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(Expansión, 17-09-2025) | Fiscal

Hacienda pone límites a los beneficios fiscales por vivienda habitual

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado en una consulta que mudarse por motivos de teletrabajo flexible no constituye una causa válida para eludir la obligación de residir tres años en una vivienda a fin de beneficiarse de la exención por reinversión en vivienda habitual. Asimismo, advierte que alquilar una propiedad a través de plataformas como Airbnb o Booking implica la pérdida de dicha consideración. El organismo fiscal ha puesto el foco en dos situaciones cada vez más frecuentes: el teletrabajo y el alquiler turístico. Ambas pueden suponer que los contribuyentes pierdan uno de los incentivos fiscales más relevantes relacionados con la vivienda. En un caso analizado, un trabajador con la posibilidad de teletrabajar desde cualquier lugar de España quería vender su casa y comprar otra en otra ciudad, pero temía que un eventual cambio en sus condiciones laborales le obligara a mudarse antes de cumplir el período mínimo de tres años. La DGT distingue entre necesidad y elección: para que la ley permita excepciones al plazo legal, el traslado debe responder a circunstancias que obliguen de forma justificada al cambio de residencia. Si el teletrabajo es voluntario, la mudanza obedece a una decisión personal, no a una imposición empresarial. De este modo, si el contribuyente cambia de domicilio por voluntad propia y no alcanza los tres años de residencia en la nueva vivienda, esta no podrá considerarse habitual. En consecuencia, perdería el derecho a la exención aplicada por la venta de la vivienda anterior y debería devolver el beneficio fiscal a Hacienda, con los recargos correspondientes. Solo si la empresa le exigiera un nuevo traslado por una modificación sustancial de sus condiciones laborales podría exceptuarse la norma, siempre que el contribuyente acredite tal circunstancia. La segunda advertencia de Tributos afecta a los propietarios que destinan sus inmuebles al alquiler vacacional. El organismo recuerda que la ley exige habitar la vivienda de manera continuada y permanente para que sea considerada residencia habitual. Si se utiliza con fines turísticos, aunque sea ocasionalmente, se pierde de forma automática esa condición. Esto tiene efectos inmediatos: en caso de venta, el inmueble ya no se considerará la vivienda habitual del contribuyente y, por tanto, no podrá acogerse a la exención fiscal por reinversión en otra vivienda.

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(El Economista, 17-09-2025) | Fiscal

Los fiscalistas instan a los contribuyentes a pedir al Catastro corregir el valor de referencia de los inmuebles antes de litigar

Los especialistas en fiscalidad aconsejan que, antes de iniciar un proceso judicial, los contribuyentes soliciten al Catastro la revisión del valor de referencia de sus inmuebles si no están conformes con él. Recuerdan que el 70% de los conflictos relacionados con esta valoración se resuelven en un plazo aproximado de seis meses por la vía administrativa. En julio, el Tribunal Constitucional aceptó examinar una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre dicho valor, utilizado por la Agencia Tributaria para calcular los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones en la compraventa o herencia de viviendas. Esta decisión abre la posibilidad de que los ciudadanos que no estén de acuerdo con su liquidación la recurran, a la espera de una posible sentencia favorable. El TSJA argumenta que este valor ignora el estado real de los inmuebles, lo que puede derivar en una tributación superior a la capacidad económica real del contribuyente. Rubén Rúa, socio de Bradia y miembro del grupo de expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Haciendas Locales y Catastro, advierte que recurrir en masa por la vía de la inconstitucionalidad puede llevar a los contribuyentes a un callejón sin salida, cuando existe la opción de corregir el problema en pocos meses en lugar de embarcarse en un litigio que podría alargarse años y sin garantías de éxito. El experto explica que el Catastro dispone de dos mecanismos para revisar el valor. En los casos en los que la liquidación aún no ha sido abonada, se puede presentar una solicitud de rectificación dentro de los plazos establecidos: seis meses en herencias y treinta días en compraventas. Durante este tiempo, el contribuyente puede aportar información técnica que demuestre que el valor asignado no refleja la realidad del inmueble. "En este momento, el Catastro está resolviendo estas solicitudes con rapidez, en apenas 15 o 20 días", asegura Rúa. Si el impuesto ya se ha pagado, el contribuyente dispone de cuatro años para reclamar la devolución de ingresos indebidos a la administración autonómica, siempre aportando un informe técnico del inmueble y, adicionalmente, invocando la posible inconstitucionalidad por si llegara a dictarse una sentencia favorable. "En nuestra experiencia, cuando el contribuyente presenta pruebas suficientes, el Catastro corrige la valoración porque no tiene un fin recaudatorio", afirma el experto de Aedaf. Subraya, no obstante, que el informe técnico es imprescindible, ya que basarse únicamente en la inconstitucionalidad no resulta eficaz. Rúa puntualiza que no se desaconseja recurrir por motivos de inconstitucionalidad, pero sí hacerlo sin un informe técnico que recoja las características reales de la vivienda -como superficie, calidades o estado-. "Muchos presentan la impugnación solo por inconstitucionalidad, cuando disponen de datos objetivos de su inmueble que les permitirían recuperar el dinero", explica. "El Catastro está siendo flexible y acepta las correcciones, pero si únicamente se alega inconstitucionalidad no puede actuar", añade. "Si finalmente el Constitucional desestima el recurso, quienes no hayan aportado un informe técnico perderán la oportunidad de que se les devuelva lo pagado de más".

