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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

El Congreso exige al Gobierno bajar el IVA al 4% para la compra de primera vivienda

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a reducir al 4% el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicado a la adquisición de la primera vivienda. Sin embargo, la iniciativa no ha contado con el respaldo del PSOE ni de Sumar, los dos partidos que forman el Ejecutivo de coalición. La propuesta prosperó después de que el Partido Popular presentara una moción en el pleno celebrado este miércoles, derivada de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción salió adelante gracias al apoyo de Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, además del voto favorable del propio PP. Por su parte, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego optaron por abstenerse. Junto a esta iniciativa, también se aprobó reclamar al Ejecutivo una deducción en el IRPF durante los primeros años de la carrera laboral de los jóvenes, aunque en este punto Junts prefirió no posicionarse a favor ni en contra. La rebaja fiscal para la compra de la primera vivienda habitual cuenta con el respaldo de diversos sectores, que la consideran un incentivo para facilitar el acceso a la propiedad al reducir el desembolso inicial, especialmente elevado por la entrada exigida al solicitar una hipoteca. Entre quienes han defendido medidas de este tipo figura la abogada Montse Cespedosa, quien ha planteado incluso eliminar los impuestos sobre la primera vivienda o fijarlos en un nivel muy bajo -entre el 1% y el 2%- a cambio de aumentar significativamente la carga fiscal sobre la compra de segundas residencias y posteriores, llegando hasta un 15%. Además, la Cámara aprobó el resto de propuestas incluidas en la moción, entre ellas crear condiciones favorables para que, mediante la cooperación entre el sector público y el privado, se puedan construir un millón de viviendas en España en los próximos cuatro años, especialmente en las zonas con mayor demanda, con el objetivo de reducir el déficit habitacional acumulado. En este punto, el PSOE optó por la abstención. Los socialistas sí respaldaron otras iniciativas, como impulsar la colaboración público-privada en la promoción y edificación de viviendas, así como permitir que los ayuntamientos destinen sus remanentes presupuestarios a proyectos de vivienda asequible, ajustando los plazos a las necesidades reales de construcción para garantizar su viabilidad. Asimismo, el Congreso solicitó poner en el mercado todo el suelo público disponible perteneciente a la Administración General del Estado para destinarlo al alquiler asequible, con precios alrededor de un 30% inferiores a la media del mercado, además de elaborar un plan para simplificar los trámites administrativos y acometer las reformas normativas necesarias.

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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

Las aseguradoras entran a cubrir a la empresa familiar de las inspecciones de Hacienda

La inseguridad fiscal que afrontan las empresas familiares al reorganizar su estructura para preparar la sucesión ha provocado un aumento en la contratación de seguros destinados a cubrir posibles ajustes por parte de la Agencia Tributaria. Desde la primavera de 2024, este tipo de operaciones se realizan con cautela tras varias resoluciones controvertidas del Tribunal Económico-Administrativo Central, que han reforzado la capacidad de Hacienda para revisar reestructuraciones empresariales. En particular, se vigilan los casos en los que se crea una sociedad matriz o holding que agrupa a distintas filiales, con el fin de comprobar si responde a razones económicas reales o únicamente a un ahorro fiscal. Fusiones, escisiones o reorganizaciones pueden beneficiarse de neutralidad fiscal si obedecen a motivos empresariales genuinos; pero si la Administración concluye que su finalidad principal es reducir impuestos, puede recalcular la tributación y exigir los importes correspondientes. Según Jacobo de la Guardia, socio de Derecho Fiscal en Evergreen Legal, uno de los usos más recientes de estos seguros se da precisamente en reorganizaciones de grupos familiares y en la creación de holdings. El riesgo de que la Administración considere que la operación carece de sustancia económica y regularice las plusvalías no declaradas, incluso con sanciones, actúa como un fuerte freno. Estas pólizas permiten cubrir ese escenario. Para obtenerlas, la operación debe haber sido previamente analizada por asesores especializados y contar con un informe razonado que justifique la existencia de motivos económicos válidos. Las aseguradoras valoran la solidez de esa argumentación y, según el riesgo estimado, fijan las condiciones del seguro. Este tipo de cobertura funciona como una protección que permite ejecutar planificaciones fiscales legítimas con mayor tranquilidad, al ofrecer respaldo frente a posibles interpretaciones desfavorables de la Administración. Los seguros de riesgo fiscal surgieron en Reino Unido y Estados Unidos vinculados a operaciones de fusiones y adquisiciones. Llegaron a España alrededor de 2010 impulsados por fondos internacionales de capital riesgo, habituados a utilizarlos en sus países de origen, y actualmente empiezan a extenderse también a empresas más pequeñas. El aumento de su demanda se explica, en parte, por la creciente complejidad de la normativa tributaria -tanto nacional como internacional- y por una actitud más estricta de las administraciones en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Estas pólizas suelen cubrir contingencias relacionadas con precios de transferencia, deducciones, amortizaciones aceleradas u otras cuestiones que puedan dar lugar a regularizaciones. Habitualmente tienen una vigencia de cuatro años, coincidiendo con el plazo general de prescripción fiscal, aunque en ciertos casos puede ampliarse. Además, también se utilizan en operaciones de compraventa de inmuebles o en transmisiones de participaciones sociales cuando el principal valor de la empresa reside en activos inmobiliarios.

