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(Expansión, 23-04-2026) | Laboral

La OCDE allana el camino para que la Seguridad Social incentive la vuelta del trabajador de baja

El informe elaborado por los expertos de la OCDE y remitido al Gobierno, que incluye una comparación internacional de los sistemas de gestión de la incapacidad temporal, podría servir de apoyo a una de las iniciativas que el Ministerio de Seguridad Social ha estado desarrollando en los últimos meses: la introducción de las llamadas altas progresivas. Aunque esta idea comenzó a debatirse públicamente hace algo más de un año, fuentes del diálogo social indican que el departamento liderado por la ministra Elma Saiz mantiene su intención de impulsarla, pese a la falta de respaldo tanto de organizaciones empresariales como de sindicatos. A raíz de las advertencias de la OCDE -recogidas en un informe difundido por EXPANSIÓN- sobre el notable incremento del absentismo y las deficiencias en su gestión en comparación con otros países, el Ejecutivo podría encontrar en este análisis posibles líneas de actuación. El problema tiene un elevado coste: alrededor de 18.000 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal para las arcas públicas y unos 16.000 millones adicionales para las empresas. Según el estudio, en España existe una carencia de incentivos que favorezcan el regreso de los trabajadores a sus puestos tras una baja, algo que sí se observa en otros países. La OCDE considera que, aunque el sistema español es relativamente generoso -tanto por las prestaciones como por los complementos salariales que a menudo aportan las empresas-, no incorpora mecanismos que motiven al empleado a reincorporarse ni al empleador a facilitar ese retorno. Por ello, los expertos recomiendan fijarse en países que combinan sistemas de protección similares con incentivos eficaces, estructuras de gobernanza adecuadas y prácticas orientadas a promover la vuelta al trabajo. A partir del análisis de cinco países (Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia), la OCDE identifica medidas que han dado buenos resultados y que podrían adaptarse al caso español para frenar el aumento de las bajas. Entre ellas destaca la incapacidad temporal parcial, aplicada en países como Suecia y Bélgica, que permite reducir la jornada (por ejemplo, al 25%, 50% o 75%) para que el trabajador mantenga cierta actividad laboral mientras percibe la parte proporcional de la prestación. En Alemania y Austria se utiliza un modelo de reincorporación gradual en el que el trabajador, aunque sigue de baja, comienza con pocas horas de trabajo que se incrementan progresivamente según un plan médico. Como durante este periodo el salario lo cubre el seguro y no la empresa, se incentiva que el empleador acepte la reincorporación. En Austria, de hecho, el 75% de quienes participan en este sistema continúan empleados cinco años después. Además, Alemania obliga a las empresas a aplicar un proceso de integración laboral (OIM) cuando un empleado acumula seis semanas de baja en un año, lo que implica adaptar el puesto de trabajo -por ejemplo, mediante cambios de horario o mejoras ergonómicas- antes de que la situación empeore. En materia de control, Suecia establece revisiones obligatorias: a los 90 días se analiza la capacidad del trabajador para su empleo habitual y a los 180 días se valora si podría desempeñar cualquier otro trabajo. Por su parte, los Países Bajos imponen a las empresas la obligación de documentar todo el proceso de reincorporación, con sanciones económicas -como asumir un tercer año de baja- si no se demuestra un esfuerzo suficiente, lo que refuerza la implicación empresarial. El informe también destaca la existencia de figuras de apoyo en países como Suecia y Austria, que actúan como intermediarios entre el sistema sanitario, la empresa y la Administración, reduciendo trámites y facilitando la reincorporación. Asimismo, se proponen programas preventivos como los de Bélgica para tratar problemas como el dolor lumbar o el burnout desde sus primeras fases, mediante fisioterapia y apoyo psicológico intensivo, evitando así bajas prolongadas. En cuanto a las bajas de larga duración (más de 180 días), la Seguridad Social plantea aplicar un sistema de reincorporación progresiva una vez que el trabajador haya sido dado de alta médica. Este proceso tendría una duración máxima de 30 días y se aplicaría tanto a empleados a jornada completa como a aquellos a tiempo parcial con una dedicación superior al 80%. Durante este periodo, el trabajador desempeñaría la mitad de su jornada habitual, percibiendo el salario correspondiente a ese tiempo trabajado y una prestación equivalente al 50% por la parte de jornada no realizada.