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(Expansión, 17-09-2025) | Laboral

Las empresas pagarán 16.000 millones de euros por las bajas laborales en 2025

La OCDE ha llegado a España para reunirse con el Gobierno, la patronal y los sindicatos con el fin de analizar la propuesta de implantar altas médicas progresivas en la Seguridad Social, en un contexto marcado por el fuerte incremento del absentismo laboral. Según cálculos de las mutuas, el coste total de esta situación se acercará a los 33.000 millones de euros entre empresas y Seguridad Social. Durante esta semana, un grupo de técnicos del organismo internacional mantiene encuentros con organizaciones empresariales, sindicatos, mutuas, así como con representantes de los ministerios de Seguridad Social y Sanidad. El objetivo es evaluar el impacto económico y social del aumento de las incapacidades temporales y estudiar posibles medidas para contener esta tendencia. Fuentes del diálogo social explican que las consultas se centran en examinar tanto la presión financiera sobre la Seguridad Social por las prestaciones de incapacidad temporal como las propuestas en discusión dentro de la mesa tripartita liderada por la ministra Elma Saiz. Entre ellas destaca la de las altas progresivas, que permitirían reincorporar de manera gradual a los empleados tras una baja de más de seis meses. Esta fórmula contempla un periodo de transición de hasta 30 días, durante el cual el trabajador trabajaría el 50% de su jornada, percibiría la parte proporcional del salario y mantendría la mitad de la prestación. La medida busca facilitar el retorno de quienes han estado de baja prolongada. No en vano, los procesos de más de un año han crecido un 313% desde 2019, pasando de 34.288 a más de 141.000 en junio de 2025. Además, la duración media de las bajas mantiene una tendencia al alza: solo en 2024 aumentó un 8,3% respecto al año anterior y un 3,7% en el acumulado de los últimos nueve años. Todo ello ha disparado la factura para la Seguridad Social y las empresas. AMAT estima que este año el gasto en prestaciones por incapacidad temporal rondará los 17.000 millones de euros, mientras que el coste directo para las compañías superará los 16.000 millones, lo que supone un 13,5% más que en 2024 y más del triple que en 2015. En conjunto, el absentismo costará en 2025 unos 32.798 millones, un 12,6% más que en 2024 y un 223% más que hace una década. Los sectores más afectados, según el número de bajas gestionadas por las mutuas, son el comercio (1,1 millones de procesos), la industria manufacturera (871.000), las actividades administrativas (693.000) y la hostelería (585.000). Ante este escenario, desde el ámbito empresarial se espera que la visita de la OCDE ponga de relieve la urgencia de aplicar medidas eficaces que frenen el incremento de costes derivados del absentismo. CEOE y Cepyme han reclamado en la negociación con el Ministerio de Seguridad Social que se dé un mayor protagonismo a las mutuas en la gestión de las bajas, incluyendo la capacidad de emitir el alta médica. Según sus cálculos, si las mutuas asumieran todo el proceso -diagnóstico, tratamiento y alta- la duración de las incapacidades podría reducirse en torno a un 40%.

