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(Expansión, 27-01-2026) | Fiscal

Hacienda pierde hasta 51.000 millones anuales por las rentas no declaradas al Fisco

Los ingresos que los contribuyentes dejan de declarar a la Agencia Tributaria alcanzan en España unos 112.000 millones de euros anuales, una cantidad que, de aflorar, podría generar hasta 51.000 millones de euros adicionales en recaudación. Esta es la estimación presentada este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe sobre evasión fiscal, en el que se constata que el cumplimiento tributario ha mejorado de forma notable en las últimas dos décadas, aunque todavía se sitúa por debajo del nivel de otros países del entorno. El estudio, firmado por los investigadores Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, examina la denominada "brecha fiscal" derivada de aquellos trabajadores, inversores, arrendadores y empresarios que, de forma intencionada, no comunican a Hacienda la totalidad de sus ingresos, no presentan la declaración del IRPF o abonan solo una parte de la cuota que les corresponde. Esta estimación se centra exclusivamente en el fraude del impuesto sobre la renta y no debe confundirse con el concepto de economía sumergida, que incluye además actividades ilegales, empleo irregular, servicios sin facturar y otros tributos distintos del IRPF. El análisis, que abarca el periodo comprendido entre 2003 y 2022, muestra una evolución positiva en el grado de declaración de las rentas. Si a comienzos de siglo se declaraba aproximadamente entre el 70% y el 75% de los ingresos reales, en la actualidad ese porcentaje se sitúa en torno al 80%-85%. Aun así, el volumen de rentas ocultas continúa siendo elevado y en 2022 aumentó más de un 7%, hasta alcanzar los 112.000 millones de euros. Con estos datos, Fedea estima que la pérdida bruta de recaudación asociada a la brecha fiscal del IRPF se situó ese año entre 21.000 y 51.000 millones de euros, dependiendo del tipo impositivo aplicable a las rentas no declaradas, que puede oscilar entre el 19% y el 47% según el tramo del impuesto. En términos macroeconómicos, esta merma equivale a entre 1,5 y 3,7 puntos del PIB. No obstante, una parte de este impacto se compensa gracias a las actuaciones de control de la Agencia Tributaria. En 2022, Hacienda logró recuperar alrededor de 10.000 millones de euros mediante inspecciones y comprobaciones, lo que reduce el coste neto de la evasión fiscal a un rango de entre 11.300 y 41.300 millones de euros, es decir, entre el 0,8% y el 3% del PIB. En comparación internacional, el informe señala que el peso del fraude fiscal neto sobre el PIB es superior al observado en países como Reino Unido, Suecia o Canadá, aunque se sitúa en niveles similares a los de Italia, Estados Unidos o Australia. Según Fedea, incluso en la hipótesis más prudente, la brecha fiscal del IRPF representa un volumen de recursos equiparable al de algunas de las principales partidas de gasto público. Por ello, el estudio alerta de las relevantes implicaciones sociales y económicas del fenómeno, tanto en términos de eficiencia y equidad como de sostenibilidad de las finanzas públicas. El informe destaca que las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento, con tasas de declaración superiores al 90%. Esta elevada fidelidad se explica, en gran medida, por el sistema de retenciones en origen, que limita de forma muy efectiva la posibilidad de ocultar ingresos. En cambio, las rentas no laborales, que cuentan con menor trazabilidad, registran porcentajes de declaración significativamente más bajos, cercanos a la mitad de los ingresos reales. En concreto, solo se declara el 54,5% de las rentas procedentes del alquiler de inmuebles, mientras que los ingresos del capital mobiliario -como los derivados de fondos de inversión, depósitos bancarios o dividendos- se comunican a Hacienda en apenas un 57% de los casos. Como conclusión, Fedea insta a la Agencia Tributaria a implantar controles periódicos y sistemáticos sobre las rentas no declaradas, siguiendo el modelo de otros países que elaboran estimaciones oficiales de forma recurrente para combatir el fraude fiscal.

