la primera reunión presidida por Warsh la decisión de mantener los tipos fue unánime, en esta ocasión el resultado fue de nueve votos a favor y tres en contra. Los gobernadores Beth M. Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland; Neel Kashkari, de Minneapolis; y Lorie K. Logan, de Dallas, defendieron un incremento inmediato de un cuarto de punto en los tipos de interés. La mayoría del Comité justificó su decisión señalando que la economía estadounidense continúa creciendo con solidez pese a la incertidumbre provocada por la situación en Oriente Medio. La Fed destacó el buen comportamiento de la inversión empresarial, el avance de la productividad y la fortaleza del mercado laboral, razones por las que optó por mantener sin cambios el precio del dinero por quinta reunión consecutiva este año. Aun así, la institución reconoció que la inflación sigue situándose por encima del objetivo del 2%, una circunstancia que atribuye parcialmente a los problemas de oferta y al encarecimiento de algunos sectores, especialmente el energético. En su comunicado, el organismo reiteró únicamente su compromiso de preservar la estabilidad de precios, sin ofrecer señales claras sobre futuras decisiones. Durante la rueda de prensa posterior, Kevin Warsh defendió la prudencia del banco central y aseguró que la elevada inflación acumulada durante más de cinco años no puede corregirse en apenas unas semanas. También afirmó que la Reserva Federal actuará cuando lo considere necesario y recordó que el objetivo de inflación sigue siendo exclusivamente del 2%, sin margen para modificar esa referencia. El presidente de la Fed explicó además que vigilará de cerca la evolución de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense, cuyo comportamiento calificó como uno de los más relevantes de las dos últimas décadas. Al mismo tiempo, destacó la fortaleza de la inversión empresarial, especialmente en los sectores tecnológico y de inteligencia artificial, donde el gasto en capital ha aumentado alrededor de un 20% en el último año, sentando las bases para un mayor crecimiento económico. Aunque la mayoría de los analistas daba por descontado que la Reserva Federal mantendría los tipos sin cambios, en los últimos días había cobrado fuerza la posibilidad de una subida inmediata debido al repunte de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios de la energía. Quienes defendían la continuidad de la política monetaria destacaban la resistencia del empleo y la moderación de la inflación en junio, cuando el IPC descendió hasta el 3,5% desde el 4,2% registrado en mayo, coincidiendo con el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Sin embargo, cerca de un tercio de los expertos contemplaba la posibilidad de una subida de tipos como respuesta a una inflación que lleva cinco años por encima del objetivo de la Reserva Federal. Esa expectativa se apoyaba también en las recientes declaraciones de Warsh ante el Congreso, donde aseguró que el banco central no permitirá que la inflación elevada se convierta en permanente. Las presiones para endurecer la política monetaria se intensificaron tras el recrudecimiento del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo, factores que impulsaron nuevamente el precio del petróleo y elevaron el coste de la gasolina por encima de los cuatro dólares por galón. La incertidumbre que rodeó esta reunión también estuvo condicionada por el cambio de estrategia comunicativa impulsado por Warsh desde su llegada al cargo. El nuevo presidente ha eliminado la denominada orientación prospectiva o forward guidance, con la que la Reserva Federal anticipaba al mercado sus futuros movimientos sobre los tipos de interés. Con esta decisión pretende reducir la influencia que esas previsiones ejercían sobre empresas e inversores. La combinación de esa nueva estrategia de comunicación y el aumento de las tensiones geopolíticas, tras los recientes ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, provocó que Wall Street afrontara la jornada con pérdidas antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal.