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(El País, 23-04-2026) | Laboral

Bruselas renuncia a recomendar el teletrabajo obligatorio en su lista de medidas contra la crisis energética

La Comisión Europea ha decidido finalmente no incluir la recomendación de imponer un día obligatorio de teletrabajo a la semana como medida para ahorrar energía dentro de su paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Aunque esta propuesta aparecía en los primeros borradores del documento, no figura en la versión definitiva aprobada por el colegio de comisarios. El texto, que la presidenta Ursula von der Leyen presentará este jueves ante los líderes europeos en el Consejo Europeo informal que se celebra en Chipre, sí contempla, en cambio, la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado y distintas iniciativas para fomentar el uso de la electricidad frente a los combustibles fósiles, entre ellas una reducción de su carga fiscal. Según cálculos del Ejecutivo comunitario, la crisis energética ha supuesto hasta ahora un sobrecoste de 24.000 millones de euros para los ciudadanos europeos. La idea de establecer un día de teletrabajo obligatorio se recogía en anexos de varios borradores previos -uno de ellos adelantado por EL PAÍS-, pero fue descartada en la fase final. Fuentes comunitarias explican que existían reticencias a imponer una medida de carácter obligatorio, además de dudas jurídicas sobre su aplicación y la dificultad de adaptarla a sectores económicos muy diversos. El paquete energético presentado tras más de un mes de trabajo se limita finalmente a una serie de recomendaciones y mecanismos de coordinación entre Estados miembros. La medida más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las ayudas públicas, cuya implementación recaerá en la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta iniciativa responde a los criterios marcados por Bruselas para afrontar la crisis: que las medidas sean oportunas, específicas y de carácter temporal. El documento también menciona los beneficios extraordinarios que están obteniendo algunas empresas energéticas debido al alza de precios. En este sentido, se señala que los Estados miembros pueden adoptar medidas sobre estos llamados "beneficios caídos del cielo" para garantizar la equidad social. Ribera ha mostrado su disposición a colaborar con los países que opten por este tipo de medidas. Sin embargo, la Comisión no ha propuesto un mecanismo común a nivel europeo, como ocurrió en 2022, pese a la petición de países como España, Alemania, Italia, Portugal y Austria. La propia vicepresidenta ha explicado que la creación de un impuesto común exigiría unanimidad, algo difícil de lograr dadas las diferentes posiciones entre los Estados. En defensa del paquete presentado, Ribera ha subrayado que su objetivo es reforzar la coordinación europea, proteger a los colectivos más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias y la electrificación. Ha insistido en que no hay alternativa al Pacto Verde si se quiere garantizar la seguridad energética y la competitividad, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del petróleo y otros combustibles fósiles. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que Europa afronta una nueva crisis vinculada a los combustibles fósiles, que debe servir como punto de inflexión para avanzar hacia una mayor autonomía energética basada en fuentes limpias. Tanto él como Ribera defienden mantener el rumbo del Pacto Verde pese al contexto geopolítico actual. Por su parte, Ursula von der Leyen ha reiterado en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que esta situación evidencia la necesidad de apostar por fuentes energéticas que refuercen la independencia de Europa, destacando especialmente las energías renovables y la nuclear, ambas claves también para avanzar en la descarbonización de la economía.