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(El País, 27-01-2026) | Fiscal

El Gobierno ofrece incentivos en el impuesto de sociedades para atraer a la patronal al acuerdo del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y el de Hacienda han alcanzado finalmente un acuerdo sobre un sistema de incentivos fiscales ligado a las subidas salariales dentro del impuesto de sociedades, con el objetivo de atraer a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme al pacto para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno plantea un aumento del 3,1% en 2026, lo que situaría el SMI en 1.221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas. Esta es la propuesta definitiva que el Ministerio de Trabajo trasladó este lunes a los agentes sociales, quienes deberán consultar ahora con sus respectivos órganos de dirección antes de pronunciarse, según fuentes presentes en el encuentro. En cualquier caso, el porcentaje de incremento no está sujeto a cambios y será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. Además, la subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, según ha indicado Trabajo. Por el momento, la iniciativa de ofrecer bonificaciones fiscales a las empresas que mejoren los salarios no ha convencido a la patronal. La representante empresarial en la negociación, Rosa Santos, ha señalado que la propuesta se ha presentado únicamente de forma verbal y "sin ningún nivel de concreción", lo que dificulta su evaluación. De la escasa información disponible se desprende que la bonificación se aplicaría en el impuesto de sociedades y estaría dirigida a todas las empresas que incrementen el salario mínimo. No obstante, Santos ha criticado que el acceso a este incentivo estaría condicionado a dos requisitos que consideran "inasumibles": garantizar el mantenimiento del empleo y elevar los salarios más bajos de las tablas salariales de los convenios colectivos por encima del SMI. La rebaja fiscal tiene dos condiciones: que las empresas que se adhieran mantengan la plantilla y que se "impulsen" subidas salariales por encima del SMI a partir de 2027, según ha señalado a la salida del encuentro Rosa Santos, directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE. El jueves por la tarde se realizará otra reunión tripartita para continuar debatiendo la nueva propuesta. Los sindicatos, por su parte, también reclaman mayor claridad y detectan diversas "lagunas" en la propuesta que deberán resolverse. En este contexto, han confirmado que el Gobierno remitirá en los próximos días más detalles y que el jueves por la tarde se celebrará una nueva reunión para decidir si es posible cerrar un acuerdo a tres bandas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado en declaraciones a los medios posteriores a la reunión que la bonificación afectaría solo "a las empresas que tienen a más trabajadores cobrando el SMI" y que la fórmula que se diseña para aplicar la rebaja fiscal "debe ser un incentivo para que las empresas suban los salarios". "No se trata de premiar a quienes tienen a sus trabajadores en el SMI, se trata de estimular para que abandonen las escalas tan bajas. Sí a la compensación, pero coordinada con un incentivo que no sea negativo", ha añadido Pérez Rey. El secretario de Estado ha concretado que se está diseñando "un sistema" con el Ministerio de Hacienda para que las empresas afectadas "abandonen las escalas del SMI" en sus convenios colectivos y "les suban el salario a sus trabajadores". La oferta de incentivos fiscales presentada este lunes se produce tras una negociación especialmente tensa entre Trabajo y Hacienda sobre la posibilidad de que el salario mínimo comenzara a tributar este año. Finalmente, ambos ministerios acordaron que, en la práctica, el SMI continúe exento de tributación. Para ello, Hacienda prevé actualizar la deducción aplicada el año pasado, de manera que ningún trabajador que supere el mínimo exento por sus circunstancias personales tenga que pagar impuestos.

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(La Vanguardia, 27-01-2026) | Fiscal

