El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará sobre si la Agencia Tributaria puede excluir del régimen de estimación objetiva del IRPF -conocido como sistema de módulos- a agricultores, ganaderos y pescadores por las compensaciones del IVA que perciben al adquirir bienes necesarios para el desarrollo de su actividad.
En concreto, el alto tribunal deberá aclarar si dichas compensaciones del IVA deben computarse como ingresos a la hora de calcular la facturación anual y comprobar si se supera el límite de 250.000 euros, que marca el umbral máximo para poder tributar por este régimen simplificado. El pasado 10 de diciembre, el Supremo admitió a trámite dos nuevos recursos relacionados con esta cuestión, que se añaden a otros cinco ya aceptados con anterioridad.
Conviene señalar que, a partir de 2025, Hacienda ha establecido de forma expresa que estas compensaciones por cuotas de IVA no deben incluirse en el cálculo del límite de ingresos para acogerse al régimen de módulos. No obstante, para los ejercicios anteriores a 2024 no existía una regulación clara al respecto.
De hecho, la Agencia Tributaria ha venido expulsando a numerosos profesionales del sistema de estimación objetiva al considerar las compensaciones del IVA soportado como ingresos ordinarios, lo que ha provocado que muchos contribuyentes superaran el umbral permitido y quedaran fuera de este régimen.
En uno de sus autos, el Tribunal Supremo reconoce la existencia de criterios judiciales dispares. Mientras algunos tribunales excluyen estas compensaciones del cómputo de rendimientos, otros -como la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada- entienden que deben sumarse como un ingreso más.
Ante esta disparidad de interpretaciones, el Supremo considera necesario fijar doctrina. "Dado que la cuestión puede afectar a cualquier contribuyente acogido al Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca, resulta conveniente un pronunciamiento de esta Sala que permita unificar la interpretación de la normativa aplicable", señala el alto tribunal.
El Ministerio de Trabajo ha optado por ampliar los plazos para seguir negociando con el Ministerio de Hacienda una fórmula que permita compensar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los precios de los contratos públicos adjudicados a empresas privadas, lo que ha llevado a posponer la reunión prevista para este viernes. Así lo anunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien explicó que su departamento está elaborando "una propuesta de indexación" que no requeriría modificar la Ley de Desindexación, norma que actualmente impide la actualización de precios reclamada tanto por la patronal CEOE como por los sindicatos UGT y CCOO en sus conversaciones con el Ejecutivo.
Desde Trabajo señalan que continúan las reuniones técnicas para analizar posibles vías jurídicas que permitan compensar a las empresas que prestan servicios a la Administración -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos- y que cuentan con un elevado número de empleados vinculados al SMI, como ocurre en sectores como la limpieza. Por su parte, fuentes de Hacienda confirman que estos trabajos están en marcha, a pesar de la negativa manifestada hace apenas una semana a introducir este ajuste como incentivo para alcanzar un acuerdo con la CEOE sobre el salario mínimo. Aunque no se muestran favorables a la medida, admiten cierta disposición a explorar alternativas.
Desde el punto de vista legal, las fuentes consultadas consideran complicado articular una solución que no pase por modificar la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público. No obstante, no sería la primera vez que el equipo de Díaz intenta introducir cambios mediante un desarrollo reglamentario, una estrategia que ha generado críticas tanto entre grandes despachos de abogados como entre los técnicos de la patronal. El Gobierno mantiene la discreción sobre las opciones que se están estudiando, mientras que los agentes sociales aseguran estar a la espera de conocer la propuesta concreta que Trabajo pondrá sobre la mesa en relación con el SMI.
Este jueves, la vicepresidenta insistió en que las medidas que se están valorando junto a Hacienda no contemplan reformas legales, ya que, de alcanzarse un acuerdo entre ambos ministerios, bastaría con su aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se sostiene que una compensación de este tipo no es viable sin modificar la normativa vigente, y el propio Ministerio de Hacienda reconoce la dificultad de hacerlo sin tocar la ley que impide la revisión de precios.