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(El Economista, 19-02-2026) | Fiscal

Bruselas pide explicaciones a España por demorar la subida del impuesto al diésel

A finales de enero expiró el plazo que la Comisión Europea había ampliado en julio para que España aprobara el incremento del impuesto al diésel. Como dicha subida no se ha materializado, ahora Bruselas reclama aclaraciones al Ejecutivo español. Según fuentes comunitarias, el país debe remitir una justificación que explique por qué no se ha adoptado la medida. La Comisión estudiará los argumentos presentados y podría conceder hasta dos meses adicionales para ampliar la información. Desde el Ministerio de Economía aseguran que continúan trabajando en este asunto. En juego hay 475 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación que siguen bloqueados por el momento, además de otros 626 millones retenidos por no haberse cumplido el compromiso de reducir la temporalidad en el empleo público. En total, permanecen pendientes unos 1.100 millones correspondientes al quinto pago de los fondos Next Generation EU, justo cuando el Gobierno español prevé solicitar en breve el sexto desembolso, cuya cuantía aún no se ha hecho pública. Cuando a comienzos de diciembre de 2025 Economía remitió a Bruselas una modificación del Plan de Recuperación para ajustar varios hitos exigidos para recibir estas ayudas, la subida del impuesto al diésel no figuraba entre las medidas eliminadas o sustituidas. El ministro Carlos Cuerpo declaró entonces que el compromiso seguía vigente y que aún había margen para cumplirlo. El pasado martes, el ministro volvió a mostrarse confiado en la capital comunitaria y subrayó que el Gobierno no renuncia a reducir las bonificaciones fiscales del diésel para desbloquear los fondos asociados. Afirmó que el Ejecutivo seguirá intentándolo "hasta el último minuto" y que todavía existen plazos disponibles dentro de la normativa del Plan de Recuperación. No obstante, aprobar esta subida fiscal resulta muy complicado. Requeriría el visto bueno del Pleno del Congreso de los Diputados, donde no existe mayoría suficiente. Así lo reconocen también en el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, responsable de elaborar el decreto, mientras Economía negocia con las instituciones europeas. La iniciativa cuenta con el rechazo frontal de Partido Popular, Vox y especialmente de Junts per Catalunya, grupo clave para aprobar cualquier medida parlamentaria. También Podemos se opone a reducir la bonificación, al considerar que perjudicaría a los sectores con menos recursos. La ausencia de apoyos en el Parlamento es, en realidad, el principal motivo por el que el Ejecutivo no impulsa el aumento del gravamen al diésel. Además, este asunto no figura entre las prioridades de Junts y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera lo negocia con la formación liderada por Carles Puigdemont. La reforma fiscal prevista afectaría al impuesto incluido en el gravamen sobre hidrocarburos, elevándolo de 0,307 euros por litro a 0,4 euros. Con la aplicación del IVA -que se calcula sobre el precio final más ese impuesto especial- el coste por litro aumentaría todavía más.