El fraude en el IRPF por rentas ocultas alcanza los 112.000 millones

El fraude en el IRPF continúa siendo elevado en España, aunque en los últimos años se aprecia una mejora en el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales. En 2022, las rentas no declaradas por trabajadores, autónomos, empresarios, inversores y propietarios alcanzaron los 112.000 millones de euros, según un estudio exhaustivo publicado por Fedea y elaborado por Jaime Vallés y Anabel Zárate. Esta cifra supone un aumento respecto a 2020 y 2021, ejercicios marcados por la caída de la actividad económica, pero representa una reducción significativa frente a 2019, cuando el fraude ascendía a 140.000 millones. El informe mide la denominada brecha fiscal, entendida como la parte de la renta que no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a lo largo del tiempo. Los autores precisan que la brecha fiscal es una "estimación del límite superior del fraude", ya que incluye no solo la ocultación intencionada de ingresos, sino también prácticas de elusión fiscal y discrepancias estadísticas o conceptuales entre distintas fuentes tributarias. En cualquier caso, subrayan que este concepto no debe equipararse a la economía sumergida, que engloba además actividades ilegales, empleo no registrado y otros tributos distintos al IRPF. El análisis detalla el nivel de cumplimiento según el tipo de renta. Las rentas del trabajo presentan los mejores resultados: alrededor del 90% de los trabajadores declara correctamente sus ingresos. Según el estudio, este alto grado de cumplimiento se explica por el sistema de retenciones en origen, que reduce de forma muy eficaz las posibilidades de ocultación. En cambio, las rentas distintas del trabajo cuentan con una menor trazabilidad administrativa y, en consecuencia, muestran tasas de cumplimiento sensiblemente más bajas. En este sentido, las rentas procedentes de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran el mayor volumen de fraude -o brecha fiscal-. En 2022, estas fuentes de ingresos acumularon cerca de la mitad de la renta no declarada, con unos 54.000 millones ocultos a Hacienda. Por su parte, la brecha correspondiente al capital mobiliario ascendió a 12.500 millones de euros ese mismo año. A partir de estas estimaciones, el informe de Fedea calcula una pérdida de recaudación de entre 21.000 y 51.000 millones de euros en 2022, lo que equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB de ese ejercicio. Aunque los resultados reflejan un empeoramiento respecto a 2020, se mantienen claramente por debajo de los niveles máximos de fraude registrados en el pasado y mejoran las cifras anteriores a la pandemia. En 2021, la renta fraudulenta se situó en 61.000 millones, mientras que en 2012 y 2013 la merma de ingresos alcanzó los 67.000 y 68.000 millones, respectivamente. El estudio concluye, por tanto, que existe una mejora general del cumplimiento fiscal en comparación con las dos primeras décadas del siglo XXI. En 2006, el fraude se estimaba en 157.000 millones de euros y en 2019 en 140.000 millones. Durante la pandemia, la caída de la actividad económica provocó un desplome de las rentas ocultas, que descendieron hasta los 91.000 millones. Desde una perspectiva territorial, el informe destaca que se mantienen patrones regionales estables. Madrid, Cantabria y la Comunidad Valenciana registran niveles de cumplimiento superiores a la media nacional, mientras que Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentan de forma recurrente peores resultados. Según los autores, esto se explica probablemente por el mayor peso de sectores tradicionales con menor trazabilidad y por factores geográficos como la insularidad o la dispersión poblacional, que dificultan el control fiscal. Las mayores mejoras absolutas en el cumplimiento del conjunto de rentas se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que los avances más modestos se dan en Asturias y Aragón. Cataluña se sitúa en posiciones intermedias en todos los indicadores analizados. En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha intensificado en los últimos años las actuaciones para combatir la ocultación de ingresos. Como resultado, la Agencia Tributaria logró recuperar en 2022 cerca de 10.000 millones de euros correspondientes al IRPF.

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(El Confidencial, 27-01-2026) | Fiscal

La Comunidad de Madrid aplicará en 2027 la rebaja de medio punto en el IRPF prometida en las últimas elecciones