En este caso, al tratarse de una demanda impulsada por la patronal, el principal escollo no sería la aritmética parlamentaria -que podría contar incluso con el apoyo del PP o de Junts-, sino las reservas presupuestarias de Hacienda. La ministra María Jesús Montero ha reiterado en distintas ocasiones, tanto en privado como públicamente, que no considera adecuado que el sector público asuma el sobrecoste derivado de las subidas salariales en los contratos, ya que las empresas, al concurrir a una licitación, asumen el riesgo de incrementos de los costes laborales derivados de convenios o de cambios normativos.
Esta postura volvió a ponerse de manifiesto el pasado mes de diciembre, cuando Hacienda promovió un voto en el Congreso para frenar una enmienda del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En ese texto, al que tuvo acceso elEconomista.es, el equipo de Montero estimaba en 280,5 millones de euros el coste para el Estado de una revisión del 2% en los contratos vigentes, a lo que habría que añadir el impacto presupuestario para comunidades autónomas y ayuntamientos. La propuesta de Trabajo contempla una subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros, lo que elevaría aún más ese coste.
Pese a las dificultades, el Ministerio de Trabajo confía en poder acercar posturas con Hacienda y lanzar así una señal de acercamiento a la CEOE, con la que acumula meses de tensiones por distintas iniciativas, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, los cambios en prevención de riesgos o el permiso por fallecimiento. La reforma de la Ley de Desindexación fue una de las exigencias iniciales de los empresarios en las negociaciones del SMI para sumarse a un acuerdo, aunque este año optaron por una posición más pragmática y centraron su demanda en evitar la modificación de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales al aplicar el salario mínimo.
Las recientes iniciativas anunciadas por el Gobierno para intentar moderar la escalada de los precios del alquiler han provocado críticas a lo largo de todo el espectro político y también han suscitado recelos entre los agentes sociales. Los sindicatos UGT y CC OO cuestionan que la bonificación del 100% del IRPF sobre las rentas del alquiler pueda aplicarse de manera generalizada a todos los propietarios que congelen los precios, y sostienen que este beneficio fiscal no debería alcanzar a quienes poseen tres o más viviendas en arrendamiento. Además, consideran que esta exención solo estaría justificada si se vincula a "resultados comprobables", para evitar que se convierta en "un coste fiscal para el Estado sin un efecto real sobre la oferta de vivienda asequible ni un control efectivo", según expresan en un comunicado conjunto difundido este jueves.
El posicionamiento de las centrales sindicales se produce tres días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de aprobar "en las próximas semanas" un real decreto-ley con tres ejes fundamentales para frenar el encarecimiento del alquiler: una deducción fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que mantengan los precios; el endurecimiento de las condiciones para justificar los alquileres de temporada, acompañado de sanciones más severas en casos de fraude; y la prohibición de fijar precios por habitaciones que superen el importe máximo del alquiler de la vivienda completa.
La medida relativa a la exención total del IRPF sobre los ingresos del alquiler -frente a la bonificación general actual del 50%, que puede aumentar según el perfil del inquilino- ha encontrado una oposición especialmente firme dentro de Sumar, socio principal del Ejecutivo. Desde este grupo califican la propuesta de "ineficaz" y alertan de que podría ampliar la brecha entre propietarios e inquilinos. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Consumo, los ingresos medios de los hogares propietarios superan en un 82% a los de los arrendatarios.
"Sin conocer aún el detalle completo de las medidas, UGT y CC OO queremos subrayar un principio básico: los incentivos fiscales solo tienen sentido si se asocian a resultados verificables -como la estabilidad o la reducción real de los precios, la formalización de contratos y el cumplimiento normativo- y no si suponen un gasto público sin impacto en la oferta asequible o sin mecanismos de control. Además, su aplicación no debería extenderse a personas jurídicas ni a grandes tenedores con tres o más viviendas en alquiler", recogen los sindicatos en su comunicado.
En cuanto a las propuestas orientadas a combatir el fraude en los alquileres de temporada, ambas organizaciones consideran que la intervención pública debe ser firme y eficaz para evitar el trasvase irregular de viviendas del mercado residencial a otras modalidades de arrendamiento. El objetivo, señalan, es impedir que se eludan las limitaciones establecidas por la ley estatal de vivienda y por otras normativas aplicables a los alquileres residenciales.