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(Cinco Días, 19-02-2026) | Laboral

El sueldo en las aseguradoras y las mutuas subirá un 14% a lo largo de cinco años

La plantilla del sector asegurador -unas 75.000 personas entre compañías y mutuas- experimentará una subida salarial cercana al 14% a lo largo de cinco años. Así lo ha comunicado el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), mayoritario en este ámbito, tras alcanzar un preacuerdo con la patronal. El pacto incluye también una mejora significativa de los salarios mínimos del sector. Según los datos difundidos por el sindicato, las empresas aplicarán un incremento del 3,5% con carácter retroactivo sobre los sueldos de 2025. Para los años 2026, 2027 y 2028 se ha establecido un sistema de revisión vinculado a la evolución del PIB y del IPC, lo que supondría una subida adicional acumulada de entre el 10,5% y el 11,1%. CC OO y otros sindicatos habían convocado movilizaciones a finales del año pasado para presionar a Unespa, la organización empresarial del sector, con el objetivo de renovar el convenio colectivo. El preacuerdo también prevé un aumento notable del salario base y de las retribuciones de entrada. El sueldo mínimo anual se situará en 18.000 euros, un 13,4% por encima del actual, mientras que el siguiente nivel salarial alcanzará los 20.000 euros, lo que supone un incremento del 10,5%. Además, se han acordado mejoras en el sistema de previsión social de aportación definida, un aumento de la ayuda para comidas y avances en la regulación de los permisos retribuidos. Desde Unespa han evitado pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y han señalado que harán declaraciones cuando se firme oficialmente. Comisiones Obreras cuenta con el 52,33% de representación en la mesa negociadora del convenio, que regula las condiciones laborales de más de 52.000 empleados de aseguradoras y parte de las de otros 23.000 trabajadores de mutuas. El sector cerró el último ejercicio con cifras históricas, al alcanzar ingresos por primas de 85.879 millones de euros, un 14% más que el año anterior. Su presidenta, Mirenchu del Valle, destacó que se trató de un año especialmente positivo con una recaudación récord. La industria aseguradora acumula varios ejercicios de crecimiento continuado en primas y beneficios, lo que ha favorecido un clima laboral estable, con mejoras progresivas en las condiciones de trabajo y muy pocas salidas obligadas de personal.

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(Expansión, 19-02-2026) | Laboral

El nuevo salario mínimo supera ya el 60% del sueldo medio en 46 provincias

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424 euros si se prorratean en 12), volverá a generar tensiones en las estructuras salariales de las empresas y en la negociación de los convenios colectivos. Este nuevo umbral retributivo supera ampliamente el 60% del salario medio en la mayoría de las provincias españolas (46 en concreto), el porcentaje que el Gobierno de España pretende garantizar para ajustarse a las recomendaciones de la Carta Social Europea. En 23 provincias, incluso, el SMI rebasa el 70% del sueldo medio. Estas cifras reflejan que el impacto del salario mínimo no es uniforme: afecta con más intensidad a determinados sectores, territorios y tamaños de empresa, especialmente a regiones con salarios más bajos, pequeñas compañías y actividades como la agricultura, la hostelería o el empleo doméstico, donde los sueldos mínimos se aproximan más a los ingresos medios. Por este motivo, organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA sostienen que la política impulsada por el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone en la práctica una intervención en la fijación salarial, tradicionalmente acordada entre empresarios y sindicatos en los convenios colectivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nuevo SMI equivaldrá aproximadamente al 83% del salario medio en microempresas de hasta diez trabajadores (1.713 euros mensuales) y al 66% en compañías con plantillas de entre 11 y 20 empleados, donde la remuneración media asciende a 2.161 euros. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que desde 2018 el salario mínimo ha subido más de un 66%, lo que -según afirma- ha reducido el empleo en sectores como el trabajo doméstico, el campo o entre autónomos con pocos empleados. También sostiene que la creación de puestos de trabajo en empresas muy pequeñas se ha estancado y que ha disminuido el número de autónomos con personal a cargo, especialmente en el comercio. A su juicio, nuevas subidas podrían frenar aún más la contratación e impulsar la economía informal. De acuerdo con las estadísticas salariales más recientes del INE (2024), el SMI de 2026 superaría con creces el sueldo medio del empleo doméstico (1.138 euros), situándose en torno al 125%. En hostelería alcanzaría el 93% del salario medio (1.520 euros), en agricultura el 87% (1.638 euros) y en actividades administrativas el 85% (1.674 euros). Son precisamente estos sectores, donde el salario mínimo está más próximo a la media, los que deberán ajustar un mayor número de nóminas. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, subraya que el impacto tampoco es igual en todas las zonas. Actividades como la agricultura o la hostelería -caracterizadas por pequeñas empresas y menor productividad- soportan una carga mayor, ya que deben asumir aumentos salariales sin que necesariamente crezcan sus ingresos. Además, recuerda que la situación varía según el territorio: en áreas con menor población, por ejemplo, la demanda puede ser insuficiente para compensar el incremento de costes laborales. Si se analizan las bases de cotización de la Seguridad Social, las mayores presiones se concentran en 23 provincias donde el SMI superará el 70% del salario medio. En Badajoz alcanzará aproximadamente el 76% (con una base media de 1.878 euros), mientras que en Toledo llegará al 70,2% (2.028 euros). En contraste, solo seis provincias presentan bases medias suficientemente altas para que el salario mínimo quede por debajo del 60%: Barcelona, Navarra, Madrid, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Ángela de Miguel también critica que fijar el SMI en torno al 60% del salario medio neto responde a una interpretación errónea, ya que no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas ni las diferencias entre territorios, y genera -según sostiene- una presión artificial en la negociación colectiva.