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(Expansión, 17-09-2025) | Laboral

España busca 480.000 empleos anuales y más crecimiento

El Ministerio de Economía ha revisado al alza sus previsiones y eleva en una décima el crecimiento económico esperado para este año, mientras mantiene en el 2,2% la estimación de 2026, punto de partida para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales. Con esta actualización, el Gobierno muestra una visión más optimista que la mayoría de los analistas privados y organismos internacionales. El Consejo de Ministros aprobó un nuevo cuadro macroeconómico que sitúa el avance del PIB en el 2,7% para 2025, cifra que servirá de base para el diseño de las nuevas cuentas públicas. El informe elaborado bajo la dirección del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, atribuye esta mejora a tres factores principales: la fortaleza del mercado laboral, el dinamismo del consumo de los hogares y un comportamiento de la inversión y del sector exterior mejor del previsto. Según los datos en tiempo real manejados por el Ministerio, el PIB creció un 0,7% en el tercer trimestre, el mismo ritmo que en el segundo y por encima del 0,6% del primero. En detalle, Economía prevé que la inversión empresarial aumente este año un 5,7% y un 5,1% en 2026, mientras que el consumo privado crecerá un 3,1% en 2025 y un 2,4% en 2026, impulsado por la creación de empleo y el alza de los salarios. El Ejecutivo calcula que se generarán unos 480.000 nuevos puestos de trabajo cada año, hasta alcanzar cerca de 23 millones de ocupados en 2026. Esto permitiría que el paro descienda al 10,3% este año, baje al 9,6% en 2025 y se sitúe en el 8,7% en 2028, el nivel más bajo desde la crisis inmobiliaria. "El escenario es prudente respecto a lo que podemos esperar al cierre de 2025", defendió Cuerpo en rueda de prensa, subrayando que la economía española ofrece "claros signos de solidez" y que no es el Ejecutivo quien lanza mensajes optimistas, sino que "los datos hablan por sí solos". Recordó además que España volverá a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas, triplicando el ritmo de la eurozona, lo que evidencia que el país atraviesa "un círculo virtuoso", dejando abierta la posibilidad de futuras revisiones al alza. La revisión del Gobierno coloca sus previsiones por encima de la mayoría de estimaciones de expertos. El nuevo cuadro macro supera incluso el del Banco de España, que ayer elevó su proyección de crecimiento para 2025 del 2,4% al 2,6%, cifra en línea con el consenso de Funcas y con la estimación de la Comisión Europea y de la agencia S&P, que mejoró la calificación crediticia de España la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, sitúa el crecimiento en el 2,5%. Economía justifica su previsión dentro de un rango que va del 2,4% al 2,8%. Solo la Universidad Loyola de Andalucía estima un crecimiento mayor, del 2,8%, mientras que cinco centros de análisis -entre ellos AFI- coinciden con el 2,7% del Ejecutivo. El resto de previsiones se mantienen por debajo. Más allá de 2025, el Gobierno se muestra más cauto. Mantiene su proyección del 2,2% para 2026, una cifra que, aun así, supera en dos décimas el consenso de Funcas y en cuatro la previsión del Banco de España, que lo sitúa en el 1,8%. A partir de 2027 las diferencias se amplían: mientras el supervisor prevé un 1,7%, el Gobierno confía en mantener el PIB por encima del 2% anual, con un 2,1% en 2027 y en 2028. Este marco macroeconómico servirá de base para el techo de gasto expansivo con el que Hacienda pretende acompañar las cuentas de 2026, que se aprobarán previsiblemente a finales de este mes junto con la senda fiscal.

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(El País, 17-09-2025) | Laboral

Los sindicatos de funcionarios unen sus fuerzas para exigir al Gobierno una nueva subida salarial

Los sindicatos mayoritarios de la función pública -CC OO, UGT y CSIF- han remitido una carta conjunta al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la que le reclaman reabrir de manera urgente la mesa de negociación sobre salarios y condiciones laborales. En caso de no recibir respuesta, advierten de que adoptarán "las medidas que consideren necesarias", entre ellas una posible campaña de movilizaciones, según han explicado fuentes sindicales. La unidad de acción de estas tres centrales, que representan al 80% de los empleados públicos, no es frecuente, pero en esta ocasión han decidido sumar fuerzas para presionar al ministro ante lo que califican de "falta absoluta de interlocución" por parte de su departamento. En la misiva, firmada por Lucho Palazzo (CC OO), Isabel Araque (UGT) y Miguel Borra (CSIF), los sindicatos expresan su "indignación por la parálisis" y por una situación que consideran "grave e inédita". Recuerdan que su amplia representatividad debería bastar para garantizar un diálogo estable y una mesa de negociación permanente, más aún cuando existen órganos como la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que no se reúne desde finales de 2024. También subrayan que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en su día solo por CC OO y UGT, expiró en diciembre pasado. Ese pacto contemplaba una subida acumulada del 9,5% en los salarios entre 2023 y 2025, cifra que CSIF rechazó por considerarla insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, que calcula en un 20%. Con el fin del acuerdo y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, los trabajadores del sector público no han percibido incrementos salariales en 2025 -más allá del 0,5% ligado al ejercicio anterior- ni se han iniciado negociaciones sobre las subidas previstas para 2026. Por todo ello, los sindicatos insisten en que es urgente retomar el diálogo para restablecer la confianza en el ámbito público, recordando que hasta ahora han actuado "con buena fe". Y cierran la carta con una advertencia: si no hay reacción por parte del ministro, no dudarán en pasar a la acción.