Isabel Díaz Ayuso ya perfila la fase final de la legislatura con el anuncio de nuevas iniciativas. La presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó este lunes, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que la reducción de medio punto en el IRPF comprometida en 2023 comenzará a aplicarse en 2027 y supondrá un ahorro global de unos 500 millones de euros para los madrileños. Asimismo, explicó que el Ejecutivo autonómico está elaborando un nuevo reglamento de vivienda que impedirá acceder a una vivienda protegida durante cinco años a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal. "Frente a la corrupción del Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid funciona", afirmó Ayuso, quien aprovechó su intervención para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión del sistema ferroviario, una semana después de la tragedia ocurrida en Adamuz. La presidenta regional alternó su habitual discurso político, de tono muy crítico, con dos anuncios clave de cara al tramo final de su mandato. Con este nuevo tijeretazo impositivo, cuya entrada en vigor está prevista para 2027 con el fin de que surta efecto en la declaración de la Renta que se efectúe en 2028, el tipo mínimo del IRPF autonómico se situará en el 8%, frente al 8,5% vigente, y el máximo en el 20%, en contraste con el 20,5% actual, afianzando a Madrid como la autonomía con el IRPF más bajo de toda España. "Los madrileños se van a beneficiar de esta medida con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo y que siempre está y estará al servicio de España a través de su sanidad, de sus universidades, de sus empresas", afirmó Ayuso. La rebaja del tramo autonómico del IRPF es una promesa electoral que había quedado pendiente tras la reducción aplicada en 2022. Desde el Ejecutivo madrileño señalan que la medida entrará en vigor el próximo año y situará el tipo mínimo en el 8% y el máximo en el 20%. Según el Gobierno regional, el impacto será especialmente favorable para las rentas más bajas y con menor capacidad económica, ya que el 71% de los beneficiarios tendrá ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, cifra que coincide con el salario medio en la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico estima que casi tres millones de contribuyentes se verán beneficiados por esta rebaja, que se suma a otras reducciones fiscales ya aprobadas, como las relacionadas con el acceso a la vivienda, en contraste con la política tributaria del Ejecutivo central. Además, desde la Puerta del Sol calculan que el ahorro fiscal puede alcanzar hasta 635 euros en comparación con Cataluña y 555 euros respecto a Castilla-La Mancha. A fecha de hoy y a expensas de que en próximos meses otras CCAA puedan mover ficha, Madrid se refuerza como la región con el IRPF más bajo de España, con un tipo máximo (sumados los tramos estatal y autonómico) que en 2027 se situará en el 44,5% y un mínimo que será del 17,5%. Estos tipos contrastan con el 54% actual de la Comunidad Valenciana, el más alto de todo el país; el 52% de Navarra (aunque su mínimo es del 13%); el 51,5% de La Rioja; el 50,5% de Canarias; o el 50% de Cataluña, Aragón o Asturias. Madrid siempre ha defendido que su política de moderación fiscal es esencial para mantener bien engrasada la maquinaria económica de la región, con la premisa de que cuanto más dinero quede en el bolsillo de los contribuyentes más crece la actividad, generando oportunidades y empleos, lo que a la larga se traduce en mayor recaudación. De hecho, tras la anterior rebaja de medio punto, con efectos en el IRPF de 2022 y a la que se sumó ese año la primera deflactación del IRPF aplicada por el ejecutivo regional, la Comunidad recaudó 13.392 millones del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, un 7,2% más que el año anterior o, si se prefiere, un aumento de 897 millones. La eficacia de este modelo, que aglutina 34 rebajas de impuestos solo desde 2019, con un ahorro global estimado de 40.000 millones de euros (a razón de 10.575 euros por madrileño), se plasma en que Madrid ha consolidado su liderazgo como mayor economía regional del país, representando cerca del 20% del PIB nacional, liderando la creación de empleo y captando el grueso de la inversión extranjera que apuesta por España. La segunda iniciativa anunciada este lunes se refiere al futuro reglamento de vivienda, actualmente en fase de tramitación. La principal novedad será el endurecimiento de las medidas contra la ocupación ilegal. Según avanzó Ayuso, el texto establecerá que las personas con una condena firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán solicitar una vivienda protegida si los hechos se produjeron en los cinco años previos. También se exigirá acreditar un empadronamiento mínimo de diez años en la Comunidad de Madrid. "Vamos a seguir intensificando la lucha contra la ocupación, a pesar de contar con competencias limitadas", aseguró la presidenta madrileña, quien recordó que la Comunidad de Madrid prevé poner en el mercado más de 14.000 viviendas de alquiler asequible dentro del Plan Vive.

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(El Economista, 27-01-2026) | Fiscal

La Audiencia Nacional exime a las firmas extranjeras de tributar dividendos si están en pérdidas

La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado que las empresas extranjeras no están obligadas a tributar en España por los dividendos percibidos de sociedades cotizadas españolas cuando registran pérdidas en su país de origen. Esta interpretación supone un nuevo precedente para los contribuyentes no residentes y se recoge en dos resoluciones judiciales que aplican la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024. Como consecuencia, se abre la posibilidad de que la Agencia Tributaria deba devolver las retenciones practicadas sobre esos dividendos, junto con los correspondientes intereses de demora. En una de las sentencias más recientes, fechada el 12 de diciembre, la Audiencia Nacional resuelve el contencioso entre Credit Suisse y la Hacienda española, que había exigido al banco suizo tributar por los dividendos obtenidos de empresas españolas entre 2012 y 2015, a pesar de que el grupo registraba pérdidas a nivel global en ese periodo. La entidad alegó que esta tributación suponía un trato desigual respecto a las entidades financieras residentes en España, a las que se les reembolsa la retención sobre dividendos cuando se encuentran en situación de pérdidas, y que además vulneraba el principio de libre circulación de capitales. La Audiencia Nacional respalda esta tesis al recordar que el TJUE concluyó que la diferencia de trato entre residentes y no residentes en la tributación de dividendos en situaciones de pérdidas contraviene la normativa comunitaria, ya que disuade a las empresas extranjeras de invertir en compañías españolas. Aunque el pronunciamiento europeo se refería específicamente al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en el territorio histórico de Vizcaya, la Agencia Tributaria utilizó este argumento para oponerse a su aplicación al régimen estatal. Hacienda defendió que los marcos normativos no eran comparables y que la sentencia del TJUE se circunscribía a ejercicios distintos y a la normativa foral vizcaína. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza esta interpretación y afirma que no se ha demostrado que la legislación aplicable sea diferente, por lo que la doctrina del TJUE debe extenderse al régimen general del IRNR en España, al considerar que este también vulnera la libre circulación de capitales. La sentencia añade que, en caso de que la Administración tenga dudas sobre si la empresa extranjera se encuentra realmente en pérdidas, dispone de suficientes instrumentos de cooperación internacional para verificarlo. Entre ellos cita los convenios para evitar la doble imposición, la Directiva europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal (DAC) y el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de Estrasburgo. Este pronunciamiento se enmarca en una tendencia más amplia de los tribunales españoles a corregir situaciones de discriminación fiscal que afectan a contribuyentes extranjeros. De hecho, la Audiencia Nacional ya dictaminó el pasado mes de julio que Hacienda discriminaba a contribuyentes extracomunitarios propietarios de viviendas en España destinadas al alquiler, al impedirles deducir gastos asociados como los de comunidad, seguros o reformas. No obstante, esta resolución ha sido recurrida y será el Tribunal Supremo quien se pronuncie definitivamente. Además, el Alto Tribunal ya resolvió en dos sentencias, de 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, que la normativa española vulneraba la libre circulación de capitales al impedir a los no residentes aplicar el denominado escudo fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio, un mecanismo que permite reducir la cuota del impuesto cuando esta absorbe una parte significativa de las rentas obtenidas por el contribuyente en el ejercicio.