El comunicado se hizo público tras la celebración este jueves de la primera reunión del Consejo Asesor de Vivienda, un órgano que reúne a representantes del Gobierno, del tercer sector, de los agentes sociales y de las asociaciones empresariales. En este contexto, UGT y CC OO defienden que el Estado pueda declarar zonas tensionadas incluso cuando las comunidades autónomas se nieguen a hacerlo, pese a que se cumplan los criterios establecidos en la ley de vivienda.
Por último, los sindicatos advierten de que, si se pretende utilizar la fiscalidad como herramienta para extender el control de precios en aquellas comunidades que rechazan declarar zonas tensionadas, deberían abordarse cuestiones clave como la limitación de la temporalidad, la supresión de incentivos a quienes suban los alquileres por encima del IRAV -el índice de referencia para la actualización anual de rentas en nuevos contratos- y la introducción de incentivos diferenciados para quienes reduzcan de forma significativa el precio del alquiler, frente a quienes simplemente optan por mantenerlo.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de diciembre la convocatoria de 17.986 plazas para acceder a distintos cuerpos de la Administración General del Estado. Estas vacantes ya estaban contempladas en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, aunque la fecha concreta de convocatoria no se conoció hasta finales del año pasado. Las plazas corresponden a cinco cuerpos diferentes, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna.
Según se indica en la convocatoria, el plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que la fecha límite para inscribirse es el 22 de enero. En consecuencia, se afrontan los últimos días para completar el trámite y optar a las pruebas selectivas. Las oposiciones permiten acceder a los cuerpos de Administrativos y Técnicos Auxiliares de Informática, ambos del subgrupo C1; Auxiliares de la Administración, del subgrupo C2; y a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, encuadrados en el subgrupo A2.
La distribución de las plazas es la siguiente. El Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado cuenta con 1.700 plazas de acceso libre, de las cuales 156 están reservadas al cupo de discapacidad, y 720 plazas para promoción interna. En el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se convocan 2.512 plazas de turno libre, con 230 destinadas a personas con discapacidad, y 6.178 plazas de promoción interna. Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado se ofertan 1.030 plazas de acceso libre, 186 de ellas reservadas al cupo de discapacidad, y 340 de promoción interna. En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas de acceso libre, con 266 reservadas a discapacidad, y 2.950 plazas para promoción interna. Por último, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado dispone de 680 plazas de acceso libre y 520 para promoción interna.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señala que para optar a las plazas del subgrupo C2 es necesario contar al menos con el título de Educación Secundaria Obligatoria. Para las del subgrupo C1 se exige el título de bachiller o técnico, mientras que para el subgrupo A2 se requiere estar en posesión de un título universitario de grado, diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica.
La participación en estos procesos selectivos, gestionados por la Comisión Permanente de Selección, se realiza mediante la cumplimentación y presentación electrónica de la solicitud oficial, modelo 790, a través del Punto de Acceso General. Es imprescindible que la solicitud se registre antes del 22 de enero, ya que la presentación fuera de plazo conlleva la exclusión del proceso.
Durante la cumplimentación del formulario, el aspirante deberá indicar si se presenta por acceso libre o promoción interna y seleccionar como centro gestor al Instituto Nacional de Administración Pública. También se consignará, en su caso, la existencia de una discapacidad, su grado y, de forma opcional, la adaptación solicitada para las pruebas. Asimismo, se podrá indicar la comunidad autónoma de reconocimiento del título de familia numerosa y los títulos académicos adicionales que se deseen aportar.
En el supuesto de promoción interna, será necesario facilitar el código de cuatro dígitos correspondiente al cuerpo o escala de pertenencia, así como el organismo, ministerio y centro directivo de destino. Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el proceso se realizarán por vía electrónica a través del Punto de Acceso General, en la Carpeta Ciudadana, y se enviará un aviso al correo electrónico que el aspirante haya indicado en su solicitud de inscripción.