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(El País, 17-09-2025) | Laboral

El crecimiento de los sueldos se atenúa a las puertas de una nueva negociación para subir el salario mínimo

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del segundo trimestre refleja que los salarios continúan al alza, aunque con menor intensidad que en meses anteriores. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el coste salarial medio por trabajador aumentó un 2,7%, hasta situarse en 2.417 euros brutos mensuales, mientras que el coste laboral total -que incluye salario y otros conceptos- ascendió a 3.257 euros, lo que supone un 3% más. Se trata de incrementos inferiores a los recogidos en trimestres previos: en los tres primeros meses de 2025 la subida fue del 3,8%, y en el segundo trimestre de 2024 alcanzó el 4,1%. Esta desaceleración acerca el avance salarial al ritmo de los precios, lo que reduce la mejora del poder adquisitivo observada en etapas recientes, justo cuando se prepara la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), para la cual la ETCL es una referencia clave. El Ministerio de Trabajo planea reunir a finales de septiembre o principios de octubre al comité de expertos -formado por académicos, representantes sindicales y del propio Ejecutivo- para que emita su recomendación, que servirá de base a la negociación con patronal y sindicatos. Como en ocasiones anteriores, el ministerio suele llegar a acuerdos solo con las organizaciones de trabajadores, dado el rechazo empresarial a los incrementos impulsados por Yolanda Díaz. Cabe recordar que el SMI no necesita validación parlamentaria, lo que permite al Gobierno aprobarlo incluso en minoría. La ETCL es la encuesta de referencia para los expertos por su menor desfase, frente a otros registros como la estadística de convenios colectivos, que mide salarios pactados y no reales. El mandato del Ejecutivo a los especialistas es claro: recomendar una cifra que garantice que el SMI no pierda poder adquisitivo y que represente el 60% del salario medio, tal como recoge el programa de Gobierno de PSOE y Sumar. Para cumplir la primera condición, el salario mínimo debería crecer al menos en línea con la inflación, que en agosto se situó en el 2,7% interanual. Para cumplir la segunda, será necesario tener en cuenta la evolución del conjunto de las retribuciones, donde la ETCL cobra protagonismo. La previsión es que también se considere la próxima publicación de la encuesta en diciembre, que reflejará los datos del tercer trimestre. En paralelo, se aproxima otra negociación clave: la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco de referencia que sindicatos y patronales pactan para orientar los convenios colectivos. El actual, que planteaba subidas salariales del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025, está a punto de expirar. Para el nuevo acuerdo, los sindicatos proponen no limitarse al IPC y tener también en cuenta factores como el precio de la vivienda en propiedad, por el impacto que tiene en las familias, especialmente en los jóvenes. La ETCL también analiza otros indicadores del mercado laboral. Por ejemplo, las vacantes de empleo sin cubrir, que en el segundo trimestre sumaron 149.739, menos que en el trimestre anterior (152.885) y que un año antes (151.379). En términos relativos, la tasa de vacantes en España es del 0,8%, lejos de la media de la UE (2,1%) y de países como Países Bajos (4,2%). Asimismo, el estudio recoge información sobre el tiempo de trabajo, incluyendo las horas en incapacidad temporal. En el segundo trimestre los empleados estuvieron de baja por enfermedad una media de 8,3 horas al mes, frente a las 7,9 horas del mismo periodo del año anterior y las 5,7 horas de 2019. Los expertos vinculan este aumento al deterioro de los tiempos de atención en la sanidad pública, el envejecimiento de la población activa y la reducción del desempleo.