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(El País, 27-01-2026) | Laboral

En el aire la revalorización de las pensiones

Un año después, el escenario vuelve a repetirse casi sin cambios. El Ejecutivo no tiene garantizado que este martes el Congreso convalide los decretos aprobados por el Consejo de Ministros durante las pasadas Navidades, que incluyen la revalorización inmediata de las pensiones -un 2,7% en la mayoría de los casos-, la prórroga de varias ayudas dirigidas a los hogares más vulnerables y las subvenciones al transporte público. Al igual que entonces, Junts mantiene en suspenso su respaldo a este paquete de medidas y todo apunta a que podría votar en contra, un movimiento decisivo teniendo en cuenta el rechazo ya anunciado por el PP. Las conversaciones continúan abiertas y el partido independentista aún no ha revelado todas sus cartas. Para abordar esta situación, el Congreso ha convocado un pleno extraordinario de carácter ómnibus, ya que el mes de enero no es hábil parlamentariamente. En esa sesión se debatirá la convalidación de dos reales decretos aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, celebrado el 23 de diciembre, que deben ser ratificados por las Cortes en el plazo legal de un mes. Ambos textos recogen medidas clave de la denominada "agenda social" del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, como recordó este lunes la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien apeló a la responsabilidad del conjunto de los grupos para evitar que decaigan. El primero de los decretos contempla la actualización anual de las pensiones, con una subida general del 2,7% y aumentos de entre el 7% y el 11% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. También incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, límites a los cortes de suministros básicos como electricidad, agua o gas, la prórroga del bono social eléctrico y la ampliación de ayudas para los afectados por la dana, entre otras medidas. El segundo decreto somete a votación la continuidad de las ayudas destinadas a fomentar el uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Ninguno de los dos cuenta, por ahora, con los apoyos suficientes asegurados. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG defienden la urgencia de aprobar ambos decretos. Incluso Podemos, pese a su creciente distanciamiento del resto de socios de investidura, los considera necesarios. Su portavoz, Pablo Fernández, afirmó que convalidarlos es "una obligación moral", ya que no hacerlo supondría un grave perjuicio para miles de familias, aunque matizó que se trata de medidas de mínimos que no compensan otras carencias del Gobierno en política social y de vivienda. En el lado contrario, el PP volverá a votar en contra, alineándose una vez más con Vox, como ya hizo en la votación del año pasado. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, adelantó esta postura en una entrevista radiofónica y posteriormente la confirmó el responsable de Hacienda del partido, Juan Bravo, quien recordó que los populares registraron en noviembre una iniciativa para desvincular la revalorización de las pensiones del resto del paquete. Según el PP, si el Gobierno aceptara tramitar esa subida por separado, el problema quedaría resuelto. Además, los populares cuestionaron el decreto relativo al transporte público y plantearon la necesidad de reflexionar sobre si esos recursos deberían destinarse a colectivos concretos o invertirse en seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria, especialmente tras el accidente de Adamuz. Por su parte, Junts ha optado por no desvelar de forma explícita el sentido de su voto, aunque ha dejado entrever su rechazo a medidas que no hayan sido previamente pactadas de manera bilateral. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó lo que considera una práctica habitual del Gobierno: utilizar a los pensionistas como elemento de presión política. En la misma línea que el PP, Junts registró su propia propuesta para actualizar las pensiones sin vincularlas a otros asuntos ajenos. Desde la dirección del partido de Carles Puigdemont señalaban este lunes que preferían esperar a ver qué decretos llegan finalmente al pleno para fijar su posición definitiva. Mientras tanto, en el grupo socialista insistían en mantener abiertas las negociaciones hasta el último momento, sin descartar acuerdos, dada la relevancia de las medidas en juego. Ni el PSOE ni el Ejecutivo han aclarado qué pasos darán en caso de que los decretos no superen la votación y queden sin efecto.