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(El Economista, 23-04-2026) | Laboral

La guerra de Irán y la IA provocan una oleada de ERE en las empresas en España

El empleo en las empresas establecidas en España empieza a verse afectado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y por la incertidumbre económica global derivada del conflicto en Irán. Esta combinación ya tiene consecuencias a nivel empresarial y, entre enero y abril de este año, más de 12.000 puestos de trabajo se han visto comprometidos en compañías del país, bien porque han anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o porque ya lo están aplicando. Un ejemplo destacado es Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra comunicó a finales de 2025 un plan que podría impactar entre 4.500 y 5.500 empleos en sus principales filiales: Telefónica España, Móviles y Soluciones y Movistar+, siendo la primera la más afectada. La empresa justificó esta decisión por motivos organizativos, técnicos y productivos, en un contexto marcado por pérdidas históricas de 4.318 millones de euros, derivadas principalmente de la venta de activos en Latinoamérica. Este caso refleja cómo la creciente competencia, intensificada por la irrupción de la IA en distintos sectores, está suponiendo un desafío para el empleo. Los ajustes laborales se extienden a múltiples industrias, como demuestra también Amazon. A finales de 2025, la compañía alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reducir 920 puestos en Madrid y Barcelona, por debajo de los 1.200 previstos inicialmente. Esta medida forma parte de una estrategia global que incluyó la eliminación de decenas de miles de empleos administrativos, aunque la última fase no afecta a España. Otra empresa que podría protagonizar un importante ajuste es Capgemini. La consultora tecnológica francesa anunció el 10 de abril su intención de llevar a cabo un ERE en España, sin precisar aún el número de trabajadores afectados. Sin embargo, este tipo de procesos suele implicar al menos al 10% de la plantilla, que en su caso asciende a 11.000 empleados. La compañía atribuye esta decisión a la innovación tecnológica y ha comunicado a los sindicatos su intención de reorganizar su estructura laboral. En el ámbito de los servicios, los centros de atención telefónica están siendo especialmente golpeados por la automatización. Majorel es un ejemplo, con 329 salidas todavía en negociación y un nuevo ERE anunciado recientemente que afectará sobre todo a Zaragoza y Barcelona. Los representantes sindicales señalan que detrás de estas decisiones podría haber procesos de deslocalización hacia países latinoamericanos con menores costes laborales. Una situación similar vive Allianz Partners, aunque su plan de recorte de 320 empleos se encuentra actualmente paralizado. A pesar de que el Gobierno ha aprobado medidas que limitan los despidos en empresas que reciben ayudas públicas vinculadas al conflicto en Irán, la realidad económica y los problemas previos de algunas compañías están llevando a que los ERE sigan siendo utilizados. Es el caso de Ficosa, proveedor del sector de automoción, que ya arrastraba dificultades desde la guerra en Ucrania y que ahora plantea un nuevo ajuste de 172 trabajadores, cerca del 20% de su plantilla, en parte por su reorientación hacia el sector de defensa. También Metal Group se ve afectada por la crisis del automóvil y la ruptura de relaciones con Volkswagen, lo que ha llevado a plantear un ERE que afectaría a 139 de sus 183 empleados. Existen también casos que responden a circunstancias propias de cada empresa. Iberia ha anunciado un plan de bajas incentivadas para 1.000 trabajadores por motivos organizativos. Por su parte, Glovo planteó en marzo un ERE de hasta 750 empleados, en gran medida debido al impacto de la Ley Rider, que ha obligado a contratar a repartidores como asalariados en lugar de autónomos, afectando a su operativa en numerosas ciudades. Más recientemente, Nestlé comunicó el inicio de un despido colectivo que afectará a 301 trabajadores. La multinacional justifica esta decisión por el aumento de costes, el crecimiento de las marcas blancas y el avance de la automatización y digitalización. Según los últimos datos provisionales del Ministerio de Trabajo, los despidos colectivos aumentaron un 6,7% en los dos primeros meses del año. En enero se registraron 1.642 afectados, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, pero en febrero los recortes crecieron un 18,6%, alcanzando los 2.365 trabajadores. En conjunto, ambos meses superan los 4.000 despidos, por encima de los registrados en el mismo periodo de 2025. Durante todo el año pasado, 41.200 personas se vieron afectadas por este tipo de procesos, lo que supuso un incremento del 10,2% respecto a 2024. Por el contrario, otras medidas como la suspensión de contratos descendieron notablemente, en parte debido a situaciones excepcionales como la DANA que afectó a Valencia en 2024.