El análisis del denominado "absentismo" asociado a los procesos de incapacidad temporal es complejo, tanto a la hora de delimitar el concepto como de identificar sus causas. Las estadísticas muestran que, desde la pandemia, las bajas médicas se han incrementado en España de forma extraordinaria, hasta niveles sin precedentes en la Unión Europea. No obstante, atribuir este fenómeno a un supuesto abuso por parte de los trabajadores -como sostienen algunos representantes empresariales al aludir a prácticas como las llamadas "bajaciones", iniciadas estratégicamente en lunes o viernes- no se ajusta a lo que reflejan los datos. El patrón de la incapacidad temporal en España resulta anómalo en comparación con el resto de países comunitarios y apunta, más bien, a un problema estructural: un sistema de gestión de las bajas sobrecargado y poco eficiente.
Según Eurostat, España ocupa el décimo puesto en la UE en tasa de "absentismo total", que incluye todo tipo de ausencias laborales, vacaciones incluidas, con un 12,3%. Este dato desmiente la percepción de que el país lidera esta clasificación. Sin embargo, la situación cambia cuando se analizan únicamente las ausencias por incapacidad temporal: en ese ámbito, España se sitúa como el segundo país con mayor incidencia, solo por detrás de Eslovenia -y tercero en Europa si se incluye a Noruega-, de acuerdo con un informe reciente del Observatorio de la Pyme de la patronal catalana Pimec. El estudio subraya una paradoja evidente: ¿cómo puede un país con una de las tasas de desempleo más elevadas registrar, al mismo tiempo, uno de los mayores niveles de bajas por enfermedad?
La teoría económica suele indicar que cuando el desempleo es bajo, las bajas por incapacidad temporal tienden a aumentar, una relación que se observa con claridad en muchos países europeos. Ejemplos de ello son Noruega o Eslovenia, frente a casos como Grecia. Incluso en economías como Italia, Francia o Portugal, con sistemas de protección social robustos y amplias garantías laborales, la proporción de bajas en relación con el paro es inferior a la española, que se sitúa en la peor posición comparativa.
El informe de Pimec concluye que España constituye "una excepción en Europa", ya que, pese a mantener tasas de desempleo muy elevadas, el peso de las bajas por incapacidad temporal es mucho mayor de lo que cabría esperar. Esta anomalía podría estar revelando deficiencias en la gestión de los procesos de baja laboral.
El documento recuerda que, en condiciones económicas normales, las bajas tienden a aumentar en fases de expansión y a reducirse durante las recesiones. Esta pauta se rompió con la pandemia de la Covid-19, cuando crecieron simultáneamente el paro y las bajas médicas, pero posteriormente se ha recuperado la tendencia habitual. Aun así, esta "normalización" se produce en un contexto en el que España sigue figurando entre los países con más desempleo de Europa. Incluso Finlandia, que recientemente ha superado a España en tasa de paro, presenta cifras muy inferiores de incapacidad temporal.
Otro elemento destacado es la reducción en la duración media de los procesos: en 2024, más del 75% de las bajas no superaron los 15 días. Esto implica que el aumento global de la incapacidad temporal se debe principalmente a que hay más personas que inician una baja, no a que estas se prolonguen más tiempo. El incremento de la afiliación -un 30,8% entre 2013 y 2024- explica parcialmente esta evolución, pero el estudio señala que el número total de bajas ha crecido mucho más rápido, un 170,8% en los últimos once años.
El envejecimiento de la población es otro factor que influye en el aumento de las bajas, aunque el informe matiza que la incidencia también crece entre los trabajadores jóvenes. Mientras que los empleados de mayor edad acumulan más días de baja, son los más jóvenes quienes inician un mayor número de procesos de incapacidad temporal.
Pese a todo, el elemento clave reside en la capacidad del sistema sanitario para atender adecuadamente a las personas con patologías que limitan su capacidad laboral. Los retrasos en pruebas diagnósticas, consultas médicas o tratamientos, así como determinadas gestiones ambulatorias, contribuyen a alargar las bajas y dificultan la recuperación, convirtiendo el problema en una cuestión tanto social como económica.