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(El Economista, 17-09-2025) | Laboral

España es el país que más empleo crea pero también el que más personas expulsa del empleo cada trimestre

España vive uno de los periodos más favorables de su historia reciente en materia laboral, con cifras récord de ocupados y la tasa de paro más baja desde la Gran Recesión. Además, es el país de la Unión Europea que más empleo neto ha generado en el último año en términos absolutos, con un notable aumento de la contratación indefinida tras la reforma laboral de 2021. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de este escenario. No sería la primera vez que, tras alcanzar máximos de empleo, el mercado laboral español se desploma, como ocurrió en 2008. La clave está en la elevada rotación de puestos, que aunque ha descendido respecto a los peores años de la crisis, sigue siendo muy superior a la del resto de Europa y convierte al mercado de trabajo en un sistema altamente inestable. España muestra una paradoja: lidera en creación de empleo y al mismo tiempo mantiene una de las tasas de paro más altas de la UE. Según Eurostat, de los 1,5 millones de empleos creados en el último año en la Unión, cuatro de cada diez corresponden a España; y de los 1,7 millones de la zona euro, un tercio son españoles. El país registró 549.000 nuevos ocupados, frente a 439.000 en Francia, 224.000 en Italia y apenas 88.000 en Alemania, a pesar de tener una población menor. No obstante, la tasa de paro nacional se sitúa en el 10,5%, frente al 6% de media europea, el 7,5% en Francia, el 4,5% en Italia y el 3,7% en Alemania. La explicación reside en la volatilidad del empleo. Eurostat mide las entradas y salidas del mercado laboral en los últimos tres meses: en España suman 1,32 millones y 1,03 millones respectivamente, equivalentes al 6% y 4,7% de los ocupados. En total, un 10,7% de los trabajadores experimenta algún cambio de situación cada trimestre. Estas cifras, aunque mejores que en los años posteriores a 2009, siguen reflejando una rotación muy superior a la de los países vecinos. El efecto de la reforma laboral de 2021 es evidente: la intensidad de las entradas al empleo se ha reducido ligeramente y las salidas han marcado un mínimo histórico desde que hay registros. Aun así, la inestabilidad estructural del mercado laboral español sigue siendo un factor determinante. En economías donde predominan contratos más estables -como Alemania- la creación o destrucción de empleo no depende tanto de estas rotaciones, ya que el volumen de trabajadores en situaciones precarias es mucho menor. El caso alemán ilustra bien la diferencia: allí la tasa de nuevas incorporaciones alcanza el 4% (1,7 millones de personas), pero las salidas apenas llegan al 1,4%. Pese a atravesar una fase de estancamiento económico, Alemania mantiene una tasa de paro casi tres veces inferior a la española. Su problema es el opuesto: falta de mano de obra disponible, lo que genera un "sobrecalentamiento" del mercado laboral. En España, en cambio, pese a la queja empresarial de escasez de candidatos, la tasa de paro del 10,5% revela un desajuste estructural mucho mayor entre oferta y demanda de empleo. Los datos sugieren que España ha avanzado en estabilidad tras la reforma, pero no lo suficiente para abandonar su posición como el país con mayor volumen de trabajadores que pierde empleo cada trimestre. En otras palabras, aunque el marco legal ha reducido la temporalidad y la volatilidad, la economía española sigue siendo mucho más vulnerable a destrucción de puestos si llegara una crisis como la alemana. La estadística no detalla las causas concretas de las salidas. Para ello hay que acudir a los registros de la Seguridad Social: en agosto se produjeron 1,5 millones de altas y 1,6 millones de bajas, cifras similares a las de 2019 y muy condicionadas por la estacionalidad, que dispara los contratos en julio por encima de los 2 millones. Desde 2013, cuando se empezaron a publicar estos datos, la principal causa de finalización de contratos era la temporalidad, aunque tras la última reforma han ganado peso otras salidas, como los desistimientos en periodo de prueba, las bajas voluntarias y los pasos a inactividad de fijos discontinuos. En resumen, España crea empleo a gran velocidad, pero sigue perdiéndolo con una intensidad igualmente elevada, lo que explica cómo puede liderar la creación de puestos en Europa y, al mismo tiempo, mantener una tasa de paro tan alta.