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(La Vanguardia, 23-04-2026) | Laboral

UGT niega la tesis de la patronal de que los complementos pactados en convenio provocan el aumento de las incapacidades temporales.

El incremento de las bajas laborales es una realidad asumida, aunque no existe consenso sobre sus causas. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales coinciden en señalar la debilidad del sistema público de salud como uno de los factores explicativos, pero discrepan en el resto de motivos. Una de las ideas defendidas por la patronal -y rechazada por UGT- es que los convenios colectivos que garantizan el 100% del salario desde el primer día de baja fomentan este aumento. El sindicato ha presentado un informe en el que sostiene que el crecimiento de las incapacidades temporales no puede atribuirse a estas cláusulas, sino más bien a un empeoramiento de la salud de los trabajadores. Según UGT, esta situación estaría relacionada con el deterioro del sistema sanitario y con una inversión insuficiente en prevención de riesgos laborales tanto por parte de las empresas como de las administraciones públicas. En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido contundente al afirmar que no es cierto que en los lugares donde existen mayores complementos salariales por baja haya más casos de incapacidad temporal. Para respaldar esta postura, el informe destaca que cada vez son menos los convenios que cubren el salario íntegro desde el primer día. En su lugar, predominan mejoras limitadas en el tiempo, con tramos progresivos y porcentajes parciales. Además, no se han producido cambios significativos en este tipo de cláusulas en los últimos años: en muchos casos se mantienen sin modificaciones o incluso incorporan nuevas restricciones. Cuando se introducen mejoras, estas suelen ser de alcance reducido tanto en términos económicos como de protección real. El análisis por sectores tampoco respalda la hipótesis de que estos complementos actúen como incentivo para incrementar las bajas. Comparativas en ámbitos como la radiodifusión, la banca, la hostelería o las telecomunicaciones muestran que hay empresas sin estos beneficios donde se registran más bajas que en aquellas que sí cubren el 100% del salario desde el inicio de la incapacidad. Álvarez añade otro argumento: en las empresas donde existen estos complementos suele haber una mayor presencia sindical, lo que también se traduce en mejores políticas de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo más favorables. Esto, lejos de aumentar las bajas, contribuiría a reducirlas.

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(La Razón, 23-04-2026) | Laboral

El SEPE tendrá en cuenta tus ahorros para conceder o suspender el subsidio de mayores de 52 años

La discriminación por edad en el ámbito laboral es una realidad en España. A medida que las personas envejecen, aumentan las dificultades tanto para acceder a un empleo como para conservarlo, lo que en muchos casos las empuja a salir antes de tiempo del mercado laboral y a afrontar periodos de paro más prolongados. De hecho, una parte importante de la población admite haber sufrido este tipo de discriminación, especialmente durante los procesos de selección, donde estas barreras dificultan incluso demostrar la experiencia y capacidad profesional. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha en 2019 el subsidio para mayores de 52 años, con el objetivo de ofrecer una mayor protección a quienes quedan fuera del sistema laboral en esa etapa de la vida. Esta ayuda está dirigida a personas que han agotado la prestación por desempleo, no cumplen los requisitos para jubilarse de forma anticipada y carecen de ingresos suficientes. Su cuantía equivale al 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales en 2026. Sin embargo, el acceso a este subsidio está condicionado al cumplimiento de varios requisitos. Uno de los aspectos que más dudas genera es cómo se calculan las rentas, especialmente cuando existen ingresos puntuales como donaciones o cuando entra en juego el llamado rendimiento presunto del patrimonio. Este último elemento es especialmente relevante, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no solo valora los ingresos reales, sino también una rentabilidad estimada de determinados bienes, como ahorros o segundas viviendas. Este cálculo puede afectar directamente al cumplimiento del requisito de carencia de rentas, cuyo límite se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 915,75 euros mensuales en 2026. La situación se complica cuando el beneficiario recibe ingresos extraordinarios, como herencias, donaciones o premios. En estos casos, es obligatorio comunicarlo de inmediato al SEPE, sin esperar a la revisión anual. Además, estos ingresos deben incluirse posteriormente en la Declaración Anual de Rentas (DAR), un trámite necesario para acreditar que se siguen cumpliendo las condiciones del subsidio. Si tras declarar estos ingresos se supera el límite establecido, la ayuda se suspende temporalmente. Su recuperación no es automática, ya que el SEPE toma como referencia el mes anterior a la nueva solicitud, lo que puede retrasar su reactivación. A esto se suma el efecto del rendimiento presunto. Por ejemplo, el dinero depositado en cuentas bancarias genera una rentabilidad teórica calculada según el interés legal del dinero, que se distribuye a lo largo de 12 meses. Este ingreso estimado puede hacer que el beneficiario supere el umbral permitido, incluso sin haber percibido ingresos reales adicionales. No obstante, quedan fuera de este cálculo la vivienda habitual y ciertos productos, como los planes de pensiones que no se hayan rescatado. Por último, esta ayuda presenta algunas particularidades frente a otras prestaciones: solo se tienen en cuenta los ingresos individuales, no los de la unidad familiar, y se mantiene hasta la edad ordinaria de jubilación. Además, incluye cotizaciones a la Seguridad Social equivalentes al 125% de la base mínima, lo que contribuye a mejorar la futura pensión del beneficiario.