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(Expansión, 19-02-2026) | Laboral

Las empresas contratarán más, pero falta talento cualificado

Todo indica que el periodo de debilidad en el empleo podría estar quedando atrás. La mayoría de las empresas planea incorporar nuevos trabajadores: un 81% prevé aumentar la contratación y un 72% calcula subir los salarios este año. Sin embargo, persiste un problema habitual: la escasez de talento cualificado. El 93% de las compañías reconoce dificultades para encontrar perfiles adecuados, en un contexto marcado por el llamado quiet thriving (prosperar en silencio), tendencia según la cual siete de cada diez empleados prefieren replantearse su relación con la empresa, permanecer en su puesto y mejorar sus competencias, como alternativa al quiet quitting o "renuncia silenciosa". La Guía del Mercado Laboral 2026 elaborada por Hays pone de manifiesto una situación poco común: abundan las vacantes, pero muchos profesionales no desean cambiar de empleo. Christopher Dottie, director regional para el sur y oeste de Europa, señala que los trabajadores viven una etapa de mayor estabilidad y bienestar, lo que reduce su disposición a moverse. Según los encuestados, las áreas con más oportunidades laborales serán tecnologías de la información (45%), comercio electrónico y digital (24%) y energías renovables (23%). Para este informe se analizaron datos de más de 4.300 empresas y profesionales en España, además de más de 7.400 salarios en ciudades como Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. Un 72% de las compañías prevé subir los sueldos, especialmente en atención al cliente, administración y finanzas (7%), así como en el sector tecnológico (6%). Estas subidas podrían acortar la distancia entre lo que esperan los empleados y lo que realmente ocurre: en 2025, el 30% confiaba en un aumento del 10%, aunque el incremento real fue menor. Aun así, el 62% considera que su salario no se ajusta a su trabajo y el 64% percibe falta de claridad en la política retributiva de su empresa. La próxima aplicación obligatoria de la Directiva europea de transparencia salarial abre nuevas expectativas. Dottie subraya que dos de cada tres profesionales creen que sus compañías no son transparentes en materia de sueldos y que nueve de cada diez candidatos tienen más probabilidades de postularse a ofertas que incluyen información salarial. En su opinión, este cambio normativo será decisivo en un mercado tensionado por la escasez de talento. El salario vuelve a ser el principal reclamo para atraer profesionales cualificados. Las empresas están dispuestas a pagar más por competencias específicas, lo que permite a quienes poseen habilidades muy demandadas obtener remuneraciones superiores a las de otros empleados en puestos similares. Aun así, las expectativas de los trabajadores siguen siendo más altas que las previsiones empresariales: el 37% cree que su sueldo aumentará al menos un 10% este año, algo que solo anticipa un 5% de las compañías. La posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas también genera debate. Un 83% de los trabajadores la respalda, mientras que las empresas están divididas y solo un 18% la considera necesaria. Se asocia a una mejor conciliación, mayor eficiencia y bienestar psicológico, aunque el reto está en aplicarla de forma viable según cada sector. Respecto al modelo de trabajo, la presencialidad total ha crecido notablemente en el último año, mientras que el teletrabajo ha descendido ligeramente. La mitad de las organizaciones ya funciona completamente desde la oficina, frente al 38% del año anterior. Pese a ello, los empleados perciben una mejora en el equilibrio entre vida personal y laboral, cuyo nivel de satisfacción pasa del 65% al 72%. La mayoría de las empresas mantendrá su modelo actual, pocas apostarán por más flexibilidad y una minoría exigirá más días presenciales. Sin embargo, aún hay margen de mejora en conciliación: el 54% siente que debe estar disponible fuera de su horario, el 27% lo percibe ocasionalmente y solo el 18% afirma que nunca le ocurre. También aumenta el número de trabajadores satisfechos con su empleo, lo que explica la baja movilidad laboral: los empleados motivados pasan del 44% al 55%. El salario es el principal factor de satisfacción para el 67%, seguido del reconocimiento (42%), las oportunidades de promoción (26%) y la flexibilidad (18%). En cuanto a los ascensos, solo el 11% cree que se basan en criterios claros; un 16% piensa que dependen de la antigüedad o de normas internas, y un 29% considera que no existe un sistema definido. Por otro lado, el absentismo laboral preocupa cada vez más: el 44% de los trabajadores afirma que afecta de forma significativa a la productividad. Su impacto es especialmente notable en el comercio minorista, la logística, los bienes de consumo y las áreas comerciales. Según el informe, el 68% de los empleados percibe un aumento de estas ausencias, más acusado en grandes empresas que en pequeñas.

