(El Economista, 06-05-2026) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este martes la necesidad de abordar la "reforma pendiente" del trabajo autónomo, que incluiría ajustes fiscales como la aplicación del régimen de IVA franquiciado. Este sistema permitiría eximir de este impuesto a autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros al año.
Durante la clausura del VII Foro ATA de Emprendedores y Autónomos, Díaz también planteó sustituir el actual modelo trimestral por una declaración anual del IRPF para los autónomos, con el objetivo de reducir tanto las cargas administrativas como el malestar que genera el sistema vigente. Según explicó, no se trata de un cambio profundo en la fiscalidad, pero sí supondría una mejora en las condiciones de trabajo del colectivo.
En el ámbito de su ministerio, anunció que en la próxima conferencia sectorial de empleo propondrá a las comunidades autónomas medidas para fomentar el relevo generacional en negocios de autónomos que se jubilen. Para ello, se destinarán 15 millones de euros en el primer año, en un contexto en el que cerca de 600.000 trabajadores por cuenta propia se aproximan a la jubilación.
Además, el Ministerio estudia incrementar en un 30% los fondos destinados a políticas activas de empleo para aquellas comunidades que impulsen este relevo, porcentaje que podría elevarse al 40% si la persona que toma el relevo es mujer. A esto se añadiría un 10% adicional en el caso de actuaciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, con el fin de mantener la actividad económica en zonas despobladas.
Díaz también apuntó la posibilidad de crear un fondo mixto, público-privado, similar a los existentes en países nórdicos, para financiar situaciones como bajas laborales, permisos, conciliación o cuidados en el caso de los autónomos. Asimismo, mencionó la futura puesta en marcha de una agencia pública de inversión específica para este colectivo, con líneas de financiación adaptadas, así como medidas para garantizar costes energéticos más competitivos, ayudas para renovar equipos o vehículos, acciones contra la morosidad y una reforma de la ley de segunda oportunidad que contemple un procedimiento propio para autónomos, similar al concurso de acreedores.