El estudio también pone el foco en el gasto sanitario: aunque España presenta una de las mayores incidencias de bajas por incapacidad temporal, su inversión en sanidad equivale al 6,7% del PIB, en línea con la media europea, pero claramente por debajo de países como Alemania, Francia o Suecia, que superan el 9,5%.
Desde el punto de vista empresarial, el absentismo no se identifica con vacaciones, permisos o ausencias vinculadas a maternidad, paternidad o cuidado de dependientes, ni tampoco con faltas injustificadas, cuyo impacto es residual. En sentido estricto, solo estas últimas encajarían en la acepción clásica del término en castellano, entendida como la ausencia deliberada del lugar de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo define el absentismo como la no asistencia al trabajo cuando estaba prevista, excluyendo ausencias autorizadas como vacaciones o huelgas. Esta definición deja en una zona ambigua las bajas por enfermedad, que están médicamente justificadas pero resultan imprevistas para las empresas. De ahí que Pimec utilice el concepto de "absentismo por incapacidad temporal".
Para abordar este fenómeno, la patronal catalana plantea un conjunto de medidas. Entre ellas, propone aprovechar mejor los recursos médicos de las mutuas, permitiéndoles gestionar también contingencias comunes y no solo profesionales, mediante protocolos de derivación con el sistema público. Esto incluiría la posibilidad de que las mutuas tramiten altas y bajas, con capacidad para denegar prestaciones en determinados supuestos, siempre con mecanismos de revisión.
Asimismo, defiende reforzar la gobernanza de las mutuas, preservar su modelo público-privado y aumentar la participación de los agentes sociales en sus órganos de dirección, manteniendo las comisiones de control, la reserva de estabilización y elevados estándares de transparencia y eficiencia.
En paralelo, Pimec apuesta por mejorar la gestión de la incapacidad temporal mediante un mayor apoyo a la atención primaria y la simplificación de los trámites administrativos. También propone implantar fórmulas como el alta voluntaria, el alta parcial o la reincorporación progresiva al trabajo, habituales en otros países europeos.
Por último, para reforzar el control de las bajas, el informe sugiere aumentar los recursos destinados a la inspección médica, actualizar los tiempos óptimos de duración de los procesos y avanzar en la digitalización, con el fin de mejorar la interoperabilidad entre los sistemas sanitarios y las mutuas.
En un contexto de marcada fragilidad parlamentaria, el Gobierno ha logrado esquivar en el último momento un nuevo conflicto con uno de sus socios clave, el PNV. El desencuentro giraba en torno al traspaso de cinco competencias acordadas el pasado 15 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. La concreción final de estas transferencias ha permitido rebajar la tensión y reconducir la situación. Las competencias afectadas son las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidados familiares, las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios asistenciales del paro, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo en materia de salud laboral, el seguro escolar y el salvamento marítimo.
El País Vasco gestionará las prestaciones de paro, y se hará cargo de la treintena de oficinas del Sepe y de sus más de 500 empleados en la comunidad. El traspaso, tras meses de divergencias, se firma este viernes, junto a otras 4 transferencias.
Durante las últimas semanas, la relación entre ambos ejecutivos se había ido deteriorando ante la inminente celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente prevista para mañana. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, había advertido reiteradamente de que Euskadi no acudiría a la reunión si no se materializaban los compromisos asumidos en julio. En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, avisó de que, en caso de incumplimiento, su partido dejaría de mantener una actitud dialogante y actuaría en consecuencia.
Finalmente, este viernes el Gobierno vasco sí asistirá a la comisión, después de que el lehendakari confirmara su decisión tras analizar si los traspasos concretados respetan lo pactado en verano y se ajustan al Estatuto de Guernica. Con este movimiento, el Ejecutivo central evita una crisis que habría agravado aún más su debilidad en el Congreso, especialmente después de haber perdido el respaldo de Podemos y Junts, lo que le ha llevado a encadenar derrotas parlamentarias. La más reciente se produjo poco antes de Navidad, cuando la Cámara rechazó por segunda vez el techo de gasto, paso imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a este acercamiento, las relaciones entre el Gobierno y el PNV distan de estar plenamente normalizadas. Desde el partido de Aitor Esteban recuerdan que este es solo un primer bloque de transferencias y que aún quedan pendientes otros traspasos necesarios para completar el desarrollo del Estatuto de Guernica. También reclaman nuevas reuniones bilaterales para avanzar en los compromisos pendientes.