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(El Economista, 17-09-2025) | Laboral

Los sindicatos exigen a Díaz que blinde los complementos salariales para acordar el SMI de 2026

Las direcciones de CCOO y UGT ya han comenzado a trabajar para fijar la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a 2026. Sin embargo, fuentes sindicales señalan que la cifra concreta no es ahora mismo su prioridad. El foco inmediato está en impedir que las empresas utilicen la subida del SMI como argumento para absorber complementos salariales pactados en convenio. Tanto es así que los sindicatos condicionan cualquier pacto con el Ministerio de Trabajo a que se atienda esta exigencia. Desde las centrales sindicales critican que, en los últimos años, conforme el SMI ha superado algunos tramos salariales recogidos en convenios colectivos, las empresas han optado por reducir pluses como los de peligrosidad, nocturnidad o disponibilidad. De este modo, evitan que se eleven los salarios que quedan justo por encima del mínimo. La Justicia ha respaldado esta práctica, ya que dichos complementos también forman parte de la retribución y lo relevante es que la suma del salario base y de los pluses alcance el SMI. No obstante, los sindicatos reclaman un cambio de criterio: quieren que el salario base sea como mínimo equivalente al SMI y que los complementos se mantengan intactos. Esta petición no es nueva; en febrero, Trabajo ya se comprometió a revisar "los criterios de compensación y absorción" derivados de la subida del SMI. La modificación debería reflejarse en una nueva redacción del real decreto que regula este salario. Pero Yolanda Díaz decidió vincular este debate a la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, cuya negociación se encuentra estancada, según denuncian los sindicatos, por falta de interés de la patronal CEOE. Las organizaciones de trabajadores insisten en que no se puede seguir retrasando y piden al Gobierno un reglamento específico, cuya aprobación sería más ágil al no necesitar el visto bueno del Congreso. Por ahora, Trabajo no ha dado señales de querer excluir los complementos de la absorción, limitándose a señalar que estudiará cómo se está aplicando la adaptación de los salarios para decidir si conviene modificar algún criterio. Un cambio de esta magnitud afectaría a toda la arquitectura de los convenios colectivos y, previsiblemente, encontraría un fuerte rechazo de las patronales. UGT pone como ejemplo la necesidad de salvaguardar el complemento de insularidad en Canarias y Baleares o los pluses equivalentes de Ceuta y Melilla. Pero tanto UGT como CCOO apuestan por una revisión más amplia que evalúe un extenso catálogo de complementos y defina cuáles deben quedar fuera del cómputo del SMI.

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(El Periódico, 17-09-2025) | Laboral

La Seguridad Social eleva dos cotizaciones que te harán cobrar menos en tu nómina a partir de 2026

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no deja de subir, pero tu nómina podría menguar. La Seguridad Social ha aprobado dos nuevos gravámenes que, a partir de 2026, afectarán a millones de trabajadores y empresas. Descubre qué son, cómo te impactan y si podrás esquivarlos. El nuevo año trae consigo más que propósitos. Para millones de trabajadores y empresas en España, 2026 llegará con un nuevo ajuste en las nóminas: la Seguridad Social aplicará un doble incremento en las cotizaciones sociales que, si bien refuerzan el sistema, no otorgan derechos adicionales de pensión. La subida afecta al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y a la cuota de solidaridad, una medida recién estrenada que se endurece para los sueldos más altos. Este 'peaje', aprobado por el Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en las próximas décadas, responde a la necesidad de afrontar el reto demográfico que supone la jubilación de la generación del denominado "baby boom". Las medidas están recogidas en el Real Decreto-ley 2/2023, y su implementación progresiva busca asegurar la sostenibilidad financiera sin provocar un impacto brusco en las finanzas de trabajadores y compañías. El MEI, que se estrenó en 2023 con un tipo del 0,6%, continuará su trayectoria ascendente. En 2026, el tipo de cotización alcanzará el 0,9%, de los cuales el 0,75% será asumido por las empresas y el 0,15% por el trabajador. Los autónomos, por su parte, asumirán el 0,9% íntegro. La cuota del MEI se aplica sobre la base de cotización por contingencias comunes y, según la normativa, seguirá subiendo cada año hasta alcanzar el 1,2% en 2029. A partir de ese año, se mantendrá en ese nivel hasta 2050. Es importante recordar que este gravamen también se aplica a los desempleados que reciben una prestación, con la parte del empleador siendo cubierta por el SEPE. La cuota de solidaridad se encarece para los salarios que superen la base máxima Para aquellos trabajadores asalariados con sueldos por encima de la base máxima de cotización, la otra gran novedad es el aumento de la cuota de solidaridad. Esta cotización, que solo afecta a los asalariados (no a los autónomos), comenzó su andadura en 2025 y ahora se incrementa por tramos, aplicando un gravamen al exceso de salario. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los tipos para 2026 serán: 1,15% para salarios que superen la base máxima hasta un 10%. 1,25% para el tramo de exceso entre el 10% y el 50%. 1,46% para aquellos que ganen más de un 50% por encima de la base máxima. Esta medida, que no genera ningún derecho de pensión adicional para el trabajador, busca redistribuir la riqueza y reforzar la caja de la Seguridad Social. La base máxima, que en 2025 es de 58.914 euros anuales, se actualiza cada año con el IPC medio más un 1,2%, por lo que el impacto económico de esta cuota se ajustará anualmente. Estos cambios, que tienen un impacto directo en el salario neto, ponen de relieve la complejidad del sistema de cotizaciones en España. Pese a ser un documento fundamental, el 41% de los empleados en España no comprende completamente su nómina, según datos de un reciente estudio de PayFit e Ipsos Digital. La falta de conocimiento de conceptos como las contingencias comunes, el IRPF o las cuotas de formación profesional dificulta que muchos ciudadanos puedan anticipar o comprender el impacto de estas nuevas deducciones. Mientras el empleo en España sigue mostrando fortaleza, con un aumento de 503.300 personas en el segundo trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la opacidad de los recibos de salarios sigue siendo una asignatura pendiente. Para evitar sustos, los expertos en finanzas personales recomiendan revisar con atención los cambios en la nómina a partir de 2026 y, si es necesario, solicitar asesoramiento para entender cómo estas nuevas cotizaciones afectan al bolsillo y a la planificación financiera a largo plazo.