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(El País, 19-02-2026) | Laboral

Garamendi defiende su salario tras la crítica de Díaz: “La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo”

Aumenta la tensión en el intercambio de reproches entre el Ministerio de Trabajo y la patronal por la negativa empresarial a apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticó este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sus declaraciones llegan después de que ella cuestionara su postura contraria al aumento del SMI -aprobado en Consejo de Ministros hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas- señalando que él percibe un sueldo equivalente a 23 veces ese salario mínimo. En una entrevista en Radio Nacional de España, Garamendi respondió que de esa cifra "más de la mitad se destina a impuestos" y añadió irónicamente que será el Gobierno quien lo gestione. El dirigente empresarial defendió que su retribución, cercana a los 400.000 euros brutos anuales, es pública, aprobada por la asamblea de su organización y financiada por esta. También reprochó a Díaz que, cuando no obtiene respaldo a sus propuestas, recurra a cuestiones personales. Afirmó además que no modificará su postura en función de lo que opine la ministra y comparó ese tipo de críticas con prácticas políticas que, a su juicio, recuerdan a otros países latinoamericanos; al ser preguntado si aludía a Venezuela, respondió que sí, "por ejemplo". Garamendi también señaló que él nunca ha defendido cobrar tres veces el salario mínimo, en referencia a una norma interna que Podemos aplicó en sus inicios para limitar las retribuciones de sus cargos públicos, vigente hasta 2020. Desde el entorno de Díaz aclaran que ella nunca perteneció a ese partido -aunque fue diputada de Unidas Podemos y ministra en su representación- y que ni ella ni la plataforma Sumar han defendido ese tope salarial. El presidente de la patronal también mencionó la vivienda oficial que ocupa Díaz en Madrid durante su etapa en el cargo, subrayando que él paga su propio domicilio y evitando profundizar en el asunto. Según datos públicos, la ministra percibe unos 104.600 euros brutos anuales. Horas después de esa entrevista, Díaz intervino en La Sexta y reiteró sus críticas. Señaló que resulta preocupante que alguien con ingresos muy superiores al salario mínimo se oponga a una subida de 37 euros mensuales, que calificó de modesta para muchos trabajadores. También destacó que los beneficios empresariales son elevados y defendió que las compañías pueden permitirse repartir mejor la riqueza. Este enfrentamiento verbal agrava la distancia entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE, que acumulan más de año y medio sin alcanzar acuerdos relevantes desde que Díaz asumió el cargo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se sumó recientemente a las críticas hacia la patronal durante la firma del acuerdo con los sindicatos, instando a las empresas a elevar salarios ante el crecimiento de sus beneficios y a contribuir a una mejora general de las retribuciones donde aún no se ha producido.