En paralelo, el Congreso tiene prevista para el próximo 27 de enero una sesión plenaria de especial relevancia, en la que se debatirá y votará un real decreto-ley de amplio contenido. Entre sus medidas figuran la actualización de las pensiones para 2026, la extensión de las ayudas al transporte y la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, vigente desde abril de 2020. Por ahora, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación.
En el ámbito vasco, la tensión política persiste más allá del acuerdo puntual alcanzado. Las reticencias del Ejecutivo central a cumplir todos los compromisos adquiridos afectan al PSE, socio de gobierno del PNV en Euskadi, al poner en cuestión su implicación con el desarrollo del Estatuto de Guernica. Permanecen pendientes 16 materias, entre ellas competencias relacionadas con la Seguridad Social, el desempleo, los puertos y los aeropuertos.
Además, el panorama político vasco está fuertemente condicionado por EH Bildu, principal fuerza de la oposición en Euskadi y aliado habitual del Gobierno de Sánchez en el ámbito estatal. Su coordinador general, Arnaldo Otegi, planteó recientemente la creación de una candidatura conjunta vasca y navarra junto a otras fuerzas soberanistas, con un programa básico, para concurrir a las próximas elecciones generales y actuar de forma unitaria frente al Estado. El PNV rechaza esta propuesta y sostiene que resulta más plausible una alianza entre el PSOE y Bildu que un entendimiento entre Bildu y el propio PNV.
En este entramado de intereses cruzados entre Madrid y Vitoria, con el PNV y EH Bildu compartiendo apoyos al Gobierno central pero compitiendo en el ámbito autonómico, la política vasca se ha convertido en un delicado ejercicio de equilibrios. En este escenario, la formación que lidera Otegi parece moverse con mayor comodidad.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a una empresa a abonar 165.059 euros a un trabajador al que se le denegó de manera reiterada la adaptación de su horario y la posibilidad de teletrabajar para atender a sus padres, ambos de avanzada edad y con diferentes grados de discapacidad.
El empleado prestaba servicios en la compañía desde 1997, pero la situación conflictiva se inició en 2019, cuando solicitó por primera vez una reorganización de su jornada para poder hacerse cargo del cuidado de sus progenitores. La empresa rechazó esa petición y volvió a hacerlo en 2021 y 2022, a pesar de conocer las circunstancias personales y familiares del trabajador.
Esta negativa continuada tuvo un impacto directo en su salud. Tal y como recoge la resolución judicial, el trabajador desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, lo que motivó una baja médica a finales de 2020. El tribunal destaca que la empresa era consciente del riesgo psicosocial que afectaba al empleado y, aun así, no adoptó ninguna medida de apoyo ni llevó a cabo un seguimiento individualizado de su estado de salud.
Ante esta situación, el trabajador solicitó la extinción de su contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, argumentando un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. Inicialmente, el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao rechazó la demanda al considerar que no concurría la gravedad necesaria para justificar la extinción indemnizada del contrato. Sin embargo, el empleado recurrió esa decisión ante el TSJPV.
El Tribunal Superior estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, concluyendo que la empresa había vulnerado de forma grave sus deberes contractuales al no garantizar la protección de la integridad física y psicológica del trabajador. A juicio del tribunal, la ausencia de medidas preventivas y de protección en un escenario de riesgo psicosocial constituye una causa suficiente para que el empleado solicitara la resolución del contrato con derecho a indemnización.
En consecuencia, el TSJPV declaró extinguida la relación laboral y condenó a la empresa al pago de 165.059 euros. Asimismo, la sentencia reconoce el derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo, siempre que reúna los requisitos legales. El fallo pone de relieve la relevancia de las políticas de conciliación y de la protección de la salud laboral, especialmente en situaciones de cuidado de familiares dependientes, y advierte del elevado coste económico que puede tener para las empresas desatender estas obligaciones.