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(Expansión, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública se modera al 101,2% del PIB en febrero, aunque su importe alcanza máximos de 1,723 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en febrero un nuevo máximo de 1,723 billones de euros. Esta cifra supone un aumento del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo hasta el 101,2%, lo que representa 1,3 puntos porcentuales menos en comparación interanual, según los datos difundidos por el Banco de España. En términos absolutos, el volumen de deuda creció tanto en comparación con febrero del año pasado como frente a enero, con un incremento mensual del 1%. De este modo, se supera el anterior récord registrado en septiembre, cuando la deuda se situó en 1,709 billones de euros. El Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB continúe descendiendo en los próximos años, situándose en el 100,9% en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. A más largo plazo, estima que bajará hasta el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. Sin embargo, estas previsiones no concretan cuándo se alcanzará el objetivo del 60% del PIB considerado como nivel de referencia por la Unión Europea. Por niveles administrativos, la deuda del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, tras aumentar un 5,1% interanual, lo que equivale al 92,4% del PIB. En cambio, las Otras Unidades de la Administración Central registraron un saldo de 33.620 millones de euros (2% del PIB), lo que supone una reducción del 6,1% respecto al año anterior. En el caso de la Seguridad Social, la deuda alcanzó los 136.181 millones de euros, un 7,9% más que hace un año, representando el 8% del PIB. Este incremento se explica por los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General para cubrir su déficit presupuestario. En cuanto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas se situó en 345.706 millones de euros en febrero de 2026, lo que equivale al 20,3% del PIB, con un aumento interanual del 2,9%. Por su parte, las corporaciones locales registraron una deuda de 20.829 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Si se analiza la deuda por tipos de instrumentos y plazos, todos muestran incrementos interanuales. Los valores a largo plazo crecieron un 4,6% y los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,1%, mientras que los instrumentos a corto plazo registraron un alza del 1,5%.

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(El Economista, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El petróleo resiste sobre los 100 dólares, pero los analistas temen que su precio suba más allá de los 200 si el "grifo" de Ormuz sigue cerrado