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(El Confidencial, 27-01-2026) | Laboral

El número de extranjeros irregulares se multiplica hasta 838.000 personas

A comienzos de 2025, el número de extranjeros que residían en España sin una situación administrativa regular alcanzó las 838.000 personas. La fuerte llegada de inmigrantes, unida a la lentitud de los procedimientos de regularización y a la falta de una política migratoria definida, está provocando una elevada presión demográfica y un rápido crecimiento de la población que permanece en esta situación de indefinición legal. El aumento de la irregularidad va en paralelo al notable incremento de la inmigración en España. Entre 2023 y 2025 llegaron al país 1,07 millones de inmigrantes, de los cuales algo más de un tercio -383.000 personas- carecían de permiso legal de residencia. Como consecuencia, el colectivo de residentes en situación irregular crece a un ritmo cercano a las 128.000 personas al año. Otro dato relevante es que el porcentaje de extranjeros no comunitarios en situación irregular se ha elevado hasta el 17,2%, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos años y que se ha triplicado desde 2017, cuando se situaba por debajo del 6%. Esta evolución se explica porque el crecimiento relativo de la inmigración irregular supera al de la inmigración regular y al de los procesos de regularización de personas ya establecidas en el país. Conviene recordar que el número de extranjeros con autorización de residencia aumenta tanto por las nuevas entradas legales como por las regularizaciones, y aun así el peso de la irregularidad sigue avanzando. En 2017, la tasa de extranjeros no comunitarios sin papeles era tres veces menor, en torno al 6%. Las cifras reflejan con claridad la intensidad de la presión migratoria que afronta España. Desde 2017, la población extranjera no comunitaria residente ha crecido un 91%, mientras que el número de personas en situación irregular se ha disparado un 680%, pasando de 107.000 a 838.000 en 2025. La magnitud de la inmigración tiene múltiples efectos sobre el país, que abarcan desde el ámbito económico y salarial hasta el político y social. De hecho, la llegada de población extranjera se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público. La forma en que se gestionen los flujos migratorios será clave para el futuro de España: por un lado, el envejecimiento de la población nacional hará necesario un relevo demográfico procedente del exterior para sostener la economía; por otro, la integración de estas personas y su convivencia con la población autóctona condicionarán las políticas que se adopten. Funcas realiza sus estimaciones comparando los datos oficiales del padrón -que en España fomenta el empadronamiento incluso de personas sin permiso de residencia- con las cifras de residentes legales, es decir, quienes cuentan con autorización de residencia, estudios o asilo, o están en proceso de obtenerla. Se trata de una metodología ampliamente utilizada que, aunque no permite obtener una cifra exacta, sí ofrece una aproximación muy fiable. Además, cualquier posible desviación estaría probablemente infravalorada, ya que muchos inmigrantes irregulares podrían no estar empadronados y, por tanto, no figurar en ningún registro oficial. La mayoría de los inmigrantes en situación irregular procede de América Latina: el 89% tiene nacionalidad de algún país del continente americano. Destacan los 288.000 colombianos, 107.000 peruanos, 63.000 venezolanos y 55.000 paraguayos. Desde África llegan cerca de 45.000 personas, de las cuales alrededor de 21.000 son marroquíes y 18.000 argelinos. Funcas subraya que la existencia de un volumen tan elevado de población sin documentación dificulta seriamente su integración, relegando a miles de personas a lo que define como "un limbo administrativo sui generis". El modelo español permite que personas en situación irregular residan durante años en el país hasta lograr regularizarse o decidir marcharse. En contextos de fuerte entrada de inmigrantes, esta bolsa crece con rapidez, ya que las llegadas superan ampliamente el ritmo de las regularizaciones. Ello genera problemas diversos, como el aumento de la pobreza, la exclusión social y la expansión de la economía sumergida. La fundación también señala que el recurso a la regularización por arraigo funciona en la práctica como "una especie de regularización extraordinaria permanente", lo que pone de manifiesto la ausencia de una estrategia migratoria coherente en España. "Probablemente se trata de una política migratoria asumida, al menos de forma implícita, por los principales partidos que han gobernado en las últimas décadas y quizá por amplios sectores de la sociedad", apunta Funcas. Sin embargo, advierte de que ello no la convierte en una estrategia adecuada. Los autores del estudio insisten en la necesidad de aplicar medidas que mejoren la gestión de los flujos migratorios dentro de una estrategia global orientada al crecimiento económico y al aumento de la productividad. Idealmente, y rompiendo con la tradición de la política migratoria española, estas medidas deberían dirigir la inmigración hacia sectores con escasez de mano de obra y, especialmente, hacia aquellos que requieren mayores niveles de cualificación.