La urgencia por colocar el exceso de liquidez está pesando más que las tensiones geopolíticas. Aunque la renta variable comienza a reflejar cierta inquietud, los mercados de deuda mantienen un elevado dinamismo. El Tesoro observa con atención el comportamiento de los inversores y, mientras decide el momento adecuado para lanzar la habitual emisión sindicada de comienzos de año, continúa desarrollando su calendario de financiación. Apenas dos días después de emitir 6.077 millones de euros en letras a seis y doce meses, con rentabilidades cercanas al 2%, este jueves ha salido al mercado con bonos a tres, 15 y 50 años. La entidad presidida por Paula Conthe ha colocado 5.856,7 millones de euros y ha elevado el rendimiento del bono a 50 años hasta el 4%.
El mercado está mostrando una notable capacidad para absorber el fuerte volumen de emisiones propio del inicio de ejercicio. En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y dudas sobre la evolución económica, la deuda pública se percibe como un refugio relativamente seguro, especialmente en el ámbito del euro. En un escenario global que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "caótico", las expectativas de crecimiento más moderadas y unos tipos de interés previsiblemente contenidos en la eurozona aportan cierta certidumbre. Este entorno explica el interés por la deuda española, cuya demanda para las tres referencias ha alcanzado los 11.804 millones de euros, el doble de la cantidad finalmente adjudicada.
En el tramo a tres años, el Tesoro ha captado 3.250,95 millones de euros, con una rentabilidad que sube ligeramente desde el 2,217% de la subasta de septiembre hasta el 2,348% actual. En los bonos a 15 años se han colocado 1.400,8 millones con un rendimiento del 3,67%, frente al 3,261% previo. La operación se completa con 1.100 millones en deuda con vencimiento en 2071, que, pese a recibir peticiones superiores a 3.857 millones, ha visto elevarse su rentabilidad hasta el 4%.
Al igual que ocurre con los emisores privados, los Estados están acelerando sus colocaciones de deuda ante el riesgo de que el entorno se deteriore aún más. Tras la histórica emisión sindicada de Italia de la semana pasada -20.000 millones de euros en bonos a siete años junto con la reapertura de su bono verde-, Francia ha acaparado ahora la atención. El país ha logrado captar 10.000 millones de euros mediante un bono a 20 años y, a pesar de la debilidad de sus finanzas públicas y de las dificultades para sacar adelante los presupuestos, ha recibido un respaldo significativo por parte de los inversores. La demanda alcanzó los 106.000 millones de euros, aunque sin llegar a los niveles récord vistos recientemente en Italia o Portugal.
La persistente inestabilidad política en Francia complica la aprobación de las reformas que reclama el mercado y los desequilibrios fiscales continúan ampliándose en lugar de corregirse. El ministro de Finanzas, Roland Lescure, ha alertado de que el déficit podría elevarse hasta el 5,4% del PIB si no se aprueban las cuentas públicas, muy por encima del límite del 3% fijado por la normativa europea. En el mercado secundario, la presión sobre la deuda francesa se ha moderado y su prima de riesgo ronda los 67 puntos básicos, todavía lejos de los 39 puntos de la española, aunque por debajo de los 86 puntos alcanzados el pasado octubre, cuando la continuidad del segundo Gobierno de Sébastine Lecornu estaba en entredicho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves durante la clausura del foro Spain Investors Day la puesta en marcha de un gran fondo soberano destinado a tomar el relevo de los fondos Next Generation y a prolongar su impacto más allá de 2026. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende amortiguar el fuerte descenso de la inversión que se producirá a finales de este año con la finalización de las ayudas europeas.
Este nuevo instrumento, denominado Fondo España Crece, contará en una primera fase con una dotación de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación. A partir de esa base, el objetivo es movilizar hasta 120.000 millones de euros adicionales mediante la participación de inversores nacionales y privados.