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(Expansión, 17-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes empresas de España tendrán que atender en catalán a sus clientes

La medida tendrá impacto en los proveedores de servicios y en las empresas que superen los 250 trabajadores o los 50 millones de euros de facturación, con independencia de si su sede está en Cataluña o en cualquier otra comunidad. El nuevo curso político arranca de manera similar al anterior: con Junts consiguiendo nuevas concesiones del PSOE. En esta ocasión, se trata de una reforma destinada a garantizar el uso del catalán en el ámbito empresarial. A partir de ahora, los proveedores de servicios estarán obligados a atender a los clientes en la lengua oficial que utilicen para dirigirse a ellos. La norma se aplicará a todos los proveedores de servicios públicos y, en el resto de los sectores, a las compañías que rebasen los límites de plantilla o facturación mencionados. La ubicación de la sede no será un factor determinante, por lo que también quedarán incluidas las empresas radicadas fuera de Cataluña. ¿Cómo se implementará la medida? Estos requisitos se incorporarán como disposición adicional en el proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente, remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes a comienzos de 2024. Junts fue el encargado de anunciar la medida con gran repercusión mediática, justo una semana después de que sus siete diputados bloquearan en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral, una de las iniciativas clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en particular, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La propuesta todavía debe ser refrendada por la ponencia encargada de elaborar la ley. Este grupo tenía previsto reunirse este martes para debatir las enmiendas, aunque el encuentro se pospuso. Junts subrayó que el texto incorporará también la obligación de que los trabajadores de atención al cliente reciban formación en catalán. La medida abarcará tanto las comunicaciones orales como escritas y, según los independentistas, supondrá un "cambio de paradigma". ¿A quién afectará? Según detalló Junts en un comunicado, las nuevas obligaciones alcanzarán a sectores como el suministro de luz, gas, agua y telefonía; el transporte aéreo, ferroviario y por carretera; los servicios postales; la banca, las aseguradoras y las plataformas audiovisuales de pago. Entre las enmiendas pactadas, destaca la sustitución de la obligación de responder en castellano por la de contestar en la lengua oficial o cooficial en la que se exprese el cliente. En paralelo, en el Congreso, Junts votó en contra de la propuesta de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con capacidad sancionadora, lanzando así un nuevo mensaje de distanciamiento respecto a la formación de Yolanda Díaz, tras no haber logrado modificar la reforma laboral. Además, en el Parlament, la portavoz neoconvergente Mònica Sales acusó al PSC de Salvador Illa de obstaculizar los acuerdos que Junts mantiene con el PSOE.

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