Uno de los mayores temores de los analistas era que el precio del petróleo se disparara hasta los 150 dólares o incluso más si se producía el cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, casi dos meses después del inicio del conflicto, aunque esta ruta sigue bloqueada, los precios no han alcanzado esos niveles extremos y el Brent se mantiene en torno a los 100 dólares. Lejos de tratarse de previsiones exageradas, varios expertos advierten de que la situación real podría ser más preocupante: hasta ahora, el mercado ha estado sostenido por dos factores temporales que están a punto de agotarse. Si el tránsito no se restablece pronto, podría producirse una escasez real de crudo que impulsaría los precios al alza de forma significativa. El primero de esos factores, según JP Morgan, ha sido el retraso en la llegada de los petroleros que lograron atravesar el estrecho antes de su cierre. Estos envíos han tardado semanas en alcanzar sus destinos, por lo que el suministro no se ha interrumpido de forma inmediata. Aunque el paso quedó prácticamente bloqueado el 1 de marzo, el petróleo procedente de Oriente Medio ha seguido llegando a distintos mercados hasta fechas recientes: a Asia a comienzos de abril, a Europa unos días más tarde, a Estados Unidos a mediados de mes y a Australia ya el 20 de abril. Es ahora cuando empieza a notarse la ausencia de nuevos cargamentos. El segundo "parche" ha sido la liberación masiva de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Según la gestora Mirova, se han puesto en el mercado unos 400 millones de barriles desde el 11 de marzo, lo que ha permitido compensar temporalmente la falta de suministro. No obstante, esta solución tiene un límite: las reservas no son infinitas y, al ritmo actual, podrían situarse en niveles mínimos históricos entre finales de abril y mayo. A estos factores se suma un riesgo adicional: que la paralización de la producción y los ataques de Irán a infraestructuras petroleras de países vecinos dañen de forma duradera la capacidad de extracción. Incluso si el estrecho de Ormuz reabriera, la producción podría no recuperarse completamente. Si solo se alcanzara, por ejemplo, el 70% del nivel previo al conflicto, el déficit de crudo persistiría. Además, existe la posibilidad de que la reapertura sea parcial o limitada, lo que restringiría aún más el flujo de petróleo. En un escenario así, el mundo se vería obligado a reducir de forma considerable su consumo de crudo, lo que previsiblemente requeriría una fuerte subida de precios. Mirova advierte de que la relación entre las reservas disponibles y el precio podría volverse exponencial, derivando en una situación de escasez física. En caso de prolongarse el conflicto, el Brent podría situarse entre 150 y 200 dólares por barril, mientras que el gas en Europa alcanzaría entre 100 y 150 euros por MWh, lo que supondría una crisis energética de gran magnitud. Por su parte, el economista Paul Krugman ha planteado distintos escenarios en función de la duración del conflicto y de la capacidad global para reducir el consumo o sustituir el petróleo mediante medidas como recortes en el transporte o el impulso de energías renovables. En el escenario más favorable, con una rápida resolución del conflicto y una reducción sencilla de la demanda, los precios se mantendrían cerca de los niveles actuales. Si la crisis se prolonga más allá de mayo, el barril podría alcanzar los 150 dólares. Y si el cierre del estrecho se extiende hasta el verano, el precio podría superar ampliamente esa cifra, llegando incluso a niveles cercanos a los 372 dólares en el peor de los casos. Según advierte, si el petróleo supera los 200 dólares, aumentaría significativamente el riesgo de una crisis económica global, acompañada de inflación elevada y una posible recesión.

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(El Economista, 23-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMV defiende el uso de las "mismas reglas y no similares" en todos los países de la UE para los mercados financieros