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(La Vanguardia, 27-01-2026) | Laboral

El Gobierno aprobará por real decreto una regularización de al menos medio millón de inmigrantes

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular que ya residen en España. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida responde a un acuerdo alcanzado con Podemos y recupera el espíritu de la iniciativa legislativa popular que permanecía bloqueada en el Congreso. Desde la formación morada señalan que el acuerdo se instrumentará mediante un real decreto del Gobierno, por lo que no será necesaria su posterior convalidación parlamentaria. Podemos sostiene que la regularización beneficiará a todas aquellas personas que puedan demostrar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Entre los requisitos figuran la ausencia de antecedentes penales de relevancia y la acreditación de una permanencia mínima de cinco meses en el país en el momento de presentar la solicitud. Esta estancia podrá justificarse a través de distintos documentos, como el empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de atención en recursos sociales, contratos de alquiler o billetes de transporte. El plazo para solicitar la regularización se extenderá hasta el 30 de junio y, según la formación, la medida permitirá regularizar al menos a medio millón de personas. Desde el departamento que dirige Elma Saiz subrayan que esta iniciativa consolida un modelo de política migratoria centrado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el desarrollo económico y la cohesión social. Por su parte, Podemos destaca que la norma contempla la suspensión de los procedimientos de retorno y de las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin autorización en el momento en que se presente la solicitud. Además, una vez admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. Si el proceso concluye favorablemente, el solicitante obtendrá una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá optar a un permiso ordinario. El acuerdo entre el Gobierno y Podemos se produce un año después de que la iniciativa legislativa popular fuera tomada en consideración en el Congreso, donde obtuvo un amplio respaldo con 310 votos a favor y solo 33 en contra, correspondientes al grupo parlamentario de Vox. Pese a ese apoyo mayoritario, la tramitación había quedado paralizada. Aunque Podemos estima que la regularización alcanzará al menos a medio millón de personas, un informe publicado este mismo martes por Funcas eleva la cifra de extranjeros en situación irregular hasta las 840.000 personas en enero de 2025. Este volumen representaría el 17,2% de la población inmigrante procedente de países extracomunitarios. El estudio, titulado La población extranjera en situación irregular, señala además que desde 2017 se ha producido un aumento continuado del número de personas en esta situación, cuando entonces las estimaciones apenas superaban las 100.000.

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(Expansión, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cede el control de las financieras al Banco de España

El Ministerio de Economía ha decidido transferir al Banco de España la competencia para autorizar las fusiones entre los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC). Esta modificación se incluye en el Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, presentado a comienzos de mes por el departamento encabezado por Carlos Cuerpo y que permanecerá en fase de consulta pública hasta este viernes. La futura norma no solo atribuye al Banco de España la supervisión de las fusiones, sino que también le otorga la facultad de autorizar la creación de estos establecimientos, así como las bajas y otras transformaciones estructurales. De este modo, dichas competencias dejarán de depender del Gobierno y pasarán a estar bajo la supervisión directa del regulador bancario. Según recoge el texto legal, el objetivo de estos cambios es reforzar la independencia del supervisor, de manera que sea el Banco de España quien asuma la responsabilidad de resolver los procedimientos de autorización de los establecimientos financieros de crédito. El Anteproyecto establece que cualquier operación de fusión, escisión o cesión total o parcial de activos y pasivos en la que participe un establecimiento financiero deberá contar con la autorización del Banco de España, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. Esta disposición implica una modificación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Asimismo, se precisa que la entidad resultante de la fusión de dos o más EFC podrá continuar desarrollando las actividades para las que estaban autorizadas las entidades fusionadas. Este mismo régimen se aplicará a las dos nuevas categorías de prestamistas que introduce la ley con el fin de profesionalizar el crédito al consumo y fomentar la competencia: las Entidades Financieras de Crédito de Ámbito Limitado y los Proveedores de Crédito de Alto Coste Autorizados. En ambos casos, los procesos de constitución, reestructuración y cese también quedarán bajo la supervisión del Banco de España. Desde el Ministerio de Economía se aclara que la transferencia de competencias se limita exclusivamente a estos tres tipos de entidades, dado que su elevada fragmentación y su especialización en financiación no hacen necesario mantener mecanismos adicionales de autorización ministerial vinculados a la prestación de servicios bancarios. Economía subraya igualmente que esta reforma no modifica el régimen aplicable a las entidades de crédito reguladas por la Ley 10/2014, de 26 de junio, que transpone las directivas bancarias europeas. En este ámbito, el Gobierno pretende conservar parte del control sobre las ofertas públicas y las fusiones, aun reconociendo el papel supervisor del Banco de España. Este marco normativo adquirió especial relevancia hace un año, tras la opa hostil fallida de BBVA sobre Sabadell, que fue rechazada por el Ejecutivo desde sus primeras etapas en mayo de 2024. La actuación del Gobierno dio lugar a la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea, cuya resolución sigue pendiente mientras Bruselas evalúa las últimas modificaciones legales aprobadas en España.