La creación del fondo responde a la necesidad de mitigar el denominado "efecto escalón" que supondrá la desaparición de las ayudas europeas activadas en 2021 para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19. Dicho programa asignó a España 80.000 millones de euros en subvenciones y 82.000 millones en préstamos en condiciones favorables, de los cuales el país renunció finalmente a 60.000 millones.
Sánchez recordó que los fondos Next Generation concluyen este año y que los compromisos pendientes acordados con la Unión Europea deben cumplirse antes de agosto de 2026, para que la Comisión Europea pueda evaluarlos en otoño y autorizar el último desembolso a finales de ese ejercicio.
Ante este escenario, el presidente subrayó que el Gobierno ya ha comenzado a prepararse con el objetivo de ir más allá de 2026 y garantizar que las inversiones en transición energética y digital, capital humano y reindustrialización -en todos los territorios y no solo en las grandes ciudades- tengan continuidad una vez finalice el Plan de Recuperación. La intención, recalcó, es que el impulso reformista y las grandes transformaciones iniciadas con el programa NextGen se mantengan en el tiempo.
Según explican desde La Moncloa, el Fondo España Crece estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha sido recapitalizado con 10.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos tras la aprobación de la última adenda al Plan de Recuperación. El ICO participará junto al sector privado mediante fórmulas como préstamos, avales o instrumentos de capital.
El Gobierno ha detallado que el fondo centrará sus inversiones en nueve ámbitos estratégicos para elevar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, y seguridad.
"Si los fondos Next Generation representaron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será una expresión de soberanía nacional", afirmó Sánchez. La presentación oficial del plan tendrá lugar el próximo lunes, cuando el presidente comparecerá junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para dar a conocer todos los detalles.
De forma paralela, Sánchez destacó la celebración de la primera reunión del Comité de Inversiones Estratégicas, una nueva herramienta orientada a atraer capacidades productivas hacia sectores clave, en línea con los intereses nacionales y europeos.
Los alimentos cerraron diciembre de 2025 con un encarecimiento del 3% en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsados principalmente por el fuerte aumento del precio de los huevos y de la carne de ternera. A continuación se situaron el café, el cacao y los productos derivados, según los datos definitivos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados al cierre del ejercicio.
De acuerdo con el desglose difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos y la carne de vacuno fueron los productos que más subieron de precio en 2025, con incrementos interanuales del 31,3% y del 17,2%, respectivamente, al finalizar diciembre.
En el conjunto del año, el IPC general avanzó un 2,9%, lo que supone una desaceleración de una décima respecto al ejercicio anterior. En contraste, la inflación de los alimentos repuntó dos décimas, presionada sobre todo por el aumento de precios de las legumbres y los aceites. En total, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3% en diciembre frente al mismo mes de 2024.
Los huevos encabezaron las subidas interanuales dentro de la cesta de la compra en diciembre, con un alza del 31,3%, en un contexto marcado por la incidencia de la gripe aviar en el sector. También destacó el encarecimiento de la carne de vacuno, que aumentó un 17,2%, muy por encima del resto de carnes.
El resto de productos cárnicos registraron incrementos más moderados: el ovino subió un 7,4%, el porcino apenas avanzó un 0,6%, la carne de ave un 3,9% y otras carnes un 5,4%. En el apartado del pescado, los precios aumentaron un 2,3%, mientras que los crustáceos, moluscos y preparados de pescado se encarecieron un 1,8%.
Tras la carne de vacuno, sobresalieron las subidas del café, con un incremento del 16,3%, del chocolate (12,7%) y del cacao y chocolate en polvo (12%), dentro del grupo del café, el cacao y las infusiones. Otros aumentos relevantes registrados en 2025 fueron los de la casquería (7,8%), la carne de ovino y caprino (7,4%), las legumbres y hortalizas frescas (7,3%) y los frutos secos (7%).
En el lado opuesto, el aceite de oliva fue el producto que más se abarató durante el año, con una caída del 31,6% en términos anuales, aunque desde enero de 2021 acumula todavía un aumento del 59,2%. En los últimos doce meses, únicamente registraron descensos de precios el conjunto de aceites y grasas (-25,5%), el azúcar (-5,5%) y las patatas y sus derivados (-0,9%).
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