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(El País, 19-02-2026) | Laboral

La jornada de 35 horas se aplicará en la Administración estatal a partir de marzo

La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) podría hacerse efectiva a partir del próximo mes de marzo. Así se acordó en la reunión celebrada este martes por la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación de la AGE, un órgano preparatorio de la próxima sesión formal prevista para comienzos de marzo, donde se aprobará definitivamente la medida, según fuentes sindicales. Actualmente, la jornada vigente es de 37,5 horas semanales. Según la propuesta presentada ese mismo día por el Ministerio de Función Pública para modificar la normativa sobre horarios y jornada, la medida alcanzará a unos 250.000 empleados públicos. Se aplicará al personal de la AGE -principalmente trabajadores de los ministerios-, así como a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de esta Administración. Sin embargo, el plan actual excluye al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Instituciones Penitenciarias y de los centros sanitarios o educativos, así como de los servicios de apoyo a la docencia. Estas exclusiones han generado malestar entre los sindicatos, especialmente en lo referente a los trabajadores de prisiones y del ámbito sanitario y educativo, todos ellos también dependientes de la AGE. El sindicato CSIF ha reclamado al ministerio dirigido por Óscar López que la medida se convierta en normativa básica y se aplique sin excepciones a todo el personal de la AGE y al conjunto del sector público, incluidas las empresas estatales. En la misma línea, CC OO considera que estas exclusiones suponen un obstáculo importante para respaldar la propuesta gubernamental. Por su parte, UGT también defenderá la inclusión del personal penitenciario, aunque reconoce que debería regularse mediante una instrucción específica adaptada a sus turnos especiales. Ante esta situación, la comisión técnica volverá a reunirse antes de la mesa general para intentar incorporar a estos colectivos en el texto final. Una vez se celebre dicha mesa -prevista igualmente para marzo, aunque aún sin fecha definitiva-, se trasladarán las directrices necesarias a los responsables de los distintos departamentos del sector público estatal para su puesta en marcha. Posteriormente, la Secretaría de Estado emitirá una resolución con instrucciones detalladas y se realizarán los ajustes necesarios para garantizar la prestación de los servicios, especialmente los de atención al público y la organización de turnos. Tras ello, la modificación de la instrucción de jornada y horarios se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los cálculos del ministerio y de los sindicatos, la nueva jornada podría entrar en vigor en marzo. El ministerio ya había comunicado a finales de enero a las organizaciones sindicales el inicio de los trámites para implantar esta reducción horaria. En ese momento, el Gobierno confiaba en aplicarla antes de finalizar el primer trimestre, aunque advertía de que la complejidad administrativa podría retrasarla. Tras la reunión de este martes y salvo imprevistos de última hora, todo apunta a que los plazos previstos se cumplirán.

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(El Economista, 19-02-2026) | Laboral

El sector público se prepara para reactivar la jubilación parcial entre abril y mayo

El personal laboral del sector público -empleados públicos que no tienen la condición de funcionarios- lleva aproximadamente un año sin poder acogerse a la jubilación parcial anticipada, una modalidad que permite reducir la jornada y compatibilizar el trabajo con el cobro de parte de la pensión. La razón principal es la falta de sustitutos para cubrir esos puestos, ya que aún no se han celebrado los procesos selectivos necesarios para contratar relevistas con carácter indefinido. Según ha trascendido, el Gobierno prevé convocar estos exámenes entre abril y mayo. Esta convocatoria supone un avance para desbloquear la situación, ya que una vez se cubran las 1.049 plazas anunciadas por el Ministerio de Función Pública, los trabajadores que cumplan los requisitos podrán solicitar esta forma de retiro. Las plazas proceden de una tasa adicional de empleo público creada tras la reforma de las pensiones que entró en vigor en abril de 2025. Dicha tasa no cuenta dentro del límite habitual de reposición de efectivos, con el fin de ampliar las vacantes disponibles y facilitar la aplicación de la jubilación parcial al personal laboral. El problema surgió precisamente con esa reforma, que exige que la persona que sustituya al trabajador parcialmente jubilado tenga un contrato indefinido. En el sector privado esto se resuelve mediante una contratación directa, pero en el ámbito público obliga a convocar un proceso selectivo para respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Aunque la oferta extraordinaria de empleo puede aliviar la situación, los representantes sindicales consideran que se trata solo de una solución provisional y que el obstáculo persistirá mientras no exista un mecanismo que permita incorporar al relevista justo cuando el trabajador solicita la jubilación parcial. El desarrollo de ese sistema corresponde al Ministerio de Seguridad Social, que se comprometió a elaborar una norma complementaria para resolver este problema, aunque todavía no se ha aprobado. Este retraso ha llevado a los sindicatos a paralizar las negociaciones hasta que se adopten medidas concretas. Está previsto además que la comisión paritaria del convenio único apruebe un sistema de acumulación de jornada que permita al trabajador parcialmente jubilado concentrar el tiempo de trabajo anual que le corresponde en un periodo continuo y, una vez cumplido, dejar de acudir al puesto. En la actualidad, esta modalidad puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, con reducciones progresivas de jornada: un 33% el primer año, un 50% el segundo y un 75% el tercero. Con la acumulación, en el último año podría trabajar a jornada completa durante los primeros meses y no regresar después. Por otra parte, los sindicatos también critican la lentitud en la recuperación de la jubilación parcial anticipada para funcionarios y personal estatutario. Tras finalizar en febrero el plazo para presentar enmiendas a la Ley de Función Pública -en tramitación desde 2007-, el proceso continúa paralizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