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(Expansión, 27-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE saca la artillería contra los CoCos: son más complejos que las "subprime"

La iniciativa del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar el riesgo de los bonos contingentes convertibles bancarios -conocidos como CoCos o AT1- o incluso suprimirlos no ha generado un gran impacto en el sector financiero. Muchos expertos consideran que la propuesta no llegará a materializarse y, de hecho, las entidades han continuado emitiendo este tipo de deuda con normalidad. Sin embargo, la discusión sigue abierta dentro del BCE, especialmente tras la publicación de un nuevo documento de trabajo. En él, la institución sostiene que los CoCos presentan un nivel de complejidad superior al de los productos financieros que estuvieron en el origen de la Gran Crisis Financiera, en alusión directa a la titulización de hipotecas subprime. El informe recuerda que la crisis de 2007-2009 respondió a múltiples factores, entre ellos la sofisticación excesiva de determinados instrumentos y las carencias regulatorias. De forma paradójica, señala que las titulizaciones y los bonos asociados a ellas resultan mucho más sencillos si se comparan con la deuda surgida como consecuencia de la propia crisis. En este sentido, los CoCos son descritos como instrumentos extremadamente complejos, con importantes dificultades de valoración y, por tanto, con problemas para una correcta formación de precios. El trabajo, elaborado por Ricardo Correia, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Francisco Javier Población García, del BCE, refuerza la postura de la autoridad monetaria de que estos bonos no están desempeñando el papel para el que fueron concebidos. Los CoCos se diseñaron tras la crisis financiera como un mecanismo de absorción de pérdidas mediante su conversión en capital en situaciones de tensión, con el objetivo de sostener a las entidades emisoras. No obstante, los dos episodios más relevantes en los que se activaron acabaron siendo procesos de liquidación: el del Banco Popular en 2017 y el de Credit Suisse en 2023. En ambos casos, estos instrumentos cumplieron su función regulatoria de trasladar pérdidas a los inversores, pero no sirvieron para salvar a las entidades, sino para facilitar su absorción por Santander y UBS, respectivamente, reduciendo el coste de dichas operaciones. Con la intención de corregir esta situación, el BCE ha incorporado los CoCos a su propuesta de simplificación de la normativa bancaria en la eurozona. Aunque no ha concretado medidas, la iniciativa ha encontrado resistencia en el sector, que advierte del riesgo de encarecer la financiación de la banca. El documento vuelve a alimentar el debate al subrayar varios de los problemas asociados a estos instrumentos: la incertidumbre derivada de los detonantes discrecionales, las diferencias de criterio entre supervisores nacionales y la falta de reglas claras para decidir la suspensión del pago de cupones. Aunque estas objeciones no son novedosas, los autores plantean posibles alternativas. Entre ellas, destacan la deuda subordinada creada tras la crisis financiera -que también puede convertirse en capital- y los bonos convertibles inversos o reversibles, que permiten al emisor decidir en el vencimiento, bajo ciertas condiciones, si devuelve el principal a los inversores o lo sustituye por acciones. El informe apunta que, por su mayor simplicidad y rentabilidad, los bonos subordinados Tier 2 podrían impulsarse como alternativa a los CoCos AT1. Asimismo, sugiere analizar el uso de los bonos convertibles inversos como sustitutos o complementos, ya que evitan algunos de los problemas, especialmente los relacionados con la valoración. El estudio no desarrolla más estas propuestas y deja en manos del BCE la decisión de ignorar el análisis o explorar nuevas opciones. Mientras tanto, el mercado permanece a la espera: hay en circulación 224.000 millones de euros en CoCos, correspondientes a 332 emisiones de 106 bancos repartidos en 24 países.

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