La situación geopolítica actual ha vuelto a poner de relieve, entre otros aspectos, la urgencia de que Europa refuerce su competitividad. Uno de los elementos clave en este desafío es el funcionamiento de los mercados de capitales. En un momento decisivo para ámbitos estratégicos como la autonomía energética, la transición ecológica, la defensa o la inteligencia artificial, el acceso a financiación resulta fundamental. Con más de 10 billones de euros inmovilizados en depósitos, la nueva Unión de Ahorros e Inversión (SIU) pretende reactivar la participación de los inversores particulares, al tiempo que busca avanzar en la integración de los mercados nacionales y simplificar la normativa para facilitar la financiación. En relación con este objetivo integrador, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) defendió que no basta con aproximar las normas entre países, sino que sería necesario establecer un marco regulatorio único en toda la Unión Europea para los mercados financieros. Asimismo, subrayó la conveniencia de reducir al mínimo las diferencias nacionales, apostando por un mayor uso de reglamentos en lugar de directivas, ya que estas últimas permiten una mayor adaptación a las particularidades de cada país. El proyecto, que comenzó en 2015 como la Unión de Mercados de Capitales, ha evolucionado hacia la actual Unión de Ahorros e Inversión con metas más ambiciosas. Según explicó San Basilio, este enfoque combina dos grandes ejes: una mayor integración -ahora más profunda- y la simplificación del marco normativo para evitar una regulación excesiva. Ambos aspectos deben avanzar de forma conjunta si se quiere mejorar la competitividad de la economía europea. En esta línea, desde la Asociación de Mercados Financieros en Europa se insiste en la necesidad de revisar tanto la normativa vigente como las futuras reformas, reforzar la transparencia, aplicar criterios de proporcionalidad de manera coherente y modernizar los procesos regulatorios. Simplificar, aclaran, no implica relajar los controles, sino diseñar reglas más claras, eficientes y adaptadas que garanticen la estabilidad sin frenar el crecimiento. El presidente de la CNMV también puso el foco en el papel del supervisor europeo, señalando que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) debería reforzar significativamente sus competencias para asegurar una mayor armonización en toda la UE. No obstante, reconoció que la posible centralización de la supervisión es un asunto más controvertido y recordó que la supervisión por sí sola no garantiza la integración de los mercados, como ya se ha visto en el ámbito bancario. En los últimos años, además, se han acentuado diversos problemas en los mercados de capitales. Entre ellos, destacó el aumento de las exclusiones bursátiles frente a las nuevas salidas a bolsa, lo que está reduciendo el número de empresas cotizadas. Aunque la capitalización bursátil ha crecido, se debe principalmente al encarecimiento de las acciones existentes y no a la incorporación de nuevas compañías, lo que supone un desafío. A esto se suma una mayor fragmentación de la liquidez, que afecta especialmente a las empresas de menor tamaño, así como una menor participación de los inversores minoristas y el limitado papel de los grandes fondos de pensiones.

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(Expansión, 22-04-2026) | Fiscal

Hacienda asume que ya no puede inflar las multas por el uso de sociedades pantalla

El Tribunal Supremo ha vuelto a enmendar el criterio de la Agencia Tributaria en la forma de calcular las sanciones a contribuyentes que recurren a sociedades instrumentales -conocidas como "sociedades pantalla"- para reducir su carga fiscal. En una reciente sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que la base de la sanción no debe ser la totalidad de la cuota no ingresada por la persona física, sino únicamente la diferencia entre lo que debería haber pagado y lo que la sociedad ya tributó previamente por esas mismas rentas. La resolución responde al recurso de casación presentado por dos contribuyentes que fueron sancionados con dureza tras una inspección. Hacienda entendió que habían utilizado una sociedad para canalizar ingresos personales y tributar por el Impuesto sobre Sociedades -con tipos más bajos- en lugar de hacerlo por el IRPF. Hasta ahora, en muchos supuestos de simulación societaria, la Administración venía calculando las sanciones sobre el 100% de la cuota de IRPF regularizada, sin tener en cuenta que la sociedad interpuesta ya había satisfecho parte del impuesto. Según el Tribunal Supremo, este método daba lugar a sanciones desproporcionadas, al no reflejar el perjuicio económico real causado a la Hacienda pública. El Alto Tribunal fija así un criterio claro: la base de la sanción debe ser la diferencia entre la cantidad dejada de ingresar por el contribuyente y la que ya fue ingresada por la sociedad en relación con las mismas rentas. Este planteamiento se apoya en el principio de unicidad del hecho imponible, evitando que una misma renta sea objeto de una doble penalización. Un elemento destacado del caso es que la Abogacía del Estado decidió allanarse, es decir, aceptó la posición de los contribuyentes al reconocer que existe ya una doctrina consolidada -respaldada por sentencias de junio de 2023 y febrero de 2024- en esta materia. Como consecuencia, se han anulado las sanciones impuestas inicialmente y se ha ordenado a la Agencia Tributaria recalcular las correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2016. Esto implicará la devolución de los importes cobrados en exceso, junto con los intereses de demora, lo que supone un alivio significativo para numerosos profesionales y empresarios que han sido objeto de inspección por el uso de este tipo de estructuras societarias.