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(La Razón, 19-02-2026) | Laboral

Bolaños anuncia una "macroconvocatoria" de 500 plazas pactada con el CGPJ para el acceso a la carrera judicial

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la puesta en marcha de una "macroconvocatoria" para cubrir 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, que se llevará a cabo conjuntamente entre el ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles, el ministro destacó que se trata de la mayor oferta de plazas judiciales desde el inicio de la democracia. En respuesta a la diputada de ERC Pilar Vallugera, explicó que 375 puestos se cubrirán por turno libre mediante oposición, convocados por el ministerio, mientras que los 125 restantes corresponderán al denominado cuarto turno, reservado a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia, cuya convocatoria dependerá del CGPJ. Bolaños subrayó que, por primera vez, se alcanza el porcentaje del 25% de plazas destinadas a ese cuarto turno, y calificó el anuncio como muy relevante tanto para la carrera judicial y los opositores como para la ciudadanía. El ministro también resaltó la consolidación de las becas Seré, una ayuda económica equivalente al salario mínimo que pretende facilitar el acceso a las oposiciones a las carreras judicial, fiscal y a la Abogacía del Estado independientemente de los recursos económicos familiares. Asimismo, señaló que ya están operativos en todo el país los tribunales de instancia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales, considerados responsables de numerosos problemas estructurales del sistema judicial. Según explicó, estas reformas beneficiarán a los profesionales del ámbito jurídico al multiplicar las oportunidades de acceso a la judicatura. También afirmó que contribuirán a ofrecer un servicio público de justicia más cercano, ágil y con una carga de trabajo más equilibrada, lo que permitiría reducir los tiempos de resolución de los procedimientos. Por su parte, la diputada de ERC reclamó explicaciones sobre el proceso extraordinario de estabilización de más de mil jueces y fiscales sustitutos anunciado el pasado mes de junio, al considerar que es competencia directa del ministerio. Denunció además la situación de numerosos trabajadores interinos de la Administración de Justicia que, tras décadas desempeñando sus funciones, podrían perder su empleo, mencionando casos de personas de más de 50 años afectadas por las listas publicadas recientemente. A su juicio, la falta de estabilidad laboral perjudica tanto a los funcionarios como al funcionamiento del sistema judicial. Tras pedir que se acelere el proceso de estabilización, el ministro respondió brevemente que este ya está en marcha. Por otro lado, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad proponer que se oferten 375 nuevas plazas de juez para el turno libre, ante la necesidad urgente de cubrir alrededor de 260 vacantes estructurales. En un comunicado difundido este miércoles, el órgano señaló que el elevado número de plazas vacantes, actuales y previstas, obliga a un esfuerzo sostenido en el tiempo y no puede resolverse con una única convocatoria. El Consejo considera imprescindible aumentar significativamente la oferta respecto a convocatorias anteriores, que incluían 120 plazas, sin perjuicio de las correspondientes a la carrera fiscal. Además, encargó a la Comisión de Escuela Judicial la elaboración de una propuesta legislativa destinada a acortar los plazos de incorporación de los nuevos jueces, y solicitó al Servicio de Personal Judicial un informe sobre las vacantes que deberían cubrirse mediante el cuarto turno para preparar una nueva convocatoria. Tras conocerse el acuerdo, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia valoró positivamente la iniciativa. Su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, señaló que permitirá paliar el déficit de efectivos que desde hace tiempo vienen denunciando instituciones y profesionales del sector. Según explicó, la carrera judicial se ha reducido debido a las jubilaciones y resulta insuficiente para atender el aumento de litigios y la carga de trabajo existente, lo que repercute negativamente tanto en la calidad del servicio como en la salud laboral de los profesionales y en la rapidez de las resoluciones judiciales.

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