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(Expansión, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Condenan a un abogado por utilizar jurisprudencia falsa generada por IA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por presentar un recurso que incluía citas textuales de supuestas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en realidad, nunca existieron y habían sido generadas por un sistema de inteligencia artificial. La Sala de lo Penal considera que la actuación del letrado no puede calificarse como un simple error involuntario, sino que constituye una grave falta de diligencia profesional. Según los magistrados, su conducta supone un incumplimiento del deber de buena fe procesal y una falta de respeto hacia el tribunal encargado de resolver el recurso. En la resolución, el TSJC recuerda que los profesionales del Derecho ya deberían conocer el riesgo de las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial, es decir, la generación de información falsa o inexistente presentada como si fuera verídica. El tribunal también destaca que el abogado no reconoció el error ni presentó disculpas, por lo que considera insuficiente una mera advertencia o apercibimiento. Para fijar la cuantía de la sanción, la Sala optó por un criterio que califica de objetivo y con carácter ejemplarizante. En concreto, tomó como referencia el coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, cuyo uso, a juicio del tribunal, probablemente habría evitado la inclusión de referencias jurisprudenciales inexistentes. La sentencia señala que este tipo de aplicaciones profesionales puede contratarse desde unos 70 euros al mes, por lo que estableció una multa equivalente a doce meses de suscripción, es decir, 840 euros. No se trata del primer episodio de estas características en Canarias. En febrero, la misma Sala ya sancionó con 420 euros a otro abogado que había incorporado en un recurso hasta 48 resoluciones judiciales falsas, presuntamente generadas mediante inteligencia artificial.

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(El Economista, 30-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno confía a la IA los órganos de contratación y las mesas de adjudicación

El Gobierno pretende reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción mediante el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros en segunda lectura. La iniciativa, cuyo recorrido parlamentario dependerá de la obtención de apoyos suficientes en las Cortes, apuesta por la digitalización completa de la gestión del gasto público y por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, al tiempo que endurece las medidas para perseguir los delitos y recuperar los fondos públicos desviados. La norma contempla que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial supervisen de forma automatizada la posible existencia de conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado. Para ello, establece la digitalización obligatoria de todos los expedientes y documentos relacionados con el gasto público, desde su registro contable inicial hasta la autorización definitiva del pago. Con el fin de facilitar este control, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) elaborará un catálogo único y estandarizado con la documentación que deberá integrar cada expediente. A partir de ese modelo común, los sistemas informáticos incorporarán controles automáticos capaces de detectar errores formales, inconsistencias o defectos documentales, bloqueando aquellos expedientes que no cumplan los requisitos antes de que puedan generar un desembolso de fondos públicos. Toda la información recopilada se integrará en una base de datos centralizada sobre el gasto del Estado. Sobre este repositorio se aplicarán tecnologías de análisis masivo de datos y algoritmos avanzados para elaborar mapas de riesgo y detectar patrones anómalos. El sistema toma como referencia el modelo desarrollado con la herramienta MINERVA, utilizada para supervisar la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En materia de contratación pública, la inteligencia artificial analizará la actuación de los órganos de contratación, de las mesas encargadas de valorar las ofertas y de los responsables de las adjudicaciones. En el ámbito de las subvenciones, el control alcanzará tanto a los órganos concedentes como a las comisiones de evaluación. La supervisión automatizada también se extenderá a los procesos de selección de personal, oposiciones y actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio. Como requisito obligatorio, todas las personas que participen en estos procedimientos deberán firmar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). La IGAE asumirá el análisis automatizado en los expedientes de contratación y subvenciones, mientras que las Inspecciones de Servicios de cada ministerio serán las encargadas de supervisar los procedimientos relacionados con los recursos humanos. El anteproyecto establece igualmente límites al uso de la inteligencia artificial para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Los algoritmos no podrán adoptar decisiones ni determinar responsabilidades administrativas o penales, funciones que seguirán correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes. Su utilización quedará restringida a la detección de riesgos, la identificación de patrones sospechosos y la emisión de alertas preventivas. Además, las herramientas tecnológicas que emplee la futura Agencia Independiente de Integridad Pública deberán someterse a auditorías periódicas, garantizar la trazabilidad de sus decisiones, respetar la normativa de protección de datos y mantener en todo momento la supervisión humana. El texto también incorpora medidas para reforzar el control sobre la externalización y privatización de servicios públicos esenciales. En estos casos será obligatorio evaluar previamente los riesgos asociados a la gestión privada de recursos públicos con el objetivo de incrementar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la contratación. En el ámbito societario, la futura ley plantea aumentar la transparencia empresarial mediante la inscripción obligatoria en una sección específica del Registro Mercantil de todas las participaciones sociales, con independencia de su porcentaje. Asimismo, cualquier transmisión o gravamen sobre dichas participaciones deberá quedar registrado electrónicamente. Con esta medida se busca mejorar la identificación de la titularidad real de las empresas y reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

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