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(Expansión, 22-04-2026) | Fiscal

Se disparan las donaciones de padres a hijos por miedo a una armonización fiscal

En un contexto marcado por el encarecimiento continuo de la vivienda, en parte vinculado a la elevada carga fiscal que soportan los inmuebles que salen al mercado, el Ministerio de Hacienda mantiene su intención de homogeneizar las tarifas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). El objetivo es evitar que determinadas figuras tributarias pierdan efectividad y reforzar la corresponsabilidad fiscal entre las comunidades autónomas. Esta línea fue defendida por la exministra María Jesús Montero y ha sido asumida por su sucesor, Arcadi España, quien ha optado por dar continuidad a esa política. Este planteamiento ha provocado un notable aumento de las donaciones de padres a hijos en los últimos años, especialmente en 2025, impulsado por el temor a una posible armonización que elimine las bonificaciones actuales, que en algunas regiones alcanzan el 99% o incluso el 100%. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo General del Notariado (CGN), el número de donaciones formalizadas -ya sean de dinero, inmuebles u otros bienes- alcanzó las 225.317 el pasado año. Esta cifra representa un incremento cercano al 13% respecto a 2024, un 30% más que hace dos años y un aumento del 132,8% en comparación con 2016. Este crecimiento se ha intensificado desde que el Gobierno empezó a plantear la creación de un nuevo tributo estatal, similar al impuesto a multinacionales, que establecería un tipo mínimo global y permitiría recaudar en torno a 500 millones de euros adicionales. Según el abogado fiscalista Alejandro del Campo, esta posible reforma podría incentivar a las comunidades autónomas a reducir o eliminar sus bonificaciones para quedarse con la recaudación, en lugar de que esta pase al Estado. Esta situación ha incrementado la incertidumbre entre los contribuyentes, que optan por aprovechar las ventajas fiscales vigentes antes de que puedan desaparecer. Otro factor que explica el auge de las donaciones es el efecto incentivo de las propias bonificaciones autonómicas. En el pasado, cuando estas no existían, era habitual recurrir a préstamos familiares entre padres e hijos, que debían ser devueltos. Sin embargo, estas operaciones vuelven a estar bajo vigilancia, ya que el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 contempla reforzar el intercambio de información sobre préstamos entre particulares y facilitar la regularización de donaciones no declaradas. Aunque las estadísticas incluyen todo tipo de donaciones, Del Campo señala que predominan las de dinero en efectivo, ya que otras pueden generar ganancias patrimoniales que aumentan la carga fiscal del donante. Existen excepciones en regiones como Baleares y Galicia, donde el derecho civil propio permite formalizar donaciones en vida mediante pactos sucesorios que, a efectos fiscales, se consideran herencias y permiten aplicar bonificaciones muy elevadas sin generar tributación adicional para quien dona. Frente a la postura del Gobierno central, varias comunidades autónomas han ampliado en los últimos años las bonificaciones en donaciones familiares. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos beneficios se extienden incluso a familiares como hermanos, tíos o sobrinos. Otras regiones han impulsado medidas específicas vinculadas a la compra de la primera vivienda, especialmente dirigidas a jóvenes que encuentran dificultades para acceder al mercado inmobiliario. En total, once comunidades autónomas aplican actualmente este tipo de beneficios fiscales, con diferentes condiciones e importes, mientras que otras como Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no los contemplan. País Vasco y Navarra, por su parte, mantienen sus propios regímenes fiscales. Entre los casos más destacados, Baleares registró el mayor crecimiento de donaciones en 2025, con un aumento del 26,2%, y ofrece una reducción del 100% si el dinero donado se destina a la compra de vivienda en un plazo de seis meses. En Cataluña, donde las donaciones crecieron un 18,4%, la bonificación alcanza el 95% si el beneficiario es menor de 36 años y cuenta con ingresos inferiores a 36.000 euros anuales.

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